2008 anuario de la integracion

Anuario de la integraciónlatinoamericana y caribeña 2008

DIRECTORIO DEL ANUARIO

Coordinador GeneralDr. Jaime Antonio Preciado Coronado

Red de Investigación sobre la Integración de América Latina y el Caribe (Redialc)

Consejo Editorial

Dr. Luís Fernando AyerbeUniversidad Estadual de Sao Paolo, Brasil

Dr. Heriberto Cairo CarouUniversidad Complutense de Madrid, España

Dr. Jaime Estay ReinoBenemérita Universidad Autónoma de Puebla

Mtro. Carlos Oliva CamposUniversidad de La Habana, Cuba

Dr. Ignacio Medina NúñezUniversidad de Guadalajara-ITESO

Dr. Alberto Rocha ValenciaUniversidad de Guadalajara

Dr. Germán Sánchez DazaBenemérita Universidad Autónoma de Puebla

Anuario de la integración latinoamericana y caribeña 2008

JAIME ANTONIO PRECIADO CORONADO

(Coordinador)

Una publicación de la Red de Investigación sobrela Integración de América Latina y el Caribe (Redialc) 2008

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE

Biblioteca Dr. Jorge Villalobos Padilla, SJ

Preciado Coronado, Jaime Antonio (coord.) Anuario de la integración latinoamericana y caribeña 2008 / Coord. de J.A. Pre-ciado Coronado. – Guadalajara, México : ITESO, 2011. 348 p.

ISBN 978-607-7808-46-6

1. Organizaciones Internacionales – Latinoamérica 2. Desarrollo Regional – Latinoamé-rica – Anuarios – Tema Principal 3. Ciencia y Desarrollo – Latinoamérica 4. Desarrollo Económico-Social – Latinoamérica 5. Apertura Comercial e Integración Económica – Latinoamérica – Tema Principal 6. Tratados Económicos Internacionales – Latinoamérica 7. Política Económica – Latinoamérica – 2000-2009 8. Política Exterior – Latinoamérica – 2000-2009 9. Relaciones Internacionales – EUA-Latinoamérica 10. Relaciones Interna-cionales – Europa-Latinoamérica 11. Política – Latinoamérica – Historia – 2000-2009 12. Política – Latinoamérica – Historia – Siglo XXI 13. Economía – Latinoamérica – Historia – 2000-2009 14. Economía – Latinoamérica – Historia – Siglo XXI 15. Latinoamérica – Condiciones Políticas 16. Latinoamérica – Condiciones Económicas I. t.

[LC] 330. 980 [Dewey]

La presentación y disposición del Anuario de la integración latinoamericana y caribeña 2008 son propiedad de los editores. Aparte de los usos legales relacionados con la inves-tigación, el estudio privado, la crítica o la reseña, esta publicación no puede ser repro-ducida, ni en todo ni en parte, en español o cualquier otro idioma, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, inventado o por inventar, sin el permiso expreso, previo y por escrito de los editores.

1a. edición: Guadalajara, Jalisco, 2011.D.R. © Instituto Tecnológic o y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585, Col. ITESO, Tlaquepaque, Jalisco, México, CP 45604. www.publicaciones.iteso.mxD.R. © Universidad de Guadalajara.D.R. © Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.D.R. © Universidad Complutense de Madrid.D.R. © Universidad de La Habana.D.R. © Universidade Estadual Paulista.

ISBN 978-607-7808-46-6 Impreso y hecho en MéxicoPrinted and made in Mexico

Contents

Acerca de los autores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Introducción: 2008, de la triple crisis a la crisis civilizatoria . . . . . . 13Jaime Antonio Preciado Coronado

DIMENSIÓN ECONÓMICA

La integración latinoamericana en 2008 . . . . . . . . . . . . 39Jaime Estay R.

Mercosur 2008: tímidos avances a las puertas de la crisis . . . . . . 57Lourdes María Regueiro Bello

La Comunidad Andina en 2008: problemas y desafíos . . . . . . . 77Carlos Otto Vázquez

Caricom frente a la crisis económica internacional:principales implicaciones socioeconómicas . . . . . . . . . . . 97

Laneydi Martínez Alfonso

Centroamérica 2008: la integración regional ante lacrisis económica mundial . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Berenice R. Ramírez López y Cruz Álvarez Padilla

DIMENSIÓN POLÍTICA

Introducción: 2008, año importante en la definición de la autonomíade América Latina y el Caribe . . . . . . . . . . . . . . . 135

Alberto Rocha Valencia

El nuevo proceso de integración de Mesoamérica:México-Centroamérica-Estados Unidos . . . . . . . . . . . . 141

Daniel Villafuerte Solís

Centroamérica navega entre dos aguas . . . . . . . . . . . . 151Ximena de la Barra

Fortalezas y debilidades del ALBA . . . . . . . . . . . . . . 159Carmen Chinas

La integración andina: un año de tensiones y dificultades . . . . . . 167Roberto González Arana

Institucionalidad de la Unasur, 2008-2009:¿crónica de un fracaso anunciado? . . . . . . . . . . . . . . 173

Daniel Efrén Morales Ruvalcaba y Verónica Reyes Barón

UE-ALC: relaciones interregionales estancadas (Play it again…) . . . . 179Heriberto Cairo Carou y Almudena Cabezas González

2008, ¿el año final del rechazo de la influencia de Estados Unidosen América Latina? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Gary F. Prevost

POLÍTICAS EXTERIORES E INTEGRACIÓN

Algunas consideraciones generales a manera de introducción . . . . . 199Carlos Oliva Campos

Atores e Agendas da Política Externa Brasileira em 2008 . . . . . . 205Carlos R. S. Milani y Ivan Tiago Machado Oliveira

La política exterior de los estados del Caribe anglófono:eje esencial de supervivencia regional. . . . . . . . . . . . . 219

José Francisco Piedra Rencurrell

Relaciones bilaterales de Argentina: los casos de la Federación de Rusiay la República Popular China . . . . . . . . . . . . . . . . 229

Carolina Crisorio

Entre la soberanía y la dependencia: la política exterior bolivianabajo el gobierno de Evo Morales . . . . . . . . . . . . . . 243

Aldo Duran Gil

2008: ¿política exterior responsable? . . . . . . . . . . . . . 261Jorge A. Hernández Velázquez

La política exterior de Argentina en el contexto suramericano:un proyecto pragmático de integración institucional,productiva y empresarial . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

Sandra Colombo

La política de Estados Unidos para América Latina en un contextode elecciones presidenciales . . . . . . . . . . . . . . . . 281

Luis Fernando Ayerbe

CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INTEGRACIÓN

Cultura de la integración y la desintegración . . . . . . . . . . 293Ignacio Medina Núñez

Ciencia y tecnología en América Latina 2008:estudios, diagnósticos y políticas . . . . . . . . . . . . . . 303

Álvaro Pedroza, Fernando Julio Piñeroy Germán Sánchez Daza

Ciencia y tecnología en América Latina: la evolución de su estudioy la coordinación de políticas . . . . . . . . . . . . . . . . 305

Germán Sánchez Daza

La situación de la ciencia y la tecnología en los países iberoamericanos.Una lectura crítica del informe de la RICYT 2008 . . . . . . . . . 313

María Soledad Oregioni y Fernando Julio Piñero

Gestión de innovación y tecnología en Altec . . . . . . . . . . 323Álvaro Pedroza Zapata

Documentos en la Internet sobre integración . . . . . . . . . . 337Ubicados por Alicia González Rojano

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Acerca de los autores

CRUZ ÁLVAREZ PADILLA

Académico adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Política del Desarrollo del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.

LUIS FERNANDO AYERBE

Profesor del Departamento de Economía de la Universidade Estadual Pau-lista (UNESP) y del Programa de Postgrado en Relaciones Internacionales de la UNESP, UNICAMP e PUC/SP.

ALMUDENA CABEZAS GONZÁLEZ

Profesora Investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid.

CARMEN CHINAS

Maestra en Ciencias Sociales. Docente en la licenciatura en Sociología y en la maestría en Derecho de la Universidad de Guadalajara.

HERIBERTO CAIRO CAROU

Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Com-plutense de Madrid.

SANDRA COLOMBO

Docente e investigadora de la Universidad Nacional del Centro de la Pro-vincia de Buenos Aires, Argentina.

CAROLINA CRISORIO

Investigadora de Historia Económica, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, Argentina.

XIMENA DE LA BARRA

Consultora independiente e integrante del grupo Diálogo Suramericano, Santiago de Chile.

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ALDO DURAN GIL

Sociólogo y cientista político boliviano, profesor del Departamento de Cien-cias Sociales de la Universidad Federal de Uberlandia, Brasil.

JAIME ESTAY R.Profesor Investigador del Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Puebla y coordinador en dicha Facultad del Doctorado en Economía Política del Desarrollo; coordinador de la Red de Estudios de la Economía Mundial.

ROBERTO GONZÁLEZ ARANA

Profesor Asociado del Departamento de Historia, Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia. Coordinador del Grupo de Investigación Agenda Internacional y Vicepresidente de la Asociación de Historiadores lati-noamericanistas y del Caribe, Adhilac.

ALICIA GONZÁLEZ ROJANO

Facultad de Economía, B. Universidad Autónoma de Puebla, México.

JORGE A. HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ

Profesor del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Director de la Revista Mexicana de Estudios Canadienses.

IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA

Doctorando en Administración y Relaciones Internacionales, UniversidadeFederal da Bahia e Investigador del Laboratório de Análise Política Mun-dial (LABMUNDO) de la misma institución.

LANEYDI MARTÍNEZ ALFONSO

Profesora Investigadora del Centro de Investigaciones sobre la Economía Mundial, Cuba.

IGNACIO MEDINA NÚÑEZ

Profesor Investigador en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y en el Centro Universitario de Ciencias Sociales (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara.

DANIEL EFRÉN MORALES RUVALCABA

Doctorando en Ciencias Sociales, Universidad de Guadalajara.

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CARLOS OLIVA CAMPOS

Profesor Investigador del Departamento de Historia, Universidad de La Habana, Cuba.

ÁLVARO PEDROZA

Profesor Investigador del Departamento de Economía, Administración y Mercadología del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occi-dente (ITESO). Guadalajara, México.

JOSÉ FRANCISCO PIEDRA RENCURRELL

Investigador de la Cátedra de Estudios del Caribe de la Universidad de La Habana y colabora-dor del Centro de Estudios sobre América.

FERNANDO JULIO PIÑERO

Docente e Investigador del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Pro-blemas Internacionales y Locales (Ceipil). Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.

JAIME ANTONIO PRECIADO CORONADO

Profesor Investigador de la Universidad de Guadalajara, Profesor Invitado del ITESO y Coordinador General de la Red de Investigación sobre la Inte-gración Latinoamericana y Caribeña (Redialc).

GARY F. PREVOST

Profesor Investigador de la Saint Johns University, Minnesota, Estados Unidos.

BERENICE R. RAMÍREZ LÓPEZ

Investigadora Titular de la Unidad de Investigación de Economía Política del Desarrollo del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Miembro de la Red de Estudios de la Economía Mundial (Redem).

LOURDES MARÍA REGUEIRO BELLO

Profesora Investigadora del Centro de Investigaciones de Política Interna-cional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.

VERÓNICA REYES BARÓN

Licenciada en Estudios Internacionales y Maestra en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara.

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ALBERTO ROCHA VALENCIA

Profesor-Investigador del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoame-ricanos de la Universidad de Guadalajara.

CARLOS R. S. MILANI

Profesor de Relaciones Internacionales en la Universidade Federal da Bahia (UFBA), Investigador del Centro Nacional de Pesquisas y Coordinador del Laboratório de Análise Política Mundial.

GERMÁN SÁNCHEZ DAZA

Investigador del Equipo de Estudios Internacionales de la Facultad de Eco-nomía de la B. Universidad Autónoma de Puebla, México. Integrante de la Red de Estudios de la Economía Mundial (Redem).

CARLOS OTTO VÁZQUEZ

Economista. Profesor de Posgrado en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México.

DANIEL VILLAFUERTE SOLÍS

Profesor Investigador del Centro de Estudios Mexicanos Centroamerica-nos, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, México.

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Introducción:2008, de la triple crisisa la crisis civilizatoria

Jaime Antonio Preciado Coronado1

La diversidad de nuestras sociedades en todos sus campos de actuación no puede abordarse sino desde una perspectiva crítica y polémica del pensamiento y las ciencias sociales, pues la historia de exclusión, pola-rización social y política, tanto como de dominación cultural, es antece-dente de lo que el destacado sociólogo peruano Aníbal Quijano (2000) llama la (neo)colonialidad del poder. Ahí reside la fuente originaria que ha sincronizado tres crisis que en el pasado de la humanidad fueron únicas y particulares: la del (no) modelo de desarrollo y el sistema finan-ciero sobre el que se intenta sustentar; la del impacto ambiental de orden mundial, que amenaza la existencia misma de la humanidad; y las bases energéticas de un (no) modelo de desarrollo, incluida la alimentación humana, de carácter depredador que subordina la tecnología y la socie-dad de la información toda a los imperativos del mercado.

Esta triple crisis sincronizada evidencia con fuerza, en 2008, que la manera de afrontarla no puede ser con medidas aisladas, sino mediante una concepción integral que sea capaz de comprender su doble carácter: sistémico, dada la interdependencia entre todos los fenómenos con que se presenta la crisis, y en su carácter civilizatorio, pues son los valores de

1. Profesor Investigador, Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH). Guanajuato 1045, Zona Centro Guadalajara, Jalisco, CP 44630, Mexico. Tel. (52-33) 38 19 33 06. Fax (52-33) 38 54 21 95. Blog de análisis Glocal NICAM-OMPA aquí-allá: http://nicam-ompa.blogspot.com.

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Jaime Antonio Preciado Coronado

la convivencia humana y la organización mediante la cual se jerarquizan esos valores, que se impone una estructura de poder dominada por el pensamiento (neo)colonial.

Sin embargo, el pensamiento crítico registra los cuestionamientos al modelo que se perfilaba en Latinoamérica, desde la creación de la Comi-sión Económica para América Latina (CEPAL), hasta la emergencia de un pensamiento original, la Teoría de la Dependencia, que ya enfatizaba los orígenes de la desigualdad social en la inserción subordinada de la región al mercado mundial, apoyada en el autoritarismo. Desde el pensamiento crítico, se aportaron ricos análisis sobre las implicaciones del imperia-lismo, en todas sus facetas, del rol de las Fuerzas Armadas, dictaduras, gobiernos autoritarios, tanto como en torno de movimientos sociales, la guerrilla y los procesos revolucionarios detonados por la experiencia cu-bana.

Desde la década de los ochenta, ese pensamiento sintoniza con las críticas al (no)modelo neoliberal surgido entonces, y ha logrado docu-mentar el horror económico, señalado por Viviane Forrester (1997), con sus secuelas que afectan negativamente a la inmensa mayoría de la po-blación del planeta: pobreza, exclusión, crisis ambiental, discriminación étnica y de género, armamentismo y guerra, intervenciones militares de las potencias, caos mundial. Pero también ese pensamiento documenta la esperanza surgida desde quienes resisten a los embates de ese (no) mo-delo y construyen alternativas al capitalismo desde sus vidas cotidianas. Así, se acompañan protestas y propuestas desde movimientos comunita-rios que forman nuevos sujetos colectivos cuyos sentimientos y valores (subjetividades) cuentan y apuntan hacia las interrogantes abiertas por la crisis de civilización. Década, pues, en que se revaloriza el potencial transformador de las sociedades latinoamericanas a través del inicio de-mocratizador en contra de las dictaduras militares, del papel fundante de movimientos urbano-populares, del reclamo de reivindicaciones de género y también a través de los fenómenos religiosos, particularmente la Teología de la Liberación.

Latinoamérica, se proyecta desde el decenio de los noventa hacia el mundo como un laboratorio de experiencias contrastadas; al mismo tiempo espacio de aplicación de las recetas neoliberales más ortodoxas, con “planes de ajuste estructural” impuestos por las instancias financie-ras internacionales, en complicidad con las oligarquías locales, y espacio de nuevos formatos de gobierno, de participación democrática, de crea-

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Introducción: 2008, de la triple crisis a la crisis civilizatoria

ción de ciudadanía con demandas sobre derechos humanos de tercera generación, que brillan por su ausencia en la mayoría de nuestros países.

En la década de los noventa, nuestra región representa un ejemplo fracasado para reorientar el (no) desarrollo en otras partes del mundo, como en los países de la extinta Unión Soviética pero, simultáneamente, se convierte en lugar de creación de experiencias transformadoras para la recuperación de una historia digna para sus etnias y pueblos origina-rios. Latinoamérica asume así un rol creativo en el mundo: sede donde emerge el Foro Social Mundial, desde donde se articula el movimiento altermundista con la efervescencia de millares de organizaciones y mo-vimientos sociales locales, regionales, nacionales, que son portadores de exigencias de ciudadanía y semillero de utopías hacia las que se camina.

Durante la primera década del siglo XXI desembocan las rivalidades entre la colonialidad del poder que sustenta al neoliberalismo, lo cual implica esta profundización y a la vez sincronización de las diversas crisis, y la búsqueda de alternativas interdependientes para superar la crisis de civilización. Una de las condiciones centrales para encontrar alternativas frente a esa crisis civilizatoria lo constituyen los procesos autónomos de integración regional supranacional, en lo cual Latinoamérica y el Caribe apuntan varios logros en 2008: el fortalecimiento de la integración su-ramericana, la crítica y toma de distancia frente a los factores desenca-denantes de la triple crisis, o los inicios de una integración por primera vez autónoma del conjunto latinoamericano y caribeño sin la tutela y dirección de potencia alguna, para citar algunos elementos destacados.

Crisis de la mundialización; crisis de una política de civilización2

De acuerdo con la caracterización de esta crisis que hace Bertrand Badie (2010), hemos salido del mundo de la soberanía para entrar al mundo de la interdependencia. Un mundo en el que el regreso de los enfoques estadocéntricos evidencia una regulación sesgada hacia la máxima clá-sica del capitalismo: “privatizar las ganancias, socializar las pérdidas”. 2008 fue el año de la crisis anunciada y quedará como la muestra “del new deal internacional faltante, el de la miopía confirmada de cara a los fermentos sociales de la desestabilización”. La mundialización no deja

2. Cfr. Institut International de Recherche Politique de Civilisation, iniciativa del pensador Edgar Morin, disponible en: http://www.iirpc.org/scripts/ins/cmin.mv.

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aparecer más ese sitio político suficientemente legítimo, creíble y eficaz para impulsar la función de regulación de la potencia pública que es el Estado; ausencia remarcable en todas las escalas de la geografía política, desde los problemas relacionados con la gobernabilidad mundial, hasta la reestructuración de los roles cumplidos por los Estados nacionales, pasando por la construcción regional supranacional.

Uno de los fundamentos más graves del déficit político: la interde-pendencia, que se ve reforzada por una diversidad agudizada, bloquea toda posibilidad de escogencia colectiva (public choice) y, siguiendo con Badie (2010): “erige la fragmentación en tentación suprema [donde] se mezclan sutilmente integración y yuxtaposición de soberanías”. De lo que resultan querellas crecientes sobre la idea de una regulación común. En este sentido, las paradojas vividas por los Estados-nación, tanto como por los espacios de regulación estatal y particularmente por las institu-ciones que soportan a los regímenes internacionales, se dividen entre los esfuerzos consentidos por cada una de esas entidades para encauzar la crisis y el marco de una interdependencia cuyos resultados son am-pliamente externalizados, y cuyos beneficios favorecen sesgadamente a potencias y actores dominantes, aunque la interdependencia involucra en distintos grados a países y gobiernos que pagan y se benefician des-igualmente de la capacidad reguladora del Estado.

La movilización política de medios nacionales, en la gestión tanto como en la regulación del impacto de la crisis, pierde de golpe su valor cívico, y también su credibilidad y su efecto de acondicionamiento de las instituciones que sostienen al (no) modelo; así, deliberación nacional y escogencia política (rational and public choice) se encuentran disociados. Hay escepticismo en cuanto al rol del Estado en la solución de la crisis, frente a la fuerza de las interdependencias.

El dilema entre lo regional y lo local se acentúa en tiempos de crisis; entonces, crecen los egoísmos nacionales y se priorizan los programas públicos en función de conservar al electorado fiel, como se muestra en las elecciones de los países centrales durante 2008. Se relegan así las po-sibles estrategias para lograr gobernabilidad global. El multilateralismo está debilitado, señala Badie (2010), a pesar de un aparente consenso sobre la necesidad de una reforma que fortalezca la regulación global, pero la reforma de Naciones Unidas, que podría ser la detonante de otras reformas de alcance global, choca contra una devaluación de las instituciones globales, de corte neoconservador. El multilateralismo glo-bal tiende a despolitizarse; se postergan las reformas que apuntaban al

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fortalecimiento de la agenda social, una apertura activa en dirección de los actores sociales y una reforma profunda del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Occidente se reconstruye o intenta reconstruirse en un escenario postcrisis, publicitando su generosidad humanitaria, su genio científico, su obra promotora de democracia y derechos humanos, de hecho, afirma Badie, intentando legitimar su derecho a decidir el futuro del mundo. Esa reconstrucción de un “Centro Occidental” del sistema internacio-nal es más político-militar que sociocultural. No obstante, mientras que los comportamientos sociales no cesan de diferenciarse y que la cultura occidental no termina de fragmentarse, la rehabilitación de Occidente se deja a la iniciativa de los gobiernos y sus formas celebratorias, ritualis-tas, como las cumbres gubernamentales, interestatales. Nuevamente, los actores estatales intentan protagonizar las supuestas salidas frente a la triple crisis, pero sin tomar en cuenta los escenarios alternativos abiertos por actores no estatales, cuya gama de acción va de los poderes fácticos, no electos, del dinero, del crimen organizado, de esferas influidas por las jerarquías eclesiales, hasta el ámbito de los movimientos sociales que re-claman derechos autónomos de ciudadanía, en múltiples escalas y velo-cidades que vinculan lo local y lo global atravesando, no sin dificultades, por los espacios de integración supranacional regional.

La coalición militar en Haití en 2008 no erradicó la violencia social endémica en ese país. La devaluación de los parámetros sociales crea ilu-siones sobre las maneras de tratar la violencia, sobre la capacidad del re-curso militar, sobre la percepción de formas de intervención por la pobla-ción local sobre la identidad del “enemigo” y su modo de construcción. Ella acredita sobre todo la idea que el sistema internacional se compone de una yuxtaposición de conflictos más o menos ligados entre ellos por connivencias estratégicas, pero ignora las afinidades entre las patologías sociales que las alimentan.

La crisis financiera de 2008

Durante las últimas semanas del gobierno de Bush hijo, se cimbraron los fundamentos del sistema financiero internacional cuyo pivote se ubica de manera simbólica y real en Wall Street. A pesar de la doctrina del libre comercio que orientó sus políticas públicas, el ex Presidente Bush Jr. se lamentó por tener que conceder un papel regulador al Estado y a las

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instituciones internacionales para enfrentar la crisis de enormes dimen-siones que expresaba la crisis financiera estadounidense.

Las políticas nacionales, así fueran de la mayor potencia mundial, no bastaban por sí mismas para apuntalar e intentar reconstruir un de-teriorado edificio financiero mundial. Por ello, uno de los eventos más significativos de 2008 fue la reunión de los 20 países que incluyó, además del poderoso G8, a las potencias regionales emergentes de carácter semi-periférico involucradas en un posible programa para enfrentar la crisis. Reunido en Washington, en noviembre 2008, el G20 sugirió reforzar el modelo financiero actual mediante el aumento de fondos destinados a las instituciones financieras internacionales (FMI, Banco Mundial, etc.), a cargo de los “países emergentes y en desarrollo”, quienes tendrían una mayor cuota en las decisiones. Ilusiones vacías, señala Umberto Mazzei (2009), mientras Estados Unidos tenga poder de veto con su 17%, pues las decisiones en el FMI suponen reunir 85 % de la votación. Se trataba de forzar a que los del Sur “aportaran más” para ayudar al Norte, porque no controlan nada.

En el comunicado del G20 en Washington, retomado en Londres y en Pittsburgh en 2009, hay una nota que sobresale porque señala los nexos entre crisis financiera y crisis comercial. El punto 13, que dice: “Debemos tratar de llegar a un acuerdo este año sobre modalidades que lleve a la conclusión exitosa de la Agenda para el Desarrollo de Doha en la OMC, con un resultado ambicioso y balanceado. Instruimos a nuestros ministros de comercio para que logren ese objetivo y estén listos a asistir directamente, como es necesario” (citada en Mazzei, 2009).

Por ello, dice este autor:

Es absurdo “mandar” una conclusión de la ronda Doha y más cuando se acaba de terminar —en julio 2008— una “mini-ministerial” sin ningún acuerdo y sin otra no-vedad que un aumento de las exigencias norteamericanas. No se puede “ordenar” un resultado en unas negociaciones sobre modalidades (rebajas arancelarias). Se afir-man mentiras cuando Estados Unidos y el propio Director General de la OMC, dicen que el objetivo de la Ronda de Doha es conseguir nuevos mercados. Esa es sin duda su aspiración, pero no es parte ni figura en el mandato para la negociación de Doha.

Lo que sí menciona, y es el mandato principal y razón de ser de la Ronda Doha, es la reducción de subsidios agrícolas y sobre eso no hay una sola palabra. Al con-trario, el documento del G20[6] de Washington recomienda combatir la crisis con medidas de política fiscal, lo que legitima la permanencia o el aumento de los subsi-dios, algo que sólo dan los países ricos. Subsidios escandalosos, como los millones de millones de dólares a los grandes bancos para que sobrevivan su deshonesta estupi-

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dez y que violan netamente los compromisos de Estados Unidos en el acuerdo sobre servicios (AGCS/GATS) de la OMC.

El año 2008 dejará como pendiente actitudes realistas del G20 que hubiesen exigido una reforma a fondo del FMI, que además acabara con el poder de veto que sigue manteniendo Estados Unidos. Es engañoso, in-siste Mazzei, pensar que el comercio — cuyo máximo global anual fue de 3,500 millardos— puede remediar este desastre financiero fraudulento cuyas deudas superan ya los 8 billones (trillions). En todo caso, en la ONU se formó un foro más amplio que el G20, en el que después de la reunión de noviembre de 2008 en Washington, trabajó una comisión nombrada por su presidente, Miguel d’Escoto y presidida por Joseph Stiglitz,3 que buscaba soluciones enfocando el problema de la recesión global como una crisis sistémica. De acuerdo con Mazzei (2009):

La comisión emitió un reporte donde se admite el problema del dólar sin fondos. Su propuesta es un esbozo, para su discusión en la Asamblea, donde se recomienda más poder para los países en desarrollo en las instituciones internacionales, más espacio político para su toma de decisiones, un nuevo sistema global de reservas y un Consejo Mundial de Coordinación Económica, sin duda algo menos frívolo que lo del G20.

Es decir el “G-192”, que alude a los países que participan en la Asam-blea General de Naciones Unidas, máxime que entre los países más afec-tados por la crisis, están aquellos que firmaron TLC con Estados Unidos, muchos de ellos ubicados en nuestra región.

Como lo hace ver Mazzei (2009), el tema del empleo es una de las variables clave para entender las dimensiones de la triple crisis que desde 2008 se hace mundialmente visible, pues en Ginebra, la Organización Internacional del Trabajo anuncia que la recesión global causará un in-cremento dramático en el desempleo y calcula que será una cifra entre 18 y 30 millones, pero que puede llegar a 50 millones si la situación continúa deteriorándose.

Luego, este autor cita a:

3. United Nations Conference, World Financial and Economic Crisis and its Impact on Development, Draft Outcome Document, Presented by the President of the General Assembly, Father Miguel d’Escoto Brockmann, Draft 1.0 (8 May 2009), cuyo contenido será analizado en el próximo Anuario de la Integración Latinoamericana y Caribeña, correspondiente a la infor-mación de 2009.

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Jagdish Bhagwati, célebre profesor de la Universidad de Columbia y ultra de la eco-nomía liberal, [quien] comentó al Financial Times, que el subsidio a empresas de au-tomotores en Estados Unidos era impugnable en la OMC bajo el acuerdo de Derechos Compensatorios y que son formas de protección. Bhagwati acusa a Obama de pro-teccionista y llama “proteccionismo insidioso” a las demandas de los sindicatos y sus aliados políticos para subir los estándares laborales de los socios comerciales. Dice que es para menguar la competitividad; pero olvida que es la competitividad de las mismas empresas que exportaron puestos de trabajo. Califica esas presiones sindicales de “táctica cínica” que funciona sólo con países débiles y pronostica que los lobbies laborales empujarán a Obama hacia los TLC en lugar de la OMC.

A pesar del ultraliberalismo en que siguen soñando los economistas del mainstream intelectual que orienta a las instituciones internacionales, la crisis ha despertado el proteccionismo. Así se muestra en las políticas nacionalistas protectoras de sectores de punta en la economía estadouni-dense, como el hierro y algunas manufacturas, por parte del Congreso norteamericano que entrega subsidios multimillonarios para el rescate financiero y de negocios que se representan como estratégicos para la economía norteamericana.

En su dimensión financiera, la crisis es el resultado de la monumen-tal brecha que separa la economía real de la economía financiera. Mazzei (2009) concluye que:

La pirámide financiera es sideral, los títulos sin respaldo en 2007 se estimaban en 65.6 billones [trillions], unas 44 veces el PIB mundial. Para el 2008 la cifra rondaba los mil billones [quadrillion]. Hay una orquestación criminal en el sistema dólar: fraudes contables, emisión inorgánica de dinero, obligaciones sin respaldo, desprotección culpable, ocultamiento de estadísticas “M-3” sobre el circulante, venta de Bonos del Tesoro impagables […] La crisis actual es la coincidencia de cuatro burbujas hijas del ilusionismo especulativo: la especulación en materias primas y alimentos, la especulación inmobiliaria, la especulación en bolsa y la especulación en divisas. Las burbujas revientan y colapsa un sistema basado en el dinero sin fondos, emitido por una economía deficitaria y dispendiosa. El tirarle más paquetes de dinero sin fondos a la crisis sólo la agrava, reflotarán brevemente las acciones para que arrastren más víctimas. Es dar más droga al drogadicto.

Las conclusiones que nos ofrece Mazzei (2009) como balance de la crisis financiera actual, señalan que:

1. La crisis es Made in USA. La originan:a) La emisión y colocación de dólares sin fondos, la ausencia de vigilancia por

la Reserva Federal y la apertura internacional a los servicios financieros y las inversiones.

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b) La falta de competitividad comercial de Estados Unidos que causa sus cró-nicos déficit comerciales y fiscales.

c) Esas agobiantes deudas privadas y públicas que encogen su mercado y crean una desconfianza que restringe el crédito.

d) La contracción del mercado estadounidense se trasmite a los socios comer-ciales que dependen de sus exportaciones.

e) La caída del mercado profundiza la tendencia al déficit comercial de sus socios.

2. El modelo de crecimiento exportador es frágil:a) El crecimiento basado en exportaciones es desigual en el desarrollo inter-

no y esta crisis lo demuestra frágil y efímerob) El modelo acentúa la vulnerabilidad social y actúa como transmisor de re-

cesión.

Es la estúpida economía

¡Es la economía, estúpido! fue un lema famoso por su eficacia en la elección de Bill Clinton de 1992, pues hizo voltear al electorado esta-dounidense hacia su bolsillo y esperar que las políticas gubernamenta-les lo beneficiaran; estaban en juego entonces los sentimientos contra la recesión y sus efectos sobre la vida cotidiana de la sociedad. La crisis financiera, que está llegando actualmente a su punto más alto en Estados Unidos, tiene impactos que son imprevisibles pues además de la pulveri-zación de una parte del sistema bancario de ese país, la magnitud de los recursos involucrados en la economía que hace las veces de locomotora del mercado mundial, y su interdependencia con el sistema financiero internacional, hacen de ésta una crisis global. Y esta combinación de asuntos domésticos e impactos que impone Estados Unidos al mundo hace una mezcla explosiva.

Ni demócratas ni republicanos pudieron eludir el papel decisivo de esta crisis en la campaña presidencial de 2008; ninguno de los candidatos intentó convencer a su electorado con un eslogan tan simple como el que le funcionó a Clinton en 1992, pues ahora no se trata solamente de afinar las políticas internas sino de lidiar con una crisis del modelo económico de los 30 últimos años, al que le urgen cambios que tienen repercusio-nes globales. Un modelo que está fincado sobre una estúpida economía, que ya no aguanta socializar las pérdidas y privatizar las ganancias, que dejó ganar sin límite o regulación alguna a los capitales y que convirtió en un casino al mercado mundial, particularmente el de la Bolsa de Va-lores y los diferentes mecanismos de especulación de futuros. Ya no es

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sustentable que el mundo sostenga el déficit público estadounidense, ni que su déficit comercial subsidie su mercado interno; este país, principal receptor de inversión extranjera directa, tampoco puede ya solventar esa economía especulativa.

Algunos analistas (BBC, 24-julio-2008) sugieren que, entonces, la cri-sis financiera internacional fue provocada, en parte, por falta de supervi-sión bancaria al sistema financiero, sobre todo en Estados Unidos, donde proliferaron concesiones de crédito de alto riesgo, particularmente liga-das al mercado inmobiliario, que después ha sido imposible cobrar. Lo cual dejó a la banca de inversión con falta de liquidez para financiarse ante las embestidas de los mercados. Otro problema se encuentra en el mercado de valores. Ya “Estados Unidos y el Reino Unido anunciaron que pondrán restricciones a la práctica bursátil conocida como ‘venta al descubierto’”, una extendida práctica en la que los corredores de bolsa venden acciones que no poseen, para luego re-comprarlas a un precio inferior, especulando así con el precio del mercado.

Más que falta de supervisión del sistema bancario, asistimos a un cambio cualitativo en la regulación a la que se ve forzada el Estado, cuya naturaleza cambió ya radicalmente; la idea del Estado mínimo, sin que ejerza regulación alguna, propia del pensamiento único que exportaron los organismos financieros internacionales, es derrotada por el regreso de los enfoques estado-céntricos. El gigantesco rescate bancario que propone el gobierno estadounidense, implica la estratosférica cantidad de 700 mil millones de dólares, casi el PIB anual de México. Las reper-cusiones fiscales sobre un país donde toda propuesta electoral apunta a disminuir impuestos y en el que la guerra contra Irak le estaba costando en 2008, según Joseph Stiglitz, ¡tres millones de millones de dólares!, irán más allá de las fronteras estadounidenses. Ello afecta directamente a países como México, pues su sistema bancario está también enraizado aquí y el comercio exterior mexicano con Estados Unidos es superior ya a 90% en compras y ventas. El “Fobaproa gringo” castigará al entrama-do financiero de inequidades Norte-Sur; qué estúpida y cruel economía global desata 2008.

Poder suave inteligente

Vaya que es enigmático el pueblo estadounidense. Volcado preferente-mente hacia lo doméstico, su potencia la debe a la fuerza lograda inter-

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nacionalmente. Octavio Paz señaló con acierto que Estados Unidos es al mismo tiempo un imperio y una democracia, una paradoja que sigue marcando el destino de esa nación. El 20 de enero de 2009 Barack Obama asumió la presidencia de una potencia que sigue sin resolver esos dilemas. Su apuesta doctrinaria para relacionarse con el mundo recurre a los principios del demócrata Franklin D. Roosevelt: el New Deal, o nuevo trato internacional, con énfasis en una diplomacia proactiva en búsqueda de mayor legitimidad. Sin embargo, el contexto de crisis financiera inter-nacional y de cuestionamientos severos a la hegemonía mundial estado-unidense, no asegura que las libertades rooseveltianas contra el miedo, contra las carencias, contra la inseguridad, puedan lograrse mediante una mera reorientación diplomática; el ingrediente militar sigue deter-minando la política exterior.

En su campaña electoral, Obama recurrió al ideólogo por excelencia de la necesaria combinación de los poderes duros, militares, y los pode-res suaves, diplomáticos (hard y soft power), para el mantenimiento de la hegemonía. Ser respetado y temido; aceptar y desear la conducción del hegemón requiere, según Joseph Nye, una sutil mezcla entre ambos po-deres para hacer eficaz la obtención de legitimidad. Obama introdujo los principios de Nye en su plataforma electoral de 2008 y se propuso enfa-tizar lo que llamó el poder suave inteligente (smart-soft power), como es-trategia para obtener legitimidad, sin descartar el uso de la fuerza como último recurso. Hillary Clinton expresó esa idea en la audiencia frente al Senado para buscar su confirmación como Secretaria de Estado (13 de enero de 2009) del nuevo gobierno, al decir: “queremos más socios y menos adversarios”.

Privilegiar este poder suave inteligente provocará, sin duda, cambios importantes en la política exterior de la potencia norteamericana; la se-ñora Clinton anunció en esa comparecencia que buscará negociaciones de paz en Medio Oriente, reconociendo tanto la necesaria seguridad de Israel, como las legítimas aspiraciones económicas, políticas y sociales de los palestinos; se buscará también un “fin responsable” de la guerra en Irak y, simultáneamente, nuevas estrategias en Afganistán y Pakistán, enfocadas al combate contra Al Qaeda. Pero esa política exterior apa-rentemente progresista está atravesada por un poder ni tan inteligente ni tan suave: el exacerbado poder del mercado. El cual se trasluce en el equipo de campaña y los funcionarios del nuevo poder Ejecutivo esta-dounidense, donde la herencia de integrantes del equipo de Bill Clin-ton, aunada a las alianzas de Barack Obama con los poderes fácticos

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mediáticos y financieros, ya expresa una fuerte presencia del complejo industrial-militar.

Esos intereses crearon una diplomacia de guerra y negocios que será imposible erradicar. Máxime que Estados Unidos enfrenta la gestión de la crisis financiera, suma de la irracionalidad especulativa y el altísimo costo de la guerra de Irak, que representa más de tres billones de dóla-res. ¿Quién financiará ese déficit acumulado? Los impuestos, principal fuente financiadora, no podrán aumentar su contribución por motivos electorales; la inversión extranjera directa en Estados Unidos será de-cisiva. Aumentar intercambios con socios comerciales será otro camino, pero no mediante tratados de libre comercio, pues el neoproteccionismo demócrata exige mayor rigor en tratos laborales y ambientales. Aumen-tar productividad y exportaciones será la punta de lanza del poder “sua-ve inteligente” del mercado. Un poder que idiotamente se llevará entre las patas a un Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuya renegociación con agenda propia no fue prevista por el gobierno mexi-cano. Debilidad que lamentablemente aleja un pacto migratorio justo y equitativo, sumergiéndonos en los poderes duros del combate al narco-tráfico en nuestras relaciones con ese Estados Unidos del poder suave inteligente.

Barack Obama y América Latina

Por decir lo menos, Latinoamérica aparece cargada de ambigüedad en la política interamericana de Estados Unidos, cada vez que pretendemos valorar su importancia en el marco de la política exterior de ese país. Las recientes elecciones presidenciales mostraron una vez más las paradojas de esa ambigüedad, pues nuestra región presenta puntos clave de inte-rés estratégico para la seguridad, el comercio, la inversión y la posible expansión de la potencia del Norte en materias como la explotación de la biodiversidad, la disponibilidad de agua dulce, la minería y, con sus dobles filos, el seguro abastecimiento de fuerza de trabajo barata para el beneficio de su economía doméstica. Además de ser una de las principa-les regiones abastecedoras de energéticos a bajos precios, de ser parte de los socios comerciales principales, nuestra región se consolida como la primera minoría dentro de la Unión Americana.

Barack Obama entendió esta ambigüedad, pues aunque Nuestra América no figuró centralmente en su campaña general, su equipo fue

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capaz de presentar una plataforma audaz de relaciones con Latino-américa, en el trabajo de acercamiento a los actores que podrían darle o reorientar su voto, pues los latinos se inclinan mayoritariamente por los republicanos. Obama ganó así Florida, cuna de votos republicanos. Estado definitivo en la primera elección de W. Bush, ahora esta penín-sula se inclinó por el demócrata. No fue un triunfo casual. Presentó su plataforma latinoamericana ante la Fundación Cubano-Americana de Miami, poderoso lobby cuya influencia había monopolizado durante los últimos ocho años el Partido Republicano. Sus propuestas para distender las relaciones con el régimen cubano, mediante la apertura al envío de remesas sin condiciones a la isla, aunadas al cierre de la prisión en Guan-tánamo, abrieron esperanzas de nuevas relaciones sin enrarecimientos sobrepolitizados con La Habana.

A diferencia de John Mc Cain que visitó México y Colombia durante su campaña de 2008, Obama no hizo viajes a nuestra región pero pre-sentó una plataforma elaborada para acercarse a Latinoamérica: la New Partnership for the Americas, que sustituye la idea de asociación, en lu-gar de la Enterprise for the Americas, del ortodoxo libre comercio de W. Bush. Propuesta en trece páginas, esta iniciativa relanza la promesa de reestablecer el liderazgo estadounidense en el hemisferio, y una nueva relación de buena vecindad, inspirada en los planteamientos de Franklin D. Roosevelt: “Mi política hacia las Américas será guiada por un simple principio: lo que es bueno para los pueblos de las Américas, es bueno para los Estados Unidos de América” (Obama, 2008). Tres lineamientos exponen su proyecto: libertad política (democracia), libertad del miedo (seguridad) y libertad de la necesidad (contra la pobreza).

Aunque siempre hay distancia entre la plataforma electoral y el pro-grama de gobierno, las propuestas de Obama hacia Latinoamérica son radicalmente distintas a las de los republicanos. La democracia comienza en casa: fin de la tortura y de detenciones indefinidas, restaurar el habeas corpus, cierre de la prisión de Guantánamo. Cuestionamiento al paradig-ma del libre comercio de los TLC. La libertad de la necesidad (pobreza) su-pone un desarrollo desde las bases sociales, concentrado en las finanzas locales, capacitación vocacional y programas de desarrollo comunitario. Lucha contra la corrupción. Apuesta por la transparencia en cuestiones de contratos. Apoyo de los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas: reducir el déficit de educación, especialmente de niñas y mujeres. Cance-lación total de la deuda de Bolivia, Guyana, Haití, Honduras, Paraguay, Santa Lucía, así como reformas del FMI y BM. En la libertad política se

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cuestionan alianzas específicas con gobiernos de centro-derecha y no es evidente la apertura con la izquierda política latinoamericana, pero se propone una política renovada de la “buena vecindad”. La renovada pro-yección política latinoamericana condicionará este proyecto.

2008, se prefigura una integración latinoamericana autónoma4

La histórica realización de cinco cumbres simultáneas de presidentes del Mercado Común Suramericano (Mercosur), Unión de Naciones de Sura-mérica (Unasur), Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), del Grupo de Río y Presidentes de América Latina y Caribe, en Salva-dor de Bahía, Brasil, el pasado 8 de diciembre, cerró un 2008 esperan-zador: con más integración comercial con contenidos comunitarios; con mayor diálogo y concertación política hacia dentro y fuera de la región; con proyectos conjuntos energéticos, financieros y de cooperación inter-nacional; con un claro mensaje al presidente Barack Obama, de mayor independencia regional frente a Estados Unidos; con la preocupación compartida por mantener y profundizar logros sociales de gobiernos de izquierda en su mayoría; con la reinserción mexicana en la comunidad latinoamericana, al volverse a acercar a Cuba y Venezuela. Inclusive la Cumbre de los Pueblos del Sur, formada por representantes de organi-zaciones y movimientos sociales, hizo una valoración positiva de estas convergencias.

Así como crece la integración y la unidad latinoamericana, esta re-gión se involucra crecientemente en asuntos definitorios de la agenda mundial futura, tanto como en conflictos regionales con repercusiones globales. En lo económico destaca la participación de presidentes lati-noamericanos en el Grupo de los 20 (G20), y el posible resultado de una agenda post-neoliberal, para afrontar la crisis financiera mundial, des-de bloques regionales fortalecidos, como los ofrecidos por Suramérica: Mercosur, Unasur y diversas perspectivas alternativas que protagonizan Brasil y Venezuela, en lo financiero con el Banco del Sur, en la integra-ción con la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), o la Iniciativa

4. En un número posterior del Anuario de la Integración Latinoamericana y Caribeña, analizare-mos la llamada Cumbre de Cancún (febrero de 2010), en la que se decide crear la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CEALC).

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de Infraestructura Regional de Suramérica (IIRSA) y su ambicioso progra-ma de construcción carretera y de telecomunicaciones.

En el plano diplomático y estratégico, Latinoamérica espera un año con fuertes turbulencias. En su proyección por mantenerse como una potencia global, ya reconocida, Brasil construyó una amplia gama de alianzas internacionales. Destaca el Grupo BRIC (Brasil, Rusia, India, y China) al seno del cual la diplomacia brasileña identifica una comunidad de intereses Sur-Sur que le ha dado fuerza a su política exterior, pero que también la compromete con sus aliados en temas conflictivos que corres-ponden a la proyección de sus potencias aliadas. Los temas conflictivos van de las discusiones sobre el rol de la Organización Mundial de Co-mercio, hasta las rivalidades ruso-estadounidenses, las aspiraciones ma-nifiestas de China como potencia mundial, o las competencias hindúes por ganarse a Brasil como aliado estratégico, que no dejan de incomodar al resto del grupo.

Otras coordenadas turbulentas atraviesan por Venezuela y Cuba, países con los que Rusia tiene, desde la percepción estadounidense, peli-grosos acercamientos, como las maniobras navales conjuntas ruso-vene-zolanas en el Caribe Atlántico, o la coordinación militar ruso-cubana que contempla la apertura de una base militar en la isla. Rusia impulsa, así, una suerte de posguerra fría para compensar con su presencia latinoame-ricana el impulso estadounidense a la invasión de Osetia del Sur; punto de influencia geopolítica rusa. Además, el acercamiento venezolano a Irán y la expulsión del embajador israelí en Venezuela en enero de 2009, a raíz del conflicto de Gaza, introduce un explosivo componente en las relaciones interamericanas.

Washington buscará recomponer la antes incontestada influencia es-tadounidense en las relaciones interamericanas. Reforzará su presencia militar en el Comando Sur, ampliará la capacidad de su recientemente relanzada IV Flota en el Atlántico suramericano. Además, acentuará la componente militar-geoestratégica de la lucha contra el narcotráfico a través del Plan Colombia, el Plan México y la Iniciativa Andina, aunque ahora se cuestiona su presencia militar, como lo hizo Ecuador, que en 2009 no renovará la concesión de la base de Manta. Panorama geopolíti-co que, combinado con el declive de la hegemonía comercial y financiera estadounidense, puede deparar escenarios conflictivos para avanzar en la unidad latinoamericana.

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Política exterior mexicana: aciertos y desatinos

Prolongación de la política doméstica, los asuntos internacionales tien-den a vincular lo interno y lo externo. Parece acertado, entonces, que el gobierno mexicano le dé mayor importancia a las relaciones con Cuba, como lo muestra su invitación a este país a integrarse al Grupo de Río, la cual fue aceptada unánimemente por los ocho participantes. Primero el Grupo de Contadora impulsó la pacificación centroamericana, luego el Grupo de los Ocho esbozó una agenda propiamente latinoamericana y finalmente el Grupo de Río desembocó en un espacio de concertación y diálogo político reconocido en toda la región y con capacidad de interlo-cución en el escenario internacional. El fortalecimiento de vínculos Sur-Sur tiene futuro, pues la tendencia mayoritaria de izquierdas en ocho de los nueve gobiernos que forman ahora este grupo, fortalece negociacio-nes internacionales multilaterales que favorecen las gestiones bilaterales de México con Estados Unidos.

El siguiente paso de la política interamericana quiso ser la inclusión de Cuba en la Organización de Estados Americanos (OEA). Excluida por la política interamericana unilateral estadounidense, la OEA sin Cuba ha tenido poco margen de actuación frente a los asuntos comunes de La-tinoamérica. Si el Grupo de Río quiere hacer visibles los asuntos que nos unen frente a la política hemisférica estadounidense, su convocatoria debe de ampliarse a todos los países de la región y la carta cubana es clave para lograr la independencia de actuación frente al coloso del Nor-te. A diferencia de México, con su sesgado privilegio del comercio con Estados Unidos, los países suramericanos y la isla caribeña diversifican relaciones comerciales y alianzas políticas de Sur a Sur, que los dejan mejor posicionados ante las negociaciones de la agenda global. Brasil impulsa tenazmente sus alianzas con Rusia, India, y China (Grupo BRIC), que significan actuaciones conjuntas eficaces en temas globales comer-ciales, financieros y de cooperación al desarrollo.

Mientras los BRIC son interlocutores ante Estados Unidos, la Unión Europea y diversos foros del pacífico asiático, o ante las instituciones mundiales comerciales y financieras, México sigue aferrado a su apuesta por el espacio norteamericano, aunque sus posiciones frente al gobierno de Barack Obama se piensan como si nada hubiese cambiado en Estados Unidos y los republicanos siguiesen gobernando. Cerrarse a renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es un des-acierto. Aunque son fundados los temores del gobierno mexicano frente

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al neoproteccionismo característico de los demócratas, la renegociación podría superar los supuestos logros republicanos del “libre comercio”, si se acudieran a alianzas Sur-Sur y si éstas se combinaran con un ba-lance procesado nacionalmente de los 15 años que cumplirá el TLCAN el próximo enero, que tomara en cuenta los claroscuros de esta integración comercial con el Norte.

Se teme que al renegociar el TLCAN se impongan mayores estándares en la protección del trabajo al evitar pagos desiguales a mujeres o prohi-bir la inclusión de menores de edad, cláusulas que servirían de pretexto para impedir que se exporten empleos de Estados Unidos hacia México; un escenario por lo demás previsible en la actual crisis financiera mun-dial, con o sin renegociación del TLCAN. Además, las desmedidas esperan-zas mexicanas en el modelo maquilador, que vende lo más barato posible su fuerza de trabajo, ignora experiencias como la hindú que apostó por la informática y la biotecnología, sin depender de la inversión extranjera directa para impulsar su modelo industrial, o que desconoce la estrategia china de encadenamientos productivos que propician complementarie-dades creadoras de un país fábrica. Se necesita, pues, una visión desde el Sur para renegociar el TLCAN, que evite las perversidades de la apertura total e indiscriminada, mostradas en la destrucción del campo y sistema alimentario mexicanos.

Renta petrolera y sustentabilidad

La geopolítica del petróleo sigue siendo uno de los factores determinan-tes para el futuro latinoamericano. Desde finales de la década de los setenta, la viabilidad de México reposa sobre la renta petrolera; su carác-ter de pozo productor contribuye a saciar al más voraz consumidor de energía del planeta, los Estados Unidos; una tendencia que se ha mante-nido y ampliado. En los últimos 25 años la industria extractiva mexicana de petróleo ha cobrado mayor importancia en la economía de su vecino del norte, al ocupar entre el segundo y el cuarto lugar entre los importa-dores que la proveen del crudo. El peso de las exportaciones petroleras ha sido decisivo en el sostenimiento del modelo adoptado, que se vuelca hacia el mercado mundial. Estadísticas tramposas hacen creer que la exportación manufacturera ha desplazado al petróleo como el principal aporte de divisas, pero ello no es así.

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El sector maquilador, principal contribuyente en esas cuentas, expor-ta hacia y entre sus firmas 80% de sus productos, lo cual reduce consi-derablemente la proporción exportadora de las manufacturas, mientras que la exportación petrolera sostiene, literalmente, al gobierno federal; pues con la creciente alza en sus precios los impuestos generados por la exportación del crudo, estos aportan poco más de 60 centavos de cada peso que tiene el gobierno federal como recursos fiscales. Una renta des-aprovechada para hacer transitar al país hacia una dimensión productiva, pues ni se ha modificado la exportación del crudo sin procesar, ni se han previsto la diversificación energética ni la generación de cadenas produc-tivas que nos permitan avanzar hacia un programa industrial coherente. Tampoco se ha usado esa renta para reducir los altos riesgos del traba-jador petrolero, ni para mitigar y tener respuestas responsables sobre el impacto ambiental tan severo que causa esa industria.

Georgina Kessel, titular de la Secretaría de Energía del gobierno federal, dijo que “se necesita contar con una energía eficiente y com-petitiva, para promover el crecimiento económico y la generación de empleos, pero con respeto a los ecosistemas y garantizando la oferta de energéticos a las generaciones futuras”, en la Presentación del Programa Sectorial de Energía 2007-2012. Una declaración que suena hueca, sin sustento en el estado real que tiene la industria petrolera como un mero pozo de extracción del crudo, garante de una cuantiosa renta que hace viable al país, pero que no despliega todo su potencial para fomentar el crecimiento económico ni la creación de empleos. En el programa ener-gético se dice que es estratégico contar con seguridad energética, pero no se plantean soluciones para resolver la complicada tensión entre el pa-pel regulador del Estado, ante los recursos “estratégicos”, y los desafíos planteados por la participación privada en ese sector.

Habría que hacer también un análisis sobre la geopolítica de los energéticos, y obtener conclusiones que alimenten políticas públicas que sean consecuentes. Nuestras reservas probadas de hidrocarburos han disminuido peligrosamente; nuestras reservas probables no son tan im-portantes como creíamos y la viabilidad financiera para explotarlas no está a la vuelta de la esquina. Venezuela y recientemente Brasil, gracias a sus descubrimientos de gigantescas reservas, son competidores que están invirtiendo una parte de los recursos aportados por su exportación petro-lera. Buena parte de los países centrales ya tienen horizontes definidos para la diversificación de fuentes energéticas, algunas de ellas como los agro-combustibles, de dudosa viabilidad por sus altos costos ambientales.

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La energía solar no se contempla siquiera en el programa energético. México sigue dividido entre subsistir gracias a la renta petrolera y hacer-se responsable de su ambiente. El modelo sustentable se aplaza peligro-samente.

Contenido del Anuario 2008

El Anuario de la Integración Latinoamericana y Caribeña, de la Red de Investigación sobre la Integración Latinoamericana y Caribeña (Redialc), quiere acercarse al oportuno análisis anual de estos importantes procesos integradores, hacer el recuento anual del proceso de integración autó-noma que se viene dando desde los años noventa en Latinoamérica y su relación con el caso mexicano y ubicarlo en las tendencias estructurales de la región, a partir de un enfoque interdisciplinario. Se busca además, participar en los debates científicos que representan este género de estudios, así como vincular sus resultados con usuarios de la comunidad científica internacional, con funcionarios gubernamentales o de agencias internacionales, y con el mundo de las organizaciones de la sociedad civil internacional, particularmente con sus expresiones en México.

Esta edición del Anuario cubre los acontecimientos correspondientes a 2008, e incluye una visión sobre ese proceso que se elabora desde la actualidad (2010), por ello se pueden encontrar referencias de análisis realizados entre 2008 y 2010. La estructura de esta obra responde a la or-ganización multidisciplinaria de los equipos que abordan cada una de las dimensiones en que se despliega la integración. En la realización de los anuarios futuros se buscará incluir algunas dimensiones de análisis que en esta edición aún no aparecen: la social; la ambiental, la del turismo y la educativa.

En esta entrega se analiza la dimensión económica de la integración a partir del estudio del conjunto de la región, en el trabajo: “La integración latinoamericana en 2008” de Jaime Estay Reino, el cual da el contexto general para analizar cada uno de los esquemas de integración vigentes. En el marco de la creación de la Unión de Naciones de Suramérica, es imprescindible tratar los alcances y limitaciones que presentan los dos esquemas que conforman el brazo comercial de la Unasur. En ese sen-tido van los estudios: “Mercosur 2008: tímidos avances a las puertas de la crisis”, de Lourdes María Regueiro Bello, y “La Comunidad Andina en 2008: problemas y desafíos”, de Carlos Otto Vázquez. La integración

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caribeña se analiza desde el trabajo: “Caricom frente a la crisis económi-ca internacional: principales implicaciones socioeconómicas” de Lane-ydi Martínez Alfonso, mientras que Berenice R. Ramírez López y Cruz Álvarez Padilla abordan el caso de “Centroamérica 2008: la integración regional ante la crisis económica mundial”. Dos regiones de importancia estratégica para México, con su proyección mesoamericana, que se trata más adelante y para Estados Unidos por su concepción que encuadra a ambas regiones como su tercera frontera.

La dimensión política de la integración es tratada por un grupo de trabajos que coordina Alberto Rocha, quien destaca en su presentación la importancia de 2008 respecto a los avances institucionales y políticos, que abren vías potenciales para la integración autónoma latinoamerica-na. Las pistas que se investigan en este apartado abordan: “El nuevo proceso de integración de Mesoamérica: México-Centroamérica-Esta-dos Unidos”, de Daniel Villafuerte Solís, trabajo en el que se analiza la compleja interrelación de intereses entre México y Estados Unidos, hacia una región que cada vez más acerca a Panamá y Colombia, en dos estrategias integradoras, esencialmente iguales en lo comercial, pero en la que México reclama cierta capacidad de convocatoria. El encuadre mesoamericano es también abordado por Ximena de la Barra, en su análisis “Centroamérica navega entre dos aguas”, en el que plantea la disyuntiva para los centroamericanos entre negociar con México o sin él para llegar a Estados Unidos.

Dos trabajos analizan la dimensión política enfrentada en Suramé-rica, tanto en lo que hace a “La integración andina: un año de tensiones y dificultades”, de Roberto González Arana, y la “Institucionalidad de la Unasur, 2008-2009: ¿crónica de un fracaso anunciado?”, trabajo en el que Daniel Efrén Morales Ruvalcaba y Verónica Reyes Barón se plan-tean relativizar el éxito aparente de un formato de convergencia política original, pero que no acaba de resolver las rivalidades entre los países grandes integrados al Mercosur y los países pequeños, particularmen-te del ámbito andino. El trabajo “Fortalezas y debilidades del ALBA” de Carmen Chinas, toma con sentido crítico un proceso de integración em-blemático: la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, dado el entusiasmo generado por la creación de una alternativa a la in-tegración comercial inspirada casi exclusivamente en la reforma de los mercados.

Todavía dentro de la dimensión política, pero a caballo con el análisis geopolítico de las relaciones internacionales de América Latina, Heri-

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berto Cairo Carou y Almudena Cabezas González, ofrecen el estudio “UE-ALyC: relaciones interregionales estancadas (Play it again…)”, en el que muestran la falta de dinamismo que existió ese año debido a la crisis financiera que enfrentó la Unión Europea. Mientras que Gary F. Prevost aborda el compás que abre la crisis mundial en Estados Unidos ese año para nuestra región: “2008, ¿el año final del rechazo de la influencia de Estados Unidos en América Latina?”

Carlos Oliva Campos, coordina la dimensión que relaciona las políti-cas exteriores y el proceso de integración latinoamericano. Los trabajos que conforman esta parte del Anuario se refieren al protagonismo que va to-mando Brasil en la región y la importancia de la llamada paradiplomacia, que se hace desde la localidad y las regiones de ese país, como lo explican Carlos R. S. Milani e Ivan Tiago Machado Oliveira, en el trabajo: “Ato-res e Agendas da Política Externa Brasileira em 2008”. Una región y un tema sobre los que poco se conoce su papel en la integración del Caribe en América Latina son abordados en el trabajo “La política exterior de los estados del Caribe anglófono: eje esencial de supervivencia regional”, análisis que subraya el papel decisivo que juegan esos estados insulares en la construcción del Gran Caribe, como lo establece José Francisco Piedra Rencurrell.

Es indiscutible el peso que cobra el grupo de Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica dentro de los diseños estratégicos de política exterior vinculada con la integración latinoamericana, por ello el trabajo “Re-laciones bilaterales de Argentina: los casos de la Federación de Rusia y la República Popular China”, de Carolina Crisorio, aporta elementos esenciales para el debate integrador frente a las economías emergen-tes. Los desafíos que enfrentan los nuevos gobiernos de izquierda para elaborar su política exterior y particularmente su política de integración comercial, se ilustran en el capítulo “Entre la soberanía y la dependencia: la política exterior boliviana bajo el gobierno de Evo Morales”, de Aldo Duran Gil. Mientras que los cambios prometidos en la política exterior de México son cuestionados por Jorge A. Hernández Velázquez en su artículo “2008: ¿política exterior responsable?”.

Dos trabajos finalizan la dimensión político-diplomática de la inte-gración. En “La política exterior de Argentina en el contexto surame-ricano: un proyecto pragmático de integración institucional, productiva y empresarial”, Sandra Colombo estudia los límites entre opciones de política económica destinada a favorecer el capital especulativo y nue-vas opciones de desarrollo apoyadas en un proceso de integración que

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privilegie dinámicas productivas y empresariales con mayor autonomía. Cierra esta parte un capítulo que da densidad contextual a las relaciones interamericanas: “La política de Estados Unidos para América Latina en un contexto de elecciones presidenciales”, de Luis Fernando Ayerbe.

La dimensión de la cultura, ciencia y tecnología e integración es abor-dada por Ignacio Medina Núñez en un estudio que ofrece el contexto histórico cultural, en: “Cultura de la integración y la desintegración”, que da cuenta tanto de las fuerzas centrífugas como centrípetas relaciona-das con las aspiraciones integradoras en la región. Por su parte, Álvaro Pedroza, Fernando Julio Piñero y Germán Sánchez problematizan los términos de la dimensión específica en “Ciencia y tecnología en América Latina 2008: estudios, diagnósticos y políticas”, una suerte de introduc-ción que permite comprender la organización de los trabajos incluidos en esta sección del Anuario. Germán Sánchez Daza explora el papel de las políticas públicas en “Ciencia y tecnología en América Latina: la evolu-ción de su estudio y la coordinación de políticas”. Luego, en un trabajo conjunto realizado en la escala iberoamericana, María Soledad Oregioni y Fernando Julio Piñero, abordan “La situación de la ciencia y la tecno-logía en los países iberoamericanos. Una lectura crítica del informe de la Red Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (RICYT), 2008”, desta-cando la pobreza en el registro de patentes que endémicamente sufre la región, así como la falta de articulación entre académicos e instituciones en investigación y desarrollo (I+D). Álvaro Pedroza Zapata remata el análisis de esta dimensión, mediante un conjunto de reflexiones sobre la manera en que algunos organismos de integración enfrentan el desa-fío de la innovación tecnológica, a partir del seminario latinoamericano sobre alternativas tecnológicas, en su artículo “Gestión de innovación y tecnología en Altec”.

Como ha venido sucediendo desde que se hizo el Anuario correspon-diente a la información del año 2003, Alicia González Rojan ubica los “Documentos en la Internet sobre integración”, lo cual constituye una herramienta de valor inapreciable para complementar estudios u obte-ner información especializada sobre los procesos de integración latinoa-mericana y caribeña.

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DIMENSIÓN ECONÓMICA

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La integración latinoamericana en 2008

Jaime Estay R.1

En el año 2008, el comportamiento de las economías latinoamericanas y, en estas, lo ocurrido con sus procesos de integración, estuvo fuertemente influido por el desenvolvimiento de la crisis mundial. Lo que estalló en 2007 como una crisis inmobiliaria en Estados Unidos, a lo largo del año 2008 se amplió en ese país desde el sector hipotecario hacia el conjunto del ámbito financiero y desde la actividad de construcción hacia los res-tantes sectores productivos, y simultáneamente fue tomando cuerpo en otros países y en la totalidad de la economía mundial, concretándose en distintos momentos de ese año caídas profundas no solo en los índi-ces bursátiles —particularmente en los meses de septiembre y octubre, en el marco de la bancarrota del banco de inversión Lehman Brothers anunciada el 15 de septiembre— sino también en la actividad económica global y en las relaciones económicas internacionales.

En lo que respecta a la actividad económica, en el gráfico I se ob-serva la caída ocurrida en el producto interno bruto de los principales países desarrollados desde el segundo trimestre de 2008 y cómo esta se fue profundizando en los siguientes trimestres, lo cual también ocurrió con otros indicadores de actividad interna como la inversión, la produc-ción industrial y desde luego los índices bursátiles, al mismo tiempo que a nivel global el número de desempleados para 2008 se incrementó en un total que la OIT (2009: VII) estima en 14 millones de personas.

1. Profesor Investigador del Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Puebla y coordinador en dicha Facultad del Doctorado en Economía Política del Desarrollo; coordinador de la Red de Estudios de la Economía Mundial (Redem, http://www.redem.buap.mx).

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Jaime Estay R.

Gráfico IComportamiento del PIB: países seleccionados

-4

-3

-2

-1

0

1

2

2006

T3

2006

T4

2007

T1

2007

T2

2007

T3

2007

T4

2008

T1

2008

T2

2008

T3

2008

T4

2009

T1

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2005

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2006

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2006

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2006

Q4

2007

Q1

2007

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2007

Q3

2007

Q4

2008

Q1

2008

Q2

2008

Q3

2008

Q4

Mundo A del Norte A Central, Sur y México Europa Asia Otros

Fuente: Eurostat.

En el ámbito de las relaciones económicas internacionales, también en el año 2008 el deterioro se fue acentuando tanto en los flujos comercia-les como en los flujos de inversión. Según se observa en el gráfico II, las exportaciones mundiales se estancaron en el tercer trimestre de ese año y en el siguiente trimestre cayeron alrededor de 20%, como resultado de las disminuciones ocurridas en todos los grupos de países considerados en dicho gráfico, entre los cuales la mayor disminución (35%) se dio en América Central, Sur y México.

Gráfico IIComportamiento de las exportaciones

Fuente: base de datos de la OMC.

En lo que respecta a los flujos de inversión, según las cifras de la UNCTAD que se presentan en el gráfico III, los montos mundiales de ingresos de inversión extranjera directa disminuyeron en 2008 a 21% respecto del año anterior y dicha caída estuvo claramente concentrada en los países

41


desarrollados —donde alcanzó 33%—, ya que en el caso de los países en desarrollo los montos de ingreso se incrementaron levemente respecto del año anterior.

Gráfico IIIComportamiento en 2009 de los flujos de ingreso de IED

-35

-30

-25

-20

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-10

-5

0

5

10

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a 20

07)

Fuente: UNCTAD (2009).

También la crisis mundial durante el año 2008 impactó fuertemente en los precios de las materias primas, revirtiéndose la tendencia previa al alza de dichos precios, que estuvo presente desde los primeros años de la década en metales y petróleo y en los años recientes para los alimen-tos. Según se puede ver en el gráfico IV, el segundo semestre de 2008 se produjeron profundas caídas para todas las materias primas, dándose las mayores disminuciones precisamente en los productos que más habían venido creciendo, de tal manera que entre julio y diciembre de 2008 el precio del petróleo cayó en casi 70% y el de los metales 45%.

Gráfico IVComportamiento de los precios de las materias primas

0

50

100

150

200

250

300

mar

-07

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7

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7

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07

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mar

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8

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08

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8

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8

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08

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8

nov-

08

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08

en-0

9

(200

5 =

100)

Alimentos Bebidas Insumos agrícolas Metales Petróleo

Fuente: base de datos de la OMC.

42

Jaime Estay R.

En suma, si bien los mayores estragos de la crisis están anunciados para 2009, sus efectos se hicieron sentir con mucha fuerza ya en el año 2008 y enparticular en su segundo semestre, ante lo cual desde finales de ese año en distintos países se inició la discusión sobre futuras reformas en la regu-lación financiera y se empezaron a aplicar políticas fiscales y monetarias para hacer frente a la crisis, y en particular operaciones gubernamentales de rescate, intervención o nacionalización de intermediarios financieros. De esas operaciones, la más publicitada fue la de la administración Bush que, luego de superar distintos obstáculos del congreso, el 3 de octubre de 2008 promulgó la Emergency Economic Stabilization Act (EESA), cuyo principal alcance es el uso de hasta 700,000 millones de dólares para adquirir hipotecas y otros activos que están afectando los balances de las instituciones financieras, así como para financiar un programa que permi-tirá a las compañías asegurar sus activos problemáticos. Por su parte, en diciembre de 2008 la Unión Europea —paralelamente a otras medidas tomadas a nivel nacional por sus países miembros— puso en marcha el Plan de Recuperación de la Economía Europea, que contempla un impulso presupuestario de 200 mil millones de euros, que equivalen a 1.5% del PIB conjunto de los países miembros de la Unión. Así también, en noviembre de 2008 el gobierno chino anunció un paquete por un monto de yuanes renminbi equivalente a más de 580 mil millones de dólares, que represen-tan alrededor de 13% del PIB de ese país, y el cual gira en torno a un plan de inversiones, un mecanismo de financiamiento y la política industrial.

En el ámbito internacional, para 2008 el principal espacio en el que se han empezado a discutir y generar respuestas ante la crisis es el grupo de los veinte (G-20),2 que el 15 de noviembre de 2008 celebró una re-unión cumbre en Washington convocada para ese fin. Como resultado de esa reunión, se emitió una declaración (G-20: 2008) cuyo punto principal está en “la reforma de los mercados financieros”, respecto de la cual de-finen cinco principios y un plan de acción consistente en un conjunto de medidas asociadas a esos principios:• Principio 1: “fortalecer la transparencia y la responsabilidad”.

Definen cinco “acciones inmediatas para el 31 de marzo de 2009” y tres “acciones a mediano plazo”.

2. El G-20 lo componen la Unión Europea, como bloque, y diecinueve países: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía. A la reunión de noviembre de 2008, asistieron también Holanda y España.

43


• Principio 2: “mejora de la regulación”, subdividido en “regímenes re-gulatorios”, “supervisión prudencial” y “administración del riesgo”. Definen 12 acciones inmediatas y ocho a mediano plazo.

• Principio 3: “promover la integridad de los mercados financieros”. Tres acciones inmediatas y tres a mediano plazo.

• Principio 4: “fortalecer la cooperación internacional”. Dos acciones inmediatas y dos a mediano plazo.

• Principio 5: “reformar las instituciones financieras internacionales”. Seis acciones inmediatas y tres a mediano plazo.

La situación en América Latina y en sus procesos de integración

Los distintos componentes de la crisis global recién mencionados se hicieron también presentes a lo largo de 2008 en América Latina; si bien, en términos generales, para ese año los impactos de la crisis en la región no fueron tan severos como en otros espacios de la economía mundial.

El ámbito en el que dichos impactos fueron más rápidos y severos fue el de las bolsas de valores de la región, y en particular en los índices bursátiles de las mayores economías. Así, entre abril y octubre de 2008 el índice de precios y cotizaciones (IPC) de la bolsa mexicana cayó casi 50%, para el índice Boespa la caída fue superior a 58% por ciento entre junio y octubre y el índice Merval tan solo entre julio y octubre cayó 60%. Para el caso de Brasil y México —así como para otros países de Amé-rica Latina— lo anterior se acompañó de incrementos sustanciales del valor del dólar, de tal modo que de enero a diciembre de 2008 dicho va-lor aumentó 30% en Brasil (de 1.81 a 2.36 reales) y en 26% en México (de 10.92 a 13.78 pesos), en tanto que para Argentina el incremento en ese mismo lapso fue de 8.5%.

Para la mayor parte de los indicadores del comportamiento de la ac-tividad económica regional, las cifras correspondientes al conjunto del año 2008 no difieren de manera importante de las de años anteriores. En tal sentido —según se ve en el siguiente cuadro—, los promedios de 2008 de producción global, producción per capita, desempleo, saldo fiscal, transferencia de recursos y reservas internacionales corresponden más bien a la etapa de recuperación económica por la que atravesó la región desde 2004, luego del deterioro ocurrido a fines de la década pasada y comienzos de la actual, aunque con seguridad las cifras anuales de todos esos indicadores se verán impactadas negativamente en 2009.

44

Jaime Estay R.

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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

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5.7

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. (%

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CE

PAL (

2008

).

45


Para el caso de la producción global, según se ve en el cuadro 2, du-rante los tres primeros trimestres del año 2008 las tasas de crecimiento se mantuvieron a los niveles de 2007, disminuyendo de manera generaliza-da (en 14 de los 16 países considerados en el cuadro) a partir del cuarto trimestre, en el cual dichas tasas se vuelven negativas en Colombia, Costa Rica y México, país este último que en la región es con mucho el que está resultando más afectado por la crisis.

Cuadro 2Países de América Latina: comportamiento trimestral del PIB

(tasas de crecimiento, respecto al mismo trimestre del año anterior)

2007 IT

2007 IIT

2007 IIIT

2007 IVT

2008 IT

2008 IIT

2008 IIIT

2008 IVT

2009 IT

Argentina 8 8.6 8.8 9.1 8.5 7.8 6.9 4.1 2Bolivia 2.5 4.1 5.3 6.1 6.6 6.9 7.1 4.2Brasil 5.3 5.8 5.4 6.1 6.1 6.2 6.8 1.3 -1.8Chile 5.9 5.5 3.6 3.8 3.4 4.6 4.6 0.2 -2.1Colombia 8.5 7.7 6 8.1 4.1 3.9 2.9 -0.7Costa Rica 7.5 8.6 7.2 7.9 6.1 3.5 2.8 -1.8Ecuador 1.6 1.1 1.4 5.8 6.5 8.3 8 3.4El Salvador 4.2 4.6 4.8 4.9 3.4 2.9 2.2 1.8Guatemala 6.5 7 7.2 6.6 4.3 4.3 2.6 3.3 0.1México 3 3 3.5 3.7 2.6 2.9 1.7 -1.6 -8.2Panamá 8.7 11.5 11.5 11.8 8.7 11.2 9.7 7.3 2.5Paraguay 6.3 4.4 7.6 8.6 7.6 8.9 3.1 3.9Perú 8.5 8.1 8.9 9.8 10.3 11.8 10.9 6.5 1.8R. Dominicana 5.5 5.9 6.8 8.9 9.7 12.2 14.6 4.5 2.4Uruguay 6 6.7 8.2 9.2 7.8 10.3 9.9 7.6 2.3Venezuela 8.8 7.6 8.6 8.5 5 7.3 4.1 3.2 0.3

CEPAL (2009).

También en el ámbito del comercio internacional de la región, los efectos de la crisis comenzaron a hacerse sentir en la segunda parte de 2008. En el cuadro 3 se observa que, si bien para ese año dicho comercio se incrementó respecto de 2007, tanto en relación a las exportaciones totales de la región y de los esquemas de integración allí incluidos, como en lo que se refiere a las exportaciones intrarregionales e intraesquemas,

46

Jaime Estay R.

ello fue resultado de comportamientos distintos entre el primer semestre y el segundo.

En lo que respecta a las exportaciones totales, entre el primero y el segundo semestre de 2008 cayeron en el conjunto de América Latina (4%), en la Aladi (13%), en la Comunidad Andina (25%) y en la Cari-com (53%). Por su parte, entre esos mismos semestres las exportaciones intrarregionales e intraesquema disminuyeron notoriamente su creci-miento, estancándose en el Mercosur y cayendo de manera absoluta en el MCCA.

Cuadro 3América Latina y el Caribe: exportaciones totales y según esquemas

de integración (en millones de dólares corrientes)

Esquema/año 2007 2008 Enero a junio 2008

Julio a dic. 2008

América Latina y el CaribeExportaciones totales 763,318 884,686 450,351 434,335Exportaciones a América Latinay el Caribe

147,413 170,225 80,182 90,043

Aladi

Exportaciones totales 675,139 786,537 420,736 365,801 Intrarregionales 112,242 131,575 63,264 68,311Comunidad Andina Exportaciones totales 141,12 181,762 103,766 77,996 Intrarregionales 14,774 17,55 8,384 9,166MercosurExportaciones totales 221,253 276,345 129,499 146,846Intrarregionales 33,065 40,736 19,881 20,855MCCA

Exportaciones totales 27,457 30,01 13,632 16,378Intrarregionales 5,29 6,461 3,277 3,184CaricomExportaciones totales 19,027 23,536 15,982 7,554Intrarregionales 2,793 3,664 1,692 1,972

Fuente: con base en cifras de CEPAL (2009a: 111).

47


Para el caso de la Aladi, según las cifras presentadas por la propia asociación que se ofrecen en el siguiente gráfico, el valor de las exporta-ciones mensuales de los países miembros creció de manera importante de enero a julio de 2008, cayendo violentamente en los meses siguientes, y sobre todo desde octubre, a tal punto que para enero de 2009 dicho valor se había reducido a un monto mensual semejante al de comienzos del año 2005.

Gráfico V.Aladi: exportaciones globales mensuales 2005-2009

(miles de millones de dólares)

30

40

50

60

70

80

90

En

05 Mar

May Ju

lS

epN

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n 06 Mar

May Ju

lS

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n 07 Mar

May Ju

lS

epN

ovE

n 08 Mar

May Ju

lS

epN

ovE

n 09

Fuente: Aladi (2009b: 5).

Según se ve en el siguiente gráfico, en ese comportamiento para 2008 de las exportaciones de la Aladi, el mayor dinamismo de los primeros tres trimestres correspondió principalmente a las exportaciones intra-Aladi, las cuales crecieron (comparadas en este caso con el trimestre corres-pondiente del año 2007) a tasas superiores a 30%, en tanto que la caída posterior fue especialmente profunda en las exportaciones extra-Aladi, las cuales disminuyeron 10%.

48

Jaime Estay R.

Gráfico VI

Aladi: evolución de las exportaciones totales por destino, trimestresde 2008 (tasas de variación respecto a igual periodo del año anterior)

-20-10

010203040

En-Mar Abr-Jun Jul-Set Oct-Dic

ALADI R. del Mundo

-200

20406080

EstadosUnidos

U.E. Japón China E.R.I. OtrasÁreas

En-Mar Abr-Jun Jul-Set Oct-Dic

Fuente: Aladi (2009: 5).

En el gráfico VII se observa que esa disminución de las exportaciones de los países de la Aladi hacia el resto del mundo, ocurrida el último trimestre de 2008, fue particularmente aguda en el caso de China con una caída cercana a 20% —cuando las exportaciones a ese país en el trimestre inmediato anterior habían crecido más de 60%—, seguida por las exportaciones hacia Estados Unidos que disminuyeron más de 15%.

Gráfico VII

Evolución de las exportaciones extrarregionales por destino, trimestres de 2008 (tasas de variación respecto a igual periodo del año anterior)

Fuente: Aladi (2009: 10).

49


Las disminuciones en el valor de las exportaciones de los países miembros de la asociación, además del deterioro en los volúmenes comerciados tuvieron como causa importante a la caída del precio de los productos básicos exportados por esos países. Según se observa en el gráfico VI, entre julio y diciembre de 2008 fue un desplome en promedio cercano a 60% y superior a los dos tercios para el petróleo, luego de lo cual se frenó en el primer bimestre de 2009.

Gráfico VI

Precios de los productos básicos exportados por Aladi.Índices de enero de 2007 = 100

50

100

150

200

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7

Mar

May Ju

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8

Mar

May Ju

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9Alimentos y beb. Mat. primas agrícolas Minerales y met.Petróleo Total

Fuente: Aladi (2009ª).

El conjunto de elementos hasta aquí reseñados constituye lo básico del marco global y regional en el cual durante el año 2008 se desenvolvió la integración latinoamericana. Según se ha revisado, dicho marco estuvo claramente definido por los impactos de la crisis mundial sobre todo en la segunda mitad de ese año, si bien la fuerza de esos impactos con segu-ridad será mayor en el año 2009.

Es en ese contexto que, en los siguientes capítulos de esta parte del anuario, se revisa lo sucedido durante el año 2008 con los principales es-quemas de integración, describiendo en detalle los avances y problemas presentes en ellos. Como se desprende de esa revisión, el balance de lo ocurrido es diverso, aunque para ninguno de esos esquemas el año 2008

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Jaime Estay R.

fue de avances sustanciales del proceso integrador, o de superación de los problemas que vienen arrastrando desde hace ya tiempo.

Así, en términos generales, durante 2008 se siguió postergando la concreción plena de las distintas uniones aduaneras y se mantuvo el estancamiento o se avanzó poco en las negociaciones para la firma de acuerdos con la Unión Europea, a lo cual se sumaron situaciones especí-ficas que van desde la permanencia de un “lento avance” en el Mercosur, la agudización de la crisis comunitaria en la CAN, el muy escaso margen de maniobra ante la crisis en la Caricom y la contradicción en el MCCA en-tre los TLC con Estados Unidos y la búsqueda de la integración regional.

Paralelamente a lo sucedido en esos esquemas, durante 2008 la inte-gración regional discurrió también por otros cauces, de los cuales intere-sa destacar tres: la Cumbre sobre Desarrollo e Integración, la formaliza-ción de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y lo ocurrido en la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).

En relación al primer tema, el 16 y 17 de diciembre de 2008 se realizó en Salvador, Bahía, Brasil, la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo e Integra-ción, cuya importancia radicó no solo en los temas tratados sino también en el hecho mismo de que se reunieran 33 países de la región sin la tutela estadunidense. En dicha cumbre se revisó el escenario derivado de la crisis financiera y se discutió acerca de los procesos de articulación y con-vergencia de acciones entre los esquemas de integración. En relación con la crisis mundial, en la declaración final de la Cumbre (Jefes de Estado y de Gobierno, 2008) se destacó que “los países desarrollados fueron los causantes de la crisis y […] por ende deben asumir los costos de su solu-ción”, agregando que “los países en desarrollo no deben ser penalizados por prácticas financieras no sustentables en los países desarrollados” y destacando “la necesidad de un amplio diálogo internacional, con la par-ticipación activa de los países en desarrollo, para la construcción de una nueva arquitectura financiera internacional que incluya la adopción de mecanismos de regulación eficientes y disciplinas transparentes de go-bernabilidad para el sistema financiero mundial”.

También en materia financiera, pero a escala regional, en la decla-ración se resaltó la necesidad de fortalecer los mecanismos financieros regionales y subregionales existentes, dada su importancia para apoyar acciones que permitan enfrentar la crisis. Los firmantes decidieron en-comendar a los ministros de finanzas el diseño de una estrategia para la

51


construcción progresiva de una arquitectura financiera regional y subre-gional que, entre otros, incorpore aspectos referidos a mecanismos de pagos en monedas nacionales, permita la integración de los mercados regionales y subregionales con mecanismos de supervisión, regulación y transparencia y facilite la cooperación entre los bancos nacionales y regionales de fomento.

En lo que respecta a la Unasur, en el mapa regional de los esquemas de integración con seguridad lo más destacado de 2008 fue la ratificación en Brasilia, el 23 de mayo, del Tratado Constitutivo de dicha Unión,3 la cual inició con ello su funcionamiento y se nombró la primera presiden-cia pro tempore, además de crearse el Consejo de Defensa Suramericano y el Consejo Suramericano de Salud.

En los restantes siete meses de 2008, la actuación más relevante de la Unasur estuvo referida al conflicto generado en Bolivia por los intentos separatistas en la Media Luna y la masacre ocurrida en Pando, ante lo cual los presidentes de la unión acordaron el 15 de septiembre la Decla-ración de la Moneda, en la que “expresan su más pleno y decidido respal-do al Gobierno Constitucional del Presidente de la República de Bolivia Evo Morales”, “Advierten que sus respectivos Gobiernos rechazan enér-gicamente y no reconocerán cualquier situación que implique un intento de golpe civil, la ruptura del orden institucional o que comprometan la integridad territorial de la República de Bolivia”, “condenan el ataque a instalaciones gubernamentales y a la fuerza pública por parte de grupos que buscan la desestabilización de la democracia boliviana” y “hacen un llamado a todos los actores políticos y sociales involucrados a que tomen las medidas necesarias para que cesen inmediatamente las acciones de violencia, intimidación y desacato a la institucionalidad democrática y al orden jurídico establecido”, además de lo cual acordaron dos comi-siones. Una de esas comisiones, desde fines de septiembre, comenzó a investigar la masacre ocurrida en Pando y en diciembre entregó su infor-me, en el que concluye que se cometió un “crimen de lesa humanidad” y recomienda someter a juicio a los responsables.

También en el ámbito de la Unasur otro elemento que destacar se refiere al Banco del Sur. Luego de intensas negociaciones desarrolladas a lo largo de 2007, en diciembre de ese año se firmó el Acta Fundacio-nal del Banco, por parte de los presidentes de Argentina, Bolivia, Brasil,

3. Los países miembros son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guayana, Paraguay, Perú, Uruguay, Surinam y Venezuela.

52

Jaime Estay R.

Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela. En dicha acta (Presidentes de siete países, 2007) el Banco se ubicó “como institución primaria y esen-cial de la nueva arquitectura financiera regional”, se acordó su creación y se le asignó como objetivo “financiar el desarrollo económico y social de los países de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) miembros del Banco, en forma equilibrada haciendo uso del ahorro intra y extra regional; fortalecer la integración; reducir las asimetrías y promover la equitativa distribución de las inversiones dentro de los países miembros del Banco”, asignándole como funciones las de financiar proyectos de desarrollo en sectores económicos claves y en sectores sociales, financiar proyectos que favorezcan la integración suramericana y “crear y admi-nistrar fondos especiales de solidaridad social y de emergencia ante de-sastres naturales”.

Así también, en dicha acta se acordó ubicar la sede del banco en Caracas, con subsedes en Buenos Aires y La Paz, se definió que el banco “deberá ser autosostenible y gobernarse conforme a criterios profesiona-les de eficiencia financiera” y se acordó que “los órganos de conducción del Banco del Sur tendrán una representación igualitaria de parte de cada uno de los países suramericanos que lo integran, bajo un sistemade funcionamiento democrático”.

Si bien en el Acta Fundacional se establecía que en un plazo de 60 días los ministros de Economía, Hacienda y/o finanzas de los países sig-natarios concluirían la elaboración del Convenio Constitutivo del Banco, para proceder después a su suscripción, ese plazo fue claramente rebasa-do, a tal punto que los contenidos del convenio no fueron acordados en 2008, lo cual se explica por la existencia de visiones diferentes acerca del rol y modalidades de funcionamiento del banco y en particular respecto de dos temas: la incorporación o no de funciones de fondo de estabili-zación en los objetivos del banco y la relación que deberá existir en el mismo entre aportes y capacidad decisoria.

Finalmente, en lo que se refiere al ALBA-TCP probablemente lo más destacable del año 2008 —además del incremento de membresía, ya que en ese año a los cuatro miembros previos se sumaron Dominica en enero y Honduras en agosto— fue la decisión de avanzar a la creación del Siste-ma Único de Compensación Regional (SUCRE), tomada en la III Cumbre Extraordinaria de la Alternativa celebrada el 26 de noviembre de 2008 —en la cual participó también Ecuador— así como la aprobación del Acta Fundacional del Banco del ALBA-TCP .

53


En lo que respecta al SUCRE, en la III Cumbre una parte importante de las discusiones se centró en la actual crisis mundial y su impacto en la región, así como en la revisión y crítica al modelo económico imperante y al funcionamiento del sistema financiero internacional, destacándose la necesidad de generar respuestas ante la crisis y la convicción de que en dichas respuestas hay que privilegiar el espacio regional y, en ese contex-to, en la Declaración Final de la Cumbre se incluyó la decisión de crear el SUCRE en los siguientes términos (Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP, 2008a):

Construir una Zona Monetaria que incluya inicialmente a los países miembros del ALBA (la mancomunidad de Dominica participaría en calidad de observadora) y a la República del Ecuador, mediante el establecimiento de la Unidad de Cuenta Común SUCRE (Sistema Unitario de Compensación Regional) y de una Cámara de Compensación de Pagos. La creación de esta Zona Monetaria se acompañará del es-tablecimiento de un Fondo de Estabilización y de Reservas con aportes de los países miembros, con el fin de financiar políticas expansivas de demanda para enfrentarse a la crisis y sostener una política de inversiones para el desarrollo de actividades económicas complementarias.

Articular una respuesta regional, impulsada por el ALBA-TCP, que busque la in-dependencia respecto a los mercados financieros mundiales, cuestione el papel del dólar en la región y avance hacia una moneda común, el Sucre, y contribuya a la creación de un mundo pluripolar.

Con posterioridad a esa III Cumbre, el 10 de diciembre de 2008 se crea-ron seis Comités Técnicos, cuyo mandato reflejó los distintos compo-nentes y objetivos que se desprendían de la decisión avanzar hacia la creación del SUCRE. Así, al primero de esos comités se le encargó el aná-lisis de la Unidad de Cuenta Común, al segundo lo referido a la Cámara Central de Compensación de Pagos, el tercero atiende lo que respecta al Fondo Mixto de Estabilización y Desarrollo, el cuarto comité se refiere a la creación del Consejo Monetario Regional, el quinto tiene a su cargo el tema del Comercio Intrarregional y el sexto los aspectos legales relacio-nados con la implementación del SUCRE.

En lo que se refiere al banco del ALBA-TCP, la propuesta de crearlo fue inicialmente planteada en junio de 2007, en la primera reunión del Consejo de Ministros de la Alternativa, luego de lo cual se celebraron seis reuniones técnicas, en la última de las cuales —realizada el 24 de enero de 2008—, se definió a ese nivel lo referido al Acta Fundacional, al Convenio Constitutivo y al capital del banco del ALBA-TCP.

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Jaime Estay R.

Sobre esa base, los gobiernos de Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Cuba aprobaron el Acta Fundacional y el capital inicial del banco el 26 de enero de 2008, en la sexta Cumbre del ALBA-TCP, y dos meses después acordaron en principio los contenidos del Convenio Constitutivo.

En el Acta Fundacional se establece que el banco “tendrá por objeto coadyuvar al desarrollo económico y social sostenible, reducir la pobreza, fortalecer la integración, reducir las asimetrías, promover un intercam-bio económico justo, dinámico, armónico y equitativo de los miembros del acuerdo ALBA”, y que tendrá entre otras funciones (Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP, 2008):

[…] financiar programas y proyectos de desarrollo en sectores claves de la economía, orientados a mejorar la productividad y eficiencia, la generación de empleo digno, el desarrollo científico-técnico, innovación, invención, la complementariedad y de-sarrollo de las cadenas productivas, la agregación de valor y maximización del uso de materias primas regionales, protección de los recursos naturales y conservación del medio ambiente [...] financiar programas y proyectos de desarrollo en sectores sociales para reducir la pobreza y erradicar la pobreza extrema, la exclusión étnica, social, de género y mejorar la calidad de vida [...] financiar programas y proyectos que favorezcan el comercio justo y el proceso de integración latinoamericana y ca-ribeña [...] crear y administrar fondos especiales como los de solidaridad social y de emergencia ante desastres naturales, entre otros, todo ello mediante la realización de operaciones financieras activas, pasivas y de servicios.

Asimismo, en dicha acta se establece que el banco será autosostenible, que “se gobernará de conformidad con las mejores prácticas internacio-nales de eficiencia financiera” y que los órganos de conducción del banco “tendrán una representación igualitaria de parte de cada uno de los países que lo integran, bajo un sistema de funcionamiento democrático”.

En lo que respecta al capital inicial del banco, el monto suscrito es de mil millones de dólares y el autorizado es de dos mil millones de dólares.

Otros elementos relevantes referidos al funcionamiento del banco, son que la sede está en Venezuela, pudiendo establecer oficinas de repre-sentación en los demás países miembros; que el banco tendrá dos niveles de gobierno, el Consejo Ministerial y el Directorio Ejecutivo; y que la presidencia de la institución será ejercida por un director ejecutivo con carácter rotatorio, electo por el Directorio Ejecutivo.

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Mercosur 2008:tímidos avances a las puertas de la crisis

Lourdes María Regueiro Bello1

No puede decirse que durante 2008 se haya roto la inercia de los años precedentes. Las una y otra vez pospuestas metas comerciales encami-nadas a completar la unión aduanera continuaron diferidas; el año 2008 finalizó sin la aprobación del Código Aduanero del Mercosur, ni haber logrado la eliminación del doble cobro del arancel externo común al inte-rior del Mercosur y sin haber alcanzado un acuerdo entre los países miem-bros sobre la distribución de la renta aduanera. A ello debe sumarse que tampoco se produjo la aprobación de la entrada de Venezuela por parte de los congresos brasileño y paraguayo, incluso se registra una tendencia en Argentina que pide reconsiderar la decisión tomada al respecto en2007. La tensión argentino-uruguaya continúa latente y cobra cuerpoen el rechazo uruguayo a la candidatura de Néstor Kirschner como Secretario General de Unasur. A los pendientes anteriores se suma la crisis que presumiblemente afectará el desempeño del bloque. No obs-tante, es importante destacar que en esta oportunidad los países latinoa-mericanos en general han buscado en la integración las potencialidades para enfrentar la crisis; la decisión reciente de extender el uso de mone-das locales al resto de los socios del Mercosur, la implementación de un proyecto para la integración productiva, la creación de nuevas iniciativas de financiamientos para las pymes de la integración y de un fondo para el desarrollo de la agricultura familiar, así como la ampliación del Focem, son elementos que podría dar un renovado valor agregado al Mercosur.

1. Profesora Investigadora del Centro de Investigaciones de Política Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.

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Lourdes María Regueiro Bello

Desempeño económico

El desempeño de la economía del Mercosur durante el año 2008 solo comienza a reflejar las señales de la crisis en el último trimestre de 2008, lo que se manifestó en la desaceleración de la actividad económica a partir de ese momento; aun así las economías de Brasil, Paraguay y Uru-guay crecieron a un ritmo superior al que lo hicieron durante el año 2007, considerado el último de la fase expansiva del ciclo.

Todos los países de bloque mostraron un aumento del valor de las exportaciones, en la mayor parte de los mismos más como resultado del incremento de los precios exportados, que de un crecimiento de su volu-men. La expansión de las exportaciones basadas en el ascenso de los pre-cios se desaceleró en el último trimestre por la reducción de la demanda resultante de la crisis. Argentina, Brasil y Venezuela cerraron el año con un saldo positivo de la balanza comercial, aunque con saldos decrecien-tes en relación al 2007, mientras para Paraguay y Uruguay el saldo fue negativo, como puede verse en la tabla 3. Un elemento positivo para Argentina fue la expansión del volumen de las manufacturas de origen industrial en sus exportaciones. El valor de las importaciones creció para todos los países del bloque.

Casi todos los miembros del bloque experimentaron una desacelera-ción del crédito hacia finales del año, reportándose ajustes de los niveles de producción en Brasil.

El índice de precios al consumidor creció a tasas superiores a las de 2007 en Brasil, Paraguay y Venezuela, mantuvo la misma en Uruguay y decreció para Argentina.

La IED neta en relación a los montos registrados en el 2007 se in-crementó en Paraguay y Uruguay, bajó discretamente en Argentina, se redujo significativamente en Brasil y Venezuela, este último país registra un proceso de desinversión por tercer año consecutivo.

La tabla 1 muestra la evolución de un conjunto de indicadores en los últimos cuatro años.

Relaciones intra Mercosur

Los conflictos comerciales y por la distribución de la renta sobre recursos compartidos al interior del bloque se han mantenido latentes y podrían agudizarse frente al déficit de la balanza comercial de Argentina Para-

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Mercosur 2008: tímidos avances a las puertas de la crisis

Tabla 1Mercosur: indicadores escogidos 2005-2008

2005 2006 2007 2008*PIB (tasa de variación anual)Argentina 9,2 8,5 8,7 6,8Brasil 3,2 4,0 5,7 5,9Paraguay 2,9 4,3 6,8 5,0Uruguay 6,6 7,0 7,4 11,5Venezuela 10,3 10,3 8,4 4,8IPC (tasa de variación anual)Argentina 12,3 9,8 8,5 7,9Brasil 5,7 3,0 4,5 6,4Paraguay 9,9 12,5 6,0 8,3Uruguay 4,9 6,4 8,5 8,5Venezuela 14,4 17 22,5 32,7Tasa de desempleo urbano (%)Argentina 11,6 10,2 8,5 8,0Brasil 9,8 10 9,3 7,9Paraguay 7,6 8,9 7,2 …Uruguay 12,2 11,4 9,6 7,9Venezuela 12,4 10 8,4 7,4Exportaciones B y S (millones de dólares, USD)Argentina 46 813 54 150 66 100 85 455Brasil 134 356 157 283 184 458 229 918Paraguay 4 045 5 154 6 324 8 830Uruguay 5 085 5 785 6 796 8 310Venezuela 56 829 66 782 70 838 95 938Importaciones B y S (millones de dólares, USD)Argentina 34 925 41138 51 972 68 839Brasil 97 962 120 467 157 483 222 721Paraguay 4 158 5 406 6 486 9 421Uruguay 4 693 5 882 6840 9 037Venezuela 28 915 38 503 52 987 55 103Activos de Reservas Internacionales (millones de dólares USD)Argentina 28 077 32 037 46 176 46 072Brasil 53 799 85 839 180 334 207 205Paraguay 1 297 1 703 2 462 2 999Uruguay 3 078 3 091 4 121 5 952Venezuela 29 636 36 672 33 477 37 770IED neta (millones de dólares USD)Argentina 3 954 3 100 4 997 4 900Brasil 12 550 -9 380 27 518 20 000Paraguay 47 156 194 209Uruguay 811 1 495 1 000 1 509Venezuela 1 422 -2 666 -1 591 -3 700

*Preliminar.Fuente: CEPAL (2008). Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe.

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guay y Uruguay con el Mercosur. El diferendo argentino-uruguayo ha lacerado de manera visible la relación entre los dos gobiernos en el ámbito suramericano; la permanente exigencia e inconformidad de los dos socios menores sobre el tema del tratamiento de las asimetrías, en que se funda la reivindicación de una mayor flexibilidad para negociar con terceros también ha sido un motivo de desavenencias a la que even-tualmente se han sumado algunos sectores económicos brasileños ante el fracaso de la Ronda Doha.

El comercio entre los países del Mercosur reportó un ascenso signi-ficativo. Las exportaciones intrabloque representan 15% de las totales de estos países (excluyendo a Venezuela). El 2008 confirmó a Paraguay, Uruguay y Argentina como los miembros cuyo comercio depende más del bloque.

Tabla 2Mercosur: exportaciones intra regionales de bienes, 2008

Origen/Destino

Arg

entin

a

Bra

sil

Para

guay

Uru

guay

Vene

zuel

a

Mer

cosu

r

Part

icip

ació

n M

erco

sur

en e

xpor

taci

ones

to

tale

s (%

)Argentina XXXX 13,259.0 1,086.0 1,762.0 1,418.0 17, 525.0 24.8Brasil 17,605.6 XXXX 2,487.6 1,644.1 5,150.2 26, 887.5 13.5Paraguay 712 620 XXXX 772.0 10 2, 114.0 47.7Uruguay 507.0 987.0 987.0 XXXX 237.0 1 ,838.0 30.9Venezuela* 814.0 538.5 244.0 6.0 XXXX 1, 602.5 1.7Mercosur +Venezuela

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 43, 126.2 11.6

Mercosur menos Venezuela

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 41, 523.7 14.9

*Datos obtenidos a partir del informe de las importaciones de las contrapartes.Fuente: Estadísticas del CEI y cálculos de la autora (http://www.cei.gov.ar).

Continuó creciendo el saldo comercial en favor de Brasil. Tanto el Mercosur como el resto de los países de América del Sur se han consti-tuido en un destino importante para sus productos manufacturados; en

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el año 2008 de los 21.7 mil millones vendidos por Brasil a sus socios del Mercosur 95% fueron productos industrializados.2 Sin embargo, para el resto de los países del bloque su balanza comercial con el Mercosur es deficitaria (como puede apreciarse en la tabla 3), lo que ha estimulado las demandas proteccionistas de Argentina.

Tabla 3Mercosur: saldos comerciales intrabloque y extrabloque,

2008 (en millones de dólares)

Mercosur Países

Intra Mercosur Extra Mercosur Total2007 2008 2007 2008 2007 2008

Argentina -3.755 -4.009 14.908 17.185 11.153 13.176Brasil 5.723 6.804 34.305 17.942 40.028 24.746Paraguay -1.087 -1.475 -1.791 -2.562 -2.878 -4.037Uruguay -1.383 -2.295 361 -593 -1.022 -2.888

Fuente: CEI: “Mercosur: las consecuencias de la crisis financiera internacional”, en Comercio e Integración, Revista del CEI, abril de 2009, núm. 14. Disponible en: http://www.cei.gov.ar

Todos los miembros del Mercosur incrementaron sus exportaciones con destino a sus vecinos, pero fueron los socios mayores los que respon-dieron por los montos superiores. En el año 2008 Argentina sobrepasó sus exportaciones hacia el Mercosur, en relación al año 2007 en 3,656 millones de dólares,3 mientras Brasil las incrementó en 4,383.7 millones de dólares,4 de los cuales 3,188.7 millones de dólares5 tuvieron por des-tino Argentina, de manera que el saldo negativo de la balanza comercial argentino-brasileña pasó de 4,025 millones de dólares6 en 2007 a 4,428 millones de dólares7 en el año 2008, motivado por un incremento de 3,164 millones de dólares de las importaciones argentinas procedentes de Brasil en relación a 2007, que no fueron compensadas con un incre-mento de 2,761 millones de dólares de sus exportaciones a Brasil. Tal

2. Monteiro Neto, Armando: “Mercosul completa 18 anos: bom momento para pensar o Futuro”, Sao Paulo, 5 de mayo de 2009.

3. Cálculos de la autora, basados en las estadísticas del cei (http://www.cei.gov.ar).4. Ibidem.5. Ibidem.6. Ibidem.7. Ibidem.

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desequilibrio en la balanza comercial bilateral ha generado tensiones en el contexto de la crisis, tanto argentino como paraguayo. Es importante destacar que el desequilibrio en el comercio entre Argentina y Brasil no es solo cuantitativo: 90%8 de las exportaciones brasileñas a Argentina son productos industriales, mientras los productos industriales argen-tinos exportados a Brasil representan solo 60%9 de sus exportaciones hacia ese país.

En el caso de Argentina las exportaciones hacia los países del Merco-sur en el año 2008 crecieron en 3,656 millones de dólares10 en relación a 2007. Por su parte las exportaciones paraguayas y uruguayas con destino al bloque crecieron en 730 y 349 millones de dólares,11 respectivamente.

Los conflictos comerciales al interior del Mercosur no son una nove-dad, y casi puede decirse que son permanentes, pero en los momentos de crisis se revitalizan. El histórico conflicto comercial argentino-brasileño al concluir el año 2008 tiende a profundizarse; mientras los argentinos han tomado medidas para proteger a los sectores sensibles y han im-plementado más agresivamente la legislación de defensa comercial. La Confederación Nacional de Industrias del Brasil (CNI) ha emitido un do-cumento en que evalúa las medidas aplicadas por Argentina a los pro-ductos brasileños donde señala que las mismas alcanzan 11% de las ex-portaciones a ese país. Los instrumentos utilizados son: “valor criterio”, aplicado a 4.8% de las exportaciones brasileñas en 2008, que afecta a los tubos de hierro y acero, calzado, línea blanca, pastillas de freno y textiles; “medidas comerciales”, aplicado a 1.4% de las exportaciones de Brasil y afecta a los laminados de hierro y acero, hilos de fibra acrílica y transformadores; “licencias no automáticas de importación”, aplicadas a 4.6% y que afectan a los cubiertos, muebles, tractores, calzados, línea blanca y textiles.12 Por su parte, en el mes de diciembre Paraguay también aplicó medidas transitorias para proteger su industria nacional mediante aranceles especiales que cubren a entre 10% y 15% de las importacio-nes y que afectará fundamentalmente a aquellas provenientes de Brasil y Argentina.

8. Boletín de Noticias del SELA, 6 de agosto de 2008.9. Ibidem.10. Cálculos de la autora, basados en las estadísticas del CEI (http://www.cei.gov.ar).11. Ibidem.12. “CNI: Avaliacao das medidas argentinas de restricto às exportacoes brasileiras”, marzo de 2009.

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Se registra un importante crecimiento de las inversiones brasileñas en el Mercosur, especialmente en Argentina. Los capitales de ese país representaron 25% del total para el año 2007.

El sistema de pagos en moneda local (SML) se hizo efectivo desde el mes de octubre. En un informe publicado por el Banco Central de Ar-gentina sobre el funcionamiento del sistema en los siete primeros meses (mayo de 2009), destaca su utilización por 160 empresas por 122.8 mi-llones de pesos y produjo un ahorro de 3% del monto de la operación. Las pymes han sido las principales usuarias del sistema, lo cual se explica también porque el porcentaje de ahorro se acrecienta cuanto menor es el monto de la operación.13 Algunos analistas señalan que la crisis, con sus perspectivas de contracción del comercio, no es el momento propicio para evaluar con objetividad el funcionamiento de este mecanismo.

Agenda interna

Como se menciona al inicio de este trabajo, durante 2008 no se produjola esperada adopción de acuerdos para el cumplimiento de las metas de laagenda comercial, de manera que las tres principales tareas que se espe-raba fuesen avanzadas ese año no llegaron a concretarse. En relación al código aduanero del Mercosur, se avanzó en las definiciones de su alcance, de su ámbito de aplicación espacial y del territorio aduanero; sin embargo, no hubo acuerdo sobre el tratamiento de los impuestos de exportación, tema en el que Argentina sostiene que cada país tenga facultad para aplicarlos, mientras Uruguay considera que debe ser apro-bado por un órgano comunitario.14

Los temas de la eliminación del doble cobro del AEC y la distribución de la recaudación aduanera son relevantes para Paraguay, cuyo comer-cio se realiza mayoritariamente a través de Argentina y Brasil y plantea no estar en condiciones de renunciar a los ingresos resultantes de esos aranceles. La posición paraguaya sobre este tema se fundamenta en los siguientes puntos: declaración de la renta aduanera de los cuatro paí-

13. Tomado de: “Ya son 160 las empresas de Argentina y Brasil que comercian sin usar dóla-res”, en Mendozaeconómico.com, 18 de mayo de 2009 (http://www.mendozaeconomico.com/2009/05/18/ya-son-160-las-empresas-de-argentina-y-brasil-que-comercian-sin-usar-dola-res/).

14. Boletín de Noticias del SELA, 11 de diciembre de 2008

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ses como “comunitaria”, distribución de la renta aduanera teniendo en cuenta el mantenimiento de recaudaciones de los países, las condiciones especiales y específicas, así como las asimetrías, compensaciones por los efectos estáticos y dinámicos de la distribución y gradualidad en la im-plementación.15

Estos temas han quedado pendientes. De igual manera, una vez más fueron postergadas las metas para concretar el AEC y la armonización de los regímenes especiales de importación.

Año tras año el Mercosur enfrenta que las asimetrías estructurales y las derivadas de políticas, así como la falta de compromiso se erijan en un obstáculo a la unión aduanera, lo que se evidencia en las perma-nentes prórrogas de los plazos para el cumplimiento de los cronogramas aprobados para alcanzar ese fin. Si bien el inventario de incumplimientos planteado anteriormente se aproxima más a una percepción de fracasos acumulados, habría que ponderar la incidencia del contexto de la crisis —que acaparó la atención de los socios en el segundo semestre— mo-mento en que regularmente se exacerban las posiciones proteccionistas. No obstante, pueden vislumbrarse indicios de una estrategia dirigida a mostrar las potencialidades del Mercosur mediante la creación de di-versos fondos de financiamiento que oxigenan las apagadas expectati-vas de los socios menores, mientras paralelamente se intenta encauzar la armonización de las políticas comerciales y fiscales. A continuación se sintetizan algunas de las decisiones del Consejo del Mercado Común durante el año 2008.

En el ámbito comercial se tomaron algunas decisiones dirigidas a la armonización de los llamados regímenes especiales de importación, que exoneran del pago del arancel externo común (AEC) a determinados bie-nes, prorrogando nuevamente el plazo para su cumplimiento en otros. También se han tomado decisiones que apoyan la ejecución de otras, tal es el caso de la aprobación del Régimen Común de Importación Desti-nados a la Investigación Científica y Tecnológica16 y la derogación de la DEC. CMC Nº 36/03. Teniendo en cuenta que las actividades de investiga-ción requieren de insumos y materiales necesarios para ese fin, se decidió exonerar del pago del AEC a las importaciones de bienes efectuadas por las personas jurídicas sin fines de lucro que desarrollen actividades direc-

15. Ministerio de Relaciones Exteriores: Informe de los primeros 100 días de gestión, Paraguay16. Mercosur/CMC/DEC. Núm. 40/08, 15 de diciembre de 2008.

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tamente relacionadas con investigaciones científicas o tecnológicas que cuenten con el reconocimiento de las autoridades competentes.

Con el propósito de avanzar en la eliminación de los regímenes adua-neros especiales de importación adoptados unilateralmente se extendió el plazo para que la Comisión de Comercio del Mercosur (CCM) elabore los regímenes especiales comunes de importación para los sectores ae-ronáutico, de educación, salud, naval, bienes integrantes de proyectos de inversión y comercio transfronterizo terrestre, así como de aquellos otros que la CCM determine.17 Ese trabajo deberá ser considerado por el Grupo Mercado Común (GMC) en su última reunión de 2010. De igual forma se prorrogó hasta el 31 de diciembre de ese año el plazo para que el GMC defina el tratamiento a dar a los regímenes aduaneros especiales de importación adoptados unilateralmente por los miembros del bloque que impliquen la exención total o parcial del cobro del arancel externo común que grava la importación de mercancías que no estén destinadas al perfeccionamiento y posterior exportación de los productos resultan-tes a terceros países. También se prorrogaron los plazos para la elabo-ración y la entrada en vigor de regímenes comunes y para la revisión arancelaria de los sectores de bienes de capital y de bienes de informática y telecomunicaciones,18 aplazándose la entrada en vigor del AEC para esos bienes. La entrada en vigor del régimen común para los bienes de capital no producidos se difirió hasta el 1 de enero de 2011, incluyendo las me-didas excepcionales que aplican Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Adicionalmente, a estos dos últimos países se les prorroga la autoriza-ción para las importaciones extrazona de bienes de capital aplicando una tasa de 2% hasta el 31 de diciembre de 2013

Un evento relevante en 2008 fue la adopción del Plan de Acción para la Profundización del Programa de Liberalización del Comercio de Ser-vicios en el Ámbito del Mercosur19 con vistas a completar la liberaliza-ción de ese sector para el año 2015 según el plazo fijado en el Protocolo de Montevideo de 2005. Entre las directivas que orientan este programa cabe destacar las siguientes: intensificar los esfuerzos para alcanzar la eliminación efectiva de las restricciones al comercio y a las inversiones en el sector de los servicios, avanzar en la armonización normativa de los servicios y favorecer el incremento de la movilidad temporal de profesio-

17. Mercosur/CMC/DEC. Núm. 57/08, 15 de diciembre de 2008.18. Mercosur/CMC/DEC. Núm. 58/08, 15 de diciembre de 200819. Mercosur/CMC/DEC. Núm. 49/08, 15 de diciembre de 2008.

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nales dentro del Mercosur. Se aprobó un cronograma para el proceso de liberalización marcando cuatro etapas (primer semestre de 2009, 2010, 2010 y 2014). Para el primer semestre de 2009 las metas inmediatas son realizar un diagnóstico de la situación actual, que identifique los secto-res cuya liberalización no presenta mayores dificultades, aquellos con un grado intermediario de dificultad para la liberalización, los altamente sensibles y aquellos en que se pueda lograr la armonización/complemen-tación de sus marcos regulatorios en cada una de las etapas. Debe tener-se en cuenta que si el Mercosur pretende avanzar acuerdos extrabloque que incluyan al sector de los servicios, el proceso de liberalización y ar-monización intrabloque es ineludible.

Si bien la agenda comercial no avanzó conforme a lo esperado, en otras áreas se dieron pasos importantes como la aprobación del Progra-ma de Integración Productiva del Mercosur20 (PIM) encaminado a forta-lecer la complementariedad productiva de las empresas del bloque con el foco en las pymes y en el incremento de la competitividad aprovechando las economías de escala propiciadas por proyectos conjuntos. Para coor-dinar y ejecutar este programa se creó el Grupo de Integración Produc-tiva del Mercosur (GIP). Al parecer esta es una oportunidad favorable propiciada por la coincidencia entre la voluntad política de los gobiernos y los intereses de determinados sectores económicos que se beneficiarían de la internacionalización. Adicionalmente, y a diferencia de otros tiem-pos, Brasil ha mostrado una mayor disposición a asumir algunos costos económicos de su liderazgo, como se fundamentará más adelante.

En el texto del Programa de Integración Productiva se plantea explí-citamente su focalización en las pymes y su definida intención de favo-recer a los países de menor tamaño económico relativo, de manera que dicho programa se constituya en otro instrumento para la superación de las asimetrías dentro del bloque. El programa reconoce los obstáculos a su avance:

La integración productiva encuentra en la actualidad obstáculos derivados de las diferencias de escala, asimetrías en el desarrollo tecnológico y de capacitación a nivel gerencial, esquemas nacionales aún no armonizados, fallas del mercado, in-suficiencias en las empresas para abordar la asociatividad, dificultades en el acceso al financiamiento, trabas no arancelarias en frontera, etc. Su viabilidad requiere la remoción de dichos obstáculos, así como la incorporación de mecanismos e incen-

20. Mercosur/CMC/DEC. Núm. 12/08, 30 de junio de 2008.

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tivos para integrar a las empresas de los distintos Estados Partes dentro de cadenas de valor más desarrolladas.

Dentro de los mecanismos previstos para financiar los proyectos de integración productiva en el ámbito del Mercosur se plantea ampliar la razón social del Focem y aumentar su monto, de forma que esos fon-dos puedan contribuir al desarrollo de estos proyectos. De otra parte, se acordó la creación del Fondo Mercosur de Apoyo a Pequeñas y Me-dianas Empresas involucradas en iniciativas de integración productiva, que ya había sido aprobado en el año 2007. Las iniciativas de integración productiva pueden darse bajo diferentes formas: proyectos específicos con potencial de integración, de reconversión por especialización intra-sectorial, integración de cadenas de valor, desarrollo de proveedores de “empresas ancla” en el ámbito regional, especialización y complementa-ción en productos y/o sectores, desarrollo conjunto de nuevos productos o adaptaciones, joint-ventures en nichos específicos, alianzas de exporta-ción, articulación empresarial intersectorial e intercambio de experien-cias, facilitación de relaciones de aprovisionamiento, acuerdos para la reconversión, integración fronteriza, articulación regional de la produc-ción, coordinación de inversiones y capacitación de mano de obra y/o capacitación empresarial para pymes.

Vale subrayar la pertinencia e importancia de la integración produc-tiva en la construcción de relaciones de interdependencia que consoliden los procesos de integración, lo que no por benéfico deja de ser un camino difícil. Tomar en consideración las expectativas de los países y agentes económicos más vulnerables dentro del esquema llevaría tanto a la mo-dificación de patrones productivos, como a la reasignación de recursos y a la alteración de los patrones tradicionales de comercio, jerarquizando una visión regional. El esquema para el desarrollo de la integración pro-ductiva planteado en la DEC. núm. 12/08 del CMC, teóricamente, tiene una lógica inobjetable; no obstante, en la práctica de los procesos de integra-ción latinoamericanos ha sido frecuente la superposición de los intereses nacionales y la puja por atraer los recursos y proyectos de la integración. La integración productiva es un proceso que reditúa en el largo plazo, pero en lo inmediato requiere una reasignación de los recursos disponi-bles, en cuyo caso, si la voluntad política no es acompañada de la visión regional de todas las partes, la balanza se puede inclinar a favor de las de-mandas de los sectores más influyentes en la toma de decisiones. Existen señales de un mayor compromiso con estas medidas que en el pasado,

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pero teniendo en cuenta las posiciones históricas del empresariado bra-sileño en relación a asumir mayores costos económicos de la integración en correspondencia con sus potencialidades y peso dentro de la región no sería desatinado vaticinar contradicciones en torno a esta política.

Otro paso importante a favor de la integración y como soporte al Pro-grama de Integración Productiva se aprobó la creación del Fondo Mercosur de Apoyo a Pequeñas y Medianas Empresas involucradas en iniciativas de integración productiva,21 que en su primera etapa se instrumentaría como un Sistema de Garantías, por lo que se crea el Fondo Mercosur de Garan-tías Para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas22 destinado a garantizar, “con recursos financieros propios, operaciones de crédito contratadas por micro, pequeñas y medianas empresas situadas en el territorio de los Esta-dos Partes que participen en actividades de integración productiva”,23 por medio “de concesión de garantía a préstamos realizados por Instituciones Financieras Intermediarias, o por medio del reafianzamiento de garantías otorgadas por Entes de Garantía nacionales”.24

Los recursos del Fondo de Garantías se conformarán a partir de las contribuciones de los estados del Mercosur, de las rentas provenientes del cobro de la comisión de Garantía, de las rentas provenientes de los rendimientos de las colocaciones financieras del Fondo de Garantías, de los recursos originarios de las recuperaciones de las operaciones honra-das por ese fondo, de los recursos provenientes de donaciones y/o aso-ciaciones con instituciones financieras y no financieras. La estructura de los aporte por países en su primer año de operación será la misma del Focem (Argentina 27%, Brasil 70%, Paraguay 1% y Uruguay 2%. Los es-tados pueden incrementar voluntariamente sus aportes a este fondo, que comenzaría a funcionar una vez que al menos tres de ellos hicieran sus contribuciones (el aporte inicial es de 100’000,000 dólares). Venezuela podría participar en la formación del fondo y formará parte del Consejo de Administración. Según lo establecido en la Decisión 42 del CMC que regula el funcionamiento del fondo, los aportes se realizarán en dólares norteamericanos, la garantía no podrá cubrir más de 80% del préstamo y tendrán prioridad los proyectos que involucren a Paraguay y a Uruguay. Durante el primer año la suma del valor de las operaciones de garan-

21. Mercosur/CMC/DEC. Núm. 13/08, 30 de junio de 2008.22. Mercosur/CMC/DEC. Núm. 41/08, 15 de diciembre de 2008.23. Mercosur/CMC/DEC. Núm. 42/08, 15 de diciembre de 200824. Ibidem.

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tía realizadas en favor de empresas de cualquier miembro, no excederá 25% del total de la capacidad de compromiso del fondo; esta distribución igualitaria beneficia a los dos socios menores del Mercosur.

En el curso del año 2008 también fue aprobado el Fondo de Agricul-tura Familiar del Mercosur25 (FAF Mercosur), destinado a financiar los programas y proyectos de estímulo a la agricultura familiar. El FAF Mer-cosur admite la participación de los estados asociados. Este fondo se ali-mentará de una cuota fija aportada por cada país de 15 mil dólares,26 a la que se sumaría una cuota de 300 mil dólares27 divididos en cuotas según el criterio seguido en el Focem, de manera que la mayor contribución correspondería a Brasil.

También fue aprobado el “Programa Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación del Mercosur para el periodo 2008-2012”,28 este programa pretende reorientar la agenda en ciencia y tecnología para agregar valor a la producción regional y busca contribuir a la superación de las asime-trías existentes dentro del bloque. En el mismo se definieron como temas prioritarios: la biotecnología, la energía, la nanotecnología, los recursos hídricos, la sociedad de la información, la popularización de la ciencia y la tecnología, y el desarrollo tecnológico y la innovación.

En la perspectiva de operativizar el financiamiento de actividades estratégicas se modificó la norma para el funcionamiento del Fondo de Financiamiento del Sector Educacional del Mercosur29 (FEM), que que-dó abierto a la participación de los estados asociados. Este es un instru-mento de gestión financiera cuyo objetivo es financiar los programas y proyectos del área educacional que fortalezcan el proceso de integración regional; se nutrirá de los aportes de los estados miembros, de las rentas, de las contribuciones extraordinarias de terceros países, de otros orga-nismos y del sector privado. La contribución de los estados se realizará anualmente atendiendo a los siguientes criterios hasta el año 2010: una contribución base de 30,000 dólares más un aporte proporcional de 2,200 dólares por cada millón de habitantes en edad escolar.

Por su parte la Comisión de Representantes Permanentes junto a la cancillería argentina acordaron impulsar una Agencia para el Desarrollo

25. Mercosur/CMC/DEC. Núm. 45/08, 15 de diciembre de 2008.26. Boletín Noticias del SELA, 17 de diciembre de 2008.27. Ibidem.28. Mercosur/CMC/DEC. Núm. 03/08, 30 de junio de 2008.29. Mercosur/CMC/DEC. Núm. 24/08, 30 de juno de 2008.

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y la Innovación Tecnológica para el bloque, que tendría como misión impulsar la integración productiva, la distribución de fondos para la pe-queña y mediana empresa y abordar otros temas importantes sobre la sociedad del conocimiento.30

En relación al Focem, atendiendo a la necesidad de contar con un periodo mayor para los ajustes del funcionamiento de este instrumento creado en el año 2005, en cuya normativa se establecía que los recursos asignados y no ejecutados en el año serían reasignados a otros proyec-tos, el CMC decidió,31 de manera excepcional, permitir que el presupuesto asignado a cada país en los presupuestos de 2007 y 2008 podrían em-plearse en el mismo proyecto hasta finalizar 2010, adicionalmente de-terminó con carácter excepcional que los recursos presupuestados para cada país en 2008 y no asignados quedaran a disposición de los países para ser asignados en 2009 a nuevos proyectos.

En el Focem se han centrado muchas expectativas como instrumento para reducir el impacto de las asimetrías estructurales, y en efecto se per-cibe satisfacción en las posibilidades que brinda este fondo para el desa-rrollo, en especial a los países más pequeños del bloque. A fines de 2008 el Focem contribuía al financiamiento de 23 proyectos por un monto de 170 millones de dólares, de los cuales 130 millones fueron aportes del Fo-cem; trece proyectos corresponden a Paraguay, seis a Uruguay, tres a la Secretaría del Mercosur y al Programa Mercosur Libre de Fiebre Aftosa (PAMA), que es regional. A inicios de 2008 la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur eligió un programa brasileño y dos argentinos que pasaron a la fase de análisis técnico.

En diciembre de 2008 Brasil planteó que a partir del año 2010 du-plicaría su aporte al Focem, es decir a 140 millones de dólares en una contribución individual, que no obliga a los socios a reproducirla, pero teniendo en cuenta que este tipo de aporte adicional no estaba contem-plado en la normativa del bloque, en diciembre durante la Cumbre en Salvador de Bahía, el CMC decidió32 modificar lo estipulado para esas con-tribuciones y admitir que los miembros del Mercosur aporten cantidades adicionales a las establecidas en las cuotas fijadas a cada uno de ellos.

En relación a la admisión de Venezuela como miembro pleno, se rei-teran los viejos temores de cuál será la posición de ese país en las nego-

30. Boletín de Noticias del SELA, 14 de febrero de 2008.31. Mercosur/CMC/DEC. Núm. 06/08, 30 de junio de 2008.32. Mercosur/CMC/DEC. Núm. 30/08, 15 de diciembre de 2008.

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ciaciones con terceros, especialmente con la Unión Europea y Estados Unidos, y sobre el cronograma de liberalización comercial. No obstante, como ocurre entre los propios países del Mercosur, los acuerdos bilatera-les han dado cobertura a los intereses más inmediatos en varios sectores como el de los alimentos, producción y agroindustria en carnes, cereales, oleaginosas, frutas y hortalizas, construcción, electrónica e informática, plásticos, mecánica automotriz, metalmecánica, máquinas y herramien-tas, mantenimiento industrial, textiles, calzados, muebles y madera, cue-ros, gestión de calidad etcétera.33

Agenda externa

En la agenda externa del Mercosur no se observan cambios sustantivos en relación a la edición anterior del Anuario, muchos de los acuerdos concluidos en el presente año estaban pendientes desde años anteriores. En este sentido es preciso subrayar que una vez firmados los acuerdos, deben ser ratificados por los estados miembros del bloque, proceso que se dilata en el tiempo como ha ocurrido con los acuerdos firmados conel Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo (CCG),con Egipto, Marruecos e Israel, de manera que están firmados, pero que no han entrado en vigor. De otra parte se endurecen las críticas a las prioridades de las negociaciones.

Chile: en lo que representa el primer acuerdo sobre comercio de ser-vicios firmado por el Mercosur con un Estado asociado se produjo la in-corporación del comercio de servicios al Acuerdo de Complementación Económica (ACE 35) con Chile que cubría solo la liberalización del inter-cambio de bienes. El acuerdo con Chile prevé compromisos en materia de acceso a mercados y de trato nacional en sectores diversos que van desde los servicios profesionales y los servicios a las empresas, hasta los de ingeniería, distribución, transporte y turismo. Está prevista la firma de un acuerdo similar con Colombia.

Jordania: se firmó un acuerdo marco entre el Mercosur y el Reino Hachemita de Jordania,34 como un paso inicial en la construcción de un área de libre comercio, por lo que fue creado un comité de negociación encargado de establecer los criterios para la negociación. En esa direc-

33. Boletín de Noticias del SELA, 5 de agosto de 2008.34. Mercosur/CMC/DEC. Núm. 28/08, 30 de junio de 2008.

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ción el acuerdo marco propiciaría: la expansión del comercio, la provisiónde los marcos para llegar a un acuerdo de libre comercio, el intercambio deinformación sobre los aranceles aplicados y las respectivas políticas co-merciales, las barreras no arancelarias, medidas sanitarias y fitosanita-rias, estándares y reglamentos técnicos, reglas de origen, salvaguardias, antidumping, medidas compensatorias, regímenes aduaneros, solución de controversias, etc. En el texto del acuerdo se plantea también el desa-rrollo de actividades conjuntas con el fin de materializar los proyectos decooperación en las áreas agrícola e industrial, mediante intercambiode información, programas de capacitación y misiones técnicas. El acuer-do estaría en vigor por tres años y se extendería automáticamente, si no es denunciado por ninguno de sus miembros. No ha sido ratificado por todas las partes, por lo que aún no está en vigor.

Turquía: acuerdo marco para el establecimiento de un área de libre comercio entre el Mercosur y la República de Turquía.35 El acuerdo con este país tiene un formato muy similar al firmado con Jordania, los me-canismos de instrumentación también son los mismos.

Unión Aduanera de África del Sur (SACU): concluyeron las negociacio-nes de un acuerdo de comercio preferencial entre la SACU y el Mercosur36 después de doce rondas de negociación, que les permitirá mejorar el ac-ceso de los productos respectivos a los mercados de ambas partes; como algo particular de este acuerdo debe señalarse que los dos firmantes re-conocieron la necesidad de tomar en consideración en el proceso de libe-ralización comercial la importancia de mejorar el acceso a los mercados para las pequeñas economías del Mercosur y de la SACU. A fines de año fue firmado un acuerdo de comercio preferencial,37 que abarca 1,000 ítems arancelarios cuya desgravación ocurrirá en un periodo de diez años.38

SICA: no existen negociaciones formales, pero se han dado pasos pre-vios entre las cancillerías explorando el tipo de acuerdo que sería viable. Los centroamericanos esperan un acuerdo de asociación económica SICA-Mercosur, que los miembros del SICA podrían negociar individualmente y a diferentes velocidades, teniendo en cuenta la gran asimetría existente entre los dos bloques, evidenciada en el enorme déficit comercial centro-

35. Mercosur/CMC/DEC. Núm. 29/08, 30 de junio de 2008.36. Joint Communiqué issued at the Conclusion of the SACU-Mercosur Preferential Trade

Agreement Negotiations, 30 de junio de 2008.37. Mercosur/CMC/DEC. Núm. 54/08, 15 de diciembre de 2008.38. Boletín Noticias del SELA, 11 de diciembre de 2008.

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americano con el Mercosur. Según información de prensa, las naciones del SICA importaron productos procedentes del Mercosur por valor de 1,873.5 millones de dólares, mientras las exportaciones centroamerica-nas a ese destino totalizaron 51.9 millones de dólares.39 El tema de los biocombustibles puede ser un puente de entendimiento entre las dos re-giones, ya que a Brasil le sería muy conveniente poder procesar etanol en los países centroamericanos y de ahí exportarlo a Estados Unidos donde el etanol brasileño enfrenta un alto arancel.

Unión Europea: las negociaciones con la Unión Europea se inicia-ron desde 1999 y están estancadas desde 2006. Los temas conflictivos se concentran en el ámbito comercial donde la Unión Europea exige un mayor acceso al mercado de bienes industriales, mientras los surameri-canos piden la eliminación de los subsidios agrícolas; estos temas son los que también mantienen estancada la Ronda Doha. Al nudo de contra-dicciones emanado de las demandas mutuas en la propia negociación se adiciona el temor del recrudecimiento de las presiones proteccionistas argentinas. En otro orden de cosas, la Unión Europea reclama al Mer-cosur el doble cobro de la TEC en el bloque. En el entendido de que la solución en el marco de la OMC facilitaría la conclusión de la negociación entre los dos bloques, hubo un periodo de inactividad durante el cual los europeos no mostraron un especial interés por relanzar las negociacio-nes. En el año 2008 se reactivaron los intercambios, podría pensarse que ante el eventual fracaso de la Ronda Doha las negociaciones bilaterales ganen un espacio mayor en la prioridad negociadora de ambos bloques.

OMC: se observan indicios de presentar una posición común en los foros internacionales por parte del bloque. Sin embargo, han existido desencuentros, ya que Brasil se ha inclinado a favorecer un mayor grado de apertura al mercado de bienes industriales en las negociaciones de la OMC fundamentando su posición en que era la forma de contribuir a que avanzara la negociación, con lo que Argentina no concuerda, pues es un país que intenta la reconstrucción de su sector industrial.

Como parte de la proyección latinoamericana del Mercosur también se ha propuesto negociar con la Caricom y en tal sentido se han pro-ducido pronunciamientos de Brasil, para quien esta subregión cobra un nuevo atractivo por su potencial papel en la producción de etanol, apro-vechando su tradición como productores de azúcar de caña.

39. Boletín Noticias del SELA, 11 de septiembre de 2008.

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Como parte de su proyección externa, los presidentes de los miem-bros del Mercosur y de los estados asociados han ratificado su compro-miso de apoyar en todo lo necesario a los países en desarrollo sin acceso al mar, teniendo en cuenta las dificultades adicionales que esta condición impone a Bolivia y Paraguay.

Finalmente, hay que explicar la fractura del consenso en torno a cuáles deben ser las prioridades en las negociaciones internacionales. La posición uruguaya es de vieja data, demanda constantemente que el bloque conce-da flexibilidad para que los países miembros del bloque puedan negociar individualmente y a diferentes velocidades con otras naciones. Lo nuevo es que una parte del sector empresarial brasileño difiere de la prioridad que concede el gobierno a las negociaciones con otras subregiones y paí-ses de América Latina y el Caribe y del llamado mundo en desarrollo; especialmente después de los resultados fallidos de la Ronda Doha se han hecho más insistentes las demandas de revisar las prioridades e incluso, coincidentemente con la posición uruguaya, considerar la posibilidad de negociar separadamente, según las ventajas que represente para cada país. Quizás haya sido como resultado de esa posición que se eligió a Corea como una prioridad de negociación en el futuro inmediato.

En estos momentos el foco del Mercosur está en la profundización y ampliación de las relaciones con sus vecinos suramericanos. En este sen-tido sería interesante profundizar sobre el hecho de que en ese ámbito el foco de lo comercial va siendo discretamente desplazado por los temas relativos al desarrollo de la infraestructura y la interconexión energética, y la instrumentación de estos aspectos en buena parte de las veces no pasa por el canal de la integración sino por el de la internacionalización de las empresas.

Conclusiones

En 2008 esencialmente se mantienen la mayor parte de las tendencias señalada en la edición anterior de este Anuario, referidas a la toma de decisiones al margen de las estructuras de integración (tanto unilate-ral como bilateralmente) en dependencia de las afinidades políticas y de las prioridades domésticas; a la reafirmación de la idea de que los socios menores llevan sobre sus hombros los costos de la integración, la continua postergación del cumplimiento de las metas que consolidarían al bloque como una unión aduanera, la fractura del consenso entre los

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gobiernos y sectores económicos en torno a las prioridades de la agenda de negociación comercial, la incertidumbre propia de los momentos de cambios políticos que aún no han enraizado y el temor al incrementode la presencia china en los mercados del bloque.

Lo particular del año 2008 ha sido la incorporación de nuevos me-canismos de financiamiento, en los que explícitamente se plantea que favorezcan a los países de menor desarrollo relativo, a las pymes y al de-sarrollo de la agricultura familiar y a los proyectos productivos; también resulta una novedad el compromiso brasileño de incrementar su aporte individual al Focem. La creación de mecanismos de financiamiento pro-pios para los países del bloque puede ser un elemento favorecedor de la cohesión del grupo, especialmente en un contexto de contracción del crédito. De igual manera si se consolidara el uso de monedas locales en el comercio intra-Mercosur, ello podría significar un soporte al comercio regional con un importante ahorro de divisas, que sería la simiente de una moneda regional.

Una tendencia, aún incipiente, es la creciente presencia de normati-vas que incluyen a los miembros asociados del Mercosur, lo que de regu-larizarse puede convertir al Mercosur en el núcleo duro de la integración suramericana, bajo el liderazgo brasileño.

Hoy, por su profundidad y extensión, la crisis se levanta como el principal dilema a sortear por el Mercosur; dentro de ello el tema del financiamiento —tan importante para la materialización y continuidad de los proyectos de la integración— es una interrogante a la que se puederesponder con las reservas internacionales o mediante una política fis-cal más rigurosa que eleve la contribución del capital a los ingresos del gobierno, o con nuevos mecanismos de financiamiento; pero no se trata del problema coyuntural asociado a la crisis sino que se suma al acumu-lado de problemas no resueltos por esta agrupación, que han marcado su lento paso en los últimos años. En la preservación de su credibilidad corren a su favor la incorporación de tema de las asimetrías en la agen-da, la propuesta de ampliación de la práctica del comercio en monedas locales a todos los miembros del esquema, el renovado empeño de le-vantar un Mercosur productivo y la ampliación de los instrumentos de financiamiento. Si se produjera, como es de esperarse, una retracción del comercio, la atención a los temas no estrictamente comerciales y las perspectivas de una renovada atención a demandas pendientes podrían desempeñar un papel de amortiguador de los impactos de la crisis en la ya deteriorada credibilidad del Mercosur.

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La Comunidad Andina en 2008:problemas y desafíos

Carlos Otto Vázquez1

A casi cuarenta años de su fundación, la Comunidad Andina (CAN) con-tinúa inmersa en la grave crisis que estalló en los años recientes a partir de que Colombia y Perú suscribieron tratados bilaterales de libre comer-cio con Estados Unidos, que constituyeron verdaderos actos de sabotaje del esfuerzo integrador regional, provocaron la salida de Venezuela —el socio de mayores dimensiones económicas y comerciales del grupo— y empujaron a una agudización de las contradicciones de todo orden y dedistinta naturaleza que si bien ya estaban presentes entre los paísesde la comunidad, tendieron a profundizarse en 2008 generando una mayor incertidumbre acerca del futuro de este mecanismo de integración en el marco de la grave crisis financiera y económica mundial.

Como parte del cúmulo de problemas y desacuerdos que se concen-tran en la región andina, y que tienen a la CAN en una profunda crisis, se encuentran tanto aquellos de más largo plazo derivados del hecho de que Colombia es la punta de lanza de la estrategia contrainsurgente y de re-posicionamiento hemisférico de Estados Unidos en el continente, como también aquellos de factura más reciente, entre los que sobresalen los enfrentamientos diplomáticos que se hicieron presentes en el año debi-do a conflictos fronterizos binacionales y de los cuales adquirió especial relevancia la invasión a territorio ecuatoriano por parte de Colombia en marzo de 2008, lo que originó la peor crisis política de la región andina en los últimos tiempos, que incluyó la ruptura de relaciones diplomáticas

1. Economista. Profesor de Posgrado en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México.

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Carlos Otto Vázquez

entre Ecuador y Colombia, la expulsión del embajador colombiano en Caracas e incluso el despliegue de tropas venezolanas hacia la frontera con Colombia.

Al panorama descrito habría que agregar los problemas y dificulta-des derivados de la dinámica interna de funcionamiento de la Comuni-dad Andina, como otro de los ámbitos donde se expresan las distintas visiones respecto al tipo de integración que es necesario impulsar. En ese sentido, cobra importancia el pedido de Bolivia para remover al Se-cretario General de la CAN, Freddy Ehlers, a quien el gobierno de Evo Morales acusa de haber permitido la violación del Acuerdo de Cartagena al cambiar la legislación sobre propiedad intelectual para facilitar la im-plementación del tratado de libre comercio entre Perú y Estados Unidos, así como también —pero en el ámbito de las relaciones externas de los países andinos— los conflictos intracomunitarios en las negociaciones de la CAN con la Unión Europea, una vez que Colombia y Perú han decidido avanzar por su cuenta en la concreción de un tratado comercial, lo que constituye otro factor de gran importancia que pone a prueba la cohesión interna del organismo y la capacidad institucional para hacer frente a la crisis comunitaria.

Teniendo presente lo anterior, hemos dividido este trabajo en dos apartados; en el primero de ellos se aborda lo referido al comportamien-to económico y comercial de los países de la Comunidad Andina durante 2008, mientras que en el segundo apartado se presentan algunos de los componentes más relevantes de la dinámica interna de funcionamiento de los países andinos y de la estructura institucional de la CAN, para ter-minar con unas conclusiones finales respecto a los desafíos inmediatos que deberá enfrentar este esquema regional de integración.

La evolución económica y comercial de los países de la CAN

En 2008, y a pesar de los múltiples problemas que enfrentó la Comu-nidad Andina como institución, los países del área tuvieron un desem-peño favorable de la actividad económica, extendiendo así el periodo de crecimiento que han presentado las economías de la región en los últimos años. Dicho incremento se acompañó de un escenario interna-cional particularmente propicio para los países andinos exportadores netos de materias primas (combustibles y alimentos), ya que a lo largo de la primera mitad del año los precios de productos como el petróleo,

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La Comunidad Andina en 2008: problemas y desafíos

el café, la soya y el maíz, entre otros, alcanzaron precios récord en los mercados internacionales por lo que la región andina tuvo también un comportamiento favorable en términos comerciales que se expresó en una elevación de los montos exportados a otros países y regiones, así como también al interior del mismo espacio comunitario.

Como se puede ver en el cuadro 1, en 2008 tanto Bolivia como Ecua-dor y Perú mostraron un crecimiento de su producto interno bruto en re-lación con el año anterior. La economía boliviana creció 5.8% estimula-da, entre otros factores, por el incremento de la producción de minerales metálicos (zinc, plomo, plata) y no metálicos, así como por el dinamismo que presentó el sector de la construcción, la industria manufacturera y la generación de petróleo crudo y gas natural. Por lo que hace a Ecuador, su producto interno bruto creció 6.5%, lo que representó un nivel superior al de los tres años previos. Dicho incremento se sustentó en un aumento significativo de los ingresos por concepto de exportaciones petroleras, así como en una política expansiva del gasto y la ejecución de obra pública gubernamental, al crecer los recursos disponibles debido a la aprobación de una serie de leyes, así como a la reforma tributaria aprobada por la Asamblea Constituyente en diciembre de 2007, que permitió incremen-tar la captación financiera por parte del Estado.

Cuadro 1. Comunidad Andina. Crecimiento del productointerno bruto (tasa de crecimiento anual)

Países/año 2004 2005 2006 2007 2008BoliviaColombiaEcuadorPerú

3.64.97.95.2

4.64.74.76.4

4.66.84.17.8

4.57.02.78.2

5.82.56.59.8

CAN 5.3 5.1 6.5 6.5

Fuente: Secretaría General de la CAN, Estadísticas de la Comunidad Andina 2004-2007 y Documento Estadístico SG/de 251, 21 de abril de 2009.

La economía peruana tuvo también un desempeño favorable, de manera que su producto interno bruto creció 9.8% en 2008, lo que constituye su mayor incremento en los últimos años. Dicho comportamiento se sustentó en el crecimiento de la demanda interna, mediante inversión pública y privada, en el consumo de los hogares, así como en el flujo de inversión extranjera directa, lo cual propició un escenario favorable en

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el primer semestre del año. Dicho escenario, sin embargo, fue sufriendo modificaciones al hacerse presentes algunos de los efectos más negativos de la crisis financiera internacional a partir de septiembre, por lo que la contención del alza de precios así como el manejo del tipo de cambio para evitar una mayor devaluación se convirtieron en objetivos centrales de las autoridades a partir del último trimestre del año.

En contrapunto de lo sucedido con los demás países andinos, en 2008 Colombia presentó un crecimiento de su producto de 2.5%, lo que sig-nificó una desaceleración si se le compara con el incremento que había mostrado ese indicador en años previos. Entre los factores que expli-can este comportamiento se encuentran la disminución de la inversión privada y el menor crecimiento de la industria manufacturera y de la industria de la construcción, a ello se agregó que las presiones inflacio-narias contuvieron el aumento del crédito y el consumo y que durante la última parte del año el impacto de la crisis se expresó en una reducción de la inversión extranjera directa, en la disminución de los ingresos por concepto de remesas, en la dificultad para acceder al financiamiento ex-terno y en un deterioro generalizado del sector externo que hace prever para Colombia, como para el resto de los países andinos, un año 2009 mucho menos favorable, cuyos resultados finales se darán en función de la capacidad de cada economía para atenuar los efectos más agresivos de la crisis, de los programas y medidas anticíclicas que cada país logre poner en marcha, de las acciones que se tomen para que la crisis afecte lo menos posible a la economía real de la zona andina y, por supuesto, de la capacidad colectiva para potenciar los beneficios que pueden obte-nerse del pleno funcionamiento de la CAN no solo en el estrecho ámbito comercial sino también en el plano económico, político, cultural, social y laboral entre otros.

El resultado favorable que presentó el PIB de los países de la comuni-dad se dio en el marco de una tendencia generalizada al incremento de los precios. De esta forma, en 2008, el índice de precios al consumidor se elevó en los cuatro países andinos, siendo Ecuador el país que mostró una mayor alza en relación al comportamiento que tuvo dicho indicador el año anterior. Por lo que hace a Bolivia, por segundo año seguido la in-flación presentó niveles de dos dígitos, mientras que en Colombia y Perú los precios se situaron en sus niveles más elevados en los últimos años. Como resultado de lo anterior, el índice de precios al consumidor para la Comunidad Andina fue de 8.0% en 2008 y se espera que en el marco de un escenario internacional caracterizado por fuentes de financiamiento

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más caras y escasas, y por la incertidumbre respecto al comportamiento de los precios de los combustibles y alimentos, las medidas para la con-tención de las presiones inflacionarias tengan un papel importante a lo largo de 2009 en los países de la región.

Cuadro 2Comunidad Andina. Índice de precios al consumidor

(tasa de variación respecto al año anterior)

País/año 2003 2004 2005 2006 2007 2008BoliviaColombiaEcuadorPerúCAN

3.96.56.12.45.0

4.65.51.93.74.4

4.94.91.41.4 3.4

5.04.52.91.23.4

11.75.73.34.95.8

12.17.79.16.78.0

Fuente: Secretaría General de la CAN, Estadísticas de la Comunidad Andina 2004-2007, y Sistema Subregional de Información Estadística, en la página electrónica de la CAN http://www.comunidadandina.org.

El desempeño de la actividad económica en la Comunidad Andina se acompañó de un aumento importante de las exportaciones. En el cuadro 3 se ve que las exportaciones totales de los miembros de la CAN alcan-zaron los 93,142 millones de dólares, lo que representó un incremento de 22.1% respecto al año anterior. En el cuadro se aprecia que todos los países aumentaron los montos exportados, destacándose los casos de Bolivia y Ecuador con alzas superiores a 30%, Colombia, que exportó 25% más y Perú con 10% más de exportaciones que en 2007. En el cuadro también se aprecia que Colombia y Perú concentran tres cuartas partes del total de las exportaciones efectuadas por la comunidad, en tanto que Bolivia contribuye con 7% de las exportaciones del esquema regional de integración. Cabe destacar que en los cuatro años que van de 2004 a 2008 las exportaciones andinas han crecido en 143%.

Por lo que hace a las exportaciones intracomunitarias, estas también crecieron en 2008, si bien a un ritmo menor que el de las exportacio-nes totales. En el cuadro 4 se observa que en relación con el año previo las exportaciones entre los miembros de la CAN se elevaron 18.1%. Perú fue el país que incrementó en mayor medida el comercio con sus socios andinos, en 27.9%, seguido de Bolivia que revirtió la caída que tuvo su comercio intra zonal en 2007 y para el año que estamos revisando creció en 17.4%. En el mismo cuadro se aprecia que en un lapso de tres años,

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entre 2005 y 2008, las exportaciones intracomunitarias se elevaron alre-dedor de 50%, al pasar de poco más de cuatro mil quinientos a cerca de siete mil millones de dólares.

Cuadro 4Comunidad Andina. Exportaciones intracomunitarias

(en millones de dólares)

Países/Año 2005 2006 2007 2008 2008/2007 en %Bolivia 305 411 395 464 17.4Colombia 2,083 1987 2148 2448 13.9Ecuador 1,394 1672 2102 2459 16.9Perú 797 1005 1213 1552 27.9CAN 4,579 5,075 5,858 6,923 18.1

Fuente: Comunidad Andina, Secretaría General, Sistema Integrado de Comercio Exterior.

El menor ritmo de crecimiento que tuvieron las exportaciones in-trazonales respecto al incremento en los montos de las exportaciones totales, condujo en 2008 a un nuevo descenso en el porcentaje que re-presentan los intercambios intracomunitarios respecto del total de las exportaciones, lo que constituye una tendencia que —como se observa en el cuadro 5— se ha venido acentuando año con año, de tal forma que si el intercambio entre los miembros de la CAN en el año 2002 represen-taba cerca de 10% del total exportado, seis años después el porcentaje

Cuadro 3Exportaciones de los miembros de la Comunidad Andina

(millones de dólares)

País/Año 2004 2005 2006 2007 2008 Incremento 2008/2007

Bolivia 2,254 2,791 4,189 4,814 6,564 36.3 %Colombia 16,477 21,138 24,387 29,987 37,626 25.4 %Ecuador 7,224 10,088 12,296 13,649 18,184 33.2 %Perú 12,365 16,763 23,228 27,857 30,768 10.4 %CAN 38,320 50,781 64,100 76,307 93,142 22.1 %

Fuente: Comunidad Andina, Secretaría General, Sistema Integrado de Comercio Exterior y Documento Estadístico SG/de 251, 21 de abril de 2009.

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de comercio intracomunitario representa solo 7.4% y ello a pesar de los múltiples apoyos puestos al servicio del intercambio comercial dentro de la CAN y, por supuesto, a pesar también del vasto y complejo entramado institucional formado a lo largo de casi cuatro décadas en el área andina, en el cual la integración comercial ha desempeñado un papel central muy por encima de la necesaria e impostergable integración en otros ámbitos o sectores.

Cuadro 5Comunidad Andina. Exportaciones intracomunitarias

como porcentaje de las exportaciones totales

Exportaciones/Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Exportaciones totales 25,749 29,018 38,320 50,781 64,100 76,307 93,141Intracomunitarias 2,531 2,823 3,240 4,579 5,075 5,858 6,923Porcentaje del total 9.8% 9.7% 8.5% 9.0% 7.9% 7.7% 7.4%

Fuente: Secretaría General de la CAN, “40 Años de Integración Comercial de Bienes en la Comunidad Andina 1969-2008”, Documento Estadístico SG/de 243, 2 de febrero de 2009.

En el cuadro 6 se puede observar que con excepción de Perú, en 2008 los demás miembros de la Comunidad Andina disminuyeron su porcen-taje de comercio intracomunitario respecto al año 2007. De la misma manera, se aprecia que en 2007 y 2008 las exportaciones extracomunita-rias representaron más de 90% de las exportaciones totales para Bolivia, Colombia y Perú, siendo Ecuador el único país de la CAN cuyas exporta-ciones intrazonales superaron 10% de sus exportaciones totales.

Por lo que se refiere a las exportaciones bilaterales de los miembros de la CAN, en el cuadro 7 se aprecia que los principales flujos intracomu-nitarios se establecen de Colombia a Ecuador, de Colombia a Perú y de Ecuador a Perú. Estos tres ejes concentraron alrededor de tres quintas partes del comercio bilateral dentro de la comunidad.

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Cuadro 6Comunidad Andina. Exportaciones extra e intra comunitarias por países como porcentaje de las exportaciones totales (2007-2008)

Año 2007 Extra comunitarias Porcentaje (%) Intra comunitarias Porcentaje (%)Bolivia 91.8 8.2Colombia 92.8 7.2Ecuador 84.6 15.4Perú 95.6 4.4Total CAN 92.3 7.7Año 2008Bolivia 92.9 7.1Colombia 93.5 6.5Ecuador 86.5 13.5Perú 95.0 5.0Total CAN 92.6 7.4

Fuente: Comunidad Andina, Secretaría General, Sistema Integrado de Comercio Exterior. Decisión 511, Resolución 738.

Cuadro 7Exportaciones bilaterales de los miembros de la CAN

(en millones de dólares)

A Bolivia A Colombia A Ecuador A Perú Comercio Intracomunitario

2007De Bolivia 153 16 226 395De Colombia 66 1,276 806 2,148De Ecuador 13 604 1,485 2,102De Perú 224 613 376 1,214Total CAN 5,8582008De Bolivia 179 10 275 464De Colombia 94 1,500 854 448De Ecuador 21 751 1,688 2,459De Perú 350 709 492 1,552Total CAN 6,923

Fuente: Comunidad Andina, Secretaría General, Sistema Integrado de Comercio Exterior. Decisión 511, Resolución 738.

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En lo que hace al destino de las exportaciones de la CAN por países y regiones, en el cuadro 8 se aprecia el peso que sigue teniendo la econo-mía de Estados Unidos como principal mercado de la zona andina. En 2008, el país del norte representó más de 30% del total exportado por los países andinos y superó los veintiocho mil millones de dólares. Los paí-ses de la Unión Europea fueron el segundo mayor mercado con más de doce mil millones de dólares, y destaca la creciente importancia que ha adquirido Venezuela como destino de las exportaciones de la CAN, ya que a este país se dirigió casi 9% de todo lo exportado por los países andinos, lo que representó un monto superior a lo exportado a los cuatro países miembros del Mercosur e, incluso mayor, al total del comercio bilateral que realizaron entre sí Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú en 2008.

Cuadro 8Destino de las exportaciones de la Comunidad Andina por zonas

económicas (en millones de dólares y porcentajes)

Destino/Año 2005 (millones

de dólares)

2006(millones

de dólares)

2007(millones

de dólares)

2008(millones

de dólares)

Participación en

el total (%)Estados Unidos 19,018 22,517 22,143 28,180 30.3Unión Europea-27 7,061 9,499 11,506 12,201 13.1Venezuela 2,684 3,581 6,652 8,297 8.9CAN 4,579 5,075 5,858 6,923 7.4Mercosur 2,152 3,149 3,965 5,429 5.8China 2,090 2,887 3,946 4,899 5.3Chile 1,752 2,293 2,757 4,345 4.7mcca 931 976 1,261 1,598 1.7México 995 1,066 868 1,028 1.1Caricom 453 399 608 759 0.8Total exportado 50,781 64,100 76.307 93,141 100.0

Fuente: Comunidad Andina, Secretaría General, Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT).

En el mismo cuadro se puede ver también la poca relevancia que sigue teniendo para la Comunidad Andina el resto de sus relaciones co-merciales con otros bloques y naciones, particularmente con México, Centroamérica y el Caribe, a quienes los países andinos en conjunto des-tinan menos de 4% de sus exportaciones totales y que constituyen por su

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cercanía un mercado que no ha sido bien aprovechado por los miembros del esquema andino de integración.

Otros aspectos relevantes del funcionamiento de la CAN en 2008

Además de presentar algunos de los rasgos principales del desempeño económico y comercial de los países de la Comunidad Andina en 2008, interesa destacar también los sucesos más relevantes que se presentaron en la dinámica interna de los países miembros y en la estructura institu-cional de la CAN, así como también en las relaciones externas de los países andinos, aspectos que —como ya señalamos— han empujado al mante-nimiento de las condiciones de crisis que vive la CAN por ser ahí donde se expresan de manera concreta las distintas concepciones existentes en los países miembros respecto al proceso de integración y a los mecanismos, instrumentos y velocidad de dicho proceso, y donde se acentúan además las diferencias y desacuerdos que expresan visiones no solo diferentes sino incluso en muchos sentidos contrapuestas respecto al proceso gene-ral de desarrollo y a las formas de relacionamiento de cada país y del esquema de integración con otros países, esquemas y regiones.

En lo que se refiere a la dinámica interna es importante señalar que un aspecto que muestra tanto los profundos desacuerdos existentes en-tre los estados miembros como la pasividad de las autoridades respon-sables de encauzar el proceso regional de integración, se presenta con la evolución que ha seguido la aprobación del arancel externo común. La entrada en vigor de este instrumento, que ha sido definido por las instituciones comunitarias como esencial para hacer avanzar al proceso hacia nuevas y más profundas etapas, sufrió su primera posposición del año el 30 de enero, cuando mediante la Decisión 679 de la Comisión de la Comunidad, se decidió aplazar hasta el 30 de julio de 2008 la entrada en vigor del mismo y continuar con la política de “flexibilización” en la aplicación de niveles arancelarios frente a terceros países.

Medio año después, mediante la Decisión 688, del 2 de julio de 2008, la Comisión de la Comunidad Andina pospuso nuevamente, y hasta el 20 de septiembre de 2008, la entrada en vigor del arancel externo común, prosiguiendo con la estrategia de aplazamientos recurrentes instrumen-tada en los últimos años a consecuencia de las diferencias y desacuerdos en materia arancelaria entre Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador.

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Con la Decisión 693, del 18 de septiembre de 2008, la Comisión de la Comunidad Andina volvió a prorrogar —por tercera vez en el transcurso del año— la implementación del arancel externo común y fijó el 20 de octubre de 2008 como nueva fecha para establecer un nivel arancelario. Menos de un mes después, el 14 de octubre de 2008, la Comisión de la Comunidad Andina decidió postergar nuevamente la entrada en vigor del AEC, en esta ocasión por un largo periodo de más de un año, fijando como nueva fecha el 20 de octubre de 2009 con base en lo estipulado en la Decisión 695.

De esta forma, a casi quince años de darse a conocer la Decisión 370, del 26 de noviembre de 1994, que aprobó la estructura del arancel externo común con base en cuatro niveles arancelarios: 5%, 10%, 15% y 20%, y que mandató a los países miembros a fijar sus aranceles nacio-nales a más tardar el 31 de enero de 1995, y a siete años de haberse dado a conocer la Decisión 535, del 14 de octubre de 2002, que aprobó que el arancel externo común entraría en vigencia de manera definitiva el 1 de enero de 2004, la profundización del proceso de integración andino expresado en la concreción de la Unión Aduanera sigue sin cumplirse al continuar enredada en medio de los particulares intereses grupales, sec-toriales y nacionales, los cuales han seguido anteponiéndose al legítimo y superior interés comunitario, de forma que en el marco de los festejos que en 2009 seguramente se realizarán para celebrar los 40 años de la CAN, el tan esperado como pospuesto arancel externo común no podrá ser destacado como uno de los éxitos de la región andina, la que hasta la fecha continúa funcionando solamente como una zona de libre comercio y está muy pero muy lejos de llegar a constituirse en un mercado común.

También como parte de la dinámica interna de los miembros de la CAN, interesa señalar que en 2008 el escenario político fue especialmente complejo para los países andinos y particularmente para Bolivia y Ecua-dor. En el primer caso, la exacerbación de la lucha racial y de clases que los grupos más conservadores mantienen en distintos frentes contra el gobierno de Evo Morales se agudizó a partir de agosto de 2008, una vez que el presidente resultó triunfador en el referéndum revocatorio efec-tuado ese mes, y que tuvo como respuesta la profundización de los inten-tos secesionistas, así como la brutal masacre de Pando por parte de la de-recha boliviana el 11 de septiembre de 2008. En lo que hace a Ecuador, durante el año tuvo lugar el proceso de formulación de una nueva carta constitucional, cuyos momentos clave se dieron con la aprobación de la Asamblea Constituyente de una nueva Carta Magna el 25 de julio de

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2008, y con el claro triunfo del “Sí” en el referéndum nacional del 28 de septiembre.

En otro orden de cosas, pero también como parte del recuento de lo sucedido en la CAN, los presidentes de los países andinos acudieron a la V Cumbre entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea que se efectuó en Lima en mayo de 2008, y en la cual se dio a conocer la Declaración de Lima donde se precisan las acciones que es necesario im-pulsar en distintos planos para enfrentar lo que consideran dos desafíos claves relacionados entre sí; por un lado la erradicación de la pobreza, la desigualdad y la exclusión, y por otro lado el desarrollo sostenible, el medio ambiente, el cambio climático y la energía. Teniendo como mar-co dicha cumbre, los presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú mantuvieron una reunión de trabajo con la troika de la Unión Europea, representada por el primer ministro de Eslovenia y presidente del Con-sejo Europeo, así como por el presidente de la Comisión Europea José Manuel Durâo Barroso, para revisar la situación de la región andina con énfasis en los avances existentes respecto al Acuerdo de Asociación entre ambos bloques. En el comunicado conjunto dado a conocer al finalizar la reunión, se destacaron los avances logrados en las primeras tres rondas de negociaciones y se acordó dar particular atención a las necesidades dedesarrollo de los países de la CAN “tomando en cuenta las asimetrías” entre y al interior de las regiones, otorgando además un trato especial y diferenciado a Bolivia y Ecuador por parte de la Unión Europea.

Como parte de las reuniones andinas, el 14 de octubre de 2008 se realizó la Cumbre Presidencial Andina que tuvo como uno de sus prin-cipales propósitos acordar una reunión urgente con la Unión Europea para pedir flexibilidad en las negociaciones del Acuerdo de Asociación. La cumbre extraordinaria contó con la presencia de los presidentes de Bolivia, Perú y Ecuador y el viceministro de comercio de Colombia y se caracterizó por su brevedad al tener que acortarse la agenda acordada previamente debido a la delicada situación política en Perú, propiciada por el escándalo petrolero que orilló a la conformación de un nuevo ga-binete ministerial y al regreso del presidente Alan García a su país.

En cuanto al desarrollo institucional, y con el fin de utilizar la tec-nología para estimular la integración comunitaria, en abril de 2008 la Secretaría General de la CAN realizó su primera transmisión en vivo por la Internet y lanzó TVCAN, que es la televisión por la Internet de la Comu-nidad Andina. De la misma manera, puso en marcha RadioCAN, espacio radial en la Internet que promueve el debate entre los diferentes acto-

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res del proceso comunitario y busca acercar la integración al ciudadano andino. También como parte de sus actividades, la Comunidad Andina dio a conocer el informe que lleva por título “El cambio climático no tiene fronteras”, en el cual destaca que los efectos del cambio climático mundial podrían llegar a costar a los países del esquema andino de inte-gración unos treinta mil millones de dólares al año.

También como parte del funcionamiento de la estructura institucio-nal de la Comunidad Andina, el 17 de junio de 2008 Ecuador recibió de parte de Colombia la presidencia pro tempore de la CAN para el periodo junio 2008-junio 2009. En la sede de la comunidad en la ciudad de Lima, la canciller ecuatoriana señaló la necesidad de replantear prioridades, objetivos y estrategias buscando puntos comunes entre los países miem-bros. En otro ámbito, y como parte del proceso de revisión del cumpli-miento de metas comunitarias, en el mes de julio de 2008 los países miem-bros de la CAN dieron a conocer a la Secretaría General de la Comunidad sus respectivos programas de acciones de convergencia anuales (PAC), en cumplimiento de la Decisión 543; estos programas son utilizados como referencia por el Grupo Técnico Permanente (GTP) para el seguimiento y evaluación de las metas comunitarias de convergencia macroeconómica por parte del respectivo país. Por último, el Secretario General de la CAN, Freddy Ehlers, propuso en el Día de Integración Andina la formulación de un gran acuerdo andino que incluya los nuevos temas presentes en el escenario mundial que no se veían con claridad hace más de una década, cuando se introdujeron las reformas al Acuerdo de Cartagena.

En lo que hace a las relaciones externas de los países de la Comuni-dad Andina, y sin quitar importancia al conjunto de otras actividades y eventos desarrollados en 2008, un aspecto central estuvo dado por el intento de los países andinos para concretar un acuerdo de asociación con la Unión Europea, proceso que hasta el momento presenta pobres resultados si se compara lo que actualmente se está negociando, con el acuerdo de asociación amplio y comprensivo al que aspiraba la región andina hace apenas un par de años.

En efecto, lo que empezó a negociarse a mediados del 2007 como un “Acuerdo de Asociación Comercial, Político y de Cooperación” sustenta-do en tres grandes pilares y con la participación de dos bloques: la Unión Europea y la Comunidad Andina, fue desvirtuándose en 2008 para ter-minar reducido a un simple “Acuerdo Comercial Multipartito UE-Países Andinos”, el que a pesar de su elegante denominación, constituye en esencia un tratado de libre comercio al estilo de los suscritos por Colom-

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bia y Perú con Estados Unidos. Este acuerdo comercial, al concretarse, será bipartito o tripartito, si se tiene presente que Bolivia abandonó la negociación y expresó su rechazo al mismo y que Ecuador ha ido mos-trando reservas para su concreción y negociado a un menor ritmo en tan-to analiza si los compromisos que pueda llegar a asumir con un tratado de ese tipo son compatibles con lo expresado en su texto constitucional.

Respecto a los antecedentes del acuerdo de asociación, interesa des-tacar que en la primera ronda de negociaciones efectuada en Bogotá, del 17 al 21 de septiembre del 2007, sesionaron los Grupos Diálogo Político, de Cooperación, así como el de Comercio, en tanto que la segunda ron-da se llevó a cabo en Bruselas del 10 al 14 de diciembre de ese año. La tercera ronda de negociaciones se realizó en Quito del 21 al 25 de abril de 2008 y en ella el Grupo de Negociación de Diálogo Político abordó el tema migratorio por ser de gran interés para la CAN pues se estima que en la Unión Europea viven alrededor de tres millones de ciudadanos an-dinos que no gozan de plenos derechos en el viejo continente. El Grupo de Negociación de Cooperación, por su parte, trató temas referidos a derechos humanos, democracia, libertad y seguridad, entre otros, como parte de una agenda que iría enriqueciéndose con propuestas respecto ala lucha contra la pobreza y a la búsqueda de mecanismos que posibiliten lacohesión social.

De la reunión de Quito partió el compromiso de efectuar la cuarta ronda del 7 al 11 de julio de 2008 en Bruselas, previendo realizar en ju-nio una “mini ronda” intermedia para detallar aspectos que no fueron suficientemente abordados del Grupo de Negociación de Comercio. Se acordó además intercambiar solicitudes de mejoras de las ofertas inicia-les el 23 de mayo, e intercambiar las ofertas mejoradas el 13 de junio. La Comunidad Andina debía enviar también, a más tardar el 30 de mayo, las propuestas sobre propiedad intelectual y comercio y desarrollo sosteni-ble, así como presentar antes de la cuarta ronda el plan de trabajo sobre libre circulación de servicios.

Los miembros de la Comunidad Andina no pudieron cumplir el compromiso de presentar a la Unión Europea una iniciativa común en materia de propiedad intelectual, ni ponerse de acuerdo para entregar una propuesta conjunta mejorada en el tema de servicios. Ante ello, los países andinos terminaron por posponer una y otra vez la realización de la cuarta ronda hasta provocar su aplazamiento indefinido.

En el tema de propiedad intelectual, Bolivia mostró repetidamente su negativa ha incorporar el término “biológico” en la propuesta a pre-

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sentar a la Unión Europea, señalando que su inclusión abriría paso a que se patente la vida. Los problemas crecieron cuando el 14 de agosto de 2008 —y a petición de Perú— la comisión de la Comunidad Andina aprobó con los votos de Perú, Ecuador y Colombia, la modificación de la Decisión 486 de la normativa andina referida a la propiedad intelectual, que era uno de los requisitos a cumplir por Perú para poder implementar el TLC con Estados Unidos. Esta modificación facilitaría el acceso a las corporaciones trasnacionales para patentar el patrimonio, biológico y ge-nético andino, por lo que la medida fue duramente objetada por Bolivia, argumentando que se había violado el artículo 26 del Acuerdo de Carta-gena donde se establece que las reformas que afecten al conjunto de los socios deben aprobarse por consenso y no por mayoría de votos, por lo que pidieron la destitución del Secretario General de la CAN por avalar la decisión adoptada por la comisión de la comunidad.

Ante el agudizamiento de la crisis intracomunitaria, el presidente pro tempore de la CAN, Rafael Correa, convocó a una cumbre de presidentes del organismo andino para el 14 de octubre de 2008 en Guayaquil, a la que no se presentó el colombiano Álvaro Uribe argumentando “que no había condiciones mínimas de respeto a su país”. En la cumbre, a la que asistieron los presidentes de Bolivia, Perú y Ecuador, se acordó avanzar en bloque en la búsqueda de un acuerdo de asociación con la Unión Europea, con la condición de que se diera flexibilidad para que Ecuador y Bolivia no se adhirieran a aspectos comerciales con los que estuvieran en desacuerdo.

Las divergencias entre los países andinos continuaron agravándose y llevaron a cancelar la reunión con la Unión Europea prevista para el 11de noviembre, a lo que Perú y Colombia respondieron con la propuesta denegociar de forma bilateral un tratado comercial con la Unión Europea en un nuevo formato. Días después, el Consejo de Ministros de la Unión Europea respondió autorizando a los países europeos a negociar de ma-nera bilateral para establecer el acuerdo comercial con Colombia y Perú, mientras que los acuerdos en materia de cooperación técnica y diálogo político serían dejados para otra ocasión.

La primera ronda oficial del nuevo tratado, que sería conocido como “Acuerdo Comercial Multipartes”, se realizó del 9 al 13 de febrero de 2009 en Bogotá y con ello quedó cancelado el esfuerzo previo hecho a lo largo de 2008 para alcanzar un amplio acuerdo de asociación. En esta nueva versión, a la que además de Colombia y Perú terminó sumándose finalmente Ecuador, la Unión Europea puso como una de sus primeras

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condiciones la libre circulación de mercancías europeas por los territo-rios de los tres países andinos, lo que implicaba que la región debería funcionar como una unión aduanera, algo que no ha logrado la CAN en cuatro décadas y que fue considerado un exceso por los países andinos. La segunda ronda de negociaciones se efectuó en Lima del 23 al 27 de marzo de 2009 y la tercera en Bruselas del 4 al 8 de mayo, teniéndo-se previsto cerrar el tratado comercial en la segunda mitad del año, si bien Ecuador ha señalado que negociará a un menor ritmo y retrasará la posible suscripción del tratado hasta tener claro si la adopción de com-promisos en los llamados temas sensibles y en general en las mesas de propiedad intelectual, servicios financieros y mercados agrícolas no va en contra de la Constitución ecuatoriana.

En resumen, el balance que arroja el año que estamos describiendo en materia de relaciones externas para la CAN es claramente negativo si tenemos en cuenta que uno de los objetivos principales de dichas rela-ciones —consistente en la búsqueda de un acuerdo de asociación con la Unión Europea— puede dejar como saldo final una mayor fractura intracomunitaria, con Perú y Colombia celebrando el fin de las negocia-ciones del tratado, mientras en la otra orilla de la mesa quedarían fuera la mitad de los miembros de la CAN.

Otro ámbito importante de las relaciones externas de los países de la Comunidad Andina es el referido a sus relaciones con Estados Uni-dos. En ese sentido, interesa señalar por una parte lo sucedido en 2008 con la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga (ATPDEA), y por otra parte lo referido a los tratados de libre comercio suscritos por Perú y Colombia con dicha nación.

Por lo que hace a la ATPDEA, el 28 de febrero de 2008 el Comité de Medios y Arbitrios del congreso de Estados Unidos aprobó ampliar la vigencia, por un periodo de diez meses, de este programa que beneficia a los miembros de la CAN al facilitar el acceso libre de aranceles de produc-tos andinos al mercado estadunidense, a cambio de su apoyo en la lucha contra las drogas con acciones como la generación de fuentes de trabajo alternativas que permitan la sustitución del cultivo de la hoja de coca. Con dicha medida, la vigencia de la ATPDEA se extendería hasta el 31 de diciembre de 2008 faltando para ello la aprobación por parte del senado.

Después de varias postergaciones, el 2 de octubre de 2008 el senado de Estados Unidos aprobó por fin la extensión de las preferencias aran-celarias a los países andinos pero con plazos diferenciados. La extensión de la ATPDEA sería de un año sin condición alguna para Colombia y Perú

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(hasta el 31 de diciembre de 2009), por un año con una revisión a los seis meses en el caso de Ecuador y por seis meses con opción a seis meses más para Bolivia, país que sería excluido del programa al vencerse el plazo si el presidente Bush así lo decidiera.

El 15 de diciembre de 2008, el gobierno de Bush suspendió a Bolivia de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas argumentando la falta de cooperación de dicha nación en el combate al narcotráfico. La medida fue tomada teniendo como antecedente inmediato la tensión diplomáti-ca generada por la expulsión en septiembre de 2008 del embajador esta-dunidense en La Paz, acusado por el gobierno de Evo Morales de alentar la conspiración de opositores a su mandato, a lo que Estados Unidos respondió expulsando al embajador boliviano en Washington.

Con la exclusión de la ATPDEA por razones políticas e ideológicas, Bo-livia quedó fuera del programa mediante el cual se beneficia más de 50% de las exportaciones andinas que ingresan al mercado estadunidense, puesto que bajo su normativa accede al mercado norteamericano alre-dedor de 35% de las exportaciones colombianas y dos terceras partes de las exportaciones ecuatorianas. Con las modificaciones realizadas por el senado, el presidente Obama está facultado para reconsiderar si Bolivia cumple con los requisitos estipulados en la ATPDEA y será hasta el 30 de junio de 2009 que Bolivia tiene como plazo para acceder de nuevo a los beneficios comerciales que otorga de Ley de Preferencias Arancelarias.

Por lo que hace a los tratados de libre comercio firmados por los países andinos con Estados Unidos, interesa recordar que el TLC Colom-bia-Estados Unidos continúa estancado ante las reiteradas negativas del congreso norteamericano para proceder a su ratificación. Todo parece indicar que la postergación de la entrada en vigor del tratado se extende-rá, si se tienen presentes las reticencias mostradas por los representantes estadunidenses, especialmente demócratas, al gobierno y legisladores colombianos vinculados con grupos paramilitares de extrema derecha, por lo que no existen señales que permitan deducir cambios importantes, además de no contarse al menos con un cronograma que contenga los objetivos mínimos que el país andino debería cumplir en distintos ámbi-tos para que se pudiera proceder a la ratificación del tratado.

En cuanto al TLC Perú-Estados Unidos, después de su ratificación por el senado estadunidense el 4 de diciembre de 2007 y de que George Bush promulgara el 14 de diciembre de 2007 la ley H.R. 3688, mediante la cual se dio su aprobación, el Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos entró en vigor el primero de febrero de 2009. En el transcurso del año,

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además, Perú suscribió un tratado de libre comercio con Canadá —el 29 de mayo de 2008—, en tanto que después de cinco rondas de negocia-ciones, Colombia firmó el 21 de noviembre de 2008 un tratado de libre comercio con Canadá, suscribiendo también el mismo día un acuerdo de protección de inversiones con China.

Conclusiones

Como hemos señalado, la Comunidad Andina continúa sumida en una severa crisis que en 2008 tendió a profundizarse debido a la serie de obs-táculos que se presentaron en distintos ámbitos y niveles: al interior de cada país, debido a las crisis políticas internas que obligan a priorizar el escenario nacional; en la relación entre los diferentes países miembros de ese esquema regional de integración, producto de conflictos recurrentes de distinto orden —algunos de los cuales llevan décadas sin ser resuel-tos o ya estaban presentes incluso antes del nacimiento de la CAN—; al interior mismo de la CAN, producto de las diferentes posturas nacionales en la amplia gama de tareas y compromisos del mecanismo comunitario; y también en las relaciones externas de la CAN con otros países y regio-nes. En todos esos ámbitos, las diferentes bases teóricas y conceptuales y las distintas visiones existentes entre los países miembros terminaron por conducir al proceso andino a un intenso jaloneo derivado de la cam-biante correlación de fuerzas políticas, impidiendo la consolidación de equilibrios mínimos sobre los cuales la Comunidad Andina pueda seguir avanzando de manera clara y sostenida.

Teniendo presente la creciente confrontación y la agudización de las diferencias al interior de la CAN, así como también la grave crisis econó-mica mundial que se ha ido desplegando con mayor fuerza y profundidad especialmente a partir del último trimestre de 2008, es de esperar que el año 2009 constituya para la Comunidad Andina un desafío de grandes proporciones.

Como ha ido quedando demostrado a lo largo de los meses más re-cientes, las estimaciones de los principales organismos encargados de monitorear el desempeño de la actividad económica mundial se han que-dado cortas a la hora de cuantificar la magnitud y los alcances que puede llegar a tener dicha crisis, así como también el impacto de la misma en la producción mundial, el comercio, la inversión y el empleo.

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Por lo que se refiere a América Latina, los pronósticos para 2009 también han tenido que ir siendo corregidos a la baja con base en el de-terioro generalizado que han mostrado tanto los mercados financieros y monetarios de la región como el conjunto de indicadores de la economía real. En dicho sentido, tanto el producto interno bruto, como las expor-taciones, la inversión extranjera directa, el turismo y las remesas, entre otros, son elementos que han presentado una caída en su comportamien-to, lo que se ha traducido en mayores niveles de desempleo y pobreza.

Ante ello, los gobiernos de la región, así como los países que forman parte de la Comunidad Andina, han adoptado una serie de medidas de política económica para hacer frente a la crisis que incluye la promo-ción de la demanda agregada mediante el aumento del gasto público y la creación de proyectos de infraestructura, lo cual se ha acompañado de acciones en materia de política monetaria, fiscal y cambiaria, así como de programas específicos de política social para atenuar los efectos más severos de la crisis.

Estas medidas, si bien constituyen parte sustantiva de una política anticrisis, deben articularse con una estrategia de relacionamiento ex-terno dentro de la cual el fortalecimiento del esquema andino de inte-gración resulta fundamental. En esa lógica, la CAN puede servir no solo para amortiguar los impactos más drásticos de la crisis sino también para fungir como uno de los pivotes en el cual los países del área impulsen un proceso de recuperación de sus niveles de crecimiento y de mejoramien-to de las condiciones materiales de vida de la población andina.

A diferencia de lo sucedido en la década de los ochenta, en que los gobiernos de los países latinoamericanos pusieron en marcha una estra-tegia de “sálvese quien pueda” para hacer frente a la crisis de la deuda, y en donde los diferentes esquemas de integración regional sufrieron un grave deterioro que se expresó, entre otros puntos, en una drástica caída de las exportaciones y del comercio bilateral e intracomunitario, en la crisis actual el fortalecimiento de los distintos mecanismos de integración resulta fundamental en un escenario internacional caracterizado por la severa contracción de la demanda y la disminución de las importaciones de los países desarrollados.

Más allá del aspecto puramente comercial, el conjunto de institu-ciones comunitarias andinas desarrollado a lo largo de varias décadas enfrentará uno de sus más importantes desafíos. Instancias como la Cor-poración Andina de Fomento y el Fondo Latinoamericano de Reservas, entre otras, deberán desempeñar en este contexto un papel fundamental.

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Teniendo presentes las claras diferencias conceptuales existentes entre los mandatarios de los países andinos respecto al proceso de integración, y sin llegar a pensar que dichas diferencias puedan llegar a ser superadas al calor de los requerimientos de la crisis, lo cierto es que 2009 podría lle-gar a ser un año de grandes definiciones al interior de la CAN. El sentido que dichas definiciones puedan llegar a tener, ya sea a favor de la con-solidación y defensa del espacio regional de integración, o bien en direc-ción al socavamiento de las bases en las cuales se sustentó el nacimiento y consolidación de la Comunidad Andina desde la suscripción del Acuerdo de Cartagena, será producto de las decisiones a tomar en los siguientes meses. La moneda está en el aire; los intereses son muchos, las posturas divergentes y el tiempo parece ser en este caso el peor aliado.

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Caricom frente a la crisis económica internacional: principales implicaciones

socioeconómicas

Laneydi Martínez Alfonso1

Introducción

En la actualidad, dentro del amplio abanico de desafíos a los que se enfrenta la Caricom (económicos, socio-políticos, ambientales, de segu-ridad, entre otros), el impacto y enfrentamiento a la crisis económica internacional, encabezada por la situación económica en Estados Unidos, constituye una prioridad para los gobiernos caribeños. Este panorama se complejiza si se tiene en cuenta, en primer lugar, la dependencia estruc-tural de los países de la Caricom de la economía estadunidense, y en segundo lugar la creciente vulnerabilidad socioeconómica, política y ambiental de las naciones caribeñas, así como su fragilidad institucio-nal, falta de adaptabilidad y capacidad de respuesta regional ante shocks externos.

El actual contexto global está dando inicio al escenario más comple-jo al que se hayan enfrentado jamás los países de la Caricom, tanto en el ámbito global como regional. En este sentido, se considera relevante analizar las principales implicaciones socioeconómicas de la crisis econó-mica internacional para los países de la Caricom. Para ello, inicialmente se abordan las bases e instrumentos de la dependencia económica del Caribe de Estados Unidos. Posteriormente, se analizan los principales impactos socioeconómicos de la misma en el Caribe, a partir de una mi-

1. Profesora Investigadora del Centro de Investigaciones sobre la Economía Mundial, Cuba.

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rada a la situación económica y social más reciente de la región. Final-mente, se comenta acerca de los principales límites y desafíos de política económica, en los cuales la integración en los marcos de la Caricom jue-ga un papel fundamental.

Estados Unidos y los países de la Caricom: bases e instrumentosde dependencia económica

Estados Unidos, a partir de sus intereses hegemónicos sobre la región del Caribe, ha empleado de manera sistemática diversos instrumentos para afianzar la dependencia comercial y financiera de la región.2 Esta se ha reflejado en indicadores tan diversos como el comercio de bienes y servicios, las inversiones y la denominación de la deuda, entre otros.3 Así, puede decirse que la dependencia del Caribe de Estados Unidos ha tenido una doble dimensionalidad, primero como dependencia que podríamos denominar natural, a partir de la cercanía geográfica; pero fundamentalmente como dependencia inducida, teniendo en cuenta que ha sido, al mismo tiempo, generada y estimulada también desde Estados Unidos, con la anuencia de muchos gobiernos del área.

El resultado a la luz de hoy es que Estados Unidos constituye el prin-cipal socio comercial y emisor de inversiones de las naciones caribeñas, lo que explica, en buena medida, el vínculo de las mismas al ciclo econó-mico norteamericano, y la influencia de sus instrumentos de política so-bre el desempeño de dichas naciones (Martínez, 2007). Por consiguiente, es posible identificar el funcionamiento de diversos mecanismos o cana-les de transmisión de impulsos cíclicos desde Estados Unidos hacia el Caribe.4

2. Entre los ejemplos históricos de instrumentos empleados por Estados Unidos para afianzar la dependencia económica de la región se encuentran: la Alianza para el Progreso y en particular, la Iniciativa para la Cuenca del Caribe.

3. Es importante destacar que en este caso se hace referencia fundamentalmente a dependencia económica. Sin embargo, no es posible dejar de mencionar que el uso de instrumentos, por parte de Estados Unidos, para consolidar su dependencia sobre el Caribe, también ha incluido aspectos de seguridad, que se reflejan, por ejemplo, en la influencia que tienen los temas de interés de Estados Unidos en la agenda de seguridad regional (Cabrera, 2007).

4. Recientes estudios se han enfocado en la sistematización de dichos canales de transmisión de impulsos cíclicos externos hacia el Caribe. En este sentido, pueden verse los informes recientes de CEPAL, 2009. En particular, el Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, y el Estudio económico de América Latina y el Caribe 2008-2009 (www.eclac.cl).

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Caricom frente a la crisis económica internacional

En general, los canales de transmisión de shocks de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe (separadamente) son similares, y afec-tan variables tanto del sector real como del financiero: exportaciones de bienes y servicios, monto de remesas, flujos de capital, reservas interna-cionales, deuda, entre otros. Sin embargo, la incidencia de los canales de transmisión no es la misma en términos relativos para la subregión del Caribe, ni tampoco la identificación de los canales predominantes o más influyentes para cada una de las subregiones. En el presente trabajo no se pretende hacer un estudio exhaustivo del funcionamiento de todos los canales de transmisión, por consiguiente, se comentarán, analíticamente, los de mayor incidencia para el caso del Caribe.

Los canales de transmisión pueden ser clasificados como canales macroeconómicos y estructurales. En el caso de los primeros es posible determinar tres puntos de partida fundamentales, a saber, los movimien-tos cíclicos de la producción, la tasa de interés en Estados Unidos y las oscilaciones del tipo de cambio del dólar. Dichas variables se encuentran entre las de mayor proyección internacional y las de vínculo más intenso con la economía de la región (Martínez, 2007).

Estructuralmente, determinados cambios institucionales en Estados Unidos también pueden tener incidencia en la base económica de las naciones caribeñas. Como ejemplos históricos puede citarse la Iniciati-va para la Cuenca del Caribe en el área comercial, entre otros, y más recientemente, el llamado a una mayor regulación de las transacciones financieras al exterior de Estados Unidos.

Uno de los elementos más significativos de esta crisis para los países de la Caricom se refiere a que su impacto y respuesta no estará asociado únicamente a viejos y nuevos canales de transmisión de shocks de Es-tados Unidos al Caribe (como la reducción del monto de remesas, del comercio de bienes y servicios, los flujos de financiamiento, entre otros) sino además, a través de cambios fundamentales en las regulaciones in-ternacionales alrededor de los servicios financieros. Este último elemen-to de cambio estructural afectará notablemente a muchos países de la región, teniendo en cuenta la significativa participación de este tipo de servicios en sus economías. Sin embargo, es posible que su influencia sea a mediano y largo plazo.

Durante 2001, la desaceleración de la economía norteamericana im-plicó una disminución en el dinamismo de las naciones del Caribe, regis-trando esta subregión un crecimiento promedio revisado por CEPAL de apenas 0.4% en ese año (Martínez, 2007). Sin embargo, la actual crisis

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es identificada por numerosas instituciones internacionales5 como la más severa en Estados Unidos desde los años treinta, por lo que su impacto está siendo mucho más fuerte para el Caribe.

Una contracción del crecimiento en Estados Unidos se acompaña, tradicionalmente, de una contracción de su demanda de productos ex-portables regionales, en particular de los servicios (tanto turísticos como financieros), sector de especial importancia para la región caribeña. Este vínculo tradicional explica la sensibilidad de las exportaciones de servi-cios regionales al ingreso norteamericano.

En países con mayor incidencia del turismo estadunidense (como Bahamas, Antigua y Barbuda, San Kitts y Nevis, San Vicente y las Gra-nadinas, Santa Lucía, Belice, entre otros) será mayor la influencia de este canal de transmisión. Mientras que en países caribeños con canastas exportadoras relativamente más diversificadas (como Trinidad Tobago y Barbados), tendrá una repercusión relativa menor.

Asimismo, el canal de las remesas tiene especial relevancia para va-rias economías de la región. Aunque varios especialistas consideran que la emigración caribeña a Estados Unidos es menos vulnerable a la situa-ción económica que la de los latinos6 en este país, sin duda la situación del empleo y los salarios incide en los ingresos de los emigrantes cari-beños. Esto es aplicable a los migrantes caribeños no solo en Estados Unidos sino también en Canadá.

En cuanto a las oscilaciones de la tasa de interés en Estados Unidos, sería necesario resaltar que la situación financiera en este país ha tenido un impacto significativo en el mercado crediticio a escala internacional. Las economías caribeñas son profundamente dependientes del financia-miento externo, por lo que este canal de transmisión de la crisis a la subregión es especialmente influyente. El endurecimiento general de las condiciones de acceso a financiamiento es precisamente uno de los desa-fíos fundamentales que enfrenta hoy el Caribe.

Por otra parte, es necesario señalar la importancia del tipo de cambio del dólar para las economías caribeñas. Una apreciación de las monedas regionales frente al dólar encarece las ventas externas, entre ellas las de servicios, impactando en el dinamismo económico. Las variaciones de la cotización del dólar también generan cambios en el valor de los activos

5. Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otras.

6. Debido a la existencia de mayores niveles de escolaridad como promedio.

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de reserva internacionales, denominados en dólares. Por consiguiente, una depreciación del dólar implica una pérdida de capital en las reservas de la región. Debido a que la acumulación de reservas es percibida por los agentes como un elemento que facilita el acceso a créditos. Una pér-dida o ganancia de capital de las reservas, debido a la depreciación del dólar, agrega presiones a la situación financiera del Caribe (Martínez, 2007). En general, la existencia de diversos mecanismos de transmisiónde shocks de Estados Unidos hacia el Caribe argumenta la profundidad delos impactos socioeconómicos sobre este último, que exceden, además, los ejemplos mencionados en este apartado.

En el contexto de América Latina y el Caribe, es precisamente el Caribe la subregión más expuesta a efectos negativos. De hecho, la Co-misión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) afirma que “Con la excepción de algunas economías del Caribe, esta crisis encuentra a la región mucho mejor preparada que en el pasado”, y en varios infor-mes se destaca la profunda intensidad y particularidad de esta crisis para la subregión caribeña. Por consiguiente, el funcionamiento de los cana-les de transmisión de shocks no solo está siendo especialmente negativo para las economías del Caribe sino que estas se encuentran mucho más expuestas que las de América Latina. Así, muchas de las recomendacio-nes de política para toda la región no son particularmente efectivas ni viables en el caso del Caribe.

Situación socioeconómica más reciente de los países de la Caricom

En 2008 las economías caribeñas en conjunto mostraron una notable desaceleración en su actividad económica,7 que se ha mantenido desde 2006. El crecimiento del PIB en la subregión alcanzó 1.5%, cifra notable-mente inferior a la registrada los países de América Latina (4.2%).8

7. Es necesario resaltar que la subregión se vio afectada por el paso de huracanes en varios países, que causaron importantes daños socioeconómicos. Entre los países azotados por fuertes hura-canes en 2008 estuvieron: Barbados, Cuba, Haití, Jamaica, República Dominicana, San Kitts y Nevis y San Vicente y las Granadinas.

8. No obstante, el crecimiento del PIB en el Caribe no fue homogéneo. Los países de tasas más elevadas en 2008 fueron: San Kitts y Nevis con 9.7%, Surinam con 5.2%, Trinidad Tobago con 3.5%, Dominica con 3.4% y Belice con 3.3%. Sin embargo, es importante destacar que en todos los casos con excepción de Belice, las cifras de 2008 son notablemente inferiores a las regis-tradas durante 2007. Los desempeños más desfavorables fueron: Bahamas y Jamaica con una

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El sector turístico, tradicionalmente clave en el desempeño de las economías caribeñas, se vio afectado por una reducción de los gastos de los turistas llegados. Este comportamiento fue el resultado, entre otros, de la caída del dólar y de la situación macroeconómica más compleja en Estados Unidos y el resto de los países desarrollados. Nuevamente, el Caribe registró ritmos de crecimiento del sector turístico inferiores a otras subregiones del área, como es el caso de Centroamérica y América del Sur.9

Las exportaciones de servicios turísticos en el Caribe representan al-rededor de 20% de su PIB, cifra mayor incluso que la de Centroamérica, donde representa apenas 5% del PIB. No obstante, existen significativas diferencias subregionales: Santa Lucía con ingresos turísticos que repre-sentan alrededor de 40% de su PIB, Barbados algo mayor de 25%, San Vicente y las Granadinas más de 20%, Jamaica y Dominica mayor de 15%, Guyana y República Dominicana mayor de 10% y Trinidad Tobago, Surinam y Haití menores a 5% (CEPAL, 2009b). Esto refuerza la impor-tancia del canal comercial y en particular, de exportación de servicios como uno de los de mayor incidencia de la crisis para el Caribe. Como resultado de la crisis, durante los primeros cuatro meses de 2009 se dio una disminución generalizada de la llegada de turistas, que en el caso del Caribe (4.1%), fue mucho más intensa que en Centroamérica (3.5%) y América del Sur (1.1%).

La relativa pérdida de intercambio que ha sufrido América Latina en los primeros meses de 2009, debido a la disminución de los precios de productos básicos,10 ha tenido un impacto diferenciado para las eco-nomías del Caribe. Luego de varios años de deterioro de este indicador para muchas de ellas, para 2009 se prevé una evolución más favorable de los términos de intercambio que se estima alcance 11.4%, excepto para países como Trinidad Tobago y Belice (CEPAL, 2009).

Una reducción de las exportaciones, unido a una disminución aún más fuerte en las importaciones, debería significar para 2009 una reduc-

contracción de 1.7% y 0.6% respectivamente, Barbados con un crecimiento de apenas 0.5%, San Vicente y las Granadinas con crecimiento de 1% y Haití con 1.3% (CEPAL, 2009).

9. Este mayor dinamismo del turismo en otras subregiones de América Latina, alerta no solo sobre el progresivo agotamiento de determinados destinos de la subregión caribeña y la emer-gencia con especial fuerza de nuevos destinos regionales sino también de la dependencia del desempeño reciente de la economía norteamericana.

10. Principalmente Trinidad Tobago y Surinam son los países dentro del Caribe que han registrado evoluciones favorables de los términos de intercambio, a diferencia del resto del área. Más recientemente con la exportación de petróleo es posible mencionar el caso de Belice.

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ción del déficit comercial. Sin embargo, en un contexto también de baja de las remesas, las economías caribeñas están en riesgo de un colapso dela economía que profundice la situación recesiva. Cifras del tercer tri-mestre de 2008 muestran que las remesas disminuyeron considerable-mente desde ese periodo, y que esta contracción se profundizó durante el primer trimestre de 2009. Se espera que, por ejemplo en Jamaica, este tipo de transferencia corriente se contraiga entre 13% y 19% en relación al año anterior.11

Desde el punto de vista financiero la situación es mucho más com-pleja. CEPAL afirma que en el caso de América Latina el efecto real de la crisis será más intenso que el financiero (CEPAL, 2009). Sin embargo, persisten numerosas interrogantes acerca de qué matices pudiera tomar esta afirmación en el Caribe.

Durante 2008, la subregión caribeña registró importantes flujos de inversiones, mayores incluso en términos relativos a las recibidas por América Latina. Estos representaron 24.7% del PIB de Antigua y Bar-buda, 21.8% en el caso de Granada, 16% en el caso de San Vicente y las Granadinas, 15.9% en San Kitts y Nevis, 14.6% en Dominica, 9.5% en Belice y 7% en Bahamas.12 Para 2009 se espera una disminución de estos flujos entre 35% y 45% para toda América Latina y el Caribe (CEPAL, 2009), lo que tendrá gran incidencia en términos de financiamiento ex-terno para el Caribe. Uno de los sectores afectados será la construcción, el cual había estado contribuyendo notablemente al crecimiento econó-mico en el Caribe y con gran incidencia en el empleo.

También se espera que la ayuda oficial al desarrollo disminuya a par-tir de la contracción económica en los principales países emisores, lo cual será relevante fundamentalmente en el caso de Haití. Es necesario resal-tar que luego de la polémica firma de los acuerdos de asociación econó-mica (EPA, por sus siglas en inglés) del Caribe con la Unión Europea,13 el

11. Estimaciones de CEPAL, 2009. Durante 2008, los países del Caribe con mayores flujos de re-mesas en relación al PIB fueron: Guyana, representando alrededor de 40%, Haití con 25%, Jamaica 20%, y países como Belice y Granada entre 5% y 10% de sus PIB (CEPAL, 2009b).

12. Todos los casos anteriores contrastan con la situación de Haití, país donde los flujos de inver-sión en 2008 apenas representaron 0.7% de su PIB (CEPAL, 2009b).

13. En octubre de 2008, luego de un arduo y polémico proceso, y a pesar de la inconformidad mostrada por muchos países por la forma en que fue negociado el documento final, los países de Caricom firmaron el Acuerdo de Asociación Económica (EPA, por sus siglas en inglés) con la Unión Europea. La firma de este acuerdo implicó un paso de la unilateralidad a la reciprocidad con un socio comercial gigantesco en relación a estas pequeñas naciones, lo cual les impone importantes retos institucionales, de integración, de estructura económica, entre otros. Como

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tema del financiamiento a proyectos y sectores de interés había ocupa-do un espacio fundamental en las demandas de los caribeños. El actual contexto impone notables restricciones financieras y, en este sentido, cuestiona aún más las supuestas “ventajas” económicas detrás de este acuerdo.

Por otra parte, la situación de la deuda externa constituye en estos momentos uno de los peores problemas para las economías caribeñas, en particular para muchos de los países miembros de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO), por sus implicaciones en otras esfe-ras socioeconómicas y financieras. En la actualidad, la subregión registra los mayores niveles de relación deuda/PIB de la región latinoamericana y caribeña. En la mayoría de los casos la deuda pública se encuentra alre-dedor de 100% del PIB.14

En un panorama de endurecimiento del crédito internacional en cuanto a volumen y condiciones, el Caribe se ve enfrentado a una reduc-ción de la liquidez doméstica, resultando en un círculo vicioso negativo sobre la actividad económica, teniendo en cuenta que también influye en una menor disponibilidad de crédito para el comercio y otros. Así, las po-sibilidades de paliar los efectos sociales de la crisis también se reducen, a partir de la deteriorada capacidad de endeudamiento de los gobiernos.

Asimismo, es previsible el deterioro de la calidad de activos a través de la depreciación de inversiones extranjeras de bancos y otras institucio-nes financieras en la región, sin contar el posible aplazamiento de pro-yectos de inversión tanto públicos como privados.

En la mayoría de los países del Caribe en 2008 la inflación se elevó sustancialmente en relación a 2007. No obstante, desde septiembre de 2008 con la disminución de precios internacionales de algunos productos básicos y el negativo impacto en la demanda interna de estos países, la inflación comenzó a desacelerarse. A pesar de esto persisten en muchas naciones del Caribe elevados niveles de precios, como resultado de su es-tructura económica. Sobresalen en este sentido los casos de países como Trinidad Tobago, Jamaica y Haití que se encuentran en el grupo de países de América Latina y el Caribe que poseen los mayores niveles de precios.

resultado de las divergencias surgidas en relación a las negociaciones, se decidió subordinar la maquinaria de negociación regional a la secretaría de Caricom.

14. Los casos de endeudamiento más críticos son San Kitts y Nevis, Jamaica y Granada. Otros países del Caribe menos expuesto, pero aún con elevados niveles son: Barbados, San Vicente y las Granadinas, Guyana, Belice, entre otros.

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En este sentido, el diferencial de inflación con relación a Estados Unidos ha sido uno de los factores que ha contribuido a la apreciación real de las monedas locales con respecto al dólar (CEPAL, 2009). La ma-yoría de estas naciones cuentan con regímenes de tipo de cambio fijos o cuasifijos,15 en algunos de los cuales los bancos centrales intervienen ac-tivamente para contener sus oscilaciones, en detrimento de las reservas internacionales. En el caso de la mayoría de las naciones caribeñas, la apreciación cambiaria, unida a significativos déficits de cuenta corrien-te, elevados montos de deuda pública, bajos niveles de reservas interna-cionales, entre otros, complejizan el panorama macroeconómico de la región.

En cuanto a las reservas, se espera que estas continúen disminuyendo durante 2009, como resultado de la intervención de los gobiernos para hacer frente a la crisis. En el Caribe, con excepción de Guyana, Barba-dos y Trinidad Tobago, en casi ninguno de los países las reservas cubren más de 3.3 meses de importación (CEPAL, 2009). Lo anterior refuerza las dificultades financieras de muchos gobiernos para acceder a nuevos cré-ditos, teniendo en cuenta que muchas veces se utilizan como garantía de pagos de nuevos préstamos.

El sector financiero en la región, incluso más allá de indicadores de deuda, reservas o flujos de capital, se encuentra en un contexto de espe-cial incertidumbre en relación a la crisis. Se estima que alrededor de 50% de los bancos regionales se encuentran en manos de banca extranjera, y fundamentalmente de bancos canadienses (CDB, 2008), lo que constituye una fuente importante de vulnerabilidad en la actual crisis. En sentido general, la banca offshore, que es importante en términos de ingresos fiscales para los gobiernos caribeños, se verá notablemente afectada por la crisis, especialmente para países como Barbados.

La insuficiencia de datos e información acerca de los vínculos finan-cieros y transacciones entre asociaciones y conglomerados regionales, y en general del funcionamiento de este sector en el área, constituye una importante fuente de riesgo para las economías caribeñas. Todavía existe gran incertidumbre de las implicaciones regionales de las dificultades fi-nancieras del grupo AIG, el incidente del Banco de Antigua, y en general,

15. Bahamas, Barbados, Belice y los ocho miembros de la OECO tienen sus monedas fijas con re-lación al dólar estadunidense, mientras que Guyana, Surinam y Trinidad Tobago poseen un marco cambiario cuasifijo, donde el banco central interviene activamente para evitar grandes oscilaciones del tipo de cambio.

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del funcionamiento de CL Financial en la región caribeña. Las pérdidas resultantes de las fallas de este conglomerado financiero con base en Tri-nidad Tobago permanecen aún sin conocerse en su completa extensión a escala regional (Worrell, 2009).

Asimismo, en países como Jamaica y Trinidad Tobago, entre otros, las mayores preocupaciones no provienen del sector bancario sino de ins-tituciones financieras no bancarias, que detentan una parte importante del mercado financiero regional. De hecho, la crisis financiera interna-cional emanó fundamentalmente de instituciones financieras no banca-rias y con elevados niveles de innovación. La información del funciona-miento de compañías aseguradoras, fondos de pensiones, esquemas de inversión colectiva, fondos mutuales, uniones de crédito y otros, es aún más escasa y difícil de hallar (Worrell, 2009). Según especialistas, los fon-dos mutuales constituyen importantes áreas de riesgo financiero por su participación en la región (CDB, 2008).

A más largo plazo, la crisis económica internacional continuará im-pactando negativamente a las economías caribeñas, no solo a través de la reducción del monto de remesas, del comercio de bienes y servicios (en particular el turismo), los flujos de financiamiento, entre otros, sino además a través de cambios fundamentales en las regulaciones interna-cionales alrededor de los servicios financieros. El llamado internacional a una mayor regulación del sistema financiero internacional, y en espe-cial de los paraísos fiscales complejizará el panorama económico caribe-ño de los próximos años. En particular, las propuestas16 de política del presidente Obama (en el Tax Alert de mayo de 2009, y que de aprobarse tendrían efecto desde 2010 y 2011) llaman a endurecer las condiciones y a un mayor control de las transacciones financieras de Estados Unidos al exterior. Dichos cambios podrían afectar notablemente a muchos paísesde la región, teniendo en cuenta la significativa participación de este tipo deservicios en sus economías.

16. Las propuestas incluyen temas como: cambios en las partidas a incluir en la deducción de impuestos de firmas de Estados Unidos con subsidiarias en el exterior, revisar el registrode algunas subsidiarias foráneas susceptibles a ser tomadas en cuenta como corporaciones, implementar medidas legales y jurídicas más fuertes para individuales que intenten esconder dinero ilegalmente en paraísos fiscales, forzar acuerdos de intercambio de información con ins-tituciones financieras con clientes norteamericanos, reforzar medidas para garantizar mejores reportes de inversiones en el exterior, e incrementar las penalizaciones jurídicas a individuos que no reporten cuentas foráneas donde tienen intereses financieros, entre otras.

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Dentro de este panorama no es posible dejar de mencionar la si-tuación del desempleo en el Caribe. Tradicionalmente, desde periodos incluso anteriores a la crisis económica actual, el desempleo ha consti-tuido un problema particularmente serio para la región, y es previsible que se incremente, resultado de la contracción de la actividad económi-ca. En 2008 la tasa de desempleo fue 12.1% en Bahamas, 10.6% en Ja-maica, 8.5% en Belice y 8.3% en Barbados (CEPAL, 2009). Sin duda, esta situación en un contexto de reducción de las remesas, presiones sobre la capacidad de endeudamiento público hacia gastos sociales, el tema del VIH-sida, y en general, del sistema de salud, entre otros, constituirán sig-nificativos desafíos para el espectro social caribeño.

Diversas organizaciones alertan incluso acerca de la posibilidad de reversión de muchos de los indicadores sociales que históricamente ha-bían distinguido a varias naciones del Caribe anglófono dentro del índice de desarrollo humano. Entre los países más fuertemente afectados se encuentran Haití, que continúa siendo el país con mayor incidencia de pobreza e indigencia, Dominica, Granada y Guyana.17 En general, los efectos de perturbaciones exógenas económicas o medioambientales continúan perjudicando las posibilidades de reducir la pobreza y la des-igualdad en estos países.

Durante 2009 se espera que el Caribe en su conjunto registre una contracción de su PIB de 1.2%, algo menor que la prevista para América Latina. No obstante, existe una gran probabilidad de que las economías caribeñas tarden más en mostrar signos de relativa recuperación econó-mica, a pesar de que se estime un crecimiento de 0.5% para 2010 (frente a 3.2% previsto para América Latina).

Esta situación refuerza la hipótesis de que el Caribe se ha estado dis-tanciando cada vez más de América Latina como región en términos de su evolución socioeconómica, y en la actualidad, en relación a la inten-sidad y vías predominantes de impacto y capacidad de respuesta ante la actual crisis. Mientras más tiempo persista la contracción de la economía de Estados Unidos, peores serán las perspectivas del Caribe, debido a los tradicionales vínculos económicos. Por consiguiente, las respuestas de

17. Aquellas naciones como Antigua y Barbuda, Barbados y Bahamas que históricamente habían mostrado niveles de pobreza absoluta particularmente bajos, incluso similares a los de países con un alto grado de desarrollo económico, se encuentran expuestos también a un deterioro de varios indicadores sociales.

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política económica tanto internas como regionales presentarán límites y desafíos importantes, y diferentes a los de toda América Latina.

Límites y desafíos de las respuestas de política:el papel de la integración regional

Como se ha expuesto, el Caribe cuenta con escaso margen de maniobra para implementar políticas económicas y sociales destinadas a moderar los efectos de la crisis sobre la producción y el empleo, debido a factores coyunturales y estructurales de sus economías, e incluso a cambios ins-titucionales a nivel global. El elevado grado de susceptibilidad a efectos adversos o su incapacidad para hacer frente a los mismos,18 es reflejo de las debilidades de las naciones de Caricom para desarrollar capacida-des socioeconómicas e institucionales ante los diversos retos a los que se enfrentan.

Es necesario ver la vulnerabilidad socioeconómica e institucional del Caribe ante la crisis desde dos planos de análisis esenciales: como vulne-rabilidad de facto y vulnerabilidad a futuro como consecuencia del patrón de desarrollo, o sea de la actitud (proactiva o de reacción) que se asuma ante los desafíos globales. Una actitud reactiva ante la vulnerabilidad se limita a la respuesta de corto plazo ante el impacto; sin embargo, una actitud proactiva implica una visión de más largo plazo en el diseño de estrategias desde una visión integral. Los efectos acumulativos devienen en un círculo vicioso generador de un espiral de vulnerabilidad, que es especialmente peligrosa para las naciones del Caribe insular.

La vulnerabilidad económica estructural está asociada en estos paí-ses a la dependencia del ciclo económico de países desarrollados, la es-pecialización en patrones de explotación de recursos naturales, servicios y, en menor medida, manufactura de bajo valor agregado, así como a la dependencia financiera, entre otros. Sin embargo, esta no debe ser vista como concepto exclusivamente económico sino también social y medio-ambiental, asociado a la evolución de temas de seguridad, migraciones, desastres naturales, cambio climático y salud, entre otros. Esto hace que

18. El concepto de vulnerabilidad ha sido identificada por algunos autores como: “el grado de sus-ceptibilidad de un sistema a efectos adversos o su incapacidad para hacer frente a los mismos”. Véase PNUMA (2007). Global Environmental Outlook GEO 4 Environment for Development (www.unep.org).

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las respuestas a la actual crisis económica internacional no puedan con-centrarse en aspectos técnico-económicos sino que deben ampliar sus fronteras a temas sociales, sectoriales, tecnológicos, de infraestructura, entre otros. Asimismo, es necesario destacar la diferenciación de las res-puestas ala crisis, tanto desde el ámbito interno como regional.

Respuestas de política interna

Desde mediados de 2008, el impacto de la crisis internacional en las eco-nomías de América Latina y el Caribe ha forzado, sistemáticamente, a los gobiernos a tomar medidas como respuesta a la crisis. En el caso del Caribe, las principales medidas asumidas por los gobiernos han estado dirigidas, fundamentalmente, al uso de la política fiscal con fines anti-cíclicos. En este sentido, países como Jamaica, Guyana, Haití, Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Kitts y Nevis, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas, han hecho uso de este tipo de instrumentos en respuesta a la crisis. En Jamaica, Haití y Dominica, por ejemplo, el estímulo se materializó además, en políticas sectoriales como: la agrope-cuaria, el turismo, programas sociales, entre otros. En Guyana, la política fiscal se enfocó en la disminución de impuestos y aumento de subsidios, y Bahamas en el aumento y/o anticipación del gasto fundamentalmente en infraestructura (CEPAL, 2009b).

En general, puede hablarse de una tendencia en los decisores de po-lítica del Caribe a la implementación de estrategias para dar impulso a la demanda fundamentalmente a través del aumento del gasto público. Sin embargo, estas medidas ponen en entredicho la capacidad para financiar la política fiscal de muchos de estos países, que ya en etapas anteriores a lacrisis mostraban una situación fiscal y de endeudamiento delicada. Es necesario destacar que la existencia de déficits gemelos (déficit de cuenta corriente y fiscal) en la mayoría de las naciones caribeñas, complejizan el escenario de política económica actual.19

19. Por ejemplo, el déficit de cuenta corriente de Guyana y Jamaica en 2008 superó 20% del PIB, mientras que para los países de la OECO era alrededor de 35% del PIB. En cuanto al déficit fiscal, excepto en los casos de Trinidad Tobago y Surinam (que han mostrado superávits en los últimos años debido a la exportación de recursos naturales), en el resto es sumamente elevado. Se ha podido comprobar que el déficit de cuenta corriente es mayor que el déficit fiscal, lo que indica que hay un exceso de gasto del sector privado respecto del ingreso (CEPAL, 2009).

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Buena parte de los ingresos fiscales en el Caribe provienen de los aranceles a importaciones, de las exportaciones de recursos naturales, de impuestos a los servicios, entre otros, los cuales se están viendo am-pliamente afectados por la crisis. La previsible contracción de las impor-taciones, de las operaciones de la banca nacional e internacional en la región, entre otros, se contrapone al enorme desafío de aplicar políticas anticíclicas en un contexto de reducción de la recaudación debido a la crisis, y de cargas tributarias no muy amplias, anteriores a ella. En este escenario, la posibilidad de mantener los gastos sociales en educación, protección social e infraestructura se encuentra ampliamente limitada, a partir del alto grado de rigidez en sus posibilidades de expansión. La duración de la crisis significará una incertidumbre y presión adicional a la sostenibilidad de la política fiscal.

La limitada capacidad de respuesta fiscal y monetaria a la crisis de las economías caribeñas continuará atentando contra la estabilidad interna de cada país, pero incluso contra los principales objetivos de integración regional. Diversos analistas alertan que las medidas de aumento del gas-to público pueden tener más potencial que la de disminución de impuesto(CEPAL, 2009d). No obstante, esta afirmación genera importantes dile-mas de política económica y social para muchos países de la Caricom. Aspectos como: ¿hasta dónde disminuirán los ingresos fiscales?, ¿cuánto impactará una reducción del gasto público?, ¿cuánto más puede ser este financiado en un contexto de crisis en los mercados de créditos interna-cionales?, y ¿cómo choca esta situación con la necesidad de mitigar los costos sociales de la crisis?, permanecerán como importantes interrogan-tes en el escenario de política caribeño de los próximos años.

Ante la escasez de margen interno para endeudarse de manera sos-tenible de los países del Caribe, y en general de un estrechamiento del espacio macroeconómico y público, es previsible que haya una presión real que impulse un acercamiento mayor de la región a la provisión de recursos financieros de instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, el BID, entre otras instituciones. En un contexto de necesidad de políticas anticíclicas, la CEPAL hace un llamado a que las instituciones financieras internaciona-les no impongan a estos países condicionalidades que sean procíclicas, y que los préstamos se ajusten en cuanto a costos y plazos de financiamien-to a las necesidades particulares de los países (CEPAL, 2009a).

De hecho, tanto el Banco Mundial, como el FMI y el BID, algunos en conjunto con el Banco de Desarrollo del Caribe (CDB, por sus siglas

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en inglés), han anunciado un grupo de iniciativas financieras destinadas fundamentalmente a: incrementar los créditos y sus plazos a la región, crear líneas de crédito o facilidades de contingencia, entre otras medidas. No obstante, es necesario destacar que la profunda incertidumbre alrede-dor del momento de recuperación de la crisis a nivel internacional, coloca a los gobiernos a operar en escenarios muy difíciles de predecir, y tomar decisiones de política económica acertadas a niveles nacionales y regiona-les.

Los gobiernos se encuentran ante importantes dilemas de política que generan incompatibilidades en tres niveles: entre objetivos de corto y largo plazo, entre objetivos nacionales y regionales, y entre objetivos regionales y globales. La necesidad de aumentar los gastos fiscales en un momento de contracción de los ingresos choca directamente contra la situación financiera del Caribe, y contra el previsible deterioro de la situación social resultado de la crisis.

La revisión de los planes fiscales, el manejo cuidadoso de las reser-vas, la adquisición de préstamos de instituciones financieras internacio-nales, deberán conducirse en la dirección de una mayor eficiencia y efec-tividad con los menores costos socioeconómicos. Este no constituye para nada un reto sencillo para los gobiernos de la Caricom. La búsqueda de soluciones de política económica ante la crisis tampoco puede basarse en la reducción de los instrumentos de política económica regionales, que profundicen desde otras dimensiones el avance neoliberal.

Respuestas de política regionales

La integración regional en los marcos de la Caricom es vista por los gobiernos caribeños como un espacio importante para suavizar los im-pactos de la crisis en la región. A pesar de tener mayores márgenes de maniobra a nivel regional, los recursos y posibilidades son limitadas, y los desafíos continuarán siendo enormes para el Caribe. Una posición con-junta de enfrentamiento a la crisis económica abre más posibilidades de reducción de la vulnerabilidad externa regional. Se asiste a un escenario de recomposición económica mundial, especialmente relevante para la integración regional, por lo que existe una necesidad de acercamiento y de construcción de nuevos consensos políticos y económicos en la región.

El comercio intrarregional, en consonancia con el comercio total de bienes y servicios, experimenta una reducción en la Caricom, luego

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de haber mostrado crecimientos hasta 2008. Asimismo, el enfrentamien-to a la crisis, en particular, la inyección de fondos a instituciones financie-ras y/o bancos nacionales (como en los casos de CL Financial y el Banco de Antigua) y el apoyo financiero a países y sectores más afectados, la implementación del mercado y la economía únicos, el avance del acuer-do de asociación económica con la Unión Europea, las relaciones con Estados Unidos, la solicitud de entrada como miembro pleno de Repú-blica Dominicana al esquema, así como la propuesta de unión política de Trinidad Tobago con la OECO, han constituido los principales temas dedebate de la Caricom en el periodo 2007-2009. Más recientemente, la creación de un Task Force para el enfrentamiento y respuesta a la crisis, y en particular, la identificación de fuentes de financiamiento para cubrir brechas existentes, ha estado entre las preocupaciones fundamentales de los líderes caribeños.

Teniendo en cuenta que la crisis económica internacional afectará de manera diferenciada a la región, debido a la gran heterogeneidad en las capacidades de respuesta, es posible que dicha crisis ponga el peligro el avance del propio proceso integrador, en específico la implementa-ción del mercado y la economía únicos. Serán principalmente Haití y los países de la OECO los que se enfrentarán a los mayores retos socioeconó-micos ante esta compleja situación, por lo tanto necesitarán de la mayor atención a nivel regional.

El acuerdo de asociación económica con la Unión Europea continua-rá enfrentando importantes desafíos en su implementación, y en particu-lar es de prever un incremento de las dificultades para obtener mayores financiamientos de la cooperación en el marco de ese acuerdo. En cuan-to a las relaciones con Estados Unidos, es importante destacar la reuniónde los caribeños con el presidente Barack Obama en la pasada Cumbre deLas Américas en Trinidad Tobago, y en particular, el compromiso de una nueva reunión de máximo nivel en noviembre de 2009. Es posible que estén presentes en la agenda temas relacionados con la seguridad, el en-frentamiento a la crisis económica y los servicios financieros, entre otros.

El logro de una prorroga hasta 2012 de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC), reduciría las presiones de los caribeños en el mediano plazo para lograr una mayor extensión de la iniciativa, o concertar una nueva modalidad de acuerdo. No obstante, la firma de los acuerdos de asociación económica con la Unión Europea, podría presionar a la ne-gociación de un acuerdo comercial de mayor envergadura, teniendo en cuenta que uno de los requisitos de elegibilidad para la ICC es no tener

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firmado ningún acuerdo preferencial que beneficie a un país desarrolla-do. Hasta ahora la ICC no ha dejado de tener efecto para los países caribe-ños, sin embargo esto podría constituirse en un elemento de presión en el futuro, sobre todo si se tiene en cuenta que la iniciativa es una concesión unilateral y legislativa.

Tanto la iniciativa de unión política de Trinidad Tobago como la soli-citud de entrada de República Dominicana, entre otros, podrían llevar a reconfiguraciones geopolíticas del área. En general, como en momentos anteriores, un periodo muy extenso de estancamiento de la integración, como resultado de la crisis internacional y/o de problemáticas internas, podría justificar un mayor acercamiento de países individuales a otros esquemas de integración regionales, y debilitar el funcionamiento de Ca-ricom. Enormes son los desafíos que emanan de los impactos socioeco-nómicos de esta crisis económica, que en el caso del Caribe superan el espacio macroeconómico, y se extenderán muy posiblemente en el largo plazo. La integración en Caricom, a través de sus diversas metas, no sal-drá sin enormes dificultades de este proceso.

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Centroamérica 2008: la integración regional ante la crisis económica mundial

Berenice R. Ramírez López1

Cruz Álvarez Padilla2

Introducción

Durante 2008 los procesos de integración en Centroamérica3 se desa-rrollaron en un contexto de crisis económica mundial y entre propuestas que incluyen objetivos contradictorios. Sigue estando presente la fuerza de los acuerdos bilaterales frente a la construcción de espacios subregio-nales con objetivos tan diferentes como el pertenecer al tratado de libre comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y la República Domini-cana (DR-CAFTA) y pertenecer también a la Alternativa Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA) o avanzar en procesos de integra-ción con Europa pero también con Mercosur, China y Taiwán.

Analizar este proceso contradictorio y diverso en el contexto de lacrisis económica mundial y de los nuevos gobiernos que han llegado a la re-gión, son los objetivos del presente artículo. En primer lugar se ofrece una síntesis del proceso económico y en particular de las relaciones eco-

1. Investigadora Titular de la Unidad de Investigación de Economía Política del Desarrollo del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Miembro de la Red de Integración de América Latina (REDYALC) y de la Red de Economía Mundial (REDEM). Correo electrónico: [email protected].

2. Académico adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Política del Desarrollo del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Correo electrónico: [email protected].

3. El artículo hace referencia a la región centroamericana integrada por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

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nómicas intra y extrarregionales para enmarcar los acontecimientos de la integración y apuntar posibles escenarios.

Una mirada al desempeño económico

En 2008, los países centroamericanos experimentaron un crecimiento económico de 3.4% que es inferior a la tasa de crecimiento promedio anual del periodo 2003-2007 de 4.6%. Costa Rica fue el país que presentó la mayor caída: de 6.4% promedio anual a 2.9% en 2008. Dicho creci-miento anual, además, es inferior al promedio alcanzado por los países latinoamericanos de 4.2%,4 pero superior al crecimiento de otros países, como es el caso de Chile (3.2%), Colombia (2.6%) y México (1.3%).

La situación anterior también se refleja en el comportamiento del nivel de ingreso por habitante, mientras a nivel latinoamericano crece a tasas anuales de 3.5%, en el ámbito centroamericano lo hace a 2.8%. (cuadro 1)

Uno de los factores determinantes del menor crecimiento fue la re-cesión económica en Estados Unidos, principal socio comercial de Cen-troamérica. Otro factor fue la caída de los términos de intercambio, pro-fundizada por el aumento en la primera mitad de 2008 de los precios internacionales de los granos básicos y del petróleo. El índice de precios al consumidor (IPC), aumentó al pasar de 7.7% promedio anual en 2007 a 12.6% en 2008, el nivel más alto desde 1995 en que inició el descenso de la inflación alcanzando su nivel mínimo en 2003 de 6.0%. Este proceso que identifica el comportamiento inflacionario y el menor crecimiento económico ha provocando un mayor deterioro del poder adquisitivo de la población. Es importante resaltar que la tendencia alcista del IPC se ha revertido en los primeros meses de 2009 debido a la baja de los precios de las materias primas a nivel mundial.

La estructura de la balanza de pagos de la región centroamericanapresenta los siguientes datos: el saldo de la balanza de cuenta corriente pre-senta un déficit de 8.3% del PIB casi el doble del experimentado en 2007

4. La participación porcentual del PIB centroamericano en el PIB de América Latina ha mantenido casi su mismo nivel desde 1990 al pasar de 2.5% en ese año a 2.9% en 2008, porcentaje observa-do en los últimos seis años. Siendo Costa Rica y Guatemala las economías de mayor participa-ción en el total centroamericano. Para 2008, contribuían con 29.8% y 29.3% respectivamente; seguidas por El Salvador con 20.9%, Honduras con 13.5% y Nicaragua con 6.5%.

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de 4.4%. En cuanto al saldo de la balanza comercial de bienes FOB, este presentó un déficit de 19.0% del PIB, el más alto de los últimos diez años. Estos indicadores ilustran la vulnerabilidad de las economías centroame-ricanas dependientes de la inversión extranjera directa, de las remesas y de las exportaciones ya que a pesar de la pérdida de dinamismo econó-mico se incrementó la vulnerabilidad de la región.

A dicha situación se suma el registro de menor flujo de inversión extranjera directa que ha contribuido en gran medida a financiar los dé-ficits externos y a impulsar las actividades vinculadas a la industria de la confección; de las manufacturas eléctricas, electrónicas, de dispositivos médicos y del sector servicios. Además se registran disminuciones en los ingresos por envío de remesas familiares que hasta 2007 habían cubier-to la mitad del déficit comercial. Las remesas en Honduras representan 25% de los ingresos y en El Salvador 18%.

El valor agregado de la actividad de la maquila (exportaciones menos importaciones) y de las zonas francas de Centroamérica presentó en 2008 una caída considerable en su tasa de crecimiento anual de 56 puntos por-centuales en relación al año anterior, al pasar de 43.2% a -13.0%, la dis-minución anual solo es superable por la experimentada en 2001 que fue de -23.6%; ello se debió al desplome observado por Honduras de -22.9% y de Guatemala de -22.6%; mientras que El Salvador revirtió la caída del año anterior de -10.3% a 14.0%, Nicaragua registró 5.9% y Guatemala de 0.2%.5 La tendencia negativa se profundizará en 2009 debido a que estos productos son sensibles a las contracciones de la demanda norte-americana y a que presentan serios problemas para ser reorientadas.

El menor crecimiento económico tuvo un impacto negativo en el mercado de trabajo. Para 2008, la tendencia a la baja de la tasa de desem-pleo de los años previos cambió de sentido; según la CEPAL, esta tendencia a la alza se mantendrá por varios años, lo que ahondará la pobreza y la desigualdad en la distribución del ingreso.

5. Las reprecisiones de la crisis sobre la región se profundizaron también por el hecho de que la producción de bienes manufacturados y de algunos servicios (en segmentos muy dinámicos, como los centros de llamadas —call center— y los procesos de subcontratación —business pro-cess outsourcing—) es parte de cadenas productivas globales lideradas mayormente por empre-sas estadunidenses. La actividad de la maquila y de la producción de zonas francas no podrían funcionar, prácticamente, sin tener al mercado estadunidense como destino. Asimismo, la ex-portación de servicios turísticos depende en gran medida de la visita de norteamericanos a la región. Así, el efecto de la crisis probablemente llegue a ser profundo (CEPAL, 2009: 17).

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En términos relativos, el empleo generado en 2006 es de 3.6% en promedio del empleo total (población ocupada) en la subregión, con marcadas diferencias: 1.1% en Guatemala, 2.2% en Costa Rica, 3.0% en Nicaragua, 3.3% en El Salvador y 4.7% en Honduras. En cuanto al tipo de empleo se ha privilegiado la contratación de obreros con baja califica-ción, en detrimento de los empleados con mayor formación profesional. Además nuevas se desarrollan formas de contratación acompañando el crecimiento de actividades de servicios como centros de llamadas, servi-cios de apoyos administrativos y servicios financieros.

El impacto de la crisis económica en las economías pequeñas

Las economías centroamericanas se ven afectadas, principalmente, por la recesión económica que enfrenta Estados Unidos y que se trasmitepor varios canales: la disminución del turismo, ocasionado por el efecto sustitución de destino de los turistas norteamericanos; la contracción de la demanda externa, debido a la reducción del déficit comercial de Estados Unidos de aproximadamente 25% en 2008, lo que provocó la baja de la demanda por exportaciones del resto del mundo; la restricción del financiamiento externo, los inversionistas se han tornado adversos al riesgo; la reducción de la inversión extranjera directa, la dinámica posi-tiva se verá afectada por la alta capacidad ociosa que existe en el mundo; la disminución de envíos de remesas familiares, ello debido a que el des-empleo es más alto entre los inmigrantes hispanos que en la población general.6

El único signo positivo, para mitigar los efectos de la crisis mundial, es el mejoramiento de los términos de intercambio que se presenta desde mediados de 2008. El contexto anterior complica el manejo de las políti-cas macroeconómicas de los países de la región, sobre todo por la escasez de divisas y de financiamiento (CEPAL, 2009b: 6)

6. “Los shocks mundiales están propagándose hacia la región de ALC a través de varios canales: i) condiciones más restrictivas para el financiamiento externo; ii) reducción de la demanda de exportaciones de la región; iii) fuerte deterioro de los términos de intercambio; y, iv) reducción de las remesas y el turismo. La combinación de estos shocks se traduce en una doble presión que afecta a la cuenta de capital y la cuenta corriente de la balanza de pagos a la misma vez” (FMI, 2009: 9).

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La dinámica comercial observada y sus perspectivas

La tasa de crecimiento anual promedio de las exportaciones centroame-ricanas, en el periodo 1994-2008, fue de 8.5%; para 2008 el crecimiento fue de 12.7%, tasa menor a la del año anterior cuando el crecimien-to anual alcanzó su máximo histórico de 16.4%. Las importaciones, por su parte, en el periodo de 1994 a 2008 presentaron una tasa anual de crecimiento de 9.3%; para 2008 la tasa fue de 16.6%, ligeramente mayor a la del año anterior de 16.2%. Las proyecciones para 2009 pronostican que el crecimiento de las exportaciones e importaciones será menor a las tasas anuales promedio de los últimos 15 años.

Las exportaciones tradicionales7 de la región sufrieron una caída al pasar de 20.1% variación anual en 2007 a -1.1% en 2008. En tanto que las no tradicionales pasaron de 15.0% a 9.0% en igual periodo, hecho no observado desde 2004.

El intercambio comercial total del MCCA alcanzó 70.8 mil millones de dólares en 2008 correspondiéndole a las exportaciones 30.9% y a las importaciones 69.1%. Esta composición porcentual no se ha modificado sustancialmente desde 1994 cuando a las exportaciones les correspon-dieron 35.5% y a las importaciones 64.4% Estos datos demuestran que la región centroamericana mantiene su ya clásica balanza comercial defici-taria y a lo largo del periodo analizado se observa que la brecha se abre cada vez más.

El destino de las exportaciones, clasificando a los países de acuerdo a los bloques comerciales, se orientan en más de la mitad a dos:

• El NAFTA, que participa con 46.4% en 2000 y con 35.5% en 2008.• Al MCCA que participa con 22.7% en 2000 y con 29.8% en 2008.

En este periodo las exportaciones a la Unión Europea cayeron de 17.3% a 13.2% y las orientadas al resto del mundo pasan de 13.7% en 2000 a 21.5% en 2008.8 La estructura porcentual de las exportaciones por blo-ques comerciales muestra que el MCCA en años recientes ha intentado

7. Capítulos 09 y 17 del sistema armonizado (café y azúcar principalmente).8. “[...] Las exportaciones al mercado europeo [...] se mantienen concentradas en los productos

de exportación tradicionales (café y banano) y sin mostrar incrementos significativos en los úl-timos años, mientras que a los países asiáticos las ventas externas son reducidas y concentradas en desperdicios y desechos de materiales chatarra, excepto Costa Rica, cuyo segundo socio comercial los constituyen los países asiáticos” (CEPAL, 2009b: 3).

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diversificar sus ventas externas con el objetivo de minimizar la vulnerabi-lidad de su condición en el mercado mundial (gráfica 1)

El origen de las importaciones, de acuerdo a los bloques comerciales, proviene principalmente del NAFTA y del resto del mundo. Exceptuando al MCCA y la Unión Europea, alcanzan en 2000 en conjunto 77.0% del total y en 2008, 80.3%. Por su parte el MCCA y la Unión Europea dismi-nuyen su porcentaje de participación entre 2000 y 2008, en 2.0% y 1.3% respectivamente. En las importaciones también se observa que crece la participación de países que abastecen al MCCA y que se agrupan en el rubro “resto de bloques” al pasar de 11.7% en 2000 a 16.3% en 2008 (gráfica 2).

Gráfica 1Centroamérica: participación porcentual de las importaciones

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Fuente: elaboración de Cruz Álvarez con información del SIECA.

Los diez principales productos exportados por el MCCA, según la clasifi-cación del sistema armonizado, durante 2007 y 2008 representan 48.4% y 47.0% de las exportaciones totales. Destaca el hecho de que las expor-taciones de los productos tradicionales capítulo 09 (café, 10%) y 17 (azúcar, 3%) del sistema armonizado mantuvieron su participación en el total exportable. Mientras que los productos manufacturados no maqui-ladores sostienen la participación que ha registrado en los últimos ocho años, en especial, los rubros 90 (instrumentos y aparatos médico-quirúr-gicos, partes y accesorios de estos aparatos, 4.6%) , 84 (máquinas, arte-factos y aparatos mecánicos, 6.3%) y 85 (máquinas, aparatos y materiales

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eléctricos, aparatos de grabación, de reproducción de imagen y sonido de televisión, 9.3%). Aunque este último cayó en aproximadamente tres puntos porcentuales (véase anexo, cuadro 1).

Los diez principales bienes importados por el MCCA durante 2006 y 2007 representan 66.4% y 67.3%, respectivamente, de las importaciones totales. De ellos destacan los rubros 27, 85, 84 y 87. Estos últimos vincu-lados con la producción manufacturera. Resalta la importación de mine-rales, aceites minerales, hidrocarburos y derivados de la petroquímica, así como las máquinas, aparatos y materiales eléctricos (véase anexo, cuadro 2).

En lo que toca al comercio con el resto del mundo, la participación de Estados Unidos, principal mercado de destino y primordial fuente deabastecimiento de las importaciones en el intercambio comercial regio-nal, continuó con su tendencia negativa. Desde el inicio del presente si-glo a la fecha, ha acumulado una caída de 12.4% en las exportaciones y 5.7% en las importaciones. En el intercambio comercial prevalece el comercio de manufacturas no tradicionales, vinculadas principalmente con la industria de la maquila textil y de la confección.

Por lo que toca a México, la República Popular China y República Dominicana se observa que el intercambio comercial ha mantenido su tendencia de crecimiento. Es importante señalar que México ha perdi-do participación en el comercio centroamericano, en los últimos ocho años, con respecto a China al aumentar las exportaciones en 1.3% y las importaciones en 0.5% mientras el país asiático lo hizo en 3.3% y 4.3%, respectivamente (gráfica 2).

Cabe señalar que desde principios del siglo XXI los países centroame-ricanos enfrentan la competencia de China en el mercado norteameri-cano de prendas de vestir. En los años recientes han perdido esa lucha y ello se ha reflejado en las tasas negativas de los productos de exportación a ese país de los capítulos 61 y 62 del sistema armonizado, que incluye prendas de vestir y accesorios, en 2008 la caída fue de -1.1%.

Sin embargo, el comportamiento por países en estos rubros ha sido desigual, mientras Costa Rica, Guatemala y Nicaragua presentan tasas negativas de crecimiento (-28.4%, -4.4% y -3.1%, respectivamente), en el caso de Nicaragua es la primera baja que muestra en el presente siglo; en Honduras crecen a 3.5% y en El Salvador a 3.3%. La incursión en el mercado de los países asiáticos y la eliminación del acuerdo de textiles y

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vestuario9 (que a su vez sustituyó el acuerdo de multifibras) afectaron a casi toda la región, pese a la entrada en vigencia del DR-CAFTA.

En lo que respecta al comercio exterior de Centroamérica de bienes FOB con México la situación en 2008 (CEPAL, 2009b: 18) fue la siguiente:

• Con respecto a las exportaciones: la tasa de crecimiento fue del 12.4% anual, mayor al del año anterior de 9.2%, lo que representó 5.6% de las exportaciones totales y 1.5% del PIB.

• Con respecto a las importaciones: la tasa de crecimiento fue 13.7% anual, menor al del año anterior de 25.7%, lo que representó 7.6% de las importaciones totales y 3.6% del PIB.

Evolución de la integración regional

La integración centroamericana se ha fincado principalmente en el inter-cambio comercial y desde los años noventa promueve el regionalismo abierto, es decir los vínculos intrarregionales se fortalecen sin descui-dar los de carácter extrarregional en los que la negociación puede ser a manera de región o como grupo de países.

Al observar el comportamiento de las exportaciones totales a nivel intra y extra regional en los últimos quince años, la tasa de crecimiento anual promedio de las exportaciones intrarregionales fue superior al del resto de las regiones. Aspecto que ha estado presente con mayor deter-minación desde el inicio del siglo XXI y en los momentos de crisis. Este comportamiento se profundiza en 2008 cuando las exportaciones intra-rregionales crecieron en 22.1% y las extrarregionales en solo 9.1%. Así las exportaciones intrarregionales alcanzaron niveles históricos al par-ticipar con 29.5% del total. Por su parte, las importaciones intrarregio-

9. “Los países de la región fueron beneficiados por la promulgación de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) en 1984, una ley de Estados Unidos que otorgó exención arancelaria a diversos productos (principalmente todos los de la confección) [...] la condición de acceso exigía un componente importante de insumos de Estados Unidos para poder recibir los beneficios de di-cha ley. Surge así un modelo de industria de exportación con un fuerte componente de insumos importados que se ensamblan o se transforman mínimamente [...] la estructura de las exporta-ciones de la región cambió sustancialmente, al convertirse en una región netamente exporta-dora de bienes manufacturados [...] las exportaciones de productos textiles y de confección al mercado norteamericano se desarrollaron gracias a la atracción de inversiones extranjeras en ese campo, lo que contribuyó al incremento de las importaciones de materias primas para la industria textil” (CEPAL 2009a: 9-10).

125


nales crecieron con respecto al año anterior al pasar de 13.4% a 19.8%, nivel similar al de 2006 cuando se presentó el mayor nivel de crecimiento de 20%.

En los últimos cinco años las importaciones han mantenido el nivel de participación en alrededor de 12% del total (gráfica 3)

Gráfica 3Centroamérica: participación porcentual del comercio

interregional en el comercio total, 1994-2008

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Años

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Exportaciones FOB Importaciones CIF

Fuente: elaboración de Cruz Álvarez con datos del SIECA.

El comportamiento de los países que integran el MCCA fue heterogéneo con respecto a la tasa de crecimiento anual de las exportaciones intra-rregionales. Mientras Costa Rica, El Salvador y Nicaragua alcanzaron sus niveles históricos de crecimiento, con 31.9%, 19.3% y 25.2%, respec-tivamente, Guatemala y Honduras mostraron una caída con respecto al año anterior. En cuanto a las importaciones intrarregionales, con excep-ción de El Salvador que presentó un crecimiento positivo con respecto al año anterior, los restantes países muestran un decrecimiento de sus tasas anuales. Costa Rica sufrió la mayor caída al pasar de 13.5% en 2007 a 3.4% en 2008 (cuadro 2)

Los diez principales productos de intercambio comercial intrarre-gional en 2008 de acuerdo al sistema armonizado 2007, representaron 52.8% del total de las exportaciones y 51.6% de las importaciones (véase anexo 1). Entre estos destaca el comportamiento de los rubros 39 (co-rrespondiente a plásticos y sus manufacturas), 72 (de fundición, hierro y acero) y 48 (de papel y cartón, manufacturas de pastas de celulosa, de papel y cartón). Esto último muestra que la estructura del comercio

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intrarregional continúa basándose en bienes manufacturados como ha sido desde los años sesenta, pero también se observa que al representar los diez principales productos 50% del total, el comercio intrarregional cada vez se diversifica más. Por segundo año consecutivo, el saldo de la balanza comercial intrarregional fue superavitaria, alcanzando un monto de 309.6 millones de dólares.

El estado de la integración centroamericana

La posibilidad de una integración que incluya procesos e instituciones comunes ha estado presente desde la firma del Tratado General de Inte-gración Económica que dio lugar al Mercado Común Centroamericano (1960), establecido entre los cinco países a los que hemos hecho referen-cia. En la práctica lo que se ha podido constituir es una unión aduanera imperfecta que no logra superar 94.6% de posiciones armonizadas del Sistema Armonizado Centroamericano. Se ha avanzado en normativi-dad comercial (salvaguardas, tránsito aduanero, medidas sanitarias y fitosanitarias, compatibilidad tributaria, asistencia técnica, etc.) y se ha concluido el convenio marco de la unión aduanera pero falta que sea aprobado por las respectivas asambleas legislativas nacionales.

En 1991, los países centroamericanos, incluido Panamá, suscribie-ron el protocolo de Tegucigalpa que da origen al Sistema de Integración Centroamericana (SICA). Dicho protocolo sustituye a la Carta de San Sal-vador firmada en 1951 que dio lugar a la Organización de los Estados Centroamericanos (ODECA),10 como el marco institucional de la región. El SICA estableció como objetivo central:

[...] alcanzar el desarrollo económico y social equitativo y sostenible de los países centroamericanos, que se traduzca en bienestar de sus pueblos y el crecimiento de todos los países miembros; mediante un proceso que permita la transformación y modernización de sus estructuras productivas, sociales y tecnológicas, eleve la com-petitividad y logre una reinserción eficiente y dinámica de Centroamérica en la eco-nomía internacional.11

10. “[...] para los centroamericanos, la figura del ‘Protocolo’ tiene las mismas connotaciones de un convenio, con todos los alcances que ello supone. El Protocolo de Tegucigalpa es un instru-mento que comprende la parte política, económica, social, medio ambiente, seguridad pública, narco actividad y lo que sin duda es más importante, todo lo que se relaciona con lo primero, o sea la democracia” (Herrera, 2005: 110-1).

11. Op. cit, 2.

128


Se persigue en el futuro la construcción de la Unión Económica Cen-troamericana. Belice se incorpora al SICA en diciembre de 2000 como estado miembro; República Dominicana se incorporó en diciembre de 2003 en calidad de estado asociado y Taiwán como observador del proce-so, misma condición que se le asigna a México en mayo de 2004.

En el tiempo que ha transcurrido entre la construcción de la unión aduanera y los procesos principalmente políticos que el SICA ha conduci-do se han registrado tratados de libre comercio, acuerdos de asociación y procesos de integración de alcances y objetivos tan distintos que más que ser procesos complementarios pueden ser catalogados como con-trapuestos, pero que reflejan la correlación de fuerzas políticas en los gobiernos y en la región. Principalmente destaca la contraposición entre libre comercio y las iniciativas de integración que en una perspectiva de desarrollo diferente incluye al comercio como uno de sus componentes, pero no el único ni muchos menos el primordial.

Ejemplo de dicha situación la observamos con el tratado de libre co-mercio establecido entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana (DR-CAFTA). Este tratado es resultado de la solicitud efec-tuada por los gobiernos centroamericanos en febrero de 2001 y apoyado mediante el interés manifiesto del gobierno de George W. Bush, en enero de 2002. Las negociaciones del mismo concluyeron en diciembre de 2003 con la firma del tratado entre Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicara-gua y Estados Unidos. Costa Rica concluyó las negociaciones hasta enero de 2004, una vez que logró una ampliación del programa de desgravación en los sectores de servicios y telecomunicaciones. El 28 de mayo de 2004 fue firmado en Washington el tratado de libre comercio Centroamérica-Estados Unidos y pasó para su aprobación al senado y la cámara de repre-sentantes. En agosto de 2004, la República Dominicana solicita formar parte argumentando su cercanía con la región, el tratado de libre comer-cio que firmó con estos países desde 1998, así como contar con la figura de país asociado en el sistema de integración centroamericana.

En junio de 2005, dicho acuerdo fue aprobado por el senado de Es-tados Unidos. El capitulado del CAFTA incluye trato nacional y acceso de bienes al mercado, comercio de servicios, inversión, propiedad intelec-tual, compras del sector público, solución de diferencias, asuntos institu-cionales, medio ambiente y laboral. La principal dificultad que presenta es la de pretender libre comercio entre países con diferencias produc-tivas tan grandes, como lo expresa comparativamente Estados Unidos

129


frente a los países centroamericanos o República Dominicana frente a Estados Unidos.

La aprobación del tratado por las diversas asambleas legislativas se vio envuelta en diversas movilizaciones de trabajadores y campesinosque se oponían al acuerdo por las implicaciones económicas y laborales queconlleva.

Hasta el 31 de diciembre de 2008 había iniciado vigencia para to-dos los países excepto Costa Rica, cuya aprobación tuvo que pasar por un referéndum nacional que en una votación cerrada y llena de irregularidades dio lugar a su aprobación en octubre de 2007. De esa fecha al cierre de 2008 fue preciso aprobar reformas a 12 leyes, en-tre las que destacan la apertura a la competencia del sector teleco-municaciones y seguros, el fortalecimiento del Instituto Costarri-cense de Electricidad, la ley de observancia de propiedad intelec-tual y reformas a varias leyes relacionadas con derechos de autor,reformas al código penal y de algunos tratados internacionales. La fecha límite para que Costa Rica cumpliera con las reformas acordadas para su incorporación al tratado la incumplió en dos ocasiones (febrero y sep-tiembre de 2008) por causas legislativas y procesos inconstitucionales. Finalmente a partir de enero de 2009 iniciará la vigencia de su incorpo-ración a dicho tratado.

Las condicionalidades del DR-CAFTA y su exclusivo interés por el libre comercio y por la apertura de espacios de inversión para las grandes em-presas trasnacionales, ha conducido a que varios gobiernos señalen que este tratado es el causante del crecimiento del déficit comercial así como del crecimiento de actividades de maquila que han dado lugar a creación de poco empleo y sin protección social. Así como al mayor deterioro de sectores productivos locales, en particular la producción agrícola y la pe-queña y mediana industria.

Ante estos hechos, los nuevos gobiernos en Nicaragua y Honduras, con posturas de centro izquierda, han preferido apoyar iniciativas de integración como la Alternativa Bolivariana para los pueblos de Nues-tra América (ALBA) impulsada por los gobiernos de Cuba y Venezuela en diciembre de 2004. A este proceso se adhirieron posteriormente los gobiernos de Bolivia, Nicaragua, la mancomunidad de Dominica, Hon-duras (2008) y Ecuador (2009). Considerado como una alternativa de integración:

130


[...] se fundamenta en la solidaridad, la cooperación, la complementación y la ayu-da mutua, específicamente en los ámbitos de la salud, la educación, la vivienda, la infraestructura y el desarrollo social, a fin de preservar la independencia, promover el desarrollo con equidad, la preeminencia de respeto irrestricto a la soberanía, la identidad y el interés nacional, principios fundamentales contenidos en las respecti-vas constituciones políticas de los estados miembros.12

En la III Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, celebra-da el 25 de agosto de 2008, el gobierno de Honduras se adhiere a dicho proceso. Si se quiere entender algunas de las causas del golpe de estado que en estos momentos sufre el gobierno hondureño debe destacarse el impacto de su adhesión al ALBA, que ha producido miedo y respuestas agresivas en los sectores dominantes del país y de le región ante señala-mientos como los siguientes:

[...] la salida de la crisis no puede encontrarse en respuestas oligárquicas y erráticas que no tomen en cuenta a los pueblos, ni en la pretensión de refundar un sistema financiero internacional que necesita ser sustituido por otro donde impere la solida-ridad, la estabilidad para el desarrollo en armonía con el planeta y la justicia social.

En ese sentido, reiteraron su firme convicción de que el espacio regional es el privilegiado para dar respuestas inmediatas y efectivas, y formularon propuestas concretas para constituir una zona económica y monetaria del ALBA-TCP (tratado comercial de los pueblos) que proteja a nuestros países de la depredación del capital transnacional, fomente el desarrollo de nuestras economías y constituya un espacio liberado de las inoperantes instituciones financieras globales y del monopolio del dólar como moneda de intercambio y de reserva.

Construir una Zona Monetaria que incluya inicialmente a los países miembros del ALBA (la Mancomunidad de Dominica participaría en calidad de observadora) y la República del Ecuador, mediante el establecimiento de la Unidad de Cuenta Común SUCRE (Sistema Unitario de Compensación Regional) y de una Cámara de Compensación de Pagos. La creación de esta Zona Monetaria se acompañará del es-tablecimiento de un Fondo de Estabilización y de Reservas con aportes de los países miembros, con el fin de financiar políticas expansivas de demanda para enfrentarse a la crisis y sostener una política de inversiones para el desarrollo de actividades económicas complementarias.13

12. Disponible en: http://www.alternativabolivariana.org.13. Declaración de la III Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alternativa

Bolivariana para los pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP). Caracas, 26 de noviembre de 2008.

131


La iniciativa del ALBA y las que la precedieron como es Petrocari-be, han permitido, por ejemplo, que Nicaragua pague 50% de la fac-tura petrolera en un plazo de 25 años para que pueda canalizar re-cursos para atender programas sociales relacionados con la agricul-tura, el transporte y la instalación de generadores de electricidad.De igual forma, el aumento de los precios del petróleo condujo al go-bierno de Costa Rica a firmar un acuerdo de cooperación energética con Petrocaribe, creado por el gobierno de Venezuela el 29 de junio de 2005, del que actualmente forman parte 17 naciones que reciben petróleo y pagan la factura en un plazo mayor siempre y cuando comprometan re-cursos para el desarrollo de sus países.

Entre el DR-CAFTA y ALBA, los gobiernos centroamericanos han bus-cado acuerdos con la Unión Europea (UE). Hasta el momento no se han concretado porque a pesar de su discurso pro desarrollo, la UE quiere que los convenios con Centroamérica contengan las mismas cláusulas que lasdel DR-CAFTA, condiciones superiores a las impuestas por la OMC y en fran-ca desventaja para los centroamericanos.

Por su parte, los países que conforman el Mercosur han propuesto una asociación con las naciones de Centroamérica y han considerado que las negociaciones pueden hacerse de forma individual o como región, le han dado el nombre de asociación para destacar aspectos de cooperación y para considerar las asimetrías.14

Países en lo individual como Colombia firmaron un tratado de libre comercio con los países integrantes del Triángulo del Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras). Colombia ha señalado que le interesa introdu-cir a estos países pescados, sal refinada, productos minerales y químicos, combustibles, energía eléctrica, llantas y maquinarias, entre otros.

En el escenario de la integración regional, los países que han confor-mado el MCCA tienden a que esta se base en la institucionalidad que el SICA promueva, con lo que Panamá y Belice cada vez cuentan más en el pro-ceso regional. En las directrices que los gobiernos de la región tomen para enfrentar la crisis mundial y las crisis políticas, como el golpe de es-tado en Honduras, seguirá presente la disyuntiva entre una iniciativa de integración de corte exclusivamente comercial que privilegia el libre co-mercio —como lo es el DR-CAFTA y los TLC bilaterales y subregionales— y otra que pugna por una integración que mire hacia el desarrollo —como

14. Tomado de (EFE), Yahoo Noticias, Brasilia, el 11de septiembre de 2008.

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es el ALBA—. Más allá de estas disyuntivas lo recomendable es que los go-biernos sigan privilegiando el espacio regional construido desde los añossesenta, pero en una dimensión más amplia que les permita empatar in-tegración con desarrollo.

Bibliografía

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DIMENSIÓN POLÍTICA

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Introducción: 2008, año importanteen la definición de la autonomía de

América Latina y el Caribe

Alberto Rocha Valencia1

El inicio del nuevo milenio habría sido muy prometedor para América Latina y el Caribe. El proceso político-social progresista y de izquierda no solamente instaló gobiernos de izquierda moderada (transformadores, reformadores y modernizadores) en la mayoría de países de la región sino que provocó el retroceso de los gobiernos neoliberales asentados desde 1973. Si contamos desde 1998 cuando Hugo Chávez gana las elecciones en Venezuela, en 2008 el proceso político de los gobiernos de izquierda moderada habría cumplido una década. Ahora bien, estos gobiernos de izquierda moderada, además de sus realizaciones nacionales, habrían logrado impulsar el proceso de integración regional con la creación de la Unasur y del ALBA y, lo que es extraordinario, generar y avanzar en el proceso de autonomización de la región con la realización de la I Cumbrede América Latina y del Caribe. Por primera vez en la región el proceso deintegración regional va más allá de la búsqueda del desarrollo para empezar a promover la autonomía de la región. Así, un proceso pleno de promesas se plasma en la región: gobiernos de izquierda moderada integración regional desarrollo autonomía. De allí la importancia que reviste el año de 2008 para la región latinoamericana y caribeña.

En mayo de 2008 se firmó el Tratado Constitutivo de la Unasur (véa-se el trabajo de Daniel Morales y Verónica Reyes) e inmediatamente

1. Profesor-Investigador del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad de Guadalajara.

136


después se vio obligada a realizar una demostración de capacidad polí-tica autónoma ante la inestabilidad política de Bolivia, una suerte de gol-pe civil propiciado por los gobernadores de derecha y secesionistas de los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija, aunque también apoyado por Chuquisaca. Los sucesos se desencadenaron después del “referendo revocatorio” (10 de agosto de 2008) que impulsó el presiden-te Morales con la finalidad de probar la legitimidad del presidente, el vicepresidente y de ocho gobernadores, dentro de los cuales se encontra-ban los opositores al gobierno de Evo Morales. La revuelta de la derecha tuvo como centro al departamento de Pando y se desencadenó alrededor del 11 de septiembre de 2008. Ante esto el gobierno de Evo Morales recibió el apoyo de la Unasur, tal como consta en la Declaración de la Moneda:2 “decidido respaldo al Gobierno Constitucional del Presidente de la República de Bolivia Evo Morales”; “rechazan enérgicamente y no reconocerán cualquier situación que implique un intento de golpe civil, la ruptura del orden institucional o que comprometan la integridad terri-torial de la República de Bolivia”; “condenan el ataque a instalaciones gubernamentales y a la fuerza pública por parte de grupos que buscan la desestabilización de la democracia boliviana”; “hacen un llamado a todos los actores políticos y sociales involucrados a que tomen las medi-das necesarias para que cesen inmediatamente las acciones de violencia, intimidación y desacato a la institucionalidad democrática y al orden ju-rídico establecido”; “expresan su más firme condena a la masacre que se vivió en el Departamento de Pando”; “Instan a todos los miembros de la sociedad boliviana a preservar la unidad nacional y la integridad territo-rial de ese país”, etcétera.

La Unasur estrenó sus capacidades político-diplomáticas estabiliza-doras ante el “golpe civil” de la derechas secesionistas de Bolivia, lo-grando respaldar al gobierno democrático de Evo Morales y solucionarla crisis interna coyuntural que se había producido. Como es conocido, laoposición de los gobernadores de Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Chu-quisaca al gobierno de Evo Morales ha continuado. Pero esto no ha impe-dido que el presidente de Bolivia realice el referendo constitucional para aprobar la nueva Constitución de la República (25 de enero de 2009).

2. Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Unasur (2008a). “Declaración de La Moneda”. Disponible en: http://www.comunidadandina.org/unasur/15-9-08com_bolivia.htm. Fecha de consulta: julio de 2009.

137

Introducción: 2008, año importante en la definición de la autonomía de América Latina

Ahora bien, habrá que recordar que estos alcances político-diplomá-ticos de la Unasur se lograron aunque en su interior coexisten gobiernos que forman parte de los tres grupos de gobiernos izquierda moderada (transformadores, reformadores y modernizadores) e incluso gobiernos neoliberales y alineados con Estados Unidos, como son los gobiernos de Uribe y García en Colombia y Perú, respectivamente.

Entonces, el avance en el proceso de integración suramericano per-mitió una demostración de la fortaleza político-diplomática de la Unasur y esto se habría concretado como un paso importante hacia el logro de mayores niveles de autonomía para la región. Pero hasta estos momentos todo indicaba que este proceso de autonomización se limitaba a Suramé-rica y que Centroamérica y el Caribe se encontraban fuera de su alcance.

Después vino lo más importante, la I Cumbre de América Latina ydel Caribe3 y la creación del Consejo de Defensa Suramericano-CDS4

y del Consejo Suramericano de Salud.5 Esta fue una reunión presidencial de América Latina y el Caribe y tuvo lugar en Sauípe-Bahía, Brasil, el 16 y 17 de diciembre de 2008. Asistieron los presidentes y presidentas de casi todos los países de América Latina y el Caribe, salvo los de Co-lombia, Perú y El Salvador, que fueron representados por sus ministros de Relaciones Exteriores. El presidente Lula da Silva de Brasil fue quien impulsó esta iniciativa. Esta fue la primera cumbre con el objeto de de-batir sobre la “unidad de la región”, sin la presencia de Estados Unidos y de modo alternativo a los “Caminos hacia la Prosperidad de las Amé-ricas”, que había realizado su I Reunión Ministerial días antes, el 10 de diciembre en Panamá. Este fue un acontecimiento político-diplomático de primer orden, que no se había producido desde hace 200 años en toda la región. También fue una cumbre sin la presencia de España y Portugal y de la UE, es decir sin la influencia de las Cumbres Iberoamericana y Euro-Latinoamericana (véase el trabajo de Heriberto Cairo y Almude-na Cabezas). Antes de esta cumbre latinoamericana-caribeña tuvieron lugar las cumbres de la SICA (véanse los trabajos de Ximena de la Barra

3. CALC (2009). “Declaración de la Cumbre de América Latina y el Caribe”. Disponible en: http://www.presidencia.gob.mx/prensa/?contenido=40965. Fecha de consulta: julio de 2009.

4. Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Unasur (2008b). “Decisión para el establecimiento del Consejo de Defensa Suramericano de la Unasur”. Disponible en: http://www.ssg.cl/portal/documentos/unasur/DecisionUNASUR11DIC0804.doc. Fecha de consulta: julio de 2009.

5. Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Unasur (2008c). “Decisión para el establecimiento del Consejo de Salud Suramericano de la Unasur”. Disponible en: http://www.minsal.cl/ici/ocai/unasur2.pdf. Fecha de consulta: julio de 2009.

138


y Daniel Villafuerte), la Caricom y del ALBA (véase el trabajo de Carmen Chinas). Esta cumbre implicó un movimiento político-diplomático sin igual en toda América Latina y el Caribe, pues se tenía previsto realizar cuatro cumbres a la vez: la del Mercosur, la de Unasur, la del Grupo de Río y la de América Latina y el Caribe. Esta cumbre permitió resol-ver problemas político-diplomáticos pendientes, como la incorporación plena de Cuba al Grupo de Río y a la misma cumbre de ALC, o las dife-rencias entre México y Cuba, y entre Venezuela y México, entre otras. Muy importante es la condena de los 50 años de bloqueo por parte de Estados Unidos a Cuba y la demanda de su levantamiento. Los temas centrales de la cumbre fueron la integración y el desarrollo, profundizar la integración regional (mediante el diálogo, la interacción y la sinergia entre los mecanismos regionales y subregionales de integración de ALC) y avanzar hacia el desarrollo (mediante la articulación de proyectos comu-nes y complementarios); también se planteó la cuestión de la integración regional como modo de interacción de ALC con el mundo.

Entre otros temas importantes que fueron tratados tenemos: • Promoción de la democracia, la justicia social, la erradicación de la pobreza, el

combate al analfabetismo, el enriquecimiento de la cultura, el desarrollo tecno-lógico y el crecimiento de las economías de sus países.

• Promover la articulación y convergencia de acciones, por medio del intercam-bio de experiencias y la identificación de áreas de cooperación entre los distin-tos mecanismos de integración […]

• Compromiso para un desarrollo regional sustentable, integrado, no excluyente y equitativo […]

• Un orden internacional más justo, equitativo y armónico […]• Subrayaron que la democracia, los derechos humanos, las libertades fundamen-

tales y el desarrollo son interdependientes […]• Superar la pobreza y la exclusión social; reafirmaron la determinación de poner

en marcha una vigorosa agenda social en la región; subrayaron la importancia de políticas y programas destinados a ampliar las oportunidades para toda la población, particularmente para los sectores más vulnerables, erradicación del hambre y la pobreza, asegurar el acceso a la vivienda, trabajo digno y decente, así como el acceso universal y de calidad a los servicios básicos de salud y edu-cación.

• Fortalecimiento de la cooperación sur-sur.

La creación del Consejo de Defensa Suramericano (CDS) ha signifi-cado también un paso importante en la dirección de la concreción de la autonomía de América Latina y el Caribe. El 5 de julio de 2006 Hugo Chávez declaraba: “debe llegar el día en que el Mercosur tenga una or-

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Introducción: 2008, año importante en la definición de la autonomía de América Latina

ganización de defensa donde vayamos fusionando las fuerzas armadas de nuestros países”.6 Y, al parecer, estas ideas no quedaron en el olvido. Así, en Bogotá, el 14 de julio de 2006, se realizó la I Conferencia de Ministros de Defensa de la Comunidad Suramericana de Naciones.7 En ella se con-sideró necesario promover en la región mecanismos que, basados en los principios de soberanía y no intervención, faciliten la cooperación para luchar de manera más efectiva contra las amenazas a la defensa y seguri-dad de América del Sur conforme al ordenamiento jurídico de cada país. Para fines de 2006, la Comisión Estratégica de Reflexión ya consideraba una doctrina de defensa regional y una Junta Suramericana de Defensa. Finalmente, en la II Cumbre de la Unasur (Sauipe-Bahía, diciembre de 2008), se aprueba la creación del Consejo de Defensa Suramericano y, en Santiago de Chile (10 de marzo de 2009), en su I Reunión será sanciona-do su respectivo Plan de Acción 2009-2010.8

En el documento “Decisión para el establecimiento del Consejo de Defensa Suramericano de la Unasur”,9 se define la naturaleza de este ór-gano: “Créase el Consejo de Defensa Suramericano como una instancia de consulta, cooperación y coordinación en materia de Defensa en ar-monía con las disposiciones del Tratado Constitutivo de la Unasur […]”. Asimismo, se enuncian sus objetivos generales:

a) Consolidar Suramérica como una zona de paz, base para la estabilidad democráti-ca y el desarrollo integral de nuestros pueblos, y como contribución a la paz mundial, b) Construir una identidad suramericana en materia de defensa, que tome en cuenta las características subregionales y nacionales, y que contribuya al fortalecimiento de la unidad de América Latina y el Caribe, c) Generar consensos para fortalecer la cooperación regional en materia de defensa.

El CDS no se propone, en estos momentos, la formación de unas fuer-zas armadas convencionales suramericanas con la finalidad de realizar operaciones militares regionales o extrarregionales

6. El Clarín (2006). “Chávez propone una fuerza militar común en el Mercosur”. Disponible en: http://www.clarin.com/diario/2006/07/05/um/m-01228425.htm. Fecha de consulta: julio de 2009.

7. Ministros de Defensa de la CSN (2006). “Declaración de Bogotá”. Disponible en: http://www.defesanet.com.br/docs/casa.pdf. Fecha de consulta: julio de 2009.

8. I Reunión del Consejo de Defensa Suramericano (2009). “Declaración de Santiago de Chile”. Disponible en: http://www.comunidadandina.org/unasur/10-3-09com_defensa.htm. Fecha de consulta: julio de 2009.

9. III Reunión Ordinaria de la Unasur (2008). “Decisión para el establecimiento del Consejo de Defensa Suramericano de la Unasur”, op. cit.

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En la Cumbre de América Latina y el Caribe se reflexionó sobre la unidad y autonomía de la región. Esta cumbre fue una demostración de capacidad alternativa frente a los “Caminos hacia la Prosperidad de las Américas” y de fortalezas ante la cercanía de la V Cumbre de las Américas. Unidad y autonomía, integración regional y desarrollo, pues bien, estos son algunas de las ideas fuerza con las cuales, en la Declaración de Sal-vador-Bahía, se esboza otra idea, otro proyecto, otro camino y otro futu-ro para América Latina y el Caribe. Estas ideas, proyecto, camino y fu-turo para América Latina y el Caribe están lejos del Consenso de Was-hington (y del post-Consenso de Washington) y del neopanamericanismo multilateral y unilateral. ¿Significa todo esto que estamos ante el declive de la influencia de Estados Unidos en América Latina y el Caribe? (véa-se el trabajo Gary Prevost).

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El nuevo procesode integración de Mesoamérica:

México-Centroamérica-Estados Unidos

Daniel Villafuerte Solís1

El proceso de pacificación en la región genera nuevas instituciones que se convertirían en los elementos estructurantes de la nueva racionalidad de la acumulación transnacional, entre otras el Parlamento Centroameri-cano y el Sistema de Integración Centroamericana. En los años noventa, en el marco de las nuevas integraciones generadas por la reestructura-ción de la economía mundial, la Casa Blanca promueve la Iniciativa de las Américas y los procesos de integración comercial.

En 1991, en el marco de la cumbre de presidentes de México y Cen-troamérica, se crea el Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla.2 Este dispositivo serviría como espacio privilegiado para negociar diversos acuerdos entre México y los países centroamericanos, especialmente para avanzar en la firma y puesta en marcha de tratados de libre comercio.

1. Profesor Investigador del Centro de Estudios Mexicanos Centroamericanos, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, México.

2. La cumbre se llevó a cabo los días 10 y 11 de enero de 2001 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, a la que asistieron los presidentes de México, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Nicaragua, así como representantes de la Organización de Estados Americanos, la or-ganización de las Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo, España, Colombia y Venezuela. En esa ocasión Carlos Salinas, presidente de México, refirió: “se establecen las bases específicas para impulsar la oferta exportable de Centroamérica a México, movilizar in-versiones y cooperar para el abastecimiento de energéticos. El programa de liberación comer-cial establece como objetivos conformar una zona de libre comercio, lo que la convertiría en la primera región con la que México establecería un espacio económico de esta significación” (Salinas, 1991: 20).

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Los tratados de libre comercio entre México y los países de la región entraron en vigor primero con Costa Rica (1995), después con Nicaragua (1998) y más tarde con los países que conforman el llamado Triángulo del Norte —Guatemala, El Salvador y Honduras— (2001). Estos acon-tecimientos colocaron a la región centroamericana en una nueva etapa caracterizada por la transición a la democracia y el libre comercio.

Centroamérica debía entrar al nuevo estilo de desarrollo marcado por las directrices del novedoso patrón de acumulación de capital ca-racterizado por un diferente tipo de articulación entre la fracción domi-nante del capital y los segmentos subordinados. Este vínculo también se expresa en las nuevas relaciones geopolíticas y geoeconómicas entre la región centroamericana y el centro desarrollado, en particular con Es-tados Unidos que había logrado colocarse a la cabeza después del fin de la Guerra Fría y de la caída del Muro de Berlín. La inserción de Cen-troamérica en la globalización neoliberal debía transitar por las nuevas integraciones promovida por la llamada Iniciativa para las Américas3 que consiste en impulsar “un sistema de libre comercio que vincule a todas las Américas, Norte, Central y Sur” bajo los criterios de la doctrina neo-liberal en la versión promovida por el llamado Consenso de Washington.

Son varios los fenómenos que emergen en los años noventa como consecuencia, por una parte, del proceso de paz en la región y, por otra,del contexto de la economía mundial caracterizada por la profundización delmodelo neoliberal en Estados Unidos y en Inglaterra y que comienza a imponerse tanto en oriente como en occidente. En el ámbito económico, Centroamérica se encamina hacia el desarrollo de lo que Torres Rivas (2007) denomina “bases del nuevo estilo de desarrollo”.4 Las viejas in-

3. El 27 de junio de 1990, en un discurso pronunciado en la Casa Blanca, el presidente George Bush presenta la Iniciativa para las Américas sustentada en tres ejes: comercio, inversiones y deuda. La idea central de esta iniciativa es que el mercado libre constituye la clave del creci-miento sostenido y de la estabilidad política. En este contexto, “Bush propone crear incentivos para la reforma de las inversiones, trabajando para ello con el Banco Interamericano (BID) creando un nuevo programa de préstamos para las naciones ‘que adopten medidas importan-tes para eliminar las trabas a las inversiones internacionales’; invitar al Banco Mundial a que contribuya en la misma dirección; y proponer crear un nuevo fondo de inversiones para las Américas administrado por el BID, el que podría brindar hasta 300 millones de dólares al año en subsidios en respuesta a reformas de inversiones con orientación de mercado y progresos en la privatización” (Selser, 1993: 233).

4. Estas consisten en: i) los cambios en el comercio exterior caracterizado fundamentalmente por la apertura del comercio y la incorporación de nuevos rubros exportables; ii) la aparición de nuevos productos de exportación agrícola y manufacturados; iii) la expansión de la industria maquiladora y las zonas francas que permitieron generar empleos y mejoras en las condiciones

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El nuevo proceso de integración de Mesoamérica: México-Centroamérica-Estados Unidos

tegraciones promovidas por la CEPAL se derrumban y las nuevas integra-ciones impulsadas por el gobierno de Estados Unidos, en el marco del modelo neoliberal, comienzan a cobrar fuerza.

En este contexto, en 2003 inicia un proceso de negociación entre los gobiernos de la región y el de Estados Unidos para establecer el CAFTA (Central American Free Trade Agreement), cuyo objetivo implícito es hacer avanzar el ALCA por la vía larga5 con un marcado énfasis geopolíti-co y de seguridad. Más allá del comercio, la importancia que tiene ahora Centroamérica para Estados Unidos está directamente relacionada con su posición geográfica, sus recursos naturales estratégicos (agua, bosques tropicales, biodiversidad), potencial para la producción de energéticos (biocombustibles) y reserva de mano de obra barata.

Contribución del Plan Puebla-Panamá a las nuevas integraciones

La importancia del Plan Puebla-Panamá (PPP) consiste en que pasa a formar parte de un conjunto de estrategias que tienen que ver con el proyecto de integración del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), inspirado en la Iniciativa de las Américas, que se articula con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), con los TLC entre México y la región centroamericana y otros de carácter bilate-ral. Una evidencia de esto es el acta que institucionaliza el mecanismodel PPP, aprobada el 25 de marzo de 2004, en el marco de la VI Cumbre del Mecanismo de Diálogo y de Concertación de Tuxtla, en la que entre otras cosas se aprueba la estructura del PPP, dentro de la cual se encuentra la Dirección Ejecutiva6 que se establece en el marco del Sistema de la Integra-ción Centroamericana (SICA). Además, queda definido el Grupo Técnico Interinstitucional que está integrado por once instituciones, entre las que

sociopolíticas; iv) desarrollo del turismo como consecuencia de la estabilidad política de la región; v) crecimiento de la economía informal que ya se había perfilado en los años ochenta como resultado del estancamiento.

5. Debemos recordar que el ALCA debió entrar en vigor en 2005 pero las negociaciones fracasaron, fundamentalmente por la oposición de Venezuela, Brasil y Argentina. Esto ha dado lugar a quealgunos analistas piensen que la iniciativa del ALCA está muerta; por el contrario, creemosque Estados Unidos mantiene viva la idea y que ha cambiado su estrategia de un fast track a una vía larga, es decir llevando a cabo negociaciones bilaterales o por grupos, como ha ocurrido con el CAFTA-DR.

6. Además de esta se aprueban cuatro instancias: Comisión Ejecutiva del PPP, Comisión de Promoción y Financiamiento, Grupo Técnico Interinstitucional y Consejo Consultivo.

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destacan: el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económicapara América Latina (CEPAL), la Secretaría de Integración Econó-mica Centroamericana (SIECA), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y la Agencia Interamericana para la Cooperación yel Desarrollo de la Organización de los Estados Americanos (AICD).

¿Cuáles han sido los resultados del PPP? Si nos atenemos a sus gran-des objetivos, como el de convertir a la región en polo de desarrollo “cla-se mundial” en América Latina, se puede advertir que sus avances han sido muy pobres. En todo caso, los avances del PPP habría que evaluarlos en el ámbito de lo político, de la presencia de México en la región y en la continuidad del diálogo con los presidentes centroamericanos en temas de mutuo interés. La legitimación del trabajo de muchos organismos in-ternacionales en la región es otro de los resultados del PPP en la primera etapa. Las promesas de México para “resolver” uno de los problemas más importantes en la región, como el de los energéticos, vinieron a re-novar, a finales de 2006, el interés por el PPP.

El PPP, junto con los acuerdos comerciales, permitió generar “desa-rrollo” en la región. Sin embargo, es necesario poner en la balanza los costos de este “desarrollo”: pobreza, exclusión social y el extraordinario incremento de los flujos migratorios: durante el periodo 2001-2007 las remesas familiares en El Salvador aumentaron en 93.4%, en Nicaragua 123.3% y en Guatemala 597%. Por su parte, el monto de las remesas en Honduras entre 2000 y 2006 aumentó 475.9%.

A unos meses de concluir la administración del presidente Fox, este anuncia en San José, Costa Rica, una nueva etapa del PPP cuyo énfasis es el tema energético, mismo que va más allá del proyecto de interconexión eléctrica y de la construcción de un gasoducto, el primero incluido explí-citamente como una prioridad dentro del PPP y el segundo manejado con bastante discrecionalidad. La administración del presidente Felipe Cal-derón ha planteado el relanzamiento del PPP. El acuerdo 18 de la Cumbre IX del Mecanismo de Concertación Tuxtla refiere: “se exhorta a la Comi-sión Ejecutiva a continuar con las labores de redefinición profunda del PPP que permita avanzar hacia un programa de integración centroamericana para el desarrollo” (las cursivas son nuestras).

En la nueva etapa destacan cuatro rubros: energéticos, comercio, migración y seguridad. En materia de energéticos, además de lo que ya había anunciado el presidente Fox, ahora se añade el Programa Meso-americano de Biocombustibles como un tema de alta prioridad; en cuan-

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to al tema de seguridad, aun cuando en los documentos oficiales no se destaca, ocupa un lugar central en la nueva etapa del PPP. Habría que decir, sin embargo, que este tema está muy presente en otros proyectos e iniciativas centroamericanas, en particular el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y el Sistema de Integración Económica Centro-americana (SIECA).

En el gobierno del presidente Calderón, el componente de seguridad en el PPP, que siempre estuvo presente, se hace más visible en los acuer-dos de la llamada Declaración de Villahermosa, que corresponde a la X Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, celebrada el 28 de junio de 2008. Esto es parte del prometido relanzamiento del PPP y que ahora se denomina Proyecto Mesoamérica. Nueve de los sesenta puntos de la referida declaración aluden a la delincuencia organizada y su adhesión a la Iniciativa Mérida.

El tema de la seguridad no es nuevo en la región, ha estado presente por lo menos desde hace casi dos décadas. Primero como una preocu-pación de los propios gobiernos de cada uno de los países, después de una prolongada guerra civil, y luego como parte de una agenda que fue impuesta desde el gobierno de la Casa Blanca, sobre todo a partir de los atentados del 11 de septiembre. Lo novedoso ahora es el mecanismo para su abordaje, por ejemplo el hecho de que el tema de seguridad sea discutido en el SICA es una transformación en la política norteamericana y lleva precisamente a evidenciar que las relaciones con la región y México están cruzadas por una visión de seguridad.7

La Iniciativa Mérida: vínculo entre PPP-SICA y CAFTA

El 22 de octubre de 2007, Bush hace pública la cooperación para segu-ridad de Estados Unidos, México y América Central, también conocida como Iniciativa Mérida. Las evidencias apuntan a que la iniciativa es una estrategia que tiene como propósito proteger a Estados Unidos contra

7. El Primer Diálogo de Seguridad Estados Unidos-SICA, realizado en julio (2007), identificó a los carteles del crimen organizado, las drogas, las armas, los traficantes y las pandillas como principales amenazas regionales de seguridad. El diálogo comprometió a Estados Unidos y sus socios de América Central a encontrar soluciones regionales a los problemas regionales de seguridad, instó a las siete naciones de América Central que integran el SICA a redactar una estrategia de seguridad conjunta, y proporcionó una base importante para una cooperación aún mayor mediante la Iniciativa de Mérida (Departamento de Estado, 2008).

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las amenazas a su seguridad nacional, que incluye narcotráfico, terro-rismo, migraciones, trata de personas, y abarca un espacio geopolítico más allá de la frontera México-Estados Unidos; es decir, América Cen-tral y México, incluso Colombia. Se trata de un espacio vital para la segu-ridad estadunidense.

Para el logro de estos propósitos se recurre a todas las instancias, incluyendo las instituciones centroamericanas de vieja data como el SICA. También se vincula con el PPP por tener una articulación muy estrecha con todas las instituciones regionales pues forma parte de un conjunto de iniciativas que tienen como propósito avanzar hacia un proyecto de región ligada a los intereses estratégicos de Estados Unidos, incluyendo la seguridad hemisférica que tanto le preocupa al gobierno de la Casa Blanca.

Más allá del PPP

En lo económico, América Central está siendo sometida a las directri-ces de un proyecto de integración neoliberal que tiene por lo menos los siguientes rasgos:

• Apertura total al capital extranjero.• Facilitar el proceso de acumulación al gran capital, particularmente

estadunidense, a través de la industria maquiladora y de la penetra-ción de las grandes firmas comerciales como Wal-Mart Stores Inc.8

• Reproducir un modelo de economía y sociedad que permita disponer de mano de obra barata y poco calificada para determinados segmen-tos del mercado laboral de Estados Unidos.

8. La walmartización en Centroamérica comenzó en firme en 2005, primero con alianzas estra-tégicas, que incorporaron a los antiguos dueños de almacenes en puestos directivos: Rodrigo Uribe, cuya familia fundó la Corporación de Supermercados Unidos de Costa Rica, fue desig-nado presidente de la Junta Directiva de Wal-Mart; meses después fue sustituido por Fernando Paiz, empresario guatemalteco y antiguo dueño de los supermercados del mismo nombre. En la segunda mitad de 2005 la Central American Retail Holding Company (Carhco), grupo confor-mado por los supermercados Palí, Más por Menos, Hipermás, Maxibodegas y Paiz, lleva a cabo una alianza con Wal-Mart y con ello la multinacional estadunidense asume el control de los establecimientos comerciales en toda la región centroamericana. Solo en 2005 las ventas repor-tadas fueron del orden de los dos mil millones de dólares. En marzo de 2007 la multinacional incrementó a 51% su participación en los supermercados y el nombre de Carhco su sustituido por Wal-Mart Centroamérica. Hoy tiene el control de los supermercados más importantes en todos los países de la región.

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En lo político, la región se redescubre como un espacio geopolítico, un eslabón que debe cumplir un papel clave en la seguridad de Estados Unidos, a través del resguardo de sus fronteras interiores y con México. En este punto caben9 las medidas de control de la población migran-te a través de diversos mecanismos, que incluye el reforzamiento de las fronteras, en el norte y en el sur, así como la criminalización del mismo proceso migratorio.

Los gobiernos centroamericanos y los sectores empresariales han dado énfasis a la apertura comercial que se traduce en diversos acuer-dos, entre los que destacan los convenidos con México y Estados Unidos. Se tiene la convicción de que la apertura de mercados y la integración bajo los nuevos parámetros de eficiencia y competitividad lograrán hacer avanzar el desarrollo. Sin embargo, lo que se ha podido observar en los últimos años es mayor presencia del capital extranjero en sectores como la industria maquiladora y en los servicios, un buen ejemplo de ello es la presencia de Wal-Mart. En los sectores tradicionales como la agricultura de plantaciones se mantiene la inversión extranjera sin mayores cambios, particularmente en lo que refiere al banano y el café.

¿Qué ha cambiado con la apertura comercial? En realidad todo se ha movido pero nada ha cambiado en lo que respecta a la calidad de vida de la mayoría de la población. En un contexto de transición a la democracia, lo que se observa es una reinserción de la región en el contexto globa-lizado, donde lo que puede ofrecer es su localización geográfica, mano de obra barata para los mercados laborales de México y Estados Unidos, agua y biodiversidad. Por lo demás, la situación social no ha cambiado, los niveles de pobreza prácticamente permanecen sin cambios y lo que han hecho las remesas familiares es atenuar los altos niveles de indigen-cia y pobreza extrema. La migración tiene un efecto de amortiguamiento

9. Un buen ejemplo de esta contradicción que contiene el actual modelo son las leyes anti-in-migrantes aprobadas en varios estados de la Unión Americana. En Arizona fue refrendada, en julio de 2007, la ley HB2779 por la gobernadora Janet Napolitano para entrar en vigor el 1 de enero de 2008. Esta ley obliga a las empresas a verificar el estatus migratorio de sus trabajadores y puede conducir al cierre de muchas empresas. La aplicación de esta ley, en un estado donde se estima que hay medio millón de trabajadores indocumentados, ha generado reacciones de manera que la Asociación de Cámaras de Comercio de Estados Unidos, con sede en Washington, ha denunciado esta situación. Salvador Reza, representante de un centro de jornaleros de Arizona, refirió: “Vienen tiempos muy difíciles para los inmigrantes en Arizona”. Por otra parte, el economista Dawn McLaren advirtió: “La puesta en marcha de esta ley supon-drá un retroceso para la economía de Arizona y obligará a muchas empresas a buscar mano de obra en otros estados” (véase Hernández, 2008).

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de los conflictos sociales pero, al mismo tiempo, de fuga de una mano de obra joven y, en muchos de los casos, calificada.

Lo que ahora observamos con mayor nitidez es que las políticas na-cionales están siendo impulsadas por fuerzas del mercado externo, res-paldadas por Estados Unidos. En América Central, el Banco Interameri-cano ha sido el principal protagonista en el impulso a los macroproyectos integracionistas como el PPP y los tratados de libre comercio. La Agencia del Desarrollo de Estados Unidos (USDA) también cumple un papel clave en la orientación del nuevo modelo que no se restringe al ámbito de lo económico pues abarca todas las esferas.

Queda claro el creciente interés de Estados Unidos por el tema de la seguridad, mismo que articula la región con México y Estados Unidos. Este interés adquiere institucionalidad en varias instancias centroame-ricanas, como el Banco Centroamericano de Integración Económica, por supuesto el SICA —por ser un proyecto de naturaleza política—, pero también el Plan Puebla Panamá, que como iniciativa de desarrollo inte-gracionista abona de manera importante a las condiciones de reproduc-ción del capital.

Comentario final

La experiencia del TLC México-Centroamérica, luego de casi 15 años de funcionamiento, no ha dejado saldos positivos para la mayoría de la población. En el ámbito macroeconómico, los países centroamericanos han venido presentando un déficit comercial. Los empresarios mexica-nos han encontrado un mercado flexible en Centroamérica: TV Azteca, Elektra, Banco Azteca, Teléfonos de México y Comex, entre otras se han beneficiado de la apertura comercial. Pero en lo social hay una mayor exclusión que se expresa en crecientes flujos migratorios.

Por otra parte, la puesta en vigor del CAFTA-DR (por sus siglas en in-glés) añade un elemento adicional a la crisis estructural del empleo en Centroamérica. Cada producto importado de Estados Unidos se tradu-cirá en menor empleo para los centroamericanos, situación que se verá reflejada en un incremento en los flujos de transmigrantes en la frontera sur de México y también en el aumento de las remesas, aunque por aho-ra debido a la crisis económica en Estados Unidos presenten un menor crecimiento.

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Centroamérica profundiza su papel de reserva laboral para Estados Unidos y a la vez se convierte en un mercado para la realización de los productos importados del país del norte. En ambos casos las reglas las impone el país del norte ya que los trabajadores no tienen ningún poder de negociación ni siquiera para entrar libremente a vender su fuerza de trabajo en la Unión Americana, mucho menos para dictar las condicio-nes laborales.

Estamos frente a una rápida destrucción de las fuentes de empleo, incluso en los sectores tradicionales como la producción de alimentos, mismos que serán reemplazados por importaciones de Estados Unidos a cambio de una prometida inversión extranjera que no termina de ser su-ficientemente grande como para generar efectos en la demanda laboral.

Bibliografía

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Departamento de Estado (2008). “Amplio y positivo compromiso de EE.UU. en el Hemisferio Occidental en 2007”, hoja informativa del Departamento de Estado, 15 de enero. Disponible en: usinfo.state.gov/utils/spprintpage.html.

Hernández, Jaime (2008). “Entra en vigor en Arizona ley antiinmigrante”, en El Universal, 1 de enero, México.

Salinas de Gortari, Carlos (1991). “Palabras del presidente Carlos Salinas de Gortari, a los presidentes centroamericanos”, en Memoria del acuerdo firmado en la Reunión Cumbre México-Centroamérica, Coordinación de Informática. Unidad de investigación y evaluación, gobierno del estado de Chia-pas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Selser, Gregorio (1993). “¿Hacia un nuevo concepto económico de Estados Unidos hacia América Latina? Entre realidad y fantasía”, en Configuraciones del mundo actual. Revista Política y Cultura, invierno-primavera, número 2, año 1, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México.

Torres-Rivas, Edelberto (2007). La piel de Centroamérica. Una visión epidérmica de setenta y cinco años de su historia, FLACSO, Costa Rica.

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Centroamérica navega entre dos aguas

Ximena de la Barra1

Acostumbrada a navegar aguas imperiales, Centroamérica (CA) se debate en 2008 entre el CAFTA-DR,2 el Plan Mérida, y el ADA CA-UE3 o el ALBA4 con los países vecinos. Entre la intensificación de la subordinación y del pro-yecto neoliberal o la liberación y la recuperación de la soberanía por la vía de la integración solidaria. Atados por tratados de libre comercio con Estados Unidos y en negociaciones similares con la Unión Europea (UE), en su contradicción, los países gradualmente se adhieren al ALBA ya seapor convicción política, por necesidad energética y social, o presionados porlos movimientos sociales. Se eligen presidentes más progresistas que per-miten aperturas contra-hegemónicas, se firman convenios sociales, bila-terales con Petrocaribe5 o con Operación Milagro,6 o bien comerciales con países del ALBA, y finalmente se opta por la adhesión formal al ALBA, o por el estatus de observador, cuando la oposición no permite otra cosa. En CA, todos los países han normalizado relaciones con Cuba, uno de los iniciadores del ALBA, y se comparte la preocupación por haber logrado avanzar más en materia de integración económica y política que en lo social. En su eclecticismo, CA no solo se extiende hacia el Gran Caribe y hacia Mesoamérica sino que además inicia contactos con la CAN7 y el

1. Consultora independiente e integrante del grupo Diálogo Suramericano, Santiago de Chile.2. Tratado de Libre Comercio de Centro América más República Dominicana.3. Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.4. Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América.5. Componente del ALBA y que extiende sus beneficios a Nicaragua, Honduras, Guatemala, Costa

Rica (en proceso de admisión) y a algunas alcaldías Salvadoreñas.6. Componente del ALBA liderado por médicos cubanos que permite recuperar la vista mediante

cirugía.7. Comunidad Andina de Naciones.

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Ximena de la Barra

Mercosur8 con el objetivo de negociar tratados de libre comercio y de integrar la infraestructura contemplada en el Plan Puebla Panamá con la de IIRSA.9

Durante el año 2008 se intensifican los flagelos de siempre. Por una parte la pobreza, el hambre y la marginación campesina e indígena, por otra los temporales, inundaciones y huracanes. Como si eso fuera poco, se intensifica en los países integrantes del ALBA la ingerencia y agresión imperial en alianza con las oligarquías, los medios de comunicación, y con algunas ONG. El castigo se ha ensañado con Nicaragua en etapa electoral municipal. Como los resultados no fueron de su agrado, la UE declaró las elecciones ilegítimas y canceló toda ayuda económica. Estados Unidos hizo lo suyo suspendiendo la cooperación al cumplimiento de las Metas del Milenio. Sin embargo, los intentos de anular la elección terminaron por ser desmontados. El Salvador también tuvo que soportar, durante su campaña presidencial, la intervención a favor de ARENA.10

La crisis global exacerba la crisis estructural centroamericana, habida cuenta de la excesiva dependencia tanto de los mercados norteamerica-nos como de las remesas familiares. Por una parte, la capacidad credi-ticia y de inversión abandona la periferia y a los más vulnerables para refugiarse en el centro y concentrarse en los más ricos. Por otra parte, los países industrializados no dudarán en seguir explotando a la periferia para aminorar su propia crisis. De acuerdo al pronóstico del BCIE:11

[...] empeorará la balanza comercial; el turismo receptivo podría caer; las remesas podrían dejar de crecer; bajará la captación de inversión extranjera directa y de otros flujos de capital; aumentará el déficit en cuenta corriente; bajará el crecimiento económico; habrá menor inversión y menor generación de empleo; la inflación co-menzará a contenerse; aumentará la vulnerabilidad del sistema financiero regional y aumentará el costo del dinero; aumentará la presión sobre las finanzas públicas; crecerán los déficit y la deuda pública; aumentará el desempleo y el subempleo, ade-más de los precios, y por consiguiente la pobreza y el malestar social (Rodas, 2008).

SICA12 mantiene su debilidad institucional, técnica y de poder político frente a sus contrincantes imperiales. A casi dos décadas de su instala-

8. Mercado Común del Sur.9. Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana.10. Alianza Republicana Nacionalista, partido en el poder, el mejor aliado de Estados Unidos en

América Latina.11. Banco Centroamericano de Integración Económica.12. Sistema de Integración Centroamericana.

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ción, solo los parlamentos de El Salvador y de Honduras han aprobado la unión aduanera y aún falta incorporar a los representantes de la socie-dad civil, del Parlacen13 y de la Corte de Justicia Centroamericana a sus deliberaciones. La preocupación por el impacto de la crisis financiera y la necesidad de tomar medidas para evitar que se traslade al plano social ha marcado las discusiones durante 2008. En franca contradicción con su vocación por los tratados de libre comercio, se prioriza la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria en la región. Surge una serie de propuestas novedosas y emancipadoras, aunque contradictorias con su adhesión al CAFTA y el ADA-UE, que en realidad reflejan la reciente pre-sencia de países ALBA.

La sociedad civil constituida en el CC-SICA14 ha incrementado y ca-pacitado su membresía y ha creado lazos con su homólogo Europeo, el CESE15 con el objeto de establecer el Comité Consultivo Conjunto de Se-guimiento para el ADA con la UE.16 El Foro Social de las Américas realiza-do en Guatemala constituyó un marco favorable para fortalecer las redes de defensa de la soberanía de la región.

A pesar de la actividad febril de la oposición, las reformas legislativas en Costa Rica en materia de propiedad intelectual y biodiversidad, entre otras, han permitido completar el proceso de aprobación del CAFTA-DR.17 El Movimiento del “no” en Costa Rica, con todas sus dificultades, aun-que no haya conseguido detener la puesta en vigencia de este tratado, es de por sí un gran logro y apunta a posibles futuros réditos políticos. Los opositores acusan a la Alianza por el Sí de haber recurrido al terrorismo de estado, al chantaje y la corrupción para lograrlo (Telesur, 2008).18 Las

13. Parlamento Centroamericano.14. Comité Consultivo del Sistema de Integración Centroamericana. 15. Comité Económico y Social Europeo.16. Boletín Informativo CC-SICA, año 2, núm. 30.17. CAFTA-DR entró en vigencia el 1 de enero de 2009, siendo Costa Rica el último país en integrarse

debido a la dificultad del cambio legislativo requerido para ese propósito y a la fuerte presión social que no acepta los resultados manipulados del referéndum aprobatorio. El descubrimien-to de un memorando del gobierno con medidas a adoptar para subvertir la decisión popular, así lo atestigua. Con graves irregularidades, el referéndum ratificatorio del tratado fue gana-do por el oficialismo con un margen de tres puntos. Los movimientos sociales presionaron a Nicaragua para que ejerciera su poder para detenerlo, sin conseguirlo.

18. http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/24191-NN/continua-la-lucha-contra-el-tlc-en-costa-rica/

http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/33705-NN/en-costa-rica-protesta-la-izquier-da-contra-los-tlc/

http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/33728-NN/en-costa-rica-grupos-sociales-pro-testan-contra-el-tlc/

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Ximena de la Barra

consecuencias se sentirán en múltiples ámbitos de la vida centroameri-cana. A modo de ejemplo, en el plano de la propiedad intelectual, Costa Rica ha debido reformar su buena ley de patentes lo que pone en riesgo su capacidad de producir medicinas genéricas baratas y de exportarlas (Vargas, 2008).19

El BCIE ha informado que “el comercio con los países del CAFTA es marginal para EEUU” (Rodas, 2008). Se abona así la denuncia de los mo-vimientos sociales en el sentido de que el tratado tiene intenciones po-líticas más allá del comercio. El movimiento campesino ha denunciado además que:

[...] los efectos del DR-CAFTA a dos años de su vigencia ha tenido como efecto mayor importación de productos en nuestros países, incremento de precios a los produc-tos, menores ingresos fiscales por la reducción arancelaria, que repercute en me-nor inversión social. Además, del bloqueo por parte de Estados Unidos a productos agrícolas centroamericanos, alegando falsas razones fitosanitarias. Asimismo se ha incrementado la inhumana deportación de nuestros compatriotas. La aplicación de los TLC y del modelo neoliberal se apoya en la criminalización y represión del mo-vimiento indígena y campesino amparados en leyes antiterroristas que castigan las luchas sociales, primordialmente la lucha por la Madre Tierra.20

En contraposición, el Mercado Común Centroamericano (MCCA) re-gistró un importante crecimiento de más de 18 % al aumentar las expor-taciones recíprocas. Las exportaciones de Panamá a los países del MCCA han venido creciendo sostenidamente en los últimos años a un ritmo de más de 10% anual, por lo que es previsible que este comercio aumen-te significativamente una vez que Panamá ingrese a la Unión Aduanera Centroamericana (SELA, 2008).21

A fines de 2008 ya se habían completado cinco rondas de negocia-ciones ADA CA-UE, y a pesar de ello, el proyecto seguía empantanado por diferencias entre los gobiernos de la Unión Europea y los de la región, de estos entre sí y de estos con sus movimientos sociales. Las mayores discrepancias se sitúan entre los movimientos sociales y la liberalización a ultranza de los flujos financieros, el comercio y las inversiones que bus-ca la Unión Europea. Será imposible llegar a un acuerdo en el primer

19. Vargas Solís, Luis Paulino, “Costa Rica: asunto de vida o muerte”, Argenpress, 9 de septiembre de 2008.

20. Declaración de Guatemala ante la Negociación del Acuerdo de Asociación (AdA) entre Centro América y la Unión Europea, 4 de abril de 2008.

21. Evolución de la Integración Regional 2007-2008, SELA, noviembre de 2008.

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semestre de 2009, como se esperaba, lo que resultará un hecho positivo dado que se va cambiando la correlación de fuerzas dentro de la región y las divergencias entre los países bien podrían esfumarse al llegar al po-der más fuerzas progresistas. Por otra parte, los estudios de impacto de sostenibilidad, siendo mandatorios, aún no han sido iniciados por parte de la Unión Europea, y la sociedad civil los reclama.

Oxfam recomienda a Centroamérica “no correr” en las negociacio-nes para evitar terminar aceptando condiciones que se conviertan en una amenaza para la canasta básica de la población más desfavorecida. La presión por hacerlo surge de que en diciembre de 2008 se vencían los be-neficios arancelarios y fitosanitarios otorgados por la Unión Europea a través del SGP plus22 y crecía el temor de que se perdieran. Centroamérica deberá negarse a negociar por menos que ese techo, especialmente en un contexto de crisis. Además deberá luchar por sus productos clave como el banano, el azúcar y el café (de momento fuera del SGP plus).

Las mayores discrepancias entre Centroamérica y la Unión Europea se centran en el acceso a los mercados, en la lista de productos sensi-bles, el trato a los migrantes y la creación de un fondo común de crédito que coadyuve a la reducción de la pobreza y promueva el desarrollo y el bienestar integral. Además, los negociadores nicaragüenses objetan las cláusulas que en su criterio “implican injerencias y que son inquisitorias e incluso punitivas”, puestas como condiciones de la Unión Europea al istmo para negociar un ADA. Por otra parte, pese a su exclusión en las negociaciones formales, los movimientos sociales denuncian incansable-mente las falencias tanto del proceso, como del contenido del ADA. Por el carácter excluyente de la negociación, por ser hasta ahora un acuerdo que beneficia únicamente a las transnacionales y al gran capital, el movi-miento social centroamericano ha demandado la inmediata suspensión del proceso negociador y el inicio de procesos de discusión, consulta y análisis en cada país, con la participación real y vinculante por parte de las organizaciones y movimientos sociales. Han establecido un observa-torio para darle seguimiento al proceso y promover la participación. La Confederación Centroamericana de Trabajadores (CCT) ha insistido en la necesidad de hacer frente a la falta de puestos de trabajo decente, a la in-clusión del trabajo informal a la seguridad social y a mejores condiciones

22. Sistema Generalizado de Preferencias que ofrece unilateralmente la UE en este momento a los centroamericanos y a otros países del mundo. Entre ellos están: banano, azúcar, yuca, carne y los que tienen alto contenido de azúcar como chocolates, conservas, confites y cacao.

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de vida.23 Además ha propuesto la creación de un fondo social para dar respuesta a las asimetrías,24 como ya lo habían hecho los mandatarios a la troika negociadora europea en Lima.25

Vía Campesina ha denunciado que:

[...] el Acuerdo de Asociación no es más que la continuación de los tratados de libre comercio. Estos se han constituido en un instrumento de nueva colonización, de-predación y saqueo económico, social, cultural y político. No es más que un tratado de libre comercio de características semejantes e impactos idénticos que los que acostumbra imponer a los pueblos Estados Unidos, pero que incluso va más allá al imponer nuevas obligaciones en ámbitos como propiedad intelectual, servicios públicos y protección de las inversiones extranjeras. 26

Por otra parte las ONG europeas27 han declarado: “Todos estos Acuer-dos incluyen un TLC y, si bien se pueden incrementar los flujos comer-ciales entre las dos regiones, no equivale automáticamente a un mayor desarrollo para todos, especialmente para la población más pobre de Centroamérica”. Las redes y ONG han criticado a la Unión Europea por mantener una posición agresiva en las negociaciones políticas y comer-ciales con Centroamérica, queriendo incluir temas excluidos de la Ronda de Doha por la OMC,28 como los llamados “temas de Singapur” que inclu-yen los capítulos de inversiones, contratación pública y competencia. Ha sido necesaria una campaña específica para mantener el agua como de-recho humano y por tanto, fuera de las negociaciones comerciales pero no es claro de si será exitosa.

Las diferencias entre ambos bloques son abismales y las negociaciones no pueden plantearse de igual a igual. Si no se tiene en cuenta la menor capacidad competitiva de los países centroamericanos, entonces estará en peligro su desarrollo y el futuro demillones de personas en el istmo. Pretender que los centroamericanos le den el mis-mo tratamiento a sus empresas nacionales que a las corporaciones europeas es un despropósito, estas deben someterse a requisitos de desempeño y contribuir al desa-rrollo centroamericano en lugar de impedirlo.29

23. Observatorio CA-UE, año 1, núm. 7, 23 de septiembre de 2008.24. Observatorio CA-UE, núm. 5, agosto de 2008.25. Comunicado Conjunto de la Cumbre CA-Troika de la UE, Lima Perú, 17 de mayo de 2008.26. Declaración de Guatemala ante la Negociación del AdA entre CA y la UE. Vía Campesina, 4 de

abril de 2008.27. CIFCA, APRODEV, CIDSE, Grupo Sur y Oxfam Internacional.28. Organización Mundial del Comercio (OMC).29. CIFCA, APRODEV, CIDSE, Grupo Sur y Oxfam Internacional.

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Donde existe consenso popular es en las ventajas de la adhesión al ALBA, solidario, contra-hegemónico, basado en la cooperación, la justi-cia, la equidad, la complementariedad, el respeto a la soberanía y la au-todeterminación de los pueblos. Nicaragua y Honduras se encuentran plenamente integradas, Guatemala parcialmente como observadora, y Costa Rica y El Salvador ligados con convenios específicos, incluyendo campañas de salud y alfabetización. Ante las alzas de los precios del pe-tróleo y los alimentos,30 los países centroamericanos adscritos a Petroca-ribe revisan a la baja los precios del petróleo y se ocupan de la seguridad alimentaria por la vía de garantizar fertilizantes (urea) y la cooperación agrícola, así como de la creación del Fondo Petro-Alimentos. Se solucio-nan las asimetrías en el acceso a recursos energéticos ya sea por trueque de productos o servicios o por compra en condiciones muy favorables, con lo que se liberan recursos para financiar programas sociales e invertir en infraestructura productiva. Además se diversifica entre sus integran-tes la refinación del crudo fuera de Venezuela.

Frente a la crisis global, los países ALBA además de contar con el Ban-co del ALBA, acordaron constituir una zona económica y monetaria pro-pia mediante una Unidad de Cuenta Común SUCRE y una Cámara de Compensación de Pagos. Con aporte de los países miembros, un Fondode Estabilización y de Reservas permitiría financiar políticas expansivas dedemanda y sostener una política de inversiones para el desarrollo de ac-tividades económicas complementarias.31 El ALBA tiende lazos de com-plementariedad con otras regiones del mundo como Rusia, China e Irán. Estados Unidos y la Unión Europea no van a permitir el libre desarrollo del ALBA y harán lo posible para sabotearlo, porque quita poder a las transnacionales y al modelo neo-colonial deuda + ayuda (Solo, 2008)32 y además implica una pérdida de hegemonía de Estados Unidos y de sus aliados en la región.

Soplan aires renovadores y Centroamérica ya se pregunta si vale la pena seguir firmando acuerdos de apertura comercial con los poderosos, lo que ni ha favorecido la balanza comercial ni ha mejorado las condi-ciones de vida de los pueblos, o si es preferible concentrar esfuerzos en

30. En su gran mayoría importados. 31. Declaración de la III Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alternativa

Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), 26 de noviembre de 2009.

32. Nicaragua, el ALBA y el imperio del odio, Toni Solo, CEPRID, mayo de 2008. Disponible en: http://www.nodo50.org/ceprid/spip.php?article153&lang=es.

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construir un modelo de desarrollo endógeno. Se fortalece la idea de que es la integración solidaria y no la comercial la que podrá ubicar a Centro-américa en mejor posición frente a la crisis. Crece la conciencia de que los niveles de pobreza y exclusión en la región demuestran que la prolon-gada alianza hegemónica con Estados Unidos no ha dado resultado, que es imprescindible recuperar la soberanía y el rol de los estados, para lo cual se necesita un modelo de desarrollo muy distinto al del capitalismo neoliberal. La unión y fortalecimiento de los movimientos sociales en Centroamérica, la adhesión al ALBA de países hasta ahora serviles a Es-tado Unidos y la llegada del FMLN al poder en El Salvador, bien podrían inclinar la correlación de fuerzas hacia esos rumbos, inéditos en Centro-américa para lograr una verdadera integración centroamericana desde las necesidades e intereses de los pueblos.

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Fortalezas y debilidades del ALBA

Carmen Chinas1

América Latina inicia el nuevo siglo con un panorama desolador por cuanto a la situación económica de la región. Luego de la aplicación de más de dos décadas del modelo neoliberal, las economías regiona-les sufren las consecuencias. El estado-nación se ha transformado para satisfacer las exigencias de las empresas trasnacionales y los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Mone-tario Internacional. La privatización de los servicios públicos, el aban-dono de las políticas sociales, la flexibilización laboral, el subsidio a las trasnacionales han abierto una enorme brecha entre la gran mayoría de la población sumida en la pobreza y unos cuantos representantes de las oligarquías financieras que acumulan riqueza sin precedentes. Con el pretexto de la globalización, las trasnacionales se han apoderado de las economías locales, depredando los recursos naturales y explotando al máximo la mano de obra barata, única mercancía de los países subdesa-rrollados a ofertar en la lógica del libre comercio neoliberal.

En materia política, el nuevo milenio encuentra a una Latinoamérica distinta, los movimientos sociales que se desarrollaron en la década de los noventa han provocado cambios en la correlación de fuerzas, favora-bles a la conformación de gobiernos nacionalistas, democráticos, incluso con una perspectiva de izquierda, que toman distancia del modelo neo-liberal y que comienzan a hablar de la necesidad de una integración dis-tinta, en donde prevalezca la cooperación, el beneficio mutuo y el interés de las mayorías por encima del libre mercado.

1. Maestra en Ciencias Sociales. Docente en la licenciatura en Sociología y en la maestría en Derecho de la Universidad de Guadalajara. Correo electrónico: [email protected].

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En diciembre de 2001, en el marco de la III Cumbre de Jefes de Esta-do y de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez esbozó la pro-puesta del ALBA.

En esa oportunidad, el presidente Chávez señaló la necesidad de buscar una integración distinta a la que proponía el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA), impulsado por Estados Unidos; una alternativa que se sustentara en un nuevo concepto de integración y que retomara la esencia del pensamiento bolivariano, sobre todo, ante la cri-sis derivada de la aplicación de más de dos décadas de neoliberalismo y la necesidad de las economías regionales de unirse para tratar de resolver sus graves carencias: “o nos unimos o nos hundimos” diría Chávez, pro-poniendo entonces la conformación de la Alternativa Bolivariana para los pueblos de Nuestra América.

A partir de ese momento, diversos acuerdos se derivaron de la ini-ciativa, como la ratificación del Acuerdo Energético de Caracas para proveer de petróleo a los países con facilidades de crédito o la Misión Milagro para operar distintas enfermedades de los ojos, sobre todo a los adultos mayores y devolverles la vista, sin que existiera aún una estructu-ra formal en la conformación del acuerdo o un mecanismo de dirección acordado colectivamente.

Estructuración formal

El 14 de diciembre de 2004 se realiza en La Habana la Primera Cumbre del ALBA. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, y el presidente del Consejo de Estado de Cuba, Fidel Castro, firman la Declaración Conjunta para la creación del ALBA y el Acuerdo de aplicación del ALBA. En el documento se señala:

Afirmamos que el principio cardinal que debe guiar el ALBA es la solidaridad más amplia entre los pueblos de América Latina y el Caribe, que se sustenta con el pensa-miento de Bolívar, Martí, Sucre, O’Higgins, San Martín, Hidalgo, Petión, Morazán, Sandino, y tantos otros próceres, sin nacionalismos egoístas ni políticas naciona-les objetivas que nieguen el objetivo de construir una Patria Grande en la América Latina, según lo soñaron los héroes de nuestras luchas emancipadoras.2

2. Declaración conjunta. Fidel Castro Ruz, Hugo Chávez Frías. La Habana, 15 de diciembre de 2004. Disponible en: http://www.granma.cubasi.cu/secciones/visitas/venezuela/art14.html.

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A la fecha se han realizado siete cumbres del ALBA: la segunda (28 de abril de 2005) y la tercera (29 de abril de 2006) en Cuba en la que se incorpora la República de Bolivia con el presidente Evo Morales, sus-cribiendo la Declaración Conjunta del 2004 y sumando el Tratado de Comercio de los Pueblos.

La cuarta cumbre (11 de enero de 2007), se realiza en la ciudad de Managua, incorporándose la República de Nicaragua, con su presidente Daniel Ortega. Ese mismo año se celebra en Barquisimeto, Venezuela, la quinta cumbre del ALBA, acordándose, llamar en adelante al ALBA, como Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América.

La sexta cumbre se realiza en Caracas (24 al 26 de enero de 2008). La Mancomunidad de Dominica se incorpora al ALBA. En esta misma cum-bre, se instala el Consejo de Movimientos Sociales del ALBA y se pone en funcionamiento el Banco del ALBA.

La séptima cumbre se realiza en Cumaná, Venezuela, en abril de 2009, con la participación de nueve países (seis presidentes, dos prime-ros ministros y un canciller, así como otras personalidades, entre ellos el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas), en el que se anuncia la expansión del ALBA con el próximo ingreso de San Vicente y las Granadinas y la asistencia como invitados de Paraguay y Ecuador.

El proyecto del ALBA se sustenta en el pensamiento bolivariano, en el proyecto de construcción de la Gran Patria Latinoamericana o de Nuestra América como le llamara el apóstol de Cuba José Martí, retoma esa visión histórica que pretende la total emancipación de los países la-tinoamericanos respecto de potencias extranjeras, que busca consolidar la segunda y definitiva independencia nacional de nuestros países, que pretende mejorar las condiciones de vida de la población con acceso uni-versal a los servicios de salud, de vivienda digna, de educación y la dig-nificación del trabajo. Busca reducir la pobreza y el abandono histórico de millones de latinoamericanos que no han superado las condiciones de atraso y marginación heredadas de la colonia.

En la visión del ALBA se propone la creación de empresas, estrategias y programas grannacionales conjuntos de todos los países, en materias ysectores como educación, salud, energía, comunicación, transporte, vi-vienda, vialidad, alimentación y minería. El concepto grannacional se en-tiende desde tres fundamentos: • Histórico y geopolítico: como la visión bolivariana de la unión de las

repúblicas latinoamericanas y caribeñas para la conformación de una gran nación.

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Carmen Chinas

• Socioeconómico: como estrategia de desarrollo de las economías los países con el objetivo de producir la satisfacción de las necesidades sociales de las grandes mayorías.

• Ideológico: la afinidad conceptual de quienes integran el ALBA, en cuanto a la concepción crítica acerca de la globalización neoliberal, el desarrollo sustentable con justicia social, la soberanía y el derecho a su autodeterminación, generando un bloque en la perspectiva de estructurar políticas regionales soberanas.3

Principios rectores

Entre sus principios rectores se destacan la importancia crucial conce-dida a los derechos humanos, laborales y de la mujer, a la defensa del ambiente y a la integración física, la protección de los países pobres a sus campesinos y productores agrícolas. Más allá de la producción de una mercancía, la producción agrícola es considerada un modo de vida y base para preservar opciones culturales, así como la seguridad y autosuficien-cia alimentarias.

Se reconoce que el ALBA tiene que atacar los obstáculos a la inte-gración desde su raíz: la pobreza de la mayoría de la población; las pro-fundas desigualdades y asimetrías entre países; intercambio desigual y condiciones inequitativas de las relaciones internacionales; el peso de una deuda impagable; la imposición de las políticas de ajuste estructural del FMI y el BM y de las rígidas reglas de la OMC que socavan las bases de apoyo social y político; los obstáculos para tener acceso a la información, el conocimiento y la tecnología que se derivan de los actuales acuerdos de propiedad intelectual; y prestar atención a los problemas que afectan la consolidación de una verdadera democracia, tales como la monopoli-zación de los medios de comunicación social.

Por cuanto a la participación del estado en la economía, señala que como respuesta a la brutal disolución que este sufrió durante más de una década de hegemonía neoliberal, se impone ahora el fortalecimiento del estado con base en la participación del ciudadano en los asuntos públi-cos. Sin una clara intervención del estado dirigida a reducir las disparida-

3. ¿Qué es el ALBA? Sec. de Org. Congreso Bolivariano de los Pueblos. 30 de julio de 2008. Disponible en: http://www.ecoportal.net/content/view/full/80355.

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des entre países, la libre competencia entre desiguales no puede conducir sino al fortalecimiento de los más fuertes en perjuicio de los más débiles.

Logros

Luego de cinco años de firmado el acuerdo Cuba-Venezuela para impul-sar el ALBA y con la participación de Bolivia, Nicaragua, Dominica, la inclusión de San Vicente y las Granadinas y la asistencia como invitados de Paraguay y Ecuador, el ALBA avanza con una estructura de dirección formada por un Consejo de Presidentes, el Consejo de Ministros, el Con-sejo de Movimientos Sociales, una Comisión Política y la Coordinación permanente del ALBA.

Hasta hoy se han estructurado iniciativas que van desde la creación del Banco del Sur; la construcción del gasoducto del sur, el gasoducto andino y Petrocaribe; la construcción de refinerías de gas y petróleo en Bolivia, Brasil y Nicaragua; los planes conjuntos agrícolas e industria-les; hasta la Operación Milagro, que ha devuelto la vista a más de 600 mil personas de diversas nacionalidades latinoamericanas; la creación de centros oftalmológicos en Venezuela, Ecuador y Bolivia; la formaciónde 200 mil médicos integrales en 10 años en Cuba y Venezuela.

A pesar de que el ALBA es un proyecto que se encuentra en proceso deconsolidación, ha tenido un avance significativo al articular proyectosde intercambio, beneficio mutuo y desarrollo económico que van desde iniciativas locales de desarrollo endógeno hasta propuestas instituciona-les para solución de problemas complejos como la crisis alimentaria, la escasez de los energéticos y el mejoramiento de los servicios sociales para la población.

El ALBA constituye un claro ejemplo de que es posible construir para América Latina proyectos de integración alejados por completo de la lógica neoliberal y de la supuesta “libertad de mercado” en que se habían sustentado la mayor parte de los tratados comerciales firmados en la re-gión, sobre todo a partir del Tratado de Libre Comercio de México, Es-tados Unidos y Canadá (TLCAN) de 1994 que sirviera de modelo a seguir para acuerdos posteriores y que a más de una década de su existencia ha demostrado su rotundo fracaso, pues lejos de propiciar un intercambio comercial, ha provocado el cierre de la industria nacional, bajos salarios, depredación de los recursos naturales y mayor dependencia de México respecto de la economía norteamericana.

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Carmen Chinas

Los alcances del ALBA pueden verse también en la Misión Milagro, para febrero de 2008, 105,300 pacientes venezolanos y unos 15,100 ex-tranjeros habían resuelto sus problemas de la vista con la atención mé-dica: pacientes de República Dominicana, El Salvador, Honduras, Méxi-co, Guatemala, Paraguay, Uruguay, Perú, Costa Rica y Chile que en sus naciones de origen no habían podido atenderse por carecer de recursos, fueron beneficiados con esta iniciativa. En dos años (2005 a 2007) ya se habían atendido a más de 500,000 personas con problemas visuales en Venezuela o Cuba. Sus promotores afirman que más allá de ser un trata-miento oftalmológico, es un verdadero y eficiente mecanismo de comba-te a la pobreza y la exclusión social.

Dificultades

El proyecto en que se inspira el ALBA es muy alentador, pero su nivel de implementación se enfrenta a múltiples obstáculos que impiden avan-zar con mayor celeridad y profundidad en los acuerdos, pues si bien es cierto que existe una correlación política de fuerzas en Latinoamérica favorable al ALBA, aún persisten formas del modelo económico neoliberal en las economías de varios países participantes, lo que significa afectar intereses e inercias de las trasnacionales, de las oligarquías y grupos de poder locales que no están dispuestos a perder los privilegios obtenidos, constituyéndose en frenos del proceso integrador.

También está la necesidad de contar con los recursos económicos su-ficientes para materializar los proyectos, y la capitalización necesaria no puede ocurrir sin la intervención directa de los estados en la economía a través de la nacionalización de las áreas fundaméntales y estratégicas para el desarrollo, particularmente en manos de las trasnacionales; pasos que se tendrán que dar para avanzar en el proyecto integrador.

Otra dificultad la constituyen las diferencias del grado de desarrollo económico de los países participantes, que implica enfrentarlas con nue-vas formas integradoras sustentadas en principios de solidaridad, ayuda mutua, colaboración e intercambio justo y equitativo, lo que requiere de una comprensión profundamente democrática y humanista del proceso.

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Conclusiones

Las economías latinoamericanas atraviesan enormes dificultades econó-micas, pues si bien es cierto que el mundo está en crisis, los países más pobres sufren las consecuencias. Desempleo, bajo salario, flexibilización en las condiciones de trabajo, falta de acceso a los servicios de seguri-dad social, de salud, de educación y vivienda son una realidad lacerante para los pueblos de Nuestra América. Incluso Cuba que apuesta por un modelo de desarrollo de alto contenido humanista enfrenta dificultades serias en su economía, derivadas de la crisis, el bloqueo económico y los huracanes que afectaron gravemente la infraestructura de la isla.

Por ello, proyectos como el ALBA constituyen una necesidad y alientan la esperanza respecto a que es posible colaborar para resolver de manera conjunta graves problemas comunes que enfrentan los países de la re-gión. El hecho, por ejemplo, de que cooperativas de Venezuela elaboren calzado escolar para los niños de Bolivia ilustra los alcances a nivel local, pues se abren fuentes de trabajo en Venezuela a través de la organización de los llamados núcleos de desarrollo endógeno y se provee de calzado a bajo costo para las escuelas en Bolivia. Este tipo de proyectos locales, junto a los grandes alcances que se pretenden con iniciativas en materia energética, alimentaria o de bancos en la región pueden significar una diferencia en la manera en como se relacionan las economías latinoame-ricanas, buscando ante todo la cooperación y el beneficio mutuo.

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La integración andina:un año de tensiones y dificultades

Roberto González Arana1

Sin duda, el año 2008 fue de singulares tensiones en las relaciones entre Colombia, Ecuador y Venezuela, eventos que aumentaron el debilita-miento de la Comunidad Andina de Naciones, organismo que ya venía en declive desde el retiro de Venezuela ocurrido dos años atrás. La violenta acción del ejército colombiano en territorio de Ecuador, a fin de liquidar al guerrillero Raúl Reyes, ocurrida en marzo de este año, tuvo impredeci-bles consecuencias que condujeron incluso a la ruptura de las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Bogotá y Quito, hecho muy desafor-tunado para países que mantuvieron un intercambio comercial creciente que pasó de 1,423 millones de dólares en 2004 a 2,309 millones en 2008. La insistencia del gobierno colombiano en no reconocer que violó tra-tados internacionales y la soberanía de Ecuador, dificultó que durante todo 2008 se encontraran caminos de reconciliación con el gobierno de Quito pues la estrategia del gobierno de Álvaro Uribe fue responder con ataques verbales al gobierno de Rafael Correa, al cual acusó a su vez de ser complaciente con la guerrilla colombiana. Una fuente para ratificar sus denuncias la halló el gobierno colombiano en las computadoras del abatido guerrillero Raúl Reyes, en donde presuntamente se comproba-ban los vínculos del gobierno vecino con las guerrillas de las FARC. Lo sor-prendente de este hecho es que cada vez que el gobierno del presidente

1. Ph.D en Historia. Profesor Asociado del Departamento de Historia, Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia. Coordinador del Grupo de Investigación Agenda Internacional y Vicepresidente de la Asociación de Historiadores latinoamericanistas y del Caribe, Adhilac. Correo electrónico: [email protected].

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Roberto González Arana

Uribe ha decidido neutralizar a la oposición interna en Colombia o a regímenes contrarios a su cercanía con Estados Unidos como Venezuela o Ecuador, también ha encontrado en esta computadora mágico todas las pruebas necesarias para ello.

La solidaridad de Venezuela con el gobierno del presidente Rafael Correa también afectaría enormemente las relaciones diplomáticas con el gobierno de Hugo Chávez, las cuales se mantienen en el peor momento de las últimas décadas, entre otras cosas, por los estilos muy personalistas y poco institucionales en el manejo de los asuntos internacionales ejerci-dos por ambos gobiernos. El retiro venezolano ha representado un grave desplome de la estructura de la CAN. Según el mandatario venezolano, los acuerdos con Estados Unidos han violado las alianzas existentes, bajo el organismo subregional y ha facilitado el ingreso de productos estadu-nidenses a la economía venezolana. Sin embargo, la firma de los TLC deColombia y Perú con Estados Unidos no constituyó el único motivode la salida de Venezuela de la CAN. Todos los planteamientos de Chávez fueron rechazados por los miembros de la CAN desde que Venezuela asu-mió la presidencia de este organismo. Entre ellos, un proyecto para la creación de un Fondo Humanitario Andino y el pedido de acción pa-ra llegar al arancel externo común para la creación de una unión adua-nera (Rodríguez, 2006).

El ingreso de Venezuela a Mercosur cobró prioridad para este país como una manera de compensar su retiro de la CAN. Ello alimentó tam-bién el impulso de nuevas apuestas como el ALBA, organismo que cada día parece adquirir mayor protagonismo regional, ante la debilidad de la OEA y la falta de un nuevo consenso latinoamericano. Asimismo, Unasur se erigió como un organismo dispuesto a defender los intereses de toda la región en su conjunto.

Para el analista Roberto Pizarro los avances en los procesos de in-tegración andina hasta hoy luego de cuatro décadas, resultan precarios. Ello porque las exportaciones intrarregionales “alcanzan tan solo 15% del total de lo que nuestros países transan en el mercado mundial sino también porque las acciones concretas a favor de la unión regional se han oscurecido al tiempo que la retórica se acrecienta y las controversias se multiplican, con preocupantes distanciamientos diplomáticos” (Pizarro, 2008: 24). De otra parte, las expectativas latinoamericanas por encontrar en la Unión Europea un socio que ejerza contrapeso a la influencia nor-teamericana en la región no han sido compensadas por hechos tangibles pues no está en el interés de este organismo asumir confrontaciones con

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La integración andina: un año de tensiones y dificultades

un socio histórico como Estados Unidos. Ello debido, entre otras cosas —a juicio de Wolf Wrabendorff—, a que existe una distorsión entre lo que supone América Latina es la Unión Europea y viceversa pues la UE considera que América Latina es un bloque económico y político con cierta capacidad de actuación en el sistema internacional, que actúa bajo intereses comunes (cuando en realidad sus acciones corresponden a los intereses nacionales) y por último, que “su carácter democrático la con-vierte en un socio previsible”, lo cual también está alejado de la reali-dad. Tampoco es cierto que la Unión Europea resolverá los problemas de América Latina abriendo sus mercados o que este organismo podrá reemplazar la falta de inversión social propia de los estados latinoameri-canos (Wrabendorff, 2008: 251-258).

En el año 2008, otro hecho muy controvertido en la región fue el ofrecimiento del gobierno colombiano para trasladar a su territorio la base norteamericana de Manta, en ese momento instalada en Ecuador. No contento con ser el mayor receptor de ayuda militar de Washington, después de Israel y Egipto, el gobierno del presidente Uribe quiso mos-trar a la Casa Blanca que su lealtad no tiene límites. Otro hecho que demostró esta relación especial fue la extradición a Estados Unidos de 14 importantes cabecillas del paramilitarismo, quienes pese a estar siendo juzgados en Colombia por delitos de lesa humanidad, fueron enviados a Norteamérica para ser juzgados por el delito de narcotráfico. Ello suscitó la airada protesta de los familiares de las víctimas de estos crueles delitos y de un sinnúmero de organismos defensores de los derechos humanos, dentro y fuera de Colombia pues no se entiende cómo las masacres y tor-turas perpetradas por estas agrupaciones armadas ilegales sean menos importantes que el narcotráfico.

Ante las dificultades con el vecindario, todos recomiendan que Co-lombia se oriente hacia una mayor diversificación de su política exterior, más allá de Washington, a fin de intentar superar el aislamiento al que lo ha conducido su extremada cercanía con Estados Unidos. Es por ello que la visita del mandatario brasilero durante el año 2008 resultó muy simbólica para el país en momentos en que se requería un mayor fortale-cimiento del apoyo internacional en la lucha contra el narcotráfico y las guerrillas, más de allá de la ayuda norteamericana. No es casual pues que la inversión brasilera en Colombia haya crecido 25 veces durante los años 2006 y 2007, según fuentes oficiales.

Brasil ha sabido liderar consensos internacionales a su alrededor y ser amigo a la vez de regímenes tan distantes como los de Estados Uni-

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dos y Venezuela. El secreto de esta política parece ser que este país ha entendido que para impulsar su estrategia de convertirse en un referente mundial necesita ganar consensos en vez de distanciarse de los demás, como sí lo ha hecho el gobierno de Chávez. En este sentido, Brasil, junto con Chile y Argentina han sido los impulsores de la constitución del Con-sejo de Defensa Suramericano, instancia a la que finalmente Colombia ha decidido sumarse, luego de muchas dudas. Asimismo, la búsqueda de una moneda como el sucre para el intercambio, en reemplazo del dólar, muestra un interés de alcanzar mayor autonomía económica. Como lo anotase el analista colombiano Alejo Vargas Velásquez, hoy Brasil es elimpulsor permanente de la integración subregional en temas comoel Mercosur, la Comunidad Suramericana de Naciones, la integración de la Comunidad Andina y el Mercosur e incluso de Unasur, “gran proyecto integracionista suramericano que aspira a convertirse en un escenario de concertación para la región”. También este autor resalta que esta po-tencia regional posee un PIB de casi 800 mil millones de dólares “el cual equivale a la mitad de todos los países de Suramérica, cuatro veces el de Argentina, siete el de Chile y 80 veces el de Bolivia”.2

Finalmente, cabe señalar que las tensiones regionales producto del conflicto armado interno en Colombia han tenido altibajos, dependiendo de los problemas domésticos de algunos países. Es decir, ha sido un co-mún denominador que ante momentos de baja de popularidad de algún mandatario (Hugo Chávez, Rafael Correa o Álvaro Uribe) la estrategia asumida por estos mandatarios haya sido la de avivar el nacionalismo para recuperar credibilidad acudiendo a la estrategia del enemigo ex-terno, lo cual por supuesto, lejos de favorecer la integración andina, ha alejado múltiples metas comunes como la construcción de un gasoducto transandino entre Colombia y Venezuela o planes de cooperación militar en la lucha contra el narcotráfico.

Se espera entonces que sea desde la sociedad civil de la región dondese impulse la idea de la integración andina, más allá de la voluntadde los gobernantes. En la revisión de la literatura sobre el desempeño y problemas experimentados en la evolución de la Comunidad Andina, encontramos un persistente recurso al nivel de estado, típico del realis-mo, que busca explicar los problemas a partir del nivel de los estados, su política, sus intereses, su “voluntad”. Aparejado con esto, el alto nivel

2. Periódico El Colombiano, julio 28 de 2008.

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La integración andina: un año de tensiones y dificultades

de presidencialismo lleva en numerosos casos a equiparar la acción del estado con el presidente de turno. Que la política exterior en los países de la región tienda a estudiarse por periodos presidenciales es una mues-tra de esto. Así, la crisis de la CAN se explica por el retiro de Venezuela en la persona de Hugo Chávez, o por la relación especial del presidente Álvaro Uribe con el gobierno de Washington, sin ir más allá en el análisis, aspecto que será necesario estudiar con mayor rigor.

Un segundo aspecto que pretende explicar los lentos avances de la CAN tienen que ver con el aspecto ideológico. Las causas más aparen-tes de lo sucedido en la CAN parten de las diferencias ideológicas de los gobernantes o los partidos políticos en el poder. El argumento de que el giro a la izquierda en Venezuela, Bolivia y Ecuador explica la con-formación de un eje, opuesto a Colombia y Perú que quedan en el otro extremo por su cercanía con Estados Unidos.3 No obstante, para analizar la validez de este punto hay que problematizar primero si realmente ha habido un giro a la izquierda en la región y, en caso de aceptarlo, analizar con rigor cuáles son los límites y alcances en materia de políticas específi-cas (indagando, por ejemplo, en las diferencias entre izquierdas clásicas, “progresismos”, movimientos nacionales-populares, etcétera). Asimis-mo, es necesario advertir que el advenimiento de esos nuevos gobiernos ha promovido directa o indirectamente, o al menos ha coincidido con el retorno de intereses sectoriales, nacionalistas y políticos, la mayoría de los cuales no parece proclive a apuestas y, sobre todo, a sacrificios inte-gracionistas (Caetano, 2009).

Se espera que el panorama para la integración regional a futuro sea menos pesimista. Ello dependerá en gran parte de la movilización so-cial en las regiones fronterizas, sumamente afectadas por el deterioro de las relaciones políticas y económicas de varios países andinos. Resulta paradójico que en muchísimos países se estén organizando actividades alusivas a la conmemoración de la independencia latinoamericana y, sin embargo, doscientos años no hayan sido suficientes para superar las he-ridas del pasado y comenzar a construir nuevos tipos de alianzas lati-noamericanas. En este sentido, en Unasur se tienen cifradas muchísimas expectativas que ojalá no nos conduzcan a una nueva frustración.

3. Una mirada previa a este tema la realizamos en: González y Godoy (2007). “Colombia-Estados Unidos y los cambios políticos en la región: una aproximación”, en Investigación y Desarrollo, Universidad del Norte, vol. 15, núm. 1.

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Institucionalidad de la Unasur, 2008-2009: ¿crónica de un fracaso anunciado?

Daniel Efrén Morales Ruvalcaba1 Verónica Reyes Barón2

Introducción

La integración suramericana tiene su base geopolítica en dos sistemas de integración subregionales (Morales, Ponce y Rocha, 2004) uno con forma político-institucional intergubernamental creciente y dinámica, como lo es Mercosur, y otro con forma político-institucional mixta inicial, que es la Comunidad Andina (Rocha y Morales, 2008). Ambos sistemas de integración subregionales muestran considerable influencia del modelo europeo de integración.

Hoy, la Unión Europea es uno de los modelos paradigmáticos para la configuración de sistemas de integración regional en el mundo (el otro gran referente se encuentra en el Tratado de Libre Comercio de Amé-rica del Norte). No obstante, es preciso recordar y enfatizar que desde la creación de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero (CECA) en 1951, quedó establecido lo que sería el mayor logro de la integración europea: un esquema institucional comunitario apuntalado por la Alta Autoridad.

Según se puede constatar en el artículo 9 del Tratado Constitutivo de la CECA, los miembros de la Alta Autoridad fueron facultados para

1. Licenciado en Estudios Internacionales. Master en Estudios Contemporáneos de América Latina y Maestro en Ciencias Sociales. Correo electrónico: [email protected]

2. Licenciada en Estudios Internacionales y Maestra en Ciencias Sociales. Correo electrónico: [email protected].

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ejercer “sus funciones con absoluta independencia y en interés general de la Comunidad. En el cumplimiento de sus funciones, no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ningún Gobierno ni de ningún organismo. Se abstendrán de realizar cualquier acto incompatible con el carácter supra-nacional de sus funciones”.3 La esencia de la Alta Autoridad —núcleo supranacional por excelencia— prevalece hoy en la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea, integrado por 27 comisarios obli-gados a representar y velar los intereses de la región en su conjunto.

Institucionalidad de la Unasur

En lo que respecta a la integración suramericana, el 23 de mayo de 2008 fue suscrito en Brasilia el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas como parte de un proceso “flexible y gradual” para la construcción de la región. Este tratado fundacional no solo brindó per-sonalidad jurídica internacional a la Unasur sino que además estableció como sus órganos principales (véase el organigrama: Unión de Naciones Suramericanas-Unasur):• Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno: de naturaleza

intergubernamental, es el máximo órgano de la Unasur y establece los lineamientos de la integración de América del Sur, se pronuncia a través de decisiones y cuenta con una presidencia pro tempore que es ejercida sucesivamente por cada uno de los estados miembros, en orden alfabético, por periodos anuales.

• Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores: órgano in-tergubernamental responsable de coordinar posiciones en temas cen-trales de la integración suramericana y de evaluar el proceso de la in-tegración, propone proyectos de decisiones y se expresa a través de re-soluciones, prepara las cumbres presidenciales y tiene la atribución de conformar y coordinar grupos de trabajo temporales o permanentes.

• Consejo de Delegadas y Delegados: conformado por una o un repre-sentante acreditado de cada estado miembro, es un órgano intergu-bernamental encargado de implementar las decisiones y resoluciones de los órganos políticos superiores, se expresa mediante disposicio-

3. CECA (1951). “Texto del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero”. Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/es/treaties/dat/11951K/tif/TRAITES_1951_CECA_1_ES_0001.tif. Fecha de consulta: junio de 2009, artículo 9.

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nes y tiene como mandato expreso coordinar una comisión especial (integrada por representantes de los parlamentos nacionales, subre-gionales y regionales) que deberá establecer la composición, atribu-ciones y funcionamiento del Parlamento Suramericano.

• Secretaría General: tiene su sede en Quito (Ecuador), se encuentra bajo la conducción del Secretario General y se encarga de ejecutar los mandatos que le confieren los otros órganos de la Unasur. Esta instancia política es la única con rasgos de supranacionalidad ya que sus funcionarios “no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún gobierno”.4 Cabe mencionar que la dirección de la Secretaría General sigue acéfala después de que Rodrigo Borja renunciara5 y Uruguay vetara la candidatura de Néstor Kirchner para ocupar dicho cargo.6

A diferencia del proceso europeo, la integración suramericana ha sido fundada sobre la base de un marco político-institucional copiosa-mente intergubernamental: el Tratado Constitutivo de la Unasur esta-blece que toda la normativa “se adoptará por consenso”,7 con lo cual se consagra el interés de cada estado-nación por encima del interés de la región; no existe institución ejecutiva, fuente jurídica u órgano político alguno que exprese el interés regional; el Secretario General ejerce fun-ciones de secretaría y goza apenas de derecho a voz en las reuniones de los órganos de la Unasur; incluso, el mecanismo para la solución de con-troversias prevé “negociaciones directas”8 entre los estados nacionales afectados.

Probablemente en un futuro mediato pudiera entrar en funciona-miento el Parlamento Suramericano como resultado de la convergencia entre el Parlamento Andino y el Parlamento del Mercosur. Sin embargo, en lo que respecta propiamente al periodo 2008-2009, la institucionali-dad ha coadyuvado poco en la profundización del proceso integrador de América del Sur.

4. Unasur (2008). “Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas”. Disponible en: http://www.comunidadandina.org/unasur/tratado_constitutivo.htm. Fecha de consulta: ju-nio de 2009, artículo 10

5. Agencia Efe (2008). “Rodrigo Borja renuncia a ser Secretario de la Unasur”. Disponible en: http://www.diariocritico.com/ecuador/2008/Mayo/noticias/77029/renunica-de-borja-a-la-una-sur.html. Fecha de consulta: junio de 2009.

6. Fernández, Nelson (2008). “Uruguay veta a Kirchner como jefe de la Unasur”. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1062797. Fecha de consulta: junio de 2009.

7. Unasur, op. cit, artículo 12.8. Ibidem, artículo 21.

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Quizá uno de los grupos de trabajo que adquirió mayor relevancia —a raíz de la masacre ocurrida en la localidad de El Porvenir, Departa-mento de Pando (Bolivia)— fue el comisionado para definir el consejo de defensa de la región.

Masacre de Pando y Consejo Suramericano de Defensa

El pasado 11 de septiembre de 2008, fuerzas paramilitares afines a Leopoldo Fernández (prefecto del departamento de Pando) fueron ins-truidas para reprimir a indígenas y campesinos que se dirigían a Cobija (capital pandina) con el objetivo de respaldar al gobierno del presidente Evo Morales y de convocar a un cabildo que condenara las acciones vio-lentas cometidas en contra del gobierno democráticamente electo. El enfrentamiento dejó un lamentable saldo de al menos 20 muertos, dece-nas de heridos y un número impreciso de desaparecidos.

La respuesta del presidente Evo Morales fue inédita: el mandatario boliviano no denunció los acontecimientos ocurridos en Pando frente a la Organización de Estados Americanos (OEA) sino que recurrió a la Unasur, es decir, a una instancia regional que se mantiene relativamente al margen de la influencia y las decisiones de Estados Unidos.

Así, por convocatoria y auspicio de la presidencia pro tempore de la Unasur, se llevó a cabo —en el Palacio de la Moneda (Santiago de Chi-le)— una de las primeras sesiones del Consejo de Jefas y Jefes de Esta-do y de Gobierno. Refrendando los principios “del irrestricto respeto a la soberanía, a la no injerencia en asuntos internos, a la integridad e inviolabilidad territorial, a la democracia y a sus instituciones y al irres-tricto respeto a los derechos humanos”,9 los presidentes de los estados miembros de la Unasur expresaron su más firme condena al intento de golpe civil (orquestado por la “Media Luna” boliviana) y a los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el departamento de Pando. Después, Michelle Bachelet —como titular de la presidencia pro tempore de la Unasur— instaló una comisión que tendría por objeto constatar los suce-sos ocurridos en Pando. Esta comisión multinacional realizó trabajo de

9. Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Unasur (2008a). “Declaración de La Moneda”. Disponible en: http://www.comunidadandina.org/unasur/15-9-08com_bolivia.htm. Fecha de consulta: junio de 2009.

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campo en el lugar de los hechos y contó con el apoyo de especialistas en criminología, forenses y antropólogos.

Es preciso reconocer que, a pesar de las críticas que puedan hacerse a la institucionalidad de la Unasur, el “Informe de la Comisión sobre la masacre de Pando” (entregado el 3 de diciembre de 2008) puede ser considerado como el primer gran logro político-diplomático de la nueva organización suramericana (Ramos, 2008).

A partir de estos acontecimientos, vino a refrendarse la necesidad de contar con un órgano autónomo (respecto de Estados Unidos y otras potencias mundiales) e independiente en su accionar, capaz de diseñar políticas de defensa regionales. Esto quedó concretado con la creación del Consejo Suramericano de Defensa.

En el marco de la “Triple Cumbre Mercosur, Unasur y ALC”, los Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno de la Unasur aprobaron —el 16 de di-ciembre de 2008 en Salvador, Costa de Sauipe (Brasil)— la creación del Consejo Suramericano de Defensa (CDS) y del Consejo Suramericano de Salud (CSS). El CSS tiene como propósito “consolidar Suramérica como un espacio de integración en Salud que contribuya a la Salud para Todos y al desarrollo, incorporando e integrando los esfuerzos y logros subregio-nales de Mercosur, oras conhu y OTCA”;10 mientras que el CDS tiene como objetivos generales:

[...] consolidar Suramérica como una zona de paz, base para la estabilidad demo-crática y el desarrollo integral de nuestros pueblos, y como contribución a la paz mundial; construir una identidad suramericana en materia de defensa, que tome en cuenta las características subregionales y nacionales y que contribuya al forta-lecimiento de la unidad de América Latina y el Caribe; y, generar consensos para fortalecer la cooperación regional en materia de defensa.11

Pero ¿por qué el CSD? El CSD es un instrumento fundamental para la autonomización de la región. Pero sobre todo, como explica Martínez, “porque la región carece de acuerdos eficaces en materia de seguridad y defensa. Se puede argumentar que existe desde 1947 el TIAR (Tratado

10. Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Unasur (2008b). “Decisión para el establecimiento del Consejo de Salud Suramericano de la Unasur”. Disponible en: http://www.minsal.cl/ici/ocai/unasur2.pdf. Fecha de consulta: junio de 2009, artículo 5.

11. Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Unasur (2008c). “Decisión para el establecimiento del Consejo de Defensa Suramericano”. Disponible en: http://www.ssg.cl/por-tal/documentos/unasur/DecisionUNASUR11DIC0804.doc. Fecha de consulta: junio de 2009, artículo 4.

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Interamericano de Asistencia Recíproca) o la JID (Junta Interamericana de Defensa) o incluso la vertiente de seguridad de Mercosur; pero nin-guno de estos acuerdos además de vigente, es eficaz” (Martínez, 2008). En consecuencia, los primeros pasos del CDS fueron definir su “Plan de Acción 2009-2010”12 en cuatro ejes específicos: políticas de defensa; co-operación militar, acciones humanitarias y operaciones de paz; industria y tecnología de defensa; y formación y capacitación.

A modo de conclusión

Si bien hay avances en el proyecto de integración suramericana, es preciso subrayar que el interés nacional está enquistado en el proceso integrador. Aquí existe una paradoja enorme: el objetivo primario de la Unasur es construir “un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos”13 pero no se contempla instancia alguna que represente a los pueblos y a la región en su con-junto. Nuevamente el integracionismo latinoamericano se caracteriza por una brecha entre la voluntad política y las acciones que se toman para llevarla a la práctica.

Definitivamente, tendrán que firmarse varios “protocolos adiciona-les” para que la Unasur se proyecte verdaderamente como un mecanis-mo de gobernanza regional que proteja, de manera equitativa y demo-crática, los intereses del conjunto de la región.

12. Consejo de Defensa Suramericano (2009). “Declaración de Santiago de Chile”. Disponible en: http://www.comunidadandina.org/unasur/10-3-09com_defensa.htm. Fecha de consulta: junio de 2009.

13. Unasur, op. cit, artículo 2.

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UE-ALC: relaciones interregionales estancadas (Play it again…)

Heriberto Cairo Carou1,2

Almudena Cabezas González2

De los gobiernos de la “nueva primavera” que debían trabajar unidos por un reformismo correcto, moderno, unido a Europa y bien relacio-nado con Estados Unidos (Prodi dixit, 2006), para algunos miembros de la Unión Europea hemos pasado a otra tocata que tacha a algunos gober-nantes latinoamericanos despectivamente como populistas, que en vez de salvar a la democracia solo se dedican a fortalecer el estado y dismi-nuir el mercado… Todo esto a la vista de algunos gobiernos occidentales que se encuentran “obligados” a nacionalizar bancos. Así las cosas, la tan traída y llevada vuelta al intervencionismo estatal ha generado numero-sas tensiones y dificultades en las relaciones euro-latinoamericanas que tan felices se prometían, con la boca pequeña, en la insulsa Cumbre de Lima. Ahora bien, lejos de los discursos la mayor preocupación europea ha estado en la negociación de los acuerdos de asociación con Centro-américa y los países andinos, que buscan asegurar la rentabilidad y segu-ridad de las inversiones europeas en la región, así como atajar, lo antes posible, las ventajas comerciales obtenidas por Estados Unidos. En el plano político el contrapunto ha estado, una vez más, en la notable mejo-ría en las relaciones europeas con La Habana.

Por otro lado, como es habitual desde algo más de una década, los acuerdos comerciales también siguen ocupando el centro de la acción so-cial colectiva a ambos lados del Atlántico, y su monitoreo sitúa, también

1. Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.2. Profesores Investigadores de la Universidad Complutense de Madrid.

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Heriberto Cairo Carou y Almudena Cabezas González

de nuevo, a las multinacionales europeas en la mira de los colectivos so-ciales. No en vano la acción de las multinacionales europeas pesa mucho en las relaciones entre América Latina y la Unión Europea, e iniciativasde índole simbólica como los Tribunales de los Pueblos se han encargado deairear a los cuatro vientos las actividades ilícitas que llevan a cabo algu-nas de estas empresas, causando daños al medio ambiente, violaciones de los derechos laborales y de los pueblos indígenas.3

Así las cosas, el año de 2008 se ha caracterizado por reiterar los dis-cursos de buenas intenciones y el avance en unas negociaciones que, fi-nalmente, han quedado estancadas. Mención aparte merece la perfor-mance del gobierno español para mantener un discurso que calme a los empresarios autóctonos y defienda sus intereses en la región latinoame-ricana, al tiempo que mantiene relaciones cordiales con los gobernantes cuyas políticas públicas pudieran disminuir los rendimientos de dichos empresarios. En este sentido, resultaban chocantes los abrazos fraternos de la Cumbre Iberoamericana de San Salvador, plagada de declaraciones acerca de encuentros “satisfactorios”.

De izquierda, izquierdas y centros descentrados

En ocasiones, a fuerza de repetirse, algunas afirmaciones llegan a parecer verdades a pesar de carecer de fundamento. Así viene sucediendo con las acusaciones de populismo que se ciernen sobre algunos de los gobier-nos o proyectos políticos de la región. Como sostiene Atilio Borón, los gobiernos que así han sido calificados, simplemente se caracterizan por ser gobiernos de izquierdas (en Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecua-dor), que se han planteado recuperar el papel del estado, luchar contra la pobreza y avanzar en reformas tributarias que más allá de gravar a las clases medias se concentran en los grandes capitales y las empresas transnacionales. Sin embargo, cuando otros gobiernos toman las mismas medidas jamás se les considera como tales.

Parece entonces haberse establecido un acuerdo tácito, apuntalado por analistas políticos y politólogos conservadores —en España, Carlos Malamud o Manuel Alcántara, por ejemplo—, de que algunos gobiernos son populistas (Chávez, Correa y Morales) y tienen menor legitimidad

3. Véase Alainet: http://alainet.org/active/11405&lang=es.

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que otros (como los de Bachelet, Lula, Alan García y Tabaré Vázquez), a pesar en algunos casos de ser más bien gobiernos de centro izquierda. Así las cosas, desde la moderna y ejemplar Europa las relaciones con es-tos gobiernos díscolos no han sido precisamente miel sobre hojuelas, es más, la calidad de las Cumbres UE-AL ha seguido descendiendo.

Previamente a la celebración de la V Cumbre tuvieron lugar a lo largo del 2008 diversos encuentros sobre medio ambiente, cooperación sobre drogas, políticas fiscales, el IV Foro Euro-latinoamericano-caribeño de la Sociedad Civil, el V Encuentro de la Sociedad Civil Organizada Unión Europea-América Latina y el Caribe4 o la II Cumbre Empresarial ALC-UE.

La V Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea (ALC-UE), se celebró en Lima, Perú, el día 16 de mayo, precedida de sendos encuentros de altos funcionarios y ministros de relaciones exteriores,5 los días 13, 14 y 15 de mayo, y se desarrolló en cuatro sesiones, dos de ellas plenarias (inauguración y clausura). Las otras dos sesiones se realizaron en cuatro mesas paralelas, que se dedicaron a deliberar simultáneamente sobre el tema pobreza, desigualdad e inclusión, por la mañana; y sobre el tema del desarrollo sostenible (medio ambiente, cambio climático, ener-gía…), por la tarde.

Como casi siempre en este tipo de encuentros de alto nivel, la de-claración final afirma el compromiso de los gobernantes para afianzar la relación bilateral y buscar soluciones efectivas a los grandes proble-mas globales, la pobreza y la contaminación. Pero más allá de las gran-des palabras, hay que destacar que los discursos de algunos gobernantes latinoamericanos señalaban como causa de la miseria y la pobreza en América Latina al capitalismo imperialista, lo que ya se había puesto de manifiesto en la Cumbre de Nicaragua.6 Es decir, para algunos países el diagnóstico común de la cumbre es la necesidad de poner fin al modelo neoliberal que tantos daños ha causado en la región.

Como ya es habitual en estos encuentros al más alto nivel político, la cumbre terminó con una ampulosa declaración, centrada en la inclusión

4. Véase la declaración en: http://www.aciamericas.coop/IMG/pdf_A_F_CES3712-2008_DOC-INT_es.pdf. Fecha de consulta: 12 de febrero de 2009.

5. Los ministros de relaciones exteriores ratificaron a Argentina y México como Presidencia y Vicepresidencia, respectivamente, del Comité Latinoamericano y Caribeño de Seguimiento para el periodo 2008-2010, mientras la otra vicepresidencia recae en Perú.

6. Previo a la Cumbre de Lima tuvo lugar una cumbre en Nicaragua, “Contra el Hambre y por la Soberanía Alimentaria” a la que asistieron los presidentes o representantes de Centroamérica, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cuba y Haití, el 7 de mayo de 2008.

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social y la lucha contra la pobreza. La Declaración de Lima que tuvo como lema: “Respondiendo juntos a las prioridades de nuestros pueblos”, re-fleja algunas coincidencias en materia de acuerdos de asociación, inte-gración regional, multilateralismo, derecho internacional, cooperación y la situación en Haití, entre otros; y, además, contiene la Agenda de Lima para la erradicación de la pobreza, la desigualdad y la exclusión, y para el desarrollo sostenible.7

La directiva de la “vergüenza”

A menos de un mes de la foto de Lima, las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y los países latinoamericanos y caribeños se tensaron fuertemente cuando la Unión Europea firmó la resolución de la llamada directiva del “retorno voluntario” y conocida más popularmente como la “directiva de la vergüenza”,8 que ha sido duramente criticada no solo por los gobiernos latinoamericanos sino por multitud de organizaciones de todos los países miembros de la Unión Europea, al contener previsio-nes que afectan, entre otras, a la libertad de las personas y vulneran la Convención de la ONU sobre Derechos de la Infancia, como son la gene-ralización antidemocrática de encierro arbitrario hasta 18 meses de las personas sin papeles, y el retorno forzoso sin posibilidad de volver a pisar suelo europeo durante cinco años.9

En esta ocasión, una de las respuestas más duras vino una vez más del líder boliviano Evo Morales, que en carta pública acusaba a la Unión Eu-ropea de neocolonialismo e incumplimiento del derecho internacional, además de mostrar las contradicciones de la política europea:

Promover la libertad de circulación de mercancías y finanzas, mientras en frente vemos encarcelamiento sin juicio para nuestros hermanos que trataron de circular libremente. Eso es negar los fundamentos de la libertad y de los derechos democrá-

7. Véase el documento completo, La asociación estratégica entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe: un compromiso común, en: http://ec.europa.eu/external_relations/la/docs/lima_es.pdf. Fecha de consulta: 21 de marzo de 2009.

8. La denominación oficial de la directiva es “Procedimientos y normas comunes para el re-torno de los nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en su territorio”, COM(2005)0391 – C6-0266/2005 – 2005/0167(COD)

9. Véase el especial de la red Nodo50, en: http://www.nodo50.org/Especial-Contra-la-Directiva-de-la.html. Fecha de consulta: 13 de enero de 2009.

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ticos. Bajo estas condiciones, de aprobarse esta ‘directiva retorno’, estaríamos en la imposibilidad ética de profundizar las negociaciones con la Unión Europea.10

Lo cierto es que la Unión Europea debería preocuparse más por las políticas que perpetúan las condiciones de pobreza e injusticia que obli-gan a las personas a emigrar, y dejar de considerar a la inmigración como un problema de seguridad que debe ser tratado principalmente por la policía, los guardacostas, el sistema de prisiones o los centros de reten-ción y, en casos extremos, la armada o el ejército. Y tal y como viene afirmando Susan George, sería deseable que la Unión Europea anali-zara más de cerca políticas propias —como el comercio, en especial de alimentación y productos agrícolas—, y las estructuras arancelarias, los subsidios, los precios de materias primas, y el impacto de las corporacio-nes europeas; es decir, que la Unión Europea se haga cargo del impacto real de los ADA.11

Acuerdos de Asociación Económica

Por otro lado, las relaciones bilaterales han estado copadas por las nego-ciaciones de los ADA, impulsadas por la Unión Europea a la luz de la parálisis de la Agenda de Doha en la OMC y el avance de Estados Unidos en la firma de TLC con distintos países de la región.

Las negociaciones para celebrar acuerdos de asociación completos se pusieron en marcha tanto con la CAN (cumbre presidencial en Tarija, 14 de junio 2007), como con Centroamérica (reunión de alto nivel en Bruse-las, Comisión Europea y Centroamérica, 28 y 29 de junio 2007).

La Unión Europea ha acelerado las negociaciones para la firma de unos acuerdos que se presentan como algo más que comercio, al incluir el diálogo político y la cooperación, con una apariencia más benévola y comprensiva al ser negociaciones bilaterales entre bloques y que dicen apoyar la profundización de la integración regional en América Latina, además de respaldar la democracia y fomentar la defensa de los derechos humanos.

10. Véase en Rebelión. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=68717. Fecha de consulta: 23 de enero de 2009.

11. George Susan (2008), “La Unión Europea y la inmigración. Análisis para una política construc-tiva”, en Sin Permiso. Disponible en://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=1882. Fecha de consulta: 22 de diciembre de 2008).

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Sin embargo, en realidad, el objetivo inmediato es asegurar las inver-siones y el acceso a los mercados de servicios, siguiendo las directrices del documento Una Europa global: competir en el mundo.12 Se apoyan en las consecuencias de los acuerdos previos firmados con México y Chile que, concentrada la inversión en el sector financiero, los servicios públicos y la extracción de los recursos naturales, perpetúa además un modelo basado en la división tradicional internacional del trabajo que ahonda las desigual-dades, sin que el supuesto acuerdo político salvaguarde los derechos hu-manos.13 Aunque se han iniciado las rondas negociadoras en el caso de los países de la CAN, Ecuador y Bolivia apuestan a un modelo distinto mientras Colombia y Perú se plantean avanzar, y por el otro lado las conversaciones con Argentina y Brasil están estancadas, y la Unión Europea busca sobor-nar a los pequeños del Mercosur, Uruguay y Paraguay.

El problema de fondo es la sombra del nacionalismo y las nacionali-zaciones. El hecho de que el mandato negociador europeo obligue a la negociación en bloques limita por completo las posibilidades de alcan-zar acuerdos. Por otro lado, respecto a la cooperación los ADA son papel mojado ya que la Unión Europea ha declarado que carece de recursos frescos, y debe esperar al nuevo paquete de gastos hasta el año 2013. Sin embargo, subregionalmente se ha destinado un paquete de los Fondos de Desarrollo a la región Caribe, con un monto de 132 millones de euros aproximados para el periodo 2008-2013 de alrededor de 132 millones de euros,14 mientras que el BEI planea un desembolso de 2,800 millones para el mismo periodo en toda la región, centrado en apoyo a proyectos de sostenibilidad ambiental y seguridad energética. Por último, respecto al diálogo político la diversidad de agendas y prioridades ha sido patente, mientras Colombia apuesta por la seguridad democrática, Bolivia prioriza el modelo de desarrollo, Ecuador enfatiza la deuda y Europa propone el cambio climático.

12. El documento, com (2006) 567 final, fue presentado el 6 de octubre de 2006, y se encuentra disponible en: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0567:FIN:ES:PDF. Fecha de consulta: 12 de junio de 2009.

13. Los estudiantes chilenos, los mapuches, los pobladores de Oaxaca, la masacre de mujeres y el fraude electoral en México son testimonios de esto y no existe ningún mecanismo en los acuer-dos de asociación que haya impedido, atenuado y mucho menos transformado la realidad de esos países.

14. Véase La asociación estratégica..., 2008, p. 9.

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Más de lo mismo

Al igual que los TLC, los acuerdos de la Unión Europea se realizan sin ninguna participación de las organizaciones sociales y civiles y se pre-tende aprobarlos en los congresos sin mayor discusión. La experiencia de las rondas de negociación llevadas a cabo durante 2008 muestra que no existen mecanismos válidos de participación de la sociedad civil, y nohay diagnósticos previos sobre el impacto y hay una posición dura y exi-gente de la Unión Europea, cuando no se está respetando el SGP como piso para las negociaciones sino que es el techo, lo que implica volver a negociar los derechos que ya se tenían y hacer nuevas concesiones. Según los borradores de los mandatos de la Unión Europea, los acuerdos de asociación deberán tratar “en forma amplia a todos los áreas de comer-cio, y ser completamente consistentes con las reglas y obligaciones de la OMC”, pues su objetivo es la “liberalización progresiva y recíproca del comercio de bienes y servicios”. Además, junto a los desequilibrios inhe-rentes al trato de reciprocidad entre agentes que son considerablemente desiguales, las negociaciones de los ADA se reintroduce la agenda de los “temas de Singapur”, que comprenden reglas de inversión, competencia y compras gubernamentales, que ya han sido rechazados en la OMC.

Por ello, las organizaciones sociales de toda índole consideran que los mandatos negociadores europeos constituyen una ofensiva neoliberal en contra de servicios públicos ya debilitados y van en contra de los es-fuerzos por recuperar el control democrático sobre bienes públicos como agua, energía o tierra. En consecuencia, los ADA son vistos como acciones que socavan las políticas de redistribución de la riqueza, las reformas agrarias o nacionalizaciones de recursos naturales, que se están llevando a cabo en Bolivia o Ecuador, e impidiendo la cohesión social, que única-mente se sitúa en el centro del discurso europeísta como un mantra vacío de contenido.15

Las etiquetas de desarrollo sostenible se quedan en aguas de borrajas frente a una realidad negociadora que promueve un modelo que ahonda las desigualdades, tal y como ha venido haciendo en la propia Europa lasacciones comunitarias en los últimos años. Así las cosas, los espacios so-ciales como la Cumbre de los Pueblos “Enlazando Alternativas”, el Tri-bunal Permanente de los Pueblos y el Foro de Pueblos Indígenas siguen

15. En Rebelión. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=67239. Fecha de consulta: 17 de febrero de 2009.

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sancionando moral y éticamente a las transnacionales europeas que ope-ran en ocasiones de manera ilegal y atentan contra los derechos humanos y los derechos colectivos de los pueblos, principalmente de los pueblos indígenas, y denunciando cómo el discurso de la cooperación europea realmente sirve para imponer la lógica económica de competencia con Estados Unidos, que convierte a la región en un botín de guerra, un terri-torio desde donde impulsar las políticas antiterroristas para criminalizar las luchas sociales y ahondar en la explotación de los recursos continen-tales asfixiando a la posible oposición social.

Para numerosos colectivos sociales aunque los ADA se disfracen de humanitarismo son simples TLC, que representan al capitalismo salvaje e inhumano que ha generado la presente crisis. Asimismo, estos colectivos tienen claro que los pueblos demandan resolver problemas relacionados con la tierra y el territorio, que implica no destrucción y concesión de los recursos naturales, autonomía y libre determinación, la no intromi-sión de multinacionales en los territorios, etcétera; mientras algunos de sus gobiernos latinoamericanos siguen demandando más inversiones y políticas de seguridad, y la carrera armamentista se ha relanzado en la región.

La performance de las relaciones iberoamericanas,de Montevideo a San Salvador16

Si 2007 acabó con el triste espectáculo del “¿Por qué no te callas?”, espe-tado por el rey de España al presidente de Venezuela, 2008 ha supuesto una continuidad de la normalización en cuanto a las relaciones de España con los países latinoamericanos, y especialmente con Venezuela, a la que ha realizado importantes ventas en armas. Al ser uno de los principales inversores en la región (España es el primer inversionista en Argentina, el segundo en Bolivia y el cuarto en Perú), las empresas y bancos españo-les han seguido de cerca las nuevas estrategias económicas en la región, especialmente las referidas a la nacionalización de los hidrocarburos y los cambios de regla respecto a las empresas privatizadas en los 1990. Pero también hay que señalar que la principal preocupación de la opi-nión pública española es la lucha contra la pobreza y las desigualdades, y

16. Véase la Declaración de San Salvador, en: http://www.segib.org/upload/Declaracion%20de%20San%20Salvador(1).pdf. Fecha de consulta: 22 de febrero de 2009.

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que se desaprueba el negativo comportamiento ambiental y social de las empresas nacionales en la región.17

El año pasado ha seguido aumentando la importancia de la coope-ración española con Iberoamérica, aunque el trabajo de la AECID sigue anclado en una concepción de la cooperación como instrumento para la proyección del poder blando del país, que no ha estado exento de críticas feroces, en ocasiones.18

Otra de las cuestiones importantes a lo largo del año han sido las iniciativas respecto al desarrollo del Plan de Acción de la Carta Cultural Iberoamericana y la conmemoración de los Bicentenarios de las Inde-pendencias, que fue tratada en las reuniones y encuentros sectoriales19 previas a la celebración de la XVIII Cumbre Iberoamericana, celebrada en San Salvador bajo el lema “Juventud y Desarrollo”. La cumbre se ce-rró con el compromiso sobre la educación como herramienta necesaria y fundamental para el desarrollo de la región, y el encargo a la Secretaría General Iberoamericana (Segib) y a la Organización de Estados Ibero-americanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), que junto a los ministerios de Educación avancen en la identificación de las metas educativas 2021. Asimismo, se acordó que la próxima cumbre, a celebrar-se en Lisboa, tenga como aspectos centrales la innovación y la tecnología.

Y... siempre nos quedará La Habana

Así las cosas, la Unión Europea ha relanzado el diálogo político con Cuba tras levantar las sanciones económicas —impuestas en 2003, tras el arresto de 75 opositores al régimen, y suspendidas temporalmente en

17. Véanse las conclusiones del Barómetro 2008. América Latina y la cooperación al desarrollo en la opinión pública española (Documento de Trabajo núm. 33), Madrid, Fundación Carolina-CEaLCI, 2009, pp. 105-107. Disponible en: http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/publicacio-nes/documentostrabajo/Documents/DT33%20ok.pdf. Fecha de consulta: 23 de mayo de 2009.

18. Un buen ejemplo se encuentra en la oposición de las feministas latinoamericanas al nombra-miento unilateral de Inés Alberdi como Directora Ejecutiva de Unifem a cambio del gran desembolso de fondos que el gobierno español realizó. Sobre el mismo, véase Rochelle Jones: “El nombramiento de la nueva Directora de Unifem ha provocado reacciones mezcladas desde diferentes activistas y organizaciones de derechos de las mujeres”, en Choike. Disponible en: http://www.choike.org/nuevo/informes/6236.html. Fecha de consulta: 21 de abril de 2009.

19. Véase el calendario de reuniones ministeriales iberoamericanas en Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Reuniones Ministeriales Sectoriales en 2008, Madrid, Segib, 2008, pp. 120-121. Disponible en: http://www.oei.es/pdfs/ReunionesMinisterialesSectoriales2008.pdf. Fecha de consulta: 22 de enero de 2009.

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2005 por la insistencia española—. Hay que decir que el asunto suscitó un debate profundo y tumultuoso, ya que algunos países mantenían la opinión de seguir la postura estadunidense (Suecia, Países Bajos y la Re-pública Checa), pero las expectativas de cambio de régimen despertadas por la sucesión de Fidel Castro han animado esta medida, en la espe-ranza, precisamente, de que coadyuvara a ese cambio.

Esta novedad no empaña una impresión general de que este ha sido un año de estancamiento en las relaciones, de repetición de acciones y reacciones entre las dos regiones, ¿a la espera quizás de un nuevo ciclo de crecimiento económico?

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2008, ¿el año final del rechazode la influencia de Estados Unidos

en América Latina?

Gary F. Prevost1

El 2008 marcó el final de los ocho años al cargo de la administración Bush y el fin de año vio la elección del demócrata Barack Obama, lo que generó un nuevo compromiso de acercamiento con América Latina basado en valores potencialmente más favorables a una agenda de respeto mutuo. América Latina estuvo lejos de ser el tema central de las elecciones 2008 de Estados Unidos, pero en una breve declaración acerca de la región, el candidato Obama propuso una nueva dirección en las relaciones inte-ramericanas basándose en el respeto mutuo. Con un tono que hacía ecode Franklin, Roosevelt y John Kennedy, Obama declaró que la política deEstados Unidos hacia América Latina se basaría esta idea: lo que es bueno para América Latina, es bueno para Estados Unidos. Solo 2009 y los años siguientes revelarán si la presidencia de Obama representa un cambio real en la dirección de la política de Estados Unidos o no, pero el propósito de este artículo es trazar un balance de los años Bush, haciendo énfasis en 2008.

En muchos sentidos la política de la administración Bush en América Latina representó una continuación de décadas de la política de Estados Unidos en la región. En primer lugar, el objetivo de sus políticas era el dominio político, económico, militar y cultural. Bush heredó un plan de la administración Clinton, el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que si se hubiera implementado como se había planeado en el se-

1. Profesor Investigador de la Saint Johns University, Minnesota, Estados Unidos.

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Gary F. Prevost

gundo periodo Bush habría logrado una dominación de América Latina por parte de Estados Unidos sin precedente. Una zona de libre comercio desde Alaska hasta Argentina — prevista por Estados Unidos en los años sesenta— se habría establecido en los rígidos términos neoliberales pro-puestos por los negociadores de Estados Unidos.

El tratado propuesto contenía el espíritu del consenso de Washington de 1990 que se basó en la prosperidad de todo el hemisferio con políticas deacuerdos de liberalización, privatización de empresas paraestatales, in-versiones favorables para negocios amigos y reducción del gasto guber-namental. Este panorama, sin ser una nueva forma de pensar de los for-muladores de políticas de Estados Unidos, ganó mayor credibilidad en los albores del fin de la Guerra Fría y el colapso del socialismo de Europa del este. Las tendencias de América Latina que reforzaron esta dirección fueron la derrota del candidato socialista Luis Ignacio da Silva (Lula) en las elecciones brasileñas de 1989 y la caída del poder de los sandinistas nicaragüenses en 1990.

La idea del ALCA se había lanzado con grandes fanfarrias en Miami, en diciembre de 1994, cuando el presidente William Clinton organizó una reunión de los 34 líderes de América Latina —con la notable excep-ción del presidente cubano Fidel Castro—, en una Cumbre de las Amé-ricas. Los líderes de América Latina, encabezados por Carlos Menem yFernando Henrique Cardoso, gobernantes neoliberales de Argentinay Brasil, apoyaron firmemente la iniciativa de Estados Unidos de un área de libre comercio más amplia, modelada en el Tratado de Libre Comer-cio de América del Norte (TLCAN) recientemente implementado. La jun-ta de Miami creó las estructuras del ALCA que proporcionaron un marco para la negociación final del tratado que sería aplicado plenamente en enero 2005. Era un acuerdo que habría favorecido a Estados Unidos y a esas elites de América Latina etiquetadas por Eduardo Galeano como la “burguesía de comisionistas”, a través de una serie de políticas amiga-bles para negocios, principalmente en el sector de la inversión privada. La larga tradición de nacionalismo económico enraizada en el siglo XX fue hecha a un lado. Sin embargo, al término de 2008 el ALCA está muer-to y en algunos aspectos la influencia de Estados Unidos en la región, especialmente en América del Sur, estuvo en su puntuación más baja en décadas. ¿Como pasó esto? La respuesta yace en una combinación de la reacción de América Latina al plan ALCA y los sucesos mundiales, principalmente en Oriente Medio, que ha sido el foco de atención de los formuladores de políticas desde 2001.

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2008, ¿el año final del rechazo de la influencia de Estados Unidos en América Latina?

Después del 9 de septiembre de 2001 América Latina no fue una prioridad para la administración Bush, pero Washington no abandonó sus planes para el ALCA. Bush reincidió en el ALCA a los pocos días de tomar el poder y recibió una reafirmación de sus esfuerzos en la Tercera Cumbre de las Américas en la ciudad de Québec en abril 2001. En los siguientes meses que siguieron al 9/11 Bush presionó con fuerza al Con-greso de Estados Unidos para la renovación de su poder de negociación “vía rápida”, esencial para completar el tratado. Su persistencia fue re-compensada y tras una votación reñida en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en 2002, el presidente Bush recibió la aprobación legislativa para avanzar a la firma del tratado del ALCA, a finales de 2003,en una reunión programada de los ministros de finanzas del hemisferio enMiami.

Con Washington presionando para completar el tratado en su fecha de vencimiento original de 2005, la iniciativa regresó a América Latina donde el clima político a favor de reformas neoliberales estaba cambian-do rápidamente. La prosperidad prometida por líderes neoliberales de América Latina no fue cierta y el descontento de la población se hacia evidente a finales de 2002. En 1998 Hugo Chávez fue electo presidente de Venezuela con una plataforma populista y anti-neoliberal. A comien-zos de 2002, diversas manifestaciones derrocaron a tres presidentes ar-gentinos en el lapso de un mes de protesta por el colapso de la economía del país luego de años de reformas neoliberales. Al final de 2002 Luis Ignacio da Silva (Lula) obtuvo una victoria arrolladora y fue electo presi-dente de Brasil haciendo un llamado por revertir trece años de políticas neoliberales en el país más poblado de América Latina.

Momento decisivo en Cancún

La reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Cancún, México, en septiembre 2003 resultó ser un momento decisivo. La espe-ranzas de un rápido avance en los presuntos temas de Singapur, favo-recidos por Estados Unidos de Norteamérica, Europa y Japón fueron bloqueadas cuando una coalición de los países menos desarrollados (PMD) formaron un bloque de oposición bajo la tutela de Brasil, India y China. El grupo se dio a conocer como el Grupo de los 21 (G-21) y a pesar de intereses diversos, triunfó en una unión tras la agenda de demandar mayor acceso a los mercados del mundo desarrollado para

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Gary F. Prevost

sus productos primarios y secundarios. A raíz de la reunión en Cancún, Brasil y Argentina guiaron los esfuerzos de América Latina para detener el tratado del ALCA, que debía haber sido ratificado dos meses más tarde en una reunión hemisférica de ministros de finanzas en Miami.

Antes de la reunión en Miami, los presidentes Lula y Néstor Kirch-ner se reunieron en Argentina y emitieron una declaración que se cono-ció como el Consenso de Buenos Aires. En contraste con el previamente articulado Consenso de Washington, su documento cuestionaba las pre-misas liberales como solución principal a los problemas económicos de América Latina y, a su vez, atribuía cierta culpa al proteccionismo de Es-tados Unidos y demandaba mayor acceso a los mercados norteamerica-nos si se continuaba con las negociaciones del ALCA. El Consenso de Bue-nos Aires fue presentado a los líderes de Estados Unidos en octubre de 2003 en una reunión ministerial especial en Washington y estos se vieron forzados a aceptar, de mala gana, que la reunión planeada en Miami no tendría el éxito que Washington anticipaba. La reunión se llevó a cabo manteniendo formalmente esperanzas por la vida del ALCA. Sin embargo, la realidad política era que Estados Unidos no estaba dispuesto a ceder en las concesiones que demandaban los latinoamericanos, y la aparente-mente inevitable unión del ALCA se detuvo. Ante el fracaso del proyecto ALCA, Estados Unidos se vio obligado a retirarse y concretar proyectos más pequeños como el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y acuerdos bilaterales selectos. Estos acuerdos no son irrelevantes para los intereses estadounidenses en la región, pero están lejos de la dominación que pudo haber resultado del ALCA.

Tácticas alteradas de Estados Unidos

Los dos últimos años han sido testigos de un modesto éxito en la estra-tegia de Estados Unidos de utilizar los tratados de comercio regionales y bilaterales para impulsar su agenda neoliberal en América Latina. Más importante aún, el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica (TLC Centroamérica) entró en pleno funcionamiento cuando el electorado de Costa Rica aprobó, en una reñida elección, la participación del país en el proyecto. Este acuerdo, que también incluye a la República Dominicana, valida la larga presencia de Estados Unidos en la región de la cuenca del Caribe que se remonta a la era de la diplomacia de cañoneras a princi-

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pios del siglo XIX. La continua independencia de Cuba es la única contra-dicción significativa de esa dominación.

A finales de 2007 Estados Unidos consiguió un triunfo pequeño pero no carente de importancia cuando el congreso norteamericano ratificó el Tratado del Libre Comercio entre esa nación y Perú. Del lado perua-no el trabajo de base realizado para el acuerdo fue propiciado por el triunfo en 2006 del presidente Alan García y su posterior aprobación del tratado negociado por su antecesor conservador, Alejandro Toledo. Sin embargo, esta era una pequeña victoria en la gran pantalla. Los acuer-dos bilaterales negociados con Panamá y Colombia no llegaron a ningún lado en el Congreso de Estados Unidos en 2008. Aún más importante, los esfuerzos estadunidenses para acabar con el Mercado Común del Sur (Mercosur), a través de acuerdos bilaterales con Uruguay y Paraguay, no tuvieron avances serios. La victoria del candidato de centro-izquierda Fernando Lugo en las elecciones de abril 2008 en Paraguay debilitó mu-cho la estrategia norteamericana en el cono sur, ya disminuida por el segundo periodo presidencial tanto de los peronistas en Argentina como de Lula en Brasil.

Militarización de la estrategia de Estados Unidos

Los pasados dos años también han visto la continuidad de la estrategia estadunidense de militarizar sus relaciones con América Latina. Esta no es una nueva estrategia pero sí una que se ha intensificado desde los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. La pieza cen-tral es el Plan Colombia, el multimillonario programa de ayuda militar y económica a su principal aliado en la región, Álvaro Uribe, en apoyo a las largas décadas de guerra contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Tomando ventaja de la peculiar situación política de Colombia, el gobierno de Estados Unidos usó su presencia significativaen ese país como una fuerza de disuasión contra la progresiva confianza enla unidad de la región personificada en Hugo Chávez y su radical reto contra el liderazgo norteamericano. Los dos últimos años vieron a un envalentonado ejército colombiano asestar serios golpes a las FARC, inclu-yendo la muerte del segundo al mando en la redada realizada en territorio ecuatoriano a finales de 2007. Sin embargo, más allá del Plan Colombia, las opciones militares para Estados Unidos son limitadas. El prospecto de una base permanente en Paraguay se ha atenuado por la victoria de

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Gary F. Prevost

Lugo y el presidente Rafael Correa indicó que Ecuador no renovará la base de Estados Unidos en Manta luego de 2009. Después de una ausen-cia de más de cuarenta años la marina norteamericana relanzó su Cuarta Flota, situada en el Caribe, para hacer maniobras frente a Venezuela. Hugo Chávez denunció las acciones de Estados Unidos y respondió invi-tando a la marina rusa.

El año 2008 vio la continuidad de la estrecha relación México-Esta-dos Unidos basada en el tratado de 2005 para la Seguridad y Prosperi-dad de América del Norte. Reforzada en la reñida elección de 2006 del presidente conservador Felipe Calderón, 2008 vio la continuación de la militarización de las relaciones bilaterales. La ayuda militar y policíaca norteamericana a México se ha triplicado a más de $57.8 millones de dó-lares. Para México esto representa un significativo despegue del pasado y lo posiciona en tercer lugar entre los países que reciben tal ayuda en el hemisferio occidental, apenas por debajo de Perú y Colombia. La ayuda ha sido justificada bajo el argumento de que se trata de inhibir el tráfico de drogas y migrantes a través de la frontera estadunidense. Grupos de derechos humanos de ambos lados de la frontera han criticado el apoyo otorgado a instituciones mexicanas diciendo que han sido demandadas por corrupción y sobornos a lo largo de los años. Agencias fronterizas de Estados Unidos y México han cooperado arduamente, pero el acuerdo de 2005, conocido como Plan México, permitió un mayor contacto con el Pentágono que no había sido posible bajo el liderazgo nacionalista del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Este tipo de cooperación era deseado desde mucho tiempo atrás por ambos gobiernos y había sido bloqueado por los mexicanos, pero la elección de Vicente Fox en 2000 abrió el camino para una mayor influencia de Estados Unidos sobre sus vecinos del sur.

Conclusión

Mientras la era de la administración Bush llega a su fin y el poder pasa a la administración Obama en Washington, ¿qué se puede esperar de las relaciones interamericanas? ¿Recuperará Estados Unidos la iniciativa perdida en los años de Bush, asumiendo exitosamente su posición pre-dominante en la región o las relaciones entre Estados Unidos y América Latina entrarán en una nueva fase donde la dominación norteamericana, especialmente en Suramérica, se verá permanentemente reducida? Las

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iniciativas desarrolladas en Washington pueden ser importantes para determinar las relaciones futuras, pero son las acciones de las nacionesde América Latina las que en un mayor grado determinarán la dinámica defuturas relaciones interamericanas. América Latina estará cada vez menos dominada por Estados Unidos, hasta el grado de que las naciones de la región puedan ser exitosas en sus diversos proyectos económicos de integración regional y cooperación. Proyectos exitosos como Mercosur, el Tratado de Libre Comercio de Suramérica (TLCS), la Alternativa Boli-variana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y el Banco del Sur son cruciales en este tema porque son proyectos de cooperación regional que no involucran a Estados Unidos ni a sus perspectivas políticas y eco-nómicas. Hay pocas probabilidades de que la dominación estadunidense hacia sus vecinos cercanos en México, Centroamérica y el Caribe (con la excepción de Cuba) disminuya, pero las acciones de los países surame-ricanos en la próxima década pueden determinar sus futuras relaciones con Estados Unidos. Brasil es probablemente el país más importante en estos cálculos, por su tamaño y su crecimiento económico. Brasil ha incrementado su producción agrícola, principalmente para satisfacer las crecientes demandas asiáticas, y también explota las reservas de petró-leo recientemente descubiertas en su costa Atlántica. Brasil está listo para ser una importante potencia mundial del siglo XXI. Sin embargo, a medida que avanza rumbo a ese estatus, su posición política frente a Estados Unidos no es clara. El presidente Lula ha seguido un curso más independiente de Estados Unidos que sus predecesores, pero su último mandato termina en 2010 y podría ser relevado por un presidente más conservador y dispuesto a acercarse a Estados Unidos. Si tal presidente emergiese en las próximas elecciones, Estado Unidos seguramente bus-cará una relación más estrecha con ese líder en el intento de contra-rrestar el reto más radical que representa Hugo Chávez y su revolución bolivariana. El prolongado éxito del esfuerzo de Chávez no es claro aún, pero algunos de los proyectos clave, como el Banco del Sur y la Alter-nativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, dependen de un uso progresivo de la riqueza petrolera de Venezuela más allá de las fronteras del país. El compromiso a largo plazo de Venezuela en esos proyectos es crucial, pero en este momento, incierto. La conclusión fun-damental es que si América Latina busca labrarse un futuro diferente de su pasado dominado por extranjeros —más recientemente por Estados Unidos— debe desarrollarse con éxito y de manera sustentable, a fin de poder tomar sus propias decisiones en el mundo del siglo XXI. Solo el

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Gary F. Prevost

tiempo dirá si los líderes de América están a la altura de esta tarea y si un nuevo compromiso con América Latina por parte del presidente Obama invierte las recientes incidencias de Estados Unidos en la región.

POLÍTICAS EXTERIORES E INTEGRACIÓN

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Algunas consideraciones generalesa manera de introducción

Carlos Oliva Campos1

El año 2008 cerró con un cúmulo de importantes acontecimientos en el ámbito de las relaciones exteriores de los países latinoamericanos y cari-beños. En sentido general, prevaleció la continuidad del amplio y diverso proceso de acciones político-diplomáticas, económicas y comerciales entre los países de la región y de estos con actores extra-regionales como China, Rusia, India, Japón y los países de la Unión Europea, fundamen-talmente. Pero una caracterización general del contexto no estaría com-pleta si no se menciona el hecho de que, con Estados Unidos, la región se dispuso a cerrar una etapa, los años de administración de George W. Bush, que si bien mantuvieron una relativamente baja temperatura en términos estrictamente militares —tal vez el síndrome de los síndromes para las relaciones interamericanas—, sí marcaron muchos desencuen-tros en otros ámbitos políticos, económicos y comerciales.

De forma introductoria a los importantes textos especializados que se ponen a consideración de los lectores seguidamente, se sugiere pres-tar atención a determinados temas y acontecimientos que, en conjunto, revelan las principales tendencias del panorama regional. En lo tocante a los temas, el primero que debe ser mencionado es el referido a los pro-cesos de integración regional, signado por dos derroteros, la continuidad del entretejido de acuerdos bilaterales, sub-regionales, grupales y secto-riales, que de una u otra forma involucraron a la totalidad de nuestros países; y la profundización de la fragmentación del mapa hemisférico de

1. Profesor Investigador del Departamento de Historia, Universidad de La Habana, Cuba.

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Carlos Oliva Campos

la integración. Esto último, con una acentuación de la configuración del “anillo de seguridad” mesoamericano diseñado por Estados Unidos; el reforzamiento de Colombia como la plataforma de intervención estadu-nidense para el Canal de Panamá, los países andinos y la Amazonia; y la confluencia de proyectos de integración esencialmente divergentes como el ALBA y la Unasur, en el ámbito suramericano.

El segundo tema apunta a destacar una acentuación de las diferen-cias de horizontes políticos dentro del universo de gobiernos surgidos al calor del proceso de cambios que se vive en la región. Si bien por una parte se aprecia la consolidación de un núcleo de países articulados en torno al proyecto ALBA, con visiones alternativas al sistema de domina-ción hemisférica estadunidense, por otra se muestran muy consolidados otros proyectos políticos que trabajan con plataformas socio-políticas más moderadas —¿socialdemócratas?— que han facilitado una reconfi-guración de las alianzas de Estados Unidos con países clave en la región como Brasil y Chile, además de su estratégica relación con Colombia, por solo mencionar algunos.

El tercer tema a mencionar es la continuidad de la tendencia a forta-lecer el papel del estado, aunque con los matices y diferencias conocidas, según el caso. A la luz de estas dinámicas es que deben entenderse los diversos desarrollos entre los actores estatales y no estatales (partidos políticos y movimientos sociales) y los niveles reales de intervinculación de las políticas internas y externas de los países de región.

El cuarto tema es el mantenimiento del incremento de los gastos mi-litares y de seguridad, reafirmándose el proceso de rearme de las fuer-zas armadas venezolanas —con tecnología rusa de última generación—, la reafirmación de Colombia como el primer receptor de ayuda militar estadunidense en el hemisferio (y el tercero a nivel mundial tras Egipto e Israel) y la elevación de los presupuestos militares de Chile, Brasil y Argentina, entre otros.

Como quinto y último tema a destacar se reitera el peso de la di-plomacia presidencialista, como factor de concertación, negociación y disuasión ante las crisis surgidas. Esto como complemento de una activa diplomacia de cumbres, legitimando el rol de los diferentes mecanismos regionales —políticos, económicos o de integración— al estilo del Grupo de Río, el ALBA, el SICA, Caricom, Mercosur o Unasur, por solo mencio-nar algunos.

En lo relativo a los principales acontecimientos ocurridos a lo largo del año 2008, se propone una lista tentativa, abriendo la posibilidad de

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Algunas consideraciones generales a manera de introducción

incluir a otros no mencionados. En orden cronológico, el primero a re-saltar sería la crisis surgida en Colombia y Ecuador, cuando en marzo de 2008 un operativo militar colombiano, con apoyo logístico estaduniden-se, penetró en territorio ecuatoriano en donde se encontraban un grupo de guerrilleros colombianos y algunos de sus partidarios. La crisis surgi-da generó retiradas de embajadores, fuertes acusaciones y discusiones en el seno de la OEA y el Grupo de Río, emergiendo un importante consenso latinoamericano en discrepancia con colombianos y estadunidenses.

El segundo acontecimiento que debe ser destacado es la creación de un importante mecanismo suramericano para la defensa y la seguridad, el Consejo de Defensa Suramericano, como parte de la estructura fun-cional de la Unasur. Comentando sobre el nuevo mecanismo, Gustavo Lahoud llama la atención sobre la preocupación que subsiste respecto a las “hipótesis de conflicto todavía vigentes”, a saber los problemas fron-terizos entre Perú y Chile; Bolivia y Chile por el reclamo de salida al mar del primero; apuntando además la militarización de Colombia como parte del conocido plan estadunidense (Lahoud, 2008). Pero el propio autor llama la atención sobre lo que podríamos calificar como la “secu-ritización” del tema de los recursos naturales estratégicos no renovables —agua potable, hidrocarburos, biodiversidad—, factor de potencial con-flicto no solo intrarregional sino interamericano.

El tercer acontecimiento que salta a la vista por su enorme trascen-dencia fue el proceso electoral en Estados Unidos, al cual se le deben dedicar algunas reflexiones dado el peso de ese país a nivel hemisféri-co. Lo ocurrido en Estados Unidos debió sorprender a muchos, aun y cuando los analistas han podido desarrollar suficientes argumentos para brindar explicaciones. Retomemos algunos que merecen ser resaltados. En primer lugar, era esperado que ocurriera una campaña presidencial más reñida que la ocurrida en el 2004, si el Partido Demócrata era capaz de presentar candidatos con credibilidad ante sus electores y plataformas de gobierno con propuestas alternativas creíbles, debido al elevado costo económico y socio-político de la gestión de los neo-conservadores en la Casa Blanca. En segundo lugar, debe abrirse un signo de interrogación ante la existencia o no de un conocimiento previo sobre las nuevas opcio-nes a las que expondría el Partido Demócrata a sus electores. Fue la pri-mera ocasión en que los electores se enfrentaron a la disyuntiva de votar por una mujer o por un candidato afro-estadunidense para la presidencia del país. En tercer lugar, reconocer que, al margen de la formidable cam-paña electoral que supo desarrollar el equipo de Obama, única forma de

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Carlos Oliva Campos

derrotar a una maquinaria tan bien preparada como la del clan Clinton, el peso de la crisis económica que ya se desataba con todo su rigor y la ineludible responsabilidad que cargaban los neo-conservadores, fueron más que suficientes para derrotar a la desacertada candidatura republi-cana (Oliva, 2008).

Muchos han sido los calificativos empleados para definir lo ocurrido a partir del 4 de noviembre de 2008 en Estados Unidos, pero el razonamien-to frío que sucedió a la indescriptible conmoción vivida por muchos con el triunfo de Obama —en ambos sentidos— nos lleva a pensar en describir el proceso que se desata con la nueva administración demócrata como una etapa de transición, vital para el capitalismo estadunidense, que trate de oxigenar un sistema político que ha sido el gran paradigma para muchos, pero que hoy aparece hundido en su propia lógica imperialista.

Pero, ¿han sido definitivamente derrotados los neo-conservadores? Una lectura a fondo de lo acontecido niega esa eventualidad; porque el diseño de política exterior de Obama no puede asumir una ruptura total con lo heredado de los neo-conservadores. La política exterior es-tadunidense se encuentra atrapada en su guerra contra el terrorismo. Se manejarán variables, como se refleja en los documentos y discursos de la campaña de Obama, pero no parece probable que pueda renunciar a muchos de los intereses estratégicos por los que apostaron los neo-conservadores.

Tal vez en un escenario donde Obama pueda trabajar por mostrar una imagen diferente sea precisamente el de nuestra región; tomando muy en cuenta que América Latina cerró el año 2008 con una fisonomía política que, si bien por una parte revela una cierta consolidación de un polo alternativo al proyecto de dominación hemisférica estadunidense, por otra contempla la emergencia de procesos políticos que han opta-do por avanzar en la búsqueda de mayores espacios de independencia y soberanía frente a Estados Unidos, sin rupturas; delineándose modelos de alianzas muy funcionales para los intereses estadunidenses en el he-misferio.

A pesar de sentirme seducido por una sentencia afirmada por el pre-sidente de la República de Ecuador, Rafael Correa, quien en no pocas ocasiones ha afirmado que no estamos viviendo una época de cambios sino un cambio de época, creo que debemos ponderar las tendencias realmente nuevas con aquellas que, sin dejar de significar avances, no ayudan a superar los márgenes de la histórica dominación que ejerce Estados Unidos.

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Algunas consideraciones generales a manera de introducción

Es muy cierto que no existe una época anterior en la historia de Amé-rica Latina, que haya logrado el consenso de hoy para que se consoliden los triunfos electorales de fuerzas políticas de izquierdas y se renuncie a la alternativa de la lucha armada. Tampoco creo que existan precedentes sobre los niveles de movilización, organización y alcances políticos de la lucha social. Los llamados nuevos movimientos sociales, más allá de su heterogéneo universo político, son un actor protagónico en la sociedad latinoamericana de hoy; y su impacto llega hasta las plataformas de polí-tica exterior de muchos de nuestros países. También se ha avanzado en la difícil carrera por imponer a las fuerzas armadas de la región el respeto a la democracia y a la institucionalidad; aunque sería muy ingenuo pensar que los peligros están superados. Si bien la Casa Blanca puede estimular escenarios de negociación, el Pentágono, el Departamento de Estado o alguno de los actores que se mueven dentro de la “comunidad de inteli-gencia”, pueden avanzar por caminos muy diferentes.

Pero precisamente, debido a los trascendentales cambios reflejados en el mapa político regional de hoy, es que resulta imprescindible colo-car un cuarto acontecimiento. En diciembre de 2008, el Grupo de Río acordó por unanimidad la incorporación de Cuba a ese importante me-canismo latinoamericano. Desde todo punto de vista —y lo debatido en las sesiones del cónclave lo reafirma—, este es un acontecimiento sin precedentes en la historia de las relaciones de Cuba con la región, desde que triunfó la revolución en la isla en enero de 1959. El Salvador y Costa Rica cerraron el 2008 como únicos países latinoamericanos con los cua-les Cuba no ha logrado una normalización de sus vínculos diplomáticos.

Por tanto 2008 cerró cargado de expectativas y oportunidades para nuestros países. Por supuesto, también con enormes retos a enfrentar en la nueva etapa que se avecina.

Bibliografía

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Oliva Campos, Carlos (2008). “Estados Unidos después del 4 de noviembre de 2008: Los futuros escenarios de política exterior y América Latina”, en Cuadernos de Nuestra América, núm. 42, vol. XXI, julio-diciembre. Centro de Estudios sobre América, La Habana, Cuba, pp. 161-176.

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Atores e Agendas da PolíticaExterna Brasileira em 2008

Carlos R. S. Milani1

Ivan Tiago Machado Oliveira2

Introdução

“Ao longo de 2008, a diplomacia brasileira deu seguimento ao esforço de promover a inserção internacional do Brasil fundada na defesa intransi-gente dos interesses do País no mundo e no redimensionamento de seu perfil, em função do papel que vem desempenhando no cenário interna-cional e de seu potencial futuro” (Lula Da Silva, 2009). Estas foram as primeiras palavras relativas à política externa brasileira do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em sua mensagem ao Congresso Nacional em 2009.

Desde que assumiu a Presidência da República em 2003, tendo como seu Ministro das Relações Exteriores o Embaixador Celso Amorim, Lula insiste no que se poderia chamar de ‘inovação na tradição’ quanto às agen-das da política externa. Mantém, por um lado, os elementos que fazem da política externa uma política de Estado e que são caracterizadores da política externa brasileira, como a defesa do multilateralismo e da paz in-ternacional. Por outro lado, inova no foco e na ênfase dada a determinados temas e atores de política externa, por exemplo, por meio do adensamento

1. Professor de Relações Internacionais na Universidade Federal da Bahia (UFBA), pesquisador do CNPq e coordenador do Laboratório de Análise Política Mundial (www.labmundo.org). Este artigo foi desenvolvido no âmbito da rede de pesquisa CNPq/Renato Archer “Expansão, Renovação e Fragmentação das Agendas e Atores de Política Externa” (www.puc-rio.br/agen-das-de-politica-externa).

2. Doutorando em Administração e Relações Internacionais pela Universidade Federal da Bahia e pesquisador do Laboratório de Análise Política Mundial (LABMUNDO) da mesma instituição.

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Carlos R. S. Milani y Ivan Tiago Machado Oliveira

de relações com países do ‘Sul global’ e na renovação das agendas e atores em diálogo no campo da política externa no Brasil (PEB).

Dois princípios estão explicitamente presentes na política externa do governo Lula, materializados em dois objetivos proclamados reiterada-mente: a “presença soberana do Brasil no mundo” e a “forte integração regional”. Vejamos, a seguir, como a política externa brasileira, esposada em tais princípios, foi conduzida na definição e implementação da agen-da de 2008, analisando as ações de política externa nos temas fundamen-tais segundo a visão de mundo que orienta a diplomacia brasileira, quais sejam: 1) a reforma da ordem internacional; 2) a integração regional na América Latina, principalmente na América do Sul; 3) as negociações comerciais na OMC: Rodada Doha; e 4) as parceiras estratégicas com paí-ses do Sul. Ao final, lançaremos alguns temas mais abrangentes e menos conjunturais para debate.

Reforma da ordem internacional

As ações da peb, segundo seus formuladores, procuram assegurar uma “inserção internacional do Brasil, ao mesmo tempo, soberana, ativa, uni-versalista, ciosa dos interesses nacionais e disposta a oferecer uma con-tribuição brasileira à moldagem da ordem internacional” (Lula Da Silva, 2009). A PEB sustenta a necessidade de reforma da ordem internacional, em seu pilar tanto político quanto econômico.

No que concerne ao aggiornamento da ordem política internacional, o tema da reforma da Carta de São Francisco e da assunção do Brasil a um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) continuou (e continua) na agenda da diplomacia brasileira, em 2008, como tema de alta prioridade. Embora não pareça haver chan-ces de que este ponto da reforma venha a ser encaminhado, satisfatoria-mente, no futuro imediato, a diplomacia brasileira, juntamente com os demais membros do G-4 (Alemanha, Índia e Japão), empenhou-se na aprovação pela Assembléia-Geral da ONU da decisão que determina o início, até fevereiro de 2009, de negociações intergovernamentais sobre a reforma do CSNU. Ademais, vale lembrar que a diplomacia brasileira desempenhou papel importante na renovação do mandato da Missão das Nações Unidas de Estabilização do Haiti (Minustah), no âmbito da resolução 1542 do CSNU. A participação brasileira em operações de paz vem aumentando significativamente nos últimos anos, tal como ilustra o

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Atores e Agendas da Política Externa Brasileira em 2008

gráfico I, a seguir, que contrasta o incremento do compromisso brasilei-ro com o multilateralismo no âmbito da ONU com a realidade de outros estados-membros.

O desenrolar da crise econômica internacional em 2008 fez com que as demandas de países como o Brasil por reforma da ordem econômica internacional tomassem nova posição no concerto das nações. Em seu dis-curso quando da abertura da 63ª sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas, assim afirmou o Presidente Lula: “Os organismos econômicos supranacionais carecem de autoridade e de instrumentos práticos para coibir a anarquia especulativa. Devemos reconstruí-los em bases com-pletamente novas” (Lula Da Silva, 2008). Em função da crise financeira internacional, o G-20 Financeiro, presidido pelo Brasil, adquiriu status de foro privilegiado para debates sobre as ações de combate ao proble-ma internacional da crise econômica, tomando posição de vanguarda nas discussões sobre a reforma do sistema financeiro global. A diplomacia brasileira, em 2008, preconizou medidas para o enfrentamento da crise internacional, muito embora elas não tenham tido repercussão nos paí-ses centrais do sistema internacional.

Ainda sobre as mudanças na ordem econômica internacional, o diá-logo Norte-Sul parece iniciar um novo caminho a partir de 2008, com a institucionalização da interlocução entre o G-8 e o G-5, em julho de 2008, na Cúpula dos Chefes de Estado e de Governo dos dois grupos. Vale aqui ressaltar que, em abril de 2008, o Brasil teve sua participação aumentada até o teto estabelecido no processo de reforma nas quotas e representação dos países membros do FMI, reconfigurando parcialmen-te o esquema de representação do país nesta organização internacional em um momento crucial de redefinição de seu papel regulatório no sis-tema financeiro.

Integração regional da América Latina: foco na América do Sul

Embora a Constituição Federal de 1988 tenha, em seu artigo 4º. (pará-grafo único) que define os princípios basilares da política externa do Brasil, a integração da América Latina como seu foco de atuação, é a integração sul-americana que vem ganhando efetivamente uma atenção cada vez maior por parte do Itamaraty. A primazia atribuída ao entorno regional brasileiro na arquitetura de sua política externa parece refletir a percepção por parte do Ministério das Relações Exteriores de que medi-

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das de promoção da confiança recíproca são importantes para adensar e consolidar relações com os vizinhos, ajudando a promover um Brasil mais forte em nível internacional. O Brasil predomina (econômica, comercial e politicamente), mas não domina na América do Sul, razão pela qual a construção regional se constitui em um foco prioritário da diplomacia brasileira. Essa decisão também parece refletir a necessidade de aden-samento e expansão das relações no âmbito do Mercosul e seus novos parceiros (sobretudo em relação à Venezuela e Bolívia), por um lado, e a constatação de que a agenda de política externa do México não tende a incluir, de modo realista na sua lista de prioridades no médio prazo, algum tipo de aproximação junto à América do Sul. Isso explica o porquê do privilégio dado à América do Sul em detrimento da América Latina.

No segundo semestre de 2008, o Brasil exerceu a Presidência pro tempore do Mercosul, que culminou com a realização da reunião do Conselho do Mercado Comum e da reunião dos Presidentes do espaço regional de integração. Durante a Presidência brasileira, foram criados o Fundo de Garantias a Micro, Pequenas e Médias Empresas e o Fundo de Agricultura Familiar e aprovados novos projetos para financiamento no âmbito do Fundo de Convergência Estrutural (Focem). Ademais, oco-rreu a negociação do Código Aduaneiro, a criação do Foro de Assuntos Tributários e a eliminação da dupla cobrança da tarifa externa comum (TEC), aspecto que consolida o Mercosul enquanto União Aduaneira. Não obstante os avanços, há ainda grande necessidade de aprofundar a consolidação da União Aduaneira, por meio da redução das exceções à TEC e da implementação das decisões adotadas a respeito da eliminação da dupla cobrança dessa tarifa.

O Brasil encontra-se empenhado na consolidação de novos meca-nismos de integração regional. A assinatura do Tratado Constitutivo da União de Nações Sul-Americanas (Unasul), realizada em Brasília em maio de 2008, é fato importante na agenda diplomática brasileira nesse ano. Não obstante sua função e efetiva validade ainda não estejam muito claras para muitos analistas, este parece ser um projeto de primeira or-dem para o Itamaraty, que organizou, em dezembro de 2008, no Estado da Bahia, mais uma Cúpula da Unasul. Nela, foi aprovada a criação do Conselho de Defesa Sul-Americano, cuja função será de coordenar e ar-ticular políticas de segurança e de defesa dos países sul-americanos, e o Conselho de Saúde Sul-Americano, concebido para funcionar como órgão de consulta e cooperação sobre temas de saúde.

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Muito embora a América do Sul seja o espaço de atuação mais caro à diplomacia brasileira, sua ‘circunstância’ de atuação, vale salientar a ini-ciativa brasileira de organizar a 1ª Cúpula da América Latina e do Caribe sobre Integração e Desenvolvimento, que teve lugar também na Bahia em dezembro de 2008. Foi a primeira reunião de países latino-ameri-canos e caribenhos para tratar de temas de interesse comum a partir de agenda e de perspectivas próprias, sem que os Estados Unidos tenham participado do evento. Na pauta, a preparação de uma agenda coletiva nas vésperas da chegada do novo líder norte-americano ao poder.

As negociações comerciais na OMC: Rodada Doha

No âmbito da Rodada Doha da Organização Mundial do Comércio (OMC), o Brasil desempenhou papel de destaque nas negociações sobre agricultura como coordenador do G-20. Na omc, a atuação do G-20 parte da mesma lógica de mudança estrutural no processo negociador nos foros multilaterais. Até recentemente, uns poucos países ricos (fun-damentalmente, os EUA e a Europa ocidental, além do Japão) decidiam a portas fechadas qual deveria ser o futuro do sistema multilateral de comércio, repartindo direitos e impondo obrigações. Aos demais Esta-dos-membros cabia apenas referendar o acordado. Eram escassas as oportunidades para os países em desenvolvimento de influir no processo decisório. O campo político estava de saída desnivelado. Ainda que com uma configuração desigual (reunindo países em desenvolvimento, tais como Brasil e Índia, com posicionamento competitivo bastante distinto no comércio agrícola internacional), o G-20 ajuda a quebrar a estrutura concentrada de poder nas negociações da OMC. O elemento central que une os membros do G-20 é a denúncia do uso de subsídios na Europa e nos EUA e as restrições de acesso ao mercado desses países para produtos agrícolas.

O Ministro Celso Amorim obteve destaque enquanto articulador de um possível acordo tentado a partir do Pacote de Julho, apresentado pelo Diretor-Geral da OMC, Pascal Lamy. A política externa brasileira tem no multilateralismo comercial um foco importante de trabalho tan-to na perspectiva de reforma do sistema, quanto na relevância que ele tem para levar o desenvolvimento aos países mais pobres. Neste sentido, a diplomacia brasileira trabalha para concluir oportunamente as nego-ciações sobre modalidades, de forma a permitir a conclusão da Rodada

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em futuro próximo. A abertura de novas frentes de negociação, à luz da evolução das negociações multilaterais na Rodada de Doha tende a ser algo que a diplomacia brasileira leva de 2008 para 2009.

A ação da diplomacia brasileira, seguindo os preceitos de sua política externa, no campo do multilateralismo comercial se coaduna a outros esforços de criação de canais de participação dos países em desenvolvi-mento na reconfiguração da ordem econômica e política internacional, contribuindo, como colocam os formuladores da PEB, para “tornar a or-dem mundial mais equilibrada, justa e democrática, e menos sujeita à inércia conservadora” (Lula Da Silva, 2009).

As parceiras estratégicas com países do Sul

O olhar para o Sul é marca da política externa do governo Lula e, em 2008, as iniciativas relativas às parcerias Sul-Sul estiveram muito presen-tes na agenda diplomática brasileira. Neste sentido, basta citar as iniciati-vas derivadas dos encontros do Fórum Índia, Brasil África do Sul (IBAS)3, da articulação do G-20, das cúpulas de países da América do Sul e da África ou das cúpulas dos Estados da América do Sul e Países Árabes, além da articulação dos BRIC. Sobre este último, vale lembrar que oco-rreu, em maio de 2008, na Rússia, a I Reunião Ministerial dos BRIC, na qual foram discutidos temas de política internacional, bem como ques-tões econômicas e temas globais.

A articulação Sul-Sul também se dá através de organismos multila-terais, como na Conferência das Nações Unidas para Comércio e Des-envolvimento (UNCTAD), instituição que nasceu no bojo do movimento de luta por uma Nova Ordem Econômica Internacional nos anos 1960/1970. A política de aproximação do Brasil com o continente africano foi realça-da, em 2008, pelas visitas do Presidente da República a Gana, no âmbito da XII Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimen-to (UNCTAD XII) e na ocasião da abertura da sede da Embrapa África, e a

3. Formalmente estabelecido em 6 de junho de 2003, mediante a “Declaração de Brasília”, o Fórum de Diálogo Índia-Brasil-África do Sul (IBAS) representa esforço de coordenação política cujas metas centrais podem ser resumidas em três tópicos: a aproximação de posições dos três países em instâncias multilaterais, o desenvolvimento da cooperação comercial, científica e cul-tural no âmbito Sul-Sul e a democratização de esferas de tomada de decisão internacional. Em abril de 2008, o Fórum IBAS se reuniu em Pretória, a fim de discutir temas relativos à agricultura (Reunião do GT de Agricultura).

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Moçambique, quando foi inaugurado o Escritório da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no continente africano. Ainda sobre a África, cabe obser-var que se acordou em 2008 que uma série de atividades de cooperação internacional serão colocadas em prática na região, incluindo a instalação de uma fábrica de medicamentos anti-retrovirais e outros medicamentos em Maputo. Ademais, vale lembrar que o Brasil participou, como obser-vador, do Comitê de Avaliação e Acompanhamento do Acordo Político de Uagadugu, estabelecendo as bases para o processo de pacificação da Costa do Marfim. O Brasil manteve, ademais, negociações com a Repú-blica do Congo, Tanzânia e Guiné-Bissau, a fim de estabelecer termos da reestruturação da dívida destes e definindo percentuais de perdão.

A Ásia também esteve em alta para a diplomacia brasileira, pois 2008 marcou a realização do “Ano do Intercâmbio Brasil-Japão”, na qual se aproveitou o simbolismo do centenário da imigração japonesa no Bra-sil para dar novo impulso às relações bilaterais. Além disso, foram ex-pressivas as visitas de autoridades de países asiáticos ao Brasil em 2008 (China, Cingapura, Índia, Indonésia, Japão, Sri Lanka e Timor-Leste). O Presidente Lula fez visita ao Vietnã, ao Timor-Leste e à Indonésia, em seqüência a ida ao Japão para participar da reunião de cúpula do G-8. Com o Timor-Leste foi estabelecido Grupo Executivo de Cooperação; com a Indonésia, foi celebrada parceria estratégica.4

Conclusão: renovação das agendas e atores de políticaexterna no Brasil

Nesta seção conclusiva do artigo, teceremos algumas considerações mais abrangentes sobre o campo da política externa à luz dos principais eventos narrados acima. Sem visar a tratar com exaustividade os temas, daremos aqui destaque a três aspectos principais: (i) os níveis da política externa e o papel da realidade doméstica nas agendas da diplomacia bra-sileira; (ii) o papel recente da diplomacia presidencial na condução dos temas de política externa no Brasil; (iii) os desafios postos pela democra-tização da sociedade política e da sociedade civil no Brasil ao campo da política externa.

4. Como resultado da visita, em julho de 2008, ao Timor-Leste do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assinou-se o Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Técnica visando à implementação do Projeto “Apoio ao Fortalecimento do Setor da Justiça em Timor-Leste”.

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O “doméstico” e o “internacional” nas agendasde política externa no Brasil

A aceleração dos processos de globalização ao final dos anos 1980 coincidiu, no caso brasileiro, com a crise do modelo de substituição de importações e o aumento da taxa de abertura da economia nacional, cul-minando com a estabilização macroeconômica que representou o Plano Real em 1994. Com a economia mais aberta, o Brasil diversificou ainda mais seus mercados de importação e exportação, mas teve, ao mesmo tempo, de conviver com os constrangimentos típicos dos programas de ajuste estrutural (controle das finanças públicas, redução linear do apa-relho administrativo estatal, etc.). Corolário desses processos, a fronteira entre o plano doméstico e o âmbito internacional tornou-se ainda mais porosa do ponto de vista econômico, mas também tecnológico, cultural, social e político. Esse incremento quantitativo e uma mudança qualita-tiva da porosidade da fronteira nacional trouxe repercussões para a con-dução da política externa no Brasil.

O que alguns teóricos realistas clássicos das Relações Internacio-nais construíram em torno da noção de fronteira territorial nacional foi, pouco a pouco, desnaturalizando-se e perdendo sentido. Os processos de globalização e muitos transnacionalismos (econômicos, culturais, in-formacionais) foram colocando em xeque, além da soberania e da auto-ridade do Estado, a própria noção de território nacional: ele passou a ser contestado por ativismos infranacionais, processos de integração regio-nal, por normas éticas e regras de direito (Badie, 1995). É evidente que o território nacional permanece como um dos componentes essenciais da realidade material do Estado nacional e de sua soberania delimitada pe-las fronteiras. É no território que o Estado exerce sua jurisdição, e é por meio dele que as comunidades políticas da modernidade se diferenciam.

No entanto, o que os diferentes tipos de transnacionalismos reticula-res revelam de modo muito particular é a necessidade de re-contextua-lizar a política contemporânea na qual o nítido recorte moderno entre política doméstica e política exterior, alta e baixa política (high politics e low politics), hard power e soft power, entre outras dicotomias clássi-cas no estudo das relações internacionais, tende a se relativizar e a ser desconstruído (Milani e Laniado, 2007). Nesse sentido, as contribuições seminais de Walker (1993) são uma ferramenta fundamental na análise de como as fronteiras e os territórios construídos sob a imaginação polí-tica moderna (enquanto filosofia da história) se confrontam, na contem-

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poraneidade, com as demandas de superação (ir além) dos horizontes ontológicos produzidos pela geopolítica estatal.

O realismo político, tão fundamental nas análises tradicionais de po-lítica externa (a chamada “foreign policy analysis”), não peca por insistir na importância do Estado, mas por não aprofundar consistentemente a análise do que realmente constitui o Estado, como ele se constrói, quais são as suas contradições (Walker, 1993: 46). A filosofia da história por de-trás do realismo tende a impor-nos a concepção ontológica de que a au-toridade central dos Estados (sua soberania, sua capacidade de controle sobre o território nacional) seria uma condição sine qua non e suficiente para a vida política internacional – ao invés de uma característica parti-cular de algumas formas possíveis da vida política mundializada. Como afirmam Inayatullah e Blaney (2004), dialogando com Robert Walker, as relações internacionais são um mundo, mas são igualmente vários mun-dos, nos quais há zonas de contato que evidenciam a co-presença tem-poral e espacial de sujeitos, atores e processos políticos anteriormente separados por disjuntivas geográficas e históricas.

Hoje, essas trajetórias interagem, dialogam, entram em conflito aber-to umas com as outras, rompendo o “império da uniformidade” antes imposto por fronteiras exclusivas e incondicionadas (Inayatullah e Bla-ney, 2004: 187). Desse processo de ruptura/abertura resulta um espaço mundial contemporâneo não mais recortado tão-somente por Estados nacionais, mas reconfigurado enquanto verdadeira “estrutura plurilate-ral” (Cerny, 1995: 595).

Daí resulta, ademais, a necessidade de se repensar a política externa, enquanto ação organizada do Estado-nacional. Putnam (1998) chamou a atenção para os dois níveis da diplomacia (“two-level game”), ou seja, o duplo plano de relações de poder, de constrangimentos e oportunidades que se apresentam aos atores do campo da política externa. De fato, no contexto geral dos processos de democratização após os anos de ditadura militar no Brasil, as questões domésticas vem mudando de natureza e as agendas políticas vêm-se gradativamente internacionalizando. Além dos temas econômicos e comerciais, o meio ambiente, a agricultura, as políticas urbanas, a política cultural no Brasil, inter alia, são campos em franco processo de internacionalização. A política externa de Lula, e em 2008 em particular, vem refletindo essa transformação. O Itamaraty vai perdendo a exclusividade da prática diplomática. Muitos profissionais altamente bem formados do corpo diplomático brasileiro são enviados a outras pastas ministeriais (cultura, desenvolvimento agrário, por exem-

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plo) e entram em diálogo com outras culturas organizacionais do “inter-nacional”.

Associados a este processo de “implosão do campo da política exter-na” no Brasil, os efeitos da descentralização e da urbanização crescen-te fazem com que muitos estados-federados e municípios desenvolvam o que se convencionou chamar, não sem muita disputa intelectual, de “paradiplomacia” das entidades subnacionais no Brasil. Embora o or-denamento jurídico atual evidencie uma lacuna frente a competências definidas e legalmente reconhecidas para as ações externas de estados-federados e municípios, em 2003 o Itamaraty estabeleceu a Assessoria de Relações Federativas (ARF), posteriormente transformada na Asses-soria para Assuntos Federativos e Parlamentares (AFEPA). Em recente pesquisa realizada por Clotilde Ribeiro no LABMUNDO, com base em 72 municípios brasileiros, evidenciou-se que 29 municípios (71% do total) exercem alguma atividade paradiplomática, muito embora um significa-tivo percentual o faça sem estabelecer órgão administrativo próprio para esta finalidade, ou seja, agindo informalmente (vide quadros 1a, 1b e 2). Diante da situação, em 2008 os debates sobre a condução da diploma-cia brasileira integrou a proposta de emenda à Constituição de número 475/2005 (“PEC da Paradiplomacia”). No entanto, nada em 2008 ainda ficou definido a esse respeito.

Qt RG EST Cidades com RI Status

1 BA CAMAÇARI Secr.Adjunta/sob SEGOV2 CE FORTALEZA Assessoria/ Coordenadoria3 PE RECIFE Órgão sob uma Secretaria4 BA SALVADOR Órgão sob uma Secretaria5 PA BELÉM Assessoria/ Coordenadoria6 RR BOA VISTA Assessoria/ Coordenadoria7 AC RIO BRANCO Assessoria/ Coordenadoria8 RS CAXIAS DO SUL Órgão sob uma Secretaria9 PR CURITIBA Secr.Adjunta/sob Secretaria

10 SC FLORIANOPOLIS Assessoria/ Coordenadoria11 RS FOZ DO IGUAÇU Secretaria RI12 SC JOINVILLE Órgão sob uma Secretaria13 RS PORTO ALEGRE Secr.RI e outros Temas14 RS SANTA MARIA Secr.RI e outros Temas

SUL

NE

NO

Quadro 1aMunicípios com estrutura de RI

Fonte: Ribeiro e Milani, 2009.

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Qt RG EST Cidades com RI Status1 MG BELO HORIZONTE Órgão sob uma Secretaria2 SP CAMPINAS Secretaria de RI3 SP DIADEMA Órgão sob uma Secretaria4 SP GUARULHOS Assessoria/ Coordenadoria5 SP ITU Secretaria autônoma de RI6 SP JUNDIAÍ Órgão sob uma Secretaria7 SP OSASCO Assessoria/ Coordenadoria8 RJ RIO DE JANEIRO Assessoria/ Coordenadoria9 SP SANTO ANDRÉ Órgão sob uma Secretaria10 SP SANTOS Assessoria/ Coordenadoria11 SP S.Bernardo do Campo Secr.RI e outros Temas12 SP S.José do Rio Preto Órgão sob uma Secretaria13 SP SÃO PAULO Secretaria RI14 SP SOROCABA Órgão sob uma Secretaria15 ES VITÓRIA Assessoria/ Coordenadoria

SUDESTE

Quadro 1bMunicípios com estrutura de RI.


A diplomacia presidencial e a condução da política externa

O papel do Presidente da República na condução da diplomacia, sobre-tudo desde o primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, vem crescendo de modo significativo. No Brasil, tem-se tratado do tema sob a etiqueta de “diplomacia presidencial”. De fato, a Presidência da República cria serviços e secretarias extraordinárias (mulheres, polí-ticas de reparação, direitos humanos, por exemplo) que passam a ter papel importante no seguimento de pautas da política externa. Ademais, tanto Fernando Henrique Cardoso quanto Lula são personalidades que buscam marcar o campo da política externa com temas e motos próprios: a “autonomia pela participação” no primeiro caso (que implicou a adesão ao Tratado de Não-Proliferação Nuclear e uma aproximação dos princí-pios da governança global, por exemplo) e a “mudança da geografia do comércio mundial” ou a “forte integração regional”, no segundo caso.

A diplomacia presidencial também implica intensa mobilidade in-ternacional do Presidente, o que pode ser comprovado no mapa 1 que ilustra as viagens realizadas no mandato do Presidente Lula, com ênfase perceptível para o continente africano. Um dos corolários para o Itama-raty tem sido a crescente politização das agendas de política externa, a partir da confrontação de pelo menos duas correntes no seio do Ministé-

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Quadro 2Municípios sem estrutura de RI

Municípios que não possuem estrutura de assessoria de relações internacionais

Sem atuação alguma no campodas relações internacionais

Com alguma forma de atuaçãoem relações internacionais

Ordem Região Estado Município Ordem Região Estado Município

1. Centro Oeste

Mato Grosso do Sul

Campo Grande

1. Centro Oeste

Mato Grosso

Cuiabá

2. Ponta Porã 2. Mato Grosso do Sul

Corumbá

3. Goiás Goiânia 3. Nordeste Paraíba João Pessoa4. Tocantins Palmas 4. Campina

Grande5. Nordeste Alagoas Maceió 5. Bahia Feira de

Santana6. Pernambuco Jaboatão dos

Guararapes6. Rio Grando

do NorteNatal

7. Sergipe Aracaju 7. Pernambuco Olinda8. Norte Rondônia Porto Velho 8. Maranhão São Luís9. Sudeste São Paulo Americana 9. Piauí Teresina10. São José dos

Campos10. Norte Amazonas Manaus

11. Rio de Janeiro

Duque de Caxias

11. Amapá Macapá

12. Nova Iguaçu 12. Sudeste Rio de Janeiro

São Gonçalo

13. Minas Gerais Contagem 13. São Paulo Cubatão14. Rio Preto 14. Jacareí15. Sul Paraná Londrina 15. Ribeirão

Preto16. Rio Grande

do SulChuí 16. São Caetano

do Sul17. Jaguarão 17. Minas

GeraisIpatinga

18. Itaqui 18. Ouro Preto19. São Borja 19. Uberlândia20. Uruguaiana 20. Sul Paraná Maringá

21. Santa Catarina

Blumenau 21. Rio G. do Sul

Gravataí

22. Santana do Livramento


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rio das Relações Exteriores: de um lado, defensores de valores mundiais e de princípios de uma soberania compartilhada; de outro, nacionalistas e tenores de uma inserção soberana do Brasil na globalização. É evidente que este fenômeno não deve ser analisado sem considerar o processo de democratização do Estado, de que trataremos no item final, a seguir.

A diplomacia presidencial também reflete o esforço do governo bra-sileiro em abrir novas fronteiras para o comércio brasileiro e a coope-ração técnica. Em quase todos os eventos diplomáticos, mesmo em feiras ou encontros de cunho mais social ou cultural (por exemplo, durante as comemorações do ano da imigração japonesa), procurou-se dar desta-que ao fechamento de algum acordo comercial ou de cooperação técni-ca. Muitas das missões comerciais empreendidas em 2008 contaram com a participação ativa das entidades industriais ou comerciais, não só no âmbito federal (as empresas de Minas Gerais podem ser citadas como exemplo desta pró-atividade em termos de ação externa).

Democratização e novos atores e temas no campo da política externa

Defendemos a hipótese segundo a qual o processo de democratização do Estado (sociedade política e sociedade civil) produz efeitos políticos importantes na condução das agendas diplomáticas no Brasil. Após a constitucionalização de princípios de política externa (direitos humanos, autodeterminação dos povos, não-intervenção e igualdade entre os Esta-dos, solução pacífica dos conflitos, combate contra o terrorismo e ênfase na integração regional latino-americana), novos atores (academia, empresas, ONG, movimentos sociais) passam, pouco a pouco, a investir o campo da diplomacia, trazendo análise crítica, expertise, práticas de lobby, dinâmicas de denúncia e controle democrático, agora, também para o âmbito da política externa.

O processo ainda é bastante tímido, porém já visível, graças, entre outros aspectos, à celebração das conferências das Nações Unidas (Rio-1992, preparação dos relatórios de Copenhague e Viena) que incentiva-ram a participação de atores não-estatais nas agendas relativas a direitos humanos, proteção do meio ambiente e desenvolvimento social no plano das relações internacionais. Durante o mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso, embora de modo não institucionalizado, alguns inte-lectuais (Amélia Cohn, do CEDEC de São Paulo, muito próxima de Ruth Cardoso, mas também Herbert de Souza, por exemplo) foram chamados para discussões informais. O papel de Miguel Darcy Oliveira do Itama-

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raty foi importante neste momento. Sob o mandato do Presidente Lula, a aproximação entre as instituições formais da diplomacia e os atores sociais tornou-se mais densa e, embora de modo ainda incipiente, mais institucionalizada. As negociações em Cancun (março de 2003) e a cele-bração da XI CNUCED (junho de 2004) em São Paulo são ilustrações desse processo. Em junho de 2008, em Brasília, podemos citar a organização da Conferência Regional Preparatória para a Conferência de Revisão de Durban contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e a In-tolerância Correlata. A Conferência foi precedida pelo Fórum da Socie-dade Civil, do qual participaram cerca de 300 organizações de diversos países da América Latina e do Caribe.

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La política exterior de los estados del Caribe anglófono: eje esencial de

supervivencia regional

José Francisco Piedra Rencurrell1

El propósito principal del presente trabajo es esbozar en líneas generales las características de la política exterior de los estados caribeños.

Sin embargo, las implacables limitaciones del espacio otorgado por los editores, harán que necesariamente debamos restringir los alcances del análisis y de la demostración de los supuestos que aquí abordaremos sobre el asunto en cuestión.

De lo anterior se desprende que lo primero a establecer será la defi-nición del Caribe sobre el cual hablaremos y que las razones antes apun-tadas dictan la conveniencia de circunscribirnos al Caribe anglófono no solo por ser el área de mayor concentración de estados en esa zona geo-gráfica sino además porque comparten visiones comunes y articuladas en diferentes aspectos de sus sociedades.

La decisión de no incluir en el presente análisis a las conocidas como las Antillas Mayores (Haití y la República Dominicana que comparten la isla denominada como La Española y a Cuba), obedece a las notables diferencias de dimensiones geográficas, territoriales, económicas y de historia, entre otras, que tienen con el resto de las anglófonas y al hecho

1. Investigador de la Cátedra de Estudios del Caribe de la Universidad de La Habana y colabora-dor del Centro de Estudios sobre América.

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de que el tratamiento del asunto para esas tres naciones llevaría por sí solo un trabajo de mayores dimensiones y envergadura que el presente.2

La motivación principal en la selección del tema estuvo centrada en las peculiaridades de las políticas que hacia el exterior desarrollan los estados-naciones caribeños de la zona apuntada y que nos hacen cues-tionar la existencia de políticas exteriores propias como correspondería a cada uno de ellos; sin negar, por otro lado, la validez teórica de que a través de toda la historia han sido los estados los actores principales en las relaciones internacionales.3

Adicionalmente no podría eludirse el tratamiento de la relación en-tre la política interna y la política exterior que exhiben estos países y los factores condicionantes que se derivan de sus características propias.

Cualquier análisis serio que sobre esta parte del Caribe se pretenda realizar, deberá partir siempre del reconocimiento a las vulnerabilidades de diverso tipo que han impactado e impactan los comportamientos po-líticos tanto internos como externos de estas naciones.

La mayoría de estas ínsulas caribeñas exhiben un pobre desarrollo económico derivado de la escasez de recursos naturales, lo que les ha im-posibilitado incluso ser exportadores netos de materias primas aun luego de la independencia y después de haberse, de cierta forma, extinguido el sistema de economía de plantación. Solo Trinidad y Tobago con sus recursos petroleros y en menor escala Jamaica, con su bauxita y alguna producción azucarera, pueden mostrar indicadores económicos de cierta consideración.

La naturaleza, en cambio, les proporcionó condiciones consideradas por algunos como paradisíacas para el turismo que, en buena parte de las naciones caribeñas, constituye la principal fuente de ingresos, aun con la volatilidad de esa industria comúnmente sometida a los impactos negativos ocasionados por desastres naturales o, como acontece hoy, por la crisis económica internacional desatada en Estados Unidos (principal

2. En esencia, el concepto utilizado aquí comprenderá al área geográfica en que se ubican las na-ciones independientes y básicamente anglófonas (con la excepción de Suriname) que integran la Comunidad del Caribe o Caricom: Belice, Bahamas, Jamaica, Barbados, Guyana, Trinidad y Tobago, Suriname y las ínsulas del Caribe Oriental: Antigua y Barbuda, Granada, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Dominica y San Cristóbal y Nevis.

3. González Gómez, Roberto. Teoría de las relaciones políticas internacionales, capítulo III, p. 3. Instituto Superior de Relaciones Internacionales/Editorial Pueblo y Educación, La Habana, Cuba.

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La política exterior de los estados del Caribe anglófono

emisor de turismo hacia el área) y extendida por otras naciones desarro-lladas.

Las vulnerabilidades de carácter medioambientales también han de tomarse muy en cuenta, pues se trata de pequeñas islas ubicadas geográ-ficamente en la ruta más usual de los huracanes tropicales que durante una buena parte del año se forman y transitan por esta zona. Son más que evidentes los estragos que habitualmente causan estos fenómenos atmosféricos en naciones de poco desarrollo económico y con marcadas insuficiencias de carácter tecnológico y de preparación de sus sociedades en materia de protección y de defensa civil.

No son ajenas tampoco a los crecientes efectos negativos del cambio climático y, muy especialmente, a la erosión de sus playas y al aumento de los niveles del mar por solo citar un par de factores que acechan peligro-samente sobre porciones nada despreciables de sus pequeños territorios.

Todos estos factores económicos y naturales adversos han determi-nado y continúan determinando la marcada dependencia caribeña deexternalidades de carácter económico, comerciales y tecnológicos yde defensa, lo cual necesariamente ha influido en la construcción de los imaginarios que prevalecen sobre el área y en la formación de las estruc-turas y visiones políticas propias que en ella se dan.

No sería correcto hablar de la preeminencia de un patrón de unifor-midad cultural (entendida aquí la cultura en su concepto más amplio y abarcador) en el Caribe pero sí está comúnmente admitido que es en esa diversidad donde radican los elementos vinculantes que caracterizan a las sociedades caribeñas en diversas facetas de su existencia.

En un artículo preparado para la revista de análisis político Contex-to Latinoamericano, apuntábamos la existencia de una historia bastan-te común en la formación de los sistemas políticos que posteriormente devinieron nacionales en las colonias inglesas del Caribe y, aunque de-cíamos que el advenimiento a la independencia de la mayoría de estos países anglófonos fue el resultado de una negociación política que estuvo fuertemente influenciada por el movimiento internacional en favor de la descolonización, tal proceso no se dio como un fenómeno simultáneo sino que se fue materializando en fases escalonadas que se extendieron y prolongaron desde principios de la década de los sesenta hasta la del ochenta inclusive (Piedra Rencurrell, 2007).

En lo anterior puede apreciarse que si bien se trató de un proce-so con un propósito final común, los tiempos en que el mismo se dio marcaron una diversidad que fue resultante de los diferentes niveles y

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gradaciones de maduración política que exhibían las distintas colonias caribeñas en aquel momento y de las estrategias propias seguidas por la metrópoli colonial.

Ello, en cambio, no negó en momento alguno que la necesidad de unirse se convirtiera en uno de los requerimientos más perentorios para los nuevos estados independientes del Caribe que no vieron ni tenían otra opción que esa si querían sobrevivir como tales. Aun antes del adve-nimiento a la independencia, a inicios de la década de los sesenta, ya se hablaba de la creación de una federación de naciones caribeñas, proyec-to que no prosperó, quizás, al no estar dadas todavía las condiciones más propicias para un propósito de tanta envergadura y en lo que debió haber influido también el hecho de que la idea surge casi en los albores mismos del inicio del proceso de descolonización en el área (Piedra Rencurrell, 2007).

La lógica de los acontecimientos pudo haber indicado la inviabilidad de materializar tal propuesta antes de acceder al estatuto de indepen-dientes y de comenzar a experimentar con los mecanismos de construc-ción de sus respectivas sociedades en correspondencia con las realidades específicas de cada una de las naciones emergentes. No obstante, el ger-men de alguna manera quedó y hay autores que consideran al proyecto de la federación como el embrión del proceso integracionista que hoy se desarrolla en el área y al que nos referiremos más adelante.

De manera que en la formación de sus estructuras de funcionamien-to interno las naciones del Caribe anglófono, aunque absolutamente in-dependientes entre sí y cada una de ellas con la ex-metrópoli, decidieron mantener determinados vínculos de comunidad que les propiciaran la necesaria identidad y fuerza para unirse o encontrar polos de unidad a escala regional.

Así es que a partir de las experiencias políticas adquiridas desde el periodo colonial y fuertemente influenciadas por el sistema británico de gobierno, como no podía ser de otra forma, las ex-colonias emergieron con patrones de sistemas políticos muy similares al de Londres, estable-ciéndose, en su gran mayoría, como democracias parlamentarias regidas por el modelo Westminster.

Otras características políticas que están presentes en los sistemas po-líticos implantados (o transplantados) y que se asemejan bastante en una buena parte de estas pequeñas naciones están relacionadas con la regu-laridad de los procesos electorales, la alternancia en el poder y un mar-cado bipartidismo, así como la ausencia de conmociones políticas que

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trasciendan las fronteras y repercutan de manera negativa en el exterior. Excluimos, por supuesto, de esta consideración a la invasión norteame-ricana a Granada en 1983 y los golpes militares de estado en Suriname a finales de la década de los setenta.

Establecidos ya los antecedentes históricos más generales de la cons-trucción de los sistemas políticos caribeños en la parte angloparlante de la región, es necesario apuntar que todo esto ha sucedido, en esta peque-ña porción del planeta, cuando ya habían sido superados los tiempos en que la política exterior de los estados operaba como una reacción a estí-mulos externos provenientes, sobre todo, de las acciones de otros estados (Piedra Rencurrell, 2007: 31).

Estas naciones del Caribe acceden, pues, a la independencia en mo-mentos en que ya las posiciones de política exterior adoptadas por los estados se encontraban muy estrechamente vinculadas a los procesos po-líticos internos y reservadas al sector especializado de la clase dominante en cada uno de ellos (Piedra Rencurrell, 2007).

Lo anterior dejaría claramente establecida la centralidad del concep-to que establece que la política exterior no es más que la prolongación de la política interna seguida por los estados, en función de los intereses que se definan como nacionales por uno u otro grupo o clase social que detente el poder.

En el caso que nos ocupa observaríamos, entonces, que los objeti-vos fundamentales de la política exterior de los estados caribeños pasa-rían siempre, en primer lugar, por la defensa de sus intereses específicos como naciones de escaso desarrollo económico que identifican conscien-temente sus vulnerabilidades y por su lucha para que se le reconozcan tales condiciones en el concierto internacional, lo cual se convierte en elemento vital para su subsistencia. Al propio tiempo que se empeñan, con posiciones coherentes y bastante homogéneas de política exterior, en ratificar la legitimación de su independencia y de su carácter soberano.

Y es precisamente aquí donde con mayor claridad puede apreciarse la obligatoriedad que tiene el concepto de la unión en los caribeños pues es la vía válida para encontrar las necesarias fortalezas que se requieren para competir con dignidad en el resto del mundo y al propio tiempo pa-ra defenderse de cualquier acechanza externa contra su independencia y soberanía. O sea que la combinación de intereses estratégicos de carácter económico y comercial, así como político constituye la génesis del pro-ceso de integración caribeño, considerado hoy como el más antiguo del hemisferio occidental.

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En la segunda mitad de la década de los sesenta, en medio del proceso de descolonización, las naciones ya independientes del Caribe anglófono decidieron crear la Asociación Caribeña de Libre Comercio (CARIFTA,por sus siglas en ingles) que puede considerarse como el segundo gran proyecto intrarregional (el primero fue el ya mencionado de la federa-ción) que perseguía construir posiciones de unidad en el tema comercial tanto hacia el interior del área como hacia afuera de la misma

En un paso superior de unidad, los líderes de la Commonwealth ca-ribeña decidieron, en 1972, transformar CARIFTA en un mercado común, dejando establecida de manera formal, con esa decisión ante todo polí-tica, la Comunidad del Caribe o Caricom, de la cual el propio mercado común seria su componente integral (Caricom, 2007).

La firma del tratado que establece la Caricom tuvo lugar en Cha-guaramas, Trinidad y Tobago, el 4 de julio de 1973 (Caricom, 2007) y esa fecha marcó un momento trascendental y definitivo para la historia de la región pues significó un escalón muy superior en los empeños integracio-nistas que continuaban impulsando las naciones y sus líderes políticos y que se convertía, además, en un referente a escala continental.

Quedaban superados así los límites establecidos por CARIFTA como un área intracaribeña de libre comercio exclusivamente, para amplificar esa vital relación a nuevas interdependencias multilaterales y proyectar-las hacia otras áreas no menos importantes, como serian el libre flujo de capitales y fuerza de trabajo y las necesarias coordinaciones de políticas y estrategias subregionales en sectores como la agricultura, la industria, el comercio y la cooperación y la política exterior (Piedra Rencurrell, 2007: 116).

Sin lugar a dudas, esa nueva dimensión del proyecto integracionista caribeño nos permite ver también la articulación estratégica entre los intereses de política interna y exterior de las naciones que lo integran, pues en la Caricom se deciden aspectos consustanciales a temas de carác-ter económico, comerciales, culturales y de política internacional, entre otros, a cuyos fines se subrogan y se adecuan las legislaciones internas de cada país en cada uno de los asuntos o temas en cuestión. En la práctica, un requisito indispensable para acceder a la membresía de esa comuni-dad es el acatamiento más general de los postulados contenidos en el proyecto del mercado y economía únicos de la Caricom, aunque de ma-nera tal que ello no signifique una cesión de soberanía.

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Según los objetivos programáticos de la Caricom (Caricom, 2007) que aparecen reseñados en sus documentos constitutivos, entre sus prin-cipales propósitos se encuentran:

• La aceleración en forma convergente del desarrollo económico coor-dinado y sostenible.

• La expansión de las relaciones económicas y comerciales con terce-ras naciones

• El incremento de los niveles de competitividad internacional.• El aumento de la producción y de la productividad.• El logro de un alto nivel de participación e influencia económica y

efectividad de los estados miembros en sus relaciones con terceros estados, grupos de estados y entidades internacionales de cualquier tipo.

• El fortalecimiento de la coordinación entre los estados miembros en torno a las políticas exteriores y económicas internacionales.

• El establecimiento de la cooperación funcional entre los estados miembros.

En la consecución de estos y otros objetivos de largo alcance en las áreas de la política, la economía, las finanzas, el transporte, la seguridad, el medio ambiente y los desastres naturales, los países del Caribe angló-fono agrupados en la Caricom han podido articular mecanismos validos de coordinación de posiciones a través de la creación y las reuniones periódicas de Órganos como el Consejo de Comercio, Economía y De-sarrollo (COTED, por sus siglas en ingles) y el Consejo para las Relaciones Exteriores y Comunitarias (COFCOR) entre otros, así como el segmento de más alto nivel que se materializa en las Cumbres Ordinarias e Intersesio-nales de Jefes de Gobierno de la Comunidad.

Estas reuniones cumbres se efectúan una vez por año. La interse-sional generalmente a comienzos del mismo y tiene la finalidad de revi-sar, controlar, promover, estudiar y modificar cuando sea necesario, los acuerdos y decisiones adoptadas en la cumbre ordinaria última que, por lo general, se realiza a principios de julio en un país miembro diferente. Estas conferencias de jefes de gobierno constituyen el eslabón político supremo de la Comunidad Caribeña en la cual impera siempre el consen-so en la toma de decisiones.

Como puede apreciarse, la estructura funcional de la Caricom está concebida sobre la base de la sistematicidad de los contactos y la comu-

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nicación permanente entre los jefes de gobierno así como en la periodi-cidad de las reuniones de los principales órganos que se ocupan de los temas de mayor perentoriedad para el área. Tal regularidad le imprime al mecanismo cierto grado de fluidez en la atención y en la toma de decisio-nes, si bien no obvian la existencia de un relativamente extenso aparato burocrático radicado en la Secretaría General en Guyana y que, en oca-siones, ha sido tildado de lento y complejo.

No obstante, ha sido este el mejor esquema encontrado por los ca-ribeños que, entre otras cosas, les ha permitido reaccionar de manera homogénea ante asuntos inherentes a la comunidad regional e interna-cional y en los que los países han debido fijar una posición.

En el caso que nos ocupa, tales posiciones han sido previamente con-sensuadas al interior de la Caricom y llevadas como bloque al escenario que corresponda. Por lo general, es así como actúan los caribeños en la ONU, la OEA y en otros organismos internacionales. La endeblez de sus economías no les permite a muchas de estas naciones tener embajadas y oficinas diplomáticas y consulares abiertas en otros estados u organismos internacionales, por lo cual el tema de la representación por Caricom como grupo subregional adquiere para ellos una importancia vital.

Queda demostrado que en la base de toda la estructura de Caricom se encuentra el componente de la política exterior como uno de los ele-mentos fundamentales. En 2001 y luego de un riguroso proceso evalua-tivo de lo logrado hasta la fecha, los líderes caribeños decidieron la revi-sión del Tratado de Chaguaramas propiciando que el objetivo principal del mercado común fuera ampliado ahora hacia el establecimiento del mercado y economía únicos, lo que sin duda representaba un estadio superior, más abarcador, de los empeños integracionistas de los caribe-ños, al tiempo que se pretendía acelerar el camino hacia la integración (Girvan, 2007). Una nueva etapa se iniciaba dentro del proceso integra-cionista regional.

En lo político, una de las características principales que se ha man-tenido como primordial entre las naciones del área es que la mayoría de los gobernantes y líderes políticos regionales han abrazado, estimulado y respaldado la voluntad integradora por encima de matices y enfoques so-bre determinados aspectos de los que conforman la agenda del mercado y economía únicos (Piedra Rencurrell, 2007: 113).

No puede hablarse de una homogeneidad absoluta en todo ni en to-dos los aspectos o temas que se abordan en la Caricom si bien, como ya se ha informado, tiene que existir el consenso en las decisiones que se

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adoptan. Bahamas, por ejemplo, ha mantenido su reticencia a adherirse a determinados protocolos relacionados con el libre tránsito de personas y capitales establecidos por la comunidad, pero no se ha opuesto a ellos facilitando, precisamente, el necesario consenso para echarlos a andar. Podría afirmarse que este ha sido el caso más significativo de no cons-trucción del consenso al interior de la Caricom pues en la casi totalidad de los casos se esfuerzan y laboran arduamente por alcanzarlo.

Sin lugar a dudas, es en la esfera de los temas de la política exterior donde se ha apreciado una mayor y más compacta homogeneidad en las posiciones de los caribeños.

Cuba ha sido uno de los más claros ejemplos de la solidez y la unidad de los caribeños por su firme y valiente postura de oponerse de manera sistemática al bloqueo económico, financiero y comercial que durante más de 40 años Estados Unidos le ha impuesto a la mayor de las Antillas. Asimismo han defendido con fuerza el reconocimiento de la pertenencia de la isla a la región y se han opuesto vigorosamente al aislamiento que los gobiernos en Washington han querido imponerle a La Habana (Pie-dra Rencurrell, 2007: 113).

Los casos de Iraq con la invasión y ocupación norteamericana a esa nación árabe ignorando a las Naciones Unidas y el de Haití, un miembro pleno de la Caricom, con la intervención extranjera y posterior expulsión fuera del país del presidente constitucionalmente electo Jean Bertrand Aristide, fueron otras ocasiones de comunión en la firmeza de las posi-ciones políticas que adoptaron los gobiernos caribeños.

Vale destacar el hecho de que, por lo general, las circunstancias polí-ticas de carácter interno y, en especial los cambios de gobiernos, no han afectado en lo fundamental la unidad, el consenso y las visiones estraté-gicas de política exterior que este grupo de países ha decidido mantener.

Durante los dos últimos años y como resultado de elecciones genera-les en todos los casos, varias naciones caribeñas4 registraron cambios de gobiernos, al asumir el poder partidos políticos que se encontraban en la oposición, pudiéndose apreciar una conducta de continuidad y respeto a los consensos ya alcanzados dentro de la Caricom tanto hacia el proceso de integración regional como hacia temas de las relaciones políticas, eco-nómicas y comerciales internacionales.

4. Asumieron nuevos gobiernos en Santa Lucía, Bahamas, Jamaica, Trinidad y Tobago, Barbados, Belice y Granada.

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La capacidad negociadora que los caribeños han sabido desarrollar en distintos foros internacionales les ha merecido credibilidad y en cierta medida (quizás no en la magnitud por ellos deseada) ha facilitado que se les reconozcan sus realidades de naciones menos favorecidas y ne-cesitadas de un tratamiento preferencial o diferenciado de parte de la comunidad internacional. Los desafíos, retos y peligros que le impone al Caribe la realidad de un mundo globalizado en medio de una gran crisis económica internacional como la actual, así como sus propias vulnera-bilidades, continuarán haciendo de la política exterior uno de los ejes, si no el fundamental sí el de mayor importancia a nivel regional para su supervivencia. La concertación intracaribeña de todo tipo y en forma permanente ha demostrado ser y deberá continuar siendo su mejor antí-doto frente a tales amenazas.

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Relaciones bilaterales de Argentina:los casos de la Federación de Rusia

y la República Popular China

Carolina Crisorio1

Las relaciones entre Rusia y Argentina se inician a fines del siglo XIX y los primeros convenios se suscribieron poco antes de la I Guerra Mundial, pero la Revolución Rusa generó un distanciamiento que no pudo ser revertido hasta el primer gobierno de Juan Domingo Perón, momento en el cual se restablecieron las relaciones bilaterales (1946). A partir de entonces y hasta la disolución de la ex-Unión Soviética, se suscribieron poco más de setenta convenios y documentos entre ambos países, desti-nados a promover y regular los vínculos en el plano económico, cultural y científico. El mayor acercamiento se produjo durante los años setenta, en primer lugar, porque el tercer gobierno justicialista (1973-1976) pro-movió un acercamiento más activo, y luego, porque la dictadura (1976-1983), tras un enfriamiento inicial, terminó trasformando al mercado soviético en el principal destino de los cereales argentinos.

Luego de la separación de las repúblicas soviéticas (1991), se suscri-bieron varias decenas de convenios y declaraciones entre los dos países, pero también entre la Federación y las provincias argentinas. El primero de ellos fue el “Convenio entre el Ministerio de Defensa de la República Argentina y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación de

1. B. Carolina Crisorio dicta las materias Historia Económica y Social Argentina e Historia Económica y Social General. Es investigadora del CIEA, IIE, Sección Historia Económica, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Codirectora del Proyecto Ubacyt E033 (2008/2010) “La cuestión de la Dependencia en la Historiografía Argentina, de la Segunda Posguerra a la actualidad. Enfoques teóricos y proceso histórico”.

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Carolina Crisorio

Rusia sobre la Cooperación Bilateral” (Moscú, 15 de octubre de 1992). Estos nuevos acuerdos han estado orientados principalmente al área económica y de intercambio comercial: pesca, cooperación comercial, apoyo a las pymes, inversiones, transporte; al área científico-tecnológica, en especial en el ámbito atómico; al área de servicios consulares, visado, aduana; a la protección fitosanitaria; a la cooperación y asistencia juris-diccional, civil, comercial, laboral, administrativa e impositiva; al área de cooperación técnico-militar; al uso pacífico del espacio ultraterrestre. En cuanto a los convenios preexistentes, recién en 2006, bajo la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007), se firmó el “Protocolo entre el Gobier-no de la República Argentina y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre la Vigencia de los Acuerdos Suscriptos por la República Argentina y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas” (Buenos Aires, 7 de abril de 2006).

A partir de entonces, se ha registrado una mayor frecuencia en las visitas de autoridades y empresarios hacia ambos países. En octubre de 2006, Jorge Taiana, ministro de Relaciones Exteriores, encabezó una mi-sión multisectorial a Moscú con 35 empresas. Allí se entrevistó con el canciller Serguei Lavrov y también se realizó un seminario para promo-ver negocios entre ambos países. En octubre de 2007, Buenos Aires re-cibió varias visitas, la del viceministro de Asuntos Exteriores de la Fede-ración de Rusia, Serguei Kisliak, la del secretario de Seguridad de la Fe-deración Rusa —el número tres del estado ruso—, Nikolay Patruschev, y en diciembre, la del canciller ruso Lavrov. Todos ellos se reunieron con el canciller argentino. Asimismo, quedó establecido que la futura presi-denta Cristina Fernández de Kirchner —que asumió el 10 de diciembre de 2007— visitaría la Federación.

Por otra parte, en junio de 2008 Alfredo Quiaradia, presidente de la parte argentina de la Comisión Intergubernamental Ruso-Argentina de la Cooperación Económica, Comercial, Científica y Tecnológica, realizó una visita a Moscú y se entrevistó con el viceministro Serguei Kisliak con la idea de continuar reactivando las relaciones bilaterales. Luego, el canciller Jorge Taiana realizó un nuevo viaje a Moscú en septiembre, encabezando una misión comercial multisectorial junto al gobernador de La Rioja y otras importantes autoridades y unos sesenta empresarios. Entre otras cosas, Taiana hizo gestiones para evitar que se establecieran restricciones a la fruta fresca argentina. Paralelamente se realizó un se-minario para el empresariado en Argentina, en el que participaron auto-ridades del gobierno ruso y del vicepresidente de la Cámara de Comer-

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Relaciones bilaterales de Argentina

cio e Industria de Rusia, Sergei Katyrin, del subsecretario de Comercio Internacional de la Cancillería argentina, Luís Kreckler; del embajador argentino en Rusia, Leopoldo Bravo; el gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera —jefe de gobierno de una de las provincias con gran pre-sencia en el comercio con Rusia—; del director del Banco de Inversión y Comercio Exterior, Claudio Fernández; del director de la Agencia Na-cional de Desarrollo de Inversiones, Daniel Falcón; del presidente de la Cámara Argentina de Exportadores, Enrique Mantilla; del presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Rusa, Jorge García Tuñón; del di-rector ejecutivo del Consejo Empresario Argentino Ruso (CEAR), Jorge Enrico; y del vicepresidente de la Asociación de Importadores y Expor-tadores, Daniel Solda.2

Poco después, se aprovechó la cumbre empresarial “Rusia y Amé-rica Latina, Asociación Estratégica y Oportunidades de Inversión” de noviembre de 2008 para ultimar algunos detalles del viaje que realizaría la presidenta en diciembre. Esta reunión fue organizada, entre otras ins-tituciones, por la Cancillería argentina, la Agencia Nacional de Desarro-llo de Inversiones PorsperAr y el Consejo Empresario Argentino-Ruso (CEAR), con el apoyo de la Oficina Ejecutiva de la Presidencia de la Fe-deración de Rusia, la Cancillería Rusa y RusInterCenter, la organización que promueve la cooperación internacional en las áreas de ciencia, cul-tura y educación. Al acto asistieron el embajador de la Federación, Yuri Korchagin, el canciller argentino, los gobernadores de las provincias de Salta, Juan Manuel Urtubey, y de La Rioja, Luis Beder Herrera, entre otros altos funcionarios.

Este deseo de expandir los negocios fue acompañado de actividades culturales apoyadas por la embajada rusa, la iglesia ortodoxa rusa, y aus-piciadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Cul-tura de la Federación de Rusia, la Secretaría de Cultura de la República Argentina, el Ministerio de Cultura del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la Cancillería Argentina. Estas exhibiciones se realizaron en las ciudades de Buenos Aires y Mar del Plata, aunque también en otras ciu-dades latinoamericanas.

Finalmente, la presidenta Cristina Fernández viajó a Moscú y San Petersburgo el 8 y 9 de diciembre de 2008, acompañada del ministro de

2. Información para la prensa núm. 328/08. “El Canciller Taiana viaja a Rusia y a la República Checa junto a 60 empresarios para buscar nuevos mercados.” Disponible en: www.mrecic.gov.ar. Fecha de consulta: 26 de septiembre de 2008.

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Carolina Crisorio

Planificación, Julio De Vido; el ministro de Relaciones Exteriores, Jor-ge Taiana; la ministro de la Producción, Débora Giorgi; Matías Kulfas, del Banco Nación; y Ezequiel Espinosa, de ENARSA, junto a una nutrida delegación de funcionarios y empresarios. En esta misión, además de avanzar en el plano de la cooperación económica, en el plano científico, la titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Norma Boero, firmó con el organismo nuclear ruso una declaración conjunta de cooperación en los usos pacíficos de la energía nuclear.3 La delegación contó con empresas del sector alimentos, vinos, agroindustria, compo-nentes eléctricos, textiles, carne, cuero, metalúrgicos, turismo, química y laboratorios, software, pesca, autopartes y naval. Entre los empresarios se encontraban Juan Carlos Lascurain (Unión Industrial Argentina), Car-los de la Vega (Cámara Argentina de Comercio), Eduardo Eurnekian (Aeropuertos Argentina 2000), Carlos Bulgheroni (Grupo Bridas), Juan Carlos López Mena (Buquebus) y Daniel Millaci (Confederación Ge-neral Económica de la República Argentina). El deseo de incrementar el intercambio de ambos países se reflejó en la exposición que realizó durante esa visita la presidenta de la Agencia Nacional de Desarrollo e Inversiones Beatriz Nogal:

Actualmente en Argentina viven más de 100 mil personas, que se asocian con el idioma y la cultura rusa, siendo Argentina el país con la colectividad rusa más nu-merosa de toda América Latina [...] En materia de inversión, la relación es aún inci-piente, pero existen grandes posibilidades para las empresas rusas en una variedad de sectores en los que existe gran potencial y complementariedad [Los] sectores donde Rusia presenta ventajas complementarias a las necesidades argentinas [son]: Electricidad: ¼ parte de la energía eléctrica en Argentina se produce con equipos rusos. La firma Energomashexport, trabaja hace más de 30 años en temas de elec-trificación en Argentina. Construcción de gasoductos. Exploración y extracción de

3. El acuerdo firmado entre la corporación estatal de Energía Atómica “Rosatom” y el Ministerio de Planificación de Argentina declara el interés de ambos países de promover la cooperación en los siguientes campos: diseño, construcción y explotación de reactores nucleares de baja y media potencia; suministro de equipos y materiales para las centrales nucleares a ser construi-das en Rusia, Argentina o en terceros países; estudios fundamentales aplicados, incluyendo las investigaciones en el área de física del plasma; aplicaciones de radioisótopos y radiaciones ionizantes, para la medicina nuclear, la industria, la agricultura y la investigación; seguridad nuclear, protección contra la radiación y la evaluación de la influencia de la radiación de la energía atómica sobre el medio ambiente; proyectos conjuntos de exploración y explotación de los yacimientos de uranio; suministro de materiales nucleares y servicios en el área del ciclo nu-clear de combustibles; tratamiento de los residuos radioactivos; educación y capacitación supe-rior profesional de cuadros gerenciales y técnico-científicos. Véase la página de la Cancillería Argentina: www.mrecic.gov.ar.

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petróleo y gas natural. Equipamiento de producción de gas natural licuado y com-primido. [Mientras que los] sectores donde Argentina presenta oportunidades de alto potencial y complementarias a la demanda global [son]: Alimentos y bebidas Premium, Vinos, Biocombustibles, Biotecnología, Sector Automotriz, Maquinaria agrícola, Software y servicios IT, Industrias creativas.4

En la misión participaron también los Consejos Empresarios Argen-tino-Ruso (CEAR) y Ruso-Argentino, que dieron lugar también a una re-unión de sus presidentes, el argentino Antonio Estrany y Gendre y el ruso Alexei Mersiyanov, y donde se estableció la agenda para el 2009 y se anunció una reunión en Buenos Aires.

De acuerdo con declaraciones efectuadas por el canciller Taiana “los resultados de la visita a Rusia fueron incluso mejores de los previstos” y “con esta política exterior muy activa continuamos impulsando nuestros productos y a nuestros empresarios. Fuimos con la expectativa de poder avanzar en una relación que, más allá de coinci-dencias en aspectos de política multilateral y en la multiplicación del comercio, está para hacer asociaciones más importantes. Se firmaron acuerdos muy importantes; se va a trabajar en un plan de acción en las áreas específicas para tener resultados con-cretos con plazos y objetivos. Sin duda, fue una visita muy positiva”, según informó a la prensa al retornar a Buenos Aires.5

En 2007, las exportaciones argentinas a Rusia alcanzaron 777 millo-nes de dólares, y las importaciones rusas llegaron a las 430 millones, con un amplio saldo favorable para Argentina.6

Esta activación de misiones diplomáticas y comerciales debe leerse en un doble sentido, por un lado la intención del gobierno argentino de ampliar los mercados para los productos argentinos, y por el otro lado,

4. Nofal, Beatriz, “Inversión e innovación: motores del desarrollo sustentable en Argentina”, en Cumbre Empresarial Internacional. 5-6 de noviembre de 2008. RBC-CEAR. Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones Prosperar Invest in Argentina. Recordemos que entre las principa-les exportaciones argentinas hacia Rusia se encuentran: la carne vacuna congelada; filetes de pescado congelado; carne equina deshuesada congelada; pollos enteros; frutas: cítricos frescos, manzanas, peras y membrillos frescos; quesos; mostos de uvas y vinos blanco y tinto; aceite de soja y de maíz refinado; tabaco; maní y sus subproductos; azúcar de caña; jugos concentrados y puré de frutas; medicamentos y revestimientos. A su vez, entre los principales productos rusos se encuentran: abonos minerales; combustible diesel; productos laminados planos; fenoles; ni-trato de amonio; papel y cartón; negro de carbón; manufacturas de hierro y acero; recipientes para gas comprimido o licuado; rodamientos; titanio y sus manufacturas; turborreactores y generadores eléctricos; caucho sintético; aparatos de rayos X; combustibles y minerales.

5. CEAR-CERA: “8 y 9 de diciembre V Encuentro CEAR-CERA y Ronda de Negocios en Moscú”. Disponible en: http://www.cear.org/.

6. 26 de septiembre de 2008 - Información para la Prensa núm. 328/08 “El Canciller Taiana viaja a Rusia y a la Republica Checa junto a 60 empresarios para buscar nuevos mercados”.

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el deseo de la Federación de Rusia de tener una presencia más activa en América Latina. Recordemos que en noviembre una flota de cuatro bu-ques de guerra rusos arribó a Venezuela y que en esos días el presidente ruso Dmitri Medvedev realizaba su gira por Perú, Brasil, Venezuela y Cuba. En esa ocasión, en la cumbre del Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC), realizada en Lima, el presidente declaró: “América Latina es grande y a decir verdad no hemos estado presentes realmente aquí. Estamos iniciando relaciones de mutuo beneficio madu-ras y totalmente formadas con los socios latinoamericanos”.7

Al respecto, el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Riagkov, sostuvo:

Las relaciones de Rusia con los países de América Latina no son coyunturales. Rusia permanecerá mucho tiempo en esa región […] 2008 es el año de la ofensiva masiva de Rusia, ofensiva en el buen sentido de la palabra, en América Latina. Ha tenido lugar una serie de visitas a diferentes niveles y nuestro presidente mantuvo numero-sos contactos durante su viaje a la región —manifestó Serguéi Riabkov—. El vicemi-nistro subrayó que no se trata de una línea coyuntural sino de un rumbo estratégico. No acogemos el trabajo hecho en esa región a través del prisma de ciertos proyectos geopolíticos y de la confrontación con quien sea […] Rusia seguirá desarrollando la cooperación con los países de América Latina, a pesar de la lejanía de esa región y del hecho de que en la década de los noventa se debilitó ese eje de la política exterior de Rusia. Recuperaremos lo perdido […] El viceministro dijo que en 2009 Rusia desarrollará los contactos con los países de América Latina.8

Ese atractivo por la región tiene su correlato en política china hacia América Latina. En el caso de Argentina, las relaciones bilaterales sevieron postergadas por los vínculos con la China nacionalista. Reciénse establecieron los vínculos con la República Popular China a partir de 1972. Desde entonces, se firmaron más de setenta acuerdos a nivel na-cional sobre diversos ámbitos: económico, comercial y financiero; trans-porte; cooperación científica, como en el uso pacífico de energía nuclear, en el plano aeroespacial, geociencias, salud; intercambio cultural; cues-tiones consulares, etc. El gobierno de Fernando de La Rúa (1999/2001) suscribió un acuerdo con China (10/03/2000), que aseguró: “[…] el voto

7. “Rusia intenta fortalecer su colaboración con América Latina”, agencia Xinhua en Pueblo en Línea. Disponible en: http://spanish.peopledaily.com.cn. Fecha de consulta: 1 de diciembre de 2008.

8. “Rusia seguirá desarrollando la cooperación con los países de América Latina”. La voz de Rusia. Disponible en: http://www.ruvr.ru. Fecha de consulta: 26 de diciembre de 2008.

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positivo para la entrada de China a la OMC, [e] incluyó una serie de con-cesiones arancelarias progresivas que China puso en práctica a partir de ese mismo año y hasta el 2006. Estas concesiones otorgadas a 78 produc-tos argentinos (38 de ellos son agropecuarios) permitirá un incremento de nuestras ventas a China”.9

Bajo el gobierno de Néstor Kirchner se suscribieron una veintena de documentos en 2004, momento en el cual China amplió su presencia en varios países latinoamericanos y caribeños. En efecto, ese año varios presidentes latinoamericanos viajaron a la República Popular, como el brasileño Luiz “Lula” Da Silva y venezolano Hugo Chávez. También lo hizo el presidente argentino, quien viajó acompañado de su esposa, la senadora Cristina Fernández. A su vez, el presidente Hu Jintao realizó una gira por Brasil, Argentina, Chile y Cuba en noviembre de 2004. Como resultado de esto, se rubricaron numerosos acuerdos, principalmente en el plano económico, acrecentando la presencia china en el área. En el caso argentino, la empresa china A Grade Trading Ltd. adquirió en “escasos” 6.4 millones la mayor mina productora de hierro de Latinoamérica, Sie-rra Grande, de Hiparsa.10 Otra empresa con participación china, Sonangol International Holding (CSIH), subsidiaria de la empresa pública Sonangol, suscribió una carta de intención con Energía Argentina SA (Enarsa) —don-de también se ha buscado atraer capitales rusos—,11 comprometiéndose a invertir más de cinco mil millones de dólares en los siguientes cinco años.12 Además de estas inversiones, Argentina también se comprometió a com-prar 160 vagones de pasajeros y 11 locomotoras chinas, para modernizar una línea ferroviaria suburbana de Buenos Aires.13

Asimismo, se realizaron varias misiones comerciales a China, como la promovida en noviembre de 2006 por la Cámara de la Producción, la Industria y el Comercio Argentino-China, las principales cámaras empre-

9. Cámara de la Producción la Industria y el Comercio Argentino-China. Disponible en: http://www.argenchina.org/.

10. Laufer, R. (2008). “China y las clases dirigentes de América Latina. Consolidación y bases de una “relación especial”, en Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 83. Instituto Matías Romero/Secretaría de Relaciones Exteriores, México, junio.

11. Mogni, Mariano, “Enarsa buscará crudo en el mar junto a otras petroleras”, en Clarín, 26 de abril de 2005.

12. Costa, Luis, “Sonangol entra en negocios de 5.000 millones en Argentina”, en Washington para el Jornal de Uganda, Luanda (Angola) (3 de diciembre de 2004).

13. Comini, Nicolás, “Síntesis de actualidad económica y empresarial Argentina- Asia Pacífico”, febrero 2007-marzo 2007. Instituto de Relaciones Internacionales para Asia y el Pacífico (IRIAP). Disponible en: www.iberoasia.org.

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sarias de Hong Kong, Shanghai y Hang-hzou y los consulados argentinos en dichas ciudades.14 La misión fue encabezada por el canciller argentino Jorge Taiana, que se entrevistó con su colega chino, Li Zhaoxing, y con el vicepresidente Zeng Qinghong:

Al comienzo, Qinghong habló de la recuperación económica argentina. Luego, am-bos funcionarios dialogaron sobre inversiones chinas en las áreas de infraestructura, minería y autos, entre otros sectores. Y Taiana planteó el objetivo argentino de ir diversificando las exportaciones hacia China, que en 2005 fueron de US$ 3,200 millo-nes, dominadas por la soja y el aceite de soja.

Sobre la explanada del Gran Palacio del Pueblo, esperaba el fin de la reunión una larga caravana de autos negros, encabezadas por una elegante limusina destina-da a Taiana. Es que el gobierno chino le otorgó trato de jefe de Estado, mostrando así el interés que tiene en la relación.

Parte del diálogo de Taiana con el vicepresidente chino coincidió con la conver-sación que había tenido con el canciller Zhaoxing. Allí, destacaron varios puntos en común: posiciones similares en la Asamblea de la ONU y en el Consejo de Seguridad, el apoyo chino al reclamo argentino por Malvinas y el respaldo de nuestro país a la postura sobre integridad territorial y soberanía que China tiene en relación a Taiwán.

En la cancillería china, Taiana confirmó a su colega chino que Argentina parti-cipará de Shangai 2010, una mega exposición que durará seis meses en esa ciudad, la capital económica de China.15

Sin embargo, si bien los anuncios de 2004 auguraban que China in-vertiría unos 20 mil millones de dólares, hacia 2006 solo se habían inver-tido cinco mil millones. En efecto, las críticas hacia la asociación con China empezaban a aparecer en los medios de comunicación

Las inversiones que harían pie en la economía argentina a cambio de una concesión que en aquel momento no pareció ser muy importante (el reconocimiento de China como economía de libre mercado), se asemejaba a la tabla de salvación que necesita-ba Argentina para crecer ajena a las demandas de los organismos multinacionales de crédito y a la influencia de los países centrales. Además, el acuerdo también incluía un aumento considerable de las exportaciones de carnes y frutas hacia China, lo que iba a jugar como un elemento de consolidación de las ventas argentinas al mundo. Dos años después, nadie podría negar que poco y nada se consiguiera respecto de aquellas promesas.16

14. Fundación Exportar: Tercera Misión Comercial a la República Popular China. Disponible en: www.exportar.org.ar.

15. Persoglia, Sergio, “Taiana se reunió con el vicepresidente chino”, en Clarín. Disponible en: www.clarin.com. Fecha de consulta: 28 de noviembre de 2006.

16. “Exportaciones primarizadas y poco dinámicas”, en El Santafecino. Disponible en: www.elsan-tafesino.com.

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Conviene tener en cuenta que el país asiático se transformó en unode los principales compradores de soja (soya), aceites y porotos de soja, demodo tal que Argentina en 2007 llegó a ser el segundo proveedor de productos agroalimentarios de China (11%), detrás de Estados Unidos (20%), seguido en tercer lugar por Brasil (10.37%).17 Las exportaciones argentinas también están compuestas por otros artículos como aceites de girasol; cueros; maní crudo; minerales de cobre y sus concentrados, exclui-do sulfuros; maderas y derivados; vinos, excluidos espumosos; mostos deuva con fermentación cortada para añadido de alcohol; aceites crudosde petróleo; tubos sin costura, aceros aleados sin revestir, para entuba-ción o producción de pozos de petróleo o gas.

Las importaciones procedentes de China se han ido incrementando de manera significativa. Hay productos importados agrícolas —los prin-cipales son pasta de tomate en conserva, las conservas de hongos blancos, el ajo seco, las cerdas de cerdo o jabalí, aditivos para la alimentación ani-mal—, como también una amplia gama de productos minerales, ácidos, herbicidas y fertilizantes. Además, de manera cada vez más significativa entran aparatos de telefonía celular; computadoras, circuitos impresos, electrodomésticos, motocicletas, neumáticos de caucho nuevos, calzado, manufacturas de plástico, hierro o acero, maquinaria, etc.18 El volumen del intercambio en 2007, de acuerdo a declaraciones del embajador de la República Popular China en Argentina, Zeng Gang, llegó a un volumen total 9,902 millones de dólares (según datos de la aduana china), lo que significa que se constató un incremento de 73% respecto de 2006. Al mismo tiempo, los productos chinos en Argentina sufrieron un alza de 78%, llegando a 3,567 millones de dólares, mientras que las exportacio-nes argentinas a China sumaron 6,335 millones de dólares, lo que implica un crecimiento aproximado de 69%. Además, el embajador reveló que en 2007 el Grupo Metalúrgico chino A Grade Trading Ltd. invirtió 130 millones de dólares en Sierra Grande; por otra parte, según los datos de la Secretaría de Transportes argentina, Zeng Gang afirmó que el monto total de los proyectos negociados en el ámbito ferroviario alcanza los

17. Odarda, O. (2008). Análisis del comercio agrícola chino en 2007. Comercio agrícola Argentina-China. Consejería Agrícola SAGPYA. Embajada Argentina en la República Popular China. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. República Argentina. Agosto.

18. INDEC: Comercio Exterior Argentino. Año 2006. Instituto Nacional de Estadística y Censos, Ministerio de Economía y Producción. República Argentina.

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130 millones de dólares.19 Sin embargo, si bien no contamos con datos definitivos del 2008, se puede afirmar que por trascendidos de la prensa, el volumen de las importaciones superó a las exportaciones argentinas hacia ese país, por lo cual el saldo para Argentina se ha convertido en negativo. Esto ha despertado variadas voces críticas. En primer lugar, los países socios del Mercosur han planteado seriamente colocar barreras protectoras para frenar las importaciones chinas. En tal sentido, China desplazó a Argentina como segunda proveedora de Brasil

Pero esa no es la única consecuencia. Para Argentina, uno de los temas más candentes en 2008 fue la “soja dependencia”, como lo señala un informe de la embajada argentina en Beijing.

Argentina registró nuevamente una fuerte dependencia respecto a sus exportaciones de porotos de soja (3,160 millones de dólares americanos) y aceite en bruto de soja (1,700 millones de dólares americanos), que representaron en conjunto 95% del total exportado por nuestro país a China en productos agrícolas. Los envíos de estos dos productos crecieron fuertemente en 2007, en el orden de 95% y 161%, respecti-vamente, revirtiendo la caída que se había producido en 2006.20

Al respecto, el investigador Rubén Laufer apunta no solo a la “soja dependencia” sino también a los sectores económicos internos que se benefician de esta actividad agroexportadora.

La tendencia a la “sojización” del campo argentino y el creciente peso de China como mercado comprador se acentuaron en los últimos años, acompañados de la concentración de la propiedad o tenencia territorial y de la compra o arriendo de vastas extensiones por grandes pools que operan con “contratistas” (arrendatarios) agrarios. La alianza de esos grupos con el mercado comprador suele expresarse en la asociación con empresas procedentes del país del que dependen sus colocaciones, sumando a su condición de terratenientes la de burguesía intermediaria.21

Analizar estos aspectos requiere más espacio; sin embargo, es intere-sante señalar que, debido a los cambios operados en las economías rusa

19. “Comercio chino-argentino alcanza los 9.902 mdd en 2007”. (Xinhua-CRI) en Pueblo en línea. Disponible en: spanish.peopledaily.com.cn.

20. Odarda, O., op. cit.21. El autor sostiene también: “Utilizamos la categoría de burguesía intermediaria para caracte-

rizar, en los países dependientes, a aquellos grupos económicos industriales, comerciales o financieros en los que predomina su asociación con capitales de una u otra de las grandes potencias, lo que suele traducirse en posiciones, pugnas y/o alianzas políticas en el seno de las clases dirigentes (promoción de, u oposición a medidas de gobierno, respaldo a candidaturas, etc.)”. Véase Laufer, op. cit.

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y china hacia el capitalismo, distintos sectores económico-sociales argen-tinos se organizaron para exportar o importar a estos dos grandes merca-dos. En tal sentido, hay registro de la conformación de varios centros de empresarios que compiten por demostrar una mayor representatividad de los diferentes sectores productivos agroexportadores, industriales o importadores.22 Una figura política muy ligada a los intereses chinos es el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Ma-cri, opositor al gobierno nacional, que promovió y protegió el paso de la llama olímpica por la ciudad, que recibió la bienvenida de una parte im-portante de la comunidad china residente. En efecto, Macri pertenece a una familia que viene realizando negocios con China en los últimos años.

Chaco podría convertirse en la cuarta provincia argentina en albergar fábricas de automotores si prospera el proyecto del empresario Francisco Macri para instalar allí una planta en asociación con la empresa china Chery. La sociedad Chery-Socma ya tiene una planta en Uruguay en la que ensambla el Tiggo (un sport utility). En julio pasado, al presentar ese modelo, el padre del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, había adelantado su intención de volver a tener una fábrica automotriz en Argentina, luego de su experiencia con Sevel en los años ochenta y noventa. Ahora Socma le presentó su plan al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, que se mostró entusiasmado y se comprometió a estudiarlo. “El proyecto tendría cuatro años de ejecución y el valor final de la inversión alcanzaría los 450 o 500 millones de dóla-res” […] la construcción podría comenzar durante el segundo trimestre de 2009. […] Fuentes de la empresa aclararon que la primera etapa de la inversión apunta a empezar a fabricar autos en 2011 con una capacidad de producción de aproxima-damente 50,000 unidades al año. La segunda etapa, que concluiría a fines de 2012, duplicaría esa capacidad. Aunque no trascendieron los incentivos —como beneficios impositivos— que otorgaría el gobierno de Capitanich a la empresa de Macri, el gobernador sí reveló que conversó con la ministra de Producción, Débora Giorgi, sobre la posibilidad de que la inversión se financie con fondos de la Anses.23

22. Las diferentes cámaras que vinculan a los empresarios argentinos con Rusia y otros países de la CEI son: Cámara de Comercio Argentino-Rusa, Cámara de Comercio e Industria Argentino Rusa (CACIAR), Cámara de Comercio, Industria y Producción de la República Argentina (CA-CIPRA); Cámara de Relaciones Económicas Argentino-Rusa (CREAR); Cámara Argentino-Rusa de Comercio Exterior (CARCE); Consejo Empresario Argentino-Ruso (CREAR); Cámara de Comercio Ucraniana-Rusa-Bielorrusa; Cámara Armenio Argentino-Rusa. Véanse las tensio-nes entre las mismas en Revista Petroquímica, Petróleo, Gas & Química, disponible en: http://www.e-petroquimica.com.ar. En cuanto a China, no son tan numerosas, pero sí existen la Cámara de Comercio e Industria Argentino-China, Cámara de la Producción la Industria y el Comercio Argentino-China y la Cámara de Comercio Argentina para el Sudeste Asiático.

23. Galak, Oliver, “El vicepresidente mundial de Chery, Zhou Biren, dialoga con Macri junto a un Tiggo fabricado en Uruguay”, en La Nación. Disponible en: www.lanacion.com. Fecha de consulta: 30 de enero de 2009.

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Para completar este breve resumen, haremos mención del tema in-migratorio. Mientras que la inmigración rusa atravesó diversas etapas en el país, a fines del siglo XIX muchos de los inmigrantes rusos eran judíos que huían de los progroms del imperio zarista; algunas de estas colonias fueron bautizadas de “gauchos judíos”. Tras la formación de la Unión Soviética, arribaron principalmente ucranianos, armenios y rusos, que se insertaron en la sociedad argentina y muchas veces lograron lugares de preeminencia. Al disolverse la URSS, durante los noventa, arribaron ucranianos, rusos, armenios y, en menor medida, bielorrusos. Muchos son profesionales y una parte de ellos ha encontrado obstáculos para ejercer su profesión, aunque los jóvenes se han adaptado más fácilmente. Por otra parte, la comunidad china comenzó a ser significativa numérica-mente en las últimas décadas del siglo XX. Las primeras oleadas eran ma-yoritariamente de Taiwán, pero luego han provenido especialmente de la República Popular China. En general, se agrupan y se dedican a activida-des comerciales. Por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires existen 3,186 mini-supermercados chinos, y enel resto del país, 2,669. Estos se hallan integrados desde abril de 2004en la Cámara de Autoservicios y Supermercados Propiedad de Residen-tes Chinos (CASRECH),24 que también se ocupa de los casos de discrimi-nación. Suelen negociar su política de precios frente a las oficinas del estado y realizan compras grupales a través de la Cooperativa Copalca. El pedido y los precios se negocian en conjunto, pero las compras son in-dividuales. Cuando asumió la presidenta, su revista saludaba así al nuevo gobierno:

Si bien las políticas de estado parecen continuar en el camino ya iniciado, desde CASRECH creemos necesario reafirmar nuestro apoyo en pos de una mejor conviven-cia. Porque apoyar al gobierno electo significa apoyar lo que decidió la mayoría del pueblo argentino.

Por eso es que, aún antes de asumir su cargo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la Cámara se reunió con ella para delinear un futuro de armonía y po-ner nuestro granito de arena en una cadena que tiene como último e imprescindible beneficiario al consumidor final.25

24. La entidad tiene sucursales en las principales ciudades del país: Bahía Blanca, Córdoba, Mar del Plata, Mendoza, Paraná Rosario, San Miguel de Tucumán y Santa Fe. También tiene una publicación en chino (http://casrech.com/index.php).

25. CASRECH (2008). “Feliz año nuevo”, año IV, núm. 31.

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En conclusión, el desafío —como vemos— es no solo mejorar los intercambios bilaterales o favorecer las inversiones sino lograr romper la condición de dependiente de la economía argentina en un contexto internacional muy difícil a partir de la crisis económica desatada por Es-tados Unidos y los países más industrializados. En tal sentido habría que promover exportaciones, por ejemplo promover exportaciones argenti-nas con mayor valor agregado.

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Entre la soberanía y la dependencia:la política exterior boliviana bajo el

gobierno de Evo Morales1

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Introducción

La elección de Morales y el ascenso del partido Movimiento al Socia-lismo (MAS) al gobierno en Bolivia (2006) desencadenó gran descon-fianza y cautela por parte de las clases dominantes del país, del capital extranjero, de Estados Unidos y de los países vecinos más influyentes (Brasil, Argentina), debido al temor de que Bolivia se convierta en una nueva Venezuela. En ese contexto cabe preguntar sobre el carácter de la política exterior adoptada por el nuevo gobierno en consideración, si hubo reorientación de tal política y cuál es la naturaleza de las relaciones entre los principales actores políticos internacionales en América Latina. Este artículo pretende analizar la política exterior del gobierno de Mora-les caracterizando sus principales aspectos, tales como la reorientación de esa política y las relaciones con Estados Unidos, Brasil y Chile. Par-timos de la hipótesis según la cual hubo una reorientación de la política exterior basada, por un lado, en el multilateralismo, la reciprocidad y

1. Este artículo es una versión mejorada y revisada de la parte sobre política exterior boliviana del artículo “Bolívia e Equador no contexto atual”, de nuestra autoría, publicado en 2008 en el libro Novas lideranças políticas e alternativas de governo na América do Sul (São Paulo, Editora UNESP/Programa San Tiago Dantas de Pós-Graduação em Relações Internacionais), organiza-do por Luis Fernando Ayerbe (UNESP).

2. Sociólogo y cientista político boliviano, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Federal de Uberlandia, Brasil.

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rescate de la soberanía nacional; y por otro, el contenido de tal polí-tica revela amplia influencia del pacto o concertación conflictiva, en el ámbito interno, entre el gobierno de Morales y las fuerzas de oposición autonomistas en el proceso de cambio llevado a cabo por el primero.

Reorientación de la política exterior boliviana

Durante el primer año de gobierno, la elite regional autonomista, el capi-tal extranjero, tanto del gobierno estadunidense como de algunos países vecinos como Brasil, Argentina y Chile, entendieron el conflictivo proceso de cambio pactado entre la oposición autonomista y el gobierno. Será en ese contexto que se debe entender los conflictos entre el gobierno boli-viano y Brasil, en relación al fortalecimento del mercado de gas. Eviden-temente, la acción de un país en la esfera regional está condicionada o sobre-determinada por la acción de otros que tienen mayor peso econó-mico y político en la jerarquía de la estructura del sistema capitalista en el ámbito internacional. A pesar de que la política interna de un país no determine la política exterior (o viceversa), no significa que esta no sea influenciada por aquella. En suma, las políticas interna y externa tienen lógica, dinámica y complejidad propias, pero se implican mutuamente.

En ese sentido, la presión constante de las clases dominantes nati-vas (la “oligarquía” regional) contra el programa político del MAS y de la política estatal implementada por el gobierno se ejerce conjuntamente con la presión del capital extranjero monopolista, que aparece oculto y a la sombra de la acción de la oligarquía regional. Eso se debe al he-cho de que el capital extranjero delegó su función política e ideológica a esa oligarquía para que lo represente políticamente, apareciendo el con-flicto entre clases sociales como si fuese un conflicto entre regiones en el país. Es evidente que existe un juego de múltiples presiones políticas para bloquear, neutralizar o modificar la acción del gobierno de Morales, haciéndolo retroceder en el proceso de implementación de su propuesta de transformación del país. Ese juego de presiones se ajustó también a la política del pacto democrático viabilizada por el gobierno en relación a la política exterior.

Defendemos la tesis de la concertación o pacto democrático conflic-tivo entre el actual gobierno y la oposición autonomista, dirigido por el primero para llevar a cabo el proceso socio-político de cambio del país. El pacto se revela por lo menos en tres niveles importantes:

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Entre la soberanía y la dependencia: la política exterior boliviana

• En el proceso de la confección de la nueva Carta Magna en el contex-to de la Asamblea Constituyente: importantes concesiones políticas a la minoría (oposición autonomista) con otorgamiento de poder de veto y limitación de la democracia participativa dinamizada por los movimientos populares.

• En el proceso de nacionalización del gas y petróleo: nacionalización blanca que deja intacta la estructura de producción controlada por el gran capital petrolero monopolista internacional a través de contra-tos leoninos, y apenas recuperación de la propiedad jurídica estatal de las minas de gas y petróleo (suelo y subsuelo), reforzada con el aumento relativo de impuestos, pero aún bajísimos, caracterizando un estado rentista (que se conforma con la extracción de impuestos) y no un estado productor.

• En el proceso de la reforma agraria: reforma caracterizada como re-distributivista, con repartición de tierras fiscales lejos de la frontera agrícola pero dejando intacto el medio y gran latifundio, principal-mente de la “media luna”, que fue barnizado por la “función econó-mica-social”. El último referendo nacional tiene definido el mínimo de cinco mil hectáreas por propietario, pues la gran propiedad ha-cendaria quedó preservada por la nueva Constitución. En síntesis, conforme sostuvo García Linera, la nueva elite (caracterizada como indígeno-mestiza) que subió al poder en el gobierno de Morales se empeña en compartir el poder con la elite tradicional, más específica-mente con los sectores autonomistas de la región de Santa Cruz (que comandan la “media luna”). Así, estaría ocurriendo en Bolivia —se-gún García— un proceso de ampliación de las elites y que al mismo tiempo se reconoce el poder político de la “oligarquía” autonomista debido a su papel importante en el desarrollo capitalista de la región y su impacto en el resto del país. De ahí que se trata de un proceso de cambio o reforma pactada entre la nueva elite y la antigua.3

Volvamos a nuestro tema. Es en ese juego de múltiples presiones que también se debe entender la acción de los países más poderosos e influyentes en la región. En el proceso de nacionalización del gas y el

3. García Linera, A. (2006). “Las elites comparten el poder”, Econoticias Bolivia. Disponible en: www.econoticiasbolivia.com. Fecha de consulta: 28 de mayo de 2007. Véase también del mis-mo autor: “El evismo: lo nacionalpopular en acción”, en OSAL-Observatorio Social de América Latina, núm. 19, julio, CLACSO, Buenos Aires.

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petróleo, el conflicto entre el gobierno de Morales y las transnacionales petroleras apareció como si fuese un conflicto entre países (España, que defendió a la Repsol YPF; Brasil, a la Petrobras etc.). Debido a diversos factores, el actor más poderoso e influyente (Estados Unidos) no supo lidiar con el gobierno boliviano, perdiendo su tradicional influencia y control en Bolivia. Con todo, el intento de recuperarlo a cualquier precio reactivando su intervención polivalente: la principal acción que coman-daría esa intervención sería el apoyo económico y político a la oligarquía regional, apostando en la estrategia de lucha autonomista y separatista.

Por otro lado, Estados Unidos parece haber delegado su interven-ción al país más poderoso e influyente de América del Sur: Brasil (a pesar de tener este actor intereses propios). Los acuerdos comerciales entre los gobiernos de Lula y de Morales en el marco de la integración regional tendrían, por lo menos, un doble sentido. Por un lado, el apoyo al proceso democrático llevado a cabo por el gobierno de Morales para garantizar la estabilidad política del país, intentando alejar el tradicional golpe de estado (una permanente amenaza), lo que se compatibilizaría con la política de la Cláusula Democrática del Mercosur e impediría el desequilibrio geopolítico del Cono Sur (y en la peor de las hipótesis, una posible balcanización del país).4 Por otro, la defensa de sus intereses eco-nómicos: la permanencia de Petrobras y el fortalecimiento ininterrum-pido de gas a “precio de banana”, así como la expansión de empresas brasileñas en Bolivia. Por su lado, Argentina y Chile también ofrecen su apoyo político formal al gobierno boliviano, pero defendiendo sus inte-reses propios: fortalecimiento de gas barato en caso del primero y disten-sión de las relaciones diplomáticas en relación al problema del litoral en

4. Existirían fuertes indicios de que una de las “cartas en la manga” del juego polivalente de Estados Unidos en Bolivia sería la balcanización, al estilo de la ex-Yugoslavia, y que P. Goldberg, nuevo embajador estadunidense, habría sido escogido para concretar esa política. Inclusive, dicho diplomático sería el responsable por la aplicación de esa estrategia en aquel extinto país cuando era embajador. Por otro lado, en la defensa de esa estrategia estarían involucrados in-tegrantes de la mafia cubana, como Negroponte (que ahora es funcionario estadunidense), integrantes de las oligarquías regionales autonomistas de Santa Cruz (Bolivia), Guayaquil (Equador) y del estado de Zulia (Venezuela), los cuales habrían creado una organización inter-nacional (Confilar: Confederación Internacional por la Libertad y Autonomía Regional) con apoyo abierto de Estados Unidos para desestabilizar los gobiernos Morales, Correa y Chávez. Cf. H. Dieterich, “Bolivia: hoy, la derecha va al poder”. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=43155. Fecha de consulta: 15 de diciembre de 2006. Recordemos que Goldberg y otro funcionario estadunidense fueron expulsados del país, acusados de organizar la oposi-ción autonomista y de conspiración abierta contra el gobierno boliviano para derrocarlo en las jornadas sangrientas del 11 de septiembre de 2008 (fecha que es una curiosa coincidencia).

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el caso del segundo. En efecto, los intereses fundamentales que estarían por detrás del apoyo al actual gobierno boliviano por parte de los países vecinos más influyentes serían, por lo menos, los siguientes:

• Mantener cierta estabilidad política en Bolivia y garantizar la explo-tación de sus principales recursos de exportación, manteniendo la dependencia y el atraso crónico del país.

• Impedir que el país se desintegre (balcanización), pues de lo contra-rio amenazaría profundamente la seguridad y el desequilibrio geopo-lítico regional.

• Impedir que el gobierno de Morales se transforme en una nueva Venezuela.

Frente a ese cuadro, pasemos a identificar los principales aspectosde la política exterior practicada por el gobierno de Morales. Si la lógica dela concertación aparece como un denominador común en la política in-terna con fuerte recuperación relativa de la autoridad estatal en rela-ción a los sectores económicamente poderosos (gran latifundio, sector agroexportador, gran capital monopolista extranjero que opera en los sectores de petróleo, minería, bancos, etc.), la política exterior adopta una combinación de trazos del multilateralismo, reciprocidad y nego-ciación compartidas, reorientados por la lógica de la recuperación de la soberanía del país. Es sabido que los regímenes populistas tradicionales (1930-1964) en América Latina se empeñaron en recuperar la sobera-nía nacional, una característica fundamental de la implementación de la política económica y social con fuerte intervención del estado en los ámbitos interno y externo. En el ámbito interno, amplia base social de apoyo al régimen con la integración de las masas trabajadoras sobre todo urbanas, el otorgamiento de una legislación laboral favorable a la regu-lación de la relación capital-trabajo, así como la ejecución de un tipo de industrialización nacional dependiente y comandada por el estado en la ausencia de una burguesía industrial nativa —o sea, “una política estatal de integración/control de las clases trabajadoras, con un intervencionis-mo socio-económico al servicio de un proyecto de desarrollo capitalista nacional”.5 En el ámbito externo, utilización de la prerrogativa “sobera-

5. Saes, Décio (2001). República do Capital, Boitempo Editorial, São Paulo, p. 78. Nos alejamos de la caracterización corriente y predominante sobre el populismo basada en la relación “líder-masa”, entendida como pre-capitalista y pre-moderna.

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nía nacional” como instrumento de negociación o presión a través de la práctica de un tipo de multilateralismo y reciprocidad en las negociacio-nes frente a los países capitalistas centrales.6

Podemos afirmar que el gobierno de Morales seguiría más o menos la misma lógica en los dos ámbitos indicados; con todo, este no puede ser caracterizado como populista tradicional, aunque aspectos de su po-lítica ejecutada hayan presentado trazos neopopulistas: ampliación de la base social de apoyo con la lógica integración/control de los trabajado-res campesinos e indígenas combinada con un intervencionismo socio-económico al servicio de un proyecto sui generis de neodesarrollo capita-lista nacional y no “socialista”: el “capitalismo andino-amazónico”. Eso es particularmente notorio en el discurso del liderazgo gubernamental y que expresa el sentido de un aspecto importante del programa del par-tido de gobierno: el rescate de la soberanía, conforme el propio nombre del partido lo indica: Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP). De un lado, la integración de las grandes masas populares campesinas e indígenas en el sistema político, viabilizando una revolución democrática y jurídica, con justicia social y equidad —en las palabras de Morales, una “revolución democrática-cul-tural” o “revolución democrática descolonizadora” y la frase emblemá-tica dirigida al capital extranjero: “necesitamos socios y no patrones”—. En el otro lado, la ejecución de una revolución nacional-popular que intenta implantar un “capitalismo andino-amazónico” con decisiva par-ticipación del estado en el desarrollo capitalista, conforme sostuvo A. García Linera (vicepresidente boliviano).7

En suma, el estado boliviano redefinió su política exterior con base en la participación multilateral, alineada con la política exterior practi-cada por el gobierno de Chávez (Venezuela) y en parte por el gobierno cubano: soberanía, solidaridad e integración entre los pueblos latinoa-mericanos, patentado en el Tratado de Comercio entre los Pueblos (TCP) y encuadrado en la corriente política “bolivariana”. Se trata de una espe-cie reciclada de postura latinoamericanista y tercermundista que surgió con los Países No Alineados en el final de la década de 1950 como alter-

6. A título indicativo mencionemos apenas el trabajo del periodista F. Roque Bacarreza que analiza la política exterior en el régimen populista boliviano (1952-1964): Los años del cóndor. Sesenta crónicas del triunfo revolucionario boliviano en plena Guerra Fría, Mundy Color, La Paz, 1995.

7. A. García Linera (2006). “El capitalismo andino-amazónico”, en Le Monde Dipomatique (edición chilena), enero. Disponible en: http://www.lemondediplomatique.cl/El-capitalismo-andino-amazonico.html.

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nativa frente a las relaciones dominantes en el ámbito de la Guerra Fría. El gobierno de Morales imprimió un carácter indigenista y multicultural al funcionamiento del aparato diplomático, ajustándolo al proceso de cambio socio-económico y político que atraviesa el país en el ámbito in-terno. Cambio importante en relación a los gobiernos neoliberales, cuyo cuerpo diplomático siempre estuvo controlado por las elites y sectores medios de origen blanco. El ministro de Relaciones Exteriores es aymara (David Choquehuanca) y existen varios ministros indígenas, campesinos y trabajadores que componen el gabinete del gobierno de Morales. En su discurso del día 6 de agosto de 2007, Morales enfatizó que Bolivia había recuperado la dignidad y los recursos naturales y recordó también que antes de su gobierno las leyes estaban redactadas en inglés y los legisla-dores no hacían otra cosa sino traducirlas. Pero “ahora existen ministros indígenas, legisladores indígenas [...]”.8

A continuación, presentaremos algunos elementos de la política ex-terior en el contexto de los acuerdos y tratados comerciales realizados por Bolivia bajo el gobierno de Morales que nos parecen más problemá-ticos debido a su carácter conflictivo e incierto.

Las relaciones con Estados Unidos: ALCA y APTDEA

Desde el inicio del gobierno en cuestión, las relaciones entre Estados Unidos y Bolivia estuvieron marcadas por conflictos, confrontación, indi-ferencia y desconfianza mutua. Eso se debió sobre todo a dos hechos importantes de la reorientación de la política exterior boliviana: de un lado, al abandono del gobierno boliviano de la política exterior tradicio-nal practicada por los gobiernos neoliberales, cuyas características eran la casi completa sumisión o supervivencia y el alineamiento automático a Estados Unidos; y de otro, al alineamiento casi automático con Vene-zuela y Cuba. El gobierno de Bush practicó una política vacilante y con-tradictoria revelando una descomunal falta de preparación e indiferencia en relación al gobierno de Morales. El ejemplo de eso fue la práctica de una política agresiva, hostil y de descalificación del líder cocalero en la campaña presidencial de 2005 por parte del embajador estadunidense en

8. Rosa Rojas, “Declaraciones de Evo Morales en el aniversario de la independencia nacional. ‘Contra las políticas del imperialismo no hay marcha atrás”, en Rebelión. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=54679. Fecha de consulta: 8 de agosto de 2007.

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aquel momento, que utilizó elementos de la arcaica política de la Guerra Fría. Lo que contribuyó, entre otros factores, a la amplia victoria elec-toral de Morales y al aumento del sentimiento anti-imperialista de las masas populares bolivianas. Por su parte, el gobierno boliviano se mostró también hostil, agresivo y crítico en relación a su homólogo estaduni-dense y pasó a exigir el respeto a la soberanía boliviana y el encuadra-miento en las relaciones de reciprocidad entre los dos países.

En ese sentido, la artillería del discurso anti-imperialista del gobier-no boliviano se concentró contra el ALCA, apoyando abiertamente un tra-tado de comercio alternativo con Cuba, Venezuela e Bolivia: el TCP bajo la lógica de la diplomacia “Alianza Bolivariana para las Américas”. Con el ascenso de Correa a la presidencia, Ecuador pasó a integrar el eje “bo-livariano”. En respuesta, el gobierno estadunidense intentó neutralizar la influencia política de Fidel y Chávez en el ámbito suramericano a tra-vés de un emprendimiento ideológico poco fructífero. Con todo, Estados Unidos se caracterizó por practicar relaciones predominantemente de país a país, a pesar de utilizar métodos polivalentes. Desde 2007 el go-bierno de Bush parece haber modificado el sentido de las relaciones con los países latinoamericanos sin referirse al ALCA: la nueva política energé-tica basada en combustibles renovables y no tradicionales, intentando así atraer nuevamente tales países a su esfera de influencia política e ideoló-gica y neutralizar la influencia regional de Fidel, Chávez y Morales. Por otro lado, Estados Unidos parece estar también incentivando la figura de Lula para neutralizar a Chávez, al mismo tempo en que aumenta su apoyo al gobierno conservador colombiano (Uribe) para rechazar a las FARC y desestabilizar el gobierno venezolano.

Existen varios informes elaborados por la burocracia estatal estadu-nidense y por intelectuales (academia) preocupados con la recuperación de la hegemonía de Estados Unidos en Venezuela y Bolivia. Uno de esos informes, que sugiere al gobierno estadunidense que ejecute una estrate-gia de acción política realista urgente, fue elaborado por el boliviano Ga-marra en 2007, cuyo título en inglés es Bolivia on The Brink.9 El informe analiza la atual situación del país bajo el gobierno de Morales y sostiene que, después de detener la influencia un tanto incontestada en el periodo neoliberal (20 años), Estados Unidos estaría perdiendo terreno en los ámbitos político y económico, en cuanto actor tradicional potencial en

9. Eduardo Gamarra, “Bolívia en el borde”, Centro para la Acción Preventiva, Council on Foreign Relations, 24 de Febrero de 2007.

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la región. La recuperación de la hegemonía política regional sería de vital importancia para este actor en el sentido de intentar redefinir las relaciones entre los dos países, pues si no se toman medidas inteligentes de cuño polivalente y de gran alcance, Bolivia podría seguir el camino de Venezuela, amenazando seriamente la estabilidad en la región andina y en el Cono Sur. Por tanto, incumbiría a Estados Unidos —y esta sería la principal sugerencia del informe— fortalecer los lazos de relaciones diplomáticas y comerciales con sus principales aliados (Argentina, Brasil y Chile) con el objetivo de que estos se involucren e intervengan más, di-recta e indirectamente, en los asuntos bolivianos para neutralizar y con-tener el avance radical del nacionalismo y “populismo” del gobierno de Morales.

En nuestro análisis, la propuesta de ese informe estaría siendo apli-cada por la política pragmática de los países mencionados y que no estaba descartada, siendo una de las formas de intervención posibles, una vez que predomina ese patrón de política (real politik) en las relaciones entre los estados-naciones en la esfera internacional. Por otro lado, a pesar de existir una permanente preocupación de la burguesía imperialista, de las burguesías nacionales y de las burocracias estatales en relación a la movilización de las masas populares y a la emergencia de la revolución social (principales temores reales), en ese informe existe una exagerada preocupación sobre la peligrosidad del gobierno de Morales, inclusive no contempla la ejecución, por parte de ese gobierno, de la política del pacto conflictivo con las fuerzas de la oposición autonomista de la región de Santa Cruz.10

En ese sentido, la inestabilidad política de Bolivia o una supuesta si-tuación revolucionaria, a nuestro ver, tiende a ser utilizada (Estados Uni-

10. Una posible radicalización a corto y mediano plazos, en nuestro análisis, estaría descartada, a no ser que ocurra otra crisis profunda y las masas populares vuelvan a las calles como en 2005. La política de concertación (pacto) entre gobierno y oposición entró en su tercera fase de implementación con la elaboración de la Ley Transitoria Electoral por el gobierno del MAS, en discusión y debate actualmente (5 de mayo de 2009), y que tiende a ser aprobada para ser apli-cada en la elección nacional de diciembre de 2009 —una nueva fase política llena de conflictos, tensiones y confrontaciones en la arena electoral. Las otras dos fases son: 1. Otorgamiento de poder de veto por parte del MAS-gobierno de Morales a la oposición autonomista a lo largo del periodo 2006-2007 en la Asamblea Constituyente: la nacionalización (blanca) del gas y el petróleo, la reforma agraria y el proceso de elaboración conflictiva de la nueva carta consti-tucional demuestran la realización de reformas pactadas entre el gobierno y la oposición; 2. Aprobación de la nueva Carta Magna en el primer semestre de 2008, que contempló la mo-dificación de más de cien artículos que favorecen a la oposición autonomista (gran propiedad agrícola) y al gran capital monopolista extranjero.

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dos siempre se valdrá de ese argumento) por los países más fuertes como pretexto para posibles intervenciones de cuño político y militar en el país, como es el caso del régimen del MAS con el pretexto del “autoritarismo militar” o “estado fuerte” (conforme lo sostiene la oposición), siguiendo el ejemplo de Chávez. Percíbase así la intensa campaña política de la OEA (Carta Democrática) de vigilancia y respeto a los derechos humanos, protección de las minorías políticas, el equilibrio y separación de poderes, la protección del capital extranjero, en una palabra, la defensa del estado de derecho (derecho de la gran propiedad latifundista y del gran capital monopolista).11

En el Mercosur y la Unasur se debaten entre el apoyo abierto al go-bierno de Morales y la defensa del estado de derecho, predominando más el apoyo abierto con el fin de defender el proceso democrático que atraviesa el país. Tienden a inducir al diálogo en la resolución de los con-flictos entre gobierno y oposición (defensa de la Cláusula Democrática del Mercosur), conforme mostró la reunión de los jefes de estado sura-mericanos en Chile convocada por la Unasur en septiembre de 2008, que abogó a favor del gobierno boliviano con ocasión de la tentativa de golpe de la oposición contra este. Es de esperarse que, en un contexto de in-cremento de la democracia participativa (la cual disminuyó en 2006 por obra del propio gobierno-MAS mediante el bloqueo político y burocrático de los movimientos populares), tanto la OEA como el gobierno estadu-nidense tiendan a presionar para reinstaurar una democracia represen-tativa limitada y, en lo extremo, una democracia de cuño neoliberal en Bolivia. En el caso del Mercosur y la Unasur, tal presión no es evidente, siendo más perceptible el apoyo al proceso democrático, lo que oculta-ría una preocupación latente sobre la radicalización de ese proceso (de-mocracia participativa) que afectaría los países vecinos. Por eso, no está descartada, por parte de estos actores, la defensa de una democracia re-presentativa limitada con dosis de autoritarismo civil como ocurre en la mayoría de las democracias actuales —o a lo sumo, adoptar el modelo de ese tipo de democracia tal como funciona en Brasil, Argentina o Chile.

Uno de los dilemas actuales del gobierno estadunidense, del capital financiero internacional y de las elites políticas nativas sería la defensa

11. Cf. Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA: “La OEA se aflige por la violencia que vive el país” (La Razón, 8 de agosto de 2007). A pesar de que el actual secretario general de la OEA, Insulza, se manifestara a favor del gobierno de Morales, ante el desagrado de la oposición.

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viable de un tipo de democracia limitada (o de una sus variantes: el auto-ritarismo civil de base presidencialista) en vez de la restauración pura y simple de dictaduras militares. La restauración de estas sería políticamen-te arriesgada debido al compromiso histórico de sectores de la oficialidad militar con el capitalismo de estado, así como a la ausencia de unidad, en el interior de la institución castrense, en relación al proyecto neoliberal de “modernización” capitalista.12 Por eso, los casos de Venezuela, Bolivia y recientemente Ecuador, donde ocurre una fuerte reacción ante la hege-monía neoliberal por parte de un poderoso movimiento popular, seguida de reorganización institucional por obra de un tipo de democracia par-ticipativa, son vistos con extrema desconfianza y como un peligro por la potencia hemisférica y los actores regionales (países vecinos).

La ALCA y la APTDEA deben ser analizadas tomando en cuenta esas observaciones. Los países latinoamericanos en general y los andinos en particular son presionados a someterse a los imperativos políticos de la potencia hemisférica para viabilizar los acuerdos comerciales, cuya diná-mica de negociación sigue una lógica individual: de país a país, bilateral, y no colectivamente (como ocurre con los casos de Perú y Colombia). La lucha de los países del bloque “bolivariano” (Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua) no solo se opone al ALCA y al APTDEA, colocando en su lugar el TCP en el ámbito de la Alianza Bolivariana para las Américas, también combate el proyecto de los biocombustibles, una especie de “ca-ballo de Troya” del gobierno de Bush para rescatar e imponer el ALCA en América Latina. Después de la visita de Bush a Brasil en marzo de 2007, Lula parece haberse convertido en el “muchacho propaganda” de la po-lítica de Bush sobre los biocombustibles en América Latina, intentando neutralizar la influencia del liderazgo de Fidel, Chávez y Morales, que se oponen a tal proyecto. No es casualidad que los defensores de ese nuevo tipo de producto energético para exportación provengan, en Bolivia, de los sectores más arcaicos y conservadores: el gran latifundio y segmentos empresariales del poderoso sector agro-industrial, influenciados por el discurso de Lula sobre el asunto (en el Brasil el asunto del biocombus-tible se transformó en una política de estado con gran inversión estatal para atraer el capital extranjero).13 El mismo sector defiende acuerdos unilaterales con Estados Unidos en los ámbitos de la APTDEA y CAN.

12. Cf. D. Saes, República do Capital, op. cit.13. Cf. “Los biocombustibles podrían generar 2 millones de empleos”, en El Diario, 6 de agosto de

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Después de septiembre de 2008 las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos empeoraron y se tornaron más ásperas, con reclamaciones mu-tuas y al borde del rompimiento completo (expulsión de embajadores y de funcionarios). Podemos inferir que las acciones súbitas, con torpeza inusitada, se debieron más al grado de desesperación por parte de la po-lítica exterior del gobierno de Bush ejecutada en Bolivia. En el momento actual (abril de 2009) tales relaciones atraviesan una ligera distensión, aunque no ha sido eliminado el alto grado de conflicto y reclamaciones. Con la llegada de Obama al poder gubernamental estadunidense proba-blemente la situación camine rumbo a un cuadro de mayor distensión y cooperación en un contexto de reorientación de la política exterior de Estados Unidos frente a Bolivia, Venezuela y Ecuador. Con todo, cual-quier previsión política, a corto y mediano plazos, sobre la normaliza-ción de las relaciones entre ambos países se torna difícil, una vez que la administración de los demócratas no parecen demostrar, en relación al gobierno de Bush, un cambio sustantivo o radical de la política exterior estadunidense tanto para Bolivia y los países andinos cuanto para Amé-rica Latina.

Las relaciones con el Mercosur y Brasil

En el ámbito de las relaciones con el Mercosur, Bolivia aún no es un miembro pleno de este bloque económico, a pesar de existir un discurso de integración, cooperación y solidaridad en el interior de esa institución regional. Lo que demuestra acentuada asimetría y desigualdad en tales relaciones, así como la extrema dependencia y vulnerabilidad del estado y economía bolivianos. El gobierno de Morales solicitó su ingreso para ganar tal estatus, pero permanece aún esperando respuesta definitiva. La tardanza para concretar ese objetivo demuestra que depende de la voluntad política del Brasil y Argentina, los cuales no parecen estar inte-resados, en corto plazo, en tener a Bolivia como miembro permanente. Los argumentos y explicaciones sobre el asunto son variados, con el pre-dominio de los temas de pobreza e inestabilidad política permanente en Bolivia, pero que justifican ideológicamente, de forma indirecta, el man-tenimiento de la dependencia y atraso de este país. El tema pobreza se hizo patente en el discurso de Lula a lo largo de 2006 y 2007, con motivo de la nacionalización del gas, el aumento de su precio y la recompra de las refinerías por el gobierno boliviano (que eran propiedad de Petro-

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bras). Brasil estaría siendo solidario con el país más pobre de América del Sur por el hecho de comprar su principal producto de exportación, sin el cual Bolivia no podría sobrevivir económicamente.

Con todo, el argumento más difundido es de carácter técnico, con-ducido por la diplomacia brasileña y aceptado consensualmente por los demás miembros, principalmente por Argentina: Bolivia no puede ser miembro pleno del Mercosur porque participa de otro bloque regional (la CAN) y al mismo tiempo se rehúsa a participar de la Tarifa Externa Común del Mercosur; y porque también exige trato especial o favora-ble en los dos bloques. En caso de que el Mercosur lo aceptara en estas condiciones, ello traería serias complicaciones y sobre todo una mayor asimetría con los miembros menores del bloque, de ahí la imposibilidad de su ingreso como miembro pleno.14

En ese sentido, para los países dominantes del bloque, principalmen-te Brasil, sería funcional mantener a Bolivia como miembro asociado en la medida en que contribuye en la reproducción de su debilidad y dependencia económica y política. Decimos funcional debido al hecho de que la preponderancia económica, sobre todo brasileña, permitiría la explotación de los recursos energéticos (gas, productos mineros etc.), tan necesarios y codiciados por el capital monopolista internacional y por las burguesías nacionales de la región. En efecto, la preocupación fundamental que está detrás del mantenimiento de Bolivia como miem-bro asociado del Mercosur sería la inestabilidad política y económica del país y, sobre todo, el temor del capital extranjero frente a las naciona-lizaciones.15 Así, el tratamiento que Brasil da a Bolivia no se desviaría de esa lógica y se expresaría en los acuerdos comerciales y en las rela-ciones económicas generales determinadas por sus intereses nacionales. Evidentemente, es de interés de los sectores económicos y de las elites que comandan el aparato estatal en Bolivia buscar mercados para sus

14. Cf. Entrevista de Celso Amorim (ministro de las Relaciones Exteriores) en el programa Diplomacia de la TV Senado brasileña, el 13 de febrero de 2009 (“Ministro Celso Amorim habla a la TV Senado sobre estrategia diplomática brasileña”). Disponible en: http://www.senado.gov.br/Agencia/verNoticia.aspx?codNoticia=88041&codAplicativo=2.

15. Amorim también sostuvo que “Bolivia es un país muy pobre y Brasil no tiene interés en sacar ventaja. Lo que nos interesa es la estabilidad de Bolivia” (Cf. “Adhesión de Bolivia agudiza divergencias en el Mercosur”, en Folha de São Paulo, 17 de enero de 2007). Son varias las instituciones o representantes del gran capital monopolista internacional que refuerzan los argumentos sobre el temor de las nacionalizaciones en Bolivia: Cf. el artículo de la International Center for Trade and Sustainable Development: “Adhesión de Bolivia al Mercosur: oportunida-des y desafíos”. Disponible en: http://ictsd.net/i/news/12478/.

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productos de exportación, estando obligados a entablar todas las relacio-nes diplomáticas y comerciales posibles, de acuerdo con las condiciones reales del país y conforme su peso específico detentado en la jerarquía de países capitalistas en el ámbito regional. Los últimos episodios de las relaciones entre Bolivia y Brasil (compra de refinerías de petróleo de la Petrobras; construcción de termoeléctricas en la frontera con Bolivia, en el río Madera-Mamoré, que provocaría un gran impacto ambiental del lado boliviano; redefinición del precio del gas y del volumen a ser com-prado por Brasil), con grados variable de tensión y conflicto, expresan una profunda asimetría y desigualdad.

Con todo, el nuevo liderazgo que comanda el aparato estatal bolivia-no se empeña en rescatar buena parte de la soberanía nacional, buscando establecer relaciones multilaterales y de reciprocidad con los demás paí-ses en todos los niveles, o atenuando levemente las profundas asimetrías y desigualdades.

Las relaciones con Chile y el tema del litoral

Las relaciones con Chile se caracterizan por ser una de las más tensas y conflictivas debido a la cuestión del litoral perdido por Bolivia en la llamada Guerra del Pacífico en 1879. El gobierno neoliberal de Sánchez de Lozada (2003) instrumentalizó el tema del litoral a través de la propa-ganda de la obtención de una franja de territorio con acceso al mar para justificar la venta de gas a Chile y al mercado estadunidense. Después de las jornadas de lucha por el gas (2003-2005), en que las masas popu-lares derrumbaron los gobiernos de Lozada y Rodríguez, el gobierno de Morales atendió la reivindicación de no vender gas a Chile ni exportar el producto por sus puertos, justamente debido al conflicto con ese país en relación al litoral perdido. Inclusive, el gobierno de Morales nacionalizó el gas dando secuencia al plebiscito de 2004 que reafirmó la propiedad estatal de los yacimientos de hidrocarburos y rechazó el tema de “gas por mar” con Chile.

Actualmente las relaciones diplomáticas entre los gobiernos bolivia-no y chileno atraviesan un momento de distensión y de “buena vecin-dad” con el reinicio del diálogo “sin exclusiones” en diversos niveles con el gobierno de Bachelet, que incluye la demanda marítima boliviana: se

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trata de la agenda de los 13 puntos.16 Chile parece estar en la tentativa de instaurar un acuerdo comercial de compra de gas, pues actualmente vive una de las mayores crisis energéticas debido a la insuficiencia del abasto de gas por parte de Argentina, la que a su vez lo compra de Bolivia con precio subvencionado y lo reexporta más caro a ese país. Entre tanto, la compra de gas no aparece en las negociaciones comerciales por ser un tema polémico y controversial en Bolivia, ya que cualquier tentativa de acuerdo comercial con base en ese producto está necesariamente articu-lado al problema del litoral. Del lado del gobierno boliviano, el tema de “gas por mar”, contrariamente al plebiscito de 2004, que rechazó ese tipo de acuerdo con Chile, parece estar seduciendo a la diplomacia boliviana y ganando consenso en el gobierno de Morales. De acuerdo con Rada,17 existiría una gran presión del capital monopolista extranjero que opera en Chile sobre la burocracia estatal comandada por Morales para que Bolivia realice un acuerdo comercial de venta de gas.

Por otro lado, los gobiernos bolivianos, independientemente del par-tido político y de su orientación ideológica, manipulan constantemente el tema sobre el litoral, a través de un discurso nacionalista, para incre-mentar su legitimidad frente a las masas populares y las clases medias (caso de los gobiernos militares) o garantizar votos (caso del comporta-miento de los gobiernos democráticos y la oposición). Generalmente esa estrategia es ejecutada en los momentos de conmemoración de las fiestas patrias (marzo y agosto). El gobierno de Morales no fue la excepción: destacó como uno de los grandes logros de su política exterior la inmi-nente salida al mar a través de la negociación con Chile. Entre tanto, la solución del problema marítimo por parte de Chile no parece ser promi-soria, ya que su política estatal en relación al tema no cambió una coma en más de un siglo. Inclusive, cualquier solución pasaría por la consulta a

16. Fue firmada a mediados de 2006. Incluye el tema marítimo y otros asuntos comerciales y cul-turales bilaterales, como son: el desarrollo de la confianza mutua, la integración fronteriza, el libre tránsito de ciudadanos entre ambos países, el Silala, la integración física, la complementa-ción económica, lucha contra la pobreza, seguridad y defensa, cooperación para el control del tráfico de drogas y precursores, educación, ciencia y tecnología.

17. Cf. A. Soliz Rada, “Entre Petroleras y ONG”, en Rebelión, 18 de diciembre de 2007. Disponible en: www.rebelion.org. Rada fue ministro del petróleo del gobierno de Morales y pasó a la oposición. Defendió una nacionalización radical. Acusó al gobierno de ser connivente con las transnacionales del petróleo y de entregar los recursos energéticos a cambio de impuestos miserables. Ellas habrían financiado los referendos sobre el gas e, inclusive, la reforma consti-tucional. Denunció también que la mayoría de los integrantes del gobierno estarían al servicio de ONG financiadas por el capital extranjero y que defienden los intereses de algunas empresas transnacionales en Bolivia.

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Perú, que aún revindica el puerto de Arica y parte de territorio marítimo limítrofe con Chile como perteneciente a ese país.

Se trata de un problema trinacional de alta tensión y conflictividad justamente porque amenaza la estabilidad geopolítica y militar sub-regional, bajo el control de Chile. Con todo, puede ser que se avizore una solución a corto y mediano plazos, empero, ella no debe alterar significativamente el control geopolítico y militar detentado por Chile, cualquiera que sea la solución. Una de las salidas relativamente fácil al problema que ha defendido la diplomacia boliviana es la concesión por parte de Chile de una franja minúscula de territorio para que Bolivia consiga tener acceso a un puerto en el litoral. En compensación, Chile exigiría un territorio boliviano equivalente en la frontera entre los dos países, principalmente en una región rica en recursos hídricos, tan esca-sos del lado chileno. Pero fuentes militares bolivianas informaron que Chile solo concedería una franja minúscula y en un lugar inapropiado para la construcción de un puerto.18 La apuesta en el cambio del corredor oceánico por el fortalecimiento de recursos energéticos baratos (“gas por mar”) —que estaría ganando consenso en círculos del gobierno de Mora-les (principalmente en el sector que dirige el aparato diplomático— po-dría ser muy arriesgada para Chile, conforme lo argumenta la burocracia chilena, justamente por el hecho de que cualquier acuerdo comercial o industrial con base en ese cambio no tendría ninguna garantía, porque sería inviabilizado por la permanente inestabilidad política del país. Así, el peligro de las nacionalizaciones reaparece como consecuencia de la inestabilidad política.

En enero de 2008 el gobierno peruano exigió a la Corte Internacional de Justicia en La Haya que obligara a Chile a negociar el litigio sobre territorios marítimos limítrofes revindicados por Perú, justamente en la región donde Bolivia exige una franja de territorio en el litoral chileno. La acción peruana contra Chile cayó como un balde de agua fría para el

18. Esa modalidad de cambio (el llamado cambalache) fue dominante en el discurso de las dicta-duras chilena y boliviana en los años setenta, pero nunca fue concretizado. En aquella ocasión, el tema marítimo fue ampliamente manipulado por la dictadura banzerista a través de la con-signa “volver al mar” (cuando en realidad ocultó un gran fiasco) y sirvió para recuperar cierta legitimidad, ampliamente perdida, frente a las clases medias y sectores populares alineados con el régimen, en un contexto de aumento de la represión de las clases trabajadoras y el movimien-to popular. Por otro lado, la negociación entre Banzer y Pinochet sobre el “cambalache”, que culminó con el “abrazo de Charaña”, sirvió también para mejorar la imagen externa negativa de la dictadura de Pinochet debido a la masacre de las masas trabajadoras chilenas.

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gobierno de Morales, según intelectuales y ex-diplomáticos bolivianos.19 En marzo de 2009, con motivo de las actividades patrióticas que recuer-dan la pérdida del litoral boliviano en la Guerra del Pacífico, frente al litigio peruano se desató una controversia entre los presidentes García y Morales y sus respectivos representantes del cuerpo diplomático, sobre la reivindicación boliviana de la salida al mar. Los representantes del gobierno boliviano acusaron a Perú de paralizar y, sobre todo, bloquear la reivindicación de Bolivia frente a Chile. A su vez, el gobierno peruano respondió que su demanda es histórica y justa, siendo un asunto bilateral con Chile y que no tiene relación con Bolivia; ya el caso de la mediterra-neidad de este país sería un asunto bilateral con Chile. Percíbase enton-ces que cada país defiende sus intereses nacionales y, para concretarlos —como en el caso que nos ocupa— puede boicotear y hasta contrariar o negar los intereses de sus vecinos. A pesar del discurso integracionista, este conflicto tiende a agravarse en coyunturas de crecimiento de postu-ras nacionalistas y a recrudecerse en posturas belicistas.20 Dada la posi-ción de acentuada dependencia de Bolivia respecto a la estructura de po-der de los países suramericanos (principalmente del Cono Sur) y frente a la debilidad crónica tanto del estado boliviano en cuanto a su aparato diplomático, se torna imposible, a corto y mediano plazos, que el país defina el conflicto por la vía diplomática (a pesar de que esta posibilidad es menos remota) o por la vía de la acción bélica. Lo que mantiene inde-finida la solución de la reivindicación secular boliviana.

19. Cf. “Un fallo que favorezca a Perú pesaría en el diálogo marítimo”, en La Razón, 2 de febrero de 2008.

20. Cf. “Alan García: Bolivia perdió hace rato la esperanza de una salida al mar”, en El Deber, 25 de marzo de 2009. El discurso belicista apareció en algunos intelectuales peruanos que, para justificar la reivindicación de su país, parten del supuesto según el cual Chile sería un país beli-cista y que el Perú debería estar preparado para defender la soberanía nacional (es el caso del constitucionalista Javier Valle-Riestra, Cf. “Perú comunicó a Bolivia inicio del litigio marítimo con Chile”, en El Diario, 25 de marzo de 2009. Por su parte, varios políticos e intelectuales bolivianos de la oposición criticaron la política exterior del gobierno de Morales sobre la salida al mar, siendo considerada como fracaso o anti-patriótica en la medida en que legitimaría la pérdida del territorio marítimo a favor de Chile, postura esta que sería patente en la nueva car-ta constitucional (Cf. “Tito Hoz de Vila reafirma opción de llevar a Chile a La Haya por salida al mar”, en El Deber, 25 de marzo de 2009; “Bolivia más lejos del mar a 130 años de la Guerra del Pacífico”, en Volares, 24 de marzo de 2009). Por su parte, el gobierno de Morales responde que nunca se avanzó tanto sobre el tema —como en ningún otro gobierno—, inclusive la rei-vindicación secular del litoral sería un imperativo constitucional que aparece en la nueva Carta Magna. Por eso acusa a la oposición de manipular el asunto a su favor en un año de contienda electoral muy disputada (Cf. “Choquehunaca dice que Perú no informó sobre su demanda”, en El Diario, 26 de marzo de 2009).

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Conclusión

Nuestro análisis de la política exterior del gobierno de Evo Morales y de sus aspectos importantes demostró que hubo una reorientación de la misma a partir de 2006, momento del ascenso al poder del partido Movi-miento al Socialismo (MAS). El examen de sus trazos esenciales, en más de tres años, mostró el carácter multilateralista, de reciprocidad, nego-ciación compartida y de independencia basada en la defensa de la sobe-ranía nacional, alineada a la corriente política “bolivariana”. Se expresa aún la lógica del pacto político (política interior) consensuado conflicti-vamente entre el gobierno y la oposición autonomista. De ahí su avance y limitaciones en un contexto de cambio por el cual atraviesa el país. Esa modificación de la naturaleza de la política exterior en relación con los gobiernos neoliberales anteriores no fue suficiente para eliminar las acentuadas asimetrías y desigualdades en dos niveles: de un lado, frente a los sectores económicos con mayor poder e influencia política (gran latifundista y el sector agro-exportador, gran capital monopolista extran-jero); de otro, frente a Estados Unidos y a los países vecinos más influ-yentes, como Brasil, Argentina y Chile. Ya las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos se caracterizaron por la conflictividad, confrontación, indiferencia y desconfianza mutua, llegando a tornarse ásperas hasta el punto del rompimiento provocado por un grado de torpeza sin preceden-tes por parte del segundo actor.

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2008: ¿política exterior responsable?

Jorge A. Hernández Velázquez1

Introducción

Al igual que el año anterior, durante 2008, la autodenominada “polí-tica exterior responsable” del presidente mexicano Felipe Calderón, que había establecido como objetivo principal el “apoyar el desarrollo eco-nómico, social y político del país a partir de una efectiva inserción de México en el mundo”, presenta pobres resultados que sin embargo son promocionados como grandes logros. Es cierto, que siendo en términos reales la relación con Estados Unidos nuestra principal preocupación en materia de política exterior —en contraste con el discurso tradicional de la diversificación mexicana—, las expectativas con aquel país eran redu-cidas debido a que su coyuntura electoral posponía casi cualquier avance concreto. Sin embargo, contextos de tal naturaleza representan coyuntu-ras por demás favorables para atender con mayor empeño las relaciones con países que han sido descuidados por la atención central a nuestra agenda bilateral con Estados Unidos, así como para establecer contactos estratégicos con aquellas regiones y países que se consolidan cada vez más como las potencias emergentes del siglo XXI.

Lamentablemente, lo que podemos destacar de este 2008 no es esto último sino el hecho de que como explica John Saxe-Fernández, existe una “ingobernabilidad en materia de relaciones exteriores”; una situa-ción en la que como destaca Sergio Aguayo, la política exterior “se está armando con parches” (Nydia, 2008). Una falta de coherencia del actuar

1. Profesor del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Director de la Revista Mexicana de Estudios Canadienses.

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Jorge A. Hernández Velázquez

y del no actuar internacional de México, que vuelve inevitable el ejercicio de contrastar resultados reales contra el oficial discurso triunfalista.

La coyuntura electoral en Estados Unidos

Durante 2008 fuimos testigos de un proceso electoral estadunidense que despertó un interés inédito a escala internacional. La atención pres-tada en los distintos medios informativos nacionales e internacionales al intenso proceso y a la tan esperada jornada electoral estadunidense, es más que justificada por el impacto que suelen tener a nivel mundial las decisiones tomadas en el país más poderoso del mundo. Al mismo tiempo, las características especiales de la elección hicieron que gran parte del mundo encontrara otras razones de fondo para no solo seguir con gran detenimiento el proceso electoral sino incluso tomar partido abiertamente por uno u otro candidato, a pesar de que no podían votar.

En México, estas coyunturas electorales en Estados Unidos suelen significar dos cosas radicalmente opuestas. Por un lado, los asuntos más sensibles de la agenda bilateral quedarán relegados para “mejores tiem-pos”, pues ni demócratas ni republicanos querrían comprometerse con decisiones que pudieran polarizar al electorado. Mientras que por el otro, los posicionamientos sobre los temas de la agenda bilateral suelen convertirse en factor de enfrentamiento entre los candidatos. En cual-quiera de los casos, no se trata de buenas noticias para los intereses de México frente a Estados Unidos. Pero por si fuera poco, habría que agre-gar que el nivel de intensidad de la diplomacia mexicana disminuye por una situación adicional de tacto político, dado que sin conocer a ciencia cierta la denominación de la siguiente administración estadunidense, se trata de mantener una “sana distancia” de las personalidades políticas más notables de ambos partidos. Una regla no escrita que por cierto no se cuidó por parte de la administración calderonista, cuando se pronun-ció de forma velada en favor de McCain apenas a dos meses de las elec-ciones, al destacar que el republicano tenía “un mayor conocimiento de la realidad mexicana”, que había sido el coautor de la “más avanzada propuesta en materia migratoria” y que le preocupaba “que se hable con una gran superficialidad de cancelar o modificar el TLC”, esto último en referencia a los pronunciamientos del entonces candidato demócrata Ba-rack Obama.

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Y aunque luego de la histórica elección de Barack Obama se publici-tó exageradamente el hecho de que su primera comunicación telefónica con un mandatario latinoamericano fuera precisamente con Felipe Cal-derón, lo cierto es que a lo largo de su campaña el entonces candidato demócrata no definió la relación con México como una de las priorida-des de su política exterior y las alusiones a su vecino del sur fueron para amenazar con replantear el TLCAN. Algo que fue duramente criticado por Calderón. Desde este punto de vista, la coyuntura del proceso electoral estadunidense de 2008 restringió la gama de temas que podían ser abor-dados con seriedad en la agenda bilateral con México y concentró las áreas de entendimiento a temas “emergentes” que por su importancia y repercusiones no podían relegarse, como fue el caso de la crisis eco-nómica estadunidense que alcanzó niveles mundiales y afectó significa-tivamente a la economía mexicana. La crisis que trató de disimularse lo más posible para evitar su influencia en el proceso electoral de la Unión Americana, se volvió inocultable hacia el tercer trimestre de 2008 y a pesar de ello, la elite mexicana recurrió a la misma estrategia de negar la crisis para tratar de contener el deterioro de la administración caldero-nista de cara a las elecciones intermedias del año siguiente (2009).

Las crisis que llegaron para negarse

En el actual escenario de crisis desatado en 2008, resulta paradójico que a pesar de que los argumentos de las elites económicas y políticas del mundo han preconizado las bondades del mercado y los peligros de la intervención gubernamental, se repita la historia conocida en la que el erario rescata a las empresas privadas que operan el mercado, para lograr la estabilidad del sistema financiero. Pero más que paradójico, resulta ridículo que se mantenga la defensa a ultranza del mismo modeloque genera crisis recurrentes, lo que hace pensar en una conocida frase queapunta: “quien no aprende de sus errores está condenado a repetirlos”. Y es que al parecer poco o nada de lo que está pasando en esta crisis es nuevo y además, las señales sobre el colapso del sistema inmobiliario estadunidense —que fue uno de los factores más críticos— eran eviden-tes y fueron señaladas por analistas y críticos, pero fueron negadas por el gobierno.

Esta actitud de negación fue repetida por gobiernos como el de Méxi-co, que a pesar de las dimensiones de la crisis que ya se había desatado

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en la economía de su principal socio comercial, insistía en voz de sus funcionarios en que la solidez de la economía del país era tal que podría resistir los embates de la recesión estadunidense sin mayores problemas. Luego entonces, ¿cómo explicar la amplia devaluación del peso frente al dólar que obligó al Banco de México a intervenir ofertando dólares para contener la caída de la moneda nacional? ¿Y cómo explicar los ajustes a la baja en los cálculos del crecimiento económico y de la generación de empleos? Sin mencionar además, que la caída de los precios del petróleo colocó tendencialmente a la mezcla mexicana por debajo del precio de referencia utilizado en el presupuesto de ingresos y egresos 2008, lo que sin duda generaría ajustes fiscales en el siguiente paquete económico.

Al parecer para el mandatario mexicano y su gabinete, basta con negar la crisis para que esta se resuelva por decreto. Sin embargo, los pronunciamientos constantes tanto a título personal como en voz de sus funcionarios, encabezados por el secretario de Hacienda, Agustín Cars-tens, no hicieron sino continuar socavando la credibilidad de su admi-nistración en el plano internacional. El gobierno de la “política exterior responsable” no podría ser más irresponsable con sus declaraciones. De igual forma, en el objetivo propuesto de mejorar la inserción internacio-nal del país, resulta paradójico que se quiera tapar el sol con un dedo en vez de asumir la situación y adoptar medidas efectivas que disminuyan el impacto negativo de la crisis internacional sobre la economía mexicana.

México no solo ha sido de los países más afectados por la crisis y menos oportunos en las medidas para su contención sino que además, en su intento por centrar la atención interna e internacional en temas en los que se auto-proclama como exitoso y decidido, ha tratado de impulsar ante la opinión pública los logros dentro de la agenda de seguridad y lucha contra el crimen organizado. Logros que son sumamente cuestio-nables por decir lo menos y que tampoco han contribuido al objetivo de mejorar la inserción internacional de México. Más aún, a menos de dos años de haber iniciado su mandato y declarar su “guerra contra el crimen organizado”, la percepción tanto interna como internacional es de que se está perdiendo la batalla y se agudiza la violencia al grado de que hacia finales de 2008, se desató una polémica que no ha cesado en torno a si México es o no un estado fallido. Los datos no mienten, tan solo la lla-mada guerra contra el narcotráfico y sus efectos colaterales sumaron más de 5,300 muertes en 12 meses y la industria del secuestro se ha vuelto un tema recurrente en la opinión pública internacional sobre México, al gra-do de que se han difundido alertas sobre la inseguridad desde embajadas

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como la de Estados Unidos para los turistas internacionales que quieren visitar México.

Las relaciones olvidadas y la falta de visión estratégica

Para nadie es desconocido que en todos los planteamientos sobre la polí-tica exterior mexicana de los últimos años la diversificación y la vocación latinoamericana aparecen siempre como temas centrales y se dedican amplios objetivos y estrategias para contrarrestar la criticada influencia económica y política de Estados Unidos. Tampoco es desconocido que todos esos discursos son poco significativos cuando año con año se con-trastan con la realidad de la política exterior mexicana.

Recordemos por ejemplo que la primera gira al exterior del presi-dente Calderón fue para asistir a la toma de protesta de su homólogo nicaragüense Daniel Ortega y ahí declaró que “el destino de México está en América Latina” o que entre sus primeras declaraciones la canciller Patricia Espinosa aseguraba que su política exterior tendría “como altí-sima prioridad las relaciones con América Latina” y que en ese sentido, “se buscaría restablecer las buenas relaciones con Cuba y Venezuela”. Sin embargo, repitiendo los errores de su antecesor, el presidente Calde-rón no solo no ha restablecido las buenas relaciones con aquellos países latinoamericanos con los que había distanciamiento sino que ha perdido por completo el tradicional liderazgo del país en la región. En contra-partida, Brasil se ha convertido en los últimos años en el más importante interlocutor latinoamericano.

Lo preocupante es que estos hechos son evidentes para cualquiera menos para el presidente mexicano, quien se empeña en declarar que México “está asumiendo el rol de equilibrio, de ponderación y de lide-razgo que por su responsabilidad con América Latina le corresponde en términos de la historia de su pueblo, del tamaño de su población, del tamaño de su economía, de la posición geográfica y de la tradición diplo-mática mexicana”. Así lo había pronunciado en los primeros meses de su administración y así lo reiteró en enero de 2009 en el marco de la XX Reunión de Embajadores y Cónsules. Tal vez para Calderón, el anuncio de un liderazgo sea equivalente al liderazgo mismo, tal y como la decla-ración de que la crisis no existe y de que la guerra contra el crimen orga-nizado se va ganando se vuelven verdades tan solo de repetirlas.

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Pero más allá de la promesa incumplida de que América Latina sería una prioridad para México dentro de la administración calderonista y de que la relación con Estados Unidos no ha trascendido para avanzar en los temas de la agenda bilateral o de que tampoco se hayan tomado las medidas efectivas para contrarrestar la crisis como sí lo han hecho otras naciones, resulta preocupante que la política exterior mexicana se mantenga al margen de un activismo renovado que establezca relaciones estratégicas con aquellos países que han demostrado que están en el ca-mino para convertirse en líderes mundiales emergentes. México es uno de los países más diversificados en términos formales por el número de acuerdos comerciales vigentes, pero al mismo tiempo es uno de los más concentrados en una sola relación en términos reales. Más aún, entre los tratados firmados no destacan aquellos con las economías que más crece-rán a pesar de la crisis, como China e India. Brasil en cambio, ha buscado estrechar sus lazos con los demás miembros del BRIC, conformado por el propio país suramericano más Rusia, India y China y ha impulsado nue-vas relaciones dentro del continente africano.

Lo que sí se hizo

Durante muchos años, prevaleció en México la idea de que la participa-ción de nuestro país al interior del Consejo de Seguridad de la Organi-zación de las Naciones Unidas (ONU) no podía ser una prioridad, puesto que más que significar oportunidades, implicaba ciertos riesgos de que el estado mexicano se viera orillado a tomar parte en conflictos interna-cionales sobre los cuales no tenía intereses particulares. Al día de hoy incluso, México se sigue manteniendo al margen de una posible partici-pación directa en operaciones de mantenimiento de la paz impulsadas por el organismo internacional. Sin embargo, durante el sexenio pasado y el actual, la diplomacia mexicana ha establecido como parte de sus obje-tivos estratégicos la participación creciente en organismos internaciona-les en general y la participación en el Consejo de Seguridad de la ONU en particular.

Así, la actual administración de Felipe Calderón consolidó este ob-jetivo de ingresar de nueva cuenta al Consejo de Seguridad de la ONU luego de la votación de octubre de 2008 en la que el país resultó electo para ocupar un asiento no permanente dentro del organismo. La tarea es sumamente difícil porque a partir del primero de enero de 2009 y hasta

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finales de 2010 México deberá tomar partido en discusiones importan-tes sobre conflictos complejos, algunos añejos como el palestino-israelí, otros que permanecen sin solución y parecen multiplicarse en el conti-nente africano, y sobre la mejora de las operaciones de mantenimiento de la paz. De esta manera, estableciendo posturas claras en estos temas, pero también informando periódicamente de la participación dentro del Consejo de Seguridad, esperamos que esta nueva oportunidad dentro de este órgano tan importante para el funcionamiento del sistema interna-cional, represente para México la decisión irrenunciable de asumir un rol más activo en los asuntos internacionales de primer orden.

A lo largo de 2008 México ha cometido muchos desatinos en política exterior que ya hemos citado, pero siempre ha destacado por su parti-cipación en organismos multilaterales y es de esperarse que esta nueva inclusión de México en el Consejo de Seguridad, al igual que las posturas ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la participación de México en foros que han venido creciendo en importancia en fechas re-cientes como el denominado G-5 y G-20 logre cumplir con la altura de miras que el país ha tenido en el pasado y debe reclamar para su futuro.

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La política exterior de Argentina en el contexto suramericano: un proyecto

pragmático de integración institucional, productiva y empresarial

Sandra Colombo1

Para Argentina, 2008 fue un año caracterizado por los imprevistos. Cris-tina Fernández de Kirchner asumió la presidencia de la nación el 10 de diciembre de 2007 respaldada por 46% de los votos y con un contexto económico promisorio. Nada hacía prever que su primer año de gobierno estaría marcado por el estallido de tensiones político-sociales con un altí-simo grado de virulencia, y por la aparición de los efectos de una crisis económica mundial.

Sin duda, en el orden interno el primer semestre del año estuvo de-terminado por el conflicto con los sectores agropecuarios, provocado por la decisión del gobierno de aplicar retenciones móviles2 a las exportacio-nes agrícolas para mejorar su recaudación. Esto provocó una escalada impresionante en el conflicto por la apropiación de la renta con las or-ganizaciones agropecuarias, que contaron a su vez con un generalizado

1. Docente e investigadora de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.

2. La Resolución 125/08 anunciaba que las alícuotas dejaban de ser fijas para comenzar a oscilar de acuerdo con la evolución de los precios internacionales de los granos que exportaba el país (soja, trigo, maíz y girasol) Así, con el nuevo esquema la soja, principal cultivo del país, pasaría a tributar 9% más —sus retenciones hubieran aumentado de 35% a 44.1%. (Diario Clarín, “Cambian las retenciones para evitar subas en alimentos y recaudar más”, 12 de marzo de 2008).

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Sandra Colombo

sustento mediático, el apoyo del establishment y el acompañamiento de pequeños productores y de sectores de clase media urbana.

Esta situación desgastó y debilitó políticamente al gobierno ya que Cristina Fernández vio desplomarse sus índices de popularidad de 60% a poco más de 20%, mientras que el ministro de Economía y el jefe de Gabinete debieron presentar sus renuncias, y diputados y senadores ofi-cialistas, así como el mismo vicepresidente de la nación mostraron pú-blicamente su apoyo a los reclamos de los sectores del campo y votaron contra la resolución del poder Ejecutivo en el Congreso Nacional.

El conflicto también afectó la política exterior, porque desmejoró la imagen internacional del país y provocó que la presidenta suspendiera en abril una visita a Londres para participar de una cumbre de líderes progresistas, donde se esperaba que planteara el reclamo argentino de soberanía en las Malvinas.

A mediados del año, el gobierno buscó recuperar la iniciativa política perdida anunciando el pago de la deuda al Club de París y un plan para reabrir el canje de deuda con acreedores privados pendiente desde 2005. Sin embargo, ambas medidas quedaron muy pronto congeladas debido a la inminencia y gravedad de la crisis internacional. Ante la debacle fi-nanciera y económica en el mundo, el gobierno presentó una sucesión de anuncios3 que, más allá de la efectividad de los mismos, pretendió devolverle la imagen de hacedor y recuperar al menos una parte de la porción de votos que no se habían fugado definitivamente a la oposición. Es necesario señalar que, contrariamente a lo que ocurría en los años noventa, en vez de la salida del ajuste del gasto y la reducción de salarios se propuso el aumento de la inversión y el aliento a la producción y el consumo.

3. A lo largo de noviembre y diciembre el gobierno anunció una batería de medidas para apun-talar la demanda y la oferta, y de esa manera hacer frente a la desaceleración que ya estaba en marcha. Tal vez, el más trascendente haya sido la re-nacionalización del sistema de jubi-laciones privado, vigente desde hacía 12 años, por el cual las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) privadas fueron estatizadas y los fondos por ellas administrados pasaron automáticamente a la Administración Nacional de la Seguridad Social. Además deesta iniciativa, se lanzaron varias líneas de crédito (autos, camiones, taxis, prefinanciaciónde exportaciones, heladeras, préstamos personales, consumo, turismo, etc.) a tasas menores que las vigentes, se aprobó una generosa moratoria y un polémico blanqueo para repatriar capitales, estímulos para la contratación de nueva mano de obra, alguna rebaja en retenciones a las exportaciones, planes de obra pública y un monto de dinero extra por única vez para jubi-lados. El único beneficio focalizado para los más pobres fue el pago extra para los que ganan menos que el salario mínimo y el adicional para los beneficiarios de los planes asistenciales.

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La política exterior de Argentina en el contexto suramericano

A pesar de los problemas domésticos y sistémicos, la economía ar-gentina volvió a expandirse en el promedio de 2008, aunque se observó una desaceleración a lo largo del año, sobre todo en los últimos meses. Según estimaciones del Ministerio de Economía, el producto bruto in-terno acumuló un alza de 30.8% en comparación con el anterior pico histórico registrado en 1998, y un aumento de 63.3% en relación con el mínimo, alcanzado en el primer trimestre de 2002 luego de la deva-luación y el default. Otros indicadores también registraron aumentos en relación a picos históricos anteriores, como el PIB per capita, el consumo privado y público, la inversión (+42,2%) y el PIB industrial (+19,4%). La deuda externa siguió disminuyendo su incidencia sobre el PIB represen-tando 43.4%, luego de llegar a 155% en 2002; mientras que las reservas internacionales superaron los 47,000 millones de dólares. Esto se tradujo en números sociales. Por primera vez en trece años la desocupación fuede un dígito, alcanzando 7.5% en el último trimestre de 2008, muy lejos de22% que existió en plena crisis, aunque es necesario señalar la perma-nencia de una gran inequidad social con 13 millones de personas bajo la línea de pobreza y cuatro millones de indigentes.

En cuanto al comercio exterior, el saldo comercial fue nuevamente positivo habiendo superado los 12,000 millones de dólares, gracias a un tipo de cambio competitivo y a un contexto internacional que durante gran parte de 2008 fue excepcionalmente favorable para los commodities. Existió un crecimiento de las exportaciones de 26% en relación al año anterior, impulsado fundamentalmente por incrementos de precios, ya que las cantidades exportadas mostraron un modesto crecimiento de 2%, exclusivamente en el rubro de las manufacturas industriales.

Sin embargo, el incremento constante de las ventas al exterior desde la salida del modelo neoliberal en 2002, no está provocando una transfor-mación de la estructura de las exportaciones que siguen concentradas en productos agropecuarios (PP+MOA), tal como lo indica el cuadro 1.

Asimismo, se observa una creciente concentración de las exportacio-nes en una docena de productos, en su mayoría con muy poco valor agre-gado y sin posibilidades de diferenciación. Los doce primeros productos exportables representaron en 2008, 73% de las exportaciones mientras que en el año 2000 abarcaban 71% de las mismas.4

4. En orden decreciente son: residuos y desperdicios de las industrias alimenticias; combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; grasas y aceites animales o vegeta-les; vehículos; cereales; semillas y frutos oleaginosos; carnes y despojos comestibles; materiales

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Frente a la concentración sectorial de las exportaciones, su apertura geográfica exhibe una tendencia inversa. El Mercosur (23%), la Unión Europea (19%), el NAFTA (10%) y el Sudeste Asiático (13%) concentraron cerca de 65% del valor exportado. La República Popular China aumentó su participación con base en las mayores ventas de productos primarios y MOA a dicho país.5 Las ventas de manufacturas industriales continúan teniendo como principales socios comerciales a Brasil y a otros países del subcontinente como Chile, Uruguay, Venezuela y México.6

El principal origen de las compras argentinas continuó siendo el Mercosur, con una participación cercana a 35%, seguido por las impor-taciones de la Unión Europea y del NAFTA. Estos tres bloques comerciales representaron cerca de 70% de las importaciones del país.

En este contexto político y económico, la política exterior del gobier-no de Cristina Fernández mantuvo los lineamientos trazados por Néstor Kirchner desde 2003: ampliar y diversificar los destinos para las expor-taciones argentinas; profundizar el Mercosur y consolidar la integración suramericana no solo para mejorar la inserción competitiva sino para afianzar los sistemas democráticos de gobierno, la paz y el respeto irres-tricto de los derechos humanos; bregar por una pronta incorporación plena de Venezuela al bloque para cerrar definitivamente la ecuación energética en América del Sur; defender la multilateralidad y la lega-lidad como garantía de paz en el mundo; promover la vigencia de los derechos humanos en la comunidad internacional; continuar con la es-trategia de desendeudamiento al ofrecer la cancelación de la deuda con el Club de París y la renegociación a los tenedores privados de bonos; impulsar una nueva estructura del sistema internacional reformulando los organismos multilaterales y de crédito para que garanticen la transpa-rencia, representatividad y democratización de sus órganos principales, y permitan retornar a una economía más real, con un régimen regulador para el capital especulativo, donde el capital financiero esté al servicio de la producción y el desarrollo.

de fundición, hierro o acero; reactores nucleares, calderas y artefactos; minerales, escorias y cenizas; plástico y sus manufacturas; pescados; frutos comestibles.

5. Informe “Comercio Exterior Argentino núm. 57”, Centro de Economía Internacional (CEI), Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Disponible en: http://www.cei.gov.ar/pdf/com/pca/pca.pdf

Los principales países receptores de los productos argentinos son Brasil que absorbe 19% de las exportaciones, China, 9.3%; Estados Unidos, 7.2%; Chile, 6.5%; Uruguay, 2.5%; Venezuela, 2% y México, 1.5%.

6. Disponible en: http://www.cei.gov.ar/estadisticas/mercosur/cuadro14.xls.

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Sandra Colombo

En la región, las acciones estuvieron dirigidas a afianzar la coopera-ción política y a fomentar la integración productiva con la finalidad de superar las asimetrías y las desigualdades sociales y regionales que aún persisten. Asimismo, la política exterior siguió estando sobredetermina-da por la problemática energética, que continuó jugando un rol dinami-zador en las políticas de integración, especialmente en relación a Bolivia, Ecuador, Venezuela, y Brasil.

Así por ejemplo, los gobiernos de Argentina y Ecuador acordaron la construcción de una nueva central hidroeléctrica en la Amazonia. El proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, tendrá un costo aproximado de 1,600 millones de dólares y será financiado en 70% por el estado ecua-toriano y 30% por el argentino.

En relación a Venezuela, se profundizaron los acuerdos estratégicos de cooperación iniciados bajo la presidencia de Néstor Kirchner, enmar-cados en una muy buena relación política. Estos acuerdos se sustentan en la capacidad energética y financiera de Venezuela, y en la riqueza agrícola-ganadera y capacidad tecnológica de Argentina. Por ejemplo, durante 2008, profesionales argentinos, a través de organismos de cien-cia y tecnología del estado como el INTA y el INTI,7 han capacitado perso-nal y brindado asesoramiento técnico para la instalación de once plantas de procesamiento de alimentos y de fábricas de asfalto, de plástico y mo-tores en territorio venezolano.

Asimismo, ambas cancillerías promovieron encuentros de empresa-rios argentinos y venezolanos con una importante participación de las pequeñas y medianas empresas.8 Como resultado, en agosto se anunció la firma de 22 acuerdos de cooperación binacional entre el gobierno venezolano y empresarios argentinos por un monto de 26 millones de dólares. A estas iniciativas de complementaridad productiva hay que su-marles la creación de empresas binacionales, como Inferlasa, la primera

7. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

8. El canciller argentino Jorge Taiana señaló que “este no es un negocio más sino que es un avan-ce en la integración […] que el empresariado nacional oferte bienes de capital para los pro-yectos industriales venezolanos, es un paso positivo y una muestra del buen nivel de relación (bilateral) y de las posibilidades de complementariedad industrial que hay entre ambos países”. El canciller explicó que se “está culminando la etapa de la cooperación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en el diseño de los proyectos, y ahora comienza la segunda, la deconcretar lo diseñado y ver cómo los empresarios argentinos pueden aportar”. Para más infor-mación consultar: http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=110262&id=236754&dis=1&sec=2.

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empresa binacional dedicada a la industria ferroviaria, y la conformada entre Enarsa (Energía Argentina SA) y Pdvsa (Petróleos de Venezuela SA) para explotar pozos de petróleo en el Orinoco venezolano.

Además de estos avances en la integración industrial, el gobierno ve-nezolano continuó vendiendo fuel oil para paliar la carencia energética de Argentina, y se consolidó como la principal fuente de financiamiento externo del país al comprar otros 1,000 millones de dólares en bonos de la deuda, sumando más de 7,000 millones desde 2004. Por su parte, el co-mercio bilateral continuó creciendo hasta superar los 1,600 millones de dólares, lo que posicionó a Venezuela como el sexto destino de las expor-taciones argentinas, constituidas no solo por productos del tradicional complejo agroindustrial sino también por manufacturas de la industria liviana y pesada.

En 2008, una de las mayores preocupaciones de la diplomacia argen-tina en la región, sin duda, fue la evolución de la conflictividad política en Bolivia, sacudida por los proyectos autonomistas y opuestos a la re-fundación constitucional impulsados por las cuatro regiones más ricas del país. El interés del gobierno argentino ante la profundización de la crisis boliviana fue permanente, y tal vez junto al gobierno de Chávez, hayan sido los países de la región más comprometidos con la gestión de Evo Morales. En abril, el canciller Taiana integró el “Grupo de Países Amigos”, conformado también por Brasil y Colombia, para intentar una mediación entre el gobierno y la oposición. Por su parte, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner exhortó a la comunidad internacional a “condenar las acciones violentas impulsadas por autoridades locales, así como todo intento exterior de buscar la desestabilización de gobiernos populares elegidos democráticamente en Suramérica”.9

La ola de conflictos sociales y políticos en Bolivia hizo que fuera im-posible cumplir con el compromiso de aumentar los envíos de gas a Ar-gentina y provocó la postergación de los proyectos relacionados con la integración energética, como el gasoducto del nordeste (GNE), anunciado en 2004 y catalogado como imprescindible para aumentar el transporte de gas desde Tarija a territorio argentino. Esta dilación sumada a la crisis internacional provocaron que en octubre de 2008 el Ministerio de Pla-nificación de Argentina anunciara que se construiría “una versión más acotada y limitada”, reduciendo el diámetro de las cañerías, el tamaño

9. Comunicado de la Cancillería argentina, 12 de septiembre de 2008.

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de las equipos de compresión, y la longitud del ducto. De esta manera, la obra proyectada para transportar hasta 27.7 millones de metros cúbicos diarios reducirá su capacidad a menos de 10 millones.

La relación con Brasil, aunque hubo divergencias puntuales, conti-nuó caracterizada por la estabilidad, la cooperación y la búsqueda del desarrollo en conjunto. En febrero de 2008 ambos presidentes firman en Buenos Aires la Declaración de la Casa Rosada, donde se establecieron acuerdos de cooperación científico-tecnológicos y se avanzó en la inte-gración productiva y energética.10

A comienzos de agosto el presidente de Brasil, junto a sus principales ministros, viajó a Buenos Aires con una comitiva de 300 empresarios. El encuentro estuvo organizado por la cancillería argentina, el Ministeriode Planificación Federal y la Secretaría de Industria con la colaboración dela Unión Industrial Argentina (UIA) y la Federación Industrial del Estado de San Pablo (FIESP). En esa oportunidad el presidente Lula expresó la necesidad de que haya una fluida corriente de inversiones entre los dos países y señaló que:

10. Esta declaración expuso 17 puntos en los que se establecen objetivos de cooperación en dis-tintas áreas, fijándose para cada uno un cronograma determinado de las actividades a rea-lizar. en el área de Economía, Producción, Ciencia y Tecnología, se promovió la coordina-ción macroeconómica a partir de consultas semestrales entre sus respectivos ministerios de Economía para profundizar el trabajo conjunto en cuestiones tributarias, producción indus-trial, integración productiva y régimen de inversiones. Además, los presidentes pusieron fecha al inicio del sistema de pago del comercio bilateral en monedas locales, e impulsaron un con-venio entre el Banco Nación, el BICE (ambos de Argentina) y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social brasileño para facilitar el apoyo a las inversiones destinadas a proyectos de integración. En materia de cooperación espacial, los presidentes aprobaron el desarrollo deun satélite e instruyeron a las autoridades locales competentes a identificar las fuentesde financiamiento necesarias. Por otro lado, impulsaron las actividades conjuntas en el sector denanotecnología, la creación de un Programa Bilateral de Energías Nuevas y Renovables para reforzar la colaboración científica y tecnológica en este campo, la creación de una empre-sa binacional de enriquecimiento de uranio y la constitución de una comisión binacional que desarrolle un modelo de reactor nuclear “para atender las necesidades de los sistemas eléc-tricos de los dos países y, eventualmente, de la región”. En el tema energético, además, ra-tificaron su decisión de construir la usina de Garabí en la frontera y de estudiar un posible mecanismo bilateral de intercambio compensado de energía eléctrica entre los dos países.Cabe señalar también que la declaración se refiere a la cooperación aeronáutica, ferroviaria, a la creación de una empresa binacional de biofármacos y a la formación de una Subcomisión Binacional que coordinaría trabajos para producir ya en 2009 el “Gaúcho” (un vehículo mili-tar), con la intención de comercializarlo posteriormente. Finalmente, en el texto se instruye a las cancillerías de ambos países a iniciar “las gestiones necesarias para constituir, antes del segundo semestre de 2008, el Grupo de Alto Nivel para la Libre Circulación entre Brasil y Argentina”. Disponible en: http://www.obreal.unibo.it/VirtualLibrary.aspx?IdVirtual=277.

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[...] los argentinos no deben ver a los brasileños como invasores ni como competi-dores que los pueden arrasar.11 Tampoco los brasileños deben ver a los argentinos como una molestia que no quieren tolerar. Los dos empresariados tienen mucho para hacer en conjunto y yo los convoco a un desafío: formar un foro permanente con los dos gobiernos para ir afinando las propuestas.

En los días 7 y 8 de septiembre de 2008, por invitación del presidente de la República Federativa del Brasil, Cristina Fernández de Kirchner realizó una visita de estado. En esa oportunidad se realizó la reunión semestral para evaluar el estado de implementación de las decisiones adoptadas en la Declaración de la Casa Rosada del 22 de febrero de 2008. Cristina Fernández viajó acompañada por gran parte de sus minis-tros y por una delegación conformada por un centenar de empresarios que, bajo el paraguas de la Unión Industrial Argentina (UIA), preten-dían consensuar una política que tienda a disminuir el déficit comercial,12 avanzar en un plan para el desarrollo binacional y profundizar la integra-ción de cadenas productivas.

En esa oportunidad se anunció el “Sistema de Pagos en Moneda Lo-cal”, esto es, la eliminación del dólar en el comercio entre ambos países a partir de octubre de 2008, lo que significó un beneficio a las pequeñas y medianas empresas porque reduce los costos financieros y cambiarios en cerca de 5%. También se firmó un compromiso para que en dos años se lance la licitación para la construcción de la represa hidroeléctrica bina-cional Garabí; se suscribieron convenios de cooperación para financiar inversiones para las pequeñas y medianas empresas a través del Banco Nacional de Desarrollo brasileño y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), argentino; se ratificó la necesidad de concretar acuerdos de cooperación binacional científica y tecnológica para la investigación, desarrollo y producción de insumos, de medicamentos y de recursos para diagnóstico; se acordó avanzar en la construcción de nuevos puentes so-

11. Con esto hace referencia al hecho de que Argentina ha sido el más importante destino de inversiones brasileñas en el exterior en el marco de una contundente política de incentivar la internacionalización de las empresas por parte del gobierno de Lula. Hay más de una centena en el país acentuando el proceso de extranjerización que se estaba dando desde los años 90. En los últimos 10 años, la presencia brasileña en las inversiones extranjeras directas aumentó de 3% del total a 35% y continúa creciendo.

12. El déficit comercial con Brasil causa preocupación en la dirigencia argentina porque no ha dejado de crecer desde 2002, llegando a superar los 4.000 millones de dólares en 2008. Esto se produce entre otros motivos, por los incentivos financieros a las exportaciones que Brasil otorga a través del BNDES (40.000 millones de dólares), y por el bajo crecimiento de la economía brasileña.

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Sandra Colombo

bre el río Uruguay, en materia de interconexión ferroviaria y en el co-rredor bioceánico; se analizó la posibilidad de que la empresa brasileña Embraer suministre equipamiento para la estatizada Aerolíneas Argen-tinas; y se analizó la posible fabricación por Argentina de 137 barcos de patrulla para Petrobras.

A pesar estas importantes iniciativas de integración, hubo una fisura importante en la cooperación bilateral. Durante la Ronda de Doha de la OMC, en la Conferencia de Ginebra, de julio de 2008, la diplomacia brasi-leña apoyó la postura de la Unión Europea y Estados Unidos aceptando incluso una disminución de los aranceles industriales para avanzar en la conclusión de las negociaciones, lo que descolocó al gobierno argentino que optó por permanecer en el grupo de los emergentes junto a China, India, Sudáfrica y los otros socios del Mercosur.13

Luego de este desacuerdo, ambos mandatarios se comprometieron a presentar una estrategia común en los foros multilaterales, y coordinar respuestas ante la crisis internacional.14 Esta premisa se cumplió en la Cumbre del G-20 en Washington en noviembre, en la que los jefes de go-bierno de las principales potencias y de una decena de países en desarro-llo discutieron sobre la crisis financiera y económica. En esa oportunidad se acordó realizar un pedido para reformular la arquitectura crediticia y financiera internacional, de manera que los países que lo necesiten pue-dan recibir créditos del FMI u otros organismos sin condicionamientos.

Por último, resta mencionar las vinculaciones de Argentina con los socios menores del Mercosur. En Paraguay, la victoria de Fernando Lugo fue sin duda un éxito de la democracia en la región. En su discurso de

13. El gobierno argentino basa su estrategia para proteger a los sectores manufactureros en un tipo de cambio muy devaluado y aranceles para trabar importaciones, mientras que Brasil ya está en condiciones de abrir más su economía y proyectar sus grandes empresas a la escena global. “En la óptica brasileña —dice Amado Cervo—, la vocación industrial del país [es el) bien supremode la representación política y del interés nacional”. M. Rapoport, “La estrategia internacional deBrasil: intereses y política”, 14 de agosto de 2008

14. Esto quedó plasmado en el documento firmado en Brasilia en septiembre de 2008 donde ins-truyeron a los responsables en las áreas de negociaciones comerciales internacionales de las respectivas cancillerías que se mantengan en contacto permanente y realicen reuniones perió-dicas de consultas y coordinación de posiciones sobre los temas de la agenda de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de evaluación de la situación del comercio internacional con miras a un posicionamiento común en el escenario global. En el mismo sentido de encarar acciones conjuntas ante la crisis, en noviembre los dos socios mayores del Mercosur acordaron un alza del arancel externo común (AEC) para proteger de las importaciones de la extrazona a los vinos, duraznos, lácteos, productos textiles, marroquinería y muebles de madera en plena crisis internacional.

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toma de posesión, el presidente pidió como una “necesidad” para su país que Argentina y Brasil retomen la negociación por el precio de la elec-tricidad surgida de las represas de Yacyretá e Itaipú. Actualmente Asun-ción y Buenos Aires negocian la finalización de las obras de represa bi-nacional Yacyretá y la quita de la deuda paraguaya de 11,000 millones de dólares. De la energía proveniente de la represa enclavada sobre el fron-terizo río Paraná 98% va a Argentina, donde abastece 17% de su consu-mo. Con Uruguay las relaciones políticas continúan tensas a la espera de que la Corte de La Haya se expida sobre el conflicto por la instalaciónde la planta procesadora de celulosa sobre la margen oriental del fron-terizo río Uruguay, y que ocasionó desde hace años las protestas de ciu-dadanos argentinos mediante movilizaciones y corte de pasos internacio-nales. A fin de 2008, el gobierno uruguayo señaló que no acompaña la postulación del ex-presidente argentino Néstor Kirchner a la Secretaría de Unasur, al no verificar en Argentina “ningún avance” sobre el recla-mo uruguayo, que pide el cese del bloqueo a un puente binacional.

En el ámbito económico y dentro de los espacios multilaterales de la región, el gobierno de Cristina Fernández ratificó que el Mercosur es el espacio donde aspira a consolidar el desarrollo sostenible y el bienestar social de sus ciudadanos. Por ello, Argentina continuó promoviendo la inclusión en la agenda de temas como la integración de cadenas pro-ductivas, el financiamiento conjunto de exportaciones y producción, y la superación de asimetrías; e impulsó la adopción de respuestas coordina-das a un contexto internacional que cada vez muestra mayores signos de incertidumbre e inestabilidad. Estas iniciativas quedaron contempladas en las Cumbres de Jefes de Estado del Mercosur en Tucumán en el mes de junio y en Costa de Sauípe en diciembre.15

En el ámbito político regional Argentina acompañó las iniciativas para reducir la subordinación respecto de Estados Unidos y ampliar la autonomía de América del Sur en los asuntos mundiales. Por ejemplo,la creación de Unasur que —junto al Grupo de Río— participó activa-

15. En estos encuentros se avanzó, por ejemplo, en crear mecanismos financieros regionales y sub-regionales como el Fondo de Garantías para las micro, pequeñas y medianas empresas del Mercosur, dotado con 100 millones de dólares aportados en su mayor parte por Brasil (70%) y Argentina (27%); hubo adelantos en los trabajos para eliminar el doble arancel y en un meca-nismo de redistribución de la renta aduanera; se ampliaron los proyectos del Focem; se flexibi-lizaron reglas del comercio para facilitar la importación de productos desde Bolivia afectados por la suspensión por parte de Estados Unidos de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de Drogas (ATPDEA), entre otros.

280

Sandra Colombo

mente en la resolución del conflicto desatado entre Colombia y Ecuador y en la crisis boliviana, el establecimiento de una instancia de interlocu-ción política amplia más allá de la OEA y con la sola presencia de América Latina y el Caribe, la puesta en funcionamiento del Banco del Sur para tener un fondo de reserva conjunto, la reincorporación de Cuba al es-cenario político latinoamericano o la propuesta brasileña de fundar un Consejo Suramericano de Defensa.

Para concluir, ante los cambios políticos y económicos internaciona-les, estructurales y contingentes, como el alejamiento de Estados Unidos de América Latina o el estallido de la crisis internacional, el gobierno argentino ha insistido en la necesidad de consolidar procesos de integra-ción más equilibrados y en alcanzar la coordinación política entre los paí-ses de la región para obtener un mayor poder negociador en los foros in-ternacionales. Esto permitirá acciones conjuntas para consolidar la mul-tilateralidad y construir una nueva arquitectura financiera internacional que incluya la adopción de mecanismos de regulación eficientes. En el último año los avances realizados en la complementación industrial, la cuestión energética, la conformación de una cartera crediticia conjunta, o la coordinación de temas económicos y de defensa, parecen indicar que la integración no solo es un proceso político basado en la afinidad de los gobiernos sino que está construyéndose sobre hechos concretos.

En este contexto, el Mercosur continúa siendo reivindicado como el ámbito de asistencia recíproca para promover el desarrollo equilibrado entre los países miembros, y para consolidar modelos económicos ba-sados en la producción con valor agregado que promuevan la inclusión social, y por ende la democracia y los derechos humanos.

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La política de Estados Unidos para América Latina en un contexto de

elecciones presidenciales

Luis Fernando Ayerbe1

A diferencia de las elecciones presidenciales de 2004, en que las califi-caciones de George W. Bush y John Kerry para liderar la guerra contra el terrorismo estuvieron en el centro del debate, en 2008 la agenda de desafíos es más variada y compleja. En un contexto de grave crisis finan-ciera, el nuevo presidente tendrá que mostrarse capaz de destinar recur-sos limitados para una diversidad de temas urgentes, con impacto en el aumento del presupuesto para seguridad y defensa.

Entre los aspectos a destacar en el ámbito global están la estabiliza-ción en Irak, la nuclearización de Irán, el incremento de la actuación de Al Qaeda y el talibán en Afganistán y Pakistán, el resurgimiento de Rusia como potencia militar con ambiciones globales y la emergencia de China, que asume creciente protagonismo como demandante internacional de recursos naturales, especialmente petróleo.

En el caso de América Latina, su reconocida pérdida de importancia no implica ausencia de preocupaciones, especialmente en dos aspectos. Por un lado, la postura internacional del gobierno de Venezuela, que toca en temas sensibles de la agenda de seguridad estadunidense: convenios militares con Rusia, que incluyen compras de armamentos y ejercicios navales conjuntos en el Caribe; acuerdos con Irán en el ámbito petroquí-mico, de transportes y agroindustrial; acuerdos con China aumentando

1. Profesor del Departamento de Economía de la Universidade Estadual Paulista (UNESP) y del Programa de Postgrado en Relaciones Internacionales de la UNESP, UNICAMP e PUC/SP.

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la exportación de petróleo para ese país. De acuerdo Ray Walzer, de la Heritage Foundation:2

En la actualidad, Venezuela representa el desafío diplomático y de seguridad indivi-dual más difícil que enfrenta Estados Unidos en el futuro inmediato. Cómo Estados Unidos escogerá para hacer frente a este desafío dirá mucho acerca de la dirección que la próxima Administración tendrá en su política hacia los vecinos de América en el hemisferio (2008: 2).

En el caso del petróleo, cabe resaltar que a pesar de no ser la prin-cipal región en términos de reservas, en América Latina se sitúan los mayores países exportadores para Estados Unidos.

El segundo núcleo de preocupaciones no se origina en el activismo anti-estadunidense sino en los impactos que devienen del frágil control de los estados sobre sus territorios. Paralelamente al caso colombiano asociado al narcotráfico y las guerrillas, que son objeto de políticas es-pecíficas que vienen del gobierno Clinton, como el Plan Colombia, ad-quiere destaque la porosidad de la frontera mexicana, que envuelve el flujo migratorio, 90% de la cocaína que ingresa al país y 90% de las ar-mas que entran en México, alimentando el poder de acción del crimen organizado. La respuesta del gobierno Bush es la Iniciativa Mérida, una asociación con México para el combate al tráfico de drogas, lavado de dinero, crímenes transnacionales y control fronterizo, a través de apoyo con entrenamiento, inteligencia y equipamiento.3

Para Roger Noriega, subsecretario del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental hasta 2005, la experiencia de los años recientes en el combate al tráfico de drogas, especialmente en los Andes y Colom-bia, demuestra la necesidad de revisar y actualizar estrategias, colocando la iniciativa Mérida como ejemplo positivo: “presta ayuda de Estados Unidos a México y América Central [...] en el contexto de una estrategia

2. La Heritage Foundation, creada en 1973, explicita la adopción de una perspectiva conservadora en el abordaje de los temas hacia los cuales orienta su análisis, cuyo objetivo no es tan solo la investigación sino la proposición de políticas gubernamentales. Sara Youseff, asesora especial de la Presidencia para Política Doméstica, Elaine L. Chao, secretaria de Trabajo, y Michael J. Gerson, asesor político senior del presidente George W. Bush, provienen de esta institución.

3. Para hacer efectiva la Iniciativa Mérida, que incluye a América Central, el presidente Bush solicitó al Congreso 500 millones de dólares para 2008, que representan la primera parte de un fondo de varios años con un valor de 1,400 millones de dólares (http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2007/oct/93817.htm).

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La política de Estados Unidos para América Latina en un contexto de elecciones

integrada en la que a todos los países se les pide que contribuyan para un objetivo común” (2008: 12).

Los temas que destacamos entre los desafíos de la política de Es-tados Unidos en el ámbito global y regional, aparecen en los discursos de los candidatos presidenciales, marcando algunas diferencias impor-tantes. En su campaña, el republicano John McCain hizo una defensa enfática de la guerra en Irak, como parte crucial del combate al extremis-mo islámico, visto como amenaza a la seguridad estadunidense. Salir de Irak significaría colocar en riesgo toda la política regional, envolviendo el destino de enemigos como Irán y aliados como Israel. Con relación a América Latina, su discurso en Miami el 20 de mayo de 2008, día de la conmemoración de la independencia cubana, trata de distanciarse de go-biernos anteriores, al mismo tiempo en que critica a su adversario. Bus-cando establecer una trayectoria diferente, cuestiona las tendencias en las décadas recientes cuando “en administraciones republicanas y demó-cratas, Estados Unidos trató a América Latina como un socio menor, más que como un vecino, como un hermano menor, más que como un igual” (McCain, 2008).

En el caso de Cuba reafirma el endurecimiento, criticando la pro-puesta del candidato demócrata Barak Obama de promover un encuen-tro de cúpula: “Él también quiere sentarse sin condiciones para un en-cuentro presidencial con Raúl Castro. Estas medidas serían la peor señal posible a los dictadores de Cuba —no hay necesidad de llevar a cabo reformas fundamentales, pueden esperar simplemente un cambio unila-teral en la política de Estados Unidos” (McCain, 2008).

Otra crítica importante a los demócratas se relaciona con el libre co-mercio, tema que considera relevante tanto en la dimensión económica como de seguridad, en que a pesar de los progresos con el TLCAN, el CAFTA

y los acuerdos bilaterales con Perú y Chile, se verifica un proceso de es-tagnación. En ese sentido, McCain cuestiona el voto contrario de los se-nadores Hillary Clinton y Barak Obama al tratado con Colombia.

En el lado demócrata, Barak Obama se presenta como crítico de la guerra en Irak, que no tendría que haber sido iniciada, dado que conside-ra como foco del combate al terrorismo Afganistán y Pakistán. Al mismo tiempo, propone una acción de diplomacia directa, que abarcaría reunio-nes con desafectos, lo que incluye a los presidentes de Cuba y Venezuela. En Renewing US Leadership in the Americas, discurso proferido en Miami en mayo de 2008, transformado en el principal documento de campaña

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dirigido a la región, Obama invoca como referencia histórica positiva la política de “buen vecino” de Franklin Delano Roosevelt.

En el inicio de su tercer mandato, en enero de 1941, refiriéndose al conflicto con el nazi-fascismo, Franklin Delano Roosevelt dio su fa-moso discurso de las cuatro libertades: 1. Derecho de palabra y de libre expresión; 2. Libertad de cada uno para celebrar a Dios a su manera; 3. Estar libre de las necesidades; 4. Estar libre del miedo. Retomando esa perspectiva, Obama presenta el cuadro de sus prioridades y desafíos en la región. En primer lugar, cuestiona lo que considera negligencia de su antecesor con las Américas:

Desde que [...] lanzó una guerra equivocada en Irak, su política para las Américas ha sido negligente con relación a nuestros amigos, ineficaz con nuestros adversarios, indiferente a los desafíos que importan en la vida de las personas e incapaz de pro-mover nuestros intereses en la región (Obama, 2008: 1).

Esa negligencia habría favorecido la emergencia de liderazgos como el de Chávez y abierto espacios para la entrada de actores extra-conti-nentales, cuando “países de Europa y Asia —notoriamente China— vie-nen intensificando su propio involucramiento” (Obama, 2008: 1).

Como contraste, Obama asocia las libertades de Roosevelt con su agenda regional. La libertad política tiene en Cuba su blanco preferen-cial, prometiendo mantener el embargo económico y al mismo tiempo relajar las restricciones para viajes de cubano-americanos, a quienes con-sidera como los mejores embajadores para estimular las presiones contra el gobierno de la isla. La libertad del miedo se refiere al principal ítem de la agenda de seguridad desde el gobierno Clinton, la criminalidad asocia-da al narcotráfico, prometiendo profundizar programas existentes, como la Iniciativa Andina Antidrogas y el Plan Colombia, apoyando ese país en su derecho “de atacar terroristas que buscan abrigo seguro más allá de sus fronteras. Y vamos a colocar un reflector sobre cualquier apoyo a las FARC que venga de gobiernos vecinos”. En el caso de las amenazas fronterizas, considera que “la Iniciativa Mérida no invierte lo suficien-te en América Central, donde tiene inicio buena parte de la actividad del narcotráfico y de las pandillas. Y precisamos actuar también más al sur” (Obama, 2008: 3). La libertad de las necesidades tiene como eje el combate a la pobreza, asumiendo las Metas de Desarrollo del Milenio de reducción a la mitad hasta 2015, manteniendo como foco iniciativas dirigidas al micro financiamiento, entrenamiento vocacional y apoyo a pequeñas empresas.

285


Analizando lo que la región podría esperar de un eventual gobierno de McCain o de Obama, Sidney Weintraub, del Center for Strategic and International Studies,4 no vislumbra grandes diferencias entre ambos, ni cambios en lo que se refiere al pasado reciente.

Si McCain es elegido, lo más probable es que mantenga su promesa y trate de ob-tener la aprobación para el acuerdo de libre comercio con Colombia, pero si tiene una gran mayoría demócrata en el Congreso, es poco probable que obtenga éxito, ciertamente no a principios de su administración. Si Obama es elegido presiden-te, espero que busque maneras de darle la vuelta a sus declaraciones de campaña, sobre todo en la renegociación del TLCAN [...] En el comercio de drogas, Obama intentará estancar el traslado de armas de Estados Unidos a México, mientras que McCain no. Obama apoyará una ley de inmigración en Estados Unidos, mientras que McCain no —a pesar de su historia anterior sobre este tema—. Ni Obama/Biden ni McCain/Palin van a cambiar lo que los críticos se refieren como negligencia de Estados Unidos con relación a América Latina, porque tendrán mayores prioridades (Weintraub, 2008: 2).

La escasa prioridad de la región es visible en los gastos propuestos por el Departamento de Estado en el presupuesto para operaciones en el exterior. El cuadro 1 muestra comparativamente los años 2006, 2007 y las previsiones para 2008 y 2009. El total destinado en 2006 y 2007 es inferior a lo que recibieron individualmente Egipto e Israel. El mayor receptor es Colombia. En los casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecua-dor y Venezuela, la emergencia de liderazgos oriundos de la izquierda no influye en alteraciones presupuestarias significativas. El aumento de recursos previsto para 2008 y 2009 corresponde fundamentalmente a la Iniciativa Mérida.

4. El Center for Strategic and Internacional Studies, fundado en 1962, trata de evitar posicio-namientos políticos e ideológicos, destacando su alta calificación en las áreas de tecnología, políticas públicas, economía internacional y energía, contando con expertos sobre las diver-sas regiones del mundo. Zbigniew Brzezinski, asesor de Seguridad Nacional del presidente Carter y asesor de asuntos internacionales del candidato Barak Obama, es uno de sus actuales consejeros. Miembros de la administración de George W. Bush, como Robert Zoellick, ex-representante comercial y secretario adjunto del Departamento de Estado, y Otto Reich,ex-subsecretario del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental y principal asesor para América Latina del candidato republicano John McCain, formaron parte de la institución.

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Cuadro 1Presupuesto del Departamento de Estado

para operaciones en el exterior

Recursos destinados en

2006*

Recursos destinados en

2007**

Recursos previstos en

2008**

Recursos solicitados

para 2009**África 3’570,259 5’265,922 5’264,780 5’297,732Este de Asia y Pacífico 518,966 566,990 720,682 544,140Europa/Eurasia 1’003,839 1’044,145 783,712 734,028Oriente PróximoEgiptoIrakIsrael

5’211,2011’779,287

55,4402’495,326

7’767,0741’757,7482’116,2622’460,240

6’433,4991’705,891

977,1772’380,560

5’524,1331’505,400

397,0002’550,000

Sur y Centro de Asia Afganistán

2’075,815967,780

2’962,7701’827,785

3’043,9491’896,918

2’216,6181’053,950

Hemisferio OccidentalArgentinaBoliviaBrasilColombiaEcuadorVenezuela

1’595,6091,632

133,79013,559

564,00329,6435,910

1’552,9731,605

122,19115,970

561,09032,0372,625

2’017,388 2,015

99,45614,880

541,13025,2004,542

2’048,6121,655

100,3998,647

542,86332,5365,000

Fuente: Departamento de Estado (2007)* y (2008) **. En millones de dólares.

Debe considerarse que las previsiones para 2009 no contemplan los efectos de la crisis financiera desatada en el segundo semestre de 2008, que colocó el corte de gastos gubernamentales como tema importante de los debates electorales.

La subversión silenciosa en Bolivia: un capítuloausente del debate sucesorio estadunidense

Paralelamente al proceso electoral, que concentró las atenciones sobre las perspectivas de continuidad y cambio de acuerdo con los discursos de los candidatos republicano y demócrata, cabe registrar un ejemplo impor-tante sobre el perfil de la actuación internacional estadunidense cuando se trata de influenciar la política interna en países cuyos gobiernos son situados en el campo de sus adversarios. El caso de Bolivia es emblemá-

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tico, envuelto en un proceso de fuerte enfrentamiento entre gobierno y oposición en función de la aprobación de la nueva constitución.

Después de diversas postergaciones e impasses, la constitución es apro-bada en dos votaciones. El 9 de diciembre de 2007 el texto completo es presentado sin destaques y el 3 de febrero de 2008 son votados los artículos separadamente, recibiendo mayoría favorable de dos tercios de los consti-tuyentes presentes a la votación, ya que el principal partido oposicionista, PODEMOS (Poder Democrático y Social), que detenta la mayoría en el sena-do, no participó en ninguno de los procesos. Como resultado, PODEMOS y los gobernadores de los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Chuquisaca iniciaron un movimiento de desobediencia civil.

Consciente de las dificultades, en enero de 2008 el presidente Evo Morales propone a los gobernadores el inicio de negociaciones en la perspectiva de generar un acuerdo nacional que dé salidas institucionales para la crisis política. Entre los temas de la agenda colocados en debate se destacan la unidad nacional, la democracia, la legalidad, la estatización de la economía, las autonomías departamentales, el Bono Dignidad,5 el respeto a la propiedad privada y la iniciativa del poder Ejecutivo de reali-zar un referendo revocatorio que incluya, además del mandato presiden-cial, el de los nueve gobernadores.

Esa última propuesta es anunciada por el gobierno como salida de-mocrática capaz de reiniciar, con nueva legitimidad, las relaciones entre las partes en conflicto. Realizado en agosto, el mandato del presidente recibe la aprobación de más de 67% del electorado. Por otro lado, los gobernadores opositores obtienen resultados favorables en Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando, perdiendo en Cochabamba y La Paz.

El nuevo cuadro no altera la situación de conflicto, al contrario, los gobiernos de la oposición se lanzan al enfrentamiento abierto, adoptando iniciativas separatistas de carácter unilateral. Como parte de ese proceso, adquiere creciente visibilidad la postura de la embajada estadunidense, con ostensiva intervención en asuntos internos del estado boliviano que comprometen las relaciones entre los dos países.

En junio de 2008, la actuación de la USAID, Agencia para el Desarro-llo Internacional vinculada al Departamento de Estado, fue seriamente

5. En octubre de 2007, el presidente Morales anunció la creación del Bono Dignidad, asignación vitalicia de 26 dólares mensuales para todas las personas de más de 60 años a ser financiado por el recorte de 30% de la renta petrolera de los departamentos productores, generando fuerte reacción por parte de los gobernadores afectados.

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cuestionada por movimientos sociales en la región de Chapare, en Co-chabamba, que decidieron en asamblea expulsar a sus funcionarios, bajo la acusación de promover acciones contra el gobierno de Evo Morales, que apoyó la decisión del movimiento. Entre las denuncias, se destaca el apoyo a la organización separatista de Santa Cruz Unión Juvenil Cruce-ñista, espionaje y asesoría a los gobiernos de oposición.6

Las tensiones diplomáticas entre Bolivia y Estados Unidos alcanzan un punto crítico con la expulsión del embajador Philip Goldberg en sep-tiembre de 2008, acusado por el presidente Morales de liderar el proceso separatista promovido por los gobiernos de Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija. Su corta estancia en el país, iniciada en agosto de 2006, estuvo marcada por diversos incidentes que colocaron bajo sospecha los objeti-vos estadunidenses.

En agosto de 2007, el ministro de gobierno Juan Ramón Quintana denunció el envío de ayuda por parte de la USAID para sectores oposicio-nistas, bajo la justificación de apoyar programas destinados a “restable-cer la democracia en el país”, conforme documentos de la agencia cita-dos por él.7 En febrero de 2008 son divulgadas por la prensa revelaciones de ciudadanos estadunidenses sobre dos tentativas de la embajada en Bolivia de envolverlos en acciones de espionaje. La primera aconteció en julio de 2007, cuando un grupo de treinta voluntarios de los Cuerpos de Paz recibió orientación del funcionario de seguridad de la embajada, Vincent Cooper, para que observen y relaten las actividades de cubanos y venezolanos que encuentren durante su estadía en el país. En noviembre, Cooper hizo una solicitud similar a un becario de la Fundación Fulbright. Esas revelaciones llevaron el presidente a declarar al funcionario persona non grata. La embajada reconoció el incidente e informó que Cooper no retornaría a Bolivia.8 El punto de ruptura fue provocado por la reuniónde Goldberg con el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, en agosto de2008, coincidiendo con el proceso de radicalización de la actuación opo-sicionista, personificada en la figura de ese dirigente, que días antes ha-bía pronunciado un discurso fuertemente ofensivo contra Evo Morales,

6. Página 12, Buenos Aires, 27/ de junio de 2008. Disponible en: www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-106748-2008-06-27.html.

7. Reuters, 29 de agosto de 2007. Disponible en: http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/N29357085.htm.

8. ABC News, 08 de febrero de 2008. Disponible en: http://www.abcnews.go.com/Blotter/Story?id=4262036&page=1

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culminando en la expulsión del diplomático estadunidense.9 En solida-riedad con el presidente boliviano, Hugo Chávez también solicita la sali-da del país del embajador Patrick Duddy.

Para los intelectuales críticos de ese tipo de política, se trata de una nueva modalidad de ingerencia en naciones soberanas, que Eva Golin-ger denomina “subversión silenciosa”, en que “el gobierno de Estados Unidos viene prácticamente perfeccionando un método de intervención capaz de penetrar e infiltrar todos los sectores de la sociedad civil en un país que considera ser de su interés estratégico y económico” (2007).

Esa forma de actuación no es patrimonio exclusivo de la adminis-tración Bush. Su marco de origen es la creación, en 1994, de la Oficina de Iniciativas Transicionales, vinculada al Bureau para la Democracia, Conflicto y Asistencia Humanitaria de la USAID, concebida como instru-mento de apoyo a los procesos de transición política que adquieren fuer-te impulso en los años 1980-1990, especialmente en el este europeo y en América Latina. En cada administración, la concepción sobre criterios de caracterización de países no-democráticos y métodos privilegiados para lidiar con sus gobiernos acompaña la percepción de la política ex-terior sobre los intereses nacionales y sus desafíos. En el caso de Barak Obama, un acompañamiento de sus iniciativas transicionales en América Latina podrá dar una medida del significado de la renovación propuesta.

Como vimos, las diferencias entre McCain y Obama no son de carác-ter antagónico sino de percepción de amenazas y definición de priorida-des en la resolución de problemas. No obstante, en ambos casos las pres-cripciones tienen un alcance bastante circunscrito, inversamente propor-cional a la cantidad y complejidad de los desafíos detectados. Prestar atención a los problemas que enfrenta América Latina es importante, pero no urgente.

Las perspectivas para el gobierno comandado por Barak Obama apuntan para un énfasis en los efectos domésticos de la crisis económica, y en el ámbito internacional, el enfrentamiento de desafíos que en su mayoría se sitúan fuera del hemisferio occidental.

9. En conferencia de prensa, agradeciendo el apoyo internacional recibido para enfrentar la crisis con la oposición, Evo Morales se refirió al discurso de Costas y a su posterior encuentro con Goldberg: “Lo del embajador de Estados Unidos es muy grave. Se reunió de manera reser-vada con un prefecto que me trata de animal, de mono, de macaco, de incapaz y de exce-lentísimo asesino”. 13 de septiembre de 2008. Disponible en: http://www.diariocolatino.com/es/20080913/internacionales/58795/.

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CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INTEGRACIÓN

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Cultura de la integracióny la desintegración

Ignacio Medina Núñez1

En México se quiere recordar el año 2010 como el “Bicentenario de la Independencia” y por ello 2008 y 2009 se convirtieron en años de pre-paración de una gran fiesta de conmemoración. Hay que recordar, sin embargo, que la fiesta no puede tener como motivo el cumplir 200 años de “ser independientes” —como sí los había cumplido Haití hace varios años, que había proclamado su independencia en 1804— sino solamente del inicio de un movimiento de liberación, el cual, para su cumplimiento necesitó de varios años; por ello, dentro de las identidades nacionales, la fecha de conquista de la independencia de España se celebra en diferen-tes momentos: México, por ejemplo, en 1821; a Colombia le fue recono-cida en 1819; Argentina la recuerda en 1816; Chile la proclamó en 1818, etcétera.

Simón Bolívar expresó claramente su sueño de una “gran patria ame-ricana” a la que llamaba “Hispanoamérica” desde su Carta de Jamaica en 1815: “Yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria”. Incluso, cuando la formación de diversas nacionalida-des era ya un hecho irreversible, Bolívar siguió insistiendo, por lo menos, en una “Unión de Repúblicas”. El sueño fracasó como lo han reconocido muchos autores; dice Enrique Dussel, por ejemplo: “El sueño bolivaria-no fue sepultado en el más completo olvido” (Dussel, 1984); entonces, en

1. Ignacio Medina es doctor en Ciencias Sociales y profesor en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y en el Centro Universitario de Ciencias Sociales (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara. Correo: [email protected].

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Ignacio Medina Núñez

vez de que Hispanoamérica fuera una gran nación o una unión de nacio-nes, el resultado fue la constitución de múltiples países independientes vinculados por su pasado colonial en historia, lenguaje y cultura, pero también enfrentados entre ellos por las fronteras y rivalidades de los grupos nacionales. De manera contrastante, frente al norte de América donde quedó Estados Unidos en una unión federal bajo la coordinación de un presidente único, en la parte de debajo de la geografía americana quedaron los estados desunidos del sur.

Hay que mencionar de manera explícita que, desde el siglo XIX, Esta-dos Unidos empezó a constituirse en un imperio con la doctrina Monroe, considerando la parte sur del continente como su patio trasero, con una concepción del nuevo panamericanismo en donde el Norte era el eje rec-tor, propiciando siempre en beneficio propio, la desunión del Sur.

De esta manera, existe simultáneamente en la actual América Latina la herencia de una cultura de integración, basada en la herencia histórica del pasado colonial con la expresión de una lengua común, pero también de una cultura de la desintegración, fundada en las rivalidades económi-cas y políticas de los grupos nacionales, que siempre han estado atizados por los intereses particulares de dominación del país del norte.

Lo anterior nos lleva al concepto de cultura que, en su acepción más amplia, “nos remite a la idea de una forma que caracteriza al modo de vida de una comunidad en su dimensión global” (Coelho, 2000: 120). Pero podemos retomar también la definición de Clifford Geertz, de la siguiente manera: “creyendo como lo hizo Max Weber que el hombre es un animal que está suspendido en las redes de significación que él mismo ha tejido, considero que la cultura son esas redes y, por tanto, el análisis que debe hacerse no es el de una ciencia experimental que busca una ley sino una ciencia interpretativa en busca de significado” (Geertz, 1973: 5). Es decir, en la vida diaria de las diferentes sociedades, lo que tenemos es una lucha de significados en donde, en muchas ocasiones, conforme a la ética social, uno tiene que buscar los proyectos culturales que sean más conformes a la razón colectiva y por los que hay que luchar de tal manera que puedan prevalecer sobre otros significados también existentes.

De esta manera, el presente latinoamericano se encuentra todavía en esta bifurcación de significados dentro de una realidad contradictoria: siguiendo el sueño de Bolívar, estamos los que aspiramos a insertar a América Latina con un proyecto propio como región dentro del mun-do global; están también quienes luchan y trabajan porque las naciones latinoamericanas sigan aisladas en sus ámbitos fronterizos en una com-

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Cultura de la integración y la desintegración

petitividad y confrontación constante entre ellas mismas. Y como antes, esta segunda tendencia de significados sigue siendo alentada por los go-biernos norteamericanos, sean estos extraídos de la tendencia republica-na belicosa de los Bush o de la tendencia demócrata de Obama con un discurso más conciliador. En ambos caminos, se puede insertar también un nuevo concepto de cultura que atiende no solamente a los rasgos co-munes que caracterizan de hecho a una población determinada sino tam-bién lo relativo a un imaginario social deseable, que se convierte en un proyecto por el que hay que luchar; se trata de “la cultura que produce directamente efectos de mundo”2 (Coelho, 2000: 122); es el concepto de cultura que proponían diversos autores de la ilustración francesa del siglo XVIII cuando, sin existir la democracia porque se trataba del mundo de la sociedad absolutista, la proponían en sus escritos como un imagina-rio deseable con el que había que comprometerse.

Cuando actualmente miramos los escenarios latinoamericanos, los vemos dentro de los significados contradictorios propiciados por quienes propagan la integración y por quienes buscan la reducción de la pro-blemática social a las realidades nacionales, lo cual puede manifestarse, por ejemplo, a través de diversos métodos de análisis sobre el contenido político que expresan diferentes líderes de la región. Uno de esos méto-dos es el análisis lexicométrico3 que algunos autores han aplicado a los discursos presidenciales de gobernantes latinoamericanos.

Es por ello que los significados de los procesos de integración se han mostrado de manera constante e intensa en las propuestas de los presi-dentes pertenecientes o simpatizantes de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) como Venezuela, Cuba (Raúl Castro), Bolivia (Evo Morales), Nicaragua (Daniel Ortega), Ecuador (Rafael Correa), Honduras (Manuel Zelaya) e incluso con gobiernos progresistas como los de Brasil (Lula da Silva) y Argentina (Cristina Fer-nández de Kirchner), mientras que el ámbito nacional queda sobredi-mensionado en gobiernos de la derecha como el de Colombia (Álvaro Uribe).

2. Como los mismos autores señalan “el origen de esta tendencia remonta al concepto de cultura propuesto por Kant, para quien la finalidad última de la especie humana, por lo tanto, la finali-dad de la naturaleza, es la cultura: escenario de sabiduría suprema porque vuelve a las personas susceptibles a las ideas”.

3. Este tipo de análisis lexicométrico ha sido aplicado al discurso político por Victor Armony, al que ha llamado “puerta de entrada para estudiar los significados sociales” (Armony, en Corten, 2006: 117).

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De manera particular, el problema puede ser analizado a partir del ataque militar unilateral con bombardeos que realizó el gobierno colom-biano de Álvaro Uribe en contra de un campamento de las Fuerzas Ar-madas Revolucionarias de Colombia (FARC) ubicado dentro de territorio de Ecuador en la madrugada del 1 de marzo de 2008. En este hecho, además, se ha comprobado con claridad la intervención del gobierno de Estados Unidos apoyando política y militarmente a Colombia en un supuesto derecho de violar la soberanía de otros estados con el objeto declarado de defenderse del terrorismo. Correa —apoyado por Vene-zuela— y Uribe ejemplificaron los dos tipos de significados en pugna en América Latina, en donde el último, realizando una agresión expresa en elámbito militar para defender nacionalismos exacerbados entre países ve-cinos, contó con el apoyo estadunidense.4

La relevancia de este hecho para los proyectos de integración en el ámbito cultural puede quedar manifiesta por el hecho de que los diferen-tes gobiernos latinoamericanos involucrados directamente en el conflicto han sido electos mediante procesos electorales. De manera particular, los gobernantes Álvaro Uribe (Colombia), Rafael Correa (Ecuador), Hugo Chávez (Venezuela), todos gozan de un segundo mandato con un liderazgo y posturas que han sido ratificadas ampliamente por la gran mayoría de la población; en este sentido, las posturas de los gobernantes están reflejando un sentir de sus ciudadanos nacionales en un conflicto bilateral que los lleva a fuertes confrontaciones. Colombia frente a Ecua-dor y Venezuela en este conflicto originado por el ataque del ejército co-lombiano apoyado por Estados Unidos a un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano significa la existencia de dos proyectos distintos, dos imaginarios diferentes sobre la integración.

Esta separación de proyectos ya estaba marcada desde antes con dis-tintos indicadores. Mark Falcoff, por ejemplo, haciendo hincapié en su pregunta sobre Two Latin Americans?, indicaba en el 2007:

Estamos atestiguando el inicio de una separación en dos Américas latinas —una co-rriendo por un eje irregular desde la Ciudad de México a través de América Central para Chile, y la otra desde La Habana, pasando por Caracas, Brasilia, y posiblemen-

4. Esta expresa colaboración entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos se siguió expre-sando durante el año 2009 cuando Álvaro Uribe autorizó el uso por los norteamericanos de mayor número de bases militares dentro de su territorio. Incluso Brasil se ha sentido amenaza-do por esta presencia militar que es vista como una estrategia de cerco sobre sus yacimientos petrolíferos recién descubiertos.

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te Quito y Buenos Aires. El primero estará ampliamente asociado a Estados Unidos, en términos económicos y geoestratégicos; el segundo se definirá por la oposición al Consenso de Washington en la economía y las finanzas, al libre comercio hemis-férico, y a las agendas estratégicas más amplias de la administración Bush (Falcoff, en Ayerbe, 2007: 90).

Se trata así de una batalla ideológica más allá de las diferencias polí-ticas. Las discusiones están a la orden del día: ¿qué le conviene más a un país?, ¿defender su identidad nacional pero con base en una alianza con Estados Unidos o propiciar acuerdos de integración entre los propios países latinoamericanos? Existen en México, por ejemplo, intelectuales como Enrique Krauze o Jorge Castañeda que ven la futura prosperidad de México solamente mirando al norte y olvidando las alianzas con el sur, pero echan en el olvido también que la alianza con el norte siempre será una relación de subordinación. Lo discutieron públicamente entre el 2002 y 2003 cuando querían que México, siendo parte del consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se plegara dócilmente a la decisión del entonces presidente Bush de invadir Irak. En el caso de Colombia, ¿cuántos no han defendido el plan Colombia y las bases militares norte-americanas en ese país con el pretexto de la seguridad nacional, enfren-tando con esa política guerrerista a casi todos los países vecinos?

La cultura de la integración tiene un gran capital social a partir del sueño de Simón Bolívar, a partir de las propuestas de César Augusto Sandino sobre la unidad latinoamericana de naciones y a partir del nuevo pensamiento bolivariano que se ha reforzado en la transición del siglo XX al XXI. El concepto de capital social lo entendemos de la manera como Robert Putnam lo concibió, como los “rasgos de la organización social, tales como las redes, las normas y la confianza, que facilitan la acción y la cooperación para el mutuo beneficio [...] Trabajar juntos es más fácil en una comunidad bendecida con una derrama sustancial de capital social” (Putnam, 1993: 67). Se trata de una cultura de redes de confianza entre los grupos sociales en donde la interacción posibilita el logro de nume-rosos objetivos a través de la participación constante. En este sentido, al acercarse la conmemoración en México del aniversario del comienzo del movimiento por la independencia, la herencia cultural de dos siglos ha dejado el sello de una cultura común entre los latinoamericanos en donde todavía nos identificamos todos los pueblos que vivimos la época de la colonia bajo el yugo español.

Sin embargo, como también lo señala el mismo Putnam, existe tam-bién un lado oscuro del concepto (the dark side of social capital) (Putnam,

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2000, capítulo 22). Eso sucede, por un lado, cuando las mismas redes sociales son aprovechadas con fines perversos como la delincuencia o el narcotráfico y, por otro, cuando las mismas tradiciones de confianza y solidaridad son destruidas por una nueva cultura de desconfianza y en-frentamiento.

Para el caso de México, por ejemplo, la Encuesta Nacional sobre Cul-tura Política del 2008 ofrecía datos que pueden ser aterradores alrededor del tema del capital social: “de acuerdo con la ENCUP 2008, 84% de los ciudadanos mexicanos opina que si uno no se cuida a sí mismo, la gente se va a aprovechar” (ENCUP, 2009: 29). Y existe, además, poco interés de losciudadanos en la participación política, algo que coincide también conlos señalamientos de otras instituciones como el Barómetro de las Amé-ricas y Latinobarómetro, cuando lo aplican a la mayoría de los países del continente. De esta manera, parecería que en la batalla permanente entre los valores, quien va ganando es la cultura del exacerbado individualismo y de la desintegración, sobre todo cuando muchos pueden llegar a pensar que el trabajo colectivo y de coordinación de grupos y naciones reditúa menos que el esfuerzo de cada quien por su propio beneficio.

No es nada extraño hablar acerca de este tipo de tensiones y contra-dicciones porque parece ser algo propio del ser humano en general. Así lo refiere, por ejemplo, Kant cuando utiliza el concepto de la “insocia-ble sociabilidad” aplicado a todos los seres humanos en su discusión so-bre la posibilidad de construir una paz perpetua. Existe un antagonismo permanente que todos llevamos dentro: nuestro deseo de paz y nuestra atracción por la guerra; nuestra sociabilidad como destino pero también la realidad de un individualismo egoísta; la gran atracción del amor junto con la fuerza del odio; la razón y la locura juntas que todos llevamos den-tro; la cultura de la integración convive con la desintegración, etcétera.

En nuestra realidad latinoamericana de principios del siglo XX po-demos constatar ciertamente un auge de los propósitos declarados de integración en diversos gobiernos; la razón esgrimida no solamente es la herencia cultural común sino sobre todo la necesidad de enfrentar de mejor manera los procesos de globalización. Sin embargo, parece ser que pesan más todavía las rivalidades nacionales que la necesidad de hacer un proyecto común.

América Latina apela a la integración por una razón de subsistencia, solo la unión de economías frágiles puede ganar cierta estabilidad en la lucha por la competitividad en el mercado. Sin embargo, y a pesar de ser la integración una posibilidad plantea-da en estos estados desde el pasado siglo, su concreción parece a veces escabrosa

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y las voluntades de unificación en bloques, ineficaz […] En América Latina […] aun estando estrechamente unida por la lengua y por largas y densas tradiciones, la integración económica está fracturando la solidaridad regional […] Las exigencias de competitividad entre los grupos comienzan a prevalecer sobre la cooperación y complementariedad regional […] En Latinoamérica las necesidades del mercado prevalecen sobre la voluntad política de los estados, que incorporaron el proceso de integración regional latinoamericana en sus respectivas agendas de política exterior desde hace ya cuatro décadas. Voluntad por cierto plagada de mera formalidad por-que sus avances, durante estos periodos, han sido casi imperceptibles y muchas veces inexistentes […] Esta es la paradoja de América Latina, una especie de cultura po-tencia que se encuentra inerte dentro de los valores de la región, pero que es incon-sistente cuando se trata de concretar acciones de intereses comunes que requieran coordinación y cooperación (Morales, Rodríguez et al, 1999).

Ciertamente desde finales del siglo XX estamos viviendo una nueva época en cuanto al florecimiento de la cultura de la integración; la mayor parte de los gobiernos de la región con mayor o menor énfasis la señalan como un objetivo, pero el camino todavía es arduo para lograr que las ideas de integración encarnen en la realidad. Los obstáculos están a la vista y no solamente en el campo económico y político sino en el mismo debate cultural; en ciertos gobiernos y sectores de la sociedad civil con-vive también la cultura de la desintegración, por un lado, proveniente de los deseos exacerbados de un nacionalismo enfermo y, por otro, debido a una gran atracción del país del norte que ejerce su poder para establecer alianzas bilaterales y tratar de impedir las coordinaciones y proyectos de integración regional de América Latina.

Por ello, si hablamos de una lucha ideológica en el campo de la cultu-ra, no podemos conformarnos solamente con la definición antropológica del concepto en el sentido de que recogemos simplemente las caracterís-ticas del modo común de los latinoamericanos para solamente expresarlo en el ámbito de lo folclórico; es necesario avanzar hacia esa concepción de la cultura como proyecto político en donde la integración de la colec-tividad pese más que los intereses sectoriales. Ni la humanidad en gene-ral ni América Latina en particular pueden caminar de manera mecánica hacia un destino solidario sino que, en medio de las contradicciones y el antagonismo de fuerzas, es necesario impulsar activamente los procesos de integración. Jürgen Habermas lo expresaba de manera clara para el ámbito planetario:

[...] la cuestión principal es la siguiente: si en las sociedades civiles y en los espacios públicos de gobiernos más extensos puede surgir la conciencia de una solidaridad

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cosmopolita. Solo bajo la presión de un cambio efectivo de la conciencia de los ciu-dadanos en la política interior, podrán transformarse los actores capaces de una acción global, para que se entiendan a sí mismos como miembros de una comunidad que solo tiene una alternativa: la cooperación con los otros y la conciliación de sus intereses por contradictorios que sean (Habermas, 1999).

El escenario actual en el caso de América Latina ciertamente es de antagonismo entre proyectos nacionales contrapuestos, sobre todo cuan-do han surgido gobiernos legítimos de izquierda con base democrática que reclaman retomar con más fuerza el proyecto bolivariano; se están elevando cada vez más las voces, y debemos propiciar que sean cada vez más numerosas, dentro de las diferencias nacionales y regionales, para la construcción de una cultura y proyecto de integración.

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Ciencia y tecnología en América Latina 2008: estudios, diagnósticos y políticas

Álvaro Pedroza1

Fernando Julio PiñeroGermán Sánchez Daza2

Presentación

En los anuarios anteriores hemos dado cuenta de las principales tenden-cias de los procesos de integración y las políticas públicas que se desarro-llan en la región, en el ámbito de la ciencia y la tecnología, mostrando las visiones dominantes y sus implicaciones económicas y sociales. En esta ocasión hacemos una presentación de tres aspectos de la temática que están íntimamente ligados: los estudios académicos, el diagnóstico y las políticas. El equipo de investigadores consideró pertinente que se inclu-yeran estos tres aspectos en la medida que el desarrollo de las actividades de investigación científica y tecnológica de América Latina y el Caribe se ven afectadas de manera sustancial por ellos, además de que es cotidiana la realización de eventos relevantes en la región sobre esos aspectos, así, por ejemplo, en 2008 se llevaron a cabo: las 7ª Jornadas Latinoameri-canas de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, se presentó el anuario “Estado de la Ciencia”, y se llevó a cabo la Segunda Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología.

1. Profesor Investigador del Departamento de Economía, Administración y Mercadología del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Guadalajara, México.

2. Investigador del Equipo de Estudios Internacionales de la Facultad de Economía de la B. Universidad Autónoma de Puebla, México. Integrante de la Red de Economía Mundial (Redem).

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Álvaro Pedroza, Fernando Julio Piñero y Germán Sánchez

De esta manera el apartado se compone de tres textos, en el primero se hace una presentación de los estudios sobre la ciencia y la tecnología de América Latina y el Caribe y se discuten los acuerdos de la reunión deministros, organizada por la Organización de Estados Americanos en octubre de 2008, en el segundo artículo se hace una revisión conceptual sobre los trabajos presentados en el Seminario de la Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica y, finalmente, en el tercer texto se analiza el “Estado de la Ciencia” publicado por la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología.

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Ciencia y tecnología en América Latina:la evolución de su estudio y la

coordinación de políticas


Este artículo tiene como objetivo hacer una breve introducción sobre el desarrollo de los estudios sobre la ciencia y la tecnología en Amé-rica Latina y el Caribe, considerando que son sustanciales tanto para lacomprensión de las actividades de investigación que se efectúan enla región como por el vínculo que tienen con la elaboración de políticas y estrategias de los distintos actores; esto último queda ilustrado con el segundo objetivo del artículo, que es la revisión crítica de los acuerdos de la segunda reunión de ministros de ciencia y tecnología.

Una nota introductoria sobre la evolución de los estudiosdisciplinarios sobre ciencia y tecnología

El análisis de las actividades y las políticas públicas de investigación cien-tífica y el desarrollo tecnológico en América Latina y el Caribe (ALC) tiene ya varias décadas de existencia, vinculado desde su origen con la preocupación existente en nuestros países por el papel que desempeña-ban la ciencia y la tecnología en el desarrollo económico y social (Sal-daña, 1997). Diversos autores señalan que es en las décadas de los sesenta y setenta cuando se construye un pensamiento latinoamericano propio, que se enfrentaba a la visión lineal tradicional proveniente de los países desarrollados, surgiendo el denominado “Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad” (Dagnino y Thomas, 2003), entre sus

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integrantes se mencionan a A. Herrera, J. Sábato, O. Varsakky, J. Leite, M. Wionczek, F. Sagasti y M. Halty, por citar algunos de ellos.

Se trataba de estudios vinculados con la formulación y seguimien-to de políticas públicas, cuestionando el carácter positivo per se de la ciencia, planteando que era necesario acoplar la infraestructura cientí-fico-tecnológica a la estructura productiva de la sociedad latinoameri-cana, si bien se consideraba que era necesario fortalecer la primera. La formación académica de esa corriente de pensamiento fue diversa y sus planteamientos pueden relacionarse tanto con la escuela estructuralista latinoamericana como con la teoría de la dependencia.

En la década de los ochenta, los estudios académicos sobre la temáti-ca se irán fortaleciendo, al mismo tiempo que las políticas de ciencia y la tecnología se veían obstruidas o relegadas frente a la crisis del patrón de desarrollo (basado en el modelo sustitutivo de importaciones).

Desde esa década, los análisis sobre las actividades de ciencia y tec-nología, así como de las políticas implementadas, han venido incremen-tándose en América Latina, basándose fundamentalmente en los marcos teóricos disciplinarios /(Kreimer y Thomas, 2004). Hacia fines de la dé-cada de los noventa se puede observar la existencia de diversas organiza-ciones y redes especializadas en el estudio de la ciencia y la tecnología.

Una de las primeras áreas que avanza en la especialización sobre la temática y su institucionalización es la historia, en 1982, en el marco dela Primera Reunión se constituye la Sociedad Latinoamericana de Historia de las Ciencias y la Tecnología, dos años después iniciará la publicación de la revista Quipú. Esta sociedad, además de plantearse objetivos académi-cos —impulsar la investigación y la enseñanza— se propuso promover la preservación y rescate de la documentación así como la investigación sobre los patrimonios científicos, técnicos y culturales de América Latina.

A la fecha se han efectuado seis congresos (el último en 2004 en Bue-nos Aires) y se han publicado trece volúmenes de la revista. A pesar de que en los últimos años ha disminuido su actividad, en realidad se han diversificado y ampliado los estudios históricos, desarrollándose reunio-nes más especializadas y con mayor frecuencia en los ámbitos nacionales.

En los campos de la sociología y la antropología, como lo señalan Kreimer y Thomas (2004), en la década de los ochenta los estudios sobre la ciencia y la tecnología fueron influenciados por las corrientes construc-tivistas que estimularon los análisis de casos y el surgimiento de nuevas temáticas y abordajes, cuestionando elementos centrales como el modelo lineal de producción y uso del conocimiento. Asimismo, desde distintas

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Ciencia y tecnología en América Latina

especialidades de la sociología se fueron abordando varios aspectos de la ciencia y la tecnología, por ejemplo la sociología del trabajo latinoameri-cana se desarrolla fuertemente en la década de los ochenta con temáticas sobre el proceso de trabajo y la reestructuración productiva, que van a incluir el estudio del cambio tecnológico y los actores sociales, poniendo en cuestionamiento el determinismo tecnológico e incorporando nuevas temáticas (De la Garza, 2006). En 1992 se efectúa el Primer Congreso Latinoamericano de Sociología del Trabajo (Aparecido y Leite, 2000).

En otra perspectiva, en 1984 se crea la Asociación Latino-Iberoame-ricana de Gestión Tecnológica (Altec) definida, de acuerdo su página elec-trónica (Altec, 2009), como una institución privada internacional no lucra-tiva cuyo propósito es vincular a personas naturales y jurídicas activas en la reflexión y ejercicio de la gestión tecnológica, a fin de realizar actividades de cooperación en este área. En septiembre del siguiente año se efectuó el primer seminario en la ciudad de Sao Paolo, que desde entonces tiene una periodicidad bienal de tal forma que a la fecha se han realizado doce. Hasta 1999 se trataba de una organización latinoamericana, ampliando su esfera de influencia a España y Portugal (Altec, 2008).

La relevancia de estos seminarios de Altec es que en ellos se concen-tran administradores, economistas, elaboradores de política y académi-cos en general vinculados con la gestión y análisis de las actividades de ciencia, tecnología e innovación de Iberoamérica. Por ejemplo en el XII Seminario, realizado en Buenos Aires, se enviaron 1,134 resúmenes y se presentaron 345 trabajos de 14 países (véase más adelante el texto de Pe-droza). Este espacio se ha convertido en referencia para los estudios de las ciencias económico-administrativas, principalmente. En este sentido cabe destacar que en dichos campos disciplinarios los análisis sobre las actividades de ciencia y tecnología han recibido un fuerte impulso con la difusión de las teorías económicas provenientes de las escuelas evoluti-vo-neoshumpeterianas y de la del crecimiento endógeno. Al respecto, en el texto de Pedroza se analizan varios de los conceptos utilizados en tales estudios.

Por otro lado, hacia mediados de la década de los noventa se efec-túan las primeras Jornadas Latinoamericanas de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, que se plantean como espacio en el que se promueve la difusión, el intercambio y la producción de investigaciones en el área de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología (Esocite, 2008). Desde entonces se han realizado en total siete encuentros, el último en Río de Janeiro en 2008, y se ha convertido en uno de los espacios es-

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pecializados en la temática más importantes de la región; en este reciente encuentro se presentaron 228 ponencias de ocho países latinoamericanos.

Los Encuentros Esocite se caracterizan por tener un carácter inter-disciplinario, en el que participan filósofos, sociólogos, economistas, his-toriadores, físicos, químicos, biólogos, entre otros. Entre las temas de discusión del evento de Río de Janeiro se pueden mencionar: las relacio-nes de ciencia y tecnología en la región, las nuevas perspectivas episte-mológicas, la manera en que se incorporan los artefactos tecnocientíficos a la vida de los latinoamericanos, las mediaciones de la producción del conocimiento en la región, la separación del conocimiento popular lati-noamericano del conocimiento científico tecnológico, las políticas cientí-fico tecnológicas y el papel de los distintos actores.

Tecnología social

Finalmente, hay que destacar las actividades de la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología, que fue constituida en 1995, al amparo del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), el objetivo fundamental es la promoción de instrumentos de medición y análisis de la ciencia y la tecnología en Iberoamérica, con el fin de profundizar en su conocimiento y su utilización como instrumento político para la toma de decisiones (RICYT, 2009). Esta red, a lo largo de su trayectoria, se ha convertido en el organismo especializado de la región en indicadores de las actividades de ciencia, tecnología e innova-ción; habiendo realizado diversos talleres y congresos sobre su elaboración;asimismo, publica el “Estado de la ciencia” desde el año 2000. El informe 2008 es analizado en el texto de Piñeiro y Oregoni.

La coordinación de políticas científico-tecnológicas en la región

En el ámbito de las políticas, uno de los eventos más importantes efectua-dos en 2008 fue la realización de la Segunda Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología, en octubre, en la ciudad de México. Hay que recordar que este tipo de reuniones se efectúa en el marco de las Cumbres de las Américas, auspiciadas por la OEA. La primera reunión se llevó a cabo en 2005, reconociendo que la ciencia, la tecnología, la innova-ción y la ingeniería (CTII) eran fundamentales para promover el desarrollo integral de los países, considerando que la cooperación hemisférica es un

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instrumento central para responder a las necesidades de cada país relati-vas a la formación de capacidades e infraestructura. En dicha reunión se aprobó un plan de acción (véase Anuario 2005).

Ahora bien, en la Declaración de la Segunda Reunión se plantean, nuevamente, diversos aspectos sobre la cooperación en la ciencia, tecno-logía, ingeniería e innovación, centrados todos ellos en tres ejes: políticas públicas para el desarrollo integral, como instrumentos para gestión sos-tenible de los recursos naturales y como instrumentos para la elevación de la productividad. Esto se concreta en el Plan de Acción que incluye, entre otros, los siguientes aspectos:1. En relación a la CTII para el desarrollo integral: además de señalar va-

rios tópicos de cooperación y coordinación (elaboración de políticas, marcos normativos, indicadores, mecanismos de divulgación) desta-ca el énfasis en la promoción de criterios de calidad y excelencia (en educación, infraestructura y actividades de investigación) así como el de lograr “un aumento significativo de los recursos presupuestarios”.

2. En lo que respecta a la CTII como instrumento para la gestión del desarrollo sostenible de los recursos naturales: se señalan solo cinco aspectos que se refieren a la mejora en la educación en ciencias para un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la coope-ración para la aplicación de tecnologías vinculadas con la seguridad alimentaria y la calidad nutricional de los alimentos básicos, la inno-vación relacionada con las tecnologías y energías renovables.

3. Por último, sobre la CTII como instrumento para elevar la producti-vidad, se plantea centralmente fomentar los instrumentos de calidad y metrología, además de la revisión de los programas académicos de ingeniería y el impulso de parques tecnológicos, incubadoras de em-presas y programas de emprendedores.

En la reunión se presentó el informe del presidente de la Comisión Intera-mericana de Ciencia y Tecnología (Comcyt) que pretende hacer un balance de lo realizado en función de los compromisos de 2005, concluyendo que: a) Hubo un avance importante en la mayor concientización de los go-

biernos sobre la importancia de la ciencia y tecnología para el desa-rrollo.

b) Se han creado las bases de los sistemas nacionales de ciencia, tecno-logía e investigación y desarrollo, con énfasis en la innovación.

c) Falta dar mayor acento al incremento de la productividad y la compe-titividad.

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Dicho informe concluye reiterando que la cooperación internacional es fundamental para enfrentar los retos que tiene por delante la región y para avanzar en su integración.

La valoración positiva que se hace se refiere fundamentalmente a los avances en términos de formación de recursos humanos, de incremento de redes de cooperación e infraestructura, avance en la difusión de las tecnologías de la información y comunicación, elaboración de planes de CTII, así como en la consolidación de la generación de indicadores sobre este y en programas de difusión y divulgación. Sin negar la existencia de estos adelantos, es indudable que aún se está lejos no solo de la coordi-nación de políticas sino también de lograr una consolidación de las capa-cidades de investigación y desarrollo científico y tecnológico.

Dado que una parte del análisis de tales capacidades se hace en el ar-tículo siguiente de Piñero y Oregoni, únicamente queremos señalar dos aspectos que nos parecen sustanciales:

1. Entre los acuerdos de la primera reunión se establecía la necesidad de incrementar los recursos para la ciencia y la tecnología, cuestión que es bastante desigual en todos los países y siguen siendo insufi-cientes en términos de alcanzar una capacidad que permita impul-sar la innovación y el desarrollo económico y social. De acuerdo al Estado de la Ciencia 2008, se dedica a investigación y desarrollo úni-camente 0.67% del PIB, si bien dos años antes era 0.60%; el problema de fondo es que estos recursos siguen siendo resultado de una políti-ca que no logra dimensionar su importancia e impacto, de tal forma que es claro que con la crisis tales fondos serán disminuidos.

2. Asimismo, destaca que en las políticas que se promueven, de acuerdo a la visión dominante, el sector privado debe dedicar mayores recur-sos a la I+D y las instituciones públicas también tienen que acentuar la utilidad de sus actividades de investigación, por ello en el informe del presidente de Comcyt se subraya que en varios países de la región se han implementado programas de estímulos fiscales. Se puede ob-servar que, efectivamente, se ha incrementado la inversión realizada por el sector privado empresarial (aunque no es una tendencia muy definida), pero una buena parte de este aumento está explicado por los “estímulos fiscales”, que se han convertido en transferencias de recursos del sector público al privado, y que no necesariamente están ampliando la capacidad de innovación y desarrollo tecnológico de las empresas; baste mencionar que una buena parte de esos “estímulos”

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han sido absorbidos por empresas trasnacionales que no efectúan ac-tividades de investigación y desarrollo, pues sus laboratorios y cen-tros están en sus casas matrices.

Es pertinente plantear que, desde nuestro punto de vista, en la OEA y en la mayoría de los países de la región predomina la visión sobre la tec-nología y la ciencia para la innovación, en un mercado globalizado y un modelo económico neoliberal, sin que se propongan programas específi-cos (sectoriales y regionales) de desarrollo tecnológico y fortalecimiento de capacidades de investigación. En este sentido destacan las iniciativas realizadas de cooperación en el contexto del ALBA, que serán analizadas en el próximo Anuario.

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toria?”, en María Josefa Santos y Rodrigo Díaz (compiladores), Innovación tecnológica y procesos culturales, UNAM/Fondo de Cultura Económica.

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La situación de la ciencia y la tecnología en los países iberoamericanos. Una lectura

crítica del informe de la RICYT 2008

María Soledad OregioniFernando Julio Piñero1

Introducción

La Red Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (RICYT) en su informe 2008 presenta la situación de la ciencia y la tecnología en los países ibe-roamericanos en relación al estado de la ciencia a nivel mundial. El pre-sente trabajo se propone reflexionar sobre dicha situación, cuestionando la validez de medir el crecimiento con base en indicadores internaciona-les, cuando el desempeño de la ciencia y la tecnología en América Latina y en Iberoamérica difiere significativamente de la lógica de producción de conocimiento científico y tecnológico de los países centrales.

Asimismo el informe presenta a la nanotecnología como una nue-va oportunidad para dar “saltos tecnológicos” que permitan superar las barreras del subdesarrollo, haciendo hincapié en la innovación como fuente de generación de riqueza. Sin embargo, las investigaciones en nanotecnología tienden a reproducir la lógica de producción de conoci-miento (subordinada) que caracteriza a la ciencia en la América Latina. Por lo tanto, el segundo objetivo consiste en reflexionar sobre el criterio de aplicación de las políticas científicas y tecnológicas en América Latina

1. Docentes e Investigadores del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Problemas Internacionales y Locales (Ceipil). Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.

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y en Iberoamérica. En este sentido nos interrogamos sobre la eficiencia y legitimidad de tales políticas.

Panorama general de América Latina de acuerdoa los indicadores de la RICYT

Entre otros aspectos, en el informe de la RICYT 2008 se destaca el bajo nivel de inversión privada en I+D y consecuentemente las dificultades de transferencia de conocimientos a la esfera de la producción. Por ejem-plo, Brasil2 es el país que cuenta con la mayor parte del aporte privado a la I+D, alcanzando casi 50%; mientras tanto, Argentina solo recibe del sector privado 30% del financiamiento de I+D. Esta estructura de finan-ciamiento contrasta con los países industrializados, donde la mayor parte de la inversión en I+D proviene del sector privado y se ejecuta, en gran parte, en las mismas empresas.

A diferencia de los países desarrollados, en América Latina la mayor parte del conocimiento se desarrolla en el ámbito universitario. Esto se relaciona directamente con las características históricas de la ciencia que se genera en la región, donde el conocimiento se produce en relación a las redes que vinculan a los científicos con centros de I+D internaciona-les, es decir que se vinculan en mayor medida al mainstream internacio-nal, y en menor medida al sector productivo local.

En el marco del paradigma lineal de producción de conocimiento las agendas de los países latinoamericanos están definidas por sus científi-cos, en constante negociación y tensión con sus pares de los centros de investigación de los países centrales y con las agencias de financiamien-to, provocando un tipo de investigación subordinada que no responde a las problemáticas locales sino al mainstream de la ciencia internacio-nal (Kreimer, 2006). Por lo tanto, tal como sostenía Varsavky (1969), la investigación se ha desarrollado con fines “cientificistas”, sin arribar a soluciones concretas respecto a los problemas que atraviesa la región.

Esta característica, que persiste en los países latinoamericanos, se puede observar en relación a la distancia existente entre el conocimiento que se publica respecto del conocimiento que se patenta.

2. De acuerdo a estos indicadores, Brasil representa más de la mitad de la inversión latinoameri-cana y caribeña en I+D y México ocupa el segundo lugar.

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La situación de la ciencia y la tecnología en los países iberoamericanos

De acuerdo a lo señalado por el informe de la RICYT 2008, en los últi-mos años los países de América Latina y el Caribe han incrementado la cantidad de publicaciones en revistas indexadas, sin embargo, este incre-mento no se refleja en el número de patentes solicitadas.

Como se sabe, las patentes, como forma de medir los resultados del sistema de I+D, no constituyen un indicador relevante en América La-tina, ya que la mayor parte de la investigación se realiza en el ámbito académico y, como indica el informe, el crecimiento del número de pa-tentes está relacionado con el incremento de las solicitudes por parte de no residentes. Esto reflejaría la baja orientación del sector científico y tecnológico a las actividades productivas.

En cuanto a los recursos humanos, en el informe de la RICYT se pue-de observar un crecimiento de aproximadamente 40% a nivel mundial a final del decenio 1996-2006, el mayor incremento se dio en África y en América Latina y el Caribe.

En América Latina los recursos humanos se han incrementado en 85%. Aunque de acuerdo a la distribución de los investigadores, se des-taca la heterogeneidad de la región, cuatro países concentran 90% de esta población altamente calificada. Es importante señalar que en el año 1997, Brasil ocupaba el primer lugar respecto a la cantidad de científi-cos y tecnólogos con 51.7%, el segundo país era Argentina con 19.6%, el tercero México con 26.09% y el cuarto Chile con 4.6%. Estas cifras se modificaron significativamente en el año 2006, en el caso de Brasil mantiene el primer lugar, aunque con una caída ya que para 2006 tie-ne 50.4 %, México incrementa su participación con 21%, Argentina cae significativamente posicionándose en el tercer lugar con 14.9 %, y Chile aumenta a 6.8%.

Asimismo, el informe plantea como principales preocupaciones la escasa cantidad de doctores formados en el área de las ciencias duras. En ese sentido, es importante considerar que el reducido número de docto-res se correlaciona con una formación de grado considerada de excelen-cia, con el escaso presupuesto que se destina a la ciencia y a la tecnología en la región, y las posibilidades de acceso a doctorados en el propio país.

También se destaca que el mero hecho de incrementar el número de doctores no implica que se genere un “efecto derrame” sobre el co-nocimiento científico y tecnológico de la sociedad sino que se seguirían reproduciendo los errores propios del modelo lineal de producción de conocimiento.

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El informe plantea que el principal problema que existe para el de-sarrollo científico y tecnológico para los países de América Latina y el Caribe consiste en lograr mayor movilización del sector privado.

Si bien es necesario que los gobiernos inviertan más, la deuda principal la encuen-tran en el sector privado. Para estimular a las empresas a innovar e invertir en I+D es preciso crear condiciones económicas adecuadas. Se trata, por lo tanto, más de un problema de política productiva que de ciencia y tecnología […] fundamentalmente da cuenta de la debilidad de la demanda de conocimiento por parte de las empresas (Informe RICYT, 2008).

Como se puede observar, el informe —al igual que los organismos nacionales e internacionales— considera que la innovación es la base de la generación de riqueza, y por lo tanto se apuesta a generar en los países latinoamericanos sistemas nacionales de innovación que dinamicen las economías de la región. Los indicadores de la RICYT son funcionales para medir cómo se está avanzando en este sentido. Asimismo, plantean abor-dar la nanotecnología como una oportunidad para superar las barreras del subdesarrollo dado el carácter disruptivo que presenta sobre algunas de las actuales tecnologías.

Nanotecnología en Iberoamérica

De acuerdo a la lógica del informe, con el surgimiento de la nanotecno-logía3 estaríamos ingresando a un nuevo paradigma de la producción de conocimiento que permitiría a los países en desarrollo superar la brecha tecnológica que los separa de los países desarrollados.

En este sentido nos preguntamos: ¿Esto es posible? ¿El desarrollo de la nanotecnología nos permitiría ingresar en las sendas del desarrollo? ¿Qué implicancias tiene estos sobre nuestras sociedades? ¿El desarrollo de la nanotecnología mejoraría la calidad de vida de nuestras poblaciones?

3. “La nanotecnología se refiere a la creación de materiales funcionales, dispositivos y sistemas a través del control de la materia a nivel atómico y molecular. Es una actividad fuertemente in-terdisciplinaria que involucra entre otras a la química, la biología, la medicina y la ingeniería.” (Informe RICYT, 2008: 27).

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Nanotecnología: ¿una nueva forma de producción de conocimiento subordinada?

En primer lugar, es importante tener en cuenta que en la producción de conocimiento en nanotecnología se pueden observar rasgos de pro-ducción de conocimiento subordinada (Kreimer, 2006). Se destaca una fuerte proyección internacional de los nanotecnólogos formados en América Latina y el Caribe, a la vez que se da un débil desempeño de las empresas locales en este campo.

El crecimiento de la investigación iberoamericana en torno a la na-notecnología se refleja en el aumento de las publicaciones científicas a nivel internacional, también se incrementa la consolidación de redes en-tre grupos de investigación de los países iberoamericanos. Sin embargo, la capacidad de producción de los recursos humanos no se refleja en la explotación industrial del conocimiento, ya que es poco el conocimiento que llega al desarrollo de nuevos productos y/o procesos.

En el caso argentino, la nanotecnología es un campo con fuertes vin-culaciones a nivel internacional. Los mayores vínculos se dan con Esta-dos Unidos, seguidos de Francia, Alemania, Inglaterra, Italia y Rusia. Según el informe esto es positivo en la medida que amplia la visibilidad internacional de la producción científica local. Sin embargo, se considera significativo preguntarse las implicancias que presenta este tipo de co-operación, respecto a la apropiación de resultados.

Si bien estos indicadores se consideran como una dato positivo desde el informe de la RICYT, ¿no serán un indicador de una mayor dependencia de la producción científica argentina respecto a los centros mundiales de producción de conocimiento?

Si sumamos la escasa explotación industrial del conocimiento a la cre-ciente vinculación internacional de la nanotecnología, tenemos como re-sultado la producción de conocimiento con bajo grado de apropiación so-cial. ¿Es positivo seguir apostando a esta forma de producir conocimiento?

Este patrón se reproduce en el resto de los países iberoamericanos. Los países que tienen mayor número de colaboración en nanotecnología son: España, Brasil y México. Sin embargo, esto no se correlaciona con el número de solicitud y registro de patentes.4 Iberoamérica, en su con-

4. Se toma como base de datos los registros en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con fecha de publicación entre 2000 y 2007.

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junto, es poseedora de apenas 0.74% de las patentes de nanotecnología registradas a nivel mundial entre 2000 y 2007.

Las aplicaciones de la nanotecnología a nivel mundial, medida a partir de las patentes de de invención, se dan fundamentalmente en el área de las ciencias médicas y veterinarias, seguido por química orgánica, bioquímica, medición y testeo, entre otras. En el caso de Iberoamérica, presenta las mismas características que las que se observan a nivel mun-dial, los principales campos de patentamiento corresponden a ciencias médicas y veterinaria.

Neutralidad de la ciencia

El segundo punto que se cuestiona en relación al informe 2008 de la RICYT es la concepción neutral y universalista5 del conocimiento. El informe presenta a la ciencia y a la tecnología como actividades neutrales y con-cibe a la ciencia como una actividad universalista.

En importante tener en cuenta que la ciencia y la tecnología que se generan no son neutrales.

Al respecto, Giuliano (2006) sostiene:

[…] las tecnologías no son procesos neutrales porque incluyen las intenciones para las cuales fueron diseñadas […] hay una relación de imbricación mutua entre medios y fines […] cuando uno elige, como sistema, como país o como persona, utilizar una determinada técnica disponible, está haciendo una elección cultural, está eligiendo un estilo de vida (Giuliano, 2006: 4).

Continuando este argumento, al igual que Giuliano (2006), se con-sidera fundamental discutir a nivel regional cuales son las “tecnologías adecuadas” a nuestros pueblos. Ya que generalmente se hace referencia acríticamente a “tecnologías de avanzada”, como es el caso de la nano-tecnología, sin cuestionar los valores que imprimen, ni los impactos que las mismas pueden ocasionar a mediano y largo plazo.

5. El universalismo forma parte del ethos de la ciencia descrito por Mentón (1943/1968/1973), este sostiene que “las presiones a la verdad deben ser sometidas a criterios impersonales pre-establecidos […] en todas las épocas, aun soportando presiones en contra, los científicos adhi-rieron al carácter internacional, impersonal, y prácticamente anónimo de la ciencia” (Kreimer, 1999: 64).

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La idea de control sobre la naturaleza que subyace en los avances tecnológicos supone que a mayor éxito de los desarrollos tecnológicos, mayores serán los riesgos para el conjunto de la sociedad: “el propio éxito que alcanza nuestra tecnología en la modificación de la naturaleza asegura que estos ciclos se acortaran en la medida en que perturbemos a la naturaleza más violentamente procurando perturbarla” (Feeberg, 2005: 111).

Asimismo, en relación a lo anteriormente señalado, se destaca que la ciencia y la tecnología que se desarrollan no siempre son funcionales a las necesidades de las sociedades que las generan. En este sentido, se cuestiona el “efecto derrame”, que supone que avanzar en innovación implica mejorar las condiciones sociales de población. Y se propone re-flexionar sobre la eficacia y la legitimidad del avance de la ciencia en este campo en particular que bajo el ideal evolucionista neoshumpeteriano sostiene que la innovación es la base de la riqueza, y que esta deviene en el incremento del bienestar de nuestras sociedades.

La eficacia de la ciencia presupone desde el positivismo, que la cien-cia y su desarrollo llevan al beneficio de la sociedad y a su desarrollo. Este ideal está ampliamente arraigado en la sociedad.

Por otro lado, la legitimidad de la ciencia se logra a través del con-senso en marcos institucionales, otorgándole una dimensión humana al desarrollo tecnológico por referencia a valores, y por la propia elección frente a posibilidades diversas.

Esto deriva en considerar la importancia que tiene el hecho de re-flexionar sobre lo eficaz y lo legítimo. Ya que el valor simbólico de la efi-cacia parece haber perjudicado la discusión en torno a los fines de la cien-cia y de la tecnología, como valores proyectados a futuro.

Al respecto Tula Molina (2005) sostiene que el problema consiste en la naturalización del discurso científico tecnológico. Actualmente, para la mayoría de las personas, cambiar el curso del desarrollo científico tecno-lógico parece imposible, cuando en realidad es una decisión política. Las orientaciones de la ciencia y la tecnología dependen de decisiones tomadas en cuerpos colegiados, académicos y políticos donde se dan condiciones para el debate y legitimidad de los acuerdos. Las decisiones tomadas en dichos ámbitos son de naturaleza teórica y social (Tula Molina, 2005).

Asimismo, estas decisiones, el tipo de ciencia y tecnología que se ge-neran, tienen implicancias para la sociedad, para el ecosistema y para futuras generaciones. Estas se representaran de forma distinta de acuer-

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do a la visión del mundo que tienen los distintos actores sociales (Tula Molina y Vasen, 2006).

Por lo tanto, se torna urgente la necesidad de debatir de modo simul-táneo aspectos cognitivos vinculados a la eficiencia, y aspectos sociales vinculados a la legitimidad. Esto permitirá reflexionar sobre la legitimi-dad y responsabilidad de las prácticas científicas frente a la sociedad.

Tula Molina (2005) relaciona la idea de control con la idea de fin y de responsabilidad en relación a los ideales de conocimiento. Mientras que en un caso de la eficacia la idea de control se piensa como un fin en sí mismo. Se mantiene la idea técnica de control como valor y el riesgo, como riesgo material. Con base al ideal empirista de conocimiento, que se sustenta en la máxima testeabilidad (de acuerdo a este ideal, la teoría está mejor justificada cuanta mayor evidencia empírica haya), buscando una comprensión amplia de los fenómenos. En el caso de la legitimidad, prevalece la idea de control como dominio de la capacidad tecnológica en función de valores. Asimismo, el riesgo se evalúa como riesgo social y reconoce los problemas éticos y sociales vinculados a la ciencia, los mismos están relacionados con los valores que posee la sociedad y con la distribución justa de los beneficios, en función del origen de los recursos destinados a su promoción y desarrollo.

La legitimidad se relaciona con el ideal humanista de desarrollo, que lleva al máximo desarrollo de las capacidades humanas. De acuerdo a este ideal, el fin del conocimiento es el desarrollo de las capacidades in-telectuales el hombre. En relación a esto se busca la comprensión plena, es decir la comprensión de un objeto en sus múltiples aspectos.

Por lo tanto, se torna urgente la necesidad de debatir de modo simul-táneo aspectos cognitivos vinculados a la eficiencia, y cuestiones sociales relacionadas con la legitimidad. Esto permitirá reflexionar sobre la legi-timidad y responsabilidad de las prácticas científicas frente a la sociedad.

En el caso de la legitimidad, prevalece la idea de control como domi-nio de la capacidad tecnológica en función de valores. Asimismo, el ries-go se evalúa como riesgo social y reconoce los problemas éticos y sociales vinculados a la ciencia. Los mismos están relacionados con los valores que posee la sociedad y con la distribución justa de los beneficios, en fun-ción del origen de los recursos destinados a su promoción y desarrollo.

El análisis del informe de la RICYT (2008) permite sostener que no se tienen en cuenta las implicancias de la nanotecnología sobre la sociedad, por lo tanto se considera como una tecnología neutral. En este sentido,

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la búsqueda de eficacia y el ideal positivista de conocimiento prevalecen ante la búsqueda de legitimidad social del conocimiento que se produce.

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RICYT (2008). Estado de la Ciencia 2008. “La nanotecnología en Iberoamérica situación actual y tendencias”.

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Gestión de innovacióny tecnología en Altec

Álvaro Pedroza Zapata

Este artículo integra, desde la perspectiva de Sistema Nacional de Innovación, algunas de las ponencias sobre el tema de la gestión de la innovación y la tecnología, contenidas en el XII Seminario Altec 2007. Este seminario latinoamericano se realiza cada dos años desde 1985, de manera ininterrumpida. Buenos Aires fue sede en 2007. En dicha oca-sión fueron presentados para participar 1,134 resúmenes, de los que finalmente se aprobaron 345 trabajos provenientes de 14 países, confir-mando que los seminarios bianuales de Altec son uno de los eventos más importantes de la especialidad en la región. Se destaca la participación de los colegas brasileños con 53% de los trabajos aprobados, seguidos por los argentinos (15%), españoles (7%) y mexicanos (6%). El semina-rio fue organizado en nueve ejes temáticos, cubriendo las distintas áreas de la gestión tecnológica en la actualidad. El eje que registró mayor par-ticipación fue el de “La construcción de entornos favorables para la inno-vación” con 20% de los trabajos aprobados, en segundo lugar se ubicó el eje “Gestión de la innovación en empresas” (17%), mientras que en tercer lugar se ubicó el de “Herramientas de apoyo a la gestión de la I+D e innovación” (16%). Los temas que suscitan mayor interés en la actua-lidad entre investigadores y gestores de la ciencia y la tecnología son la preocupación por el apoyo a la innovación tanto a nivel de los sistemas, nacionales y regionales, como a nivel de los agentes, empresas, centros de investigación y universidades.

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Introducción

La raíz histórica de esta aproximación es la denominada Escuela Lati-noamericana de Pensamiento en Ciencia, Tecnología y Desarrollo (Mar-tínez y Mari, 2002; Vaccarezza, 1998) surgida en los años cincuenta, así como la teoría de la dependencia desarrollada en los años sesenta y que, en los análisis de Dos Santos (2003) aún tienen vigencia. Hay que men-cionar el triángulo de Sábato (Sábato y Botana, 1968) como coronación y paradigma de las ideas de la escuela, el cual sigue siendo utilizado en varios análisis de Altec 2007 (Trindade, Alves y Almeida, 2007; Harria-gue, Quilici y Sbaffoni, 2007; Scudelati, 2007; Kindl, Neves y Neto 2007; Kindl y Neves, 2007), que evolucionó en el actual enfoque de los sistemas nacionales y regionales de innovación (Bas y Kunc, 2007).

Para describir el papel de la tecnología en la empresa productiva se perfilaron los procesos de aprendizaje, adaptación y trayectorias tecnológi-cas. Al respecto, Oliveira y Marques (2007) analizan el caso del fabrican-te de aeronaves Embraer que llama la atención por factores como:

• Un país periférico produciendo un producto de elevada intensidad tecnológica.

• El nivel elevado de competitividad y agilidad de la empresa.• La creciente ganancia de mercado en su segmento.

La propuesta verifica las opciones estratégicas de adquisición y desa-rrollo tecnológico en tres aspectos: producción de aeronaves, pruebas de vuelo y diseño para esclarecer algunos de los factores que viabilizaron la consolidación de la empresa.

Recientemente se han introducido los conceptos de “inteligencia tecno-económica”1 y de “aprendizaje tecnológico” 2 como parte de los componentes centrales de la estrategia, lo cual lleva al desarrollo de una serie de “capacidades para”:3 manejar la tecnología; detección y formu-

1. Varios autores reportan la generación y asimilación de herramientas de apoyo a la IC (Trzeciak et al, 2007; Mendes y Antunes, 2007; López, Alcantar y Briceño, 2007) así como algunos de los avances en este terreno de Brasil (Baroni, 2007), Colombia (Luque y Castellanos, 2007) y México (Güemes y Rodríguez, 2007).

2. El aprendizaje tecnológico es el proceso de fortalecimiento y acumulación de las capacidades tecnológicas (Villavicencio y Arvanitis, 1994; Díaz y Arechavala (2007a).

3. En términos de los resultados de estas capacidades, las conclusiones que surgen del análisis de Gutti y Lugones (2007) para América Latina y el Caribe no ofrecen indicios alentadores. No se advierte, por ejemplo, un aumento generalizado de la participación de la producción

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Gestión de innovación y tecnología en Altec

lación de la demanda tecnológica, búsqueda y selección de alternativas; procurando diversificar las fuentes proveedoras de tecnología, capacidad de abrir, desagregar y rearmar el paquete tecnológico; capacidad para comprar, alquilar y negociar la tecnología; para adaptarla e innovar al menos en componentes del paquete. En referencia a esta “capacidad”, las organizaciones han tenido que desarrollar sistemas que permitan ges-tionar el conocimiento4 y así, fortalecer sus competencias de innovación empresarial y tecnológica (Carballo, 2006).

Hacia un Sistema Nacional de Innovación (SNI)

Conforme el concepto de la sociedad del conocimiento se generaliza, la investigación acerca de las estructuras y los procesos relevantes para apoyar la competitividad económica gana importancia. El Banco Mun-dial y la OCDE (OECD, 1997, 1999) han asumido explícitamente que los sistemas nacionales y regionales de innovación son el enfoque adecuado para promover políticas industriales en países en desarrollo. Mullin, Abeledo y Jaramillo (2007) describen una metodología para analizar el desempeño del SNI de varios países latinoamericanos como arco para la formulación de políticas. La metodología está basada en el análisis del desempeño de grupos relevantes de participantes (“stakeholders”) que

industrial y las manufacturas en el valor agregado, ni cambios significativos en el contenido tecnológico de las exportaciones, que podrían ser señales de cambios en las tendencias de especialización o evidencias de un incremento en las capacidades tecnológicas acumuladas. Tampoco son auspiciosos los resultados obtenidos en cuanto al desarrollo de la infraestructura y de las capacidades de absorción, donde la región mantiene importantes rezagos, lo cual es especialmente preocupante si se tiene en cuenta que estos indicadores son parte importante de la base requerida para el cambio tecnológico y la innovación y para el aprovechamiento del conocimiento tácito incluido en el conocimiento externo, cuya adquisición sí ha presentado una tendencia creciente. Acorde con este contexto, los esfuerzos realizados por los gobiernos mediante el incremento del gasto público en educación continúan siendo insuficientes para desencadenar las transformaciones requeridas, al igual que los gastos en ACT y en I+D, cuyos niveles son insuficientes y su evolución desfavorable.

4. Bosch (2007) establece una semejanza entre el campo de conocimiento producido por centros de conocimiento y el campo eléctrico producido por cargas. Jiménez, Castellanos y Fonseca (2007) basándose tanto en la aplicación de la cienciometría como en la revisión de literatura, identifican brechas y retos planteando consideraciones para Latinoamérica, en lo que se refiere al progreso de la GT con relación a otras naciones con economías más fuertes. Como resultado se encontró que la GT en los países desarrollados ha atravesado por tres etapas, la última de ellas caracterizada por la gestión del conocimiento, que ha llevado a involucrar conceptos y metodologías novedosas.

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realizan las “funciones” requeridas de un sistema nacional de innova-ción. En este enfoque se consideran ocho conjuntos de “funciones” que deben estar presentes en un SNI.

Con estos antecedentes a continuación se reseñan los avances en la materia, expresados en función a los subtemas siguientes: unidades productivas, universidad-empresa, centros de investigación y desarrollo tecnológico (CIDT)-empresa, gobierno y políticas de ciencia y tecnología.

Las unidades productivas

El proceso de innovación comienza con recabar el conocimiento de la demanda por una parte, y de la factibilidad técnica por otra. Indagar sobre la demanda presupone la disponibilidad de datos provenientes del mercado, mientras que los aspectos técnicos recurren a información tec-nocientífica. En otras palabras, durante esta fase se debe enterar de los productos que son demandados por el consumidor, pudiendo ser una demanda actual o potencial. Se debe cuestionar sobre qué cosas se nece-sitan y/o cómo mejorar los productos ya existentes. También es preciso obtener conocimiento del estado del arte en materia tecnológica, ya que se partirá de estas bases para estimar la factibilidad técnica (Pedroza y Ortiz, 2007).

Se sabe, por otra parte, que la tecnología adquirida vía la transferen-cia sea a través de diseños, proyectos básicos y equipos de producción, así como por los proyectos “llave en mano”, no basta para superar la brecha de la productividad, al menos en el corto plazo. En Altec 2007 encon-tramos estudios específicos referidos a diferentes sectores productivos (metal-mecánica: Rodríguez et al, 2007; servicios aéreos: Contador y Mi-nami, 2007; automotriz: Lafaiete y Figuereido, 2007; química: Herrera y Esposito, 2007; software: Esteves y Gonçalves, 2007) analizan los avances tecnológicos y cambios cualitativos y cuantitativos de capacidades duran-te los proceso de innovación de las organizaciones.

Universidad-empresa (U-E)

Las universidades pueden desarrollar diferentes estrategias que definan sus diversos papeles dentro del SNI, dando lugar a diferentes tipos de uni-versidades (Fernández de Lucio, Castro, Conesa y Gutiérrez, 2000): aca-

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démica, clásica, social, empresarial y emprendedora. También se muestra un análisis de la variabilidad de las situaciones que se presentan en las relaciones universidad-empresa y se expone el marco en el que estas operan. Dicho marco parte de una agrupación funcional de elemen-tos que intervienen en los procesos innovativos en una serie de entor-nos, a saber, los entornos científico, tecnológico, financiero, productivo y de usuarios. Se describen, igualmente, las estructuras de interrelación poniendo de relieve su poder de articulación y la capacidad de dinamiza-ción que estas proporcionan a los elementos de los diferentes entornos para, finalmente, pasar revista a las posibles estrategias de funciona-miento y los factores que condicionan su desempeño.

Abello (2007), siguiendo el modelo de Bruno y Vasconcellos (2003), identificó aspectos clave en el establecimiento de la alianza U-E y el de-sarrollo con éxito de los proyectos relacionados con factores asociados con la institucionalidad, con temas organizacionales, con la ejecución y desarrollo del proyecto y con la creación de valor. Amstutz y Zeballos (2007) tratan de sintetizar los requerimientos de cada una de las partes U-E en el proceso de vinculación.

Manjares et al. (2007) en su análisis de los patrones de contratación de la I+D desarrollada por las cinco universidades públicas valencianas muestran que si bien las empresas son las entidades que mayor importan-cia tienen como agentes contratantes de la I+D universitaria, no son las únicas. En el análisis específico de la contratación empresarial de la I+D universitaria pone de manifiesto la importancia de la ubicación geográfi-ca de la empresa contratante: a medida que las empresas contratantes se alejan del entorno próximo de las universidades, el nivel científico-tec-nológico de las actividades contratadas es mayor. Asimismo se encontró que la pequeña empresa domina la demanda regional (81%), pero a nivel nacional esta pierde relevancia, y la mediana y gran empresa adquieren un mayor protagonismo, representando conjuntamente casi 50% de la contratación. Por último, con relación al sector empresarial al que per-tenece la empresa, los resultados obtenidos muestran que cuanto mayor es el nivel tecnológico del sector al que pertenece la empresa (empresas basadas en la ciencia, servicios avanzados a empresas) mayor es el nivel científico-tecnológico de las actividades contratadas (contratos de I+D).

Otras alternativas son (Dabos y Ribas, 2007) promover la cultura innovadora y estimular el espíritu emprendedor en el ámbito científico-tecnológico, facilitando los procesos de transferencia de tecnologías al

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medio productivo y la creación de empresas intensivas en conocimiento (start-ups y spin-offs de origen universitario).

Centros de investigación y desarrollo tecnológico (CIDT)-empresa

Para J. Del Bello y M. Del Bello (2007) los modelos de gobierno de los CIDT de América Latina y el Caribe (ALC) creadas a principios de los años sesenta, se han mantenido congelados en el tiempo e imposibilitados para contribuir a la reestructuración de los aparatos productivos y el patrón de inserción competitiva internacional pese a los cambios contextuales en los sistemas internacional y nacional de innovación tecnológica. Para el desarrollo de los sistemas SNI, los CIDT requieren una profunda rees-tructuración. El hecho es que en América Latina y el Caribe aún no se ha encarado expresamente una falla de intervención de los estados naciona-les, que se sume a las conocidas fallas de los mercados para el desarrollo de nuevos productos y/o procesos. Con propósitos de reestructuración se propone la reinvención de los CIDT, con base en un enfoque de asociativi-dad público/privada, de tipo “clustering”, lo cual supone la reingeniería de los actuales organismos y, también, la creación de nuevos.

Díaz y Arechavala (2007b) presentan un análisis de la problemática que tienen en común los centros de investigación y desarrollo tecnoló-gico en contextos internacionales, tanto en economías industrializadas como en otras emergentes. En este marco se analiza cómo operan los centros y se identifican las prácticas comunes que, a pesar de sus dife-rencias, les permiten crecer y consolidarse en los distintos ámbitos a los que se orientan (los servicios, la formación de recursos humanos, el de-sarrollo tecnológico, la investigación básica, etc.). El análisis se presenta en el contexto de la literatura internacional y del conjunto de estudios realizados en México y en otros países.

Gobierno y políticas de ciencia y tecnología

Las experiencias favorables de política de ciencia, tecnología e innova-ción (PCTI) a escala internacional sugieren que el éxito de los países está fuertemente asociado a la construcción de más capacidades en ciencia y tecnología para cimentar un desarrollo basado en el conocimiento.

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La OECD (1999) ha hecho un estudio de tales políticas en los países miembros, a partir del cual se define un esquema de mejores prácticas, ilustrado con ejemplos exitosos. No se trata de copiar modelos, pero sí de tomar fuentes de inspiración. De hecho el PECYT de México presenta en su anexo III una breve reseña de los Programas de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil, Canadá, Corea, España y Estados Unidos, aunque esta revisión no fue utilizada para el diseño de instrumentos.

Las experiencias pioneras de España y Portugal en la normalización de la gestión I+D+i5 (Coca et al, 2007) dado el éxito de la implantación dela norma en España (más de 70 empresas certificadas, crecimiento gasto I+D, aumento incentivos fiscales por innovación) está animando a otros países a seguir el mismo camino. Así, recientemente México promulgó sus respectivas Normas de Gestión de la Tecnología y Argentina evalúa su posible aplicación (Laffitte, Martínez y Citroni, 2007).

Conclusiones y reflexiones

Como ya se mencionó, las experiencias a escala internacional de polí-tica de ciencia, tecnología e innovación (PCTI) indican que el éxito de los países está directamente asociado a la construcción de más capacidades en ciencia y tecnología para propiciar el desarrollo basado en el conoci-miento.

México no se preparó para apertura neoliberal. Sus políticas tecno-lógicas en los años setenta y ochenta mantenían una excesiva esperanza en el control de las importaciones tecnológicas per se. Colombia, entre otros, fue pionero y luego el Pacto Andino con su Decisión 24, en posi-ciones defensivas fuertes. Fueron pretensiones economicistas donde el exceso de “controlismo” impidió resolver el asunto de la tecnología. Es cierto que era necesario filtrar las inversiones extranjeras y la transferen-cia de tecnología, pero procurando estimular el desarrollo endógeno de tecnología. En otras palabras: importación de tecnología pero con be-neficio de inventario. Se trasladó la famosa desagregación de paquetes tecnológicos a los ministerios de Industria, pero lamentablemente no se

5. Son herramientas que proporcionan una referencia a las organizaciones para ayudarlas a im-plementar un sistema de gestión de la tecnología e incrementar su competitividad. Definen los requerimientos que deben cumplir las empresas para implantar y certificar proyectos y sistemas en gestión de la tecnología en sus organizaciones.

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supo usar y generalizar esa potente herramienta en la cual habían sido magistrales los japoneses primero y luego los coreanos. Fue la época del clímax de lo defensivo, lo que nos impidió ocuparnos más a fondo de los procesos de la gestión de la tecnología misma. Los árboles nos dejaban ver el bosque.

Muchos países de América Latina han hecho tímidas inversiones en desarrollo tecnológico. Numerosos programas bajo distintas siglas apa-recieron y desaparecieron. Hubo notable retórica y discurso ampuloso. Se lucieron algunos brillantes economistas. Sin embargo, faltaron con-centración y persistencia en los objetivos tecnológicos. No se actuó como Japón o Corea (Calva, 2005). Sería muy oportuno revisar la literatura sobre tecnología publicada en los años ochenta en la revista Comercio Exterior de México. Todo estaba teñido de una esperanza ingenua: no ser dependientes. Era algo más ideológico que otra cosa, más inclinado a la “denuncia” que a la construcción de estrategias tecnológicas específicas. Lamentablemente, hubo mucho ruido y pocas nueces. Se logró “espantar a los burgueses”: o sea, irritar a un buen número de transnacionales. Pero no pasó a más. El desarrollo tecnológico esperado no vino y se perdieron años preciosos en ello. Antes de las neoliberales hubo otras políticas tec-nológicas comunes a la mayoría de países de América Latina.

No surgieron mecanismos consistentes de apoyo a la innovación, ni antes ni durante ni la etapa neoliberal. Los coreanos y japoneses abrie-ron sus economías cuando ya se habían preparado. Lo que destaca es el modelo de desarrollo de los asiáticos, con fuerte participación estatal, selectividad en las inversiones, concertación con los grandes grupos em-presariales (Keiretzu y Saibatzu). Por eso son espectaculares las cifras que gasta en tecnología el sector privado de estos países. El gobierno coreano apoyó instituciones que se hicieron muy fuertes en transferencia tecnológica de punta. En electrónica, por ejemplo, el KIST coreano atra-jo los mejores cerebros y celebró interesantes acuerdos de cooperación puntual con centros como el IITRI de Chicago. Por cierto, en ese entonces teníamos más ingreso per capita en Colombia que en Corea.

El tema despierta un especial interés en volver un poco más a la his-toria. No creemos que el único villano hubiera sido el famoso y ya descae-cido Consenso de Washington. No nos preparamos ni tuvimos en cuenta la variable tecnológica como algo estratégico del desarrollo. La política tecnológica fue más un lujo retórico en los años setenta y ochenta. Cuan-do fuimos a abrir las economías, pues ya estábamos en la boca del lobo.

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Ahora bien, si uno lee a Kim (1997) sobre Corea y a otros para el caso de Japón, se encontrará que las condiciones de competencia inter-na en esos países fueron “sin hígados”, a muerte. La protección estatal nunca significó pasividad o tranquilidad budista ni en la lucha capitalista ni en el desarrollo tecnológico. Más aún, el gobierno coreano acostum-braba crear verdaderas crisis y exponer a los industriales coreanos, todo con la idea de obligarlos a una incesante dinámica de cambio técnico. En cambio, para nuestros países, la protección consistió, con base en mucho lobby, en no tener competidores y en resolver las cosas apelando simple-mente al “mark up”, o sea subir los precios.

Para Lugones et al. (2007) resulta evidente que el proceso de refor-mas emprendido en la región no había logrado resultados equiparables entre estas economías. En muy pocos casos, fundamentalmente los reco-nocidos como exitosos, se pudo observar una tendencia común, creciente y positiva entre el proceso de reformas y la evolución de la productividad total de los factores (PTF). Aunque estos resultados podrían ser conside-rados modestos en cuanto a la profundidad de las reformas acometidas, y en especial si se los compara con las economías asiáticas. Más aún, tres de los cuatro países más exitosos (Chile, Colombia y Uruguay) han iniciado sus reformas en periodos previos a la década de los ochenta. Es por ello que de los países que comienzan con el proceso de reformas a mediados de los ochenta, solo Costa Rica habría logrado un desempe-ño tendencialmente creciente en su PTF, presentando una dinámica que estaría logrando reducir la brecha respecto a la evolución de Estados Unidos, o al menos acompañar el desempeño de esta última economía. En el resto de los casos, aun con intensas reformas institucionales, el desempeño de la PTF es muy inestable, y en ningún caso parece haber una tendencia firme de disminución de la brecha relativo al desenvolvimiento de la economía norteamericana, como sí ha ocurrido, de manera muy importante, en Corea del Sur y Singapur, las cuales han sido citadas aquí únicamente para mostrar la importante diferencia de desempeño relati-vo a la situación latinoamericana.

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Título: Boletín electrónico de Comercio Exterior en Cifras núm. 10 (1. Los efectos de la crisis en el comercio exterior de la Aladi, 2. Consejo de Ministros (XV): Actualización y Modernización de la agenda de la Aladi y 3. Evolución de los acuerdos suscritos en el marco de la Aladi: enero-junio de 2009)Autor: Secretaría General Institución: AladiFecha de elaboración: agosto de 2009

1. Facultad de Economía, B. Universidad Autónoma de Puebla, México.

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Documentos en la Internet sobre integración

Formato: PDFLiga: http://www.aladi.org/nsfweb/Boletinaladi10.pdf

Título: Manifiesto General de la Primera Cumbre de Consejos de Movi-mientos Sociales del ALBA-TCP

Autor: AméricaLatinaInstitución: América Latina en MovimientoFecha de elaboración: 20 de agosto de 2009Formato: HTMLLiga: http://alainet.org/active/33822

Título: VII Cumbre ALBA-TCP, Principios Fundamentales del Tratado de Comercio de los Pueblos-TCP Autor: AmericaLatinaInstitución: América Latina en MovimientoFecha de elaboración: 19 de octubre de 2009Formato: HTMLLiga: http://alainet.org/active/33800

Título: Declaración de la VII Cumbre del ALBA-TCP

Autor: Los jefes de estado y de gobierno de los países miembros de la “Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América”Institución: América Latina en MovimientoFecha de elaboración: 17 de octubre de 2009Formato: HTMLLiga: http://alainet.org/active/33762

Título: Revista de integración y comercio. Una nueva etapa, núm. 29Autor: INTAL

Institución: Banco Interamericano de DesarrolloFecha de elaboración: julio 2009Formato: PDFLiga: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=2069288

Título: “Innovación a escala Mercosur. Una vía para superar el estanca-miento de la integración regional”Autor: Guillermo Rozenwurcel, Carlos Gianella, Gabriel Bezchinsky, Hernán Thomas (Compiladores)

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Institución: INTAL, Banco Interamericano de DesarrolloFecha de elaboración: 2009Formato: PDFLiga: http://www.iadb.org/intal/aplicaciones/uploads/publicaciones/e_INTAL_2008_Bezchinsky_etal.pdf

Título: “Microscopio global sobre el entorno de negocios para las micro-finanzas. Índice y estudio piloto implementado por el Economist Intelli-gence Unit” Autor: Economist Intelligence Unit Institución: Banco Interamericano de DesarrolloFecha de elaboración: septiembre de 2009Formato: HTMLLiga: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=2189220

Título: “El significado de la identidad legal en situaciones de pobreza y exclusión social. La interrelación entre género, etnicidad e indocumen-tación”Autor: Mia Harbitz y María del Carmen TamargoInstitución: Banco Interamericano de DesarrolloFecha de elaboración: agosto de 2009Formato: PDFLiga: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=2105599

Título: Informe sobre el desarrollo mundial 2010: Un nuevo clima para el desarrolloAutor: Banco Mundial Institución: Banco MundialFecha de elaboración: 15 de septiembre de 2009Formato: HTML y PDFLiga: http://www.bancomundial.org/publicaciones/

Título: Declaración Presidencial de Quito III Reunión Ordinaria del Con-sejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur)Autor: Unión de Naciones Suramericanas (Unasur)Institución: Unión de Naciones Suramericanas (Unasur)

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Título: Revista CEPAL, núm. 98 Autor: Comisión Económica para América Latina y el CaribeInstitución: Comisión Económica para América Latina y el CaribeFecha de elaboración: agosto de 2009Formato: HTMLLiga: http://www.eclac.cl/revista/

Título: “Pobreza y precariedad urbana en América Latina y el Caribe. Situación actual y financiamiento de políticas y programas”Autor: Ricardo Jordán y Rodrigo MartínezInstitución: Comisión Económica para América Latina y el Caribe y Corporación Andina de FomentoFecha de elaboración: enero de 2009Formato: PDFLiga: http://www.caf.com/attach/17/default/Pobrezayprecariedadurba-naCEPAL-CAF.pdf

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Título: “Caminos para el futuro. Gestión de la infraestructura en Amé-rica Latina”Autor: Oficina de Políticas Públicas y Competitividad. Corporación Andina de FomentoInstitución: Corporación Andina de FomentoFecha de elaboración: febrero de 2009Formato: PDFLiga: http://www.caf.com/view/index.asp?ms=17&pageMs=49128&new_id=52779

Título: “Are Bilateral Remittances Countercyclical?”, Working Paper núm. 185Autor: Jeffrey FrankelInstitución: Center for International Development (CID)Fecha de elaboración: septiembre de 2009Formato: PDFLiga: http://www.cid.harvard.edu/cidwp/185.html

Título: “The Right to Development in a Climate Constrained World” Autor: Paul Baer, Tom Athanasiou y Sivan Kartha Institución: G 24Fecha de elaboración: noviembre de 2007Formato: PDFLiga: http://www.g24.org/grdf0308.pdf

Título: “Sub-sovereign bonds for infrastructure investment”Autor: Daniel Platz y David PainterInstitución: Policy Brief núm. 50, G 24Fecha de elaboración: julio de 2009Formato: PDFLiga: http://www.g24.org/pbno50.pdf

Título: Documento final de la Conferencia sobre la crisis financiera y económica mundial y sus efectos en el desarrolloAutor: Resolución aprobada por la Asamblea GeneralInstitución: ONU Fecha de elaboración: julio de 2009Formato: PDF

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Liga: http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/399/86/PDF/N0939986.pdf?OpenElement

Título: Objetivos de desarrollo del Milenio, informe 2009Autor: ONU

Institución: ONU Fecha de elaboración: 2009Formato: HTMLLiga: http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2009_SP_r3.pdf

Título: Declaración de Doha sobre la financiación para el desarrollo. Documento final de la Conferencia internacional de seguimiento sobre la financiación para el desarrollo encargada de examinar la aplicación del Consenso de MonterreyAutor: ONU

Institución: ONU Fecha de elaboración: 9 de diciembre de 2008Formato: HTMLLiga: http://www.un.org/Pubs/chronicle/

Título: “La integración económica centroamericana ante los efectos de la crisis económica internacional” Autor: Secretaría de Integración Económica CentroamericanaInstitución: Secretaría de Integración Económica Centroamericana Fecha de elaboración: agosto de 2009Formato: PDFLiga: http://www.sieca.org.gt/site/VisorDocs.aspx?IDDOC=Cache/17990000003083/17990000003083.swf

Título: Estado de la Situación de la Integración Económica Centroame-ricanaAutor: Secretaría de Integración Económica CentroamericanaInstitución: Secretaría de Integración Económica CentroamericanaFecha de elaboración: octubre de 2009Formato: PDFLiga: http://www.sieca.org.gt/site/VisorDocs.aspx?IDDOC=Cache/17990000002915/17990000002915.swf

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Título: “Estados Unidos: Política comercial y las elecciones presidencia-les”Autor: Antena del SELA

Institución: SELA

Fecha de elaboración: núm. 86, 4º trimestre de 2007Formato: PDFLiga: http://www.sela.org/cgi-win/be_alex.exe?Acceso=T023600002795/0&Nombrebd=sela-pub&TiposDoc=s

Título: “Experiencias de cooperación monetaria y financiera en América Latina y el Caribe. Balance crítico y propuestas de acción de alcance regional”Autor: Jaime Estay Institución: SELA

Fecha de elaboración: septiembre de 2009Formato: PDFLiga: http://www.sela.org/DB/ricsela/EDOCS/SRed/2009/10/T023600003766-0-Experiencias_de_Cooperacion_Monetaria_y__Finan-ciera_en_ALC.pdf

Título: “Crisis alimentaria en América Latina y el Caribe. Propuesta de acciones a nivel regional”Autor: José Rivera BanuetInstitución: SELA

Fecha de elaboración: septiembre de 2009Formato: PDFLiga: http://www.sela.org/DB/ricsela/EDOCS/SRed/2009/09/T023600003699-0-CRISIS_ALIMENTARIA_EN_ALC.pdf

Título: Declaración de Compromiso de Puerto España.Asegurar el futuro de nuestros ciudadanos promoviendo la prosperidad humana, la seguridad energética y la sostenibilidad ambientalAutor: Quinta Cumbre de las AméricasInstitución: SELA

Fecha de elaboración: Puerto España, Trinidad y Tobago, 19 de abril de 2009Formato: PDF

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Liga: http://www.sela.org/DB/ricsela/EDOCS/SRed/2009/04/T023600003410-0-Declaracion_de_Compromiso_de_Puerto_España.pdf

Título: “Acceso denegado: cómo la agenda comercial de la UE dificulta el acceso a medicamentos en los países en desarrollo”Autor: OxfamInstitución: OxfamFecha de elaboración: octubre de 2009Formato: PDFLiga: http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp_trading_away_access_to_medicines_sp_20Oct09.pdf

Título: “Más allá de la ayuda. Adaptarse al cambio climático sin olvidar a los más pobres”Autor: OxfamInstitución: OxfamFecha de elaboración: 16 de septiembre de 2009Formato: PDFLiga: http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp_132_beyond_aid_sp.pdf

Título: El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2009. Crisis económicas: repercusiones y enseñanzas extraídas Autor: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali-mentaciónInstitución: FAO

Fecha de elaboración: 2009Formato: PDFLiga: http://www.fao.org/docrep/012/i0876s/i0876s00.htm

Título: Declaración Final de la I Cumbre Social del MercosurAutor: boletín Somos MercosurInstitución: Centro de Formación para la Integración RegionalFecha de elaboración: Asunción 2009Formato: HTMLLiga: http://www.somosmercosur.net/./cumbres-sociales-del-mercosur/brasilia-2006-cumbres-sociales-del-mercosur/declaracion-final

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Título: “La articulación productiva y los actores involucrados de cara a un modelo de desarrollo regional”Autor: Hugo VarskyInstitución: boletín Somos MercosurFecha de elaboración: octubre de 2009Formato: PDFLiga: http://www.somosmercosur.net/./boletin/octubre-2009

Título: “A paradigm change for the global financial system”Autor: Jean-Claude Trichet, European Central BankInstitución: Observatorio Económico de América Latina (Obela) Fecha de elaboración: enero de 2009Formato: PDFLiga: http://www.ecb.int/press/key/date/2009/html/sp090109.en.html

Título: “La crisis internacional para América Latina. Efectos, interpreta-ciones y alternativas”Autor: Jorge MarchiniInstitución: Observatorio Internacional de la DeudaFecha de elaboración: 13 de septiembre de 2009Formato: WordLiga: http://www.oid-ido.org/article.php3?id_article=1055

Título: “América Latina en la encrucijada de la crisis global”Autor: Arturo Guillén Institución: Observatorio Internacional de la DeudaFecha de elaboración: 18 de junio de 2009Formato: HTMLLiga: http://www.oid-ido.org/article.php3?id_article=990

Título: “¿Que pasa con el Banco del Sur?”Autor: entrevista a Éric Toussaint, presidente del Comité por la Anula-ción de la Deuda del Tercer Mundo, revista Rebelión Institución: Observatorio Internacional de la DeudaFecha de elaboración: 2009Formato: HTMLLiga: http://www.surysur.net/?q=node/6771

Anuario de la integraciónlatinoamericana y caribeña 2008

se terminó de imprimir en junio de 2011en los talleres de Ediciones de la Noche

Madero 687, col. CentroGuadalajara, Jalisco.

El tiraje fue de 500 ejemplares.

www.edicionesdelanoche.com