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Pensionistes i Jubilats

www.ccoo.cat/pensionistes/

11º CONGRESO NACIONAL

DE LA FEDERACIÓN DE PP y JJ

DE CATALUNYA

DE CCOO

BARCELONA. 1 de marzo 2017

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Sumario

Carta convocatória

PONÈNCIA PER AL 11º CONGRESO DE PP Y JJ DE CCOO DE CATALUNYA

INTRODUCCIÓN

EJE 1. PENSIONES

Propuestas de CCOO para abordar el déficit de la seguridad social

EJE 2. DEPENDÉNCIA Y SERVICIOS SOCIALES

EJE 3. SALUD

EIJE 4. SALUD LABORAL

Exposición

Propuesta de plan de trabajo federal sobre amianto, 2016 Objetivos

Propuestas

EJE 5. CALIDAD DE VIDA

BLOQUE 2. MEJORAS ORGANIZATIVAS EN LA FEDERACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS PARA GANAR EN EFICACIA

EJE 6. DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA FEDERACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DENTRO DE LA CS DE LA CONC

Colaboración entre las federaciones de activos y las de pensionistas y jubilados de CCOO

EJE 7.- ORGANIZACIÓN Y COMUNICACIÓN

Comunicación

EJE 8.- AFILIACIÓN

EJE 9.- CCOO UN SINDICATO DE MUJERES Y HOMBRES

Propuestas de trabajo

EJE 10.- INTERNACIONAL: CES Y FERPA

Situación de los pensionistas y las personas mayores en la sociedad

El envejecimiento activo

El derecho a la sanidad pública, la salud, los sistemas de cuidados especiales y servicios públicos de calidad.

Garantizar la calidad de los cuidados y mejorar la salud de la población

Nuestras reivindicaciones

EJE 11.- FORMACIÓN

Exposición

Coclusiones

Propuestas

BLOQUE 3. Objetivos para hacer nuestra Federación más útil para mejorar las condiciones de vida de las personas pensionistas y jubiladas

PLAN DE ACCIÓN.

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PONENCIA PARA EL 11º CONGRESO DE LA FEDERACIÓN DE PP Y JJ DE CCOO DE CATALUNYA

INTRODUCCIÓN

1. Presentamos esta ponencia en un escenario económico que no es favorable para el conjunto de los trabajadores/as ni para los pensionistas y jubilados, pues se consolida la situación de crecimiento débil, con peligro de deflación y elevada tasa de paro, ligado a la política gubernamental que se completa con bajadas generalizadas de impuestos y estímulos a la contratación estable (primeros 500 euros de salario exentos de cotización), que intentan ocultar las fallas de una reforma laboral que, por otro lado, no se diseñó para reducir la dualidad en el empleo ni detener su destrucción, sino para devaluar el precio del factor trabajo. Estas políticas se financian con recortes en la protección por desempleo, casi congelación de pensiones y consumo anticipado del Fondo de Reserva (70% desde 2012). Esta política fiscal y presupuestaria, unida a la promoción de la devaluación salarial y de un modelo de crecimiento de bajo valor añadido, producen la otra gran contradicción de la política económica del gobierno:

2. El aumento del déficit de la Seguridad Social, cuyos ingresos no crecen al ritmo esperado. A pesar del aumento del empleo y, como consecuencia, del estrechamiento de las bases de cotización del nuevo empleo, de la reducción de cotizaciones a los contratos

indefinidos, pues las medidas de ajuste del Gobierno se han centrado no en estimular los ingresos, sino en reducir sus costes o en ralentizar su crecimiento, las pensiones, su cuantía, método de cálculo y revalorización no han escapado de la política de recortes y austeridad de este Gobierno. Estos últimos años, los Presupuestos recogieron la mínima revalorización de las pensiones (0,25%) y la congelación del nivel mínimo de financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como la no dotación, por cuarto ejercicio consecutivo, del nivel acordado de financiación del SAAD.

3. Para CCOO, la solución a la insuficiencia de recursos de la Seguridad Social y del SAAD pasa por el aumento progresivo de las aportaciones del Estado vía impuestos y por una recuperación del empleo de calidad que impulse las cotizaciones sociales frente a la situación actual, en la que el empleo generado de baja calidad (temporal, a tiempo parcial) y el proceso de devaluación salarial están lastrando la recuperación de los ingresos por cotizaciones al calor de la mejora del empleo, como sí ocurría en el pasado.

4. Existe una política económica alternativa a la actual, pero su puesta en práctica es mucho más complicada, pues implica construir más Estado y mejores instituciones laborales, frente al plan conservador, cuyo objetivo es desmontar el Estado y debilitar las

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instituciones laborales y a sus agentes (negociación colectiva y sindicatos).

5. Una respuesta a la crisis liderada desde el sector público exige un aumento de sus recursos a corto plazo, que puede atenderse luchando contra el fraude fiscal de manera más decidida (aunque sus efectos se ven en el medio y el largo plazo). Sin embargo, subir los impuestos que en tipos efectivos son más bajos que en Europa, choca con percepciones sociales contrarias muy arraigadas (se paga demasiado, siempre por los mismos, y se recibe poco a cambio) gracias al desinterés de los, hasta ahora, dos grandes partidos de gobierno por elevar la cultura fiscal del país, y por permitir un sistema tributario excesivamente complejo y permisivo con los incumplidores. Adicionalmente, para que una subida de impuestos sea defendible ante el contribuyente, debe acompañarse de una mejora en los controles de eficiencia del gasto público en todos los niveles de la Administración.

6. Para CCOO la recuperación económica pasa por impulsar la demanda interna a través de la mejora real de los salarios y por la creación de empleo de calidad. El tirón de las exportaciones y el de la demanda externa es insuficiente para consolidar la recuperación económica. La demanda interna (consumo privado, consumo público, inversión) sigue teniendo un peso crucial en nuestra economía y en su recuperación. Tras los fuertes ajustes productivos y recortes laborales durante

la crisis y la mejora de la productividad, el tejido productivo tiene margen más que suficiente para abordar la mejora del empleo y los salarios sin poner en peligro la recuperación y la viabilidad de las empresas. Las propuestas del sindicato van en ese sentido, de impulsar una recuperación real, sostenida y sostenible de los salarios.

7. Es imprescindible un cambio del modelo productivo, que potencie el peso del sector industrial y en general de los sectores con mayor valor añadido, sin abandonar los sectores tradicionales (turismo, construcción), que, no obstante, deberán realinearse en torno al nuevo paradigma productivo.

8. Para fortalecer nuestras propuestas, desde CCOO apostamos por una reforma fiscal que mejore la progresividad y la recaudación impositiva y que combata de frente el fraude y la evasión fiscal, introduciendo al mismo tiempo medidas que alivien las cargas fiscales de los sectores más golpeados por la crisis; como la propuesta del IVA social reducido para los bienes de primera necesidad. La propuesta de la renta mínima garantizada, como un derecho que vaya más allá de las actuales prestaciones y ayudas a los desempleados de larga duración con cargas familiares.

9. Por todo ello es por lo que, desde la Federación de Pensionistas de CCOO, preparamos esta ponencia con ilusión,

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desglosaremos las propuestas y servirá, sin ningún lugar a dudas, para mejorar el nivel de vida del colectivo que representamos.

 

EJE 1 PENSIONES Este eje constará de esta parte abreviada y de otra en formato de Anexo en los documentos definitivos.

10. Como decíamos en el 10º Congreso, “el Sistema Público de la Seguridad Social es uno de los ejes vertebradores del Estado del Bienestar, elemento determinante de cohesión social y territorial de España, y un potente medio de redistribución intergeneracional de la renta. Además de su función en el fortalecimiento de la cohesión social, el Sistema de Seguridad Social tiene un papel de primer orden como estabilizador macroeconómico, sirviendo como garantía y sustentación de la demanda interna de bienes y servicios, provocando la generación de ocupación”.

11. Junto al Sistema Público de Seguridad Social, son esenciales para la cohesión social, el Sistema Público Sanitario, el Sistema Público de Enseñanza, el Sistema Público de Servicios Sociales. Todos ellos recibieron un fuerte impulso antes de la crisis económica; incluso el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia fue creado un año antes de que esta apareciera.

12. Hemos de defender el conjunto de los sistemas de protección social como

garantía de que los ciudadanos no quedan solos ante la adversidad y que mediante el Sistema Público de Enseñanza se pueda garantizar la aplicación del principio de igualdad de oportunidades. Nada nos han regalado, lo que hemos logrado, aún distante de la media de los países de la UE-15, ha sido con el esfuerzo del conjunto de los trabajadores y de nuestras organizaciones sindicales, ya que hemos tenido la capacidad de luchar, negociar y acordar, arrancando poco a poco mejoras para cada uno de los Sistemas.

13. Cuando la sociedad española y la catalana caminábamos en la equiparación de derechos respecto a los países de la UE-15, aparece la crisis económica y social, una de las más largas y profundas que hemos conocido. Llevamos ya 9 años y consideramos que las medidas que se están adoptando no sirven para salir de ella. En España está agravada por el gran movimiento especulativo generado sobre un bien social necesario (la vivienda), a partir de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones.

14. En este tiempo de crisis económica y social se ha acentuado la crítica desde los estamentos oficiales y de los poderes fácticos a las organizaciones sindicales. Lo más preocupante es que algunas organizaciones sindicales minoritarias y algunos movimientos emergentes se suman a esa crítica. Hemos de decir clara y abiertamente que no favorecen al conjunto de los trabajadores y sí favorecen a aquellos que quieren

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destruir el incipiente Estado de Bienestar y el movimiento sindical que lucha, negocia y pacta.

(1)Ver Anexo

15. La Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO reclamamos:

Una de las primeras medidas ha de ser la supresión de las dos reformas laborales impuestas, sobre todo el Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.

Abordar la creación de un nuevo marco de relaciones laborales, que permita recuperar el equilibrio de fuerzas, hoy totalmente decantado a favor de la patronal, como consecuencia de las reformas laborales impuestas.

Reunión inmediata del Pacto de Toledo para abordar la situación del déficit actual de la Seguridad Social.

Garantizar que cualquier medida que se adopte respecto al Sistema Público de Pensiones se tome en el marco del Pacto de Toledo y con acuerdo de los agentes sociales.

Supresión de la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización de las Pensiones de la Seguridad Social.

Garantizar que del Fondo de Reserva sólo se pueda disponer del 3% y, en caso de necesitar disponer de mayor cuantía, sólo sea posible con la autorización del Pacto de Toledo y los agentes sociales.

Obligatoriedad de reunión de urgencia del Pacto de Toledo y los agentes sociales

cuando se hayan dispuesto de cantidades superiores al 3% en dos ocasiones dentro de un trimestre, con el objetivo de estudiar soluciones.

Garantizar el pleno desarrollo de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre la actualización, la adecuación y la modernización del Sistema de Seguridad Social. Incluida la Disposición adicional trigésima. Pensión de viudedad a favor de pensionistas con 65 o más años que no perciban otra pensión pública.

Que el complemento a mínimos que cobran algunas/os pensionistas no sea absorbido al cobrar la pensión de viudedad.

Incremento gradual del Salario Mínimo Interprofesional hasta alcanzar la cuantía equivalente al 60% del salario medio.

Incremento de todas las pensiones mínimas para garantizar que en ninguna de ellas su cuantía sea inferior a la línea de pobreza.

Recuperación del poder adquisitivo perdido desde el año 2011.

Mejorar el conjunto de las prestaciones del Sistema, para poder equiparar el gasto total en pensiones respecto del PIB a los países de la UE-15.

La cuantía de las prestaciones asistenciales están por debajo del linde de pobreza severa, situación totalmente inadmisible. Hemos de reivindicar que la cuantía de todas estas prestaciones sea superior al linde de pobreza.

Que los trabajadores autónomos paguen el IVA cuando hayan cobrado las facturas, no antes.

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PROPUESTAS DE CCOO PARA ABORDAR EL DÉFICIT DE LA SEGURIDAD SOCIAL

16. Abrir de inmediato el debate en el Pacto de Toledo y el conjunto de los agentes sociales para abordar el problema. 17. De continuar con la situación actual, en unos años el Fondo de Reserva se habrá agotado y tendremos un auténtico problema, por ello se han propuesto medidas inmediatas, medidas de aplicación progresiva y medidas estructurales. Medidas inmediatas

Incremento temporal de los tipos de cotización que financian las pensiones (cotizaciones comunes), esfuerzo adicional de empresarios y trabajadores.

Reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales, asumiendo su coste el Estado.

Medidas de aplicación progresiva

Incremento de las bases máximas de cotización en un 15 %.

Convergencia de la base media de cotización del Régimen de Autónomos con la del Régimen General. Para distribuir los costos de este esfuerzo, reducción de las cotizaciones profesionales, asumiendo el Estado el coste de las mismas

Asunción por parte del Estado de los gastos de administración de la Seguridad Social.

Que las políticas activas de empleo sean financiadas por la Administración General del Estado y no desde la Seguridad Social

Medidas estructurales

Políticas de reactivación económica que ayuden a recuperar los empleos perdidos en lo que va de crisis.

Lucha contra la economía sumergida.

Financiación por el Estado de las prestaciones por muerte y supervivencia, de forma progresiva, en un periodo de 25 años, sin modificar el régimen jurídico de esas prestaciones.

Abordar las reformas estructurales necesarias que permitan afrontar el reto demográfico de las próximas décadas.

Independientemente de quien gobierne, los sindicalistas hemos de continuar luchando, negociando y pactando para lograr unas mejores condiciones de trabajo, un mejor salario mínimo interprofesional, un mejor sistema público de pensiones y unas prestaciones sociales universales dignas, que permitan sacar de la pobreza a millones de ciudadanos de España y Catalunya.

EJE 2. DEPENDENCIA Y SERVICIOS SOCIALES

18. La atención a las personas en situación de dependencia ha sido una de las reivindicaciones fundamentales de CCOO y del movimiento sindical, se

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transformó en Ley fruto del acuerdo sobre la acción protectora de la atención a las situaciones de dependencia firmado entre el Gobierno (Zapatero), las patronales (CEOE y CEPYME) y los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT).

19. Entre otras cosas se decía:

En consonancia con lo expuesto, el Gobierno y las organizaciones sindicales y empresariales acuerdan impulsar un Sistema Nacional de Dependencia mediante una Ley que tendrá la condición de norma básica, que promueva la autonomía personal y garantice el derecho a ser atendido en situaciones de dependencia…”

20. El 14 de diciembre de 2006 fue publicada en el BOE la Ley 39, de Promoción de la autonomía personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

21. Esta norma legal ha representado un avance histórico en materia de derechos sociales, es una gran conquista para el conjunto de la ciudadanía y, para CCOO, el orgullo de haber sido protagonista en esa transformación social.

22. Desde su creación se ha ido consolidando ya que se han publicado las normas legales que la desarrollan; el nivel mínimo de protección garantizado por la Administración General del Estado y las diversas prestaciones económicas se han ido actualizando con el IPC durante los años 2008, 2009 y 2010. En el año 2011 estas fueron congeladas (ver tabla de la evolución al final del documento).

23. En el año 2010, en plena crisis económica, el Gobierno Zapatero, mediante el Real Decreto ley 8/2010, de 20 de mayo, da un margen de seis meses para que las administraciones públicas resuelvan los expedientes. Es inadmisible que una persona gran dependiente legalmente pueda esperar 6 meses para recibir las prestaciones de servicios o económicas previstas en la Ley.

24. Nada más llegar al Gobierno, el Partido Popular, el mismo que no cumplió los pactos del año 2001 en materia de dependencia (”...Se considera, por tanto, necesario abrir un período de análisis y debate social sobre cómo debe garantizarse la atención a la dependencia en nuestro país… en orden a que, antes de finalizar la presente legislatura, pueda estar diseñada y aprobada una política de atención a la dependencia, con el rango normativo oportuno”), emprende en solitario mediante reales decretos y reales decretos-ley los grandes recortes, saltándose el debate parlamentario (es el estilo de gobernar del PP).

25. El 21 de diciembre de 2011 el Sr. Mariano Rajoy toma posesión del Gobierno, y solo 9 días más tarde modifica el calendario inicialmente previsto mediante el Real Decreto ley 20/20011, de 30 de diciembre y mediante el Real Decreto Ley 20/2012, en el Titulo III, medidas para la racionalización del Sistema de Dependencia y se efectúan los grandes recortes. Cada año desde el 2012 en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, ha paralizado el nivel de protección que se acuerde entre la

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Administración General del Estado y cada una de las comunidades autónomas, previsto en el artículo 10; mediante el Real Decreto 1050/2013, de 27 de diciembre, modifica el Nivel Mínimo garantizado por la Administración General del Estado.

26. La racionalización y la regulación anunciadas por el Partido Popular han provocado: La disminución de las prestaciones económicas aproximadamente en un 15%; la reducción de la prestación mínima garantizada por la Administración General del Estado aproximadamente en un 13%; la disminución de las horas de atención en la ayuda domiciliaria (¿es posible atender a una persona gran dependiente con una atención entre 46 y 70 horas al mes?); se ha dejado de cotizar la Seguridad Social a las personas cuidadoras familiares. ¿Qué futuro les espera a las personas que dejaron su trabajo para cuidar a sus familiares dependientes?, son más de 172.000 en toda España, fundamentalmente mujeres, la mayoría próximas a la edad de jubilación; en las personas con Dependencia Moderada (Grado I), se paraliza la percepción de las prestaciones a las que tienen derecho hasta julio del año 2015, y con esta medida se incumple el desarrollo de la Ley inicialmente previsto; se han suprimido los niveles dentro de los grados; se ha dado un margen de 8 años para que las comunidades autónomas abonen a los interesados los compromisos económicos contraídos.

27. El Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, ha endurecido las condiciones para el reconocimiento del Grado III: muchas personas, sin haber variado sus condiciones, han visto reducido su grado de dependencia por las revisiones de oficio que se han efectuado.

28. Recientemente, según los datos facilitados por el INSERSO a 31 de marzo de 2015, había 1.202.427 personas con derecho a prestación, de las cuales 802.269 estaban recibiendo diferentes prestaciones y servicios; esto nos permite deducir que 400.158 personas están en lista de espera; hemos de sumar más de 106.000 personas pendientes de valoración; falta transparencia en el conjunto del sistema; se produce manipulación informativa; no podemos conocer bien la realidad con los informes que facilitan el IMSERSO y el Departamento de Bienestar Social y Familia; se estipula que han fallecido más de 125.00 personas en espera de recibir protección; hemos de remarcar el desigual desarrollo de la Ley en las diferentes comunidades autónomas, la probabilidad de acceder al SAAD es más del doble en unas comunidades que en otras. El estrangulamiento de las CCAA por los recortes las pone en un compromiso con sus ciudadanos, habiéndose distribuido el coste de forma desigual e injusta.

Los usuarios han financiado el Sistema con el copago aproximadamente en un 20%

El 80% restante del coste se distribuye entre

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La Administración del Estado un 18%.

Y las comunidades autónomas el 62%.

Hemos de añadir el coste de la valoración, el seguimiento y la gestión, que no están contabilizados y que están financiados por las CCAA.

29. Podemos afirmar que la Administración General del Estado no está cumpliendo lo que indica la Ley, ya que el coste tendría que distribuirse a partes iguales entre la AGE y las CCAA.

30. El SAAD para 2015 ha supuesto un gasto directo de 6.590 millones de €, si se agregaran los costes de gestión ascendería a 7.000 millones de €; si se atendiera a más de 400.158 personas que están en lista de espera, el coste sería aproximadamente de 9.232 millones de €; como elemento positivo hemos de destacar que se han disminuido las prestaciones económicas respecto a las de servicios: en el año 2009 el 51,16% del total de prestaciones correspondían a los cuidados en el entorno familiar, en octubre del año 2015 era el 36,51%; de esta forma nos hemos acercado al objetivo de la Ley, que da prioridad a los servicios respecto de las prestaciones económicas.

31. Los trabajadores del sector son los que tienen peores condiciones de trabajo. Hemos de denunciar que los centros residenciales en Catalunya están sujetos a un convenio de ámbito estatal.

32. Desde julio de 2012 todos los datos del sistema son negativos, pero sobre todo el Gobierno central continúa predicando a bombo y platillos que el

sistema funciona bien y está logrando sus objetivos.

33. En Catalunya, entre junio de 2013 y el 31 de marzo de 2016, según datos del Departamento de Bienestar Social y Familia, actualmente Departamento de Trabajo Asuntos Sociales y Familias: Se han incrementado en 14.016 las personas que esperan valoración inicial y de revisión, estando en esta situación 28.351 personas; incremento en 56.040 personas que esperan que se les haga el PIA inicial o de revisión, estando en esta situación 77.946 personas; se han disminuido en 28.777 las prestaciones económicas, y en 34.318 las prestaciones de servicios, hay 23.826 personas beneficiarias menos. Según datos del IMSERSO, las personas con derecho a prestación en Catalunya son 215.770 y actualmente reciben prestaciones 161.747; estarían en espera 54.023 personas dependientes; es de lamentar que la Administración de Catalunya y la Administración General del Estado no se hayan puesto de acuerdo en el tratamiento de los datos, ya que cada una de las dos administraciones, en las mismas fechas, facilita datos diferentes, sembrando la duda sobre cuáles hemos de tomar en consideración.

34. En Catalunya, en agosto del año 2013, se paralizó la prestación económica vinculada a centro residencial, provocando un grave perjuicio a las personas afectadas y sus familias. Y la Orden 139/2014, por primera vez considera el patrimonio de las personas afectadas para la aplicación de las prestaciones económicas y los servicios, medida de

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difícil aplicación, que retrae funcionarios públicos para aplicarla, cuando tendrían que estar destinados a la agilización del sistema. Según informe de septiembre del 2015, Catalunya es la penúltima comunidad autónoma en prestar protección desde la fecha de entrega de la solicitud, superando de media el plazo de seis meses previstos legalmente, (Madrid 195 días, Catalunya 192 días, Asturias 188 días y Navarra 185 días).

35. En Catalunya, según el Mapa de Servicios Sociales del año 2014, existían 62.947 plazas de residencia; de ellas son públicas directas (Generalitat 4.763 plazas y Administración Local 4.965 plazas) un total de 9.728 plazas, las privadas concertadas (en sus diferentes modalidades) son 41.784 plazas y las privadas 21.163 plazas; estos datos nos ponen de manifiesto que las diferentes administraciones catalanas están provocando la mercantilización de una necesidad social, al dejar en manos del mercado la suficiencia de cobertura; igual ocurre con las plazas de centros de día, añadiendo a estas plazas el problema del desplazamiento de la personas usuarias.

36. Hemos manifestado nuestra repulsa a estas situaciones en todos los ámbitos de la vida pública y hemos impulsado acciones de protesta junto a otras organizaciones de personas mayores. Hemos de tener presente que cada cifra negativa del sistema para la autonomía y la atención a las personas en situación de dependencia representa dolor y sufrimiento de las personas afectadas y sus familias.

37. Un aspecto que no se comenta y que afecta directamente al acceso y la aplicación del conjunto de las políticas sociales en España, es la cuantía del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y en Catalunya el Indicador de Renta de Suficiencia (IRSC); estos referentes están congelados desde el año 2010, se ha producido una pérdida anual de más de 1.800 euros, representando un gran perjuicio para los ciudadanos.

38. El conjunto de medidas adoptadas han tenido como resultado una parálisis del sistema y la trágica desatención de centenares de miles de personas dependientes y sus familias. Consideramos de gran importancia los derechos sociales adquiridos y reclamamos a las Administraciones Públicas que se:

Supriman las diferentes normas legales que han recortado la Ley.

Garantizar el cumplimiento de la Ley, para hacer efectivas las prestaciones económicas y de servicios inicialmente previstas.

Recuperar la devaluación experimentada en la cuantía de las diversas prestaciones económicas como consecuencia de no haberse actualizado desde el año 2010 con el IPC.

Retornar a la intensidad protectora inicial de la Ayuda domiciliaria (SAD), y de manera gradual ampliarla, para garantizar una atención suficiente.

El restablecimiento de los derechos sociales de las personas cuidadoras no

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profesionales (como la cotización a la Seguridad Social).

Recuperar el nivel de protección que se acuerde entre la Administración General del Estado y la Administración de cada una de las comunidades autónomas a través de los convenios previstos en el artículo 10. Este está siendo paralizado desde el año 2012 mediante los Presupuestos Generales del Estado.

La actualización con el IPC de los referentes económicos para acceder y aplicar las políticas sociales, en Catalunya el Indicador de Renta de Suficiencia, y en España el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, y la recuperación del valor perdido por estos desde el año 2010.

Se ha de garantizar que en el futuro, cualquier medida para modificar la Ley se haga mediante el debate y la tramitación parlamentaria.

Se ha de optar por los servicios de proximidad ya que estos producen ocupación y retornos económicos. Si las personas dependientes que están en lista de espera fuesen atendidas se generarían más de 90.000 puestos de trabajo directos.

Se han de simplificar los procedimientos para la concesión de las prestaciones previstas en la Ley, para acortar el tiempo entre la entrega de la solicitud y la percepción de las prestaciones.

Hemos de exigir la supresión de las listas de espera; si una persona es valorada, se le reconoce un grado de dependencia y pasa el tiempo legalmente establecido actualmente

(seis meses), hemos de animar para que denuncien a la Administración Pública ante los tribunales de justicia, ya que las prestaciones y los servicios que la Lay contiene son de derecho subjetivo y no están sujetas a restricciones presupuestarias.

Hemos de exigir que las administraciones hagan campañas de sensibilización para que las actividades del cuidado sean compartidas por igual entre hombres y mujeres.

Se han de crear las infraestructuras sociales necesarias (plazas residenciales, plazas de centro de día, etc.) para cubrir las necesidades que existen y las futuras.

Volver a reconocer como propios de las entidades locales todos los servicios de proximidad, suprimidos mediante la Ley 27/2013, de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Garantizar la preparación de los empleados públicos y de las personas cuidadoras familiares para desarrollar su actividad.

Garantizar el transporte a los centros de día y ampliar los horarios para que sean coincidentes con las jornadas laborales de las familias.

Se ha de hacer una apuesta estratégica por la calidad del Sistema, elemento esencial para lograrlo es el incremento de las ratios del personal y establecer mecanismos que nos permitan saber la opinión de los ciudadanos sobre l Sistema.

Se ha de reformular el copago, suprimiendo que se tenga en cuenta el

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patrimonio; eliminar los topes actuales; caminar hacia la gratuidad total de la asistencia y que esta se financie mediante impuestos.

EJE 3. SALUD

39. Uno de los aspectos esenciales del Estado del Bienestar es disponer de un buen Sistema Público de Salud. En España y en Catalunya lo tenemos y estamos orgullosos de que sea uno de los mejores del mundo, aun destinando menos recursos económicos que muchos países de la UE-15; hemos de tener presente que el Sistema Sanitario es un potente sector económico.

40. Nuestro Sistema Sanitario es fruto de un importante consenso social y político, construido poco a poco a lo largo de los años. El derecho a la salud está recogido en la Constitución Española en el

“Artículo 43

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.

2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.

3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio.”

41. Y en el Estatut d’Autonomia de Catalunya en el

“Artículo 23. Derechos en el ámbito de la salud.

1. Todas las personas tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad y gratuidad a los servicios sanitarios de responsabilidad pública, en los términos que se establecen por ley.

2. Los usuarios de la sanidad pública tienen derecho al respeto de sus preferencias en lo que concierne a la elección de médico o médica y de centro sanitario, en los términos y las condiciones que establecen las leyes.

3. Todas las personas, con relación a los servicios sanitarios públicos y privados, tienen derecho a ser informadas sobre los servicios a que pueden acceder y los requisitos necesarios para su uso; sobre los tratamientos médicos y sus riesgos, antes de que les sean aplicados; a dar el consentimiento para cualquier intervención; a acceder a la historia clínica propia, y a la confidencialidad de los datos relativos a la salud propia, en los términos que se establecen por ley.”

42. Fruto de las políticas que se están desarrollando, con la excusa de la crisis económica en Catalunya y España, el sistema se está poniendo en peligro o deteriorándose a marchas forzadas por cuatro aspectos fundamentales: la reducción del presupuesto, el incremento de las listas de espera, un empeoramiento de las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios y el incremento de los conciertos con centros privados.

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43. El Partido Popular, a los cuatro meses de llegar al Gobierno publicó el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y la seguridad de sus prestaciones. Esta norma legal efectúa un ataque frontal a nuestro Sistema de Salud Pública; en el preámbulo se pretendía culpabilizar del déficit existente a las comunidades autónomas; la sanidad ha dejado de ser universal como un derecho de ciudadanía y ha pasado a ser un derecho dependiendo de la condición de asegurado, entrando en colisión con la Ley catalana de acceso a los servicios de salud del año 2012, o la Ley General de Salud estatal aprobada en el año 2011, y retrocediendo en algunos aspectos a antes de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Deja fuera a los inmigrantes no regularizados, más de 600.000, muchos de los cuales han trabajado y cotizado a la Seguridad Social, y como consecuencia del desempleo no han podido regularizar su situación. Se implanta un nuevo sistema de copago farmacéutico dejando las personas mayores de recibir la medicación prescrita de manera gratuita, se amplia el número de medicamentos excluidos de la prestación farmacéutica, los medicamentos que dicen destinados para patologías menores quedan fuera del control público y sus precios se han disparado, medicamentos utilizados en gran medida por las personas mayores.

44. Hemos de añadir la reducción generalizada del presupuesto: en Cataluña en el año 2009 se destinaron 12.164’301 millones de euros, en el año

2015 fueron 8.399’19 millones de euros, en ese periodo se ha reducido el presupuesto en -3.765’111 millones de euros, que representa aproximadamente 535 € menos por persona y año; se han incrementado las listas de espera quirúrgicas y las de pruebas diagnósticas; se han incrementado los tiempos medios de espera; se han cerrado camas en hospitales públicos traspasando pacientes a hospitales privados; se traspasa la responsabilidad a las familias del cuidado de las personas con enfermedades crónicas terminales por la falta de profesionales y centros socio sanitarios destinados a ellos; etc.

45. Los recortes no se han distribuido de forma igual: a los servicios de atención primaria, a los hospitales de propiedad y gestión pública y a los concertados sin ánimo de lucro se les recortó en los últimos años entre un 16 y un 20%; los concertados calificados de utilización pública, pero con ánimo de lucro, se les aumentó el concierto en un 76’8 % aproximadamente.

46. En las personas, como consecuencia del envejecimiento, aparecen problemas de la vista, del oído, bucodentales, de los pies, etc., todos ellos repercuten en la salud en general y en definitiva en sus condiciones de vida. Es de lamentar que en la cartera de los servicios de nuestro Sistema Sanitario no estén contempladas las prótesis bucales, los audífonos, las gafas, los servicios de podología, etc.

47. Las personas mayores de CCOO hemos reivindicado en diferentes congresos la necesidad de que los

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centros primarios de salud estén dotados de especialistas en gerontología. Esta reivindicación es generalizada en todos los ámbitos organizativos de las personas mayores; como decíamos en nuestro 10 Congreso de Catalunya

“la geriatría ha sido definida como la rama de la medicina interna que se preocupa de los aspectos clínicos, preventivos, terapéuticos y sociales de las enfermedades en las personas mayores”.

48. En este periodo de tiempo se ha producido un incremento de la precariedad laboral de los profesionales del sector; se han reducido los salarios; y se han empeorado las condiciones de trabajo como consecuencia del incremento de las cargas de trabajo y la presión asistencial.

49. Si con las reducciones drásticas del presupuesto el Sistema Sanitario no se rompe y mantiene la calidad del servicio, es por el esfuerzo que realizan el conjunto de los profesionales del sector. Desde esta ponencia y desde el 11 Congreso de la Federación de Pensionistas y Jubilados, les manifestamos nuestro agradecimiento público y nuestro apoyo a sus reivindicaciones.

50. Todos los cambios se han efectuado sin consultar con los profesionales del sector. Consideramos que pretenden a medio plazo privatizar la gestión del máximo número de centros y servicios, reduciendo al mínimo la sanidad pública.

51. La salud, como es evidente, no solo depende de cómo se organiza el Sistema Sanitario, sino también de otros factores como la alimentación, la vivienda, el trabajo, la polución, etc., como pone de manifiesto la Organización Mundial de la Salud. En el informe del Departamento de Salud de Catalunya de septiembre de 2014, se ha puesto de manifiesto que las políticas de austeridad han deteriorado el conjunto de los determinantes sociales y económicos de la salud (incremento del desempleo, de la pobreza, los desahucios, la pobreza en la infancia, los trabajadores pobres, etc.). Este tema nos preocupa por las repercusiones que puedan tener en la esperanza de vida y las desigualdades que se producen por razones sociales, incluso en una misma ciudad.

52. Los mayores de CCOO de Catalunya reclamamos:

Recuperar el presupuesto que se destinaba en el año 2009, incorporándole el IPC de estos años.

Incrementar el presupuesto destinado a Salud de manera gradual hasta que sea equiparable a la media de los países de la UE-15.

Abolir el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y la seguridad de sus prestaciones; y todas las normas legales que han representado un retroceso en el Sistema Sanitario Público.

Reducción de las listas de espera operatorias y de pruebas diagnósticas.

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Incorporar en la cartera de servicios sanitarios las prótesis bucodentales, los audífonos, las gafas, los servicios de podología, etc.

Volver a abrir las camas hospitalarias cerradas en estos años, así como los centros de atención primaria cerrados.

No traspaso de pacientes de hospitales y centros públicos a centros privados, sobre todo si en los centro públicos hay plantas y camas no utilizadas.

No externalización de pruebas diagnósticas, máximo cuando los recursos públicos disponibles no están optimizados en su utilización.

Ninguna reforma del Sistema Sanitario sin previo acuerdo con los profesionales del sector y los agentes sociales.

Incremento de las plazas socio-sanitarias, para evitar trasferir a las familias mayor responsabilidad de cuidado de la personas con enfermedades crónicas avanzadas.

Recuperación del control público del precio de los medicamentos destinados patologías menores.

No discriminación en la aplicación de las modernas técnicas sanitarias por razones de edad.

Mejores condiciones laborales para el conjunto de los trabajadores del sector.

EJE 4. SALUD LABORAL

EXPOSICIÓN

53. Por la condición de pensionistas y jubilados de la Federación, los problemas que podemos tener en

referencia a este tema se reducen a las secuelas adquiridas en nuestra época como trabajadores en activo. De estas, una de las más graves, y en la que nos vamos a centrar, es el caso de los trabajadores que manipularon amianto.

54. Teniendo en cuenta que el amianto se prohibió en el año 2001, y que el periodo de latencia de sus efectos puede ser de hasta 40 años, nos encontramos con que el 80% de los afectados están jubilados. Todo esto lo convierte en un problema especialmente sensible para nuestra Federación.

55. A raíz de lo expuesto, se constituye un grupo de trabajo a nivel nacional (28/06/2013) cuyos objetivos son:

Dar a conocer los riesgos del amianto Dar a conocer como es el amianto Cuantas aplicaciones tiene (más de

3.000) Cuanto amianto hay en nuestro país

(se estima que más de dos millones de toneladas)

Dar a conocer el Programa de Vigilancia de la Salud (PIVISTEA)

56. Se inicia una campaña informativa (22/10/2014) con el lema: “CONTROLANDO EL AMIANTO

ENVEJECEMOS MÁS ACTIVAMENTE”, en la que se explica que la cifra de trabajadores que han estado directamente en contacto con el amianto se calcula en aproximadamente 180.000, sin contar con los potencialmente afectados por contaminación ambiental. De los cuales solo 50.000 están controlados o contabilizados en el Programa de Vigilancia de la Salud o PIVISTEA.

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PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO FEDERAL SOBRE AMIANTO, 2016

Coordinación interna

57. Nos estamos poniendo en contacto con los responsables de Salud Laboral de las diferentes federaciones de ramo, al igual que con los responsables de Salud de la CONC. Con la intención de trabajar juntos toda la problemática que tiene relación con el amianto.

Información

58. Manteniendo reuniones con las diferentes asociaciones de afectados por el amianto, con el fin de agrupar y coordinar el trabajo de estas. Esto hará que la información llegue más allá del sindicato y pueda llegar a más gente.

Intervención institucional

59. La intervención institucional se hace a nivel estatal y confederal, y estamos informados puntualmente.

CONCLUSIONES

OBJETIVOS

60. Este grupo de trabajo cree que el objetivo final debe ser la total desaparición del amianto de nuestro entorno. Pero, hasta que llegue ese momento, nos debemos centrar en: Informar, concienciar, defender y proteger a todas las personas que estén o puedan estar afectadas por el amianto.

PROPUESTAS

Nivel municipal

61. Un censo municipal de los edificios con riesgo de amianto.

Nivel autonómico

62. Controles epidemiológicos (para conocer si hay zonas especialmente sensibles en el territorio).

Puntos seguros de recogida y almacenaje del amianto.

Convenios entre la Conselleria de Salut y el EVI (Equipo de Valoración de Incapacidades), a fin de agilizar el procedimiento y no repetir pruebas que suelen ser muy agresivas.

Nivel estatal

63. Desarrollo eficiente del PIVISTEA.

Coeficiente reductor en los trabajadores en activo pero que han estado en contacto con el amianto. De manera que se puedan jubilar antes.

Nivel europeo

64. La creación de un fondo de garantía que cubra a los afectados cuyas empresas han desaparecido sin hacerse cargo de las indemnizaciones.

 

EJE 5. CALIDAD DE VIDA

65. La calidad de vida nos remite a factores políticos, sociales y culturales que facilitan o dificultan la autonomía i la independencia de las personas una vez han alcanzado una determinada edad o, si se prefiere, no sólo con la mayor o menor longevidad sino con lo que se ha dado en llamar “calidad de vida” en la vejez.

66. A nivel teórico, el concepto de calidad de vida debe incluir las especificidades propias de la vejez, tanto fisiológicas como sociales, al igual que

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las diferencias respecto de las anteriores etapas del ciclo de vida. A ello se suma el hecho de que es preciso identificar los elementos conexos de naturaleza objetiva (redes de apoyo, servicios sociales, condiciones económicas, entorno) y los de naturaleza subjetiva (salud, actividad, satisfacción).

67. A nivel práctico, son tres las áreas en las que se plantean desafíos referidos a la calidad de vida en la vejez:

a. En el ámbito de los mercados, tanto de trabajo como de bienes y servicios, el aumento del número absoluto y relativo de personas mayores introduce modificaciones.

b. En el ámbito de la sociedad, dicho proceso genera nuevas formas de organización de la familia, así como diversas respuestas de la comunidad ante las nacientes demandas de bienestar.

c. En el ámbito del Estado, es preciso hacer frente a las nuevas tensiones sociales surgidas de las necesidades de financiamiento de los sistemas de seguridad social, a los cambios en las relaciones de dependencia económica entre generaciones y a la competencia intergeneracional por los puestos de trabajo.

68. Ahora bien, las evidencias relativas a la situación de las personas mayores indican que esta es heterogénea, y en general distan mucho de disfrutar de una calidad de vida acorde con sus necesidades en cuanto a ingresos, salud, autonomía e integración intergeneracional.

69. La cantidad, las condiciones de acceso y la estructura de las oportunidades que ofrece nuestro país para vivir los últimos años de la existencia no siempre aseguran una calidad de vida adecuada. Antes al

contrario, lo que sí está sucediendo es que “las personas mayores están haciendo a sus familias y comunidades contribuciones que asumen de distintas formas, desde cuidar a la infancia hasta constituirse en la fuente de ingresos más permanente y segura de los hogares de los cuales forman parte”, contribuciones, añadimos con certeza, que son además crecientemente esenciales.

a. La primera se refiere a un estado material que garantice el acceso y el disfrute de recursos y servicios que aseguren una vejez digna (ingresos, créditos, vivienda adecuada, salud).

b. La segunda comprende los aspectos estructurales que determinan la ubicación social de las personas mayores en el conjunto de la sociedad (imagen social, solidaridad intergeneracional).

c. En ambas dimensiones es preciso considerar que la vejez es una categoría variable y heterogénea que comprende personas con intereses y necesidades diferentes.

70. Hay que tener en cuenta que el envejecimiento de la población se produce en un entorno social que está cambiando también con rapidez, señalando como principales factores de este cambio que el tamaño de las familias se reduce, el papel de la familia ampliada se desvanece y las percepciones con respecto al apoyo intergeneracional y la atención de las personas mayores cambian rápidamente.

71. De ahí que la vejez adquiera una dimensión política, ya que los cambios en la forma de vivir de las personas mayores tienen importantes repercusiones para las políticas de cualquier país desarrollado o en vías de desarrollo. No obstante los países desarrollados tienen que ampliar la

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prestación de cuidados oficiales a largo plazo para el colectivo de mayores, incluida la residencia en centros especializados, y organizar servicios alternativos para que las personas mayores puedan envejecer en su hogar si así lo desean.

72. Unas políticas que, referenciadas en la garantía y la protección de los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, deben abordar, entre otras, las siguientes cuestiones:

a- La participación y la potenciación de las personas mayores.

b- La lucha contra el abuso y el abandono de los mayores.

c- El crecimiento de la productividad tendrá que llevar una mayor carga para intentar superar las posibles consecuencias negativas del envejecimiento de la población en el crecimiento económico.

d- La garantía de la seguridad económica en la vejez.

e- El mantenimiento y la atención de la salud y de los cuidados a largo plazo durante la vejez.

73. Evidentemente, cada una de las cuestiones señaladas debe ser desarrollada a través de políticas específicas, entre las que señalamos, someramente, algunas de ellas.

74. En lo que se refiere a la participación y la potenciación del colectivo de mayores, es importante fomentar los mecanismos efectivos de participación política y social; es básico para que el tema del envejecimiento y la calidad de vida formen parte de la agenda política, ya que, de no ser así, quedará (como viene sucediendo hasta ahora) relegada a medidas residuales, sobre todo en su vertiente sociosanitaria, al albur de la

mayor o menor “generosidad” intergeneracional, y únicamente impulsadas cada vez que se engrosa la problemática social, para después desvanecerse, al menos ocupar una posición subordinada.

75. Pero sin duda las dos cuestiones que suelen ser recurrentemente objeto de controversia son las dos últimas: la garantía de la seguridad económica en la vejez y el mantenimiento de la atención de la salud y los cuidados a largo plazo durante dicha vejez.

76. La primera de ellas parte de un estudio de las necesidades de un enfoque amplio y de varios niveles, bascula fundamentalmente sobre el mantenimiento de los sistemas de pensiones (y la garantía de una posibilidad universal para acceder a ellos); sistemas en los que la solidaridad intergeneracional y el volumen de prestaciones pueden proporcionar una garantía suficiente de ingresos para contribuir a disfrutar de una calidad de vida aceptable.

77. En cuanto a la segunda, y sobre subrayar la necesidad de adaptar los distintos sistemas de salud a la nueva realidad demográfica, es importante el interponer medidas específicas para atender cuidados de largo plazo, tanto en el hogar como fuera de él, tanto por parte de la familia como a través de dispositivos institucionales, y que puedan garantizar una calidad de vida digna para el colectivo de personas mayores en nuestro país

 

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BLOQUE 2. MEJORAS

ORGANIZATIVAS EN LA

FEDERACIÓN DE

PENSIONISTAS Y JUBILADOS

PARA GANAR EN EFICACIA

EJE 6.- DESARROLLO Y

FORTALECIMIENTO DE LA

FEDERACIÓN DE

PENSIONISTAS Y JUBILADOS

DENTRO DE LA CS DE LA CONC

78. La Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO está legalizada por la Ley 1/2002, Reguladora del derecho de asociación, y registrada en el Ministerio del Interior, y forma parte de la Confederación Sindical de CCOO, según el art.17 de los estatutos confederales.

79. La Federación de PP i JJ de CCOO es la organización de toda la afiliación, recogiendo el proyecto sindical de la CS de la CONC y de la CS de CCOO.

80. En los estudios que sobre afiliación hemos venido realizando, nos hemos detenido específicamente en la caída de afiliación que se produce cuando acaba la vida laboral de los afiliados y afiliadas.

81. En la actualidad, nuestra afiliación, según los datos del mes de septiembre, es de 6.925, repartidos en 4.931 mayores de 65 años y 1.236 mayores de 60 y pensionistas.

82. De media se mantiene en el entorno de 7.000 afiliados/as. El flujo de compañeros/as que pasan al cumplir los 65 años y el de compañeros/as que nos dejan, se equilibra.

83. Uno de los factores que influyen en la voluntad de darse de baja es el precio de la cuota de afiliación.

84. Por definición, la cuota obligatoria de los pensionistas se definirá según los

ingresos, poniendo al día los mínimos actuales y redefiniendo las cuotas especial y reducida, y cuándo debe aplicarse la cuota general. Tal y como se establece en el plan integral de cuotas.

85. El encaje vinculado a los ingresos, solidario, que compartimos, debería tener en cuenta los servicios y prestaciones que obtiene una persona jubilada de los que ofrece el sindicato.

86. Se definirá la distribución de las cuotas buscando un resultado equilibrado.

87. Creemos necesario establecer un sistema de cuotas más ajustado a los servicios que nos presta la organización. Estableciendo dos cuotas, una para los ingresos inferiores a 12.000 €, manteniendo la cuota de 6,75 €, y otra para los superiores a estos 12.000 €, que en ningún caso superase los 9 €. Incrementándose cada año con el mismo porcentaje que el resto de cuotas (IPC).

88. Entre las acciones a considerar, estaba la defensa de los intereses específicos, el asesoramiento en las pensiones, en materia de servicios sociales, y la promoción de actividades culturales.

89. La afiliación sindical de los pensionistas mantiene en parte un componente ideológico o de identidad con el sindicato.

90. En la Unión Europea, la afiliación sindical se mantiene e incluso se amplía en aquellos países en los que se les ofrecen ventajas específicas, o vinculando de algún modo la jubilación o la pensión a algún servicio sindical.

91. El objetivo prioritario es reforzar la intervención social; favorecer la participación de la Federación, bien de manera directa o a través de la Confederación, allá donde se aborden

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los intereses y los derechos de los pensionistas; evitar la pérdida del 80% de afiliados que se jubilan (sobre 5.000 bajas anuales por este motivo) y crear una potente carta de servicios.

92. La propuesta consiste en organizar la doble afiliación de los pensionistas: en la rama de origen y en la Federación propia.

93. Para ello, las federaciones de ramo incluirán en sus documentos congresuales los principios rectores del acuerdo firmado entre las federaciones de ramo estatales y la Federación de PP i JJ.

Que se contienen en el siguiente redactado:

COLABORACIÓN ENTRE LAS FEDERACIONES DE ACTIVOS Y LAS DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE CCOO.

94. La colaboración entre las estructuras de CCOO siempre ha tenido un sentido estratégico, pero hoy, con la crisis y sus efectos, se hace más imprescindible para conseguir los objetivos que tenemos por delante, y para contrarrestar los ataques que desde poderes mediáticos y económicos recibimos diariamente.

95. Está en marcha el Protocolo de Actuación para la aplicación de la doble adscripción federativa de pensionistas y jubilados/as a CCOO, para reforzarlo y buscar la mejor forma de colaboración, para ser más eficaces y no perder afiliación por jubilación.

96. Todo ello se centrará en los siguientes puntos:

1- Ambas federaciones establecerán fórmulas de coordinación con las organizaciones territoriales y las secciones sindicales de CCOO de las grandes empresas, a fin de establecer

un seguimiento de la afiliación cuando se causa baja de la empresa por motivos de edad, prejubilación o jubilación, o una pensión.

Se pondrán en marcha campañas, en las que se detallen los servicios de ambas federaciones para animarles a continuar en CCOO una vez acceden a la nueva situación.

2- En las empresas donde CCOO tiene una amplia afiliación, se crearán agrupaciones de empresas específicas de prejubilados, pensionistas y jubilados. Ambas federaciones buscarán las personas encargadas de gestionar la actividad de estas agrupaciones, las cuales se ocuparán de hacer un trabajo de seguimiento continuo de las personas que se prejubilan, jubilan u obtienen una invalidez.

Tendrán un cuidado especial con la afiliación cuya cuo ta se d escuenta por nómina, para cambiar a descuento bancario.

3- También sería muy importante que se pudiera enviar una carta firmada por el secretario general de pensionistas y el secretario general de la federación de activos correspondiente, animándoles a seguir en CCOO y explicándoles los nuevos servicios que tiene y la importancia de seguir luchando por las pensiones públicas, la aplicación de la Ley de dependencia, el sistema socio-sanitario público, etc.

4- Los prejubilados seguirán en su federación de activos hasta la edad de jubilación, y se establecerán mecanismos de coordinación para que se les pueda convocar a todo tipo de actividades y así estén más cercanos al sindicato, se sientan parte y sea más fácil que sigan en CCOO.

5- Trabajando todas y todos coordinadamente revertiremos la tendencia de la pérdida actual de afiliación al llegar a la jubilación y/o al

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pensionarse y lograr el objetivo que nos marcamos.

CONCLUSIÓN.-

97. Además de todo lo anterior, debemos redoblar nuestros esfuerzos y trabajar en otras tareas, como la realización de campañas de afiliación, dirigidas fundamentalmente a ex afiliadas y ex afiliados, convocándoles a reuniones en los territorios, y aprovechando seminarios, campañas, jornadas, actos, etc., para la captación de nuevas afiliaciones.

98. Los gastos que se originasen por este concepto serían a cargo de las dos organizaciones.

99. Por todo ello, a partir de este momento, nos comprometemos y estamos dispuestos a redoblar el esfuerzo entre las dos organizaciones, con el fin de fidelizar a la afiliación y evitar la pérdida de afiliadas y afiliados en el conjunto de CCOO.

100. La Federación, junto a su función reivindicativa sobre las pensiones, la calidad de vida de los pensionistas, la sanidad, la dependencia, el asesoramiento sindical y la prestación de servicios, realizará también actividades culturales, recreativas y de solidaridad.

101. Todos los afiliados cuando se jubilen y también los que adquieran la condición de pensionistas, pasarán de oficio a nuestra Federación y manteniendo a su vez la doble adscripción en su federación de origen. La medida también se aplicará a los nuevos afilados.

102. La Federación de Pensionistas mantendrá una estructura organizativa propia y de participación de sus afiliados/as, análoga a las demás

federaciones, de acuerdo con sus estatutos y acuerdos congresuales.

103. Los afiliados/as adscritos/as a la Federación de Pensionistas mantendrán también sus derechos políticos de representación y voto en las federaciones de rama, teniendo como eje prioritario el desarrollo de estructuras funcionales por la vía de agrupaciones de empresa o sector en las federaciones.Se garantizará la presencia de sus representantes en los órganos de dirección confederal: Comité de Dirección y Consejo Confederal. Para el 11º proceso congresual, se garantiza a la Federación de Pensionistas el mismo número de delegados/as que tienen en la actualidad. En los mismos términos se realizará por parte de las confederaciones de nacionalidad o región y uniones regionales, renovándose este acuerdo mandato a mandato, dependiendo de la evolución de la afiliación.

104. Estas obligaciones y garantías serán ejecutadas a través de sus responsables de organización y/o afiliación para realizar los cambios de adscripción y sus efectos en la base de datos informáticos.

105. Con el objetivo de reducir las bajas del colectivo que llega a la edad de jubilación, en aquellas empresas en las que se cobra la cuota por descuento en nómina, se propondrá a nuestros afiliados, al acercarse a la edad de jubilación, el paso de la cuota a descuento bancario.

106. Se fija que la distribución de la cuota será un 50 por ciento para entrar en el circuito de distribución confederal, y el 50 por ciento restante para financiar a la Federación de PP i JJ.

107. La Comisión Ejecutiva Confederal y las confederaciones de nacionalidad y las uniones regionales, en su ámbito,

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establecerán un tratamiento específico y diferenciado en gastos comunes, servicios comunes y servicios jurídicos a la Federación de Pensionistas, que haga viable este proyecto.

108. El trabajo común, y en especial de la CS de la CONC con los pensionistas y personas mayores, consiste en poner en valor la legitimidad y la calidad de CCOO como opción más adecuada para mantener organizadas a las personas que finalizan su vida laboral y a las personas mayores. Debemos mejorar nuestro proyecto de atención a este colectivo, desde la Confederación, a través de la Federación de Pensionistas y Jubilados y en cooperación con el resto de organizaciones confederadas. Hay que incluir en nuestras propuestas, de la manera más destacada posible, referencias específicas que permitan a pensionistas y personas mayores sentirse reflejados en propuestas y reivindicaciones de CCOO:

109. La suficiencia financiera del gasto social, especialmente en pensiones, sanidad y servicios sociales, el desarrollo de la Ley de dependencia y la creación de una red de servicios de calidad. Prestar más atención a la mujer mayor y a su inclusión social. Mejorar la protección legal del mayor, garantizando una cobertura jurídica a sus derechos. Impulsar la adecuación de viviendas a sus carencias físicas y de edad, con apoyo económico para rehabilitación o alquiler. Afrontar barreras arquitectónicas e intelectuales. Fomentar la participación social y la actividad sociocultural. Potenciar la participación en los consejos de mayores y en los centros de mayores. Relación institucional con administraciones y con organizaciones de mayores.

  

EJE 7.- ORGANIZACIÓN Y COMUNICACIÓN

110. Los documentos y congresos tienen que servir para hacer un balance de lo realizado desde el congreso anterior, a la vez que dotarnos de la política a seguir en los años siguientes, y a la vez replantearnos los problemas organizativos a partir de nuestras propias normas. Porque no podemos conformarnos con que las decisiones del congreso se reflejen en los documentos, si a continuación no se cumplen, bien por falta de voluntad, de medios humanos, orgánicos, etc.

111. En lo que a la organización se refiere, pretendemos reflejar, lo más fielmente posible, nuestra realidad organizativa y plantearnos algunos aspectos que, aunque no son nuevos en nuestra Federación, creemos conveniente ponerlos en un primer plano; también pretendemos corregir planteamientos hechos en el anterior congreso, no para eliminarlos, sino para concretar qué, cómo y cuándo se normalizará esta situación, en relación a los transvases afiliativos, problema por el que atravesamos desde hace tiempo.

112. Para poder realizar nuestro trabajo, tenemos que dotarnos de unas estructuras y unos equipos capaces de dar respuesta a nuestras necesidades.

a. Tener unos equipos de compañeros/as que estén dedicados a la información y al asesoramiento.

b. Diseñar programas de formación a nivel nacional, dirigidos a los compañeros/as que se dediquen a estas tareas, para aumentar sus conocimientos en el campo de las políticas sociales.

c. Definir los instrumentos de participación de nuestra Federación a todos los niveles de la Administración,

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consejos municipales, comarcales y de la Generalitat, para el control de los servicios y las prestaciones sociales dirigidos a las personas mayores.

d. Conseguir que los servicios sociales y las prestaciones se generalicen para evitar que se produzcan situaciones discriminatorias, en función de los recursos financieros y las políticas sociales que puedan adoptarse por las diferentes administraciones.

113. Todo esto sin abandonar la movilización de manera continuada desde mayo de 2010, en que comenzaron a adoptarse las primeras medidas contra los intereses de los trabajadores y en perjuicio de los más débiles, que ha tenido como máximo exponente el incremento brutal del desempleo.

114. Para que nuestra Federación continúe siendo referencia y herramienta para la defensa de los derechos laborales y sociales, debemos, en el marco del debate propuesto por la CONC, analizar muchos aspectos diferentes, no siendo menor el de nuestro modelo organizativo, y que las conclusiones obtenidas nos sirvan para reforzarnos ante los tiempos que están por venir.

115. La organización interna y la dirección de nuestra Federación deben ser capaces de prever, y darles respuesta, las necesidades planteadas por los afiliados/as y la ciudadanía, a través de la negociación con las diferentes administraciones y los acuerdos. Es necesario que nuestras propuestas sean creíbles, sensatas y alcanzables, negociar para obtener acuerdos, organizar y aumentar nuestra presencia en el colectivo de mayores, aumentando la afiliación; para todo ello es imprescindible el fortalecimiento de nuestra Federación de Pensionistas a través de una mejor organización.

116. El paso del tiempo, la experiencia y el peso de la realidad hacen que las estructuras organizativas tengan evoluciones diferentes, y por ello las soluciones deben ser diferentes en cada uno de los ámbitos de dirección. Nuestra Federación es el reflejo de la sociedad en la que vivimos, donde el compromiso con las ideas y el comportamiento ético se han convertido en un valor relativo, y por ello la disponibilidad personal, la implicación y la militancia dentro de la organización también se resienten fuertemente.

117. Para poder establecer una primera aproximación al debate, podemos señalar algunas cuestiones de especial relevancia:

1º.- Nuestra organización debe ser el reflejo de las decisiones conjuntas y participadas.

Cuando se desdibujan los límites entre personas y organizaciones, debemos ser capaces de reconocer el problema y tratar de atajarlo.

2º.- Muchos de los compañeros/as que integran los órganos de dirección de nuestra Federación, por razones diversas, no son capaces de participar y apostar suficientemente en el interno de la Comisión Ejecutiva y los “consells”, lo que plantea dificultades para que se pueda mantener el debate y la vida orgánica necesaria.

Es necesario que desde todas las estructuras de la Federación se ponga la voluntad y los medios necesarios para fomentar la participación activa en los diferentes órganos de dirección.

3º.- Los órganos de dirección deben responder a las necesidades de coordinar nuestros análisis y nuestras respuestas para que sean unitarias, eficientes y den continuidad a la organización. Por ello, es preciso, en

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algunas organizaciones, plantearse nuevos modelos organizativos y de dirección ya adoptados y funcionando en otros ámbitos.

4º.- Es necesario que la Federación de Pensionistas de CCOO sea referente para los mayores y la sociedad en general, siendo especialmente relevante para este fin la relación nuestra con los medios de comunicación. Esto implica que, desde la Federación, se asuma como principal este papel y sea consustancial a la figura del secretario general, contando en todo momento con el resto de las federaciones territoriales.

5º.- Hay que tener muy en cuenta que la futura merma en los recursos, humanos y económicos, derivada de la situación actual y de las previsibles decisiones futuras, así como la necesaria adaptación al Plan Estratégico Confederal, nos sitúan ante una cada vez más necesaria cooperación y complementariedad entre las propias federaciones, los sindicatos intercomarcales con las uniones intercomarcales para maximizar, en todos los ámbitos, esos recursos escasos.

6º.- Debemos potenciar la participación directa de nuestros afiliados/as, dentro de lo establecido en nuestros Estatutos, recuperando o manteniendo la celebración periódica de asambleas, aumentando la presencia de la Federación y del sindicato en los “casals de gent gran”, usando, de forma coordinada, las nuevas tecnologías y las redes sociales.

118. Estas reflexiones sobre nuestro futuro organizativo a veces quedan anuladas por otras cuestiones, y muchas veces no son suficientemente tenidas en cuenta, bien por estar en momentos de buenos resultados, bien por el ritmo de trabajo diario que limita la reflexión a medio y largo plazo.

Comunicación

119. A partir del 11 Congreso, que debe ir encaminado a trasladar la imagen pública de nuestra Federación de Pensionistas, canalizando nuestras alternativas para hacer frente a la necesidad de construir una relación regular y fluida con los medios de comunicación, tenemos que entender que, aun teniendo posibilidad de contar con los sistemas técnicos de comunicación más modernos, en nuestra Federación tenemos carencias importantes para lograr la funcionalidad requerida y necesaria para los tiempos que corren.

120. Si partimos de la idea de que toda persona informada se convierte a su vez en fuente de información, la Federación apoyará decididamente cualquier procedimiento que procure trasladar al resto de la organización la actividad diaria de las diferentes secretarías, sea del tipo que sea (reuniones, ruedas de prensa, jornadas, etc.), de manera que todos nuestros cuadros puedan estar al día y beneficiarse de su contenido. Con esta medida nos planteamos:

121. Facilitar el conocimiento general respecto del trabajo que desarrolla diariamente la Federación. Esto permitirá al resto de la estructura estar perfectamente informada sobre la actividad general de la Federación, facilitando su posterior actuación en cualquier sentido.

122. Asimismo, dicha información concederá una participación directa y real a los cuadros en la política general del sindicato y de nuestra Federación, invitándoles con ello a no encerrarse en su propio ámbito de actuación y ofreciéndoles la posibilidad de continuar la cadena hasta el último de los afiliados/as.

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123. Otro aspecto a resaltar es la necesidad de establecer un plan formativo en técnicas de información, que desde los niveles primarios de nuestra estructura hasta la Comisión Ejecutiva aporte habilidades e instrumentos (la “Nostra Veu Digital”) que permitan dar a conocer a la sociedad nuestra actividad. El desarrollo tecnológico permite hoy disponer de múltiples vías para multiplicar cualitativa y cuantitativamente la acción informativa de la Federación, minimizando esfuerzos.

124. En relación a los esfuerzos en los medios, cabe decir que de un tiempo a esta parte los medios de comunicación están realizando una importante campaña de desprestigio hacia el movimiento sindical en general y hacia CCOO en particular.

125. Estas corporaciones informativas muchas veces no dan cabida a nuestras acciones.

126. También hace unos años teníamos relación con los y las responsables de sección, periodistas clave, según los temas, pero ahora la precarización laboral también nos ha afectado en este ámbito, produciéndose cambios de responsables continuamente. Este hecho perjudica seriamente el canal de relación necesario para tener acceso a sus publicaciones. Ahora el periodista, de manera rápida, consulta la WEB y obtiene la información, por esto es muy importante mantener activa la página WEB y todos los medios de comunicación que podamos mantener.

127. Debemos hacer el esfuerzo de estar presentes en todas las redes

sociales que podamos, teniendo en cuenta el nuevo paradigma de la información en el que estamos.

128. Es importante que cada organización transmita la información y así mismo también podríamos utilizar los canales de los que disponen las federaciones de ramo, para difundir nuestras propuestas. Hemos de tener en cuenta que, al tener el sistema de doble adscripción, la información sindical llega a la afiliación por dos vías.

129. Nada de esto desvirtúa el sistema actual de comunicación vía correos electrónicos, cartas y las publicaciones que realizamos, “La Nostra Veu”, orientaciones y las campañas informativas que se distribuyen habitualmente.

130. Por último sería necesario realizar cursos formativos en materia de información y comunicación, que nos permitan dar a conocer nuestras actividades y propuestas. 

EIX 8.- AFILIACIÓN

131. Fidelización y permanencia, seguimiento y recuperación

132. Los efectos de la crisis económica, social y política también han hecho mella en el sindicalismo; es necesario defender los derechos de los trabajadores y asegurar el Estado de bienestar.

133. En términos generales, durante los años 2010-2015, la afiliación a CCOO tuvo un descenso. La caída fue fundamentalmente relacionada con el aumento del número de parados y al llamado efecto de tramitación, por el que muchos trabajadores se afilian a una

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central sindical para tramitar sus indemnizaciones y mientras duran los expedientes de regulación de empleo, para causar baja cuando quedan en situación de desempleo.

134. En este marco de crisis económica, social y política como la que atravesamos, la intervención del sindicalismo resulta más necesaria que nunca para defender los derechos de los trabajadores y con ellos el Estado de bienestar.

135. En términos generales, durante el período 1981-2010, la afiliación a CCOO se ha triplicado, mientras que la población asalariada se duplicaba, lo que demuestra que la expansión afiliativa acumulada no deriva solo de factores inducidos por el desarrollo vegetativo de la población de referencia, sino que responde, de forma creciente, a estrategias proactivas y refleja la consolidación organizativa y funcional de la Confederación. Esa evolución positiva fue muy desigual: mientras que las federaciones del sector de servicios crecían muy por encima de la media, las del área industrial lo hacían por debajo de la misma, lo que modificó significativamente el mapa resultante.

136. Referente a la Federación de Pensionistas, aunque el colectivo de mayores se ha duplicado desde el año 1981, pasando de 4.599.000 a 8.866.000, en la actualidad nuestra organización no hemos sido capaces de llegar a ellos y nos hemos mantenido en una orquilla que va de desde 39.000 a 39.500. Por ello tenemos que buscar la fórmula para que los pensionistas y jubilados nos vean cada vez más útiles y se afilien a nuestra Federación.

137. Para conseguir este objetivo, tenemos que tener los recursos suficientes para desarrollar nuestra política sindical, fortaleciendo la autonomía financiera del sindicato, que

prevea un conjunto de medidas que podríamos resumir en: ingresar más recursos económicos, gastar menos y gastar mejor. Para ello hay que reforzar la iniciativa sindical, incrementando la afiliación e impulsando nuevas respuestas organizativas que refuercen la visibilidad y el concepto de utilidad del sindicato. Y nos permita con esta estrategia alcanzar, en el periodo 2017-2020, incrementar nuestra afiliación en 8.000 personas más, que supondría un crecimiento de un 20%.

138. En este proceso, es absolutamente necesario generar una opinión favorable al sindicato, para lo que, junto a las iniciativas que hay que desarrollar, es fundamental fortalecer la estrategia de comunicación, a través de los medios propios, de los medios de comunicación y con los pensionistas y jubilados, trabajando en las organizaciones de rama de nuestro sindicato y de la gente mayor.

139. Incrementar la afiliación en este escenario se convierte en un objetivo estratégico que el conjunto de la Confederación debe acometer con carácter prioritario, sostenido en el tiempo e integral en sus actuaciones. Fortaleciendo las agrupaciones de empresa y la doble afiliación, creando para ello la figura de la persona responsable de AFILIACION en las diferentes federaciones, que nos permita una mejor colaboración con nuestra Federación, en la línea de los ACUERDOS ALCANZADOS CON EL CONJUNTO DE FEDERACIONES DE NUESTRO SINDICATO.

140. Alcanzar el objetivo planteado requiere de una masiva presencia de pensionistas y jubilados en la sociedad, para que influyamos más y mejor en la política que se hace sobre los mayores, así como el desarrollo de una acción muy planificada y con objetivos de

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crecimiento en los centros de trabajo y empresas en los que el sindicato ya está presente (una buena medida sería potenciar más las agrupaciones de empresa, que está demostrado que mantienen la afiliación después de la jubilación).

141. La Federación de Pensionistas y Jubilados apenas tiene nuevas altas de afiliación que no sean las provenientes de otras federaciones a través de la doble afiliación.

La tasa de altas de nuevos afiliados al sindicato es baja, su resultado neto sería un decrecimiento de la afiliación, si no se alimentara de las altas por el traslado desde otras federaciones, lo que permite pensar que llegan a esta federación afiliados/as que cuentan ya con una elevada permanencia en la organización. De hecho, el 87,9% de sus afiliados/as llevan más de cinco años de alta en el sindicato.

142. Los que tienen más de 60 años son los que muestran una mayor identificación con el sindicato. Posiblemente muchos de ellos son ya pensionistas, jubilados o prejubilados, pues coinciden con los de más edad. También la mayor confianza en el sindicato la detentan los jubilados, según el estudio realizado por nuestro Observatorio sobre la dinámica de la afiliación.

143. Veamos el caso de CCOO: en los años previos a la crisis, la media de altas afiliativas a CCOO era de 175.000 anuales, mientras que las bajas eran de 140.000, lo que suponía un crecimiento neto de 35.000 personas/año. A partir de 2009 se invierte la tendencia, y las bajas superan a las altas casi en la misma proporción.

144. El plan de afiliación que debemos iniciar en nuestra Federación se tiene que completar con una adecuada

gestión del conocimiento disponible en la materia como:

a. Mapa de situación afiliativa, desagregado por ramas, territorios, relación con la representación sindical, etc.

b. Procesamiento y operativización de la información derivada de los estudios y las investigaciones realizados por el Observatorio Confederal de la Afiliación de la Fundación 1º de Mayo.

c. Identificación, procesamiento y difusión de buenas prácticas en afiliación.

d. Creación de la red de responsables de afiliación, comenzando desde las agrupaciones de empresas constituidas, sindicatos provinciales y comarcales… que sean quienes hagan el seguimiento afiliativo de su ámbito e informen periódicamente de su evolución y el alcance de objetivos a los responsables de la C. Ejecutiva.

e. Módulo de formación específica en estrategias de afiliación.

145. El seguimiento de este plan y la consecución de sus objetivos van a requerir la movilización del conjunto de las estructuras y organizaciones de la CONC, hasta la Comisión Ejecutiva Confederal, pasando por el conjunto de la plantilla asalariada, y la Federación de Pensionistas y Jubilados.

146. Para la consecución de los objetivos fijados, el Plan de Afiliación 2012-2016, prevé intervenir en las tres fase del ciclo afiliativo (alta, permanencia y baja), estableciendo para cada uno de ellos una metodología destinada a potenciar la inscripción de nuevos afiliados, garantizar su fidelización y permanencia y mejorar la recuperación de quienes causen baja.

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147. Fidelización y permanencia: los objetivos de crecimiento planteados han de ir acompañados de medidas orientadas a reforzar la fidelidad y la permanencia de los ya inscritos, reduciendo las bajas que se producen.

148. A este respecto, el estudio realizado por el Observatorio Confederal de la Afiliación sostiene que de cada 100 nuevas afiliaciones que se producen en CCOO, 30 provienen del centro de trabajo y 70 las podemos denominar “pasivas”, es decir, se producen a través de Internet o directamente en los locales.

149. Una vez que sepamos los recursos con que contamos, cuando se termine de desarrollar el sistema informático de UAR, podremos tener una mejor información de las personas próximas a la jubilación. Para ello realizaremos una evaluación trimestral del grado de cumplimiento de los objetivos. Dicha evaluación deberá estar basada en los informes aportados por las personas responsables en los distintos ámbitos.

150. Reforzar los valores del sindicalismo que representa CCOO: ética, transparencia, solidaridad, cooperación, diversidad.

151. Necesitamos contrarrestar los valores que sustentan ideológicamente el modelo económico neoliberal injusto e ineficiente de crecimiento sin límites y de globalización sin derechos, basado en la mercantilización de las relaciones laborales, el individualismo, la opacidad y la manipulación informativa.

152. Queremos dar respuestas y proponer alternativas desde los valores del sindicalismo de clase que representamos. Que defiende la solidaridad, la cooperación, la ética, la transparencia, la justicia social y la prevalencia del interés colectivo por encima de los privilegios individuales.

153. Que rechaza cualquier idea, discurso o actitud racista y xenófoba. Debemos ser coherentes con los valores que defendemos y nuestras prácticas sindicales, entre lo que decimos y lo que hacemos, para ganar la confianza de las personas que están decepcionadas ante la falta de respuesta y de independencia de las instituciones democráticas para hacer frente al poder económico y financiero.

154. La cultura y el trabajo cultural para difundir nuestros valores deben formar parte con naturalidad de nuestra actividad sindical, con el objetivo de contribuir a la reflexión estratégica, ideológica y política sobre los retos del sindicalismo y del mundo del trabajo y la construcción de un relato social alternativo.

155. A través de la Fundación Cipriano García, en su nueva etapa, diseñaremos y impartiremos acciones formativas para nuestro activo sindical. Impulsaremos informes, estudios e investigación sindicales en temáticas como la economía, el derecho laboral, la inmigración y la sociología del trabajo, así como la actualización y el mantenimiento de las bases de datos en estas materias.

156. Haremos tareas de divulgación y recuperación de la memoria histórica y de preservación de nuestro patrimonio documental. Y fomentaremos la cultura sindical y los valores de CCOO de Cataluña, a través de la programación de actividades culturales.

157. Nos proponemos consolidar y fortalecer los vínculos y espacios de colaboración con el mundo de la cultura y la universidad, buscando complicidades e impulsando espacios de discurso compartido, y extender nuestras reflexiones en torno al modelo de sindicato de clase y nacional. Desde la consideración de que el conocimiento y

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el uso del catalán es un derecho de ciudadanía y un factor de cohesión social, el sindicato debe impulsar una política lingüística vinculada a las políticas laborales y sociales que promuevan la igualdad de oportunidades, el acceso a un trabajo digno y unos servicios públicos de calidad.

158. El Servicio lingüístico debe promover actuaciones para la extensión del uso del catalán en nuestra organización y en el ámbito laboral en un contexto multilingüe. En el marco de la cooperación sindical, actuaremos en las redes y los organismos internacionales de los que formamos parte, a través de la Fundación Paz y Solidaridad, como instrumento estratégico de la acción sindical internacional. Los socios elegidos en el marco de la política de cooperación serán organizaciones democráticas reconocidas por la OIT.

159. Los recientes procesos de cambio en los países de la orilla sur del Mediterráneo han mostrado las carencias sociales y democráticas y la inexistencia de un verdadero diálogo social. La solidaridad que conlleva la vecindad geográfica y la importancia estratégica del área mediterránea hacen que sea una prioridad sindical la cooperación en el desarrollo y la consolidación de las organizaciones sindicales en esta área.

160. Defendemos el carácter público de la política de cooperación y la necesaria participación en su seguimiento para garantizar el compromiso solidario. Por otra parte la política de recortes de los gobiernos en el ámbito estatal, autonómico y municipal pone de manifiesto la necesidad de acceder a nuevas fuentes de financiación que garanticen la continuidad de la política de cooperación sindical y reforzar la autonomía de la Fundación,

desarrollando nuevas estrategias como la captación de socios y la consolidación de espacios de colaboración con otras entidades en la búsqueda de nuevas fuentes de financiación y recursos.

161. La diversidad de la clase trabajadora catalana es un hecho, como lo es la de la sociedad catalana. La vinculación entre unidad y diversidad es la fuerza de nuestro sindicato y del movimiento obrero, y es el fundamento de la cohesión social: la defensa de los derechos laborales y sociales de todos los trabajadores y trabajadoras, pero también la defensa de los derechos específicos de varios colectivos que tienen un punto de partida diferente, por desconocimiento o dificultades idiomáticas, situación administrativa o legal, desconocimiento del entorno, desconocimiento de derechos o carencias para necesidades específicas o por discriminación por razones de procedencia, color, discapacidad o por orientación sexual. Las alianzas sociales, relaciones y complicidades deben facilitar construir alternativas.

162. Desde CCOO de Cataluña entendemos el sindicalismo como defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras en relación a sus derechos laborales en el centro de trabajo, pero también como defensa y reivindicación de los derechos de ciudadanía de todas las personas que conforman la clase trabajadora. La necesidad de dar respuesta al importante ataque contra el Estado de bienestar y contra los derechos de ciudadanía, que los gobiernos central y catalán están llevando a cabo mediante los recortes en los servicios públicos y su privatización, nos obliga a construir propuestas alternativas a la lógica neoliberal y a hacerlo tejiendo alianzas con otros sectores y movimientos sociales.

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163. CCOO de Cataluña tenemos una larga y dilatada experiencia de participación en espacios unitarios estratégicos que, en el último mandato, se ha visto reforzada por el apoyo social recibido a partir de las convocatorias de huelga general del 29-S de 2010 y del 14-N de 2012, y la lucha contra las políticas de recortes de los gobiernos central y autonómico, realidades que han reforzado estas alianzas y que han dado como fruto la creación de la plataforma BASTA DE RECORTES a nivel de Cataluña, y que se ha replicado por todo el territorio, así como de otros espacios de trabajo en red en el marco de reivindicaciones concretas como puede ser la ILP hipotecaria por la dación en pago, la Plataforma por una fiscalidad justa, ambiental y solidaria, etc.

164. Hoy, uno de los retos de nuestro sindicato es consolidar estos espacios y ampliarlos, profundizando aún más las alianzas con los diferentes sectores, entidades y movimientos sociales, desde la colaboración y la complementariedad de funciones en la defensa de los valores democráticos y del Estado de bienestar y en la lucha contra las discriminaciones.

PROPUESTAS E INICIATIVAS DE ACTUACIÓN PARA FORTALECER LA FEDERACION DE PENSIONISTAS

LUCHA CONTRA EL COPAGO Y RECUPERACION DE LOS MEDICAMENTOS QUE ESTÁN FUERA DE LA LISTA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DERECHO A UNA MUERTE DIGNA

DERECHO A LA EUTANASIA

DERECHO A LA SALUD BUCODENTAL A TRAVÉS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LOS CAPS, Y SU GESTIÓN PÚBLICA

ELIMINACIÓN DE LAS LISTAS DE ESPERA

SALUD PREVENTIVA CON REVISIONES PERIÓDICAS Y ANUALES

DERECHO A LA ATENCIÓN GERIÁTRICA EN LOS CAPS, CON PROFESIONALES DE LA ESPECIALIDAD

EL SINDICATO TIENE QUE TENER UN PAPEL MÁS IMPORTANTE QUE EL ACTUAL CON TODOS LOS COLECTIVOS IMPLICADOS EN NUESTRA SALUD, COORDINANDO CON TODOS ELLOS LAS ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE CONFLICTO ENTRE TRABAJADORES SANITARIOS Y LOS USUARIOS.

CCOO TIENE QUE SER LA HERRAMIENTA MÁS IMPORTANTE PARA CONSEGUIR LOS OBJETIVOS PROPUESTOS.

 

EJE 9. CCOO. UN SINDICATO DE MUJERES Y HOMBRES

165. El patriarcado, modelo de organización social y cultural donde las relaciones sociales se estructuran por el dominio del hombre (derivado de la ideología de que este es superior a la mujer), persiste en muchos ámbitos de la sociedad actual y tiene graves efectos: desigualdad en la distribución de oportunidades entre mujeres y hombres en los ámbitos del empleo, de los recursos, de la visibilidad y de la representatividad.

166. La lucha feminista ha logrado grandes avances en la aplicación de medidas para reducir las desigualdades de género y la discriminación;

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desgraciadamente la situación de crisis y, como consecuencia, la aplicación de políticas de recortes han provocado un retroceso de los avances logrados.

A consecuencia del modelo patriarcal imperante en nuestra sociedad, los efectos negativos de la crisis en las mujeres son diversos:

- Aumento de las horas dedicadas al trabajo doméstico, a fin de mantener la calidad de vida de los miembros del hogar

- Incremento de los contratos laborales precarios, a tiempo parcial o directamente irregulares; muchas mujeres, al disminuir los ingresos familiares, se ven obligadas a desarrollar todo tipo de trabajos (a menudo poco cualificados y mal remunerados) para complementar la renta familiar, o como aportación única a la unidad familiar

- Impacto del incremento del coste de la vida y las privatizaciones en la renta; el aumento de precios de los productos básicos, con sueldos estancados o pensiones claramente disminuidas, con respecto a la subida de la cesta de la compra y los productos de consumo obligado, como el gas, la electricidad y el transporte público, cargan de manera especial los costes del ajuste de los hogares a las mujeres; no sólo es más trabajo propio, sino menor consumo para las propias mujeres, por lo que en muchos casos no se llega a un nivel de suficiencia, poniendo en riesgo su salud

- El rol histórico de cuidadoras de las mujeres, no eliminado pero sí minimizado antes de la crisis, lo han tenido que retomar para apoyar a la red

familiar; esta "nueva realidad" ha representado un paso atrás en la participación activa de las mujeres en los diferentes ámbitos sociales, sindicales y políticos.

167. En las mujeres mayores de 65 años, estos efectos negativos se agravan:

- Un alto porcentaje de mujeres viudas continúan viviendo con una pensión por debajo del salario mínimo interprofesional

- El rol de cuidadora, prestando apoyo a la red familiar (haciéndose cargo de personas enfermas, teniendo cuidado de los niños....), se vuelve más duro y estresante de lo que ya es habitualmente cuando se lleva a cabo por una mujer mayor de 65 años que, por cuestiones naturales, no dispone de la misma salud ni fortaleza de una persona joven.

168. La violencia machista es otro de los efectos de la desigualdad derivada del modelo patriarcal; es una lacra social que atenta contra los derechos humanos y el derecho a la vida en cualquiera de sus formas: mujeres asesinadas por sus parejas, mujeres que sufren acoso en sus puestos de trabajo, mujeres que sufren violencia psicológica dentro de su entorno, mujeres jóvenes que sufren miradas y comentarios denigrantes, mujeres inmigradas que sufren doblemente: por ser mujeres y por ser inmigrantes, mujeres invisibles que se dedican a la prostitución y son víctimas de las mafias, mujeres transexuales, estigmatizadas y marginadas, mujeres mayores que sufren precariedad y pobreza por unas pensiones indignas

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tras el esfuerzo de toda una vida de trabajo y cuidado ...

169. La Federación de PP y JJ trabajaremos, conjuntamente con el resto de federaciones de la organización y específicamente y más estrechamente con las diferentes secretarías de la mujer de la CONC, para cambiar esta realidad de injusticia y desigualdad

PROPUESTAS DE TRABAJO

170. Con el objetivo de consolidar el trabajo realizado hasta ahora, incrementar la participación de las mujeres jubiladas en la dinámica federativa, en los diferentes ámbitos, y avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres, proponemos la elaboración de un plan de trabajo para el periodo 2017-2020 con cronograma y evaluación anual, con las líneas y propuestas de trabajo:

a) mejorar la comunicación interna, creando una base de datos específica de todas las mujeres afiliadas para podernos dirigir a ellas de una manera personalizada

b) mejorar la comunicación externa, elaborando artículos de opinión y de explicación de nuestras actividades y/o acciones para publicar en cada número de la revista La Nostra Veu, y en otras revistas que se publican en la CONC, especialmente en la revista que editan la Secretaría de la Mujer y la Federación de Sanidad

c) planificar actividades de sensibilización y de empoderamiento de las mujeres jubiladas a través de talleres (mixtos y específicos) de temáticas

diversas; estos talleres estarán descentralizados a lo largo del año y se deberían incluir en una jornada general de mujeres jubiladas en la que se compartirán las experiencias logradas en los diferentes talleres y en la que participarán mujeres de otros movimientos sociales

d) movilizarnos y participar como Federación de PP y JJ en todas aquellas actividades y acciones organizadas en defensa de los derechos de las mujeres (manifestación de mujeres viudas, conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, conmemoración del Día Internacional contra la Violencia machista, manifestación sobre pensiones dignas...)

e) iniciar negociación porque en la Federación de PP y JJ la paridad en los órganos de dirección no sea una cuota sino un hecho de absoluta normalidad

f) elaboración de una base de datos específicos de mujeres mayores de 65 años para conocer su situación en los ámbitos de salud, económico...., recogiendo datos de estudios específicos elaborados por diferentes organismos y asociaciones; esta base de datos nos debe servir para diseñar otras líneas de trabajo

g) diseño y ejecución de una campaña específica dirigida a mujeres afiliadas que en breve iniciarán su jubilación, dando a conocer la actividad que desarrolla la Federación de PP y JJ

h) creación de un canal directo de comunicación con la Secretaría de la Mujer de la CONC, para compartir

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acciones y incorporarnos a su organización

e) establecer estrategias de trabajo y de compartir experiencias con otras organizaciones de mujeres jubiladas de nuestro entorno

Barcelona, 1 de octubre de 2016

EJE 10.- INTERNACIONAL: CES Y FERPA

171. Las grandes áreas económicas como la Unión Europea deben incrementar su capacidad para intervenir políticamente en la regulación de los mercados y en la economía, como mecanismo democrático de primer orden, y de la misma manera hay que construir instituciones transnacionales que permitan limitar o regular los efectos de la liberación a ultranza de los capitales.

172. En este terreno transnacional, y ante esta situación, no sirve ni la complacencia acrítica, que interesadamente inculca la falsa confianza de que la mundialización supondrá al fin el acceso al bienestar de todos los países y ciudadanos, ni el resistencialismo a ultranza, que considera indudable que la transnacionalización provoca exclusión social y merma de los derechos, sino el afrontar el reto luchando por la democratización, la mejor distribución de la riqueza generada y por convertir al conjunto de la humanidad en sus beneficiarios.

173. Hay una iniciativa, impulsada por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), para que los sindicatos de cada

Estado miembro insten a los gobiernos a que promuevan, sin la menor dilación, actuaciones adecuadas para enfrentarse a la crisis, preocupados por la situación de la emergencia que está viviendo la UE, tanto en términos económicos y sociales como políticos. Ante una situación económica caracterizada por la agudización de la crisis de las deudas soberanas y la avalancha de indicadores que pronostican la caída de una nueva recesión.

173. Las instituciones políticas de la UE, Consejo, Comisión y BCE, no muestran sino una total falta de liderazgo, inacción, contradicciones constantes y ausencia de medidas políticas adecuadas. Estamos a más de dos años y medio de manifestarse los primeros síntomas de la crisis griega, el problema de las deudas soberanas es ahora mucho más agudo y está mucho más extendido, afectando en estos momentos fuertemente a España y en mayor medida a Grecia, Portugal e Italia; por tal motivo, se insta a los gobiernos a que promuevan, sin la menor dilación, actuaciones adecuadas para enfrentarse a la crisis, preocupados por la situación de emergencia y el reemplazo de los parlamentos elegidos por el pueblo soberano, substituidos por los tecnócratas que imponen los mercados.

174. Ante esta situación, exigimos que se promueva la intervención del BCE en los mercados de la deuda, y otras medidas complementarias contra la acción de los especuladores. Estas acciones deberían dejar paso, sin demora, a una solución de fondo que, a nuestro juicio, pasa necesariamente por la emisión de eurobonos, garantizados

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por el BCE, lo que se convertiría en una parte significativa de las deudas nacionales, o por la transformación del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) en prestamista de última instancia, también con la garantía del BCE. Y para ello, es necesaria la actividad del movimiento sindical organizado en el seno de la CES, y de los pensionistas y jubilados en la FERPA, pues ante un proceso irreversible, que está marcando ya el futuro de la humanidad, no podemos recluirnos en cada país dependiendo de los niveles de vida propios y específicos por separado, actuación que convertiría a los sindicatos en instrumentos del nacionalismo excluyente e insolidario para acabar, no obstante, sucumbiendo ante una dinámica imparable de esta interrelación económica y cultural a la que actualmente asistimos

175. Hay que tener en cuenta que uno de los colectivos más afectados por el déficit democrático y social de la UE es el de las personas mayores; en este contexto, podemos asegurar que los mayores somos los sufridores de la falta de una legislación comunitaria justa y solidaria.

176. Que proteja nuestros intereses, ya que dependemos de lo legislado en nuestros propios países, y España está situada entre los países que están a la cola en materia de disposiciones sociales. En relación a la FERPA y la CES, a las cuales pertenecemos la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO desde su fundación, consideramos primordial el participar activamente como interlocutores solventes en la nueva dinámica

internacional que se nos presenta, con capacidad para decidir y actuar en todo lo relacionado con las políticas sociales que afectan directamente al colectivo de personas mayores.

177. Situación de los pensionistas y las personas mayores en la sociedad. Desde nuestra óptica, las propuestas que contiene el Libro Blanco, que consisten sobre todo en estudios, investigaciones y documentos de “apoyo” a las futuras reformas en los estados miembros, no permitirán construir sistemas de pensiones que respondan a las expectativas que desde nuestra Federación planteamos y, sobre todo, a las necesidades de los pensionistas actuales y futuros, y tampoco realizarán los objetivos sugeridos en el título.

178. De la misma manera, desde CCOO y la CES, lamentamos la ausencia de propuestas destinadas a reforzar los sistemas públicos de pensiones, basadas en la solidaridad entre generaciones, ya que son las más adecuadas para garantizar la renta de los pensionistas. Reforzar los sistemas significa dotarlos de unos recursos, es decir, dar prioridad a las inversiones que fomenten el crecimiento, la creación de empleo estable de calidad y los salarios decentes.

179. A la vez consideramos inaceptable que el Libro Blanco sobre Pensiones defienda los sistemas privados complementarios sin analizar que estos están debilitando también el sistema público por la vía de eludir su cotización a la Seguridad Social y a los sistemas fiscales, a través de los llamados

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salarios diferidos. Hay que tener bien presente que en la actualidad las pensiones constituyen la principal fuente de ingresos de una cuarta parte de la población de la UE y, más adelante, los jóvenes europeos también acabarán dependiendo de las pensiones.

180. El envejecimiento activo: En efecto, las numerosas actividades desarrolladas por la mayoría de las personas mayores aportan a la sociedad una contribución indispensable en la vida social, que implica en contrapartida una solidaridad necesaria entre las generaciones.

181. La FERPA deberá comprometerse a reflexionar sobre el modelo social europeo, la temática del envejecimiento activo, desarrollando iniciativas, aspirando a compartir información sobre las mejores experiencias y proporcionando espacios de reflexión sobre los modelos de relaciones industriales, sobre la estructura de la negociación y de la acción sindical en general, para aportar una respuesta eficaz a estos problemas.

182. Para definir un modelo que consiga conciliar las necesidades de los jóvenes y de los mayores, será necesario fomentar el envejecimiento activo de manera global, especialmente en las diversas formas del voluntariado, y no de encuadrar a los mayores únicamente en la prolongación de la vida profesional. Esto demostraría que podemos llegar a intervenir eficazmente en todos los sectores de la sociedad civil. No obstante, la mayoría de ellos consagran su tiempo en ofrecer su ayuda a la familia, ayudando así a la sociedad a

superar las dificultades considerables sin afectar económicamente a la comunidad.

183. Desde la FERPA se opina que cada persona puede estar en activo en plena edad de jubilación, y poco importa la edad fijada por la legislación nacional. Asimismo, las condiciones de trabajo deben respetar las siguientes condiciones:

184. La situación de salud de cada ciudadano. El acceso a nuevas tecnologías. La formación continua. Ya va siendo hora de que se reconozcan todas las actividades dedicadas a las personas mayores que contribuyen a crear riqueza para la sociedad y los diferentes estados.

185. Existe un trabajo realizado durante estos últimos años por la CES, la FERPA y sobre todo la importante participación de nuestra Federación de Pensionistas, elaborando diversos informes y documentos e iniciativas para reivindicar los derechos de las personas mayores y presentarlos al Parlamento Europeo como:

a) Los derechos de las personas con autonomía reducida.

b) La solidaridad intergeneracional y el papel de los mayores en el sindicato.

c) La integración social y el análisis demográfico, para la definición del envejecimiento activo.

d) El Libro Blanco sobre las Pensiones.

e) Documento sobre 2012, Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional.

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El derecho a la sanidad pública, salud, sistemas de atenciones especiales y servicios públicos de calidad.

186. En los últimos años se ha producido una base considerable de inversiones en las políticas de sanidad. La FERPA estima que, aun exigiendo un reequilibrio de los gastos, los países de la UE con economías avanzadas deberían invertir en la sanidad pública de sus ciudadanos.

187. Así, las inversiones solidarias y de calidad en el sector de la sanidad pública, tanto a nivel personal como a nivel material, con una buena coordinación supranacional, podrían ciertamente contribuir a corto plazo a una reducción de las desigualdades de la sanidad entre las regiones y los ciudadanos de la UE. Por este motivo la FERPA plantea:

1º.- El derecho a la sanidad y a la salud pública, sistemas de atención especiales y unos servicios públicos de calidad.

2º.- Garantizar la calidad de los cuidados y mejorar la salud de la población para que se pueda actuar eficazmente sobre las cuestiones de salud.

3º.- El derecho a una jubilación digna, financiada con recursos apropiados y seguros, ya que la mayoría de los estados deciden reducir sus gastos sociales y las prestaciones previstas por sus legislaciones nacionales; con el impacto que esta medida supone para el colectivo de personas mayores en la UE.

188. Asimismo, la FERPA preconiza las competencias siguientes:

a) Tomarse en serio por parte de la UE el aprobar una directiva para la eliminación de todo tipo de barreras arquitectónicas, en las ciudades, viviendas, administraciones y transportes.

b) La FERPA seguirá reivindicando su integración en la CES con pleno derecho.

c) Desde la FERPA se plantea que la igualdad de género se imponga tanto para los hombres como para las mujeres y deje de ser un problema; por tal motivo, reivindicamos que, prioritariamente, estas desigualdades sean abolidas en todos los países de la UE, incluyendo aquellas en materia de renta.

d) Es preocupante lo concerniente a la libertad de circulación y de movimiento en la UE, y el proceso de integración cada vez más estrecho de los pueblos y de sus ciudadanos en Europa.

Garantizar la calidad de los cuidados y mejorar la salud de la población

189. Para que se pueda actuar eficazmente sobre las cuestiones de salud, la FERPA preconiza las cuatro competencias siguientes:

*La prevención.

*La promoción de modos de vida sana.

*La intervención sobre los factores determinantes para la salud.

*La asistencia médica y el derecho de los pacientes.

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190. La combinación de estos elementos puede dar una primera respuesta eficaz al problema, influyendo sobre la financiación del sistema, los actos para mejorar la salud de la población y la difusión equilibrada de la información.

191. La FERPA ha hecho un esfuerzo considerable, que ha desembocado en una búsqueda, para recoger testimonios en varios países sobre la manera como se ha respondido a las dificultades resultantes de la pérdida de autonomía de las personas. A fin de no perder lo que ha sido el objeto, entre otras cosas, de discusiones interesantes en algunos estados miembros, la FERPA ha adoptado una “Carta de los derechos de las personas dependientes”.

192. Porque la pérdida de autonomía ha llegado a ser desgraciadamente un problema común en todos los países de la UE, en la medida en que ello implica también a personas de muy diferentes edades.

193. Una gran parte de las personas afectadas en razón de procesos fisiológicos degenerativos que acompañan el envejecimiento se encuentra justamente dentro de la categoría de personas mayores.

194. Nuestras reivindicaciones: Es necesario iniciar las medidas que permitan promover una iniciativa popular europea en materia de dependencia, que aspire a la adopción de una ley marco para ayudar a las persones vulnerables, utilizando el nuevo instrumento del derecho de una iniciativa popular prevista en el tratado. En este contexto, estimamos que es muy importante el prestar mayor atención a las cuestiones

del entorno ligadas a la movilidad de las personas físicamente o psicológicamente frágiles, en los dos planos analizados para la búsqueda más profunda sobre el tema.

195. Dentro de este contexto, durante los próximos años, la FERPA y sus federaciones afiliadas deberán velar por que la Comisión y los estados miembros de la UE no miren a los ciudadanos más vulnerables, y en particular a los pensionistas y personas mayores, como objetos de gasto público, sino como ciudadanos de pleno derecho.

196. Ya va siendo hora de que las instituciones, los partidos políticos y nosotros, como sindicato y Federación de Pensionistas, nos pongamos de acuerdo y adoptemos propuestas y compromisos para asumir el reto de dar un giro determinante y conseguir invertir la dinámica actual. No podemos demorar nuestra actuación por más tiempo: el presente y el futuro que se nos presentan pueden ser totalmente caóticos y, o globalizamos las protestas y movilizaciones a nivel internacional, o el retroceso político, laboral y social será de varias décadas para las clases trabajadoras y el colectivo de personas mayores en la Unión Europea.

EJE 11.- FORMACIÓN

EXPOSICIÓN

Con la jubilación se abre una nueva etapa de crecimiento personal y de múltiples posibilidades, siempre que se sepan adaptar las actividades a las circunstancias individuales de cada persona.

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197. Hay que tener en cuenta que esta es una de las etapas más largas de nuestra vida. Que no podemos, ni debemos, relegar las posibilidades de formarnos y crecer como personas a un segundo plano.

198. La masiva incorporación de afiliados a nuestra Federación, prácticamente hemos doblado en número de adscritos, y sus diferentes realidades:

• Condiciones economías.

• Nivel cultural.

• Estado de salud fisco y/o psíquico.

• Hábitos de ocio previos a la jubilación.• Etc.

199. Lo anterior ha hecho que nos planteemos que tipo de Formación debemos ofertar a nuestros afiliados. De manera que esta llegue al mayor número de personas. Por eso hemos dividido la Formación en seis áreas diferentes:

1. Educación como alfabetización, ya que muchos de nuestros mayores, por circunstancias socio históricas, no tuvieron la oportunidad de cursar los estudios básicos, sobre todo en el caso femenino.

2. Educación para el ocio y la cultura, que se ha incrementado en los últimos años considerablemente.

3. Educación orientada hacia la preparación para la jubilación, dado que ha aumentado la esperanza de vida, por lo que se requiere cada vez mas, la necesidad de reflexionar acerca de los

nuevos proyectos que queramos desarrollar en esta etapa de la vida.

4. Educación para promover la participación que desde el año 1992, a través de la ANS, se proclamaba en el Plan Gerontológico Nacional.

5. Educación para la sensibilización hacia el envejecimiento, en la línea de difundir las dimensiones positivas de la persona mayor para proporcionar un envejecimiento activo y así prevenir la dependencia.

6. Educación para el desarrollo personal, adaptándose a los nuevos cambios sociales sobre todo en el ámbito de las nuevas tecnologías.

Con la intención de que nadie quede excluido y que las necesidades e inquietudes de todos sean sobradamente satisfechas.

CONCLUSIONES

OBJETIVOS

200. Este Grupo de Trabajo cree que el objetivo final de la Federación en materia de Formación debe ser:

• Prevenir declives prematuros como consecuencia del envejecimiento normal y/o patológico.

• Desarrollar y potenciar el crecimiento personal y aumentar la calidad y disfrute de la vida.

PROPUESTAS

201.Que todas las actividades promovidas por esta Federación, salvo las sindicales o reivindicativas, tengan un transfundo cultural.

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Hacer una consulta a los afiliados para conocer cuáles son sus inquietudes, saber que tipo de formación les gustaría recibir e intentar ofertársela.

Ayudar y guiar a todos los afiliados a esta Federación que quieran cursar estudios reglados.

BLOQUE III Objetivos para hacer nuestra Federación más útil para mejorar las condiciones de vida de las personas pensionistas y jubiladas.

202. Todos y todas, tenemos presente una larga lista de reivindicaciones para conseguirlo.

203. He aquí algunas de ellas: defensa de las pensiones públicas y aumento de sus cuantías, tanto de las contributivas como de las no contributivas; defensa de la sanidad pública luchando contra el repago, por la eliminación de las listas de espera, por el derecho a la salud preventiva y la atención geriátrica en los CAP. El derecho a la eutanasia y a una muerte digna.

204. También la mejora de la aplicación de la Ley de dependencia mediante, por ejemplo, la oferta de plazas públicas suficientes en las residencias de la 3ª edad, en los centros sociosanitarios, revisando los criterios de repago.

205. La eliminación de barreras arquitectónicas, la adaptación del transporte público para hacerlo accesible a todo el mundo, la adaptación, también, de viviendas y su rehabilitación, para posibilitar la máxima autonomía e independencia a las personas mayores.

206. La creación de estructuras y equipos especializados que atiendan íntegramente las personas que sufren maltrato físico, psicológico, abuso económico, abandono.

207. Y podríamos seguir hasta tener una larga lista.

208. Nuestra Federación, la de Pensionistas y Jubilados de CCOO, debe ser una herramienta útil para avanzar en la conquista de estas reivindicaciones, que son las del colectivo al que pertenecemos y al que nos dirigimos. Pero muchas de ellas son compartidas por trabajadores y trabajadoras en activo y personas desempleadas, y el hecho de estar organizados en un sindicato de clase, CCOO, con una sólida tradición sociopolítica, nos ayuda.

210. Pero, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra Federación y tener más capacidad y fuerza para luchar por estas reivindicaciones e impulsar movilizaciones, si es necesario? Hay que pensar, mientras se acerca nuestro Congreso, seguro que también, todas y todos, tenemos muchas propuestas que hacer.

211. Dada la nueva realidad de la doble afiliación, seguro que se debe continuar el trabajo con el resto de federaciones para facilitar el contacto con sus prejubilados y prejubiladas, y también con personas cercanas a la edad de jubilación, con el objetivo de mantener su afiliación a CCOO. Continuar, asimismo, favoreciendo la creación de agrupaciones de empresa con el apoyo de sus comités.

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212. Es importantísimo potenciar el área de la mujer pensionista, incrementando su presencia y su participación en las tareas cotidianas de la Federación y en sus órganos de dirección, para defender con más acierto las reivindicaciones de este colectivo.

213. Es necesario que nos esforzemos en tener mucho cuidado en la atención a nuestra afiliación, para dar una mejor respuesta a sus necesidades de información y asesoramiento, así como hacer lo posible para ampliar la oferta de servicios.

214. El impulso de actividades formativas, de debate, culturales, de ocio.., abiertas también a personas no afiliadas, seguro que ayudarán también a hacer que más compañeros y compañeras se impliquen en tareas federativas o se acerquen a nuestra Federación .

215. Es fundamental la organización de campañas divulgativas, tanto de los derechos que tenemos como de los que queremos reivindicar, en todos los ámbitos en los que participa o acude gente mayor, si es que queremos que las acciones que proponemos tengan éxito.

216. Habrá también que hacer visible nuestra acción, tanto dentro de CCOO como fuera, mediante el establecimiento de un plan de comunicación.

217. Pero, como no estamos solos defendiendo los intereses de las personas pensionistas y jubiladas, hay que seguir trabajando por la unidad de acción con UGT, fortalecer nuestro papel dentro de la Plataforma Unitaria de las

Personas Mayores de Cataluña, profundizar en nuestra relación con la Asociación de Viudas, establecer relación con otras asociaciones con las que podamos coincidir y, siempre que sea posible, participar en las plataformas y movimientos que reivindiquen los derechos de nuestro colectivo.

218. Sin embargo, debemos tener muy presente la importancia de promover nuestra participación institucional en todas partes donde sea posible: consejos de la gente mayor de distrito, locales, comarcales, intercomarcales. Aunque sean sólo consultivos, pueden ser un muy buen altavoz de nuestras reivindicaciones.

219. En este aspecto, también la lista puede ser más y más larga.

220. Tenemos tiempo para pensar en ello y hacer aportaciones. Una vez recogidas habrá que analizarlas y priorizarlas para hacer un plan de trabajo que sea posible llevar a cabo con éxito a lo largo de los próximos cuatro años.

PLAN DE ACCIÓN

FEDERACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS 2017-2021 (11º CONGRESO)

MARCO DE REFERENCIA

221. Es necesario definir un plan concreto y específico para la Federación de PP y JJ. Este plan debe desarrollar los acuerdos de las ponencias del 11º Congreso de la Federación Estatal y de CCOO de Cataluña.

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229. El Plan de acción debe revisar y actualizar la inercia en las formas de lucha, debe organizar, comunicar y dirigir.

230. Es evidente que repensar da impulso a la creatividad entre el conjunto de las personas miembros de la organización, hace reaprender y modifica lo que ya se sabe; hay que ser conscientes de que la creatividad sólo es posible allí donde las expectativas están abiertas, el aprendizaje no está dormido y donde se exige rigor en la comparación continua entre los objetivos y los resultados.

231. Quienes somos?: la Federación de PP y JJ es la organización de todas las personas jubiladas y pensionistas afiliadas a CCOO; trabaja ejecutando el proyecto de sindicalismo confederal de la CONC y de la Confederación de Comisiones Obreras, y la conforman los cuadros sindicales.

232. Estos cuadros son conocedores de las políticas y problemáticas de nuestro sector de población, y su labor se centra en diseñar una acción unitaria en todos los territorios, tanto en Cataluña como en el resto del Estado.

233. La Federación de PP y JJ, en Cataluña como organización nacional de la CONC, y en el Estado como miembro de la Confederación de CCOO de España, reúne el proyecto sindical sociopolítico en el territorio catalán y es garante de los derechos de participación, formación e información de afiliados y afiliadas.

234. Coordina los servicios a la afiliación (atención, asesoramiento, oferta de

servicios), desarrolla la acción sindical en las instituciones, la concertación social territorial y las alianzas con organizaciones y movimientos sociales y políticos del territorio. Además, se convierte en elemento de ayuda a la voluntad común y el desarrollo de la acción sindical en los centros de mayores de Cataluña.

OBJETIVO GENERAL

235. Conviene fortalecer la organización, reuniendo el mayor número posible de personas implicadas en esta idea; hacerlo buscando la utilidad de la Federación y huyendo de la rutina, y organizar el Plan de acción en líneas de trabajo como puntos comunes a desarrollar para ser una organización transversal y útil para todos. Con un elemento nada baladí: priorizar; no olvidemos que somos voluntarios.

LÍNEAS DE TRABAJO

Línea 1

236. Generar e intensificar las acciones en defensa de nuestros intereses como perceptores de servicios, manteniendo nuestros derechos; defendiendo los derechos alcanzados (buena parte de ellos actualmente en peligro) y reivindicando el cumplimiento completo de todos ellos.

237. Estrategia para la ejecución de la línea de defensa de nuestros intereses: implementar las campañas informativas y reivindicativas adecuadas en cada ámbito de reivindicación

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Línea 2

238. Es necesario difundir nuestras propuestas:

Estrategia para la ejecución de la línea para difundir nuestras ideas: tener participación social como Federación donde se nos invite, participar sin perder nuestra identidad, generar núcleos de trabajo donde podamos mantener relaciones colaterales y colaboraciones (siempre que los planteamientos sean coincidentes), y mejorando nuestros canales de comunicación, tanto internos como externos.

239. Coordinarnos con otros movimientos sociales que comparten nuestras opciones y propuestas, con el convencimiento de que nuestro bagaje nos permite convertirnos en una organización de referencia en estos movimientos.

240. Tener participación activa en la representación institucional, liderando las propuestas de mejora adecuadas en todos los ámbitos.

Línea 3:

241. Mejorar la transversalidad interna y externa.

Estrategia para la ejecución de la línea de mejorar la transversalidad interna y externa: trabajar allí donde todavía no tenemos coordinación con todos los ramos, para reforzar el objetivo de un sindicalismo confederal; nuestra característica sociopolítica nos compromete con las organizaciones territoriales.

242. Todo el mundo debe entender el papel de nuestra Federación de PP y JJ y la idoneidad de su colaboración con las secciones sindicales, uniones, instituciones, el conjunto del ámbito educativo –institutos y universidades–, así como relaciones con el ámbito de la gente joven trabajadora. Es necesaria la realización de reuniones orgánicas para debatir en torno a todo ello, para intentar mejorar las cosas, y organizarlo creando núcleos en las poblaciones, es decir, pequeños grupos de trabajo con inquietudes similares.

243. Mantener un trabajo estable en los ayuntamientos y otras instituciones comarcales y nacionales, contra todo tipo de pobreza y discriminación, o malos tratos.

Línea 4:

244. Potenciar y reforzar la afiliación.

Estrategia para la ejecución: buscar las estrategias y alianzas necesarias para mejorar la participación del conjunto de la afiliación en las tareas y acciones transversales que se propongan.

245. Reivindicar unas cuotas de afiliación, dada nuestra situación de pensionistas, con un tratamiento especial, un trato que tenga en cuenta que la mayoría de los servicios que el sindicato ofrece no nos son necesarios. Esto no quiere decir insolidaridad con la organización, sino que se realice una evaluación de los costos de todos los servicios que no usamos, que sirva para establecer una cuota reducida. Proponemos dos cuotas: una cuota con un máximo de 7 euros /mes para ingresos inferiores a € 12.400 (ya

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existente en la actualidad) y otra cuota especial para las personas afiliadas pensionistas que no supere los 9 euros mensuales (sin tener en cuenta los ingresos).

Línea 5:

246. Otro elemento fundamental es el de lograr en nuestra organización una igualdad de género real.

247. Estrategia para la ejecución: reforzar la presencia de las compañeras en los órganos de dirección y en las secretarías.

Línea 6:

248. Para poder llevar a la práctica las estrategias enumeradas, es necesario aplicar un método.

249. Estrategia para la ejecución de la línea de aplicar un método: generar líneas estratégicas para desarrollar planes de trabajo, recogiendo todas las propuestas, priorizando y coordinando las acciones a desarrollar.

250. En cuanto a la organización, a corto plazo, será necesario aprobar planes estratégicos, teniendo en cuenta la formación necesaria para que nuestros cuadros sindicales se doten de un refuerzo ideológico.

251. Están cambiando los tiempos para bien o para mal, para mal o para bien, nada volverá a quedar igual (Mario Benedetti).

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11 CONGRESO NACIONAL

PENSIONES

Como decíamos en el 10º Congreso, “el Sistema Público de la Seguridad Social es uno de los ejes vertebradores del Estado del Bienestar, elemento determinante de cohesión social y territorial de España, y un potente medio de redistribución intergeneracional de la renta. Además de su función en el fortalecimiento de la cohesión social, el Sistema de Seguridad Social tiene un papel de primer orden como estabilizador macroeconómico, sirviendo como garantía y sustentación de la demanda interna de bienes y servicios, provocando la generación de ocupación”.

Junto al Sistema Público de Seguridad Social, son esenciales para la cohesión social, el Sistema Público Sanitario, el Sistema Público de Enseñanza, el Sistema Público de Servicios Sociales. Todos ellos recibieron un fuerte impulso antes de la crisis económica, incluso el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia fue creado un año antes de que esta apareciera.

Hemos de defender el conjunto de los sistemas de protección social como garantía que los ciudadanos no quedan solos ante la adversidad y mediante el Sistema Público de Enseñanza se pueda garantizar la aplicación del principio de igualdad de oportunidades; nada nos han regalado, lo que hemos logrado, aún distante de la media de los países de la UE-15, ha sido con el esfuerzo del conjunto de los trabajadores y de

nuestras organizaciones sindicales, ya que hemos tenido la capacidad de luchar, negociar y acordar, arrancando poco a poco mejoras para cada uno de los sistemas.

Cuando la sociedad española y la catalana caminábamos en la equiparación de derechos respecto a los países de la UE-15, aparece la crisis económica y social una de las más largas y profundas que hemos conocido. Llevamos ya 9 años y consideramos que las medidas que se están adoptando no sirven para salir de ella. En España está agravada por el gran movimiento especulativo generado sobre un bien social necesario (la vivienda), a partir de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones.

En este tiempo de crisis económica y social se ha acentuado la crítica desde estamentos oficiales y de los poderes fácticos a las organizaciones sindicales. Lo más preocupante es que algunas organizaciones sindicales minoritarias y algunos movimientos emergentes se sumen a esa crítica, hemos de decir clara y abiertamente que no favorecen al conjunto de los trabajadores y sí favorecen a aquellos que quieren destruir el incipiente Estado de Bienestar y el movimiento sindical que lucha, negocia, pacta.

Hemos de decir claro y alto que los avances sociales en España en gran medida han sido fruto del trabajo del conjunto de la sociedad, ocupando un lugar determinante el movimiento sindical, siendo uno de los activos esenciales nuestra organización CCOO, por ello, fruto de las luchas generales, la

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negociación y el pacto, logramos que se produjeran las modificaciones legales necesarias para que en materia de pensiones: En octubre del año 1977, se produjeran los Pactos de la Moncloa. En noviembre del año 1978, se creara el sistema de participación institucional; el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS); el Instituto Nacional de Salud (INSALUD); el Instituto Nacional de Servicios Sociales; el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO); el Instituto Social de la Marina; la Tesorería de la Seguridad Social, como caja única del sistema, actuando bajo el principio de solidaridad financiera. En diciembre del año 1978, la Constitución Española en el artículo 41 contempla que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos y el artículo 50 contempla que los poderes públicos garantizaran, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad (se ha de plantear la exigencia de actualizar el lenguaje utilizado en la Constitución). En julio del año 1985, por primera vez, todas las pensiones se incrementaran con el IPC previsto por el Gobierno; proceso de equiparación de las bases de cotización con los salarios reales. En diciembre del año 1990 se crearon las pensiones no contributivas.

En abril del año 1995, los Pactos de Toledo, para garantizar la estabilidad financiera y las prestaciones de nuestro Sistema Público de Pensiones.. En julio del año 1997, la garantía del incremento de todas las pensiones con el IPC; incremento de todas las bases de cotización incluida la máxima. En julio del año 2002, el derecho a la jubilación anticipada; la jubilación parcial; la jubilación flexible; incentivos al retraso voluntario de la edad de jubilación; mejoras en la pensión de orfandad; viudedad el paso gradual del 45% al 52%; creación del Fondo de Reserva; calendario para la separación de fuentes. En diciembre del año 2007, reconocimiento de la pensión de viudedad a las parejas de hecho; mejora de los incentivos para el retraso de la edad de jubilación; jubilación flexible; pensiones mínimas en función de los ingresos de la unidad económica unipersonal; Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia; Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajador autónomo.

En 2008 aparece la crisis económica, todos recordamos que en los programas electorales de todas las formaciones políticas, a las elecciones generales del 9 de marzo de 2008 y a las del 20 de diciembre de 2011, en ninguna de ellos figuraban medidas concretas para

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afrontar la crisis que se iniciaba (2008) y en plena crisis (2011).

En plena crisis económica, el Gobierno del Partido Socialista publica el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas para reducir el déficit público. Suspende la revalorización de las pensiones, salvo las mínimas; reduce el salario de los funcionarios públicos un 5%; supresión, en la declaración de la renta, de los polémicos 400 € de deducción por nacimiento o adopción; supresión de la prestación económica de la Seguridad Social del pago único de 2.500 € por nacimiento o adopción, el llamado cheque bebé; etc.

Pero también reforma el marco de relaciones laborales mediante el Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. En lugar de tomar medidas para facilitar la flexibilidad interna en las empresas, se facilitan y se hacen ajustes de plantilla; la reforma facilita el despido haciéndolo más barato; elimina garantías legales; facilita las causas por las que se puede despedir a un trabajador; las reformas provocan la rotación de trabajadores en el mismo puesto de trabajo; esta ley no es eficaz, no aborda los problemas reales; etc. A los empresarios les va bien, están instalados en la precariedad laboral.

Hemos de manifestar que en ese tiempo la patronal jugó un papel beligerante, pretendía agudizar al máximo las tensiones para sacar tajada de la crisis; todos hemos de recordar la frase (nos hemos de acostumbrar ha trabajar mas y

a ganar menos), estas afirmaciones las hacía el presidente de la patronal Díaz Ferrán, actualmente en prisión; o la pronunciada por un dirigente del PP (que se hunda el país, ya lo sacaremos adelante nosotros cuando gobernemos), la derecha española en los inicios de la crisis y después ha mantenido una actitud de total insolidaridad, de ataque a las organizaciones sindicales mayoritarias y de recortar y privatizar servicios.

Presionado por la Troika, el Gobierno del Partido Socialista, además de los dos reales decretos antes mencionados, también pretendía hacer una reforma del Sistema Público de Pensiones: entre otros objetivos, la jubilación obligatoria a los 67 años; 41 años cotizados para el 100% de la base reguladora; periodo a tener en cuenta para el cálculo de la pensión, 25 años. Pretensiones muy parecidas a lo que se aplicaba ya en muchos países de la UE-15.

Las organizaciones sindicales mayoritarias, ante esta situación de ataque a los derechos logrados, convocamos huelga general el día 20 de septiembre de 2010, costó sacarla adelante entre otras cosas por los efectos que la crisis estaban teniendo ya en el conjunto de los trabajadores, por las presiones y coacciones de los empresarios a los trabajadores fundamentalmente en las pequeñas y medianas empresas (piquete no perseguido ni criminalizado). En la gran mayoría del país, no obstante, y con todos los obstáculos que nos pusieron, fue un éxito, y el Gobierno se vio forzado a negociar, de esta negociación surgió el

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Acuerdo Económico Social del 2 de febrero de 2011. El Gobierno rebajó los planteamientos iniciales; primer acuerdo en la Unión Europea en época de crisis económica de estas características; los mercados financieros dieron un respiro, frenaron el acoso; el acuerdo se dio en un contexto adverso.

Intereses de los grupos económicos funda-mentalmente el Sistema Financiero y Bancario en transformar el Sistema Público de Pensiones en un sistema mixto de capitalización.

Potenciar los sistemas privados.

En un entorno europeo de desmantelamiento del Estado del bienestar.

Fruto del acuerdo, entre otros aspectos, surgió la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre la actualización, la adecuación y la modernización del Sistema de Seguridad Social. Esta norma: preserva el carácter público, de reparto y solidaridad entre generaciones; evita que el Sistema Público se convierta en un sistema mixto, con pensiones públicas de carácter mínimo, complementadas con planes obligatorios privados de capitalización; se mantiene la jubilación parcial; se mejora la protección integrando los regímenes Agrario y de Empleados del Hogar en el Régimen General; evita los componentes insolidarios de planificación; se mejoran las bases de cotización de los regímenes especiales; se mantiene el sistema de complementos a mínimos; hace un reconocimiento social de la maternidad y la paternidad; hace un reconocimiento

de la formación de los jóvenes; da protección contra la violencia de género; se mejoran las pensiones de unidad económica unipersonal; etc. En el año 2016: Con 36 años o más cotizados, jubilación a los 65 años. Con el 100% de la base reguladora. Se toman en consideración para el cálculo de la pensión los últimos 19 años. Con menos de 36 años cotizados,jubilación a los 65 años y 4 meses.

En el año 2027

Con 38 años y 6 meses cotizados, jubilación a los 65 años.

Con el 100% de la base reguladora.

Se toman en consideración, para el cálculo de la pensión los últimos 25 años.

Con menos de 38 años y 6 meses cotizados, jubilación a los 67 años.

Situación en diversos países de la UE-15, para el 100% de la base reguladora:

Alemania, 45 años cotización

Austria, 45 años cotizados.

Bélgica, 45 años cotizados.

Francia, 43 años cotizados.

Grecia, 40 años cotizados.

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Italia, 42 años y 1 mes cotizados los hombres, 41 años y 1 mes cotizados las mujeres.

Luxemburgo, 40 años cotizados.

Países Bajos, para recibir el íntegro se requiere estar asegurado de forma continua entre los 15 y los 65 años.

Portugal, 40 años cotizados, etc.

Edad de jubilación en diversos países de la UE-15:

Alemania, 67 años, progresivo de 2012 a 2029.

Austria, hombres 65 años, mujeres 60 pero progresivamente entre 2024 y 2033 pasarán a los 65 años.

Bélgica, 65 años.

Dinamarca, 67 años, gradual entre 2019 y 2022.

Francia, 67 años, gradual al 2023.

Grecia, 67

Irlanda, 66 años en 2014, 67 años en 2021, 68 años en 2028.

Italia, hombres 66 años, mujeres 62 años, en el año 2021, 67 años mujeres y hombres.

Luxemburgo, 65 años.

Países Bajos, 67 años en 2023.

Portugal, 66 años en 2017.

Reino Unido, 66 años en 2020, 67 años en 2028.

En lo comparativo con los países europeos, podemos afirmar que estamos mejor que la gran mayoría de ellos. La lucha, el pacto y la negociación fueron un éxito, estos son los resultados, lo demás son quimeras.

También en la tasa de reemplazo o de sustitución (% entre el último salario y la pensión inicial), según la OCDE, 34 países, es aproximadamente del 73’5% y todo procedente directamente del Sistema Público. Superamos la media, situada aproximadamente en el 68%, y de esos 34 países somos el 7º por la cabeza, pero todos los que están delante tienen un componente de planes privados obligatorios. Podemos y hemos de afirmar que tenemos un buen sistema público de pensiones.

Las bajas pensiones en nuestro país no son consecuencia del Sistema Público de Pensiones, son fruto del sistema productivo de nuestro país, el cual aporta poco valor añadido a sus productos (situación denunciada en todos los foros reiteradamente por CCOO); de la baja cuantía del salario mínimo interprofesional, muy distante del 60% del salario medio según recomienda la UE; de los bajos salarios en general; la precariedad laboral; todo ello ocasiona que la gran mayoría de los trabajadores tenga cotizaciones bajas y carreras laborales discontinuas; la mujer, además de en los aspectos generales, su situación se ve agravada por la discriminación (menores salarios y como consecuencia menores cotizaciones), por lo general no se cumple la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de Igualdad Efectiva entre mujeres y hombres. Hemos de recordar que la

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pensión media de la mujer en febrero de 2016 fue un 34’7% inferior a la del hombre; todas las pensiones mínimas, en la gran mayoría de las comunidades autónomas, tienen una cuantía inferior a la línea de pobreza relativa (60% de la mediana de ingresos por unidad de consumo) de cada una de ellas; y las pensiones de carácter asistencial tienen una cuantía inferior a la línea de pobreza severa (25%).

El Partido Popular en campaña electoral prometió que no tocaría las pensiones, la sanidad, la enseñanza ni la dependencia. El 21 de diciembre de 2011 Mariano Rajoy toma posesión de su cargo como presidente del Gobierno. Las reformas efectuadas por el Gobierno socialista no eran suficientes para la Troika, el Partido Popular aprovechando su mayoría absoluta emprende en solitario, sin negociación, las reformas que le reclaman en Europa, y el PP coincide con ellas: publica el Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, siendo esta reforma contestada con una huelga general el día 29 de Marzo de 2012, mes y medio después de su publicación; el día 14 de noviembre de 2012 se convoca otra huelga general contra las políticas sociales del Gobierno, este no dialoga y continua imponiendo su política de recortes aprovechando su mayoría absoluta.

Las dos reformas laborales impuestas, la del presidente Zapatero y sobre todo la del presidente Rajoy, han provocado el abaratamiento del despido; han creado nuevas modalidades de contratos basura; han dado más facilidades para el

descuelgue de los convenios por parte de las empresas; ofrecen facilidades para realizar despidos colectivos y EREs; proponen medidas de presión para que los trabajadores enfermos no se den de baja; con la excusa de estimular la creación de empleo, crea más bonificaciones en las cotizaciones sociales para los empresarios, con cargo a la caja de la Seguridad Social; promueve nuevas normas para facilitar el despido del personal laboral del sector público; provoca la precariedad laboral; el incremento del desempleo; la bajada generalizada de los salarios; la aparición de trabajadores pobres.

Si hacemos una comparativa de algunos aspectos de la encuesta de población activa (EPA) del 4º trimestre de 2011 respecto a la del 1r trimestre de 2016.

Trimestre

Activos

Ocupados

Parados

% tasa actividad

% tasa

paro

4º T 2011

23.440’3

18.153’0

5.287’3

60’29 22’56

1º T 2016

22.821’0

18.029’6

4.791’4

59’29 21’00

Podemos observar como la población activa (población en edad de trabajar y en condiciones de hacerlo) ha disminuido en -619.300 personas, el número de personas activas ha disminuido como consecuencia de las personas que han marchado fuera de nuestras fronteras en busca de trabajo, las personas que han marchado a sus

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países de origen y aquellas personas que han desistido de buscar empleo; los ocupados (personas que tienen empleo) han disminuido en -124.000 personas; la tasa de actividad (% entre población activa y población total del país) ha disminuido en un 1%; la tasa de paro (% entre parados y población activa) ha disminuido un 1’56%; los parados han disminuido en 495.900 personas, esta cifra se podría presentar como un triunfo de las políticas del PP; todo lo contrario: esta disminución es fruto de la disminución de la población activa, la precariedad laboral (contratos de días, horas, semanas o meses).

Para desmontar el triunfalismo del PP y para ir a la realidad hemos de ver el número de horas totales trabajadas en España: si en el 1r trimestre de 2016 se trabajaron 592.695.900 horas semanales en el 4º trimestre de 2011 fueron 597.404.200, habiendo un diferencial en negativo de -4.708.300 horas semanales.

Todos estos factores han influido en los ingresos de la Seguridad Social, provocando una insuficiencia financiera del Sistema de Pensiones, teniendo que recurrir al Fondo de Reserva y a los excedentes de las mutuas laborales.

El Fondo de Reserva fue creado para atender las necesidades del Sistema de Pensiones en las situaciones de crisis cíclicas y sobre todo para dar respuesta a la masiva entrada de nuevos pensionistas como consecuencia del baby boom, la generación que nació entre 1958 y 1978. El Fondo de Reserva está creado por la Ley de septiembre del año 2003 y regulado por el Real Decreto

de febrero del año 2004. Solo se podía disponer del 3%, pero el Partido Popular, publicó el “Real Decreto-Ley de noviembre de 2012. Artículo primero. Régimen excepcional de disposición de los activos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014, no resultará de aplicación el límite del tres por ciento fijado con carácter general en el artículo 4 de la Ley 28/2003, de 29 de septiembre, reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social”.

Con esta reforma de carácter legislativo el Gobierno tiene las manos libres para disponer del Fondo de Reserva; desde su creación, según los informes obligatorios anuales de la Seguridad Social al Congreso de los Diputados, el del año 2011 figura que el Fondo tenia 66.814,993 millones de euros (la más alta), en el informe del año 2015 esa cuantía decreció a 32.481’317 millones de euros, el 3% del PIB aproximadamente. Se han gastado en cuatro años 34.333’676 millones de euros. También han utilizado fondos procedentes de los excedentes de las mutuas, 4.680 millones de euros en el año 2012, 374 millones en el año 2013, 295 millones en el año 2014 y 2.780 millones en el año 2015, habiendo gastado de las mutuas un total de 8.129 millones de euros. El total gastado en los cuatro años asciende a 42.462’676 millones de euros. Lo preocupante es que no se está abordando esta situación para buscar una solución, a este ritmo de gasto del Fondo de Reserva, en tres años la caja estará vacía, representando

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un grave problema para el pago a los actuales pensionistas y para los futuros.

Las políticas de austeridad aplicadas están demostrando no ser una buena solución para salir de la crisis, afectando directamente a la solvencia financiera de nuestro Sistema Público de Seguridad Social.

No tenían bastante con la reforma del marco de relaciones laborales, aun con las dos huelgas generales, el Gobierno continua en solitario sus reformas, no negocia y publica el Real Decreto 1716/2012, de 28 de diciembre, de desarrollo de las disposiciones establecidas, en materia de prestaciones, por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad Social. Esta norma paraliza la aplicación de la jubilación anticipada; y la jubilación parcial y otros aspectos contenidas en la reforma de la Seguridad Social pactada con el anterior Gobierno,

Dos meses y medio después, continúa con sus recortes en materia de pensiones: publica el Real Decreto Ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo. Esta norma favorece la continuidad en la vida laboral de los jubilados con la excusa de promover el envejecimiento activo; es inadmisible esta medida, cuando tenemos más de 50% de nuestra juventud en desempleo; es una medida que difícilmente podrá afectar a la gran mayoría de pensionistas; sí a profesiones liberales,

pequeños comerciantes, etc. Reforma la Ley 27/2011 en lo que respecta a la jubilación parcial y a la jubilación anticipada; expedientes de regulación de empleo que afectan a trabajadores mayores de 50 años en empresas que tienen beneficios; al subsidio de paro de trabajadores mayores de 65 años; a las lagunas de cotización; etc. Paraliza la aplicación de la “Disposición adicional trigésima. Pensión de viudedad a favor de pensionistas con 65 o más años que no perciban otra pensión pública, de la ley de 2011; esta contempla el incremento de la base reguladora un punto cada año hasta llegar al 60% en el año 2019, esta medida mejoraría las condiciones de muchas personas perceptoras de la pensión de viudedad. La paralización la efectúa mediante los presupuestos Generales de Estado, en el año 2012, con la Disposición adicional vigesimosexta. Se aplaza la aplicación de lo establecido en la disposición adicional trigésima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad Social; en el año 2013 mediante la Disposición adicional octogésimo tercera; en el año 2014 mediante la Disposición adicional vigesimoséptima; en el año 2015 mediante la Disposición adicional vigesimonovena; en el año 2016 mediante la Disposición adicional octogésimo octava. Con la excusa de que gastamos mucho en pensiones; que vivimos muchos años; que no hay otra alternativa; que la crisis nos obliga, el Partido Popular emprende

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una reforma del Sistema Público de Pensiones sin precedentes, mediante la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización de las Pensiones de la Seguridad Social. Esta nos hace retroceder a la situación que teníamos antes de julio de 1985, en lo que respecta al incremento de cada año; y la aplicación desde el año 2019 del Factor de Sostenibilidad (a mayor esperanza de vida menor pensión inicial); la reforma la hace en solitario, con la oposición de todos los grupos parlamentarios; con el informe desfavorable del Consejo Económico Social de España; con la aprobación de mociones de rechazo de algunos municipios y consejos comarcales (Ayuntamiento de Barcelona); es la reforma que más daño hace al conjunto de los actuales pensionistas y a los trabajadores que se jubilen desde el año 2019.

La Federación de Pensionista y Jubilados de CCOO reclamamos:

Una de las primeras medidas ha de ser la supresión de las dos reformas laborales impuestas, sobretodo el Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.

Abordar la creación de un nuevo marco de relaciones laborales, que permita recuperar el equilibrio de fuerzas, hoy totalmente decantado a favor de la patronal, como consecuencia de las reformas laborales impuestas.

Reunión inmediata del Pacto de Toledo para abordar la situación de déficit actual de la Seguridad Social.

Garantizar que cualquier medida que se adopte respecto al Sistema Público de Pensiones se tome en el marco del Pacto de Toledo y con acuerdo de los agentes sociales.

Supresión de la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización de las Pensiones de la Seguridad Social.

Garantizar que del Fondo de Reserva solo se pueda disponer del 3%, en caso de necesitar disponer de mayor cuantía, solo sea posible con la autorización del Pacto de Toledo y los agentes sociales.

Obligatoriedad de reunión de urgencia del Pacto de Toledo y los agentes sociales cuando se hayan dispuesto de cantidades superiores al 3% en dos ocasiones dentro de un trimestre, con el objetivo de estudiar soluciones.

Garantizar el pleno desarrollo de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre la actualización, la adecuación y la modernización del Sistema de Seguridad Social. Incluida la Disposición adicional trigésima. Pensión de viudedad a favor de pensionistas con 65 o más años que no perciban otra pensión pública.

Que el complemento a mínimos que cobran algunas/os pensionistas no sea absorbido al cobrar la pensión de viudedad.

Incremento gradual el Salario Mínimo Interprofesional hasta alcanzar la cuantía equivalente al 60% del salario medio.

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Incremento de todas las pensiones mínimas para garantizar que en ninguna de ellas su cuantía sea inferior a la línea de pobreza.

Recuperación del poder adquisitivo perdido desde el año 2011.

Mejorar el conjunto de las prestaciones del Sistema, para poder equiparar el gasto total en pensiones respecto del PIB a los países de la UE-15.

La cuantía de las prestaciones asistenciales están por debajo del linde de pobreza severa, situación totalmente inadmisible. Hemos de reivindicar que la cuantía de todas estas prestaciones sea superior al linde de pobreza.

Que los trabajadores autónomos paguen el IVA cuando hayan cobrado las facturas, no antes.

PROPUESTAS DE CCOO PARA ABORDAR EL DÉFICIT

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Abrir de inmediato el debate en el Pacto de Toledo y el conjunto de los agentes sociales para abordar el problema. De continuar con la situación actual, en unos años el Fondo de Reserva se habrá agotado y tendremos un auténtico problema, por ello se han propuesto medidas inmediatas, medidas de aplicación progresiva y medidas estructurales.

Medidas inmediatas

Incremento temporal de los tipos de cotización que financian las pensiones (cotizaciones comunes), esfuerzo adicional de empresarios y trabajadores.

Reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales, asumiendo el coste el Estado.

Medidas de aplicación progresiva

Incremento de las bases máximas de cotización en un 15 %.

Convergencia de la base media de cotización del Régimen de Autónomos con la del Régimen General. Para distribuir los costos de este esfuerzo, reducción de las cotizaciones profesionales, asumiendo el Estado el coste de las mismas

Asunción por parte del Estado de los gastos de administración de la Seguridad Social.

Que las políticas activas de empleo sean financiadas por la Administración General del Estado y no desde la Seguridad Social

Medidas estructurales

Políticas de reactivación económica que ayuden a recuperar los empleos perdidos en lo que va de crisis.

Lucha contra la economía sumergida.

Financiación por el Estado de las prestaciones por muerte y supervivencia, de forma progresiva en un periodo de 25 años. Sin modificar el régimen jurídico de esas prestaciones.

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Abordar las reformas estructurales necesarias que permitan afrontar el reto demográfico de las próximas décadas.

Independientemente de quien gobierne, los sindicalistas hemos de continuar luchando, negociando y pactando para lograr unas mejores condiciones de trabajo, un mejor salario mínimo interprofesional, un mejor sistema público de pensiones y unas prestaciones sociales universales dignas, que permitan sacar de la pobreza a millones de ciudadanos de España y Catalunya.