Y NOS LLAMAN CIUDADANOS…DEBATE ABIERTO SOBRE EL ESTADO, LOS CONFLICTOS Y LAS TAREAS PENDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA EN BOLIVIA

Autores:Fernando MolinaAndrés Gómez VelaWaldo Albarracín SánchezFernando Mayorga U.Isabel Mercado

Edición:Isabel Mercado Heredia

Diseño:Arturo Rosales

Fotografias:Harold Wolff

Este libro se imprimió con el apoyo técnico y financiero de la Agencia Suiza para el Desarrollo y laCooperación COSUDE

Esta publicación es propiedad de PADEM, se autoriza su reproducción, total o parcial, a condición decitar la fuente y la propiedad.

Impreso en Bolivia2012

Presentación 5

Fernando MolinaCapítulo I 7El proyecto de ciudadanización

Andrés Gómez VelaCapítulo II 19Mestizo, ¿concepto que une a Bolivia?

Waldo Albarracín SánchezCapítulo III 49La ciudadanía en el nuevo proceso socio político

Fernando Mayorga U.Capítulo IV 79Ciudadanía en tiempos de transición estatal

Isabel MercadoCapítulo V 101¿Y nos llaman ciudadanos?

PB

Desde hace 30 años se está construyendo en Bolivia un sistema democrático. Unprimer balance es en general positivo, si consideramos que este periodo permitióla convivencia pacífica y civilizada de la sociedad, aún en los momentos de mayordiscordia política, y posibilitó una amplia participación ciudadana en los asuntospúblicos.

Como todo proceso político, la democracia boliviana es un proceso inacabado, cuyodestino está íntimamente ligado al curso de las reformas estatales y a laconstrucción de la institucionalidad del Estado. No obstante, la solidez de lademocracia involucra, también, la participación de la sociedad civil. A diferenciade otros países donde esta participación de los ciudadanos casi se circunscribe alejercicio del voto, en Bolivia es la fuerza vital y energía del sistema democrático.

La participación ciudadanía es también un proceso en construcción. Implicó, poruna parte, una serie de conquistas producto de las luchas sociales a lo largo de lahistoria republicana que se fueron incorporando en el ámbito público, y por otra,un conjunto de normas jurídicas, de derechos y obligaciones, que vienendelineando la relación entre el Estado y la sociedad.

Desde el Programa de Apoyo a la Democracia Municipal (PADEM), nos parecenecesario alentar un debate plural para aportar, desde distintas visiones, aidentificar y analizar aquellos factores que permiten que la ciudadanía deje de serun ideal y se constituya en una condición real y una práctica cotidiana. Analistas yperiodistas como Isabel Mercado, Fernando Mayorga, Waldo Albarracín, AndrésGómez y Fernando Molina, entregan en esta obra sus puntos de vista y reflexiones,que convergen en una idea central: la calidad de la democracia resulta del ejerciciode una ciudadanía plena.

Nuestro agradecimiento a estos aportes y a la Agencia Suiza de Cooperación alDesarrollo – COSUDE, que hace posible esta publicación.

Martín PérezCoordinador AOS PADEM

Presentación

PB

Capítulo I

El proyecto deciudadanización

Dos siglos de construcción de la democracia boliviana

Periodista y escritor. Autor de numerosos ensayos,entre ellos tres folletos de la serie Pensadoresbolivianos: Guillermo Francovich, René Zavaleta yVicente Pazos Kanki (Gente Común, 2011), y Elpensamiento boliviano sobre los recursos naturales(dos ediciones: 2009 y 2011). Ha publicadonumerosos artículos en obras colectivas, revistas,periódicos y sitios web de La Paz, Santiago de Chile,México y Madrid.

Fernando Molina

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Fernando MolinaUna ciudadanía irresuelta, permanentemente en ciernes, esla que advierte Fernando Molina en este ensayo que recorrela historia republicana del país para fundamentar suhipótesis. Una ciudadanía integral, “real”, que trascienda lavisión minimalista de un ejercicio de la misma en tantoposeedora de derechos exclusivamente políticos, es lo queplantea para alcanzar una participación plena en todos losaspectos de la vida pública y del cumplimiento de derechosciviles y socioeconómicos, de los ciudadanos.

“Ciudadanos” son, ya desde Grecia, al menos quienes poseenderechos políticos, quienes pueden elegir y ser elegidos. La cursiva se debea que los griegos pensaban que las personas formaban parte orgánica de lapolis y, por tanto, los ciudadanos, además de tener derechos y obligacionespolíticas, también tenían que cumplir un determinado papel económico ysocial (que era el dominante, como se sabe). Esta concepción antigua seha replanteado una y otra vez hasta el presente, en enconada lucha contrala visión “minimalista” de la ciudadanía, que la considera una categoríaexclusivamente política.

Como veremos, la historia política de Bolivia no ha sido ajena a estedebate.

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Una implicación de la concepción organicista de los griegos era lasiguiente: los derechos y las obligaciones políticas estaban relacionadoscon determinadas cualidades de riqueza, proveniencia, etc. Sólo podíanejercer este privilegio los griegos ricos, si se trataba de una oligarquía, y losgriegos de cierta prosperidad, si se trataba de una democracia. Laciudadanía, entonces, era una condición rara.

La sociedad moderna ofrece ciudadanía política a todos los adultosde un país y esto tiene serios efectos sobre la naturaleza del poder: lodescentra, lo limita, lo torna plural. El resultado es un sistema de iguales–en la base– e instituciones poliárquicas –en la cúpula–: la democracia.

Llamamos aquí, entonces, “proyecto de ciudadanización” al procesoque va desde una situación de extraordinaria restricción de la ciudadaníapolítica, reservada para castas que, por tradición o por fuerza, estabandestinadas al mando, y llega al punto de su extensión a todos los miembrosde una sociedad. También refiere la construcción institucional quesustenta y asegura esta expansión de la ciudadanía, este salto del “podercomo tutela” al poder como “res publica”.

En este ensayo veremos cómo este proyecto se despliega a lo largode la historia de Bolivia. Seguiremos su trayectoria, que es la de lademocracia (si entendemos ésta, de forma restringida, como equivalentea ciudadanía política). Veremos en acción, también, la crítica “interna” aeste proyecto, que es la que denuncia la diferencia entre las promesas y lasrealidades de la democracia, y observaremos su asedio por parte de unacrítica “externa”, que considera la “ciudadanía política”, la igualdad ante laley, no como un fin sino como un medio para avanzar más allá de lademocracia (profundizarla o intensificarla), hasta llegar a la ciudadanía“real” (socioeconómicamente igualitaria).

La crítica externa a la democracia apunta a la llamada “ciudadaníareal” y, por tanto, a la “post-democracia”, o democracia orientada a objetivossocioeconómicos, que lleva diversos “apellidos”, como “democracia comoredistribución” y “democracia de alta intensidad”.

El punto de partida

La posibilidad de pasar de la condición de “súbditos” a “ciudadanos”se abrió en Charcas con la llegada los ejércitos extranjeros que ayudaron

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al país a independizarse de la Corona española. Los “argentinos”, primero,y los “colombianos”, después, predicaron la liberación de España paraseguir el camino de otras metrópolis europeas, a fin de obtener también,en estas tierras, la modernidad capitalista y un gobierno de tiporepublicano.

Estas ideas se expresaron en la primera Constitución boliviana,redactada por Simón Bolívar y aplicada por el presidente José Antonio deSucre. Dicha Constitución separa al Estado de la Iglesia e intentaincorporar a los indígenas a la sociedad mediante la eliminación de lasmedidas de protección y sometimiento que se les aplicaba durante laColonia, tales como la preservación de los aborígenes en comunidadesagrarias y, simultáneamente, en guetos políticos organizados de acuerdo asus propios usos y costumbres. El símbolo de tal propósito fue lasuspensión del tributo indígena.

La sociedad boliviana temprana no estaba preparada para este tipode reformas. Sucre fue resistido y echado del país, con el apoyo de otrasélites sudamericanas igualmente preocupadas por su liberalismo; perotambién para alivio de los indígenas, que de buen grado volvieron a pagarel tributo indígena que les garantizaba la seguridad de su vida tradicional.

En las leyes quedaron el gobierno republicano, la democracia y laciudadanía política, pero en gran parte como una hipocresía, como diceOctavio Paz, es decir, un arreglo de conveniencia que, dada laimposibilidad de adoptar otras formas de gobierno como la monárquica ola aristocrática, permitía cierta movilidad de las élites y, además,desarmaba la contestación de los incipientes grupos liberales.

Pero en los hechos no había posibilidad para la democracia política,la separación de poderes, etc., puesto que durante el siglo XIX: a) faltabael espíritu republicano: la elite no creía más que en el tutelaje de unaoligarquía ilustrada (que cada facción creía encarnar), y consideraba quelos demás ciudadanos no estaban capacitados para gobernar; b) el únicoactor político era el Estado, conformado por los empleados públicos y unabultado ejército que se desarrolló a partir de las tropas nacionalesempleadas en la guerra de Independencia; c) la mayoría de la población sehallaba fuera del circuito económico, anclada en la agricultura desupervivencia, y perduraban los privilegios de nacimiento, con lo que unaparte de la población debía servir al grupo dominante. (El caso bolivianoprueba que un requisito necesario para el funcionamiento de un régimen

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republicano, basado en ciudadanos, es una mínima difusión de lapropiedad privada y por tanto de la idea de igualdad).

Como resultado de todo esto, hasta fines del siglo XIX, lopredominante fue el cesarismo militar, por medio del cual cada uno de losgrupos dominantes imponía su tutelaje sobre la sociedad.

Nacimiento del proyecto de ciudadanización

En este contexto, el proyecto de ciudadanización (a partir de lasuperación del caudillismo militar, de la crítica del concepto del tutelaje –es decir, del gobierno de “los mejores” que anula la participación de losdemás ciudadanos–, del respeto del voto, de la representación y divisiónde poderes), se convirtió, desde 1880 hasta la tercera década del siglo XX,en el gran objetivo de la modernización boliviana. Tanto el PartidoConservador, clerical, y el Partido Liberal, positivista, que buscaban unaciudadanización aristocratizante, como, después, el Partido Republicano,que la quería más popular; cada uno a su manera, intentaron sentar lasbases políticas e institucionales de la democracia nacional.

Estas parcialidades compartían un mismo núcleo de creencias: quela sociedad blanca y mestiza (pero no los indígenas) tenía derechos igualespara gobernar al país y que, por tanto, debía establecerse una competenciaperiódica entre las visiones y los líderes existentes. Que, puesto que habíaque prescindir de los indígenas, la democracia debía ser censitaria y laciudadanía política limitada.

Que la participación política tenía que realizarse a través derepresentantes. Que el triunfo de una determinada corriente no debíaimplicar la aniquilación de las otras, y que por tanto debía garantizarse sulibertad de pensamiento y acción.

Además, en economía eran librecambistas.

La democracia que construyeron, sin embargo, fue una imperfectarealización de estos ideales. Aunque arrebataron a los césares del siglo XIXla exclusividad del derecho de gobernar que, aprovechando su dominiosobre el ejército, se habían atribuido, no lograron erradicar del todo lasrevoluciones (las hubo en 1899 y 1920, para permitir el ascenso de losliberales, primero, y de los republicanos, después); ni tampoco garantizar

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el sufragio libre de los pocos –o los algo más numerosos– que considerabanciudadanos.

No sólo porque siempre hay una distancia entre los deseos y los hechos.También porque, debido al escaso desarrollo del país, la élite dependía enexceso del Estado en la obtención de sus rentas como para aceptar fácilmentela pérdida de su control. Y porque la exclusión indígena ralentizaba la apariciónde una clase media urbana y rural que presionara sobre los límites dentro delos que se había encerrado a la ciudanía política (reservada para los blancos)y, como suele decirse, se pusiera la democracia (el debate ideológico, elfuncionamiento de las instituciones) sobre los hombros.

El proyecto de ciudadanización se desplegó, entonces, impulsado yatascado por una incesante crítica interna: cada partido y aun cada facciónacusaba a sus predecesores y adversarios de tergiversarlo o, lo que era másfrecuente, de aprovecharse de él con propósitos subalternos. La granconsigna de esta época fue “voto limpio”.

La crítica externa a la ciudadanización oligárquica

La crítica externa al proyecto oligárquico de ciudadanizacióncomenzó en los años 20 del siglo XX y se agudizó durante las dos décadassiguientes a causa de eventos como el triunfo del comunismo y el fascismoen Europa, la Gran Depresión, el keynesianismo y, en Bolivia, por laorganización de los primeros partidos marxistas y el desarrollo delnacionalismo, que adquirió cuerpo dentro o cerca del Partido Republicano.

Nacionalistas y marxistas portaron esta crítica, que pese a sucarácter “externo”, también se hizo en nombre de valores liberales (elcarácter limitado de la ciudadanización, que no reconocía la igualdadpolítica de los indígenas), así como en nombre de valores no liberales (lanecesidad de una ciudadanización socioeconómica de los bolivianos).

En el primer ámbito, el liberal, la crítica externa combatió lasrestricciones del régimen electoral, cerrado para los indígenas y,parcialmente, para las mujeres; así como la corrupción de este régimen.La consigna que articuló esta lucha fue la de “voto universal”.

En el segundo ámbito, que podríamos llamar “estructural”, la críticaexterna dictaminó que el proyecto de ciudadanización había fracasado,

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pues sus resultados económicos y sociales habían sido magros: el país vivíade la minería, pero las ganancias de esta industria salían al extranjero oenriquecían a la clase propietaria, sin favorecer al Estado ni impulsar unproceso de diversificación económica. Al mismo tiempo, el erario carecíade casi todo y sus servicios educativos, de salubridad e infraestructura sehallaban en condiciones paupérrimas; el escaso dinero disponible sedestinaba por íntegro a pagar salarios al ejército y a la burocracia de La Paz.

La causa de este fracaso, decía el nacionalismo, se debía a la traiciónpor parte de la oligarquía gobernante a la causa nacional. El empresariadominero, la incipiente intelectualidad que surgía en torno a las actividadesmineras, los políticos del orden, todos ellos servían a los interesesextranjeros y defendían los suyos propios, por encima y en contra de losintereses del país.

Esta crítica “mixta” concluía en que la democracia construida por elproyecto oligárquico de ciudadanización había sido hasta entonces una“democracia imperialista”, “yanqui” e incluso, se decía, “judía”.

Como puede verse, la crítica “externa” (Robert Dahl la llamaría“adversaria”) a la democracia, desde los años 30 y 40, se caracteriza por treselementos que siguen vigentes hasta nuestros días: a) exige una ampliacióndel “demos”, es decir, de los ciudadanos con derechos políticos; b) demandauna ciudadanización socioeconómica; y c) por esto se articula, aunque condiferencias y contradicciones, con la crítica antiliberal o anticapitalista.1

La crítica del MNR

El partido que encarnó exitosamente este tipo de crítica combinadaal proyecto de ciudadanización precedente fue el Movimiento NacionalistaRevolucionario (MNR), que triunfó en la Revolución Nacional de 1952 ydio origen a un régimen igualmente combinado, a la vez liberal (eliminólos restos de servidumbre, incluyó a los indígenas en el voto, difundió unaeducación igualitaria, estableció una nueva y más extensainstitucionalidad democrática) y antiliberal (estatizó la minería, acabó conlas haciendas, incorporó a los sindicatos al poder).

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1 Por eso puede darse coincidencias y “alianzas” entre la crítica a la democracia de unGuillermo O’Donell, que postula la ciudadanización socioeconómica pero no esanticapitalista, y la de un Luis Tapia, que sí lo es.

Nótese que, pese a las oportunidades que tuvo para ello, no hizo unaobra puramente antiliberal, es decir, fascista o socialista; no quiso eliminarla democracia ni achicar la ciudadanía política. Sin embargo, en los hechosentorpeció la evolución de ésta al subordinarla a un proceso deciudadanización socio-económica. En efecto, garantizar un ordendemocrático nunca fue lo más importante para la Revolución Nacional, yfrecuentemente se vio esta tarea como un obstáculo para avanzar en lo quede verdad importaba, esto es, la emancipación socioeconómica del país.

Después de la Revolución

En los años 60, la debacle del poder del MNR dio lugar a doscorrientes opuestas, cada una de las cuales se basaba en determinadosaspectos de la Revolución Nacional.

Por un lado, el nacionalismo de derecha, desarrollista, queencarnaron los gobiernos militares de los 60 y 70, se apoyó en los aspectosantiliberales del proceso de 1952 (inclusive en la utilización de lossindicatos), mientras rechazaba disimuladamente su aspecto liberal. Así,aunque organizando algunas elecciones y manteniendo una retóricasupuestamente democrática, en los hechos quiso “eliminar” la ciudadaníapolítica y resucitar el cesarismo del siglo anterior. Con el apoyo de losEstados Unidos, estableció un poder fuerte que, siguiendo las recetasindustrialistas intentó desarrollar al país. La expresión más cruda de estatendencia la constituyó el gobierno dictatorial del General Hugo Banzer(1971-1978).

La segunda línea fue el nacionalismo de izquierda, llamado también“izquierda nacional”, que contó con el apoyo de las diferentes alas (menosla cubana) del Partido Comunista. Su deseo era rescatar las banderasantiimperialistas (en concreto, antiestadounidenses) que había arriado elnacionalismo de los 40. Para esta corriente, que se basaba en la “teoría dela dependencia”, el subdesarrollo de Bolivia no era la suma de las carenciasque diferenciaban al país de las metrópolis, sino el resultado directo de laexistencia y el éxito económico de las metrópolis, las cuales explotaban alpaís. Las formas que adquiría esta explotación eran: a) el comercio injusto,b) una división del trabajo dentro de la cual las metrópolis se reservabanel papel más sostenible y rentable, y c) la succión de capitales por mediode la deuda y de la repatriación de las utilidades de las empresasextranjeras. La burguesía era funcional en este mecanismo de explotación,

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pues tendía a globalizarse y por tanto a subordinarse al capital trasna cional.Su contribución específica a mantener el estado de las cosas era política:empleaba el nacionalismo militar para evitar el control social sobre susprivilegios y capitulaciones.

Ergo, una parte de la lucha antiimperialista exigía apartar a laoligarquía local, apoyar a los sectores burgueses auténticamente nacionales(algo en lo que había fallado la Revolución, que en lugar de constituir unaburguesía capitalista autónoma había restituido la oligarquía dependientedel extranjero de antes de 1952) y restaurar la democracia.

Sólo esto aseguraría un desarrollo endógeno, libre de la interferenciaimperialista y, en esa medida, exitoso. Puesto que el causante delsubdesarrollo era el imperialismo, sacando al imperialismo de en medio(realizando la “liberación nacional”) se podía superar el subdesarrollo.Puesto que el imperialismo prohijaba al nacionalismo militar (o “gorilis -mo”), que era cesarista como el del siglo XIX, entonces la lucharevo lucio naria y antiimperialista, en Latinoamérica, revestía simultánea -mente un carácter democrático.

En una palabra, la izquierda nacional intentaba devolverle uncarácter democrático y endógeno al capitalismo de Estado heredado de laRevolución Nacional: laboraba por la reaparición de una sociedad “mixta”,en la que existiera una mayor ciudadanía política, aunque subordinada enúltima instancia a la ciudadanización socioeconómica.

Sus sectores más marxistas suponían que así se acercaba de formaprogresiva, y por tanto realista, a una futura sociedad socialista.

A fines de los 60, sin embargo, una facción de la izquierda procurózafarse de la ideología nacionalista, de la visión de la revolución como unasucesión de dos etapas y romper, entonces, con la ya mencionada “sociedadmixta”. Esta facción, constituida por el comunismo guevarista (fuerte luegode que el Che Guevara muriera en 1967 en un bosque del sur del país, enlucha contra el nacionalismo de derecha), se sumó al trotskismo en laformulación de la línea abiertamente revolucionaria y antidemocrática delpensamiento boliviano, con un apoyo político mayor, aunque igualmentecircunscrito a los sectores medios radicalizados.

Paradójicamente, el guevarismo y el trotskismo combatieron a la“moderada” izquierda nacional, que en esa época había logrado colocar en

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el gobierno a dos militares que le eran favorables: los generales AlfredoOvando y Juan José Torres, que gobernaron, sucesivamente, de 1969 a 1971.Con ello la extrema izquierda contribuyó al triunfo de Hugo Banzer, laexpresión más conspicua del nacionalismo de derecha.

Este yerro anuló a la izquierda radical hasta hoy. En 1982, en cambio,la izquierda moderada o “nacional”, organizada en la Unión DemocráticaPopular (UDP), reconquistó la democracia y cortó 11 años de nacionalismomilitar. Al mismo tiempo, intentó continuar con el capitalismo de Estado,pero éste ya hacía aguas desde hacía mucho (los motivos son múltiples;aquí no los mencionaremos). Se produjo entonces una crisis económicasin precedentes, en la que tampoco abundaremos, pero que hundió a laizquierda nacional y, con ella, al nacionalismo en general.

En 1985, una nueva opción apareció en el escenario. Desde laRevolución Nacional, el proyecto de ciudadanización política sólo habíaperdurado, y de forma conflictiva, en el nacionalismo de izquierda. A lolargo de los años había adquirido un sentido acusadamente popular. En1985 cambia de signo y, después de medio siglo, vuelve a aparecer en suversión aristocratizante. Su nombre ahora es “gonismo” (por “Goni”Sánchez de Lozada, su impulsor, que curiosamente se había convertido enel candidato del MNR). En correspondencia con ello, los siguientes 15 añosse usaron para echar abajo el capitalismo de Estado y establecer reglasliberales para la economía. Todos los aspectos antiliberales de la “sociedadmixta” que postulaba el nacionalismo de izquierda fueron combatidos ycuidadosamente erradicados. Por primera vez se decidió que laciudadanización política “completa”, es decir, sin exclusiones censitarias,tendría la primacía, es decir, ya no debería subordinarse al propósito deciudadanización socioeconómica.

¿Era el “fin de la historia” (es decir, de esta historia)? No, no lo era.

El proyecto neoliberal, por razones que tampoco correspondeseñalar aquí, no alcanzó su propósito de extender el capitalismo ydesarrollar al país. Así, junto con este siglo, comenzó una etapa deconfrontación entre las clases trabajadoras y los gobiernos democráticos,alimentada por el descubrimiento de grandes reservas de gas natural.

Esto avivó la tendencia a reconstruir un Estado concentradopredominantemente en la redistribución de las rentas de los recursosnaturales. Junto con el levantamiento popular antiliberal surgió la “nueva

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izquierda” boliviana, que, en esencia, hizo una reformulación de lasprincipales ideas del nacionalismo revolucionario.

Nuevamente estamos ante un intento de apropiación de losexcedentes modernos del país para su uso, desde el Estado, en un sentidodesarrollista, y, simultáneamente, ante un proceso de sustitución delproyecto de ciudadanización aristocratizante por un proceso más radicalde participación popular y de ampliación del demos (a favor de losindígenas). Es decir, nuevamente se trata de construir una sociedad“mixta”, en la que la ciudadanización política esté subordinada y, aún más,a expensas de las necesidades de la ciudadanización socioeconómica (“vivirbien”), que para algunos sólo llega hasta la construcción de un capitalismode Estado firmemente controlado por el partido oficial, pero para otrosdebería proyectarse hacia el “socialismo comunitario”.

Una vez más, gracias a ello, la ciudadanización política ha quedadotruncada y sometida a diversos riesgos. Entre 2006 y el presente, la nuevaizquierda desmanteló la mayor parte de los controles y frenos que se habíaconstruido en el pasado para evitar el retorno al “trono” de un personajefrecuente de la historia nacional, el caudillo autoritario. En contra de supropia promesa de conceder una mayor participación política a los sectorespopulares, y a su autodefinición como un “gobierno de los movimientossociales”, lo que ocurrió en verdad fue un incremento enorme y peligrosodel poder del Presidente y sus colaboradores más directos, y un intento dedisciplinar en torno a ese poder a los disidentes (a muchos de los cuales seenjuicia o amenaza con enjuiciar), a las organizaciones sociales (que soncombatidas con energía cuando se movilizan en contra del Gobierno) y ala prensa (presionada y, en consecuencia, autocensurada).

Con ello, la lucha por la ciudadanización política continúa siendouna tarea pendiente para los demócratas. Al mismo tiempo, las relacionesentre ésta y la ciudadanización socioeconómica siguen siendo una cuestiónabierta, que es necesario dilucidar por medio del debate teórico.

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Capítulo II

Mestizo, ¿concepto que une a Bolivia?

Periodista y abogado. Director Ejecutivo Nacional deEducación Radiofónica de Bolivia (ERBOL), docentede Periodismo de Opinión de la Carrera deComunicación de la UMSA. Autor de MedioPoder,Derecho a la Información; No levantarás falsostestimonios; Los periodistas y su ley.

Andrés Gómez Vela

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Andrés Gómez VelaLo mestizo define el ser boliviano. Como con la culturahumana a lo largo de la historia, los procesos de mestizaje–político, social, religioso, cultural, migrante y hastatecnológico- han ido configurando al ciudadano bolivianoy con él a un Estado que, también con sus transformaciones,está pariendo “un nuevo ser boliviano”. Este es el trayecto –que encarna a la vez un desafío y una hipótesis- que esbozael autor de este texto.

Cuando Dios echó al mundo a Caín, en realidad lo condenó almestizaje, a mezclarse con sus semejantes de su misma especie, pero deotra cultura. Y cuando los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, serepartieron por la tierra, tras el diluvio, en realidad tomaron el destino delmestizaje, que terminó de materializarse en la Torre de Babel, cimentadasobre la base de la soberbia del hombre, destruida a su vez por el soberbiopoder de Dios, quien para mestizarlos aún más hizo que hablaran lenguasdiferentes, sin dejar de ser iguales, hijos de un solo Creador, pero conidiomas distintos para interpretar el mundo, crear cultura, pelearse yvolverse a mezclar.

Y si fuera insuficiente el origen bíblico del mestizaje, la cienciaestableció que la cuna de la humanidad es África y la madre de todos losseres humanos, una mujer negra, cuyos hijos se lanzaron a conquistar elmundo, a producir culturas, lenguas, a diferenciarse. Aquellos que seasentaron en el extremo norte de Europa, debido a su poca exposición al

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sol, evolucionaron de un cutis negro a un cutis blanco, debido a la escasezmelanina en su piel, mientras que los que se quedaron en América y Áfricaevolucionaron con bastante melanina para defenderse de los intensos rayosdel sol. Siglos después, los descendientes de estos seres que habían salidode una misma casa inventaron medios de comunicación, transporte y sevolvieron a encontrar, ya sea en el comercio o la guerra, dos espaciosesenciales del mestizaje. A través del comercio viajaron la moda -en las telasde vestir (la seda china) como sigue sucediendo hoy- las armas, losutensilios de trabajo y de hogar (las alfombras persas); y mediante la guerrase sustanció la violencia destinada a imponer por la fuerza un sistema degobierno, una lengua, unas costumbres, una cultura sobre la otra derrotada.

Cásese con la teoría que usted quiera, el ser humano que habitaestas tierras (Abya Yala, América, Amérrika, llámelo también como quiera)es resultado de ese origen mestizo, ya sea divino o científico. Es productode ese movimiento permanente de oriente a occidente, de occidente aoriente, de sur a norte, de norte a sur.

En tal sentido, el primer imperio de la humanidad, erigido porAlejandro El Magno, conquistó a casi todos los pueblos del mundoconocido de entonces, por tanto, los sometió al mestizaje político,económico, social y cultural.

La historia, que narra las guerras y las transacciones comercialesentre persas, lidios, egipcios, sumerios, griegos, aztecas, mayas, aymaras,quechuas, cuenta, en realidad, la mezcla que hubo en las formas deentender el mundo, el principio del tiempo, la filosofía de vida, lasproducciones intelectuales y materiales.

Roma sucedió al imperio alejandrino y conquistó casi toda la Europacontinental, donde está Iberia, hoy España, a donde premió a sus soldadosdestacados con tierras fértiles. Ahí está Mérida, una ciudad con ampliaherencia romana, de donde partieron los conquistadores, entre ellosFrancisco Pizarro, quien nació en Trujillo, Extremadura, donde ademásde musulmanes y romanos se asentaron muchos años antes los visigodos.Los musulmanes se quedaron en esas tierras casi 800 años (711-1492), hastaque los expulsaron los reyes católicos, Isabel y Fernando, quienes luegofinanciaron el viaje del italiano Cristóbal Colón hacia el nuevo continente.

El latín, lengua romana, dio origen al castellano y el árabe legómuchos vocablos que comienzan con “al” (albañil, alcantarillado,

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albahaca) y denominó Al-Ándaluz a la península y llamó Isbiliya a Sevillay, Garnata a Granada y la exclamación ¡Oh Alá! derivó en ojalá.

Por lo visto, Pizarro y sus amigos ya vinieron a América mestizos yse encontraron con los incas, quienes por entonces habían sometido a casitodos los pueblos de esta parte del mundo, entre ellos a los aymaras y aotras culturas. Por ello, los indígenas ecuatorianos hablan una lenguaimpuesta, el quichua, y no sienten ninguna simpatía por susconquistadores, los incas. La similitud de creencias entre las hoy llamadasnaciones andinas revela esta mezcla. Lo propio pasó con Hernán Cortez,otro extremeño que sometió a los aztecas, quienes a su vez habíansometido a los toltecas, chichimecas y otros pueblos de la zona. Losimperios, sean incas, aztecas, romanos, españoles o británicos, han tenidoel mismo espíritu: expandirse, imponer su forma de deletrear el mundo,imponer una cultura sobre otra y generar una tercera cultura; en resumen,generar procesos de mestizaje.

Los mestizos españoles llegaron a mezclarse con los mestizosamericanos o abya yaleños, quienes además, según la ciencia, tienenherencia asiática, basta ver los rasgos, no por nada mi apodo es “Chino”,mi lengua madre es el quechua y mis apellidos son ibéricos.

¿Dónde está lo originario original (valga la tautología)? ¿En laspolleras sevillanas de las paceñas o en las trompetas que alegran a losmorenos o en los abrigos de vaquero estadounidense del grupo paceño LosIntocables? ¿O en alguna de las tres caras del Señor del Gran Poder?¿Dónde? ¿En los hijos de los aymaras, quechuas, guaraníes, mojeños queengendraron hijos en Argentina o España y quienes muy pronto volveráncomo hijos de otra cultura?

El sujeto indígena originario campesino no fue ni es un conceptoacuñado para nominar una raza o cultura pura, sino una categoríasociopolítica formulada por la filosofía y el pensamiento políticos a fin deincluir a las mayorías nacionales en la construcción de la bolivianidad ysuperar así su marginamiento de la administración del Estado, aunque node la historia de la humanidad, en la cual tuvieron una presenciaimborrable.

Y en este tiempo de la opulencia comunicacional, de la sociedadpunto com, con Internet de por medio, estamos destinados, como Caín, amezclarnos más. ¿Una pruebita? “Feisbuqueamuay” (en quechua,

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“háblame por facebook”), le dice la madre a su hija que vive en España. Yella responde: “Ya mamay, chateamusqayqui, qjaya” (“está bien madre, techateó mañana”).

Mestizaje político

Bolivia no está al margen del devenir de la humanidad. Este hechose refleja en la nueva Constitución Política del Estado, aprobada por unaAsamblea Constituyente con amplia presencia indígena y respaldada porun gobierno comandado por un indígena, Evo Morales Ayma.

Cualquier repaso del texto constitucional refleja que está nutridode instituciones europeas de la democracia liberal, partiendo del mismoconcepto demos (pueblo) cracia (gobierno), que en lengua griega significael gobierno del pueblo. Obviamente que a este sustantivo se han agregadoalgunos adjetivos, entre ellos comunitario, que por cierto deriva deltérmino francés comuna, y que hoy designa a una organización que unediferentes intereses nacionales en un histórico proyecto político: laComunidad Económica Europea.

De hecho que las instituciones de la democracia directa, plebiscitoy referéndum también tienen origen foráneo. El primero se acuñó en Romaa partir de una acción política de consulta a la plebe (clase social quecarecía de los privilegios de los patricios) respecto a un tema de interés deese grupo. El segundo también nació en Roma, del latín referre, referir, apartir de una decisión del poder de consultar al pueblo romano respecto auna norma específica.

Obviamente que en la nueva Constitución figuran nuevos términos,por ejemplo, el bien vivir o el vivir bien, que coincide mucho con la Teoríade la Suficiencia propuesta por Hans Kung1, comprendida como la formade vivir con bienes espirituales y materiales básicamente necesarios paradesarrollarse como ser humano sin restar al otro ni acaparar bienes endesmedro de la humanidad.

Bajo la lógica de rescatar lo mejor de cada sistema o etapa históricade la humanidad y fusionarlo en el documento más importante de un país,la Constitución registra la trilogía inca: ama sua (no seas ladrón), ama llulla

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1 Kung, Hans; Proyecto de una ética mundial, Editorial Trotta, Sevilla, España, 1991.

(no seas mentiroso) y ama kjella (no seas flojo); además del imperativofilosófico indígena de conservar la armonía entre el ser humano, los otrosseres vivos y la Madre Tierra.

Sin embargo, gran parte de la estructura organizativa del EstadoPlurinacional tiene origen europeo comenzando del mismo Estado, quetermina de gestarse en Roma como la máxima expresión jurídica de unasociedad sobre la base primigenia de concertación de un grupo de personasllamado “patricios”.

Desde aquel momento, la estructura organizativa del Estadoevolucionó hasta el ente actual cimentado sobre la separación institucionalde poderes, inspirada, en un principio, por el historiador griego Polibio,cristalizada en Inglaterra desde antes de 1600 y teorizada ampliamente porMontesquieu2 en la antesala de la Revolución Francesa, que luego acabócon el gobierno de los hombres y engendró el gobierno de las leyes.

Fue tal la expansión de ese pensamiento político que las sociedadesdemocráticas de esta parte del mundo institucionalizaron los poderesLegislativo, Judicial y Ejecutivo, y algunos estados como el boliviano,incluyeron el Electoral, al que encargaron la administración del sistemaun ciudadano un voto para la elección libre de autoridades y para laconstitución de aquellos poderes. En pocas palabras, la filosofía políticapropuesta por el liberalismo, en su lucha contra la casta dominante de laedad medieval europea, se materializó en el hecho y el derecho tambiénen Bolivia.

El mismo liberalismo reprodujo en la teoría del pensamiento y lapráctica política los valores esenciales de la humanidad que figuran en elconstitucionalismo boliviano desde 1825 hasta la fecha: libertad, igualdad,justicia, fraternidad, tolerancia, defendidos hoy a ultranza por los llamadosmovimientos sociales.

Los derechos universalmente defendidos son resultado de eseproceso de mestizaje de la humanidad, como el caso de la libertad deexpresión, que germinó en Inglaterra con la Areopagítica de Miltón3; se

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2 Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède y Barón de Montesquieu en el libro XI del“Espíritu de las leyes”, atribuye la libertad de que gozaba Inglaterra a la separación de lospoderes legislativo, ejecutivo y judicial y a la existencia de frenos y contrapresos entre esospoderes sobre los que estableció esas doctrinas como dogmas del constitucionalismo liberal.

3 Areopagítica: Discurso de John Milton al Parlamento de Inglaterra sobre la libertad deimpresión sin censura; es un tratado polémico en prosa de 1644, se encuentra entre lasdefensas filosóficas más influyentes del derecho a la libertad de expresión, el cual fueescrito para oponerse a la censura y a la necesidad de licencia de impresión y estáconsiderado una de las defensas más elocuentes de la libertad de prensa.

constitucionalizó luego en Estados Unidos con el famoso artículoredactado en 1776 por George Mason4 y hoy figura en casi todas lasconstituciones de los países democráticos.

Este largo proceso se expandió aún más tras la Segunda GuerraMundial, a partir del 10 de diciembre de 1948, con la declaración Universalde los Derechos Humanos, suscrita por los estados aglutinados enNaciones Unidas y por la que se autoimponen la obligación de garantizaruna treintena de derechos esenciales del ser humano para que puedadesarrollarse como persona.

La evidencia de este mestizaje político está en el constitucionalismoboliviano, que si bien en la Constitución de 2009 rescata algunos principiosde los pueblos precolombinos que habitaban esta parte de América,sustenta su arquitectura jurídica en principios mundiales como la elecciónlibre de las autoridades por voto popular, la división de poderes, la máximade que todos somos iguales ante la ley, el amparo constitucional y la acciónde libertad.

El pensamiento político se construyó en siglos, desde lospresocráticos, pasando por los clásicos, Platón, Aristóteles, Cicerón,Séneca, Marsilio de Padua, Maquiavelo, Hobbes, Locke, Rousseau hastalos contemporáneos Popper y Bordieu. Y las ideologías se fueronenganchando y mezclando a tal punto que el liberalismo dio nacimientoal socialismo y al comunismo y éste hizo que volviera el liberalismo, estavez vestido de globalización.

Obviamente que cada sociedad, cada nación, cada Estado, cadapueblo puso su sello al sistema político que adoptó. Impuso suparticularidad a los principios e instituciones establecidos por lademocracia, lo que significa que las democracias no fueron ni son igualesen todas partes: unas son presidencialistas, otras parlamentaristas, perotienen una matriz común que data de hace siglos y ha ido experimentandouna evolución colectiva. En el caso boliviano, apenas desde hace 30 añosque experimenta avances sorprendentes.

Es probable que hasta el momento la historia de la teoría políticahaya bebido muy poco de la fuente del pensamiento de los pueblos

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4 Primera enmienda: El Congreso no aprobará ley alguna por la que adopte una religiónoficial del Estado o prohíba el libre ejercicio de la misma, o que restrinja la libertad deexpresión o de prensa, o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a pedir al gobiernola reparación de agravios.

indígenas de América, pero también es probable que beba más en elproceso de cambio y en esta etapa descolonizadora que recién comienza.

Sin embargo, la Constitución Política del Estado, lainstitucionalidad democrática de Bolivia, no dejará de ser la máximaexpresión del mestizaje jurídico-político, lo más seguro es que se acentúela mezcla por la propia naturaleza de la evolución de la filosofía política,que se reproduce a partir de otras fuentes universales de conocimientos ysirve, a su vez, como cantera para que otras culturas sigan produciendosaberes.

Mestizaje religioso - cultural

Los pueblos precolombinos eran panteístas y politeístas, teníandioses como los griegos o los romanos para cada fenómeno o circunstancia,por ejemplo, Tunupa era el dios andino del rayo, Zeus el Griego y Thorrepresentaba lo mismo en la mitología nórdica y germánica. Además, cadafamilia tiene hasta ahora una deidad a la que “tributa ofrendas” para recibirsu protección (la llaman Esquina en el Norte de Potosí) al igual que latenían las familias romanas5. Otros pueblos americanos creían y creentodavía que las montañas, los ríos, los árboles, la selva tienen vida propiay a todo lo inexplicable lo representan con una deidad, al igual que otrasculturas de África y de Asia.

Cuando llegaron los españoles a esta parte del mundo, trajeronconsigo, como ya es sabido, la espada de acero de la conquista, la cruz, ycon ella, un dios y una religión. El carácter monoteísta de su religiónintentó desbaratar en un primer momento la cosmovisión de los pueblosindígenas, cuyos componentes no comprendían la dualidad o elmaniqueísmo del mundo cristiano entre el bien y el mal, dios y el diablo,sino como un proceso de complementariedad dialéctica del mundo dondeel bien y el mal podían convivir.

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5 De las “numinas” primitivas surgieron las primeras diosas o dioses, casi todos ellosrelacionados con la vida agraria (ejemplo: Saturno). Los romanos invocaban y daban cultoa estas divinidades, no para honrarlas, sino para que no les perjudicasen y protegiesen suscosechas. Como conviene a la vida sencilla de entonces, las deidades se reparten en dosgrupos generales, las agrícolas y las domésticas. Las agrícolas se relacionaban en con unlugar dado o con una determinada actividad de labranza, y el jefe de la familia tiene laobligación de cumplir las ceremonias que estimulan los favores de los “menemes” o diosesde la casa, representada por el jefe militar, son las “ penates”, guardianes de la despensa;los “lares”, dioses del hogar, velaban por la buena suerte de la familia (http://www.deguate.com/infocentros/educacion/recursos/historia/religionromana.htm)

Como en toda conquista comandada por la fuerza, en este caso laespada española impuso la cruz a toda esta parte del mundo. Sin embargo,si bien los indígenas aparentemente aceptaron en silencio la religiónforánea, pintaron con lo suyo la nueva creencia, de ese modo,quechuizaron, aymarizaron, guaranizaron o chiquitanizaron el catolicismoy dieron nacimiento a una nueva religión sobre la base del sincretismo.

Entonces el dios Tunupa se fundió con el Tata Santiago y laPachamama con la Virgen María y Dios con Viracocha; y en el curso desiglos se fue construyendo toda la nomenclatura religiosa que se tradujo,en parte, en el calendario de fiestas que hoy marca el tiempo de losbolivianos.

De esta manera, hay decenas de poblaciones altiplánicas con elnombre del Apóstol Santiago, entre las más conocidas están: Santiago deGuaqui, Santiago de Huari, Santiago de Machaca, Santiago de Bombori,Santiago de Huata. En ese mismo sentido, decenas poblaciones del orienteboliviano fueron bautizadas por los conquistadores con nombres de santosde la religión invasora: San José de Chiquitos, San Miguel de Chiquitos,San Javier de Chiquitos, San Rafael de Chiquitos, San Joaquín, San Ramón,Santa Ana del Yacuma, San Ignacio de Moxos, Magdalena, San Lorenzo. Ypara redondear la mezcla, la Virgen María se reprodujo, según lascaracterísticas y cultura de cada región del país: Virgen de Copacabana (LaPaz), Virgen de Urkupiña (Cochabamba), Virgen de Chaguaya (Tarija),Virgen de Cotoca (Santa Cruz).

Posiblemente por cálculo político de los primeros españoles, elcalendario santoral cristiano coincide con las fiestas y ritos de los pueblosindígenas. Por ejemplo, la fiesta de la Cruz, que se celebra cada 3 de mayo,choca con el Tinku que se realiza en las poblaciones del Norte de Potosí,Pocoata, Macha, donde se sostienen feroces peleas a puño limpio en honora la Pachamama. Se trata de una ancestral administración anual de laviolencia que da como resultado una catarsis colectiva que desinfla laviolencia acumulada en los ayllus durante 12 meses.

En este proceso de indigenización de la religión católica, las fiestasmás expresivas como el Señor del Gran Poder en La Paz, que representa laSantísima Trinidad, Dios, Padre e Hijo, se constituye en una de las másricas fuentes de expresión artística y folklórica de la cultura aymaraespañolizada, donde se exponen bailes emblemáticos del altiplano con lafe de recibir una merecida retribución del Dios de los invasores.

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Lo propio sucede con el Carnaval, una celebración importada deEuropa, que coincide con la Anata Andina, fiesta ancestral para celebrar laprimera cosecha brindada generosamente por la Pachamama. En estafecha se realiza una las entradas más famosas a nivel mundial, el Carnavalde Oruro, para venerar a la madre de Jesús, María, representada en estaocasión por la Mamita del Socavón.

En estas y otras suntuosas festividades se exponen los bailes másrepresentativos del país, entre ellos la Morenada, que representa elsufrimiento de los negros que llegaron desde África a las minas de Potosí,donde no pudieron aguantar el frío que se produce a más de 4.000 metros.La crudeza del clima los obligó a recluirse en regiones calidas como losYungas, donde algunos de ellos se dedicaron, desde hace siglos, a lasiembra de la hoja de coca y muchas de ellas hoy visten de cholas condiminutas trenzas encrespadas debido a su cabello ensortijado.

Según estudiosos, el traje de la Morenada simboliza los toneles devino donde los antepasados de los afrobolivianos se escondían de losexplotadores españoles y la matraca grafica el sonido de las cadenas de losesclavos que arrastraban al caminar lentamente por el peso de los grilletes.Los hijos y las hijas de la comunidad afroboliviana son hoy producto de lamezcla de tres culturas que se generaron en tres continentes: África,América y Europa.

Al igual que la anterior, la danza de los Waqatokjoris tiene un origeny una explicación. Es una parodia de la carrera de toros que habían traídolos españoles como una forma de diversión; los nativos incluyeron en lacoreografía a las lecheras, quienes mueven frenéticamente sus caderas quesostienen una decena o más polleras abultadas.

Y ¿qué se puede decir de la danza de los caporales? Es larepresentación de los capataces que controlaban el trabajo de los esclavosnegros, cuya coreografía y vestimenta han sido hábilmente estilizadas enlos últimos años, a tal punto que se ha convertido en el baile favorito dejóvenes de todas las clases sociales.

En cambio la Diablada, la danza emblemática del Carnaval deOruro, refleja la rendición y pleitesía de la deidad del mal a la Virgen delSocavón. En tanto, la diabólica figura que representa al diablo encarnó enel llamado Tío de la mina, adorado hasta hoy por los trabajadores mineros,pese a que sus antepasados incas no tenían ni la más remota idea del supay

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español (diablo en idioma quechua). El Tío de la mina, ubicadogeneralmente a la entrada al socavón, es una estatua de yeso con largoscuernos de toro, quijada afilada de conquistador, ojos vidriosos, miradasatánica y un inmenso falo que sobresale entre sus piernas y llega hasta susrodillas. Los mineros consumen en su honor, alcohol y coca para recibir suprotección.

Los instrumentos utilizados para bailar las danzas sincréticas, antesdescritas, tienen su origen en otros países. Las trompetas, sacabuches,trombones y tubas fueron inventados en otras naciones, no en Bolivia, masson los que mejor sintonizan con la alegría del alma quechua o aymara.Ejemplo palpable del mestizaje musical.

La fusión de la música es mayor en las ciudades bolivianas de losvalles. Por ejemplo, en Cochabamba y el Norte de Potosí, el instrumentoque prima en las fiestas del calendario señalado es el charango, que no esmás que el resultado del achicamiento de la guitarra española, que derivóa su vez de la baglama egipcia popularizada por los árabes. A éste se sumanel saxofón y el acordeón, que en Carnaval desgranan sus armónicos sonidoshasta activar el espíritu creativo de los famosos taquipayanacus (coplaspicantes), que tienen sus raíces en el contrapunteo de las tunas españolas.

De hecho que la cueca, baile preferido y practicado con eleganciaen los valles tarijeños y el Chaco tiene su origen en las danzas sevillanas.Lo mismo se puede decir de la chacarera, desarrollada con matices criollosen la geografía de la cultura guaraní y bailada al son de melódicos violinesy guitarras.

Tal es el mestizaje cultural que la fiesta europea de Todos Santos hasido dotada de elementos andino-amazónicos, particularmente en lo quetoca a la resurrección de los muertos y su retorno a la vida convertidos enespíritus por algunas horas, como un preludio de la resurrección definitivade los cristianos, tal y como proclama la Biblia.

Redondean este largo camino de la mezcla a todo nivel las religionesoccidentales adoptadas por la población boliviana: católica, cristiana,mormona, evangélica, Testigos de Jehová, etc. Se apropiaron del Dios delos invasores y lo dotaron de sus particularidades como la challa y lofeminizaron al sobreponérsele la Madre Tierra. Muy pocas personaspractican en el siglo XXI una religión estrictamente nativa, la mayoríapractica el sincretismo religioso.

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Mestizaje social

Es cierto que muchas comunidades indígenas mantienen sus trajestípicos, pero la mayoría de la población boliviana ha adoptado lavestimenta occidental o la ha adaptado a su cultura; verbigracia, la cholaha tomado como base el vestido de las sevillanas, al que ha convertido enuna falda larga acampanada llamada pollera.

Del mismo modo, desaparecieron las ropas típicas que vestían loshombres en la era precolombina, entre ellas los uncus, y fueronreemplazadas por las ropas universalizadas por Europa y Asia, entre ellaslos pantalones. Hoy, la mayoría de la población boliviana viste al ritmo dela moda universal, creada en los centros comerciales estadounidenses yeuropeos. En esta inevitable globalización se copian peinados, colores ysímbolos usados en otras latitudes del mundo.

Esta mezcla se reproduce en los nombres y apellidos de laspersonas, la mayoría de origen ibérico, Gonzáles, Pérez, Sánchez, López,Santander, y nombres de la misma cuna, Gonzalo, Jesús, Pedro, María,Martha, Susana, aunque en el último tiempo han sido copiados nombresanglosajones, Jonatan, Windsor, Steve, Wilson, debido a la influencia dela cultura de masas difundida a través de la televisión y el cine. Otroconsiderable porcentaje tiene apellidos nativos y españoles: ChávezAruquipa, Pérez Mamani; Morales Ayma, Noza Villarroel yrecientemente, en buena hora, ha resurgido el aprecio por los nombresde las culturas originarias: Inti, Wáskar, Iyambae, Túpac, Tuma, KorySonkjo, Tika.

La cocina de los bolivianos está llena de platos ibérico-americanos:Sajta, Chicharrón, Pique, Charkekan, Majadito, Saice. Se preparan coningredientes nativos y traídos de otros países como la salchicha o lahamburguesa.

Los muebles y su disposición en los hogares han sido pensados entreartesanos del país y extranjeros, desde el living, la mesa con diseñostiwanakotas o europeos, hasta las sillas con características orientales y lascamas elaboradas con madera de las selvas bolivianas, pero diseñadas enotras latitudes del mundo.

No se salva el tiempo de ocio, donde se destaca la práctica deldeporte, entre ellos, el fútbol, que es la actividad favorita, ya sea en tierras

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bajas o altas; y, como todos sabemos, el juego de la pelota es un deporteque tiene sus orígenes en tierras mayas y asiáticas, pero las reglas delfootball han sido otorgadas por Inglaterra, desde donde se expandió alresto del mundo.

Con el fútbol sufren collas, cambas, chapacos, vallunos, y se generauna especie de cohesión nacional cuando juega la Selección Boliviana, seaen un torneo sudamericano o en las eliminatorias a la Copa Mundial. Talha sido la influencia, que los equipos bolivianos tienen nombresextranjeros, The Strongest, que en lengua inglesa quiere decir, el másfuerte; Blooming, que se traduce como floreciendo; o Wilstermann, unapellido extranjero convertido en símbolo del fútbol de tierras quechuas(”La Wilster”). A estos se suman los emblemáticos Oruro Royal (Oruro),Stormers (Sucre), Destroyers (Santa Cruz), Always Ready (La Paz) o elAchacachi Football Club, equipo que representa a una emblemática ciudadaymara, ubicada en el altiplano paceño.

A esta realidad se suman las transmisiones televisivas en vivo departidos de las ligas más famosas del mundo, española, italiana, inglesa,además de la argentina o la brasileña, lo que crea una cultura deportivamestiza e incide mucho entre niños, adolescentes y jóvenes, quienes lucenen sus encuentros camisetas de los equipos de esos países con los nombresde Leonel Messi, Cristiano Ronaldo o Neymar.

Otros deportes como el básquetbol o el voleibol, también de origenextranjero, en ambos casos, estadounidense, son muy practicados en lasescuelas y colegios del área rural, donde se organizan pequeñas olimpiadas,como solían hacerlo los griegos, salvando las distancias, 500 años antes deCristo, para poner en vitrina a sus mejores atletas en carreras de fondo,velocidad, lanzamiento de disco. Y por si faltara algún deporte se cultivael ajedrez, cuya cuna está en Asia.

A este proceso de aculturación, si usted quiere ponerle un nombremás diplomático, se debe la reproducción de modismos que viajan entrelos países a través de los medios de comunicación. Por ello, es muy comúnescuchar reproducir en Bolivia términos muy mexicanos como cuate,chavo, chapulineada, cantinflada o dar nacimiento a una especie dedialecto como el quechuañol (quechua español), similar al spanglish quenació en algunas regiones de Estados Unidos donde vive un gran númerode migrantes latinoamericanos.

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Mestizaje migrante

Según una encuesta de la Fundación Unir, realizada en 2006, másdel 42% de la población boliviana6 ya no vive en el lugar donde nació, deese total, más del 66% está constituido por jóvenes que oscilan entre los18 y 24 años. De acuerdo con el estudio, las urbes que reciben mayormigración de otras ciudades o de localidades del mismo departamento sonSanta Cruz, Tarija, El Alto, Oruro y Cobija.

Miles de los migrantes dejaron las poblaciones donde nacieron porrazones de estudio, de trabajo, familiares o en búsqueda de mejoresoportunidades de vida. Algunos de ellos volvieron a sus terruños llevandoconsigo nuevas costumbres o formas de ver la vida, mientras que otras,definitivamente han echado raíces en su nuevo destino.

Las personas que han decidido cambiar de ciudad o salir de unaprovincia a una urbe han llevado consigo, además de su bolsa o mochilade viaje, su cultura, la que practican en la región donde se encuentren, yasea mediante la comida, el baile, la música, el arte, las costumbres, perotambién han ido adquiriendo rasgos culturales de los habitantes de sunueva residencia. Por eso bailan con soltura envidiable una morenada oun taquirari, cantan con insuperable “originalidad” una cueca, un huayñoo un huayño-cumbia. Y contagian la challa (tributo a la Pachamama) enCobija, el Chaco o Tarija.

Aquellas personas que han marchado solas, por razones de estudioo trabajo, han tejido nuevas relaciones sociales con jóvenes de la ciudaddonde ahora viven, y muchas de ellas y ellos se han casado o hanconstituido pareja con una mujer u hombre del lugar, conformando unaespecie de matrimonios interculturales, en los cuales la vida está llena dediversidades culinarias, musicales, lingüísticas, en definitiva, culturales,que terminan por materializarse en carne y hueso en los hijos y las hijas,quienes casi de forma automática crean una tercera cultura.

Dicho de otro modo, los niños y las niñas de padres y madres dediferentes ciudades y culturas que nacieron en poblaciones distintas a lade sus progenitores interactúan en las instituciones de su ciudad natal ycrecen como progenitores de una nueva cultura.

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6 Fundación Unir. Encuesta nacional: Diversidad cultura, hoy 206(http://www.unirbolivia.org/nueva3/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=7&Itemid=16)

A la migración interna se agrega la externa. De acuerdo con datosde 2008 del Servicio Nacional de Migración (Senamig)7, los connacionalesresiden en 44 países del mundo. Se calculó aquella vez que 1.797.495millones de bolivianos son inmigrantes regulares legales y 400.000,irregulares. También se estableció, a través de las legaciones diplomáticas,que la cifra real de connacionales en el exterior ronda las 2.274.925personas, si se toma en cuenta a los bolivianos no radicados de formaregular. De ese total, se concentra en Sudamérica el mayor número deemigrantes: 1.269.183; le sigue Europa, donde hay 366.566; enNorteamérica viven 148.094; entre África, Asia y Oceanía, 6.932; y enCentroamérica, 6.720. Gran parte de los migrantes prefieren destinos comoArgentina, Brasil, España, Italia y Estados Unidos.

Los migrantes al exterior, casi en su totalidad, no llevan consigobienes materiales, por el contrario, van en busca de ellos; sin embargo,cargan, como ya dijimos líneas arriba, las narraciones culturales queheredaron para interactuar en su nuevo mundo.

En ese sentido, los compatriotas que ahora viven en Estados Unidosaprendieron una lengua que, en términos sociolingüísticos, significaconocer un nuevo código de interpretación de la realidad para desarrollarsecomo persona. En términos psicosociales, significa ser parte de un procesode aculturación.

Imagine por un momento a una pareja de bolivianos que ha tenidohijos en España, de donde hace 520 años llegó una parte de susascendientes, a cuya cuna volvieron ellos y ellas como quechuas, aymaras,mojeños o simplemente cruceños, potosinos y cochabambinos y sereprodujeron biológica y culturalmente. La mezcla es más interesantetodavía si la pareja es binacional, padre español y madre boliviana oviceversa. Se repite la mezcla de la conquista, cinco siglos después, peroen otras condiciones, aunque en todo caso sería un re-mestizaje.

Es probable que muchos de ellos y ellas retornen y se reestablezcanen alguna ciudad boliviana; es muy probable que sólo traigan unos eurosy en algunos casos ni un solo dólar; pero de seguro que habrán traído unao dos mochilas cargadas de nuevas costumbres, usos y formas de ver delmundo. Y si retornan sus hijos e hijas, por supuesto, llegarán con una valijarepleta de elementos culturales diferentes dispuestos a impregnarse de la

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7 Informe del Servicio Nacional de Migración (Senamig) de 2008,(http://cedla.org/obess/node/1306)

bolivianidad. Y si volvieran con esposo europeo o esposa americana oasiática, la interculturalidad será aún más marcada.

Mestizaje tecnológico

En medio del mestizaje social, político, económico, llegaron lasnuevas tecnologías de información y comunicación (TIC), quedinamizaron más este proceso porque son vehículos de la cultura de masasy espacios de aculturación. En un primer momento, la radio puso encirculación rápida entre los países del orbe nuevas realidades e ideologías,encapsuladas en información.

Luego el cine no sólo mostró imágenes de otras latitudes, sino seconvirtió en un exportador de modelos de vida y de entender un mundoque ya había comenzado a achicarse.

Con más poder llegó la televisión, que expandió como reguero depólvora la cultura de los países dominantes por lo que fue acusada depretender homogeneizar el mundo en desmedro de las denominadascivilizaciones débiles, debido a que había saltado de vehículo a productorde la cultura de masas.

Esta realidad quería decir que la nueva tecnología no sólo habíasumado la imagen al lenguaje de la información, sino que se convertía enla generadora de nuevas escalas axiológicas, patrones sociales, filosofíasde vida a través del código de la distracción, traducido en telenovelas, serieso programas de humor como el Chavo del Ocho o el Chapulín Colorado.

Bolivia se metió de lleno en ese mundo imaginario, pero sin compartircasi nada, sino dejándose subsumir por los productores de la cultura universal.

Con la televisión por cable las posibilidades se multiplicaron y losdébiles diques nacionales se rindieron. La cultura avasallante llegó enexclusiva desde todas las esquinas del mundo a cada hogar que así lo solicitó.

Las nuevas Tecnologías de Información y Comunicaciónconstituyen, en este mismo momento, la máquina infinita de laglobalización, que a decir de Zygmunt Bauman8, pone en serio

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8 Bauman, Zygmunt, La Globalización, consecuencias humanas, Editorial Fondo deCultura Económica, Argentina, 1999.

cuestionamiento el Estado Nacional porque se comprime elespacio/tiempo en el viaje de la economía a tal punto que mantiene unpaso de ventaja sobre cualquier gobierno que intente limitar losmovimientos de las transnacionales.

La red Internet es la dinamizadora de la globalización. “En laactualidad, todos vivimos en movimiento. Muchos cambiamos de lugar:nos mudamos de casa o viajamos entre lugares que no son nuestro hogar.Algunos no necesitamos viajar: podemos disparar, correr o revolotear porla Web, recibir y mezclar en la pantalla los mensajes que vienen de rinconesopuestos del globo”, dice Bauman y agrega, “pero la mayoría estamos enmovimiento aunque físicamente permanezcamos en reposo. Es el caso delque permanece sentado y recorre los canales de televisión satelital o porcable, entra y sale de espacios extranjeros con una velocidad muy superiora la de los jets supersónicos y los cohetes cósmicos, pero jamás permaneceen un lugar el tiempo suficiente para ser algo más que un transeúnte, parasentirse chez soi”.

Ante la inevitabilidad de este fenómeno, el premio Nóbel JosephStiglitz se preocupa de hacer funcionar la globalización9 y el sociólogoespañol Javier Castell asegura que vivimos en una sociedad red que estácambiando toda nuestra liturgia de vida, desde el trabajo, pasando por laeconomía, hasta el tiempo de ocio.

Por las redes sociales, Facebook, Twitter, circula la vida, la economía,la cultura, la revolución, como en el caso de la llamada Primavera Árabe.Bolivia ingresa cada vez más a este mundo, y los bolivianos van asumiendoel reto de comprender Internet como el nuevo canal de integración almundo en todos los ámbitos. Prueba de ello es que en algo más de seis añosel acceso de la población nacional a Internet creció casi en un mil porciento. En 2004, se calculaba que apenas 100 mil personas tenían acceso ala red; en 2011, la Autoridad de Regulación y Fiscalización deTelecomunicaciones y Transportes (ATT) informó que 800.000 bolivianosestán conectados a Internet, al margen de las personas queesporádicamente usan el servicio.

Una de las repercusiones de este proceso de crecimiento se constataen el lenguaje que creativamente va inventando nuevos verbos:feisbuquear, tuitear, chatear. Y si tomamos en cuenta que la base del

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9 Joseph E. Stiglitz, Cómo hacer que funcione la globalización, editorial Taurus, Argentina,2006.

mestizaje cultural es la lengua, pues, inequívocamente ingresamos en unterreno de simbiosis permanente entre cosmovisiones distintas.

La cereza sobre la torta tecnológica la representa el teléfono móvil,conocido en Bolivia como celular, que facilitó en tiempo real el viaje de lamezcla cultural a través de los servicios que presta desde un simple teléfonohasta un reproductor de música, video o soporte de Internet. Según informesde la ATT, más del 80% de los habitantes del país usa el celular. NacionesUnidas recientemente reportó que de los siete mil millones de personas queviven en la tierra, seis mil millones cuentan con acceso a telefonía.

Estos datos demuestran que, como nunca antes en la historia de lahumanidad, estamos interconectados entre los seres humanos, lo quesignifica que vivimos una etapa de irreversible conexión de realidades,historias de vida, pensamientos, sentimientos y recorremos un camino sinretorno a la constitución de un ser global con rasgos muy particulares decada país o continente, pero con muchos elementos universales. Y Boliviano está aislada de este proceso.

Del Estado criollo al proyecto de Estado mestizo

El historiador Charles Arnade plantea en su libro “La dramáticainsurgencia de Bolivia” que el país es el resultado de la voluntad de ungrupo de criollos que, tras ver cómo eran derrotadas las tropas realistas, sepasó al bando de los independentistas y decidió quebrar el sueño de laPatria Latinoamericana, pero más que todo la posibilidad de unidad conel Bajo Perú, y constituir un nuevo Estado con un único objetivo: preservarsus privilegios en desmedro de la mayoría indígena del país.

Ese grupo oportunista, según otros historiadores, estuvo constituidotambién por mestizos, definido en aquel momento a partir de la genéticacomo hijo o hija de un padre o una madre española con una madre o unpadre indígena. En otras palabras, determinado a partir de la “sangre” y notanto de la cultura. En este marco, la historia cuenta que los llamados“doctorcitos”, entre ellos Casimiro Olañeta y José María Serrano, tramaronde manera truculenta el nacimiento de Bolivia excluyendo a la mayoríaindígena.

Bolivia nació como feudo de un pequeño grupo de hijos deespañoles que no pelearon por la libertad ni por la justicia, sino que usaron

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su formación académica y política para preservar sus privilegios de sangre,de casta, en el nuevo Estado.

El sujeto indio había sufrido tal derrota en 333 años que no teníacapacidad ni siquiera para cuestionar la constitución del nuevo país, pesea que había combatido obligado en ambas filas, tanto entre losindependentistas como entre los realistas, aunque algunos historiadoresdicen que, en realidad, los indios permanecieron alejados de esta contiendaque se definió entre españoles, criollos y mestizos.

Recién en la Guerra del Pacífico el indio asoma como sujeto conexistencia republicana en las filas del Ejército Boliviano, pero sincomprender claramente el valor mismo de la Patria, sino como un sujetoimpelido a defender algo que no consideraba suyo por la traición que habíasufrido en su nacimiento por parte de los parteros de la República.

Desde entonces y hasta la Guerra Federal el indio estuvo ausente enla construcción del destino de Bolivia. Recién a finales de siglo XIX, elindígena emerge como aliado de las filas federalistas, con Zarate Willca,para derrotar a los republicanos. La traición de los federalistas terminó conla vida de Willca y se ratificó la predominancia criollo-mestiza en laconducción de los destinos de la República.

El episodio de la Guerra del Chaco (1932-1935) demostró que lacolumna vertebral del Ejército Boliviano eran los indígenas, pues, fueronellos, quienes al final defendieron a la Patria que no fundaron, pero por laque pelearon desde sus mismos inicios, con héroes como el “TamborVargas” y los guerrilleros de Ayopaya o los quechuas como Alejo Calatayud,entre otros.

La contienda del Chaco no sólo desnudó el uso instrumental delos indígenas sino que incubó una conciencia política en el sujeto nativo,pero particularmente, en los mestizos, quienes comprendieron, en esteepisodio, que Bolivia no era un Estado, sino un simple conglomerado deseres humanos que vivían sin un sentido de Patria, sin un ideal dehombre, como unos desheredados que el destino había puesto en unoslímites territoriales a los que no consideraban como propios nicomprendían la razón de vida de una república llamada Bolivia. Es decir,no sabían el significado de Bolivia, ni por qué ellos y ellas tenían que serbolivianos.

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Este estado de la conciencia social fue leído con acierto porintelectuales de la talla de Augusto Céspedes, Carlos Montenegro, HernánSiles Suazo, Víctor Paz, Wálter Guevara Arce, Juan Lechín Oquendo, entreotros, quienes, luego, como resultado de esa interpretación propusieronla inclusión de los indígenas con el objetivo de preparar el nacimiento delnuevo ser boliviano a través de medidas ineludibles y muy necesarias enese momento:

1. Nacionalización de las minas, para producir riqueza desde elEstado y redistribuirla con el fin de acondicionar un país conigualdad.

2. Devolución de la tierra a los hijos legítimos de Bolivia, los indios,para restar poder económico a la rosca minero feudal y erigir unaburguesía nacional.

3. Educación para todos y todas con el fin de crear, en las aulas, alnuevo ser boliviano libre.

4. Participación política de los indígenas a través del voto universalpara incluirlos en la responsabilidad de la conducción delEstado, pero sólo con el deber de elegir y no con el derecho deser elegidos.

El 9 de abril de 1952 comenzó a nacer el nuevo Estado y el nuevoideal del hombre boliviano: el mestizo. La historia dice que la Revoluciónfracasó en el fin, pero no en el medio: la inclusión de los indígenas en lavida política nacional. Los críticos señalan el proceso de mestizajepropuesto desde el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) comoalgo inducido y homogeneizante, por tanto impuesto, entonces destinadoal fracaso.

Sin embargo, es innegable el ascenso que experimenta elmovimiento indígena y popular desde el momento en que suscomponentes comenzaron a cumplir su deber de elegir al gobierno de laRepública con el objetivo histórico de ejercer el derecho de ser elegidosellos dentro de un tiempo.

En ese devenir, el indio se convirtió en proletario, ingresando comotrabajador a las minas, a las fábricas, y sus hijos comenzaron a formarseen las escuelas y colegios bajo el espíritu del nuevo código de educación,

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desde donde repensó la historia y empezó a cuestionar en tono dialécticoal Estado que le había dado alas políticas, pero paradójicamente seguíapreservando estructuras coloniales y de exclusión.

Se constituyó en sujeto económico en su condición de propietariode una parcela de tierra y productor de sembradíos para el mercadointerno, pero ante todo se convirtió en un sujeto político, en un primermomento, con capacidad de elegir, y, en un segundo momento, concapacidad de ser elegido para administrar el Estado.

Pero no sólo para elegir y ser elegido, sino también producir o elegirideología política y no solamente praxis. Resultado de este proceso “cada2 y 6 de agosto, Fausto Reinaga marchaba solo cargado de una pancartaque decía “la tierra no es de quien la trabaja, sino del indio”10. De este modo,el intelectual indianista cuestionó uno de los principios de la RevoluciónNacional (“la tierra es de quien la trabaja”) y por lo cual propuso unarevolución india en lugar de la revolución nacional, que había reducido lasposibilidades de reproducción de sus formas de organización ancestral acambio de la sindicalización.

“A mi regreso de Europa, rompo con toda mi tradición intelectual ycon toda mi producción cholista. Hubiese querido que no existiese…Esotra etapa, otro camino que he encontrado; y tengo otra meta en elhorizonte. En mis obras de 1940 a 1960 yo buscaba la asimilación del indiopor el cholaje blanco-mestizo. Y en las que he públicado de 1964 a 1970 yobusco la liberación del indio, previa destrucción del cholaje blanco-mestizo… y yo planteo la Revolución India”, escribe Reinaga en su obracumbre “La Revolución India”.

Hágase todas las críticas posibles, pero es ineludible reconocer quela Revolución del 52 dio nacimiento al indio proletario, intelectual, liberal,sindicalista, que recién en la primera década del siglo XXI saltó de ser unsimple elector a ejercer su derecho de ser elegido por las reglas de lademocracia burguesa.

Aunque el movimiento indígena sufrió un retroceso en suspropósitos durante las dictaduras, no implica que haya dejado de ser sujetohistórico. Prueba de ello es el pacto militar campesino y el nacimiento de

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10 Esta historia fue contada por el periodista Carlos Salazar, exiliado por la dictadura deHugo Bánzer en 1971, y corresponsal de la agencia de noticias alemana, DPA, durante másde tres décadas.

la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia(CSUTCB). La construcción de estos espacios políticos demuestra que elsector indígena campesino comenzó en ese tiempo a organizarse, en unaprimera etapa, para seguir resistiendo, pero haciendo política; y, en unasegunda etapa, para aspirar a la toma del poder.

Con el advenimiento de la democracia y ya a finales del siglo XX sefortaleció el sujeto político indígena y se extendió al oriente boliviano conel nacimiento de organizaciones como la Central Indígena del OrienteBoliviano (CIDOB), que ha tenido mucho que ver con la construcción delEstado Plurinacional, las autonomías y la defensa del medio ambiente,para la cual ha utilizado como instrumento de lucha las marchas11.

Hasta esta parte, queda probado el proceso de mestizaje que sufrióel indígena, campesino, obrero y popular y que sus gestas son resultado demétodos políticos originarios y occidentales, tales como la marcha y elejercicio de la democracia comunitaria y la democracia representativa, cuyamáxima forma de participación es, precisamente, la ecuación unciudadano un voto.

El Estado Plurinacional

En los últimos 20 años del siglo pasado, el movimiento indígenaoriginario campesino reivindica su historia, su cultura, su cosmovisión conmás intensidad que en la segunda mitad del siglo XX, pero en un escenariomás mestizo porque mide sus fuerzas en un sistema político occidental,cuyas armas, como el voto y la organización de instrumentos políticosllamados partidos, le son útiles en el logro de sus objetivos.

Sin embargo, si bien se desarrolla en el ámbito descrito, se encarrilaen un propósito de desmestización, de descriollización y se radicaliza enun proceso de indigenización de la sociedad boliviana como respuesta alos 520 años de colonización.

En este contexto surgen movimientos con el propósito de impregnarcon el alma originario indígena toda la actividad humana, desde la política,

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11 Hasta esa fecha, la Cidob realizó ocho marchas, la última fue en defensa del TerritorioIndígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, que puso en jaque al gobierno del MovimientoNacionalista Revolucionario.

pasando por la economía hasta llegar a la cotidianidad cultural, pero sindesprenderse de los instrumentos que le otorgó el sistema políticooccidental, asentados, tal y como señalamos en la primera parte, sobre unEstado democrático con tres poderes separados y con institucioneseuropeas como el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional.

Así se explica el nacimiento de la categoría sociopolítica indígenaoriginario campesino, como un intento por indigenizar a la Bolivia que sepropuso mestizar el MNR, pero sucedió todo lo contrario. Se produjo eldoble mestizaje del sistema político boliviano. Justicia occidental, justiciaoriginaria; elección de autoridades por voto ciudadano, pero también porusos y costumbres; democracia representativa y participativa, perotambién democracia comunitaria; veneración a Dios, pero también a laPachamama, igual Estado laico.

Finalmente, la historia da nacimiento entre 2006 y 2009 a la nuevaBolivia, a través de una Asamblea Constituyente, pero esta vez con lapresencia de los excluidos de la Asamblea Constituyente de 1825, cuandose redactó una Constitución que no fue nada revolucionaria, sino unasimple certificación del cambio de dueño de Bolivia, que no cambió ennada la vida del indígena originario.

Han tenido que pasar 185 años para que aquel sujeto históricoconstruido en el ámbito político y no en el terreno genético (sino seríafascismo) defina el destino de la tierra que siempre fue suya, constituyendolo que hoy se conoce como Estado Plurinacional de Bolivia.

La definición sociopolítica de lo indígena originario campesino nose sustenta en la pureza de sangre, ni tiene mucho que ver con labiopolítica; es más bien un concepto construido para superar la exclusióny hacer justicia con la toma del poder. No refleja pureza de raza ni unacultura inmaculada, sino la virginidad política de un sector social en laadministración de un Estado que comenzó a sentir casi suyo tras la GuerraFederal; suyo a medias después de la Revolución del 52; y enteramente suyocon el Proceso de Cambio.

El resultado más esperado del Estado Plurinacional radicaba en elepitafio que iba a poner fin a ellos/nosotros; los kjaras/los taras; losblancos/los indios, quechuas/aymaras y comenzar a construir unNOSOTROS sobre el ideal de hombre que quiere parir el Proceso deCambio.

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El concepto indígena originario campesino maduró en luchassociales como la Guerra del Agua, la Guerra del Gas, y en las institucionesdemocráticas como las elecciones nacionales que condujeron a susrepresentantes hasta la administración del Estado. Y se podría decir queya cumplió su cometido de incluir al excluido de los designios del país, loque significa que agotó su función política.

Ahora está obligado a recorrer hacia su nuevo destino si desea larealización total del Estado Plurinacional, en el marco de la revolucióncultural.

Por ahora, se comprende el concepto Plurinacional como lacoexistencia de culturas, sobre la base de la tolerancia; pero no como laconvivencia de culturas, sobre la base del respeto, destinadas a seguircreando más culturas con un ideal de hombre, que supere el monismomoral y asuma mínimos acuerdos sobre los criterios de justicia y seaflexible sobre los criterios de felicidad (el bien vivir o el vivir bien), perosin perder de vista que los seres humanos son fines en sí mismos, antesque simples medios, sin importar su cuna cultural.

El nuevo ser boliviano

La persona que vive en Bolivia, un Estado que tiene menos de 200años, a diferencia de otros países europeos, es producto de los antecedentesseñalados, vale decir, de la simbiosis producida en el ámbito de la religión,la política, el lenguaje, la tecnología.

Es un ser que cuando nació la República ya era resultado de unamezcla marcada por la Colonia, donde se produjo el proceso de mestizajeinevitable (así se lo denomine colonialismo cultural) por la preeminenciao el avasallamiento de una cultura sobre otra. Aquella, sin embargo, en 500años no pudo borrar las profundas huellas de la cultura que pretendióanular; por ello, coexistieron y, sin proponérselo, constituyeron una terceracultura.

Durante gran parte de la Colonia, el mestizaje fue una mala palabray los mestizos unas malas personas. Así lo confirma el sociólogoecuatoriano Hernán Ibarra, que lo define “como el proceso biológico demiscigenación que ocurre donde hay el contacto entre distintos gruposraciales y étnicos”.

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En criterio de este estudioso, “el mestizaje, como producto colonial,fue un proceso de mezcla de razas, que se tradujo en las castas racialmentemestizas. Esto se refiere a que quienes no eran blancos, indios o negrostenían una condición social de castas con denominaciones que abarcabanlos diversos tipos de mestizos resultantes de la situación colonial”. Ese tufodespectivo sobre el cholo, el mestizo, también lo refleja magistralmenteXimena Soruco Sologuren, en su libro “La ciudad de los Cholos”12.

Para Ibarra, en un sentido cultural, el mestizaje es el proceso deaculturación que se desarrolla en diversos momentos y circunstanciashistóricas. El sentido ideal de los procesos de mestizaje, su “deber ser”, esel del intercambio cultural con el enriquecimiento de las partes, pero elmayor obstáculo para que esto ocurra, según ha demostrado Róger Bastide,es que las barreras de los prejuicios raciales y la discriminación son tanpoderosas que impiden los contactos entre vertientes culturales13.

Con el fin de superar este prejuicio y la concepción homogeneizantede la Revolución Nacional sobre el término mestizo, el Estado bolivianooptó por comprenderse como un espacio de naciones, pero donde,paradójicamente, no cabe la nación mestiza.

Para entender mejor, concertemos el concepto de nación que,formalmente, aparece en 1789 en la declaración de los Derechos delHombre en los siguientes términos: “el principio de soberanía resideesencialmente en la nación”. Los revolucionarios franceses habíanpresupuesto este término antes de desarrollarlo y lo identificaban con elpueblo. En otros lados las “naciones” eran entidades dudosas. En talsentido, para Hegel la lucha entre naciones era el motor de la historia, loque para Marx era la lucha de clases; y para Nietzsche, la lucha de razas.

En ese devenir coincidieron cuatro criterios para definir la nación14:1) Una entidad política definida por los límites del Estado. Bajo estadefinición las naciones se reúnen en las Naciones Unidas. En la otra veredaestá el Estado Plurinacional, que traducido sería un Estado con muchasnaciones. 2) Una unidad geográfica definida por las fronteras naturales opor alguna identidad territorial histórica. Podría ser la nación inglesa, quees una entidad definida por la geografía. 3) Un pueblo autoconsciente de

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12 Soruco, Ximena; La ciudad de los cholos, mestizaje y colonialidad en Bolivia siglos XIXy XX, Editorial Tarea Asociación Gráfica Educativa, Lima, Perú, 2011.

13 Ibarra, Hernán; La otra cultura, imaginarios, mestizaje y modernización, EditorialMarka, Quito, Ecuador, 1998.

14 Jay, Richard; Ideologías Políticas, Editorial Tecnos, Madrid, España, 2004

su identidad y unidad comunes, que se manifiesta en una acción políticacolectiva o una cultura nacional distinta. 4) Un pueblo definido por algunacaracterística “objetiva” de su vida social; por ejemplo, el lenguaje común,los orígenes étnicos o raciales, la religión o una existencia económicacompartida. Este criterio engloba a las naciones del Estado Plurinacional.

Según Richard Jay, “juntando estos cuatro elementos obtenemosuna nacionalidad ideal: un pueblo con su propio Estado y con su propiapatria, con una cultura y una conciencia nacional desarrolladas, ysocialmente homogéneo”.

El cuarto criterio da nacimiento a la nación mestiza, pues al igualque la aymara, chiquitana o mojeña tiene un lenguaje común, un origenque data de hace más de 500 años, una existencia económica, un almacolectiva.

Ahora retornemos al concepto mestizo, que nace en la Colonia, yque según el Diccionario de Relaciones Interculturales es una construcciónque sólo adquiere sentido cuando se considera en su relación con su par.Este constructor encuentra su mayor expresión en el sentido ideológico yse presenta en dimensiones culturales, biológicas, lingüísticas e inclusoepistemológicas. El mestizaje ha pasado desde la imagen racial a lametáfora cultural. Otros autores, entre ellos el investigador bolivianoRafael Archondo, plantean que los mestizos son quienes se sitúan en losespacios próximos a culturas sin pertenecer plenamente a ellas; mientrasque la socióloga e historiadora boliviana Rossana Barragán, indica que esuna variante urbana de la cultura indígena, una especie de vanguardiacitadina que, sin dejar de ser lo que fue, adquiere nuevos recursos y unanueva lógica para preservar sus valores.

Es decir, el mestizo o la mestiza dejó de ser producto genético de lamezcla de razas, a tono con la ciencia, que ya demostró que no hay razas.Mantener aquella definición sería reproducir un pensamiento colonial enplena era descolonizadora. Por tanto, podemos y debemos definir elmestizaje como la mezcla de dos o más culturas que da nacimiento a unatercera cultura; es decir, a una nueva nación con un lenguaje común, unorigen común, una historia común, pero sin subsumir particularidades orasgos específicos de sus subcomponentes.

En esa onda, Ibarra subraya: “el mestizaje ha variadohistóricamente, al pasar de la estigmatización y la definición negativa hacia

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una identidad positiva con la formación de la conciencia nacional en elsiglo XX. En esto fue esencial la revolución mexicana de 1910 y la revoluciónboliviana de 1952 que consolidaron los fundamentos de una conciencianacional mestiza”. Sobre esta historia se reproduce la ideología delnacionalismo, doctrina universal inventada en Europa en el siglo XIX, que“sostiene que la humanidad se divide naturalmente en naciones, que lasnaciones poseen ciertas características que pueden determinarse, y que elúnico tipo de gobierno legítimo es el autogobierno nacional”.

Entonces, es incoherente discriminar un concepto, como sucedíadurante la Colonia, cuando ha construido una identidad en más de mediomilenio y tiene las características señaladas en la primera parte de estetrabajo. No se puede negar 520 años, tiempo en el cual la palabra mestizocambió su base epistemológica.

El origen negativo del mestizaje asume, en este nuevo tiempo, undestino positivo e inevitable gracias al proceso vivido y a la presencia físicade las tecnologías de información y comunicación que han vehiculizadola globalización.

El término que nació para despreciar a un segmento de la poblacióny que por ello mismo era despreciado, hoy se ha convertido en un términomuy apreciado, al menos en Bolivia, porque tiende a convertirse en la palabrabisagra que puede unir al país y cohesionar lo boliviano con lo quechua, loboliviano con lo aymara, lo boliviano con lo camba, lo boliviano con loguaraní. Así lo demostró, la encuesta de la Fundación Unir, realizada en200815, que revela que el 73.3% de la población encuestada se identificó comomestiza, pero a la vez el 67% se declaró perteneciente a un pueblo indígena.

El estudio señalado demuestra que el concepto mestizo no mata aotras identidades (tsiman, surcaré, chiquitano), sino que fusionaidentidades mestizo/quechua; mestizo/aymara; mestizo/mojeño; portanto, proyecta la estructuración de una nación con un ideal de hombreen los términos planteados por Adela Cortina16.

El concepto indígena originario campesino se ha convertido en unacategoría política que ha logrado su propósito: derribar al Estado

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15 Fundación Unir; Segunda Encuesta Nacional, diversidad cultural 2008;(http://www.unirbolivia.org/nueva3/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=7&Itemid=16)

16 Cortina, Adela; Ética mínima, introducción a la filosofía práctica; editorial Tecnos,Madrid, España, 2010.

colonizador y excluyente y erigir un Estado Plurinacional, cuyo propósitodebe ser el de redistribuir en términos equitativos el poder, la riqueza y lapalabra. Por tanto, ya es un concepto superado por el propio EstadoPlurinacional, que debe ser comprendido como el espacio de convivenciaentre naciones que tienen muchos elementos en común, entre ellos elmestizaje, pero a la vez sus identidades particulares.

Dicho de otro modo, el Estado Plurinacional es el resultado de unlargo proceso de mestizaje en los campos señalados siendo que aceptarlocomo tal será caminar hacia la descolonización, y rechazarlo significaráque muchos bolivianos todavía no han superado la colonización mentalque abatió al país durante centurias.

Es antihistórico reciclar el concepto indígena originario campesinosólo para reproducirse en el poder en nombre de pueblos que,evidentemente, preservan sus particularidades, pero a la vez reconocensus mezclas.

Sobre este cimiento se debe erigir al nuevo ideal de hombreboliviano, al nuevo ser boliviano, que en lo biológico, así no nos guste, esresultado de las mezcla de europeos e indígenas originarios campesinos(es muy probable que haya excepciones, pero ya hemos demostradoabundantemente la mezcla) y en lo cultural es el producto de una inmensamezcla de pensamientos, prácticas y realidades.

Ese nuevo ser boliviano conserva sus raíces indoeuropeas en todoslos ámbitos y tiene su esqueleto y genes culturales en el mestizo, que no esun término apabullante o excluyente de lo indígena originario, si no, elreconocimiento de que cada uno de nosotros es un ser que ha producidouna tercera cultura, lo que no quiere decir, necesariamente, que se hayahomogeneizado.

El ser boliviano es resultado de dos o más culturas y su tránsito esun devenir infinito de ir creando terceras culturas. El ser boliviano tieneuna identidad de origen o procedencia, quechua, guaraní o chiquitano, yun destino único: Bolivia. Vale decir que es un ser con identidadoriginaria, pero sin ser arrancado de sus contextos mestizos evidentes. Unser que no se aferre a sus intereses empíricos, diría Adela Cortina, sino asus intereses morales que conduzcan a construir una comunidad deintereses, un sistema de cooperación, en el que puede negociar lasconcepciones del vivir bien (felicidad), pero no los mínimos criterios de

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justicia social17 que hacen a su dignidad humana, así proceda de diferentesculturas.

Un ser sin complejos frente a su historia ni resentimientos frente asus iguales mestizos, aunque diferentes identitariamente; un ser bolivianocon alta reflexión moral para no quedarse estacionado en su pasado, concapacidad dialogante y consensual para sentar el presente de un futuroexento de la tentación de imponerse sobre el otro igual; un ser con espírituautónomo, con sensatez rebelde para auto legislarse y para acordar unalegislación y comprometerse moralmente a cumplirla sacrificando inclusosus intereses sectarios con la convicción de que el bienestar de cada unose asegura sobre el bienestar de todos. Un ser libre y capaz deautogobernarse y construir desde el hogar un sistema de cooperación yproyectarlo a una comunidad de sólida institucionalidad democráticaalejada del liderazgo que cree que encarna por designio divino lasaspiraciones de la sociedad. Un ser que entiende que el poder se negociaen función del bien común y que la autoridad rota entre los componentesde una sociedad para crear el espíritu de la corresponsabilidad del nosotrosen la administración de la cosa pública.

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17 “Modo en que las instituciones sociales más importantes distribuyen los derechos ydeberes fundamentales y determinen las ventajas provenientes de la cooperación social”,Adela Cortina, Ética mínima, introducción a la filosofía práctica.

Capítulo III

La ciudadanía en el nuevoproceso socio político

Waldo Albarracín es abogado, con maestría enDerecho Constitucional. Fue Presidente de laAsamblea Permanente de Derechos Humanos deBolivia (1992-2003), miembro del Consejo Ciudadanopara la Reforma a la Constitución Política del Estadoy Defensor del Pueblo entre 2003 y 2008. Escolumnista de La Prensa, docente universitario yautor de varios textos sobre leyes y DerechosHumanos.

Waldo Albarracín Sánchez

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Waldo Albarracín SánchezReinventar la política para construir una nueva ciudadanía;ejercer derechos y obligaciones en base a una revolución deconducta que implique responsabilidad con el bien común,es la oportunidad que advierte y alienta el autor de esteensayo. Un repaso histórico de la forma en que se han idomanejado los conceptos de ciudadanía desde el poder ydesde el pueblo, es el marco sobre el que sustenta lanecesidad de adoptar medidas inmediatas para recomponerla relación entre la política y la sociedad civil, y aportar a lare construcción de un legítimo ejercicio ciudadano.

Supuestamente, al haberse extinguido la última dictadura militaren Bolivia, en octubre de 1982, las experiencias de los regímenes de factoya no deberían ser parte del análisis político: ahora imperan otrascoyunturas y diferentes formas de relacionamiento entre el Estado y lasociedad civil, de manera que el antecedente dictatorial no sirve para unanálisis y evaluación exacta de la realidad nacional y del ejercicio de losderechos ciudadanos. Sin embargo, resulta muy riesgoso prescindir de esteantecedente en un país donde los protagonistas políticos se convirtieronen fieles herederos de las lógicas autoritarias que nos legaron losdictadores, extendiéndose esta forma de relacionamiento social haciaimportantes estamentos de la sociedad civil.

Las experiencias políticas del pasado han sido recicladas en eltiempo y en el espacio y tienen una marcada influencia en la subsistencia,hasta nuestros días, de diferentes prácticas “humanas” autoritarias que

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permiten, por ejemplo, la discriminación por diversas razones (género,generacional, racial, religioso, sexual, opción sexual, etc.), la violencia (enmuchos casos política), la intolerancia y otras formas de atropellar losderechos de los demás.

Los diferentes dictadores militares dejaron toda una escuela decomportamiento político que aún no fue extinguida, a pesar de las tresdécadas de regímenes democráticos liberales que estamos prontos acumplir.

La Doctrina de la Seguridad Nacional mutiló elejercicio de los derechos ciudadanos

Los regímenes de René Barrientos, Hugo Bánzer, Luis García Meza,entre otros, ideológicamente identificados como gobiernos enemigos decualquier tendencia izquierdista, encontraron el instrumento perfecto paracombatir a sus opositores y destruir cualquier acción contestataria de partede la sociedad civil. Bajo la influencia de la Doctrina de la SeguridadNacional, diseñada en el Pentágono para ser aplicada en Latinoamérica,especialmente en el Cono Sur, los gobiernos afines de estos países lainstalaron y reprodujeron entusiastamente.

Miles de efectivos militares recibieron formación en la “Escuela deLas Américas”, para terminar convencidos de la necesidad de destruir a losdos enemigos, el externo y el interno. El primero identificado con elComunismo Internacional y, el segundo estereotipado en los sectores máscontestatarios de la sociedad (dirigentes sindicales, maestros, artistas,curas, partidos de izquierda, intelectuales, periodistas, etc.).

La dureza de estos regímenes impidió obviamente la libertad deexpresión, el derecho a disentir, a reclamar. Los saldos de perseguidos,exiliados, encarcelados, confinados, torturados y desaparecidos cuyosparaderos hasta hoy se desconoce, mostraban un profundo desprecio porla vida e integridad de la persona, y constituyen fieles testimonios de losniveles de degradación al que puede llegar el ser humano en su afán deaniquilar al adversario político.

Treinta y más años después, y no obstante la consolidación de lademocracia, estas víctimas y desaparecidos siguen siendo una deudapendiente del Estado con la sociedad que aún no fue allanada por la

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democracia debido a los preocupantes niveles de impunidad quecaracterizan a los crímenes de lesa humanidad. Es, también, parte de laherencia recibida por los gobernantes constitucionales de ese oscuroperiodo de nuestra historia.

En ese contexto, la institución de la “ciudadanía” como forma deexistencia y convivencia humana y ejercicio de derechos fue absolutamentemutilada sin posibilidades reales de ser ejercida. Por el contrario, losdictadores encontraron formas “inteligentes” de camuflar jurídicamentesus actos de represión política, creando normas que les permitacriminalizar la protesta social, como es el caso del Código Penal aprobadodurante la dictadura del Gral. Bánzer, a través del cual se crearon figurasdelictivas que penalizaban las acciones contestatarias de la sociedad (lostipos penales de “instigación pública a delinquir”, “apología pública de undelito” y el “desacato”, esta última daba lugar al enjuiciamiento penal detoda persona que emitiera criterios negativos o se refiera en formairrespetuosa hacia las autoridades públicas). Lo irónico del caso es que endemocracia, los diferentes gobiernos, incluido el actual, continúan usandoestos recursos legales para reprimir políticamente a sus adversarios.

La dictadura, por consiguiente, es un ausente bien presente en lapolítica boliviana, a partir de la continuidad de ciertas mentalidadesheredadas del pasado, de la subsistencia de lógicas autoritarias y de laimpunidad de varios de sus protagonistas, generando una sistemáticaviolación de los derechos humanos y por ende mutilando el ejercicio de laciudadanía.

La Doctrina de la Seguridad Nacional no se fue con los dictadores,persistió en las posteriores coyunturas y marcó profundas huellas que aúnse advirtieron en las reacciones y formas de administrar el Estado de lossubsecuentes conductores del país. Forma, por tanto, parte de la realidadactual; es por ello que no se puede prescindir de este antecedente en elanálisis.

Las democracias de orientación neoliberal

El 10 de octubre de 1982 fue posesionado como PresidenteConstitucional de la República el Dr. Hernán Siles Zuazo, líder del FrenteUnidad Democrática Popular (UDP). Fue el momento en que llega al poderel primer gobierno constitucional después del alejamiento de los militares.

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El pueblo tenía la esperanza de que al ingresar en un nuevoescenario político, el Estado mostraría un rostro diferente: la relación conla sociedad civil se materializaría en base a nuevos parámetros, seallanarían muchas asignaturas pendientes y los derechos humanos -muyconculcados en la dictadura- serían esta vez respetados. Si bien secaracterizó por respetar las garantías constitucionales, el régimen de laUDP tuvo que acortar un año su mandato ante el clima de desestabilizaciónpolítica que vivía el país, la inflación galopante y la crisis económica.

A partir del 6 de agosto de 1985, y por más de dos décadas, seinstalaron consecutivos gobiernos de inspiración neoliberal en laaplicación de políticas económicas y de marcada tendencia autoritaria ensu relacionamiento con el conjunto social. La explicación es lógica ycoherente: quienes usufructuaron del poder durante los gobiernos de facto,se mantuvieron vigentes en los regímenes constitucionales. No olvidemosque la mayoría de los gobiernos militares fueron respaldados pororganizaciones políticas de tendencia conservadora o derechista, queconfiguraron diversas alianzas para permitir el surgimiento de gobiernoscívico militares. En democracia, los ex dictadores también fueronprotagonistas, continuaron en el poder y esa es la razón fundamental paraque subsistan los comportamientos autoritarios, mecanismos de exclusión,procedimientos violatorios de derechos básicos y por consiguiente unaciudadanía que, como institución, se vio reiteradamente restringida.

A pesar que durante este prolongado período se suscitaron dosmodificaciones parciales a la Constitución Política del Estado, ello resultóinsuficiente para generar procesos de transformación profunda en lasinstituciones más emblemáticas de la estructura estatal. Es el caso de losórganos coercitivos del Estado como las Fuerzas Armadas y la Policía,instituciones que tanto en su relación interna como en el contacto con lasociedad civil, exponen preocupantes formas de comportamientoautoritario y violatorios de derechos, como la persistencia de la tortura enlos cuarteles militares y en las celdas policiales en casos de interrogatoriosinvestigativos, o la utilización con fines políticos de ambas entidades porlos diferentes gobiernos.

Esta herencia del pasado también se extiende a otras entidades comoel Ministerio Público (Fiscalía) o los tribunales de justicia, ambas, en plenosiglo XXI, deberían militantemente constituirse en espacios de garantía dederechos ciudadanos; sin embargo, los niveles de subordinación política yelevado grado de corrupción minimizan sus potencialidades democráticas

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y las convierte en simples entidades paragubernamentales, dando lugar auna peligrosa situación de indefensión ciudadana.

La ciudadanía como legítima aspiración democrática

¿Quién es el ciudadano? Existe una diferencia cualitativa entre losconceptos de persona y ciudadano. La primera se refiere a todo sujeto capazde adquirir derechos y contraer obligaciones en su relación con el Estadoy la sociedad. El ciudadano es el individuo que goza del estatus deciudadanía, titular pleno de los derechos públicos subjetivos, civiles,políticos, económicos, sociales y culturales, otorgados por el sistemajurídico político. En este caso, es la democracia la que permite el ejerciciode la ciudadanía plena a las personas.

En Bolivia, el estatus de ciudadanía lo poseen todos los bolivianosy bolivianas mayores de 18 años, cualquiera sea su nivel de instrucción,ocupación o renta.

Pero, el ejercicio de la ciudadanía puede materializarse de diversasformas, dependiendo de las circunstancias y la situación de la persona ensu relación con el Estado.

Tenemos a la ciudadanía pasiva, caracterizada por el reconoci -miento de una serie de derechos (pueden ser de orden civil, político,social…) desde el Estado hacia el ciudadano o ciudadana. Estereconocimiento no incluye pautas de acción, quiere decir que el Estado losotorga sin pedir nada a cambio, sin exigir reciprocidad ni el cumplimientode obligaciones previas. Los reconoce en favor de las personas por propiaconvicción. Generalmente, estos derechos están consagrados de oficio enel texto constitucional, sin ningún condicionamiento para su realización.Los artículos 21 y 26 de la Constitución en vigencia, referidos a los derechosciviles y políticos respectivamente, consagrados por la norma supra legal,son prueba fehaciente de lo que significa la ciudadanía pasiva.

Por otro lado, encontramos a la ciudadanía activa, que expone unconjunto de deberes u obligaciones de la persona hacia la comunidadpolítica de la cual forma parte.

La participación activa y efectiva de los ciudadanos y ciudadanas enlos asuntos públicos se ha identificado como una de las obligaciones

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centrales de la persona. Esas obligaciones, como el sufragio, forman partede un abanico de acciones que se materializan en la gente, contribuyendoal logro de los objetivos trazados por el Estado. El artículo 108 de laConstitución Política del Estado, describe claramente los deberes de laspersonas y es a través del cumplimiento de éstos que se consolida laciudadanía activa.

Asimismo, todo Estado mediante su ordenamiento jurídico internoy especialmente a través de su norma principal (Constitución Política),enuncia en forma clara y concreta los derechos y deberes ciudadanos. Aesta enunciación se denomina ciudadanía formal, que no suponenecesariamente el ejercicio pleno de los derechos o el cumplimiento deuna obligación determinada, es decir, el establecimiento formal de unconjunto de derechos puede llegar a marcar distancia de la realidad fáctica;sin embargo, independientemente de que se cumpla o no lo que estáprevisto en la norma como derechos y/o deberes ciudadanos, laarquitectura jurídica garantista continúa vigente.

Finalmente, la ciudadanía sustancial se materializa a través de laparticipación efectiva de la persona a partir de una aprehensión de laciudadanía y de la implementación de políticas estatales para que losciudadanos y ciudadanas ejerzan de manera real y efectiva sus derechos.Este tipo de ciudadanía, que requiere de ciertas motivaciones inclusoafectivas, está integrada fundamentalmente por tres elementosconstitutivos: la conciencia ciudadana, la práctica ciudadana y elsentimiento ciudadano. La primera implica que los miembros de unasociedad sepan que tienen derechos y obligaciones, de índole política,social, económica, civil y cultural y que actúen en función a ello; o sea, queejerzan esos derechos y también cumplan efectivamente esas obligacionesformales.

La práctica ciudadana hace referencia a un derecho y una obligaciónaltamente relevante en un escenario democrático. Nos referimos alempoderamiento de los derechos formales de manera conciencial,asumiendo la responsabilidad ciudadana a través de lo que se conoce comoel res ponsos (del latín res o cosa y ponsos o peso). En ese sentido, nosestamos refiriendo a la participación activa en la vida política de un país.

Con referencia al sentimiento ciudadano, los teóricos que debatensobre el concepto de ciudadanía, coinciden en afirmar que se trata de unelemento de suprema importancia. Según Kymlicka (Kymlica, Wayne,

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1996: 15), “la ciudadanía no es simplemente un estatus legal, definido porun conjunto de derechos y responsabilidades. Es también una identidad,la expresión de la pertenencia a una comunidad política”.

Todo ello implica que para asegurar un efectivo involucramiento delos miembros de una sociedad con la comunidad política a la quepertenecen, es decir al Estado, es necesario que los mismos se sientan partede él. Es trascendental que se sientan ciudadanos.

Habermas decía que “una norma es legítima cuando losdestinatarios de ella se sienten (o son) los hacedores de la misma”.

La ciudadanía en el marco de la Constitución Políticadel Estado

El Título V de la Constitución Política del Estado, incursiona en losconceptos de nacionalidad y ciudadanía, específicamente el Capítulo II,artículo 144 establece que “ I. Son ciudadanas y ciudadanos todas lasbolivianas y todos los bolivianos y ejercerán su ciudadanía a partir de los18 años de edad, cualesquiera sean sus niveles de instrucción, ocupación orenta. II. La ciudadanía consiste: 1. En concurrir como elector o elegible ala formación y al ejercicio de funciones en los órganos del poder público y2. En el derecho a ejercer funciones públicas sin otro requisito que laidoneidad, salvo las excepciones establecidas por Ley. III. Los derechos deciudadanía se suspenden por las causales y en la forma prevista en elartículo 28 de esta Constitución”. Al respecto, conviene enfatizar que dichoartículo al referirse a los derechos políticos, establece las causales desuspensión de los mismos, señalando tres: 1. Tomar armas y prestar servicioen fuerzas armadas enemigas en tiempos de guerra, 2. Defraudación derecursos públicos, y 3. Traición a la Patria.

Analizando rigurosamente el referido artículo, concluiremos que laprincipal norma jurídica boliviana parte del principio de que todas laspersonas son ciudadanas, y en el caso específico de Bolivia, todos losbolivianos y bolivianas tienen esa condición que les es innata. Sin embargo,hay una etapa de la persona que tiene que ver expresamente con el ejerciciode sus derechos políticos, la misma comienza con la mayoría de edad, puesa partir de ella se cuenta con la aptitud legal para votar o sufragar y tambiénpara ser elegido o elegida, además para ejercer cargos públicos sin otrorequisito que la idoneidad. En ese sentido y en la práctica, se puede colegir

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que la ciudadanía como concepto y práctica, tiene una profundaconnotación política, porque tiene que ver con la cosa pública, con el interéscolectivo, con el bienestar de una comunidad, con el destino de todo uncolectivo humano. Por este motivo, el ejercicio ciudadano ha dado un saltocualitativo desde el punto de vista de ser considerado inicialmente comoun derecho liberal e individual en aras de la construcción de la democraciarepresentativa, para terminar vinculándose con el derecho comunitario através de la acción mancomunada de las personas, consolidando con eltiempo lo que hoy conocemos como democracia participativa, pues másallá de lo que jurídicamente esté establecido, lo evidente es que, con el pasode los años, la sociedad boliviana, con fuertes tendencias a agruparse,organizarse entre afines, ha construido formas de participación y/oactuación conjunta a través de una serie de mecanismos como la asamblea,el cabildo y las iniciativas ciudadanas sobre diversos temas. Algunas son deíndole legislativa como el referéndum, la fiscalización a la autoridad públicao la revocatoria del mandato; incluso las movilizaciones acompañadas porciertas medidas de presión al Estado. Todos estos procedimientos, unoslegales otros fácticos, forman parte de un nuevo protagonismo ciudadanodel cual el Estado ya no se podrá desentender. Por el contrario, precisamenteen la idea de cualificar el sistema democrático, a estas alturas resultanecesario establecer puentes de coordinación con la sociedad civil.

La democracia como escenario ideal de la acción ypráctica ciudadana

Atrás quedó el concepto estrictamente liberal de lo que significa unsistema democrático, pero para ello tuvieron que transcurrir muchos años.Es así que, en 1982, luego del alejamiento de los gobiernos de facto y lallegada de los regímenes constitucionales, durante casi dos décadas secontinuó negando a la democracia su propio desarrollo, restringiendo subeneficio hacia las minorías. La sociedad política boliviana permaneciósiendo un espacio en cuyas instancias de poder (el Parlamento, porejemplo), las mayorías nacionales terminaban siendo minorías políticas ylas minorías sociales se constituyeron en mayorías políticas. Este podertuvo la perspicacia de establecer los límites necesarios que circunscribíanla democracia al mero acto electoral, de cuyos resultados salían elegidasautoridades con una mayoría relativa o simple, un déficit ostensible delegitimidad frente al pueblo y un objetivo claro de preservar el interés desectores privilegiados bajo el falaz argumento de la alianza de clases -aliados, pero unos arriba con derechos y otros por debajo y excluidos-.

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Los partidos denominados tradicionales enarbolaron un estereotipode ciudadanía, focalizada en el ejercicio del voto, interpretado en susresultados como una especie de firma de cheque en blanco a favor de loscandidatos con mayor votación. En el marco de una mayoría simple yrelativa, de un sufragio disperso entre las diferentes opciones partidarias -escenario en el cual el pueblo votaba pero no elegía-, este privilegio lo teníael Congreso Nacional, respaldado en la previsión constitucional queestablecía la alternativa de que el Parlamento elija al Presidente yVicepresidente de la República, ante la eventualidad de que ningunafórmula obtenga la mayoría absoluta en las elecciones generales. Su opciónoriginal contemplaba a las tres fórmulas más votadas, habiendo sidorestringida esta posibilidad congresal a las dos primeras, a partir de lapenúltima modificación parcial al texto constitucional en 1994 (Art. 90).

Era tan mezquina la democracia bajo los fundamentos del sistemameramente representativo que el artículo cuarto de la norma supra legaldefinía que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de susrepresentantes, los mismos que en el ejercicio del poder nunca tuvieron lacapacidad o sensibilidad humana de restituirle, por lo menos en parte, alpueblo su condición de verdadero soberano. A tal extremo llegó esteusufructo del poder, que después del proceso electoral, conocidos losresultados, la ciudadanía en su conjunto terminaba viendo por televisióncómo sus “representantes” elegían a quienes iban a ser Presidente yVicepresidente de todo un país, sobre la base de la distribución de cuotasu espacios de poder, emergente de los pactos o acuerdos suscitados entrelas organizaciones políticas con presencia parlamentaria.

Pero, el tiempo no transcurrió en vano: el distanciamiento entreEstado y sociedad civil se tornó cada vez más elocuente, los partidospolíticos fueron perdiendo legitimidad, dejando de ser los interlocutoresválidos entre ambas partes. Los diferentes sectores, al verse huérfanos derepresentación y sentirse excluidos por el Estado, empezaron a tomarmayor conciencia de sus derechos democráticos y expusieron su legítimaaspiración de obtener mayor participación y protagonismo en la toma dedecisiones sobre los destinos del país. Fue evidente la insuficiencia de lademocracia representativa y es así que empezó a emerger de maneracontundente la consigna de la democracia participativa. El pueblo no sóloquería que lo convoquen a votar cada cuatro o cinco años, como si fueraese acto democrático la única manera de ejercer ciudadanía; exigió, cadavez con mayor énfasis, intervenir en las decisiones más importantes delEstado. Veremos cómo esta exigencia, que al mismo tiempo constituye un

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derecho, fue materializándose gracias a la interpelación permanente de laciudadanía hacia el Estado.

Esa marcada distancia entre los diferentes estamentos queconforman el pueblo boliviano con las instancias de poder estatal, afectóostensiblemente al avance democrático y al ejercicio de los derechosciudadanos. La visión que tenía y aún tiene la ciudadanía en relación alconjunto de instituciones que integran la estructura del Estado, espreocupantemente negativa. Un simple sondeo de opinión acerca de loque se piensa en relación a los parlamentarios, actualmente denominadosasambleístas, arroja un resultado esperado: nadie cree en los políticos. Estavisión negativa no es el caso exclusivo de esta parte del Estado, se extiendehacia jueces, magistrados, fiscales, gobernantes nacionales ydepartamentales, policías, militares, autoridades municipales yadministrativas, los que en la función que les corresponde desempeñarignoraron su condición de servidores públicos y asumieron sólo el rol deautoridades, soslayando los derechos de la ciudadanía, para subordinar suactuación al interés personal o político partidario, pero en ningúnmomento en función del verdadero soberano, el pueblo.

Fue tan contundente la demanda de la ciudadanía, que laincorporación en el texto constitucional del sistema de la democraciaparticipativa, no sólo es una realidad, sino que viabilizar su materializaciónconstituye en un imperativo categórico para el Estado. Lograr que elejercicio de la soberanía se amplíe de manera efectiva al pueblo a través deeste nuevo sistema, superando los límites naturales de la democraciarepresentativa, constituye un avance cualitativo dentro de esta consignade “democratizar la democracia”, máxime si la norma supra legal tambiénhabla de la democracia comunitaria, como un justo reconocimiento a losderechos de los pueblos indígenas.

Sin embargo, es justo reconocer que dentro el escenario del clivajetradicional pueblo-Estado, en determinado momento, esa separación fueatenuada con la experiencia política vivida en el país a partir de laselecciones generales realizadas en el año 2005, cuyo resultado expuso lavictoria por mayoría absoluta en las urnas de Evo Morales y Alvaro GarcíaLinera (hecho inédito en Bolivia desde que se reinstaló la democracia),apoyo popular que se incrementó posteriormente de manera contundente,como se demostró a través de los resultados obtenidos en el referéndumrevocatorio realizado para Presidente, Vicepresidente y GobernadoresDepartamentales y mediante las elecciones de 2009. En ambos casos, el

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respaldo ciudadano superó el 60’%. Sin embargo, este idilio entre Gobiernoe importantes sectores de la población boliviana empezó a deteriorarsemuy pronto, más allá de los cálculos cronológicos previstos. El desgastegubernamental que se traduce en la pérdida paulatina de apoyo popularempieza a evidenciarse en las elecciones municipales y departamentalesde abril de 2010 (a pocos meses de la importante victoria obtenida por elMAS en las elecciones nacionales), cuando el voto a los candidatosoficialistas se vio reducido, dando lugar a una derrota electoral en variasregiones del país.

Hacia adelante advertiremos que, de manera irreversible, lo que enun momento constituyó un franco y contundente apoyo, se fue reduciendoprácticamente a la mitad del punto máximo alcanzado, con seriasposibilidades de continuar bajo esa tendencia.

A pesar de las experiencias políticas vividas, las efímeras relacionesrománticas entre sectores populares y una determinada opción política,los apoyos contundentes al partido de gobierno y el posterior desencanto,subsiste la legítima aspiración ciudadana en sentido de que el sistemademocrático supere sus limitaciones y contradicciones internas. Quedademostrado que en este siglo XXI no existe otra forma más idónea deconvivencia política, social y humana, que no sea la democracia, ésta portanto sigue siendo la opción exclusiva a la que apunta la gente no sólo paraconsolidar sus derechos individuales, libertades y garantíasconstitucionales, sino también para materializar la vigencia plena dederechos colectivos, comunitarios y extinguir un conjunto de mecanismosque generan desigualdades y discriminación por diversas causas.

En ese sentido, la democracia deberá dejar de ser un instrumentomeramente político para convertirse en un sistema de convivencia fraterna,pacífica, solidaria, que permita emerger una visión más ética de la vida o,si se quiere, la bioética colectiva, consigna a la cual deberán subordinarselas diferentes opciones políticas. A estas alturas, ya no es posible o ya nodebe pensarse, en alternativas de búsqueda del poder sobre la base de laconfrontación y la destrucción del otro. Asimismo, la democracia deberásalir de los parámetros meramente electorales o el sistema representativocomo se la vio en el pasado, para permitir la materialización de un conjuntode derechos, sean éstos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales,comunitarias, en el contexto de una visión de país diferente, de un Estadointegrador e inclusivo que no aliente desde sus propias esferas de poder laeliminación del supuesto enemigo interno.

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Recuérdese que fueron las dictaduras militares las que aplicarondiligentemente la tan mentada Doctrina de la Seguridad Nacional, queprecisamente apuntalaba a la eliminación del enemigo interno,estereotipado éste en los sectores más contestatarios de la sociedad. Hoy,ante la emergencia de la democracia participativa, resulta natural y hastanecesario que diversos sectores de la ciudadanía se pronuncien ante elEstado, reclamándole por sus derechos y por mayor participación en lasdecisiones que se asumen en temas de interés nacional. Ese protagonismono puede ser criminalizado por el Estado a través del Gobierno, por elcontrario deberá merecer el respeto correspondiente, en el entendido deque el verdadero soberano es el pueblo y no los gobernantes. Ahí radica elmérito y la virtud de un sistema democrático moderno.

Sistemas democráticos y participación ciudadana en laConstitución Política del Estado

La implementación del proceso de cambio promovido por el actualGobierno encontró en la Asamblea Constituyente uno de los escenarios másemblemáticos. A partir del debate suscitado al interior de dicha instancia depoder sobre la visión de Estado, se identificaron claramente las tendencias yposiciones confrontadas entre los que querían mantener las estructuras casiintactas (en coherencia con las tendencias políticas que habían sidodesplazadas o reducidas a su mínima expresión) y los que apuntaban hacia ladesaparición del viejo Estado. El texto constitucional, si bien es el resultado deldebate acalorado suscitado en la Asamblea Constituyente, fue modificadoirregularmente con posterioridad, a la conclusión de las sesiones de dichainstancia de poder, a través de una comisión que negoció la vigencia y/oanulación de determinados artículos, en la idea de eliminar toda acción políticaque cuestione el texto constitucional y viabilizar la subsecuente aprobación departe de la ciudadanía en el referéndum convocado para el efecto.

El Capítulo Tercero de la Constitución en vigencia, al definir elsistema de gobierno que rige en Bolivia, señala que ésta adopta la formademocrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalenciade condiciones entre hombres y mujeres. En ese sentido, el artículo 11 dela mencionada norma, en su segundo parágrafo, especifica las formas deejercicio de dicho sistema y se la concentra en tres expresiones:

1.- Democracia directa y participativa.- Este sistema emergiócomo una postura contestataria de la población boliviana ante el

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viejo Estado liberal, cuyos representantes políticos asumían queel sólo resultado de un proceso electoral y la victoria por mayoríarelativa obtenida, les otorgaba la legitimidad suficiente para actuardiscrecionalmente en el manejo de la cosa pública, impidiendo laparticipación protagónica del verdadero soberano en lasdecisiones trascendentales de interés nacional que se asumían.Ante esa circunstancia y ante la creciente demanda de mayorprotagonismo, se fue consolidando esta aspiración legítima delpueblo para plasmarse en el texto constitucional. Se puedeafirmar, sin temor a equívocos, que si en octubre de 2003 elGobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada anunciaba y viabilizabala realización de un Referéndum Nacional para que el país decidasobre los destinos del gas boliviano, se hubiesen evitado loshechos de violencia y muertes inútiles en la ciudad de El Alto, queacarrearon su posterior renuncia a la Presidencia de la República.Una decisión de esta naturaleza hubiese otorgado a la ciudadaníala posibilidad legal de decidir sobre el tema.

El referido artículo 11 de la CPE señala que la democracia(participativa), se la ejerce a través de varias formas como elreferéndum, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria delmandato, la consulta previa, la asamblea y el cabildo. Se aclaraque las dos últimas figuras tienen carácter deliberativo. Elloimplica que las demás, en cuanto a sus resultados, son de efectovinculante.

El mecanismo que más se aplicó en el país hasta el momento fueel referéndum, incluso antes de la vigencia de la actualConstitución. Un ejemplo es la convocatoria a referéndum sobrelos destinos del gas durante el Gobierno de Carlos Mesa. Lapuesta en vigor del actual texto constitucional también permitióal pueblo decidir a través de este mecanismo, además de larealización del referéndum revocatorio, convocado para decidirla vigencia o no de autoridades nacionales y departamentales,cuyo resultado al tiempo de ratificar a la mayoría, cesó el ejerciciodel mandato de José Luís Paredes en el departamento de La Pazy Manfred Reyes Villa en Cochabamba.

Pero no todas las figuras previstas para la práctica efectiva de lademocracia participativa están materializándose conrigurosidad y voluntad política necesaria, es el caso de la

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Iniciativa Legislativa Ciudadana que, si bien traduce laposibilidad concreta de que sectores de la sociedad civil en formacolectiva o individual puedan elaborar proyectos de ley yproponerlos ante el Órgano Legislativo para su obligatoriotratamiento, en la práctica continúa ejerciéndose una especie demonopolio de las organizaciones políticas con presenciaparlamentaria, para viabilizar el tratamiento estricto y exclusivode los proyectos promovidos por éstas, especialmente las queprovienen de la tendencia progubernamental, soslayando elderecho de la ciudadanía.

Una figura ante la cual el Estado se muestra renuente en suestricta aplicación (conforme a lo que prevé tanto la normativainternacional, como la propia Constitución), es la consultaprevia. Este mecanismo democrático está muy relacionado conlos derechos de los Pueblos Indígenas, a quienes se les debeconsultar en la eventualidad de que el Estado pretenda adoptarmedidas legales, administrativas o emprender obras que afecteno tiendan a afectar el territorio donde tradicionalmente habitan.Al respecto, tanto la Declaración de las Naciones Unidas sobrelos Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de laOrganización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenasy Tribales (instrumentos de efecto vinculante en Bolivia), asícomo la propia Constitución Política del Estado (Art. 30.numeral 15), establecen el carácter previo y obligatorio de dichaconsulta. Ello significa que antes de adoptar cualquier decisióny realizar gestión gubernamental alguna, se debe proceder aconsultar su posición y opinión.

La experiencia vivida demuestra que el Estado boliviano, a travésdel Gobierno, actuó precisamente en sentido contrario,ocasionando que los Pueblos Indígenas afectados realicen unamarcha entre agosto y septiembre de 2011 que, no obstante larepresión inhumana aplicada contra de ellos, llegó hasta la sedede gobierno para lograr un acuerdo escrito con el Presidente delEstado Plurinacional. Este acuerdo subsanó el problema y fuerespaldado por una ley dictada por la Asamblea LegislativaPlurinacional; a pesar de ello, el Gobierno procedió a revertir losefectos de este acuerdo, en una clara muestra de falta de voluntadpolítica para respetar lo que en el texto constitucional estáconsagrado como un derecho insoslayable.

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No obstante, los avatares que tiene que experimentar lademocracia participativa debido a la mezquindad de la sociedadpolítica, que demostró que no quiere competencia en el ejerciciodel poder y pretende mantener en los hechos el anterior sistema,subyace la aspiración y el legítimo derecho de un pueblo de serprotagonista activo, con potestad de decisión, en lo que se refierea las atribuciones que la propia Constitución le otorga. Caberecordar que ante la insuficiencia de los alcances del sistemameramente representativo, emergió la demanda de actuar ydecidir por parte del pueblo, de dejar de ser un simple espectadorque tenga que enterarse por los medios de difusión sobre lo quela clase política hace, decide y dispone en su nombre. Es anteesta especie de impotencia de ver a quienes en las urnasrecibieron un mandato del pueblo y luego actúan discrecional einconsultamente, que fue emergiendo con fuerza la noción dela democracia participativa, hasta lograr su consolidaciónjurídica. No fue una concesión de la sociedad política, sino unaconquista lograda en base a una lucha permanente.

2.- Democracia representativa.- Se manifiesta a través de laelección de autoridades, las mismas que reciben un mandato delpueblo para realizar una gestión gubernamental. A través delvoto, que tiene carácter universal, directo, secreto, libre yobligatorio, la ciudadanía deposita su confianza en determinadaspersonas para que éstas administren la cosa pública.

Es importante interpretar en su verdadera dimensión, lo quesignifica este mandato que el pueblo otorga a uno de sus igualespara que lo gobierne. Para ello, vale la pena remitirnos al conceptogenérico de democracia, cuyo origen etimológico proviene de lasvoces griegas demos que significa pueblo; y kratos, que quieredecir gobierno; en otras palabras “gobierno del pueblo”. Empero,el conjunto de personas que son dueñas de la soberanía nopodrán realizar por sí mismas las diversas gestiones inherentes ala administración de la cosa pública, por lo que tienen lanecesidad de otorgar un mandato para gobernar; es así que quienrecibe o se beneficia con el respaldo ciudadano a través del voto,se denomina mandatario, no porque debe ejercer el mando, sinopor el poder que le otorga el pueblo para gobernar. En la prácticapolítica, este concepto suele ser distorsionado por el gobernanteque, voluntaria o involuntariamente, confunde el concepto y

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asume el rol de mandón, presumiendo que la soberanía reside enél y no en el pueblo. Sobre este punto, corresponde enfatizar queel reconocimiento de la soberanía a favor del pueblo no esreciente, viene de la escuela liberal. Como antecedente espertinente recordar que, ya en 1776, cuando se proclamó la“Declaración de Virginia”, en la ciudad de Williamsburg, dichotexto establecía que el gobernante es un simple mandatario yaque la soberanía corresponde al pueblo, el cual incluso puederevocarlo cuando éste gobierna en contra de los intereses de sumandante. Este concepto tiene en la actualidad absoluta validez,aunque a lo largo de nuestra historia republicana, en dictadura yen democracia, se pretendió y se pretende soslayar.

Recuperando su sentido altruista, el sistema de la democraciarepresentativa constituye una necesidad y un instrumentoimprescindible para la práctica democrática; no es posibledesarrollar un conjunto de actividades gubernamentales a travésdel accionar directo del pueblo, por consiguiente se necesitadelegar, conferir el mandato para que alguien gobierne ennombre del colectivo de ciudadanos, ya sea en el ámbitomunicipal, departamental o nacional. También se requieredelegar representación para que se ejerza la labor fiscalizadoradel gobierno desde la instancia parlamentaria y, por tanto, sedebe acudir a las urnas para que alguien cumpla ese trabajo ylegisle a nombre del pueblo.

Es importante hacer notar que el sistema de administración dejusticia, que constituye un servicio del Estado hacia la ciudadanía,también funciona bajo la inspiración principista de que los juecesemiten sus fallos precisamente a nombre del pueblo, así loespecifican literalmente en la parte resolutiva de sus sentenciasjudiciales. En la actualidad, este precepto adquiere mayor fuerzay respaldo, con el antecedente de que en octubre de 2011 el puebloacudió a las urnas para elegir magistrados del Órgano Judicial.

Queda claro entonces que la democracia representativa es unainstitución valiosa y necesaria para la convivencia fraterna y elejercicio eficaz del derecho ciudadano al sufragio. Esta figuraestá prevista en el artículo 26 de la Constitución Política delEstado, el cual señala que: “I. Todas las ciudadanas y losciudadanos tienen derecho a participar libremente en la

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formación, ejercicio y control del poder político, directamente opor medio de sus representantes, y de manera individual ocolectiva. La participación será equitativa y en igualdad decondiciones entre hombres y mujeres…”. El parágrafo II del citadoartículo explica que el derecho a la participación comprende laorganización con fines de participación política; el sufragiomediante voto igual, universal, directo, individual, secreto, librey obligatorio, escrutado públicamente.

Es pertinente hacer notar que esta potestad ciudadana de elegirautoridades públicas a través de las urnas como práctica de lademocracia representativa, a la luz del texto constitucionalvigente, permite a los compatriotas bolivianos residentes en elexterior del país ejercer el voto en las elecciones nacionales através del registro y empadronamiento respectivos. Asimismo,los ciudadanos extranjeros residentes en Bolivia, tienen derechoa sufragar en las elecciones municipales, ejerciendo de estamanera su derecho político. Todo ello demuestra la importanciay necesidad de este sistema que, en rigor de verdad, el pueblo nocuestiona, no obstante advierte sus insuficiencias a partir de ladistorsión en que incurren las organizaciones políticas y susmilitantes, especialmente cuando ejercen el Gobierno.

Se trata por consiguiente, de readecuar la práctica política a lasnecesidades e inquietudes del pueblo y no de someterla a losrequerimientos arbitrarios de los protagonistas políticos. Dichode otra manera, lo que se busca es reinventar la política pararestituirle su carácter altruista, que permita cumplir unaadecuada labor de intermediaria entre Estado y sociedad civil.En ese sentido, la democracia representativa seguirá siendonecesaria para todos los Estados.

3. Democracia comunitaria.- De acuerdo al punto 3 delparágrafo II del Art. 11 de la Constitución Política del Estado,este tipo de democracia se ejercita por medio de la elección,designación o nominación de autoridades y representantes,por normas y procedimientos de las naciones y pueblosindígena originario campesinos. Si bien este sistema esantiguo en cuanto a su práctica consuetudinaria, comoderecho constitucional es reciente y se encuadra dentro elconcepto de ciudadanía diferenciada, al permitir por mandato

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que dichos pueblos puedan o continúen eligiendo a susrepresentantes a través de sus usos, costumbres y prácticasancestrales.

En un Estado que pretende consolidarse como pluricultural, nose puede dejar de reconocer la importante riqueza cultural conla que los Pueblos Indígenas contribuyen al conjunto de lasociedad. La elección de representantes a través de susprocedimientos propios, ha demostrado mayor transparenciaque el procedimiento estatal, en atención a la relación directa dela persona elegida con el colectivo humano.

Sobre el tema se abrió un interesante debate entre laintelectualidad del país. La producción teórica principal queacompañó la evolución del proceso constituyente identificó aindígenas y campesinos como el agente revolucionario propio yparticular del proceso boliviano en este momento histórico. Apartir de esa noción, lo indígena-originario-campesino (IOC) seconsagra como un trípode inseparable, sujeto y esencia de larevolución democrática cultural, según la definición que se tieneen la CPE sobre el carácter plurinacional del Estado.

Si bien es cierto que en términos demográficos los indígenasrepresentan una minoría neta del total de la población“campesina” (incluyendo a la totalidad de comunidades de tierrasaltas y bajas) y su peso económico es indetectable en la actualcomposición del PIB, no es menos evidente que en los territoriosocupados ancestralmente por éstos se encuentra la totalidad dereservas hidrocarburíferas nacionales, probadas y probables.

El estándar mínimo de los derechos específicos de los PueblosIndígenas se encuentra sintetizado en el Convenio 169 sobrePueblos Indígenas y Tribales de la OIT, aprobado en 1989, y enla Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de losPueblos Indígenas, aprobado por el Consejo de DerechosHumanos en su primer período de sesiones de junio de 2006. Lacitada Declaración establece, en su artículo tercero: “Los PueblosIndígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud deese derecho determinan libremente su condición política ypersiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”.A partir de este principio de iuscogens de derechos humanos,

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se reconoce un conjunto de derechos colectivos específicos delos Pueblos Indígenas.

Por otro lado, el artículo 5 de la Declaración de marras, consagraque, “los Pueblos Indígenas tienen derecho a conservar y reforzarsus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas,sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho aparticipar plenamente, si lo desean, en la vida política,económica, social y cultural del Estado”.

La democracia comunitaria, como sistema político específico,permite a los Pueblos Indígenas elegir a sus representantes,manteniendo o preservando sus procedimientos propios. En estecontexto, se está dando lugar a la convivencia simultánea dediversos sistemas electorales: uno sostenido por el Estado através del ordenamiento jurídico de alcance nacional, y el otroque se manifiesta en el abanico de mecanismos propios quecaracterizan a los diversos pueblos.

A estas alturas, constituye un avance importante la vigencia delos tres sistemas democráticos (democracia directa yparticipativa, representativa y comunitaria), toda vez que en cadauno de ellos el ejercicio de la ciudadanía se manifiesta con suspropias peculiaridades. En el primero, interviniendo el pueblo ydecidiendo protagónicamente en las resoluciones de mayortrascendencia nacional; en el segundo, eligiendo autoridades yotorgando el mandato respectivo sin perder la soberanía; y en eltercero, permitiendo que las comunidades construyan suestructura política a través de sus métodos tradicionales.

Construcción de una nueva visión y práctica ciudadana

La experiencia de práctica ciudadana acumulada desde octubre de1982 hasta nuestros días, dio lugar a un aprendizaje imposible de ignorar:el pueblo boliviano -que supo lidiar con las arbitrariedades de losregímenes de facto y confrontó los resabios dejados por éstos que semantuvieron en los gobiernos constitucionales de inspiración neoliberal-advirtió que la democracia representativa era insuficiente para laconsolidación de sus legítimas aspiraciones en un escenario depreocupante distanciamiento entre Estado y sociedad. Ante ello, apostó

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por la democracia participativa, exigió a través de diversas luchas suincorporación en la CPE y la practicó a través de determinados mecanismosen el marco de un interesante proceso de empoderamiento. Sin embargo,no obstante los avances logrados, subsisten asignaturas pendientes.

Se advierte a estas alturas, que la práctica ciudadana no sólo implicael ejercicio de derechos frente a un Estado que si bien formalmente losreconoce y traduce en la normativa vigente, también los vulnera dependiendode las circunstancias y de las decisiones que asuman los gobiernos. Lacontraparte de los derechos ciudadanos se llama deberes ciudadanos, y surgela interrogante: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a cumplir con nuestrasobligaciones ciudadanas? Esta pregunta puede ser complementada con otras:¿estamos en condiciones de hacer una autocrítica individual y colectivarespecto a nuestra participación en la construcción del edificio democrático?,¿garantizamos un equilibrio en la concurrencia de derechos y deberesciudadanos?, ¿abusamos de nuestros derechos?, ¿existe la posibilidad derenunciar a nuestras ambiciones personales a cambio del interés colectivo?,¿asumimos un comportamiento ético y altruista durante el ejercicio denuestros derechos ciudadanos?, ¿respetamos el derecho del otro?

El ejercicio de derechos ciudadanos y loscomportamientos autoritarios

Entre las grandes omisiones incurridas, tanto a nivel de lasentidades educativas estatales como de las organizaciones encargadas dela defensa y difusión de los derechos humanos, está la ausencia de tareasy políticas de concienciación ciudadana respecto al cumplimiento dedeberes y obligaciones. La llegada de la democracia incentivó el discursode los derechos, relativizando el equilibrio que debe existir con los deberes.A ello obedece la consuetudinaria actitud de las personas y lasorganizaciones que las aglutinan -sindicales, cívicas o de otra naturaleza,concentrada en velar por lo que creen que les corresponde como beneficio,no con lo que les toca como obligación. A lo largo de estos años, hemospresenciado una sociedad organizada, gregaria, que analiza el paístratando de ubicar a su sector u organización en el centro de la atención,pretendiendo que los demás actúen en torno a los intereses ocircunstanciales demandas planteadas por ellos. Este egocentrismo causóy está ocasionando un tremendo daño a la democracia, toda vez que anombre de derechos o reivindicaciones propias, se incurre en diversasinconductas que terminan atropellando a los demás.

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Son variados los ejemplos de este proceder autoritario, materializadoen acciones de presión que, sin importar las consecuencias funestas para elconjunto del colectivo humano, se llevan adelante. El caso de los bloqueosde carreteras que afectan la libertad de tránsito, la implementación deacciones violentas y agresivas durante las movilizaciones contra lapropiedad privada, la toma de instituciones públicas para exigir el cambiode autoridades, la toma de aeropuertos para impedir la llegada dedeterminada autoridad, el cierre de válvulas para evitar el transporte derecursos energéticos, la invasión de campamentos mineros a nombre desupuestos derechos originarios, la presión y amedrentamiento de sindicatoscocaleros contra ciudadanos que optan por actividades económicasdiferentes a la producción de coca, la invasión masiva a tierras ajenas sinningún respaldo legal ni documental, son claras muestras de ello.

Hemos ingresado en un peligroso escenario de comportamientosautoritarios que irónicamente se practican a nombre de la defensa dederechos. Muchas organizaciones sociales, especialmente las de naturalezasindical, han incursionados en procesos de empoderamiento irreflexivo,al extremo de ejercer cierta soberanía fáctica similar a la de la autoridadpública o la de la parte empleadora, llevando a los hechos una especie decogobierno no para los defender derechos sociales de sus afiliados, sinopara preservar intereses personales o políticos de los dirigentes sindicales.

En otro escenario, los Comités Cívicos ejercen el poder fáctico consimilar efectividad que la autoridad regional. Entre los años 2004 y 2010,se advirtió con contundencia el poder de convocatoria de dichos comités,los que a nombre de la defensa de la autonomía departamental, generaronun conjunto de acciones de violencia y atropello de derechosconstitucionales de los sectores más vulnerables del país. Fue el momentoen que los discursos racistas, pensamientos e ideas autoritarias, ademásde intolerantes, sustituyeron a las posiciones democráticas. Los grupos dechoque financiados por dichos comités e integrados por jóvenes, sesumaron a esta cadena de inconductas, tal es el caso de la Unión JuvenilCruceñista, que tuvo réplicas en Sucre, Cochabamba, Beni, Pando y Tarija.

Los hechos suscitados en mayo de 2008 en Sucre, donde se perpetraronactos de vejación y humillación de compatriotas indígenas; o los sucesos del11 de septiembre del mismo año en Pando, con un saldo de varias personasasesinadas y un grupo de 15 ciudadanos de rasgos indígenas llevados por lafuerza a las oficinas del Comité Cívico para ser torturados ante la actitud pasivade la Policía y el entonces Prefecto departamental, son muestras de ello.

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Si en la región denominada “media luna” emergió con tanta fuerzaesta tendencia destructiva, la parte occidental no quedó rezagada. Los gruposidentificados como movimientos sociales, afines al Gobierno de Evo Morales,cumplieron su parte de amedrentando a los medios de difusión que no sesubordinaban a la línea gubernamental, destruyendo sus instalaciones,atropellando a cuanto ciudadano o grupo de personas se manifestaban contrael régimen. Similar conducta podemos identificar en grupos de campesinosdenominados “Ponchos Rojos”, quienes con mensajes autoritarios eintolerantes, llevaron a cabo más de un atropello de los derechos de laspersonas. Todo ello en el contexto de una equivocada concepción de lo quesignifica el ejercicio de los derechos ciudadanos, sin posibilidad de autocríticay reflexión serena sobre los exabruptos en que incurrieron.

El problema es y sigue siendo, la ausencia de un concepto claro delo que es la ciudadanía. Independientemente de lo que está consagrado enla norma jurídica, la cultura de la intolerancia y el autoritarismo sonpredominantes, y deconstruir estos conceptos no es tarea fácil; losprotagonistas (especialmente la clase política) asumen que están en locorrecto, y se respaldan en un discurso sólido sobre los derechos humanosque soslaya la importancia del cumplimiento de deberes.

Necesidad de distinguir el concepto de ciudadanía y deempoderamiento

No se trata de escoger cuál de los dos conceptos es más o menosválido. Ambos existen y forman parte del proceso de consolidacióndemocrática. Con todo, cabe enfatizar que la ciudadanía es el estatus quedefine la relación política entre un individuo y una comunidad política.Esta condición permite a las personas tomar parte en la vida política de sucomunidad, mediante todo un abanico de derechos, sean éstos públicos,subjetivos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, que les sonotorgados por el sistema jurídico imperante en esa comunidad política.

El ejercicio de los derechos ciudadanos implica esencialmente laposibilidad de la participación política de las personas, ya sea como electoro sujeto elegible, o participando en el funcionamiento de las entidadespúblicas, sin otro requisito que la idoneidad.

En ese entendido, la ciudadanía es fundamentalmente participaciónpolítica sobre la base de una condición y respaldo jurídico, siendo elescenario ideal para la práctica ciudadana el sistema democrático.

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Por su parte, el empoderamiento constituye un proceso progresivode aproximación hacia las instancias de poder. Partiendo de los escenariosnaturales que brinda el quehacer de lo público, la sociedad civil varecorriendo una ruta ascendente, caracterizada por el alcance de mayorprotagonismo de sectores de la población o las organizaciones sociales enlos espacios públicos, en base a determinados procedimientos defiscalización ciudadana para controlar el comportamiento de lasautoridades, hasta llegar a un determinado estatus que permite estableceruna relación con los sectores de poder en igualdad de condiciones.

Las potestades fácticas de decisión que adquieren determinadasentidades de la sociedad civil evidencian un real empoderamiento. Es elcaso de aquellas organizaciones sindicales afines al Gobierno que tienenla posibilidad real de definir la continuidad o cesación de funciones deautoridades en la administración pública, especialmente en aquellasentidades estatales que forman parte de la estructura del Órgano Ejecutivo,como ministros y viceministros.

Al margen de la diferencia establecida entre lo que significa elejercicio de la ciudadanía y los procesos de empoderamiento, cabe aclararque el problema no radica en la materialización de estos dos fenómenosque, al final de cuentas, se tornan necesarios para una efectiva experienciademocrática; la preocupación está en las distorsiones, en los excesos, enel abuso del derecho o mala aplicación de éste.

Tanto la ciudadanía mal ejercida como el empoderamientodolosamente aplicado, se tornan antidemocráticos y terminan vulnerandolos derechos de los demás. Cuando ambos pierden los referentes altruistasy se alejan de la bioética (Ética de la Vida), se convierten en simples actitudesque tienden a preservar intereses mezquinos, lindando muchas veces con ladelincuencia y el autoritarismo. Estos extremos son los que se deben evitar.

¿Derechos individuales versus derechos comunitarios?

Corresponde preguntarse si los derechos individuales, como lalibertad de las personas, terminan donde comienzan los derechos de la MadreTierra. En el marco de quienes sostienen y enarbolan la supremacía delderecho comunitario sobre el individual, incluso sobre los de caráctercolectivo, podríamos asimilar que en un país conformado por mayoríasindígenas y bajo una visión andinocéntrica, este postulado tiene razón de ser.

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Sin embargo, no podemos olvidar que la democracia y los principiosque ésta sustenta, constituyen valores universales. Estos valores no puedenser negados a la mayoría de bolivianos y bolivianas porque así lo planteenquienes eventualmente ejerzan el poder, máxime si sobre esta concepcióncrítica de la intelectualidad moderna, no existe una posición homogéneaen el mismo régimen gubernamental y se corre el riesgo de convertirse enuna postura coyuntural sujeta a omisiones deliberadas por convenienciapolítica. El caso de la negativa al efecto vinculante del derecho de consultade los pueblos indígenas y la propia omisión del Gobierno a cumplir con suobligación con carácter previo, antes de suscribir contratos otras empresas,constituye un ejemplo elocuente de lo deleznable que son las posturas deesta naturaleza. Es decir que en el fondo, es más un discurso político queuna genuina convicción. No es posible aceptar que quienes defendieron unaidea en un momento dado, la ignoren en otro, al calor de las circunstancias.

Es falsa la supuesta confrontación entre derechos comunitarios yderechos individuales. Tanto los derechos individuales como los colectivosy los comunitarios, son complementarios, no antagónicos, y forman partede la integralidad que determina y valida los derechos humanos, que soninterdependientes. En ese entendido, la Constitución Política del Estado,erróneamente interpretada por los defensores de derechos comunitarios,al consagrar derechos fundamentales, precisamente lo que hace esdemostrar la integralidad de los mismos.

La comunidad no es una entelequia y por tanto los derechoscomunitarios tampoco; éstos se materializan a través del concurso individualde cada miembro de la misma. Por ello no se puede hablar de subordinaciónde derechos sino de complementariedad. Cada individuo asume porvoluntad propia su condición de miembro de una comunidad, se identificaculturalmente con la misma, cree en la Madre Tierra y está consciente de susobligaciones con los demás, sin que ello importe la renuncia a sus derechosindividuales, como el derecho a la vida, la libertad o su seguridad.

La supervaloración de los derechos comunitarios afecta larepresentación del ciudadano y puede derivar en decisiones que si bien seasumen en conjunto dentro de la comunidad, no siempre son de beneficiopara ese colectivo humano. Se debe entender que la vulneración dederechos de un miembro de la comunidad, incluso muchas veces a travésde la comisión de delitos de lesa humanidad, termina afectando no sólolos derechos de la persona individual, sino distorsiona los fines altruistasy valores que consagra el colectivo humano.

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Hacia una nueva cultura ciudadana

En este siglo XXI, a casi treinta años de la instalación de losregímenes democráticos, estamos frente a un Estado viejo que no terminade extinguirse y uno nuevo que encuentra dificultades para su realsurgimiento y vigencia. El pueblo se encuentra en una especie de limboentre ambas indefiniciones y resulta trascendental reconducir el accionarciudadano. Estas tres décadas no se vivieron en vano, proporcionarongrandes lecciones y contribuyeron, con todos sus defectos y virtudes, a unimportante aprendizaje, tanto individual como colectivo. En ese contexto,el país requiere de nuevos modelos y formas de comportamientos, así comode nuevos referentes. Tanto en el Estado como en la sociedad civil seadvierte un imperativo categórico e ineludible: el cambio decomportamientos, partiendo de una posición autocrítica y de una firmedecisión de cambiar los parámetros y motivaciones de actuación.

1.- Reinventar la política.-En el ámbito estatal es necesariorecuperar los fines altruistas que impulsaron la creación dediversas instituciones. Estas no pueden seguir siendo merosespacios de hegemonía política, enriquecimiento ilícito y abusode poder. Es importante entender que cada entidad estatal fuecreada con fines de servicio a la sociedad, no como instrumentode poder político, de modo que las personas que ocupan cargosen ellas, antes de considerarse autoridades deberían asumir el rolde servidores públicos, porque están al servicio de la sociedad, esésta la que les paga, la que les otorgó un mandato a través de lasurnas y la que les puede revocar dicho mandato en el marco de lademocracia participativa. Por consiguiente, se trata de extinguirel viejo modelo del funcionario o autoridad que con su accionarsólo acentúa el distanciamiento entre Estado y la sociedad civil,incluso causando la confrontación entre ambos.

Aquel intermediario o interlocutor válido que en algún momentocumplía ese rol de conexión entre ambas partes, el partidopolítico, y que durante estas tres décadas perdió toda legitimidady respeto frente a la ciudadanía, debe ser recuperado. Así comose requiere un cambio en el sentido de existencia yfuncionamiento de las instituciones del Estado, también se tornanecesario inventarnos una nueva forma de hacer política, paraque su práctica deje de ser considerada como una actividad uoficio negativo. Debemos dar surgimiento al nuevo modelo de

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activistas políticos. Hoy todavía muchos de ellos disfrutan delpoder en instancias gubernamentales, parlamentarias, edilicias,sin percatarse de la trascendencia e importancia del rol que elpueblo les encomendó, no están a la altura de los desafíoshistóricos y se están quedando estancados, consciente oinconscientemente, en la mediocridad de sus actos y disputas. Seconforman con vegetar donde están, simplemente están paralevantar la mano, obedecer los instructivos emanados desde lacúpula partidaria sin posibilidad de cuestionamiento alguno,desmerecen el orgullo de representar a un pueblo y prefierenoptar por decisiones pragmáticas, preservando lo suyo (su cargo,su curul, su pequeño espacio o cuota de poder), esperando laoportunidad de enriquecerse ilícitamente bajo el supuesto quesi no lo hace es probable que en el futuro ya no tenga esaoportunidad. Ese personaje típico de la política boliviana aún estávigente, independientemente de la ideología que sustente suorganización; la corrupción no distingue opciones ideológicas.

Hay que deconstruir el viejo modelo de activista político para unnuevo escenario democrático. No es tarea fácil, pero su inmediatoemprendimiento es esencial. En algún momento surgió laesperanza de que con los nuevos gobernantes podía consolidarseeste objetivo, sin embargo sus protagonistas se adecuaron mástemprano que tarde al sistema antiguo y hoy pretenden servirnosel pasado en copa nueva. No obstante, queda firme la aspiraciónlegítima de impulsar esta iniciativa necesaria de reinventarnos lapolítica bajo parámetros distintos, en función de contribuir alsurgimiento de verdaderos apóstoles de la democracia.

2.- Nueva ciudadanía.- Si es necesario impulsar un cambio en lapráctica política, también se torna trascendental promover unanueva visión de la participación ciudadana. Los políticos no sonmarcianos, forman parte de nuestro colectivo humano y, por tanto,llevan al escenario de poder todas las miserias que loscaracterizaron cuando no eran autoridad pública y formaban partede la sociedad civil. Si ello es así, el problema es más grande: hayuna cuestión cultural que atañe a la sociedad en su conjunto, cadaindividuo, al margen de dónde se encuentre, en cuanto tenga laoportunidad de actuar con intolerancia, autoritarismo odiscriminación, lo hará. Por ello, es que en la vida cotidiana secontinúan advirtiendo bolsones importantes de vulneración de

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derechos que no siempre tienen como protagonistas a lasautoridades públicas. Es justo reconocer en forma autocrítica quecada uno de nosotros desarrolla sus actividades ante la permanenteopción de respetar o atropellar: tenemos, en nuestro interior, a dospersonajes, un dictador y un demócrata, ambos con las mismasposibilidades de manifestarse en diversas circunstancias de la vida.

Partiendo del reconocimiento de esta realidad, se impone la tareade impulsar el surgimiento de un nuevo ciudadano o ciudadana,capaz de asumir sus responsabilidades democráticas, de ejercersus derechos compatibilizando los mismos con sus deberes.

Con todo, la inquietud va más allá de la simple relación entrederechos y obligaciones. No es una relación dialéctica, no tienepor qué entenderse a los derechos como antagonistas de losdeberes, ambos forman parte de una concepción integral delejercicio ciudadano. Podríamos decir que tanto derechos comodeberes son interdependientes en función de garantizar elbienestar colectivo. Ese es el objetivo altruista que debematerializarse a través de una nueva práctica ciudadana.Requerimos reconducir el proceso, establecer nuevosparámetros de comportamiento y comprometer a la persona conla aspiración legítima de construir una sociedad de iguales. Estatarea se torna muy difícil para un país tan asimétrico como elnuestro, con tremendas desigualdades y formas directas eindirectas de discriminación aún muy vigentes. Además, lo quees más grave, con un Estado integrado por viejas mentalidades,que no están dispuestas a perder privilegios ni espacios de poder.

La participación ciudadana en este escenario aún no existente,debe superar la visión mezquina de exigir solamente respeto asus derechos, soslayando los deberes. Asimismo, el nuevociudadano, debe estar comprometido con las aspiraciones detodo el pueblo. Resultaría mediocre el actuar de una persona sisolamente se ocupa de preservar lo suyo, ignorando la necesidadde construir un nuevo Estado donde las inaceptables diferenciasdeben ser extinguidas. Una nueva persona, miembro de estacolectividad, debe tener la suficiente motivación y el valornecesario para interpelar cuanta injusticia se materialice, sea poracción del Estado, por omisión de éste o por alguna inconductade personas particulares.

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La nueva ciudadanía y su ejercicio pleno tiene necesariamenteque partir de una autocrítica individual y colectiva sobre loserrores del pasado: las responsabilidades humanas no sesuspenden en ninguna circunstancia. Esta nueva ciudadaníatiene que estar vinculada a principios éticos, si es posiblebioéticos; debe ser capaz de insertarse en cada individuo yreproducirse en el conjunto de la sociedad.

A mayor abundamiento, vale la pena enfatizar que una sociedadsin compromisos éticos, jamás podrá impulsar el surgimiento deuna ciudadanía comprometida, donde las actitudes pilatunasestán por demás. ¡Basta con echarle la culpa al otro de los malesque nos incumben! En algún momento tenemos que asumirlospara enmendarlos, ignorarlos o soslayarlos sólo ayuda a que sesigan reproduciendo.

Queda hacia adelante la oportunidad de hacer lo que hasta elmomento no se hizo: ejercer una nueva ciudadanía constructivay progresista; humana y tierna; audaz frente a los retos delpresente en aras de un futuro diferente. Esta oportunidad nopuede ser desperdiciada, hacerlo significaría postergarinjustamente las aspiraciones de un pueblo que espera muchode cada uno de nosotros. En eso estamos.

“Los inventores de fábulas creemos que no es tarde paraemprender la construcción de una utopía contraria, unanueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie puedadecir por nosotros hasta la forma de vivir y de morir, dondede veras sean ciertos el amor y la felicidad, y donde lasestirpes condenadas a cien años de soledad, tengan por finy para siempre, una segunda oportunidad sobre la tierra”(Gabriel García Márquez.)

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Capítulo IV

Ciudadanía en tiempos detransición estatal

Sociólogo y doctor en Ciencia Política (FLACSO). Director delCentro de Estudios Superiores Universitarios (CESU) de laUniversidad Mayor de San Simón y coordinador del programade investigación Acción de gobernar. Autor de El movimientoantiglobalización en Bolivia. Campañas internacionales ydinámica local en tiempos de crisis y cambio (2008),Antinomias. El azaroso camino de la reforma política (2009),Grita la hinchada, grita la hinchada (2010) y Dilemas. Ensayossobre democracia intercultural y Estado Plurinacional (2011).

Fernando Mayorga U.

Fernando Mayorga U.Como un proceso de dos caras: un estatus legal definido porun conjunto de derechos y responsabilidades y la expresiónde la pertenencia a una comunidad política. Así concibeFernando Mayorga la complejidad de la concepción yevaluación del estado de la ciudadanía en una democraciacomo la nuestra. En este proceso advierte tareas pendientes:la concentración del proceso decisional en un solo actorpolítico favorece la eficacia en el cumplimiento de medidasy en el logro de objetivos, pero debilita la calidadrepresentativa de las instituciones y, a la larga, la calidaddel ejercicio de ciudadanía, señala.

La ciudadanía tiene múltiples sentidos y es un campo de disputadiscursiva y normativa en, por lo menos, dos aspectos: como conjunto dederechos y como sentido de pertenencia. Estas dos facetas sonconstitutivas de la ciudadanía en la sociedad moderna y se cristalizaronen el Estado y en la nación. Desde la añeja revolución francesa hasta laactual “primavera árabe” mucha agua –y sangre– ha pasado por debajo delos puentes de la historia, y también las concepciones se han matizado,complejizado y adecuado a los tiempos, a las geografías y a las sociedades,a los territorios y a las culturas.

La ciudadanía ya no se limita a la declaración de un conjunto dederechos naturales, universales e inalienables, afincados en los individuosque deben ser reconocidos y resueltos por el Estado, no obstante la hipótesis

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lógica del contractualismo sigue vigente puesto que no se concibe a lasociedad sin el Estado, porque sin contrato social sólo quedaría el imperiodel estado de naturaleza, la ley del más fuerte. Pero es una hipótesis lógica,no un dato histórico. Tampoco es pertinente insistir en una idea deciudadanía que la imagina como un sistema integral de derechos –civiles,políticos, económico, sociales y culturales–, que se articulan de maneraequilibrada por su mero reconocimiento formal en un corpus legal puestoque, fácticamente, no es posible un ejercicio integral de los derechos. Peroesto es una constatación empírica que no impide que la igualdad ciudadanasiga siendo el ideal de la sociedad democrática.

Asimismo, la ciudadanía como pertenencia a una comunidad política–que desde fines del siglo XVII empieza a adoptar la figura y el nombre denación, ligada al pueblo y bajo criterios de racionalidad jurídica– siempreestuvo y está sometida a contradicciones y re significaciones debido a lastransformaciones en las relaciones intersubjetivas en el seno de cada sociedad,en el ámbito de las relaciones internacionales y en el papel del Estado comobisagra frente al mundo, empero, la nación sigue siendo el referente ineludiblede identidad compartida en las sociedades a pesar de la globalizaciónfinanciera y cultural, pese al estallido de los particularismos identitarios, a labúsqueda de nuevos formatos institucionales y a la proclamación de unaciudadanía cosmopolita (David Held 2001). Adicionalmente, con el “retornodel Estado” al centro de la escena política y situado, también, en el ojo de latormenta de la crisis financiera global, se replantean los debates en torno a lasoberanía nacional y la capacidad representativa del Estado y su aptitud pararesolver las demandas de ciudadanía.

Las respuestas son variadas. En algunos lares de Europa, por ejemplo,la apelación al Estado viene con los fantasmas del chauvinismo y se traduceen una negación de derechos ciudadanos de los “otros”, los extranjeros, losmigrantes. En el caso de América Latina, el “retorno del Estado” se nutre coninterpelaciones de soberanía nacional y ausculta otra manera de insertarseen la globalización; también se sostiene en otro modo de comprender lacomunidad política partiendo del reconocimiento de la diversidad social ycultural y reconociendo que la cohesión social (un efecto, entre otros, de laigualdad ciudadana) es viable solamente si se asienta en el reconocimientode la heterogeneidad cultural de nuestras sociedades.

Estos elementos forman parte del debate contemporáneo acerca dela noción de ciudadanía (PNUD, La democracia en América Latina. Haciauna democracia de ciudadanos y ciudadanas, Buenos Aires, PNUD-

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TAURUS, 2004. Caetano Gerardo, “Pobreza y derechos humanos, cambiosen la ciudadanía y nuevas democracias en América Latina”, documentoIIDH, 2010). En nuestro país adquirieron relativa importancia durante larealización de la Asamblea Constituyente (2006-2008) porque varioselementos polémicos de la noción de ciudadanía se cristalizaron en lanueva Constitución Política del Estado, aprobada en enero de 2009mediante referéndum constitucional, con la instauración del EstadoPlurinacional y, posteriormente, con la definición de modelo boliviano dedemocracia como una democracia intercultural, esbozada en esos términosrecién en la Ley del Régimen Electoral, Ley 026 del 30 de junio de 2010.Estas innovaciones institucionales tienen una evidente incidencia en laconcepción y la comprensión de la ciudadanía puesto que las nociones deEstado Plurinacional y democracia intercultural no se pueden cristalizarinstitucionalmente de manera adecuada sino en lazo con una ciudadaníapensada con criterios multiculturales o, como dice la Constitución, basadaen el pluralismo –político, lingüístico, económico, jurídico y cultural–.

En este ensayo realizamos un balance de las reflexiones sobre lanoción de ciudadanía para establecer ciertos parámetros que permitandiscutir los cambios acontecidos en Bolivia respecto a la visión y ejerciciode ciudadanía en los últimos años. Un ejercicio vinculado, obviamente, auna nueva fase en el ciclo democrático inaugurado en 1982 y a lasvicisitudes del proceso de cambio conducido por el MAS desde el año 2006.

Construcción social y geometría variable

Para realizar esta reflexión partimos del criterio de que la ciudadaníaes una “construcción social”, en la medida en que “en cada sociedad, lossujetos políticos se constituyen y se enfrentan, elaboran estrategias y hacenelecciones, y así construyen diferentes formatos para la ciudadanía” (SoniaFleury, “Ciudadanía y desarrollo humano en Brasil”, en Ciudadanía ydesarrollo humano, Cuadernos de Gobernabilidad Democrática, PNUD,Siglo XXI, Argentina, 2007). Obviamente, los diversas hechuras deciudadanía comportan elementos formales comunes que se distinguen,convencionalmente, como derechos civiles, políticos y sociales; por razonesdidácticas incluimos en los derechos sociales a los DESC, los derechoseconómicos sociales y culturales que, adicionalmente, se derivan detratados internacionales como el Pacto Internacional de DerechosEconómicos, Sociales y Culturales de la Organización de las NacionesUnidas (ONU), que data de 1966, así como algunas normas de la

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Organización Internacional del Trabajo OIT, y la Organización de lasNaciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.

En el debate contemporáneo, siguiendo las ideas de MarshallBerman, se utiliza como punto de partida una distinción entre derechosde primera, segunda y tercera generación (civiles, políticos y sociales),empero, ya no se concibe la construcción de la ciudadanía como resultadode una secuencia progresiva y lineal de adquisición de derechos degeneraciones sucesivas; tampoco es dable adoptar como herramienta deanálisis un criterio normativo sobre el carácter integral de la vigencia de laciudadanía porque presupone un ejercicio armónico y completo de losderechos civiles, políticos y sociales por parte de todas las personas. Estosrecaudos metodológicos permiten evitar el uso de la falacia de la idea de“déficit” de ciudadanía para dar cuenta del estado de la democracia en unasociedad, una visión normativa de ciudadanización que se refuerza con loscriterios igualmente normativos de “debilidad” institucional y “ausencia”de Estado de derecho. Con estos recaudos se evita el riesgo de evaluar lacondición y calidad ciudadana por carencia o por defecto y no como unresultado de procesos políticos sometidos a vaivenes políticos internos einfluencias del contexto internacional.

En el caso de América Latina resulta pertinente adoptar una visiónque permita observar las diversas combinaciones de los tipos de derechosa partir del concepto de “geometría variable” porque, como señalaBenjamín Arditi, “hay distintas maneras de acceder a la ciudadanía, unamediante la política, otra a través del mercado, y que por lo mismo, en unmismo espacio comunitario coexisten distintas combinacionesciudadanas” (“Ciudadanía de geometría variable y empoderamiento social”en Ciudadanía y desarrollo humano, Cuadernos de GobernabilidadDemocrática, PNUD, Siglo XXI, Argentina, 2007:139). Así, el concepto degeometría variable “revela distintas combinatorias de la ciudadanía,incluso para un mismo grupo” puesto que “está compuesta por tres posiblescompetencias (civil, política y social) y dos posibles ámbitos de resolución(el político-estatal y el mercado)”. En general, no existe coincidencia entreámbitos y competencias, por lo tanto, el ejercicio de ciudadanía implicadiversas combinaciones de acceso a derechos y variadas posibilidades derealización; por ejemplo, la vigencia plena de derechos políticos fortalecela ciudadanía electoral pero no resuelve las demandas de ciudadanía socialporque su atención (en acceso a salud, educación, empleo, vivienda, porejemplo) no depende solamente de la eficacia representativa o de lalegitimidad de las instituciones democráticas, implica otras acciones

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referidas a la acción gubernamental y/o a las relaciones en el mercado. Conmayor razón, si existen pautas culturales que afirman y reproducensimbólicamente la desigualdad social a partir de diferencias por identidadétnica, pertenencia clasista, relaciones entre géneros, adscripción religiosao condición generacional, entre otras.

Esta perspectiva de geometría variable es sugerente porque permitereforzar la idea de ciudadanía como “construcción social” puesto que “lacomunidad deja de ser percibida como cuerpo objetivo al cual se ingresa ose sale y pasa a ser algo disputado y por consiguiente siempre en procesode formación” (:140).

Estos criterios son útiles para reflexionar sobre las transformacionesque vive la sociedad boliviana en los últimos años. Por ejemplo, para darcuenta de la ampliación de la democracia con el reconocimiento de nuevasinstituciones de representación y participación política como –por citaralgunas– las asambleas legislativas departamentales, las circunscripcionesespeciales indígenas, la consulta previa y la iniciativa legislativa ciudadana.También para dar cuenta de la correlativa ampliación de la ciudadanía comosistema de derechos con el reconocimiento de derechos colectivos y derechosa minorías con la finalidad de impulsar la igualdad ciudadana. Asimismo,son útiles para evaluar otros cambios ligados a la dinámica política más queal diseño normativo constitucional y que tienen que ver con el incrementode la participación de mujeres, campesinos e indígenas en los asuntos delpoder que buscan similar objetivo pero desde rutas distintas; en el caso delas mujeres a través de disposiciones normativas o decisiones legislativas, enuna suerte de acción reformista “desde arriba”, y en el caso de los campesinose indígenas mediante su irrupción en la arena electoral mediante sus propiasentidades políticas o sus organizaciones sindicales o comunitarias, es decir,“desde abajo”. Finalmente, esos criterios resultan válidos para analizar laejecución de políticas públicas y programas sociales de carácter distributivoorientados a mejorar el acceso a servicios de salud y educación de gruposvulnerables, puesto que los beneficiarios se distinguen a partir de suscarencias en disponibilidad de condiciones para su ejercicio ciudadano.

Dos caras de la ciudadanía

La ciudadanía es un sistema de derechos y, también, implica unsentido de pertenencia a una comunidad política. Es una noción básica deciudadanía que se forjó al influjo de la revolución francesa y se enriqueció

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desde mediados del siglo XX con la descolonización y la formación de laOrganización de Naciones Unidas. Posteriormente, en las últimas décadas,se fortaleció con la transición y consolidación de la democracia en variasregiones del planeta, asimismo por los efectos culturales y políticos de lamigración transnacional y por el reconocimiento creciente de diversasidentidades en las sociedades como parte de la complejización de laconcepción de los derechos humanos.

A pesar de las mutaciones provocadas por las transformacionespolíticas, económicas y socioculturales, la ciudadanía mantiene su núcleobásico como sistema de derechos que, además, está enlazado a la pertenenciaa una comunidad política nacional. Como señalan Kymllicka y Wayne: “Laciudadanía no es simplemente un estatus legal definido por un conjunto dederechos y responsabilidades. Es también una identidad, la expresión de lapertenencia a una comunidad política” (1997:5), una comunidad imaginariapuesto que la sociedad está sometida a múltiples tensiones internas debidoa que se dan casos de exclusión de personas y grupos por motivos socio-económicos y, también, por razones culturales. Esta realidad ponemanifiesto el carácter (de geometría) variable y contingente del ejercicio deciudadanía. De todas maneras, como manifiesta David Miller, la ciudadaníaproporciona certidumbre y racionalidad puesto que los “individuos y gruposcon identidades fragmentadas necesitan convivir políticamente, y estosignifica hallar alguna base o punto de referencia común a partir de cualjuzgar sus pretensiones frente al Estado. Se supone que la ciudadanía proveeeste punto de referencia” (Miller David 1997:69).

Existan varias concepciones de ciudadanía para dar cuenta del vínculoentre el individuo y el Estado, entre lo público y lo privado, entre las normasjurídicas y los valores cívicos. Por una parte, el liberalismo concibe laciudadanía como un conjunto de derechos cuyo pleno desarrollo involucrauna noción de justicia porque todos los individuos se beneficiarían de igualmanera; sin embargo, se trata de una visión de carácter normativo porqueno incorpora pautas de acción para el ejercicio pleno e igualitario de losderechos y supone la neutralidad del Estado. La concepción republicana,por su parte, se sustenta en el reconocimiento de los derechos individuales,pero hace énfasis en la identificación de las personas con la comunidad apartir de su compromiso con “la promoción del bien común por medio de laparticipación activa en su vida política” (Miller 1997:84). Finalmente, laconcepción comunitarista enfatiza en la idea de bien común encontradicción con el liberalismo, que supone que el bien común es unresultado de la combinación de las preferencias individuales, en cambio para

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el comunitarismo, el bien común es definido por la comunidad y laspreferencias individuales deben adecuarse a él (Kymlicka Will 1995:228).

Ahora bien, aparte del reconocimiento formal de los derechos porparte del Estado, la ciudadanía se forja también mediante la politizaciónde las personas a través de su participación en la esfera pública y sucapacidad de acción y demanda, puesto que la esfera pública es “un espaciosocial en el que los ciudadanos procesan opiniones, emiten juicios,plantean demandas al Estado, y reciben e interpretan información a travésde los medios masivos de comunicación” (Olvera 1999:33). En esa medida,la ciudadanía comporta aspectos jurídicos y políticos, y también elementosvinculados a la cultura política, empero estos no son motivo de análisis porrazones metodológicas.

Con estos recaudos abordamos el estado del tema en nuestrarealidad enmarcado la problemática en el proceso político.

Cambios políticos y transformaciones normativas

Bolivia vive profundas transformaciones desde el arribo de EvoMorales al poder en enero de 2006, con el voto mayoritario de la ciudadaníapor el Movimiento al Socialismo (MAS) en dos elecciones consecutivas, yel respaldo de organizaciones populares, en particular campesinos eindígenas. Estos cambios se resumen en la adopción de un modelo deEstado Plurinacional después de la aprobación de una nueva ConstituciónPolítica, mediante referéndum realizado en enero de 2009. Este modeloestatal se sustenta en tres pilares: recuperación del papel del Estado en lageneración y control del excedente económico y su distribución mediantepolíticas sociales de apoyo a sectores populares; el reconocimiento dederechos colectivos a los pueblos indígenas y otras normas que promuevenel pluralismo político, económico, lingüístico, jurídico y cultural; y,finalmente, el establecimiento de un modelo de descentralización políticaque reconoce autonomías departamentales, municipales e indígenas paraampliar la participación ciudadana y mejorar la gestión pública.

Estos elementos constituyen la base institucional de un modelo dedesarrollo en ciernes que busca un punto de equilibrio entre una concepciónextractivista e industrialista en la explotación de materias primas, y unavisión ecologista bajo los criterios del Vivir Bien, como principio quereconoce la importancia de las cosmovisiones indígenas para un desarrollo

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que implica vivir en “armonía con la naturaleza” (ONU, Resolución 63/278,de 22 de abril 2009). Después del fracaso de las políticas de ajuste estructuralde los años 90 y de las políticas estatistas de las décadas anteriores, Boliviaestá en la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo. Es un requisito parasuperar los rezagos históricos de un país que se caracteriza por la existenciade profundas brechas de desigualdad económica y social, débil integraciónterritorial, déficit de institucionalidad y economía extractivista con escasodesarrollo productivo. Como respuesta a estas rémoras, la sociedad bolivianaha optado por fortalecer la democracia y encarar transformaciones políticasque se traducen en mayor equidad e inclusión social, que son el sustrato dela igualdad ciudadana. Otro sustrato es de tipo institucional y tiene que vercon los contornos de la democracia.

Características de la democracia en tiempos detransición

Para evaluar las transformaciones en la ciudadanía como sistema dederechos para acceder a la justicia y como elemento de pertenenciacomunitaria, el punto de partida es considerar que, en los últimos años, seha producido una ampliación de la democracia, aunque persisten rezagoshistóricos de pobreza, desigualdad y exclusión que impiden un ejerciciopleno de ciudadanía en vastos sectores de la sociedad denotando el caráctervariable y heterogéneo de la ciudadanía.

La democracia se ha ampliado porque se incorporaron nuevas reglase instituciones políticas, y se incluyeron nuevos sujetos y demandassociales en respuesta a los límites de la democracia electoral. Lademocracia electoral se ha consolidado como única fuente de legitimidaddel poder político con reglas mínimas que garantizan la eficacia del votociudadano para elegir autoridades y con procedimientos que garantizansu libre ejercicio. La elección directa de autoridades políticas nacionales ysubnacionales, la posibilidad de revocatoria de su mandato mediante votopopular y la elección de magistrados del flamante Órgano Judicial por votouniversal, dan cuenta de la mayor incidencia de voto ciudadano.Adicionalmente, el derecho a voto se ha extendido a los residentes en elextranjero, una respuesta a los dilemas que plantea la migracióntransnacional para el ejercicio de ciudadanía.

La democracia representativa se ha consolidado porque se mantieneel sistema de representación mediante organizaciones políticas, con claro

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predominio de los partidos políticos al margen de que su formatoorganizativo difiere de los parámetros convencionales e incluye, en el casodel MAS, un peculiar lazo con las organizaciones sociales que lo conformany respaldan. Además, la democracia representativa se ha fortalecido conla incorporación de instituciones de democracia participativa y directa, lamayoría de las cuales reposan en el voto ciudadano o en la iniciativalegislativa sin mediación partidista. La democracia participativa semanifiesta en instituciones vinculadas a la gestión pública definidas comomecanismos de control social, democracia participativa y directa. Lademocracia directa tiene una variedad de nuevas reglas entre las quesobresale la revocatoria o revocación de mandatos. La revocatoria oratificación de leyes también puede darse por referéndum, y en el casoboliviano incluye la reforma parcial o total de la carta constitucional. Lainiciativa legislativa ciudadana es otro mecanismo de participación que,en algunos casos, incluye la convocatoria a asamblea constituyente. Esdecir, muchas decisiones políticas que antes estaban circunscritas a lasrelaciones convencionales entre los poderes ejecutivo y legislativo, con elpoder judicial dirimente en muchos casos, han sido transferidas a lasociedad en tanto cuerpo electoral.

Adicionalmente, se incluye a la democracia comunitaria como unconjunto de normas y procedimientos de los pueblos indígenas queexpresan nuevas pautas de participación política, provocando unaampliación de ciudadanía sin que ese reconocimiento implique undualismo en el sistema de representación ni una ciudadanía diferenciada,porque no existe una subordinación de unos derechos respecto a otros,sino una combinación.

La democracia comunitaria implica la elección de autoridades yrepresentantes de pueblos indígenas mediante usos y costumbres, aunqueen el caso de diputados se refrenda con voto universal y se limita al 5% derepresentantes de los pueblos indígenas minoritarios. En suma, lademocracia no se limita a la democracia representativa como acontecía enel pasado, cuando los partidos eran los agentes exclusivos de participaciónpolítica. Si bien los nuevos arreglos institucionales evidencian unaampliación de la democracia con la incorporación de participaciónciudadana en la gestión pública y el voto ciudadano para removerautoridades y aprobar reformas, la eficacia del funcionamiento de lasinstituciones para el cumplimiento de metas de igualdad depende de suejercicio, en particular, del ejercicio del poder político.

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Ampliación democrática y expansión de la ciudadanía

Los cambios políticos, el renovado rol económico y social del Estadoy también la descentralización -generando más espacios de participación-tuvieron consecuencias en la concepción y ejercicio de ciudadanía. Laciudadanía está vinculada “a exigencias de justicia y de pertenencia, deposesión y ejercicio de derechos y de dimensión personal-comunitaria”(Caetano 2010, pág. 4). En el primer caso, los sectores más beneficiadoshan sido los indígenas y las mujeres, sectores que son víctimas de lapobreza. En el segundo caso, la pautas de pertenencia comunitaria se hancomplejizado con el reconocimiento de la diversidad étnica que cuestionael modelo de nación homogénea como modelo de integración social.

El ejercicio de ciudadanía se ha ampliado a aquellos sectores excluidosde la política institucional. Respecto a las mujeres, en el pasado seestablecieron cuotas de participación política como resultado de decisionesnormativas aprobadas merced a acciones de cabildeo de grupos feministas,campañas de Organizaciones No Gubernamentales y presiones de organismosinternacionales, en esa medida se trata de de reformas “desde arriba”,impulsadas por criterios de justicia para remediar situaciones de exclusiónprovocadas por la vigencia de pautas patriarcales en las sociedades. De lascuotas se transitó a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Una ruta distinta tuvo el reconocimiento de derechos indígenas y susavances presentan un carácter más amplio en términos de ciudadanía. Elmovimiento indígena se movilizó con mayor fuerza desde los años 90,motivado por la conmemoración de los “500 años”, con marchas y protestase incursiones electorales. Sus efectos fueron importantes porque lasdemandas indígenas incidieron en los procesos constituyentes y susderechos fueron reconocidos en los cinco países. En todos los casos sesuperaron las visiones homogenizantes acerca de la sociedad y se reconocióconstitucionalmente su carácter pluriétnico y multicultural y, a partir de laaceptación de la diversidad social, se incorporaron derechos colectivos delos pueblos indígenas en diversos tópicos. El reconocimiento de ladiversidad social y su formalización constitucional implica plantear nuevaspautas de pertenencia a la comunidad nacional a partir de la “diferencia”identitaria. El reconocimiento de derechos a estas colectividades trasciendela noción de “democracia de ciudadanos y ciudadanas” planteada por elPNUD (2004), que enfatiza el ejercicio de derechos civiles, políticos ysociales resaltando la diferencia de género, empero presta escasa atencióna los derechos culturales o colectivos que incumben a los pueblos indígenas.

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Esta no es una peculiaridad boliviana porque, desde los años 90, lascinco constituciones andinas reconocen la diversidad étnico cultural, y esose traduce en la inclusión del derecho consuetudinario en los sistemas dejusticia; el reconocimiento del carácter oficial de las lenguas indígenas; elreconocimiento de propiedad colectiva o territorios, jurisdicción yautonomías indígenas. Otro importante avance es el reconocimiento dederechos de la población afrodescendiente con derechos similares a losindígenas. Sin embargo, el caso boliviano es el más sugerente porque elMAS es un partido concebido como “instrumento político” de lasorganizaciones campesinas e indígenas, y la presencia de Evo Morales enla presidencia desde 2006 tiene una importancia simbólica y política quetrasciende las fronteras. Este protagonismo político tuvo consecuencias enel ámbito internacional porque impulsó la aprobación de la Declaraciónde la Organización de Naciones Unidas sobre los Derechos de los PueblosIndígenas, que es una ampliación de los derechos promovidos bajo elcobijo del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo,referido a los “Derechos de los pueblos indígenas y tribales en paísesindependientes”, aprobado en 1989. El liderazgo de Evo Morales tambiénprovocó la adopción del modelo de Estado Plurinacional como propuestapolítica del movimiento indígena latinoamericano.

Es importante evaluar el modelo de Estado Plurinacional porque esuna respuesta a las dos facetas de la ciudadanía: como sistema de derechos ycomo pertenencia comunitaria. El nuevo texto constitucional define al Estadocomo Estado Plurinacional que se sustenta en el reconocimiento de derechoscolectivos para las “naciones y pueblos indígena originario y campesinos”, unarespuesta a las demandas de ampliación de la ciudadanía como sistema dederechos que, también, modifica la noción de comunidad política alcuestionar la figura de Estado-nación y reconocer el pluralismo en múltiplesdimensiones: político, cultural, jurídico, lingüístico y económico.

Por una parte, se reconoce derechos a un nuevo sujeto colectivodefinido por criterios de identidad étnico cultural, que coexisten con losderechos individuales de tipo liberal y carácter universal, en esa medidaamplía la noción de “democracia de ciudadanos y ciudadanas” que secircunscribe a los derechos individuales. El sujeto colectivo reconocido porel Estado Plurinacional son “las naciones y pueblos indígena originariocampesinos”, que tienen derechos a participación política, a presencia enlos órganos de Estado, territorios, autogobierno, autonomía territorial, aconsulta previa para inversiones productivas, también se reconocen suslenguas como idiomas oficiales y sus normas de justicia consuetudinarias

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con el mismo rango que el derecho positivo. En el diseño del sistema degobierno, se incorpora la democracia comunitaria, junto con la democraciarepresentativa, participativa y directa. A diferencia de otros casosnacionales, en Bolivia se ha producido una profunda renovación de elitesen la política por lo tanto se ha modificado el acceso a recursos de podermateriales y simbólicos por parte de sectores sociales excluidossecularmente y que han adquirido protagonismo político.

Por otra parte, la idea de nación, vinculada a procesos demodernización y modernidad bajo criterios de igualdad ciudadana yhomogeneización cultural, está en crisis debido a los cuestionamientosque provienen del reconocimiento de la diversidad social, la “diferencia”,tanto como de los efectos de la globalización. Una respuesta a la crisis delparadigma del Estado Nación es el reconocimiento del pluralismo en susdiversas facetas, entre ellos la diversidad cultural, a través delreconocimiento de derechos colectivos que promueven la integraciónsocial de los grupos beneficiados y la ampliación de la capacidadrepresentativa del Estado. La nación ya no es solamente una comunidadde ciudadanos individuales, también reconoce colectividades, formadaspor grupos marginados y excluidos con derechos colectivos que puedenimpulsar condiciones de igualdad ciudadana. Sin embargo, existe el riesgode exacerbar los particularismos étnicos y subordinar los derechosindividuales a los colectivos, en menoscabo de la justicia y los derechoshumanos. Un ejemplo de ello es el asesinato mediante linchamientosjustificados con el argumento de justicia comunitaria, un tema quemuestra la complejidad de la articulación de valores culturales y normasde justicia de rasgos diversos.

El sujeto plurinacional: tensiones discursivas en elproyecto del MAS

En el pasado, el populismo del 52 convocaba al “pueblo”, un sujetointerpelado por el discurso del nacionalismo revolucionario quecongregaba a obreros, campesinos y clases medias. El pueblo sublevadorepresentaba a la nación en combate contra la antinación (el colonialismo,el imperialismo y sus agentes internos) cuyo destino se materializaba enel Estado como ente soberano y estructura de poder ajena a la dominaciónforánea. Este sujeto revolucionario, el “pueblo” del 52, fue deconstruidopor el discurso indigenista desde la década de los 70 con la crítica alreduccionismo clasista del marxismo y del nacionalismo revolucionario,

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que privilegiaban lo campesino y concebían la realidad indígena como unresabio histórico. El proyecto del 52 postulaba la construcción de la“bolivianidad”, un “ser nacional” que se forjaría en el proceso demodernización y homogenización. El centralismo fue su manifestacióninstitucional y el mestizaje su expresión cultural, así como la construccióndel mercado interno y una base productiva industrial constituían elproyecto de modernización económica para lograr la soberanía estatal.

El “pueblo” del nacionalismo revolucionario ha sido desplazado poruna noción que no rechaza la vertiente clasista campesina, pero privilegialas identidades étnicas. Si el sujeto “pueblo” era una construcciónideológica, este nuevo sujeto político es una ficción jurídica definida en laCPE como: “naciones y pueblos indígena originario campesinos”, un sujetoportador de derechos colectivos y que constituye el rasgo distintivo delnuevo Estado, el Estado Plurinacional.

Entre los elementos que definen al Estado Plurinacional, sobresaleel reconocimiento del pluralismo en diversas facetas: “pluralismo político,económico, jurídico, cultural y lingüístico”, lo que supone, sin duda, unaampliación de la capacidad representativa del Estado. Sin embargo, pesea que no es mencionado en el Art. 1, el rasgo que define el carácter“plurinacional” del Estado y se constituye en el eje del diseño del sistemapolítico es el pluralismo nacional que implica el reconocimiento de variospueblos y naciones, precisamente las “naciones y pueblos indígenaoriginario campesinos”, un conglomerado que definimos en este textocomo “sujeto plurinacional”.

El reconocimiento de este sujeto se define en el Art. 2 del textoconstitucional: “Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblosindígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios,se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado,que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura,al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidadesterritoriales…”. Otro artículo describe sus rasgos: “Es nación y puebloindígena originario campesino toda la colectividad humana que compartaidentidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidady cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española”(Art. 30). Algunas interpretaciones se apoyan en el Art. 5, que reconoce 36lenguas nativas como idiomas oficiales aparte del castellano, paramencionar la existencia de similar cantidad de “naciones y pueblosindígena originario campesinos”.

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Esa original denominación del “sujeto plurinacional” es resultado dela combinación de tres códigos: naciones originarias, que es utilizado porlas organizaciones de los grupos étnicos de tierras altas; pueblos indígenas,nombre que utilizan los grupos étnicos de tierras bajas; y campesinos, quees la denominación de los trabajadores del campo –hombres y mujeres-organizados en sindicatos desde los años 50 del siglo pasado, como partedel proceso de la revolución nacionalista. Es decir, es una construcciónjurídica y una realidad sociológica porque no existe actor social alguno queintegre esos cinco ingredientes, por lo tanto, el “sujeto plurinacional” existesolamente en términos jurídicos y solamente puede ser representado porel Estado… Plurinacional. Un pueblo indígena en particular no puedereclamar sus derechos colectivos si están en contra de los intereses generalesrepresentados por el Estado. De esta manera, el Estado Plurinacionalcondensa, sintetiza y unifica esa diversidad étnica y la somete a susdesignios porque, a la usanza del nacionalismo revolucionario: el pueblo yla nación –aunque sea en plural– se condensan en el Estado.

El Estado Plurinacional: innovaciones y recurrencias

Existen varios elementos que refuerzan la idea de persistencia delnacionalismo revolucionario pese a que en el Preámbulo de la nuevaConstitución Política de Estado no se menciona a la Revolución Nacionaldel siglo pasado. La centralidad estatal en el proyecto revolucionario de 1952fue definida por Carlos Montenegro, el ideólogo de esta corriente depensamiento, de la siguiente manera: “el pueblo se subleva en tanto nacióny la nación se materializa en el Estado soberano e independiente frente alcolonialismo y la antinación”. En la actualidad se reedita ese ordendiscursivo a pesar de la renovación de las élites políticas y lastransformaciones en curso. Por ejemplo, la dicotomía nación/antinación semanifesta bajo otros códigos, pero reproduce su lógica. Si antes laantinación se manifestaba en el imperialismo y la rosca minero-feudal quese contraponían al “pueblo”, ahora la retórica gubernamental contrapone“nación e Imperio” para designar la relación con Estados Unidos, y “pueblovs. oligarquía” para cuestionar las demandas autonomistas departamentalesdefinidas como “separatistas”, antinacionales, respecto al Estado.

Las tareas del Estado Plurinacional son convencionales y no sediferencian del Estado Nacional cuestionado por el discurso oficialista. Serefieren a soberanía y gestación de mercado interno, a inclusión y cohesiónsocial, a integración territorial, aunque con nuevas modalidades.

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La soberanía estatal sobre los recursos naturales se completa con lanacionalización de las empresas capitalizadas para generar excedentesdestinados a la inversión pública en el sector productivo con énfasis en laindustrialización de hierro, litio e hidrocarburos. Una orientación quecontradice la perspectiva indigenista que evoca a la Pachamama comovisión ecologista y que se subordina a la expansión de una lógica productivabasada en pequeños productores.

Otra motivación para expandir el rol del Estado en la economía esla aplicación de políticas distributivas mediante la transferencia deexcedente económico a sectores populares marginados y excluidos, cuyasostenibilidad exige un incremento de las ganancias del Estado a través delimpulso a la inversión extranjera. Estas políticas distributivas beneficiana millones de personas pobres y constituyen mecanismos de inclusiónsocial que fortalecen la ciudadanía como sentido de pertenencia a lacomunidad política en vastos sectores populares.

La integración social es concebida como interculturalidad a partir delreconocimiento de la diversidad étnico-cultural del “sujeto plurinacional”,sin embargo, las políticas estatales en algunos temas, como la ley contra elracismo, promueve más el multiculturalismo centrífugo que la convivenciaintercultural. La necesidad de integración territorial es respondida con laratificación del carácter unitario del Estado y la introducción de un régimende descentralización mediante autonomía en el nivel subnacional.

En síntesis, analizando el liderazgo carismático de Evo Morales y sulazo con su base popular de apoyo político se perciben más rupturas quecontinuidades respecto al populismo del siglo pasado vinculado a larevolución de 1952. No obstante, el discurso masista y el modelo estatal enciernes muestran la persistencia de elementos convencionales delnacionalismo revolucionario, a pesar de la apelación a un sujeto y a unEstado “plurinacionales”, porque predomina un proyecto político matizadopor una concepción que se sustenta en una matriz estado-céntrica.

Los retos de la democracia en la construcción deciudadanía

En términos formales existen tres aspectos que caracterizan elmodelo boliviano de democracia y que se encuentran imbricados: Estadoplurinacional, democracia intercultural y ciudadanía con rasgos

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multiculturales. Es preciso esbozar las características de este nuevo marcoinstitucional y normativo para evaluar los avances y retrocesos en laconsecución de los fines de la democracia, a partir de evaluar lascontradicciones existentes entre las normas constitucionales y suconcreción institucional, entre las metas que plantean las reglas jurídicasy los resultados de las políticas públicas, entre la dimensión simbólica dela inclusión política y social, y la capacidad de agencia ciudadana, entre laimagen pluralista del nuevo Estado y las prácticas concretas de laburocracia estatal en el ejercicio del poder.

El Estado Plurinacional se sostiene en el reconocimiento de losderechos colectivos de las “naciones y pueblos indígena originariocampesinos”, que expresan el carácter pluralista del Estado en diversosámbitos: pluralismo económico, político, cultural, lingüístico y jurídico.Este reconocimiento de derechos se combina con el derecho a la autonomíaindígena que forma parte del régimen de autonomías territoriales(departamentales, regionales, municipales e indígenas) que caracterizan elmodelo de descentralización política del Estado; también con elreconocimiento de la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena en lajusticia y la participación de representantes indígenas en diversas instanciasestatales. En la concepción de Estado Plurinacional se manifiesta unabrecha o contradicción entre el ejercicio de la soberanía estatal y la vigenciade los derechos colectivos, un hecho que se puso de manifiesto en elconflicto por el TIPNIS y tiende a ser un factor de conflictividad permanenteen la relación entre los pueblos indígenas y el gobierno, mientras no sedefina los alcances del derecho a la consulta previa.

La democracia intercultural implica el reconocimiento de tresmodalidades de democracia: representativa, participativa y directa, ycomunitaria, que implica la incorporación de nuevas institucionespolíticas. La democracia representativa mantiene la centralidad de lasorganizaciones políticas (partidos, agrupaciones ciudadanas yorganizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos)para la postulación a cargos de representación y de gobierno, e incluyerepresentación de pueblos indígenas mediante (7) circunscripcionesespeciales uninominales en la cámara de Diputados. También establece laigualdad de oportunidades de participación política de hombres y mujeres.Se reconoce similar capacidad legislativa a las asambleas departamentalesy concejos municipales en el régimen de autonomías, fortaleciendo elpapel de las instancias legislativas en los niveles subnacionales, sobre todoen los gobiernos departamentales.

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La democracia participativa y directa reconoce el referéndum parala aprobación de “normas, políticas y asuntos de interés público”, tambiénpara reformas constitucionales y para la conformación de autonomíasindígenas y regionales; asimismo la revocatoria de mandato por votaciónpara las autoridades electas en todos los niveles de gobierno. Tambiénreconoce al cabildo, la asamblea y la consulta previa; no obstante, susdecisiones no tienen carácter vinculante para el Estado.

La democracia comunitaria es definida de manera ambigua en laLey de Régimen Electoral porque “se ejerce mediante el autogobierno, ladeliberación, la representación cualitativa y el ejercicio de derechoscolectivos, según normas y procedimientos propios de las naciones ypueblos indígena originario campesinos” (Art. 10). Por ahora, se expresaen la elección del 5% de escaños en la cámara de Diputados, la elección derepresentantes indígenas en las asambleas departamentales de acuerdo acuotas, y la conversión de 11 municipios en autonomías indígenas,alrededor del 3%. Es decir, la construcción institucional de la democraciaintercultural enfrenta desafíos de equilibro y armonía entre las tresmodalidades de democracia para evitar dualismo en el sistema derepresentación política y en el proceso decisional.

Al margen de estas tensiones conceptuales, disyuncionesnormativas y desafíos institucionales, existen brechas y contradiccionesentre el pluralismo político reconocido por la CPE y la concentración depoder en el partido de gobierno como resultado de la distribución depreferencias electorales. También existe una brecha entre el incrementode la presencia de indígenas y mujeres en los espacios de poder y ladebilidad de las políticas públicas con enfoque de equidad de género y deempoderamiento indígena. Otra contradicción y/o brecha se manifiestaen la débil implementación de las autonomías departamentales porquehasta la fecha no se han aprobado estatutos autonómicos y las asambleasdepartamentales tienen tareas pendientes de institucionalización parafuncionar como instancias de legislación y fiscalización.

Como mencionamos, la relación armónica y complementaria entredemocracia representativa, democracia directa y participativa, y democraciacomunitaria es una tarea pendiente porque surgen contradicciones en suejercicio en situaciones específicas, provocando conflictos en torno a lasdecisiones de gobierno. Con el tema del TIPNIS como ejemplo, se percibeesta situación puesto que el derecho a la consulta previa como mecanismode democracia directa y participativa no es vinculante (según la Ley de

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Régimen Electoral), pero forma parte de los derechos colectivos en tanto“se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria,realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotaciónde los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan” (CPE,Art. 30, inciso 15). Este derecho se combina con el derecho “a la libredeterminación y territorialidad” (Art. 30, inciso 4). Ese conjunto de derechoses reconocido, además, por el Convenio 169 de la OIT y la DeclaraciónUniversal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU. A estacontradicción entre democracia participativa y comunitaria se suma latensión con la democracia representativa, porque la Asamblea Legislativadebe definir las reglas al respecto con una ley sobre consulta previa.

La ciudadanía como sistema de derechos es más compleja y tienerasgos multiculturales porque, aparte de ampliar los derechos individuales,la CPE reconoce derechos colectivos a las “naciones y pueblos indígenaoriginario campesinos” que se constituyen en un nuevo sujeto portador dederechos que constituyen el sustrato del Estado Plurinacional. Existe unabrecha entre el reconocimiento de derechos colectivos y su pleno ejercicio.Por ejemplo, el uso y explotación de recursos naturales pone en tensión losderechos territoriales de los pueblos indígenas y las prerrogativas estatalespara planificar el desarrollo en representación del “interés general”.

Estos son algunos ejemplos de los problemas y desafíos derivados deun proceso de transición estatal. La idea de transición es central porqueimplica que la construcción de la democracia es un proceso en el cual secombinan innovaciones institucionales, transformaciones políticas y socio-culturales con elementos atávicos de cultura política autoritaria y débilinstitucionalidad. Estos aspectos se relacionan con la calidad de la democraciapara que la inclusión social sea efectiva como construcción de ciudadanía.

La integración social es un desafío pendiente y requiere deinstituciones democráticas sólidas y legítimas. La transición estatal enBolivia sigue en curso y el perfil de las instituciones estatales está definidode manera preliminar por las leyes orgánicas, sin embargo, la eficacia desu rol integrador depende de su aplicación práctica y de la legitimidad desu funcionamiento.

La tensión entre centralismo y autonomías debe ser resuelta entérminos colaborativos porque las políticas redistributivas dependen delgobierno central y su aplicación en el futuro debe contemplar el principiode subsidiariedad entre los distintos niveles de gobierno. Es decir, la

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inclusión social debe potenciarse en la escala local para proporcionar mayoreficacia a las iniciativas de carácter nacional. La elaboración de los estatutosautonómicos departamentales y de las cartas orgánicas municipales debecontemplar las necesidades de inclusión social desde una perspectivaintegradora, adicionalmente, este armazón institucional debe resolver elproblema de disponibilidad de recursos bajo criterios de equidad regionalmediante un pacto fiscal que permita una distribución racional de recursos.

Otro aspecto crucial para que las políticas de inclusión social seaneficaces y sostenibles tiene que ver con la justicia. La respuesta normativaa los rezagos y debilidades en la impartición de justicia con elreconocimiento de dos jurisdicciones, es un paso importante porque acercael Estado a la sociedad e integra a vastos sectores sociales, sobre todo delas áreas rurales, a la racionalidad estatal. Sin embargo, existe el riesgo deque la dualidad jurídica se convierta en dualismo competitivo, debilitandomás bien las tareas del Órgano Judicial, en esa medida, el reconocimientode la jurisdicción indígena originaria campesina es una oportunidad perotambién un riesgo. La reproducción de una lógica centralista en el poderjudicial es una realidad negativa que debe superarse para mejorar elderecho administrativo y enfrentar la creciente cantidad de casos quevinculan y enfrentan a los ciudadanos con el Estado.

Un aspecto pendiente que puede tener mucha importancia en elfuncionamiento de las instituciones democráticas es el control social, unamodalidad participativa reconocida constitucionalmente, pero pendientede reglamentación mediante una ley. De manera similar al ámbito judicial,el control social puede ser un factor de fortalecimiento de la gestiónpública como también un elemento promotor de inestabilidad en losdistintos niveles de gobierno. Tanto la implementación de las autonomíascomo la aplicación de las leyes con sentido de justicia dependenrelativamente del proceso político decisional y, en función de su diseño,de las pautas que definan la participación ciudadana mediante el controlsocial. Por ahora, las novedades no son positivas porque el gobierno hamanifestado su interés en otorgar esta tarea a una supraorganización quetiene lazos directos con el partido de gobierno. Este tema implicaconsiderar el funcionamiento de las instituciones democráticas, que secaracteriza por la debilidad del pluralismo político y el controlgubernamental del proceso legislativo y la toma de decisiones en lamayoría de las instancias de poder político. La concentración del procesodecisional en un solo actor político favorece la eficacia en el cumplimientode medidas y en el logro de objetivos, pero debilita la calidad representativa

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de las instituciones y, a la larga, la calidad del ejercicio de ciudadanía. Laampliación de la democracia es un buen síntoma del estado de susinstituciones, no obstante, su representatividad depende de su capacidadpara representar la diversidad de intereses y demandas de la sociedad, ensuma, del pluralismo que consagra la Constitución Política del Estado, unprincipio intangible que debe materializarse en todas las esferas para quela integración social produzca una comunidad de ciudadanos yciudadanas.

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Periodista y columnista. Comunicadora del Programade Apoyo a la Democracia Municipal (PADEM).Autora de “Comunicadores con arte y oficio”, “25 añosde democracia en Bolivia: ni tan diablos ni tansantos”, “Sala de Redacción; manual de periodismo yderechos humanos”.

Isabel Mercado

Capítulo V

¿Y nos llaman ciudadanos?

Isabel Mercado H.La ciudadanía es un proceso evolutivo, siempre en ciernes,siempre inconcluso. No obstante, la historia y las coyunturaspolíticas y sociales imponen el norte del camino. En Bolivia, laconstrucción de ciudadanía ha estado siempre a la sombra delos procesos políticos: desde el momento en que la Revolucióndel 52 incluyó a mujeres e indígenas en el escenario de laparticipación en democracia, hasta 1994, cuando laParticipación Popular trasladó la democracia a todos losrincones del país. Ahora es el momento de la inclusión y laintegración, de lograr que el ejercicio de la ciudadanía seaposible junto al ejercicio de derechos y la igualdad deoportunidades; para, en verdad, ser llamados "ciudadanos".

El día de su boda, Daniel Valdés Choquetarqui acababa de cumplir19 años. A esa temprana edad tenía la seguridad de sentirse ciudadano. Habíacumplido con el primer requisito indispensable para ello: el servicio militar;había ejercido, prematuramente incluso para su comunidad, como autoridadoriginaria; había votado en dos elecciones democráticas y finalmente, elvientre de su esposa rebelaba su incipiente condición de padre.

A contramano, había culminado por milagro la escuela, sumando acuentagotas los días de largo viaje para llegar a la escuela secundaria quenunca se instaló en su pueblo; las secuelas de la tuberculosis que aquejósu pubertad y la mala nutrición consuetudinaria se adivinaban en su pielcurtida. Nacido en el altiplano paceño, lo que conocía de la vida podía

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resumirse, geográficamente, en las tres horas de viaje que separaban sucomunidad de El Alto.

En otro lado del mundo, Lucas Sporss, ciudadano norteamericanode 50 años, discute con su hijo. Acaba de terminar el debate electoral entreRomney y Obama, los candidatos que pugnan por la Presidencia del quesigue siendo el país más poderoso del mundo. Obama busca la reeleccióny se esfuerza por demostrar que sus logros -después de haber superado loque denomina la peor crisis de su país desde la Recesión de los años 30-empezarán a cosecharse a partir de su segundo mandato. Su contrincante,republicano conservador, ofrece a los norteamericanos el bálsamo de lasolución a sus grandes problemas: volver a contar con dinero en el bolsillo.Doce millones de empleos es la base de su apuesta electoralista. En Texaspadre hijo no consiguen ponerse de acuerdo. “Hay que proteger al país delos migrantes y de la musulmanización”, enfatiza el padre. El hijo esbozauna sonrisa irónica: “Qué clase de ciudadanos somos si creemos en lademagogia barata”, sentencia, finalizando la charla familiar.

Doscientos años antes de Cristo, el historiador Polibio habíaesgrimido el concepto de oclocracia, para aludir la supuesta ignorancia dela ciudadanía acerca de los aspectos políticos, económicos y socialesfundamentales en una sociedad, que según este griego conocido como elpadre de la historia, la inhabilitaría para elegir entre las diversas propuestasque presenta la historia y el sistema social. A más de una década del sigloXXI, con la democracia reconocida como la única forma aceptable degobierno, “el único ideal político universal, sin competencia explicita”1, lasola mención de este postulado puede considerarse como autócrata ydiscriminatoria, sin embargo, son también estos los tiempos en que lavalidez de un concepto depende más de sus evidencias empíricas que desu capacidad discursiva, y el debate sobre la construcción de ciudadaníaha superado ya la dimensión de la teoría política, incluso de los postuladosjurídicos, para demandar respuestas que contrasten lo que se dice concómo se la vive y, aún más, con las tareas pendientes para alcanzar su plenoejercicio.

Si los fundamentos que encontró Polibo en la sociedad griega de suépoca para mantener la tesis de una ciudadanía “ignorante” (y por tantono apta para ejercer sus derechos fundamentales) resultan inaceptableshoy en día, es más por una cuestión de corrección política que por la

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1 Molina, Fernando “Conversión sin fe: el MAS y la democracia”. Edición Molina yAsociados. La Paz, Bolivia, 2007. Pag. 21.

constatación empírica de que los ciudadanos -especialmente en países conuna democracia en construcción como Bolivia- gozan y ejercen susderechos y obligaciones ciudadanas con plenitud.

Desde el altiplano boliviano hasta las llanuras texanas podemosapreciar las brechas que subsisten entre la “condición” de ciudadano y elpleno ejercicio de los derechos de tal condición, entendidos éstos en suacepción más amplia: el acceso a buenos servicios y oportunidades, lacorresponsabilidad con el cuidado del bien común (lo público), el respetopor el otro, el cumplimiento de deberes, la exigibilidad de los derechospropios y una participación ciudadana que trascienda lo episódico y losparticularismos.

Ergo, no es necesario discriminar entre ignorantes y letrados, entreciudadanos de primera y de segunda… más allá de las posicionesideológicas nos enfrentamos a una ciudadanía incompleta, incipiente, queno alcanza a definirse, a cristalizarse en todo el conjunto social tanto enestas tierras como en el primer mundo.

Ciudadanía, democracia y derechos: una trilogíanecesaria

Por encima de las coyunturas políticas e históricas, la ciudadanía es,más que un concepto abstracto, una condición para la vida democrática.Su ejercicio – intrínseco al desarrollo del individuo- no sólo implica el gocede derechos civiles y políticos (igualdad ante la ley), sino una serie decondiciones que guardan relación con la calidad de vida y la convivenciaentre pares (igualdad de oportunidades).

En otras palabras se trata de un derecho que se ejerce de formaespontánea a partir de la pertenencia a una sociedad normada por leyes einstituciones, donde rige un estado de derecho asentado en el principio dela igualdad de todos sus integrantes ante la ley, al mismo tiempo que en lanecesidad del cumplimiento de ciertos requisitos que habilitan a cada unode ellos -de acuerdo a su desempeño- para pertenecer a ella.

Esta concepción que se sustenta en el derecho positivista, no sóloalimenta una corriente democrática liberal, sino que ha sido y es el insumoprioritario de la visión universalista que se expresa en el conjunto detratados y declaraciones aceptados por la humanidad en su conjunto como

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una suerte de contrato social; especialmente la Declaración Universal delos Derechos Humanos (1948), columna vertebral de la legislación eincluso la constitucionalidad de buena parte de las naciones.

Pero, este precepto de igualdad ante la ley ha venido a ser cuestionadocomo insuficiente en muchos contextos; especialmente en aquellos en los queel conjunto de ciudadanos no goza de forma igualitaria de todos los serviciosy beneficios que precisa para su desarrollo. Para este segmento del planeta, la“condición de ciudadano con los mismos derechos y obligaciones” que suspares, es absolutamente discursiva y precisa de otro tipo de acciones y garantíasde parte del Estado para vivir, en la práctica, la condición de ciudadano.

Es aquí que el concepto de “igualdad de oportunidades” –que vienea ser más complementario que sustitutivo-, adquiere relevancia. Losciudadanos, incluso en los países más desarrollados, no se conformanúnicamente con el respeto de sus derechos y la exigencia del cumplimientode sus obligaciones, demandan acceso a buenos servicios (educación ysalud de calidad, servicios básicos, vivienda, ingresos dignos y otros) y unaparticipación ciudadana que se exprese en representatividad para la tomade decisiones y competitividad para insertarse al mercado.

Esta lectura, que es casi una postura ideológica en los tiemposactuales, no solamente ha venido a cuestionar la insuficiencia de laprimera, sino a dejar constancia de que la ciudadanía es un procesoevolutivo, que acompaña a las transformaciones sociales y políticas y querequiere, permanentemente, de nuevos ingredientes para ceñirse a lasexigencias de los individuos y las colectividades.

Según Martín Hopenhayn2, en la actualidad, la relación ciudadanía-democracia mantiene, por un lado, aspectos históricos que definen alsujeto-ciudadano, a la vez que se cuestionan aspectos sustanciales delejercicio de la ciudadanía, vinculados a la reformulación del rol del Estadoy a la calidad del régimen democrático en el marco del proceso deglobalización. En su opinión, en los nuevos escenarios de democratizaciónlatinoamericana, el concepto de ciudadanía recupera contenidostradicionales vinculados a tres enfoques:

1. Liberal-democrático, asociado a los derechos de primera 1.Liberal-democrático, asociado a los derechos de primera ysegunda generación: civiles y políticos.

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2 Hopenhayn, Martin. “Viejas y nuevas formas de la ciudadanía”. Revista de la CEPAL.Santiago de Chile. 2001. Pag. 117.

2. Social democrático, que se extiende a los derechos de tercerageneración: económicos, sociales y culturales.

3. Republicano, vinculado a mecanismos de pertenencia delindividuo a una comunidad o nación, a la participación y en ladefinición del proyecto de sociedad.

De acuerdo a Hopenhayn, esta noción de ciudadanía se reformulaen un contexto de debilitamiento del rol del Estado, que precisamente fueel que le dio origen y razón de ser en su configuración clásica. Aún cuandopara la visión republicana el requisito formal para ser ciudadano sesustenta en la pertenencia a un Estado – nación, ésta no es actualmente lavía exclusiva para definir la condición de ciudadanía en términossustantivos: ser titular de derechos y gozar de la capacidad para ejercerlos.

Las dos dimensiones que incluye el concepto de ciudadanía -titularidad de los derechos y capacidad real para ejercerlos- muchas vecesse contraponen: al mismo tiempo que se afirma la titularidad de derechospara grupos que antes estaban excluidos de la misma, otros sectores de lapoblación se ven impedidos de ejercer sus derechos ciudadanos.

La experiencia ha demostrado que el ejercicio de los derechos no esuna práctica acumulativa, sino que existen situaciones donde, por ejemplo,el ejercicio de los derechos políticos no implica necesariamente lo mismoen relación con derechos civiles o sociales. El argentino GuillermoO´Donnell3 caracteriza este tipo de situaciones como una ciudadanía debaja intensidad: “en muchas de las democracias que están surgiendo, laefectividad de un orden nacional encarnado en la ley y en la autoridad delEstado se desvanece...”. Respecto a la agudización de la conflictividad socialen las ciudades, agrega que esto “...no sólo refleja un grave proceso dedecadencia urbana, sino también la creciente incapacidad del Estado parahacer efectivas sus propias normas”.

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3 El politólogo Guillermo O’Donnell ha desarrollado el concepto de democraciadelegativa para distinguirla de la democracia representativa. Según O’Donnell (1997) losprocesos democráticos que se produjeron en América Latina resultan en democraciasinstitucionalmente débiles, con poderes ejecutivos muy centralizados que presentan unacombinación de elementos democráticos y autoritarios. La crisis del Estado, en tantorepresentación de legalidad y la consecuente incapacidad para hacerla cumplir en formaefectiva, lleva a la construcción de una democracia con una “ciudadanía de bajaintensidad”: donde se respetan los derechos participativos y democráticos de la poliarquía,pero se viola el componente liberal de la democracia. Una situación en la que se vota conlibertad y hay transparencia en el recuento de votos, pero en la que no existe un tratocorrecto de la policía o la justicia, sería un caso en el cual se pone en tela de juicio elcomponente liberal de esa democracia y se cercena severamente la ciudadanía.

Como se advierte en la crisis del modelo democrático que enfrentanlos países europeos por el desbalance de su economía, la ciudadanía puedefácilmente pasar de un estado aparente de consolidación a un proceso detransformación, incluso de revolución, cuando aquello del acceso integrala oportunidades se diluye. Lo propio -puede decirse- sucede en contextoscomo el nuestro, donde a la concreción del goce elemental de los derechosciviles y políticos corresponde la satisfacción de necesidades económicas,sociales y culturales.

Visto de esta forma, se advierte que el sistema democrático requiereen iguales proporciones el respeto y cumplimiento de los derechos (civiles,políticos, económicos, sociales y otros), un conjunto de instituciones quelos garanticen y una cultura ciudadana que los aplique. Es decir:democracia, ciudadanía y derechos son una trilogía necesaria para la vidaen democracia.

Del empoderamiento a la ciudadanía

En todas las sociedades del mundo, la evolución del concepto deciudadanía ha ido a la par de las transformaciones políticas. Nuestro paísno ha sido la excepción. A partir de 19524 (cuando se hacen universalesalgunos derechos antes restringidos a minorías), el ejercicio ciudadano haido evolucionando, adaptándose a los momentos políticos. En un procesodinámico, los derechos ciudadanos han sido restringidos en dictadura yalentados en democracia, pero sin lograr un avance trascendental en elobjetivo de asegurar la igualdad de todos ante la ley ni consolidar unainstitucionalidad que los refuerce y/o garantice.

La reforma constitucional de 1994 representó, en este marco, unpaso importante, pues como resultado de las movilizaciones indígenasreclamando “dignidad, tierra y territorio” (1990), se reconoció el caráctermultiétnico y pluricultural de la nación; disminuyó la edad de“ciudadanización” de 21 a 18 años; se modificó el sistema electoralexclusivamente de diputados, introduciendo a los uninominales; secrearon tres instituciones democráticas claves para el ejercicio ciudadano:

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4 El perfil de ciudadano del boliviano tiene a la Revolución de 1952 como punto de partida.No es casual, pues no fue sino a partir de este momento que se amplió el ejercicio demuchos derechos democráticos como el voto universal a un conjunto amplio de lapoblación que hasta entonces había permanecido ignorado: todos los hombres y mujeresmayores de 21 años sin importar su condición social o grado de instrucción, lo que porprimera vez en la historia republicana, daba lugar a la participación de todas las mujerese indígenas en la vida institucional del país.

el Consejo Nacional de la Judicatura, el Tribunal Constitucional y elDefensor del Pueblo; se añadió el Art. 171 que señala “la defensa yprotección de los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblosindígenas” y se amplió el periodo municipal de dos a cinco años.

Ese mismo año se inicia el proceso de municipalización en el país,a partir de la implementación de la Ley 1551 de Participación Popular, conla cual se logró dar un salto cualitativo en la participación efectiva en lavida política y en la relación con el Estado para un conjunto de poblaciones–municipios- y ciudadanos.

Este último hecho marca un punto de inflexión en la construcciónde ciudadanía en Bolivia. Si se analiza la ciudadanía más allá de lacondición de ciudadano que cuenta de manera “natural” con una serie dederechos y obligaciones, conferidos constitucionalmente, gran parte de losbolivianos –a pesar de haber nacido a la vida democrática a partir delderecho al voto en 1952- no contaban para la administración y lasdecisiones del país. Paridos con la condición de ciudadanos como con “lamarraqueta bajo el brazo” -que metafóricamente acompaña la llegada detodos los niños al mundo-, las y los bolivianos no conocían el ejercicio deciudadanía en la toma de decisiones, en la participación de la vida pública,la práctica de los derechos en su amplitud y complejidad, y laobligatoriedad de un conjunto de deberes que los haga corresponsablescon sus propios destinos.

Por ello, si 1952 fue un momento fundacional para el ejercicio de losderechos ciudadanos en Bolivia –aunque pronto fueron eclipsados por lasdictaduras y la inestabilidad política-, 42 años después, otro proceso, el demunicipalización encarna un avance significativo en la construcción deciudadanía en el país: genera una suerte de escuela de ciudadanización.

Con la democracia local, no sólo el derecho a elegir –a votar-convierte a candidatos anónimos en representantes de carne y hueso(logrando una relación nunca antes vista entre autoridades y ciudadanos,más allá de la sede de gobierno), sino que el propio ciudadano empieza aadvertir y luego a ejercer un nuevo conjunto de derechos que se sintetizanen su participación en la planificación de la gestión y a partir de ello, lapriorización de sus necesidades y anhelos en acciones y obras.

Con luces y sombras, la municipalización incluyó y “empoderó” acientos de miles de hombres y mujeres de todo el territorio nacional para

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su inclusión real a la vida democrática; hombres y mujeres que tuvieronque aprender el manejo de recursos, la respuesta a conflictos, la solucióna demandas largamente postergadas, etc. De la entelequia que significóhistóricamente ser “ciudadano” en Bolivia, con la democracia local se dioel paso a la construcción de procesos concretos y ascendentes detransformación de una cultura política discriminatoria y autoritaria a unamejor convivencia en democracia.

El nuevo milenio se inaugura en Bolivia, junto a la crisis del Estadodemocrático liberal que, esencialmente hizo aguas por la crisis derepresentatividad de sus actores políticos y de las decisiones que éstosadoptaban. Dicho de otro modo, ese conjunto emergente de nuevosactores, empoderados como ciudadanos desde lo político algunos añosantes con la Participación Popular, se expresa de forma creciente en elconjunto de movimientos y organizaciones surgidas de la sociedad queempujaron más temprano que tarde el cambio del modelo, del Estado yde la historia.

No obstante, y a pesar de ello, a partir de la instauración del “procesode cambio” (2005), surgen otros rasgos y, en definitiva, otros retos para elpleno ejercicio ciudadano. De un “florecimiento” positivo de laparticipación ciudadana en diferentes procesos –como el que culminó conla instalación de la Asamblea Constituyente y la aprobación de la NuevaConstitución Política del Estado- a la “burocratización” de estosmecanismos y espacios de participación.

En otras palabras, esa tradición movilizadora y participativa delciudadano que se gestó incluso en épocas dictatoriales y se consolidó en laplanificación participativa –recuperando las estructuras tradicionales delayllu y el sindicato agrario en el mundo occidental, y de las capitanías ocomunidades en tierras bajas, para traducirse en OrganizacionesTerritoriales de Base y/o juntas vecinales-, vivió su momento de gloria antesy durante la instauración del “proceso de cambio”, pero luego de las grandesmovilizaciones que impulsaron las reformas de este periodo, fue evidenteque quedaron rezagadas: la gente, especialmente la que no es parte de estosmovimientos sociales formales, empezó a sentirse marginada.

Después del clímax de la inclusión y del ejercicio de la democraciaparticipativa, se empezaron a sentir las brechas entre los que detentan elpoder fáctico de la calle y los que sólo transitan por ella.

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Institucionalidad en permanente fragilidad

A este momento de crisis de la participación ciudadana y por tantode la evolución ciudadana en nuestro país, se añade un momento tambiéncrítico en el proceso de institucionalidad democrática.

Volviendo al génesis del concepto de ciudadanía, la fortaleza de lainstitucionalidad democrática5 es imprescindible para su edificación. Enla práctica, ello implica un Estado con capacidad para mantener a lasinstituciones democráticas esenciales en el plano de la plena vigencia y laindependencia, al mismo tiempo que respeta el cumplimiento de las leyesy normas y exige responsabilidad de los ciudadanos con las mismas.

En su texto “Diálogo en torno a la República”, el politólogo italianoNorberto Bobbio6 defiende el marco legal que acompaña a un sistemademocrático, que en su opinión permite neutralizar la discrecionalidad delos caudillismos carismáticos, los autoritarismos, o cualquier forma que sepresente como novedosa pero que coarte libertades. La función principalde la democracia es asegurar la libertad de los individuos frente a loseventuales excesos del Estado, sostiene. Definida así, la democracia sedistinguiría de la dictadura, por la existencia de un conjunto deinstituciones y procedimientos que garantizarían la libertad de losindividuos.

El problema de esta concepción es que puede llevarnos a imaginarque una vez establecida la democracia, la sociedad resolverá por sí sola todossus problemas. Pero ciudadanía no es solamente la relación con el Estado,es también la relación entre pares: no es sólo participar, es participación coninstitucionalidad; y no es cualquier institucionalidad, es una institucio -nalidad sustentada en valores democráticos, por el bien común, a partir dela práctica individual. Al respecto, el mismo Bobbio ha expresado a lo largode su obra su preocupación por el poder invisible del Estado, que gobiernamás allá de la voluntad popular; la opacidad de la información que circulareferida a las compras y contrataciones del Estado; las decisiones que setoman; las prebendas, presiones y mecanismos clientelares; la fuerza de las

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5 Se refiere al conjunto de instituciones políticas que organizan al Estado y a la sociedad,además de las reglas y normas que definen un determinado orden social.

6 Llamado “el socialista liberal”, Norberto Bobbioha analizado las ventajas y desventajasdel liberalismo y el socialismo, tratando de mostrar que quienes defienden ambasideologías basan sus actividades en el respeto al orden constitucional y en el rechazo a losmétodos antidemocráticos, incluyendo, como es obvio, el análisis y la crítica a la corrupciónque ha caracterizado la vida política italiana de los últimos años, y el terrorismo al que seopuso con energía durante las décadas de los años 1960 y 1970.

corporaciones y los lobbistas, y afirma que este conjunto de expresiones, aligual que una participación corporativa y funcional de la ciudadanía en losasuntos públicos, pueden debilitar un gobierno democrático hasta tornarlopoco representativo del interés general.

Es decir, por un lado, tenemos un conjunto de instituciones que noofrecen tradición de invulnerabilidad y solidez ante el ciudadano porqueen la historia democrática del país han sido permanentemente erosionadasy no han llegado aún a mostrarse independientes de los poderesgubernamentales; tenemos también un conjunto cada vez más sólido yatractivo de normas y leyes que no se cumplen ni se exigen a plenitud y,finalmente, tenemos una participación ciudadana poco representativa delconjunto global de la sociedad… En otras palabras, el estado de derechono tiene la fuerza y el peso que precisa para sostener el andamiaje de laconstrucción colectiva de la ciudadanía.

De otro lado, la relación entre el ciudadano y el Estado es asimismofrágil: se exige mucho del Estado, pero no se valora en la misma proporciónla corresponsabilidad con éste –el mentado “bien común”, o lo público-; elciudadano establece una relación “funcional” con el Estado, esperandorecibir el beneficio de su rol asistencial, sin comprometer su aporte a tallogro –cumplimiento de obligaciones, corresponsabilidad con la gestióny/o participación ciudadana con solidaridad-.

Este esquema describe el tránsito vivido en los últimos años por losciudadanos bolivianos: ante una crisis de institucionalidad permanente,las virtudes de la participación social se redujeron a los vicios de laparticipación corporativa.

Los derechos indígenas

En un marco de debilidad institucional y de una participaciónciudadana de dudosa calidad, la construcción/evolución ciudadana agregónuevos ingredientes a su proceso: el deseo de superar la desigualdad queimpide la vigencia de una cultura y una ciudadanía democrática. Larespuesta fue la apuesta por la legitimación y el cumplimiento de losderechos de los pueblos indígenas.

Desde 1994, cuando se incorpora el concepto de multiculturalidady diversidad en la Constitución Política del Estado, el país ha ido en un

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franco avance en una de sus más grandes deudas históricas: elreconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Aunque eldebate sobre estos derechos no ha estado exento de posiciones e interesespolíticos, el Estado boliviano ha sido firme en su meta de garantizar quetodos los bolivianos y bolivianas –especialmente las mayorías indígenas-accedan a todos los derechos y servicios que los habilitan comociudadanos.

A partir de 2006 y con la aprobación de la nueva ConstituciónPolítica del Estado (2008), Bolivia ha priorizado la incorporación de lasmayorías indígenas no sólo en la conducción del país, sino en el goce dederechos y beneficios democráticos de los que también habían estadomarginadas, en el marco del respeto a sus usos, costumbres, tradiciones ycosmovisiones.

Sin embargo, rápidamente se empezó a evidenciar una distanciaentre la base discursiva y la práctica o, dicho de manera, en la supeditacióndel fin a los medios. Al objetivo –que todos y cada uno de los bolivianosgoce de la plenitud de sus derechos sociales, económicos y culturales-, sesobrepuso el camino de la profundización de los particularismos que, sibien reforzó un sentido de pertenencia identitaria de los pueblosindígenas, alejó el sentido de pertenencia democrática, de la visión de locomún por encima de lo particular, que es otra condición para laconsolidación de la cultura ciudadana.

El reconocimiento de nuestra diversidad étnica y cultural es un pasoescencial en el largo camino de transformaciones en procura de una realigualdad de oportunidades para todos; sin embargo, el intento de llegar auna ciudadanía democrática efectiva debe superar el conflicto de lasmúltiples identidades étnicas.

Una ciudadanía democrática demanda un estado de derecho sólido.Y el estado de derecho trasciende la particularidades de las identidadespara acoger al conjunto de los actores sociales, independientemente de susdiferencias, buscando hacer de la coincidencia su mayor fortaleza.

Una forma de concretar este Estado en el estado de derecho, esreorientando el énfasis de su accionar; no únicamente hacia la atenciónde derechos de unos grupos sobre otros, sino a la reducción de lasdesigualdades. Es evidente que, en el caso boliviano, se han dado grandespasos a través de la distribución de recursos a diferentes segmentos de la

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población, pero además de ello, se necesitan políticas sociales que mejorenla educación, la salud, el empleo, etc., y logren que la ciudadanía no precisede salvaguardas-las identidades diferenciadas de cada grupo o segmento-para paliar las desigualdades.

Ciudadanía activa: cuando los conceptos se aplican

Hasta acá, podemos concluir que, junto a los procesos históricos –sociales y políticos-, la construcción de ciudadanía en Bolivia haencontrado fortalezas en sus mecanismos de participación y en laexigibilidad/inclusión de los derechos de los pueblos indígenas del país,pero ha tenido puntos de tensión –e incluso involución- en la forma cómose ha deteriorado la participación ciudadana (corporativismo) y en elénfasis (también particularista) que se ha dado a los derechos indígenascomo un espacio de fragmentación del tejido social y no de creación deuna conciencia/práctica de bien común.

La democracia boliviana ha avanzado –especialmente en los últimosaños- en la incorporación de normas que buscan no sólo garantizar el respetode los derechos de las personas, sino en transformar las prácticas sociales enpos de una sociedad más equitativa; no obstante, el desafío pendiente estáen cómo los mismos ciudadanos hacen carne estos logros y procuran que elresultado de los procesos políticos no sea solamente producto de suparticipación en elecciones –democracia representativa- sino de unaparticipación ciudadana corresponsable. ¿Cuáles son las transformacionesque necesitamos en la cultura de participación ciudadana que tenemos?

Los bolivianos no tenemos una cultura ciudadana consolidada:nuestro rezago educativo se expresa también en educación ciudadana, entolerancia y respeto por el otro; en respeto por lo público y ensolidaridad/compromiso con el bien común. Por otra parte, nuestra culturapolítica es débil, propensa a tolerar el autoritarismo, la demagogia, elprebendalismo y la ausencia de fiscalización (rendición de cuentas); pocotolerante con el disenso y vulnerable a los vicios de la corrupción. Estosrasgos, además de impedir logros de gestión pública, nos alejan de laevolución de nuestra ciudadanía hacia ese ideal de pleno ejercicio dederechos e igualdad de oportunidades.

De ahí que para pasar del postulado a la realidad, es importanteprofundizar el análisis de la ciudadanía activa; es decir ese espacio donde

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el ciudadano, empoderado por el conjunto de derechos y obligacionesfrente al Estado, asume un rol corresponsable en el contexto social que lepermitan superar las desigualdades que persisten y avanzar hacia unaigualdad de oportunidades.

No obstante, no es posible hablar de una ciudadanía activa sino nose aborda las deficiencias de nuestra cultura ciudadana. Los bolivianos, engeneral, oscilamos entre el exitismo y el auto menosprecio (o laautocompasión); un relativismo ético que nos lleva a no incomodarnos niruborizarnos ante manifestaciones de incoherencia (discursos deautoridades, propaganda abiertamente demagógica, prácticas culturales ypersonales autoritarias y poco compasivas con el bienestar común), nicuestionarnos la distancia entre lo que ansiamos como sociedad y lo quehacemos para lograrlo.

En otras palabras, por un lado, las condiciones de pobreza y deexclusión aún impiden que hablemos de un real ejercicio de ciudadaníaen este país, pero en vez de encarar estas cuentas pendientes como undesafío, nos ensalzamos en una sobre estimación del partipacionismo, dela supremacía de los derechos colectivos y otras conquistas que no guardanrelación unas con otras y que, especialmente, obnubilan el verdaderodebate sobre lo que es preciso hacer para construir una ciudadaníademocrática.

Ciudadanía integradora: la nueva utopía

En este escenario, surge la idea de ciudadanía como “vínculo deintegración social”, es decir, la construcción de un espacio político quebrinde a la democracia un sentido concreto. La CEPAL (2000) hablar dereformular la idea de “lo público” en tanto espacio de intereses colectivosque excede lo meramente estatal, facilitando una mayor participación delos distintos sectores sociales en las instituciones políticas democráticas yen el desarrollo de mecanismos propios de la sociedad civil que facilitenuna cultura de convivencia y desarrollo colectivo.

El gran desafío, dice la CEPAL, consiste en armonizar la democraciapolítica con el crecimiento económico y la equidad social. Asimismo,propone una perspectiva integral que reoriente los patrones de desarrolloen torno al eje central de la equidad, como estrategia para la integraciónsocial. Se trata de colocar en primer plano la vigencia de los derechos

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humanos, especialmente los derechos económicos, sociales y culturales,los que junto a los derechos civiles y políticos, dan el marco ético al procesode desarrollo.

Pero no es todo, Martín Hopenhayn plantea que la revolucióntecnológica tiene efectos sobre el concepto de ciudadanía en la medida enque su ejercicio se expande a prácticas cotidianas políticas y culturalesmediante el uso del espacio mediático, produciendo mayor dispersión deactos y mayor diferenciación de las demandas.

Estos patrones de integración responden a un escenario global,donde el mercado da sentido de pertenencia y conforma una comunidadsocial a partir de la lógica del consumo. Ya no es el Estado – nación el queestructura una identidad vinculada territorialmente a referentes jurídico-políticos; es el mercado el que lo hace, por medio de la industria cultural,la comunicación tecnológica y el consumo segmentado de bienesmateriales y simbólicos atravesado por tradiciones nacionales y flujostransnacionales.”Junto con la descomposición de la política y eldescreimiento en sus instituciones, otros modos de participación gananfuerza. Hombres y mujeres perciben que muchas de las preguntas propiasde los ciudadanos: a dónde pertenezco y qué derechos me da, cómo puedoinformarme, quién representa mis intereses… se contestan más en elconsumo privado de bienes y de los medios masivos que en las reglasabstractas de la democracia o en la participación colectiva en espaciospúblicos”, sostiene. La ciudadanía se vincula así a la afirmación de ladiferencia y la promoción de la diversidad, en tanto autoafirmacióncultural que trasciende su ámbito de pertenencia territorial.

Pensar en términos de ciudadanía, ahora, significa entoncesreplantear los mecanismos tradicionales, exigiendo los derechos delconjunto de todos los ciudadanos. Por lo tanto, la construcción deciudadanía se asocia a la responsabilidad estatal de consolidar lasinstituciones democráticas y gestar, desde la sociedad, nuevas prácticasacordes a los ideales democráticos. Sin embargo, la concreción de estosprincipios se ve obstaculizada por la gran proporción de población quequeda fuera del sistema productivo, y por ende, del sistema social: amedida que aumenta el grado de exclusión disminuye la capacidad dehacer valer los derechos ciudadanos.

En síntesis, la construcción de ciudadanía exigiría un proceso deintegración social y económica tanto en el plano nacional como

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transnacional, partiendo del reconocimiento de la heterogeneidad. Se tratade recobrar la igualdad en términos de inclusión de los excluidos sin queesto lleve a la homogeneización cultural.

¿Cómo se unen los procesos con los desafíos?, ¿dónde colocamos elénfasis en nuestras acciones como Estado y como ciudadanos? Sin dudano hay una única respuesta, pero también sabemos que cualquierpropuesta debe partir de las coincidencias y puntos comunes antes que delas diferencias para alcanzar una práctica ciudadana que no sólo apuntaleun desarrollo equitativo y sostenible, sino permita una convivencia dignaentre bolivianos.

El Estado no sólo tiene la obligación de buscar el bienestar comúnsino de integrar. Los requisitos en este orden, son fortalecer lainstitucionalidad y cualificar la participación, especialmente en unmomento como el que atravesamos, en el cual se tiende a una crecienteurbanización del país que exige otro tipo de códigos sociales que no parteúnicamente del respeto a usos y costumbres, sino, sobre todo de contratosde convivencia entre muchos, entre diversos.

Dicho de otro manera, ya no se puede apostar por la fragmentaciónsino por la integración; por un ejercicio ciudadano cohesionador al amparode un Estado integrador, que garantice condiciones y valores democráticospara propiciar un escenario de oportunidades equitativas en las que elciudadano no sólo es beneficiario sino edificador. Cultura democrática,cultura ciudadana y una nueva cultura política son, ahora, la punta de lanzade esta nueva fase de construcción ciudadana. Una trilogía y una condiciónnecesarias para que este periodo de transformaciones estructurales queatraviesa el país aterrice en la consolidación de un ejercicio ciudadano máspleno y adecuado a los desafíos de estos tiempos. Para que, sin reparos,podamos llamarnos ciudadanos…

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