ContenidoSesión plenaria ordinaria N.º 130 del lunes 4 de febrero de 2019.....................................2

EXPEDIENTE N.° 20.202, LEY SOBRE EL REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.....................................................................................2

Sesión plenaria ordinaria N.º 131 del martes 5 de febrero de 2019..................................3

Control político..........................................................................................................................3

Sesión plenaria ordinaria N.º 137 del jueves 14 de febrero de 2019.................................5

Control político..........................................................................................................................5

Sesión plenaria ordinaria N.º 130 del lunes 4 de febrero de 2019

EXPEDIENTE N.° 20.202, LEY SOBRE EL REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Diputada Ana Lucía Delgado Orozco:

Muchas gracias, señora presidenta a. í.

Realmente, el poder discutir este expediente el día de hoy es de suma importancia en virtud de la reforma integral de contratación administrativa que estamos próximos a empezar a trabajar para poder legarle a Costa Rica efectivamente una nueva norma jurídica que permita responder con todos los principios de transparencia que se requieren en el tema de contratación administrativa.

Este proyecto de ley, que está tramitado bajo el expediente 20.202, pretende fortalecer el esquema de control interno de la Administración pública, el cual ejerce la Contraloría General de la República bajo una fiscalización que se concentra en verificar los esquemas de control y los resultados por la función de aprobación.

Así entonces, el control interno que ejerce la Administración pública en la toma de decisiones se va a fortalecer, pero no va a eximir que el órgano contralor de ejerza las competencias que son asignadas por la Constitución Política como control externo.

Así que celebro de antemano que estemos próximos a aprobar en segundo debate este proyecto de ley, pues en su trámite legislativo, posterior a la aprobación en primer debate, se presentó una consulta de constitucionalidad que fue envidada a la Sala, en la que pretendía conocer si los artículos 1 y 2 de este proyecto de ley sobre el refrendo a las contrataciones administrativas quebrantaban dos numerales importantes de nuestra Constitución Política: el 183 y el 184, con la posible transferencia de competencias constitucionales a las instituciones del Estado.

La Sala Constitucional, por mayoría, evacuó la consulta planteada y resolvió que el artículo 1º de este proyecto de ley efectivamente era inconstitucional, en razón de la delegación de refrendo contralor de manera absoluta a las instituciones.

Sin embargo, gracias al trabajo que realizó la Comisión de Consultas de Constitucionalidad se pudo corregir esta inconstitucionalidad. Así que dentro del articulado del presente proyecto se mantiene la figura del refrendo como un requisito de eficacia a los contratos administrativos y consiste en analizar el contenido de la contratación al principio de legalidad.

Es por ello que insto esta tarde a las señoras y señores diputados a acoger afirmativamente las recomendaciones que hacen a este Plenario legislativo por parte de la Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad, con el fin de enmendar los vicios de inconstitucionalidad que se puedan encontrar en el expediente 20.202 y se pueda continuar con el trámite legislativo de manera positiva.

La necesidad del fortalecer las entidades de fiscalización superior ha sido reconocida incluso por la Organización de Naciones Unidas, que establece la función que cumplen las entidades de fiscalización superior, como la Contraloría, como prueba de eficiencia, rendición de cuentas, eficacia y transparencia de la Administración pública.

Es por ello que este Plenario debe ser consecuente y alinearse en esa misma consigna, en aras de la eficiencia y eficacia que tenemos que legar a nuestro aparato estatal y específicamente a nuestras instituciones públicas, para lo cual apunta la presente iniciativa de ley.

Muchas gracias, presidenta; muchas gracias, compañeros y compañeras.

Sesión plenaria ordinaria N.º 131 del martes 5 de febrero de 2019

Control político

Diputada Ana Lucía Delgado Orozco:

Muchas gracias, señora presidenta.

Buenas tardes, compañeros y compañeras.

La semana pasada se dio a conocer una noticia que no podemos pasar por alto, una noticia que debe convocarnos a la reflexión en aras de enfrentar un fenómeno que poco a poco nos está carcomiendo como sociedad y cuyas secuelas podrían ser de magnitudes incalculables.

Lamentablemente, Costa Rica ha obtenido cincuenta y seis puntos en el índice de percepción de la corrupción que publica la Organización para la Transparencia Internacional.

Su puntuación descendió en el último informe 2018, lo que significa que los costarricenses perciben un incremento de la corrupción lamentable en el sector público del país.

Esta disminución en la puntuación ha provocado que empeoremos nuestra posición respecto al resto de los países, hasta el puesto cuarenta y ocho del ranking, nos permite establecer a Costa Rica en relación con los ciento ochenta países.

Existen múltiples conceptos para tratar de entender qué es la corrupción. En términos simples, puede afirmarse que la corrupción consiste en el abuso del poder para beneficio propio.

Para organismos internacionales, como el Banco Mundial, la corrupción se define de forma muy sencilla, como el uso indebido de los servicios públicos para beneficio personal.

Esto implica, entre otras cosas, que los empleados de la administración utilizan los servicios de manera indebida para enriquecerse o enriquecer a terceros, abusando del poder público que les fue encomendado.

Según estimados del Foro Económico Mundial este flagelo le cuesta cada año alrededor de dos punto seis millones de dólares, debemos recordar, como establece el Foro, y (abro comillas): “Que la corrupción tiene efectos desfavorables que se sienten en todos los niveles de la sociedad. En los niveles de desarrollo económico, social, político y cultural, contribuyen al deterioro de la legitimidad de las instituciones democráticas y al desprestigio de nuestra clase política, creando una sensación de inestabilidad por la desconfianza que se genera hacia los administradores de lo público.

A diario la ciudadanía se enfrenta a actos deshonestos –señala el Foro– cometidos por personas que ocupan cargos públicos.

Se crea una suerte de indignación, de desesperanza, de apatía y alejamiento de los ciudadanos con respecto a las autoridades, esto lamentablemente aniquila las posibilidades de colaboración entre los ciudadanos y las autoridades para poder encarar juntos un proyecto país.

Si un país como Costa Rica quiere mejorar sus niveles de competitividad, de eficiencia, de igualdad, de justicia, necesariamente tiene que hacerle frente a las causas que están motivando la corrupción desmedida.

Queda mucho trabajo por hacer en términos de acceso a la información, de financiamiento electoral, de participación ciudadana, de mecanismos de rendición de cuentas, independencia judicial, salarios, pobreza que tenemos la obligación de empezar a discutir y debatir.

Las causas son múltiples y complejas, no obstante, hay que entrarles con fuerza y determinación, no solo para mejorar nuestra calidad de vida, sino para que también se puedan cumplir los objetivos nacionales que están vinculados a

nuestra gobernanza y desarrollo sustentable, procesos democráticos y prácticas corporativas justas.

En esta misma línea es mi compromiso como diputada impulsar una propuesta que permita regular el lobby en este Parlamento y respaldar iniciativas como parlamento abierto.

El resultado del Índice 2018 también deja una gran lección. El incremento de la percepción de la corrupción en el país se da por contextos como lamentablemente fueron o son el cementazo, la pifia de Moín, los sobresueldos de jerarcas públicos, los nombramientos irregulares en la Cancillería, el gasto millonario e injustificado en remodelaciones o infraestructuras como es la soda comedor del MAG, por citar algunos ejemplos.

Por lo tanto, no se vale, no se vale andar escudándose...

Sesión plenaria ordinaria N.º 137 del jueves 14 de febrero de 2019

Control político

Diputada Ana Lucía Delgado Orozco:

Compañeros diputados, compañeras diputadas, quiero pedirles respetuosamente que me presten atención.

Hay silencios que pueden ser cómplices, por eso voy a aprovechar este espacio de control político para dirigirme a cada uno y una de ustedes, en mi condición de diputada y presidenta de la Comisión Permanente Especial de Nombramientos.

Las acciones u omisiones del Congreso de la República siempre estarán bajo el escrutinio público, lo cual debe ser así y lo celebro, y lo celebro en demasía.

Resulta obvio y natural que el órgano democrático en el que convergen las expresiones políticas del país se encuentre constantemente obligado a rendir cuentas sobre el ejercicio legítimo de las atribuciones que nos consagra la Constitución Política y la ley.

Desde mayo del año 2018, los diputados y las diputadas que integramos la Comisión de Nombramientos nos propusimos un objetivo, un objetivo central: desarrollar nuestra labor bajo estrictos criterios éticos, de probidad, de transparencia y honestidad.

Fue un compromiso que surgió de manera natural en el seno de este foro, sin exigencias, sin presiones políticas, pero convencidos de hacer las cosas de forma diferente por el bien de este país.

Bajo este marco de acción, el trabajo ha sido exitoso y cargado de buenos resultados. Durante seis meses de labor, la comisión ha tramitado y finalizado con cursos con enorme trascendencia para la vida institucional costarricense.

La elección de la Defensoría de los Habitantes, tres raficaciones de miembros de Junta Directiva del Banco Central, la no ratificación de un miembro de la Junta Directiva del Aresep, la devolución del concurso para elegir cinco magistrados suplentes de la Sala Primera, dos ratificaciones dentro del Consejo Directivo de la Sutel, son tan solo parte de esa gama de recomendaciones que han sido emitidas en la comisión y que han sido decididamente respaldadas por este Plenario legislativo.

Sin lugar a dudas, la Comisión de Nombramientos ha generado credibilidad. Esa ha sido nuestra carta de presentación, con esa visión de trabajo fue que también enfrentamos una coyuntura inédita, como fue la apertura prácticamente simultánea de cuatro concursos para nombrar un magistrado o magistrada de la Sala Constitucional y tres de la Sala Tercera.

Tales concursos han significado el mayor reto para la comisión, principalmente por la construcción, desde cero, desde cero, de una metodología que viniera garantizar perfiles idóneos, calificación de atestados, control social a través de objeciones, publicidad y justificación por escrito de la selección de ternas.

Fue un instrumento elaborado a partir de valiosos insumos propuestos por diferentes sectores interesados en mejorar los mecanismos de elección. Y compañeros, como toda obra humana siempre, siempre va a ser susceptible de mejora continua.

La escogencia de las ternas no nace a partir de la voluntad de la Presidencia de la comisión, o de un diputado o diputada en particular. La escogencia de las ternas es producto del consenso político y el fiel reflejo de la voluntad de las diferentes fracciones legislativas.

A pesar de que la metodología establece la oportunidad para que cualquier persona, grupo o sector hiciera control social de estos concursos a través de la presentación de objeciones en un momento determinado, esto no quiere decir que los expedientes no puedan ser sometidos nuevamente a revisión dentro de la Comisión Especial de Nombramientos y de examinar nuevamente cada acto, cada decisión y en cada postulante, incluso antes de la votación final de este Plenario.

Yo sería, en este caso, la primera en firmar una moción, si fuera necesario, vía 154, para tales efectos porque aquí, compañeros y compañeras, no hay espacio para dudas, no hay espacios para silencios.

Así como esta diputada invirtió tiempo para revisar minuciosamente los atestados de cada una de las personas postulantes, yo también quiero invitar al resto de mis compañeros diputadas y diputados a que estén presentes, a que hagan control y fiscalización sobre quienes aspiran a…

(Con autorización de la presidenta del Directorio legislativo se incluye al acta el documento aportado por la diputada Delgado Orozco, ver anexo 1).