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CORTE NACIONAL DE Juicio No. 159-16 YiosL*^TTTCT'T/^T A Dra. Paulina Aguirre Suárez
JUICIO No. 159-2016
Jueza Ponente: Dra. Paulina Aguirre Suárez
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL-
Quito, lunes 29 de agosto de 2016, las 14h00.
VISTOS.- Antecedentes: a) Relación de la causa impugnada: En el juicio de
trabajo seguido por Franklin Darwin Gorotiza Díaz en contra de la compañía
QUICORNAC S.A., en la interpuesta persona de sus representantes legales,
Bernahard Emil Frei Pérez, Rene Roberto Konanz Serrano y Luisa Arboleda
Morales, en sus calidades de Gerente General, Presidente y Gerente
Administrativa, respectivamente, por los derechos que representan y por sus
propios derechos, acorde con el artículo 36 del Código del Trabajo; el
accionante interpone recurso de casación de la sentencia dictada por la Sala
de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Guayas el 21 de octubre de
2015, las 10h23, que resuelve desechar el recurso de apelación del actor y
confirmar la sentencia subida en grado que rechaza la demanda, b) Actos de
sustanciación del recurso: Mediante auto de 12 de mayo de 2016, las 14h31
el Dr. Efraín Duque Ruiz, Conjuez de lo Laboral de la Corte Nacional de
Justicia, admite a trámite el recurso de casación presentado por el actor.
Admitido a trámite el recurso, se ha procedido al sorteo de las Juezas y Juez
que integramos este Tribunal. Con fecha 23 de junio de 2016, se efectuó la
audiencia en estrados solicitada por el recurrente, c) Cargos admitidos: Los
cargos admitidos en relación al recurso de casación son aquellos propuestos
por las causales cuarta y quinta de casación, conforme se detalla a
continuación. Encontrándose en estado de resolver, para hacerlo se considera:
PRIMERO: Competencia: Este Tribunal de la Sala es competente para
conocer el recurso de casación en virtud de las disposiciones de los artículos
184 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, 191.1 del
Código Orgánico de la Función Judicial y 1 de la Ley de Casación, por lo que
corresponde dictar la resolución del recurso de casación, en virtud del sorteo
realizado conforme a lo previsto en el artículo 183, inciso quinto del Código
Orgánico de la Función Judicial, como consta de la razón que obra del
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expediente; así como de acuerdo a lo establecido en la Disposición Transitoria
Primera del Código Orgánico General de Procesos. Actúa el Dr. Darío
Velástegui Enríquez por licencia del Dr. Merck Benavides Benalcázar, de
conformidad al oficio de encargo No. 1116-SG-CNJ-MBZ de fecha 17 de
agosto de 2016 y actúa el Dr. Guillermo Narváez Pazos por licencia del Dr.
Alfonso Asdrúbal Granizo Gavidia, de conformidad al oficio de encargo No.
1103-SG-CNJ-MBZ de fecha 10 de agosto de 2016.- SEGUNDO.-
Fundamentos del recurso de casación: El recurso de casación motivo de
este análisis se fundamenta en las causales quinta y cuarta del artículo 3 de la
Ley de Casación. Las normas de derecho que consideran infringidas son:
artículos 75, 76 numeral 1 y 7 letras a), c), k) y I) de la Constitución de la
República; artículos 23 y 27 del Código Orgánico de la Función Judicial;
artículos 67.3, 274, 275 y 276 del Código de Procedimiento Civil; artículos 183,
596 y 614 del Código del Trabajo; y, artículo 88 de la Ley de Seguridad Social.
En estos términos fija el objeto del recurso y, en consecuencia, lo que es
materia de análisis y decisión de la Sala de Casación en virtud del principio
dispositivo consagrado en el artículo 168.6 de la Constitución de la República y
regulado por el artículo 19 del Código Orgánico de la Función Judicial.
TERCERO.- Del recurso de casación: El recurso de casación es
extraordinario y formalista, esto significa que solamente procede en casos
excepcionales debidamente delimitados por la ley, y debe cumplir además, con
ciertos elementos formales para su procedencia; este recurso tiene como
finalidad el control de la legalidad de las sentencias de instancia, para la
defensa de la normatividad jurídica objetiva y la unificación de la jurisprudencia,
en orden a un interés público; y la reparación de los agravios inferidos a las
partes por el fallo recurrido, en la esfera del interés particular del recurrente. El
tratadista Humberto Fernández Vega, señala que: "El recurso de casación, en
su base política y jurídica, tiene por objeto velar por la recta y genuina
aplicación e interpretación de la ley, corrigiendo la infracción de la misma, y
logrando en esta misión, al ser ejercida por un mismo y sólo tribunal, la
uniformidad de la jurisprudencia. Esta finalidad de interés público, el respeto de
la ley, sobrepasa en importancia a aquella otra de orden privado, cual es la
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reparación de los agravios que se pueden inferir a las partes con las
resoluciones violatorias de la ley. ".(Fernández Humberto, El recurso
extraordinario de Casación Penal, Leyer Editorial, Bogotá - Colombia, pág. 79).-
El autor Luis Armando Tolosa Villabona señala respecto a la casación que:"... ,
el marco filosófico político de la Casación en general, permite deducir que este
recurso no sólo en Colombia, sino en el derecho occidental, tiene como
finalidad la defensa de las garantías fundamentales en cuanto pretende
defender el principio de legalidad y el debido proceso frente a la arbitrariedad
de las decisiones judiciales en la aplicación de la ley material o procesal."
(Tolosa Luís, Teoría y Técnica de la Casación, Ediciones doctrina y Ley Ltda.,
Bogotá - Colombia, 2005, pág. 87). CUARTO.- Motivación: Conforme el
mandato contenido en el artículo 76, numeral 7, letra I) de la Constitución de la
República, las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No
habrá motivación, dice esa disposición constitucional, si en la resolución no se
enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda o no se explica la
pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho establecidos en el
proceso.- La falta de motivación y por lo mismo de aplicación de la norma
constitucional en referencia ocasiona la nulidad de la resolución.- En materia de
casación la obligación de motivar el fallo está circunscrita a que el Tribunal de
Casación debe expresar con razonamientos jurídicos apropiados y coherentes,
sustentados en el ordenamiento legal vigente y en principios del derecho, las
razones o motivos por los cuales considera que el fallo impugnado por esta vía
extraordinaria no ha infringido normas legales, no ha incurrido en los errores
que se acusan por parte del recurrente al amparo de alguna de las causales de
casación y por ende, no es procedente casar la sentencia de instancia, o por el
contrario, cuando la sentencia impugnada infringe la ley, ha incurrido en alguno
de los motivos o causales de casación, procede casar el fallo; en resumen, la
motivación en casación debe contemplar los fundamentos para casar o no la
sentencia recurrida. El tratadista Michele Taruffo sobre la motivación
expresa:..."el <contenido mínimo esencial> de la motivación equivale a lo que
ha sido definido como justificación en primer grado. En síntesis, la misma
comprende: 1) la enunciación de las elecciones realizadas por el juez en
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función de: identificación de las normas aplicables, verificación de los hechos,
calificación jurídica del supuesto, consecuencias jurídicas que se desprende de
la misma; 2) el contexto de vínculos de implicación y de coherencia entre estos
enunciados, (..); 3) la calificación de los enunciados particulares sobre la base
de los criterios de juicio que sirven para valorar si las elecciones del juez son
racionalmente correctas. La necesidad de estas tres categorías de requisitos
para la existencia de la motivación podríajustificarse analíticamente, pero es
suficiente recordar lo que se ha sostenido en materia del modelo general de la
motivación; lo único que falta añadir es que todos estos requisitos son
necesarios, porque la ausencia de uno solo de ellos es suficiente para
imposibilitar el control externo, por parte de los diferentes destinatarios de la
motivación, en torno del fundamento racional de la decisión." (La motivación de
la sentencia civil, Editorial Trotta, Madrid, 2011, págs. 407-408).- QUINTO:
ANÁLISIS DEL RECURSO DE CASACIÓN: El recurso de casación se
fundamenta en los siguientes cargos: 5.1.- CAUSAL QUINTA: 5.1.1.- La parte
recurrente fundamenta la causal quinta del artículo 3 de la Ley de Casación,
señalando que la sentencia impugnada no cumple con el requisito de
motivación establecido en el artículo 76, numeral 7, letra I) de la Constitución
de la República al renunciar a su obligación de valorar las pruebas aportadas
en el juicio, conforme lo enuncian en el considerando Séptimo de su sentencia,
expresando que la Ley les permite controlar la valoración de las pruebas pero
no revalorarlas, lo que impide conocer los fundamentos y razones de su
decisión. Por esta causal también acusa la violación del artículo 183 del Código
del Trabajo, de los artículos 23 y 27 del Código Orgánico de la Función Judicial
y el artículo 276 del Código de Procedimiento Civil. Expresa que de acuerdo
con el artículo 183 del Código Laboral, la resolución del inspector del trabajo
tiene valor de informe y será apreciado con criterio judicial; pero la Sala de
segunda instancia, en el considerando Octavo de su fallo, hace una simple
referencia a la resolución de visto bueno sin examinarlo, contrariando lo
dispuesto en el artículo 276 del Código de Procedimiento Civil; y que además,
no se analiza si el inspector de trabajo confrontó la grave omisión de la petición
de visto bueno de no precisar el año en que se habría enterado de la infracción
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que se le atribuía, para confrontar esta falta de precisión con la excepción de
prescripción. Alega también la falta de aplicación de los artículos 269, 274 y
276 del Código de Procedimiento Civil, manifestando que la motivación se
complementa con lo establecido en esas normas que disponen que la
sentencia tiene que resolver el asunto o asuntos principales del juicio,
expresando claramente los puntos materia de la resolución fundamentándose
en la ley y en el proceso. Que la sentencia no ha resuelto todos los aspectos
materia de la litis como son el pago de proporcionales de los décimos tercero y
cuarto sueldos, vacaciones, remuneración del mes de octubre y 21 días de
noviembre de 2013, jubilación patronal; que con este procedimiento se ha
violado además por derivación los artículos 42, 69, 111,113 y 614 del Código
del Trabajo; que, por lo tanto, incurre en falta de motivación. Expresa que
también se viola los principios establecidos en los artículos 75, 76 numeral 1 y
7 letras a), c) y k) de la Constitución de la República; los artículos 194 y 199 del
Código de Procedimiento Civil y artículo 5 del Código del Trabajo; que
reconocen derechos ciudadanos y garantías procesales que en su caso no
han sido cumplidos. Por la causal quinta expresa que no se ha cumplido con el
requisito del artículo 67 numeral 3 del Código de Procedimiento Civil, en la
solicitud de visto bueno, pues la Sala no hace un examen de la excepción de
prescripción de la petición de visto bueno, limitándose a decir que el inspector
del trabajo analizó su defensa y excepciones, cuando debió resolver que en la
petición no aparece el año en que se cometieron las infracciones al reglamento
interno. Acusa también que se ha violentado la norma del artículo 88 de la Ley
de Seguridad Social, al haber demorado el trámite de visto bueno cuarenta y
ocho días, cuando la empleadora consignó un mes de sueldo para la
suspensión de las relaciones laborales, y además porque habría transcurrido
más de un mes para el pago de sus aportaciones patronales al IESS. Indica
además que se han dejado de aplicar las disposiciones de los artículos 194 y
199 del Código de Procedimiento Civil y del artículo 596 del Código del
Trabajo, señalando que el instrumento privado, una vez impugnado en juicio,
no hace fe como instrumento público, debiendo la otra parte aportar prueba
adicional sobre la credibilidad del instrumento privado. Que en la sentencia la
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Av. Amaron» N37-10I yUnían Nacional de Benodisus(02I 3953 500 | Quilo, taudot
CORTE NACIONAL DE Juicio No. 159-16•••T x r^ npT /"""> T * ^ra- Paulina Aguirre Suárez
Sala no hace un examen de la validez procesal de los documentos privados
aportados por la empleadora, ni sobre su impugnación a esos documentos para
formar criterio judicial como lo ordena el artículo 183 del Código del Trabajo;
además que el artículo 596 de ese Código solo reconoce como prueba legal a
los documentos informes y certificaciones de las entidades públicas,
instituciones de derecho privado con finalidad social o pública y los bancos
privados. Aduce que conforme el artículo 199 del Código de Procedimiento
Civil, las cartas dirigidas a terceros, aunque en ellas se mencione alguna
obligación no serán admitidas para su reconocimiento ni servirán de prueba,
norma que dice el recurrente ha sido vulnerada refiriéndose a un informe de
contraloría interna de la empresa empleadora, como un documento de un
tercero que nada aporta al proceso. Igualmente, la falta de aplicación de la
Resolución de la Corte Suprema de Justicia publicada en el R. O. No. 412 de 6
de abril de 1990, que señala en caso de que el juez en su fallo deseche el visto
bueno, es procedente el pago de indemnizaciones por despido intempestivo,
pues señala que el fallo de la Sala es inconstitucional al desestimar su
demanda, debiendo haber declarado ilegal la resolución de visto bueno. 5.1.2.-
Identificación del problema jurídico: El problema jurídico que se plantea es
determinar si existe falta de motivación en la sentencia impugnada y supuesta
infracción a las normas que señala el recurrente.- 5.1.3.- Consideraciones
sobre la causal quinta: Esta causal hace relación a los requisitos que la ley
establece para la validez de una sentencia y a la existencia de decisiones
contradictorias o incompatibles en la resolución. La primera parte de esta
causal se refiere a los requisitos de forma y de fondo en la resolución judicial;
son requisitos de forma aquellos que se refieren a la estructura formal del fallo,
como es el lugar, fecha y hora de su emisión, la firma de la jueza, juez o de
los miembros del tribunal que lo suscriben, etc. es decir, en lo formal, se refiere
a los requisitos que están contenidos en los artículos 275 y 287 del Código de
Procedimiento Civil; en tanto que los requisitos de fondo se refieren al
contenido mismo de la resolución, así un requisito esencial de fondo la
motivación, que constituye la obligación del juzgador de señalar las normas
legales o principios jurídicos que sustenta su fallo y la pertinencia de su
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Av. Anuxonas N3M0I y Unión Nacionalde Penodisiasm\ 3953500 | Qwio, taladra.
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aplicación al caso sometido a su decisión. La segunda parte, en cambio,
determina que existen motivos para casar una sentencia o auto definitivo,
cuando en su parte resolutiva se adoptan decisiones contradictorias o
incompatibles. Toda resolución judicial constituye un silogismo lógico, partiendo
de los antecedentes del caso que se juzga, con la descripción de la posición de
las partes en la acción y las excepciones, las pruebas aportadas dentro del
proceso, para luego hacer las consideraciones de índole legal y jurídico que
permiten de la normas de derechos aplicables al caso, arribar a una decisión,
por lo tanto se trata de un razonamiento lógico, armónico y coherente; sin
embargo, este principio se rompe, cuando lo resuelto no guarda armonía con
los antecedentes y fundamentos de derecho; la incompatibilidad resulta de la
propia resolución, porque las disposiciones del juez carecen de congruencia y
no permiten su ejecución. Si el cargo es por la existencia de contradicciones o
incompatibilidades, se requiere la explicación razonada de cuál o cuáles son
las conclusiones resolutorias que se anulan mutuamente precisamente por
contradictorias o incompatibles, pues los vicios que configuran la causal quinta
emanan del análisis de la resolución o de la parte dispositiva del fallo. 5.1.4.-
Examen de los cargos: En el presente caso, el recurrente, al amparo de la
causal quinta del artículo 3 de la Ley de Casación, bajo el mismo argumento de
"falta de motivación" acusa la infracción de varias disposiciones legales de
carácter sustantivo o material, de tipo procesal y de valoración de la prueba;
por lo que, bajo esta forma general y globalizada de plantear el recurso
pretende que se analicen y acepten supuestas violaciones a la ley que, en
materia de casación, tiene su propia causal que las tipifica. Así, la vulneración
de normas sustantivas o materiales corresponde a la causal primera; la
violación de preceptos procesales relativos a la obligación de los juzgadores de
resolver solamente los puntos materia de la litis, está tipificada en la causal
cuarta; y, la infracción de preceptos de valoración de la prueba, en cambio, se
encuentra prevista en la causal tercera. En nuestro sistema existen cinco
causales de casación, cada una de las cuales contiene un tipo determinado de
infracción a la ley, siendo responsabilidad del casacionista encasillar el error
que acusa en la causal que corresponda; por tanto, no es procedente que se
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Av, Amarraus N37-101 y Unión Nacional de Pcnodisus.[02|3953 500 | Quilo, talado!.
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acumulen infracciones de diferente vertiente cobijadas en una misma causal,
pues cada una de las causales que están previstas en el artículo 3 de la Ley de
Casación, contempla un modo de infracción distinto, de tal manera que existe
absoluta independencia y autonomía entre cada una de las causales. Al
respecto la doctrina enseña: "Por cuanto las diferentes causales de casación
corresponden a motivos o circunstancias disímiles, son por ende autónomas e
independientes; tienen individualidad propia y, en consecuencia, no es posible
combinarlas para estructurar en dos o más de ellas el mismo cargo, ni menos
pretender que el mismo cargo pueda formularse repetidamente dentro de la
órbita de causales distintas" (Humberto Murcia Bailen, Recurso de Casación
Civil, Sexta Ed. Bogotá, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2005, pág. 280).
No obstante este defecto en la proposición del recurso, en razón de que pese a
los errores en su fundamentación, ha sido admitido a trámite, con el objeto de
precautelar el principio de "tutela judicial", este Tribunal, en relación a los
cargos propuestos, realiza el siguiente análisis: Primer cargo: Respecto del
primer cargo que acusa a los juzgadores de segunda instancia de no haber
cumplido con su fundón de valorar la prueba, cabe indicar que en el
considerando Séptimo del fallo recurrido, numeral 7.1 expresan: a) Sobre la
prueba y su valoración esta Sala, partiendo de la consideración de que tanto la
Ley como la doctrina y la jurisprudencia determinan que es facultad privativa de
los Jueces de instancia realizar la valoración de las pruebas que hayan sido
legalmente pedidas, ordenadas y actuadas en el desenvolvimiento del proceso;
considera también que la Ley permite a la Sala entrar a controlar la valoración
que se haya efectuado de ellas. Todo ello, no se trata de revalorarlas, sino de
examinar que en su valoración no se hayan transgredido los principios que la
regulan y es en ese marco que esta Sala analizará el recurso interpuesto."(s\c).
En relación a esta afirmación se estima que efectivamente, los juzgadores de
segunda instancia tienen una doble función en relación a la prueba; la primera
que es efectuar una valoración directa de la prueba actuada, en virtud de sus
facultades como juzgadores de instancia; y, la segunda, realizar un control
sobre la legalidad y valoración de la prueba que realizó el juez de primer nivel.
En ninguno de estos casos se podría afirmar que los juzgadores de segundo
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nivel están renunciando a su facultad de valorar la prueba u omitiendo esa
obligación. En el presente caso, los jueces de la Sala Laboral de la Corte
Provincial de Justicia de Guayas, si han realizado la valoración de la prueba en
relación a la impugnación de la resolución de visto bueno solicitado por la parte
empleadora en contra del actor y concedido por el inspector del trabajo; en
consecuencia, no se verifica que hubieren incumplido con esa obligación. En
todo caso, es necesario aclarar que los jueces de segundo nivel deben
necesariamente valorar la prueba y no circunscribirse exclusivamente a
realizar un control de la legalidad en el cumplimiento de preceptos jurídicos de
valoración probatoria, toda vez que esto último, es facultad de los Jueces
Nacionales de Casación, conforme la causal tercera del artículo 3 de la Ley de
la Materia. Segundo cargo: Este cargo se refiere a la falta de aplicación de
normas sustantivas o materiales que debió ser propuesto por la causal primera.
El recurrente se refiere a la falta de aplicación del artículo 183 del Código del
Trabajo; sin embargo en la sentencia se analiza el trámite y resolución de visto
bueno, sin que sea una mera referencia a la decisión del inspector del trabajo,
como acusa el recurrente, violando supuestamente la norma del artículo 276
del Código de Procedimiento Civil, toda vez que el Tribunal de Sala de segunda
instancia, realizó su propio análisis de los aspectos de hecho y de derecho que
motivaron la resolución de visto bueno . La posibilidad de impugnar el visto
bueno implica que el juez laboral apreciará la resolución del inspector del
trabajo como informe y con criterio judicial, acorde a las demás pruebas que se
puedan aportar en el juicio. En este caso, el actor, que impugnó la resolución
de visto bueno no actuó prueba alguna para desvirtuar los fundamentos
facticos y legales que dieron lugar a la admisión del visto bueno por las
causales 2 y 3 del artículo 172 del Código del Trabajo; pretendiendo que los
juzgadores, modifiquen esa resolución analizando nuevamente el proceso
administrativo de visto bueno, pero sin aportar elementos adicionales que
justifiquen su impugnación. Tercer cargo: Al amparo de la causal quinta, el
recurrente acusa la falta de aplicación de los artículos 269, 274 y 276 del
Código de Procedimiento Civil, expresando que en la sentencia no se resolvió
sobre su reclamo del pago de los proporcionales de los décimo tercero y cuarto
Av. Amasmas N37-Í01 y Unión Nacional de Penodista*.(02} 3953 500 | Quito, Ecuadot
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sueldos, remuneración del mes de octubre y 21 días de noviembre de 2013,
vacaciones; y jubilación patronal. Esta acusación claramente corresponde a la
causal cuarta del artículo 3 de la Ley de Casación, que, en este caso, con los
mismos argumentos, ha sido alegada por el recurrente, por lo que será
analizada oportunamente. Cuarto cargo: Se acusa la falta de aplicación de los
artículos 75, 76 numeral 1 y 7 letras a), c) y k) de la Constitución de la
República; los artículos 194 y 199 del Código de Procedimiento Civil y artículo
5 del Código del Trabajo, por cuanto los administradores de justicia, según
afirma, no han cumplido con su deber de ofrecer una oportuna protección para
garantizar sus derechos. Este cargo es general y no señala aspectos concretos
por los cuales los jueces no han cumplido con lo que expresa el artículo 5 del
Código del Trabajo; se trata simplemente de un alegato que no contiene la
formulación de infracciones concretas a la ley con argumentos jurídicos.
Quinto cargo: Se refiere a la falta de aplicación del artículo 67 numeral 3 del
Código de Procedimiento Civil, en cuanto a que en la solicitud de visto bueno
no se indica el año en que se cometió la infracción al Reglamento Interno de
Trabajo de la empresa, lo que guarda relación con la prescripción que alegó
para que se deseche la solicitud de visto bueno. El recurrente hace referencia a
lo que considera una omisión grave en la petición de visto bueno presentada
por la empresa empleadora, ya que en la misma se refiere a que el 30 de
septiembre el contralor de la compañía, comunicó a la gerencia administrativa
sobre faltas graves al Reglamento cometidas por el ex trabajador; sin embargo
del contexto de la petición de visto bueno y de la documentación adjunta a la
misma, se puede establecer que los hechos y el informe corresponde al año
2013, así aparece en el propio informe y el acta de investigación del proceso de
visto bueno. En tal virtud, el análisis respecto a la prescripción de la facultad
para solicitar el visto bueno previsto en el artículo 636 del Código del Trabajo
se ajusta a la realidad procesal y a la Ley.-. Sexto cargo: En referencia a la
falta de aplicación de los artículos 194 y 199 del Código de Procedimiento Civil
y 596 del Código del Trabajo, tal acusación se enmarca en la valoración de la
prueba instrumental, que corresponde a la causal tercera de casación.
Debiendo aclarar que el recurrente hace una imputación sobre la valoración de
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la prueba de los documentos e instrumentos privados presentados en el trámite
de visto bueno, los que fueron examinados por el Tribunal de segunda
instancia con criterio judicial; no siendo procedente que en casación se vuelva
a examinar esa prueba y menos a través de la causal quinta de casación; pues
el valorar la prueba es tema de competencia exclusiva y autónoma de los
juzgadores de instancia; salvo que esa valoración sea absurda, arbitraria o
ilegal; así lo ha expresado la jurisprudencia de casación: "(1994) Restricción
del recurso de casación.- SEGUNDO. Eljuez de Casación tiene limitados sus
poderes y su actividad se restringe a revisar la sentencia impugnada solamente
por las causales que el recurrente invoque y por las razones jurídicas que
exponga, pero no queda a su alcance la renovación del conjunto probatorio;
pues, este recurso por su carácter extraordinario, generalmente apunta a la
corrección de errores de derecho y no a calificar la situación fáctica en que se
fundamenta la sentencia de instancia." GJS. XVI No.2 Pág. 343. (1995)
Soberanía para valorar las pruebas.- CUARTO.- La doctrina de Casación
Civil atribuye a la soberanía del tribunal de instancia la apreciación de la fuerza
probatoria de los distintos medios que no estén sujetos a tarifa legal. Esta
soberanía significa que el mérito valorativo que de tales medios se desprenda
el Tribunal de Instancia o su desestimación al considerarlas insuficiente para
adquirir su convicción, pertenecen al criterio soberano del juzgador de instancia
y no puede ser modificado por la Corte de Casación a menos que se
desconozca la evidencia manifiesta que de ellos aparezca " GJS. XVI No. 4
Pág. 894" (Manuel Tama, El Recurso de Casación. EDILEX S.A. Guayaquil,
2003, Págs.311 y 312). La acusación del recurrente se refiere a que, según
su criterio, la prueba instrumental actuada en el trámite de visto bueno al haber
sido impugnada carece de valor probatorio conforme los artículos 194 y 199 del
Código de Procedimiento Civil. Sobre el particular es necesario señalar que el
instrumento privado constituye un medio de prueba que, en los casos previstos
en el artículo 194 del referido Código, hará fe como el instrumento público;
debiendo aclarar en el caso del numeral 4to de esa norma, cuando no ha sido
objetado ni redargüido de falso por la parte contra quien se presenta. Ahora
bien, si el instrumento ha sido impugnado o redargüido de falso, como alega
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el recurrente, aquello no significa que ha perdido valor probatorio como
documento privado, pues la sola impugnación no le quita fuerza probatoria, ya
que, quien cuestiona el documento privado debe justificar su impugnación o
probar a su vez que, el instrumento es falso. En lo que se refiere al cargo de
infracción al artículo 199 del Código de Procedimiento Civil, por haberse
valorado el informe del contralor de la empresa empleadora, tal norma se
refiere a la prueba sobre la existencia de obligaciones, como el caso de las
obligaciones pecuniarias; sin que sea aplicable al tema, a criterio de los
juzgadores, se refiere a la infracción de las normas del Reglamento interno de
trabajo de la empleadora. Séptimo cargo: Finalmente, sobre la falta de
aplicación de la Resolución de la Corte Suprema de Justicia publicada en el R.
O. No. 412 de 6 de abril de 1990, misma que determina cuál es la
consecuencia en caso de que el juez, en su fallo, deseche el visto bueno
solicitado por el empleador, que sería el pago de indemnizaciones por despido
intempestivo previstas en el artículo 188 del Código del Trabajo. En el caso de
la especie, la sentencia declara procedente la resolución de visto bueno y
rechaza la demanda; por lo tanto no se configura el presupuesto establecido en
la citada Resolución. 5.2.- CAUSAL CUARTA: 5.2.1.- Fundamentos del
recurso por la causal cuarta: El recurrente expresa que en la sentencia de
segunda instancia se infringe lo previsto en los artículos 269 y 273 del Código
de Procedimiento Civil, en cuanto a que la sentencia deberá decidir únicamente
los puntos sobre los que se trabó la litis, esto es los asuntos principales del
juicio que deben ser objeto de su decisión que corresponde a las pretensiones
de la demanda, que en su caso, fueron además de la impugnación de visto
bueno el pago de indemnizaciones, proporcional de los décimo tercer y cuarto
sueldos, vacaciones, sueldo del mes de octubre y 21 días de noviembre de
2013, sin que exista pronunciamiento de la Sala sobre estos rubros, lo que
configura la causal cuarta de casación. 5.2.2.- Identificación del problema
jurídico: El problema jurídico a resolver es determinar si los juzgadores de
segunda instancia omitieron resolver asuntos que fueron materia de la litis,
incurriendo en el vicio de citra petita contemplado en la causal cuarta de
casación.- 5.2.3.- Consideraciones sobre la causal cuarta: La causal cuarta
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A.- «
Av. Amásalas N3?-101 v i'món Nacional de IVnodisus.10213953 500 | Quilo, Ecuador
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JUSTICIAJuicioNo.159-16 (SX)\vjei?_
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de casación corresponde a: "Resolución, en la sentencia o auto, de lo que nofuera materia del litigio u omisión de resolver en ella todos los puntos de lalitis".- Los vicios que configuran la causal cuarta son relativos a la
inconsonancia o incongruencia resultante de la comparación entre la parteresolutiva del fallo con las pretensiones de la demanda y las excepciones
deducidas, esto es, el asunto o asuntos materia de la litis. Al respecto, el
artículo 273 del Código de Procedimiento Civil, dispone que la sentencia
deberá decidir únicamente los puntos sobre los que se trabó la litis; obligación
que se relaciona con el principio dispositivo consagrado en los artículos 19 y
23 del Código Orgánico de la Función Judicial. Los vicios que tipifican a la
causal cuarta afectan al principio de congruencia, que consiste en la
concordancia que debe haber entre las pretensiones de la demanda, los
medios de defensa o contrademanda deducidos por la parte demanda, y la
resolución del juez. El principio de la congruencia delimita el contenido de la
sentencia en cuanto ésta debe pronunciarse de acuerdo con el alcance de las
pretensiones, impugnaciones y excepciones o defensas oportunamente
aducidas, a fin de que exista identidad jurídica entre lo pedido y lo resuelto. El
autor Humberto Murcia Bailen expresa: "De lo antes anotado podemos inferir
que el principio de congruencia o armonía del fallo se contrae a la necesidad de
que éste se encuentre en consonancia con las excepciones deducidas por el
demandante en la demanda, o en las demás oportunidades que la ley le ofrece
para proponerlas; y con las excepciones que aparezcan probadas, y que
hubieren sido invocadas por el demandado, si no se autoriza su declaración
oficiosa. O sea que el juez, en su sentencia, tiene que pronunciarse sobre todo
lo que se le ha pedido porlos litigantes y solamente sobre lo demandado; pero,
además, su decisión no puede fundarla sobre hechos que no están en el
debate. Ejercer toda su actividad jurisdiccional, sin exceso, pero también su
defecto, pues tanto éste como aquél entraña un vicio de actividad que se llama
incongruencia o inconsonancia" (La Casación Civil en Colombia, Ediciones
Jurídicas Gustavo Ibáñez Bogotá, 2005, pág. 505). Acorde a la doctrina y la
jurisprudencia, esta incongruencia, que es un error de procedimiento o vicio de
actividad, puede tener tres formas o aspectos: 1) Cuando se otorga más de lo
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Av.Amaanun N37-IOI y Unión Nacional de Penodisus.(0213953 500 I Quilo, Eaiadot
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pedido (plus o ultra petita); 2) Cuando se otorga algo distinto a lo pedido, es
decir se decide sobre puntos que no son objeto del litigio (extrapetita); 3)
Cuando se deja de resolver sobre algo pedido (citra o mínima petita).- 5.2.3.-
Examen de los cargos: Para determinar si efectivamente se ha incurrido en
alguna de las infracciones tipificadas en la causal cuarta de casación, que
consiste en la incongruencia de lo resuelto en sentencia con relación al asunto
o asuntos materia del litigio, es necesario confrontar lo que constituye la
materia litigiosa para luego comparar con lo resuelto en sentencia. En el
presente caso, el actor, al impugnar la resolución de visto bueno solicita el
pago de las indemnizaciones previstas en el artículo 188 del Código del
Trabajo y la bonificación por desahucio, establecida en el artículo 185 ibídem;
pero además demanda el pago de los siguientes rubros: proporcionales de los
décimos tercero y cuarto sueldos; proporcional de vacaciones; el sueldo no
percibido en el mes de octubre y 21 días del mes de noviembre de 2013, con
el triple de recargo; utilidades de 2013; y, jubilación patronal proporcional.- La
sentencia de segunda instancias analiza el asunto materia principal de este
juicio que es la impugnación de la resolución de visto bueno; sin embargo no se
pronuncia sobre los demás aspectos o rubros reclamados en la demanda y
detallados anteriormente; y en sentencia, resuelve que en los términos de ese
fallo se confirma la decisión de la Jueza de primer nivel. En consecuencia, ante
la falta de un pronunciamiento expreso sobre varios asuntos que fueron materia
de la demanda, y por tanto, de la litis, se ha incurrido en el vicio de citra o
mínima petita contemplado en la causal cuarta del artículo 3 de la Ley de
Casación; por lo que, en cumplimiento al mandato del artículo 16 de la misma
norma, procede casar parcialmente la sentencia, emitiendo pronunciamiento
exclusivamente sobre esos reclamos.- SEXTO: 6.1.- En relación al reclamo de
pago de remuneraciones atrasadas, proporcional de remuneraciones
adicionales y vacaciones, cabe señalar que probada la existencia de relación
laboral entre las partes procesales, corresponde al empleador demandado, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 numeral 1 del Código del
Trabajo justificar haber cumplido con sus obligaciones patronales. En el
presente caso la demandada, compañía QUICORNAC S.A., no actúa prueba
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taiáll NjcumuI de Periodistas.|02| 3953500 J Quito,Ecuador.
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alguna para justificar el pago de la liquidación de haberes que correspondía al
ex trabajador, luego de concluida la relación laboral; por lo que en relación a los
rubros reclamados en la demanda se ordena el pago de los siguientes rubros;
considerando que la última remuneración percibida por el trabajador fue USD
750 y que la relación laboral concluye el 13 de noviembre de 2013, fecha de la
resolución de visto bueno : a) Proporcional de la décimo tercera remuneración
por el periodo diciembre de 2012 a 13 noviembre 2013: USD 704,79; b)
proporcional de la décimo cuarta remuneración por el período marzo de 2013 a
13 noviembre 2013: USD 220,42; c) vacaciones del período septiembre 2012 a
13 noviembre 2013: USD 449,99; d) La remuneración correspondiente a 13
días de noviembre de 2013, fecha en la que se concede el visto bueno en favor
del empleador con más el triple de recargo previsto en el artículo 94 del Código
del Trabajo: USD 325 + USD 975 (Art. 94 CT) = USD 1,300.- Total Haberes:
USD 2,675.20 .- 6.2.- Se niega el pago de los siguientes rubros: a) La
remuneración de octubre de 2013, porque consta consignada en la petición de
visto bueno con suspensión de la relación laboral, cuyo valor ordenó el
inspector del trabajo en la resolución, sea entregada al trabajador; b) jubilación
patronal proporcional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188 del
Código del Trabajo, porque ésta procede únicamente en caso de despido
intempestivo de personas trabajadoras que hubieren cumplido más de veinte
años de trabajo y menos de veinticinco, lo que no corresponde al caso, pues la
terminación de la relación laboral se produjo por visto bueno acorde al artículo
172 del referido Código, sin que la impugnación judicial de la resolución del
inspector del trabajo hubiere prosperado.- DECISIÓN: Por las consideracionesque anteceden, este Tribunal de la Sala Laboral de la Corte Nacional de
Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO
SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN
Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, CASA PARCIALMENTE la sentencia
dictada, por la Sala de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Guayas
el 21 de octubre de 2015, las 10h23; y aceptando parcialmente la demanda se
dispone que la compañía QUICORNAC S.A., en la persona de sus
representantes legales, Bernahard Emil Frei Pérez, Rene Roberto Konanz
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Av. Amazonas N37-I01 yUnion Nacional de Penodisias.I (0213953 500 j Quilo, Ecuadoi
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JUSTICIAJuicio No.l 59-16
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Serrano y Luisa Arboleda Morales, en sus calidades de Gerente General,
Presidente y Gerente Administrativa, respectivamente, por los derechos que
representan y por sus propios derechos paguen al actor la cantidad de DOS
MIL SEICIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES CON VEINTE CENTAVOS
(USD 2,675.20); valor al que ascienden los rubros que se ordena pagar en el
Considerando Sexto de la sentencia; en los que en la etapa de ejecución el
Juez de Origen deberá aplicar los intereses a los que se refiere el artículo 614
del Código del Trabajo.- De conformidad con la disposición del artículo 588
inciso último del Código del Trabajo se condena en costas a la parte
demandada y se regula los honorarios del abogado del actor en el 5% del valor
que se ordena pagar. Por licencia del titular actué el Dr. Segundo Ulloa Tapia
en calidad de Secretario Relator encargado, conterrfíe~óf\c\o No. 2650-SSL-
CNJ-2016 de fecha 15 de agost
Certifico
Dr. Segunde.
SECRETARIO RELATOR (E) SALA DE LO LABORAL.
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.
IFIQUE^E YCÚMPLASE.-
JiQütDr. Darío Veíéste^üí Enríquez
Conjuez Nacional
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