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CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR
SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL
Y TRÁNSITO
PROCESO No. 861-2013
RECURSO: CASACIÓN
JUEZ PONENTE: Dr. Merck Benavides Benalcázar
Quito, 07 de julio 2014; a las 10h30.
VISTOS.-
ANTECEDENTES DE LA CAUSA:
El 02 de mayo de 2011, a las 11h30 aproximadamente, en el interior del local
llamado “Chicas Motors”, ubicado en la calle 113 junto a la fábrica
“PROTAGUAS”, de la ciudad de Manta, Bernardo Javier Paladines Moreira,
había sido víctima de disparos de arma de fuego que le ocasionaron lesiones
graves y su posterior fallecimiento en la clínica “San Gregorio” de la misma
ciudad.
ANTECEDENTES PROCESALES:
El Tribunal Sexto de Garantías Penales de Manabí, con fecha 13 de marzo de
2013, declara la culpabilidad del acusado Luis Eduardo Figueroa Litardo, por
considerarlo autor del delito de asesinato tipificado y reprimido en el art. 450
con la circunstancia del numeral 1 del Código Penal, infracción por la que
acusó el representante de la Fiscalía General del Estado y la acusadora
particular, imponiéndole la pena privativa de libertad de veinte años de
reclusión mayor especial, el juzgador plural no toma en consideración la
aplicación de atenuantes en virtud de que el acusado es reincidente genérico,
toda vez que se justificó que ha sido sentenciado por un delito de tenencia
ilegal de armas que impiden la aplicación de atenuantes conforme lo determina
el numeral 8 del art. 81 del Código Penal
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4~.CORTE NACIONAL DE
La Primera Sala Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Manabí,
con fecha 6 de junio de 2013, rechaza el recurso de apelación y confirma la
sentencia venida en grado.
La acusadora particular, Carmen Isolda Moreira Bazurto, interpone recurso de
casación de la sentencia dictada por la Primera Sala Penal y Tránsito de la
Corte Provincial de Justicia de Manabí, para ante la Sala Especializada de lo
Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia.
Estando la causa en estado de resolver para hacerlo se considera:
PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA:
El Consejo de la Judicatura de Transición posesionó a las Juezas y Jueces
Nacionales el 26 de enero de 2012. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia
en sesión extraordinaria de 22 de julio de 2013, integró sus seis Salas
Especializadas conforme dispone el Código Orgánico de la Función Judicial en
su art. 183 sustituido por el art. 8 de la Ley Orgánica Reformatoria al Código
Orgánico de la Función Judicial, publicada en el Suplemento del Registro
Oficial No. 38, de 17 de julio de 2013. La Sala Especializada de lo Penal, Penal
Militar, Penal Policial y Tránsito tiene competencia para conocer los recursos
de casación y revisión según los arts. 184.1 de la Constitución de la República
del Ecuador, y 186.1 sustituido del Código Orgánico de la Función Judicial.
Por sorteo realizado, corresponde el conocimiento de esta causa al doctor
Merck Benavides Benalcázar, como Juez Ponente, y; a la doctora Ximena
Vintimilla Moscoso y el doctor Vicente Robalino Villafuerte, como Jueza y Juez
Nacionales integrantes de este Tribunal; de conformidad con lo dispuesto en
los arts. 141 y 183, inciso sexto del Código Orgánico de la Función Judicial.
SEGUNDO: VALIDEZ PROCESAL:
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El recurso de casación, ha sido tramitado conforme la norma procesal del art.
352, del Código de Procedimiento Penal, en relación al art. 345 del mismo
cuerpo legal, y lo dispuesto en el art. 76.3, de la Constitución de la República
del Ecuador, por lo que se declara su validez.
TERCERO: ARGUMENTOS Y FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO EN LA
AUDIENCIA ORAL, PÚBLICA Y CONTRADICTORIA:
Según lo dispuesto en el art. 352 del Código de Procedimiento Penal, en
concordancia con el art. 345 ibídem, se llevó a cabo la audiencia oral, pública y
contradictoria, en la que los sujetos procesales expresaron:
FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO POR PARTE DE CARMEN ISOLDA
MOREIRA BAZURTO:
El abogado Rolando García Macías, defensor de la recurrente manifestó: Los
jueces de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de
Manabí, ratifican la sentencia condenatoria dictada el 25 de abril de 2013,
dictada por el Sexto Tribunal de lo Penal de Manabí con sede en Manta,
condenando a Luis Eduardo Figueroa Litardo, como autor de asesinato,
conforme el art. 450.1 Código Penal, y se le condena a la pena de veinte años
de reclusión mayor ordinaria; que se case la sentencia porque hubo violación al
derecho judicial, que hubieron atenuantes que no se aplicaron, toda vez que se
justificó que Luis Eduardo Figueroa Litardo, ya fue sentenciado por un juicio de
tenencia de armas y la Sala no considero las atenuantes; que el Tribunal no
consideró la reincidencia porque ya fue sentenciado anteriormente por tenencia
ilegal de armas y por otro delito de asesinato, que por eso presentan el recurso
de casación ya que él era reincidente en asesinato, “pedimos que se le aplique
el máximo de la pena, esto es de diecisiete a veinte y cinco años de reclusión
mayor especial”.
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CONTESTACIÓN A LA FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO POR PARTE
DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO:
La doctora Paulina Garcés, delegada del señor Fiscal General del Estado dice:
El error de derecho sobre el que se está determinando es que, tanto el Tribunal
Sexto de lo Penal de la Corte Provincial de Manabí, como la Primera Sala de lo
Penal y Tránsito de la Corte Provincial del mismo distrito, el primero, impone al
señor Luis Figueroa Litardo, la sentencia de veinte años de reclusión mayor
especial, como autor del delito de asesinato sancionado y reprimido en el art.
450.1 circunstancia primera del Código Penal, sentencia que luego en doble
conforme, es ratificada por la Primera Sala de lo Penal de la Corte Provincial; la
acusadora particular lo que señala es que en este caso no era procedente o no
fue procedente esta imposición de reclusión de veinte años de reclusión mayor
especial, sino de conformidad a lo que dispone el art. 450 del Código Penal, es
sancionado de dieciséis a veinte y cinco años se reclama la imposición de pena
máxima debido a que el señor Luis Figueroa era ya reincidente como la Corte
lo establece, pues él fue sancionado por el delito de tenencia ilegal de armas
que impedían la aplicación de atenuantes y que evidenciaban que el acusado
es un reincidente genérico, pero además existe otra sentencia que fue emitida
por la Corte Nacional en contra de éste por un delito de asesinato, que también
fue condenado, esta persona es de gran peligrosidad, es evidente que
Figueroa Litardo, no debió haber tenido la pena de veinte años, sino que le
correspondía por reincidencia la aplicación máxima del tipo penal esto es veinte
y cinco de reclusión mayor especial, este es el error de derecho en el queincurre la Primera Sala de lo Penal de la Corte Provincial Manabí y se solicita
se modifique la pena, aumentándola conforme la norma del art. 450 y el artículo
73 de Código Penal, que señala que las atenuantes se pueden aplicar solo
cuando no existen agravantes pero en este caso existe la agravante de la
peligrosidad y sobre todo la reincidencia es aplicable al señor Figueroa Litardo,
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la Fiscalía estima que la Corte Provincial ha incurrido en un error que debe ser
subsanado y que se aplique lo estipulado en el art. 77.14 de la norma
constitucional y el art. 238 del Código Penal, en relación a la institución de
reformatio in peius que ampara al sentencíado en este caso.
2. INTERVENCIÓN DEL ABOGADO CARLOS HERNANDEZ CAJAPE, POR
LUIS EDUARDO FIGUEROA LITARDO:
Analizando el proceso el médico Iegisla doctor Edwin Díaz, en audiencia
pública de juzgamiento, explica en su interrogatorio que hubo rasguños y
laceraciones en la muñeca del cadáver, lo que representa y se desvanece toda
figura de alevosía, más el fiscal de Manabí, no aplicó el art. 66 del Código de
Procedimiento Penal, como el art. 252 de mismo cuerpo legal, está claramente
en la sentencia que determina el tribunal, que es contundente el informe
médico pericial acreditado por la Fiscalía el doctor Edwin Díaz Loor, es más en
la réplica que le hace la pregunta en la audiencia pública la acusación particular
entra en duda, el doctor acepta que las lesiones fueron de autodefensa, el
Tribunal Penal no valorizó ese informe y se aplica el art. 450 deI Código Penal,
cuando no se ha analizado prolijamente; otro testigo manifiesta que hicieron
varios disparos al señor Paladines, lo que ocurrido es un caso de acuerdo al
art. 449 del Código Penal, no se puede sentenciar sin haber elementos
investigativos de pruebas, que son las que determinan la sentencia de una
persona; la Fiscalía no hizo las suficientes investigaciones y más aún pedir
alevosía, cuando no hay un solo testigo que haya presenciado que el señor
Figueroa Litardo, disparó contra el señor Paladines.
CUARTO: CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN DE LA
SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL
Y TRÁNSITO:
4.1. SOBRE LA NATURALEZA DEL RECURSO DE CASACIÓN:
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JUSTICIA~~.
4.1.1. La Constitución de la República, establece que el Ecuador es un Estado
constitucional de derechos y justicia, que implica que todos las funciones del
Estado y autoridades se hallan sometidos a la Constitución y leyes, y que los
derechos son creaciones y reivindicaciones históricas, anteriores y superiores
al Estado, someten y limitan a todas las funciones incluso al constituyente, así
como el reconocimiento de la pluralidad de los sistemas de derecho en relación
con lo plurinacional, a los jueces creadores de derechos y garantes de los
mismos, y por ende la revalorización de las fuentes del Derecho,
equiparándose la jurisprudencia al valor de la ley, siempre sobre la base de
principios y garantías, previamente definidos, al respeto de la dignidad humana,
que nos da la condición de tales, a que el sistema procesal es un medio para la
realización de la justicia conforme al art. 169 de la Constitución de la República.
4.1.2. “La casación, como juicio sobre la sentencia que es, no puede
entenderse como una instancia adicional, ni como potestad ilimitada para
revisar el proceso en su totalidad, en sus diversos aspectos fácticos y
normativos, sino como una fase extraordinaria, limitada y excepcional del
mismo .“, (TORRES Jorge y PUYANA Manuel, citados por Orlando Rodríguez,
en su obra “Casación y Revisión Penal”, pág 20)
Por tanto, el recurso de casación es un medio extraordinario de impugnación
que busca la correcta aplicación de la ley, por lo que no corresponde que el
juzgador se pronuncie por otros asuntos que no sean los errores de derecho,
por cualquiera de la causales que en forma expresa determina la ley y estas
son por contravenir expresamente su texto, por haber hecho una indebida
aplicación de ella, o interpretado erróneamente, para lo cual la casacionista
debe explicar jurídicamente cual normas se violan en la sentencia impugnada,
la indicación de la correspondiente causal y de manera especial a través de un
razonamiento lógico-jurídico demostrar como tales violaciones han influido en
la sentencia impugnada.
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4.1.3. El recurso de casación, se resuelve en función de aquellas normas que
la casacionista considera que han sido violadas dentro de la sentencia dictada
por el tribunal ad quem; por lo tanto, es importante que la recurrente, al
interponer el recurso, lo haga con claridad y precisión, determinando que la
sentencia recurrida viola la ley, por cualquiera de las causales determinadas en
el art. 349 del Código de Procedimiento Penal, para que de esta manera, el
Tribunal de Casación, sobre la fundamentación vertidas en la audiencia oral,
pública y contradictoria, se forme un juicio de valor para resolver el caso
concreto; por lo que, el papel de la recurrente es de trascendental importancia
ya que su actuación es eminentemente técnica por tratarse del recurso de
casación donde se analiza la sentencia recurrida para determinar si en ella se
ha violado o no algún precepto jurídico.
QUINTO: ANÁLISIS DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN RESPECTO A LA
FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO:
La Corte Nacional de Justicia, como ente encargado del control de legalidad de
las resoluciones emitidas por las cortes provinciales del país, a través del
recurso de casación, mismo que para su conocimiento y resolución, requiere de
la conformación de un tribunal de la más alta jerarquía jurisdiccional, a fin de
que sus decisiones sean acatadas en casos concretos; así como, el
conocimiento, sustanciación y resolución de procesos penales, en el caso de
fuero.
La casacionista, Carmen Isolda Moreira Bazurto, acusadora particular, a través
de su abogado defensor manifiesta: Que se case la sentencia por violación al
derecho judicial, ya que hubieron atenuantes que no se aplicaron, que el
tribunal no consideró la reincidencia ya que fue sentenciado anteriormente por
tenencia ilegal de armas y por otro delito de asesinato; pide que se aplique el
máximo de la pena, esto es, de diecisiete a veinte y cinco años de reclusión
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CORTE NACrONAL DE
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mayor especial. Al respecto, este Tribunal de Casación, manifiesta, que el
abogado de la recurrente, para demostrar la violación de la ley en la sentencia
recurrida, no se acoge ni refiere las causales de casación penal, establecidas
en el art. 349 del Código de Procedimiento Penal, que regula este recursoextraordinario, es decir, cuando en la sentencia emitida por el tribunal ad quem,
se hubiera violado la ley ya por contravención expresa de su texto, por indebida
aplicación o errónea interpretación, siendo necesario explicar cada una de
estas causales, así, la primera implica contrariar el contenido de la norma,
hacer lo que no dispone, se trata de una violación directa. La indebida
aplicación puede darse cuando en un caso concreto el juzgador aplica una
norma jurídica que no corresponde, lo que constituye un error en la selección
de la misma. Finalmente la interpretación errónea podría dar lugar a ir más allá
del contenido de la norma, contrariar su espíritu, su alcance, lo que puede
provenir de un falso raciocinio por parte del juzgador, mismas que no han sido
fundamentadas por el abogado de la casacionista, como dispone la ley; es
más, éste, cayó en una cierta contradicción cuando primero manifiesta que no
se han tomado en cuenta las atenuantes, para luego solicitar que se le
imponga la máxima pena, cuestión sin sentido, ya que la aplicación de
atenuantes, de existir, generaría una modificación de la pena, en beneficio de
quien cometió el delito, siempre y cuando no existan circunstancias agravantes
no constitutivas o modificatorias de la infracción, por lo que, resulta fuera de
todo sentido lógico-jurídico lo manifestado por el abogado de la recurrente, ya
que de ser así se debería modificar la pena en beneficio del acusado por el
delito de asesinato, y no empeorar su situación jurídica aumentándola; debe
anotarse, que el juzgador, al dictar sentencia lo hace conforme a derecho, en
base al conocimiento, experiencia y sano raciocinio, al determinar la
culpabilidad de Luis Eduardo Figueroa Litardo, por el delito de asesinato,
tipificado y reprimido en el art. 450.1 del Código Penal, imponiéndole una pena
en el rango que establece la disposición legal, esto es, de veinte años de
reclusión mayor especial.
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CORTE NACIONAL DE
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RESOLUCIÓN:
Este Tribunal de Casación, de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Milítar,
Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO
JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR
AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA,
declara improcedente el recurso de casación interpuesto por la acusación
particular, Carmen Isolda Moreira Bazurto, por falta de fundamentación, de
conformidad con lo que dispone el art. 358 del Código de Procedimiento Penal.
Devuélvase el proceso al tribuna rigen para los fines legales pertinentes.-
actúa el doctor Milton Álvarez hacó , Secretario RelatoWÑ&?IFÍQUESE.
IONAL
Certifica.
JUEZ NACIONAL
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Dr. Milton
SECRETARIO
CORTE NACIONAL DE
En Quito, siete de julio de dos mil catorce, a las once horas diecinueve minutos, notifiqué
con la resolución que antecede a: CARMEN ISOLDA MOREIRA BAZURTO en el correo
electrónico [email protected] ro2arcia @zavalabaquerizo.com, LUIS
EDUARDO FIGUEROA LITARDO en el correo electrónico
[email protected], carlos [email protected], DEFENSORIA PUBLICA
[email protected], lmontoya@defensoria. ~ob.ec,
[email protected], [email protected], y a partir de l~4t&iséis
a la FISCALIA GENERAL DEL ESTADO en la casilla judicial Ny12b7~ CARMEN
ISOLDA MOREIRA BAZURTO en la casilla judicØl6C 460, LUIS EDUARDO
FIGUEROA LITARDO en).a casil~)xlicia1 No. 3019, DEFENSORIA PUBLICA en la
casilla judicial No. 5713>1~7~ LUIS EDUARDO FIGUEROA LITARDO en la
casilla judicial No. 5583.- Certifico.
Dr\&átzh(SECRETARIO RELATOR