■ SOCIEDAD

Muere un marroquí cuando huía de la Guardia Civil

GRANADA- Un varón marroquí de 33 años de edad falleció ayer y tres personas de la misma nacio-nalidad resultaron heridas al caer sobre las hélices de la lancha neu-mática en la que navegaban, dado que esta embarcación dedicada al narcotráfi co estaba siendo perse-guida por una patrullera de la Guardia Civil en aguas de Granada antes de que una de las maniobras de la persecución se saldase con dicho accidente.

Los hechos, según la informa-ción aportada por la Guardia Civil, comenzaron en torno a las cuatro de la tarde, cuando la Central Operativa de Servicios de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada tuvo conoci-miento de que un remolcador que navegaba a unas 25 millas al sur de Motril avistó una embar-cación semirrígida con dos o tres ocupantes, quienes al verse sor-prendidos, arrojaron al mar unos paquetes de los habituales en el tráfi co de hachís.

Redacción

Tendrá que pagar 6.000 euros a los padres del niño objetor

Varapalo a la Junta por aparecer nombres de menores en el BOJA

SEVILLA-El juzgado de lo Conten-cioso-Administrativo número 7 de Sevilla ha condenado a la Consejería de Educación a pagar 6.010,12 euros a los padres de un menor cuyo nombre fue publica-do en el Boletín Ofi cial de la Junta de Andalucía (BOJA) en octubre de 2008 en una resolución relativa a las declaraciones de objeción de conciencia formuladas a la asig-natura Educación para la Ciuda-danía (EpC).

Según establece la sentencia del juzgado sevillano, a la que tuvo

acceso Europa Press, en el BOJA se publicó «información referida a nombre y apellidos» tanto de las personas declarantes, es decir, de los padres de los menores objeto-res, como de los propios colegia-les, un aspecto éste que la jueza considera que «plantea dudas sobre la posibilidad de lesionar el derecho a la intimidad de las per-sonas afectadas» y por la que en-tiende que «hubiese sido sufi cien-

L. R. A.

te con identifi car a las personas reclamantes y a las personas me-nores representadas con las inicia-les», y no con su nombre y apelli-dos completos. Además, especifi -

ca la jueza, «precisamente la trascendencia social del asunto justifi ca por sí sola el hecho de que la Administración haya debido poner una especial atención, dili-

gencia y celo en este asunto, abs-teniéndose en publicar el nombre del menor cuyos padres han soli-citado que no imparta la asigna-tura a su hijo». Por ello, y basándo-

■ TRIBUNALES

se en la Ley de los Derechos y Atención al Menor de Andalucía, que especifi ca que la Administra-ción andaluza protegerá el honor, la intimidad y la propia imagen de los menores «frente a intromisio-nes ilegítimas y, en particular, las que pudieran producirse a través de los medios de comunicación social», la Junta tendrá que pagar estos 6.000 euros porque, al tratarse de una cuantía inferior a los 18.030,36 euros, es un proceso de «única instancia» ante la que no cabe recurso alguno.

La jueza subraya que la Junta debería haber puesto una «especial atención»

Andalucía • 33LA RAZÓN • Viernes. 26 de marzo de 2010

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