Capítulo 1

El Sistema Legal

INTRODUCCIÓN

Este libro comienza mirando al sistema legal. No tiene intención de dar una mirada comprensiva: hay textos especializados que hacen eso. En cambio, tiene por intención contarte lo suficiente sobre el sistema para que comprendas como funciona en materias del área comercial (o de negocios)

Es difícil comenzar cualquier actividad en los negocios que no tengan consecuencia legal. Cada venta de bienes o entrega de servicios, por ejemplo, tiene potenciales complicaciones legales. Sin embargo, esto no significa que la gente de negocios necesite consultar a sus abogados antes de realizar cada movida. Las disputas tienden a ser resueltas por negociaciones y compromiso. Solamente en casos extremos se recurre a acciones legales. Esto se debe a que las acciones legales no son solamente caras en relación a los costos que se deben pagar al sistema de justicia (sin desdén de los asesores legales profesionales que se contraten), sino que también es caro en relación al tiempo perdido de trabajadores del negocio de la empresa puesto que personal clave son necesarios para preparar estipulados, consultar con asesores legales y, por último, atender a la corte por, posiblemente, varios días para entregar evidencia. Si bien la mayoría de los costos pagados al sistema de justicia pueden ser reclamados de tu adversario en caso de ganar, es algo nunca asegurado; aun en caso de ganar, el costo ligado al personal de tu empresa no puede ser reclamado.

Es común que al concluir un contrato, se incluya una cláusula que estipule que todas las disputas serán llevadas a arbitración. Esto significa que la disputa será resulta por un árbitro (una suerte de referee – más referencia a los arbitradores se incluirá más adelante). En este caso, la necesidad de atender a juicio es remplazada por la necesidad de dar evidencia al árbitro, quien puede estar preparado mejor para acomodarse a las necesidades de tu

empresa: por ejemplo, evidencia puede darse en estipulados escritos o puede darse fuera de los horarios normales de trabajo. Lo anterior sin perjuicio de lo cual, aun tomará una gran cantidad de tiempo.

En la práctica, siempre que sea posible, los empresarios evitan recurrir al sistema legal y prefieren sustentarse en la auto – ayuda. ¿Por qué, entonces, es necesario para un empresario conocer la ley? ¿Acaso no pueden todas las disputas ser resueltas por sentido común y compromiso? La respuesta es que, hasta cierto punto, este es el caso. Pero las soluciones que apelan al sentido común por lo general involucran negociaciones. Por ejemplo, tu cliente desea rechazar un congelador que te compró porque, a pesar de que funciona perfectamente bien, tenía cierto daño cosmético que tendrá un costo de entre el 15% y 25% del precio de compra. Tu oferta es un descuento del 15%. Tu cliente argumenta por el 25%. Finalmente el acuerdo será en el 20%

Las negociaciones pueden ser perseguidas más eficazmente si tu, como negociador, estas consciente de los principios legales que una corte seguiría en caso de decidir tu conflicto. Te permite cuantificar, en términos de porcentaje, tus posibilidades de ganar en caso de que la disputa deba ser resuelta por una corte o árbitro. Por ejemplo, ¿Tiene tu cliente el derecho legal de rechazar el congelador por una falla cosmética más que una funcional? Bajo el artículo 14 del Acta de Venta de Bienes (Sale of Goods Act) de 1979, es probablemente que, especialmente si es un cliente, tenga dicho derecho. Su posibilidad de ganar el caso, dado el supuesto caso de que busque rechazar el bien y tu deniegas dichos suceso, son altas, digamos cerca del valor de un 95%. Por tanto, deberás considerar que al momento de realizar tus negociaciones y, logrando persuadir al cliente de que acepte los bienes con una reducción del 20% del precio, probablemente estarás satisfecho con el resultado de tu esfuerzo.

COMMON LAW Y LEY CIVIL (DERECHO CIVIL)

Esta sección se encarga de la relación entre common law y derecho civil. Hasta hace relativamente poco, esto era en gran parte de interés académico. Sin embargo, debido a que la ley de la Unión Europea está basada en derecho civil y desde entonces las cortes inglesas deben tomar en consideración el Derecho de Unión (Union Law), donde corresponda, al alcanzar sus decisiones, la relación entre los dos se ha vuelto de importancia práctica.

Hay dos sistemas de importancia que se han desarrollado en el mundo occidental. Estos son:

a) Derecho Romano; yb) Ley Inglesa (Common Law)

Muchos otros estado a lo largo del mundo han basado sus sistema legal en uno de estos dos sistemas. Los países que lo han basado en el Derecho Romano, incluida la Unión Europea, se dice que tienen un sistema

de derecho civil. Los países que lo han basado en la ley inglesa, se dice que tienen un sistema de common law.

Sistemas de la Common Law

Ley inglesa (Derecho inglés, término usado de aquí en adelante) (Donde “inglesa” incluye a los galeses, pero excluye a los escoceses y al norte de Irlanda) es llamada common law. Esto significa que la ley es común para todo el país, en contraste con la ley que no se aplica a esta escala sino que varía de acuerdo a la costumbre local. La common law originalmente consistía de principio establecidos por jueces en casos llevados a ellos, que posteriormente aplicaban a casos similares que ocurrían en el futuro. Dicha ley es llamada ley de casos (jurisprudencia sería la traducción literal, que será utilizada de aquí en adelante). Sin embargo, hoy en día, la legislación dictada por el Parlamento (también llamada ley de estatuto o estatuto de la ley), que principalmente toma forma en Actas de Parlamento e instrumentos estatutarios, se ha convertido en la fuente más importante de ley doméstica (corresponde a la legislación nacional, término que será utilizado de aquí en adelante), sin perjuicio de lo cual, por ejemplo, la mayoría de la ley de contrato aun está basada en la jurisprudencia en desdén de la ley de estatuto. El término “legislación nacional” es usado para mostrar áreas de la ley que no se encuentran afectadas por la ley de la Unión Europea. En donde un área de la ley está afectada por la ley de la Unión Europea, la legislación de ella será la fuente suprema de ley.

Aquellos países que tienen un sistema legal basado en el derecho inglés y, por tanto, un sistema basado en el common law, incluyen a muchas anteriores colonias británicas, como por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, los Estados Unidos (exceptuando a Louisiana) y Canadá (exceptuando a Quebec). También se incluye al norte de Irlanda. La importancia de esto es que si no hay autoridad inglesa en un punto particular de la ley, el juez puede buscar orientación en los sistemas de common law de otros países.

Ejemplo

En Ready Mixed Concrete v Ministry of Pensions (1968) (Concreto ya Mezclado versus el Ministerio de Pensiones), la corte debió decidir si los conductores de camiones que entregaban concreto para Ready Mixed Concrete Ltd eran empleados de las compañía o si eran contratistas independientes. La situación era complicada por el hecho de que, a pesar de que los conductores eran designados como independientes, existía una gran cantidad de factores (por ejemplo, eran obligados a utilizar el uniforme de la compañía, además de proveer certificados médicos cuando eran incapaces de trabajar debido a una enfermedad, entre otras cosas), lo que apuntaba hacia la conclusión de que si eran, bajo el punto de vista de la ley, empleados. Debido a que no habían casos ingleses análogos, la corte se refirió a un caso estadounidense y a uno canadiense para ayudar a establecer ciertos criterios que serviría de guía para ver si, en estos casos, los trabajadores eran realmente independientes o si, en realidad, eran empleados.

Sistemas de derecho civil

La mayoría de los países de Europa occidental junto a las colonias y antiguas colonias tienen un sistema de derecho civil. Escocia, a través de sus antiguas alianzas con Francia y los Países Bajos, tiene tal sistema. Los escoceses alegan, con cierta justificación, que su sistema se ha visto adulterado por las muchas decisiones parlamentarias que se aplican indiscriminadamente a lo largo del Reino Unido. Además, debido a que ciertos principios del derecho escocés son idénticos a al derecho inglés, cada país ha tomado prestado de manera bastante liberal de la ley del otro. Por ejemplo, el caso seminal en el derecho inglés en sobre el establecimiento de responsabilidad por negligencia es un caso escocés. Hoy en día, las diferencias principaels tienen relación con la ley del contrato, el agravio (tort) (delitos civiles, que en Escocia son llamados “dañoso” (quebrantamiento de la ley)) y la ley criminal (derecho penal, término usado de aquí en adelante).

Por otro lado, respecto a a las muchas áreas de ley moderna creada estatutariamente (ley de empleo o derecho laboral referido al despido sin causa, igualdad de salarios, etc), el derecho Escocés es idéntico al inglés.Diferencias entre el Derecho Civil y el Common Law

El Derecho de la Unión Europea es un sistema de Derecho Civil. El Derecho Civil tiene un acercamiento fundamentalmente distinto tanto en la creación e interpretación de la ley de estatutos en comparación con el adoptado por el Derecho inglés. Esto significa que, si han de aplicar el derecho de la Unión Europea (que hoy toma mayor jerarquía sobre cualquier conflicto en relación a la legislación nacional en el Reino Unido), muchas cortes del Reino Unido se han debido familiarizar con un sistema que es en definitiva ajeno a ellos.

El derecho civil crea leyes de estatuto (generalmente llamadas “Códigos”) estableciendo una serie de principios generales, dejando a los jueces interpretar su significado. Sobre esto pueden buscar asistencia sobre casos decididos previamente que involucran asuntos similares y de las opiniones de autores importantes. En contrasto, los estatutos del Reino Unido son mucho más detallados, donde intentan cubrir todas las posibles eventualidades. Por supuesto, es imposible cubrirlas todas, por lo que los jueces en el Reino Unido también tienen un rol de interpretación, que involucra referirse a casos previos y otras fuentes de ayuda, como los autores. Sin embargo, no debemos atender demasiado a esta supuesta distinción, ya que las regulaciones y directivas, donde algunas son muy detalladas, han sido dictadas para amplificar el Tratado de Roma y otra legislación primaria en la Unión Europea.

En relación con la interpretación de los estatutos, el método inglés atiende a buscar el sentido literal de las palabras utilizadas y dar efecto así a ellas. Es inmaterial si el sentido literal resulta en una consecuencia diferente a lo que se pretendía, suponiendo que el resultado no es manifiestamente

absurdo ni sin significado. De así ser el caso, el sentido literal puede ser modificado, pero solo hasta cierto punto de darle sentido.

Ejemplo del aproximamiento literal a la interpretación del estatutoFisher v Bell (1961)

El Acta de Restricción de Armas Ofensivas de 1959 (Restriction of Offensive Weapons Act) postula que es una ofensa ‘ofrecer a la venta’ un número de armas ofensivas, incluidas las navajas. Un dueño de tienda mostró un número de navajas en su escaparate con etiquetas de precio. ¿Era culpable de una ofensa? Si bien la intención de esta Acta era claramente penalizar a aquellos que buscasen proveer armas peligrosas al público, se sostuvo que no se había cometido una ofensa ya que era parte establecido en la ley de contratos que los bienes con etiquetas de precio no representaban una oferta a la venta.

El método del derecho civil, por otra parte, es buscar el propósito de la disposición e interpretar las palabras usadas de tal manera de darle efecto para ese propósito. Esto es comúnmente llamado enfoque intencional (‘purposive’ approach). La tensión entre el enfoque literal (que es aun usada en la legislación nacional pura) y el enfoque intencional (que ha de ser usado al interpretar un estatuto dictado que busca el cumplimiento de nuestras obligaciones bajo los Tratados europeos) está causando problemas en las cortes inglesas.

Ejemplo de la diferencia en la interpretación de la ley de estatuto

La Regulación de la Transferencia de Empresas (Transfer of Undertakings Regulations) de 1981, fueron dictadas para dar efecto a la directiva EEC 77/187. Apunta a la protección de los empleados de una empresa que es transferida a otra. Las Regulaciones dictan que el contrato de empleo estipule que las personas empleadas por la empresa que se transfiere, inmediatamente antes de la transferencia, han de ser transferidos

al nuevo dueño. La pregunta cae en qué significa inmediatamente antes de la transferencia, ya que los compradores que desean evitar la carga de que los empleados se transfieran junto a la empresa, condicionan al dueño de ella a despedir a todos los empleados anteriormente a la transferencia. La eficacia legal fue decidida por la Corte de Apelaciones en 1986, que estipula que el término inmediatamente antes de la transferencia será tomado según su tenor literal, y se decidió que empleados despedidos tres horas antes de la transferencia no serían contratados por el nuevo dueño. Sin embargo, en el caso posterior de Litster v Forth Dry Dock and Engineering Co Ltd (1989), la House of Lords adoptó el enfoque intencional y sostuvo que el término inmediatamente antes de la transferencia sería interpretado de manera de que la regulación surtiera efecto según para lo que fue creada, esto es, dando efecto a la directiva EEC 77/187, que fue dictada apuntando a la protección del empleado.

Diferentes significas entre “Derecho Civil” y “Common Law”

Es importante estar consciente de que las expresiones “Derecho Civil” y “Common Law” pueden significar radicalmente cosas distintas según el contexto en que están siendo usadas.

Derecho civil puede ser usado con uno de sus tres significados:

a) Puede significar la parte de la ley de un país que no es correspondiente al Derecho Penal (de hecho, este contexto es el que mayoritariamente se usa)

b) Un sistema de leyes basado en el Derecho Romanoc) Para una persona en el servicio de fuerzas armadas, cualquier ley

aplicable a los civiles (esto es, ley, que no es lo mismo que justicia militar)

Common Law puede utilizarse con uno de sus tres significados:

a) El sistema completo del derecho inglés, tanto en la jurisprudencia como en la ley de estatutos, que es en sentido que hemos utilizado anteriormente

b) Ley desarrollada por los jueces en las primeras cortes de common law, en contraste con la ley desarrollada por sucesivos Cancilleres en su propia corte (Tribunal de la Cancillería), con el propósito de mitigar el rigor e inflexibilidad de la common law. Dicha ley es llamada “equity” (equidad). Donde la equidad y la common law entran en conflicto, la equidad prevalecerá.

c) Dicha parte de la ley (tanto common law como equidad), que permanecerá como jurisprudencia más que ley de estatutos.

Es importante que al momento de leer sobre la ley, identificar cuales son los posibles significados que el autor da a cualquiera de estas dos expresiones.

La relación entre la equidad y la common law

Hemos dicho que el término common law puede ser usado para distinguir la ley que se aplicó en las cortes antiguas de la equidad aplicada en la corte del Canciller, el Tribunal de la Cancillería. Las cortes de la common law y el tribunal de la cancillería fueron incorporados en el nuevo Tribunal Superior de Justicia (High Court of Justice), como una División de dicho tribunal, como resultado de las Actas de Judicatura de 1873 – 75. La administración de las reglas de la common law y la equidad fueron fusionadas al mismo tiempo. Sin embargo, es aun importante saber so un derecho o recurso deriva de la common law o la equidad. Examinaremos por qué después de ver el desarrollo de la equidad.

La equidad vino a ser después del rígido e inflexible acercamiento de los jueces de la common law a un número de situaciones. Por ejemplo, en tiempos medievales, si Ala tomaba prestado £50 de Bill, Alan podría estar sujeto a firmar un documento llamado “bono” en el cual se acordaba a pagar

el préstamo. Supongamos que pagó dicho préstamo, pero no canceló el bono. Bill reclama el pago del préstamo, sustentándose en el bono como evidencia de que el dinero aun no había sido devuelto. Las cortes de la common law se negaban a mirar más allá de la evidencia del bono y Alan, por tanto, hubiese tenido que pagar nuevamente el préstamo.

Si los jueces de la common law hubiesen estado dispuestos a adaptar la ley en situaciones donde una aplicación rígida hubiese llevado a una injusticia, no hubiese existido la necesidad para la equidad. Sin embargo, los jueces tendieron a ser intransigentes, con el resultado de que, en los primeros días de la ley, donde un litigante no lograba obtener justicia de las cortes de la common law, podía pedir al Rey que hiciera justicia. El Rey pasaba dichas peticiones a su Canciller, quien era un eclesiástico y, en efecto, el ministro principal del Rey. El Canciller, siendo un hombre de la Iglesia, podía decidir materias de acuerdo a lo que él pensaba que una persona de buena conciencia haría en esas circunstancias.

Las peticiones crecieron en número hasta el punto en que se formó un tribunal especial, el Tribunal de Cancillería, para lidiar con ellas. Un gran ejemplo se encuentra en las leyes referentes a las hipotecas.

Ejemplo de equidad en relación con las hipotecas

Una hipoteca consiste en poner una propiedad como garantía para un préstamo. Supongamos que Anna desea tomar prestado £10000 de Ben en garantía de la seguridad de compra de un predio llamado Greenacre, que tiene un valor de £30000. En la common law, ella hubiese tenido que convenir Greenacre a Ben (esto es, hacer a Ben el dueño legal de la tierra), sujeto a un acuerdo contractual de que Ben debía devolver Greenacre a ella si pagaba el préstamo de £10000 a tiempo. De no ser así, Ben permanecería como dueño de Greenacre y, además, Ann aun debería los £10000. Encontrar de tal palpable injusticia, el Canciller interviene. La equidad permitiría a Ann un período adicional de tiempo en el cual redimir la hipoteca (esto es, pagar el préstamo) y, de no ser así, al corte ordenaría que la propiedad fuese dispuesta para la venta, y Ben recuperaría su dinero a partir de dicha disposición, además de que Ann recibiría cualquier balance que sobrase. Tal balance es llamado “Equidad de Redención”.

La ley referente a hipotecas no era la única área en que la ley intervenía con intención de aplicar una idea de justicia. La common law era defectuosa en relación a la sanación. La única que proveía era el pago al demandante de los llamados daños y perjuicios (damages). Sin embargo, hay numerosas situaciones en que los daños y perjuicios no eran un saneamiento adecuado. Por ejemplo, supongamos que Carol continuamente entraba sin autorización a la tierra de David. Para David, tener que ir constantemente al tribunal para demandar daños y perjuicios era excesivamente gravoso. La equidad, entonces, inventó el saneamiento de mandato judicial: una orden de que Carol desista de entrar a la tierra de David, que, en caso de desobedecer, estaría en desacato al tribunal, por lo que podría ser castigada.

El clásico ejemplo de intervención de la equidad es en relación a la ley de fideicomisos. Un fideicomiso ocurre cuando una parte, D (el donante) da una determinada propiedad a T (donatario) para mantener o administrar en representación de B (el beneficiario). Un ejemplo moderno común ocurre

cuando el marido y la mujer quieren dejar a sus dos hijos como dueños de su propiedad después de su muerte, pero, de la mujer vivir después del fallecimiento de su esposo, desea que ella disfrute del uso de su propiedad durante su vida. El marido no desea que la viuda sea dueña de dicho bien en el caso de que se case nuevamente y así retirar la propiedad de la familia, impidiendo así que sus hijos sean dueños. La solución es crear un fideicomiso por el cual el marido (el donante) transfiere el dominio legal a los donatarios, para que administren en nombre de la viuda (beneficiario) durante su vida. Después de su muerte, la propiedad transferida según el fidecomiso, podrá ser repartida entre los dos hijos. El problema con el fideicomiso, originalmente, era que si los donatarios se apropiasen de la propiedad del fideicomiso para su propio uso y los beneficiarios alegaran en in tribunal de la common law, los jueces de esta podían simplemente investigar acerca de quien era finalmente el dueño legal de la propiedad. Los donatarios eran tales. Los jueces entonces consideraban como concluida la materia, quitando así el uso al beneficiario de la propiedad. Sin embargo, si los beneficiarios hacían una petición al Canciller, este podía ordenar que los donatarios actuaran acorde a lo que dictaba la buena conciencia y así tener en cuenta la propiedad del fideicomiso para con los beneficiarios.

En los primeros días de la equidad no había conflicto entre el Canciller y los jueces de la common law. Sin embargo, a medida que la equidad se hacía cada vez más intrusiva, los litigantes comenzaron a “jugar fuera” unos de otros. Por lo tanto, un Canciller podía encarcelar a un demandado por negarse a obedecer la orden del Canciller de actuar de acuerdo a la buena conciencia, solo para que el Tribunal del Banco del Rey (Court of King’s Bench) lo liberara de prisión, usando la prerrogativa del decreto judicial del habeas corpus (recurso de amparo), bajo el pretexto de que su encarcelación fue injusta. (El decreto judicial del habeas corpus aun es utilizado hoy en día y puede ser usado por cualquier persona que clama estar detenida injustamente)

En los primeros días del siglo XVII, la pregunta surgió en el caso del Conde de Oxford, en relación a cuál primará en caso de que entren en

conflicto las reglas de la equidad y las del common law. El Rey James I decidió que el asunto caería en favor de la equidad por sobre la common law. Esta es una regla que se respeta hasta el día de hoy.

Sin embargo, es importante destacar respecto a que, si por alguna razón, la equidad rechaza ejercitar su discreción en favor de una persona que clama un derecho de equidad o solución, la regla de la common law en dicha situación se aplicará.

Hasta fines del siglo XIX, un asunto que involucrara problemas de la common law y problemas de la equidad, podía se resuelta en dos tribunales con el fin de que se llegará a una decisión, un proceso costoso y extenso.

EjemploWood v Scarth (1855 y 1858)

El demandante hizo un contrato con el demandado que este se negó a llevar a cabo. La única solución que la common law da para ese conflicto es que en caso de quebrantamiento del contrato se han de pagar los daños y perjuicios. Sin embargo, la equidad desarrolló una serie de otras enmiendas, una de las cuales es un decreto de cumplimiento específico. Esta es una orden de la corte por la cual el demandado ha de cumplir los términos del contrato. El demandante entonces demanda al demandado en el Tribunal de la Cancillería, buscando un decreto de cumplimiento específico. Sin embargo, la desventaja con las soluciones equitativas, es que, desde el punto de vista del demandado, son dictadas según discreción del tribunal. Esto significa que a pesar de que el demandante tiene un válido argumento sobre el incumplimiento de los términos del contrato, la corte puede o no dictar el decreto que obligue al demandado cumplir con sus obligaciones. En este caso, la corte no otorgó el decreto porque el demandado había contratado erróneamente. El error no invalidó el contrato, pero el tribunal estipuló que otorgar el decreto sería una medida demasiado dura.

El demandante llevo, por tanto, el caso a un tribunal de la common law, demandado el pago de daños y perjuicios. Se sostuvo entonces que el error del demandado no era justificación para el no cumplimiento de los términos del contrato, y por tanto se otorgó la indemnización correspondiente.

Las Actas de Judicatura de 1873 y 1875 completaron la fusión del common law con la equidad donde concierne el proceso. Hoy en día, en circunstancias similares, se necesita llevar solamente un caso de daños y perjuicios y decreto de cumplimiento específico que pueda ser reclamado en la alternativa.

Sería un error pensar que, hoy en día, la equidad siempre intervendrá para corregir las injusticias que se ven en la common law. En los primeros días de la equidad, era criticada por su imprevisibilidad: “La equidad varía según el largo del pie del Canciller”. Siguiendo tales críticas, se hicieron esfuerzos para llegar a una mayor consistencia, en consecuencia tal que la equidad se ligó a la jurisprudencia de la misma manera que la common law.

A pesar de esto, la equidad ha sido invocada un número de veces a través del tiempo durante un pasado relativamente cercano con el fin de hacer justicia en casos particulares. En la ley de contratos, la doctrina de impedimento promisorio fue creada. Esto erosionó en la common law para regular el caso Pinnel. En relación a las indemnizaciones, un área que ha sido tradicionalmente campo de la equidad, el mandato judicial Mareva y la orden Anton Piller han surgido como nuevas indemnizaciones.

El mandato Mareva congela activos bajo el control del demandado para prevenir que sean movidos por este fuera de la jurisdicción de las cortes inglesas a un país donde el demandado no pueda obtenerlas. La orden Anton Piller permite al demandante entrar al local del demandado para prevenir que éste destruya, oculte o remueva evidencia en la forma de documentos o propiedad (como por ejemplo, VHS piratas). Tanto el mandato Mareva como

la orden Anton Piller son ahora reguladas por estatuto y son llamadas “orden de congelamiento” y “orden de búsqueda” respectivamente.

Desde la creación del Tribunal Superior de Justicia por las Actas de Judicatura de 1873 y 1875, la administración de la common law y la equidad han sido fusionadas. Sin embargo, materias que antiguamente eran resueltas en el Tribunal de Cancillería son aun resueltas en la División de Cancillería del Tribunal Superior y las materias de la common law aun se resuelven en la División de Banco de la Reina del Tribunal Superior, que corresponde al antiguo tribunal de la common law del Banco de la Reina (o Rey). Si un demandado demanda tanto la indemnización de daños y perjuicios (solución de la common law) y un mandato judicial (solución de la equidad), por ejemplo, el caso puede ser llevado tanto a la División del Banco de la Reina como así también a la División de Cancillería del Tribunal Superior.

¿Para qué distinguir entre common law y equidad?

Existen dos razones por las cuales es necesario distinguir entre un derecho de equidad o solución y un derecho de common law o solución. La primera razón es que los derechos de equidad y soluciones son dados únicamente a discreción del tribunal, donde en cambio el derecho o solución de la common law es dado de derecho. Hoy en día, la discreción de los tribunales es ejercida según principios establecidos; la equidad ya no varía según “el largo del pie del Canciller”.

Interpretación de Estatutos

Ya cuando un estatuto o una regulación se ha dictado como ley, es generalmente necesario por un tribunal decidir qué significa dicha ley. Por ejemplo, supongamos que un estatuto ha sido aprobado, otorgando que es una ofensa estacionar un vehicle siempre que obstruya una carretera. Si bien es aparentemente lineal, en la práctica, aparecerán problemas de interpretación. Por ejemplo, ¿Está un vehículo estacionado si no se mueve pero el conductor está sujetando el manubrio con el motor encendido? ¿Es un vehículo aun tal con el significado del estatuto antes presentado si es incapaz de avanzar autónomamente debido a una falla? ¿Existe una obstrucción si otros vehículos pueden conducir alrededor del vehículo estacionado? ¿Incluye la palabra carretera las franjas de pavimento y pasto ubicadas a ambos lados de la calle?

Cierta dirección puede ser obtenida del Acta de Interpretación de 1978, la cual define ciertas expresiones comúnmente utilizadas en los estatutos. Además, como hemos visto, las actas modernas usualmente contienen una sección de interpretación, que estipula el significado de las palabras utilizadas en ellas. Donde los jueces estén inseguros de la extensión con la que se utiliza una palabra en un estatuto, pueden usar el Diccionario Inglés Oxford como un ayuda de interpretación. Por ejemplo, en Referencia General de Abogados (Attorney General’s Reference) (No 1 de 1988) (1989), la pregunta surge a si la persona “obtiene” información si se ofreció a él. La House of Lords consultó al Diccionario de Oxford respecto a la definición de “obtener”.

Hay un variado número de reglas que guían a los tribunales al momento de interpretar estatutos. Sin embargo, han existido cambios tan rápidos en la manera en que se aproximan a la interpretación de estatutos a través de los últimos años, que es fuertemente discutible que nuestra legislación nacional tradicional de interpretación sea o no soberana.

En primer lugar, el Acta de Derechos Humanos de 1998 debe ser aplicada al momento de interpretar toda la legislación, tanto primaria como secundaria. Esto es potencialmente de gran alcance (para más detalle ver abajo).

En segundo lugar, la ley de la Unión Europea está invadiendo más y más en nuestra legislación nacional. Debido a que mucha de esta ley está derivada de la legislación nacional francesa o alemana, los tribunales del Reino Unido están recurriendo cada vez más a leyes francesas y alemanas para interpretar el significado de la ley. Por ejemplo, en King v Tunnock (2000), una parte demandaba compensación bajo las Regulaciones de Agentes Comerciales (Directiva del Consejo) (Commercial Agents Regulations; Council Directive) de 1993. La compensación en este contexto es un concepto del derecho francés. El Tribunal, entonces, hizo una referencia al derecho francés para decidir como debía calcularse la indemnización.

En tercer y último lugar, lo que podría verse como un sub – producto de la unión del Reino Unido con la Unión Europea es que las reglas de nuestra legislación nacional han sido expandidas para incorporar una regla de interpretación europea: regla intencional (purposive rule). Esta busca a la intención con la que el estatuto ha sido aprobado e interpreta sus disposiciones para así promover la intención.

Entonces, la legislación nacional, que se explican más adelante, han de ser leídas según los comentarios hechos anteriormente.

Regla Literal

La regla básica es la regla literal, que significa que a la palabra debe dársele el sentido literal aun si el resultado no es acorde con lo que el Parlamento tenía por intención. Un ejemplo es dado en relación a cuando hablábamos acerca de las diferencias básicas entre los sistemas de la common law y el derecho civil en su acercamiento a la ley de estatutos.

Sorprendentemente para aquellos fuera de la ley, los tribunales no tenían permitido, hasta hace poco, referirse a debates en el Parlamento que llevaban a la aprobación del Acta en cuestión. Sin embargo, en un caso reciente de la House of Lords, Pepper v Hart (1993), ha establecido que, contrario a la práctica previa, los debates informados en Hansard pueden referirse con fines de la interpretación de los estatutos, siguiendo las siguientes circunstancias:

- La legislación debe ser ambigua, oscura o que conlleve a un absurdo;

- Los materiales del Parlamento sobre los cuales apoyan deben consistir en una o más declaraciones de un ministro u otro promotor del proyecto de ley, junto a cualquier otro material parlamentario necesario para entender dichas declaraciones; y

- Las declaraciones sobre las cuales se apoyan han de ser claras.

Si bien esto no va tan lejos como el acercamiento intencional del Tribunal Europeo, es un paso hacia esa dirección, y a medida que la ley dada por la Unión Europea se va haciendo cada vez más invasiva, es de esperarse que los métodos ingleses de interpretación de estatutos se armonizará con la Corte de Justicia Europea (ECJ).

Regla de Oro

A veces la aplicación de la regla literal llevará a un manifiesto absurdo o resultará en una intención sin sentido. En este caso, la regla de oro permite que la redacción literal de la intención sea modificada, pero solo hasta llegar a remover el absurdo o darle cierto significado a la intención.

EjemploR v Allen (1872)

El Acta de Ofensas en contra de la Persona de 1861 (Offences Agaisnt the Person Act) provee que quien sea, estando casado, si lo hace durante la duración de la vida del cónyuge, cometería la ofensa de bigamia. Siendo que no es legalmente posible casarse durante la vida de nuestro cónyuge (a menos que exista una anulación o disolución legal del matrimonio), usando la regla literal no era posible cometer el delito de bigamia. Por lo tanto, los tribunales modificaron el lenguaje de la intención para que se leyese “quien sea que este casado pase a través de una ceremonia de matrimonio” cometerá el delito de bigamia.

Regla de la travesura

Existe una antigua regla llamada regla de la travesura, que rara vez ha sido aplicada. Esto es al efecto de que el tribunal, donde sea posible, interpretará el estatuto de tal manera de solucionar la “travesura” que el estatuto fue aprobado para solucionar. En la práctica, la regla literal tiende a ser aplicada aun si tiene el efecto de no solucionar la travesura (ver, por ejemplo, Fisher v Bell, p 4). La regla de la “travesura” es, sin embargo, cercanamente relacionada con la regla de la intención o intencional, que veremos más adelante.

Regla Intencional

En relación a las disposiciones aprobadas para dar efecto a las obligaciones del Reino Unido bajo la legislación la Convención Europea (EC), hay una voluntad de buscar al objetivo de la disposición y tomar una visión intencional de su significado. Ver los ejemplos dado en relación con la interpretación de la Regulación de Transferencia de Empresas (Protección del Empleador) de 1981, vistos anteriormente, página 5.

Interpretación de la ley y el Acta de Derechos Humanos de 1998

La importancia de esta acta, en relación al sistema legal, no puede ser suficientemente enfatizada. Tiene el potencial de afectar cada área de la actividad que nuestra ley busca regular – incluso, parece, los derechos de una compañía de finanzas bajo el Acta de Créditos al Consumidor (Consumer Credit Act). Se aprobó en Octubre del 2000, e incorpora la Convención Europea sobre Derechos Humanos en nuestra legislación nacional. Previamente, si una cuestión de violación de la Convención surgía, había un largo proceso respecto a si la materia era referida al tribunal Europeo de Derechos Humanos (ECHR) en Estrasburgo (no ha de ser confundido con el Tribunal Europeo de Luxemburgo que trata con la ley de la Unión Europea). Este procedimiento ya no es necesario puesto que la Convención ahora es directamente aplicable a nuestra legislación nacional.

Interpretación de la Ley y compatibilidad con el Acta

El Acta de Derechos Humanos de por si afecta todas las otras leyes en el sistema legal, tanto las que han sido aprobadas antes como aquellas que han sido aprobadas después del Acta. El Acta hace un barrido de las disposiciones en relación a que toda la legislación ha de ser interpretada de una forma compatible con la Convención Europea. De esta forma, las disposiciones en la legislación o reglas de la common law que no han sido previamente desafiadas (probablemente por el tiempo y costo de llevar un caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos), pero que aparentemente infringen alguno de los derechos humanos dados por la Convención, estarán ahora abiertos a discusión de una manera mucho más simple y linear que en el pasado. Los Tribunales deben presumir que la legislación tiene por intención ser compatible con la Convención. Como el Gobierno observó en el Papel Blanco (White Paper) que precedió al Acta:

Esto va más allá de la regla presente que permite a los tribunales tomar en cuenta a la Convención al resolver cualquier ambigüedad

dentro de una disposición legislativa. Los tribunales tendrán por requerimiento interpretar la legislación de manera de sostener los derechos de la Convención, a menos que la legislación en si misma sea incompatible con la Convención, esto es imposible de hacer.

Además, respecto a la nueva legislación, el ministro a cargo de ella debe hacer una declaración de que es compatible con la Convención. Puede declarar que no es compatible, pero que el Gobierno de todas formas tiene la intención de proceder con ella. Donde existe legislación que se ha encontrado infringe con lo estipulado por la Convención, puede ser arreglado. Por ejemplo, la Ley Concursal del 2000 (Insolvency Act) ha modificado el s 219 del Acta para prevenir respuestas auto – incriminatorias, dado bajo la coacción bajo el Acta de Compañías de 1985, siendo usado como evidencia en contra de esa persona. Esto sigue el caso de Saunders v UK en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde se encontró que el uso de tales respuestas infringe el derecho de la persona a no incriminarse a si misma.

Declaración de Incompatibilidad

Si la legislación no puede interpretarse para ser compatible con la Convención, el tribunal debe hacer una “declaración de incompatibilidad”. Esto no le da a los tribunales el poder de ignorar la legislación; sin embargo, cualquier orden que se ha de hacer bajo la legislación puede ser pospuesta para dar al Gobierno el derecho a responder. Está previsto que el Gobierno responderá rápidamente a tales declaraciones, y hay disposiciones por un procedimiento de “vía rápida” para modificar la ley en tales casos. De no ser así, la parte afectada podrá recurrir al antiguo proceso de aplicar su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En Wilson v First Country Trust (2001), un prestador completó documentación que estipulaba erróneamente el monto de crédito dado. Bajo el Acta de Créditos al Consumidor, significaba que el acuerdo no podía ser cumplido. Esto sin perjuicio de lo cual el cliente pudo haber perdido nada debido a la estipulación incorrecta, el Tribunal no tenía permitido el que dicho contrato fuese cumplido. La Corte de Apelaciones sostuvo que esto era incompatible con el artículo 6 (derecho a un debido proceso) y el Protocolo 1, Artículo 1, que garantiza el disfrute pacífico de las posesiones (porque como resultado del acta, la compañía financiera perdió su dinero). El Tribunal no tiene el poder para derribar la legislación en dado caso, por lo que propuse “declarar la incompatibilidad” que pondría entonces la carga sobre el Gobierno para modificar la ley. El caso fue, entonces, suspendido para permitir a la Corona poner su lado en el argumento, de querer oponerse a la creación de la declaración.

Autoridades Públicas

El Acta pone un deber en las autoridades públicas, incluidas las cortes y tribunales, de manejarse a si mismas de manera compatible con ella. En este caso, los activistas públicos que han sido privatizados, la disposición se aplicará.

Derechos Absolutos, derogables y calificados

Algunos derechos son absolutos, como el derecho a la vida o la prohibición de la tortura. Dichos derechos no pueden quitárnoslos. En relación con algunos derechos, el gobierno puede entrar a una derogación (esto es, alegar una exención). Muchos derechos son “derechos calificados” en los cuales es necesario balancear el interés público con el interés del individuo. Por lo tanto, el derecho a la libre expresión está sujeto a la ley relacionada con la difamación (que protege la reputación de una persona) – sin perjuicio de lo cual dicha ley pueda ser desafiada bajo el argumento de que es más restrictiva de lo que debe ser para proteger la reputación del individuo.