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TRABAJO FINAL DE GRADUACION
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PROBLEMA JURIDICO AXIOLOGICO: UN ANALISIS DEL FALLO
“Nonnenmacher, Rubén Darío y otros c/ Municipalidad Ingeniero Huergo s
/amparo s/ apelación” Superior Tribunal de Justicia Nº 4, Provincia de Río Negro.
04/02/19.
MODELO DE CASO - NOTA A FALLO
Autor: Viola, Francisco José
DNI: 21.986.446
LEGAJO: VABG75105
Prof. Director: Cesar Daniel Baena
La Plata, Julio 2020
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Sumario
I. Introducción. II. Reconstrucción de la Premisa Fáctica, historia procesal y decisión del Tribunal. III. Identificación y Reconstrucción de la Ratio decidendi de la
Sentencia. IV. Análisis y postura del autor. IV.1. Antecedentes doctrinarios y jurisprudenciales del derecho ambiental. IV.2. Principio protectorios. IV.3. Postura del autor.- V. Conclusión.- VI. Anexo.- VII Referencias Bibliográficas.
I. Introducción
El fallo analizado a lo largo de la presente nota, resguarda el derecho a un
ambiente sano -de forma preventiva- pues si bien no se habría acreditado vulneración de
este derecho en sentido estricto, en virtud de su incidencia colectiva, el Tribunal
Superior de Justicia revoca la sentencia de primera instancia con fundamento en la
prevención de un eventual daño ambiental, y mantiene la medida cautelar que había
suspendido la actividad señalada como contaminante -carreras de moto cross- hasta
tanto se evaluaran las impugnaciones efectuadas por la actora, a la evaluación de
impacto ambiental.
En consecuencia, la importancia socio - jurídica de este precedente, deriva de
que el STJ antepuso la defensa del ambiente - fundándose en los principios preventivo y
precautorio que rigen en la materia - por sobre cuestiones de prueba, forma o
meramente procedimentales, e incluso por sobre ordenanzas municipales que
autorizaban la realización de dicha actividad.
Asimismo, en lo que al problema jurídico del fallo respecta, podríamos afirmar
que se encuentran dos tipos; por un lado, un problema de tipo axiológico debido a que
se puede distinguir conflictos entre normas presentadas por las partes interesadas y
analizadas por los jueces del STJ. Según Alchourrón y Bulygin (2012), el problema
axiológico remite a determinar si una propiedad debe o no ser relevante para un
universo de acciones determinado, es decir que existe un criterio para indicar esta
importancia, la cual no es relativa.
Por otro lado, contiene un problema de prueba, es decir a un problema vinculado
a la indeterminación de la existencia de un hecho no probado que es indispensable para
2
la resolución de la causa y que obliga al juzgador -que no puede excusarse de fallar por
oscuridad de las normas o de los hechos- recurrir a presunciones (Alchourron y Bulygin
2012) o bien a la aplicación, del principio precautorio cuando la situación lo requiera, es
decir peligro de daño grave, donde la figura jurídica: Acción de Amparo Ambiental,
como la vía más adecuada para tutelar el ambiente.
En definitiva, de estos dos problemas jurídicos deriva la relevancia del análisis
de este caso, ya que la exposición de la problemática permite establecer que, al
encontrarnos frente a un derecho de incidencia colectiva, los jueces deben tomar un rol
activo y a desplegar particular energía para hacer efectivo el mandato constitucional
dirigido a la protección de los derechos fundamentales, circunstancia que no se dio en la
resolución de primera instancia.
II. Reconstrucción de la premisa fáctica, historia procesal y descripción de la
decisión del Tribunal
El fallo1 en análisis tiene como partes a los Sres. Rubén Darío Nonnenmacher,
José Alberto Pérez Nonnenmacher y Víctor Fato y a la Municipalidad de Ingeniero
Huergo y al Sr. Paravano, y data del día 4 de febrero de 2019.
A grandes rasgos, la premisa fáctica de esta causa tiene origen en la acción de
amparo promovida por los Sres. Rubén Darío Nonnenmacher, José Alberto Pérez
Nonnenmacher y Víctor Fato que tuvo por objeto la medida cautelar por medio de la
cual se suspendió una actividad -realización de carreras moto cross- que generaría un
gran impacto en la salubridad del medio ambiente.
En cuanto al desarrollo del proceso se puede advertir que hasta la resolución de
primera instancia, regía una medida cautelar por medio de la cual se había suspendido la
realización de carreras y la utilización de las pistas existentes dentro de la chacra 436 de
la localidad de Ingeniero Huergo, hasta tanto se diera acabado cumplimiento con el
1 Fallo “Nonnenmacher, Rubén Darío y otros c/ Municipalidad Ingeniero Huergo s /amparo s/ apelación”.
Provincia de Río Negro Superior. Tribunal de Justicia Nº 4. 4 de febrero de 2019.
3
procedimiento de evaluación de impacto ambiental (EIA).
Ahora bien, la Jueza de primera instancia resolvió proceder al levantamiento
de dicha medida y declarar extinguido el proceso de los accionantes, toda vez que a su
entender no se encontraban reunidos los recaudos para la existencia de un amparo
ambiental en los términos de la ley B 27792, ni tampoco un proceso colectivo.
Para así decidir argumentó: que en el estudio de impacto ambiental realizado se
concluyó la inexistencia de daño o afectación al ambiente y, como consecuencia de ello,
destacó que el proceso se encontraba agotado. Agregó que las impugnaciones
efectuadas a dicha evaluación por los accionantes, resultaba improcedente dentro del
marco de la acción de amparo, puesto que la misma no reviste el carácter de prueba
pericial.
Asimismo, consideró que no existía defensa de un derecho colectivo sino
meramente individual y por ende su defensa no procedía por la vía del amparo
colectivo.
Como consecuencia de la desfavorable resolución efectuada en primera
instancia por parte de la Jueza interviniente, los accionantes interpusieron recurso de
apelación ante el Superior Tribunal de Justicia, quien el 4 de febrero de 2019, resolvió
hacer lugar al recurso de apelación interpuesto, revocar la sentencia de primera instancia
y mantener la vigencia de la medida cautelar hasta tanto se atiendan las impugnaciones
planteadas respecto al Estudio de Impacto Ambiental y se produzcan las pruebas
ofrecidas y/o aquellas que se estimen de oficio a fin de verificar la existencia o no de
daño al ambiente denunciado.
III. Identificación y Reconstrucción de la Ratio decidendi de la Sentencia
El contenido de la decisión adoptada por el Superior Tribunal de Justicia Nº 4 de
2 Ley 2.779 de Amparo de los intereses difusos y/o derechos colectivos, Río Negro (1994). Recuperada
de: https://www2.legisrn.gov.ar/LEGISCON/despliegowp.php
4
la Provincia de Río Negro, sostiene que en materia ambiental la función de prevención
adquiere una dimensión tal, que es el único camino apto para evitar posibles lesiones
irreparables (así ha tenido oportunidad de expedirse en autos "Dominguez"3, STJRNS4,
Se. 28/09).
La postura del Tribunal al admitir el recurso y en consecuencia, mantener la
medida cautelar de suspensión de las carreras de motocross , tiene en cuenta los
lineamientos de los derechos de incidencia colectiva, y una interpretación amplia de las
reglas procesales, en aras de evitar la frustración de los intereses superiores.
La intención del tribunal es la de prevenir y proteger el ambiente actual y futuro
de un eventual daño, basando su fundamento en el principio precautorio que rige en la
materia (Artículo 41 de la Constitución Nacional4 y Artículos 28
5 y 30
6 de la Ley
25.675) puesto que la principal herramienta probatoria en el caso en análisis -
Evaluación de Impacto Ambiental- si bien ha sido cuestionada, dicha circunstancia no
ha sido tenida en cuenta por la Jueza de primera instancia; y en consecuencia, el
Tribunal considera viable la acción de amparo como medida a fin de dilucidar si existe
o no alteración del ambiente y del equilibrio ecológico derivado de la realización de las
carreras de Moto Cross.
Es así que el Tribunal hace hincapié en el rol protagónico del juez que, acorde
con la naturaleza del bien afectado, y el carácter esencialmente preventivo del derecho
ambiental, debe velar por las garantías constitucionales y disponer todas las medidas
3 STJRN, “Domínguez, Mariana y Otros S/ Amparo S/ Apelación” Sentencia N° 28 del 27 de abril de
2009.
4 Constitución de la Nación Argentina, art. 41: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente
sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo
(…)”
5 Ley General del ambiente 25675, art. 28: “El que cause el daño ambiental será objetivamente
responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción (…)”
6 Ley General del ambiente 25675, art. 30: “(…) toda persona podrá solicitar, mediante acción de amparo,
la cesación de actividades generadoras de daño ambiental colectivo.”
5
tendientes a buscar la verdad real, evitando de tal forma que el daño anunciado por el
riesgo se vuelva real o, de no ser posible, a neutralizar las consecuencias perjudiciales
que su aparición sea susceptible de ocasionar, a fin de proteger efectivamente el interés
general (art. 32, ley 25.6757). Destacó además, que conforme lo regulado por el artículo
17 de la Ley 2.779, "el juez podrá ordenar de oficio la producción de medidas de prueba
no propuestas por las partes o complementarias de ellas, decretar las que estime
necesarias para mejor proveer en cualquier estado de la causa y dictar todas las
providencias en torno a las diligencias a practicarse".
Es por ello que el juez con la finalidad de prevenir cualquier potencial daño
ambiental, admite el recurso de apelación interpuesto por los accionantes, rechazando
todo tipo de causales esgrimidas por la parte demandada.
En esta misma línea, concluye entonces que debe priorizarse la cuestión
ambiental, revoca la sentencia de primera instancia y mantiene la vigencia de la medida
cautelar hasta tanto se atiendan las impugnaciones planteadas respecto al Estudio de
Impacto Ambiental y se produzcan las pruebas ofrecidas y/o aquellas que se estimen de
oficio a fin de verificar si se acredita o no el daño al ambiente objeto de análisis de la
presente.
IV. Análisis y postura del autor
IV.1. Antecedentes doctrinarios y jurisprudenciales del derecho ambiental
El derecho a un ambiente sano, como derecho de incidencia colectiva se
encuentra consagrado en el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, el cual
dispone que "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado,
apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el
7 Art. 32 de la Ley General del Ambiente: “(…)El juez interviniente podrá disponer todas las medidas
necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger
efectivamente el interés general (…)”
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deber de preservarlo."
A partir de esta premisa constitucional es que surge la necesidad de regular las
variadas formas en las que el derecho a un ambiente sano podría verse vulnerado; por lo
que podría definirse a esta rama del derecho como aquella encargada de establecer las
legislaciones, regulaciones y controles que tengan como objetivo final la conservación y
preservación del medio ambiente por considerárselo como el único espacio en el cual el
ser humano puede llevar a cabo su existencia.
Su finalidad recae en el control de la contaminación del aire, suelo y agua y la
conservación y gestión de los recursos naturales, mediante sus leyes entonces, buscan
la forma de proteger el medio ambiente y al mismo tiempo la salud humana.
Si bien inicialmente la introducción del derecho comentado como derecho
positivo fue a través del artículo 41 de la CN, en la actualidad su marco regulatorio se
encuentra dado por la Ley 25.675, lo cual torna más eficaz el resguardo de este derecho
en circunstancias de vulneración. En el caso que nos ocupa, se hace principal hincapié
en lo dispuesto por su artículo 48, puesto que introduce los principios de prevención del
daño y de precaución ante la creación de un riesgo con efectos desconocidos y por tanto
imprevisibles.
En lo que a la doctrina jurisprudencial se refiere, el STJ ha receptado
importantes precedentes de la CSJN a fin de argumentar su decisión, por ejemplo el
caso "Mamani"9, mediante el cual se ha sostenido que lo anticipatorio y preventivo se
justifica en la materia, puesto que se encuentra comprometido el interés general, un bien
de cuyo equilibrio depende la vida y las posibilidades de desarrollo de toda la
comunidad. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación enfatizó la
8 Ley General del Ambiente 25.675, art. 4: “(…) Principio de Prevención: Las causas y fuentes de los
problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos
negativos que sobre el ambiente se puede producir (…).” 9 C.S.J.N., “Mamani, Agustín Pío y otros c/ Estado Provincial - Dirección Provincial de Políticas
Ambientales y Recursos Naturales y la Empresa Cram S.A. s/ recurso”, Fallos 340:1193, (2017), consid.
7.
7
importancia y gravitación que reviste el principio precautorio en el precedente "Salas,
Dino" fallos 332:663, donde se estableció que el principio precautorio produce una
obligación de previsión extendida y anticipatoria a cargo del funcionario público. Por lo
tanto, no se cumple con la ley si se otorgan autorizaciones sin conocer el efecto, con el
propósito de actuar una vez que esos daños se manifiesten.
Considerando que en el caso aquí en análisis se han advertido dos problemas
jurídicos, destacaremos el de mayor importancia, es decir el axiológico (Alchourrón, C.
y Bulygin, E. 2012) puesto que se contraponen principios o normas dentro de la
Constitución, como analizamos anteriormente, principalmente contra el artículo 41 de la
CN y los principios -protectorio y preventivo- de la ley 25.675 con el decreto de la
Municipalidad de Ingeniero Huergo, y que el STJ ha resuelto fallar a favor de la parte
actora, basándose principalmente en dichos principios, es que resultaba importante
destacarlos en el presente apartado.
IV.2. Principio protectorios
El medio ambiente es considerado un derecho fundamental, y esta clasificación
según Lorenzetti, (2018) produce dos tipos de efectos, declarando inconstitucional las
leyes que pueden afectar el medio ambiente y cumplimiento de un contenido mínimo de
requisitos, como por ejemplo el acceso al agua potable.
Tal y como lo fue para el Tribunal del fallo en análisis, los principios protectores
del Derecho Ambiental, son muy importantes a la hora de proteger el ambiente. Así al
decir de Jaquenod (1989), ellos son: "La realidad, la solidaridad, la responsabilidad
compartida, la conjunción de aspectos colectivos e individuales de la introducción de la
variable ambiental en la toma de decisiones, de nivel de acción más adecuado al
espacio a proteger (…)".
Por otra parte , cabe destacar que la Ley General del Ambiente Nº 25.675
enumera los principios que rigen en materia ambiental, centrando nuestra atención en
los utilizados por el Tribunal a los efectos de arribar a la ratio decidendi, es decir, en lo
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dispuesto por el principio precautorio y el de prevención.
Aquí es donde los principios mencionados tienen prioridad y otorgan a los
jueces amplias facultades a fin de garantizar una protección integral del medio
ambiente, evitando caer en ritualismos procesales y resguardando el derecho de
incidencia colectiva que es el medio ambiente, debiendo el proceso adaptarse a “la
necesidad superior de justicia” (Morales Lamberti, 2017).
En cuanto a la prevención, como principio protectorio del Derecho Ambiental,
podemos afirmar que este principio resulta relevante a los fines de solucionar
inconvenientes que pueden ser perjudicia les. Incluso, podría ser el único eficaz para
prevenir los posibles daños que pueden repercutir en la sociedad.
Se impone desde la solidaridad y la vida comunitaria, con la finalidad de
prevenir daños a través de la tutela anticipatoria preventiva. A través de dicho principio,
los problemas ambientales deben atenderse de manera prioritaria e integrada, prurito de
prevenir efectos ambientales negativos que se pueden producir. (Rinessi, 2012).
En relación al principio precautorio, podemos adoptar la postura de Casagrande
(2002) y afirmar que ocupa una posición destacada dentro de la protección del medio
ambiente y la salud de los habitantes.
En consecuencia, el artículo 4 de ley 25.675, establece: “Cuando haya peligro
de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá
utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de
los costos para impedir la degradación del medio ambiente”.
En cuanto a la aplicación de este principio el Dr. Lorenzetti expresó que “(…)
aun existiendo una incertidumbre científica respecto al riesgo, requiere un mínimo de
demostración de la posible concreción del daño (…) Es decir, debe existir un umbral de
acceso al principio precautorio ya que de lo contrario siempre se podrá argumentar que
9
cualquier actividad podrá causar daños.”10
En opinión de Lorenzetti (2008, p. 78) para
determinar si un determinado trabajo o actividad afectará el medio ambiente “hay que
probar, al menos, la probabilidad de ocurrencia de un daño grave, porque si nada de ello
se demuestra, la actividad es inocua y debe ser aprobada”.
Por eso, de manera integral, desde la perspectiva del daño ambiental no se debe
exigir certeza científica; por el contrario, se debe apuntar a la probabilidad y la
aplicación del principio de precaución debiendo suspenderse, para prevenir o prohibir,
todas actividades, proyectos u obras que supongan una grave amenaza para el medio
ambiente hasta que la parte interesada presente un estudio de impacto ambiental que
contenga datos necesarios para que las autoridades de aplicación, apruebe o no el
proyecto, esto sirve para prevenir el daño ambiental.
A través de estos dos principios fundamentales en la materia en trato, el Tribuna l
resolvió el problema axiológico advertido en el caso, prevaleciendo la salubridad del
ambiente, frente a cualquier problemática jurídica que pudiere existir.
IV.3. Postura del autor
La decisión del STJ, del caso analizado pormenorizadamente con conceptos que
avalan esta conclusión, resulta acertada según nuestra postura, pues al mantener la
medida cautelar de suspensión de la actividad presuntamente contaminante, no hace más
que proteger al ambiente de un eventual daño actual o futuro, anteponiendo la
importancia constitucional de este derecho, e incluso de los principios consagrados en la
normativa que regula la materia, frente a un decreto municipal que establecía tanto la
aprobación de la evaluación de impacto ambiental presentada por el Sr. Valentín
Paravano, como la obligación de observar y cumplir estrictamente las medidas de
mitigación previstas en la evaluación de impacto ambiental.
Los estudios de impacto ambiental constituyen el presupuesto mínimo estipulado
10
C.S.J.N., “Telefónica Argentina S.A. c/ Municipalidad de Gral. Güemes s/ acción meramente
declarativa de inconstitucionalidad”, Fallos 342:1061, (2019), juez Lorenzetti, por su voto, consid. 16.
10
en el art. 12 de la “Ley General del Ambiente”, debiendo cada provincia establecer sus
requisitos, características y procedimientos.
De esta forma, si bien el Municipio se encuentra facultado para realizar la
presente evaluación de impacto ambiental en el marco de la autonomía que le otorga la
Constitución Provincial, la Carta Orgánica Municipal y específicamente el artículo 22
de la ley 3.266 que refiere que la autoridad de aplicación es la autoridad ambiental
provincial y los municipios que no hayan delegado tal facultad, siendo este último el
caso de la Municipalidad de Ingeniero Huergo, el STJ se inclinó por la importancia que
vislumbra la defensa y protección del medio ambiente.
El STJ interpretó que dicha circunstancia no puede de ninguna manera limitar el
resguardo de la salud ambiental, incluso por cuanto las impugnaciones realizadas por la
accionante respecto de la evaluación de impacto ambiental, no fueron consideradas por
la jueza de primera instancia, violándose de esta forma la debida defensa en juicio.
Es por ello que en la decisión del STJ vemos una ponderación (Alexy, 2009) de
principios o valores sobre el cuidado y preservación del medio ambiente, dando una
solución al problema jurídico axiológico descripto anteriormente, esto se determina
dándole la superioridad o la importancia de un ambiente sano, de un derecho de
incidencia colectiva, por sobre una normativa municipal, argumentándose en el valor de
la zona en conflicto que determina un cuidado y preservación especial que debe ser
realizada por los jueces, quienes en el ejercicio del control de constitucionalidad, están
obligados a tomar un rol activo y a desplegar particular energía para hacer efectivo el
mandato constitucional dirigido a la protección de los derechos fundamentales.
Se considera importante, entonces para que no siga surgiendo este problema
axiológico enfrentando las normas constitucionales, legislar con claridad sobre la
autonomía provincial en materia de salubridad del ambiente, dando transparencia a la
acertada decisión del STJ que si bien respeta la autonomía del Municipio a efectos de
evaluar el impacto ambiental, prioriza la debida defensa en juicio en tutela del derecho
ambiental de interés colectivo.
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Resulta trascendente que los jueces comiencen a prestar cada vez más atención
al medio ambiente y su protección, dejando de lado el rigurosísimo procesal para
resolver la necesidad de proteger el medio ambiente. Ello con el fin de que cada
residente pueda disfrutar de un entorno saludable, lo cual se vincula íntimamente con el
derecho a la salud.
V. Conclusión
De los principales aspectos del fallo "Nonnenmacher, Rubén Darío y otros c/
Municipalidad Ingeniero Huergo s/ Amparo s/ Apelación", emanados del Superior
Tribunal de Justicia Nº 4, de la Provincia de Río Negro, podemos destacar la relevancia
del Derecho Ambiental, pues al ser un derecho colect ivo, se encuentra por encima de
cualquier problema jurídico, y así lo ha demostrado el Tribunal con su resolución.
En consecuencia y como se ha desarrollado a lo largo de este análisis, e l
problema evidenciado en el caso, es de relevancia jurídica, pues a l encontrarnos frente a
un derecho de incidencia colectiva, los jueces deben tomar un rol activo y hacer efectivo
el mandato constitucional dirigido a la protección de los derechos fundamentales,
circunstancia que no se dio en la resolución de primera instancia, pero con gran tino
adecuó el Tribunal.
En efecto, del análisis efectuado podemos afirmar la importancia que gira en
torno de lo anticipatorio y preventivo, en cuestiones de derecho ambiental, puesto que
se encuentra comprometido el interés general, un bien de cuyo equilibrio depende la
vida y las posibilidades de desarrollo de toda la comunidad.
En síntesis, de todo lo expuesto a lo largo del análisis, podemos advertir una
ponderación de principios o valores sobre el cuidado y preservación del medio
ambiente, dando una solución al problema jurídico axiológico descripto, y una
superioridad o importancia derivada de un ambiente sano, de un derecho de incidencia
colectiva, por sobre una normativa municipal, que si bien es notablemente inferior al
12
artículo 41 de la Constitución Nacional, y a los principios fundamentales del derecho
ambiental, bien pudo respetar la prerrogativa provincial, y resolver de forma totalmente
diferente.
VI. Anexo
///MA, 04 de febrero de 2019. Habiéndose reunido en Acuerdo los señores Jueces del
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores Liliana L.
PICCININI, Sergio M. BAROTTO, Adriana C. ZARATIEGUI, Ricardo A.
APCARIÁN y Enrique J. MANSILLA, con la presencia del señor Secretario doctor
Ezequiel LOZADA, para el tratamiento de los autos caratulados: NONNENMACHER,
RUBEN DARIO Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD INGENIERO HUERGO S/
AMPARO S/ APELACIÓN (Expte. Nº 30030/18-STJ-), deliberaron sobre la temática
del fallo a dictar, de lo que da fe el Actuario. Se transcriben a continuación los votos
emitidos, conforme al orden del sorteo previamente practicado.
V O T A C I Ó N
La señora Jueza doctora Liliana L. PICCININI, dijo: ANTECEDENTES DE LA
CAUSA Llegan a resolver las presentes actuaciones en virtud del recurso de apelación
interpuesto a fs. 600 y fundado a fs. 603/607 por la apoderada de los amparistas, Dra.
Bárbara Sánchez Pulgar, contra la sentencia dictada por la Sra. Jueza a cargo del
Juzgado de Familia de la ciudad de Villa Regina, Dra. Claudia E. Vesprini, obra nte a fs.
591/599 vta., que decretó el levantamiento de la medida cautelar ordenada en fecha 28
de marzo de 2018, obrante a fs. 174/176 vta., consistente en la suspensión de la
realización de carreras y la utilización de las pistas existentes dentro de la chacra 436 de
la localidad de Ingeniero Huergo, en tanto se cumplió debidamente con el
procedimiento de evaluación de impacto ambiental (EIA).
A su vez declaró extinguido el proceso incoado a fs. 1/23 y vta. por los Sres. Rubén
Darío Nonnenmacher, José Alberto Pérez Nonnenmacher y Víctor Fato, en carácter de
fruticultores propietarios lindantes a la chacra 436 de la localidad de Ingeniero Huergo,
toda vez que a su entender no se encuentran reunidos los recaudos para la existencia de
un amparo ambiental en los términos de la ley B 2779 ni tampoco un proceso colectivo.
Impuso las costas en el orden causado (cf. art. 68 segundo párrafo del CPCC).
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Para fundar su decisión, la Jueza a quo consideró que corresponde hacer lugar a la
incidencia planteada por el co-demandado, Sr. Franco Valentín Paravano, respecto al
levantamiento de la medida cautelar ordenada oportunamente en autos, toda vez que el
estudio de impacto ambiental ya fue realizado (cf. fs. 196/319) y de sus conclusiones de
fs. 301 se desprende que la ubicación y funcionamiento del circuito de motocross 742 es
compatible con el ambiente, en tanto las actividades productivas no se verán afectadas
en detrimento de su calidad por las medidas de mitigación planteadas y el plan de
gestión ambiental.
Además, la magistrada consideró como elemento relevante para resolver el
levantamiento de la medida cautelar, el dictado del decreto nº 6410 de la Municipalidad
de Ingeniero Huergo de fecha 04/07/2018 cuya copia obra a fs. 323/325, que establece
en el artículo primero la aprobación de la evaluación de impacto ambiental presentada
por el Sr. Valentín Paravano (licencia habilitante nº 1487 -decreto 6030/2017-) y en el
artículo segundo, se dispuso que el solicitante deberá observar y cumplir estrictamente
las medidas de mitigación previstas a fs. 70/74 del EIA (Capítulo VI), bajo
apercibimiento de las sanciones legales correspondientes.
La sentenciante esgrimió, ante un cuestionamiento realizado por los amparistas, que el
Municipio se encuentra facultado para realizar la presente evaluación de impacto
ambiental en el marco de la autonomía que le otorga la Constitución Provincial, la Carta
Orgánica Municipal y específicamente el artículo 22 de la ley M 3266 que refiere que la
autoridad de aplicación es la autoridad ambiental provincial y los municipios que no
hayan delegado tal facultad, siendo este último el caso de la Municipalidad de Ingeniero
Huergo.
A su vez, destacó que el artículo 28 del decreto reglamentario M 656/2004 detalla los
supuestos en que será la autoridad ambiental provincial la que efectuará la evaluación
del estudio de impacto ambiental, sin que el presente se trate de un caso que por su
mayor riesgo presunto amerite la intervención directa de la autoridad provincial.
Por otro lado, reiteró que en el presente proceso el estudio de impacto ambiental
previsto en la ley M 3266 no reviste el carácter de prueba pericial y, en consecuencia, la
impugnación que pretenden realizar los amparistas es manifiestamente improcedente
dentro del marco de este proceso judicial, debiendo en su caso y de así considerarlo
necesario ocurrir por la vía administrativa correspondiente.
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A su vez, la Jueza ponderó que, si bien la presente acción fue enmarcada en la ley B
2779 que regula el procedimiento para el ejercicio de los intereses difusos y/o derechos
colectivos, los elementos actualmente reunidos indican que los requisitos para su
configuración no se verifican en autos.
Afirmó que actualmente y cumplida la publicidad de la acción (cf. art. 15 de ley B
2779) no se advierte el sustrato necesario para continuar con la tramitación del presente
dentro del marco normativo del amparo colectivo, puesto que la pretensión de los
amparistas no logra focalizarse en la incidencia colectiva del derecho que alegan,
máxime cuando la producción frutihortícola que mencionan repetidamente no es un
derecho de tales características (incidencia colectiva).
Sostuvo que el derecho alegado por los peticionantes a trabajar y ejercer industria lícita
(cf. art. 14 de la Constitución Nacional) no se vería afectado por el funcionamiento de la
pista de motocross a tenor del resultado del informe de impacto ambiental presentado en
autos. Enfatizó que este derecho también fue invocado por el co-demandado, Sr.
Paravano, con lo que se evidencia que no existe un conflicto en la esfera colectiva y un
derecho individual, sino que por el contrario, se verifica una colisión entre dos derechos
individuales, cuya ponderación no puede ventilarse en el ámbito de la ley B 2779.
Consideró que si bien podrían existir en autos derechos sobre intereses individuales
homogéneos, su defensa no procede por la vía del amparo colectivo, en tanto no hay
razones de eficiencia económica y procesal que sostengan este encuadre legal (no hay
una decisión que afecte a grandes grupos) ni cause efectos institucionales que devengan
del mismo.
Agregó que tampoco se vislumbra la posibilidad del dictado de una sentencia colectiva
cuyos efectos excedan a los peticionantes de autos, en tanto no se alega un interés
respecto al carácter dañoso de la habilitación o funcionamiento de la pista de motocross
sino respecto al lugar donde se encuentra emplazada, demostrándose con ello que sólo
se encuentran en juego los intereses individuales o plurindividuales de los amparistas y
no un interés colectivo, a lo que cabe adunar que, una vez efectuada la publicación de
edictos, nadie más compareció al proceso a constituirse en parte o adherir a las
peticiones ya existentes.
Expresó que la suerte de esta supuesta pretensión colectiva quedó también sellada por la
última presentación de los amparistas a fs. 572/575, máxime cuando a fs. 573 se hizo
15
referencia a la propiedad del terreno donde funciona la pista y a la existencia al respecto
de una sucesión irresoluta, lo que lleva a la indiciaria convicción de que nos
encontramos ante un conflicto de índole familiar respecto a la utilización de una
propiedad. Observó la existencia de un comodato gratuito que luce agregado en el
expediente administrativo (fs. 166) y donde aparece como comodatante el Sr. Carlos
Alberto Nonnenmacher.
Finalmente, entendió que tampoco aparece como razonable el pedido de audiencia
requerido para arribar a un acuerdo (fs. 572 vta. y 575), ya que si bien se encuentra
previsto en el marco del amparo colectivo cuando existiese un daño ambiental,
consideró que no habría posibilidad de acuerdo en sede judicial en atención al resultado
de la EIA, del que surge con claridad la inexistencia de daño o afectación al ambiente y,
como consecuencia de ello, destaca que el proceso se encuentra agotado.
Al fundar el recurso de apelación incoado la apoderada de los recurrentes, a fs. 603/607
alega que la Jueza no consideró la legitimación activa de los tres accionantes ni aplicó el
proceso de constitucionalización de la tutela ambiental y los derechos de incidenc ia
colectiva en general.
Sostiene que la ley B 2779 es muy clara en sus principios y respecto a la posibilidad que
tiene cualquier ciudadano de presentar un amparo en protección de intereses difusos y
enfatiza que, si bien en este caso los accionantes han sido tres, los perjudicados son
muchos más, tal como lo demuestra el mapa satelital de fs. 484, donde se observa que
en el sector aledaño a la pista de motocross residen 11 familias.
Denuncia la existencia -producto de la actividad aludida- de una alteración del ambiente
y del equilibrio ecológico, verificándose en el caso una depredación y devastación del
suelo de una chacra destinada a la producción de frutas, de la flora y fauna. Afirma que
las carreras contaminan el aire y el agua, destacando que dicha polución afecta y pone
en riesgo la vida.
Agrega que también se verifican ruidos molestos y olor de los hidrocarburos utilizados
por las motos que son unas 20 o más. Precisa que las motos corrieron despacio el día en
el que se hizo el estudio de la contaminación y por eso arrojó los resultados
acompañados en autos.
Aduce que la Jueza a-quo no sopesó la perturbación a la comunidad residente que
generan las carreras de competición, puesto que los fines de semana las motos circulan a
16
gran velocidad y ahí es justamente cuando los productores agrícolas descansan y
organizan su semana laboral.
Alega que en autos no se permitió la realización de un estudio de impacto ambiental los
días en que se efectúan las carreras (sábado y domingo) ello a fin de demostrar que e l
EIA es ajeno a la realidad y que los instrumentos de medición utilizados para su
realización son obsoletos y sin la verificación técnica correspondiente.
Arguye que en el sublite se vulneró el principio del debido proceso al prohibirse la
prosecución del presente amparo y la producción de las pruebas ofrecidas por su parte,
cuestiona que la Jueza sólo haya admitido un EIA, sin tener en cuenta los argumentos de
su impugnación con la participación de un especialista en la materia, Ing. Pablo Orozco
(cf. fs. 480/494).
Califica a la sentencia atacada como arbitraria y violatoria de los derechos individuales
y colectivos, máxime cuando resulta evidente la connivencia entre el Sr. Paravano y las
autoridades del Municipio de Ingeniero Huergo, puesto que seguidamente a la
presentación del EIA, la Municipalidad dictó el decreto nº 6410, cuya copia obra a fs.
323/325, que aprueba el estudio y le otorgó al Sr. Paravano una licencia habilitante por
dos años para la escuela de motocross.
Plantea que la magistrada no cumplió con el procedimiento de la ley B 2779, dado que
no citó a la audiencia de conciliación prevista en el artículo 16 ni hizo uso de la facultad
de ordenar prueba de oficio que establece el artículo 17 de dicha norma, limitándose a
descalificar su legitimación en razón de ser solo tres accionantes.
Cuestiona quién controlará el cumplimiento de las medidas de mitigación que se fijan
en el artículo 2 del aludido decreto municipal 6410/18 (fs. 323/324), dado que luego de
las carreras los espectadores dejan en el suelo papeles, cartones, plásticos y toda clase
de residuos. Asimismo duda que el Municipio realice el control pertinente dado que
reitera la existencia de una connivencia con el Sr. Paravano.
Señala que la Jueza sostuvo que el EIA realizado no es una prueba del expediente, sino
una obligación del Municipio antes de otorgar la habilitación de la pista, considera
entonces que con mayor razón se debió seguir con el proceso colectivo.
Expresa que la Jueza se apartó de la legislación vigente en materia ambiental y
erróneamente consideró que no existe un conflicto de intereses de esfera colectiva sino
uno individual.
17
Argumenta que la actividad de motocross puede ser ejercida en otro lugar que no afecte
el medio ambiente (es un derecho móvil), mientras que la actividad de los productores
frutícolas colindantes a la pista no es móvil -trasladable- ya que no se pueden llevar su
producción a otro espacio.
Al contestar el traslado del memorial conferido el Sr. Franco Valentín Paravano, con el
patrocinio letrado del Dr. Milton César Dumrauf, solicita su rechazo con expresa
imposición de costas a los accionantes, en atención a la insuficiencia de argumentos,
afirmaciones dogmáticas e incumplimiento de la carga del artículo 265 del CPCC (fs.
613/618).
Plantea que en el fallo se descartó la existencia de intereses colectivos o difusos para
concluir adecuadamente que se trata de un simple enfrentamiento de derechos
individuales, sin que existan intereses difusos ni colectivos afectados y que las
cuestiones sometidas no eran superables por conciliación, sin que la parte recurrente
haya rebatido tales argumentos.
Sostiene que en la causa no se verifica la violación del debido proceso alegada por los
recurrentes, destacando que es evidente la futilidad del argumento para cambiar lo
resuelto en la sentencia.
Precisa que la ausencia de una apertura a prueba no puede ser considerada como un
producto de la arbitrariedad o de un vicio procesal, sino que por el contrario, la Jueza de
amparo cumplió con el criterio fijado tanto por la Procuración General como por el
Superior Tribunal de Justicia relativo a que los jueces tienen el deber de realizar un
análisis respecto a la convergencia de los requisitos indispensables para que las acciones
tengan chances de prosperar, ello a fin de evitar un dispendio jurisdiccional inútil.
Alega que son inatendibles las críticas que se ensayan contra las conclusiones del EIA,
toda vez que los amparistas confundieron este procedimiento administrativo realizado
por un consultor ambiental habilitado y reconocido en el medio como el Lic. Luis
Valdéz, con una pericia judicial, destacando que incluso no concurrieron al mismo en el
día de su realización cuando pudieron estar presentes a los fines de verificar la calidad
de las tareas realizadas.
Desconoce el tenor del supuesto informe confeccionado por el Ing. Pablo Orozco,
siendo que no se dio traslado del mismo y además, por su título se puede suponer que se
refiere a cuestiones de carácter general y no al caso concreto que convoca al amparo,
18
remarcando que todas las críticas a las conclusiones del EIA son meras discrepancias
subjetivas que no resultan idóneas para revertir los argumentos medulares del fallo
apelado.
Respecto al agravio relativo a la competencia municipal y la intervención de otros
organismos provinciales, señala que la pista se ubica dentro del ejido de Ing. Huergo y
el amparo se inició denunciando incumplimiento de las ordenanzas locales y por ello la
competencia municipal es innegable y se encuentra suficientemente abonada por el
análisis concreto que hace la sentencia, sin que los recurrentes lo hayan podido rebatir.
Finalmente, expresa que en autos se verifica un cumplimiento de los requisitos exigibles
para la actividad, sin que exista la posibilidad constitucional de prohibirla a través de
una sentencia judicial, ya que con el mismo rigor se podría evaluar cuál es el impacto
que genera sobre la actividad frutícola de los amparistas la existencia a pocos metros de
la Ruta Nacional nº 22.
DICTAMEN DE LA PROCURACIÓN GENERAL
El Sr. Procurador General, Dr. Jorge Oscar Crespo, dictamina a fs. 621/626 vta. que se
debe rechazar el recurso de apelación incoado por los amparistas, confirmándose la
decisión de la Jueza de amparo, toda vez que no se ha cumplido con la carga de
argumentar las razones y los motivos por los que la sentencia atacada contendría una
errónea interpretación o aplicación del derecho o una apreciación equivocada de los
hechos o la prueba.
Considera que la expresión de agravios importa básicamente una impugnación del EIA
aprobado por el Municipio, limitándose a reiterar los fundamentos ya introducidos y
abordados por el a quo.
Respecto al fondo de la cuestión suscitada, señala que en el sub lite, en concordancia
con lo afirmado por la sentenciante, la medida cautelar fue ordenada hasta tanto se
cumpliera con el procedimiento de EIA de acuerdo a la normativa vigente, debiendo el
Municipio en ejercicio de su poder de policía, velar por su cumplimiento.
Sostiene que de las actuaciones puede advertirse que se dio cumplimiento a las
condiciones suspensivas bajo las que se dictó la medida cautelar, esto es, la elaboración
del EIA y la observancia de las normas, lo cual quedó exteriorizado a través del decreto
municipal 6410/18 que aprobó dicho estudio (fs. 323/324).
Opina que el proceso de amparo no resulta ser la vía a los fines de impugnar el EIA
19
aprobado por el ente comunal, pues del racconto normativo formulado en su anterior
dictamen a fs. 460/468, al cual se remite, surge que las facultades de la materia en
estudio deberán ser ejercidas por el Municipio de Ingeniero Huergo, tal como se
acredita con el dictado del decreto 6410/18.
Concluye que si bien se sustenta un criterio amplio en la interpretación de los derechos
de incidencia colectiva, en el caso no se advierte un derecho colectivo, sino -tal como se
ha sostenido- intereses individuales divisibles, siendo así la regla básica en materia de
legitimación que ésta compete a su titular.
ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DEL CASO
1) Ingresando en el análisis del recurso de apelación incoado por los amparistas, estimo
que han realizado una crítica concreta y razonada de las partes del fallo recurrido que
consideran equivocadas, puesto que han indicado detalladamente los errores, omisiones
y demás deficiencias que pudiera reprocharse al pronunciamiento impugnado, así como
también la refutación de las conclusiones de hecho y de derecho en que fundó la jueza
su decisión.
Liminarmente, corresponde precisar que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia
sostuvo en autos DOMINGUEZ? (STJRNS4, Se. 28/09) que en el campo ambiental la
función de prevención adquiere una dimensión tal que, en casos como el de estudio, es
el único camino apto para evitar posibles lesiones irreparables. En esta materia no hay
un valor equivalente y procede en primer lugar la prevención, luego la recomposición y
finalmente la reparación.
El derecho ambiental pone un énfasis evidentemente preventivo, basándose en sus
principios que en definitiva son normas, como el de prevención y el de precaución. Y es
precisamente el proceso de evaluación de impacto ambiental la herramienta por
naturaleza aplicable a tal fin, que precisamente en el caso de autos está cuestionada de
parcialidad y no se ha producido la prueba ofrecida.
El juez tiene la función primordial de prevenir el daño ambiental, como parte de la
colectividad que goza y usa del ambiente. No es un simple espectador en las cuestiones
ambientales y debe ejercer la doble responsabilidad como juez y parte interesada en la
conservación del ambiente (Cf. Lorenzetti, Ricardo L., Teoría del Derecho Ambiental,
La Ley pág. 224; Cirignoli, Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de
Corrientes, Sala IV, del 17/05/2006).
20
Efectivamente, tratándose de la tutela del medio ambiente, que constituye un bien
colectivo perteneciente a la esfera social y transindividual, los jueces en el ejercicio del
control de constitucionalidad, están obligados a tomar un rol activo y a desplegar
particular energía para hacer efectivo el mandato constitucional dirigido a la protección
de los derechos fundamentales.
De ahí que en tales conflictos las reglas procesales deben interpretarse con un criterio
amplio que ponga el acento en su carácter meramente instrumental de medio a fin, en el
contexto de una revalorización de las atribuciones del tribunal al contar con poderes que
exceden la tradicional versión del juez espectador, en aras de evitar la frustración de los
intereses superiores en juego. Se articula de ese modo una verdadera justicia de
acompañamiento o de protección, un modelo en el que el juez, como protagonista
fundamental, actúa en función preventiva, protectora, tiene el deber de esforzarse en
anticipar los resultados prácticos de su decisión que, por la trascendencia de los bienes
en disputa genera un fuerte interés público de atención preferente y cuyo norte apunta a
coadyuvar a la realización de los valores predominantes. Actúa en esencia, como gestor,
controlador, garante y, aún, ejecutor del interés público comprometido en la protección
ambiental (cf. STJRNS4 Se.69/14 y 138/14 MENDIOROZ).
A su vez, es dable destacar que la interpretación y aplicación de toda norma a través de
la cual se ejecute la política ambiental deben estar sujetas al cumplimiento de los
principios establecidos en la Ley General del Ambiente -art.4- (STJRNS4 Se. 53/05
"RIVELLI).
Y es en atención a la finalidad preventiva del derecho ambiental, contemplada como
principio por el art. 41 de la Constitución Nacional como por el art. 4° de la Ley
General del Ambiente LGA que el juez está facultado para disponer medidas cautelares
de oficio.
También el máximo Tribunal Nacional en Cruz (Fallos: 339:142) ha señalado que en
materia ambiental el caso debe ser analizado desde una moderna concepción de las
medidas necesarias para la protección del medio ambiente, pues el citado artículo 4° de
la Ley General del Ambiente introduce los principios de prevención del daño y de
precaución ante la creación de un riesgo con efectos desconocidos y por tanto
imprevisibles (cf. Mamani, Agustín P ío y otros c/ Estado Provincial Dirección
Provincial de Políticas Ambientales y Recursos Naturales y la Empresa Cram S.A. s/
21
recurso. CSJ 318/2014 (50-M)/CS1 05/09/2017).
Lo anticipatorio y lo preventivo se justifica en la materia porque está fuertemente
comprometido el interés general, un bien común de toda la sociedad, de cuyo equilibrio
depende la vida y las posibilidades de desarrollo de toda la comunidad.
Debe destacarse que la tutela ambiental es esencialmente preventiva y ello se expresa a
través de la prioridad asignada a la prevención y a la recomposic ión del ambiente
dañado, por los artículos 41 de la Constitución Nacional y 28 y 30 de la LGA,
resultando la indemnización siempre subsidiaria para aquellos casos que no fuere
técnicamente posible la recomposición. Tal finalidad preventiva autoriza al juez en la
etapa de la decisión judicial a considerar hechos y aspectos del conflicto que no fueron
postulados en los escritos de demanda y contestación pero que resultan indispensables
para alcanzar una auténtica protección (cf. STJRNS4 Se.69/14 y 138/14
MENDIOROZ).
Cabe recordar que el principio precautorio es uno de los principios fundamentales de la
política ambiental. La Ley General del Ambiente 25.675, establece que el principio
precautorio supone que cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de
información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la
adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del
medio ambiente (artículo 4°).
En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación enfatizó la importancia y
gravitación que reviste el principio precautorio en el precedente Salas, Dino (cf. Fallos:
332:663). Allí, estableció que el principio precautorio produce una obligación de
previsión extendida y anticipatoria a cargo del funcionario público. Por lo tanto, no se
cumple con la ley si se otorgan autorizaciones sin conocer el efecto, con el propósito de
actuar una vez que esos daños se manifiesten (?) La aplicación de este principio implica
armonizar la tutela del ambiente y el desarrollo, mediante un juicio de ponderación
razonable. Por esta razón, no debe buscarse oposición entre ambos, sino
complementariedad, ya que la tutela del ambiente no significa detener el progreso, sino
por el contrario, hacerlo más perdurable en el tiempo de manera que puedan disfrutarlo
las generaciones futuras (considerando 2°).
Corresponde precisar que el Poder Judicial debe buscar los caminos que permitan
garantizar la eficacia de los derechos, y evitar que estos sean vulnerados, como objetivo
22
fundamental y rector a la hora de administrar justicia y de tomar decisiones en los
procesos que se someten a su conocimiento. No debe verse en ello una intromisión
indebida cuando lo único que se hace es tender a tutelar derechos, o suplir omisiones en
la medida en que dichos derechos puedan estar lesionados (CSJN Fundación
Ciudadanos Independientes c/ San Juan, Provincia de, Estado Nacional y otros s/ acción
ambiental meramente declarativa, CSJ 121/2009 (45-F)/CS1, 20/09/2016).
Además, el principio constitucional de congruencia podrá, en algunos casos, ceder en un
proceso colectivo ambiental cuando ello permita evitar un daño al ambiente en cuya
preservación está comprometido el interés general.
2) En atención a las consideraciones expuestas, resulta imposible soslayar la
imprecisión de los términos de la decisión adoptada por la Sra. Jueza a-quo al declarar
extinguido el proceso (cf. Punto II del resolutorio de fs. 599 vta.) puesto que de la
lectura de los considerandos de fs. 594/599 lleva a concluir que se refiere al rechazo de
la demanda incoada en autos, sin haber garantizado el trámite que correspondía
dispensar.
2.1) Pasando a considerar el agravio referido a la naturaleza jurídica del proceso, se
tiene presente que este Superior Tribunal de Justicia ya se pronunció al respecto a fs.
471/474 y vta. al confirmar el pronunciamiento cautelar dictado por la Jueza de amparo,
en atención a que se trata de cuestiones ambientales que persiguen la tutela del bien
colectivo, ante la posible existencia de un riesgo ambiental potencial.
El art. 1 de la ley B 2779 establece que el procedimiento para el ejercicio del amparo de
los intereses difusos y/o derechos colectivos, será regulado por dicha ley. Sumado a lo
prescripto en el art. 4 de la citada norma en cuanto señala que las acciones de
prevención procederán en particular con el fin de paralizar los procesos de volcado,
emanación o dispersión de elementos contaminantes del medio ambiente o cualesquiera
otras consecuencias de un hecho u omisión que vulneren el equilibrio ecológico,
lesionen, perturben o amenacen bienes y valores de la comunidad (inc.a).
Es por ello, que le asiste razón a los recurrentes en este punto, máxime encontrándose
firme y consentido el trámite impreso a fs. 26 y vta, donde se lo definió como proceso
colectivo al tratarse de un bien indivisible, como lo es el ambiente.
Por otro lado, al ponderar el agravio planteado por los recurrentes referido a la violación
del debido proceso al prohibirse la prosecución del presente amparo y la producción de
23
las pruebas ofrecidas, se advierte que los apelantes consiguen demostrar el desacierto en
que habría incurrido la Jueza de amparo al admitir exclusivamente un EIA, sin tener en
cuenta los argumentos de su impugnación con la participación de un especia lista en la
materia (Ing. Pablo Orozco, cf. fs. 480/494).
Ello es así, porque el amparo colectivo en tránsito (Ley B 2779) es el ámbito adecuado
para dilucidar si existe o no alteración del ambiente y del equilibrio ecológico derivado
de la realización de las carreras de Moto Cross, en la zona de chacras bajo riego
dedicadas a la producción frutihortícola, donde reside una comunidad de once familias
(cf. mapa satelital de fs. 484).
Precisamente, es en dicho contexto que resulta necesario proseguir con el trámite
previsto en la Ley B 2779 hasta determinar con precisión la existencia o no de
eventuales daños ambientales, para la producción, los animales y seres humanos (cf. fs.
23 y vta.), que pueden eventualmente generarse con la actividad cuestionada.
Al respecto, los amparistas han ofrecido diversas pruebas a fs. 106/107: informativa,
instrumental, testimonial y pericia ambiental a realizarse por un equipo de docentes de
la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud de la Universidad Nacional del
Comahue, con el objetivo de determinar si la pista de Moto Cross efectivamente
contamina el ambiente y si se cumple en el caso con la normativa que regula la materia.
Repárese que sobre el particular, la Sra. Jueza de amparo a fs. 108 dispuso tener
presente dicha prueba para su oportunidad.
Luego, a fs. 195, supeditó dichas pruebas a la realización del Estudio de Impacto
Ambiental -cuestionado- y a la celebración de la audiencia prevista en el art. 16 de la
Ley B 2779, quedando en definitiva desatendidas, máxime cuando de la sentencia aquí
recurrida surge la decisión de la Jueza de no realizar la audiencia en virtud de las
conclusiones expuestas en el Estudio de Impacto Ambiental, cuya impugnación -reitero-
tampoco admitió (cf. fs. 599, párrafo segundo in fine), pese a que los accionantes
incorporaron a las actuaciones un informe realizado in situ por el Ingeniero Pablo
Orozco, como especialista en ambiente, que presentaba objeciones a lo actuado.
Acorde con la naturaleza de los bienes afectados, el derecho ambiental es esencialmente
preventivo, por lo que el juez tiene un papel protagónico, tendiente a buscar la verdad
real, basado en una fuerte actividad, dirigida a evitar que el daño anunciado por el
riesgo se vuelva real o, de no ser posible, a neutralizar las consecuencias perjudiciales
24
que su aparición sea susceptible de ocasionar (Cf. Claudia B. Sbdar Proceso colectivo
ambiental, publicado en: LL 26/12/2008).
La magistrada debe custodiar las garantías constitucionales, y con fundamento en la Ley
General del Ambiente podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar,
conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el
interés general (art. 32, ley 25.675). A su vez, la ley B 2779 en su art. 17 prescribe que
el juez podrá ordenar de oficio la producción de medidas de prueba no propuestas por
las partes o complementarias de ellas, decretar las que estime necesarias para mejor
proveer en cualquier estado de la causa y dictar todas las providencias en torno a las
diligencias a practicarse.
Nótese que del informe aludido surge como conclusión a fs. 483 vta. que la pericia
realizada en la chacra 436 de Ingeniero Huergo, se limitó exclusivamente a la
determinación de ?algunas? variables con incidencia ambiental, señalando que los
equipos empleados no permiten detectar o cuantificar la emisión de polvo (material
particulado), siendo ésta la variable de mayor incidencia en el entorno.
A su vez, allí se indicó que el sonómetro empleado fue operado por un período de
tiempo muy reducido y en condiciones que se alejarían de la práctica habitual del
motociclismo en el circuito.
Respecto al monitoreo de gases se sostuvo que no se puede afirmar si el equipo se
encontraba en condiciones de censar correctamente puesto que se desconocía el
certificado de calibración vigente emitido por una autoridad competente.
Finalmente, se concluyó que la detección o cuantificación de variable con incidencia
ambiental no constituye un estudio de impacto ambiental.
A ello se suma la denuncia realizada por los amparistas de una supuesta connivencia
entre el Sr. Paravano y las autoridades del Municipio de Ingeniero Huergo, ambos
considerados demandados a tenor de lo dispuesto a fs. 26 y vta., puesto que
seguidamente a la presentación del EIA, la Municipalidad dictó el decreto nº 6410, cuya
copia obra a fs. 323/325, que aprueba el estudio y otorgó al nombrado una licencia
habilitante por dos años para la escuela de motocross, circunstancia que amerita hacer
lugar al agravio esgrimido respecto a la necesidad de realizar aquellas pruebas que
permitan determinar con mayor objetividad y precisión si existe o no daño ambiental, en
la zona de chacras de producción y viviendas habitadas, pues el presunto daño al medio
25
ambiente es lo que impulsa el presente proceso y por ello, la sentenciante, no pudo dar
por concluido el trámite iniciado sin haber efectuado un juicio de ponderación razonable
en base a las constancias de la causa.
3) Es por ello que las irregularidades del procedimiento de evaluación de impacto
ambiental denunciadas por los apelantes revisten carácter de suficiente gravedad para
ser atendidas, y en consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso de apelación
incoado y revocar el decisorio puesto en crisis, manteniendo la cautelar dictada a fs.
174/176 vta., que estableció la suspensión preventiva de la realización de carreras de
MotoCross y la utilización de las pistas existentes dentro de la Chacra 436 de la
localidad de Ingeniero Huergo, hasta tanto se atiendan las impugnaciones planteadas
respecto al Estudio de Impacto Ambiental, se produzcan las pruebas ofrecidas y/o
aquellas que se estimen de oficio (art. 17 Ley B 2779) a fin de verificar la existencia o
no de daño al ambiente denunciado y se dicte nuevo pronunciamiento.
DECISIÓN
Por todo lo expuesto propongo al acuerdo:
1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 600 y fundado a fs. 603/607 por
la apoderada de los amparistas, Dra. Bárbara Sánchez Pulgar, revocando la sentencia
dictada por la Sra. Jueza a cargo del Juzgado de Familia de la ciuda d de Villa Regina,
Dra. Claudia E. Vesprini, obrante a fs. 591/599 vta., por los fundamentos dados en los
considerandos.
2) Mantener la vigencia de la medida cautelar ordenada en fecha 28 de marzo de 2018,
obrante a fs. 174/176 vta., consistente en la suspensión de la realización de carreras y la
utilización de las pistas existentes dentro de la Chacra 436 de la localidad de Ingeniero
Huergo, hasta que se atiendan las impugnaciones planteadas respecto al Estudio de
Impacto Ambiental, se produzcan las pruebas ofrecidas y/o aquellas que se estimen de
oficio (art. 17 Ley B 2779) a fin de verificar la existencia o no de daño al ambiente
denunciado y se dicte nuevo pronunciamiento.
3) Costas por su orden atento las particularidades del caso (cf. pár. 2° del art. 68 CPCC).
MI VOTO
El señor Juez doctor Sergio M. BAROTTO dijo:
Pasando a analizar los agravios esgrimidos, doy por reproducidos los antecedentes del
caso y señalo que, si bien comparto que la decisión adoptada por la Sra. Jueza a-quo al
26
expresar declarar extinguido el proceso (cf. Punto II del resolutorio de fs. 599 vta.)
implica el rechazo de la demanda incoada en autos, en atención a los considerandos de
fs. 594/599, adelanto que disiento en lo demás con el voto de la Sra. Jueza preopinante.
Doy razones.
Advierto que los agravios importan básicamente una impugnación del Estudio de
Impacto Ambiental (EIA) aprobado por el Municipio y no resultan suficientes a los
fines de demostrar las deficiencias de la decisión a la que arribó la magistrada,
limitándose a reiterar los fundamentos ya introducidos y abordados en profundidad por
la a- quo, quien desplegó oportunamente una conducta preventiva acorde a la naturaleza
de los derechos que se denunciaban como afectados.
En lo referido al agravio sobre la naturaleza jurídica de la acción en trámite, coincido
con la Procuración General en cuanto si bien corresponde adoptar un criterio amplio en
la interpretación de los derechos de incidencia colectiva, en el caso particular de autos
no se advierte un derecho colectivo, sino intereses individuales divisibles, siendo así la
regla básica en materia de legitimación que ésta compete a su titular.
Tal como se afirma al contestar el traslado conferido, la sentenciante no ha negado
legitimación a los actores, sino que en cambio ha descartado la existencia de afectación
a intereses colectivos o difusos, concluyendo que se trata de un simple enfrentamiento
de derechos individuales; siendo que el apelante no logra rebatir dicho argumento con
solvencia.
El reclamo de los accionantes aparece enderezado a defender su propiedad, la
producción que en aquella realiza así como su tranquilidad.
Nótese que -tal como lo señala la Jueza de amparo- respecto a los ruidos molestos y
polvo en suspensión, en el Estudio de Impacto Ambiental se contemplan medidas de
mitigación; y procedería la vía prevista por el art. 1973 del C.C.y C.
A ello se suma la existencia de otras circunstancias fácticas, tales como la no
presentación de otro pretenso afectado ante la publicación de edictos, y el conflicto
sucesorio sobre el uso de la propiedad.
La sentencia rechazó el amparo al considerar acreditado que los intereses afectados son
de carácter meramente individual, que no existen intereses difusos ni colectivos
afectados y que las cuestiones que se postulaban como comprometidas no eran
superables por conciliación.
27
Por otro lado, en cuanto al agravio referido a la falta de apertura a prueba y de la no
celebración de la audiencia, la decisión de la magistrada tuvo por objeto evitar un
dispendio jurisdiccional inútil, sin privar a los actores de la tutela jurisdiccional sino que
los orienta a encausar sus pretensiones bajo los ritos procesales para ello, que en el caso
no es el amparo colectivo.
Ya en lo referido al cuestionamiento del obrar administrativo en el marco de la
realización del Estudio de Impacto Ambiental, advierto que los amparistas recurrentes
no consiguen demostrar el hipotético desacierto en que habría incurrido la Jueza de
amparo al señalar que cuentan con la pertinente vía administrativa para su impugnación.
Este Superior Tribunal de Justicia ha señalado en autos "JUNTA VECINAL BARRIO
EL TREBOL (STJRNS4 Se. 121/14) que la excepcional vía prevista para la protección
de los derechos colectivos no resulta hábil en principio para dilucidar complejas
circunstancias como las que han puesto de manifiesto los intervinientes en sus
presentaciones a lo largo de este trámite; respecto de las cuales existen otros carriles
procesales adecuados que permiten asegurar la bilateralidad y el debido proceso legal
(cf. STJRNS4 Se. 136/14 SEPULVEDA).
En efecto, si bien los magistrados tienen el deber constitucional de preservar el derecho
a un ambiente sano, de proveer a su protección y a la promoción de un desarrollo
sustentable (art. 41 de la Constitución Nacional) tienen también un límite dado por la
garantía del debido proceso y el derecho a la defensa en juicio que consagra el artículo
18 de la Constitución Nacional.
Las impugnaciones de actos administrativos, que en el caso implica además el
cuestionamiento del Decreto Municipal 6410/18 obrante en copia a fs. 323/324 que
aprobó la Evaluación de Impacto Ambiental correspondiente a la Licencia Habilitante
N° 1487 otorgada para el funcionamiento de la pista de motocross en la chacra N° 436,
tratan de la revisión del actuar administrativo -cuya legitimidad se presume-; y es por
ello que deben ventilarse bajo las normas procesales que garanticen el debido proceso
legal, garantizando de este modo la bilateralidad correspondiente.
En cuanto a la alegada incompetencia de la autoridad ambiental municipal no puede
prosperar el agravio dado que la ley M nº 3266, que cita, prescribe en su artículo 41 que
Los municipios podrán convenir dentro de los noventa (90) días de reglamentada la
presente, con la Autoridad de Aplicación Provincial, la delegación de las funciones que
28
por la presente les correspondan. En caso de no realizar la delegación dentro del plazo
prescripto, se entenderá que cumplirán las funciones que surgen de la presente por sí.
El Municipio de Ingeniero Huergo no ha delegado sus facultades en la autoridad
provincial y por ello resulta competente para evaluar el impacto ambiental en su ejido.
A ello se suma que como bien señala la magistrada el caso de autos no se trata de un
supuesto que por su mayor riesgo presunto amerite la intervención directa de la
autoridad provincial.
Respecto al agravio relativo a que existiría un daño al ambiente y que es el que impulsó
el presente proceso, cabe advertir que no se acredita, ya que el Estudio de Impacto
ambiental concluye a fs. 301/303 que la ubicación y funcionamiento del circuito de
motocross 742 es compatible con el ambiente. Las actividades productivas no se verán
afectadas en detrimento de su calidad por las medidas de mitigación planteadas y plan
de gestión ambiental. Asimismo el uso habitacional, que es de baja densidad en la zona,
tampoco se verá afectado de manera negativa (?) los impactos positivos serán
considerables y con repercusión para la sociedad generándose un movimiento
económico relacionado con el hospedaje, compra de alimentos e insumos y rentas para
la ciudad de Ingeniero Huergo y Provincia?.
Como consecuencia de ello, el Decreto Municipal 6410/18 obrante en copia a fs.
323/324 aprobó la evaluación de impacto ambiental correspondiente a la Licencia
Habilitante N° 1487 otorgada para el funcionamiento de la pista de motocross en la
chacra N° 436 y dispuso que el Sr. Paravano deberá observar y cumplir estrictamente
las medidas de mitigación previstas en el capítulo 6 (fs. 70/74) propuestas por el
licenciado Luis Valdez, bajo apercibimiento de las sanciones legales correspondientes.
De lo expuesto, se colige que resultó adecuado el levantamiento de la cautelar, toda vez
que se dió cumplimiento a las condiciones suspensivas bajo las que se dictó elaboración
del EIA- y a la observancia de las normas específicas en la materia, lo cual se ha
exteriorizado con el Decreto antes citado.
En virtud de ello, el cuestionamiento del acto administrativo -revisión del actuar
administrativo, cuya legitimidad se presume-, deberá ventilarse bajo las normas
procesales que garanticen el debido proceso legal y con la participación necesaria del
Municipio garantizando de este modo la bilateralidad propia del debido proceso legal.
DECISIÓN
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Por todo lo expuesto propongo al acuerdo rechazar el recurso de apelación interpuesto
en autos. Costas por su orden atento las particularidades del caso (art.68 CPCC).
MI VOTO
La señora Jueza doctora Adriana C. ZARATIEGUI dijo:
Adhiero al voto y solución propuesta por la señora Jueza ponente doctora Liliana L.
Piccinini. ASI VOTO El señor Juez doctor Ricardo A. APCARIAN dijo:
Adhiero al voto y solución propiciada por el señor Juez doctor Sergio M. Barotto.
MI VOTO
El señor Juez doctor Enrique J. MANSILLA dijo: Puesto a dirimir en las presentes
actuaciones, doy por reproducidos los antecedentes del caso y adelanto mi adhesión al
voto ponente de la Dra. Liliana L. Piccinini.
Tal como lo señala la Sra. Jueza, el recurso de apelación incoado por los actores logra
rebatir los fundamentos de la sentencia dictada en autos.
Advierto que este Tribunal de Justicia ya se pronunció respecto a la cuestión suscitada
en autos a fs. 471/474 y vta. en oportunidad de confirmar la cautelar dictada por la Jueza
de amparo, donde se hizo notar que se trataba de cuestiones ambientales que persiguen
la tutela del bien colectivo, ante la posible existencia de un riesgo ambiental potencial.
Además, al trámite impreso en las presentes actuaciones a fs. 26 y vta. se lo definió
como proceso colectivo al tratarse de un bien indivisible, como lo es el ambiente,
providencia que se encuentra firme y consentida.
Es por ello que cabe receptar los agravios de los amparistas cuando denuncian la
violación del debido proceso al prohibirse la prosecución del presente amparo colectivo
y la producción de las pruebas ofrecidas; máxime siendo ésta la acción idónea para
dilucidar si existe o no alteración del ambiente y del equilibrio ecológico derivado de la
realización de las carreras de Moto Cross, en la zona de chacras bajo riego dedicadas a
la producción frutihortícola, donde reside una comunidad de once familias.
Como bien destaca el voto ponente, las irregularidades del procedimiento de evaluación
de impacto ambiental denunciadas por los apelantes revisten carácter de suficiente
gravedad para ser atendidas, y en consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso de
apelación incoado y revocar el decisorio puesto en crisis, manteniendo la cautelar
dictada a fs. 174/176 vta., que estableció la suspensión preventiva de la realización de
carreras de MotoCross y la utilización de las pistas existentes dentro de la Chacra 436
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de la localidad de Ingeniero Huergo, hasta tanto se atiendan las impugnaciones
planteadas respecto al Estudio de Impacto Ambiental, se produzcan las pruebas
ofrecidas y/o aquellas que se estimen de oficio (art. 17 Ley B 2779) a fin de verificar la
existencia o no de daño al ambiente denunciado y se dicte nuevo pronunciamiento.
MI VOTO
Por ello: EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
R E S U E L V E: Primero: Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 600 y
fundado a fs. 603/607 por la apoderada de los amparistas, Dra. Bárbara Sánchez Pulgar,
revocando la sentencia dictada por la Sra. Jueza a cargo del Juzgado de Familia de la
ciudad de Villa Regina, Dra. Claudia E. Vesprini, obrante a fs. 591/599 vta., por los
fundamentos dados en los considerandos. Segundo: Mantener la vigencia de la medida
cautelar ordenada en fecha 28 de marzo de 2018, obrante a fs. 174/176 vta., consistente
en la suspensión de la realización de carreras y la utilización de las pistas existentes
dentro de la Chacra 436 de la localidad de Ingeniero Huergo, hasta que se atiendan las
impugnaciones planteadas respecto al Estudio de Impacto Ambiental, se produzcan las
pruebas ofrecidas y/o aquellas que se estimen de oficio (art. 17 Ley B 2779) a fin de
verificar la existencia o no de daño al ambiente denunciado y se dicte nuevo
pronunciamiento. Tercero: Costas por su orden atento las particularidades del caso (cf.
pár. 2° del art. 68 CPCC). Cuarto: Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvanse
al Tribunal de origen. Firmado digitalmente doctores PICCININI - BAROTTO -
ZARATIEGUI - APCARIÁN - MANSILLA.
VII. Referencias bibliográficas
Doctrina
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ciencias jurídicas y sociales. Buenos Aires: Astrea.
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Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, nº 11. Enero-junio 2009.
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el derecho ambiental brasileño. En: 10 años de Eco 92. El derecho y el desarrollo
sustentable. Anales del Congreso Internacional de Derecho Ambiental 6º.
• JAQUENOD DE ZSÓGBN, S. (1989) El Derecho Ambiental y sus principios
31
rectores, MOPU, Madrid; citado por Franza, J. A., Tratado de Derecho Ambiental, 2º
ed. act., EJ, 2007.
• LORENZETTI P. Y LORENZETTI R. (2016) Principios e instituciones de Derecho
Ambiental, Wolters Kluwer, España
• MORALES LAMBERTI, A. (2017) Cuaderno de Derecho Ambiental, Principios
Generales del Derecho Ambiental, Editores, Córdoba
• RINESSI, A. J. (2012) Los principios del Derecho Ambiental. T. 3. Revista de
Derecho de Daños. Ed. Rubinzal – Culzoni. Cita: RC D 1987/2012.
Legislación
• Constitución Nacional. (1994) Honorable Congreso de la Nación. Sancionada el 15 de
diciembre de 1994. Promulgada el 3 enero de 1995. Recuperada el 06/12/2020 de
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm
• Ley 2.779 de Amparo de los intereses difusos y/o derechos colectivos, Río Negro
(1994). Recuperada de: https://www2.legisrn.gov.ar/LEGISCON/despliegowp.php
• Ley 25.675, (2002). Ley General de Ambiente. Recuperada el 06/12/2020 de
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/79980/norma.htm
Jurisprudencia
• Fallo STJRN, “Domínguez, Mariana y Otros S/ Amparo S/ Apelación” Sentencia N°
28 del 27 de abril de 2009.
• Fallo “Nonnenmacher, Rubén Darío y otros c/ Municipalidad Ingeniero Huergo s
/amparo s/ apelación”. Provincia de Río Negro Superior. Tribunal de Justicia Nº 4. 4 de
febrero de 2019.
• Fallos: 332:663. "Mamani, Agustín Pío y otros c/ Estado Provincial Dirección
Provincial de Políticas Ambientales y Recursos Naturales y la Empresa Cram S.A. s/
recurso". CSJN 05/09/2017
• Fallo C.S.J.N “Salas, Dino y otros c/ salta, provincia de y Estado Nacional s/ amparo”.
S.1144, XLIV, 26/03/2009 –
• Fallo C.S.J.N. 342:1061, (2019), “Telefónica Argentina S.A. c/ Municipalidad de
Gral. Güemes s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”, juez Lorenzetti,
por su voto, consid. 16.