tipos especiales tid

7/25/2019 Tipos Especiales TID

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8.12. LOS TIPOS ESPECIALESDEL DELITO DE TRFICO ILCITO DE DROGAS

8.12.1. MORFOLOGIA

El Cdigo Penal de 1991 ha mantenido los tipos especiales que contena el Captulo V del

Decreto Ley N 22095, con la versin modificada por el Decreto Legislativo N 122 (sobre

estos supuestos vase: Vctor Prado Saldarriaga. Poltica Criminal Peruana. Ob. Cit., p. 191

y ss). Se trata de tres figuras autnomas que tienen como nexo comn el de estar

vinculadas con actos de consumo indebido de drogas. Es decir, en estos ilcitos, el agente

propicia o ayuda dolosamente a que un tercero practique el consumo de drogas

fiscalizadas. Ahora bien, concretamente el legislador criminaliza los siguientes supuestos:

a. Prescripcin, Administracin y Expendio de Medicamentos Compuestos con

Sustancias Fiscalizadas (Artculo 300).

b. Consumo Involuntario de Drogas Mediante Coaccin o Engao (Artculo 301).

c. Instigacin al Consumo Indebido de Drogas (Artculo. 302).

Cabe sealar con relacin a estas figuras especiales que su aplicacin en nuestro medio es

casi nula. Generalmente, en la operatividad policial o jurisdiccional estos delitos no son

registrados. Ello en parte se debe a que errneamente se les asimila a formas de posesin

de drogas con fines de trfico (Art. 296, 2 prrafo). Actitud que desnaturaliza la funcin

poltico criminal que la ley les asigna. Esto es, la punibilidad de actos distintos de aquellosprevistos en el tipo bsico del trfico ilcito de drogas. A continuacin analizaremos las

caractersticas tpicas de tales delitos y que no han sido modificadas por el Decreto

Legislativo 982.

A. PRESCRIPCION, ADMINISTRACION Y EXPENDIO DE MEDICAMENTOS

COMPUESTOSCONSUSTANCIASFISCALIZADAS

Este delito se encuentra tipificado en el artculo 300 del Cdigo Penal. Estamos frente a un

tipo especial propio, ya que la norma legal nos define un sujeto activo que ostenta una

condicin particular que lo singulariza frente a los dems. El debe ser mdico, farmacutico,

qumico, odontlogo u otro profesional sanitario. En este ltimo caso podra considerarse al

enfermero, a la obstetras, a los tecnlogos mdicos y a los nutricionistas.


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Lo esencial es que se trate de personas que al momento de actuar ejercitan una profesin

sanitaria para la cual estn habilitados con un ttulo expedido a nombre de la Nacin. La

realizacin, por tanto, del hecho por un tercero que no rena tal condicin profesional es en

principio atpica, aunque, segn los casos, podra dar lugar a un supuesto de complicidad.

El agente debe, pues, ejecutar, una conducta propia de su actividad profesional. Esto es,

recetar, prescribir, administrar o expender medicamentos que contienen en su composicin

una droga txica, estupefacientes o psicotrpica. Sin embargo, el desvalor de dicha

conducta se funda en su realizacin indebida. Es decir, sin cumplir las formalidades que la

ley establece para el expendio de medicamentos compuestos con drogas fiscalizadas, o sin

que exista una razn teraputica o profilctica que justifique la receta, prescripcin o la

administracin de tal medicamento (Cfr. Luis Bramont Arias Torres. Manual de Derecho

Penal. Parte Especial. Editorial San Marcos. Lima, 1994, p. 363)

Se trata de un delito de mera actividad, por lo que se consuma con el slo acto de recetar,

prescribir, expender o administrar el compuesto controlado. En tal sentido, pues, para la

tipicidad ser suficiente, por ejemplo, que el mdico recete un medicamento, an cuando el

supuesto paciente no lo adquiera, no llegue a usarlo o no logre que se lo vendan. Por lo

dems, para efectos de la antijuricidad es de tener en cuenta las disposiciones que regulan

la prescripcin y adquisicin de medicamentos compuestos con drogas fiscalizada y que

establece el Decreto Ley N 22095 en su Captulo IV (Artculos. 44 a 47).

En cuanto al objeto de accin del delito ste est representado por un medicamento que

en razn de poseer una droga fiscalizada entre sus componentes, puede poner en peligro la

salud del usuario, sino se le emplea con la necesidad y en la oportunidad teraputicas

correspondientes. Es importante tener presente que debe tratarse de una de las drogas

prescritas en las listas I y IIA del Decreto Ley N 22095. Esta lnea de interpretacin resulta,

por lo dems, coherente con los antecedentes inmediatos de la norma que comentamos,

como el artculo 59 de la redaccin original del Captulo V del citado Decreto Ley o la

introducida en el prrafo inicial del artculo 58 por el Decreto Legislativo N 122 (Cfr. VctorPrado Saldarriaga. Poltica Criminal Peruana. Ob. Cit., p. 192). Cabe anotar que la cantidad

de droga que contenga en su composicin el medicamento no es relevante para la tipicidad.

Es de sealar que las expresiones tpicas recetar o prescribir son sinnimos y expresan la

accin de ordenar o recomendar un medicamento precisando su dosis, preparacin y uso.


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Administrar, en cambio, comprende actos de aplicar, inyectar, dar o hacer tomar un

medicamento en la forma y por la va pertinentes.

Expenderequivale a vender o administrar uno de los medicamentos sea de modo minorista

o mayorista. El hecho de que el eventual comprador porte receta no afecta la antijuricidad,si el expendio se realiza al margen de las formalidades de control requeridas. Tampoco

perjudica la tipicidad que el comprador no consuma efectivamente el medicamento que

adquiri del expendedor ilegal. El delito en su tipo subjetivo demanda la presencia del

dolo, de all que el error sobre el medicamento, su dosis o componentes har atpica la

conducta.

B.CONSUMOINVOLUNTARIODEDROGASMEDIANTECOACCIONOENGAO

En realidad este delito, descrito en el artculo 301 del Cdigo penal, afecta, en primer

trmino, a la libertad individual y en un plano ms mediato a la salud pblica (Cfr. Luis

Bramont Arias Torres. Ob. Cit., p. 361; Vctor Prado Saldarriaga. Ob. Cit., p. 193).

Concretamente, el agente impone a un tercero un consumo de drogas que el sujeto pasivo

no quiere realizar o que ignora que va a practicar. En otros trminos, la accin tpica se

materializa en el acto de hacer consumir a un tercero drogas contra su voluntad (que no

quiere consumir) o sin su consentimiento (que no conoce que se le hace consumir).

Ahora bien, para imponer el consumo de drogas al sujeto pasivo, el agente puede emplear,alternativamente, violencia fsica, amenazas o cualquier medio de naturaleza subrepticia

como el engao o el abuso de confianza. En fin, el autor puede, pues, golpear a la vctima o

mezclar la droga con sus comidas o bebidas, o inyectrsela bajo la apariencia de un

medicamento o de simples vitaminas.

Sujeto Pasivo es la persona a quien se obliga a consumir la droga y cuya voluntad es

doblegada o viciada por el proceder del sujeto activo.

En el plano subjetivo el delito exige que su autor realice los actos de coaccin dolosamente.

La tentativa en este delito es posible y punible conforme a las reglas de la Parte General

(Artculo. 16 del Cdigo Penal). Es obvio que la ejecucin del delito puede cortarse cuando

el agente no logre doblegar la oposicin del sujeto pasivo al acto compulsivo del consumo.


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O al percatarse ste del engao o artificio con el que se le pretende hacer consumir la

sustancia adictiva, la rechace.

Ahora bien, la pena se agrava cuando el autor acta con propsito de estimular o difundir

un objetivo trascendente que implica el uso de drogas. Aqu es suficiente que dichopropsito exista al momento de la accin del sujeto activo, pero no es necesario que dicha

finalidad alcance a materializarse.

Tambin se agrava la penalidad si la accin delictiva recae sobre un sujeto pasivo

inimputable, sea por minora de edad (menores de 18 aos de edad) o por enfermedad

mental, grave alteracin de la conciencia o por sufrir alteraciones en la percepcin. En todo

caso, el agente debe de conocer que dirige su acto ilcito contra una persona que se

encuentra en tales condiciones.

C.INSTIGACIONALCONSUMOINDEBIDODEDROGAS

Segn el artculo 302 del Cdigo Penal, este delito se materializa mediante actos de

induccin. Es decir, a travs de proposiciones, insinuaciones, demostraciones, etc.,

orientadas a crear en el tercero una decisin favorable al consumo de drogas. El agente

busca. Pues, persuadir la voluntad del tercero a fin de que consuma drogas. Ahora bien, la

tipicidad exige que la instigacin debe proyectarse sobre una persona determinada. De all

que la propuesta o incluso la apologa del consumo que no est dirigida a una personaconcreta deviene en atpica.

Conforme al inciso 17, del Artculo 89, del Decreto Ley N 22095, los actos de instigar o

inducir, comprenden toda conducta que incite, provoque, induzca o facilite el consumo de

drogas a un tercero. En consecuencia, pues, a partir de estas acepciones entendemos que

la donacin de drogas o la invitacin de la misma configuran el delito que analizamos.

Asimismo admitimos que la hiptesis tpica comprendera tambin las demostraciones del

uso de la droga si es que con ello se quiere captar una decisin para el consumo, de parte

de quien observa la demostracin. Es ms, entre los precedentes legislativos de este

artculo 302 se encuentra el inciso b del artculo 58 de la versin original del Decreto

Ley N 22095. Dicho dispositivo criminalizaba al que instigue al consumo de drogas

mediante demostraciones de su uso u obsequio.


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En lo subjetivo la tipicidad exige la presencia del dolo. El agente debe actuar con conciencia

y voluntad de inducir a otro al consumo de drogas. La induccin por lo dems debe ser seria

y no resultado de un animus jocandi.

Para que se de la consumacin del delito ser suficiente que el acto inductor se proyectehacia el tercero, sin ser necesario que este se decida, finalmente, a consumir drogas

(Diferente: Luis Bramont Arias Torres. Ob. Cit., p. 365 y 366. Este autor seala que es

necesario que el individuo consuma la droga, lo cual en nuestro concepto excede los

alcances del tipo).

El delito se agrava si el agente acta con nimo de lucro. Por ejemplo, para procurarse un

beneficio econmico futuro satisfaciendo las necesidades adictivas del sujeto pasivo. Sin

embargo, para la agravante basta que dicho nimo exista al momento de comisin del acto

inductor. No siendo relevante, en consecuencia, que, posteriormente, el sujeto activo logre

obtener dicho propsito lucrativo.

La pena se agrava, adems, si los actos de induccin se dirigen hacia una persona

inimputable.

9. POLTICA CRIMINAL Y TRATAMIENTO PENAL DEL CULTIVO DE PLANTAS

FISCALIZADAS

9.1. EL MARCO POLITICO CRIMINAL

En su evolucin histrica el modelo seguido en el Per para el control del problema de las

drogas ha evidenciado, a lo largo de ms de 80 aos, dos patrones diferentes de reaccin

estatal.

El primero expresa una poltica firme y dura, favorable a un tratamiento estrictamente

represivo de toda forma de trfico ilcito, incluyendo tambin la criminalizacin de las

conductas promotoras del consumo indebido de drogas por terceros.

Esta tendencia punitiva abarca todo el proceso de gestacin y desarrollo de la legislacin

nacional de la materia. Esto es, desde la vieja Ley 4428 de 1921, hasta la normatividad

hoy vigente en el Cdigo Penal de 1991, incluyendo los cambios aportados por la Ley

28002.


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Por su parte, un segundo modelo, muestra, en cambio, una posicin algo flexible y

tolerante para con el consumo personal de drogas o para con la posesin de drogas para

el propio consumo personal. Efectivamente, desde 1972, ao en que se promulg el

Decreto Ley 19505, hasta el presente la legislacin peruana ha otorgado a tales

conductas ms de 30 aos de legalidad absoluta o relativa.

Por consiguiente, hoy resulta comprensible que el Cdigo Penal de 1991, refleje esa

dualidad de criterios y modelos de poltica criminal. Es as, por ejemplo, que el texto

vigente del artculo 296 slo reprime el trfico ilcito y la posesin de drogas con fines de

comercializacin ilegal. Sin embargo, la coherencia legislativa del modelo asumido se

resiente ante la inoperante frmula legal del artculo 299, que ha venido declarando, con

sucesivas variantes de redaccin, que est exento de pena quien posea drogas para su

propio e inmediato consumo, siempre que la tenencia de tales sustancias no exceda el

equivalente a una dosis personal que la propia norma determina.

Ahora bien, resulta pertinente destacar, al hacer este balance normativo, que el Cdigo

Penal vigente en su texto original no recepcion las novedosas estrategias

internacionales que impulso la Convencin de Viena, para la interdiccin del trfico ilcito

de drogas. Ellas, en lo esencial, demandaban la crimi nalizacin autnoma y especfica

de los ac tos d e lavado de din ero y d e la comerc ializacin ilcita de pr ecurs ores

qumic os. Tampoco, el Cdigo del 91 hizo suya la opcin punitiva de los actos dirigidos al

propio consumo personal, que tambin sugera el artculo 3 de aquel instrumento

internacional de 1988.

Sin embargo, disposiciones legales posteriores fueron incluyendo tipos penales para

sancionar las operaciones de lavado de dinero ( Artculos 296 A y 296 B incorporados

inicialmente por el Decreto Legislativo 736). Este delito, sin embargo, adquirir una

independencia sistemtica al promulgarse el ao 2002 la Ley Penal Contra el Lavado de

Activos (Ley 27765). Con relacin a los insumos qumicos el cambio penal ms

significativo lo introdujo la Ley 28002, al incluir en el inciso 6 del artculo 297 del Cdigo

Penal, un agravante para los casos donde el comercio ilcito de tales sustanciasprecursoras, fuera ejecutado por una organizacin dedicada a dicha actividad criminal.

En consecuencia, pues, el anuncio de prximas reformas legislativas para hacer ms

eficaz y oportuna la represin del trfico ilcito de drogas y del lavado de dinero implica, en

lo esencial, una radicalizacin del segundo de los modelos de poltica criminal que hemos

descrito. Al parecer, los cambios no alcanzarn a la postura asumida frente al consumo


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de drogas y a la posesin de sustancias adictivas para el propio consumo personal ( Cfr.

Franklin Briceo Huamn. Ejecutivo pidi facultades pero el Congreso podra negrselas.

Informe publicado en el diario El Comercio. Edicin del 22 de abril de 2007, p. a12.

No obstante, un problema adicional se perfila en la coyuntura presente como el de mayor

significado poltico criminal, particularmente por sus insoslayables repercusiones sociales,

culturales, econmicas e internacionales. Nos referimos a la actitud asumida por las

agrupaciones de campesinos que habitan y cultivan las cuencas cocaleras del pas. Estos

han rechazado las medidas de erradicacin forzosa de cultivos y las acciones de fuerza

dispuestas por el Gobierno Central para mantener en ejecucin los compromisos

internacionales asumidos por el Estado peruano en este dominio. De momento, pues, el

panorama al respecto no resulta del todo claro y no se vislumbra, an, que repercusin

tendr el activo conflicto cocalero sobre las normas de la legislacin penal referentes a

los actos de cultivo ilegal de plantas fiscalizadas (Sobre esta problemtica vase: Norka

Peralta Lin. Poder Cocalero se institucionaliza en el VRAE y el Valle del Huallaga.

Informe publicado en el diario El Comercio. Edicin del 22 de abril de 2007, p. a24).

Con relacin a todo ello es importante recordar, que la problemtica penal del cultivo de

plantas fiscalizadas adquiere en nuestro pas caractersticas peculiares debido a varios

factores. En primer lugar, por el patrn cultural que integra el uso ancestral de la hoja de la

coca en el entorno andino. Pero, adems, porque en ella se representa, tambin, desde

mediados de los aos ochenta, la innegable existencia de un amplio sector de economa

informal generado a partir del cultivo ilegal de dicha especie vegetal. Por ltimo, en razn a

que se ha constituido en la actualidad, a su alrededor, un gravitante fenmeno poltico, por

el surgimiento de organizaciones del campesinado cocalero que reclaman un tratamiento

despenalizado para los actos de cultivo de plantas de coca ( Cfr. AA.VV. El Consumo

Tradicional de la Hoja de Coca en el Per. I.E.P. Ediciones. Lima, 2004; Hugo Cabieses.

Cocaleros: Protestas con Propuestas. Revista Cuestin de Estado N 33/34, marzo 2004, p.

11 y ss.).

Si bien el anlisis integral de esta problemtica excede los marcos de un breve estudio

dogmtico, como el que queremos ahora realizar, no puede, sin embargo, obviarse la

trascendente dimensin poltico criminal que abarca tan compleja problemtica. De all,

pues, que resulte necesario y pertinente partir de reconocer que el tratamiento penal de los


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cultivos ilegales de coca y de otras especies vegetales fiscalizadas es, de momento, y nada

apunta a que ello vaya a cambiar, una opcin ineludible de cara a los compromisos

internacionales asumidos por nuestro pas, desde que suscribiera la Convencin

nica de Estupefacientes de 1961.

No obstante, tambin es importante para la seriedad de cualquier enfoque, establecer

diferencias claras en torno a que co ca no siem pre equ ivale a cocana. Por lo que debe

salvaguardarse su significado cultural originario. De otro lado, no debe dejarse fuera de

contexto la realidad concreta de que la existencia presente de amplios sectores campesinos

ligados a la actividad cocalera no es consecuencia exclusiva de un afn meramente

delictivo. Se trata, ms bien, de un sistema de variables condicionantes que son

transversales a problemas estructurales que nuestros gobiernos no han podido atender y

superar, como la extrema pobreza, el analfabetismo, la centralizacin e incluso el racismo y

la discriminacin.

Por ltimo, en lo estratgico, no cabe duda que resulta prudente y retroalimentador para

cualquier programa futuro, reconocer que la experiencia peruana acumulada desde 1921

a la fecha, ha demostrado tambin lo disfuncional que puede ser una estrategia nacional

de lucha contra las drogas, basada en postulados internacionales sobre control y

erradicacin forzada de cultivos, pero que se define al margen de una reflexiva evaluacin

de las contingencias y consecuencias propias de nuestro entorno. El dato objetivo, que

grfica esta situacin, radica en la frecuente constatacin de que pese a los mltiplesesfuerzos desplegados por el Estado, la produccin ilegal y el consumo de hojas de

coca no han podido, siquiera, mantenerse en los niveles que existan en 1961. Como se

recordar, en aquel ao el Per al suscribir la Convencin nica de Estupefacientes de

las Naciones Unidas, se comprometi aerradicar la coca de su terr i tor io.

La historia del problema cocalero nos muestra, pues, que al adoptar en 1961 tal posicin

poltica, los gobernantes de aquel entonces no previeron, con seriedad, las dificultadesque nuestra realidad generara a todo intento erradicatorio.

Sin embargo, en la actualidad ese objetivo de erradicacin total no slo supone enfrentar

cuestiones de carcter tnico sino que, como ya se seal, los programas de erradicacin

de cultivos de coca involucran, adems, otras restricciones importantes representadas por


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las desigualdades econmicas de la poblacin, el centralismo poltico y el notable

subdesarrollo interno de las regiones y ciudades del pas.

Hoy, adems, la crisis cocalera se manifiesta como un hecho latente y recurrente que

conlleva situaciones de violencia e inseguridad, que se han sucedido cclicamente en los

ltimos tres aos. Es ms, en ese contexto las episdicas marchas, bloqueos de

carreteras y paralizaciones campesinas han tenido tambin una repercusin directa en la

escena social y poltica del pas. Efectivamente, fue un momento lgido de esta

problemtica la aprobacin de tres Ordenanzas Regionales que emitieron los Gobiernos

Regionales del Cusco y de Hunuco. Estas normas legales, que contradecan en muchos

aspectos las polticas oficiales respecto a la erradicacin de los cultivos de plantas de

coca, desencadenaron un relevante debate administrativo y de autoridad. El cual,

felizmente, pudo concluir de manera satisfactoria gracias a la ponderada intervencin del

Tribunal Constitucional. En efecto, esta instancia jurisdiccional mediante sentencia del 27

de septiembre de 2005, declaro inconstitucionales ambas Ordenanzas Regionales. Sin

embargo, en su resolucin el mximo interprete de la Constitucin se vio en la necesidad

de hacer una claro pronunciamiento sobre el significado cultural de la hoja de coca coca y

sobre los lmites de los programas gubernamentales de erradicacin. Al respecto se

seal que la planta de hoja de coca es un patrimonio cultural inmaterial en la medida

que es un bien que permite comprender las identidades culturales de los pueblos ya que

encierra un conjunto de expresiones culturales y sociales que caracterizan a estas

comunidades.De ahque el TC declare que se encuen tra pro sc rita la erradicacin

absoluta de los cultivos de la hoja de coca (Cfr. Elayne Oliva Salgado. Las

Ordenanzas de la hoja de coca: Una llamada de alerta sobre su ineficiente regulacin, en

Taller de Derecho. Boletn Constitucional N 7, Noviembre-Diciembre 2005, p.4).

En consecuencia, pues, el futuro inmediato de la poltica penal peruana sobre los cultivos

ilegales de plantas de coca requiere de decisiones muy bien meditadas y ajenas a la

bsqueda de efectos puramente simblicos. Por consiguiente, pues, si han de adoptarse

nuevas acciones de contenido penal en este dominio ellas deben situarse en su verdaderajerarqua de ultima ratio. Es decir, quizs deban de ceder su hasta hoy protagnico lugar,

para que en primera lnea se ubiquen y practiquen realistas polticas sociales y de desarrollo

alternativo que respondan a las necesidades lcitas del campesinado cocalero nacional. De

ello depender, pues, que la agitada situacin actual del conflicto cocalero no se transforme,

irreversiblemente, en un no deseado y permanente entorno de violencia e intolerancia (Cfr.


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Diario El Comercio. Cocaleros deben decidirse: El Estado o la Droga. Editorial de la edicin

del 22 de abril de 2007, p. a4).

A continuacin, haremos una breve revisin dogmtica de los artculos del Cdigo Penal

que actualmente se refieren a los actos de cultivo punible de plantas fiscalizadas.

9.2. EL TRATAMIENTO PENAL DEL CULTIVO EN EL CDIGO PENAL DE 1991

Comencemos por recordar que el texto legal original de la Seccin II, del Captulo III, del

Titulo XII, del Libro Segundo del Cdigo Penal, fue alterado en sus primeros das de

vigencia, por una controvertida pero tambin desapercibida fe de erratas. Con ella se

modific el artculo 296 eliminando de su redaccin la conducta del cultivo como

comportamiento tpico y punible. Ms all de lo anecdtico del procedimiento empleado

para cambiar la ley sustantiva, el efecto sustitucin de dicha decisin paralegislativa fue

muy grave, ya que formal y materialmente significaba no slo la legitimacin de todo tipo

de cultivo de hojas de coca, sino tambin la legalizacin indirecta de los cultivos de

plantas prohibidas internacionalmente como la amapola o la cannabis sativa. Esta

raro viraje descriminalizador de la poltica criminal de la materia se mantuvo por algn

tiempo, dando lugar, luego, a normas de carcter paliativo que fueron introducidas por las

Leyes 26223 de 1993 y 26332 de 1994. Con estas disposiciones se adicionaron en el

Cdigo Penal los artculos 296 C (coaccin al cultivo de plantas de coca) y 296 D

(promocin y favorecimiento de los sembros de amapola). Con ellos el legislador volvi,

pues, a declarar delictivas ciertas formas de cultivo de plantas de coca y amapola. No

obstante, y pese a su compleja redaccin y desmedida penalidad, los tipos penales

introducidos no lograron excluir la atipicidad e impunidad de los actos de cultivo de

plantas de marihuana.

Esta indita situacin penal, abiertamente contradictoria con la poltica internacional

antidrogas, resulto ser, sin embargo, el ms interesante conflicto hermenutico que debi

resolver el sistema judicial durante gran parte del periodo acumulado que lleva de

vigencia el Cdigo Penal de 1991. Efectivamente, la clara voluntad de los rganos

jurisdiccionales por criminalizar de facto los cultivos de plantas de marihuana, les llevo a

ensayar ingeniosas interpretaciones. As, por ejemplo, una primera tendencia

jurisprudencial asumi que tales cultivos eran punibles como actos de trfico ilcito

conforme al tipo penal del artculo 296 prrafo primero. Para esta posicin la planta de


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marihuana era una droga por si misma, an cuando no se hubiera producido la

cosecha o el secado y deshojado del vegetal.

Por su parte, una segunda opcin interpretativa, sugiri que los cultivos y reas

sembradas de marihuana slo alcanzaban subsuncin tpica en el prrafo final del artculo

296. Esto es, quesi no se haban cosechado o secado las plantas de cannabis stas

slo constituan materia prima y no droga. En consecuencia, si el agente tenia

destinada el rea sembrada para la venta de sus plantas a terceros estara realizando

una tentativa de comercializacin de materias primas e insumos a sabiendas de que

luego seran empleadas en la fabricacin de marihuana y derivados.

La situacin descrita ha de mantenerse hasta junio de 2001. En aquel entonces una

Comisin de Expertos del Ministerio de Justicia elabor un Proyecto que, entre otraspropuestas, propona cambiar la configuracin de algunos tipos penales relativos al trfico

ilcito de drogas. De manera especial el citado documento demand tambin la

incorporacin de un artculo que criminalizara todas las conductas ligadas al cultivo de

plantas de coca, adormidera y cannabis. Posteriormente, dos comisiones parlamentarias

recogieron dicha exigencia al redactar nuevas alternativas de modificacin de los delitos

de trfico ilcito de drogas contemplados en el Cdigo Penal. Los Proyectos elaborados

por la Comisin de Desarrollo Alternativo, contra el Trfico Ilcito de Drogas y el

Lavado de Dinero; as como por la Comisin de Justicia y Derechos Humanosalcanzaron a unificarse constituyendo un texto definitivo que fue promulgado con la Ley

28002 el 18 de junio de 2003.

La Ley mencionada reintrodujo un artculo 296-Acon una nueva redaccin y funcin. En

adelante en dicha disposicin estaran tipificados los actos de cultivo y procesamiento de

plantas de coca, amapola o marihuana.

Si bien con esta decisin legislativa se superaban las carencias y deficiencias antes

anotadas, el texto legal adoleca de algunas incongruencias. Por ejemplo, no resultaba

coherente que las conductas tipificadas en su condicin material de actos preparatorios

criminalizados fueran reprimidas con igual penalidad que la prevista en el artculo 296

para la comercializacin de drogas ya manufacturadas. Algo similar se detectaba en las

penas privativas de libertad conminadas para los casos de cultivo o procesamiento

mediante coaccin, las que eran mucho ms severas que las previstas para los actos de

trfico ilcito de drogas o para la mayora de los supuestos agravados del artculo 297.


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Tambin resultaba desconcertante que el legislador en la primera parte del nuevo artculo

296-A, reprimiera nicamente al quienpromueva, favorezca, facilite o ejecute actos de

siembra o cultivo de plantas de amapola o marihuana. De manera que aquel que

realizara las mismas conductas pero con relacin a plantaciones ilegales de hojas

de coca ejecutaba una conducta atpica e impune. Esta grave omisin que alentara elproceder de promotores de cultivos ilegales slo podra sancionarse penalmente, y, en la

medida de lo posible, si tales actos se interpretaban como formas de participacin o de

ejecucin imperfecta en el delito previsto por el prrafo tercero del artculo 296. Esto es,

se volva a delegar al ingenio jurisprudencial la superacin de un error legislativo.

Un comentario adicional sobre los cambios generados por el artculo 296 A, nos conecta

con el tratamiento penal acordado para los actos de comercializacin o

transferencia de semillas. Tambin en este supuesto se vuelven a excluir de los

alcances de la represin penal, a las conductas que tengan como objeto de accin

semillas de hojas de coca. De esta manera, pues, conductas perifricas y

trascendentes para la promocin de cultivos ilegales de hoja de coca tampoco

tendran relevancia penal.

Sin embargo, todas las falencias expuestas no impiden emitir un juicio poltico criminal

positivo sobre el artculo 296 A. En efecto, su existencia, siempre perfectible, permite que

en la actualidad los cultivos de marihuana hayan recobrado su condicin de conducta

delictiva.

9.3. LOS ACTOS DE SIEMBRA Y CULTIVO DE PLANTAS FISCALIZADAS

En primer lugar debemos reiterar que artculo 296 A del Cdigo Penal adquiri un nuevo

contenido con la Ley 28002. El legislador incorpor en dicha disposicin la tipificacin de las

conductas punibles vinculadas a la siembra, cultivo y procesamiento inicial de plantas de

coca, amapola y marihuana. Las reformas introducidas a dicha disposicin por el Decreto

Legislativo 982 en julio de 2007, fueron mnimas y se limitaron a incluir en la identificacin

de las plantas de amapola una denominacin alternativa para precisar su nombre cientfico

adormidera y su especie papaver somniferum.

Tradicionalmente, la legislacin nacional haba desplegado siempre una poltica

criminalizadora sobre la siembra y el cultivo de estas especies vegetales. Sin embargo,

como ya se ha explicado, la fe de erratasde 1991 elimin, momentneamente, la represin

de tales actos.


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Leyes posteriores, a mediados de los noventa, fueron restituyendo parcialmente la punibilidad

de estos comportamientos pero slo en lo concerniente a las plantas de coca y amapola.

Como tambin se mencionado anteriormente la situacin de atipicidad se mantuvo en relacin

a las plantaciones de marihuana. De all, pues, que el texto del artculo 296 A ha procurado

retornar al modelo represivo tradicional que exista en el Decreto Ley 22095 de 1978, y en laversin original del Cdigo Penal de 1991 donde el cultivo integraba el tipo legal del artculo

296.

Al interior del artculo que analizamos se encuentran regulados tres delitos diferentes:

1. Act os vinculados a la Siembra y Cultivo de Plantas de Amapola y Marihuana

2. Comercializacin o Transferencia de Semillas de Plantas de Amapola y

Marihuana

3. Siembra, Cultivo y Procesam iento de Plantas de Coca, Amapola y Marihuana

mediante coaccin.

Cabe anotar que el artculo que comentamos especifica el gnero y la especie de plantas que

constituyen objeto del delito. En efecto, el legislador alude a la amapola del tipo papaver

somniferum y a la marihuana de la especie cannabis sativa. Sin embargo, con relacin a la

planta de coca el articulo que comentamos no hace ninguna alusin especifica, debiendo

entender que se trata de la especie sealada en el artculo 89 del Decreto Ley 22095, esto

es, del generoerythrxilon y de sus variedades ery th rx ilceas.

9.3.1. ACTOS VINCULADOS A LA SIEMBRA Y CULTIVO DE AMAPOLA Y

MARIHUANA

Este delito se encuentra tipificado en el primer prrafodel artculo 296 A. Su fuente legal

la encontramos en el artculo 1 de la Ley N26332, que adicion el artculo 296 D al

Cdigo Penal, para con l criminalizar diversos actos relacionados con la siembra ilegal de

plantaciones de adormidera. En realidad, la modificacin incorporada con la ley 28002 es

formalmente mnima, aunque materialmente trascendente al incluir a las plantas de

marihuana como objeto de accin del delito.

Nuestro pas ha asumido desde finales del siglo XIX, una poltica fiscalizadora y represiva

de los actos de cultivo de amapola. Inicialmente la Ley sobre Estanco del Opio del 31 de

octubre de 1887 y la Ley N 4428 de 1921, se limitaron a sancionar solamente los actos de

comercializacin clandestina de opio, morfina o herona (Art. 10). Sin embargo, normas


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posteriores como los Decretos Leyes N 11005 (Art. 2, Inc. c), N 19505 (Art. 1) y N

22095 (Art. 58, Inc. a), as como el Decreto Legislativo N 122 (Art. 55, Inc. 1) se

ocuparon tambin de los sembros ilegales de plantas de coca y marihuana. Igual actitud

poltico-criminal se observ durante el proceso de reforma del Cdigo Martua,

particularmente en los Proyectos de Cdigo Penal de 1984 (Art. 282, Inc. 1), de 1985 (Art.274, Inc. 1) y de 1991 (Art. 290).

Ahora bien, luego de la fe de erratasque quit al cultivo la calidad de acto constitutivo de

trfico ilcito de drogas, el legislador nacional retomo con la Ley N 26223, del 20 de agosto

de 1993, a su tradicional posicin punitiva de las plantaciones de especies vegetales

fiscalizadas. Dicha Ley introdujo el artculo 296 C en el Cdigo Penal, para reprimir toda

conducta violenta que obligara al campesinado a realizar actos de cultivo de plantas de

coca o amapola (Cfr. Luis A. Bramont-Arias Torres. Manual de Derecho Penal. Parte

Especial. Editorial San Marcos. Lima, 1994, p. 353-354). Sin embargo, como ya se ha

explicado, la restitucin de la punibilidad de los sembros de marihuana recin tendr lugar

el ao 2003 al promulgarse la Ley 28002.

El prrafo primero del artculo 296 A, describe un tipo legal alternativo que regula varias

opciones de conducta tpica. Sin embargo, para la tipicidad ser suficiente que el agente

ejecute, cuando menos, una de tales alternativas.

Todos los actos que reprime la ley corresponden en realidad a conductas de mera

participacin (instigacin o complicidad) a las que el legislador otorga la condicin de delitos

autnomos. Decisin, por lo dems, coherente con las estrategias tradicionales de

criminalizacin del narcotrfico, las cuales procuran, en lo posible, cubrir todos los hechos

secuenciales del llamado ciclo de la droga.

Sin embargo, es comn a las diferentes hiptesis tpicas que contempla la ley, el mismo

objeto de accindel delito representado por los sembros de plantas de amapola del tipo

papaver somniferum o marihuana de la especie cannabis sativa. El agente, pues, debe

ejecutar los actos de promocin, favorecimiento, financiacin, facilitacin, siembra o cultivode plantos de esas clases de plantas.

Veamos a continuacin el alcance dogmtico que cabe conceder a cada una de las

conductas tipificadas:


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A. Actos de promoc in.Son aquellos que predisponen o favorecen la realizacin de actos

de sembrado de amapola o marihuana. Entre ellos obviamente se encuentran las

formas de induccin o instigacin. En si el promotor mediante halagos o promesas,

comnmente pecuniarias, busca captar un conjunto de voluntades y orientarla...(Vctor

Prado Saldarriaga. Ob. Cit. p.190) hacia la siembra de amapola o marihuana, o hacia laexpansin de reas de sembro destinado al cultivo de tales especies.

Es importante destacar que la promocin no se puede materializar con actos de

amenaza o violencia, ya que si el agente se vale de tales medios compulsivos se

configurara el delito de coaccin al sembrado o procesamiento de plantas fiscalizadas,

el cual tambin es punible pero conforme a lo dispuesto en el prrafo in fine del artculo

296 A.

Ahora bien, con relacin a la promocin no seguida o acatada, es de sealar que talconsecuencia no enerva la tipicidad. En todo caso, dicho supuesto deber ser

considerado como una tentativa y reprimido segn las reglas del artculo 16 del Cdigo

Penal.

B. Actos de favorecimiento. Este supuestocorresponde a los actos que buscan la

expansin de las reas de sembros de plantas de amapola o marihuana. El agente

para realizarlos puede crear o fortalecer condiciones favorables de naturaleza material

o subjetiva. El puede motivar y convencer a las fuentes de financiacin para que

inviertan capitales; o procurar las mejores opciones para un mayor rendimiento de los

terrenos cultivados. Tambin su conducta puede realizarse optimizando la calidad de las

semillas, o auspiciando el desarrollo de nuevos cultivos.

C. Actos d ef inanciacin.Aqu se involucran las distintas formas de provisin de recursos

econmicos para iniciar o conservar los sembros de amapola o marihuana. El

financista, pues, es aquel que apoya pecuniariamente la actividad del cultivo. Su

intervencin, entonces, es relevante en la medida en que aporta el capital requerido

para la operatividad de los actos de cultivo ilegal. Ahora bien, el financiamiento puedeser parcial o integral, temporal o permanente, sin que ello afecte la tipicidad del acto. No

obstante, entendemos que l debe ser necesario y trascendente para iniciar o mantener

la actividad de la siembra, ya que si se trata de un aporte econmico prescindible y

eventual, dicha conducta debe apreciarse como un supuesto de facilitacin pero

no de financiamiento.


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Es importante destacar que los actos de financiamiento de plantaciones son

operativamente equivalentes. Su cantidad, calidad u oportunidad no afectan, pues, la

tipicidad del comportamiento ni su ilicitud. El delito, por tanto, se habr perfeccionado en

la medida en que el agente haya aportado los medios de financiacin con la finalidad

concreta de auspiciar o coadyuvar al sostenimiento del proceso del cultivo ilegal deamapola o marihuana. No siendo, en consecuencia, necesario que el sembro logre

materializarse, ni muchos menos que se alcance la etapa de la cosecha.

D. Actos de facil i tacin. Estas conductas implican diferentes formas de colaboracin

material o intelectual. Lo importante es que el agente crea o mantiene con su conducta

condiciones adecuadas para la realizacin del cultivo de las especies vegetales

fiscalizadas. Por consiguiente, el puede otorgar recursos logsticos (abono,

herramientas, etc.), ceder el terreno para el cultivo e incluso puede proveer de recursos

humanos.

Asimismo, la facilitacin puede concretarse con apoyo tcnico (control de calidad de los

sembros, servicio de orientacin agrnoma, etc.). nicamente, no pueden

considerarse dentro de los actos de facilitacin el suministro de semillas de amapola o

marihuana; o el aporte econmico con fines de financiamiento, puesto que tales

comportamientos poseen tipicidad especfica dentro del prrafo segundo del artculo

296 A.

E. Actos de siembra o cult ivo.Debemos entender, conforme a la definicin de trminos

que contiene el inciso 8 del artculo 89 del Decreto Ley 22095, an vigente, que

quedan comprendidas en estos supuestos diferentes conductas relacionadas con el

sembrado, germinacin, cosecha y recoleccin de vegetales que contengan

sustancias fiscalizadas.

De modo ms especfico, se debe entender que en el cult ivo estn considerados los

actos de preparacin de la tierra destinada a rea de sembro; el proceso de la siembra

o distribucin de las semillas de amapola o marihuana en el terreno previamente

destinado como rea de cultivo; y, tambin, los actos de conservacin y regado de las

plantas germinales (Cfr. Vctor Prado Saldarriaga. Trfico Ilcito de Drogas y Poltica

Criminal en el Per, en Poltica Criminal Peruana. Cultural Cuzco. Lima, 1985, p. 173).


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9.3.2. COMERCIALIZACIN O TRANSFERENCIA DE SEMILLAS DE AMAPOLA Y

MARIHUANA

La segunda de las modalidades delictivas previstas por el artculo 296 A, trata, en loesencial, de actos de preparacin criminalizados

El objeto de accin del delito ahora lo constituyen semillas de amapola y marihuana. El

legislador ha considerado dos conductas tpicas alternativas que son la com ercializacin y

la transferencia de semillas de las mencionadas especies vegetales.

A. Actos de comercializacin. Conforme a lo dispuesto en el artculo 89 inciso 7 del

Decreto Ley N 22095, quedan comprendidos en esta opcin tpica los actos de

depositar, retener, ofrecer, expender, vender, distribuir, despachar, transportar, importar,

exportar, expedir en trnsito.... Los cuales, sin embargo, deben de ser realizados

necesariamente a ttulo oneroso. Por tanto, en este supuesto no se involucra a los

actos de donacin.

B. Acto s de transferencia. Este caso corresponde a cualquier otro acto que implique

cesin a un tercero, por parte del sujeto activo, de semillas de amapola o marihuana.

En principio la ley no toma en cuenta la naturaleza de la transferencia ni su finalidad.

Cabe, por tanto, una cesin a ttulo gratuito como la donacin, o a ttulo oneroso como,

por ejemplo, la transferencia en pago o trueque. Quedando excluidos, por razones de

especialidad, las formas de cesin propias de un acto de comercializacin y que ya

hemos identificado.

Ahora bien, para que el delito se perfeccione, en cualquiera de sus dos opciones, basta con

la realizacin de cualquiera de los actos de transferencia o comercializacin ya

mencionados, sin que sea requerido por la tipicidad que el receptor o adquiriente de las

semillas, realice o intente, siquiera, el sembrado de las mismas.

La observacin que cabe formular a esta modalidad delictiva radica en la penalidad

conminada. Si bien ella es ahora menor que la considerada en el derogado artculo 296-

D, resulta, sin embargo, igual a la contemplada por el prrafo tercero del artculo 296

para reprimir la comercializacin de materias primas. Esto resulta incoherente, ya que an

cuando las semillas comercializadas o transferidas nunca lleguen a ser sembradas, o sus

plantas germinadas a cosecharse, la sancin para tales conductas sera la misma que la


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prevista para quien vende las plantas fiscalizadas ya cosechadas, lo cual colisiona con el

principio de proporcionalidad.

9.4. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES

Los delitos contemplados en el prrafo segundo del artculo 296 A poseen circunstanciasatenuantes especficas. Estas toman en cuenta el escaso volumen del objeto de accin del

delito. Se alude, pues, a un indicador de menor antijuricidad semejante al considerado por

el artculo 298 del Cdigo Penal. En efecto, la menor dimensin de los sembros y la

cantidad mnima de las semillas utilizadas ser determinante para la disminucin de la

penalidad. Veamos:

En principio la extensin de las zonas de cultivo es irrelevante para la tipicidad. No

obstante, si el nmero de plantas germinadas en el terreno no excede de cien, la

represin del hecho punible podr ser objeto de atenuacin. Esta cantidad de plantas

germinadas es igual a la que se contemplaba tambin el ya suprimido artculo 296 D. De

esta manera, pues, el legislador sigui con coherencia la propuesta sugerida por el

Proyecto de la Comisin de Expertos del Ministerio de Justicia, que recomend

condicionar la atenuante a la presencia de un nmero de semillas adecuado para un rea

de cultivo de pequea extensin.

Congruente con lo anterior en el caso de los del i tos de transferencia o

comercia l izacin de simientes de adormidera o marihuana, se considera tambincomo atenuante que la cantidad suministrada, no exceda de la requerida para lograr

la germinacin de cien plantas de tales especies. Este criterio, sin embargo, no es

del todo preciso, ya que el nmero de semillas no es necesariamente proporcional

al del probable nmero de plantas que han de germinar. La cantidad, entonces,

deber evaluarse en el caso concreto en funcin de otros factores como la calidad

de las semillas, el tipo de terreno, el clima de la zona, etc. Sin embargo, debemos

reconocer que la posicin poltico criminal ahora asumida por el legislador, resulta

ser ms coherente que aquella imperante durante la vigencia del artculo 296 D, elcual no consideraba cantidad concreta de simientes para producir efectos

atenuantes.

Tal omisin fue cuestionada oportunamente por el Ejecutivo, al observar la

Autgrafa de Ley que aprob el texto del citado artculo. Segn este Poder del

Estado: En el tercer prrafo del citado artculo, se establecen circunstancias


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atenuantes slo cu ando se trata de plantas, habiendo om it ido igu al norma p ara el

caso d e semill as de adorm idera util izada co n fin es de trfico de dro gas, an cu ando

en este caso tamb in se debe dist ing uir c larament e entre el que comerc ializa una

cantidad insignificante y aqul que lo realiza a gran escala (Oficio N 041-94-PR del

12 de mayo de 1994). Sin embargo, la propuesta alternativa que se sugiri alCongreso en aquella ocasin era discutible y en algunos aspectos

desproporcionada. En efecto, el Ejecutivo, siguiendo la experiencia colombiana,

propuso al legislador establecer en un kilogramo el lmite de aplicacin de la

atenuante(Cfr. Oficio N 041-94-PR).

9.5.SIEMBRAYPROCESAMIENTODEPLANTASDECOCA, AMAPOLA,MARIHUANA

MEDIANTECOACCION

Este delito mantiene una regulacin similar a la que fue incluida por la Ley N 26223 que

incorpor al Cdigo Penal el derogado artculo 296 C.

El legislador criminaliza como delito especfico toda forma de coaccin que se ejerza contra

un tercero, para que realice actos de sembrado de plantas de coca, amapola o marihuana;

o se dedique al procesamiento ilcito de dichas especies vegetales a fin de extraer de ellas

sustancias fiscalizadas. Cabe anotar que en la redaccin del precedente artculo 296 C, no

se consideraba punible el realizar los mismos actos coactivos para obligar a la siembra o

procesamiento de plantas de marihuana. De all, pues, que la reforma introducida por la Ley

28002 en este dominio, ha cubierto un significativo vaco.

En lo esencial con esta modalidad delictiva el legislador penaliza un atentado a la libertad

individual, ya que el sujeto activo obliga a la vctima a hacer algo que no quiere hacer.

El autor del delito debe, entonces, imponer a otro, mediante el empleo de violencia fsica o

amenazas, el sembrado o el procesamiento de las especies vegetales mencionadas. Por

tanto, deviene peligrosamente en atpico el acto de inducir al sembrado o

procesamiento de las plantas fiscalizadas. Por ejemplo, mediante el ofrecimiento o

concesin de beneficios econmicos. De lege ferenda cabe exigir que esta

incomprensible omisin sea subsanada a la brevedad, pues se constituye, justamente, en la

forma ms comn con la que los traficantes promueven la siembra y/o el procesamiento de

coca o amapola. En todo caso, de lege lata tal conducta, por ahora, y tratndose de


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plantaciones de amapola o marihuana, podra ser sancionada conforme a lo dispuesto en el

prrafo primero del artculo 296 A.

Por lo dems, respecto a los actos de sembradohabra que entender no slo la accin de

esparcir semillas del vegetal objeto del delito, en un terreno previamente preparado o

acondicionado para ello. Sino que, tambin, resultan tpicos y punibles los actos de cultivo

posteriores al nacimiento de los almcigos. Por ejemplo, aquellos que tienen por funcin el

cuidado de las reas sembradas. En coherencia con ello, en el inciso 15 del artculo 89 del

Decreto Ley N 22095, se involucraba a todos esos comportamientos bajo la denominacin

comn y genrica de cultivo.

En lo que atae al procesamiento, todo parece indicar que con l el legislador alude a

actos posteriores que comprenden las tareas propias de la de cosecha, as como tambin a

aquellas formas preliminares de fabricacin de drogas, como son el secado de hojas o sumezcla con los insumos bsicos. Igualmente, estn considerados aqu los actos de

maduracin omaceradode las hojas.

Ahora bien, a nivel del tipo subjetivo concurre conjuntamente con el dolo un elemento

especial que alude a la antijuricidad, y que el legislador identifica con la expresin fines

i lcit os.El agente debe, pues, actuar sin una finalidad legtima.

La tentativa en este delito es configurable y punible.

La ley ha establecido para estas conductas coactivas la penalidad ms alta en relacin a

los otros supuestos delictivos contemplados por el artculo 296 A. En efecto, para el caso

que analizamos se ha fijado pena conminada nica no menor de 25 ni mayor de 35 aos de

pena privativa de libertad. Es de sealar, sin embargo, que esta penalidad es menor a la de

cadena perpetuaque estableca el derogado artculo 296 C, la cual era a todas luces

desproporcionada y simblica, pues se trataba de reprimir con ella actos esencialmente

preparatorios. Es decir, comportamientos de relevancia cualitativamente inferior a los

considerados en el artculo 296 que implica el trfico directo de drogas manufacturadas. Por

tanto, pues, desde esta evaluacin de proporcionalidad debemos observar que la penalidad

aportada por la Ley 28002 sigue siendo alta. No obstante, en el contexto actual ese marco

sancionador parece ser compatible con los objetivos de prevencin general negativa, que

con relacin a los cultivos ilegales de coca viene postulando el Estado.


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9.6. A MODO DE CONCLUSION

Como lo insinuamos al inicio de estos comentarios, la problemtica cocalera responde a

un sistema etiolgico que el legislador penal no puede soslayar. Como se ha podido

apreciar, el tratamiento penal de los actos de cultivo de plantas fiscalizadas en nuestra

legislacin muestra un abanico de delitos que recorren sus distintas manifestaciones

operativas. De otro lado, el marco punitivo diseado por la legislacin vigente, establece

penas severas si se tiene en cuenta el significado de tales conductas criminalizadas en el

circuito real del trfico ilcito de drogas. Ahora bien, subsisten vacos normativos

clamorosos en el derecho penal nacional, como aquel relativo a la atipicidad de la

induccin al cultivo y procesamiento ilegales de hojas de coca. Estas carencias requieren

de acciones criminalizadoras inmediatas, por ser tales conductas las formas ms

recurrentes y corrientes de conectar al campesinado cocalero con el narcotrfico. En todo

caso, pues, la respuesta poltico criminal que se adopte debe sopesar todas estas

variables y condicionamientos, a fin de que las medidas punitivas no anulen ni sustituyan

las polticas de promocin y desarrollo de cultivos alternativos y de erradicacin razonable

de los sembros de coca existentes. Todo parece indicar, pues, que el derecho penal, en

este contexto y dominio, slo tiene dos alternativas a seguir: o se constituye en un

instrumento residual y complementario de una nueva estrategia de control de las reas

cocaleras y de la erradicacin consensuada; o se transforma en un instrumento simblico

que coadyuve a la represin indiscriminada del campesinado cocalero y a la legitimacin

de los excesos y fracasos de los programas de erradicacin absoluta y forzada. Al

legislador, compete, entonces, la grave responsabilidad de decidir entre ambas opciones

el rol que en definitiva le tocar cumplir al derecho penal nacional en la nueva poltica

para enfrentar el actual conflicto de la coca.

tipos especiales tid

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