Tejiendo redes: iniciativas de articulación para la observación, el monitoreo y la incidencia política en materia de derechos humanos y

migraciones forzadas.

American Friends Service CommitteeOficina Regional Latinoamérica y El Caribe18 Calle 24-69 zona 10, Centro Empresarial Zona Pradera, Torre 2, oficina 1108, Ciudad de Guatemala, Guatemala.Teléfono: (502) 2302-2281

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Investigadora principal: Mariana ZaragozaEquipo de apoyo: Equipo Regional de Movilidad Humana AFSC LACDiagramación y edición de texto: AFSC LAC

Agradecimientos

Este informe se llevó a cabo gracias a los aportes de representantes de las siguientes redes y colectivos:

Colectivo 1597 TJColectivo de Monitoreo y Observación Migratoria en TijuanaColectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano Mesa de Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado por Violencia en El SalvadorRed Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones

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ÍNDICE

1Introducción y metodología

Análisis regional: el recrudecimiento de la política migratoria en toda nuestra región

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10Sistematización de redes y colectivos

10Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM)

14Colectivo de Monitoreo y Observación Migratoria en Tijuana

17Colectivo 1597 Tj - Tijuana

21Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano

25Guatemala: procesos colectivos en construcción

28El Salvador: Mesa de Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado por Violencia en El Salvador

31Reflexiones finales por parte del equipo de AFSC

INTRODUCCIÓN YMETODOLOGÍA

En los últimos años, la región mesoamericana ha sido marcada por la consolidación del proyecto de externalización de fronteras por parte de Estados Unidos, el cual viola los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad. Esto ha tenido como consecuencia, que organizaciones y colectivos de personas migrantes se enfrenten a nuevos retos que requieren de un trabajo estratégico de articulación local y regional para incidir desde la complejidad del actual contexto.

En este sentido, el Programa Regional de Movilidad Humana de American Friends Service Committee (AFSC) tiene una estrategia enfocada en generar y fortalecer la articulación de las redes de la sociedad civil y de base comunitaria a nivel regional, nacional y local, por medio de grupos de trabajo, plataformas políticas y actores clave para la incidencia política, auditoría social, sensibilización, protección y asistencia en beneficio de la población en contextos de movilidad humana.

Con la mirada puesta en la vinculación y el reconocimiento de las capacidades internas, el equipo de Movilidad Humana de AFSC ha participado en procesos estratégicos en territorios que atienden diversas problemáticas en torno a la movilidad humana. A continuación, se presentan algunas experiencias de articulación de organizaciones civiles de base comunitaria, centros de derechos humanos, academia y otros actores claves para la observación, el monitoreo y las acciones de incidencia política y de sensibilización sobre la situación de las poblaciones en contexto de movilidad humana a nivel regional en las frontera norte y sur de México, Guatemala y El Salvador.

METODOLOGÍAPara el equipo de AFSC es prioritario rescatar algunas experiencias del trabajo colectivo, mostrando los aprendizajes y retos, con las particularidades que tiene cada territorio dentro de una región tan diversa y unida como Mesoamérica. A partir de la selección de seis experiencias, se realizó un análisis del contexto para identificar las principales problemáticas expuestas por las redes entre 2019 y 20201, para luego realizar entrevistas a profundidad con base en los siguientes perfiles:

1 A pesar de que el contexto se escribe hasta diciembre de 2020, consideramos importante incorporar los hechos sucedidos con la caravana del éxodo centroamericano que salió en enero de 2021 por la gravedad de lo sucedido y porque se complementa al contexto expuesto. 1

Entrevista colectiva con el equipo de AFSC para rescatar el sentido del informe, identificar información básica de cada proceso y consensuar el análisis del contexto. Entrevista a integrantes de AFSC que participan y son responsables del seguimiento a una red, colectivo o país. Entrevista a una persona integrante de cada red, colectivo o país con un liderazgo activo y que pertenece a una organización externa.

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El instrumento para las entrevistas se estructuró en cuatro niveles adecuados al contexto y a la forma de trabajo de cada red: organizativo, monitoreo y documentación, incidencia y acompañamiento, todo en clave de retos y aprendizajes. Las organizaciones que se nombran son las que se encuentran activas en algún colectivo o red a enero de 2021. Sin embargo, a lo largo del tiempo, pudieron haber participado otras que no fueron nombradas o al día de la publicación de este documento se pudieron haber incorporado nuevas. Lo que a continuación se presenta es la sistematización de la información clave de cada proceso2, reconociendo el caminar colectivo de las organizaciones y honrando los aprendizajes que en el camino se han identificado.

ANÁLISIS REGIONAL: RECRUDECIMIENTO DE LA POLÍTICA MIGRATORIA RESTRICTIVA EN NUESTRA REGIÓN

Este ejercicio de análisis y síntesis recoge información emanada de reportes publicados por las redes y espacios de vinculación en los que participa American Friends Service Committee, Oficina Regional de América Latina y El Caribe (AFSC LAC). Además, el análisis se basa en el contexto migratorio reciente (2019-2020) de la región del norte de Centroamérica, México y Estados Unidos, y se aborda un panorama regional general que permite aterrizar con información concreta sobre los territorios en donde trabajan las redes y colectivos de los que AFSC LAC forma parte. Los territorios antes mencionados son estratégicos por tratarse de lugares de origen, tránsito, destino y retorno de miles de personas desplazadas forzadas y con necesidades de protección internacional, también se caracterizan por tratarse de lugares fronterizos clave para la defensa y protección de los derechos humanos de las personas migrantes, y por último, por ser lugares en donde se construyen procesos transfronterizos que permiten la articulación y la incidencia en espacios regionales e internacionales.

2 Sabemos que se podría ahondar en más detalles y que cada red o colectivo realiza un trabajo mucho más profundo, pero para los objetivos de este informe se decidió presentar la información sistematizada poniendo énfasis en los aprendizajes de cada espacio. 2

El contexto global de las movilidades forzadas está directamente relacionado con una crisis sistémica del modelo capitalista, neoliberal, colonial y patriarcal. Los territorios se están convirtiendo en lugares en donde gran parte de la población no tiene garantizada una vida digna y segura, lo cual trae como consecuencia en los últimos años, el incremento de las migraciones forzadas. Según información del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) hasta 2019, más de 79,5 millones de personas fueron desplazadas de manera forzada en todo el mundo, lo que representa el 1% de toda la humanidad3. De este total, más de tres cuartos de la población se encuentra en situación de desplazamiento prolongado y el 85% se encuentra en países del sur global que también enfrentan contextos de violencia estructural y no garantizan las necesidades específicas de protección requeridas.

Asimismo, el constante aumento de personas desplazadas, la falta de voluntad política y la criminalización de las personas en contexto de movilidad, muestran la importancia de un abordaje desde los derechos humanos. Además, la mayoría de los países de tránsito se enfrentan a políticas de externalización de fronteras impuesta por el norte global y se han convertido en espacios de recepción obligada de personas migrantes y solicitantes de asilo. Todo lo anterior, bajo presiones comerciales, acuerdos de cooperación militar, externalización de fronteras y tercerización de los sistemas de asilo, en donde los gobiernos imponen políticas de cierre de fronteras para contener a los flujos migratorios que buscan llegar a los países más enriquecidos.

En la región mesoamericana, uno de los principales corredores migratorios en el mundo4, desde hace décadas se implementan procesos de externalización de controles fronterizos de Estados Unidos hacia México y el norte de Centroamérica. Sin embargo, entre 2019 y 2020, se han recrudecido las políticas migratorias restrictivas y desmantelado los sistemas de asilo en medio de la agudización de las múltiples causas de violencia que obligan a miles de personas a salir de sus lugares de origen.

Luego de las amenazas del presidente Donald Trump en 2019 de imponer hasta un 25% de aranceles a las importaciones mexicanas si no se reducía la migración irregular, el gobierno mexicano se comprometió a reducir los cruces irregulares a Estados Unidos mediante el despliegue de más de 21 mil elementos de la Guardia Nacional (GN) a las fronteras norte y sur5.

3 UNHCR, Datos Globales 2020. Disponible en: https://www.unhcr.org/globalreport2019/ 4 Hay datos de Naciones Unidas que en 2014 estimaban un flujo anual de 500 mil personas migrantes que cruzan la frontera sur mexicana y recorren el país en más de 200 rutas clandestinas. El dato más reciente y con el que Estados Unidos presionó al gobierno mexicano para implementar políticas de contención migratoria es 850,000 considerando el número de detenciones por parte de la Patrulla Fronteriza de EUA. Este dato tiene sus cuestionamientos, pero dada la complejidad para documentar las movilidades humanas nos permite dimensionar la complejidad del contexto. 5 COMDHSE, 2020. Informe de Hallazgos de la Misión de Observación de Derechos Humanos en la Frontera Sur de México (MODH) 2020. Disponible en: http://caravanamigrante.ibero.mx/uploads/monitoreos_pdf/7cdc5825a404775956cccd098e5b8427.pdf

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Además, formalizó el programa Migrant Protection Protocols (MPP), conocido como “Quédate en México”, que ha significado la deportación de más de 60 mil personas solicitantes de asilo de Estados Unidos a México sin ninguna estrategia institucional articulada para atender sus necesidades básicas6. Finalmente, el 21 de marzo de 2020, bajo el título 42 de la Ley de Seguridad Pública de Estados Unidos, se confirmó la expulsión exprés de personas que ingresaran de forma irregular por la frontera entre Estados Unidos y México, a pesar de ser solicitantes de protección internacional7.

También los países del norte de Centroamérica han enfrentado presiones por parte de los Estados Unidos. Durante el gobierno de Donald Trump, se intentó suspender el programa migratorio conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), el cual otorga protección a más de 400,000 mil personas de países como El Salvador, Honduras, Haití, Nicaragua y Sudán. De forma paralela, se suspendieron los programas de apoyo a los países del norte de Centroamérica con el pretexto de que se había invertido mucho dinero en la asistencia extranjera y no se había conseguido frenar la migración irregular hacia Estados Unidos.

Por su parte, Guatemala, El Salvador y Honduras aceptaron la negociación para convertirse en Tercer País Seguro, lo que significa que personas solicitantes de asilo en Estados Unidos pueden ser enviadas a países centroamericanos a esperar la resolución de sus procesos, con el objetivo de quedar absorbidas por los sistemas de asilo de dichos países. Asimismo, el Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA) violenta el derecho internacional de las personas refugiadas, ya que entre el 21 de noviembre de 2019 y el 16 de marzo de 2020, Estados Unidos trasladó a Guatemala a 939 solicitantes de asilo de nacionalidad salvadoreña y hondureña, en su mayoría mujeres y niñas. Enviar a personas centroamericanas solicitantes de asilo a países vecinos de los lugares de los que huyen, viola el principio de no devolución y empuja a las personas a desistir de sus peticiones8.

Además, estos acuerdos han sido negociados de forma poco transparente y sin permitir que la sociedad civil y las organizaciones defensoras de derechos humanos puedan acceder a la información. Desde México hasta Honduras no se tiene información exacta sobre lo negociado en estos acuerdos, pero sí sobre los impactos que están teniendo en la seguridad, integridad física y emocional de las personas solicitantes de asilo.

6 Revista Ibero N. 69. Migrantes en Tijuana. Pandemia versus derechos humanos. Colectivo de Monitoreo y Observación Migratoria de Tijuana. Disponible en: http://revistas.ibero.mx/ibero/articulo_detalle.php?id_volumen=55&id_articulo=995&id_seccion=872&active=871&pagina=35 7 Datos oficiales de expulsiones por la CBP. Disponible en: https://www.cbp.gov/newsroom/stats/cbp-enforcement-statistics/title-8-and-title-42-statistics 8 Datos presentados en el informe de la Red Regional de Protección presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las violaciones a derechos humanos que sufren las personas migrantes y refugiadas en México y Centroamérica. Este informe se presentó en una audiencia regional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 2020.  4

Es importante recordar que Centroamérica tiene el Convenio Centroamericano de Libre Movilidad (CA4) que se está viendo desmantelado con la militarización fronteriza y la falta de seguridad de las personas solicitantes de asilo que han sido trasladadas a países como Guatemala.

Históricamente los países centroamericanos que están negociando los ACA, son responsables por las múltiples causas que provocan la migración. Las diversas violencias son los principales motivos por los cuales las personas salen de manera forzada de sus países en busca de condiciones de vida dignas y seguras. En el caso de Guatemala los principales motivos son la precarización de las condiciones socioeconómicas, violencia estructural, violencia cometida por crimen organizado, maras o pandillas y delincuencia, grupos organizados vinculados al narcotráfico, extorsiones o amenazas9. En el caso de El Salvador, el desplazamiento interno forzado requiere de un trabajo interinstitucional que proteja la vida de personas cuyos testimonios demuestran cómo sus vidas se precarizan a partir de la salida de sus comunidades debido al permanente desplazamiento y hacinamiento en el que viven. Cabe destacar que los datos recabados por organizaciones de la sociedad civil sobre los casos de desplazamiento forzado por violencia demuestran que, comparado con el año anterior, en 2018, las amenazas directas incrementaron en un 100% los desplazamientos forzados en el interior del país10.

Asimismo, desde una mirada de protección internacional y de defensa de los derechos humanos, es importante analizar cómo funciona la política de detención migratoria tanto en Estados Unidos como en México. La detención sirve como método disuasorio para negar el acceso al asilo a las personas con necesidades de protección internacional y como estrategia concentradora para la deportación. En ambos países se ha afectado la salud física y emocional de la población migrante a través de la práctica de la tortura y otros tratos crueles e inhumanos y degradantes.11

Ante a este contexto, coaliciones como la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM), en donde convergen 12 países y más de 80 organizaciones, presentó en noviembre de 2019 un comunicado12 en el marco de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM) 2019,13 el cual reafirma ante los Estados la necesidad de contar con una visión integral de derechos humanos en la atención, protección y búsqueda de justicia de las personas en contexto de movilidad, así como en relación a sus familiares en los procesos de búsqueda e identificación de personas desaparecidas en la ruta migratoria.

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9 AFSC (2019). Análisis del Contexto: Guatemala. 10 Mesa de Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado por Violencia en El Salvador (2019). Lo que El Salvador NO Reconoce: Informe de las Organizaciones de la Sociedad Civil sobre los Casos de Desplazamiento Forzado por Violencia 2017-2018.11 American Friends Service Committee (2019). DETENCIÓN MIGRATORIA: UN MECANISMO DE DISUASIÓN PARA SOLICITANTES DE ASILO. 12 Puntos principales extraídos del comunicado original. 13 Conferencia Regional sobre Migración. Disponible en: https://www.crmsv.org/es/acerca-de

De igual forma, las coaliciones rechazan el recrudecimiento de las políticas y medidas migratorias expresadas a favor de la seguridad nacional y en detrimento de la seguridad humana. Cabe mencionar las acciones concretas por parte de los Estados que no van en concordancia con los diálogos e instrumentos creados:

México: ha fortalecido su sistema de detención con 8 nuevos espacios que suman un total de 66 estancias. Las personas migrantes (mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes) reciben tratos crueles y degradantes, los cuales han sido documentados a partir de los monitoreos y observaciones que se han realizado por parte de las redes regionales. El Salvador: a través de la Ley Especial de Migración y Extranjería se creó la figura de patrullas fronterizas para militarizar la frontera. Costa Rica: se creó el Centro de Aprehensión para Migrantes y continúan operando los centros de atención para migrantes (centros bicentenarios). Costa Rica, República Dominicana y Panamá: se realizan detenciones arbitrarias, rechazos en fronteras y deportaciones sin el debido proceso. La condena, desacreditación, difamación, persecución, criminalización y asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos en países como México, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y República Dominicana.

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En 2019 se consolidó una estrategia de recrudecimiento de la política migratoria caracterizada por la detección, detención, deportación, externalización, desmantelamiento de los sistemas de asilo y militarización de la seguridad fronteriza.

Crisis que se agravaron con la pandemia y el desplazamiento forzado de la población centroamericana La organización colectiva de personas migrantes centroamericanas en caravanas, refleja la realidad del contexto actual por la pandemia de COVID-19 y los recientes fenómenos socioambientales causados por los huracanes ETA e Iota, los cuales han tenido fuertes impactos económicos y sociales que provocan la salida de miles de personas. En el éxodo centroamericano de octubre de 2020, las personas que migraron en el contexto de la pandemia manifestaron que lo hacían por las dificultades para conseguir trabajo, el miedo, la discriminación, las amenazas en contra de la comunidad LGBTTIQ, los problemas de inseguridad y los altos niveles de pobreza14.

14 Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones – RROCM. Informe sobre la situación de movilidad y Derechos Humanos en el contexto de la COVID-19 en la región Centroamericana. 6

Por su parte, las deportaciones desde Estados Unidos y México agravaron la criminalización y estigmatización hacia las personas centroamericanas deportadas y los gobiernos siguen sin asumir una responsabilidad en la atención integral a la población en retorno, a quienes en la mayoría de los casos no se les practicó una prueba de COVID-19 al ingresar al país y no hay programas que les asistan económica y emocionalmente. Según datos del Procurador de Derechos Humanos (PDH) de Guatemala, entre mayo y agosto de 2020, el 37,54% de las personas deportadas en el contexto de la pandemia que fueron entrevistadas por la PDH, manifestaron haber estado detenidas entre 3 meses y un año, lo cual demuestra las necesidades de atención integral para las personas en situación de movilidad, ya que estas viven fuertes impactos físicos y psicológicos que se agravan en el contexto de la pandemia.

Las pruebas de COVID-19 que se solicitan para ingresar a los países son PCR, las cuales tienen un costo de alrededor de 90 dólares. Sin embargo, los gobiernos la exigen por protocolo, sin asumir la responsabilidad de facilitar el acceso a las pruebas y las personas en contexto de movilidad forzada no pueden adquirirlas por su alto precio.

En la frontera sur de México, la emergencia sanitaria por COVID-19 agravó las condiciones generales de vida de la población migrante y sujeta de protección internacional, la cual está expuesta a mayores contextos de vulnerabilidad que van desde la violencia de género hasta quedar en situación de calle, hambre y mayor invisibilidad, esto porque no se le permitió ocupar espacios públicos y fue desplazada a lugares periféricos e inseguros15. La Misión de Observación de Derechos Humanos en la Frontera Sur de México (MODH) identificó los siguientes temas prioritarios16:

Falta de acceso a la salud y programas de prevención para la población migrante y sujeta de protección internacional en el contexto de la pandemia, lo que precariza las condiciones de subsistencia por falta de vivienda, alimentación, educación y trabajo. Incremento de la incertidumbre jurídica de las personas, derivado de los tiempos de espera de sus trámites, los cuales son cada vez más prolongados y trae como consecuencia, la suspensión de sus plazos. Incluso hay personas solicitantes que han sido deportadas debido a que no pudieron renovar sus constancias vencidas. Respecto a la detención migratoria, se agravaron las sistemáticas arbitrariedades en la privación de la libertad, violaciones a derechos humanos, casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, pese a que distintas disposiciones judiciales restringieron la detención de personas vulnerables al contagio por COVID-19.

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15 COMDHSE, 2020. Informe de Hallazgos de la Misión de Observación de Derechos Humanos en la Frontera Sur de México (MODH) 2020. Disponible en: http://caravanamigrante.ibero.mx/uploads/monitoreos_pdf/7cdc5825a404775956cccd098e5b8427.pdf16 Ídem 

Se incrementaron los discursos de odio, las acciones de discriminación y xenofobia que han llegado a confrontar a las poblaciones locales de la frontera sur con las personas migrantes y con necesidades de protección internacional.

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En la frontera norte de Tijuana, las condiciones de la población migrante y sujeta de protección internacional se agravan por el cierre de fronteras y la suspensión de procesos bajo el pretexto de la emergencia sanitaria. Además, coinciden diferentes perfiles de personas en contexto de movilidad que se mezclan bajo los programas de contención como el Migrant Protection Protocol (MPP), las Listas17 de espera para solicitar asilo, las personas solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiadas y las personas expulsadas de manera exprés bajo el título 4218, el cual niega totalmente el derecho al asilo en Estados Unidos19.

Por último, en los territorios fronterizos las personas se encuentran en un estatus migratorio irregular que les pone en mayor vulnerabilidad frente a la violencia por parte de diferentes autoridades y el crimen organizado. En el caso de Tijuana, las personas atrapadas en la frontera se enfrentan a situaciones cada vez más precarias que se agudizan por la discriminación y el acoso policial. La población migrante, principalmente la población racializada, juvenil y LGBTTIQ+, se enfrenta a detenciones arbitrarias e ilegales por parte de la policía municipal que realiza funciones de Polimigra en apoyo al Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional. En la frontera norte de Guatemala hay personas atrapadas porque tienen visas humanitarias otorgadas en 2019 y no han podido ingresar a territorio mexicano a regularizar su situación migratoria, negándoles con esto el acceso a sus derechos20.

Las caravanas de personas migrantes y la respuesta de los gobiernos

A largo de 2020 y en lo que va de 2021, las caravanas de personas migrantes centroamericanas han mostrado cómo el contexto socioeconómico, los fenómenos socioambientales y la pandemia han agravado las condiciones de vida de la región.

17 A partir de 2016, se obligó a las personas solicitantes de asilo a esperar un turno en México a través de una lista de espera administrada por el gobierno mexicano. Este sistema se extendió a toda la frontera norte.18 Ley de Seguridad Pública de Estados Unidos. Disponible en: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/42/265 19 American Friends Service Committee (2020) Sin Fronteras: Diálogo binacional sobre migración, detención y deportación en tiempos de COVID-19. 20 En enero de 2019, el recién llegado gobierno de Andrés Manuel López Obrador otorgó más de 11 mil visas humanitarias en una política de puertas abiertas que terminó con la militarización de la frontera. Las personas que accedieron a estos visados, después de un año no han podido renovar ni regularizar su situación migratoria. 

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A lo anterior, se suman las políticas de cierre de fronteras implementadas por los gobiernos de México, Guatemala y Honduras que buscan desarticular el caminar colectivo. Actualmente, no hay manera de que los grupos grandes avancen y existe una estrategia regional de fragmentación, contención y uso desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos policiales y militares de los gobiernos de la región.

En la caravana de enero de 2020, el gobierno mexicano a través de la Guardia Nacional sometió con violencia a la mayoría de las personas con necesidades de protección internacional bajo un esquema de detención migratoria que dificulta la posibilidad de garantizar la protección internacional.21

Asimismo, en marzo del mismo año y a causa de la emergencia sanitaria por COVID-19, en Honduras se intentaron organizar caravanas de personas varadas por el cierre de las fronteras, pero las autoridades hondureñas no permitieron su avance.22

Luego del levantamiento de las restricciones de movilidad en Centroamérica, una caravana de aproximadamente 4 mil personas salió el 30 de septiembre de 2020 de San Pedro Sula e ingresó a Guatemala con el objetivo de cruzar México y llegar a Estados Unidos. Sin embargo, la estrategia del gobierno guatemalteco fue la misma que ha utilizado el gobierno mexicano: disuadir, militarizar, intimidar y agotar a las personas, dejándolas caminar por horas hasta que son detenidas y deportadas, nombrando a esa estrategia como “retornos voluntarios”. De igual forma, la caravana más reciente que salió el pasado 15 de enero de 2021 de San Pedro Sula, fue disuelta con una estrategia basada en el excesivo uso de la fuerza, discursos de criminalización y en la prohibición de brindar ayuda humanitaria a las personas que en su mayoría tienen necesidades de protección internacional.

Los gobiernos de la región han aprovechado a emitir declaraciones que estigmatizan y criminalizan a las personas en contextos de movilidad forzada, justificando así, las políticas de contención y militarización fronteriza, en lugar de promover una política de acogida que brinde protección frente al desplazamiento forzado.

Finalmente, la situación en la que se encuentran las personas migrantes en las fronteras23, en los territorios de tránsito y destino se ha agudizado en el contexto de la pandemia, por ello la capacidad de respuesta y articulación se hace cada día más necesaria.

21 COMDHSE, 2020. Informe de Hallazgos de la Misión de Observación de Derechos Humanos en la Frontera Sur de México (MODH) 2020. Disponible en: http://caravanamigrante.ibero.mx/uploads/monitoreos_pdf/7cdc5825a404775956cccd098e5b8427.pdf22 Ídem23 Revista Ibero N. 69. Migrantes en Tijuana. Pandemia versus derechos humanos. Colectivo de Monitoreo y Observación Migratoria de Tijuana. Disponible en: http://revistas.ibero.mx/ibero/articulo_detalle.php?id_volumen=55&id_articulo=995&id_seccion=872&active=871&pagina=35

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A lo largo de estos años se han realizado diferentes acciones colectivas cómo el monitoreo y documentación, las estrategias jurídicas e incidencia local, nacional e internacional.

SISTEMATIZACIÓN DE REDES Y COLECTIVOS

A continuación, se presentan seis experiencias regionales, fronterizas y nacionales que responden al contexto anteriormente expuesto. Todas ellas rescatan modos de trabajo, aprendizajes colectivos, reflexiones y retos de un trabajo de articulación que muchas veces no se visibiliza y que requiere de tiempo, energía y confianza por parte de las organizaciones. Cada experiencia es única en su contexto y esperamos que a través de este esfuerzo de sistematización se puedan identificar claves para seguir respondiendo a un contexto que de forma constante presenta retos y obliga a trabajar de forma articulada.

Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM)

Características de la red

La Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM)24, es un espacio regional en donde participan organizaciones y redes defensoras de derechos humanos de 12 países de Centroamericana, Caribe y Norteamérica, siendo estos, Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Haití. La RROCM se articula en el marco de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), un foro multilateral de alto nivel sobre migraciones internacionales en donde participan representantes de once países de la región y se abordan las diferentes problemáticas, agendas de trabajo y compromisos en torno a la movilidad humana.

La RROCM tiene una amplia trayectoria y está integrada por una gran diversidad de organizaciones y redes. A lo largo de sus 25 años han participado organizaciones y redes de la sociedad civil con diferentes perfiles y posturas políticas respecto a la movilidad humana, con el fin de generar espacios de diálogo con los representantes de los Estados que conforman la CRM. En este sentido, se recogen algunas características principales de las organizaciones que conforman la RROCM:

24 Conferencia Regional Sobre Migración. Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones: https://www.crmsv.org/es/acerca-de/sociedad-civil

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Organizaciones y redes de derechos humanos surgidas durante los conflictos internos políticos y sociales en las décadas de los 70 y 80.Organizaciones internacionales con un perfil de diplomacia ciudadana. Organizaciones especialistas en temas como niñez, género, trata, refugio, población originaria, entre otros, las cuales transversalizan sus ejes de trabajo permanente con la movilidad humana, para fortalecer la capacidad de diálogo de la red.

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Cada uno de estos perfiles impulsa agendas de incidencia en los países y a nivel regional de manera complementaria, teniendo claridad que el principal espacio de interlocución, pero no el único, es la CRM, en donde se posiciona una agenda de diálogo propositivo con los Estados.

¿Cómo surge la red y qué trabajo realiza?

La Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM) nace en 1996 en el marco de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), cuando un grupo de organizaciones y redes de sociedad civil se articularon alrededor de estas conferencias. Inicialmente los diálogos eran escasos y fugaces, pero con el tiempo comenzaron a tener eventos paralelos y poco a poco, fueron haciendo incidencia y posicionándose hasta lograr formar parte de la estructura de la CRM como organizaciones de la sociedad civil.

La CRM es un espacio de diálogo e intercambio de información entre Estados, organismos internacionales y regionales, y organizaciones de la sociedad civil, en donde la RROCM es el principal interlocutor. Esto hace de la CRM un espacio pertinente, complejo y estratégico.

El papel de la RROCM, es enriquecer el diálogo desde el quehacer de sus más de 100 organizaciones miembros. Es un reto para la red promover la necesidad y protección de los derechos de las personas migrantes, desde sus diferentes contextos y perfiles.

Pese a que la CRM es un espacio no vinculante, logra convertirse en un foro de cooperación que tiene como reto, mejorar la respuesta eficaz y concreta hacia las poblaciones migrantes de la región. La RROCM tiene el compromiso de insistir en que esto se vuelva una realidad.

A continuación, se presentan algunos aspectos organizativos y de incidencia de la Red:

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Actualmente, la red cuenta con una estructura conformada por la Asamblea General, que es su máxima autoridad y está compuesta por todas las organizaciones miembros de la red. Además, es quien delega en el Comité Ejecutivo la implementación de las acciones. Por su parte, el Comité Ejecutivo está conformado por los puntos focales de 5 países miembros de la red, apoyándose en la Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica.

La RROCM funciona con una planificación estratégica de 2 o 3 años, en donde se establecen las responsabilidades de las organizaciones o capítulo país, involucrando apuestas políticas, líneas de acción y gestiones financieras.

Asimimo, la red financia sus acciones desde las organizaciones miembros y es así como se logra la participación en las reuniones dentro de la CRM, campañas, procesos formativos y procesos de planificaciones, entre otros.

Incidencia regional: la agenda de la RROCM no es la suma de agendas nacionales, sino la identificación de temas estratégicos claves que afectan de forma diferenciada a la población en contexto de movilidad de toda la región. La red ha conseguido resultados que solo se pueden observar desde una perspectiva histórica. Además, en cuestiones técnicas, se ha apostado a la promoción de espacios formativos para personas funcionarias de gobiernos, organismos internaciones y de sociedad civil. Estos espacios son una oportunidad de intercambio de buenas prácticas, lecciones aprendidas y de diálogo con organizaciones multisectoriales. También, permiten mejorar la coordinación de acciones en los territorios.

Honrar las experiencias, reconociéndonos como red La RROCM es un espacio de incidencia y articulación que ha permitido posicionar temas estratégicos en toda la región. Se comparte una agenda regional común en temas de movilidad humana. Existe un proceso histórico de articulación y fortalecimiento, que ha permitido a la red madurar y fortalecer su estructura institucional, lo que se traduce en generar acciones estratégicas y sostenibles.Se desarrolla un proceso de documentación y sistematización por parte de los miembros de la RROCM, que fortalecerá las propuestas, diálogos y procesos formativos, entre otras acciones de la red.Adicional a la CRM, la RROCM es miembro regional del Comité Consultivo del Sistema de la Integración Centroamericana (CC-SICA), de la Red de Consulta del Foro Global de Migración y Desarrollo y del Pacto Global de Migraciones.

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Participar de diversos espacios de diálogo con los Estados (CRM, SICA, Foro Global de Migración y Desarrollo, entre otros) abren la posibilidad de promover el diálogo, coordinar atención y acompañamiento directo, y dar seguimiento a agendas regionales y nacionales.

Trabajo de documentación: como en todas las redes y organizaciones defensoras de derechos humanos, documentar y sistematizar información es un reto constante. En el caso de la RROCM, desde 2018 se establecieron indicadores regionales para documentar la información generada desde la red y en 2020 se elaboró un instrumento informático de sistematización de estos datos. Para la red será parte de sus estrategias seguir desarrollando esta acción de forma progresiva y sostenible.

Finalmente, la RROCM es consciente de la necesidad de articulación con otros espacios de sociedad civil, actores privados y públicos para lograr transformaciones sociales, políticas, económicas y legales que garanticen el reconocimiento de la dignidad humana de poblaciones en movilidad.

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25 Para más información sobre el Sistema de la Integración Centroamericana, consultar: https://www.sica.int/consulta/entidad.aspx?Idn=103108&IDCat=29&IdEnt=1423&Idm=1&IdmStyle=1&IdEntStyle=6326 Para más información sobre Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), consultar: http://www.portalfio.org/?Ancho=1440

Colectivo de Monitoreo y Observación Migratoria en Tijuana

Características del colectivo

Está integrado por Aldeas Infantiles S.O.S. México, American Friends Service Committee, Oficina Regional de América Latina y el Caribe (AFSC LAC), Asylum Access México (AAMX) A.C., Espacio Migrante A.C., Al Otro Lado, Families Belong Together, México, Programa de Asuntos Migratorios de Universidad Iberoamericana, Ciudad de México – Tijuana.

El Colectivo de Monitoreo y Observación Migratoria en Tijuana está integrado por un pequeño número de organizaciones que tienen distintas particularidades, pero todas trabajan en la defensa de los derechos de las personas en contexto de movilidad con necesidades específicas de protección. La mayoría realiza labores de defensa en Tijuana, articulación regional, trabajo binacional y transfronterizo. Aquí algunas de sus características:

Organizaciones pequeñas que realizan trabajo de acompañamiento psico jurídico, atención humanitaria, acceso a la salud, acceso a la justicia, defensa de derechos de personas en contexto de movilidad con perfiles y necesidades específicas de protección: niñez y adolescencia (acompañada y no acompañada), mujeres, familias, personas en detención, personas en tránsito, solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiadas en México y solicitantes de asilo en Estados Unidos, entre otras. Organizaciones internacionales que realizan trabajo de incidencia y fortalecimiento a organizaciones defensoras de derechos humanos. Universidades que realizan labores de fortalecimiento, documentación e incidencia junto a organizaciones defensoras de derechos humanos.

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¿Cómo surge el colectivo y qué trabajo realiza?

El Colectivo de Tijuana surge a partir de la experiencia del sureste mexicano y con la llegada de la primera caravana del éxodo centroamericano a Tijuana, en noviembre de 2018. Los monitoreos realizados en el sureste mexicano, los esfuerzos de documentación en Ciudad de México y la instalación del éxodo en el polideportivo Benito Juárez en Tijuana, movilizaron algunos esfuerzos locales para realizar labores de monitoreo en derechos humanos al interior del albergue.

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Con estos antecedentes y experiencia, se realizó un esfuerzo por impulsar el monitoreo en Tijuana, y a partir de la represión en la Garita Internacional de El Chaparral, se publicó formalmente un primer monitoreo el 23 de noviembre de 2018. Durante los siguientes días se presentaron diferentes comunicados de monitoreo25.

A partir de julio de 2019, con el despliegue de la Guardia Nacional, el colectivo se amplió a las organizaciones que actualmente lo conforman y desde entonces, se han realizado acciones puntuales para documentar situaciones de graves violaciones a los derechos humanos en contra de la población migrante y de espacios del Colectivo26. Por su surgimiento espontáneo y al haber sido impulsado por organizaciones externas al trabajo local en Tijuana, el colectivo tiene muchos retos en diferentes niveles.

Nivel organizativo: existe un interés latente en continuar trabajando de forma colectiva por parte de las diferentes organizaciones que conforman el colectivo, pero el contexto local de Tijuana y el trabajo de atención directa no han permitido que el esfuerzo se consolide. Es necesario volver a las bases y comenzar un proceso de reconocimiento. Actualmente, ha dado inicio un proceso de fortalecimiento interno y ya se tienen identificados diferentes retos, entre los cuales destacan, la formación y base política desde donde parten las organizaciones, agilizar las formas de comunicación inmediata y toma de decisiones, identificar y poner en el centro las capacidades reales de cada organización, así como acordar un proceso de entrada y salida para formar parte del espacio.

Un aspecto identificado y relevante es que la organización local es fundamental para hacer frente a las lógicas hegemónicas que extraen información y posicionan temas de urgencia sin tomar en cuenta ni fortalecer los procesos locales en la frontera de Tijuana.

Honrar las experiencias, reconociéndonos como red El Colectivo es un proceso que surgió de forma espontánea y requiere de mucho trabajo estratégico, pero ya ha demostrado su capacidad de articulación, documentación e incidencia. Cuando las organizaciones locales colaboran y se articulan son una voz con mucha potencia frente a las lógicas hegemónicas. Hay una admiración y reconocimiento a otros procesos colectivos como el del Colectivo de Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSE) que mantiene el entusiasmo por la articulación y el trabajo en red.

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25 Monitoreos del éxodo centroamericano en Tijuana en noviembre y diciembre de 2018. Disponibles en: http://tijuana.ibero.mx/?doc=/quienessomos/observacion.html26 El Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México-Tijuana creó una página web en donde se condensan todos los comunicados e informes que publican los colectivos de la frontera norte y sur: Disponible en: www.caravanamigrante.ibero.mx

Documentación y monitoreo: a pesar de que actualmente no se tiene una metodología de documentación y monitoreo y existe el reto de fortalecer el trabajo interno, las organizaciones que conforman el colectivo tienen la claridad de que es necesario articularse y documentar toda la información a la que puedan tener acceso. Existen esfuerzos de documentación que demuestran la capacidad de articulación existente, por ejemplo, el artículo publicado en verano de 2020 en la Revista Ibero N. 69 “Pandemia versus Derechos Humanos”. Sin embargo, generalmente las organizaciones externas son las que sacan informes de los contextos fronterizos sin que las organizaciones locales se fortalezcan como actores que acompañan en primera línea a las personas en contexto de movilidad.

Actualmente, el colectivo está en un proceso de definición sobre el “qué queremos y cómo lo queremos” y un punto común es el tema del asilo y refugio. El Gobierno mexicano ha puesto como única alternativa que se pida refugio en México, pero no se habla sobre las formas del “refugio cautivo” como única opción. Todo esto se podría documentar a partir de los casos que se acompañan, pero hace falta generar una herramienta de documentación y aprovechar las capacidades de algunas organizaciones que podrían promover el apoyo de personas voluntarias.

Generar procesos de incidencia: hay una articulación local muy fuerte para la atención humanitaria y cuestiones específicas relacionadas con el acompañamiento, pero no se hace a través del colectivo sino de forma bilateral. La atención inmediata no permite que las organizaciones se articulen para cuestiones estratégicas. Sin embargo, se reconoce como una necesidad urgente utilizar los espacios de incidencia nacional e internacional como plataforma para visibilizar lo que está sucediendo desde las experiencias locales. Incluso, se podría plantear un trabajo regional de toda la frontera norte, porque se comparte la diversidad de proyectos migratorios, aunque cada territorio tenga una problemática distinta.

Por su parte, las organizaciones identifican la necesidad de articularse y tomar fuerza como un actor local con voz propia, ya que existe un sentimiento común de incomodidad hacia las organizaciones que vienen del centro del país. Se reconoce una práctica común por parte de las organizaciones grandes y centralizadas, la cual consiste en apropiarse de las agendas nacionales sin generar procesos con las organizaciones en la frontera, esto dificulta la participación desde los territorios fronterizos. Por esto, existe la necesidad de trabajar en una estrategia de incidencia.

Es importante reconocer que a pesar de los fuertes retos organizativos y de documentación, el colectivo ha logrado participar en procesos de incidencia regional, por ejemplo, presentando aportes con la información necesaria para participar en el 170 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),

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Audiencia Regional “Situación de derechos humanos de las personas que integran la Caravana de Migrantes” de 2018 y en la reciente.27

Colectivo 1597 Tj - Tijuana

Características del colectivo

El Colectivo 1597 Tj está integrado en su mayoría por organizaciones locales de la Ciudad de Tijuana que realizan trabajo transfronterizo. Hasta mayo de 2021, el colectivo estaba conformado por Alma Migrante, International Activist Youth, Casa de Oración del Migrante, Embajada Migrante, SOS Migrante, Pueblo Sin Fronteras y AFSC LAC. Y actualmente, las organizaciones que lo integran son Alma Migrante, International Activist Youth, Casa de Oración del Migrante, Pueblo Sin Fronteras y AFSC LAC. Asimismo, las organizaciones que lo conforman se complementan y caracterizan por brindar atención, acompañamiento y realizar trabajo organizativo con las personas en contexto de movilidad en Tijuana, la diferencia está en el tipo de atención que brindan:

Organizaciones locales que realizan trabajo de acceso a la justicia, litigio estratégico, defensa de derechos a personas en contexto de movilidad con perfiles y necesidades específicas de protección. Albergues y Casas del Migrante que brindan atención humanitaria, acompañamiento psico jurídico, acceso a la salud y acceso al trabajo a personas en contexto de movilidad. Colectivos de activistas que promueven el derecho a la protección y los derechos organizativos de la población refugiada. Organizaciones internacionales que realizan trabajo de incidencia y fortalecimiento a organizaciones defensoras de derechos humanos.

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¿Cómo surge el colectivo y qué trabajo realiza?

Como se indicó anteriormente, las personas migrantes en Tijuana enfrentan un contexto de permanente abuso por parte de las autoridades municipales, estatales y federales. Ante a la llegada de la caravana del éxodo centroamericano a Tijuana en 2018, el presidente municipal en turno, Juan Manuel Gastélum, compartió mensajes xenófobos y racistas en contra de la población migrante, promoviendo el uso de la ley para “castigarlas” socialmente y dar pie a la criminalización y al abuso de poder por parte de las autoridades municipales, realizando operativos de control migratorio ilegales en colaboración con el Instituto Nacional de Migración (INM), los cuales no son parte de sus atribuciones.

27 CIDH concluye visita de trabajo virtual a México sobre personas en situación de movilidad humana, y presenta sus Observaciones Preliminares. Disponible en: Visita CIDH a México 2020 17

En este contexto, las organizaciones comenzaron a presentar denuncias por discriminación y racismo, haciendo implícito el riesgo de que se ejecutaran detenciones arbitrarias por parte de las autoridades municipales. De forma sistemática, la llamada Polimigra realizó operativos migratorios basados en perfiles raciales a jóvenes migrantes y constantemente, las personas en contexto de movilidad en Tijuana manifiestan que uno de sus mayores temores es la Policía Municipal. Es así como la organización Alma Migrante documentó dichos abusos y realizó una estrategia jurídica que derivó en el juicio de amparo número n. 1957/2020, el cual prohibió explícitamente a las autoridades remitir legalmente al Instituto Nacional de Migración a personas migrantes detenidas por la Policía Municipal con motivo de infracciones administrativas y a fin de que resuelva sobre su situación migratoria. Algunos puntos principales del amparo:

Adicionalmente ordena al delegado del Instituto Nacional de Migración que:

Las autoridades se abstengan de realizar declaraciones que transmitan un mensaje negativo sobre las personas migrantes. Den indicaciones a su personal para que se abstenga de transmitir mensajes negativos sobre las personas migrantes. Proporcionar a la población en general, a las personas migrantes y a los servidores públicos del municipio, información completa y correcta sobre los derechos de las personas migrantes, sobre todo en materia de asistencia social, legal y de refugio. Girar instrucciones para que los jueces municipales dejen de extralimitarse en sus funciones, esto es, de remitir a las personas migrantes al Instituto Nacional de Migración.

Su personal se cerciore de que las personas migrantes a su disposición tienen acceso a la asistencia legal necesaria a través de las instituciones de defensoría correspondientes.

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Honrar las experiencias, reconociéndonos como red A partir de una estrategia jurídica se genera una articulación de base para la defensa de derechos humanos. La diversidad de perfiles y la participación de albergues, complementa el espacio colectivo. La participación de personas jóvenes y migrantes permite generar procesos de base que trasciendan a las organizaciones. El colectivo responde a las preocupaciones y violencias que viven las personas en contexto de movilidad en Tijuana. Traducir y socializar el lenguaje jurídico es una semilla que puede dar frutos en la lucha organizativa por los derechos de las personas migrantes.Es importante resignificar el trabajo de las organizaciones, no solo hacer un trabajo asistencial sino usar el poder que se tiene para hacer cambios estructurales. La riqueza de que el colectivo esté conformado por diferentes perfiles de organizaciones permite tener una mirada interseccional y complementaria frente al trabajo que se realiza.

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A pesar de que el amparo protege a la población migrante de los abusos de la Polimigra, en un principio parecía que no iba a prosperar. Desde sociedad civil ya se habían realizado algunos esfuerzos para denunciar los abusos, pero no se había hecho uso de la estrategia de amparo, ya que la denuncia es un tema muy difícil de abordar, por ejemplo, en algunos albergues y Casas de Migrantes, la Policía Municipal realiza rondines en las calles en donde están ubicados y denunciar, podría significar comprometer los acuerdos que garantizan la seguridad en sus espacios.

Proceso organizativo: el proceso de organización comenzó de forma muy orgánica, cuando algunas personas defensoras utilizaron la suspensión del amparo como una herramienta legal que permitiera sacar a las personas detenidas de forma arbitraria por la Policía Municipal y trasladarlas a la Instancia Municipal de Infractores. A pesar de no ser la forma clásica de búsqueda de justicia, a partir de una acción jurídica comenzó un proceso de apropiación colectiva de la herramienta. Actualmente, las organizaciones que conforman el colectivo y llevan el nombre del número del amparo, están haciendo un esfuerzo por crear y facilitar que la herramienta jurídica pueda ser utilizada de forma amplia a través de un protocolo que les permita saber cómo actuar en casos de detenciones arbitrarias, además de generar una metodología de documentación que permita monitorear y denunciar los abusos policiales.

El Colectivo 1597 Tj se encuentra en un proceso de conformación cada vez más complicado, por un lado, los retos que presenta el contexto pandémico y por el otro, la mayoría de las organizaciones que lo conforman dan atención humanitaria, lo que deja poco tiempo para el trabajo de articulación estratégica. A pesar de que el papel principal lo tiene Alma Migrante, por haber interpuesto el amparo, hay una apuesta colectiva por ampliarlo y por un trabajo constante de las organizaciones y personas que integran el colectivo.

Por las características de sus integrantes, el trabajo se realiza en tiempos externos a las obligaciones profesionales. Actualmente, las organizaciones que realizan trabajo jurídico, organizativo y de incidencia son las que tienen un rol más activo en el seguimiento a los acuerdos e impulso al fortalecimiento interno y ya existe una organización interna conformada por diferentes comisiones como incidencia, legal, documentación y educación.

Documentación y monitoreo: cada comisión avanza con el objetivo de construir una herramienta de documentación y monitoreo. A corto plazo, se busca acompañar a un número de casos para aprender de la herramienta, generar un protocolo y traducirlo en materiales que puedan ser compartidos con las personas en los albergues.

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Para el Colectivo Tj es muy importante mediar la herramienta para que las personas defensoras se apropien de ella y puedan defender sus derechos y el de las personas migrantes frente a los abusos policiales.

Por tratarse de un proceso nuevo, existen diferentes retos que van encaminados a la consolidación de una metodología, fortalecimiento interno y documentación, ese es el sueño colectivo. Por tratarse de un proceso nuevo, existen diferentes retos que van encaminados a la consolidación de una metodología, fortalecimiento interno y la documentación:

Generar procesos de incidencia: en el caso del Colectivo Tj, la resolución tuvo un impacto fuerte y el proceso ha sido de arriba hacia abajo, al realizarse la estrategia jurídica y habiendo logrado incidir en espacios judiciales y políticos, se debe ubicar en lo local, para ello, se ha realizado un esfuerzo por agendar reuniones con autoridades municipales con el objetivo de parar los abusos policiales. En la actualidad, el reto del colectivo es consensuar valores éticos políticos y trabajar en la formación política para construir una estrategia de incidencia que trabaje con la población en contexto de movilidad y personas defensoras de derechos humanos.

Por último, desde que se ganó el amparo en 2018, ya se tenía pensado hacer una campaña de comunicación que difundiera sus alcances para las personas que enfrentan amenazas y xenofobia como consecuencia de las declaraciones de autoridades municipales y por parte de la Polimigra. Esta campaña salió el 10 de noviembre de 2020 y durante un mes se difundieron infografías en redes sociales, ya que para el colectivo la estrategia educativa y de incidencia social son muy importantes porque permiten a las personas migrantes en Tijuana organizarse en la defensa de sus derechos.

Impulsar la formación y participación de jóvenes que puedan liderar el trabajo de monitoreo y documentación, un reto más complejo por condiciones externas y en el marco de la pandemia es lograr que las personas migrantes puedan participar en el trabajo de monitoreo. Reforzar el trabajo administrativo para que no recaiga en una sola organización y buscar formas de ejecutar recursos que permitan la participación de más personas. En muchas ocasiones, es complejo reportar gastos no comprobables frente a las financiadoras. La pandemia provoca que el trabajo en terreno sea cada vez más complicado, por eso es importante considerar aspectos de bioseguridad e identificar formas creativas para documentar. Impulsar la formación jurídica para hacer más digerible la información y lograr que todas las personas del colectivo se apropien de ella.

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Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano Características del colectivo

El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSE) está integrado por American Friends Service Committee, Oficina Regional de América Latina y el Caribe (AFSC LAC), Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Centro de Derechos Humanos Tepeyac, Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, Formación y Capacitación (FOCA), Iniciativas para el Desarrollo Humano, Kaltsilaltik, Médicos del Mundo – España y Francia (MdM), Red Jesuita con Migrantes – Centroamérica y Norteamérica, Servicio Jesuita a Migrantes - Comalapa, Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), Tzome Ixuk - Mujeres Organizadas, Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA, y Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes.

Las organizaciones que conforman el COMDHSE tienen características particulares que enriquecen el trabajo en red y a través de la articulación han fortalecido su trabajo interno. Aunque cada organización tiene su propia identidad y características, a continuación, se presentan algunas puestas en común:

Organizaciones locales que realizan trabajo de acompañamiento psico jurídico, atención humanitaria, acceso a la salud, acceso a la justicia, defensa de derechos a personas en contexto de movilidad con perfiles y necesidades específicas de protección: niñez y adolescencia (acompañada y no acompañada), mujeres, población LGBTTIQ+, trabajadoras sexuales, trabajadoras del hogar, personas en detención, personas en tránsito, solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiadas, etc. Organizaciones internacionales de corte humanitario que trabajan con las organizaciones locales para brindar servicios específicos o que realizan trabajo de incidencia y fortalecimiento a organizaciones defensoras de derechos humanos. Redes regionales conformadas por organizaciones de base, albergues y universidades.

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¿Cómo surge el colectivo y qué trabajo realiza?

El COMDHSE tiene como antecedente el trabajo de la Mesa de Coordinación Transfronteriza de Migraciones y Género28 y la Misión de Observación de los Derechos Humanos en la Frontera de Guatemala y México en 2016.29 Estos antecedentes fueron las semillas para el trabajo regional transfronterizo en donde las organizaciones y colectivos ya se reconocían y articulaban para realizar trabajo de defensa de derechos humanos de forma regional. En 2018, surgieron las llamadas caravanas del éxodo centroamericano y las organizaciones que ahora conforman el COMDHSE asumieron el reto de documentar y monitorear con enfoque de derechos humanos para identificar las graves violaciones que por acción u omisión ha cometido el Estado mexicano. Estos monitoreos abarcan dos corredores migratorios en el sureste mexicano, el corredor central30 y de la costa de Chiapas31. En un contexto caracterizado por la confusión y la falta de información con enfoque en derechos, el aporte de los monitoreos fue fundamental para brindar información a la opinión pública32 y dejar antecedentes que han permitido realizar acciones de incidencia social y política.

Asimismo, las caravanas del éxodo centroamericano, el cambio de gobierno en México y las presiones del gobierno de Donald Trump marcaron una nueva etapa en el trabajo de defensa de los derechos de las personas en contexto de movilidad. En la frontera sur mexicana se enfrentan contextos caracterizados por la criminalización de la migración, militarización de las rutas migratorias y reforzamiento de políticas de detención y deportación en medio de una pandemia que ha sido utilizada como pretexto para justificar el endurecimiento de la política migratoria. En este sentido, el COMDHSE ha logrado una articulación estratégica, que, con el paso del tiempo, se ha fortalecido y ha dejado aprendizajes en diferentes niveles.

28 Mesa Transfronteriza de Migraciones y Género, es una red de organizaciones, grupos y colectivos de la sociedad civil e instituciones públicas de Guatemala y México. Para mayor información: https://transfronteriza.org/quienes-somos/29 Informe Análisis y Misión MODH, 2018. Disponible en: https://transfronteriza.org/materiales/publicaciones/ 30 Que va de los puntos fronterizos La Mesilla y Gracias a Dios, en la frontera entre Chiapas y el departamento de Huehuetenango en Guatemala. 31 Que inicia en la frontera entre Tecún Umán, departamento de San Marcos en Guatemala, con Ciudad Hidalgo en Chiapas.32 Para consultar todos los monitoreos e informes de MODH que ha realizado el COMDHSE consulta la página: http://caravanamigrante.ibero.mx/ 22

Honrar las experiencias, reconociéndonos como red El colectivo es un actor que desde la frontera hace frente a lógicas hegemónicas del centro del país. Se comparten valores ético-políticos que permiten seguir dando pasos firmes en el trabajo colectivo.Hay una apuesta por la horizontalidad y el impulso por nuevos liderazgos locales. El trabajo articulado permite la complementariedad en la atención a diferentes perfiles de personas con necesidades específicas. Se ha puesto en común las capacidades y lo que cada organización puede aportar al colectivo. Acuerpamiento colectivo cuando hay casos delicados de criminalización y de procesos de transición. Las organizaciones se han visto beneficiadas por el trabajo que el colectivo aporta.

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Proceso organizativo: frente a un contexto cada vez más complejo, el trabajo articulado y colectivo ha sido una prioridad que se ha puesto en el centro de todo el proceso. Aunque la mayoría de las organizaciones ya tenían un reconocimiento por su trabajo previo, juntar fuerzas y trabajar en la promoción de la horizontalidad, pero reconociendo la diversidad de capacidades, es una de las riquezas más grandes que caracterizan a este espacio.

Del mismo modo, otro aspecto importante y fundamental del COMDHSE es el posicionamiento ético-político que ha permitido fluir de forma articulada y desinteresada. Y es que la toma de decisiones en lo inmediato, en lo estratégico y en el uso de los recursos ha fortalecido a las organizaciones más pequeñas y también ha permitido la participación e impulso de nuevos liderazgos femeninos y feministas que se posicionan desde la frontera sur. Lo anterior no significa que sea un proceso consolidado, pero se reconoce el camino común que como colectivo se ha decidido caminar.

Hoy por hoy, siguen existiendo diferentes retos como el nivel de implicación de todas las organizaciones y la búsqueda de mecanismos de rotación de responsabilidades, coordinación y vocerías. Sin embargo, en la cotidianidad del colectivo hay una participación de más de la mitad de las organizaciones, tratándose de un proceso lento pero que va avanzando y que ha permitido un cambio de perfiles dentro del mismo. Durante 2020, hubo transiciones al interior de organizaciones que tenían más presencia con liderazgo y el colectivo logró arropar a las nuevas integrantes como una decisión en común de acoger y dar la bienvenida a nuevas personas.

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Documentación: en octubre de 2018, se comenzó a documentar de forma básica con los equipos que salían a terreno y a través de distintas comisiones se realizaba la sistematización de la información y redacción de comunicados, que día a día describían y denunciaban lo que iba sucediendo. Sin embargo, esta ha sido una forma de documentación muy efectiva, pero el reto es mejorar la metodología de forma rápida, inmediata, segura y homogénea, teniendo las directrices comunes y herramientas de seguridad tecnológica que permitan vaciar y sistematizar toda la información generada. Actualmente, se monitorean violaciones a los derechos humanos por acción u omisión, uso de la fuerza y situaciones de vulnerabilidad de las personas en movilidad.

Un aspecto a rescatar es que, a partir del trabajo de monitoreo en las caravanas, se decidió unir fuerzas y realizar documentación conjunta en las Estaciones Migratorias (EM) ubicadas en el corredor Central y Costa. Esto ha fortalecido el trabajo interno de las organizaciones que ingresan a las EM, ya que se comparte la información y ha obligado a que las autoridades migratorias reconozcan la articulación y brinden información certera sobre los casos que se acompañan. Ampliar la documentación a otros corredores ha permitido atender la situación de migración de tránsito y perfiles de asilo que estaban invisibilizados.

Incidencia: si bien no existe una agenda consolidada de incidencia sino "una aspiración común de incidencia desde valores éticos políticos", la apuesta de documentación para la denuncia de forma inmediata se une a acciones de incidencia dentro del colectivo y organizaciones aliadas. Asimismo, en 2021 el colectivo ha buscado construir y fortalecer comisiones de trabajo, de las que sobresale la Comisión de Incidencia, la cual tiene como objetivo, construir una estrategia y agenda de incidencia de acuerdo a las necesidades, capacidades internas y alianzas institucionales. Estos son los principales logros:

Mayor presencia en espacios locales y nacionales con un discurso más fortalecido que se respalda con información sistematizada y colectiva. Capacidad de trabajo que se queda en la documentación pero que se puede fortalecer con una estrategia de incidencia. En lo local hay un reconocimiento de la articulación entre organizaciones y se han consolidado como un frente amplio para negociaciones complejas.

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Guatemala: procesos colectivos en construcción

A diferencia de los procesos regionales, fronterizos y locales que se muestran en este informe, Guatemala tiene la particularidad de enfrentar un contexto histórico y coyuntural particular. Existen esfuerzos de articulación que se han enfocado en brindar asistencia humanitaria en el tránsito y procesos de incidencia para legislar la protección y acceso a derechos, como la generación del Código de Migración. Como en toda la región, es evidente la tensión latente entre la generación de cambios estructurales que requieren una estrategia de incidencia y los acuerdos con gobiernos locales y estatales para poder brindar una mejor atención y seguridad a las personas en movilidad. Este es un reto enorme para la articulación porque el monitoreo y la documentación requieren de compartir información estratégica que debe ser presentada en espacios seguros en los que se construya confianza y valores políticos comunes.

A pesar de que aún no se ha consolidado un proceso de articulación con resultados visibles, como en todo proceso que lleva tiempo, se están sentando las bases y arando la tierra para que germinen procesos colectivos que respondan a un contexto cada día más difícil para las personas en contexto de movilidad.

A continuación, se presentan algunos procesos que diferentes organizaciones llevan tiempo impulsando y que ya han dejado aprendizajes y retos para su fortalecimiento:

Semillas fértiles. Aprendizajes y posibilidades de articulación en Guatemala: 

La articulación en torno a la atención humanitaria es efectiva y se han realizado las primeras acciones de monitoreo y documentación. Es cuestión de tiempo para que maduren los esfuerzos de articulación e incidencia. El contexto va cambiando a ritmos acelerados y el recrudecimiento de la política migratoria obliga a los actores a moverse hacia la denuncia. Es una oportunidad de identificar las formas propias de las organizaciones de la sociedad civil en Guatemala. La incidencia local es una oportunidad, las personas tienen experiencia y capacidad de diálogo con autoridades locales y con la población. La participación en procesos organizativos locales, sin dejar de participar en redes nacionales y regionales, permite ampliar las posibilidades de participación y promover el surgimiento de nuevos liderazgos.

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CIPRODENI - Observatorio de los Derechos de la NiñezFue un espacio de articulación de esfuerzos en la defensa de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA). El observatorio estaba conformado por 11 organizaciones no gubernamentales y una de las líneas de trabajo era la movilidad humana. El observatorio nació en 2014 a partir de la Crisis de los Menores no Acompañados y generó información con datos oficiales de EUA y México. De forma periódica, se generaban boletines donde se compartía información sobre la situación y el retorno de NNA Acompañados y No Acompañados, este trabajo se llevó a cabo de la mano de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Procuraduría General de la Nación (PGN). Se podían dar recomendaciones directas a las autoridades ya que se les permitía ingresar a espacios restringidos por la protección a la niñez.

Procurador de Derechos Humanos de Guatemala (PDH)Es un actor aliado para las organizaciones en Guatemala y tiene el mandato de hacer observancia y recomendaciones al Estado, pero necesita apoyo porque no alcanza a abordar todas las problemáticas y no tiene personal suficiente para llegar a todos los territorios. Por esto, organizaciones como Médicos del Mundo y Cristosal han apoyado diferentes iniciativas de observación, pero son esfuerzos puntuales sobre temas muy específicos, como acceso a la salud para la población retornada o casos de litigio estratégico sobre desplazamiento forzado. En la actualidad, la iniciativa que se ha estado impulsando es una articulación que permita ampliar el trabajo de observancia de la procuraduría y generar un instrumento para monitorear, documentar y sistematizar violaciones a derechos humanos en fronteras, así como generar recomendaciones al Estado de Guatemala. Este es un proceso lento pero que puede tener mucha fuerza porque el mandato del procurador es hacer recomendaciones a distintas instancias gubernamentales.

Iniciativas de monitoreo de caravanasDurante los éxodos de 2019 y de enero de 2020, se hicieron esfuerzos por monitorear y publicar comunicados sobre las caravanas que cruzaron por Guatemala, este trabajo se realizó con el apoyo de varias organizaciones que conforman el Grupo Articulador de sociedad civil en materia migratoria para Guatemala como la Mesa Nacional de Migración (MENAMIG), IDGT/URL, Asociación LAMBDA, Médicos del Mundo, Casas del Migrante y el trabajo de base de la Pastoral de Movilidad Humana, entre otras. A las organizaciones les hizo mucho sentido documentar, pero se identificaron varios retos. Primero, cuando se realizan labores de asistencia humanitaria, documentar genera más trabajo y se requiere un instrumento sólido para saber identificar qué información se aporta. Segundo, al momento de las exigencias y denuncias hacia las autoridades las organizaciones no tienen un acuerdo político común. Lo anterior es una dificultad recurrente en muchos contextos.

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Existen muchas organizaciones que tienen que colaborar con autoridades para poder brindar protección y asilo a la población en contexto de movilidad.

En Guatemala hay una gran variedad de organizaciones con particularidades específicas, que presentan fortalezas y limitaciones, entenderlas en su contexto y plantear los retos principales de articulación es una forma de avanzar para generar consensos y tejer desde lo común.

Aprendizajes y retos identificados para continuar impulsando un trabajo de articulación colectiva:

La vinculación entre la atención inmediata, el acompañamiento a la población en contexto de movilidad humana y con necesidades de protección internacional, y la construcción de propuestas de incidencia pública, requiere sostener y fortalecer esfuerzos de articulación para encontrar los momentos estratégicos de construcción de estrategias que den respuesta a la complejidad del contexto.La financiación de proyectos por parte de algunas agencias de cooperación internacional limitan la organización y articulación para la incidencia, especialmente cuando se trata de señalar las acciones de las propias agencias de cooperación y financiadoras. Hay un trabajo de atención de base potente, el reto consiste en identificar procesos que permitan mayor articulación para la incidencia en cuestiones estructurales que construyan acciones sostenibles para la población migrante y población local. Reconocer la diversidad de espacios, identificarlos y entenderlos es un aprendizaje del contexto. Para lograr consolidar y articular procesos se tiene que invertir mucho tiempo de gestión, estrategia y trabajo bilateral. Los resultados no son inmediatos porque es una apuesta a mediano plazo. El trabajo en las fronteras es estratégico porque es donde se registra el mayor número de violaciones a los derechos humanos. El hecho de que exista mayor presencia de organizaciones que brindan asistencia humanitaria y poca sociedad civil, pone énfasis en apostarle a fortalecer el trabajo desde una mirada articuladora.

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El Salvador: Mesa de Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado por Violencia en El Salvador

Características de la mesa

La Mesa de Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado por Violencia en El Salvador (MCDF) está conformada por 16 organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en El Salvador: American Friends Service Committee (AFSC), Asesoría a Programas y Proyectos de Desarrollo (ASPRODE), Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans con VIH en El Salvador (COMCAVIS TRANS), Consejo Noruego para Refugiados (NRC), Cruz Roja Salvadoreña, Cruz Roja Española, Fundación Educación y Cooperación (EDUCO), Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), Médicos del Mundo España y Francia (MdM), Save The Children, Servicio Social Pasionista (SSPAS), Sínodo Luterano Salvadoreño (SLS), Visión Mundial, Médicos Sin Fronteras y Tutela de Derechos Humanos del Arzobispado de San Salvador.

Cada organización tiene un papel que responde a una necesidad o perfil específico en el contexto del desplazamiento interno forzado. A continuación, se presentan algunas características generales:

¿Cómo surge la mesa y qué trabajo realiza?

Hasta hace poco, el desplazamiento interno forzado era una problemática que requería de una atención especializada y que no estaba lo suficientemente visibilizada en El Salvador. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil que tenían identificada la urgencia por atender las problemáticas alrededor del desplazamiento, decidieron organizarse y visibilizar que el fenómeno era una realidad latente y silenciosa en todo el país.

Organizaciones nacionales que realizan trabajo de acompañamiento psico jurídico, atención humanitaria, acceso a la salud, acceso a la justicia, defensa de derechos a las personas en contexto de movilidad con perfiles y necesidades específicas de protección: niñez y adolescencia (acompañada y no acompañada), mujeres, familias, población LGBTTIQ+, personas retornadas o deportadas, etc. Organizaciones internacionales que realizan trabajo de incidencia y fortalecimiento a organizaciones defensoras de derechos humanos. Institutos de Derechos Humanos de universidades que realizan labores de documentación e incidencia con organizaciones defensoras de derechos humanos.

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Es así, que cuando la MCDF se articuló, uno de sus principales objetivos era documentar y generar acciones para que el Estado salvadoreño reconociera el fenómeno del desplazamiento interno forzado, así como desarrollar políticas que permitieran su prevención, atención y protección. Las organizaciones que conforman la mesa decidieron que, por sus perfiles de trabajo en terreno, no solo se iba a caracterizar, sino que también se daría atención humanitaria directa a las personas en contexto de desplazamiento.

Actualmente, se han realizado 4 informes que evidencian y visibilizan los desafíos que enfrentan las víctimas del desplazamiento interno, de acuerdo a estos informes, de 2014 a 2018 se atendió un total de 822 casos que engloban a 2,938 víctimas33. También, estos han sido años de trabajo en diferentes niveles enfocados al fortalecimiento interno, atención y documentación para la incidencia.

Proceso organizativo: cada organización tiene una población de interés diferente y al tratarse de un espacio nacional, se puede llegar a sectores específicos. Esto ha enriquecido el trabajo porque se puede profundizar en la atención a los diferentes perfiles de vulnerabilidad en el desplazamiento. Asimismo, existen organizaciones que dan respuesta directa y documentan, otras que se dedican a llevar la voz de las víctimas desde mecanismos judiciales y comunicación, y otras se enfocan al fortalecimiento interno o la incidencia política. Todas estas variantes han sido una fortaleza para el trabajo de la MCDF.

Aprendizajes – reconociendo lo colectivo: La MCDF tiene un objetivo común claro y al tratarse de una problemática nacional, la articulación se facilita. Pertenecer a la MCDF permite tener información de primera mano que visibiliza el fenómeno del desplazamiento interno, lo que refuerza mucho la estrategia de incidencia. El trabajo articulado permite responder a los eventos que se consideran prioritarios. Unir esfuerzos ha traído buenas experiencias en diferentes niveles, la articulación ha fortalecido el trabajo que cada organización realiza. El trabajo articulado también ha logrado posicionar a la mesa en espacios regionales.

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33 Información extraída de los informes de la Mesa de Sociedad Civil contra Desplazamiento Forzado por Violencia. "Desplazamiento interno por violencia y crimen organizado en El Salvador. Informe 2016” y ”Lo que El Salvador NO Reconoce: Informe de las Organizaciones de la Sociedad Civil sobre los Casos de Desplazamiento Forzado por Violencia 2017-2018" 29

También se ha logrado encontrar el equilibrio entre documentar y organizar el trabajo de atención directa, ya que al inicio y como sucede en la mayoría de los casos, se estaba sobrecargando el trabajo de asistencia y no se lograba pasar al trabajo de incidencia, pero el papel de organizaciones internacionales sirvió para encontrar el equilibrio. Actualmente, la MCDF está organizadas en dos comisiones: fortalecimiento interno (compuesta en su mayoría por las organizaciones internacionales) e incidencia (compuesta por las organizaciones nacionales).

El 2020 ha significado un reto importante por el contexto de la pandemia, obligando a la MCDF a innovar y repensar el trabajo que se hacía de forma presencial y en el terreno. El teletrabajo ha implicado mayor carga laboral y además del trabajo en la mesa, las organizaciones tienen obligaciones propias de sus agendas internas. Actualmente, algunas personas han regresado a sus oficinas, pero hasta el momento de esta publicación, las actividades presenciales de la MCDF no se han reanudado.

Las organizaciones que forman parte de la Mesa de Sociedad Civil Contra el Desplazamiento Forzado por Violencia en El Salvador mantendrán la atención de siempre, pero ahora se han tenido que considerar medidas de bioseguridad tanto para los equipos como para lugares de acogida.

El trabajo de documentación: el objetivo principal de la MCDF ha sido documentar y visibilizar la problemática del desplazamiento interno forzado en El Salvador. En la actualidad, se reúnen datos de forma colectiva pero cada organización documenta los casos para su acompañamiento integral. Además, el posicionamiento del trabajo colectivo y la apuesta institucional por la documentación ha permitido obtener financiamientos que han apoyado la consolidación de herramientas de recolección y sistematización de la información, que van desde uso de tablas manuales hasta una base de datos digital.

Un reto importante es delimitar y pulir la información que se presenta, principalmente, con un enfoque de género. Es primordial, caracterizar los perfiles de la población desplazada para visibilizar lo complejo de la realidad, mejorar la atención y, sobre todo, exigir al Estado políticas de protección adecuadas a las necesidades específicas de la población.

Incidencia: desde que comenzó la articulación de las organizaciones que conforman la mesa se ha logrado colocar el tema del desplazamiento interno forzado en la agenda nacional. La reciente promulgación de la Ley especial para la atención y protección integral de personas en condición de desplazamiento forzado interno es un logro colectivo de todas las organizaciones y personas en contexto de desplazamiento.

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Sin embargo, y a pesar de que no hay esfuerzos para su implementación y la voz y experiencia de la MCDF no ha sido incluida en los espacios de seguimiento, impactar en la forma en que se nombra la realidad es parte de los resultados conseguidos.

Un reto para la mesa es posicionar el tema con mayor fuerza, ya que las personas en condición de desplazamiento continúan siendo invisibilizadas y excluidas, y no hay interés por parte de funcionarios del poder ejecutivo, gobiernos municipales y por partidos políticos en la Asamblea Legislativa en atenderlas y brindarles protección.

En términos de incidencia social, es necesario sensibilizar y difundir información sobre las causas del desplazamiento, mostrando que las personas intentan reubicarse como parte de su proyecto de vida, pero esto muchas veces es imposible. También es necesario mostrar las condiciones del desplazamiento y los impactos que este tiene en la vida de las personas.

El trabajo de acompañamiento: la MCDF tiene la riqueza de brindar atención y asistencia a las personas en contexto de desplazamiento y se ha fortalecido gracias al trabajo articulado. A pesar de que inicialmente el objetivo de la mesa era documentar, las organizaciones que forman parte atienden a personas en diferentes contextos de movilidad y desplazamiento con perfiles diversos y, por lo tanto, con necesidades de protección específicas. La atención y asistencia es compleja por el contexto de huidas constantes, pero el hecho de que la mesa tenga diversidad de organizaciones distribuidas en distintos territorios permite derivar casos, complementarse y trabajar de manera coordinada en caso de no tener todos los servicios que se requieren.

Uno de los principales retos en cuanto al acompañamiento es preparar los lugares de acogida para que tengan las suficientes medidas de bioseguridad y que las condiciones de los desplazamientos no se vuelvan aún más traumáticas en el contexto de la pandemia.

REFLEXIONES FINALES POR PARTE DEL EQUIPO DE AFSC

La estrategia regional de Movilidad Humana y Migración de American Friends Service Committee LAC está basada en el acompañamiento y fortalecimiento de procesos e iniciativas de las redes, colectivos, organizaciones de la sociedad civil y de base comunitaria, por medio de la generación y difusión de información estratégica para mostrar las realidades de las poblaciones y comunidades desplazadas, así como el posicionamiento de mensajes claves ante la opinión pública, instituciones estatales y otros actores que promocionan, observan y defienden los derechos humanos para incidir en prácticas y narrativas en torno a la movilidad humana.

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Las experiencias presentadas previamente son parte del reconocimiento al trabajo de articulación para la observación y la documentación de las condiciones de las personas en movimiento en toda la región y rescata los aprendizajes y retos que surgen en el camino con la implementación estratégica, incluyendo el propio proceso para realizar el presente reporte.

Es importante reconocer que cada una de las experiencias aquí compartidas ha fortalecido el trabajo interno de AFSC LAC. En muchas ocasiones, el reconocimiento al trabajo colectivo permite posicionarnos como programa de movilidad humana y fortalecer las agendas que apuestan por la articulación y vinculación regional.

Algunos de los aprendizajes que se recogen a lo largo de todas las experiencias es que el trabajo colectivo lleva tiempo, requiere de mucha voluntad, tanto institucional como personal. Se llevó a cabo el ejercicio de poner en el centro los aportes reales que se pueden dar, así como lo que se puede aprender y fortalecer institucionalmente a través de estos espacios. En este sentido, desde un proceso de reflexión y reconocimiento de las capacidades y limitaciones internas de AFSC LAC para la participación y acompañamiento a las redes y colectivos, así como procesos de cada territorio en el que se trabaja, se comparten las siguientes reflexiones del equipo de Movilidad Humana de AFSC en la región:

Contexto

El contexto de la movilidad humana es cada día más complejo y por tanto, se hace más urgente continuar impulsando procesos de articulación que integren análisis del contexto, documentación e incidencia, en los que se escuchen las voces, sentires y denuncias de las personas directamente afectadas. Es importante considerar en la visión a futuro, la agudización de la crisis sistémica derivada del contexto pandémico por COVID-19, así como las emergencias mixtas, como lo son los fenómenos socioambientales en este contexto. Acceder a los espacios para el acompañamiento y la defensa de los derechos humanos cada vez será más difícil ya que la estrategia de los gobiernos sigue enfocándose en debilitar y restringir a la sociedad civil y los movimientos sociales que trabajan en la protección de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Con estos escenarios, los retos para las organizaciones comunitarias, la sociedad civil y organizaciones internacionales son grandes y conllevan la transformación y reforzamiento de enfoques y estrategias de documentación, incidencia, acompañamiento, y también, ejercicios constantes de análisis colectivos de contexto y de reflexión interna para la actualización de estrategias que propicien acciones de exigibilidad de derechos en estrecha coordinación con la población en contexto de movilidad.

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Los procesos de articulación son lentos y sin resultados visibles a corto plazo. Sin embargo, vale la pena apostar a proyectos locales que diversifiquen los liderazgos y desarrollen nuevas capacidades para incidir en la transformación del contexto local, nacional y regional. Es necesario abordar de forma estratégica la construcción de procesos de monitoreo y documentación de derechos humanos encadenados a acciones de incidencia y sensibilización que respondan a las necesidades del contexto y a las capacidades organizativas.

Es fundamental conocer y tener claridad sobre las apuestas políticas de quienes participan en espacios de vinculación de redes y colectivos. También es esencial identificar puntos de encuentro para diseñar estrategias de incidencia política, buscando sumar esfuerzos y no imponer agendas de trabajo particulares. Asimismo, es importante compartir y visibilizar las capacidades y limitaciones institucionales y legales que organizaciones como AFSC presentan a la hora de participar en acciones de incidencia. Como AFSC LAC consideramos que la devolución de la información e integración de las personas en movilidad a las iniciativas de la observación y el monitoreo para la incidencia pública y la sensibilización, debe ser parte de un posicionamiento ético-político. Si bien esto puede representar retos para el diseño de los procesos internos y externos de las organizaciones, colectivos y redes, es innegable que su integración efectiva fortalece y potencia los mismos procesos.

Identificamos la relevancia de las acciones de conexión y articulación con otros espacios e iniciativas en la región. Además, reconocemos los esfuerzos por contribuir a estas acciones estratégicas por parte de las organizaciones y personas que forman parte de las redes y colectivos. Es necesario impulsar procesos de articulación estratégica que fortalezcan la estructura organizativa de los actores locales y que permita tener posicionamientos y denuncias firmes frente a las graves y sistemáticas violaciones a derechos humanos de las personas en condición de movilidad en toda la región.

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Lógica del proceso

Apuestas políticas

Articulación y alianzas estratégicas

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En AFSC apostamos por el fortalecimiento de las alianzas territoriales y estratégicas como una apuesta política y forma de trabajo, considerando el tejido de redes como una -más no la única- acción estratégica para fortalecer las luchas y movimientos en la región. Reconocemos que esta forma de organización parte de una esencia genuina de defensoría de derechos que permite relaciones de confianza y transparencia, impulsando articulación para fortalecer las acciones de incidencia. El reto se basa en reconocer que hay una necesidad de generar alianzas con una estrategia clara de incidencia y que esto, no es sinónimo de nuevas redes o colectivos que dupliquen esfuerzos, si no de generar alianzas más amplias con estrategias de incidencia consensuadas y armónicas con lo que ya se trabaja, siendo conscientes que se necesita trascender las agendas individuales y los protagonismos. La apuesta institucional es tejer redes desde la coherencia de los valores cuáqueros. Las prioridades estratégicas y programáticas a nivel global y regional han permitido construir espacios de confianza, genuinos y transparentes.

La presencia territorial es fundamental para generar procesos de articulación con relación a la observación y documentación de derechos humanos, así como el acompañamiento directo a personas en movilidad. En AFSC LAC reconocemos las limitaciones propias de la organización al no contar actualmente con un trabajo permanente a nivel territorial. Reconociendo estas limitaciones, buscamos contribuir a generar las condiciones idóneas para la documentación y el monitoreo a través del acompañamiento a procesos de recopilación y sistematización de información, análisis de contextos y elaboración de herramientas de acceso público, de acuerdo con las capacidades, apuestas y prioridades estratégicas institucionales. La participación activa de las organizaciones y personas que son parte de los procesos de observación y documentación para la incidencia pública es fundamental, esto implica grandes retos porque estos procesos se suman al trabajo de acompañamiento psicosocial y legal, respuesta humanitaria, gestión de albergues, procesos comunitarios y de defensa de derechos humanos que también requieren de tiempo, energía, equipo y recursos de las organizaciones.Consideramos fundamental la existencia de comisiones o grupos de trabajo en las redes y colectivos. Como parte de la participación de AFSC LAC hemos enfocado nuestro involucramiento en comisiones de fortalecimiento interno y de información estratégica. Asimismo, se han asumido tareas como el seguimiento a acuerdos, redacción de actas o notas técnicas o la facilitación de espacios para ir consolidando el trabajo organizativo y la confianza mutua.

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Participación activa y acompañamiento técnico

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Entender las acciones como procesos, permite acercarnos a las demás organizaciones, colectivos o redes y aprender de sus dinámicas locales, con liderazgos más horizontales que apuesten por el trabajo colectivo. De estas organizaciones hemos aprendido a construir nuevas formas de trabajo que pongan la vida y el cuidado en el centro. Reconocemos la importancia de aportar como AFSC al fortalecimiento de los procesos a través de apoyos financieros para el monitoreo en terreno, apoyos técnicos externos para generar informes de acceso público o la realización de encuentros y/o asambleas desde una mirada de fortalecimiento interno. Sin ser una financiadora, como AFSC buscamos aportar a las necesidades colectivas específicas para sacar adelante el trabajo como red o colectivo, reconociendo limitaciones financieras y de acuerdo a las políticas de AFSC Global. Uno de los principales vacíos de muchas organizaciones, incluyendo AFSC, es el cuidado colectivo y supervisión psicosocial. En contextos hostiles en donde las personas en las organizaciones trabajan bajo presión, son testigos y acompañan a personas que afrontan graves violencias, el cuidado colectivo significa un reto que debemos asumir como una apuesta prioritaria para tener una coherencia con el accionar externo.

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Fortalecimiento de procesos

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American Friends Service Committee (AFSC) ha estado presente en América Latina y el Caribe desde 1927, caminando junto a socios locales para abordar temas como la

pobreza, la inequidad, la exclusión social, la violencia, la migración y el desplazamiento forzado.

En América Latina y el Caribe, AFSC promueve un cambio positivo en las narrativas, prácticas y marcos políticos y legislativos que han generado condiciones hostiles para

las personas migrantes y las poblaciones desplazadas internas. Además, fortalece redes, colectivos y organizaciones de la sociedad civil, por medio de la documentación

y difusión de experiencias de poblaciones y comunidades desplazadas. Asimismo, promueve los derechos humanos por medio de mensajes clave a la sociedad,

instituciones gubernamentales y otras partes interesadas.

Junto a aliados estratégicos, monitorea la situación de derechos humanos de las personas en contexto de movilidad en la región, documentando sus condiciones y

necesidades.

Para más información visite: www.afsc.org/region/latin-america-caribbean