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El uso de los fondos de la tasa de seguridad poblacional y el acceso a la información

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descripcion de la tasa de seguridad en honduras

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  • El uso de los fondos de la tasade seguridad poblacional yel acceso a la informacin

  • El uso de los fondos de la tasade seguridad poblacional y el acceso a la informacinInforme consolidado de las investigaciones en San Pedro Sula, Puerto Corts, Juticalpa y Nacaome

    Este informe presenta los resultados de la investigacin acerca del uso de los fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional y del acceso de la ciudadana a la informacin sobre su gestin. El estudio se realiz en cuatro municipios del pas: San Pedro Sula, Puerto Corts, Juticalpa y Nacaome. Inicialmente, los sujetos de anlisis eran las alcaldas, pero en el proceso se cambi de sujeto, centrndose en las instituciones locales y nacionales que reciben fondos de la Tasa de Seguridad y que los ejecutan en los municipios. La investigacin encontr diversos hallazgos. Uno de ellos es que en un municipio (Nacaome), los fondos fueron asignados sin contar con un receptor de fondos o ejecutor de obras claramente identificado, lo cual es un criterio exigido por la Ley. En materia de ejecucin, solo Puerto Corts presenta una prctica transparente, con documentacin clara de sus cuentas, mientras en los tres restantes municipios los proyectos presentan una ejecucin con inconsistencia en su manejo, lo cual est tambin acompaado de falta de transparencia y de dificultades para acceder a su informacin. Finalmente, un hallazgo importante es que esa falta de transparencia y las dificultades en el acceso a la informacin coinciden con la falta de participacin ciudadana, es decir, de espacios o entidades que den apertura a la ciudadana en el control de fondos o en el acompaamiento de su gestin.

    Comit por la Libre Expresin (C-Libre)Octubre 2014

  • Asociacin Comit por la Libre Expresin, C-LibreEdicin original en espaolEl uso de los fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional y el Acceso a la InformacinProyecto: Seguimiento a los compromisos contrados con la Alianza por el Gobierno Abierto e Incidencia en uso de los Fondos del TaznTegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A., 2014.

    Transparencia, Acceso a la Informacin Pblica, Libertad de Expresin, Derechos Humanos.

    Junta Directiva 2014/2015

    Ana Ortega, PresidentaNedis Licona, VicepresidenteMarvin Hernndez, SecretarioSigny Fiallos, TesoreraJuan Carlos Cruz, FiscalArnaldo Rodrguez, Vocal IClaudia Mendoza, Vocal II

    Director EjecutivoHctor Longino Becerra

    Coordinacin e investigacin Signy Fiallos Wendy FunesConsultores informe consolidadoFrancisco Saravia Dascil Velsquez

    Diseo/Maquetacin Inversiones Martnez Moreno S. de R.L. de C.V.Impresin Inversiones Martnez Moreno S. de R.L. de C.V.

    Colonia Palmira, Primera Calle.Contiguo al Centro Cultural de Espaa,25 metros al norte del Redondel de los Artesanos,Tegucigalpa, Honduras, C.A.Telefax.: (504) 2237-9966Telfono de alerta: (504) 3229-6241,Pgina web: www.clibrehonduras.com Peridico Digital: www.conexihon.hn, www.elobservador.hn Correos electrnico: [email protected],

    La elaboracin de este estudio, ha sido posible gracias al generoso apoyo del Pueblo de Los Estados Unidos de Amrica a trves de la Agencia de Los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido del mismo es responsabilidad del Cmite por la Libre Expresin C-Libre y no necesariamente refleja el punto de vista de la USAID o del Gobierno de los Estados Unidos de Amrica.

  • Contenido

    Introduccin .............................................................................................................................................................. 4

    I. La Poltica de Seguridad Ciudadana en Honduras y la Tasa de Seguridad Poblacional ............................... 6

    II. La situacin de violencia en los municipios seleccionados ............................................................................. 8 San Pedro Sula: municipio altamente violento ............................................................................................ 9 Puerto Cort: grandes esfuerzos, pero violencia repunta ........................................................................ 10 Juticalpa: municipio violento con repentino descenso de criminalidad ............................................... 11 Nacaome: municipio sin violencia ............................................................................................................. 12

    III. Asignacin de los fondos de la tasa de seguridad en el municipio .............................................................. 13Politizacin impide que alcalda ejecute fondos asignados: San Pedro Sula...........................................14Ciudad Segura y la Tasa de Seguridad municipal: Puerto Corts.............................................................. 15Iglesia Catlica y Conapid ejecutan fondos: Juticalpa ............................................................................... 16Sin respaldo se ejecutaron fondos de la Tasa de Seguridad: Nacaome .................................................... 17

    IV. El uso de los fondos de la Tasa de Seguridad en el municipio ...................................................................... 18Acceso de informacin restringido: San Pedro Sula ................................................................................ 18Manejo integral de fondos: Puerto Cortes ................................................................................................. 20Iglesia Catlica, con ejecucin transparente: Juticalpa ............................................................................. 21Poltica versus transparencia: Nacaome ...................................................................................................... 23

    V. La participacin Ciudadana en la ejecucin de los fondos de la Tasa de Seguridad .................................. 24 Con estructura, pero sin participacin ciudadana: San Pedro Sula ........................................................ 25 Participacin ciudadana pilar en el desarrollo: Puerto Corts ................................................................ 25 Falta de cohesin social: Juticalpa ...............................................................................................................26 Carente de participacin ciudadana: Nacaome ....................................................................................... 26

    VI. Conclusiones ....................................................................................................................................................... 27

    VII. Recomendaciones ............................................................................................................................................. 30

    VIII. ACRNIMOS .................................................................................................................................................. 33

    IX. Bibliografa .......................................................................................................................................................... 34

    Otras Referencias ...................................................................................................................................................... 36

    Anexos ........................................................................................................................................................................ 38

  • 5Introduccin

    El Comit por la Libre Expresin, (C-Libre) por medio de una novedosa iniciativa de investigacin periodstica tom participacin en el proyecto de Seguimiento a los compromisos contrados con la Alianza por el Gobierno Abierto e Incidencia en uso de los Fondos de la Ley de Seguridad Poblacional o Tasa de Seguridad. Con este ejercicio ciudadano se busc promover el derecho de acceso a la informacin sobre el uso de los recursos fiscales que se generan a partir de esta ley.

    La Ley de Seguridad (o Tasn, como se le reconoce popularmente) fue aprobada en junio de 2011 en virtud del elevado ndice de violencia que azotaba el pas. Ese ao, la tasa nacional de homicidios fue de 86.5 por cada 100,000 habitantes, segn el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autnoma de Honduras (UNAH-IUDPAS, 2011). Esta es una de las ms altas del mundo, de acuerdo con la Organizacin de las Naciones Unidas (ONU) (El Heraldo, 2011).

    En su motivacin legal para aprobar la Ley de Seguridad Poblacional, el Poder Legislativo consider que la desproporcionalidad de recursos econmicos entre la criminalidad comn y organizada, y las instituciones del sector Seguridad y justicia hace imperiosa la necesidad de ampliar de manera urgente las disponibilidades presupuestarias de los entes encargados de la prevencin y el combate del delito. (La Gaceta, 2014)

    Coincidentemente, al tiempo que se instauraba la Tasa de Seguridad, en septiembre de 2011, el Gobierno de Honduras1 se adhiri a la iniciativa multilateral Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, siglas en ingls) cuyos pilares son la promocin de la transparencia y la participacin ciudadana; el fortalecimiento de la lucha contra la corrupcin; la utilizacin de las nuevas tecnologas y la mejora de los servicios pblicos. En el Segundo Plan de Accin de Gobierno Abierto se han tomado 8 ejes (de 18) que no se completaron del gobierno anterior, que son: transparencia, rendicin de cuentas, fomento de la cultura tica, respeto a la ley y seguridad jurdica. En este marco se consider el compromiso de apoyar la Reforma de la Seguridad Pblica (1 accin de 115 acciones establecidas).

    La participacin de C-Libre en la iniciativa OGP se da bajo la subvencin de Investigacin e Incidencia para la Transparencia, financiada por el Programa Impactos. Consisti en un ejercicio de periodismo de investigacin mediante el cual se indaga tanto el cumplimiento del acceso a la informacin en la aplicacin los fondos de la Tasa de Seguridad como el uso de los mismos. El estudio se realiz en cuatro municipios del pas, que son receptores de dichos fondos: San Pedro Sula, Puerto Cortes, Juticalpa y Nacaome.

    Aunque preliminarmente los objetos de la investigacin eran las municipalidades, al final recay en las organizaciones e instituciones que reciben fondos de la Tasa de Seguridad y que desarrollan proyectos sociales financiados con estos recursos. En tal sentido, la investigacin tiene como referencia el espacio territorial del municipio.La seleccin de tales municipios coincidi con la necesidad de C-Libre de potenciar cmo sujeto de la investigacin a la Red de Alerta y Proteccin a Periodistas y Comunicadores Sociales (Rapcos)2.

    En tal sentido, los criterios de seleccin de los municipios objeto de investigacin fueron: 1) que hubiese Rapcos en las zonas de investigacin o en las zonas aledaas a sta; 2) que a travs de este expediente de investigacin periodstica se fortalecieran los Rapcos; 3) que en los municipios hubiesen proyectos de prevencin de violencia con los fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional.

    La investigacin cubri un amplio espectro metodolgico, propio del periodismo de investigacin, que puede resumirse en la investigacin documental y las entrevistas de profundidad con actores claves. Los focos fueron la informacin presupuestaria, los planes e inversiones en la prevencin de violencia, las auditoras del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la documentacin municipal (sentencias, ordenanzas y estadsticas), la exploracin de portales de transparencia, entre los ms importantes. Todo ello con apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica, vigente desde 2007.

    1Gobierno del nacionalista, Porfirio Lobo Sosa (2010-2014).2Los RAPCOS se crearon en el 2011, a raz del incremento en el asesinato de periodistas y constantes amenazas de muerte a integrantes de este gremio. Su objetivo fue la proteccin a los periodista en riesgo por el ejercicio de su profesin.

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    Al final del proceso investigativo, que dur de enero a junio del 2014, los hallazgos encontrados sealan que la gestin de los recursos de la Tasa de Seguridad no ha tenido criterios claros de asignacin; los sujetos principales, las alcaldas, no fueron, en la mayora de casos, objeto de seleccin como ejecutores de proyectos de prevencin; las ejecuciones no han sido transparentes y solo uno de los cuatro municipios no presenta inconsistencias o cuestionamientos; finalmente, que el acceso a la informacin fue limitado, lo cual fue coincidente con la falta de participacin ciudadana, en tres de los cuatro municipios. El cuadro No. 1 resume los hallazgos:

    Cuadro No. 1: Resumen de hallazgos de la investigacin

    En su desarrollo expositivo este documento parte de una rpida referencia a la situacin de la poltica de seguridad ciudadana en Honduras y de cmo surge y se consolida la Tasa de Seguridad Poblacional, que constituye el captulo I. El siguiente captulo presenta los niveles de violencia que registra cada municipio, a partir de la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes (pccmh), para constatar si la asignacin de fondos corresponde a las urgencias de seguridad en cada territorio. En captulo III trata de identificar a los entes, pblicos o privados, receptores de los fondos de la tasa de seguridad, y de cmo la informacin sobre estas asignaciones garantiza el acceso a la misma de la ciudadana. El captulo IV es el centro de la investigacin ya que presenta la situacin de transparencia y manejo adecuado de los proyectos que fueron financiados en cada municipio, y de los niveles de transparencia y acceso a la informacin que garantizan. Finalmente, en el captulo V se muestra como se dio cabida a la participacin ciudadana en cada proyecto o municipio.

    El documento cierra con las conclusiones y recomendaciones, tratando de identificar aquellos aspectos que requieren ser enmendados con el fin de asegurar el manejo adecuado de estos fondos pblicos, y que ayuden a mejorar la transparencia y el acceso ciudadano a la informacin sobre su gestin.

    Se le denomina receptor a la institucin u organizacin de la Sociedad Civil a quien se le asignan fondos de la Tasa de Seguridad para su ejecucin una vez cumplidos los requisitos de ley.

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    I. La Poltica de Seguridad Ciudadana en Honduras y la Tasa de Seguridad PoblacionalLas cifras de violencia y criminalidad en Honduras ha colocado al pas en una situacin precaria en cuanto a la seguridad ciudadana. La tasa de homicidios creci de 30,7 cada 100.000 habitantes en 2004 a 85,5 en 2012 lo cual coloc al pas entre los ms violentos del mundo, segn la Red de Seguridad y Defensa de Amrica Latina, 2013, quien presenta una radiografa dramtica de este fenmeno:

    Ello afecta fuertemente la vida de la ciudadana y sus posibilidades de vivir en paz. La falta de seguridad en los espacios pblicos alimenta la cultura del miedo: un promedio de 7 taxistas por mes fueron asesinados en 2012; el 60% de las vctimas mujeres fueron atacadas en plena calle. Si bien la curva ascendente de homicidios de la ltima dcada se detuvo en 2012, el hecho de que casos como los femicidios o el asesinato de policas permanezcan sin resolver en un 91% y 85% respectivamente, por citar algunos ejemplos habla de una situacin en la que reinan la violencia, la impunidad y la inseguridad(). (Red de Seguridad y Defensa de Amrica Latina, 2013)

    Con miras a contrarrestar ese contexto de violencia, desde 2011 a la fecha, se promulgaron varias legislaciones (segn el autor citado, en Honduras promulg 14 leyes relacionadas con la seguridad y el combate del delito). En extenso esfuerzo legislativo se complent con la Poltica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana para Honduras 2011-2022, en la cual se establece el diseo y desarrollo de programas y proyectos de convivencia y prevencin de la violencia y la delincuencia.

    Como complemento de esa idea, desde2008 se trabaj con los diferentes gobiernos locales para lograr la formulacin de Planes Locales de Seguridad y se cre el programa Municipios ms Seguros. Ese programa pretende trabajar con los 298 Alcaldes del pas para el desarrollo de planes de seguridad acordados con la Secretara de Seguridad, buscando el involucramiento de los gobiernos locales y de otros actores sociales en iniciativas de prevencin y control.

    Una de esas leyes para combatir la criminalidad fue la Ley de Seguridad Poblacional, que fue aprobada el 24 de junio de 2011, mediante decreto legislativo nmero 105-2011 y vigente desde el 8 de julio del mismo ao.

    Aunque denominada tasa, esta Ley constituye un nuevo impuesto para personas naturales y jurdicas ya que grava las transacciones de stas en el sistema financiero, por uso de telefona mvil o el consumo en negocios de comidas rpidas. De acuerdo a la informacin recabada, las transacciones financieras y las aportaciones de las telefnicas mviles aparecen de 2012 a 2014 como las dos primeras fuentes mayoritarias de recaudacin de la Tasa de Seguridad, por parte de la DEI.

    La administracin de estos fondos se realiza a travs de un Fideicomiso temporal con el Banco Central, que es manejado por el Comit Tcnico del Fideicomiso (CTF), el cual se suscribe a las decisiones que emanan del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.

    Foto: Radio HRN.hnFoto: Radio America.hn

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    Aparte del uso para proyectos nacionales (desde el gobierno central) en materia de seguridad, estos fondos deben distribuirse entre diferentes agentes locales siempre y cuando ejecuten proyectos contra la violencia. De manera expresa, la Ley seala a los municipios como los sujetos principales, los cuales debern cumplir con los criterios definidos por el CTF.

    El actual marco jurdico de la Ley de Seguridad Poblacional no fue establecido de manera definitiva en la ley original. Al contrario, la estructura y gestin de la Tasa de Seguridad se ha logrado a travs de sucesivas reformas, producto de los vacos y contradicciones en el decreto de creacin.

    Cinco reformas se registran desde la aprobacin de la Ley.

    La primera se relacion con la finalidad de la Ley, ya que la creacin del Fondo se haca al margen de la Tesorera General de la Repblica, lo cual es violatorio de los artculos 362 y 263 de la

    Constitucin de la Repblica. En la exposicin de motivos, el diputado Jos Oswaldo Ramos Soto seal: consideramos que para actuar dentro del marco constitucional y cumplir los fines de la misma, todos los ingresos producto de la contribucin de los ciudadanos y empresas deben enterarse en la Tesorera General de la Repblica (Soto, 2011, 13 de septiembre). La modificacin tuvo lugar el 1 de octubre de 2011, mediante decreto 166-2011 (Diario Oficial La Gaceta, 2011).

    La administracin y gestin de los fondos fue la segunda reforma. Conforme al decreto No. 199-2011 del 3 de diciembre cre la Ley del Fideicomiso para la Administracin del Fondo de Proteccin y Seguridad Poblacional (Diario Oficial La Gaceta, 2011).

    Asimismo, se reform el Artculo 3 que da potestad al Comit Tcnico del Fideicomiso (CTF) para el manejo del Comit de Administracin y Adquisiciones. Esta tercera reforma se public en el Diario Oficial La Gaceta, el 2 de agosto de 2012, junto a la suscripcin del Contrato del Fideicomiso temporal con el Banco Central de Honduras (Diario Oficial La Gaceta, 2012).

    La cuarta reforma se relaciona directamente con la gestin de los fondos. El Decreto No. 222-13, el 24 de enero de 2013 (Diario Oficial La Gaceta, 2013)reform el artculo 98 del Decreto No. 105-2011, para autorizar al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad a instruir al Comit Tcnico del Fideicomiso a ejecutar las inversiones que no estn incluidas en los planes (Comit Tcnico del Fideicomiso, 2013, 21 de mayo ). Al amparo de esta reforma se han hecho contrataciones directas y compras de emergencia, con elementos claros del uso politizado de los fondos tal como se muestra ms adelante en esta investigacin.

    La ms reciente modificacin de la Ley de Seguridad Poblacional fue hecha el 31 de enero de 2014 por decreto 275-2013, con el cual se reform el plazo de vigencia de la ley. El plazo de vigencia pas de cinco a diez aos, es decir, la Tasa de Seguridad se cobrar hasta el 2021. (Diario Oficial La Gaceta, 2014). En ese decreto se prescribi que el 30 por ciento de los fondos sern para prevencin.

    La improvisacin en la gestin de la tasa, que se ha traducido en las reformas citadas, ha llevado a varios cuestionamientos desde la ciudadana. Para los fines de esta investigacin, los siguientes cuestionamientos fueron considerados elementos de atencin para la investigacin de campo:

    El manejo de fondos al margen de la tesorera, antes del decreto 166-2011, dio pie a la discrecionalidad en el uso de los fondos, a la utilizacin del recurso de las compras directas y a la imposibilidad de poder evaluar

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    los ingresos generados por esta ley a travs del Sistema de Administracin Financiera Integrada (Siafi) de la Secretara de Finanzas.

    Los fondos de la Tasa de Seguridad se han concentrado en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y dems operadores judiciales, mientras que apenas se han orientado a las alcaldas, segn la comparecencia del comisionado del CTF ante el pleno del congreso nacional, el 21 de mayo 20134. Esto en menoscabo de la integralidad de la poltica pblica de seguridad, que da un carcter estratgico a los planes locales de seguridad y al programa Municipios ms Seguros, en los cuales es clave el papel de las corporaciones municipales.

    Pese a que la ley establece el 30% del total de los fondos de la Tasa de Seguridad se deben invertir en proyectos de prevencin esta condicin no se cumple; ni tampoco se muestra voluntad en que los fondos se estn invirtiendo a nivel local. Del total de montos ejecutados, considerando solo los fondos en prevencin aprobados por la Secretaria de Seguridad a entidades diferentes a las municipalidades, apenas 118.2 millones de lempiras (de 1,800 millones que sumaba la recaudacin de esta tasa a 31 de octubre de 2013, es decir, apenas del 6.5%), segn el Comit Tcnico del Fideicomiso (CTF)5 .

    II. La situacin de violencia en los municipios seleccionadosPara que los municipios sean beneficiarios de los fondos por la Tasa de Seguridad, uno de los criterios de seleccin es que estos cuenten con altos ndices de violencia.

    Sin embargo, este criterio no se aplica a cabalidad, ya que al analizar los 4 municipios seleccionados, slo tres de ellos cumplen esta condicin (San Pedro Sula, Puerto Corts y Juticalpa). No es el caso de Nacaome, cuyos niveles de violencia son bastante inferiores a la tasa media de homicidios, que en 2013 fue de 79 por cada 100,000 habitantes .

    Esta es la situacin en cada uno de los municipios:

    San Pedro Sula es una de las ciudades ms violenta del pas con una tasa de homicidios en el 2013 de 133 pccmhFoto: Noticias Montreal.com

    Ver pg. 29 al 32 . Folio 32, de dicha comparecencia5 Esta informacin tiene como fuente el Portal institucional www.ctfhonduras.com; aunque desapareci el 7 de marzo del 2014, con la puesta en vigencia de la ley de clasificacin de documentos pblicos. 6 http://iudpas.org/pdf/Boletines/Nacional/NEd32EneDic2013.pdf

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    San Pedro Sula: municipio altamente violento

    Esta es una ciudad con los tpicos problemas de las zonas urbanas contaminacin ambiental, falta de ordenamiento vial y territorial, migracin interna, hacinamiento, desintegracin familiar, entre otros que ocupa el lugar 13 de los municipios ms violentos de Honduras, segn el boletn del Observatorio Local de la Violencia en San Pedro Sula, 2012.

    Este municipio muestra una tendencia sistemtica de incremento de los homicidios, ya que de 137.5 homicidios por cada cien mil habitantes en 2009 pas a 193.4 en 2013. Como puede verse en el siguiente grfico, esta tendencia supera tanto la tasa departamental como la tasa nacional

    Grafico No. 1

    Fuente: Elaboracin propias en base a datos del Observatorio de la violencia de UNAH-IUDPAS

    Como puede verse, en 2013 la tasa anual de homicidios por cada cien mil habitantes del Municipio de San Pedro Sula sobrepasa con 60 puntos por encima de la tasa departamental de Corts (133) y 104.4 puntos sobre la tasa nacional de homicidios (79). Sin embargo, lo mas preocupante en que mientras la tasa nacional ha mostrado un decrecimiento en los ultimos 2 aos, y la tasa departamental ha crecido muy levemente, la tasa de homicidos de San Pedro Sula sigue una tendencia al alza, que parece no ceder a las medidas preventivas y mitigatorias que se observan a nivel nacional.

    Rubio (2002) explica el contexto de violencia de esta ciudad a travs de dos sub-categoras: la desintegracin de la familia como unidad bsica de socializacin de los individuos y, por otro lado, la responsabilidad estatal en la generacin de la violencia. El segundo tipo de explicacin hace nfasis en la violencia como expresin de conductas delictivas y, en particular, como una extensin de las actividades del crimen organizado, que se han consolidado gracias a la impunidad e incluso con la complicidad del sector pblico. La tercera categora, que no siempre se hace explcita pero que est presente de manera tcita en buena parte de las explicaciones y propuestas de poltica, es la de la violencia como manifestacin de una cultura generalizada de intolerancia y mala capacidad de resolucin de conflictos ()Segn este autor la violencia en San Pedro Sula ha crecido ms rpido que la poblacin, a tal grado que la dinmica de la violencia ha sido diferente, y ms desfavorable, en San Pedro Sula que en el resto de Honduras (Rubio, 2002).

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    Puerto Corts cuenta con un moderno sistema de monitoreo, pero siempre tiene repuntes de violencia Foto: La Prensa.hn

    Puerto Cortes: grandes esfuerzo, pero violencia repunta

    En menor grado que San Pedro Sula, Puerto Corts presenta una tasa de homicidios significativamente mayor al promedio nacional, con una reduccin importante durante 2011 y 2012. En este ltimo ao, incluso lleg a ser casi igual a la tasa nacional.

    Grafico No. 2

    Fuente: Elaboracin propia, con base a datos del Observatorio de Violencia de UNAH-IUDPAS

    Como lo muestra el grfico, en 2009 se contabilizaban 102 homicidios por cada 100,000 habitantes, la cual ascendi en el 2013 a 130.8 . Estos niveles que se mantuvieron muy cercanos al promedio departamental en el 2009, 2010 y 2013. Sin embargo, durante 2011 y 2012 se logr bajar dichas tasas a 99.8 y 88, que estaban ms cercanos al promedio nacional (86.5 y 85.5, respectivamente).

    Estos logros han sido atribuidos al programa Ciudad Segura y a una novedosa forma de gestin municipal donde

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    participan tanto la municipalidad como las entidades civiles ms representativas. Pese a ello, no pudieron evitar que en 2013 el ndice de homicidios se haya disparado hasta acercarse al ndice departamental.

    Debido a la narcoactividad en el departamento de Olancho, su cabecera departamental muestra un alto ndice de violencia Foto: El Heraldo.hn

    Juticalpa: municipio violento con repentino descenso de criminalidad

    El municipio de Juticalpa presentaba en el 2010 una tasa de homicidios (72.5) levemente abajo del promedio nacional de ese ao (78.7), pero sufri un fuerte ascenso en 2011 y 2012, llegando a 144.40 (pccmh). Contrario a Puerto Corts, en 2013 la tasa de homicidios cay hasta 83.5, aunque continu siendo superior a la tasa departamental y nacional.

    Grfica No. 3

    Fuente: Elaboracin propia, con base a datos del Observatorio de Violencia de UNAH-IUDPAS

    El anlisis georeferenciado de las muertes violentas por municipio indica que, la mayor incidencia se presenta en lugares de mayor concentracin poblacional y desarrollo econmico como es el caso de Juticalpa (108) en el 2013.

    La distribucin territorial del homicidio identifica cinco niveles de intensidad de la violencia dentro del municipio de Juticalpa, en el primer nivel que contiene una distribucin mayor a 6 homicidios donde se encuentra: El Barrio

    7 http://www.iudpas.org/pdf/Boletines/SPS/SPSEd_07.pdf

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    el Centro seguido de una frecuencia entre 5 y 6 homicidios y se encuentran los barrios: La Calona, El Castao y las Acacias, en 7 barrios y colonias se presentaron incidencias entre 3 y 4 casos y finalmente 10 barrios y colonias presentan una frecuencia entre 1-2 homicidios. Es importante hacer notar que 20 barrios y colonias con incidencias entre 1 y 4 casos no tienen georeferenciacin asociada. (Juticalpa, 2013).

    Nacaome es una de los municipios con un bajo ndice de homicidios, aunque ya presenta signo incipientes de violencia, este aun es mnimo. Foto: C-Libre

    Nacaome: municipio sin violencia

    Como se seal, el municipio de Nacaome no cumple la condicin de ser una zona de violencia, con niveles significativos de homicidio, que la hagan receptora de fondos de la Tasa de Seguridad. Como se muestra en el cuadro siguiente, slo en 2010 hubo un alto nivel de homicidios, pero siempre inferior a la tasa nacional. En los aos subsiguientes, esa tasa (22.7 en 2013) ha sido muy inferior al promedio nacional, y an de la tasa departamental, la que apenas super en 2013.

    Grfico No. 4

    Fuente: Elaboracin propia, con base a datos del Observatorio de Violencia de UNAH-IUDPAS

    http://www.iudpas.org/boletines/boletines-juticalpa

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    Aparte de estos bajos niveles de homicidios, el municipio se caracteriza por bajos ndices delincuenciales, donde no se visibilizan operaciones del crimen organizado. Sin embargo, existe robo, violencia domstica y drogadiccin como muestra de la ruta crtica hacia la inseguridad.

    Los diez delitos ms denunciados en Nacaome son: 1) Violencia domstica 2) robo a personas 3) violencia intrafamiliar 4) robo a viviendas 5) robo a negocio 6) posesin y consumo de droga 7) Muerte por arma de fuego 8) violacin 9) lesiones por arma de fuego 10) lesiones por arma blanca (Seguridad, 2014)

    III. Asignacin de los fondos de la Tasa de Seguridad en el municipioLa Ley de la Tasa de Seguridad define claramente quienes son las entidades en instituciones beneficiarias de estos fondos, y se refiere a entidades del gobierno central y otras descentralizadas: Secretara de Defensa, Secretara de Seguridad, Corte Suprema de Justicia, (CSJ) Ministerio Pblico, (MP) Direccin Nacional de Investigacin e Inteligencia, (DNII) Empresa Nacional de Energa Elctrica, (ENEE) y las municipalidades. Sin embargo, la ley abre un espacio para que haya entidades locales, distintas a las municipalidades, que accedan a estos fondos. La condicin es que deben ser entidades sin fines de lucro.

    En el caso de las municipalidades, la Ley de Seguridad Poblacional seala en el artculo 37 recibirn recursos del Fondo de Proteccin y Seguridad Poblacional siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:

    1. Desarrollar un plan de seguridad con participacin de la ciudadana y que sea aprobado en sesin de cabildo abierto.

    2. El plan deber ser certificado por la Secretara de Seguridad.3. Debern contar con un fideicomiso creado de acuerdo a las instrucciones dadas para la correcta administracin

    de los fondos destinados al Plan de Seguridad Municipal 9.

    En el caso de las agencias y organizaciones no gubernamentales, su acceso a los fondos del fideicomiso podr ser posible en tanto sus propuestas y proyectos dirigidos a la prevencin y reduccin de la delincuencia y criminalidad sean canalizados a travs de la Secretaria de Seguridad. Dicha secretara deber adems ser quien certifique el Plan de Prevencin y garantice la existencia del fideicomiso que tambin debern tener estas organizaciones.

    Una hiptesis preliminar de la investigacin era que las municipalidades seran bastin fundamental de la estrategia de seguridad, como lo afirmaban los distintos documentos constitutivos de la poltica de seguridad (principalmente por el impulso del programa Municipios Ms Seguros). La asignacin de fondos, sin embargo, se canaliz en algunos municipios a entes nacionales o locales de carcter no gubernamental que, aunque est enmarcado en ley, no corresponde a la definicin de prioridades de dicha poltica.

    Las investigaciones realizadas en torno a las formas de asignaciones de fondos para proyectos locales reflejan la siguiente situacin:

    1. En el caso de San Pedro Sula, la municipalidad recibi fondos provenientes de proyectos de prevencin en el marco de la tasa de seguridad, pero por diferentes circunstancias, no ejecut dichos fondos. En su lugar, la Conapid recibi fondos del CTF con los cuales se construyeron varios proyectos deportivos.

    2. En el caso de Puerto Corts, la municipalidad contaba con requisitos suficientes para una asignacin adecuada de recursos - cumplan con todos los requisitos, adems de ser una experiencia exitosa previa de la aplicacin de esta Tasa- sin embargo los fondos recibidos fueron menores a los recaudados durante los aos en que ellos recaudaban y administraban una tasa municipal de seguridad.

    Esta informacin fue tomada del sitio web del CTF que funcion hasta el 7 de febrero de 2014, pero que constituye un resumen de la Ley.

  • El uso de los fondos de la tasa de seguridad poblacional y el acceso a la informacin

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    3. En Juticalpa, pese a que la municipalidad contaba con los requisitos (fideicomiso y plan de prevencin), la asignacin recay en Conapid y en la Iglesia Catlica.

    4. En el caso de Nacaome la municipalidad no contaba con los requisitos y desconoca la poltica de acceso a los recursos de la tasa, y su lugar fue ocupado por entidades locales que no fueron identificadas. Las diferentes fuentes entrevistadas insistieron en sealar al Diputado Toms Zambrano como uno de sus ejecutores, pero las instituciones involucradas (Conapid, CTF y Congreso Nacional) no facilitaron la informacin que permitiera comprobarlo.

    5. A nivel de asignacin, tres de los cuatro casos investigados satisfacan los requisitos exigidos, de modo que contaban con las aprobaciones por parte de la Secretara de Seguridad y con el fideicomiso correspondiente. No fue el caso de Nacaome.

    A continuacin se describe las particularidades en cada uno de los municipios investigados.

    Politizacin impide que alcalda ejecute fondos asignados: San Pedro Sula

    La corporacin municipal de San Pedro Sula fue pionera en la Tasa de Seguridad y, de acuerdo a Zaldvar (2014) el gran impulsador de una tasa de seguridad a nivel nacional 10.

    La tasa municipal se instaur en 1998, por el entonces alcalde Hctor Guilln, y su administracin era realizada por la Cmara de Comercio e Industrias de Corts (CCIC). De 1998 hasta 2011, este fondo serva para apoyar a la polica, mejorar sus instalaciones, calidad de vida, dormitorios, baos, servicios sanitarios, compra de patrulla. Su monto ascenda a unos 45 millones anuales, pero Zaldivar (2014) sostiene que dicha recaudacin llegaba hasta los 70 millones de lempiras.

    En virtud de esta experiencia, San Pedro Sula fue beneficiaria inmediata de los fondos del Fideicomiso de la Tasa de seguridad, en atencin al artculo 37 de la Ley de Seguridad Poblacional citado arriba, que estipula que los municipios con estas experiencias exitosas fuesen beneficiarios automticos de la recaudacin de la tasa ahora nacional.

    Aparte de ello, San Pedro Sula cumpli un segundo requisito: aprobar en cabildo abierto el Plan Local de Seguridad y Convivencia Ciudadana y, de manera concomitante, la creacin de los rganos ciudadanos encargados de la veedura y ejecucin de la Tasa de Seguridad. Esto qued registrado en sesin extraordinaria, segn el Acta No. 145 (17/03/2013).

    Los fondos que le fueron asignados ascendieron, aproximadamente, unos 30 millones de lempiras.

    Sin embargo, en 2013 la alcalda no ejecut ningn proyecto ni programa de prevencin planificado. En consecuencia, los fondos asignados han permanecido durante 11 meses guardados en bancos locales.

    Segn los entrevistados, la causa de este abandono y desatencin de la planificacin se debe a la falta de continuidad entre funcionarios y empleados municipales, ante cambios en el gobierno local. La falta de continuidad en las polticas planeadas se debi a que los regidores desconocan los indicadores del Plan de Seguridad Local, aprobado en cabildo abierto.

    Tomamos la determinacin de no disponer de un centavo porque no era prudente al trmino de nuestro gobierno hacer una erogacin y cremos que lo ms correcto es que la nueva corporacin hiciera uso del recurso. (Flores W. , 2014)

    El ao pasado no se logr tocar, aunque presentamos necesidades, desgraciadamente por cuestiones polticas, porque el alcalde se quera reelegir, no hubo apoyo por parte de la corporacin para hacer desembolso. (Prez, 2014)

    10 Segn Zaldvar, la idea de implementar una Tasa de Seguridad nacional surgi por el xito de la recaudacin de San Pedro Sula, que en un solo ao cobr 70 millones de lempiras (la CCIC fija esta recaudacin en 45 millones).

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    Estos treinta millones de lempiras permanecan hasta mayo de este ao en el fideicomiso de Banco del Pas en la cuenta 21-001-037558-9, Fideicomiso MSPS/Seguridad. Desde junio de 2014, dicho fideicomiso de la municipalidad de San Pedro Sula es administrado por Banco Ficohsa. Si se considera que la municipalidad anterior dej la suma de 572 mil 522 lempiras con 98 centavos por la tasa local cobrada, entonces el recaudo por concepto de la tasa de seguridad equivale a 30, millones 572 mil 523 lempiras (Flores E. r., 2013, 30 de noviembre). Para complejizar este panorama, en la Ayuda Memoria de los fondos que ingresaron al fideicomiso de Banpas, elaborado por ex regidor Wilfredo Flores, hasta el 30 de noviembre de 2013, aparecen intereses por la suma de 26 mil 909 lempiras con 25 centavos11 .

    Este vaco de ejecucin ha sido compensado con un listado de proyectos de prevencin en ejecucin financiados con fondos de la Tasa, pero que han sido asignados por el gobierno central a la Conapid. El cuadro No. 2 presenta los listado:

    Cuadro No. 2Listado de proyectos en San Pedro Sula, Corts, a cargo de Conapid

    Fuente: Conapid, de acuerdo a datos obtenidos con solicitudes de informacin pblica

    Ciudad Segura y la Tasa de Seguridad Municipal: Puerto Corts

    Al igual que San Pedro Sula, Puerto Corts tambin recaudo una tasa municipal de seguridad y fue pionera para accesar a los fondos desde el nivel nacional. La Tasa de Seguridad Municipal fu recaudada y administrada por la municipalidad de Puerto Corts desde el 2007 hasta el 2011.

    La creacin de la tasa municipal se logr en el marco del proyecto Ciudad Segura el cual planificaron durante el ao 2007 y socializaron en el 2008 con la poblacin portea, en el que las autoridades municipales, al frente del alcalde Allan Ramos, involucraron a todos los miembros de la sociedad civil y a los empresarios.

    Despus de la socializacin, las autoridades realizaron un cabildo abierto para que la poblacin aprobara la creacin del programa y la tasa de seguridad en la que tambin se acord que el 100% de la recaudacin se utilizara en ese

    11 Esta informacin, sin embargo, no pudo ser confirmada por nuestros investigadores ya que el fideicomiso es manejado como informacin reservada y se desconoce la cantidad precisa de intereses devengados. Aun los requerimientos de informacin a travs de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin fueron desestimados por estos entes de carcter nacional.

  • El uso de los fondos de la tasa de seguridad poblacional y el acceso a la informacin

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    proyecto de seguridad, pero para hacerlo transparente se necesitaba crear un fideicomiso. Esto oblig a realizar una licitacin privada entre los bancos para el manejo de los fondos, la cual la gan Banco del Pas (Banpas).

    Otro de los acuerdos que surgieron de ese cabildo abierto fue que ese fondo de la tasa lo administrara una Comisin de Seguridad Ciudadana, no la municipalidad y esta Comisin de Seguridad Ciudadana estara representada por diversos sectores de las fuerzas vivas de la sociedad portea.

    La estrategia que implemento Puerto Corts para el combate al crimen se bas en la utilizacin de un centro de monitoreo dotado de modernas cmaras de vdeo, con el apoyo de la comunidad, autoridades, empresas privadas y organizaciones civiles. Este sistema de seguridad funciona como una unidad coordinadora, integradora y de seguimiento de las operaciones policiales y de emergencia. Parte del programa consiste en disear un sistema de seguridad ciudadana municipal, con una estructura administrativa, logstica y operativa, en la que se integran y se coordinan todos los operadores de justicia, autoridades civiles, militares y organizaciones de la sociedad civil.

    Con una llamada al Centro de Monitoreo de Seguridad y Emergencia al nmero 100 y el uso de las 50 cmaras de seguridad colocadas en puntos estratgicos, se identifican los actos delictivos en todos los barrios y as han podido disminuir la delincuencia.

    Mientras Puerto Corts manej la Tasa de Seguridad Municipal, el monto de la recaudacin ascendi a ms de ocho millones de lempiras, pero las autoridades se quejan que desde que se centraliz la tasa de seguridad slo recibe seis millones anuales y esto ha estancado el proceso de expansin ya programado. Esto se comenta por varios entrevistados de la siguiente manera:

    La meta del Departamento de Seguridad Ciudadana es reducir a 30 homicidios por cada 100,000 habitantes para 2015, esa ser una tarea difcil, porque cuando les quitaron la tasa municipal les perjudic mucho ya que se quedaron todo un ao sin ese beneficio, el cual mantuvieron con los fondos de reserva (Zaldivar, 2014).

    El presupuesto con el que nosotros funcionbamos antes que se aprobara el tasn de seguridad o la Ley de Seguridad Poblacional era de alrededor de ocho millones, a raz del traslado de esta tasa a nivel nacional, el Comit Tcnico slo nos asign seis millones a pesar que nosotros acreditamos mediante documentacin que lo que estaba recibiendo la municipalidad en concepto de tasa de seguridad era mayor, ese valor de seis millones de lempiras se ha mantenido a travs de estos tres aos que tiene de funcionar la tasa a nivel nacional. Hemos hecho varios intentos por querer volver el presupuesto a lo que era y no se ha podido. (Villareal, 2014).

    La investigacin pudo constatar que toda la informacin de estas asignaciones est disponible en el sitio web de la alcalda y de la Comisin de Seguridad Ciudadana, as como a travs de otros medios disponibles a la ciudadana. En ese sentido, constituye un ejemplo de transparencia y acceso a la informacin pblica.

    Iglesia Catlica y Conapid ejecutan fondos: Juticalpa

    Aunque el municipio de Juticalpa es beneficiario de la Tasa de Seguridad, la municipalidad no recibi fondos en el 2013 por ese concepto. Estos fondos, en un monto que ascendi a ms de 31 millones de lempiras, fueron tramitados por la Secretaria de Seguridad a dos instituciones diferentes de la municipalidad.

    El primero de ellos fue una entrega a la iglesia catlica, consistente en 10 millones de lempiras, para financiar cuatro reas puntuales en la construccin del estadio de la localidad. El segundo, se entreg a Conapid para financiar con ms de 21 millones de lempiras la construccin de una cancha de ftbol con grama sinttica.

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    Cul fue la causa de que la municipalidad de Juticalpa no ejecutase fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional en forma directa, pese a contar con una estructura para poder realizarlo pues tiene una cuenta de fideicomiso disponible en el Banco Ficohsa?

    Las investigaciones apuntan a que mucho se debe a la diligencia del que en ese entonces era director de Conapid y candidato a diputado por ese departamento del partido de gobierno, Reinaldo Snchez, ya que fue quien gestion el fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional para una cancha deportiva desde su institucin. No fue posible, sin embargo, averiguar de fuentes de la Secretara de Seguridad porqu se dio prioridad a este proyecto, cuando se contaba con planes locales de seguridad y se hablaba de mantener la integralidad de la poltica de seguridad.

    El proyecto del CONAPID consisti en un polideportivo con grama sinttica que inici su construccin en septiembre del 2013, ubicada en el sector de Las Moritas, en un predio de la municipalidad de aproximadamente dos manzanas y media en el casco urbano de Juticalpa. Cabe sealar que el monto de este inmueble (21, 821, 548.16, millones de lempiras) no incluye el costo del terreno.

    En el caso del proyecto ejecutado por la Iglesia Catlica, la asignacin correspondi a una gestin directa realizada por el sacerdote de la localidad con apoyo de la Secretara de Seguridad. Al entrar en vigencia la Tasa de Seguridad este proyecto ya estaba en marcha, ejecutado por la comunidad, desde haca unos tres aos y medio.

    Es importante anotar que estos dos proyectos contaban con la aprobacin de la Secretara de Seguridad y con el fideicomiso requerido.

    Sin respaldo se ejecutaron fondos de la Tasa de Seguridad: Nacaome

    En este municipio tambin la investigacin se enfrent a la imposibilidad de determinar cules fueron los parmetros de seleccin del municipio de Nacaome como uno de los beneficiarios de la Tasa de Seguridad. Ciertamente, ninguno de los requisitos establecidos para ser beneficiario se cumpli en Nacaome, pues ni la Corporacin Municipal los conoce y tampoco tiene antecedentes de haber cobrado Tasa de Seguridad12. Adems, sus niveles de violencia son reducidos respecto al nivel nacional.

    Aun as, este municipio recibi una inversin inicial de 988 mil 281 lempiras con 5313 centavos y para las obras de supervisin que se emplearon para la remodelacin del estadio Jos Elas Nazar. Sin embargo, el dinero fue ejecutado por el gobierno central, a travs del entonces diputado, y ahora diputado reelecto, Tomas Zambrano, y no por la municipalidad.

    Un punto de duda es acerca de quin fue el solicitante de la obra. A pesar de que la Ley seala que los fondos de la Tasa de Seguridad deben ser solicitados por una institucin, no aparece registro de algn solicitante de los fondos. En su comparecencia ante el Congreso Nacional, el CTF dijo que apenas estaban capacitando a la ciudadana para que supieran como acceder a la Tasa de Seguridad. En consecuencia, el CTF no puede evacuar proyectos cuyas solicitudes no hayan recibido el visto bueno de la Secretaria de Seguridad y cumplido con todos los requisitos exigidos. (Comit Tcnico del Fideicomiso, 2013, 21 de mayo ).

    En este caso, al no constatar quien era el solicitante no se ha podido confirmar si se cumpli con los requisitos exigidos por la Ley, es decir, si hay un solicitante y gestor con la personera requerida, si se cuenta con la aprobacin de la Secretara de Seguridad y si contaban con el fideicomiso requerido.12 Hasta la fecha no hay montos aprobados ni transferencias directas de la Tasa de Seguridad para la municipalidad de Nacaome, a pesar de que esta alcal-

    da hizo solicitud al gobierno para financiar con estos fondos proyectos de canchas multiusos, proyectos de electrificacin, apertura y funcionamiento de posta en el sector de Las Brisas. Por una parte, esto se debe a que los regidores solicitaron el financiamiento de proyectos sin conocer los requisitos legales mencionados, establecidos en la ley. Por otra parte, esta municipalidad no tiene un Plan de Seguridad Local, no ha hecho cabildos abiertos, enfocados en el tema de Seguridad y no cuenta con planes preventivos. En suma, como lo confirm C-Libre en una sesin de Corporacin Municipal, el punto central es que el Alcalde y los regidores desconocen la Ley de Seguridad Poblacional.

    13 Resolucin CNDS-049-2013

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    IV. El uso de los fondos de la Tasa de Seguridad en el municipioLa ejecucin de los proyectos en el marco de la tasa de seguridad presenta situaciones particulares en cada uno de los municipios investigados:

    1. Solo en Puerto Corts los proyectos ejecutados se han dado a conocer pblicamente (aparte de que su gestin se hace a travs de un ente colegiado de las fuerzas vivas y de la municipalidad) y la revisin muestra que sus cuentas son consistentes.

    2. En los otros municipios hay situaciones de datos inconsistentes y contradictorios que generan incertidumbre sobre su adecuado manejo: en San Pedro Sula, con el Proyecto deportivo en La Pradera; en Juticalpa, con el polideportivo en La Moritas; y en Nacaome, con la remodelacin del estadio Jos Elas Nazar.

    3. En estos tres casos, el acceso a la informacin fue restringido, lo que impidi que los investigadores desvanecieran las inconsistencias encontradas y as validar como legales las ejecuciones presupuestarias que se realizaron. No fue el caso de Puerto Corts, que dispone de medios pblicos y particulares para garantizar el acceso a la informacin de la ciudadana.

    Acceso de informacin restringido: San Pedro Sula

    El acceso a la informacin, en todos estos proyectos, fue restringido, y en muchos casos no se pudo obtener la informacin requerida ni validar o desvanecer las inconsistencias encontradas. San Pedro Sula carece de una Oficina de Transparencia y ha negado informacin pblica de tal forma que este se convierte en un factor de riesgo para que haya discrecionalidad en la administracin de los fondos de la Tasa de Seguridad, porque si los ciudadanos no tienen acceso a la informacin difcilmente podrn auditar los mecanismos establecidos en el Plan de Seguridad local.

    El CTF inform que el 3 de mayo de 2013 se invirtieron 7 millones 25 mil 93 lempiras en 20 canchas polideportivas, en todo el departamento de Corts. Con posteriores solicitudes a Comisin Nacional Pro Instalaciones Deportivas y Mejoramiento del Deporte, (Conapid) se constat que el total ejecutado fue de 6 millones 606 mil 234 lempiras con 49 centavos y qued disponibilidad de 418 mil 858 lempiras con 95 centavos. Con posteriores solicitudes de informacin hechas a Conapid, de los contratos de remodelacin de estas canchas en Corts, se constat que 16 de las canchas polideportivas reparadas en Corts son de San Pedro Sula y la inversin final en estas 16 canchas se muestra en el

    Cuadro No. 3Datos presupuestarios de la remodelacin de canchas en San Pedro Sula, Corts

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    En su informe, que los comisionados ratificaron en su comparecencia al Congreso Nacional, el CTF omiti informar cules fueron las comunidades que solicitaron estos proyectos tal como lo establece la Ley (Comit Tcnico del Fideicomiso, 2013, 21 de mayo ).

    Un punto de especial atencin fue la construccin de una cancha adicional con grama sinttica en San Pedro Sula, conocida popularmente como la de la colonia La Pradera. Los datos sobre esta inversin no pudieron ser claramente establecidos ni por CTF, ni por Seguridad, ni an por la Secretara de Finanzas.

    Con cifras confusas y poco entendibles, el CTF inform sobre la construccin, pero no detall quin solicit la construccin de esta cancha, puesto que no hay un comit conformado en San Pedro Sula15 y los fondos deben ser orientados a instituciones beneficiarias. Los funcionarios no han querido explicar cmo se ejecutaron estos fondos16 . Asimismo, los funcionarios municipales dicen desconocer cmo se financi esta cancha, inaugurada el 4 de abril de 2014. Tampoco la Secretara de Defensa y la de Seguridad, ni la Secretara de Finanzas han sido capaces de informar cmo se ejecut ese presupuesto, pese a las solicitudes de informacin hechas a travs de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica (LTAIP).

    Sin embargo, la investigacin constat que hay un registro previo, del 4 de octubre de 2013, en el cual la CTF describe la inversin de 3 millones 632 mil 700 lempiras con 84 centavos en la construccin de esta cancha de grama sinttica. El registro menciona a la Secretara de Seguridad y a la Conapid, pero no se precisa si en condiciones de beneficiarias o de ejecutoras17 . (Vase Comit Tcnico del Fideicomiso, 2014, 11 de abril). Asimismo, el 22 de noviembre de 2013, atribuidos a la Secretara de Seguridad y la municipalidad de San Pedro Sula (tampoco se precisa si como beneficiarias o ejecutoras) aparece el pago de una primera estimacin para la cancha, por 6 millones 87 mil 472 lempiras con 80 centavos, de acuerdo con la resolucin CNDS-025-2013 y CNDES-041-2013. Ms adelante, el 11 de diciembre de 2013, en supervisin de contrato de obra para la construccin de cancha de grama sinttica aparecen 250 mil 123 lempiras de 25 centavos, equivalente a un 20 por ciento del monto del contrato y el 20 de diciembre del mismo aparece un pag 375 mil 184 lempiras 89 centavos, eso representa un 30 por ciento ms y el 11 de febrero de 2014, un tercer pago por 375 mil 184 lempiras 89 centavos. En el rengln de instituciones CTF slo detalla Seguridad/Supervisin de Obras.

    Finalmente, el 11 de febrero de 2014, aparece adems una segunda estimacin, atribuida a Seguridad y al Municipio de San Pedro Sula, por un monto de 2 millones 649 mil 874 lempiras con 40 centavos. Esta relacin se muestra en el cuadro nmero 4.

    Cuadro No. 4Construccin de cancha con grama sinttica en la colonia la Pradera de San Pedro Sula

    15 El CTF no pueden evacuar proyectos que no hayan recibido, segn el Comit Tcnico del Fideicomiso, 2013, 21 de mayo, Ver Pg. 32 comparecencia de CTF ante el CN

    16 Existe un recurso de revisin por negar informacin del fideicomiso en contra de SPS y en contra de la CNBS. 17 Resolucin del Consejo de Defensa y Seguridad CNDS-025-2013 y CNDES-041-2013

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    Los funcionarios no han querido explicar cmo se ejecutaron estos fondos. Tampoco hay ms detalles en el portal de Transparencia del CTF http://portalunico.iaip.gob.hn/ComiteTecnicoDelFideicomiso/. De manera que es difcil comprender si el dinero lo ejecut directamente el CTF. La Secretara de Seguridad respondi una solicitud de informacin el 4 de marzo de 2014, pero no aclara si ejecut esos proyectos de prevencin en San Pedro Sula.

    En las cifras dadas por el Comit Tcnico del Fideicomiso (CTF) sobre la inversin hecha en esta cancha de San Pedro Sula aparece la cifra total de 12, 995,356.18 de lempiras, entretanto, durante la inauguracin de esta obra, el presidente Juan Orlando Hernndez, dijo que tena un costo de 20 millones de lempiras 18.

    Manejo integral de fondos: Puerto Cortes

    El manejo de los fondos de la tasa de seguridad en Puerto Corts se realiza a travs de la Comisin de Seguridad Ciudadana creada para tal fin. Sin embargo, la experiencia portea muestra un manejo particular de su presupuesto, que establece de manera integral la gestin de proyectos de prevencin de violencia.

    En efecto, la municipalidad financia en el marco del presupuesto municipal y el Plan de Inversiones un gasto en materia de seguridad ciudadana de 16.4 millones lempiras, que forma parte del presupuesto municipal. Como se ve en cuadro no. 7, este ascendi en 2013 a 184.7 millones de lempiras. Pero adems de lo anterior, en el mismo hay obras sociales que no se catalogan como propias de seguridad ciudadana, aunque claramente son obras sociales de prevencin, como la construccin de canchas deportivas, entre otras.

    En suma, el presupuesto municipal tiene una fuerte dedicacin al gasto en seguridad ciudadana, tanto de manera explcita como a travs de rubros que no se identifican claramente como tales.

    Para los fines de esta investigacin se identific el gasto en prevencin, el cual se muestra en el cuadro No. 5

    Cuadro No. 5

    Municipalidad de Puerto Corts 2013

    18 La cancha -que se construira para prevenir el delito- y que fue inaugurada el viernes 4 de abril por el presidente Juanando Hernndez (Facebook de Juan Orlando Hernndez, 2014) est en una zona donde en dos meses hubo nueve nios ejecutados. Un mes despus de la inauguracin de la cancha, Luis Fernando lvarez Jimnez (17) se convirti en la novena vctima de la ola de crmenes que se ha desatado en los dos ltimos meses en contra de menores que residen en dicha colonia. Luis Fernando fue asesinado bajo el mismo patrn con que ultimaron a los otros ocho nios el pasado mes de abril, inform diario El Heraldo en relacin con la ola de crmenes en La Pradera. No se tuvo acceso a ningn estudio social que indique esta cancha ser un mecanismo adecuado de prevencin de violencia. (El Heraldo, 2014)

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    Para 2012 la inversin por este concepto haba sido de 1.6 millones de lempiras A nivel de actividades, en ambos aos, ests inversiones involucraron, entre otros:

    Proyecto de alcantarillado en los sectores Kilmetro 5 y Barrio la Roca acondicionamiento de la sala de mamografa y clnica de cardiologa del Hospital de rea ,Donacin a la clnica

    de rehabilitacin fsica, mental y emocional CRIPCO, Entrega a la ENEE de Balastros, bombillos y fotoceldas para la iluminacin de calles y sectores conflictivos Mantenimiento de patrullas de la polica preventiva. Suministro de Combustible para los vehculos de los entes operadores de justicia.

    En la actualidad la Comisin de Seguridad Ciudadana en la ciudad de Puerto Cortes distribuye el presupuesto para apoyar el rea de logstica a los operadores de justicia y la otra orientacin es el rea de prevencin, esos son los dos rubros principales. La mayor parte de ese presupuesto lo absorbe el call center, que conjuntamente con la oficina de administracin de la tasa de seguridad, consumen un 51 por ciento, el otro rubro que consume parte del presupuesto es el asignado a la polica nacional que anda alrededor del 21 por ciento, al hospital de rea de Puerto Corts, tambien se le asignan fondos de un 5%, a la Direccin Nacional de Investigacin Criminal, (DNIC) se le asigna un 3% y un 2% al centro penal.

    La existencia de este organismo municipal, integrado por 11 miembros representativos de las fuerzas vivas del Puerto y por su corporacin municipal, ha asegurado la transparencia y garantizado el acceso a la informacin sobre la ejecucin. Esta investigacin no encontr impedimentos en el acceso en la informacin, pese a que los periodistas de RAPCOS se quejaron de que la informacin no fue proporcionada directamente, aunque eso era posible. Por ello, debieron recurrir a demandar la misma va solicitud de acceso a la informacin.

    Iglesia Catlica, con ejecucin transparente: Juticalpa

    En este municipio, la ejecucin corri, como se dijo, a cargo de entidades diferentes de la municipalidad.

    El primer proyecto, que fue ejecutado por la Iglesia Catlica, presenta una ejecucin incuestionable y sus ejecutores han mostrado una conducta abierta y transparente respecto a la ejecucin y la documentacin que la respalda. A continuacin se presentan los finiquitos por las obras realizadas por la iglesia catlica y entregada al CTF.

    Cuadro No. 6

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    Fuente: Finiquito de la iglesia catlica de Juticalpa: Padre Alberto Gaucci

    El sacerdote de la iglesia catlica de Juticalpa inform que los 10 millones de lempiras se utilizaron en cuatro obras que requera el coloso deportivo para su culminacin y era el techo, el alumbrado de la cancha, la cimentacin del centro de la cancha para luego realizar el engramado natural y las construccin del estacionamiento para unos 300 vehculos, presupuesto que fue lquido a inicios del pasado mes de junio.

    Esa transparencia y consistencia de cuentas no es el caso del proyecto manejado por la Conapid, el polideportivo de Las Moritas. El proyecto presenta inconsistencias no solo en su gestin inicial, sino tambin en las cifras relativas a su ejecucin. Por ltimo, no ha habido un acceso libre a la informacin, sino ms bien restringido, lo cual ahonda en su falta de transparencia y en la incertidumbre acerca de su manejo.

    En el captulo anterior se seal que la investigacin no haba podido determinar por qu este proyecto fue priorizado por el CTF en lugar de los que estaban contemplados en el plan de seguridad de la municipalidad. Tampoco en este caso se pudo obtener la informacin de cmo se ejecutaron los fondos.

    La informacin proveniente de los informantes claves de las entrevistas seala al que en ese momento era director de Conapid (2013), el que se encarg de contratar a empresa Canchas Deportivas de Honduras para que realizara la obra. Sin embargo, al momento que se le solicit a Conapid el desglose de cmo se ejecut el presupuesto, el oficial de informacin pblica manifesto que esa informacin ya haba pasado a poder del CTF, donde tampoco se obtuvo informacin.

    Aunque la informacin se solicit va peticin al CTF, el desglose o inversin del dinero de esta obra no se aclar, lo que se tom como una negatoria de informacin. Por esta razn, los investigadores recurrieron a un recurso de revisin al Instituto de Acceso a la Informacin Pblica (IAIP), el cual todava est en proceso.

    La investigacin tambin encontr que los proyectos ejecutados con fondos de la Tasa de Seguridad en San Pedro Sula corrieron a cargo de Conapid.

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    Poltica versus transparencia: Nacaome

    Como se seal, el municipio de Nacaome recibi fondos para la remodelacin del estadio Jos Elas Nazar, sin que se conozca quien fue solicit esos fondos, lo cual es una falta importante ya que el CTF no puede evacuar proyectos si no ha recibido solicitud. (Comit Tcnico del Fideicomiso, 2013, 21 de mayo ).

    La municipalidad desconoce cmo se ejecutaron estos fondos los funcionarios municipales declararn que el diputado del oficialista Partido Nacional, Toms Zambrano1 , gestion fondos de la Tasa de Seguridad para la remodelacin del estadio. (Lopez 2014). Como alcalda no nos damos cuenta de dinero que haya venido de la Tasa. (Nacaome, 2014)

    No obstante su probable utilidad19, al tratar de identificar al demandante de esta obra, los entrevistados en esta investigacin coinciden en sealar que fueron gestionadas por el nuevo lder del departamento de Valle, el diputado del oficialista Partido Nacional, Toms Zambrano (La Tribuna, 2013).

    Hemos verificado que invirtieron en faroles, pero eso deben preguntarle al diputado Tomy Zambrano. Nosotros somos liberales, por tanto l tiene que estar enterado porque eso lo hizo el gobierno y quien inaugur ese proyecto, sin invitar al alcalde, fue el diputado Tomy Zambrano. Como alcalda no nos damos cuenta de dinero que haya venido de la Tasa. (alcalda, 2014)

    La gestin la hizo abogado Tomy Zambrano, l hizo movimientos hasta que lo finaliz. Las ligas no tuvieron nada que ver para saber cunto se gestion y cunto se moviliz. Lo nico que hicimos con Liga B es que el presidente del Congreso Nacional (Juan Orlando Hernndez) slo daba un milln de lempiras y que le hiciramos una carta al presidente Pepe Lobo para la finalizacin del proyecto (...) y slo firmamos una solicitud para terminar el proyecto porque con el milln de lempiras no nos ajustaba. Eso de cmo se manej, eso slo lo supieron el diputado con Rudy Montalvn (el contratista). (Enrique Castro, 2014)

    Para complejizar la situacin, no existe ningn informe que indique el desglose presupuestario de los 988, 281.5320 y 50, 050 lempiras de supervisin. Al solicitar explicacin a la Secretara de Defensa o de Seguridad para conocer el desglose presupuestario, se obtienen respuestas como est:

    En lo que se refiere al desglose presupuestario de las compras y de acuerdo al equipo adquirido a travs del CTF y que ha sido distribuido en los departamentos de Olancho, Cortes y Valle, corresponde a un presupuesto global de 284 millones 407 mil 200 lempiras, el cual puede ser verificado con la documentacin existente y custodiada por CTF.(Sedena, 2014)

    En respuesta a una solicitud de informacin pblica, CTF detalla que segn resolucin del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad CNDS-049-2013, obtenida con base en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica (LTAIP), se consignaron 988, 281.53 de lempiras para la Remodelacin y Acondicionamiento del Estadio Jos Elas Nazar, el 4 de octubre de 2013, aparece como institucin, no se precisa si ejecutora o beneficiaria, la Secretara de Seguridad y, adems, se destinaron un total 50, 050 lempiras para la supervisin de tres obras simultneas: la supervisin de obras en el estadio de Nacaome, San Lorenzo; un complejo deportivo en Roatn y la Reconstruccin del Estadio Domingo Ortega en Santa Brbara (Comit Tcnico del Fideicomiso, 2014).

    En relacin con la inversin en la obra -que se le atribuye al diputado Zambrano tampoco existe liquidacin presupuestaria en el Congreso Nacional que indique la forma en que el diputado tuvo acceso a estos fondos, segn se constat con una respuesta del Congreso Nacional 21.

    1 Zambrano no accedi a dar su versin sobre estos hechos. C-Libre le envi varios mensajes a su celular, se le busc para obtener una entrevista y no respondi.

    19 En el pasado Nacame era considerado un semillero de jugadores que llegaban a ser titulares en los grandes equipos nacionales como los futbolistas, Quincho Maldonado, Bertn Zelaya, Salomn Nasar e Ivan Guerra (Alvarenga 2011, 1 de octubre)

    20 Resolucin CNDS-049-201321 Ante la falta de informacin en la municipalidad y en el Congreso Nacional se solicit a la Secretara de Finanzas, a travs de la Ley de Transparencia y

    Acceso a la Informacin Pblica, el desglose presupuestario de ingresos y egresos de la inversin en el alumbrado del Estadio Jos Elas Nazar, en Nacao-me (los cheques que se pagaron por esta obra fueron gestionadas por el diputado Toms Zambrano) y el desglose presupuestario de ingresos y egresos del engramillado en San Lorenzo, Valle, cuyos cheques tambin se pagaron al diputado Tomas Zambrano.

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    En cuanto a la informacin que se solicita () le informo que no tenemos ningn registro de haber otorgado fondos al diputado Toms Zambrano ms que los detallados en el inciso del cuadro 2 (L.3, 050,000.00 de los que al 10 de junio de 2014 no haba presentado liquidacin aunque el desembolso fue desde 2013) (Respuesta a solicitud de informacin hecha via Ley de Transparencia, 2014).

    Tampoco da cuenta de esto la Comisin Nacional Pro Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y Mejoramiento del Deporte (Conapid). En respuesta oficial del 15 de mayo de 2014, establece que no tuvieron ninguna relacin con la remodelacin, acondicionamiento y supervisin de las obras en la instalacin deportiva Jos Elas Nazar.

    Por su parte, el CTF an no da respuesta22 para conocer los detalles de la informacin solicitada. Ante tal negativa de informacin, existen dos recursos de revisin, promovidos ante el Instituto de Acceso a la Informacin Pblica (IAIP).

    Ni la Secretara de Finanzas ni el CTF ni el BCH han informado sobre todos los aspectos relacionados con la transferencia de Tasa al municipio de Nacaome y atribuyen el conocimiento de este tema solamente al Comit Tcnico del Fideicomiso.

    Paradjicamente, en la actualidad, el estadio permanece cerrado porque su mantenimiento es oneroso (ver anexo 1) de tal forma que no est sirviendo para labores de prevencin, como fue concebido, y la obra no tiene la utilidad social proyectada.

    Esto ha dado pie para que los entrevistados afirmen que el financiamiento de esta obra con fondos de la Tasa fueron utilizada con fines polticos. Este argumento se sustenta en que en las fotos de su inauguracin, en las que destaca la figura del diputado Zambrano, cortando la cinta de inauguracin de la remodelacin del estadio de Nacaome, junto a dirigentes deportivos, se divulgaron el 22 de noviembre de 2013, slo dos das antes de las elecciones generales en Honduras.

    Una segunda fuente de utilizacin de fondos, que se gestionan al margen de la Municipalidad de Nacaome, es la asignacin de vehculo motorizado para la polica local. La polica report que se recibieron diez motocicletas, compradas por el gobierno central, con dinero de la Tasa, que son utilizadas para todo el departamento de Valle, en patrullajes preventivos (ver Anexo 2) (Palma, 2014).

    V. La participacin Ciudadana en la ejecucin de los fondos de la tasa de seguridadComo era de esperar, tampoco la participacin ciudadana tiene un comportamiento similar en los municipios considerados. En algunos municipios (San Pedro Sula y Puerto Corts) hay planes e instancias que incorporan a la ciudadana de modo amplio, aunque slo en la segunda se cumple dicha participacin, lo que parece marcar lo exitoso de su experiencia.

    En los otros dos municipios (Juticalpa y Nacaome) el marginamiento ciudadano y de las fuerzas vivas parece marcar no solo la exclusin de las municipalidades en el acceso a proyectos de prevencin en la tasa de seguridad, sino la tendencia a la falta de transparencia y las debilidades e incertidumbres de la gestin de estos fondos.

    22 Oficio No. 322-2014, mediante el que se pide prrroga de 10 das para responder solicitud va LTAIP.

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    Con estructura, pero sin participacin ciudadana: San Pedro Sula

    En San Pedro Sula, la Corporacin cuenta, como vimos, con el Plan Local de Seguridad y Convivencia Ciudadana, segn el Acta No. 145 (17/03/2013) de la sesin Extraordinaria de Cabildo Abierto. Con ello se crearon los subcomits de seguridad y municipal de prevencin, los cuales estn hasta ahora en la etapa de organizacin aunque debieron estar organizados entre marzo de 2013 y marzo de 2014, segn el cronograma.

    Este plan establece las organizaciones civiles que auditarn la Tasa, que en su orden son:

    1. El Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

    2. El Comit de prevencin y Comit de Seguridad.

    3. La Unidad Tcnica de Seguridad (UTSEG).

    El Consejo que se cre en Cabildo Abierto, tiene que validar que el destino de los fondos, est dentro del Plan. Para ello se ha conformado una Unidad Tcnica de Seguridad, que debe emitir sus dictmenes sobre cada solicitud, asistir en la preparacin del plan de necesidades, presupuestos, y luego vigilar que los fondos se usen de acuerdo a la intencin de la solicitud. (Lazarus, 2014).

    Mientras tanto, para el Secretario de la Unidad Tcnica de Seguridad por parte de la Cmara de Comercio e Industrias de Corts, (CCIC) Germn Prez, se est trabajando en el Plan de Seguridad porque ya se conform el Consejo establecido en el mismo.

    Se tiene planificado que la primera inversin de la Tasa de Seguridad, transferida a la municipalidad, ser para la compra de 30 vehculos para la polica, que se har mediante licitacin (Prez, 2014), asimismo se habla de un plan de movilidad y sealizacin vial.

    Segn la versin oficial del funcionario municipal, Luis Cardona, se trabajar sobre todo en el tema de prevencin, con la participacin de patronatos, barrios, colonias, ONG, cooperantes internacionales e iglesias.

    Con presupuesto general, la Polica implement en el municipio entre 2012 y 2013, 19 planes preventivos (Secretara de Seguridad, 2014, 23 de abril): Segn la polica han logrado la reduccin de incidencia delictiva en San Pedro Sula (Secretara de Seguridad, 2014, 23 de abril).

    Pese a estos avances, las investigaciones no evidenciaron pruebas que demuestren el funcionamiento de estas instancias participativas, de modo que la accin ciudadana no ha sido un elemento influyente para presionar el desarrollo de proyectos de seguridad ciudadana desde la alcalda, en el marco de la tasa de seguridad.

    Tampoco ha tenido presencia en la puesta en marcha de los diferentes proyectos que ha llevado a cabo Conapid en este municipio.

    Participacin ciudadana pilar en el desarrollo: Puerto Corts

    En Puerto Corts uno de los acuerdos tomados en el cabildo abierto del 2009 fue que el fondo de la Tasa de seguridad lo administrara una Comisin de Seguridad Ciudadana, no la municipalidad. Esa Comisin la integraran todos los sectores de la sociedad portea, para un total de 11 representantes de la municipalidad, Cmara de Comercio, Ahiba,

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    periodistas organizados, Bloque Popular, patronatos y Empresa Nacional Portuaria.

    Para evitar que se politizara, se us como mecanismo un reglamento que tambin se aprob en cabildo abierto, en el que se establece que cargo va a desempaar cada representante de los diferentes sectores. Para el caso el fiscal de esta Comisin de Seguridad Ciudadana lo nombra el gremio periodstico, representado por la Asociacin de Prensa Hondurea (APH) (Zaldivar, 2014)

    El Departamento de Seguridad Ciudadana es una unidad tcnica y el coordinador tiene la funcin de acoplamiento y enlace entre los operadores de justicia, la Comisin y la Municipalidad. Participa en las reuniones con voz pero sin voto, porque su trabajo es el de asesor tcnico.La participacin social fue fundamental en los procesos de desarrollo del municipio, desde la conformacin de los diferentes grupos representativos de las diferentes comunidades (patronatos), priorizando proyectos comunitarios que forman parte del Plan Estratgico de Desarrollo Municipal para el periodo de gobierno municipal correspondiente. Todo este esquema pasa por la implementacin de una planificacin social que permite la participacin del ciudadano en la satisfaccin de sus necesidades de bienes y servicios que proporciona la administracin municipal.

    Falta de cohesin social: Juticalpa

    En el municipio de Juticalpa existen fuerzas vivas con alto nivel organizativo (la Cmara de Comercio e Industria de Juticalpa (CCIJ), la Asociacin Hondurea de Instituciones Bancarias (AHIBA), las organizaciones magisteriales, organizaciones campesinas, gremio mdico y de abogados entre otros), la principal debilidad es que no hay cohesin social. Por tal razn, estas fuerzas vivas no tienen la capacidad para discutir con las autoridades y determinar entre todos los proyectos que requiere el municipio.

    El problema es que no tenemos organizacin, la sociedad civil en el municipio no est organizada, eso es lo que nos tiene de rodillas en el municipio que no hay organizacin, que aqu todos estamos dispersos. (Celvin Brev, 2014)

    Esta debilidad se ha manifestado en la falta de acompaamiento y de consenso alrededor de la tasa de seguridad, lo cual facilita la existencia de prcticas no transparentes ni funcionales a las necesidades del municipio:

    Lo que ha pasado con los aportes de la tasa de seguridad, creo que han sido interesante en la conclusin del estadio, que a mi criterio es una obra majestuosa a nivel del municipio, la cancha que se construy para la recreacin de los jvenes son obras que se necesitan, pero no sabemos si son la prioridad del municipio, porque creo que hay muchas prioridades que no necesariamente han salido del sentir de toda la poblacin porque no estamos organizados. (IDEM).

    Carente de participacin ciudadana: Nacame

    En el municipio de Nacaome, la institucionalidad de la participacin no es un problema. La municipalidad ha nombrado un total de 120 Alcaldes Auxiliares, cuenta con un Consejo de Desarrollo Municipal, y mantiene una comisin Municipal de Transparencia. Sin embargo, ninguna de estas comisiones de participacin ciudadana intervino en la ejecucin de los fondos de la Tasa de Seguridad en Nacaome.

    La nica organizacin de ciudadanos que aparece como beneficiaria de los fondos de la Tasa de Seguridad son los deportistas aglutinados, en las ligas menores de ftbol del municipio, que cuenta con 26 equipos; la liga B, que cuenta con 8 equipos; y la liga mayor, que tiene siete grupos de ftbol. Entre todas, conforman

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    ms de mil atletas que pretendern ser beneficiados con la remodelacin del estadio, pero que, como vimos, este no est disponible ya que no se puede cubrir el costo de su mantenimiento.

    La carencia de procesos ciudadanos de participacin y control se puede inferir en hechos como el de la comunidad de El Jobo, donde desde 2010 la municipalidad le don un terreno a Conapid para una cancha multiusos, en una gestin que realiz el diputado Zambrano, pero de la cual la Conapid no tiene conocimiento, segn respuesta oficial del coordinador de proyectos de Conapid, Edgardo Nez Hernndez.

    VI. ConclusionesDe modo general, puede concluirse que hay ms luces que sombras en el manejo de los fondos de la tasa de seguridad, y que la transparencia y, sobre todo, el acceso a la informacin son limitados, de modo que la ciudadana permanece excluida de la informacin sobre la gestin de este importante recurso de poltica pblica.

    Las siguientes son algunas de las conclusiones generales del estudio:

    a. Un agente primordial en la poltica de seguridad son las municipalidades, pero en los casos analizados solo una municipalidad, la de Puerto Corts, aparece como receptor y ejecutor de fondos, si bien en el marco de un ente municipal amplio y de consenso que incorpora a las fuerzas vivas locales.

    b. Ms que criticar si las municipalidades han sido excluidas, se trata de hacer ver que la forma en que se asignan estos fondos no responde a las prioridades fijadas por la poltica pblica de seguridad, ya que con varias municipalidades se haban elaborado Planes locales de Seguridad. De esta manera, lejos de promover la descentralizacin hay una centralizacin de la poltica de seguridad, ya que las prioridades son definidas al margen de los planes locales ya elaborados.

    c. Este marginamiento de las municipalidades tambin se ha producido por falta de iniciativa o capacidad ejecutiva de ellas mismas. En el caso de San Pedro Sula, la corporacin municipal no pudo llevar a cabo los proyectos planificados pese a que le fueron asignados fondos de la Tasa. En Juticalpa, la municipalidad contaba con planes y el fideicomiso correspondiente, pero no tuvo iniciativa de gestin de modo que los fondos de la tasa fueron asignados a otras entidades nacionales o locales. En Nacaome, la municipalidad no ha tenido ni conocimiento de estos recursos de modo que ha dejado un espacio que aprovecharon entes privados, que segn la investigacin, no cumplan los requisitos que exige la ley.

    d. La opurtunidad de ser ejecutor de fondos de la Tasa de Seguridad, es para organizaciones civles, privadas y sin fines de lucro, as como instituciones pblicas nacionales, con cobertura local como el caso de la Conapid es algo permitido por la ley, pero siempre que estos entes cuenten con un fondo de fideicomiso aprobados por la Secretara de Seguridad en apego a lo estipulado en la ley.

    e. El acceso a la informacin sobre las asignaciones no siempre fu de oficio, no estuvo disponible ni fu facilitada de manera inmediata . Al contrario, hubo que recurir en la mayoria de los casos a hacer uso de los mecanismos establecidos en la Ley de Transparencia y acceso a la informacin pblica para completar la investigacin, tambien se confirmo la informacin por otras vias.

    f. La ejecucin, en cambio, presenta manejos irregulares e inconsistencias notables que ponen en duda la transparencia y el uso adecuado de los fondos. Excepto en el caso de Puerto Corts, en los tres municipios restantes hay cuentas dudosas y contradictorias, que se acompaan con negativas de sus ejecutantes y de los

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    rganos nacionales de brindar la informacin necesaria para aclarar su opaco manejo.

    h. Esa falta de transparencia coincide con la limitacin de la participacin ciudadana. Aunque en algunos municipios (San Pedro Sula y Puerto Corts) hay planes e instancias que incorporan a la ciudadana de modo amplio, slo en la segunda se cumple dicha participacin, lo que parece marcar lo exitoso de su experiencia. En los otros dos municipios (Juticalpa y Nacaome) el marginamiento ciudadano y de las fuerzas vivas se acompaan con la falta de transparencia y las debilidades e incertidumbres de la gestin de estos fondos.

    De modo particular, las siguientes son algunas conclusiones por municipio.

    San Pedro Sula

    La municipalidad de San Pedro Sula recibi una asignacin de fondos de la tasa de seguridad equivalente a 30 millones 572 mil 522 lempiras con 98 centavos (de los cuales, 572 mil 522. Lempiras con 98 centavos equivalan a fondos dejados por el gobierno municipal y se estiman unos 26 mil ms en intereses). Sin embargo, estos fondos, hasta la fecha que se hizo la investigacin, no haban sido utilizados, de modo que no hubo ningn proyecto ejecutado pese a la existencia de un Plan Local de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

    Esa falta de ejecucin obedeci a la controversia poltica en el cuerpo edilicio, ya que se adujo que la ejecucin favorecera la candidatura el entonces alcalde Juan Carlos Zniga, que buscaba la reeleccin. Otros motivos fueron el desconocimiento por algunos regidores del plan ya aprobado y el cambio del personal administrativo una vez hecha la rotacin de autoridades en la Corporacin Municipal.

    Este vaco de ejecucin fue llenado con un conjunto de proyectos de prevencin financiados con fondos de la Tasa, pero que fueron asignados por el gobierno central a la Conapid.

    De esas inversiones ejecutadas por Conapid, la inversin en la cancha de la colonia La Pradera presenta datos inconsistentes ya que su costo reportado es de casi 13 millones de lempiras, pero al momento de su inauguracin el mandatario de la Repblica, Juan Orlando Hernndez, seal un costo de 20 millones de lempiras.

    Debido a los obstculos en el acceso a la informacin, no se pudo constatar la validez de esas cantidades reportadas.

    San Pedro Sula carece de una Oficina de Transparencia y ha negado informacin pblica de tal forma que este se convierte en un factor de riesgo para que haya discrecionalidad en la administracin de la Tasa de Seguridad porque si los ciudadanos no tendrn acceso a la informacin difcilmente podrn auditar los mecanismos establecidos en el Plan de Seguridad local.

    En la participacin ciudadana se observan aciertos y desaciertos. Por un lado, la municipalidad Sampedrana est fortalecimiento el Observatorio Local de la Violencia y ha conformado el Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Por otro, esas instancias ciudadana no tienen vigencia real, como se observa en Puerto Corts.

    Puerto Corts

    Puerto Corts es un ejemplo para la implementacin de la Tasa de Seguridad Ciudadana, su estructuracin de un trinomio (Poblacin Municipalidad-OSC), seala su funcionalidad en la reduccin de los ndices de violencia durante 2011 y 2012, pese a que dicho ndice se elev en 2013.

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    Pese a que fue un municipio pionero en la aplicacin de la tasa y que, adems, cumple con todos los requisitos para ser beneficiario de fondos de la tasa de seguridad, Puerto Corts result perjudicado con la vigencia de esta Ley, ya que los recursos que le han sido asignados, equivalentes a unos seis millones de lempiras, son menores a los que recaudaban cuando aplicaban una tasa municipal (ms de ocho millones de lempiras).

    El relativo xito en la gestin de estos fondos y en manejo de su poltica de seguridad se debe a que dicha gestin es integral, ya que se maneja en el marco del presupuesto municipal y el Plan de Inversiones. El monto del presupuesto municipal destina un gasto de 16,400 millones de lempiras en materia de seguridad ciudadana, pero en el mismo hay obras sociales que no se catalogan como propias de seguridad ciudadana, aunque claramente son obras sociales de prevencin, como la construccin de canchas deportivas, entre otras.

    En la actualidad la Comisin de Seguridad Ciudadana en la ciudad de Puerto Cortes es la que distribuye el presupuesto para apoyar dos rubros principales: el rea de logstica a los operadores de justicia y el rea de prevencin.

    Parte del xito observado durante 2011 y 2012 residi en la estrategia que implemento Puerto Corts para el combate al crimen, que se bas en la utilizacin de herramientas tecnolgicas (un centro de monitoreo dotado de modernas cmaras de vdeo) pero cimentada en el apoyo de la comunidad, autoridades, empresas privadas y organizaciones civiles.

    La existencia de Comisin de Seguridad Ciudadana, integrado por 11 miembros representativos de las fuerzas vivas del Puerto y por su corporacin municipal, ha asegurado la transparencia y garantizado el acceso a la informacin sobre la ejecucin. Pese a que hay denuncias, esta investigacin no encontr una sola traba o impedimento en el acceso en la informacin.

    Juticalpa

    La municipalidad de Juticalpa tiene los elementos necesarios para poder solicitar los fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional, pero su falta de iniciativa para gestionar estos fondos ha dado paso a que otras instancias civiles y nacionales sean los receptores de fondos, ascendentes a unos 31 millones de lempiras.

    Uno de los receptores de fondos, la Iglesia catlica, contaba con una iniciativa comunitaria desde tres aos atrs, para construir un estadio en la localidad. En tal sentido, cont con un importante aval comunitario. Adems, la investigacin encontr un manejo transparente y correcto de fondos.

    El proyecto de la construccin de un polideportivo, fue ejecutado por Conapid a travs de la empresa Canchas Deportivas de Honduras, aqu la investigacin determin que el director de esa institucin estatal gestion de manera directa este proyecto por proselitismo poltico. Inicialmente la obra se estim en 18 millones de lempiras, pues la cancha es de grama sinttica, pero al final la obra cost cerca de 22 millones de lempiras, pero fue imposible conocer el desglose de la inversin porque tanto Conapid como el CTF se negaron a brindar la informacin

    Las ejecuciones de los fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional estn siendo realizados de forma directa en Juticalpa, generando desconfianza, pues las autoridades del CTF son las que ms niegan informacin y evaden rendir cuentas.

    A pesar de que en este municipio existen fuerzas vivas con alto nivel organizativo no ha habido fuerza para discutir con las autoridades y determinar entre todos los proyectos que requiere el municipio. Esta debilidad se

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    ha manifestado en la falta de acompaamiento y de consenso alrededor de la tasa de seguridad, lo cual facilita la existencia de prcticas no transparentes ni funcionales a las necesidades del municipio.

    Nacaome

    La designacin del municipio de Nacaome como receptor de fondos de la tasa de seguridad no se justifica en razn de ser un territorio alejado de la violencia del pas. Su tasa de homicidios est muy por debajo del promedio nacional.

    Debido a que la alcalda desconoca los procesos de gestin respecto a los fondos de la Tasa de Seguridad, estos fueron ejecutados directamente desde el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y de CTF, a travs del entonces diputado, y ahora diputado reelecto, Tomas Zambrano, para la remodelacin del estadio Jos Elas Nazar.

    Sin embargo, ni local ni nacionalmente aparece registro de algn solicitante de esos fondos, y al carecer de esta informacin la investigacin no pudo constatar si en la asignacin se cumplieron los requisitos exigidos por la Ley. Tampoco se precisa el ejecutor y supervisor de la obra.

    La inexistencia de un desglose presupuestarios del uso de estos fondos, lo cual no ha podido ser informado ni por la Secretara de Seguridad ni por el CT