EXP. N. 05924-2009-PA/TC

LIMA

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO

Y CREDITO MAYNAS

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 4 das del mes de octubre de 2010, el Pleno del Tribunal

Constitucional, integrado por los magistrados Mesa Ramrez, Beaumont Callirgos,

Vergara Gotelli, Calle Hayen, Eto Cruz y lvarez Miranda, pronuncia la siguiente

sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por la Caja Municipal de Ahorro y

Crdito Maynas, a travs de su representante, contra la resolucin de fecha 17 de junio

del 2009, expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de

la Corte Suprema de Justicia de la Repblica que, confirmando la apelada, declar

infundada la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 23 de agosto del 2007 la recurrente interpone demanda de amparo

contra los vocales integrantes de la Sala Civil Mixta de Loreto, seores Carlos Amoretti

Martnez, Mara Esther Chirinos Maruri y Mercedes Pareja Centeno, solicitando se deje

sin efecto alguno la resolucin de fecha 30 de abril del 2007 que desestim su demanda

contenciosa administrativa y se vuelva emitir sentencia en grado de apelacin. Sostiene

que inici proceso judicial sobre impugnacin de resolucin administrativa contra la

Direccin Regional del Trabajo y Promocin del Empleo a fin de que se deje sin efecto

la Resolucin Directoral N. 01-15-12-117-2004-DPSC-IQU, que le impuso una multa de

S/. 12,800.00 nuevos soles por incumplimiento de normas laborales (pago de horas

extras); proceso en el cual -segn refiere- se ha vulnerado su derecho al debido proceso

toda vez que la Sala demandada, al expedir sentencia, ratific la validez de la multa sin

observar que el funcionario que la impuso no era un inspector de trabajo (haba usurpado

funcin), e inaplic el artculo 12.4 de la Ley N. 27879 Ley de Presupuesto del ao 2003

y la Directiva N. 004-2003-EF/76.01 que establecan la prohibicin del pago por la

realizacin de horas extras.

El Procurador Pblico encargado de los asuntos del Poder Judicial contesta la

demanda argumentando que lo pretendido por la recurrente es la indebida revisin sobre

el fondo de un asunto ya resuelto con observancia de la tutela procesal efectiva, conforme

a las normas sustantivas y adjetivas de la materia.

La Sala Civil Mixta de Loreto, con resolucin de fecha 10 de octubre del 2008,

declara infundada la demanda por considerar que con la visita inspectiva se acredit en el

proceso judicial subyacente que lo trabajadores laboraban fuera del horario establecido,

es decir, que realizaban horas extras y que la multa impuesta se encuentra arreglada a ley.

Por su parte, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte

Suprema de Justicia de la Repblica, con resolucin de fecha 17 de junio del

2009, confirma la apelada por considerar que no se ha logrado acreditar que la resolucin

judicial que es materia de la demanda vulnere manifiestamente los derechos

constitucionales que invoca la recurrente.

FUNDAMENTOS

Delimitacin del petitorio

1. El objeto de la demanda es que se deje sin efecto alguno la resolucin de fecha 30 de

abril del 2007 que desestim la demanda contenciosa administrativa interpuesta por la

recurrente y se vuelva emitir sentencia en grado de apelacin. As expuestas las

pretensiones, este Tribunal Constitucional considera necesario determinar, a la luz de

los hechos expuestos en la demanda y de los recaudos que obran en ella, si se ha

vulnerado el derecho al debido proceso de la recurrente al haberse ratificado la validez

de la multa impuesta sin observarse que el funcionario que la impuso no era un

inspector de trabajo, e inaplicado el artculo 12.4 de la Ley N. 27879 Ley de

Presupuesto del ao 2003 y la Directiva N. 004-2003-EF/76.01 las cuales prohiban

el pago por horas extras.

Anlisis del caso materia de controversia constitucional

2. Este Tribunal Constitucional ha establecido que el inciso 3) del artculo 139 de la

Constitucin Poltica del Per establece, como principio de la funcin jurisdiccional,

la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, criterio que no slo se

limita a las formalidades propias de un procedimiento judicial, sino que se extiende a

los procedimientos administrativo sancionatorios. En efecto, el debido proceso est

concebido como el cumplimiento de todas las garantas, requisitos y normas de orden

pblico que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos,

incluidos los administrativos, a fin de que las personas estn en condiciones de

defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda

afectarlos. Vale decir, que cualquier actuacin u omisin de los rganos estatales

dentro de un proceso, sea ste administrativo-sancionatorio () o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal. (Cfr. STC N. 0858-2001-AA/TC, fundamento 1a).

3. Sobre el particular este Colegiado considera que en autos no se advierte la vulneracin

de derecho constitucional alguno de la recurrente, toda vez que si bien es cierto que la

Ley de Presupuesto de aquel entonces (ao 2003) prohiba a las entidades del Estado

autorizar el pago de horas extras; no es menos cierto tambin que a travs de la visita

inspectiva se acredit de manera fehaciente que la recurrente adeudaba el pago de

horas extras a sus trabajadores (fojas 69-75 del primer cuaderno), situacin que dio

lugar a que la autoridad administrativa del trabajo le impusiera multa por incumplir

obligaciones laborales (pago de horas extras). Es importante destacar que la demanda

de autos busca cuestionar la imposicin de la multa por parte de la autoridad

administrativa de trabajo basada en el incumplimiento de la normativa laboral, sin

embargo se sustenta dicho cuestionamiento en la existencia de una norma

presupuestaria (prohibicin de pago de horas extras), sustentacin que resulta por

decir lo menos incongruente e ilgica pues ambos actos (la imposicin de la multa y

la prohibicin de pago de horas extras) son independientes el uno del otro y no

guardan conexidad alguna. Es un deber precisar aqu que la imposicin de la multa es

por el incumplimiento de la normativa laboral.

4. A mayor abundamiento resulta meridianamente claro entender que la prohibicin de

autorizar el pago de horas extras tiene como mbito de aplicacin subjetiva a la entidad

pblica (la recurrente), mas no a los trabajadores de ella; siendo ello as corresponda

a la recurrente que en calidad de empleadora realice las acciones conducentes a efectos

de dar cabal cumplimiento a la norma presupuestaria (como por ejemplo, vigilar el

horario de salida de sus trabajadores y as impedir la realizacin de horas extras). Sin

embargo ello no se hizo, constituyendo una negligencia de la recurrente el hecho de

permitir las labores fuera del horario de trabajo.

5. De otro lado, respecto a la otra alegacin formulada por la recurrente consistente en

que el funcionario que le impuso la multa no era un inspector de trabajo y por lo tanto

habra usurpado funcin, este Colegiado considera que el amparo contra resoluciones

judiciales no puede servir para replantear una controversia resuelta por los rganos

jurisdiccionales ordinarios (la competencia del funcionario para imponer la multa),

pues no constituye un medio impugnatorio que contine revisando una decisin que

sea de exclusiva competencia de la jurisdiccin ordinaria; sede en donde se confirm

y/o ratific la validez de la imposicin de la multa, segn se aprecia a fojas 64-68 del

primer cuaderno.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la

Constitucin Poltica del Per

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo al no haberse acreditado la vulneracin

del derecho al debido proceso.

Publquese y notifquese.

SS.

MESA RAMREZ

BEAUMONT CALLIRGOS

VERGARA GOTELLI

CALLE HAYEN

ETO CRUZ

LVAREZ MIRANDA