sentencia n Úmero 210/2018 · formulada por d. jags y dª ncr representado por el procurador d....
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AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE - SECCIÓN OCTAVA -TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNION EUROPEA
Apelante/s: BANCO SABADELL, S.A.Procurador/es: AGUSTIN MARTI PALAZONLetrado/s: LUIS M. MIRALBELL GUERIN
Apelado/s: JAGS Procurador/es : LORENZO GUICH GIMENEZ Letrado/s: JUAN LUIS PEREZ GOMEZ-MORAN
ROLLO DE SALA n.º 86 (M-57) 18.
PROCEDIMIENTO: juicio ordinario n.º 404/17.
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA n.º 4 de DENIA.
SENTENCIA N ÚMERO 210/2018
Iltmos.:
Presidente: Don Enrique García-Chamón Cervera.
Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.
Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán (ponente).
En la ciudad de Alicante, a nueve de mayo del año dos mil dieciocho.
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada
por los Iltmos. Sres. arriba expresados, ha visto los presentes autos,
dimanantes del juicio ordinario anteriormente indicado, seguidos en el Juzgado
de Primera Instancia número 4 de Alicante; de los que conoce, en grado de
apelación, en virtud del recurso interpuesto por BANCO SABADELL, SA, parte
apelante, por tanto, en esta alzada, interviniendo con su Procurador D.
AGUSTÍN MARTÍ PALAZÓN, con la dirección letrada de D. LUÍS MIRALBELL
GUERÍN; siendo la parte apelada D. JAGS, que ha sido representado por la
Procuradora D. LORENZO GUICH GIMÉNEZ, con la dirección letrada de D.
JUAN LUÍS PÉREZ GÓMEZ-MORÁN.
I - ANTECEDENTES DE HECHO.-
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PRIMERO.- En los autos referidos, del Juzgado de Primera Instancia
n.º 4 de Denia, se dictó Sentencia, de fecha 9 de noviembre de 2017, cuyo fallo
es del tenor literal siguiente: "Que debo estimar parcialmente la demanda
formulada por D. JAGS y Dª NCR representado por el Procurador D. Lorenzo
Guich Giménez contra BANCO SABADELL SA representado por el Procurador
D. Agustín Martí y en consecuencia. 1.- Se declara la nulidad de pleno derecho,
por tener carácter de abusiva, de la estipulación "quinta .- gastos" del contrato
de préstamo con garantía hipotecaria veintinueve de septiembre de dos mil
dieciséis objeto del presente procedimiento. 2.- Se condena a Banco Sabadell
S.A. a restituir a la parte actora la cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA
Y DOS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (1,242,40€) de los cuales 754,15
lo son en concepto de gastos notariales derivados de la formalización de la
escritura pública de préstamo con garantía hipotecaria, 17,75 euros en
concepto de gastos de gestoría. Todo ello sin hacer expresa condena en
costas."
SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación,
del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se
elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, en el que se
señaló para la deliberación, votación y fallo el día 9 / 5 / 18, en que tuvo lugar.
TERCERO.- En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se
han observado las normas y formalidades legales.
II - FUNDAMENTOS DE DERECHO.-
PRIMERO. La nulidad, por abusiva, de la cláusula de imputación
indiscriminada de gastos al consumidor prestatario.-
La decisión de declarar la nulidad, por abusiva, de la cláusula -inserta
en la escritura de préstamo hipotecario objeto del litigio- que imputa, sin
distinción alguna, la generalidad de los gastos al consumidor prestatario, es
correcta y debe ser confirmada en esta instancia, por sus propios fundamentos.
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Incidir, simplemente, que este Tribunal, en sentencia de 15 de
diciembre de 2015, ya razonó, con relación a dicho tipo de cláusula, que "…la
clave de la nulidad (…), desde esta perspectiva del carácter abusivo, es la
amalgama, sin distinción, y sin orden ni concierto, que contiene la cláusula: un
auténtico amasijo de gastos, de muy variada naturaleza (tributarios o fiscales,
registrales, notariales, seguros, de correo…), que se imputan a la parte
deudora o prestataria, prescindiendo de la concreta normativa que así lo
pudiera establecer; incluso, en la mayor parte de los casos, se trata de gastos
futuros, inciertos, definidos en términos absolutamente generales. El carácter
abusivo deviene, por tanto, de la absoluta indefinición, de la ausencia de
distinción entre gastos y tributos que puedan incumbir a una u otra parte,
permitiendo (o intentándolo apriorísticamente) la derivación universal de todos
ellos, con independencia de su origen o causa, al consumidor. Desde luego, y
sin necesidad de cláusula alguna, producido que sea alguno de los gastos
previstos en aquélla, habrán de corresponder a quien la disposición legal
concreta de aplicación establezca. Subyace en la cláusula una intención de
imputar al deudor cualquier gasto que pueda tener relación con el contrato, o
con su devenir. Y no nos parece dable imputarlos, de esa forma tan genérica y
arbitraria, al consumidor, abstracción hecha de las circunstancias fácticas y
legales que ocasionen el gasto, pues ello podría permitir a la entidad bancaria,
en ejecución de la cláusula, cargarlos en la cuenta del cliente, incluso cuando
dichos gastos pudieran ser de cuenta de la misma".
Ese criterio fue confirmado, pocos días después, por la sentencia del
Tribunal Supremo n.º 705/2015, de 23 de diciembre, que, en el control
realizado en el marco de una acción colectiva en defensa de los intereses de
consumidores y usuarios, declaró abusivo que se imputaran
indiscriminadamente al consumidor todos los gastos e impuestos derivados de
la operación. A falta de negociación individualizada (pacto), se consideró
abusivo que se cargaran sobre el consumidor gastos e impuestos que, en
aplicación de las disposiciones legales aplicables en ausencia de pacto, se
distribuyen entre las partes según el tipo de actuación (documentación,
inscripción, tributos).
SEGUNDO. La imputación de gastos notariales y registrales al
consumidor prestatario.-
Confirmaremos también, por sus acertados razonamientos, la muy
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correcta sentencia de instancia, que, tras declarar, como se ha dicho, la nulidad
de la cláusula de gastos inserta en un contrato de préstamo hipotecario, ha
condenado a la entidad bancaria demandada a abonar a la parte prestataria la
cantidad que ésta pagó por gastos notariales y registrales. Desestimaremos,
por tanto, el motivo impugnatorio planteado por aquélla.
En la escritura de préstamo con garantía hipotecaria, objeto del
procedimiento, se incluyó una cláusula que imputaba al prestatario la totalidad
(no un porcentaje) de los gastos ocasionados por el otorgamiento de la misma
y por la inscripción de dicho título en el Registro de la Propiedad. En
cumplimiento de dicha estipulación, aquél los abonó íntegramente.
El art. 89 TRLGDCU ("Cláusulas abusivas que afectan al
perfeccionamiento y ejecución del contrato"), en su número tercero, indica que,
"En todo caso tienen la consideración de cláusulas abusivas: La imposición al
consumidor de los gastos de documentación y tramitación que por ley
corresponda al empresario".
Es preciso, pues, analizar la ley para determinar a quién se atribuye el
pago de los gastos de documentación y de registro de un préstamo hipotecario.
La norma sexta del Anexo II del Real Decreto 1426/1989, de 17 de
noviembre, por el que se aprueba el Arancel de los Notarios, dispone que "La
obligación de pago de los derechos corresponderá a los que hubieren
requerido la prestación de funciones o los servicios del Notario y, en su caso, a
los interesados según las normas sustantivas y fiscales, y si fueren varios, a
todos ellos solidariamente".
Por su parte, la norma octava del Anexo II del Real Decreto 1427/1989,
de 17 de noviembre, por el que se aprueba el Arancel de los Registradores de
la Propiedad, establece, en su número 1, que "Los derechos del Registrador se
pagarán por aquél o aquéllos a cuyo favor se inscriba o anote inmediatamente
el derecho, siendo exigibles también a la persona que haya presentado el
documento…".
Tales normas han sido interpretadas por la Sala Primera del Tribunal
Supremo, en el sentido de que cuando se ignora la normativa indicada (que
permitiría una distribución equitativa de estos gastos) y se imponen en
exclusiva al prestatario, la cláusula es nula y el pago de tales derechos
corresponde a la entidad bancaria prestamista. Así, en sentencia de Pleno de
23 diciembre de 2015 se razona que "…en lo que respecta a la formalización
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de escrituras notariales e inscripción de las mismas (necesaria para la
constitución de la garantía real) que tanto el arancel de los notarios, como el de
los registradores de la propiedad, atribuyen la obligación de pago al solicitante
del servicio de que se trate o a cuyo favor se inscriba el derecho o solicite una
certificación. Y quien tiene el interés principal en la documentación e inscripción
de la escritura de préstamo con garantía hipotecaria es, sin duda, el
prestamista, pues así obtiene un título ejecutivo (artículo 517 LEC), constituye
la garantía real (arts. 1875 CC y 2.2 LH) y adquiere la posibilidad de ejecución
especial (art. 685 LEC) (…) no puede perderse de vista que la garantía se
adopta en beneficio del prestamista".
También la Dirección General de los Registros y del Notariado, ha
acogido ese criterio, en Resolución de 27 de abril de 2016, cuando razona que
"En consecuencia, respecto a dichos gastos concretos, (…) opera la normativa
de consumidores y constituyen cantidades a cargo del acreedor que no pueden
ser atribuidas en exclusiva al prestatario".
Esta Sección octava de la Audiencia Provincial de Alicante tiene criterio
formado sobre la cuestión, reiterado en multitud de resoluciones, en el sentido
de que "si la imposición a la prestataria con carácter exclusivo de todos los
gastos del arancel notarial y registral correspondientes a la escritura de
préstamo hipotecario constituye una cláusula abusiva, las cantidades
abonadas por esos conceptos deberán ser restituidas en virtud de lo previsto
en el artículo 1.303 del Código Civil al no existir causa justificativa de ese
desplazamiento patrimonial". Argumento del que hemos concluido no solo la
nulidad de la cláusula financiera que impone tales gastos al prestatario sino
también, como decimos, la condena a restituir los importes abonados por en tal
concepto por el prestatario, pues simplemente se le han impuesto,
prescindiendo de la normativa analizada.
No nos encontramos ante una cláusula que prevea una distribución,
entre las partes, del gasto producido por la intervención notarial y registral (la
Resolución DGRN citada recuerda que "…en cuanto a los gastos de
constitución, al constituir el préstamo hipotecario una realidad inescindible en
que están interesadas tanto el consumidor -en el préstamo-, como el
profesional -en la hipoteca-, de la posibilidad de pactar la distribución de los
gastos producidos como consecuencia de la intervención notarial y registral"),
sino de una estipulación que, sin motivo, lo impone en su totalidad al
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prestatario, de modo que (en palabras del Supremo) "…ocasiona al cliente
consumidor un desequilibrio relevante que no hubiera aceptado
razonablemente en el marco de una negociación individualizada; y que,
además, aparece expresamente recogida en el catálogo de cláusulas que la
ley tipifica como abusivas (art. 89.2 TRLGCU)".
Por tanto, no es aceptable pretender que, en el presente
procedimiento, el Tribunal acuerde lo que las partes no pactaron (la distribución
equitativa o proporcional del gasto), siendo lo procedente la devolución del
pago realizado por tales conceptos, una vez afirmado el carácter abusivo de la
cláusula que no previó un reparto equitativo de su importe, con lo que la
entidad prestamista se benefició, indebidamente, del pago atribuido en su
totalidad al consumidor. Indebidamente porque, como ya ha dicho este
Tribunal, la máxima interesada en tales actuaciones es la entidad bancaria,
pues ni el otorgamiento de la escritura ni la inscripción registral son
imprescindibles para el contrato de préstamo.
TERCERO. Los gastos de gestoría-
En relación con los gastos de gestoría, hemos de confirmar, por sus
propios fundamentos, a los que nos remitimos, la condena a su pago por parte
de la entidad demandada, debiendo incidirse en dos cuestiones:
En primer lugar, no consta que el servicio de tramitación o de gestoría
prestado por un tercero sea necesario e imprescindible para que pueda
presentarse la escritura en la Oficina Liquidadora ni para su posterior
inscripción en el Registro de la Propiedad. Así pues, la imposición de estos
gastos a la parte prestataria constituye una cláusula abusiva al incardinarse en
el supuesto previsto en el artículo 89.4 del TR LGDCU: "La imposición al
consumidor y usuario de bienes y servicios complementarios o accesorios no
solicitados".
En segundo lugar, la tramitación administrativa de la escritura del
préstamo hipotecario después de su otorgamiento ante el Notario es un servicio
instrumental que se realiza por un tercero en beneficio de la entidad
prestamista.
CUARTO.-
La desestimación del recurso de apelación conlleva, de conformidad
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con los 394 y 398 de la LEC, la imposición de las costas a la parte apelante, al
no apreciarse que la cuestión promovida presente serias dudas de hecho o de
derecho.
La confirmación de la resolución recurrida supone la pérdida del
depósito constituido para interponer el recurso (D. A. 15ª.9 LOPJ).
QUINTO.-
La presente sentencia no es firme y podrá interponerse contra ella,
ante este tribunal, recurso de casación (bien porque la cuantía del proceso
exceda de 600.000 € -art.477.2.2ºLEC-, bien porque se considere que su
resolución puede presentar interés casacional) -art. 477.2.3º LEC) y, en su
caso, también, y conjuntamente, recurso extraordinario por infracción procesal,
en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación,
del/los que conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.
Al tiempo de la interposición de dicho/s recurso/s deberá acreditarse la
constitución del depósito de 50 € para recurrir -que se ingresará en la Cuenta
de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en BANCO SANTANDER-,
y tasas que legalmente pudieran corresponder, advirtiéndose que sin la
acreditación de la constitución del depósito indicado no será/n admitido/s.
VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente
aplicación, siendo ponente de esta Sentencia, que se dicta en nombre de SM.
El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el ejercicio de la
potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán,
quien expresa el parecer de la Sala.
III - PARTE DISPOSITIVA
FALLAMOS: Que con desestimación del recurso de apelación
interpuesto por BANCO SABADELL, SA contra la sentencia dictada por el
Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Denia, de fecha 9 de noviembre de
2017, en los autos de juicio ordinario n.º 404/17, debemos confirmar y
confirmamos dicha resolución, con imposición de costas a la parte apelante.
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Se acuerda la pérdida del depósito constituido por la/s parte/s
recurrente/s o impugnante/s cuyo recurso/impugnación haya sido desestimado.
Notifíquese esta sentencia en forma legal y, en su momento,
devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se
servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente
resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra
al Rollo de apelación.
La presente resolución podrá ser objeto de recurso, de conformidad
con lo establecido en los fundamentos de derecho de esta sentencia.
Así, por esta nuestra Sentencia, fallando en grado de apelación, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos. "D. Enrique García-Chamón Cervera.-
D. Luis Antonio Soler Pascual.- D. Francisco José Soriano Guzmán.- Firmado y
Rubricado."
Y para que conste y sirva de notificación a las partes, se expide la presente,
advirtiéndose a las mismas, que contra la precedente sentencia, procederá los recursos
anteriormente indicados . De conformidad con la D.A. 15ª de la LOPJ, para que sea admitido a
trámite el recurso de casación y/o extraordinario por infraccción procesal contra esta
resolución, precisará que al interponerse el mismo se haya consignado un DEPOSITO por
importe de 50 € por cada recurso, que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta
Sección Octava abierta en Banco Santander nº Expediente 2276/0000/06/0086/18 en el caso
de recurso de casación, y en el caso de recurso extraordinario por infracción procesal: nº
Expediente 2276/0000/04/0086/18, indicando en el campo “Concepto” del documento
Resguardo de Ingreso que es un “Recurso”, sin cuya acreditación no será admitido (LO1/2009,
de 3 de noviembre).
Están exceptuadose de la obligación de constituir el depósito quienes tengan reconocido el
derecho a litigar gratuitamente, el Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas,
entidades locales y organismos autónomos dependientes de los tres anteriores.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
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