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Del 1-mar-14 al 31-mar-14
MUTUAS
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NOTICIAS referentes a MUTUAS
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Defensa de la Sanidad Pública cree que la nueva
Ley de Mutuas supone un "recorte" a los derechos
de los trabajadores
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha
analizado el Anteproyecto de la Ley de Mutuas aprobado por el Gobierno que modifica
la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales que, a su juicio, pretende
"potenciar" el negocio de las mutuas y "aplicar nuevos recortes" a los derechos de los
trabajadores.
Según explica, "este cambio legal permitirá a las mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales involucrarse en los procesos de incapacidad temporal por
contingencias comunes desde el primer día de la baja".
La federación considera se pretende que las Mutuas "asuman el control de las
prestaciones por enfermedad común en detrimento de los Servicios Públicos de Salud
de Salud de las comunidades autónomas". Con este poder las Mutuas pasarán de estar
sometidas al control de "los servicios públicos de la Seguridad Social a ser las
controladoras de las mismas", advierte.
Además, sostienen que esta medida pretende compensar a las mutuas de las perdidas
por la crisis; privatizar la asistencia sanitaria de los trabajadores trasformado las Mutuas
en Concesiones Administrativas, que gestionaran la Incapacidad Laboral por
enfermedad de acuerdo al modelo de Nuevas Formas de Gestión Privada; y "contribuir"
al cambio de modelo sanitario impulsado por el Gobierno de Rajoy que "pretende
sustituir el Sistema Nacional de Salud, público, universal, accesible, equitativo y
redistributivo, en un modelo basado en el aseguramiento".
Sin embargo, con este cambio se pone bajo sospecha a los trabajadores a los que "se
achacan una conducta fraudulenta y defraudadora de las bajas por enfermedad"; por
otro lado, añade, los médicos de Atención Primaria verán mermadas sus competencias
en la atención de sus enfermos cuando necesiten una baja o un alta laboral.
Asimismo, cree que a la larga se incrementará la burocracia de los médicos de Atención
Primaria al obligar a manejar una documentación administrativa muy compleja y a
incrementar el número de informes a cumplimentar; al tiempo que se acaba con el
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derecho de los trabajadores a la confidencialidad de su historial clínico todos los datos
sobre su salud.
Finalmente, "se privatiza la gestión de las prestaciones por enfermedad que pasarán del
ámbito sanitario al burocrático-administrativo mediante unas Mutuas que tienen
conflictos de intereses con las empresas a las que prestan este servicio".
PROPUESTAS ALTERNATIVAS
Desde la federación proponen establecer la unidad e integralidad del sistema de la
atención y gestión de las bajas por enfermedad; mantener a los médicos de familia
como los responsables de la atención y gestión de las bajas laborales; y devolver a los
inspectores de los servicios de salud pública la función de control y supervisión de estas
prestaciones.
Asimismo, piden que se suprima su capacidad para "controlar, citar, solicitar pruebas,
tratar y dar el alta del INSS y de las Mutuas patronales"; además de que se revise el
papel de las Mutuas en la gestión de las prestaciones por incapacidad temporal,
reintegrando esta función al sistema público.
Por otro lado, creen recomendable que se simplifiquen los procedimientos para la
gestión de las incapacidades temporales; poner en marcha una estrategia integral e
integrada, dotada de medios y recursos suficientes; potenciar y dotar adecuadamente
la Atención Primaria y la Inspección Médica, para garantizar su capacidad resolutiva y el
control de los enfermos de baja; poner en marcha una estrategia para mejorar la
eficiencia global del sistema que reduzca los tiempos de espera que prolongan
innecesariamente las bajas por enfermedad; y dar participación a todos los sectores y
agentes sociales implicados.
Además, pide que se abandone la estrategia privatizadora de la gestión de la
incapacidad temporal, reintegrando las competencias y recursos en manos de las
mutuas al sistema de salud; y que se ponga a disposición del sistema sanitario públicos,
especialmente a los servicios de Atención Primaria, la información sobre accidentes y
enfermedades laborales en poder de las mutuas, para poder diseñar estrategias de
promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación.
Fuente: MEDICINATV (MADRID) 05/03/2014
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Confusiones y mitos sobre las mutuas de
accidentes
Réplica a Mariano de Diego Hernández, presidente de la Asociación de
Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT). Mutuas de accidentes de trabajo: la entelequia de la dialéctica.
Hace unos días se publicó en este periódico un artículo ("Mutuas de accidentes de
trabajo: la entelequia de la dialéctica") de Mariano de Diego Hernández, presidente
de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) a nuestra tribuna previa
sobre este particular. En ese comentario se confunden cuestiones importantes que
conviene aclarar, más allá de que se trastoca el debate de ideas con la emisión de
insultos y descalificaciones. Posiblemente por escasez de razones o porque no
preocupan tanto los problemas generales como los intereses espurios particulares.
La primera confusión es hablar de una supuesta continuidad de las mutuas en cien años
de historia, que no se corresponde con los hechos y es una versión interesada, como
todos los mitos. La definición actual de estas entidades arranca de la Ley de Bases de
Seguridad Social de 1963 y sus posteriores textos articulados y refundidos. Su
marco legal en materia contable, financiera y presupuestaria se ha venido completando
desde los años setenta y ochenta, incluso con pronunciamientos recientes de las
autoridades europeas respecto a su régimen de contratación. Con las citadas leyes se
desplegó el modelo de entidades colaboradoras con la Seguridad Social y las
mutuas de accidentes dejaron de ser entidades privadas de aseguramiento y tienen
prohibida su colaboración con compañías de seguros u otras entidades mercantiles
dado que los recursos que administran desde entonces son cuotas de Seguridad
Social. Pero el cumplimiento de este mandato está lleno de claroscuros, como vamos a
ver.
Con el Gobierno anterior se tuvieron que tomar medidas para avanzar en la separación
de la mutua FREMAP respecto al grupo asegurador MAPFRE. Hasta 2007 el Director
Gerente de FREMAP era al mismo tiempo presidente de CORPORACIÓN MAPFRE,
cabecera del holding y de otras sociedades del grupo. Y el presidente, vicepresidente y
otros ejecutivos de MAPFRE doblaban sus cargos con puestos en la Junta Directiva
de FREMAP. Incluso se tuvieron que hacer modificar los estatutos de la Corporación
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para eliminar los miembros de la Junta de la Mutua que eran miembros natos del
consejo de MAPFRE.
Sin embargo aún quedan vinculaciones ya que, por ejemplo, el firmante de la réplica
mencionada es presidente de FREMAP, pero al mismo tiempo es presidente de una de
las entidades de MAPFRE (Mapfre Agropecuaria) y varios miembros de la Junta
Directiva de FREMAP son igualmente directivos de MAPFRE en la actualidad. La
reiterada proclamación de que quieren ser independientes tendría un significado más
fácil de comprender si se explicara de quién desean hacerse independientes y de quién
no.
Selección adversa de clientes
Sobre la presunta eficiencia y ahorros producidos por la gestión de las mutuas hay
mucho que aclarar y de ello nos hemos ocupado en otra parte. En las investigaciones
realizadas, a las que se hacía referencia en nuestro anterior artículo, se ha puesto de
manifiesto la selección adversa de clientes practicada por estas entidades,
colocándose en mejor posición comparativa en esta materia que el INSS y las entidades
públicas, con lo que las comparaciones quedan viciadas de raíz. Por lo que se refiere a
los ahorros, basta consultar la información existente en la propia página web de AMAT
sobre la evolución de los ahorros incorporados al Fondo de Prevención en los últimos
años. A finales de 2003, el saldo ascendía a 665 millones de euros y alcanzó al final de
2011 los 4.651 millones de euros que tan bien le vinieron al Gobierno para utilizarlos el
año pasado para equilibrar las cuentas del ejercicio. Los resultados anuales pasaron de
386,6 millones en 2003 a 2.266,4 en 2007. Estos son los resultados de un control que
no les gusta a algunos porque en su ausencia dedicaban esos recursos a fines que
no es el momento de pormenorizar, pero que no
eran ahorros para el sistema.
También se confunde y abusa del eslogan de la
competencia entre las mutuas. De los años
recientes ya conocemos sus resultados. La
guerra comercial entre mutuas para captar
asociados más rentables ha producido fuertes
daños económicos a la Seguridad Social derivados
de la práctica de devolver, ilegalmente, parte de
las cotizaciones a las empresas preferentes, a las
que quieren atraer o fidelizar. Es paradigmático
el asunto de Mutua Universal, incursa en un
Para que pueda realizarse un
debate fructífero sobre un
sector que supone el 10% del
presupuesto de la Seguridad
Social, hace falta que fluya la
información al menos tanto
como para el resto del
sistema de Seguridad Social.
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procedimiento penal en Barcelona, en que el informe pericial solicitado por el juez
valora en 200 millones de euros el perjuicio causado a la Seguridad Social; además de
lo que ya le ha reclamado el Tribunal de Cuentas por más de 8 millones de euros y de
los ajustes que tiene pendientes esta mutua derivados de las auditorías de la
Intervención General de la Seguridad Social (IGSS). El presidente de Universal, que ya
lo era durante el periodo sujeto al procedimiento penal, ha sido el anterior presidente
de la Asociación de Mutuas (AMAT).
Por lo que se refiere al conjunto del sector, el Tribunal de Cuentas auditó en 2009 una
muestra de ocho mutuas sobre cuyas prácticas irregulares remitió a las Cortes
Generales un documentado informe donde se describen y cuantifican parcialmente los
perjuicios para la Seguridad Social en base a las irregularidades en la contratación de
bienes y servicios, así como en las retribuciones de los directivos. Sólo para esas ocho
mutuas por los ejercicios 2005 y 2006, la IGSS había reclamado previamente el
reintegro de casi 96 millones de euros.
De acuerdo con la Intervención General, el total pendiente de reintegrar por las
mutuas, por gastos que no debieron realizar con cargo al presupuesto de la Seguridad
Social, ascendía en abril de 2010 a más de 170 millones de euros. Es demasiado fácil
hacer competencia con dinero ajeno, con recursos de Seguridad Social. En el
debate sobre eficiencia y ahorro sobran descalificaciones y faltan datos y argumentos.
Restricciones a la libertad
En cuanto al ritornello de la libertad de empresa, se olvida que la decisión de asociarse
a una mutua no es una decisión libre de la empresa, sino el cumplimiento de una
obligación impuesta que debe ser acatada en los términos del mandato legal. Es
interesante mirar a nuestro alrededor. Seguro que nadie piensa que en Alemania haya
restricciones a la libertad de empresa y, sin embargo, allí las empresas no pueden
elegir la mutua en la que atienden sus accidentes de trabajo.
Una cuestión de máximo relieve y actualidad es lo relativo a la asistencia sanitaria,
donde nos limitamos a recordar el mandato de una de nuestras grandes leyes como es
la Ley General de Sanidad. Es evidente que integración no es nada parecido a
nacionalización, como se insinúa en el comentario, y que nuestro derecho
administrativo dispone de múltiples fórmulas para desarrollar aquella previsión.
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En una situación alarmante de escasez de recursos sanitarios en nuestro país, es
sencillamente inaceptable que las mutuas continúen con la infrautilización de sus
recursos sanitarios (públicos) en un 50%, como puso de manifiesto el Tribunal de
Cuentas y fue reconocido en documentos de la propia AMAT. Desde luego, con esta
deplorable utilización de los recursos disponibles, la eficiencia real queda muy lejos de
lo proclamado. Y los Servicios de Salud de las CCAA tienen mucho que decir al
respecto.
Como conclusión conviene subrayar que, para que pueda realizarse un debate
fructífero sobre un sector que supone el 10% del presupuesto de la Seguridad Social,
hace falta que fluya la información al menos tanto como para el resto del sistema de
Seguridad Social. No sirven de nada las meras manifestaciones de parte sin datos de
soporte. La Administración tiene unos órganos responsables del control que pueden
y deberían aportar mucha luz para poder evaluar objetivamente estas cuestiones. Lo
mismo que son accesibles los informes del Tribunal de Cuentas deberían serlo los de la
Intervención General, que es el órgano técnico auditor.
*Miguel Ángel Díaz Peña y Santos M. Ruesga son miembros de Economistas
frente a la crisis
Fuente: EL CONFIDENCIAL (MADRID) 07/03/2014
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El Supremo ratifica competencia desleal de las
Mutuas entre 2002 y 2005
El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado en una sentencia que las mutuas
incurrieron entre 2002 y 2005 en actos de competencia desleal en la
prevención de riesgos laborales.
El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado en una sentencia que las mutuas incurrieron
entre 2002 y 2005 en actos de competencia desleal en la prevención de riesgos
laborales.
En la sentencia, el Supremo admite que los servicios de prevención ajenos,
especializados en prevención de riesgos, "han soportado desde su creación la
competencia desleal de las mutuas".
También respalda la afirmación de que "el mercado creado por las prácticas
preventivas" está "perjudicando gravemente a la propia prevención de riesgos en las
empresas, con la lógica consecuencia de una desfavorable evolución de la
siniestralidad".
Se trata de una parte de la denuncia inicial que la Asociación de Servicios de Prevención
Ajenos (ASPA) aportó en 2002.
Según la sentencia del Supremo, "estas afirmaciones pueden reputarse sustancialmente
avaladas por todas las instancias oficiales e incluso por el propio Consejo de la Comisión
Nacional de la Competencia y corresponden a la realidad de los hechos que se deducían
del expediente".
Entre las prácticas de "competencia desleal e intrusismo" denunciadas se encontraban
"utilizar para su estructura recursos propios de la Seguridad Social; (...) utilizar para su
funcionamiento recursos con cargo a cuotas; (...) utilizar información privilegiada de las
empresas; (...) ofertar tarifas por debajo del coste real" y otras análogas.
A juicio del Supremo, los argumentos de las mutuas no bastan para evitar "la
calificación de la conducta precedente como desleal frente a las empresas que
operaban en el mismo sector liberalizado sin utilizar los recursos de la Seguridad
Social".
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Por más que las consecuencias de la deslealtad inicial fueran ulteriormente mitigadas,
en realidad la "regularización posterior" viene a ser una prueba adicional de que existió
una conducta previa que debió reputarse ilícita en términos objetivos, añade la
sentencia.
Según una nota de prensa de ASPA, "es una sentencia justa, que pone en evidencia la
actuación desleal en nuestro sector con el perjuicio que ha causado a nuestras
empresas", por lo que confían en que "sea detonante para acelerar el proceso de venta
de las sociedades de prevención regulado en el Anteproyecto de Ley de Mutuas".
Fuente: AGENCIA EFE (MADRID) 09/03/2014
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Una juez investiga a Morata por malversación y
fraude a la Seguridad Social en Umivale
Reabre la causa contra el presidente de la Cámara de Comercio tras una
denuncia por tráfico de influencias, falsedad documental y desvío de fondos a
clínicas privadas
Malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, falsedad en documento público
o cesión ilegal de trabajadores. Son sólo algunos de los delitos por los que el presidente
de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata, está siendo judicialmente
investigado por su gestión como presidente de la Mutua de Accidentes de Trabajo
Umivale, cargo que abandonó por sorpresa el 25 de octubre de 2012. «Debo ocuparme
de mis otras responsabilidades», dijo entonces antes de salir por la puerta.
La titular del juzgado número 1 de Quart de Poblet, Marta Espuny, ha reabierto el
procedimiento contra Morata a raíz de la interposición de una denuncia ante la Unidad
de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) por parte de dos exempleados de Umivale.
Las primeras pesquisas de la causa, archivada provisionalmente el 3 de enero de 2012,
nunca trascendieron públicamente. La nueva denuncia, que ha reabierto el caso, consta
de cuarenta páginas en las que se desgrana el relato de lo que entienden que es una
malversación por desviar fondos de la mutua hacia clínicas concertadas o hacia la
Sociedad de Prevención de Accidentes (SPA) Umivale, que tiene carácter de mercantil
privada.
Las mutuas son entidades colaboradoras de la Seguridad Social, constituidas por las
empresas asociadas, y que se nutren y gestionan con dinero público. Además de contra
Morata, en la comparecencia ante la policía judicial los impulsores de la denuncia
señalaron al gerente de Umivale, Héctor Blasco, a la directora general de la SPA, Pilar
Soriano, y a quienes «directa o indirectamente hayan participado en los hechos».
Clínicas con personal de Umivale
La denuncia alude en concreto a dos clínicas en Albaida y Altea, que habrían servido
para cometer «fraude continuado a la Seguridad Social». Umivale pagaba los gastos de
alquiler, luz, agua, teléfono o las nóminas de los trabajadores (adscritos a los centro de
la mutua en Ontinyent y Benidorm) y, en cambio, el empresario titular de la clínica,
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también empleado de Umivale, «emitía facturas contra la mutua en concepto de
asistencias sanitarias que en realidad no prestaba», lo que provocaba un
«enriquecimiento ilícito». La asistencia médica en contingencias comunes, camufladas
como si fueran accidentes laborales, el pago de comisiones a corredores de seguros por
captar empresas para Umivale, un incentivo prohibido por ley, el asumir la factura de
abogados de la Sociedad de Prevención o el «fraudulento uso de recursos para
supuestos cursos de formación, no impartidos pero sí cobrados por terceros», son otras
de las presuntas irregularidades denunciadas. La Udef encauzó judicialmente el asunto,
que acabó en el Juzgado 16 de Valencia. Visto que había una causa previa en Quart, se
inhibió, el 1 de agosto de 2013, a favor de la jueza Espuny, tras decretar que no podía
hablarse de «cosa ya juzgada».
En su auto de reapertura, ante la nueva documentación que le ha llegado, la jueza de
Quart ha recabado a la Jefatura Provincial de la Seguridad Social que designe un
inspector «para que colabore en la tramitación de la presente causa». Además, pide
que se le remitan las «auditorías y expedientes realizados a Umivale Mutua de
Accidentes de Trabajo por presuntas irregularidades» durante los años 2011, 2012 y
2013. También pide al Registro Mercantil las cuentas anuales de esos tres ejercicios. En
el auto, dictado el martes, la juez da tres días para interponer recurso.
«No tengo ni idea de la causa»
Este periódico se puso ayer en contacto con José Vicente Morata para recabar su
versión sobre los hechos denunciados. «No tengo ni idea de la causa, ni que
hubiéramos tenido un pleito ni nada». El presidente de la Cámara de Comercio dijo que
llamaría al gerente de Umivale por si tenía conocimiento del asunto y que luego se
pondría en contacto con Levante-EMV. Al cierre de esta edición, no se había producido
esa llamada.
Acusado de pagarse cirugía estética con dinero público
Entre los episodios de supuesta «malversación» de fondos públicos de Umivale que se
denuncian figura un «uso fraudulento» de dinero de la mutua por parte del que era su
presidente para abonar una intervención quirúrgica a la que se sometió. En el escrito a
la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) se detalla el presunto pago con
fondos de la Seguridad Social de una operación de «cirugía estética no derivada de
accidente laboral», según los denunciantes, que aportan detalles al respecto. El servicio
médico se prestó en la Clínica Virgen del Consuelo, de Valencia. El hospital y el
reputado profesional «emitieron la correspondiente factura contra la mutua por dicha
intervención».
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Así consta, advierten en la denuncia, en «el sistema informático de Umivale», pero ese
servicio es de los que figuran como «proceso no visible», en el argot de Umivale, citado
en el escrito elevado al juzgado a través de la Udef. Según los impulsores de la
denuncia, las asistencias sanitarias por motivos distintos al laboral, que generan
facturas externas, se «camuflan» en un epígrafe etiquetado como «Indivan o Indivas».
El también presidente del consejo autonómico de Cámaras guardó silencio al ser
preguntado por este diario sobre si se había pagado con dinero de la Seguridad Social
una intervención de cirugía plástica. En esa práctica presuntamente irregular de
travestir como servicios médicos por enfermedades laborales o accidentes lo que son
meras contingencias comunes, se detallan supuestos «fraudes» masivos en la
asistencia a las plantillas de dos grandes empresas desde las delegaciones de Umivale
en Gandia y Dénia. «El 80% de los casos» de empleados de esas conocidas firmas que
acudían a las consultas de la mutua lo hacían por «enfermedades comunes», según
sostienen los denunciantes.
«Se trata de procesos registrados pero no visibles a los ojos de la auditoría de la
Seguridad Social», advierten en la denuncia. En el escrito presentado ante la policía
judicial se alerta de que, a partir de enero de 2011, «se cambió el epígrafe por el de
otros deudores para clasificar aquellos procesos que deberían ser invisibles».
Fuente: LEVANTE-EMV (VALENCIA) 19/03/2014
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POR COMPETENCIA DESLEAL
Bruselas investiga 100 millones de presuntas
ayudas ilegales del Estado a las mutuas
La Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea investigará 100
millones de euros de presuntas ayudas ilegales indirectas del Estado a las mutuas, “una
situación de competencia desleal en el sector de la prevención de riesgos
laborales”, según la denuncia presentada por Martínez-Echevarría Abogados, en
representación de la Federación ASPA y la Asociación ANEPA, a la que ha tenido acceso
El Confidencial.
Esta doble actividad, por un lado como entidades gestoras de la Seguridad Social y por
otro como sociedades de prevención a través de filiales participadas al 100%, “hace
muy difícil la separación entre la actividad pública y la mercantil creando una posición
de dominio” de estas sociedades filiales en el mercado de la prevención de riesgos
laborales con la resultante “distorsión en el ámbito de la competencia”, como
recoge el escrito presentado. La Comisión Europea ha instado al Gobierno español a la
presentación de la información que estime conveniente previa instrucción de la
denuncia.
Desde hace unos meses existe un debate sobre el Anteproyecto de Ley de Mutuas
que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social remitió a los agentes sociales, en cuyo
articulado se recoge, entre otros asuntos, la venta del 100% de las participaciones de
las mutuas en dichas sociedades de prevención antes del 2015. La Comisión delegada
que estaba revisando el Anteproyecto de Ley de Mutuas ya ha cerrado el borrador que
en estos momentos estudia la Comisión de Subsecretarios previa a su aprobación en
el Consejo de Ministros.
Sentencia del Tribunal Supremo
Hace apenas una semana que el Tribunal Supremo ratificó en sentencia que las mutuas
incurrieron entre 2002 y 2005 en actos de competencia desleal en dicho sector ante
una denuncia presentada por la Asociación de Servicios de Prevención Ajenos (ASPA)
en 2002.
En la sentencia, el Supremo admite que este tipo de servicios, especializados en
prevención de riesgos, “han soportado desde su creación la competencia desleal e
intrusismo de las mutuas".
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Entre las prácticas denunciadas se encontraban "utilizar para su estructura recursos
propios de la Seguridad Social; (...) utilizar para su funcionamiento recursos con cargo
a cuotas; (...) utilizar información privilegiada de las empresas; (...) ofertar
tarifas por debajo del coste real" y otras análogas. La sentencia del Supremo insiste en
que estas afirmaciones pueden “reputarse sustancialmente avaladas por todas las
instancias oficiales e incluso por el propio Consejo de la Comisión Nacional de la
Competencia y corresponden a la realidad de los hechos que se deducían del
expediente".
Las mutuas recibieron 63 millones de euros entre 2002 y 2005. La Federación Aspara
calcula que a estos 63 habría que unir aquellas ayudas que algunas sociedades de
prevención han recibido de su matriz en los últimos ejercicios para hacerlas viables y
que en algunos casos están recogidas en sus balances. “Si añadimos esto podríamos
estar hablando de 70 millones de euros más. O sea, que con todas las dificultades
de cálculo podrían superar los 100 millones de euros”, señala Agustín
Azparren, socio internacional de Martínez-Echevarría Abogados en declaraciones a El
Confidencial.
Una provisionalidad… de 16 años
Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social como entidades colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social (en la
cobertura aseguradora de accidentes de trabajo y enfermedad profesional) entraron en
el mercado de la prevención de riesgos laborales con carácter provisional. “Dieciséis
años después, se mantiene la provisionalidad habiendo desaparecido las causas que
justificaban la autorización provisional. Desde hace seis años, intervienen en el mercado
de la prevención a través de sociedades filiales, las sociedades de prevención”, explica
Azparren.
Fuentes del sector consultadas por El Confidencial destacan que las sociedades de
prevención viven de las mutuas, aunque “casi todas están en números rojos”,
reconocen estas fuentes, tras recordar que de aquí al 31 de diciembre tendrán que
dejar de ser propiedad de las mutuas. Se prevé que en algunas de esas sociedades
pasen a propiedad de los empleados en modo de cooperativa. Otras buscan
compradores para minimizar la previsible pérdida de puestos de trabajo.
Fuente: EL CONFIDENCIAL (MADRID) 27/03/2014