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REGISTRO DE INFORMACION CATASTRALRIC

Análisis AmbientalInforme Final

ACTUALIZADO

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E1478

Guatemala, octubre 2006

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INDICE DE CONTENIDO

I. RESUMEN EJECUTIVO

II. ANTECEDENTES

INTRODUCCIONOBJETIVOSJUSTIFICACIONOBJETIVOS DEL ANALISIS AMBIENTAL

III. DESCRIPCION DEL PROGRAMA

IV. BREVE DESCRIPCION AMBIENTAL DE GUATEMALA

V. MARCO DE REFERENCIA

a) Marco Metodológicob) Realización de Inventarioc) Diagnóstico Institucional y Ambientald) Acatamiento a las políticas del Banco Mundiale) Marco común de los Proyectos de Tierra, Bosque y Mitigación de la

vulnerabilidadf) Delimitación y consolidación de Tierras Protegidasg) Demarcación y Titulación de Tierras Indígenash) Tierras Boscosasi) Tierras en áreas Sensibles y Riesgosasj) Uso Agrícola intensivo y de pasto a largo plazok) Proyectos complementariosl) Lecciones aprendidas

VI. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

VII. EVALUACION DE IMPACTOS

VIII. ANALISIS DE ALTERNATIVAS

IX. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

X. CONSULTA PUBLICA

XI. ACCIONES Y PROPUESTAS A CONSIDRAR EN EL MARCO DE LA PLANIFICAION E IMPLEMENTANICON DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS II DE GUATEMALA PATG II.

XII. REFERENCIASXIII. DOCUMENTOS ANEXOS

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I. RESUMEN EJECUTIVO

II. ANTECEDENTES

2.1 INTRODUCCION

El Gobierno de Guatemala formuló una estrategia para enfrentar los retos del desarrollo del país, dentro de la misma se incluyen varios programas como “Vamos Guatemala” el que contiene tres aspectos: i) Guate Solidaria, ii) Guate Compite y iii) Guate Verde. El Proyecto de Administración de Tierras Fase II que será financiado por el Banco Mundial., este financiamiento forma parte de esta importante estrategia.

El Proyecto de Administración de Tierras Fase II se enmarca dentro de la propuesta del gobierno de dotar de seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra a un buen número de poseedores de parcelas urbanas y rurales. La experiencia del Programa de Administración de Tierras Fase I en Guatemala, también apoyado por el Banco Mundial, se ha basado en la aplicación del catastro como un instrumento indispensable para fortalecer la seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra, convirtiéndose de esa manera en un elemento fundamental para el desarrollo y mejoramiento del nivel y calidad de vida de la población guatemalteca. La seguridad jurídica sobre la propiedad dinamiza las opciones de utilización y uso de las parcelas y fortalece de esa manera el desarrollo. Los procesos catastrales incrementan la inversión en las zonas donde se ejecutan y en lugares aledaños, mejorando la calidad de vida de las comunidades. Adicionalmente, la propuesta aprovecha la integración y/o consolidación del marco institucional logrado mediante la recién emitida Ley de Catastro (junio 2005) la que vincula el Registro de Información Catastral con el Registro General de la Propiedad de Inmueble.

Por otro lado el proceso catastral y de administración de tierras es un ámbito adecuado para integrar los factores ambientales al desarrollo y promover un ordenamiento territorial ambiental que promueva el equilibrio entre el uso sostenible de los recursos y su conservación y fortalecer de esa manera el desarrollo sostenible. El ordenamiento territorial ambiental debe inducir a la formación de una cultura de armonía entre la sociedad y la naturaleza, a lo cual debe apoyar el catastro. Una gestión territorial eficiente y efectiva debe contener entre sus objetivos principales el de prevenir los impactos que se originan de la intervención humana en la utilización del territorio y de los recursos naturales y que frecuentemente desencadena crisis e incrementa el impacto de los desastres naturales produciendo costos invalorables.

La experiencia lograda por el Gobierno de Guatemala en los últimos años, por medio de la UTJ-PROTIERRA en relación a la ejecución de la primera Fase del Programa de Administración de Tierras permitió identificar elementos importantes en la ejecución del catastro y de la gestión ambiental que pueden servir de orientación en la formulación y aplicación de un Plan General Ambiental de Proyecto en su segunda Fase que de forma más eficiente y efectiva sea ambiental y ecológicamente viable.

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2.2 OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS FASE II

El objetivo de desarrollo del proyecto consiste en incrementar la certeza y seguridad jurídica de la propiedad, tenencia y uso de la tierra en ocho departamentos de Guatemala, mediante la provisión de servicios catastrales y de administración de tierras eficientes y accesibles a la población guatemalteca. Este objetivo de desarrollo es consistente con la política de desarrollo del país y las líneas del programa APL definido con el Banco Mundial.

Los servicios de administración de tierras en general incluyen el reconocimiento de derechos legales de la tierra, cartografía, demarcación y levantamiento planimétrico de campo, utilizando procesos locales y participativos, resolución de conflictos, servicios de catastro y de registro de la propiedad en forma integrada y la titulación de los predios. Se pretende crear servicios de registro y catastro en las áreas de presencia, mediante el apoyo en la apertura de ocho oficinas de zonas en proceso catastral que favorezcan a los usuarios especialmente aquellos usuarios de escasos recursos.

2.3 JUSTIFICACION

El Proyecto esta integrado a la Estrategia de Asistencia al país del Banco Mundial desarrollada conjuntamente con el Gobierno de Guatemala desde abril del 2005. La aprobación de la Ley del Registro de Información Catastral en junio de 2005 ha venido a fortalecer y urgir el desarrollo de la Fase II del Proyecto de Administración de Tierras el cual esta diseñado para contribuir al crecimiento y competitividad de la economía del país, mejorando el entorno para las inversiones y por lo tanto también las oportunidades de trabajo para la población. El Proyecto también viene a fortalecer el marco institucional en materia de seguridad jurídica de la propiedad de la tierra y en una mejor administración de los territorios promoviendo el ordenamiento territorial, por lo tanto la conservación ambiental y un mejoramiento del nivel y calidad de vida de la población urbana y rural.

El proceso catastral se constituye en un ámbito adecuado para integrar los factores ambientales al desarrollo fortaleciendo el equilibrio entre el uso adecuado y sostenible de los recursos y su conservación. Se espera además como ha ocurrido en otras experiencias, que los procesos catastrales incrementen la inversión en las zonas donde se ejecutan y en lugares aledaños y ayude a construir la formación de una cultura de armonía entre la sociedad y la naturaleza. Una gestión territorial eficiente y efectiva debe contener entre sus objetivos principales el de prevenir los impactos que se originan de la intervención humana en la utilización del territorio y el uso de los recursos naturales y que frecuentemente desencadena crisis e incrementa el impacto de los desastres naturales produciendo costos invalorables.

Las políticas del Banco Mundial exigen un Análisis Ambiental (AA) de los proyectos propuestos a desarrollar con los distintos gobiernos, para asegurar que los mismos cumplan con ser ambientalmente aceptables y sostenibles y, a la vez, para generar mejor

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información en los procesos de toma de decisiones en el marco de la preparación y ejecución de los proyectos.

De acuerdo con la Política de Evaluación Ambiental (OP 4.01) del Banco Mundial, este Proyecto se clasifica como “Categoría B”; por lo que se requiere un Análisis Ambienta (AA) en el que se deben evaluar los impactos potenciales negativos y positivos que la operación propuesta pudiera causar directa o indirectamente y en base a ello, se deben formular las recomendaciones sobre las medidas necesarias para evitar, minimizar, mitigar, o compensar esos impactos adversos y en general para mejorar al desempeño ambiental del Proyecto.

Durante el proceso de preparación de la segunda fase del Proyecto, simultáneamente al AA se tiene contemplado realizar la Evaluación del Impacto Social para evaluar la viabilidad social del proyecto en las áreas de operación, y obtener propuestas para mitigar cualquier impacto negativo, así como proyectar lo que se considere positivo para las comunidades afectadas.

2.4 OBJETIVOS DEL ANÁLISIS AMBIENTAL

Son objetivos del Análisis Ambiental AA:

General: Identificar los impactos ambientales positivos y negativos, directos e indirectos del

Proyecto que se propone para (i) evitar, minimizar, o mitigar efectos adversos y (ii) optimizar el potencial de Proyecto para crear impactos positivos para el medio ambiente y la conservación de recursos naturales renovables y recomendar las medidas de mitigación y mejoramiento ambiental necesarias para el buen funcionamiento del proyecto.

Específicos:

Evaluar las implicaciones ambientales de las diferentes opciones que existen para regularizar derechos de propiedad en i) áreas protegidas; ii) tierras nacionales; iii) tierras municipales iv) tierras indígenas; v) sitios de alto valor cultural localizados en tierras nacionales; vi) sitios de valor cultural o con valor ecológico en áreas privadas y áreas vulnerables a fenómenos hidrometereológicos, geofísicos y geodinámicos.

Identificar las medidas de mitigación y mejoramiento ambiental con los costos aproximados, cronograma, y responsabilidades institucionales de implementación dentro del Plan de Manejo Ambiental (PMA);

Recomendar indicadores y establecer datos de línea de base para el monitoreo y evaluación de los aspectos ambientales del Proyecto.

Analizar la manera en que el diseño del proyecto compatibiliza con el cumplimiento de las políticas ambientales del Banco Mundial: i) Evaluación Ambiental (OP 4.01);

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ii) Hábitats Naturales (OP 4.04); iii) Bosques (OP 4.36); iv) Patrimonio Cultural (OPN 11.03); Pueblos Indígenas (OD 4.20) y Reasentamiento Involuntario (OP 4.12).

III.DESCRIPCION DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS FASE II

Componentes del ProyectoEl proyecto se estructura en cuatro componentes: 1) Establecimiento del catastro y regularización de la tenencia de la tierra; 2) Mantenimiento catastral y servicios de administración de tierras municipales; 3) Fortalecimiento legal e institucional registro-catastro; 4) Administración, monitoreo y evaluación del Proyecto.

Componente 1. Establecimiento del catastro y regularización de la tenencia de la tierra

Este componente permitirá establecer el catastro e implementar procesos de regularización de tierras en 55 municipios de ocho departamentos de Guatemala, mediante enfoques participativos y de construcción de capacidad a nivel local. Estos procesos de establecimiento catastral se enmarcan en las acciones y procesos catastrales definidos claramente en la ley del RIC. En este contexto institucional, el componente plantea la investigación registral para el conocimiento de la propiedad de la tierra y apoyar el análisis catastral y jurídico, etapas del proceso catastral previstas en la ley, comunicación social; levantamiento predial sistemático en campo; la resolución de conflictos, donde sea necesario; el análisis de la información catastral y jurídico con declaraciones de predios catastrado regulares e irregulares; el saneamiento de la información registral; y, en donde la ley lo permite, la provisión de títulos legales de los predios.

El componente financia también trabajos geodésicos, de cartografía catastral, definición de límites municipales y la demarcación de áreas protegidas, de protección especial y sitios arqueológicos. Éste es el componente central del Proyecto, en tanto que absorbe el 51% de los recursos financieros en la ejecución del levantamiento catastral de las áreas atendidas por el proyecto.

Componente 2. Infraestructura del mantenimiento catastral y servicios de adminis-tración de tierras. Este componente tiene como objetivo establecer infraestructura, procesos y sistemas de mantenimiento de la información catastral entre los diferentes actores de la administración de tierras y socializar sus beneficios con los gobiernos locales, instituciones desconcentradas y actores locales para la gestión territorial. Se pretende con este componente poner en marcha procesos de actualización de la información predial de las zonas en proceso catastral, construir los mecanismos, la plataforma tecnológica y las capacidades humanas para asegurar el mantenimiento de la información catastral, desarrollar productos y servicios de información catastral, y establecer inicialmente en las

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municipalidades del departamento de Petén, y dos municipios de Alta Verapaz servicios de administración de tierras orientados al ordenamiento y gestión del territorio.

Componente 3. Fortalecimiento legal e institucional del registro-catastro

Este componente busca fortalecer el marco legal y la capacidad institucional del Registro de Información Catastral para asumir con eficiencia y eficacia sus funciones y mandatos legales, particularmente en la perspectiva de coordinación con el Registro General de la Propiedad para la implementación del sistema de Registro/Catastro. El componente esta estructurado en tres subcomponentes: i) Fortalecimiento institucional, el cual incluye la capacitación de recurso humano en diferentes temáticas de la administración de tierras y la formulación de políticas e instrumentos legales y regularización vinculadas al proceso catastral, tanto en lo relacionado a la descripción física y el proceso de medida de los predios, como en el proceso de registro respecto a los derechos legales. ii) Desarrollo de los procesos e infraestructura tecnológica para la coordinación e integración de información del catastro-registro.

Componente 4: Administración, monitoreo y evaluación del proyecto

El componente tiene como objetivo implementar la capacidad institucional del RIC para gerenciar el proyecto desde la perspectiva de los recursos humanos, del sistema de información, de la auditoria de recursos financieros y de la coordinación interinstitucional.

El componente cubre los costos de administración y coordinación del proyecto por medio de la Unidad de coordinación de Proyecto (UCP), las actividades de monitoreo y evaluación y auditoria independientes. El componente puede financiar la asistencia técnica externa, el equipamiento, el entrenamiento, los talleres y los costos de operación incrementales. Puesto que el proyecto tratará con varias instituciones y socios, será necesaria una gran atención a la administración del proyecto para maximizar la coordinación interinstitucional y por tanto, la ejecución continua del proyecto.

IV. BREVE DESCRIPCION DEL MEDIO AMBIENTE EN GUATEMALA

4.1 Aspectos Generales

La República de Guatemala se localiza en el istmo centroamericano, limita al norte y oeste con la Republica de México, al este con El Salvador, Honduras, Belice y el Mar Caribe y al Sur con el Océano Pacífico, el país se encuentra ubicado entre los distintos océanos. Guatemala es un país pequeño pero con una diversidad natural y cultural muy especial. El ser puente entre dos continentes le otorga una calidad única de diversidad biológica, adicionalmente el territorio posee una topografía peculiar y una amplitud de alturas sobre el nivel del mar que varía entre 0 y 4210 metros sobre el nivel del mar, ello conforma una gran cantidad de variantes ecológicas que se complementa con una amplia precipitación pluvial y de temperaturas, que son entre otros factores, responsables de la existencia de variedad de ecosistemas y de especies.

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De acuerdo al Perfil Ambiental de Guatemala (URL-IARNA/Incidencia Ambiental 2004), la biodiversidad es amplia en Guatemala. Los inventarios de especies que son incompletos reportan 7,745 especies de flora nativa; 445 especies de ellas son arbóreas latifoliadas y 27 especies coníferas, el país se encuentra entre los de mayor diversidad arbórea en el mundo. Los reportes sobre fauna nativa, indican 1,651 especies vertebradas; 688 son aves, 435 son peces, 213 son mamíferos, 209 son reptiles y 106 son anfibios. De las especies conocidas de flora y fauna se reportan 1,170 como endémicas del país (CONAP, 1999).

Pero Guatemala también es un país con alta diversidad étnica y multicultural, veintitrés etnias distintas conviven en el mismo territorio. La diversidad natural, complementada con la diversidad étnica y cultural, provoca distintas y variadas formas de interacción de la población con la naturaleza La región en la cual se encuentra el país, es además, uno de los ocho principales centros de origen de plantas cultivadas.

La variedad de climas se puede apreciar cuando se aplica la clasificación de Thortwhaite (MAGA, 2001a) que presenta cuatro tipos climáticos que son: seco (cubre 0.6 % del país), semiseco (14.5%), húmedo (62.9%) y muy húmedo (21.9%). Así mismo, de acuerdo a la clasificación de Zonas de Vida de Holdridge (De La Cruz, 1993) se presentan 14 zonas de vida diferentes. Las temperaturas medias a nivel del mar son de 27 grados centígrados para el Océano Pacífico y 28.2 grados centígrados para el Océano Atlántico. La humedad relativa media varía entre regiones, desde un 60% en la zona seca, hasta un 85% en el norte, el promedio nacional varía entre 70-80%.

Existe una gran manifestación de tipos de suelos (según Simmons, 1959, existen 179 tipos); la combinación con las catorce zonas de vida, origina muchas asociaciones con gran diversidad biológica y ecológica única para la extensión relativamente pequeña del territorio.

La precipitación media anual varía entre 500 y 6,000 mm (CCAD-SGSICA, 2000), con un promedio de 2,000 mm anuales. Las lluvias se concentran entre los meses de junio y septiembre, siendo la época seca entre noviembre y abril. Se estima que el 41% del agua que precipita se escurre superficialmente hacia los océanos por medio de las diferentes cuencas (INSIVUMEH, 1985).

La cobertura forestal del país al año 2002, ha sido estimada en 4 286 650 hectáreas, que representan el 39,4 por ciento del territorio nacional; y de las cuales el 55.6 por ciento (2 383 460 ha) se encuentra dentro de áreas protegidas y el 44.4 por ciento (1 903 190 ha) se ubican fuera de áreas protegidas. (INAB, CONAP; MAGA; UVG, 2004). La distribución de la cobertura vegetal muestra que la mayoría de las cuenca hidrográficas han perdido su cobertura natural en las partes altas, estas zonas constituyen áreas de recarga hídrica y alimentación de los mantos freáticos.

El Inventario Forestal Nacional refleja cifras similares de cobertura forestal, con una superficie de 4,046, 016 hectáreas (INAB-FAO, 2004). Según esta última fuente; la cobertura forestal por tipos de bosques es de 3 336 435 hectáreas de bosques latifoliados,

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que representan el 30.6 por ciento de la cobertura total; 396 938 hectáreas de bosques de coníferas equivalentes al 3.7 por ciento de la cobertura y 312 641 hectáreas de bosques mixtos para un 2.9 por ciento del total de bosques.

En las últimas dos décadas se considera que los recursos naturales y el ambiente se han deteriorado y se encuentran amenazados debido a la falta de valoración de la base natural como fuente de calidad de vida de la población y/o por efecto de la pobreza que en la cual se encuentra gran parte de la población del país. Ello hace necesario tomar las medidas pertinentes para que aquellos posibles impactos negativos en el ambiente se prevengan y mitiguen y los positivos se potencialicen.

4.2 El sistema guatemalteco de áreas protegidas

Las áreas protegidas juegan un papel muy importante en la conservación del medio ambiente y los recursos naturales y Guatemala ha sido uno de los primeros países en legislar sobre ello, aunque en su gestión y conservación se han tenido serias limitaciones. Hasta los inicios del año 2002, el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas-SIGAP tenía 123 áreas protegidas, sin embargo para el año 2005 las áreas declaradas para conservación de ecosistemas naturales, bellezas escénicas y rasgos culturales o para proteger la vegetación o fauna silvestre se elevó a 160. Estas áreas comprenden aproximadamente 3,35 millones de hectáreas y representan un poco más del 30 % del territorio nacional.

La distribución de tamaños de las áreas del SIGAP es: 73 áreas protegidas son menores de 1,000 hectáreas, equivalente territorialmente al 0.94% del SIGAP; 30 áreas protegidas tienen tamaños entre 1,001 y 10,000 hectáreas, y representan el 4.12% del SIGAP; 12 áreas protegidas poseen entre 10,001 y 50,000 hectáreas, representando 13.81% del SIGAP; 3 áreas protegidas están dentro del rango de 50,001 a 100,000 hectáreas y representan el 8.31% del SIGAP; y 5 áreas protegidas son mayores de 100,001 hectáreas o más y representan el 72.82 % del SIGAP. Solamente al 45.18% del SIGAP se considera que se encuentra bajo categorías de manejo protección estricta; mientras el 54.82% de las tierras tienen categorías de manejo menos estrictas o de uso múltiple.

La información más reciente sobre la integración del SIGAP a marzo del 2005 a nivel de categoría de manejo y extensión que comprende se muestra en el siguiente Cuadro.

Cuadro No 1 Integración del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas -SIGAP-

por categoría de manejo. (Listado oficial al 31 de marzo de 2005)1.

1 De acuerdo al análisis de la lista oficial y consultas a personal técnico del CONAP, las áreas pertenecientes a la Reserva de la Biosfera Maya (10) y las áreas protegidas del sur de Peten: Complejo I (2) y Complejo II (5) fueron registradas como áreas independientes.

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Categoría de

manejoCantidad Definición Extensión

(hectáreas)Totales por categoría

I

36 Zonas de veda definitiva 93,302.0021 Parques nacionales 736,574.001 Reserva biológica 60,878.00 890,754

II6 Biotopo protegido 118,758.006 Monumento cultural 7399.001 Monumento natural 1714.00 127,871

III

6 Refugio de vida silvestre 308,859.004 Área de uso múltiple 157,709.002 Reserva forestal municipal 158.502 Reserva forestal 52,805.00 519,531.50

IV 11 Parque regional 35,128.271 Parque recreativo natural municipal 38.28 35,166.55

V 58 Reserva natural privada 20,531.46 20,531.46VI 5 Reserva de biosfera 1,763,282.00 1,763,282.00

160 3,357,136.51Fuente: Elaboración propia a partir del listado oficial de áreas protegidas del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.

La Política Nacional y Estrategia para el desarrollo del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP), identifica un conjunto de zonas de vida no representadas o muy poco representadas que deberán ser parte de las prioridades en los procesos de declaratoria de espacios naturales nacionales (cuadro No 2). Algunas de ellas se encuentra en el área de catastro fase II, tales como el Bosque húmedo Subtropical (BhSt) denominada Conacaste, Río Ovejas en Zacapa; y San José la Arada en Chiquimula como Bosque seco Subtropical (BsT) y como Monte espinoso Subtropical (MeS), Morazan Huité en Zacapa.

Cuadro No 2: Zonas de vida con baja o ninguna representación en el SIGAP

ZONA DE VIDA AREA PROPUESTA DEPARTAMENTOBosque húmedo Subtropical (Bh St)

Conacaste, Río Ovejas ZacapaCerro Pinalon Jalapa

Bosque húmedo Montano (BhM)

La Capellania Huehuetenango

Bosque húmedo Montano Sacapulas, Espantan, Chitac Quiche

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Bajo (BhMBBosque muy húmedo Montano (Bmh MB)

Chortiz QuicheTacana San MarcosCuchumatanes Huehuetenango

Bosque muy húmedo Motano Bajo (BmhMB)

Tajumulco, San Cristóbal Cucho

San Marcos

Siete orejas, Santo Tomas QuetzaltenangoAcatenango, Fuego Escuintla

Bosque seco Subtropical (BsS)

Lagartero, Selegua HuehuetenangoSan José la Arada Chiquimula

Bosque seco Tropical (BsT) Atescatempa, Guija JutiapaMonte espinoso Subtropical (MeS)

Morazan, Huite Zapaca

Fuente: CONAP (2000)

Las áreas de baja representatividad que se encuentren en el área del Proyecto deberán ser tratadas a manera de ubicar su situación a nivel de los departamentos y municipios que se incluyen dentro del área del mismo y priorizarlas en su tratamiento especialmente si se encuentran en tierras estatales, municipales o comunales en las cuales se pueda vincular a una propuesta de ordenamiento territorial y aplicación de los incentivos existentes, desde luego dentro de un espacio de diálogo y concertación con los actores interesados.

La Política del SIGAP también identifica prioridades de intervención en la cadena volcánica de Guatemala, en cuyos sitios se reportan altas tasas de endemismo de fauna y flora. En una primera fase se espera la asignación de recursos para la administración directa del complejo Santo Tomas-Zunil, el complejo Acatenango-Fuego, Tacana e Ixtepeque. Para una segunda fase se recomienda intervenir en el complejo Atitlan-Toliman-San Pedro, el complejo Santa Maria-Santiaguito, Agua en el Departamento de Sacatepequez, Pacaya en Escuintla e Ipala en Chiquimula. Como puede observarse algunos de estos conos volcánicos se encuentran en los Departamentos que se incluyen en la Fase II del Proyecto. Se espera adicionalmente que algunas de estas áreas protegidas sean gestionadas bajo la modalidad de co administración, ya sea con gobiernos municipales o con grupos de la sociedad civil interesados en el tema.

El SIGAP está conformado por categorías de manejo que buscan el cumplimiento de objetivos tanto de conservación estricta, como de uso sostenido de los recursos naturales. De acuerdo a lo anterior se ha impulsado en zonas de Usos Múltiple y de Amortiguamiento en el Petén el desarrollo de actividades productivas forestales. Los casos de Unidades Forestales extensivas bajo manejo más importantes de Centro América, se desarrollan de la Zona de Uso Múltiple de la Reserva de la Biosfera Maya RBM, precisamente en el área de desarrollo de la primera Fase del Programa de Administración de Tierra. Actualmente existen 557,815.4 ha bajo manejo (27% de la RBM y 5% del territorio nacional) con la participación de unas 1,265 familias rurales (6,031 habitantes). De ellas, 359,561 ha han sido certificadas internacionalmente (sello verde) y acreditadas ante el Consejo Mundial Forestal (FSC).

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Se reporta que en 1999 el 34% del total de áreas protegidas cubriendo el 83% de la superficie total del SIGAP tenía planes de manejo aprobados. El bajo porcentaje con respecto al número de áreas se debe a la inclusión formal de 27 volcanes y al menos 5 parques nacionales que fueron declarados por diferentes instrumentos legales a partir de la década de los años cincuenta.

Recientemente una nueva modalidad de áreas protegidas ha empezado a emerger en el contexto de la gestión de los recursos naturales y el ambiente y ello se ha dado con la declaratoria de al menos 30 Reservas Naturales Privadas durante el período 2000-2002, ellas no cuentan con planes de manejo en la actualidad. Las Reservas Naturales Privadas no superan el 1% de la superficie del SIGAP, pero al menos 50 áreas protegidas de pequeña superficie tienen un valor significativo en términos de biodiversidad, especialmente cuando se trata de los conos de volcanes con alto grado de endemismo. A las 30 áreas privadas iniciales, se han sumado otras en los últimos años lo que ha hecho llegar la cifra a 44 (2004).

4.3 Las Tierras Boscosas y la deforestación

El Instituto Nacional de Bosques INAB en el año 2000 publicó el mapa de cobertura del suelo tomando como base imágenes de satélites tomadas durante los años de 1998-9. Mas recientemente el INAB ha ubicado la cobertura forestal del país al año 2002 en 4, 286 650 hectáreas, que representan el 39,4 por ciento del territorio nacional, de las cuales el 55.6 por ciento (2 383 460 ha) se encuentra dentro de áreas protegidas y el 44.4 por ciento (1 903 190 ha) se ubican fuera de áreas protegidas. (INAB, CONAP; MAGA; UVG, 2004).

El Inventario Forestal Nacional refleja cifras similares de cobertura forestal, con una superficie de 4,046,016 hectáreas (INAB-FAO, 2004). Según esta última fuente; la cobertura forestal por tipos de bosques es de 3, 336, 435 hectáreas de bosques latifoliados, que representan el 30.6 por ciento de la cobertura total; 396, 938 hectáreas de bosques de coníferas equivalentes al 3.7 por ciento de la cobertura y 312, 641 hectáreas de bosques mixtos para un 2.9 por ciento del total de bosques.

La mayor cobertura esta ubicada en las Tierras Bajas del Norte, fundamentalmente los departamentos de Petén, Alta Verapaz, Izabal (incluidos dentro del Proyecto) y Quiché. Los cuatro departamentos en su conjunto incluyen el 67% de los bosques del país de especies latifoliadas y mixtos. La Costa Sur es la que cuenta con menor cobertura de bosques a nivel nacional, los departamentos más representativos de dicha zona, Suchitepéquez, Santa Rosa, Retalhuleu y Escuintla (dentro del Proyecto) suman el 1.6% de la cobertura forestal nacional. El ecosistema más importante en la región de la costa es el bosque manglar que cubre en su totalidad 16,765 ha. En la zona de montaña se encuentran los bosques mixtos y de coníferas, siendo los departamentos con mayor cobertura; Huehuetenango, Jutiapa, Jalapa, Chiquimula ( en el Proyecto) y El Progreso, teniendo todos juntos el 18% de la cobertura forestal del país.

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Los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Escuintla, Izabal, Sacatepéquez y Zacapa, que constituyen el área de acción del Proyecto, representan el 37 por ciento de la cobertura del país. Los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz e Izabal, son parte de las regiones prioritarias para la implementación del Programa de Incentivos Forestales PINFOR con miras a desarrollar núcleos de producción forestal. Estas regiones contienen conglomerados forestales con grandes posibilidades de un manejo sostenible.

Según el inventario forestal nacional (INAB-FAO, 2004); la posesión o propiedad de los bosques esta definido básicamente por tres tipos de regímenes:

bosques de propiedad nacional 1, 367, 133 hectáreas equivalente al 37.8 por ciento; bosques privados 1, 531,133 hectáreas equivalente a 37.8 por ciento; bosques municipales y/o comunales 934, 630 hectáreas, equivalente al 23.1 por

ciento.

En la región de ejecución del Proyecto de Administración de Tierras, Fase II, existe una superficie de 1, 392,996 hectáreas con cobertura arbórea. La mayor superficie con cobertura arbórea la constituyen los bosques latifoliados. La categoría de bosque secundario/arbustal comprende las áreas con procesos iniciales e intermedios de la sucesión ecológica y los arbustales de la zona del bosque seco y monte espinoso.

De acuerdo al Plan Nacional Forestal para Guatemala (1994) la deforestación en Guatemala en la década de los ochenta y primer quinquenio de los noventa afectó alrededor de 82,000 hectáreas por año. Aunque ha sido una cifra discutible y recientemente ha sido discutida por algunos otros estudios, la misma muestra una dimensión aproximada y una tendencia de la deforestación en el país en los tiempos recientes. La mayor parte de dicha deforestación se presentaba en las Tierras Bajas del Norte y estuvo motivada por las migraciones de la población en busca de tierras y los procesos de colonización dirigidos por el Estado en sus baldíos. Los bosques más amenazados han sido los bosques de especies latifoliadas en 73% y los bosques de coníferas en 23%, siendo un 4% para los manglares y bosques mixtos. La edición del Mapa de Cobertura Forestal (INAB, 2000) y la implementación del Proyecto de Monitoreo de la Cobertura Forestal de Guatemala, tienen la meta de evaluar la cobertura cada tres años con el mismo método de análisis.

Es importante hacer notar la efectividad de algunas estrategias nacionales de protección de bosques y ecosistemas especiales, entre ellas la creación de la Reserva de Biosfera Maya y fundamentalmente, dentro de esta reserva, en su zona de usos múltiples, el otorgamiento de concesiones de manejo forestal, tanto comunitarias como Industriales de las cuales ya se discutido. El monitoreo de la cobertura forestal en dicha reserva muestra que se ha reducido la tasa de deforestación significativamente en el área protegida más extensa del país (1.6 millones de ha). Según el CONAP la pérdida anual de cobertura forestal fue 0.83% entre los años 93 y 95; actualmente esta pérdida se ha reducido al 0.32%.

La deforestación sigue siendo uno de los principales problemas ambientales en el país y sus causas tienen raíces más estructurales en el ámbito socio-económico que técnico-

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sectoriales, por lo que su solución debiera obedecer a una aproximación multisectorial y de prioridad en la agenda nacional. La estrategia para iniciar la regresión en los índices de deforestación debe pasar por fortalecer la capacidad de administración de las áreas protegidas, promover el manejo forestal en los bosques remanentes y aumentar la reforestación en las tierras desprovistas de bosque.

V. MARCO DE REFERENCIA

a. Marco Metodológico

La metodología del estudio se integra de una serie de procesos y la aplicación de instrumentos para asegurar el cumplimiento de los objetivos. Por las características del AA se combina la búsqueda y utilización de información secundaria, complementada con las entrevistas y visitas de campo. Dada la complejidad y especificidad de algunos temas se previó la conformación de un equipo de profesionales especialistas para tratar la temática en una forma más integrada, aunque ello hace más complejo y tardado el proceso en vista de los esfuerzos obligados de coordinación.

En base a los Términos de Referencia, esquemas de contenido y programa de trabajo el Equipo Consultor, delimito los temas y sub-temas e identificó aquellos que podrían ser abordados bajo ángulos distintos para que fueran conocidos en forma colectiva e integrada. De esa manera es factible visualizar en conjunto los enlaces y áreas temáticas sobrepuestas o muy integradas y que deben ser asumidas coordinadamente.

Se planificó un programa de sesiones de coordinación con el fin de integrar la recopilación de datos e información y para fomentar y promover la integración del informe final del AA. En complemento a las reuniones de coordinación se desarrollaron talleres para tratar temas específicos para homogenizar y sistematizar la interpretación y el desarrollo del trabajo. El primero tuvo como objeto la construcción del equipo y la imagen del estudio, se brindo la información general sobre el desarrollo del AA y se planificaron las primeras actividades. Un segundo taller se llevo a cabo para avanzar en la identificación de las fuentes de información y verificar los primeros hallazgos, en vista de las limitaciones en las fuentes de consulta. Un tercer taller tuvo como objetivo iniciar la integración del informe global y aquellas propuestas que pueden ser asumidas desde los distintos ángulos de enfoque del AA.

Se espera tener un cuarto taller para conocer y discutir el borrador del informe final del AA, complementario y paralelo a esta actividad se realizará un taller de consulta con actores previamente identificados y vinculados a la acción del Programa de Administración de Tierras II para conocer sus inquietudes y reacciones al programa, así como sus sugerencias a manera de incluirlas en la propuesta.

Dos tipos de información serán recopiladas, la información documental y la recopilada a través de entrevistas y visitas de campo. En cuanto a la información documental es importante la experiencia de la UTJ-Protierra en los temas ambientales. La UTJ-Protierra en la ejecución de su primer programa de Administración de Tierras obtuvo valiosas

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experiencias que han sido recogidas y acopiadas. Información sobre el ordenamiento territorial se puede colectar de otras fuentes de datos como el Sistema de Información Geográfico SIG del Instituto de Ambiente y Recursos Naturales-IARNA de la Universidad Rafael Landívar; de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas-CONAP, del Instituto Nacional de Bosques INAB y del Instituto Geográfico Nacional. El trabajo anterior fue complementado con las visitas de Campo y entrevistas tanto a nivel central como de las regiones. Las entrevistas a nivel central fueron focalizadas con personas previamente identificadas y clasificadas como estratégicas. También se identificaron personas para hacer entrevistas durante la visita al área del Proyecto de Administración de Tierras I en Petén, puesto que esta constituye el área más antigua de trabajo y la experiencia más reciente. En el área se encuentran técnicos, funcionarios locales y beneficiarios con experiencias valiosas necesaria se recopilar y sistemtizar. Por otro lado, la visita al área geográfica del Proyecto de Administración de Tierras II es importante puesto que allí también se cuenta con algunas experiencias, pero también será factible apreciar e intuir “in situ” algunas implicaciones de las políticas y medidas que un Proyecto de Administración de Tierras puede tener. La Consulta con personas prominentes de estas áreas es sumamente valiosa.

El proceso metodológico finalizará con la integración del informe final del AA el cual deberá sintetizar la información más importante, identificar los efectos positivos y negativos del Programa y proponer aquellas medidas más adecuadas para prevenir y mitigar los posibles efectos negativos y potenciar los positivos.

b. Realización de Inventario

La realización del inventario guarda relación con las instituciones, leyes y normas que tienen relación con los aspectos temáticos tratados, tanto en los aspectos de orden ambiental, como en los relativos a la gestión y administración del territorio. Se desarrolla a lo largo de los distintos apartados del Análisis Ambiental en algunos con mayor detalle de acuerdo a su naturaleza y se complementa con todo los anexos que forman parte de este mismo estudio.

c. Diagnóstico Institucional y Ambiental La institucionalidad ambiental de Guatemala se basa en la legislación relacionada con el ambiente y los recursos naturales, parte de unos preceptos generales establecidos en la Constitución de la República, en los siguientes artículos: artículo No 64, que se refiere expresamente al patrimonio natural; el artículo 97, que trata sobre la protección del ambiente y el equilibrio ecológico; el artículo 119 inciso c), que trata de las obligaciones del estado en la protección y aprovechamiento de los recursos naturales; el 122, que declara zonas y recursos naturales como bienes del Estado y define las reservas y dominios estatales; el 125, que se refiere a la explotación de los recursos naturales no renovables; el 126 que declara de urgencia nacional e interés social la reforestación del país y la conservación de los bosques, el 127, referido al dominio público de todas las aguas y finalmente; el 128 referido al aprovechamiento de las aguas y su servicio colectivo.

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En el cuadro No 3 se presentan las principales instituciones que se encuentran vinculadas con el medio ambiente y los recursos naturales, formalmente las instituciones se encuentran amparadas bajo leyes vigentes las cuales también son referidas. Se indica el tema central que aborda cada institución ejecutora y las acciones que regula a nivel general.

Cuadro No 3: Principales Instituciones Vinculadas al Ambiente y los Recursos Naturales

Nombre de la Ley

Tema Central Institución Ejecutiva

Acciones que regula

Vacíos Traslapes

Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente Decreto Legislativo 68-86

Contaminación y Estudios de Impacto Ambiental

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Actividades productivas agroindustriales, industriales y de construcción

a) Administración y manejo del agua

a) Obligatoriedad de realizar Estudios de Impacto Ambiental, en actividades reguladas por leyes específicas.

Ley de Áreas Protegidas y sus reformas Decretos Legislativos Nos. 4-89, 110-96, 18-89 y 117-97

Conservación y manejo de áreas protegidas

Consejo Nacional deÁreas Protegidas (CONAP)

Actividades dentro de las áreas protegidas y utilización de la biodiversidad

a)Administración de zonas costero-marinas; d) Ausencia de incentivos en Areas Protegidas

a)Manejo y administración forestal con la Ley Forestal; b) Administración de recursos hidrobiológicos y administración de la biodiversidad -sobre todo la cultivada- con la Ley del Ejecutivo y el Reglamento del Ministerio de Agricultura; c) Administración de tierras Nacionales con la Ley del Fondo de Tierras; d) Exploración y explotación petrolera con la Ley de Hidrocarburos.

Ley Forestal Decreto Legislativo No. 101-96

Producción forestal sostenible; manejo de bosques y plantaciones forestales

Instituto Nacional de Bosques (INAB)

Administración de tierras con bosque y de vocación forestal.

a) Biodiversidad forestal, b) Suelos forestales

a) Manejo y administración forestal con la Ley de Areas Protegidas;

Modificación a la ley del Ejecutivo (Creación del MARN) Decreto Legislativo 90-2,000

Creación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Ministerio deAmbiente y Recursos Naturales

Funcionamiento del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

a) Administración del agua; b) Manejo y Conservación de suelos

a) Administración de recursos hidrobiológicos y administración de la biodiversidad -sobre todo la cultivada con la Ley del Ejecutivo y el Reglamento

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del Ministerio de Agricultura-

Ley de Hidrocarburos Decreto Legislativo109-86

Administración de la exploración y explotación de hidrocarburos

Ministerio de Energía y Minas

Establecimiento de normativas para mitigar la explotación de hidrocarburos especialmente el petróleo.

Exploración y explotación petrolera con la Ley de Areas Protegidas

Ley de Minería

Decreto Legislativo 48-97

Administración de la exploración y explotación de minerales

Ministerio de Energía y Minas

Establecimiento de normativas para mitigar las operaciones mineras

Reconocimiento, exploración, explotación y operaciones mineras con la Ley de Areas Protegidas.

Fuente: PNUD (2003)

El Cuadro No 4, presenta las leyes que contienen, en alguna parte de su contenido, regulaciones dirigidas a la protección del ambiente y que son administradas por instituciones vinculadas al manejo de los recursos naturales. Aun cuando los temas centrales de las instituciones no están dirigidos específicamente a temas ambientales, en el desarrollo de su actividad cotidiana asumen aspectos importantes para mitigar o prevenir los efectos de la actividad central regulada. Un caso importante es el de la Ley del Fondo de Tierras -, toma en cuenta la capacidad de uso de la tierra como un elemento fundamental para el acceso a la misma, o también el caso, del Código Municipal que instruye a las municipalidades a crear las comisiones de medio ambiente.

Cuadro No 4: Instituciones que Regulan Aspectos del Ambiente y los Recursos Naturales

Nombre de la Ley Tema Central Institución Ejecutiva Acciones que regula Ley Reguladora de las Áreas de Reserva Territoriales del Estado de Guatemala 126-97

Reservas Territoriales; mares, ríos y lagos y sus márgenes

Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado –Ocret-

Regula todo tipo de actividades en la Áreas de Reserva del Estado. Condiciona el otorgamiento de predios

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en Areas de Reserva, en función del cumplimiento de la Ley Forestal o Ley de Areas Protegidas

Ley del Fondo de Tierras Decreto Legislativo No. 24-99

Creación de un fondo para acceso a la tierra y regularización de tierras

Fondo de Tierras Administración del Fondo de Tierras, regularización y adjudicación

Código Municipal Administración municipal

Municipalidades Creación de las comisiones de medio ambiente, planes de ordenamiento territorial municipal , áreas verdes en zonas urbana y actividades de construcción

Reglamento Interno del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Acuerdo Gubernativo No. 278-98

Accionar del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación

Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación

Normas y regulaciones que afectan; *La producción, transformación, almacenamiento, comercialización, exportación e importación de productos e insumos agrícolas *La cosecha y producción de productos hidrobiológicos * la sanidad animal y vegetal

Código de Salud


Prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud de todos los habitantes del país.

Ministerio de Salud Pública

Instruye al Ministerio de Salud Pública a coordinar con la Comisión Nacional del Medio Ambiente y las Municipalidades para promover un ambiente saludable. Prohibición de Importación de materiales tóxicos.

Fuente: PNUD (2003)

Existen también un conjunto de Leyes y Códigos de carácter general, pero que son importantes para el tema ambiental, ya que son instrumentos de aplicación de todas las regulaciones. Este es el caso del Código Civil, Ley del Organismo Judicial, Ley del Ministerio Público y Ley de la Policía Nacional Civil.

Estos instrumentos legales son utilizados por los Organismos de Aplicación de la Justicia y son instrumentos de presión o sanción fundamentales para lograr una adecuada conducta de los agentes económicos para el respeto del medio ambiente. En adición el anexo 1 presenta un listado de reglamentos y leyes relacionadas al tema salud y medio ambiente.

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d. Acatamiento a las Políticas del Banco Mundial

El Proyecto de Administración de Tierras Fase II tiene la clasificación de Categoría B por lo que requiere de un Análisis Ambiental AA, el cual no se considera un estudio completo de evaluación de impacto ambiental. Los posibles impactos que se identifican se tratan a través de medidas de mitigación propuestas las que han sido sometidas a la opinión de aquellos principales actores directamente vinculados; asociaciones, organismos no gubernamentales, comités, integrantes de Consejos y en el proceso se han incorporado las sugerencias y orientaciones de las mismas.

Cuadro No 5: Descripción de las áreas temáticas de las políticas de salvaguarda (OP) del Banco Mundial y las medidas de respuesta relacionadas a las acciones del Proyecto

Política del Banco

Mundial

Área temática de influencia Medidas de respuesta

Bosques OP 4.36

La finalidad de esta política es asistir a los países prestatarios a aprovechar el potencial de los bosques para reducir la pobreza en forma

Ordenamiento Territorial y Manejo sostenible de la cobertura forestal y biodiversidad:

Velar y apoyar la aplicación de las líneas de la política forestal Nacional: a) Contribución al fortalecimiento del SIGAP; b)

sostenible, para integrarlos efectivamente en el proceso de desarrollo económico sostenible, proteger sus valores y servicios ambientales a nivel local y global.

Protección y conservación de ecosistemas forestales estratégicos; c) Fomento al manejo productivo de bosques naturales; d) Promoción de la silvicultura de plantaciones; e) Fomento de sistemas agroforestales y silvopastoriles en tierras de vocación forestal; f) Fomento a la ampliación y modernización del parque industrial de transformación primaria y secundaria y g) Contribución a la búsqueda y aprovechamiento de mercados y diseños de productos forestales. Todo esto se ejecutara desde el apoyo y acompañamiento al Plan de Ordenamiento Territorial Municipal.

Apoyar con orientaciones del Plan de Ordenamiento Territorial Municipal, el contenido de la Agenda Nacional Forestal de Guatemala (2003 a 2012) y del Programa Forestal Nacional en sus áreas sustantivas: a) Conservación y protección del bosque, b) Producción y manejo sostenible, c) Comercio e industria, y d) Servicios ambientales.

Apoyar por medio del sistema de información catastral al Sistema de Información Forestal de Guatemala el cual es herramienta de registro e intercambio de información del subsector forestal. Asegurar el acceso al Sistema de información catastral.

Fortalecimiento Institucional y Legislación Promover mecanismos de coordinación interinstitucional por

medio de espacio de coordinación de los entes ambientales vinculados al catastro para hacer más eficiente la operación de los dos instrumentos principales de aplicación de las políticas forestales del país: Decreto 101-96 -Ley Forestal- y el Decreto 4-89 –Ley de Áreas Protegidas- y sus modificaciones.

Fortalecer el cumplimiento de los compromisos derivados de la ratificación de instrumentos regionales e internacionales a nivel de las instituciones centrales vinculadas al ambiente y los Consejos de Desarrollo y gobiernos locales; por medio del apoyo a las Áreas Protegidas, la política forestal y la coordinación interinstitucional. Los principales Convenios son Diversidad Biológica, Convenio Marco sobre el Cambio Climático, Convenio sobre el Combate a la Desertificación, RAMSAR, Convenio internacional sobre el Tráfico de Especies de Flora y Fauna en Peligro de Extinción, entre otros.

Hábitats naturalesOP 4.04

La Evaluación del Proyecto indicará los tipos y el estimado de la extensión (hectáreas) de los hábitats naturales afectados, así como el grado de las posibles repercusiones, la compatibilidad del proyecto con las iniciativas nacionales y regionales en materia de aprovechamiento de la tierra y planificación ambiental, con las estrategias de conservación y legislaciones y con las medidas de

Fortalecimientos de Municipalidades, Planes de Ordenamiento territorial Municipal, Áreas Protegidas y Tierras Boscosas Apoyar desde las funciones propias del catastro-verificación de

áreas, linderos y otros- el proceso de declaratoria de las Áreas de Protección Especial establecidas en el Articulo 90 del Decreto 4-89 –Ley de Áreas Protegidas y aquellas que por su importancia ecológica e interés comunitario representen beneficios a la sociedad guatemalteca.

Fortalecer la asignación de los recursos necesarios y apoyo institucional para la implementación de la Política Nacional y Estrategias para el Desarrollo del Sistema Guatemalteco de

mitigación previstas. Áreas Protegidas (SIGAP).

Promover las acciones necesarias para el levantamiento catastral y rotulación de las áreas protegidas, tierras municipales, comunitarias e indígenas prioritarias ubicadas en el área del proyecto, manejadas como proyectos piloto en cada departamento.

En el proceso de planificación operativa y en los mecanismos de coordinación del Proyecto considerar las áreas de acción estratégica y los ejes de acción de la Estrategia Nacional para la Conservación y el uso sostenible de la Biodiversidad, así como los mecanismos de coordinación institucional necesarios.

Apoyar desde sus funciones propias el contenido de los planes maestros de las áreas protegidas, ya que representan una guía de las políticas de administración de los recursos naturales y sobre los procesos ecológicos presentes, también por constituirse en áreas bajo régimen de administración especial.

Observar lo establecido en el Articulo 8 –Conservación in situ- del Convenio sobre Diversidad Biológica, principalmente lo relativo a los incisos: c) reglamentará o administrará los recursos biológicos importantes para la conservación de la diversidad biológica, ya sean dentro o fuera de las áreas protegidas, para garantizar su conservación y utilización sostenible”, d) Promoverá la protección de ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento de poblaciones viables de especies en entornos naturales; e) Promoverá un desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible en zonas adyacentes a áreas protegidas, con miras a aumentar la protección de esas zonas;

Patrimonio cultural

OP 11.03

Incluye los sitios de valor arqueológico, paleontológico, histórico, religioso (sitios sagrados) y natural.

El personal del Proyecto deberá conocer los aspectos del patrimonio cultural ubicado en el área del proyecto y la atención del Gobierno debe orientarse hacia la consulta a las instancias apropiadas, universidades u organizaciones relacionadas al tema y tomar, además de tomar las medidas de protección y preservación.

Desarrollo del Inventario y Ubicación de Sitios Culturales, Arqueológicos y Sagrados Cumplir con lo que establece la Constitución Política de

Guatemala que determina claramente lo relativo al patrimonio cultural a través de los Artículos 60 –Patrimonio Cultural- y 61 –Protección al patrimonio cultural: “Forman el patrimonio cultural de la Nación los bienes y valores paleontológicos, arqueológicos, históricos y artísticos del país y están bajo la protección del Estado. Se prohíbe su enajenación, exportación o alteración, salvo los casos que determine la ley” y “Los sitios arqueológicos, conjuntos monumentales y el Centro Cultural de Guatemala, recibirán atención especial del Estado, con el propósito de preservar sus características y resguardar su valor histórico y bienes culturales..”. Otros Artículos relacionados son: 57. Derecho a la cultura; 58 Identidad cultural; 59 Protección e investigación de la Cultura; y 62 sobre la Protección al arte, folklore y artesanías tradicionales. En base a lo anterior se desarrollará el inventario a nivel departamental con su consiguiente ubicación y delimitación cuando las circunstancias lo permitan y en coordinación y consenso con el IDHEAE y los actores involucrados.

Tomar en cuenta el Decreto 26-97 del CR Ley de Patrimonio Cultural de la Nación y cumplir con las medidas necesarias para la protección del Patrimonio Cultural de la Nación localizado en el área del proyecto, con énfasis en el respeto a los sitios sagrados reclamados por las comunidades locales, localizando los mismos, identificándolos y formando un inventario público.

Por medio del levantamiento catastral ubicar geográficamente los sitios culturales y desarrollar el inventario de los sitios de valor cultural que se encuentren dentro del área del Proyecto.

Identificar y ubicar las áreas con atractivos turísticos con potencial para desarrollar el turismo de bajo impacto como actividad económica y desarrollo comunitario

Poblaciones indígenas y

comunidades rurales

OP 4.20

Reasenta-miento Invo-luntario.OP 4.12

Determina la probabilidad de reasentamientos involuntarios como consecuencia del proyecto. De ocurrir esta particularidad, el equipo a cargo del proyecto proporcionará la información disponible sobre la naturaleza y la magnitud del

Aplicación de las Orientaciones de la Política de Asentamientos Humanos para la Región de las Verapaces y Procesos Afines

Aplicar como un instrumento útil de orientación en la toma de decisiones la Política de Asentamientos Humanos en Áreas Protegidas diseñada para la región de Las Verapaces, la cual fue aprobada por el CONAP, con la finalidad de dar dirección en el tratamiento de los casos relacionados con los

desplazamiento y sobre el instrumento de reasentamiento a utilizar.

asentamientos de grupos humanos en las áreas protegidas, a manera que su presencia se ajuste a lo que establece la legislación respectiva y las circunstancia especiales de cada departamento. Su objetivo general es “Asegurar la conservación de las áreas protegidas mediante el ordenamiento territorial-ambiental que regule la permanencia y actividades de los asentamientos humanos ubicados dentro o que intervienen en las mismas, favoreciendo opciones equitativas de desarrollo según la categoría de manejo de las áreas protegidas y sus respectivas zonas”. Por medio de las instancias de coordinación de los entes ambientales vinculadas al catastro se puede precisar el trabajo especialmente en aquellas áreas en donde se han identificado mayores conflictos.

Considerar dentro de las instancias de coordinación, las mesas de negociación para la resolución de conflictos y puntos de consenso relativos a las demandas de los diferentes grupos de presión. La institución competente en el tema como CONTIERRA y UPRECO debe coordinar estas acciones de acuerdo a los niveles de decisión.

Aprovechar la creación de la Unidad Presidencial para la Resolución de Conflictos (UPRECO) y CONTIERRA, las cuales cuentan con respaldo presidencial para intervenir como mediadora de oficio o cuando le sea requerido, en la solución de conflictos entre sectores de la sociedad y entre estos y el Estado.

Beneficiarse de los términos de la Ley General de Descentralización, Decreto 14-2002 del Congreso de la Republica de Guatemala para fortalecer las municipalidades, esencialmente en sus objetivos 5) fortalecer integralmente la capacidad de gestión de la administración publica local; 6) fortalecer la capacidad de los órganos locales para el manejo sustentable del medio ambiente; 7) reforzar la identidad de las organizaciones comunales, municipales, departamentales, regionales y nacionales y 8) promover el desarrollo económico local, para mejorar la calidad de vida y erradicar la pobreza.

Evaluación ambientalOP 4.01

Por la naturaleza y magnitud de los posibles impactos de las acciones y los riesgos ambientales asociados con el Proyecto, se clasifica en la categoría B.

Conformación de la Unidad de Gestión, Seguimiento y Evaluación del Plan Ambiental Conformación de la Unidad de Gestión del PMA, elaboración,

implementación, seguimiento y evaluación del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto, el cual deberá contener las medidas ambientales sugeridas para contrarrestar los efectos e impactos negativos y la identificación de las medidas de mitigación que correspondan a nivel local, así como para potenciar los impactos positivos.

Consulta Pública.

e. Marco Común del Proyecto de Administración de Tierras

El Proyecto de Administración de Tierras Fase II se enmarca dentro de las Acciones del Gobierno de Guatemala denominada “Vamos Guatemala” y la Política de Desarrollo Rural. La estrategia tiene como fin último enfrentar el problema de la pobreza y generar lineamientos estratégicos de orientación para que el Estado de Guatemala retome el cauce del crecimiento y el desarrollo. La estrategia contiene tres aspectos: i) Guate Solidaria, que busca atender aquel sector de la población más marginada y con menos posibilidades de desarrollo a través de acciones que impacten directamente en ella como son la creación de empleo, la atención en seguridad alimentaria, salud y educación; ii) Guate Compite, que esta orientada a crear las condiciones para contar con un clima adecuado para el desarrollo de la empresarialidad y los negocios a manera de que se pueda fortalecer la inserción adecuada del país en la economía mundial y que ello conlleve beneficios para todos los guatemaltecos y iii) Guate Verde, cuya orientación esta dada para aprovechar las condiciones ambientales y de los recursos naturales que el país tiene a manera de que los mismos no se pierdan, sino por el contrario se puede recuperar aquel capital natural deteriorado y que este sirva como base para una mejor calidad de vida de los guatemaltecos y una plataforma de soporte sostenible para el desarrollo futuro del país.

El Proyecto de Administración de Tierras Fase II guarda relación en forma integral con los tres ámbitos de la estrategia puesto que hace contribuciones a la seguridad jurídica de la propiedad permitiendo que sujetos que anteriormente solo eran tenedores de la tierra se conviertan en propietarios y gocen de esa condición; entre ellos se ubican mucho de la población pobre del país, esto apoya directamente Guatemala Solidaria. De la misma forma el catastro viene a fortalecer el clima de negocios necesarios para promover la inversión, esto fortalece a Guate Compite y finalmente la contribución que hace el catastro al ordenamiento territorial en toda su dimensión apoya a Guate Verde.

f. Delimitación y Consolidación de Tierras Protegidas

En la actualidad, la administración de las áreas protegidas que integran el SIGAP orienta gran parte de sus esfuerzos técnicos y presupuestarios por contrarrestar las amenazas a estos espacios protegidos tales como los incendios forestales, trafico ilegal de flora y fauna, la serie de conflictos sociales derivados de la invasión a las áreas, así como busca superar la confrontación, recuperar la gobernabilidad, combatir y/o mitigar los efectos de procesos intencionados de apropiación y concentración de la tierra; lo que obliga a no atender adecuadamente las funciones de coordinación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas-SIGAP.

El total de áreas protegidas incluidas dentro de las jurisdicciones de los departamentos del Proyecto de Administración de Tierras Fase II es de 13; correspondiéndole a la Reserva de Biosfera Sierra de Las Minas el mayor porcentaje (46.76%)

Cabe hacer mención que dentro de la descripción anterior y su respectivo análisis, no fueron incluidas las Áreas de Protección Especial2 definidas en el artículo 90 del Decreto 4-89 del Congreso de la Republica, las cuales se detallan a continuación:

a) Sierra de Chinajá, localizada en el municipio de Chisec, departamento de Alta Verapaz, asentada sobre suelos de formaciones cársticas: Campur, Cobán y Chocal, con una extensión aproximada de 17,2173 hectáreas y en proceso de declaratoria oficial.

b) Parque Nacional Cuevas del Río Candelaria, creado mediante Acuerdo 188-99 del Ministerio de Cultura y Deportes, ubicado en la Aldea Raxrujá, Chisec, departamento de Alta Verapaz, en consideración a su valor arqueológico, natural, científico y espeleológico, cuenta con una superficie de 941.30 hectáreas.

c) Sierra Santa Cruz, departamento de Izabal, se encuentra al norte del lago de Izabal, jurisdicción municipal de Livingston y el Estor, porción terrestre terminal del Sistema Orográfico de Los Cuchumatanes, con una extensión aproximada de 158,078 ha4. Se encuentra dentro del bioma Selva Tropical Lluviosa, neotropical, de influencia amazónica, sobre suelos de origen cárstico. ubicada dentro de la zona de vida Bosque muy Húmedo Subtropical cálido (bmh-S(c).

d) Cubre Alta, departamento de Zacapa (Sin datos)

e) San Isidro Cafetales, cumbre de Chiramay, departamento de Chiquimula (sin datos).Estas áreas serán consideradas de acuerdo a la solicitud del CONAP, de los entes públicos encargados y de aquellos actores locales involucrados en el tema.

2 Áreas de Protección Especial: Son espacios territoriales priorizados por la ley de Áreas Protegidas que, previo estudio, delimitación geográfica y asignación de categoría de manejo, se presentaran para su declaratoria definitiva. En la medida en que tales áreas se encuentren en fases terminales de estudio para su declaratoria legal, se declaran oficialmente establecidas por la Ley de Áreas Protegidas (Articulo 89).3 Extensión reportada por la Fundación para la Investigación del Bosque Tropical (FIIT), 2002, en la primera propuesta de Estudio Técnico.4 Dato reportado por el Proyecto RECOSMO, una alternativa para la conservación y el Desarrollo Sostenible con visión regional.

Cuadro No 6: Extensión territorial (ha) total por departamento y distribución de la extensión que se encuentra en áreas protegidas.

DepartamentoÁrea no

protegidaÁrea bajo protección

ExtensiónTotal

Distribución respecto al total del país.

Alta Verapaz 985,109.54 91,823.62 1,076,933.16 9.96Baja Verapaz 260,305.58 26,446.21 286,751.79 2.65Chiquimula 216,512.80 24,461.61 240,974.42 2.22Escuintla 436,568.16 14,166.02 450,734.17 4.16Izabal 468,050.46 283,843.30 751,893.77 6.94Sacatepéquez 35,538.93 18,116.07 53,655.01 0.46Zacapa 198,597.16 72,028.95 270,626.11 2.50TOTALES 2,600,682.63 530,885.78 3,131,568.43 28.89Fuente: Elaboración Propia en base al Análisis del Sistema de Información Geográfica, IARNA, URL a partir

del listado oficial del SIGAP. Marzo de 2005.

Áreas protegidas por departamento

Cuadro 7: Áreas protegidas comprendidas dentro de la jurisdicción del departamento de Alta VerapazCategoría de

manejo Nombre ClasificaciónExtensión total (ha)

Administrador / Coadministrador Base legal

Año de declaratoria

Parque Nacional Grutas de Lanquín Tipo I 11.00 Municipalidad de LanquínAcuerdo Gubernativo 26-05-55 1955

Parque Nacional San José la Colonia Tipo I 54.00 INAB Acuerdo Gubernativo 04-76 1976Parque Nacional Las Victorias Tipo I 82.00 INAB Decreto Legislativo 9-80 1980Reserva Natural Privada Cataljí o Sacataljí Tipo V 180.00 INGUAT Resolución CONAP 12-96 1996

Parque Nacional Laguna LachúaTipo I 14,500

Instituto Nacional de Bosques (INAB)

Disposición del INTA en 1976 y Articulo 89 reformado por el Articulo 31 del Decreto 110-96 1996

Reserva Natural Privada K'antí Shul Tipo V 1,366.00 Las Alturas, S. A. Resolución CONAP 62-99 1999Reserva Natural Privada

Chinajux y SechinauxTipo V 685.00

Asociación Amigos del Bosque

Resolución de CONAP 080/2000 2000

Reserva Natural Privada

ChajumpecTipo V 979.00

Jaime F. Hazard Chocano Resolución de CONAP 062/2001 2001

Reserva Natural Privada Entre Ríos Tipo V 451.00

Jaime F. Hazard Chocano Resolución de CONAP 063/2001 2001

Monumento Natural Semuc Champey Tipo II 1714.00

Municipalidad de LanquínDecreto No. 025 2005 2005

Reserva Forestal Municipal San Lucas Secanté Tipo III 39.39 Municipalidad de Chahal Resolución 004/2005 2005Reserva Forestal Municipal San Agustín Chahal Tipo III 119.107 Municipalidad de Chahal Resolución 005/2005 2005Parque Recreativo Natural Municipal Las Conchas Tipo IV 38.28

Municipalidad de ChahalResolución 006/2005 2005


Chicacnab, San Juan Chamelco. Tipo V 48.00

Asociación BIDAS Resolución de CONAP 122/2002 2002


Chelemha, San Miguel, Tucurú, Alta

Tipo V 321.60 Armin Martin Schumacher y Markus Alois Reinhard

Resolución de CONAP 127/2002

2002

Verapaz.

Por Definir Sierra de Chinajá

Por definir 17,2175

En proceso el Estudio Técnico como paso previo para su declaratoria oficial.

Articulo 90, numeral 11 del Decreto 4-89 Ley de Áreas Protegidas.

Por definirTOTAL 37,805.377

Cuadro 8: Áreas protegidas comprendidas dentro de la jurisdicción del departamento de Izabal.Categoría de

manejo Nombre ClasificaciónExtensión total (ha)



Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique Tipo III 66,900.00 FUNDARY Decreto Legislativo 023 -2005 2005Parque Nacional Río Dulce

Tipo I 13,000.00CONAP Acuerdo Gubernativo 28-05-

55, y 23-08-88,182-93 1955Zona de Veda Definitiva

Bahía de Santo TomásTipo I 1,000.00

CONAP Acuerdo Gubernativo. 21 06 56 1956

Monumento Cultural

QuiriguáTipo II 34.00

IDAEH Acuerdo Ministerial, M Educación 12-06-70 1970

Parque Nacional Cuevas del SilvinoTipo I 8.00 CONAP

Acuerdo Gubernativo10-10-72 1972

Biotopo Protegido Chocón Machacas Tipo II 6,265.00 CECON / USAC Decreto Legislativo.4-89 1990Reserva Natural Privada El Higüerito Tipo V 1,266.00 Juan Antonio Paz Q. Resolución CONAP 20-95 1995Refugio de Vida Silvestre

Bocas del PolochicTipo III 20,760.00

Defensores de la Naturaleza (FDN) Decreto .Legislativo 38-96 1996

Reserva Forestal Cerro San Gil Tipo III 47,433.00 CONAP / FUNDAECO Decreto Legislativo 129-96 1996Reserva Natural Privada

Santa ElenaTipo V 136.00

Agroindustria Comercial AZUSA, S. A.

Resolución CONAP 122-971997

Área de Uso Río Sarstún Tipo III 35202 FUNDAECO Decreto No. 12-2005 2005

5 Extensión reportada por la Fundación para la Investigación del Bosque Tropical (FIIT), 2002.

MúltipleReserva Natural Privada

Tapón Creek, ubicada en Livingston. Tipo V 630.00

José Manuel Herrarte Orantes



CandilejasTipo V 74.00

Boris Leonel Herrarte Orantes



CástuloTipo V 570.00

María Antonieta Herrarte Orantes



Las CuevasTipo V 74.00

Ingrid Marlene Herrarte Orantes



Las PalmasTipo V 112.00

Alfred Botschi Gander Resolución de CONAP 09/2002 2002


Matriz ChocónTipo V 729.00




Quebrada AzulTipo V 671.00




Río AzulTipo V 496.00

Ingrid Marlene Herrarte Orantes



Santa RosaTipo V 675.00

Boris Leonel Herrarte Orantes



ZavalaTipo V 670.00



Parque Regional Montaña ChicleraTipo IV 1,489.87

Municipalidad de Morales


TOTAL 198,194.87

Cuadro 9: Área protegida comprendida entre los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, el Progreso, Zacapa e Izabal.

Categoría de manejo Nombre ClasificaciónExtensión total (ha)



Reserva de BiosferaSierra de las Minas Tipo VI 240,803.00

Fundación Defensores de la Naturaleza (FDN)


Cuadro 10: Áreas protegidas comprendidas dentro de la jurisdicción del departamento de Baja Verapaz.




Biotopo Protegido Mario Dary Tipo II 1,022.00CECON / USAC Acuerdo Municipal 06-77 y

de Decreto Legislativo 4-89 1977Reserva Natural Privada Cerro Verde,

Purulha. Tipo V 585.00Héctor Miguel Cifuentes


Reserva Natural Privada El Ciruelo, Country Delight Tipo V 22.40

Zenia Lissette Marroquín Rojas


Reserva Natural Privada Hacienda Pastores Tipo V 34.00

Julio Roberto Gularte Estrada


Reserva Natural Privada MontebelloTipo V 46.00

Carlos Adán Moino Dubón


Reserva Natural Privada Posada Montaña del Quetzal Tipo V 50.35

Mario Raúl Lemus Gordillo


Reserva Natural PrivadaRam Tzul

Tipo V 115.00

Aura Ileana Gordillo Sagastume de Figueroa

Resolución de CONAP 109/2001

2001

Reserva Natural PrivadaSanta Rosa y Llano Largo Tipo V 1,083.00

Calos Alfredo Estrada Heidenreich


Parque RegionalLos Cerritos - El Postezuelo

Tipo IV 69.00

Municipalidad de Salamá, y FUNDEMABV


TOTAL 3,026.75

Cuadro 11 Áreas protegidas comprendidas dentro de la jurisdicción del departamento de Zacapa.




Parque Regional Niño Dormido Tipo IV 180.00Municipalidad de Cabañas


Reserva Natural Privada Las Flores, Río Hondo. Tipo V 43.90

Juan Ramón Paz Ramírez


Parque Nacional Cerro Miramundo Tipo I 902.00

CONAP Acuerdo Gubernativo 21 06 56 1956

Zona de Veda Definitiva Santa RosalíaTipo I 4,061.00

CONAP Acuerdo Gubernativo 21 06 56 1956

TOTAL 5,186.9

Cuadro 12: Áreas protegidas comprendidas dentro de la jurisdicción del departamento de Chiquimula.




Zona de Veda Definitiva Volcán Quetzaltepeque Tipo I 1,072.00 CONAP

Acuerdo Gubernativo 21-06-56. 1956

Reserva de Biosfera La FraternidadTipo VI 8,000.00

CONAP / MAGA Acuerdo Gubernativo.939-87 1987

Área de Uso Múltiple Volcán y Laguna de Ipala Tipo III 2,012.00

CONAP / ADISO Decreto Legislativo. 7-98, Resolución CONAP 47-98 1998

TOTAL 11,084.00

Cuadro 13: Áreas protegidas comprendidas dentro de la jurisdicción del departamento de Escuintla.




Parque NacionalSipacate-Naranjo Tipo I 2,000.00 CONAP

Acuerdo Gubernativo.06-09-69 1969

Reserva Natural Privada CanaimaTipo V 25.00

Inversiones CANAIMA

Resolución CONAP 28-961996

Parque Nacional Volcán Pacaya Tipo I 2,000.00INAB / Municipalidad San Vicente Pacaya

Acuerdo Gubernativo del 21-06-56 y 20-07-63 1956

Reserva Natural Privada Bandurria Tipo V 180.00Rodrigo Beltranena Orive


TOTAL 4,205.00

Cuadro 15: Áreas protegidas comprendidas dentro de la jurisdicción del departamento de Sacatepéquez.




Zona de Veda DefinitivaVolcán Acatenango Tipo I 7,100.00

CONAP Acuerdo gubernativo. 21-06-56y Decreto 4-89 1956

Zona de Veda Definitiva Volcán Agua Tipo I 12,600.00CONAP Acuerdo Gubernativo 21-06-

56 y Decreto . 4-89 1956

Zona de Veda Definitiva Volcán Fuego Tipo I 12,150.00CONAP Acuerdo gubernativo 21-

06-56 y Decreto 4-89 1956TOTAL 31,850

Figura No 1

Conflictos Agrarios , Áreas Protegidas y delimitación de Áreas

Conflictos agrarios localizados dentro de los limites de la Reserva de Biosfera Sierra de Las Minas.

Un reciente estudio realizado por FIPA/ USAID6 identificó la Sierra de las Minas como el área protegida que presenta mayor número de conflictos agrarios (40 conflictos identificados), únicamente superada por el departamento de Petén, tomado éste como unidad y no por área protegida.

Según la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CENOC), los casos de conflictos agrarios identificados en el cuadro 16, se ubican principalmente en los departamentos de Petén, Alta Verapaz e Izabal, aunque algunos casos individuales fueron localizados en Huehuetenango y Escuintla. Las áreas protegidas más presionadas por la demanda de tierras para uso agropecuario y para su regularización y legalización a favor de las comunidades posesionarias son: la Reserva de Biosfera Maya, las Reservas del Sur de Petén y la Reserva de Biosfera Sierra de las Minas, en orden de importancia.

El inventario levantado por la organización Defensores de la Naturaleza (FDN) sobre los conflictos no es exhaustivo y el número de familias es aproximado. La demanda de las comunidades se centra en la formal posesión de los predios ocupados, requiriendo el estudio registral y el proceso de regularización.

Cuadro No 16. Conflictos de Tierras en la Biosfera Sierra de las Minas

MunicipioCantidad conflictos

Numero de familias

Observaciones.

El Estor, Izabal 19 716 Las comunidades en conflicto se encuentran ocupando las diferentes áreas de la zonificación interna de la RBSM.

Panzós, Alta Verapaz 38 1,151La Tinta, Alta Verapaz 7 236Cobán, Alta Verapaz 5 450Sierra de Chinajá, Chisec 9 SDBiotopo El Quetzal, Baja Verapaz 10 SDTOTALES 88 2,553Fuente Defensores de la Naturaleza. 2003 en Sistematización de conflictos agrarios y la situación de la tenencia de tierra.

6 FIPA/ USAID, Sistematización de los Casos de Conflictos Agrarios ubicados en Áreas Protegidas gestionados por la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC), noviembre 2002. Este estudio no consideró el universo de conflictos en áreas protegidas, sino se limitó a aquellos que están siendo gestionados por la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, CNOC.

De acuerdo a estudios recientes como el elaborado por FIPA/AID, Tipos de tenencia de la tierra7, se pueden identificar y caracterizar algunos tipos de tenencia en el área de las Verapaces de esa manera se tiene:

-Régimen de propiedad privada: En el área de Las Verapaces se encuentran fincas antiguas de café y fincas modernas de ganado y cardamomo que mantienen colonos y otras que emplean mano de obra de voluntarios o trabajadores asalariados. También pueden identificarse cooperativas organizadas sobre la base de diversas actividades productivas, se encuentran parcelas de pequeños propietarios y áreas en posesión de comunidades campesinas sobre fincas de propiedad privada cuyos dueños se encuentran ausentes, o no han sido localizados ni existen reclamos por sucesión hereditaria.

-Régimen de propiedad de la Nación: Comunidades que viven en “baldíos”, principalmente a lo largo del límite con el Departamento del Quiché. Según la organización competente sobre el tema, la propiedad se considera colectiva, los derechos se traspasan de padres a hijos, pero la comunidad decide sobre el ingreso de gente de fuera. Son tierras actualmente en proceso de regularización. Se encuentran fincas nacionales adjudicadas en distintos momentos por el Instituto Nacional de Transformación Agraria-INTA a comunidades o grupos campesinos, con procesos de regularización más o menos avanzados, pero que al ocurrir cambios de la política pública respecto al uso de la tierra fueron interrumpidos. Fincas de propiedad privada, que a través de diversos procesos fueron reintegradas al patrimonio nacional como fincas nacionales y tituladas en fecha reciente a favor del CONAP, con comunidades en su interior, algunas de las cuales datan de fechas anteriores a la declaratoria de las áreas protegidas, otros de asentamiento reciente en el área.

-Régimen de propiedad municipal o ejidos municipales: Pequeños campesinos que usufructúan y/o arrendan extensiones de tierra de variada extensión, que forman parte de los ejidos municipales. En la Reserva de la Biosfera Sierra de las Minas, en 1991, el INTA adscribió al CONAP 15 fincas con fines de conservación y protección de los recursos naturales, estas fincas hasta la fecha no han sido bien delimitadas en campo ni inscritas adecuadamente en el registro respectivo. La inexistencia de un catastro confiable para la región hace aún más difícil de resolver la situación. Se estima que en la actualidad un 45% de la RBSM es tierra nacional, el 50% es propiedad privada y el restante 5% es propiedad municipal8.

El Consejo Nacional de Areas Protegidas CONAP, la Fundación Defensores de la Naturaleza FDN con el apoyo de la AID han venido avanzando un proceso en el área para solucionar los problemas de tenencia y asegurar la sostenibilidad de la conservación del área protegida. De esa manera se ha identificado a la población propietaria y poseedora de tierras, descartando primariamente a las comunidades asentadas de manera ilegal en áreas privadas, áreas nacionales o del Estado y áreas protegidas. De esa manera se ha tratado de 7 Tomado de “Sistematización de Conflictos Agrarios y la Situación de la Tenencia de la Tierra” FIPA/AID, USAID. Mayo 2003.8 Estimación hecha por la entidad co-administradora, Fundación Defensores de la Naturaleza.

poner en práctica líneas estratégicas de la Política de Asentamientos Humanos aprobada por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP).

Se espera que los beneficios de las actividades de titulación de tierras y regularización de registros incrementarán la seguridad de la tenencia de los campesinos y podrán aplicar una serie de mejoras en sus prácticas agrícolas o en sus sistemas de producción tradicional, convirtiéndolas eventualmente en sistemas de producción familiar mejorado sobre los cuales se deben considerar las recomendaciones técnicas apropiadas en la búsqueda de la sostenibilidad del uso de tierras, de acuerdo al Plan Maestro de la Reserva de la Biosfera Sierra de las Minas.

Otros beneficios que se espera alcanzar es que el registro catastral de las áreas en conflicto permita contar con una seguridad jurídica que refuerce la situación de las áreas protegidas legalmente declaradas, puesto que una de las grandes amenazas es la invasión, por considerarse tierras del Estado o potencialmente sujetas a titulación a través de diferentes mecanismos de presión pol.

Delimitación y consolidación de Áreas protegidas: Líneas de acción de la Política de Asentamientos Humanos de Las Verapaces .

La política de Asentamientos Humanos en Áreas Protegidas de la Región de Las Verapaces fue aprobada por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, como un instrumento guía y de consulta en la toma de decisiones, para el tratamiento de casos relacionados con los asentamientos de grupos humanos en las áreas protegidas, a manera que su presencia se ajuste a lo que establece la legislación respectiva.

La base fundamental de esta política la establece el Articulo 22 de la Ley de Áreas Protegidas (Decreto 4-89 y sus reformas)9. Las principales líneas de acción estratégica de esta política a ser implementadas son:

a) Delimitación y señalamiento en campo de las distintas zonas de las áreas protegidas.b) Promoción de desincentivos a la migración humana hacia las zonas de protección

estricta.c) Retiro de los asentamientos humanos establecidos en las zonas de protección

estricta.d) Promoción del catastro, la regularización de la tenencia de la tierra y el

ordenamiento territorial-ambiental en las zonas de uso sostenible y amortiguamiento de las áreas protegidas.

e) Desarrollo de modelos y procesos de planificación participativa con los asentamientos humanos, ajustados a los Planes Maestros y a las regulaciones especificas de cada zona del área protegida.

9 Asentamientos. Las personas individuales o jurídicas que se encuentran asentadas dentro de las áreas protegidas o en las que en el futuro obtengan su declaratoria legal, deberán adecuar su permanencia en las mismas, a las condiciones y normas de operación, usos y zonificación de la unidad de que se trate, procurando su plena incorporación al manejo programado de la misma.

f) Desarrollo de capacidades institucionales y de coordinación para aplicar la Política de Asentamientos Humanos en las Áreas Protegidas.

g) Comunicación y socialización de la Política y fortalecimiento de la organización local

g. Demarcación y Titulación de Tierras Indígenas

La co existencia de diversas culturas, etnias e idiomas en Guatemala, es un aspecto que se debe considerar en todo proceso vinculado a los recursos naturales, principalmente a los que conllevan acciones en la regularización de tierras. En Guatemala, el movimiento popular e indígena reivindica la existencia de 4 pueblos: Maya, Xinca, Garífuna y Ladino o Mestizo, quienes se comunican en 24 idiomas distintos, de los cuales 23 idiomas corresponden a los pueblos mayas.

Los grupos étnicos con mayor presencia en el área del proyecto son: Q’eqchi’ en Alta Verapaz presente en 93.21% del territorio, Ch´ortí en Chiquimula (46%), Kaqchiquel en los departamentos de Sacatepéquez (97.88%) y Escuintla (11.31), Ach`i, en Baja Verapaz, ladinos con mayoría (87%), Kaqchiquel (11.31%), Pocomam (1.69%) en Escuintla, Zacapa (93.83%) y Chiquimula (53.7%). Los departamentos con potenciales problemas de sobre uso del suelo son Chiquimula, con 58.4% de su extensión, siguiéndole Baja Verapaz, con 40.09%, y, con el mayor sub-uso de la tierra, Escuintla con 65.4%.

Los índices de Desarrollo Humano van desde 0.455 a 0.575 en Alta Verapaz como la condición más critica, a 0.58 a 0.61 en los departamentos de Chiquimula y Baja Verapaz, cuyos valores se encuentran por debajo del promedio nacional de 0.652 (Índice de Desarrollo Humano Medio) para el año 200110. Estas estimaciones indican la presencia de altos niveles de pobreza y extrema pobreza, baja esperanza de vida y analfabetismo, lo cual está estrechamente vinculado a la ausencia de procesos y herramientas de ordenamiento territorial; falta de una política de educación ambiental debidamente apoyada por las autoridades competentes; escasa presencia institucional en la protección de los recursos naturales, consecuencia de los escasos recursos económicos destinados al manejo sostenible; zonas de alta vulnerabilidad ambiental, escasos niveles de atención en salud, entre otros.

10 Según cuadro de indicadores de Desarrollo Humano del Informe sobre Desarrollo Humano 2003. Los objetivos de Desarrollo del Milenio: un pacto entre las naciones para eliminar la pobreza. Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD).

Cuadro No 17: Presencia de grupos étnicos y su distribución porcentual por departamento

Departamento

Grupo étnico de mayor (%) de presencia territorial

Intensidad en el uso del suelo Índices Desarrollo humano11

Uso correcto

Sobreuso

Sub-uso

Alta Verapaz Qéqchi (93.21%) 48.6 25.4 25.7 De 0.45 a 0.575

ChiquimulaLadino (53.74%)Chórtí (46.19%) 25.6 58.4 15.6 De 0.58 a 0.61

EscuintlaLadinos (87%)Kaqchiquel (11.31%)Pocomam (1.69%)

25.4 8.4 65.4 De 0.61 a 0.66

Izabal (sin datos) 51.7 12.2 35.6 De 0.61 a 0.66Sacatepequez Kaqchiquel (97.88%) 40.77 37.65 17.3 De 0.61 a 0.66

Baja VerapazAchì (47%), Ladino 34.8%)Qéqchi (10.48%)

38.95 40.09 20.2 De 0.58 a 0.61

ZacapaLadino (93.83)Chórtí (5.94%) 33.7 19.7 46.4 De 0.61 a 0.66

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CD “Agro y Ambiente: Síntesis por Departamento”, IARNA/URL, Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas y FIPA/AID.

En el marco de lo establecido en el artículo 67 de la Constitución de la República y del convenio 169 sobre Pueblos Indígenas o Tribales en Países Independientes de la Organización Mundial del Trabajo OIT, se señala que las tierras indígenas gozarán de protección especial del Estado, a fin de garantizar el bienestar de la población.

Así mismo en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (Acuerdos de Paz, 1996) Se indica que es necesario desarrollar medidas legislativas y administrativas para el reconocimiento, titulación, reivindicación de los derechos relativos a la tierra de los pueblos indígenas, que incluyen tanto la tenencia comunal o colectiva, como la individual, los derechos de propiedad, de posesión y otros derechos reales, así como el aprovechamiento de los recursos naturales para beneficio de las comunidades.

Es necesario considerar que la dicotomía público- privado en la tenencia de la tierra, es un tema tratado para la formulación de teorías que buscan explicar la mejor alternativa para la conservación de los recursos naturales. En las tierras públicas o estatales se incluyen los ejidos municipales y las llamadas tierras o bosques comunales. Es importante tener presente que cuando se habla de áreas comunales, es probable que nos encontremos con dos variables:

Áreas de propiedad colectiva, al incluir el término propiedad, se entiende que son unidades que están inscritas en el Registro de Propiedad, por lo tanto este tipo de áreas están bajo un régimen de tenencia de la tierra de carácter privado. En

11 Índice compuesto que mide el promedio del avance en desarrollo humano y que está basado en tres dimensiones básicas: una vida larga y saludable, conocimientos y un nivel de vida digno (promedio de los índices de esperanza de vida al nacer, índice de educación (alfabetismo y matriculación) e índice del Producto Interno Bruto per capita). Se refiere al grado de ampliación de oportunidades de los individuos, así como del bienestar alcanzado.

Guatemala existen áreas comunales que pertenecen a agrupaciones sociales denominadas Comunidades Indígenas, quienes cuentan con tierras que históricamente les pertenecen, por lo tanto entran en el Régimen de Tenencia Privada de la tierra. Lo cual no debe confundirse con las tierras comunales, los bosques comunales o municipales que están, también bajo un régimen colectivo pero en posesión de comunidades Mayas. La Comunidad Indígena de Palín, en el departamento de Escuintla, es un ejemplo de este tipo de bosques comunales; y

Áreas de posesión colectiva-pública, que son áreas que pertenecen a municipalidades o al Estado. En este tipo de casos es necesario diferenciar que instancia es la que ejerce el control para el acceso de los recursos, en algunos casos es la municipalidad, en otros casos, son las mismas comunidades que poseen dichas áreas. Un ejemplo de este caso lo constituye el Bosque Comunal de El Rodeo, en Camotán del departamento de Chiquimula. El área pertenece a la Municipalidad de Camotán, instancia que mediante un arreglo especial ha otorgado el área en usufructo a la comunidad por un largo periodo de tiempo. En este caso cabe señalar que el área ha sido posesionada y en consecuencia administrada por muchos años por la comunidad, constituyendo uno de los casos en los que el Proyecto puede intervenir para regularizar la tenencia de la tierra a favor de la comunidad. Cabe señalar que a pesar de la voluntad de las Autoridades Municipales de otorgar definitivamente el área a la comunidad, han existido limitaciones jurídicas, ya que varias tierras municipales de Camotán, no han estado solventes derivado de una deuda ante la Corporación Financiera Nacional –CORFINA-.

En lo referente a los ejidos municipales o tierras municipales, sus orígenes son diversos, algunos provienen de las antiguas tierras de indios que existieron en el tiempo de la colonia, otros se dan como el resultado de premios otorgados por el gobierno central a ciertas comunidades por el apoyo que recibido, y casos como los ejidos del Petén, son el resultado de las políticas de colonización agrarias en la década de los setenta. (Braulia Thillet, 2,003, Tierras municipales en Guatemala: un desafío para el desarrollo local sostenible. Guatemala FLACSO).

Cuando se habla de bosques comunales y comunidades indígenas, es importante considerar que en la modalidad de gestión colectiva se han desarrollado mecanismos locales para regular el acceso a los recursos naturales. Estos mecanismos han tenido como punto de partida el Derecho Consuetudinario y los principios de la Cosmovisión Maya. Razón por la cual, la implementación del Proyecto debe tomar en cuenta estos temas y el papel del territorio y lo local, en los procesos de transformación, política, económica y social. No olvidando que el territorio no es solamente el espacio físico, sino, mas bien el espacio en el que se construyen relaciones sociales.

Con base a lo anterior es importante que el proyecto de regularización de tierras considere en su planificación e implementación, las formas de organización de las comunidades y como estas son determinantes en la obtención de los beneficios de estas áreas, ya que de lo contrario se pueden generar condiciones para propiciar impactos ambientales negativos derivados de este proceso.

Ya que la tierra esta íntimamente ligada al bosque y en consecuencia a otros recursos naturales y los bosques son proveedores de bienes y servicios ambiéntales para las poblaciones. En el caso de las comunidades del área rural representan un sistema importante para la economía familiar, ya sea en lo provisión de recursos forestales como fuente de energía para la cocción de alimentos, o fuente de proteína animal o vegetal, así como en la generación de ingresos económicos derivado de la venta de bienes.

Entre las principales acciones que se han realizado en Guatemala para la conservación de los recursos forestales en áreas estatales, municipales y comunales, se identifican las acciones del Proyecto Fortalecimiento Forestal Municipal y Comunal, -BOSCOM- del Instituto Nacional de Bosques, que se han orientado al fortalecimiento de la capacidad de gestión en materia de recursos forestales tanto de municipalidades como de comunidades que sean propietarias o poseedoras de tierra en colectividad.

Las estrategias de trabajo del Proyecto BOSCOM, se han centrado en acciones de diagnostico, planificación e implementación participativa, lo que ha permitido fortalecer iniciativas municipales y comunales para el manejo de sus bosques y motivar la incorporación de otras municipalidades y comunidades para el desarrollo de este tipo de acciones. A mediados del 2,005, en al menos 120 municipalidades se habían creado oficinas forestales municipales para la atención del tema forestal en los municipios.

Existen estudios recientes de las tierras estatales, municipales y comunales desarrollados en Guatemala, con los que se ha podido establecer que existentes al menos 700 unidades bajo esta denominación, lo que representa una cantidad importante de unidades que demandan una atención especial por parte del Estado, ya que entre sus funciones aspectos que contribuyen con procesos de cohesión social entre sus beneficiarios. Sin embargo también son escenario de una considerable cantidad de conflictos sociales, ya sea entre los miembros de la comunidad propietaria o poseedora o entre comunidades aledañas.

La información relacionada con la extensión de estas áreas es poco confiable, ya que la ausencia de datos catastrales y la desconfianza de los propietarios o poseedores en permitir la revisión física de los documentos, no ha permitido contar con información que den una idea cercana a la realidad respecto a la extensión territorial bajo este tipo de tenencia o posesión de la tierra. Esta situación hace que se haga explicita la necesidad de implementar acciones orientadas a regularizar las tierras en Guatemala, que incluyan acciones paralelas que permitan contar con mayor información del estado de estas unidades de tierra.

La información que se incluye en este análisis ha sido obtenida mediante estudios realizados en los últimos diez años por diversas instancias, entre estas el Plan de Acción Forestal para Guatemala, el Instituto Nacional de Bosques, La Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Plan de Acción Forestal Maya y otras. La metodología utilizada en estos estudios se basa principalmente en la obtención de la información mediante entrevistas a informantes clave y en muy pocos casos a la revisión de la documentación con la que cuentan los poseedores o propietarios.

Los estudios consultados reportan que en el área de acción del Proyecto existen 97 áreas municipales, 51 áreas comunales y 9 áreas estatales, distribuidas en 58 municipios, dichas áreas se estima que suman aproximadamente 63,000 hectáreas. En el anexo respectivo se detallan los lugares.

Cuadro No 18: Distribución de tierras municipales, comunales y estatales en el área de acción del Proyecto.

DepartamentoEstatales Comunales Municipales Extensión

Aprox. Has. No. MunicipiosNo. total de Áreas

Alta verapaz 8 31 28 31,946.00 14 59Baja Verapaz 1 10 15 18,365.00 8 25Zacapa 0 4 15 5,840.00 6 19Izabal 0 3 2 1,846.00 1 5Chiquimula 0 3 5 1,846.00 5 8Sacatepequez 0 5 23 798.13 13 41Escuintla 0 7 4 2,296.35 7 11 Quiché 1 1 350.00 1 2 9 51 97 62,937.48 55 157

Fuente: elaboración propia

El departamento que presenta la mayor extensión con tierras municipales, comunales y estatales es Alta Verapaz, con un estimado de 31, 946 hectáreas, le sigue Baja Verapaz con 18,365.00, la suma de ambas extensiones representan el 70 % de la extensión territorial de este tipo de unidades en el área de acción del Proyecto. Conformado por un 51 % en Alta Verapaz y un 29 % en Baja Verapaz, le sigue con un 9 % en Zacapa, un 4 % en Escuintla, Izabal y Chiquimula ambos con un 3 % cada uno y un 1 % en Sacatepéquez y quiche.

Extensión territorial de áreas estatales, municipales y comunales por departamento en el area de acción del

Proyecto

51%

29%

9%

3%3%1%4%

Alta verapazBaja VerapazZacapaIzabalChiquimulaSacatepequezEscuintla

Figura No 2

Tierras estatatales, comunales y municipales en el área de acción del Proyecto.

6%

32%

62%

Estatales

Comunales

Municipales

De las 157 áreas existentes en la cobertura del Proyecto, el 62% se encuentran bajo denominación municipal, un 32% en áreas comunales y un 6% en tierras estatales. Del total de tierras municipales, comunales o estatales existentes en el área de acción del Proyecto, un 28.03 % se ubican en Alta Verapaz, un 26.11 % en Sacatepéquez, un 16.56 % en Baja Verapaz, un 14.65 % en Zacapa, Chiquimula e Izabal con un 5.73 % cada uno y un 3.18 % en Escuintla.

Del total de unidades en el área de acción del Proyecto, un 62 % son municipales, un 32% son comunales y un 6 % son estatales.

Figura No 3

La información presentada en los párrafos anteriores permite identificar en que departamento existe la mayor cantidad de unidades y la mayor extensión de unidades bajo la denominación municipal, comunal y estatal. La información nos brinda una idea del tamaño de las unidades, ya que del total de las 157 unidades, un 41% están en Sacatepequez pero equivale únicamente a un 1% del área total que se estima son unas 63,000 has. Lo que contrasta con los datos en Alta Verapaz, ya que se encuentran un 44% del total de unidades en el área de acción del proyecto, con aproximadamente un 28 % del total de la extensión de dichas áreas.

Las áreas municipales, comunales y estatales constituyen importantes reservas boscosas en algunas regiones del país. Están áreas están conformadas por especies principalmente de coníferas y en algunos casos de latifoliadas en función de las condiciones climáticas. Históricamente las tierras comunales han estado sometidas a diversos mecanismos de despojo, así mismo la existencia de litigios internos, saqueos constantes y la falta de certeza jurídica en la tenencia de la tierra, han puesto en grave peligro la existencia de estas unidades. La presencia de lugares sagrados en estas tierras le confieren un significado especial, razón por la cual las acciones del Proyecto no deben contravenir esta situación.

En el área de acción del proyecto IDAEH tienen identificados al menos 391 sitios arqueológicos de los cuales 32 son considerados lugares sagrados, 27 de origen maya y 3 garifunas, distribuidos en las siguientes comunidades lingüísticas: 20 Q´eqchi´ (20), Poqomchi´ (7), Achi´ (2) y garifunas (3). Estos lugares sagrados son utilizados como centros ceremoniales. Es pertinente que el Proyecto reconozca la importancia y especificidad de la Espiritualidad indígena como componente esencial de su cosmovisión, tal y como esta señalado en los Acuerdos de Paz y en cumplimiento de otras orientaciones de carácter internacional.

El Proyecto considera el desarrollo de un inventario de tierras comunales que incluya, la identificación de todas aquellas unidades que se encuentren bajo denominación estatal, municipal y comunal, el geo posicionamiento, el levantamiento topográfico de las áreas, con lo que se contribuirá a contar con información de base que permita elaborar políticas para el fortalecimiento de las acciones que actualmente se desarrollan para la conservación de dichas áreas y para contribuir al desarrollo de acciones para beneficio de las poblaciones aledañas.

Si en un momento determinado en el espacio de coordinación interinstitucional, participación y consenso se llega a considerar la viabilidad de realizar delimitaciones y mediciones a nivel piloto de este tipo de áreas, la metodología y el alcance de la delimitación de cada área dependerá de las circunstancia y los consensos que se alcancen en el espacio de participación diálogo, coordinación y consenso a nivel local o departamental, esto es necesario para evitar conflictos y asegurar la participación de los actores directa e indirectamente involucrados.

h. Tierras Boscosas

Los bosques tienen un papel importante en la protección del ambiente y los recursos naturales; son reguladores biológicos del clima, protectores de la diversidad genética, protectores del suelo y protectores de hábitats humanos. Los árboles ayudan a incrementar la tasa de infiltración del agua y la recarga del agua subterranea. En las zonas costeras, los bosques manglares protegen la tierra contra la erosión del mar y proporcionan áreas adecuadas para la reproducción de diversidad de fauna. Actividades productivas pueden ser compatibles con el uso adecuado del bosque como el ecoturismo y la apreciación de la belleza del paisaje. A través del bosque con frecuencia se manifiestan los valores culturales y espirituales de poblaciones urbanas y rurales.

Los bosques proporcionan una amplia variedad de bienes y servicios a nivel local, nacional y mundial. Sin embargo, la sobre explotación y el cambio de uso de la tierra son entre otros factores, las causas principales de la destrucción de los bosques; a ello se adicionan los incendios y plagas que atacan y degradan la calidad del bosque provocando la pérdida de espacios vitales.

Situación de los Bosques de Guatemala

Como se ha dicho la cobertura forestal al año 2002, se estimó en 4, 286, 650 hectáreas, (INAB, CONAP; MAGA; UVG, 2004), similar a lo que refiere el Inventario Forestal Nacional que es igual a 4 046 016 hectáreas (INAB-FAO, 2004). Siendo 3 336 435 hectáreas de bosques latifoliados (30.6 % de la cobertura total) y 396 938 hectáreas de bosques de coníferas (3.7 % de la cobertura) y 312 641 hectáreas de bosques mixtos, 2.9 % por ciento del total de bosques.

Los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Escuintla, Izabal, Sacatepéquez y Zacapa, que constituyen el área de acción del Proyecto, representan el 37 por ciento de la cobertura boscosa del país (cuadro No 19 ). Los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz e Izabal, son parte de las regiones prioritarias para la implementación del Programa de Incentivos Forestales PINFOR que ejecuta el INAB, con la finalidad de desarrollar núcleos de producción forestal. Estas regiones contienen conglomerados forestales con grandes posibilidades de un manejo sostenible.

Según el inventario forestal nacional (INAB-FAO, 2004); la posesión o propiedad de los bosques esta definido básicamente por tres tipos de regímenes:

bosques de propiedad nacional 1 367 133 hectáreas equivalente al 37.8 por ciento; bosques privados 1 531 133 hectáreas equivalente a 37.8 por ciento; bosques municipales y/o comunales 934 630 hectáreas, equivalente al 23.1 por ciento.

En la región de ejecución del Proyecto de Administración de Tierras, Fase II, existe una superficie de 1, 392, 996 hectáreas con cobertura arbórea; como se muestra en el cuadro 19

Cuadro 19. Cobertura forestal por tipo de bosques en la región del Proyecto.

En la región del Proyecto la mayor superficie con cobertura arbórea so los bosques latifoliados. La categoría de bosque secundario/arbustal comprende las áreas con procesos iniciales e intermedios de la sucesión ecológica y los arbustales de la zona del bosque seco y monte espinoso.

BOSQ. SEC/ARB CONIFERAS MIXTO LATIFOLIADAS MANGLAR

Alta Verapaz 62,930 8,330 67,496 364,058 502,814 13.33

Baja Verapaz 10,278 20,819 49,600 35,460 116,157 3.08

Chiquimula 67,703 64,115 4,152 135,969 3.60

Escuintla 9,187 1,302 7,072 2,327 19,888 0.53Izabal 73,169 4,283 28,618 291,718 397,788 10.54

Sacatepequez 2,122 16,723 2,572 21,417 0.57

Zacapa 104,222 6,178 62,473 26,089 198,962 5.27Total 329,612 39,610 290,326 731,121 2,327 1,392,996 37

Fuente: Mapa de Cobertura Forestal 1999, INAB 2000.

Porcentaje del total de cobertura

Hectáreas por tipo de bosqueDEPARTAMENTO Total de

coberturaBOSQ. SEC/ARB CONIFERAS MIXTO LATIFOLIADAS MANGLAR

Alta Verapaz 62,930 8,330 67,496 364,058 502,814 13.33

Baja Verapaz 10,278 20,819 49,600 35,460 116,157 3.08

Chiquimula 67,703 64,115 4,152 135,969 3.60

Escuintla 9,187 1,302 7,072 2,327 19,888 0.53Izabal 73,169 4,283 28,618 291,718 397,788 10.54

Sacatepequez 2,122 16,723 2,572 21,417 0.57

Zacapa 104,222 6,178 62,473 26,089 198,962 5.27Total 329,612 39,610 290,326 731,121 2,327 1,392,996 37

Fuente: Mapa de Cobertura Forestal 1999, INAB 2000.

Porcentaje del total de cobertura

Hectáreas por tipo de bosqueDEPARTAMENTO Total de

cobertura

En relación al cambio de uso de la tierra, existen diferentes estimaciones sobre la pérdida de cobertura forestal en diferentes períodos; las cifras varían entre 54, 000 a 90, 000 hectáreas anuales. Una estimación precisa resulta difícil debido a que los métodos utilizados en los estudios más recientes de cobertura forestal, difieren considerablemente.

A pesar de que las primeras estimaciones sobre pérdida de cobertura vegetal en los años ochenta e inició de los noventa se sitúo en alrededor de 82,000 hectáreas, las últimas estimaciones realizadas por FAO en el 2001, señalan una pérdida anual de cobertura de 53 700 ha. Se considera como realista una cifra entre 50 000 a 60 000 hectáreas por año. Sin embargo, resulta difícil deducir en que bosques se han producido los principales cambio en la tasa anual de deforestación; aunque comparando las diferentes categorías de bosques entre el mapa de cobertura de 1992 y el de 1999; se visualiza que proporcionalmente la categoría que se está perdiendo más rápidamente es la de coníferas.

La falta de certeza jurídica en la tenencia y propiedad de las tierras forestales se vincula a la pérdida o permanencia del recurso, así se tiene que este constituye un factor limitante para el desarrollo forestal, porque por un lado limita el acceso a las fuentes de financiamiento (PINFOR, crédito forestal) y por otro crea incertidumbre a las inversiones privadas en actividades de largo plazo como la silvicultura (INAB/FAO 2004).

Según Loening y Markussen (2003) las regiones en las cuales los derechos de propiedad están mejor regulados, registran una menor deforestación en tierras de aptitud forestal. Este estudio12 llevado a cabo por el Instituto Iberoamericano de la Universidad de Götinngen realizo una investigación empírica aplicando un análisis de regresión a nivel de los distintos departamentos del país con excepción de la ciudad capital, se incluyó el área total de microfincas que son aquellas parcelas menores de 7 hectáreas y se vinculó a ellas con los derechos de propiedad a nivel regional. Empíricamente se concluyó que en aquellas regiones en donde los derechos de propiedad están mejor regulados se presenta menor deforestación, aunque observaron una gran deficiencia en la regulación de los derechos de propiedad a lo largo del país. Encontraron adicionalmente que un mayor nivel educativo de la población y la ocupación en labores no agrícolas también esta relacionada con un menor índice de deforestación, por lo que sugieren tomar en cuenta estos factores al diseñar políticas para frenar la deforestación.

De acuerdo al estudio de capacidad de uso de la tierra elaborado por el Instituto Nacional de Bosques INAB en el 2002, se estima que el 40,16% del territorio nacional tiene una aptitud preferentemente forestal y el 24,13% forestal productiva. Al utilizar el sistema de USDA, corresponden a 63.17% y 56.02% respectivamente.

El Cuadro siguiente muestra comparativamente la aptitud forestal del país de acuerdo al Sistema del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos USDA y el INAB, se resalta en el mismo los Departamentos que se encuentran dentro del Proyecto de Administración de Tierras en su Fase II.12 Pobreza, deforestación y sus implicaciones para la biodiversidad de Guatemala. Ludger J. Loening y Michael Markussen. Economía, Sociedad y Territorio. vol. iv, núm. 14, 2003, 279-315.

Cuadro No 20 Área de aptitud preferentemente forestal por Departamento, segúnCapacidad de uso de la tierra del INAB y comparación con valores USDA.

Departamento Área Departamento

Área Producción Forestal Total

Área Producción Forestal

Ha INAB USDA INAB USDA ha % Ha ha % ha

Guatemala 219.255,00 69.064,60 31,5 186.781 58.446,17 26,7 177.089

El Progreso 183.827,60 78.851,80 42,9 154.101 55.533,45 30,2 144.778

Sacatepéquez 53.654,99 15.869,73 29,6 38.343 8.752,58 16,3 23.368 Chimaltenango 186.493,30 65.779,40 35,3 159.879 54.792,2

9 29,4 138.342

Escuintla 450.734,18 49.967,28 11,1 62.328 25.939,03 5,8 45.030

Santa Rosa 322.327,42 71.252,48 22,1 180.377 57.041,23 17,7 164.606

Sololá 103.990,24 58.837,73 56,6 92.704 33.763,32 32,5 51.020

Totonicapán 107.636,88 26.133,51 24,3 98.136 14.143,89 13,1 93.695

Quetzaltenango 213.248,34 76.485,22 35,9 112.811 32.960,22 15,5 67.294

Suchitepéquez 239.351,82 24.103,31 10,1 40.777 19.469,33 8,1 37.344

Retalhuleu 170.014,66 6.183,88 3,6 13.134 1.028,15 0,6 7.902 San Marcos 355.164,03 150.799,0

4 42,5 288.770 103.005,25 29,0 251.426

Huehuetenango 735.987,88 469.544,42 63,8 689.713 334.168,

89 45,4 565.256

Quiché 728.437,58 294.252,77 40,4 626.863 213.613,

02 29,3 526.781

Baja Verapaz 286.751,80 184.897,10 64,5 275.294 164.260,

24 57,3 231.432

Alta Verapaz 1.076.933,17 533.976,15 49,6 814.782 476.396,

50 44,2 741.673

El Petén 3.599.096,19 1.400.126,14 38,9 1.719.4

40 438.100,

28 12,2 1.574.948

Izabal 751.893,77 324.719,29 43,2 432.370 172.875,

68 23,0 414.334

Zacapa 270.626,10 133.422,39 49,3 236.440 89.292,0

7 33,0 215.836

Chiquimula 240974,41 134.431,61 55,8 211.150 114.087,

53 47,3 194.695

Fuente INAB (2002)

Los departamentos con mayores porcentajes de aptitud preferentemente forestal total son: Baja Verapaz, Huehuetenango, Sololá y Chiquimula; sin embargo, los departamentos con mayor aptitud para producción, respecto de su propia área son: Baja Verapaz, Huehuetenango, Chiquimula y Alta Verapáz. Respecto a la superficie total, los departamentos con mayor área de vocación forestal son: El Petén, Alta Verapaz, Huehuetenango e Izabal, que suman el 62% de las tierras de vocación forestal del país, con

aproximadamente 2,73 millones de ha. Los departamentos de Alta Verapaz, Petén, Huehuetenango, Quiché e Izabal disponen de 1,64 millones de ha de bosques con aptitud productiva, es decir el 62% de esta aptitud.

La misma fuente, es decir el Mapa de Cobertura Forestal de Guatemala elaborado por el INAB en el 2000, la superficie forestal en 1999 fue de 49,466 km² o sea el 45.4% del territorio nacional. De este total un 25.97% (28,346 km2) era de bosques latifoliados, un 2.08% (2,271.8 km2) de bosques de coníferas, un 7.5% (8,190.8 km2) de bosques mixtos, un 0.16% (177.26 km2) de bosques manglares y el resto de bosques secundarios principalmente de especies latifoliadas.

Como producto del análisis de los datos obtenidos, el INAB determinó que la cobertura forestal de bosque denso o cerrado (37,718 km²) disminuyó en las zonas con mayor potencial forestal (Petén y Las Verapaces) y también que el aumento de la cobertura forestal se debió a la cuantificación de arbustales (bosque secundario con procesos iniciales e intermedios de sucesión ecológica y bosque seco), que anteriormente no habían sido cuantificados en la zona oriental y nororiental del país.

Todos los bosques son importantes, sin embargo el bosque de mangle ha sido estudiado con mayor prioridad, de esa cuenta se conoce que la cobertura del bosque manglar en la costa del Pacífico se encuentra en los Departamentos de San Marcos con el 7.67 %, Retalhuleu con el 38.04 %, Suchitepequez con un 6.12 %, Escuintla con un 23.37 % y Santa Rosa con un 19.97 % de alrededor de 16 mil hectáreas de bosque manglar. La disminución en la cobertura de manglares se inició con el cultivo de algodón y se ha incrementado con la producción de camarones. Adicionalmente el mangle se ve amenazado por el la extracción de leña, el uso de madera para construcción de casas y de postes de mangle para cultivos, la sobre pesca y el sobre uso de fauna asociada al manglar. Los problemas de contaminación tienen como origen la basura, la agroindustria y los desechos domésticos.

Se ejecuta en la actualidad El Proyecto “Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Asociados a los Manglares del Pacífico de Guatemala” (INAB-UICN-UE, 2001), el que esta tratando de limitar la destrucción del bosque manglar y ha identificado otros riesgos como la demanda de arrendamiento de terrenos en áreas de manglares, en la actualidad existen en la Oficina de Control de Reservas Territoriales de la Nación OCRET, más de 2.000 solicitudes de arrendamiento pendientes de resolverse.

La legislación guatemalteca establece que el Estado se reserva el derecho de propiedad de una franja de terreno de 3 kilómetros en las zonas adyacentes a los océanos, lo que prácticamente cubre la distribución natural de los manglares del país. Por lo tanto, el Estado no otorga títulos de propiedad sobre éstas áreas a particulares, limitándose a entregar terrenos en arrendamiento. La propiedad privada se reconoce en éstas áreas, únicamente a aquellos propietarios con títulos inscritos antes de 1956. La situación es causa de que los pobladores identifiquen las áreas de manglar como terrenos “sin dueño”, y que por lo tanto rechacen las regulaciones para limitar su uso y acceso. Dentro de las respuestas institucionales a las presiones sobre el recurso manglar, se encuentran algunos ensayos de reforestación, los cuales se iniciaron en Tilapa y Ocós en el Departamento de San Marcos en el año 1984. (Barrios-Ambrosy 1999).

Por otro lado y de acuerdo con las regiones forestales del INAB, los recursos forestales del país se distribuyen como se indica en el en el Cuadro siguiente. Los departamentos con mayor cobertura forestal son Petén, Alta Verapaz, Izabal, Huehuetenango y Quiché. Los departamentos de Huehuetenango, San Marcos y Quiché poseen la mayor parte de las coníferas (61%). Cinco departamentos poseen el 93% de bosques latifoliados, entre ellos Petén, Alta Verapaz e Izabal especialmente. El bosque mixto, por su parte, se distribuye a lo largo del país, especialmente en Quiché, Huehuetenango, Alta Verapaz, Chiquimula y Zacapa.

Cuadro No 21: Cobertura forestal por departamento y por tipo de bosque en km2.

Bosque DEPARTAMENTO

Secundario/

Coníferas

Mixto Latifoliadas

Manglar

TOTAL

Arbustal

Alta Verapaz 629,30 83,30 674,96 3640,58 5.028,14

Baja Verapaz 102,78 208,19 496,00 354,60 1.161,57

Chimaltenango 149,49 88,20 511,77 118,36 867,82

Chiquimula 677,03 641,15 41,52 1.359,70

El Progreso 835,41 28,69 131,24 344,71 1.340,05

Escuintla 91,87 13,02 70,72 23,27 198,88 Guatemala 182,03 540,99 88,59 811,61 Huehuetenango 934,65 745,01 1059,8 525,86 3.265,3

2 Izabal 731,69 42,83 286,18 2917,18 3.977,8

8 Jalapa 456,45 376,18 44,72 877,35 Jutiapa 1.006,67 13,07 301,84 117,79 11,15 1.450,5

2 Petén 2.940,13 46,29 93,31 18185,17 21.264,

90 Quetzaltenango 29,37 67,97 221,71 188,40 507,45 Quiché 293,05 320,54 1134,2

8 1008,36 2.756,23

Retalhuleu 5,50 3,11 64,38 72,99 Sacatepéquez 21,22 167,23 25,72 214,17 San Marcos 86,39 320,75 372,94 123,45 9,2 912,73 Santa Rosa 249,34 134,59 57,77 49,1 490,80 Sololá 12,92 52,32 128,44 195,92 389,60 Suchitepéquez 46,37 10,55 56,92 Totonicapán 186,21 268,08 454,29

Zacapa 1.042,22 61,78 624,73 260,89 1.989,62

TOTAL 10.477,51 2.265,15

8.178,44 28.359,79 167,65 49.448,

54 Fuente: INAB (2002)

Uso del Suelo en el Área del Proyecto Según la clasificación por clases agrológicas13 (metodología USDA), la región donde se ejecutará el Proyecto de Administración de Tierras Fase II; presenta un alto porcentaje de tierras (67.20 %) ubicadas entre las clases V a la VIII, es decir, se trata de tierras cuya capacidad de uso es predominantemente forestal, por lo que se les debe dar un uso ya sea para producción de bienes forestales o bien para la producción de servicios derivados del bosque. Estas tierras en su conjunto representan más de dos millones de hectáreas (cuadro 22).

El departamento de Baja Verapaz es el que presenta el mayor porcentaje (96 %) de tierras de vocación forestal, seguido por los departamentos de Chiquimula y Zacapa, ambos con un 87% de tierras comprendidas entre las categoría de la V a la VIII. El departamento de Escuintla es la excepción y presenta más del 60 por ciento de tierras de vocación agrícola (categorías I a III).

Cuadro No 22 Clasificación de los suelos en la región del Proyecto

El análisis de la intensidad de uso de la tierra14 muestra que en la región donde se ejecutará el Proyecto de Administración de Tierras Fase II, existen 733,006 hectáreas de tierras sobre utilizadas, esto equivale al 23.4 % por ciento del área total del Proyecto. Este problema es más acentuado en el departamento de Chiquimula en donde el porcentaje de sobre utilización es de 58 por ciento y en Baja Verapaz donde alcanza el 40 por ciento. En el otro extremo están las tierras sub utilizadas que representan un 34 por ciento del total, y es el departamento de Escuintla el que presenta el mayor porcentaje en esta categoría (65.4%).

13 Clases Agrológicas I y II = tierras agrícolas sin limitaciones

III y IV = tierras agrícolas con limitaciones V = tierras para pastos o bosques con limitaciones de drenaje y pedregosidad VI = tierras para pastos, agroforestería, plantaciones frutales o madereras VII = tierras para manejo forestal productivo VIII = tierras para manejo forestal protectivo

14 La intensidad de uso de la tierra es un concepto que se refiere a la discrepancia o concordancia entre el uso de la tierra y el uso que debe tener de acuerdo con la oferta ambiental.

ClaseArea (Km2) Area (%)

Area (Km2) Area (%)

Area (Km2) Area (%)

Area (Km2) Area (%)

Area (Km2) Area (%)

Area (Km2) Area (%)

Area (Km2) Area (%)

AGUA 5 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 741 8.99 746.0 2.33

I 0 494 11.00 0.00 0.00 494.5 1.55

II 225 2.12 4 0.1 0.00 26 1.08 2,656 59.05 93 17.31 534 6.47 3,536.2 11.06

III 1,109 10.47 97 3.2 295 10.92 85 3.53 433 9.63 9 1.76 1,674 20.31 3,701.8 11.57

IV 1,154 10.90 15 0.5 46 1.71 187 7.77 115 2.57 51 9.48 444 5.38 2,012.2 6.29

V 121 1.14 0 0.0 0 0.00 0 0.00 176 3.92 0 0.00 537 6.51 834.2 2.61

VI 1,295 12.23 169 5.6 196 7.25 232 9.64 257 5.72 70 13.10 742 9.00 2,960.4 9.26

VII 6,032 56.97 2,212 73.4 1,957 72.47 1,711 71.16 192 4.27 163 30.48 3,392 41.15 15,659.4 48.96

VIII 649 6.13 517 17.1 207 7.65 164 6.83 173 3.84 149 27.92 180 2.18 2,038.6 6.37

TOTAL 10,589 100.00 3,014 100.0 2,701 100.00 2,404 100.00 4,497 100.0 535 100.05 8,242 100.00 31,983.3 100.00

Fuente: MAGA-2001

Total Area (%)

Alta Verapaz BAJA VERAPAZ ZACAPA CHIQUIMULA ESCUINTLA SACATEPEQUEZ IZABAL Total Area (Km2)

El 41.9 por ciento del total de las tierras tiene un uso correcto (cuadro No. 22), lo cual significa que son tierras que presentan un uso que concuerda exactamente con la capacidad de uso que soporta. Sin embargo esta situación no es uniforme en la totalidad de departamentos comprendidos en el área geográfica del Proyecto; ya que en los departamentos de Chiquimula y Escuintla el porcentaje de tierras con un uso correcto apenas sobrepasa el 25 por ciento (cuadro No 23).

De acuerdo al Glosario de Uso de la Tierra (INAB 2002), se define como “Uso actual de la tierra” a una descripción de las formas de uso de la tierra, generalmente en términos de cobertura u ocupación que se hace de una unidad de tierra en determinado momento. Como “Capacidad de uso de la tierra:” a una determinación en términos físicos, del uso más intensivo que puede soportar una unidad de tierra sin deterioro de los recursos suelo, agua y otros que contiene. Así mismo a la “Intensidad de uso de la tierra” como una comparación entre la capacidad de uso de la tierra y su uso a determinado momento. Ello permite determinar una problemática de uso en cualquiera de las siguientes categorías: uso correcto, subuso o sobreuso. El “Uso correcto” es el uso de una unidad de tierra en concordancia con su capacidad; el “Sub uso” , es el uso a una intensidad inferior a la que es capaz de soportar sin provocar degradación de los recursos ahí existentes y el “sobreuso” es el uso de la unidad de tierra a una intensidad superior a la que es capaz de soportar. Es el uso más problemático porque provoca degradación de los recursos.

Finalmente el “Uso potencial” es la determinación de la categoría de uso igual o menos intensiva que la capacidad de uso, y que es más deseable tomando en cuenta factores económicos, sociales, culturales, políticos y otros que no sean inherentes a las características biofísicas del sitio.

Cuadro No 23: Intensidad de uso de la tierra en la región del Proyecto.

Presiones sobre las tierras forestales

La presión sobre las tierras forestales ha sido una constante en las últimas décadas lo cual ha estado vinculado al cambio de uso de la tierra, las colonizaciones por parte de campesinos sin tierra, los incendios y las plagas y enfermedades de los bosques.

o DeforestaciónEl problema de la deforestación es evidente en Guatemala. Se estima que el país ha perdido el 50% de los bosques que existían en 1950. Según Castañeda (2002) se tiene evidencia que en Guatemala la principal causa de la deforestación ha sido la sustitución del bosque para

Departamento

Categoría Área (ha) Área (%) Area (ha) Area (%) Area (ha) Area (%) Area (ha) Area (%) Area (ha) Area (%) Area

(ha) Area (%) Area (ha) Area (%)

Areas Urbanas 1,294 0.12 806 0.28 560 0.23 2,928 0.65 3,440 0.46 2,287 4.26 399 0.15 11,714 0.4

Sobre utilizadas 273,962 25.44 114,958 40.09 140,774 58.42 38,119 8.46 91,677 12.19 20,204 37.65 53,312 19.70 733,006 23.4

Sub utilizadas 277,285 25.75 58,156 20.28 37,812 15.69 294,982 65.44 267,657 35.60 9,290 17.32 125,659 46.43 1,070,841 34.2

Uso correcto 523,654 48.62 111,698 38.95 61,828 25.66 114,402 25.38 388,836 51.71 21,874 40.77 91,256 33.72 1,313,548 41.9

Cuerpos de agua 738 0.07 1,134 0.40 0 0.00 303 0.07 283 0.04 0 0.00 0 0.00 2,458 0.1

Total 1,076,933 100.00 286,752 100.00 240,974 100.00 450,734 100.00 751,893 100.00 53,655 100.00 270,626 100.00 3,131,567 100.0

Fuente: MAGA 2001, IARNA 2004.

Total Área (%)

IZABAL SACATEPEQUEZ ZACAPA Total Area (ha)

ALTA VERAPAZ BAJA VERAPAZ CHIQUIMULA ESCUINTLA

realizar actividades agrícolas y pecuarias. Las principales causas que determinan que los habitantes del área rural sustituyan al bosque han cambiado y hoy se pueden agrupar en:

Falta de empleo en el área rural: el aumento poblacional, la escasez de oportunidades de empleos no agropecuarios y la falta de tierras agrícolas disponibles, ha obligado a muchos agricultores a habilitar tierras con bosque para convertirlas en sistemas agrícolas o pecuarios. En los últimos años esta situación es más dramática por el efecto de la crisis del café. Se estima una pérdida 170.000 empleos rurales por esa causa.

La cultura agrícola y la ausencia de una cultura forestal: además de la tradición milenaria de los habitantes del país hacia las actividades agrícolas, las políticas públicas de los últimos 150 años han impulsado las actividades agrícolas y pecuarias por sobre la capacidad de uso del suelo nacional.

Las condiciones financieras de la actividad forestal: dado que el período de retorno del capital de las actividades forestales es más largo que la mayoría de otras actividades agrícolas y pecuarias, y que los aportes de los ecosistemas forestales a la colectividad conocidos como servicios ambientales tales como el de protección de suelos, la conservación del ciclo hidrológico, la contribución a la creación de hábitat para la diversidad biológica de la fauna, la captura de carbono y la liberación de oxígeno y la conservación del paisaje; no representan ingresos directos y monetarios para el propietario del bosque, su contribución real esta demeritada. Por ello la conservación y manejo de los bosques no son considerados como una alternativa económicamente rentable para los propietarios de tierras con aptitud preferentemente forestal.

Las políticas públicas han estado orientadas exclusivamente al desarrollo agropecuario: Las políticas públicas incluso han fomentando actividades agropecuarias en tierras de aptitud preferentemente forestal. En general los instrumentos de política como créditos blandos, acceso a tierras, comercio agrícola, generación y transferencia de tecnología y el desarrollo industrial han dejado de lado la actividad forestal.

En general, existe un desconocimiento de la importancia del bosque como un activo económico de la nación, que puede contribuir al desarrollo sostenible. A pesar de todo ello, en los últimos ocho años se han dado cambios importantes en las políticas de acceso a la tierra, el crédito y los incentivos económicos que han fomentado la actividad forestal, especialmente por medio del Programa de Incentivos Forestales PINFOR y en el presente año por medio del Programa de “Reverdecer Guatemala.”

Otras causas importantes de la deforestación: otras causas de la deforestación son el crecimiento desordenado de las zonas urbanas y asentamientos humanos, los incendios forestales, el pastoreo no controlado en bosques, la tala selectiva para madera y el consumo de leña. No se ha determinado con precisión la magnitud de contribución de cada una de estas causas a la deforestación, actualmente se está desarrollando la estimación inter temporal de cobertura forestal a través de imágenes de satélite, con metodologías compatibles con las utilizadas para elaborar el mapa de cobertura forestal (INAB, 1999).

Incendios forestales: Una de las mayores presiones sobre los recursos forestales son los incendios, muchos de ellos provocados, para eliminar la cobertura como paso previo para iniciar invasiones o colonización incontrolada en zonas de reserva o áreas protegidas. Estadísticas generadas por el INAB, indican que el 32% de los incendios forestales se han originado por actividades agropecuarias (habilitación de tierras para la agricultura y quema de pastos) en áreas de avance de frontera agrícola principalmente. El 15% de los incendios se originan por descuidos diversos, como fogatas de cazadores o extractores de recursos naturales, fabricación de carbón artesanal, fumadores, etc., un 27% se ha catalogado como incendios provocados y un 26% en los que no ha podido determinar la causa.

Otras causas son plagas y enfermedades y la extracción ilegal del producto. Entre otras causas se puede ubicar el comercio ilegal de madera sustentado en figuras como legales indebidamente aplicadas que concede la ley forestal, como el “consumo familiar”, o la extracción ilegal de coníferas mediante el aserrado manual directamente en el campo. La única fuente real de información sobre la madera traficada ilegalmente son los decomisos hechos por la policía nacional civil y su consignación a los juzgados respectivos.

Respuestas para el manejo eficiente del bosque

La sociedad guatemalteca y sus diferentes actores, particularmente los del sector forestal, han reaccionado de diversas formas para enfrentar los impactos negativos que provoca el deterioro de los recursos forestales y también para fomentar los impactos positivos que el buen uso de estos genera en el bienestar de la sociedad. En general las respuestas se pueden agrupar en políticas, económicas y sociales, a la vez estas tres pueden ser públicas o privadas.

En 1999 se publicó la Política Forestal de Guatemala, la Política de Áreas Protegidas y la Estrategia Nacional para la Conservación y el Uso Sostenible de la Biodiversidad; en este sentido se puede considerar que el país cuenta con un marco explícito de políticas para el manejo y conservación de los recursos forestales. La Política Forestal busca fomentar la actividad forestal productiva en toda su dimensión, estimulando la inversión pública y privada así como el desarrollo de la competitividad del sector forestal. El objetivo general de la política forestal es: “Incrementar los beneficios y servicios generados en los ecosistemas forestales y contribuir al ordenamiento territorial en tierras rurales, a través del fomento del manejo productivo y de la conservación de la base de los recursos asociados como la biodiversidad, el agua y los suelos; incorporando cada vez más la actividad forestal a la economía del país en beneficio de la sociedad guatemalteca” (MAGA, 1999)

Las áreas de acción y estrategias que se consideran en la política forestal son: a) contribución al fortalecimiento del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, protección y conservación de ecosistemas forestales estratégicos; b) fomento del manejo productivo de bosques naturales; c) promoción de la silvicultura de plantaciones; d) fomento de sistemas agroforestales y silvopastoriles en tierras de vocación forestal; e) fomento a la ampliación y modernización del parque industrial de transformación primaria y secundaria; y, f)apoyo a la búsqueda y aprovechamiento de mercados de productos forestales y diseño de productos. Un elemento interesante dentro del marco de descentralización de la gestión de los recursos naturales es el hecho que a nivel municipal se estén desarrollando e implementando

políticas forestales municipales. El INAB, con apoyo de diferentes organismos de la cooperación internacional han desarrollado una serie de instrumentos para propiciar la formulación, aplicación y socialización de éstas políticas forestales municipales, con el propósito que las decisiones directas sobre la gestión y administración de los recursos forestales sean tomadas a nivel local.

Fuera del ámbito oficial público del Estado Guatemalteco existe una diversidad de costumbres y prácticas, que sin pretender tomar la forma de una política de manejo de recursos naturales, resultan ser lineamientos de conducta social que perfectamente rigen las relaciones entre la población y los recursos naturales que le rodean. Estas políticas no oficiales se expresan a través del derecho consuetudinario, diversas costumbres, simbolismos, prácticas comunitarias y códigos de conducta social, que no están siempre escritos pero que la mayoría de los pobladores conoce, acepta, transfiere y respeta (Cabezas 2000). Algunos ejemplos reales de este tipo de prácticas, se observan en los mecanismos locales de gestión de recursos forestales en la Parcialidades del Departamento de Totonicapán, o en la región étnica Cluj de Huehuetenango (San Mateo Ixtatán), entre otras.

Cobertura Vegetal en el área del Proyecto

Los datos de cobertura reportados provienen del estudio sobre ecosistemas vegetales elaborado por el Instituto Nacional de Bosques, tomando en cuenta las seis principales categorías: Arbustales, Bosques, Herbazales, Cuerpos de Agua, Sistemas Agrícolas y Otras. Los resultados de la cobertura se muestran en el cuadro 24 y la figura 4.

Cuadro 24. Distribución de la extensión territorial departamental según cobertura vegetal.

Departamento Arbustales BosquesCuerpos de agua Herbazales Otros

Sistemas Agrícolas Total

Alta Verapaz 113,611 616,740 1,295 7,078 843 337,365 1,076,933Baja Verapaz 14,108 148,203 0 49,090 0 75,352 286,752Chiquimula 37,576 119,173 0 0 260 83,959 240,969Escuintla 18 31,252 1,016 0 4,355 414,090 450,731Izabal 61,797 400,498 5,335 667 2,022 281,380 751,700Sacatepéquez 2,725 19,143 0 0 760 31,028 53,655Zacapa 87,567 138,007 0 804 308 43,941 270,626Totales 317,402 1,473,016 7,646 57,639 8,548 1,267,115 3,131,366Fuente: Elaboración propia en base al Análisis del Sistema de Información Geográfica, IARNA,

URL a partir del Estudio de Ecosistemas Vegetales del Instituto Nacional de Bosques.

Los resultados del análisis muestran que los departamento con mayor cobertura forestal son los departamentos de Alta Verapaz e Izabal con 1,016,968 hectáreas, equivalentes al 32 por ciento de la extensión total de los siete departamentos considerados como área de ejecución del proyecto. El área en general presenta una distribución de 47 por ciento de cobertura forestal, 10.14 por ciento de Arbustales y el 40.47 por ciento bajo la categoría de sistemas agrícolas.

Es importante resaltar que los sistemas agrícolas son tremendamente importantes en los Departamento de Escuintla y Alta Verapaz, en el primero alrededor del 92 % del territorio y en el segundo alrededor del 31 %, aunque la diferencia porcentual es grande, en términos absolutos la cantidad de hectáreas se diferencia solo en un tercio.

Figura 4

Figura No 5

i. Tierras en áreas Sensibles y Riesgosas Por su posición geográfica, las condiciones de topografía y los impactos sufridos en el ambiente, Guatemala es una región con alto grado de amenazas y riesgos, entre las cuales tienen importancia especial los fenómenos hidrometeorológicos. Dichos fenómenos representan un 69% del total de eventos registrados en el país (correntadas, desbordamientos, huracanes, inundaciones, heladas, ventarrones,). En segundo lugar se encuentran los fenómenos geodinámicos (erupciones volcánicas, terremotos, sismos) que representan un 29% del total de eventos ocurridos y, finalmente, los fenómenos geofísicos, cuya ocurrencia representa un 2% del total (derrumbes, deslaves, hundimientos, incendios) (UNEPAR-UNICEF, 2000).

La vulnerabilidad es una condición que depende de la interacción hombre-ecosistema; las acciones con las cuales la sociedad se relaciona y vincula con el uso de los recursos naturales y el ambiente tienen un impacto en la vulnerabilidad. Uno de los casos mas relevante se presenta en la cuenca del río Polochic, ubicado en los Departamentos de Alta Verapaz e Izabal, ambos ubicados en el área de la Fase II del Proyecto de Administración de Tierras, en donde la erosión en regiones cuenca arriba (342 toneladas/ha/año de suelo) se convierte en sedimentos que al acumularse cuenca abajo provocan recurrentes inundaciones en la misma (Robledo, 2001). De los 331 municipios del país, los que más han sido afectados por eventos geofísicos son Ciudad de Guatemala, Santa Catarina Pinula y Villa Nueva, por eventos geodinámicos Ciudad de Guatemala, Antigua Guatemala-Sacatepequez, San Vicente Pacaya-Escuintla, Amatitlán, Quetzaltenango y Ciudad Vieja, Sacatepequez, y por eventos hidrometeorológicos Ciudad de Guatemala, Iztapa y Puerto de San José en Escuintla. Como se aprecia, algunos de estos municipios se encuentran en Departamentos del área del Proyecto. A nivel nacional la vulnerabilidad se estima que un 37% de los municipios presentan entre media y alta vulnerabilidad a desastres, mientras que el restante porcentaje muestra baja vulnerabilidad. De las 22 cabeceras departamentales, el 77% (17 cabeceras) presentan entre una media y alta vulnerabilidad.

Cuadro No 25: Frecuencia de Fenómenos que afectan la vulnerabilidad en Guatemala

Hidrometeorológicos Geodinámicos GeofísicosFenómeno No. de

MunicipiosFenómeno No. de

MunicipiosFenómeno No. de

MunicipiosErupciones Volcánicas

17 Tempestades 4 Hundimientos 4

Terremotos 32 Ventarrones 4 Incendios forestales

14

Sismos 58 HuracanesInundacionesHeladas

10832

Deslaves

Derrumbes

4

11

Fuente: CONRED (2002)

La mayor ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos como fuente de desastres en el país, muestra la necesidad de desarrollar una estrategia para el manejo ordenado del territorio e integrado de cuencas hidrográficas. Se han dado limitados avances en algunas cuencas del país especialmente las cuencas de los lagos más importantes Amatitlán, Atitlan, Izabal y Río Dulce, y Río Pensativo en Sacatepequez-. ; los esfuerzos se han concentrado su mayoría hacia el manejo de los espejos de agua, el Ministerio de Agricultura-MAGA e instituciones de cooperación están ejecutando proyectos en las cuencas de algunos ríos importantes el país y algunas cuencas transnacionales.

Estas tierras deberán ser localizadas y delimitadas a manera de identificar a nivel de campo su ubicación precisa y los asentamientos humanos o poblaciones que se encuentran dentro de ellas a manera de contar con la información y trasladarla a los entes especializados tal el caso de la Coordinadora Nacional de Desastres CONRED.

Será necesario abrir un proceso de consulta para arribar a un acuerdo consensuado sobre la conveniencia o no de regularizar esas tierras, pero en todo caso será necesario trasladar la información a las autoridades locales y a través de un programa de comunicación social informar sobre los riesgos y peligros que a la población le representa estar ubicada en zonas en donde se reconoce la factibilidad de que se presente desastres naturales.

j. Uso Agrícola intensivo y de pasto a largo plazo

Los datos del IV Censo Nacional Agropecuario realizado en 2003 (INE-MAGA 2004), indican que de los 5.32 millones de manzanas cultivables, 2.02 millones se ocupan para siembras temporales, que incluye verduras y granos básicos. Otros 0.89 millones en siembras permanentes o semipermanentes15, que incluye caña de azúcar y café y 1.27 millones están clasificadas como producción de pasto. La ganadería ocupa el 23.8% de la superficie (El informador rural: Boletín Semanal de la Plataforma Agraria,Año 3, No.4, semana del 27 de enero al 2 de febrero de 2004)

15 Los cultivos permanentes y semipermanentes son plantaciones que ocupan la misma tierra durante varios años y no necesitan ser sembrados nuevamente después de cada cosecha, su ciclo vegetativo es de uno a más años; las plantaciones pueden estar en edad productiva o en edad no productiva.

La comparación a nivel departamental permite verificar la dinámica del uso y de la diferenciación en cuanto a regiones respecto al nivel de especialización de la agricultura. Así en 1,979, los departamentos que mayor superficie de cultivos limpios eran Suchitepéquez (11.3%), Escuintla (19.7%), San Marcos (8.3%), Retalhuleu (7.6%), Alta Verapaz (6.0%), Huehuetenango (6.0%) y Quetzaltenango (5.3%). Para el año 2,000, el dato se ha incrementado tanto en número de departamentos como en porcentaje de ocupación, teniendo Jalapa, Retalhuleu, Chiquimula, Santa Rosa, San Marcos, Quetzaltenango, Jutiapa, Baja Verapaz, Sacatepéquez y Suchitepéquez, porcentajes de ocupación mayores al 44% de su territorio. Este porcentaje incluye para los departamentos de la Costa Sur, los cultivos de caña de azúcar (URL-IARNA/Incidencia Ambiental 2004)

En cuanto a pastos cultivados y naturales en 1,979, este patrón de utilización se situaba en el sector árido del Río Motagua, Costa sur e Izabal; el cambio observado para el 2,000 es de que los pastos cultivados se presentan principalmente en los departamentos de Izabal (23.3%), Petén (20.6%), Suchitepéquez (17.4%), Santa Rosa (14.7%) y Escuintla con 8.4%. Para el caso de pastos naturales, son Alta Verapaz (22.2%), Santa Rosa (18.7%), Escuintla (17.2%), Huehuetenango (11.8%), Izabal (9.1%), Jutiapa (8.4%,%), El Progreso (8.0%); Petén (7.8%), Baja Verapaz (7.3%), Zacapa (6.6%) y Chiquimula (URL-IARNA/Incidencia Ambiental 2004).

Los datos reflejan la situación las actividades agropecuarias en la mayor parte de los departamentos del país, se diferencian las actividades pecuarias de tipo extensivo, que solo pueden realizarse en unidades productivas grandes localizadas principalmente en la Costa Sur e Izabal.

Según el Censo Agropecuario (MAGA/INE 2004), la superficie dedicada a los cultivos anuales o temporales en el país, es 55.5 por ciento mayor que la dedicada a los cultivos permanentes y semipermanentes; no obstante que las magnitudes son diferentes, es pertinente observar como la distribución de la superficie para cada clase de cultivo en relación al régimen de tenencia es bastante parecida. Esta semejanza invalida las razones que se tengan respecto a que el régimen de tenencia de la tierra sea una condicionante para que los productores decidan que clase y que tipo de cultivo deben sembrar. Por el contrario, este interesante hallazgo, refuerza el criterio sustentado en el tomo II de los resultados censales en cuanto a que si se toma en cuenta su extensión total, las fincas censales consideradas pequeñas y medianas (menores de una manzana y menores de una caballería), se dedican principalmente a los cultivos anuales o temporales, mientras que las fincas censales consideradas grandes (de más de una caballería), se dedican en mayor proporción a los cultivos permanentes y semipermanentes (Censo Agropecuario 2003. MAGA/INE 2004)

En la región del ámbito de acción del Proyecto la superficie dedicada con cultivos anuales es muy similar (46 por ciento) a la superficie con cultivos permanentes o semipermanentes (54por ciento), como se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro No. 26. Numero de fincas censales, superficie cultivada, y producción obtenida por tipo de cultivos, en el año agrícola 2002-2003.

Entre las cifras de cultivos permanentes y semipermanentes mostradas en el cuadro anterior, no se contemplan la superficie con plantaciones y con pastos, así como el área que se encuentra ocupada con viveros, porque no fue considerada en el Censo Agropecuario 2003. En el caso de las plantaciones forestales se estima que el país existen aproximadamente 110,000 hectáreas, y la tendencia es a incrementar la superficie con plantaciones forestales a una tasa entre 8,000 a 10,000 hectáreas por año.

En la región de la Costa Sur, Alta Verapaz, Zacapa e Izabal, se identifican los sistemas ligados al sector que posee grandes extensiones de tierra, donde se realiza producción de caña de azúcar, café, hule, palma africana, banano, melón, cardamomo, en forma de monocultivo, de actividades con ganado mayor y en alguna proporción y en áreas concretas se empieza a notar un incremento en la superficie para la producción forestal. Algunas plantaciones de monocultivo tienen un nivel tecnológico alto como se observa en el sector azucarero en donde se han integrado aspectos agroindustriales y se ha provocado el cambio tecnológico en la producción y la administración. En este sistema la inversión de capital es alta y emplea mano de obra rural de tipo temporal, que proviene de regiones como el altiplano y de las regiones aledañas a las unidades productivas. (URL-IARNA/Incidencia Ambiental 2004).

Según los datos del Censo Agropecuario 2003, el régimen de tenencia de la tierra respecto al aporte de superficie dedicada a cada clase de cultivos, muestra que de la tierra que está en propiedad, el 69.7 por ciento corresponde a cultivos anuales o temporales y el 30.3 por ciento, a cultivos permanentes y semipermanentes. En cuanto a la tierra con régimen de tenencia mixta, en propiedad y en arrendamiento, el 64.6 por ciento es con cultivos anuales o temporales y el 35.4 por ciento es con cultivos permanentes o semipermanentes. Con relación a la tierra que está solo en arrendamiento, el 60.3 por ciento está con cultivos anuales o temporales y el 39.7%, está con cultivos permanentes y semipermanentes.

k. Principales Proyectos Complementarios

Tipo de cultivo

Total República 728,113 661,111 599,771 61,340 25,597,000 422,092,997 1,273,173 980,974 39,095,603

Alta Verapaz 161,751 65,235 57,241 7,994 1,699,434 3,530,390 116,074 100,886 2,912,361

Baja Verapaz 13,258 5,583 4,984 599 186,402 508,161 40,287 36,735 1,350,287 Chiquimula 30,073 9,156 8,411 745 597,855 965,102 51,269 48,276 1,265,999

Escuintla 17,552 192,746 187,415 5,331 441,811 330,971,808 12,916 18,057 1,370,289

Izabal 10,671 22,251 19,277 2,974 223,953 6,457,761 20,146 30,707 950,982

Sacatepéquez 8,526 6,356 5,452 904 77,522 660,656 22,443 7,372 502,604

Zacapa 14,662 8,054 6,829 1,224 290,849 950,118 16,203 22,122 3,442,934

Total en región del Proyecto 256,493 309,381 289,610 19,772 3,517,826 344,043,996 279,338 264,154 11,795,456

Fuente: Censo Agropecuario2003, MAGA-INE 2004

Total

CULTIVOS PERMANENTES

DEPARTAMENTONúmero de fincas

Superficie cultivada (ha) Número de plantas

dispersas

CULTIVOS ANUALES

En edad Productiva

En edad no Productiva

Número de fincas

Superficie cosechada

(ha)

Producción obtenida

(qq)

Producción obtenida

(qq)

Los principales proyectos complementarios al Proyecto de Administración de Tierras Fase II ligados a los aspectos ambiéntales y de manejo de los recursos naturales se detallan a continuación.

Programa de Incentivos Forestales (PINFOR): Este Programa se fundamenta en la Ley Forestal (Decreto Legislativo 101-96) que lo creó con una vigencia de 20 años a partir de 1997 y establece que el mismo debe funcionar a partir de una asignación del uno por ciento del presupuesto de ingresos ordinarios del Estado.

El PINFOR tiene los siguientes objetivos: Mantener y mejorar la producción forestal sostenible, incorporando los bosques

naturales a la producción económica productiva. Incorporar tierras de vocación forestal desprovistas de bosque a la actividad forestal,

a través del establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales y/o la regeneración natural.

Generar una masa crítica de bosques productores de materia prima, para el desarrollo de la industria forestal.

Los componentes del Programa son: a)proyectos de reforestación y b) proyectos de manejo de bosques naturales (para producción y protección).

Al final del Programa se espera alcanzar las siguientes metas: Reforestar 285,000 hectáreas hasta el año 2017. Incorporar al manejo forestal sostenible un total de 650,000 hectáreas. En ese mismo

período de tiempo. Crear una masa crítica de materia prima y atraer la inversión en el sector forestal. Incrementar la participación del sector forestal en el PIB Nacional. Mejorar el ambiente mediante la incorporación de bosques naturales al proceso de

manejo forestal sostenible. Generar empleo en el área rural y contribuir a reducir la tasa de deforestación

nacional. Asegurar la oferta de productos forestales de calidad competitiva para los mercados

nacional e internacional.

El programa tiene una asignación presupuestaria hasta el 2017 de hasta el 1% de los ingresos ordinarios de la Nación. Así también, se indicó por parte del departamento administrativo de la Unidad de Fomento del INAB, que tanto PINFOR con PIF en este aspecto, están fusionados. Se prevé una inversión aproximada, total y acumulada al 2017 de US$ 146.99 millones.

La inversión que el Estado ha realizado en la ejecución del PINFOR desde sus inicios hasta el 2003 asciende a 305.84 millones de quetzales que equivalen a 38.2 millones de dólares (comunicación personal del coordinador del PINFOR)., y el monto potencial estimado16, que el Estado invertirá en los 20 años de duración del Programa asciende a US$ 392 millones.16 Calculado con base en la proyección de la asignación del 1% del presupuesto de ingresos ordinarios del Estado que le corresponde al PINFOR.

La inversión que el Estado ha realizado en la ejecución del PINFOR desde sus inicios hasta el 2003 asciende a 305.84 millones de quetzales que equivalen a 38.2 millones de dólares (comunicación personal del coordinador del PINFOR)., y el monto potencial estimado17, que el Estado invertirá en los 20 años de duración del Programa asciende a US$ 392 millones.

Las regiones prioritarias para la ejecución de este programa son: la Región II que comprende los departamentos de Alta y Baja Verapaz, región III; departamentos de Izabal, Zacapa, Chiquimula y Progreso y región VIII que comprende el departamento de Petén. La mayoría de los departamentos contemplados para la ejecución del Proyecto de Administración de Tierras Fase II se ubican en las regiones prioritarias del Programa de Incentivos Forestales; y en su conjunto representan más del 50 por ciento del área reforestada y de los bosques bajo manejo con éste programa, como puede observarse en el siguiente cuadro.

Cuadro: No 27. No. de proyectos y hectáreas de reforestación y de bosques bajo manejo con el Programa de Incentivos Forestales al año 2004, en la región del

Proyecto

Este proyecto se constituye en un excelente instrumento, que aplicado complementariamente al proceso de ordenamiento territorial puede favorecer el incremento de la cubierta vegetal y forestal en territorios con esa vocación. Esta experiencia se ha llevado con éxito en tierras municipales, comunales e indígenas en donde se ha constituido en una adecuada forma de incrementar los ingresos de la población rural y de promover las plantaciones forestales y los bosques naturales, la conservación de los recursos naturales.

Fortalecimiento Forestal Municipal y Comunal -BOSCOM: Este proyecto es financiado por el INAB y tiene como objetivo fundamental el fortalecer la capacidad técnica, administrativa y de gestión de las municipalidades y comunidades rurales para que

17 Calculado con base en la proyección de la asignación del 1% del presupuesto de ingresos ordinarios del Estado que le corresponde al PINFOR.

No. de proyectos Hectáreas



Alta Verapaz 617 14,373.66 20 8,820.19 637 23,193.85Baja Verapaz 112 1,571.41 12 4,527.95 124 6,099.36Chiquimula 17 190.43 0 0.00 17 190.43Escuintla 75 1,941.03 5 1,760.11 80 3,701.14

Izabal 69 3,849.13 37 5,278.09 106 9,127.22

Sacatepéquez 16 93.52 0 0.00 16 93.52Zacapa 47 1,210.59 9 805.19 56 2,015.78

TOTAL 953 23,229.77 83 21,191.53 1,036 44,421.30Fuente:Estadísticas Forestales INAB 2005

Manejo de Bosque Natural TOTALReforestación

REGIÓN

el aprovechamiento sostenible del recurso forestal contribuya a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. A través de este proyecto se ha logrado al 2005 implementar 118 oficinas forestales municipales, que fortalecen el marco de descentralización.

BOSCOM contempla dos componentes: un componente de fortalecimiento a la administración forestal municipal y otro de fortalecimiento a la administración forestal comunal. El fortalecimiento a la Administración Forestal Municipal se da mediante al apoyo a la creación, implementación y funcionamiento de Oficinas Forestales Municipales. El proceso contempla la asistencia técnica y capacitación al personal municipal responsable de dichas oficinas.En el Componente Comunal, BOSCOM brinda apoyo a comunidades que posean tierras en colectividad, con el propósito de implementar proyectos que contribuyan al manejos sostenido de los recursos forestales y a mejorar la calidad de vida de los miembros de las comunidades rurales, mediante la provisión de bienes y servicios forestales, en el marco de la forestería comunitaria.

Este proyecto también constituye una adecuada instancia para promover el incremento de la cobertura vegetal y forestal, además que promueve el fortalecimiento de las municipalidades incrementando la eficiencia en la planificación y utilización de tecnología informática que puede vincularse y complementarse con el manejo de información catastral.En los anexos se presentan las municipalidades atendidas por el Proyecto BOSCOM en la región del Proyecto de Administración de Tierras, Fase II.

Cuadro No 28. Otros Proyectos Complementarios

Fuente: Elaboración propia en base a información de SEGEPLAN

l. Lecciones aprendidas

Fuente Cooperante Nombre del Proyecto Unidad

EjecutoraLocalizacion Geografica Monto Suscrito Monto

DesembolsadoMonto por

Desembolsar

ACDI Fondo Canada para iniciativas locales ACDI Nacional 242,000.00 241,089.00 911.00

ACDI Fondo local para la reduccion de pobreza y el apoyo al desarrollo social

ACDI Nacional 800,000.00 202,160.00 597,840.00

BID Programa de Apoyo a laDescentralización y Gestión FinancieraMunicipal ATN/SF-8414-GU

SCEP Nacional 400,000.00 - 400,000.00

HOLANDA Fortalecimiento al Programa Incentivos Forestales para Pequeños Propietarios de Bosques Modelo de Manejo

MAGA/INAB Baja Verapaz ChiquimulaZacapaEl Progreso Huehuetenango Quetzaltenango QuichéSan MarcosSololáTotonicapán

7,282,978.00 - 7,282,978.00

PNUD GUA/04/015 GVEP Guatemala: Energía para la reducción de la pobreza, Fase I.

PNUD Alta Verapaz 100,000.00 96,186.00 3,814.00

PNUD GUA/01/006 "Apoyo al Catastro, Regularización y Registro en la Región de las Verapaces"

MAGA Alta Verapaz 175,580.00 71,727.00 103,853.00

PNUD GUA/03/M20 "Desarrollo de un Marco Legal y de Políticas para Servicios Energéticos Rurales para la promoción de Tecnologías de Energía Renovable y Acceso a la Energía para los Pobres

MEM Nacional 230,000.00 224,862.00 5,138.00

PNUD GUA/00/G81"Capacidad 21. Apoyo y Fortalecimiento de las Capacidades Locales para la Participación Social y el Desarrollo Sostenible"

PNUD Nacional 400,000.00 292,555.00 107,445.00

PNUD GUA/01/U18 "Fortalecimiento del Catastro Nacional de Guatemala Fase II"

MAGA Escuintla 1,373,626.00 1,200,188.00 173,438.00

PNUD GUA/01/030 "Región de conservación y Desarrollo Sarstun - Motagua"

CONAP Alta VerapazIzabalZacapaEl ProgresoPetén

2,422,636.00 2,310,661.00 111,975.00

PNUD GUA/98/L04 “Reasentamiento y reinserción: desarrollo productivo agroforestal”

INAB Alta Verapaz Chimaltenango Suchitepéquez Huehuetenango QuichéPetén

3,294,981.00 1,599,663.00 1,695,318.00

PNUD GUA/95/G31 “Región de Conservación y Desarrollo Sarstún Motagua (RECOSMO)”

CONAP Alta VerapazIzabalZacapaChiquimulaEl Progreso

4,000,000.00 3,937,810.00 62,190.00

SUIZA Equipamiento de UTJ- Protierra y del Instituto Geográfico Nacional*

UTJ/IGN Nacional 3,378,378.38 - 3,378,378.38

UNFPA GTM5P201 "Población y Desarrollo SEGEPLAN Nacional 40,000.00 1,639.00 38,361.00 USAID Convenio de donación de objetivo

estratégico 520-0425.10 Aumento en los ingresos de las personas pobres del área rural.

MAGA Alta Verapaz Baja Verapaz IzabalChimaltenango El Quiché Huehuetenango Petén

21,636,167.00 21,597,548.00 43,233,715.00

626,898,703.47 214,081,711.36 456,246,097.25

COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLEEN US$

En Guatemala las lecciones aprendidas sobre los aspectos ambientales y el catastro se encuentran relacionadas con el Proyecto de Administración de Tierras Fase I ejecutado en el Petén; el cual permitió la adquisición de experiencias valiosas tanto en términos positivos como en limitantes. Estas experiencias deben ser tomadas en cuenta para fortalecer las acciones de la Fase II del Proyecto de Administración de Tierras.

Experiencias en el tratamiento a los Aspectos Ambientales del Proyecto de Administración de Tierras de Petén Fase I en cuanto a la Formulación y Planeación del Proyecto

Es importante señalar que en la etapa de formulación de la Fase I del Proyecto los aspectos ambientales no fueron claramente especificados y concretados en el desarrollo del documento formalmente negociado y aprobado por el gobierno de Guatemala. Ello motivó que una vez iniciada la fase de operación del mismo, los aspectos ambientales se fueran relegando en el tiempo en función de la prioridad y urgencia de ejecutar las acciones sustantivas del Proyecto tales como la integración orgánica, estructural, funcional y operativa de las oficinas a nivel central y en las regiones y las actividades de promoción del Proyecto previas a dar inicio a las acciones estrictamente catastrales.

La urgencia de iniciar los contactos y la coordinación tanto con entes públicos como con gobiernos locales y proceder a avanzar en la acción catastral, capto el total de la atención y dinámica institucional. Todo lo anterior aunado a la ausencia de una propuesta concreta y programática de las acciones vinculadas a los aspectos ambientales, promovió la inactividad en el tratamiento de tales temas.

En adición, la inexistencia de especialistas y técnicos en el tema ambiental debidamente presupuestados dentro del esquema orgánico del Proyecto y la falta de recursos financieros concretamente programados para planificar y desarrollar un Plan de Acción Ambiental, complementaron las dificultades para dar inicio a las actividades..

Estos hechos permiten identificar con toda claridad la necesidad de que el Proyecto en su Fase II, cuente desde un inicio con las orientaciones específicas a tratar en el tema ambiental y con los mínimos recursos necesarios para planificar y ejecutar un Plan de Manejo Ambiental que apoye, sustente y haga sostenible la actividad catastral.

Experiencias en el tratamiento a los Aspectos Ambientales en el Proyecto de Administración de Tierras de Petén Fase I en cuanto a la Operación y Gestión del Proyecto en su Fase I

Una vez iniciadas las acciones catastrales del Proyecto, fue posible dar seguimiento y evaluar el avance del mismo; en ese proceso fue factible identificar y constatar el rezago en el tratamiento de los temas ambientales y de esa manera proceder a ubicar e integrar a un consultor al Equipo de Trabajo del Proyecto para que diseñara, promoviera e hiciera operacional el desarrollo de una Estrategia y un Plan de Acción Ambiental.

La apertura y calidad profesional de equipo directivo y técnico del Proyecto en coordinación con el consultor lograron que en corto tiempo los temas del ambiente, culturales y arqueológicos se reconocieran como elementos valiosos en la actividad catastral desarrollada en el campo. Todo ello, porque además el área geográfica del Proyecto en su fase I esta ubicada en una región del país en donde el tratamiento adecuado de los aspectos ambientales y arqueológicos son vitales para la conservación y uso del mencionado patrimonio.

La Estrategia Nacional de Desarrollo ha identificado como prioritario el tratamiento sostenible de los recursos naturales y el patrimonio arqueológico, por ello declaró por medio de una Ley la Reserva de Biosfera Maya-RBM (1990) y las áreas protegidas del sur del Peten., Por otro lado, el área geográfica del Proyecto en su primera fase se encuentra intensamente plagada de sitios de alto valor arqueológico de la cultura maya.

Lo anterior orientó al equipo de gestión del Proyecto, a buscar en forma inmediata la coordinación con los entes públicos encargado de los temas; por un lado el Consejo Nacional de Areas Protegidas CONAP y por el otro el Instituto de Antropología e Historia IDEAH. Con el primero y debido a la fuerte presencia en la región, se alcanzó en forma rápida la coordinación a nivel de campo. Con el IDEAH se determinó la necesidad de que un delegado del mismo pagado por el Proyecto se integrará de forma permanente al mismo y a la actividad de campo, para ir identificando y demarcando los sitios de existencia de los monumentos arqueológicos. En ambas modalidades la coordinación fue positiva, lo que sugiere que pueden buscarse y encontrarse diferentes mecanismos de acuerdo a las circunstancias y necesidades media vez se logren los objetivos, en este caso una coordinación eficiente, eficaz y oportuna.

Por otro lado, la coordinación de los aspectos ambientales con otras instituciones públicas y de la sociedad civil fue relativamente fácil y fluida pudiéndose realizar frecuentes reuniones y la programación de acciones conjuntas y complementarias. Una situación más complicada se dio cuando se presentó el período electoral, el cual introdujo cierta complejidad e incertidumbre en la acción y coordinación interinstitucional sobre el futuro cercano y de mediano plazo. Sin embargo, una vez superado el periodo electoral e implementados los cambios de ciertos cuadros directivos, se pudo reiniciar la comunicación y coordinación y reconstituir la confianza. Un hecho positivo fue que a pesar de realizarse cambios en el nivel de la alta dirigencia y en algunos cuadros medios; los cuadros técnicos prácticamente se mantuvieron intactos. Probablemente la causa principal de su mantenimiento fue el adecuado desempeño en la ejecución de las tareas técnicas y la creciente especialización y profesionalización del recurso humano en su trabajo. La experiencia en este sentido sugiere que entre más especializado y profesional es el recurso humano es menos factibles su relevo en los cambios electorales de gobierno.

En cuanto a los gobiernos locales, es decir las municipalidades, los aspectos ambientales fueron conocidos, reconocidos y asumidos por los Consejos Municipales y los equipos técnicos de los mismos, se obtuvieron distintos resultados y experiencias. Por ejemplo en relación al tema de las áreas protegidas puede decirse que la experiencia fue valiosa y positiva. Las municipalidades reconocieron su papel en cuanto a la conservación de áreas protegidas y/o ecosistemas, así como de la biodiversidad y las opciones y posibilidades de

su integración como elementos complementarios de producción de bienes y servicios ambientales, todo ello vinculado el desarrollo del municipio. Su tuvo una adecuada experiencia de coordinación y facilitación. entre gobiernos locales y entes de la sociedad civil local para delimitar y medir algunas áreas protegidas y de esa manera facilitar y fortalecer la gestión de las mismas. Inclusive algunas municipalidades estuvieron anuentes a estudiar la factibilidad de crear áreas protegidas municipales cuanto no existieran espacios de representación ecológica como fue el caso de la sabana petenera.

Sin embargo, también se presentaron algunos casos que merecen mencionarse a manera de evitarse en el futuro. Algún gobierno municipal en base a su oficina técnica y su vinculación con el catastro llevó a cabo un proceso de ampliación del número de predios urbanos ubicados dentro del ejido municipal, los cuales vendió a propietarios privados sin la base de un plan de ordenamiento territorial y la debida planificación del desarrollo urbanístico. De esa manera no se consideraron la creación y desarrollo de áreas verdes, los cinturones ecológicos urbanos y áreas recreativas; así como la futura demanda de servicios de abastecimiento de agua potable, saneamiento ambiental y manejo de desechos sólidos y líquidos. Todo lo anterior puede ser tomado en cuenta si con el apoyo del catastro y el fortalecimiento de las oficinas técnicas municipales se genera un proceso de ordenamiento territorial.

Algunos aspectos concretos que pueden desprenderse y aprenderse de la experiencia del Proyecto de Administración de Tierras en su Fase I en Petén son:

Los aspectos ambientales y los vinculados al tratamiento de sitios arqueológicos cobran mayor realce e interés cuando se desarrollan dentro de un espacio de coordinación interinstitucional y cuando participan diferentes actores como lo son los funcionarios de gobiernos locales, técnicos encargados del catastro, instituciones ambientales y culturales de interés local y entes de la sociedad civil local interesados en el manejo sostenible y la conservación de los recursos naturales. El sistema de coordinación oficial basado en los Consejos de Desarrollo permite un adecuado vinculo con los gobiernos regionales en el nivel departamental, municipal y local. La experiencia permitió identificar un eje común de interés que puede constituirse en un instrumento adecuado de convergencia. El catastro se constituye en la plataforma técnica para impulsarlo, este instrumento es el ordenamiento y gestión integral del territorio. Dentro de la gestión del territorio pueden destacarse los componentes requeridos de fortalecimiento institucional (apoyo con planes, equipo y recursos humanos) de los gobiernos locales, el fortalecimiento e integración regional de las áreas protegidas, la integración de la información ambiental dentro de los procesos catastrales, el fortalecimiento de la temática ambiental en la formación de los recursos humanos ligados a los procesos catastrales y la sensibilización de las comunidades a la gestión territorial y ambiental.

La experiencia también ha verificado que se hace necesario involucrar a actores locales en cualquier acción que se pretenda hacer a ese nivel. Entre más cercanos sean los actores al problema en el nivel local, más factible es que las acciones que se coordinan se tomen en consenso y se cumplan. Pero debe tomarse en cuenta que ello no es espontáneo sino que requiere de tiempo. No es posible acelerar los procesos en forma

arbitraria y artificial, porque los procesos deben madurar para ser consistentes. Primero, es importante generar confianza por medio de la participación de personas reconocidas del lugar, el conocimiento entre los actores y la identificación de intereses comunes es primordial, porque permite el nacimiento y crecimiento de la confianza entre todos los participantes. Luego es factible el reconocimiento real del espacio que ocupan y del papel o los roles que cada uno juega. Una vez estos ingredientes se conforman y a veces en forma paralela, es factible avanzar en el conocimiento homogéneo de la situación y el contexto regional para poder articular propuestas y finalmente ponerlas en práctica. Los espacios de coordinación inter institucional, de diálogo y complementación de esfuerzos y la temática ambiental y cultural son propicios como un medio adecuado para lograrlo. La acción de un ente mediador actúa como elemento de sinergia y puede ser jugado adecuadamente por el ente encargado del catastro.

La experiencia también sugiere que al introducirse los elementos ambientales, culturales y arqueológicos en los procedimientos vinculados al Catastro, se generan procesos e instrumentos importantes que evidencian la necesidad de avanzar hacia el ordenamiento territorial ambiental y fortalecen la base del desarrollo sostenible en beneficio de toda la población. La base del ordenamiento territorial es la promoción del equilibrio en el uso del territorio y los recursos naturales conforme su potencialidad. En ese sentido el mejoramiento en la seguridad jurídica de la propiedad de la tierra permite planificar acciones a más largo plazo, lo que se ve fortalecido si se aplican incentivos para la utilización adecuada del territorio y los recursos naturales. La experiencia ha mostrado que las municipalidades se interesan en el catastro, pero en forma complementaria también en los efectos colaterales para la institución, como lo son el fortalecimiento institucional y el mejoramiento en la gestión administrativa. Por ello la propuesta de apoyo para generar planes de ordenamiento territorial se hace atractiva para los consejos municipales porque permite dar una visión integrada y de largo plazo al catastro y además se constituye un medio adecuado para darle participación a otros actores locales.

Los gobiernos municipales en general no cuentan con instrumentos conceptuales y operativos para impulsar e incentivar un plan de ordenamiento territorial. Sus principales deficiencias se encuentran en el recurso humano capacitado por ello cualquier propuesta de capacitación se constituye en una adecuada acción de fortalecimiento institucional. La experiencia del Primer Proyecto de Administración de Tierras es que cuando las corporaciones municipales se involucran y se apropian del tema, buscan contar con recurso humano para capacitarse y desarrollar una gestión técnica de beneficio comunal como ha sido el caso de la municipalidad de San José en el Petén.

Complementariamente, todos los municipios cuentan con más de un área protegida declarada o por declarar y esta se constituye en elemento importante dentro del plan de ordenamiento y gestión territorial. Normalmente las áreas protegidas tienen limitaciones en cuanto a su real ubicación y la definición de limites y no cuentan con una escritura registrada en el Registro General de la Propiedad que sustente su función. Para un adecuado y sostenible manejo del área protegida, lo anterior se hace

indispensable. La experiencia del Primer Proyecto sugiere que es factible dar inicio a procesos para delimitar y medir áreas protegidas cuando el ente encargado de catastro dentro de su labor cotidiana asume una función de liderazgo mediático para alcanzar resultados. Inclusive es factible posteriormente promover la asignación de funciones de cada ente institucional para que asuman sus propias responsabilidades.

La capacitación de los recursos humanos en aspectos ambientales y culturales a los técnicos y funcionarios vinculados a los procesos catastrales, a los gobiernos locales y de la sociedad civil es importante y es parte del fortalecimiento institucional. La capacitación se convierte en el mecanismo de reproducción de una cultura de asistencia técnica que asume la gestión territorial como el elemento estratégico y vital en la promoción del desarrollo sostenible, además retorna beneficios a la institucionalidad, gobernabilidad y la eficacia y eficiencia de los procesos.

La experiencia de la Fase I sugiere que la mejor forma de construir una sólida coordinación y cooperación interinstitucional (CONAP, INAB, MARN, IDAEH y otros), se alcanza por medio de la construcción y desarrollo de espacios de dialogo entre las instituciones de promoción catastral y las de vinculación y competencia con el ambiente, los recursos naturales y la cultura; tanto públicas como de la sociedad civil. En algunos casos los organismos no gubernamentales son los que juegan un papel mediático de importancia y contribuyen a acelerar la dinámica del proceso de coordinación interinstitucional

La información catastral, ambiental y de ubicación de sitios culturales, constituye una adecuada fuente para la gestión y ordenamiento territorial. La base de los sistemas de información son los datos catastrales, pero para que sea integral debe incluir información sobre los recursos naturales, el ambiente, los sitios sagrados y de valor cultural. Con esa información los gobiernos locales, pueden emitir orientaciones sobre la dimensión económica, ambiental y social de las comunidades. Probablemente lo más estratégico y sostenible es crear las capacidades en los gobiernos locales que ellos actualicen, reproduzcan y hagan evolucionar los sistemas de información a manera que se perfeccionen aún sin el acompañamiento del Proyecto.

Un elemento indispensable para complementar, viabilizar y acelerar los procesos catastrales son las estrategias y campañas de sensibilización y comunicación sobre el tema catastral y su vinculación con el ambiente y la cultura; ellas deben considerar la coordinación entre todos los entes del sector público y privado de las regiones catastrales. Es de suma importancia que las mismas contengan elementos propios de la localidad en donde los beneficiarios se vean completamente reflejados y en donde puedan sentirse identificados.

Elemento Importantes a tomar en cuenta en la Fase II del Proyecto

En resumen los principales elementos a tomar en cuenta en la Fase II del Proyecto de Administración de Tierras son: i) asegurar la existencia de lineamientos de planificación

estratégica y operativa en los temas ambientales y culturales a manera de asegurar desde un inicio su incorporación al desarrollo del Proyecto, ii) asegurar recursos humanos que puedan dar seguimiento a la planificación y gestión en los temas mencionados, iii) asegurar los recursos financieros presupuestados durante el proyecto para asegurar la adecuada ejecución de la Estrategia y el Plan, iv) vincular las actividades catastrales a los procesos de ordenamiento territorial, v) desarrollar espacios de coordinación y diálogo tanto a nivel central como regional y local que permita consensuar decisiones y complementar acciones en los temas de referencia, vi) apoyar el fortalecimiento institucional, especialmente de los gobiernos locales, por medio de la formación y capacitación de los recursos humanos de los distintos sectores vinculados a la temática. vii) desarrollar una política y ganar experiencia a través de proyectos piloto en lo referente a integrar el manejo de las áreas, las áreas boscosas, los sitios culturales, arqueológicos y las áreas vulnerables a los procesos catastrales, y viii) formular e implementar una Estrategia y un Plan de Comunicación Social que se adapte a las condiciones de cada entorno y le de coherencia a la propuesta catastral y a la integración de los temas frente a todos los actores locales y los beneficiarios del Proyecto.

VI. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL DEL TRATAMIENTO DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, TITULACION Y ADMINISTRACION DESDE EL PUNTO DE VISTA AMBIENTAL

Muchas son las leyes que se encuentran vinculadas a la administración de tierras, existen Leyes, Reglamentos y Normativos desde la legislación general, la legislación sectorial y la propiamente relacionada a la tenencia, titulación y administración de los territorios y las unidades catastrales. Así mismo se ha desarrollado toda una legislación general que tiene que ver con los recursos naturales y el ambiente. La mencionada legislación también representa todo un ordenamiento jurídico que en algunos casos provoca confusión y desorden.

La legislación guatemalteca relacionada con el medio ambiente y recursos naturales tienen su origen en preceptos generales y mandatos establecidos en la Constitución de la República, a partir de allí se vinculan el tema con otras leyes vigentes que tienen relación directa con el ambiente y los recursos naturales. Existen también un conjunto de Leyes y Códigos de carácter general, pero que son importantes para el tema ambiental, ya que son instrumentos de aplicación de todas las regulaciones. Este es el caso del Código Civil, Ley del Organismo Judicial, Ley del Ministerio Público y Ley de la Policía Nacional Civil, el Cuadro No 29, hace una vinculación general entre las principales leyes de carácter general, sectorial y de los recursos naturales y el medio ambiente. Estos instrumentos legales son utilizados por las instituciones para su aplicación, así como por los organismos de aplicación de la Justicia y son instrumentos de presión o sanción fundamentales que buscan lograr una adecuada conducta de los agentes económicos y sociales para el respeto y manejo adecuado del ambiente y los recursos naturales y medio ambiente.

La experiencia de los últimos años en la aplicación de las leyes plantea tres problemas fundamentales. a) la insuficiencia de los recursos humanos y los recursos financieros asignados a las instituciones; b) la carencia de precisión de las leyes y la falta de reglamentos básicos, que reduzcan la discrecionalidad y mejoren la eficacia de la legislación en detener la degradación del medio ambiente y c) la debilidad en el plano de la administración de la justicia.

La falta de reglamentación específica de la Ley de Medio Ambiente impacta en la carencia de precisión, claridad y estabilidad en las regulaciones ambientales. En contraposición, la actividad de regulación actual, se basa en un aumento de requisitos burocráticos; cuyo impacto es poco significativo en la protección o restauración de los recursos naturales y el ambiente. Esta aplicación de requisitos, provoca un aumento de costos; sin que esto signifique la aplicación de inversiones o prácticas concretas dirigidas a la mitigación de los impactos ambientales de la actividad económica.

Este es el caso, por ejemplo, de los estudios de impacto ambiental, cuya aplicación de medidas concretas de mitigación, carece de mecanismos eficaces de verificación en campo. El requisito de los estudios de impacto ambiental, es exigido incluso a actividades cuyo impacto es predecible y factible de ser regulado por normativas de carácter genérico, las cuales serían más efectivos, menos discrecionales y su aplicación conllevaría menos gasto en trámites burocráticos. Este es tan solo uno de los problemas ocasionados por la falta de

reglamentos y estándares ambientales de aplicación general, muchos de ellos factibles de desarrollar en reglamentos y disposiciones institucionales. Entre estos reglamentos, destacan los que deben derivarse de la Ley de Protección del Medio Ambiente, los cuales no han sido emitidos luego de más de 15 años de vigencia de dicha ley.

A pesar de esta diversidad de leyes dirigidas a la protección del ambiente en el país, hay vacíos importantes que impiden acciones integrales y coherentes en la protección de ciertos recursos naturales que están sujetos a degradación. Este es el caso de los recursos suelo y agua, cuyo uso se encuentra normado por una serie de instrumentos legales, de diversa índole y jerarquía, que no solo dejan vacíos en la regulación sino que también en la práctica, son de difícil aplicación. En los últimos cinco años, se han desarrollado a nivel de propuesta varios proyectos de Ley de Aguas y de Ley de Suelos los cuales no han superado los niveles técnicos y de consulta.

Es evidente que por la extensa y heterogénea lista de usuarios del agua, (municipalidades, industrias, agricultores, generadores de energía, individuos) la regulación para la utilización del agua se torna complicada y, si se agrega a esta situación la movilidad del recurso –en sus diferentes estados-, esta situación se complica aún más. En el caso del suelo, su protección parece ser vista con indiferencia tanto por los agentes que los utilizan directamente, como por los sectores de opinión e instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales ambientalistas; lo cual es contrastante con la magnitud de la importancia del recurso y la erosión como problema ambiental.

La búsqueda de instrumentos que incentiven la protección ambiental y desincentiven la contaminación y las prácticas que provocan el deterioro de los recursos naturales se hace necesario. Podría avanzarse hacia la aplicación por lo menos del principio aceptado universalmente que indica que “el que contamina paga” y agregando al mismo, un incentivo de premiar al que produce beneficios ambientales. La búsqueda de otros instrumentos de aplicación de la legislación como los incentivos y desincentivos económicos se ven como alternativas complementarias. Los avances en materia de legislación ambiental no han sido acompañados por el necesario desarrollo de instrumentos tecnológicos (acceso a la información y acceso a los paquetes tecnológicos) y financieros, fundamentalmente el uso de incentivos y desincentivos para lograr que los agentes económicos y los actores sociales se vuelquen ineludiblemente hacia actividades ambientalmente saludables. En este sentido, el sustentar la mejoramiento del ambiente basado en el aumento de las regulaciones, parece ser un enfoque incompleto; sabiendo que el sistema de administración de justicia y sus operadores se encuentra en con serias limitaciones.

La magnitud y grandes alcances de las responsabilidades en la aplicación de las leyes ambientales asignados a las instituciones ambientales, contrasta con los reducidos recursos económicos asignados en el presupuesto. Eso se agrava sabiendo que existen leyes como es caso de la Ley de Areas Protegidas y Ley de Mejoramiento del Medio Ambiente en las que los delitos no se encuentran claramente tipificados, lo que complica la aplicación certera de la justicia.

En relación con la aplicación de justicia, que es un tema crítico a nivel nacional, en el tema ambiental la situación puede ser más grave. Según el Instituto de Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible, los casos vinculados con el ambiente y los recursos naturales renovables no son una prioridad para los operadores de justicia. Esto se suma, a la falta de tipificación del delito ambiental en nuestro medio y la ausencia de agrupación de los hechos que atentan contra el ambiente bajo un rubro específico del Código Penal o de otra Ley Penal especial.

En estos últimos seis años, se han realizado importantes cambios en la legislación ambiental y de recursos naturales. Cinco leyes han sido cambiadas totalmente o modificadas en forma sustancia, a saber; Ley Forestal en 1996 (el cuerpo legal sustituyo completamente a la Ley Forestal anterior, Ley de Áreas Protegidas en 1996 (modificaciones de artículos importantes, como el de la integración del Consejo), Ley de Territorios Reservas del Estado en 97 (cambio en todo el cuerpo legal), Ley del Fondo de Tierras 98 y Creación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en el 2,000.

La Ley Forestal modificó la situación legal e institucional en cuatro elementos básicos: a) se crea una institución autónoma y descentralizada dirigida por una Junta Directiva con tres representantes de la sociedad civil y cuatro del Gobierno; b) se crea un nuevo mecanismo de incentivos, basado en pagos en efectivo, para la reforestación y el manejo forestal; c) se descentraliza la administración forestal con el apoyo de las municipales y; d) se tipifica el delito forestal.

En el caso de la Ley de Áreas Protegidas sufrió tres reformas en el último quinquenio; la primera, eliminando los incentivos fiscales para la conservación; la segunda cambia las atribuciones del Secretario Ejecutivo y la responsabilidad de su nombramiento y; tercero faculta al Consejo Nacional de Áreas Protegidas para proponer ante el Congreso de la República zonas de veda.

La modificación de la Ley Reservas de Reservas Territoriales de la Estado de Guatemala, otorga a la institución propuesta, Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET, características más ágiles para el control de las áreas bajo su administración.

Por su parte la Ley del Fondo de Tierras, cambia el rol del Instituto Nacional de Transformación Agraria, que se dedicaba a otorgar terrenos de propiedad de la Nación para fines agrícolas, hacia la creación de un fondo –Fondo de Tierras- que permita el acceso a la tierra a través del financiamiento para la compra, para atender la demanda de los campesinos sin tierra. Por otro lado, establece la necesidad de realizar estudios de preinversión y la asistencia para la ejecución de proyectos agropecuarios sustentables. La ley del fondo de tierras, abre la posibilidad del acceso a la tierra a mujeres y hombres y estipula preceptos de manejo sustentable de recursos naturales en su normativa.

La última modificación legal en el campo ambiental es la modificación de la Ley del Ejecutivo que crea el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. La ley otorga a dicho Ministerio la tarea de diseñar la política ambiental del país y le atribuye un rol coordinador con todas las instituciones e iniciativas ambientales en el país. Las modificaciones a la ley del Ejecutivo que sustentan la Creación del Ministerio de Medio Ambiente, que le sube el

perfil al tema ambiental e inicia procesos de coordinación entre las diferentes instancias, al sustituir la anterior responsable de la Ley Ambiental que era la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), por un ministerio de estado, con evidente mayor rango político. Los aspectos puntales de las leyes pueden apreciarse a mayor profundidad en el anexo respectivo.

En términos generales, los cambios descritos marcan notables avances en materia legal porque buscan un fortalecimiento institucional y un aumento en las normativas y regulaciones que generen un impacto positivo en el ambiente. Esto es evidente especialmente en los siguientes temas: institucionalidad forestal (creación del INAB), institucionalidad del manejo del medio ambiente (creación del MARN), inclusión del tema género y manejo sostenible en la regulación de tierras y fortalecimiento de la capacidad decisoria en CONAP. En el caso de la gestión municipal, existen dos avances importantes en la descentralización de la gestión ambiental; a) la incorporación de delegados municipales ambientales por parte del MARN y; b) la creación de las Oficinas Forestales Municipales por parte del INAB con el apoyo de la Asociación de Municipalidades –ANAM-. Si bien es cierto, el MARN está cubriendo la casi totalidad de municipios, los delegados ambientales municipales poseen alguna de dificultas en tres aspectos, en la disponibilidad de logística, la formulación de planes y en su propia formación. No siendo así el caso de las Oficinas Forestales Municipales que actualmente cubren 92 municipios, con alcances prácticos en la descentralización de la gestión forestal nacional.

En síntesis, se puede afirmar que en el tema existe suficiente legislación, sin embargo mucha legislación no posee sus respectivos normativos, lo que determina un amplio grado de discrecionalidad en la aplicación de la gestión ambiental. Por otro lado, el respaldo presupuestario de las instituciones encargadas del medio ambiente, no les permite asumir todas las obligaciones delegadas por ley; las cuales van aumentando en la medida que el tema ambiental va adquiriendo mayor protagonismo en la agenda nacional –por ejemplo el aumento del área legalmente protegida-. De hecho, el aumento de regulaciones ha provocado un mayor número de infractores; sin embargo, la debilidad del sistema de justicia, provoca un efecto negativo en la efectividad de las instituciones para cumplir sus mandatos. Por último, la mayor parte de la legislación provoca un aumento en los costos de producción sin que esta sea acompañada de instrumentos financieros que provoquen cambios en los sistemas de producción y consumo. En el Cuadro siguiente se muestra la vinculación entre los distintos tipos de legislación existente a nivel global y sectorial.

Cuadro No 29 Legislación Sectorial, General y Ambiental

Legislación Sectorial Legislación General Legislación Especial Ambiental

1. Código de Salud DL No. 90-97 Código Civil DLy No. 106 Ley General de Caza DL No. 8-70 2. Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) DL No. 109-96

Código Procesal Civil y Mercantil DLy No. 107

Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente DL No. 68-86r Ley de Áreas Protegidas DL No. 4-89

4. Ley del Organismo Ejecutivo DL No. 114-97

Código Penal DL No. 17-73 Ley de Anuncios en Vías Urbanas, Vías Extraurbanas y Similares DL NO. 43-95

5. Ley de Parcelamientos Urbanos DL No. 1427

Código Tributario DL No. 6-91 Ley Forestal DL No. 101-96

6. Ley de Transformación Agraria DL No. 1551

Código Procesal Penal DL No. 51-92

Ley que crea la Autoridad para el manejo de la cuenca del Lago de Amatitlán (AMSA) DL No. 64-96

7. Ley Preliminar de Urbanismo DL No. 2569

Código Municipal DL No. 12-2002 Ley que declara área protegida la Reserva de Uso Múltiple Cuenca del Lago de Atitlán. DL No. 64-97

8. Ley General de Electrificación DL No. 93-96

Ley de Orden Público Decreto ANC No. 7

Ley que declara área protegida el Área de Usos Múltiples Volcán y Laguna Ipala DL No. 7-98

9. Ley de Vivienda y Asentamientos Humanos DL No. 120-96

Ley del Organismo Legislativo DL No. 63-49

Ley que declara área protegida la Reserva de Biosfera Visis-Cabá en San Gaspar Chajul, Quiché. DL No. No. 40-97r por el DL No 128-97

10. Ley de Tránsito DL No. 132-96 Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad Decreto ANC No. 1-86

Ley que crea la Autoridad para el manejo de la cuenca del Lago de Atitlán (AMSCLAE) DL No. 133-96

Ley del Fondo de Tierras DL No. 24-99 Código de Trabajo DL No. 1441 Ley que crea la Autoridad para el Manejo de la Cuenca del Lago de Izabal y Río Dulce (AMSURLI) DL No 10-98

Ley de Piscicultura y Pesca DG No. 1235 Ley de Regionalización DL No. 70-86

Reglamento Orgánico interno de la AMSA AG No. 186-99

Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) Decreto 1701

Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural DL No 14-2002

Ordenanza de la AMSA (GDG-01-2002)

Ley de Sanidad Vegetal y Animal DL No. 36-98

Ley del Organismo Judicial DL No. 2-89

Ley que declara área protegida la Reserva de la Biosfera Maya DL No. No. 5-90

Ley de Hidrocarburos DL No. 109-83 Ley Orgánica del Ministerio Público DL No 40-94

Ley que declara área protegida Parque Regional al Volcán de Suchitán DL No. 50-99

Ley de Geotermia DL No. 126-85 Ley del Procurador de los Derechos Humanos DL No. 54-86

Ley que declara área protegida la Reserva de Biosfera Sierra de las Minas DL No 49-90

Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación DL No. 26-97

Ley de lo Contencioso Administrativo DL No 119-96

Ley que declara áreas protegidas en Petén las siguientes Complejos I, II, II y IV en el sur de Petén DL No. No. 64-95

Ley de Minería DL No. 48-97 Ley de Probidad y responsabilidades DL No 8-97

Ley que declara área protegida el Refugio de Vida Silvestre a Bocas del Polochic en el Estor, Izabal. DL No. No. 38-96

Reglamento de la Ley de Minería AG No. 8-98

Ley de Propiedad Intelectual DL No. 57-2000

Ley de Fomento a la Educación Ambiental DL No. 74-96

Ley de Comercialización de hidrocarburos DL No. 109-97

Ley de la Policía Nacional Civil DL No. 11-97

Ley de Fomento a la Difusión de la Conciencia Ambiental DL No. 116-96

Ley Reguladora de Áreas de Reservas Territoriales del Estado de Guatemala DL No. 126-97

Ley General de Descentralización DL No. 14-2002

Ley que declara área protegida la Reserva Protectora de Manantiales Cerro San Gil en Izabal DL No. No. 129-96

Reglamento de la Ley de Sanidad Vegetal y Animal AG No. 745-99

Ley de Educación Nacional DL No. 12-91

Protectora de Manantiales Cerro Alux DL No 41-97

Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA

Ley del Fondo de Inversión Social DL No. 13-93

Reglamento de la Ley de Áreas Protegidas AG No. 759-90r

Modificación del Decreto Legislativo 114- Reglamento de la Ley Forestal Resolución

97 (Creación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales) DL No. 90-2000

J.D. INAB No. 4.23.97

Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales AG No. 186-2001

Reglamento de Tránsito de Productos Forestales Resolución J.D. INAB No. 5.23.97Reglamento para el Aprovechamiento del Mangle Resolución J.D. INAB No. 1.25.98

Fuente: CALAS (2003)

VII. EVALUACION DE IMPACTOS

Todas las intervenciones que se realizan por medio de un Proyecto provocan alteraciones que pueden ser positivas o negativas, para estimar el impacto que causará al ambiente la ejecución de las diversas actividades del Proyecto de Administración de Tierras Fase II, se analizaron los componentes y las actividades propuestas y se identifico su efecto parcial o total sobre el ambiente, estimando impacto positivo o negativo.

Las proyecciones fueron integradas en cuadros de doble entrada, para lo cual se adaptó una matriz de evaluaciones de impacto ambiental. Se conceptúan como componentes ambientales, al conjunto de elementos que interactuan entre sí -bióticos y abióticos-; que pueden ser objeto de alteración por parte de los factores considerados. Para el análisis estos elementos se toman como variables ya que de acuerdo a la intensidad con que los factores de impacto se presenten, así será cuantificada la variación de que puedan ser objeto. Los componentes son denominados variables, siendo los siguientes: suelo, agua, fauna y flora, microclima, paisaje, aire y socioeconomía comunitaria.

En el proceso de evaluación ambiental, se definieron los atributos y la asignación de una escala relativa de valores para el análisis de los impactos. Los atributos establecidos para los impactos ambientales se fundamentaron en las características y el comportamiento espacio-temporal producto de la interacción actividad del Proyecto - componente ambiental afectado.

Los atributos definidos para la calificación de los impactos potenciales fueron los siguientes:

Carácter Magnitud o intensidad Extensión geográfica Duración

Estos parámetros cualitativos se ponderan para emitir un criterio en conjunto sobre los efectos originados por una determinada actividad sobre el componente ambiental.

Definición de los atributos considerados:

El carácter: expresa la importancia relativa de las consecuencias imputables a la alteración de un componente ambiental, integrando el valor ambiental del componente en cuanto a su valor ecosistémico y social.

La magnitud o intensidad: expresa el grado de perturbación que define la amplitud de las modificaciones que pueden afectar el componente ambiental.

La Extensión: expresa el alcance espacial de los efectos generados por una intervención sobre el medio.

La duración de impacto, expresa su dimensión temporal o el período de tiempo durante el cual se percibirán las modificaciones sufridas por un componente.

Para el análisis de los atributos se siguieron los siguientes criterios de calificación:

ATRIBUTO CALIFICACION DEFINICIÓN

Carácter Positivo Beneficio neto para el recursoNeutro Ningún beneficio ni prejuicio neto para el recursoNegativo Perjuicio neto para el recurso

Extensión Geográfica

Puntual Cuando el impacto afecta a un espacio muy limitado o un componente localizado al interior o proximidad del sitio del Proyecto.

Local Sobrepasa las áreas directamente perturbadas pero está dentro de los limites del área de acción del Proyecto.

Regional Se extiende más allá de los limites locales o administrativos especificados para el Proyecto. Se considera como impacto indirecto

DuraciónCorto Plazo Menos de un añoMediano Plazo Entre uno a cinco añosLargo Plazo Más de cinco años

Magnitud o intensidad

Leve Se pronostica que la perturbación será ligeramente mayor que las condiciones típicas existentes

Mediana Se pronostica que los efectos están considerablemente por encima de las condiciones típicas existentes, pero sin exceder los criterios establecidos en los límites permisibles o sin causar cambios en los parámetros económicos, sociales, biológicos bajo los rangos de variabilidad natural o tolerancia social.

Fuerte Los efectos predecibles exceden los criterios establecidos o límites permitidos asociados con efectos adversos potenciales o causan un cambio detectable en parámetros económicos y biológicos, más allá de la variabilidad natural o tolerancia social.

Cuadro No. 30: Criterios de calificación de atributos de impactos.

Fuente: Elaboración propia.

En función de los valores relativos que se le asignaron a cada atributo y en forma global, se determino el impacto que se generará a partir de la ejecución de las actividades del Proyecto sobre el ambiente natural y humano. Estos impactos se presentan en el siguiente cuadro.

Los impactos negativos se presentan en el cuadro presentado a continuación identificando las posibles medidas de mitigación.

Cuadro No. 31: Matriz de Evaluación de Impactos del Proyecto Administración de Tierras Fase II:

Componente Actividades Impactos probables Magnitud o intensidad

Extensión Duración Carácter

Fortalecimiento legal e institucional del Registro-Catastro

Apoyo legal, regularización y reformas al proceso catastral

Falta de información confiable y comunicación a las comunidades que puede significar poca comprensión del proceso y que puede incidir en tala y desmontes ilegales de áreas comunitarias o municipales previo a la demarcación.

Medio Local Corto plazo

Negativo

Desarrollo de infraestructura tecnológica para integrar catastro y registro

Fortalecimiento de municipalidades.

Dependencia tecnológica.

Necesidad de formar y capacitar recurso humano, catastro-ambiente.

Leve

Leve

Leve

Puntual

Puntual

Puntual

Corto plazo

Mediano plazoCorto plazo

Positivo

Negativo

Negativo

Fortalecimiento del marco institucional del registro y catastro para la resolución de conflictos.

Conflictos institucionales y sociales por resistencia a cambios. Debilidad de organizaciones encargadas del proceso de resolución (UTJ), municipalidades y otros; pueden impactar en el manejo sostenible de los recursos; principalmente el forestal y/o hídrico

Sensibilización hacia la importancia de un medio ambiente saludable y de manejo adecuado del ambiente.

Generación y actualización de información sobre aspectos ambientales y de conflictos

Leve

Medio

Medio

Regional

Regional

Regional

Largo Plazo

Largo Plazo

Largo plazo

Negativo

Positivo

Positivo

Establecimiento del catastro y regularización

de la tenencia de la tiera

Regularización de la tierra

Puede dar lugar a usos incompatibles de la tierra y de los recursos: cambio de uso del suelo, de bosques a cultivos; a urbanización . Expansión de frontera agrícola de cultivos de exportación en tierras de vocación forestal.

Recuperación de áreas de vocación forestal, si se toman las medidas adecuadas en el proceso para un uso del suelo de acuerdo a su capacidad. Mejora capacidad de acceso a incentivos forestales-PINFOR

Fuerte

Mediano

Local

Regional

Largo Plazo

Mediano plazo

Negativo

Positivo

Medición y demarcación de Fincas

Corte y desmonte ilegal anticipado a la delimitación y demarcación.

Mejoramiento de la conservación de los RRNN al mejorarse seguridad jurídica de la propiedad.

Mediana

Fuerte

Local

Regional

Mediano plazo

Mediano plazo

Negativo

Positivo

Componente Actividades Impactos probables Magnitud o intensidad

Extensión Duración Carácter

Resolución de conflictos, titulación y registro

Reducción de niveles de confrontación social derivado de conflictos por tenencia de la tierra y utilización de los recursos naturales.

Mediano Local Mediano Plazo

Positivo

Verificación en el campo de macro limites, límites intermunicipales

Conflictos sociales por traslape de linderos, utilización de los RRNN y posesión de la tierra. Reclamación de derechos sobre las mismas tierras, surgidos a medida que se realicen chequeos de campo por linderos

Fuerte Local Largo plazo

Negativo

Verificación y validación de límites en áreas urbanas y rurales

Por la desinformación entre los beneficiarios pueden darse reclamos y conflictos entre los que se sienten afectados por la inhabilitación del uso de esas áreas.

Mejoramiento en la seguridad jurídica sobre la tierra y las áreas reales.

Mediano

Fuerte

Local

Local

Mediana plazo

Mediano plazo

Negativo

Positivo

Regularización de tierras boscosas

Conflictos sociales, de valores y de derechos de propiedad: pueden surgir reclamos de comunidades que no reciban beneficios directos del aprovechamiento del recurso bosque y otros servicios ambientales.

Desarrollo de mercado de tierras que propicien el cambio o uso inadecuado de las tierras en función de su capacidad.

Tierras boscosas pueden estar sujetas a manejo forestal sostenible y gozar de incentivos forestales

Mediano

Mediano

Fuerte

Regional

Regional

Regional

Mediano Plazo

Mediano Plazo

Mediano plazo

Negativo

Negativo

Positivo

Demarcación de áreas protegidas

Desplazamientos de población y/o pérdidas de territorios para la conservación. Conflictos relacionados a invasiones de grupos que se dedican a la actividad agrícola de subsistencia; corte y desmonte ilegal si no se acompaña el proceso con acciones que den una visión integral de manejo en estas áreas que estimule el interés local en la conservación.

Seguridad sobre el área concreta, factibilidad de inscripción, mejor manejo de los recursos naturales

Fuerte

Fuerte

Regional

Regional

Largo plazo

Mediano plazo

Negativo

Positivo

Administración, monitoreo y evaluación

Entrenamiento y capacitación de personal

Mayor sensibilización hacia la importancia de un medio ambiente saludable y un manejo sostenible de los recursos naturales.

Medio Local Mediano Plazo

Positivo

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 32 Matriz de Impactos Negativos y Medidas de Mitigación Ambiental

Componente Actividades Impactos Negativos potenciales

Medidas de Mitigación

Fortalecimiento legal e institucional del Registro-catastro


Poca comprensión del proceso y falta de información para la población beneficiada, que puede incidir en tala y desmontes ilegales.

Formular y desarrollar un Programa de Comunicación Social especialmente diseñado para actores locales que fortalezca la sensibilidad sobre el adecuado manejo del ambiente y los recursos naturales.

Por medio del espacio de coordinación interinstitucional, fortalecer a las organizaciones encargadas del proceso resolución de conflictos CONTIERRA, municipalidades, organizaciones de base, otros) para crear mesas de diálogo que distribuyan información para los beneficiarios y promuevan la resolución de conflictos.

Fortalecer la coordinación interinstitucional y la gestión de espacios de comunicación y coordinación entre entes públicos y la sociedad civil vinculados a la gestión del territorio y de los recursos naturales y el ambiente.

Fortalecimiento del marco institucional del registro y catastro para la resolución de conflictos

Conflictos institucionales y sociales por resistencia a cambios, que pueden incidir en el proceso con efectos negativos sobre los recursos naturales

Establecimiento del catastro y regularización de la tenencia de la tierra

Regularización de la tierra, privadas, comunales, estatales y de comunidades indígenas.

Puede dar lugar a usos incompatibles de la tierra y de los recursos: cambio de uso del suelo, de bosques a cultivos, urbanización

Puede impactar en las áreas de vocación forestal si no se toman las medidas adecuadas en el proceso. Expansión de frontera agrícola cultivos de exportación en tierras

Fortalecimiento de Gobiernos Locales (municipales), y de grupos comunales.

Apoyo en el desarrollo de Planes de Ordenamiento Territorial Municipal, basado en el desarrollo de proyectos piloto a nivel departamental.

Apoyo a municipalidades y grupos de base para el desarrollo del catastro, de planes de ordenamiento territorial que incluya estudios de base sobre el uso potencial del territorio y la generación de planes de manejo forestal de acuerdo a las circunstancias.

Orientación e información para el desarrollo de PINFOR en tierras legalizadas para incentivar la producción forestal con grupos organizados, comunidades y productores individuales.

En la regularización de tierras comunales, promover el modelo de propiedad comunal y fortalecer la organización y la capacidad gerencial de los grupos organizados para la administración de sus recursos naturales.

Apoyar proceso de descentralización en la administración forestal. (Fortalecimiento de Oficinas Forestales Municipales).

Trabajar con programas piloto a nivel departamental para el tratamiento a las Áreas Protegidas.

Desarrollar programa de comunicación social y orientación a actores locales.


Corte y desmonte ilegal, anticipado a la delimitación y demarcación.

Desarrollar programa de comunicación social, información y orientación a beneficiarios.

Componente Actividades Impactos Negativos potenciales

Medidas de Mitigación


Imposibilidad de las organizaciones encargadas de la resolución de conflictos y organizaciones afines para solventar problemas de manejo sostenible de los recursos.

Crear un programa de fortalecimiento institucional del proceso y de la resolución de conflictos en organizaciones encargadas de este proceso, municipalidades y otros


Emergencia de conflictos a nivel público y privado por traslape de línderos, desarrollo de problemas sociales.

Implementar un programa de comunicación social y educación de grupos locales de ocupantes, comunidades, municipalidades y otros para la creación de mecanismos de control social.

Programa de capacitación de recursos humanos en cuanto al manejo adecuado del ambiente y los recursos naturales y el tratamiento a conflictos.

Capacitación y certificación de dirigentes indígenas de conciliación

Fortalecimiento técnico de grupos beneficiarios para el mejor uso de sus parcelas.

Desarrollo y habilitación de la unidad de Gestión ambiental y seguimiento como parte del proceso de Regularización y protección de habitats naturales críticos.


Emergencia de conflictos a nivel privado por disputas en límites y linderos.


Conflictos sobre la tenencia con grupos varios del país, a la vez habrán conflictos de tenencia de tierras boscosas y reclamos de comunidades que no reciban beneficios directos del aprovechamiento del recurso bosque.

Demarcación de áreas protegidas

Previo a la inminente demarcación de las AP`s, deterioro de la cubierta vegetal y conflictos relacionados con la invasión de grupos que se dedican a la actividad agrícola de subsistencia; corte y desmonte ilegal si no se define la forma de realizarse, la falta de visión integral de manejo en estas áreas, puesto que no estimula el interés local en la conservación.

Desarrollar programas de comunicación social dirigido a municipalidades, organizaciones y ocupantes;

Desarrollo y capacitación en las instancias de coordinación interinstitucional para prever conflictos, fomento de la producción forestal mediante programas de reforestación con incentivos forestales y manejo sostenible de los bosques naturales.


Cuadro 33 Matriz de Impactos Positivos del Proyecto

Componente Actividades Impactos positivos

Fortalecimiento legal e institucional del Registro-catastro


*Certeza jurídica de la propiedad de la tierra, fortalecimiento de las áreas protegidas y tierras boscosas.

*Fortalecimiento técnico a las organizaciones involucradas al proceso incluyendo a las organizaciones ambientalistas.

*Disminución de los conflictos por tenencia de la tierra ligados a las áreas protegidas y las tierras comunales.

*Apoyo legal, regularización de tierras comunales de bosques.

*Desarrollo de marco para impulsar proceso de ordenamiento territorial a nivel municipal.

*Reconocimiento del valor ambiental del territorio y de los sitios culturales y sagrados de las comunidades.

Fortalecimiento del marco institucional del registro y catastro para la resolución de conflictos

Desarrollo de infraestructura y plataforma tecnológica para integrar el catastro al registro


Regularización de la tierra *Mejores garantías para inversiones en actividades productivas de largo plazo, incluyendo la producción forestal y la conservación de los recursos naturales.

*Mayores oportunidades para la conservación de los recursos y la producción forestal (particular y comunal).

*Mayor acceso a fuentes financieras, y a programas de incentivos, incluyendo el –PINFOR- propiciando la recuperación de tierras de vocación forestal desprovistas de boques y el manejo sostenible de los bosques

*Ordenamiento territorial de acuerdo a su capacidad productiva.

* Promoción de la resolución pacífica de conflictos ligados a la tierra.


*Reducción de niveles de confrontación social derivado de conflictos por tenencia de la tierra y Fortalecimiento Interinstitucional para el manejo sostenible de los recursos naturales, lo que creará mejores condiciones para la producción sostenible y la conservación.*Fortalecimiento de la cultura de diálogo para la resolución de conflictos.

Verificación en el campo de macrolímites, límites intermunicipales

*Creación de mecanismos que garantizarán la resolución de conflictos y demandas sobre áreas protegidas, tierras indígenas, comunales y privadas.*Resolución de conflictos permanentes desde hace muchos años.


* Delimitación de áreas sensibles y riesgosas en sectores urbanos, periurbanos y rurales, en el marco de un esquema de ordenamiento territorial.*Zonificación y regularización de tierras vulnerables y riesgosas

Componente Actividades Impactos positivos

Demarcación de áreas protegidas * Fortalecimiento de las capacidades locales para la defensa de estas áreas, mejoramiento de los modelos de conservación.

*Identificación y demarcación de límites de áreas protegidas, mejores condiciones para la ejecución de medidas de protección y control.

La certeza jurídica de las tierras en áreas protegidas, fundamenta los planes de conservación y manejo sostenible.

*Fortalecer el mejoramiento del marco legal e institucional en materia de conservación de áreas protegidas.

*Fortalecimiento de las actividades productivas sostenibles en las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas colindantes con propiedades privadas y comunales


7.1 Análisis Global de los Impactos Ambientales

Los impactos ambientales tanto positivos como negativos derivados del Proyecto, están relacionados íntegramente con el uso y tenencia de la tierra, el manejo y conservación de los recursos naturales y la vulnerabilidad social y natural. De acuerdo al análisis realizado, el proyecto es altamente positivo, pues ayuda a garantizar la certeza jurídica de la tierra y puede ser fundamental en la promoción del ordenamiento territorial a nivel municipal y por lo tanto a largo plazo incentivar un uso adecuado del territorio con su consiguiente impacto positivo al ambiente y los recursos naturales. Lo anterior fortalece la gestión local y articula estrechamente a la población y a los actores locales con el manejo adecuado del ambiente y los recursos naturales.

La certeza jurídica de la tierra, es un elemento fundamental porque en la región del Proyecto un porcentaje alto (más del 60%) es de vocación forestal y en todos los departamentos existen importantes áreas protegidas y tierras boscosas, comunales y municipales, así como territorios que son vulnerables a desastres naturales; por lo tanto idealmente el uso adecuado de esas tierras debe ser de acuerdo a su potencialidad y limitaciones lo que es factible orientarse de acuerdo a un Plan de Ordenamiento del Territorio. Este mecanismo puede incentivar las actividades productivas y fortalecer la armonía social de acuerdo al uso potencial del suelo lo que requiere de inversiones de largo plazo y para que ello ocurra es indispensable contar con certeza jurídica sobre la tierra.

Lo anterior puede significar un aumento considerable de la cobertura vegetal vía plantaciones forestales o manejo de bosques naturales, aspecto que se refuerza al considerar que tres de los seis departamentos están considerados como regiones prioritarias para el Programa de Incentivos Forestales y éste programa tiene como requisito esencial que las tierras cuenten con registro de la propiedad, por lo que una vez se cumpla con ese requisito, es de esperar que habrá un aumento en las tierras donde se desarrollen actividades de reforestación y/o manejo de bosques naturales. Complementario a lo anterior será la coordinación con proyectos específicos como es el Proyecto Fortalecimiento Forestal Municipal y Comunal BOSCOM que se ejecuta dentro del Instituto Nacional de Bosques INAB y otros de carácter local.

En la región un 37 por ciento de la tierra tiene cobertura forestal, por lo que es factible fortalecer los incentivos para la conservación y realizar un aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, cumpliendo con lo que establece la normativa que lo regula (Ley Forestal o Ley de Áreas Protegidas). Ello es aplicable tanto en tierras privadas individuales como colectivas (tierras comunales), por lo que la falta de este requisito ha sido uno de los impedimentos más importantes al desarrollo de reservas privadas y la participación más amplia de pequeños productores forestales tanto en el Programa de Incentivos Forestales como en Licencias para aprovechamiento forestal en bosques naturales.

En cuanto a la titulación de tierras con bosques o en hábitats naturales puede tener impactos ambientales positivos o negativos. Entre éstos últimos se ha identificado los efectos derivados del cambio de uso del suelo de forestal a otro uso. Puede ocurrir que tierras boscosas al contar con títulos de propiedad entren a una dinámica más fuerte dentro del mercado de tierras y se provoque una concentración de tierras para dedicarlas a cultivos permanentes que requieren de grandes extensiones como es el caso de la palma africana, cultivo que compite con el uso forestal, lo cual tendrá un efecto negativo principalmente sobre la biodiversidad de la región. Según los datos del Censo Agropecuario 2004, el cultivo de la palma africana ocupa el segundo lugar entre los cultivos permanentes en IZABAL existiendo 6,669 hectáreas con este cultivo y el tercer lugar en Escuintla con 14,439 hectáreas y la tendencia es a que se siga expandiendo. Una propuesta de ordenamiento territorial a nivel municipal, acompañada de una campaña de comunicación, información y capacitación a nivel local y un fortalecimiento de los espacios de participación y diálogo, apuntalada con la promoción de los incentivos forestales y la aplicación de orientaciones que le den dirección el cambio de uso en tierras de vocación forestal puede resultar adecuada para el mantenimiento de las tierras boscosas.

Mantener la propiedad comunal de tierras boscosas, puede ser una medida adecuada para resguardar esas tierras de acuerdo a su potencial y evitar que se fraccionen y se cambie su uso al desarrollarse un mercado de tierras en función del desarrollo de cultivos específicos; ya que el régimen comunal es un régimen de tenencia, que además de conferir un sentido de pertenencia y cohesión social en las comunidades, hace posible el acceso “equitativo y sostenible de los recursos naturales y los servicios ambientales como agua, madera, leña y alimentos, y que normalmente esta sujeto a normas propias de administración que limitan su uso.

El reconocimiento de los lugares sagrados y el desarrollo de un inventario de los mismos fortalece los derechos de los pueblos indígenas, su cosmovisión, espiritualidad y su identidad cultural permitiendo fortalecer los vínculos de unión de una nación reconocida como multicultural.

VIII ANALISIS DE ALTERNATIVAS PARA TRATAR LOS POSIBLES IMPACTOS

El Programa de Administración de Tierras en su Fase II debe continuar siendo un instrumento para fortalecer la seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra, pero complementariamente debe fortalecer su contribución al desarrollo y mejoramiento del nivel y calidad de vida de la población urbana y rural. Al integrar con mayor énfasis los factores ambientales al desarrollo seguramente fortalece el equilibrio entre el uso

sostenible de los recursos naturales y su conservación, lo que promueve el desarrollo sostenible y ayuda c construir una cultura de armonía entre la sociedad y la naturaleza.

El AA y las experiencias recientes del primer Programa de Administración de Tierras identificaron la necesidad de contar con una propuesta coherente para prevenir los impactos que se originan de la intervención humana en la utilización del territorio y en el uso de los recursos naturales y que con frecuencia desencadena crisis e incrementa el impacto de los desastres.

El AA identificó opciones para la propuesta de un Plan de Manejo el cual debe contar con los recursos financieros y de apoyo necesarios para su implementación. Los elementos relevantes del Plan se pueden resumir en la necesidad de generar un espacio de diálogo y coordinación para la identificación y validación concreta de lineamientos y orientaciones del trabajo con los gobiernos y organismos locales y la sociedad civil, el fortalecimiento institucional y la promoción de los planes de ordenamiento y gestión territorial a nivel municipal, el tratamiento diferenciado para su demarcación a las áreas protegidas como parte del ordenamiento territorial ambiental, la orientación en la formación de los recursos humanos en catastro y ambiente y la construcción de una estrategia de comunicación del Proyecto que incluya los elementos básicos ambientales en la estrategia y los combine adecuadamente con los requerimientos de la sensibilización de la población meta a los procesos de administración del territorio y el catastro.

Los componentes prioritarios identificados para tratar los posibles impactos negativos y fortalecer todos aquellos impactos positivos son los siguientes.

8.1 Instancias de Coordinación Interinstitucional

La coordinación interinstitucional es indispensable para abrir y gestionar espacios de comunicación y coordinación ejecutiva de los entes públicos y de la sociedad civil vinculados a la gestión del territorio y de los recursos naturales y el ambiente. La coordinación interinstitucional es el eje para hacer operativa la Estrategia y el Plan Ambiental del Proyecto de Administración de Tierras en su Fase II. Tiene dos ámbitos, uno local y otro a nivel central con las autoridades públicas y de la sociedad civil. No se requiere necesariamente de la creación de nuevas estructuras formales, pero si mecanismos y espacios en donde los actores se sientan cómodos y puedan apropiar y asumir los procesos y resultados del Plan de Acción Ambiental del Proyecto.

En principio ya existen espacios de coordinación y diálogo dentro de los esquemas de organización formal de esa manera se tienen los Consejos de Desarrollo que tienen una connotación a nivel general del país, pero también a nivel departamental, municipal y local incluyen de acuerdo a la ley constitutiva a entes públicos, de la sociedad civil y privados. Para principiar este puede ser un marco inicial de encuentro para el diálogo y la coordinación interinstitucional.

Debe reconocerse que en el espacio de coordinación interinstitucional la participación de instituciones locales como las municipalidades y comités de desarrollo, así como las ligadas a aspectos ambientales se hace indispensable tales como el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales MARN, el Consejo Nacional de Areas Protegidas-CONAP, el Instituto de Antropología e Historia IDAEH, la Secretaría de Asuntos

Agrarios –CONTIERRA-, el Fondo de Tierras-FONTIERRAS; OHG´s co-administradoras de áreas protegidas como Fundación Defensores de la Naturaleza, FONDAECO y otras.

Adicionalmente la Ley del Registro de Información Catastro reconoce que para las actividades de establecimiento, mantenimiento y actualización registro-catastral, el Registro de información catastral debe mantener relaciones de coordinación con el Registro de la propiedad, el instituto Geográfico Nacional, las municipalidades, el Fondo de Tierras y otras entidades del Estado. Un espacio a nivel central con autoridades de alto nivel para conocer la información general, la planificación, el avance y resultados es de gran apoyo. El mismo no requerirá más de dos reuniones al año.

Sin embargo se reconoce la necesidad de establecer un espacio propio para el tratamiento de los aspectos ambientales en relación al catastro, este espacio se propone sea a nivel de cada uno de los departamentos incluidos en el área del Proyecto (con la participación efectiva de los alcaldes de los municipios) y luego si se hace necesario la organización puede establecerse inclusive a nivel municipal. Se reconoce que a medida que la organización se acerca más a los actores y beneficiarios de las medidas se hace menos difícil la comunicación y es más factible enfrentar cualquier problema.

En algunos casos especiales como es el de la Alta Verapaz existe una política de Asentamientos Humanos en áreas protegidas que se constituye en orientaciones eficaces, además existen mesas de diálogo que han demostrado ser muy eficientes para el tratamiento de aspectos relacionados con la Tierra, en base a ellas puede generarse el espacio de coordinación y diálogo, el cual dependerá de cada case especial.

La coordinación de esta actividad y de todas aquellas otras que se recomiendan en el AA tendrá que ser facilitada por una oficina o unidad a nivel del Proyecto encargada de hacer efectiva la propuesta.

8.2 Fortalecimiento institucional a los Gobiernos Locales y a los Planes de Ordenamiento Territorial Municipal.

El apoyo a los gobiernos municipales es imprescindible, dado el gran número de municipalidades que integran el área del Proyecto se propone que se identifique y priorice una municipalidad para la ejecución de un Proyecto Piloto que sirva de base y ejemplo a otras que deseen posteriormente adherirse al proceso.

El Plan Piloto debe enfocarse prioritariamente en el fortalecimiento de la capacidad para la formulación, diseño y ejecución de un Plan de Ordenamiento Territorial, la experiencia a nivel del gobierno local, en la cual debe involucrarse en la formulación y proceso de ejecución a otras autoridades y a la sociedad civil local, deberá documentarse adecuadamente para poder posteriormente hacer las adopciones y aplicaciones a otros gobiernos locales.

Se entiende por Ordenamiento del territorio18 al proceso de conocer la dinámica biofísica, social, económica y política de un territorio, el paisaje resultante; para planificar, orientar, y regular, el manejo y aprovechamiento de sus recursos naturales y

18 Como se cita en el glosario de uso de la tierra.

construidos, garantizando su funcionalidad, regeneración y calidad, en beneficio de los grupos humanos allí existentes.

En los procesos catastrales la dimensión ambiental debe promover y fortalecer el ordenamiento territorial el cual es un instrumento de planificación y de gestión del territorio que busca alcanzar una adecuada organización político-administrativa que facilite el desarrollo sostenible, entendido éste como el crecimiento socioeconómico equitativo y ambientalmente sostenible. Asimismo, el ordenamiento territorial tiene en cuenta el reconocimiento de la diversidad geográfica, histórica, social, económica, ambiental, étnica, cultural y de identidad local.

El ordenamiento territorial fortalece el papel de las áreas protegidas y el uso adecuado y racional de los recursos naturales, así como promueve la protección ambiental en aquellas áreas geográficas del territorio nacional reconocidas como reservas naturales, parques municipales y corredores biológicos entre otros, y que son reconocidas como patrimonio vital de las comunidades, del país y de las generaciones futuras. La adecuada gestión ambiental del territorio hace aportes sustantivos a la conservación de los suelos y su fertilidad, a los acuíferos, humedales, reservorios de biodiversidad, cobertura natural, recursos boscosos estratégicos, reservas recreativas y a otras opciones de mejoramiento de la calidad y nivel de vida de las personas y sus comunidades. El apoyo debe incluir el reconocimiento por lo menos preliminar de las principales variables ecológicas del Departamento la cual debería ser sistematizada e informatizada

En algunos municipios dentro del área del Proyecto, los programas de apoyo a las municipalidades han fomentado la elaboración de mapas de uso de la tierra, como una herramienta para identifica el uso potencial del suelo y para el ordenamiento territorial. El sistema utilizado en Las Verapaces, por ejemplo, busca integrar el sistema natural (recursos) con el sistema social (características de la población, dinámica social) y permite planificar el buen uso de la finca, el uso adecuado de los recursos de las micro cuencas y priorizar las áreas de acción en el nivel regional. Estos esfuerzos deben seguirse apoyando porque la implementación de un esquema de ordenamiento territorial a nivel municipal, permitirá mejorar las condiciones para enfrentar los procesos de de desarrollo.

8.3 Tratamiento a las Áreas Protegidas

Las áreas protegidas son unidades importantes en el plan de ordenamiento territorial; el catastro debe ayudar a determinar los límites y definición geográfica real de las áreas protegidas. Estas unidades territoriales además de ser recomendables como muestras de ecosistemas importantes, pueden ligarse al desarrollo económico y turístico de la región.

Casi todos los municipios cuentan con por lo menos un área protegida declarada o por declarar y esta se constituye en elemento importante dentro del plan de ordenamiento y gestión territorial. Normalmente la misma no cuenta con una ubicación y definición catastral, ni tampoco con un escritura registrada en el Registro General de la Propiedad. Para un adecuado manejo del área lo anterior es indispensable. La experiencia sugiere que es factible desencadenar procesos y asumir una función inicial de liderazgo para avanzar en el alcance de resultados, para luego promover la normalización de las acciones y que cada ente institucional asuma sus propias responsabilidades. La

delimitación espacial del área protegida es una actividad primaria para lograr su conservación.

Al igual que en el caso anterior, la propuesta se orienta a desarrollar un Proyecto Piloto a nivel de cada departamento a manera de que sirva de acopio de experiencia y permita sentar las bases para extenderla a otras áreas potenciales.

8.4 Atención a la vulnerabilidad ambiental y uso del suelo

Se debe apoyar el levantamiento de las principales características ecológicas y la identificación de áreas frágiles y vulnerables que son motivo de riesgo para las comunidades, los recursos naturales y el ambiente, esta actividad debe integrarse dentro de un proceso de planificación regional y ordenamiento territorial. La regularización de tierras en áreas sujetas a alta vulnerabilidad ambiental (sequías, inundaciones, incendios, deslaves o deslizamientos, inundaciones y otras contingencias ambientales de carácter natural) podrá ser debidamente delimitada y/o identificadas a través de las acciones del Proyecto.

8.5 Programa de Formación y Capacitación de Recursos Humanos en aspectos Catastrales y Ambientales.

La formación de recursos humanos tiene mucha importancia porque es por ello que se reproduce la cultura ambiental y de la sostenibilidad, esto debe vincularse a la formación técnica en procesos catastrales. La experiencia sugiere que al introducir los aspectos ambientales en los procesos de formación del recurso humano en procesos catastrales y administración de tierras, se genera un instrumento valioso de asistencia técnica y de reproducción de la cultura.

De acuerdo a lo existente en la actualidad en la Unidad Técnico Jurídica-Protierra deberá continuarse con la Escuela de Formación Catastral, fortaleciendo los aspectos ambientales vinculados al catastro a manera de que forme recurso humano adecuado para el desempeño de sus funciones. Adicionalmente se propone que la escuela forme también al personal de las municipalidades que se involucren o no en los Proyectos Piloto de ordenamiento territorial y a aquel personal de las municipalidades dentro del área del Proyecto que manifiesten interés por formarse e iniciar procesos de fortalecimiento institucional en el tema.

8.6 Estrategia de comunicación social

Una estrategia de comunicación social que integre los temas catastrales con los temas del cuidado ambiental y el manejo sostenible de los recursos naturales es un instrumento indispensable para sensibilizar e informar a la opinión pública, a los beneficiarios del proceso catastral y a otros sectores de la sociedad y prevenir posibles conflictos derivados de la falta de comunicación y tergiversación de las acciones y medidas. Ello permitirá además de lograr la sensibilización y apropiamiento por parte de los Gobiernos locales de los temas ambientales para la gestión adecuada del Territorio y los intereses de la población generando un adecuado espacio de convergencia y previniendo posibles conflictos.

El contenido de la estrategia de comunicación social debe tener un eje en la explicación de lo que es el catastro y los beneficios que ello conlleva, también deberá hacer vinculación y sensibilización de los aspectos ambientales, lo que representa un territorio ordenado en su uso con relación a los recursos naturales y los servicios ambientales que de ello provienen, el papel de las áreas protegidas, los riesgos de la existencia de áreas vulnerables, la información sobre las acciones que se ejecutaran y el tiempo en que se llevarán a cabo, las orientaciones sobre el uso adecuado del territorio.

En síntesis la propuesta de actividades en el ámbito ambiental, de manejo de los recursos naturales, los sitios sagrados y arqueológicos y las áreas vulnerables y su vínculo con los componentes del Proyecto de Administración de Tierras en su fase II es la siguiente:

i. Componente Fortalecimiento legal e institucional del Registro-catastro: Estrategia y Plan de Comunicación Social, Espacio de Diálogo y Coordinación Interinstitucional, Fortalecimiento de Gobiernos Locales, Formación y Capacitación de Recursos Humanos.

ii. Componente de Establecimiento del catastro y regularización de la tenencia de la tierra: Fortalecimiento de la Institucionalidad Local, Planes de Ordenamiento Territorial, Tratamiento a Áreas Protegidas, Áreas Boscosas, Inventario de sitios Culturales, Arqueológicos y Sagrados y el Tratamiento a Áreas Vulnerables.

iii. Componente de Administración Monitoreo y Evaluación del proyecto: Formación de Unidad Ambiental del Proyecto/Gestión, Seguimiento y Evaluación del PMA, Consultores Específicos por Componentes.

IX. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

La Matriz de Identificación de Impactos sirve de plataforma para precisar los principales elementos del Plan de Manejo Ambiental que esta orientado hacia la propuesta de ejecución de de medidas y actividades consideradas como necesarias para prevenir y minimizar los aspectos potencialmente negativos que puede ocasionar el Proyecto en el área de influencia. Así mismo busca fortalecer todos aquellos impactos positivos del Programa. Se propone un ente institucional responsable y un calendario general a lo largo de la duración del proyecto.

9.1 Programa Ambiental del Proyecto

Cuadro No 34. Matriz de Manejo Ambiental Programa de Administración de Tierras

Componente Potenciales Impactos negativos Medidas de Mitigación Periodo de

Ejecución/años Responsable

1 2 3 4 5 Fortalecimiento legal e institucional del Registro- catastro

*Falta de comunicación e información confiable y a las comunidades y que puede incidir en talas ilegales de áreas boscosas comunitarias o municipales previo a la demarcación.

*Formular y desarrollar un Programa de Comunicación Social especialmente diseñado para actores locales para fortalecer el adecuado manejo del ambiente y los recursos naturales.

Principal: PAT II

*Conflictos sociales e institucionales por resistencia a cambios, que incidirán en el proceso con efectos negativos sobre los recursos naturales.

*Estructurar y conformar el espacio de coordinación interinstitucional, fortalecer a las organizaciones encargadas del proceso resolución de conflictos. Vicepresidencia, CONTIERRA, municipalidades, organizaciones de base, otros) para crear mesas de diálogo.

Principal: PAT II Apoyo: Contierra, MAGA, MARN, CONAP,INAB,

IDEHAE, ONG´S, CB

*Estructurar y conformar la

coordinación interinstitucional a nivel central y local y la gestión de espacios de comunicación y coordinación entre entes públicos y la sociedad civil.

Principal: PAT II Apoyo: CONAP,

IDEHAE, MAGA, MARN


Regularización de las tierras, privadas, comunales, estatales y de comunidades indígenas.

Principal: PAT II Apoyo:

Municipalidades, sociedad civil local

*Puede dar lugar a usos inadecuados de la tierra y de los recursos naturales.

*Fortalecimiento de Gobiernos Municipales y comunales.


Municipalidades * Por lo menos 20 Proyectos

Piloto para el desarrollo de Planes de Ordenamiento Territorial a nivel Municipal.


Municipalidades

*Capacitación a grupos de base y municipalidades en catastro y manejo sustentable de los RRNN y el ambiente.


Municipalidades



*Ampliación de la frontera agrícola en base a tierras de vocación forestal.

*Promoción del PINFOR en tierras legalizadas para incentivar la producción forestal y el manejo de bosques naturales con grupos organizados, comunidades y productores individuales.

Principal: PAT II Apoyo: INAB

Municipalidades

*Perdida de sitios culturales, arqueológicos y sagrados.

*Promover el modelo de propiedad comunal y fortalecer la organización y la capacidad gerencial de los grupos organizados para la administración de sus recursos naturales.

Principal: PAT II Apoyo: ONG's grupos de base

*Apoyar proceso de

descentralización en la administración forestal. (Fortalecimiento de Oficinas Forestales Municipales).

Principal: INAB Apoyo:PAT II

Municipalidades

*Proyecto Piloto a nivel de 7

departamentos para el tratamiento a las Áreas Protegidas.

Principal: CONAP Apoyo:PAT II

ONG's Municipalidades

Desarrollar programa de

comunicación social y orientación a actores locales.

PAT II


*Corte y desmonte ilegal, anticipado a la delimitación y demarcación.

*Desarrollar programa de comunicación social, información y orientación a beneficiarios.

PAT II


*Imposibilidad de las organizaciones encargadas de la resolución de conflictos y organizaciones afines para solventar problemas de manejo sostenible de los recursos generados por el catastro.

*Crear un programa de fortalecimiento institucional del proceso y de la resolución de conflictos en organizaciones encargadas de este proceso, municipalidades y otros

Principal: PAT II Apoyo:CONTIERRA

Vicepresidencia




*Emergencia de conflictos a nivel público y privado por traslape de línderos, desarrollo de problemas sociales.

*Desarrollar programa de comunicación social, información y orientación a beneficiarios.


Municipalidades Gobernacion


*Conflictos y reclamos sobre la tenencia con grupos de actores sobre la tenencia de tierras boscosas y los beneficios directos del uso de los recursos naturales.

*Implementar un programa de comunicación social y educación de grupos locales de ocupantes, comunidades, municipalidades y otros para la creación de mecanismos de control social.

PAT II

*Programa de capacitación de

recursos humanos en cuanto al manejo adecuado del ambiente y los recursos naturales y el tratamiento a conflictos.

PAT II

*Capacitación y formación de

dirigentes indígenas en temas de conciliación y resolución de conflictos.

Principal: PAT II Apoyo:CONTIERRA

*Fortalecimiento técnico de

grupos beneficiarios para el mejor uso de sus parcelas.

Principal: PAT II Apoyo:MAGA

*Desarrollo y habilitación de

la unidad de Gestión ambiental y seguimiento como parte de la ejecución del Proyecto.

PAT II

Demarcación de áreas protegidas, culturales y sitios sagrados.

Deterioro de la cubierta vegetal y conflictos relacionados con la invasión de grupos dedicados a la actividad agrícola de subsistencia.

*Programa de comunicación social e información a nivel de técnicos catastrales, municipales y dirigentes de ong´s y de base.

PAT II

Corte y desmonte ilegal si no se define la forma de realizar la demarcación.

*Programa de capacitación de recursos humanos a todo nivel.

PAT II



Emergencia de una visión no integral del manejo en áreas protegidas, sitios sagrados.

*Desarrollo y capacitación en las instancias de coordinación interinstitucional para prever conflictos, fomento de la producción forestal mediante programas de reforestación con incentivos forestales y manejo sostenible de los bosques naturales.

PAT II

Administración, monitoreo y evaluación del proyecto

Factibilidad de dejar excluidos los aspectos ambientales de la gestión del Proyecto y del proceso de monitoreo y evaluación

*Desarrollo y habilitación de la unidad de Gestión ambiental y seguimiento como parte de la ejecución del Proyecto.

PAT II

Algunas Orientaciones Generales

Es importante expresar que la formación y construcción de las instancias de diálogo y coordinación a nivel central y especialmente a nivel local es imprescindible para desarrollar todo el trabajo y las actividades programadas. Para tomar decisiones el consultor ambiental del, deberá sistematizar la información ambiental y de sitios culturales existente a nivel de cada una de las áreas catastrales y deberá ponerla a disposición de los entes de coordinación. Deberá acompañarla de propuestas y alternativas técnicas para desarrollar y poner en operación los programas de trabajo a manera de orientar la toma de decisiones; ello permitirá brindar los insumos específicos, definir los detalles de las mismas, acelerar la coordinación de la programación y lograr la ejecución en forma adecuada.

De esa manera se conseguirá contar mayor validez y representatividad en las decisiones, los actores se verán representados, existirá transparencia y aquellas situaciones y decisiones sensibles serán asumidas en forma colectiva, además existirá una instancia ligada al esquema institucional a la cual se podrá recurrir para recibir orientaciones y contar con retroinformación. Por ejemplo las decisiones a tomar tendrán que ver con la definición y decisión de donde y como ejecutar los planes piloto de ordenamiento territorial, los planes piloto para el tratamiento, demarcación y regularización de las áreas boscosas municipales o de comunidades, los planes piloto para alcanzar el reconocimiento de limites y linderos en las áreas protegidas, los sitios culturales, arqueológicos y sagrados. Todas esas decisiones deberán emanar de un proceso desarrollado al interior de las instancias de coordinación y diálogo. Para tomar esas decisiones se deberán aplicar criterios de equidad, condiciones institucionales favorables, actitud positiva, oportunidad y otros que se consideren necesarios para cada caso.

En cuanto a las áreas vulnerables por fenómenos hidrometereológicos, geológicos o sequías, es en primera instancia importante delimitar las áreas especificas en cada región catastral a nivel general y contar con la información estratégica disponible relativa a la vulnerabilidad para tenerla disponible a todas las instituciones a nivel local o central a manera de que se pueda utilizar cuando se requiera. La decisión sobre

realizar catastro sobre ellas e iniciar un proceso de regularización, dependerá de cada caso en concreto y deberán definirse criterios genéricos y específicos para su aplicación.

9.2 Costos Estimados del Programa Ambiental

Los costos estimados en base a las acciones a desarrollar durante la duración del proyecto se han establecido ligados a los componentes del Proyecto y a las actividades definidas como necesarias para prevenir los posibles impactos negativos del mismo y favorecer los impactos positivos

Cuadro No 35 Costos de las Actividades a Desarrollar en el Plan Ambiental

ACTIVIDAD Políticas y Fortalecimiento Institucional

US $

Regularización, Registro y Verificación de Tierras

US $

Administración, Monitoreo y evaluación

US $

TOTAL

US $Coordinación Interinstitucional 75,000 75,000Fortalecimiento de Municipalidades y Planes de Ordenamiento Territorial

555,000 555,000

Tratamiento a Áreas Protegidas 250,000 250,000Inventario sitios culturales, arqueológicos y sagrados.

150,000 150,000

Tratamiento a áreas vulnerables 50,000 50,000Formación de Recursos Humanos

180,000 180,000

Estrategia de comunicación e información social

50,000 50,000

Gestión, seguimiento y evaluación del PA

135,000 135,000

TOTAL 835,000 500,000 210,000 1,545,000

9.3 Línea Base del Programa Ambiental

El Proyecto contará con procesos de evaluación que verifiquen la asignación de los recursos y el cumplimiento de los fines previstos de la forma más eficiente posible desde el punto de vista económico, social y ambiental. De esa manera se hace necesario dar seguimiento a los indicadores establecidos para las distintas actividades y variables.

Cuadro No 36. Indicadores para Línea Base Ambiental

Componente Variable IndicadorInfraestructura de mantenimiento catastral y servicios de administración de tierras

Planes Piloto Municipales: planificación y ejecución.

20 planes piloto municipales

Planes de Ordenamiento Territorial: elaborados, aprobados y en ejecución.

20 planes de ordenamiento territorial municipal

Formación de Recursos Humanos: técnicos del RIC, de organizaciones

100 técnicos capacitados a nivel central

socias y de las municipalidades capacitados.

80 técnicos capacitados en 20 distintas municipalidades


Tratamiento a Áreas Protegidas: delimitación, demarcación y mapeo.

13 áreas protegidas delimitadas

Tratamiento a Tierras Boscosas Incremento del 10 % de la cobertura vegetal en áreas de vocación forestal

Tratamiento a Tierras Municipales, Comunales e Indígenas: delimitación, demarcación y mapeo.

50% de las tierras comunales identificadas tituladas e inscritas en el RGP.

Inventario sitios culturales, arqueológicos y sagrados: ubicación registrada, mapeo efectado, inventario a nivel departamental.

250 inventarios de sitios arqueológicos, culturales y sagrados con mapas desarrollados.

Tratamiento de áreas vulnerables: identificación y mapeo de sitios vulnerables.

7 mapas de sitios vulnerables a nivel departamental.

Administración, Monitoreo y evaluación

Coordinación Interinstitucional Ente a nivel central activo, 7 entes a nivel departamental activos.

Gestión, seguimiento y evaluación del PA Plan de Gestión, seguimiento y evaluación desarrollado y ejecutado

X. CONSULTA PUBLICA

La Consulta Pública se ha llevado a través de la identificación de las principales organizaciones vinculadas a los aspectos ambientales y la administración de tierras a nivel de cada uno de los Departamentos involucrados en el área del Proyecto. La identificación de organizaciones muestra una gran variedad de instituciones, asociaciones y organizaciones en los distintos sectores. La gama es amplia, tanto por su tamaño como por sus fines, su grado de organización, cobertura, presencia en los distintos departamentos, institucionalidad, integración y coordinación insterinstitucional.

Se han realizado contactos directos y talleres de consulta con miembros de los Comités de Desarrollo; Departamental-CODEDES, municipal-COMUDES, comunitarios- Comité Departamental de Desarrollo CODEDE, Comité Comunal de Desarrollo COCODE. Organizaciones de la Sociedad Civil de representación nacional y local como la Asociación Nacional de Caficultores-ANACAFE, Asociación Gremial de Productores de Productos No Tradicionales AGEXPRONT, Asociaciones de Ganaderos, Asociaciones de Mujeres, Cooperativas, Asociaciones Indígenas y étnicas, Asociaciones Campesinas y algunas empresas y entidades académicas. También con Organizaciones Ambientales como la Fundación Defensores de la Naturaleza, la Fundación para el Ecodesarrollo, co- administradores de áreas protegidas y otros.

En el Cuadro siguiente se resumen los lugares, fechas y actores asistentes a las consultas realizadas en las cuales se presento el Proyecto y el Análisis Ambiental.Cuadro No 37. Resumen de Sitios y Actores Asistentes a Consultas del PATG Fase II

Evento, Lugar y Fecha

InstitucionesRepresentadas

Municipios/ Departamento

Taller de Consulta Departamentos de Alta y Baja Verapaz. Coban, Alta Verapaz, 13 de octubre 2005

Comités de Desarrollo Local- Cocodes Coban, Santa Cruz, Alta Verapaz

Mesas de negociación Coban, Alta VerapazCorporaciones Municipales Fray Bartolomé de las Casa , Coban,

Santa Cruz, La Tinta, Alta.VerapazUniversidades Centro Universitario del NorteCUNOR-USAC, Universidad Mariano Galvez

Alta Verepaz y Vaba Verapaz

Entidades Públicas Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales MARN, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación-MAGA, Tribunal Supremo Electoral-TSE, Gobernación Departamental, Comisión Nacional de Areas Protegidas-CONAP, Instituto Nacional de Cooperativas-INACOP, Ministerio de Educación MINEDUC, Instituto de Fomento Municipal-INFOM, Comisión Presidencial de Derechos Humanos-COPREDEH, Procuraduría de Derechos Humanos PDH, Fondo de Desarrollo Indígena de Guatemala FODIGUA.

Alta Verapaz y Baja Verapaz

Organismos No GubernamentalesAsociación Pro Baja Verapaz-APROBA, Asociación JADE, Fundación del Centavo FUNDACEN.

Alta Verapaz y Baja Verapaz.

Asociaciones Campesinas y Cooperativas:Coordinadora Nacional Campesina-CONIC, UVOC, Coordinadora CENOC, Federación de Cooperativas de las Verapaces-FEDECOVERA, Cooperativas de Café-CODECAFE, Asociación Nacional del Café ANACAFE.

Alta Verapaz y Baja Verapaz

BancosBanco de Desarrollo Rural-BANRURAL

Alta Verapaz

Taller de Consulta Departamentos de Izabal, Chiquimula y Zacapa. enSanta Cruz, Zacapa13 de Octubre 2005

Comités de Desarrollo Comodes, Comudes Río Hondo, Teculutan,Zacapa, el Obraje Chiquimula, Amates Izabal.

Mesas de negociación Mesa Agraria-ZacapaMancomunidades, Corporaciones Municipales Mancomunidad Copan-Chortí-Jocotan-

Chiquimula. Municipalidades: Teculutan, Huite, la Unión Zacapa; Camotán, Chiquimula; Morales, Livingston, Amates, Izabal

Entidades PúblicasGobernación, MAGA, Fondo de Tierras FONTIERRAS, Comisión Nacional de Conflictos de Tierras-CONTIERRA, MINEDUC, MARN.

Zacapa, Chiquimula, Izabal.

Organismos No GubernamentalesFUNDAECO, Asociación de Cooperativas de Gestión ACODERGE, Centro de Asistencia para los Derechos Humanos CALDH, Mancomunidad Chor´ti, Asociación Usuarios de Riego, CARITAS/Iglesia Católica, Asociación de Ganaderos de Izabal- ADICCA. Asociación de Ganaderos de Nor-oriente.

Zacapa, Chiquimula, Izabal

Taller de Consulta Departamentos de Escuintla y Sacatepequez, en ciudad de Guatemala.25 octubre 2005

Comités de Desarrollo Comodes, Comudes Pastores, Sumpango Sacatepequez. Palín, Escuintla

Municipalidades Palín, Escuintla; Magdalena M.A.,

Sumpango, Santiago, santo Domingo, Sacatepequez;

Entidades PúblicasSecretaría General de Planificación y Presupuesto-SEGEPLAN, Catastro Nacional-RIC, Programa de Acceso a la Tierra-PROTIERRA, Comisión para la Descentralización del Estado-COPRE, CONAP

Sacatepequez, Escuintla, Guatemala.

Organismos No GubernamentalesPastoral Iglesia Católica, Fundación Mario Dary-FUNDARY, Fundación Defensores de la Naturaleza FDN, Foro de la Mujer, Asociación Comunidad Indígena Palín, Asociación de Estudios Sociales-ASIES, Fundación para el Ecodesarrollo- FUNDAECO, Defensoría Maya.. Asociación Gremial de Productores de Productos No Tradicionales-AGEXPRONT. Asociación Femenina para el Desarrollo AFEDES.

Fuente: Elaboración propia.

Los principales hallazgos de los contactos directos y los talleres de Consulta tienen que ver con:

Las instituciones que más muestran presencia en los departamentos son las vinculadas al sector público; especialmente aquellas definidas en la Ley de Regionalización y Consejos de Desarrollo; también las instituciones las ligadas al tratamiento de aspectos de la tierra y la resolución de conflictos y las representaciones de Ministerios y entidades descentralizadas. En términos de la Sociedad Civil se presentan con frecuencia las asociaciones regionales de campesinos demandantes de tierra, los comités locales demandantes de tierra, asociaciones para el desarrollo concreto generalmente de carácter local y algunas vinculadas a organizaciones internacionales o a la iglesia católica.

En cuanto a organizaciones ambientales la presencia más representativa es la de co-administradores de áreas protegidas siendo relevante en varios departamentos la presencia de la Fundación Defensores de la Naturaleza, tanto por el número de departamentos donde se ubica, como por la cobertura de las áreas que co-administra. Adicionalmente su presencia data ya de muchos años y existe un reconocimiento a su labor tanto a nivel nacional como local.

Al conversar sobre las medidas de mitigación propuestas vinculadas al manejo del ambiente se puede percibir lo siguiente:

Un sentimiento y una actitud favorable para que exista una adecuada participación en los procesos de información, toma de decisiones, planificación y ejecución de las medidas que se proponen como posibles de implementar. Por las condiciones del área del Proyecto se sugiere que los espacios de participación tengan por lo menos un carácter a nivel departamental. Sin embargo por algunas situaciones especiales para algunos departamentos que tienen un espacio territorial amplio y mayores diferencias en cuanto a la diversidad de la población se sugiere que los espacios participativos tengan un carácter más local dependiendo de las circunstancias.

Los espacios institucionales de coordinación deben contar con la participación de representantes de todos los sectores, público, de la sociedad civil, del sector productivo cuando este sea representativo, de

las ong´s de desarrollo y ambientalistas. Es conveniente que sus agendas de trabajo además de la información contengan planes aunque sea limitados de acción que permita la expresión de la mayoría de participantes. El Proyecto de Administración de Tierras en su fase II puede actuar como agente mediático que permita la convocatoria y el espacio para la expresión, coordinación y avance de acciones conjuntas de interés de los participantes y que allane el camino para el desarrollo y alcance de sus propios objetivos. La creación de confianza es indispensable.

Como se ha sugerido en el Plan de Manejo la primera actividad a desarrollar debe ser precisamente la apertura y consolidación de los espacios de diálogo, expresión, coordinación y complementariadad de acciones.

En la consulta se ha podido identificar el desconocimiento sobre lo que significa el catastro con todas sus implicaciones favorables; cuando se le reconoce, de alguna manera se le vincula a la imposición de impuestos territoriales y causa alguna inquietud, sin llegar a malestar. Esta situación sugiere la necesidad de que paralelamente a la apertura de espacios de diálogo se diseñe e implemente por lo menos en una primera etapa una campaña de comunicación social que sensibilice a los principales actores institucionales e individuales sobre los beneficios de un proceso de administración de tierras. Los actores consultados piensan que ello apoyará y beneficiará el proceso. Además de los aspectos tributarios existe una percepción de algunos actores de que el catastro puede afectar negativamente en la tenencia de la tierra especialmente a actores campesinos. La campaña de comunicación social debe aclarar especialmente ese aspecto, las visitas de estos actores a áreas catastrales en ejecución fue asumido como interesante..

La propuesta sobre la necesidad de construir un plan de ordenamiento territorial a largo plazo es una propuesta que es bien vista casi por todos los actores institucionales. Los más favorables son los Consejos Municipales de Desarrollo y las Municipalidades, sin embargo se reconoce que ello puede ser un proceso largo y que requiere de in interés permanente y el desarrollo de instrumentos de incentivos y normativos para que sus resultados puedan verse al mediano y largo plazo. Perciben que el Proyecto puede apoyar en gran medida este tema.

Paralelamente a lo anterior se identifica la necesidad del apoyo y el acompañamiento a los equipos técnicos de los gobiernos locales y la preparación de los propios recursos humanos del Proyecto para que puedan desempeñar un papel trascendente en el tema. Con seguridad el apoyo a los gobiernos locales no puede llevarse con una cobertura total en todos los municipios de todos los departamentos, por lo que se propone la necesidad caracterizar las municipalidades e identificar ejercicios piloto con los distintos modelos de municipalidades a manera de ganar experiencia, ir comprobando procesos y la aplicación de

instrumentos para posteriormente poder ampliar el programa. En la medida que se alcancen metas será más factible su ampliación.

En cuanto a la propuesta de tratamiento a las áreas protegidas, este se percibe dentro de un proceso de gestión y manejo del territorio y dentro de los planes de ordenamiento territorial. De nuevo el tema es variado de acuerdo a las distintas circunstancias de los diferentes departamentos. En términos generales las áreas protegidas en la actualidad y en general se ven con “buenos ojos”, pero es evidente que su principal obstáculo para su demarcación y posterior inscripción como unidades de conservación tiene que ver con los derechos y obligaciones de las comunidades asentadas en las mismas y en algunos casos con los reclamos de particulares sobre sus propios derechos. Este tema tiene que ser tratado con una visión de largo plazo y con una fuerte apertura al dialogo en el cual las instituciones se sientas adecuadamente representadas y atendidas.

En este tema, que probablemente sea el más conflictivo, se hace necesario avanzar con mucho tino y sobre pasos seguros. El trabajo eficiente, eficaz y oportuno de la instancia de coordinación y apertura al dialogo es indispensable para poder avanzar en función de decisiones concensuadas y con la participación de los actores que puedan sentirse afectados. Sin embargo es necesario reconocer que en donde existen los principales conflictos, desde hace algún tiempo se viene avanzando en medidas que pueden hacer ahora menos difícil el trabajo. Para el caso de las Verapaces e Izabal ya existe una política de asentamientos humanos en áreas protegidas y la instancia de diálogo ha venido funcionando, su avance ha sido lento y dificultoso, pero probablemente la acción del Proyecto permita adicionar un espacio para mejorar la efectividad.

En este campo es conveniente para cada caso:

Identificar a los actores involucrados y lograr la participación de los lideres formales e informales.

Conocer lo que los actores involucrados saben sobre el Proyecto Caracterizar y conocer la organización social, los valores

culturales, los comportamientos de vida de los grupos que pueden sentirse afectados o que serán beneficiados.

Establecer los espacios y tiempos convenientes para promover y generar la participación de los mismos.

Identificar, contactar y promover la participación de aquellas instituciones de base o de la sociedad civil que trabajan en acompañamiento a los actores, que se encuentren interesadas y que pueden realizar un trabajo mediático entre el proyecto y los actores.

Debe existir información clara, sencilla y fácil de interpretar para que los actores puedan sentirse cómodos.

Deben existir opciones y alternativas para tratar el tema que los actores puedan conocer, opinar sobre ellas, introducir modificaciones y en un momento determinado asumir.

Como en el caso anterior el tratamiento a las áreas protegidas tiene que ser a través de piloto que permita al proyecto y al proceso ganar experiencia y asimilar conocimiento que posteriormente pueda ser apropiado institucionalmente y difundido.

XI. ACCIONES Y PROPUESTAS A CONSIDERAR EN EL MARCO DE LA PLANIFICAION E IMPLEMENTANCION DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS II DE GUATEMALA PATG II.

Las principales acciones para el desarrollo del Plan Ambiental para el Proyecto de Administración de Tierras Fase II se listan a continuación a manera de que sirva de guía para focalizar la implementación del Plan. Las acciones se listan dentro de los principales componentes del Proyecto y dentro de aquellas propuestas que se han identificado para mitigar los potenciales efectos negativos y fortalecer aquellos que son positivos.

11.1 Componente Políticas y Fortalecimiento Institucional:

Planes Piloto Municipales:

a. La conformación de las instancias centrales, departamentales y locales de diálogo, coordinación, concertación sobre el programa de fortalecimiento municipal.

b. Identificación y definición de las municipalidades que participarán en los planes piloto de fortalecimiento municipal.

c. Capacitación del recurso humano de las municipalidades integrantes de los planes piloto.

c. Desarrollo del programa de fortalecimiento municipal, el cual debe incluir un plan de capacitación del recurso humano, desarrollo, estudio, propuesta y aprobación del plan de fortalecimiento que incluirá el plan de ordenamiento territorial del municipio y el desarrollo del plan de comunicación a nivel local.

d. Documentación y sistematización de la experiencia para que sirva de orientación y pueda ser ajustada y replicada en casos similares dentro del departamento y/o el área de acción del Proyecto.

Plan de Ordenamiento Territorial

a. Desarrollo de la Propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial Municipal de los Proyectos Piloto a nivel de Departamental.

b. Levantado de la información ambiental y digitalización de la misma la cual servirá de base para la propuesta de plan de ordenamiento territorio y que debe incluir, el tratamiento a las áreas protegidas, sitios culturales, arqueológicos y sagrados a nivel del Plan Piloto.

c. Ejecución del programa de coordinación, capacitación, ordenamiento territorial, seguimiento y evaluación del proyecto piloto de fortalecimiento municipal.

d. Documentación y sistematización de la experiencia para que sirva de orientación y pueda ser ajustada y replicada en casos similares dentro del departamento y/o el área de acción del Proyecto.

Formación de Recursos Humanos, Capacitación:

a. Identificación y diagnóstico de las necesidades y prioridades de capacitación del recurso humano a nivel central, departamental, de las municipalidades y de los socios y actores preponderantes del Plan Ambiental.

b. Preparación del Plan y Programa de Capacitación el cual debe ser compatible con el desarrollo de las otras actividades propuestas en cuanto a contenido, tiempo de ejecución y aplicación. Es conveniente que la capacitación acompañe los procesos en términos de identificación de problemas y propuesta de soluciones, trabajos prácticos de utilidad concreta y la coordinación de actividades entre los distintos departamentos.

c. Desarrollo y ejecución de los planes de seguimiento, evaluación y afinamiento de los planes de capacitación, para su ajuste y replica.

11.2 Componente Regularización, Registro y Verificación de Tierras

Tratamiento a Áreas Protegidas

a. Identificación y priorización de las áreas protegidas de cada departamento para escoger las áreas piloto entre las propuestas en el Plan Ambiental.

b. Identificación de los actores principales que intervendrán en el proceso para el desarrollo y ejecución del programa de delimitación y medición de las áreas protegidas piloto a nivel de cada departamento.

c. Formulación y desarrollo de un programa de comunicación social y educación de la población localizada dentro y aledaño a las áreas protegidas escogidas como piloto a nivel de cada departamento.

d. Antecedentes y diagnostico de la situación de cada proyecto piloto a manera de a partir de él definir y consensuar un proceso y ejecución de la delimitación y medición de las áreas protegidas piloto para iniciar el proceso de catastro y registro.

e. Estabilización de los límites de cada proyecto piloto de las áreas protegidas escogidas, establecimiento de mojones y caminamientos.

f. Inicio del proceso de regularización e inscripción en el Registro de la Propiedad a favor de la institución previamente definida como la “adoc”

g. Documentación y sistematización de la experiencia para que sirva de orientación y pueda ser ajustada y replicada en casos similares dentro del departamento y/o el área de acción del Proyecto.

Tratamiento a Tierras Boscosas municipales, comunales o indígenas

a. Identificación y priorización de las áreas boscosas municipales o comunales de cada departamento para escoger las áreas piloto entre las propuestas en el Plan Ambiental. (Anexo)

b. Identificación de los actores principales que intervendrán en el proceso para el desarrollo y ejecución del programa de delimitación y medición de las boscosas municipales o comunales piloto a nivel de cada departamento.

c. Formulación y desarrollo de un programa de comunicación social y educación de la población localizada dentro y aledaño a las tierras boscosas escogidas como piloto a nivel de cada departamento.

d. Antecedentes y diagnostico de la situación de cada proyecto piloto a manera de a partir de él definir y consensuar un proceso y ejecución de la delimitación y medición de las tierras boscosas piloto para iniciar el proceso de catastro y registro.

e. Estabilización de los límites de cada proyecto piloto de las tierras boscosas escogidas, establecimiento de mojones y caminamientos.

f. Inicio del proceso de regularización e inscripción en el Registro de la Propiedad a favor de la institución previamente definida como la “adoc”


Inventario de sitios culturales, arqueológicos y sagrados

a. Complementación del inventario, en base a los sitios identificados en el estudio de sitios culturales, arqueológicos y sagrados existentes a nivel departamental.

b. En lo posible y de acuerdo a las circunstancias específicas de cada departamento, ubicación y delimitación de los sitios culturales, arqueológicos y sagrados en base a la ley respectiva y todas aquellas otras complementarias que norman el tema.

c. Desarrollo de los mapas a nivel departamental de los sitios culturales, arqueológicos y sagrados existentes, en coordinación con el IDHAE.

Tratamiento a áreas vulnerables

a. Identificación de las áreas vulnerables de cada departamento y los asentamientos humanos ubicados en las mismas en base a las identificadas en el Plan Ambiental. (Anexo)

b. Delimitación y medición de las áreas vulnerables a nivel de cada departamento.

c. Formulación y desarrollo de un programa de comunicación social y educación de la población localizada dentro y aledaño a las áreas vulnerables a nivel de cada departamento.

d. Desarrollo de los mapas de las áreas vulnerables a nivel de cada departamento y su traslado a los organismos encargados de la prevención de desastres especialmente CONRED.


11.3 Componente de Administración, Monitoreo y Evaluación

Coordinación interinstitucional

a. Formación de la Unidad de Coordinación y Ejecución del Plan Ambiental del Proyecto de Administración de Tierras Fase II, encargada de coordinar las acciones a nivel de los componentes del proyecto y del cumplimiento de los fines previstos en el mismo.

b. Identificación y convocatoria a los principales actores institucionales del sector público, ong´s, sociedad civil y de base; a nivel central, departamental y cuando el caso lo amerite local, para la conformación de los espacios de coordinación y diálogo encargados de viabilizar las acciones identificadas a nivel de cada componente del Proyecto.

c. Programación y desarrollo de los programas de coordinación interinstitucional, su consiguiente, evaluación y seguimiento.

Gestión, Seguimiento y Evaluación

a. Programación y coordinación del desarrollo de las actividades propuestas a nivel de cada componente, planes, programas y actividades a nivel central, departamental y local de acuerdo a las necesidades.

b. Formulación del Plan de Seguimiento y evaluación de los planes, programas y actividades propuestas a nivel de cada componente y en las distintas instancias geográficas; a nivel de país, departamento, municipio y local de acuerdo a las necesidades y circunstancias.

XII. REFERENCIAS

Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS). 2003. Legislación Ambiental Guatemalteca. Disco Compacto.

Congreso de la Republica de Guatemala. 2002. Decreto 14-2002 –Ley General de Descentralización-.

Congreso de la Republica de Guatemala. 2002. Decreto 12-2002 –Código Municipal.

Congreso de la Republica de Guatemala. 1989. Decreto 04-89 –Ley de Áreas Protegidas- y sus reformas.

Congreso de la Republica de Guatemala. 1995. Decreto 05-95 –Ratificación del textodel Convenio sobre Diversidad Biológica. Ratificado el 14 de junio de 1995. 41 pp.

Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP). 1999. Política Nacional y Estrategias para el Desarrollo del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP). 52 pp.

Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP). 1989, Ley de Áreas Protegidas y Reglamento

Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP). 1999. Estrategia Nacional para la Conservación y el Uso Sostenible de la Biodiversidad y su plan de acción para Guatemala. 129 pp.

Economía, Sociedad y Territorio. 2003. Pobreza, deforestación y sus implicaciones para la biodiversidad de Guatemala. Ludger J. Leoning y Michael Markussen. Vol. IV. Num. 14. 279-315 p.

Instituto Nacional de Bosques –INAB-. 2003. Agenda Nacional Forestal de Guatemala 2003-2012, en el Marco del Programa Forestal Nacional.49 pp.

Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA). 2004. Agro y Ambiente, síntesis por departamento. Universidad Rafael Landívar, Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas. Disco Compacto.

Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA)/URL- Instituto de Incidencia Ambiental. 2005. Amenazas al Ambiente y Vulnerabilidad social en Guatemala. Documento Técnico del Perfil Ambiental de Guatemala. 32 pp.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 2003. Informe sobre Desarrollo Humano 2003. Los objetivos de desarrollo del Milenio: un pacto entre las naciones para eliminar la pobreza. 367 pp.

Programa Institucional en Políticas Ambientales (FIPA/AID). 2003. Sistematización de conflictos agrarios y la situación de la tenencia de la tierra.

Presidencia de la Republica de Guatemala. 2002. Acuerdo Gubernativo 312-2002. Reglamento de la Ley General de Descentralización.

Republica de Honduras. 2003. Análisis Ambiental. Programa de Administración de tierras de Honduras (PATH). Fotocopias.

Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales. 1996. Guía del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Glowka, L. et al. 179 pp.

World Bank Operational Manual OPN 11.03. Management of cultural property in Bank-Financed Projects. 1999. 3 pp. Consult Website. 3 pp.

Anexos

Anexo No. 1

Categorías de Manejo de las Áreas Protegidas:

Conforme el reglamento de la Ley de Áreas Protegidas, cada áreas protegida puede ser zonificada para su mejor manejo, con esto se establece qué se permite, se restringe o se prohíbe en éstas zonas.

Como Categoría Tipo I, se encuentra Parque Nacional-Reserva Biológica:

1. En éstas áreas está prohibido cortar, extraer o destruir cualquier espécimen de flora silvestre y cazar, capturar o realizar cualquier acto que lesione la vida o la integridad de la fauna silvestre, excepto por motivos técnicos de manejo que sean necesarios para asegurar su conservación.

2. No se puede constituir servidumbres a favor de particulares en este tipo de terrenos.

3. Se prohíbe la exploración y la explotación minera.

4. No se permiten Asentamientos humanos, excepto los necesarios para la investigación y administración del área.

5. Los terrenos deben ser preferentemente de propiedad estatal o municipal.

6. En caso de que sean propiedad privada dentro de los límites de estas áreas, el CONAP dará prioridad a la adquisición por parte del estado o por organizaciones guatemaltecas sin fines de lucro dedicados a la conservación de la naturaleza.

En la Categoría Tipo II: se encuentra Biotopo Protegido, Monumento Natural, Monumento Cultural y Parque Histórico:

Aquí los objetivos de manejo son la protección y conservación de los valores naturales y culturales y dentro de los límites, proveer de oportunidades de recreo, educación ambiental e investigación científica, turismo controlado y recreación limitada y rústica

Categorías Tipo III: Área de uso Múltiple, Manantial,Reserva Forestal yRefugio de Vida Silvestre

105

Se pretende proveer una producción sostenida de agua, madera, flora y fauna silvestre (incluyendo peces), pastos o productos marinos. La conservación de la naturaleza podría estar orientada primariamente al soporte de las actividades económicas o bien la conservación podría ser un objetivo primario en sí mismo, dando siempre importancia a los objetivos económicos y sociales. Se dará importancia a la educación ambiental y forestal, así como a la recreación orientada a la naturaleza.

Categoría Tipo IV: Áreas Recreativa Natural, Parque Regional, Rutas y Vías Escénicas:

Aquí los objetivos de manejo son la recreación al aire libre y educación, mantenimiento de una porción o de la totalidad del camino, sendero, canal o río y de su panorama en un estado natural o seminatural, calidad del paisaje y prevención de la degradación de los recursos naturales.-

Categoría Tipo V: Reserva Natural privada:

Se pretende asegurar las condiciones naturales requeridas para proteger especies de significancia, grupos de especies, comunidades bióticas o rasgos físicos del ambiente y rasgos culturales en terrenos de propiedad privada.

Categoría Tipo VI: Reserva de la Biosfera:

Los principios de manejo de estas áreas son el dar oportunidad de diferentes modalidades de utilización de la tierra y demás recursos naturales, tanto, el uso y aprovechamiento sostenible de recursos naturales del área, con énfasis en las actividades tradicionales y actividades humanas estables, así como la conservación de núcleos de conservación más estricta. Proveen oportunidades para la investigación ecológica, particularmente estudios básicos, ya sea en ambientes naturales o alterados. Son sitios importantes para el monitoreo ambiental. Proveen facilidades para la educación ambiental y capacitación, así como para el turismo y recreación controlados y orientados hacia la naturaleza.

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Anexo No. 2

Análisis detallado de los aspectos legales e institucionales vinculados a la administración de tierras

1. Conceptos bases de conformidad con las normas del Derecho Civil Guatemalteco

Para iniciar el estudio de leyes específicas en torno a bienes inmuebles o tierras como se especifica en el presente análisis, es necesario aclarar ciertos conceptos bases enunciados dentro del Código Civil, dentro de los cuales se encuentran los bienes; las clases de bienes, pudiendo ser muebles o inmuebles, siendo éstos últimos los que interesan para el presente estudio.

2. Bienes

De conformidad con lo que para el efecto establece el artículo 442 del Código Civil, son bienes las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación, y se clasifican en inmuebles y muebles. Según el artículo 445, son bienes inmuebles: 1º. El suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, las minas mientras no sean extraídas y las aguas que se encuentren en la superficie o dentro de la tierra. 2º. Los árboles y plantas mientras estén unidos a la tierra, y los frutos no cosechados. 3º. Las construcciones adheridas al suelo de manera fija y permanente. 4º. Las cañerías conductoras de agua, gas o electricidad, incorporadas al inmueble. 5º. Los ferrocarriles y sus vías, las líneas telegráficas y telefónicas, y las estaciones radiotelegráficas fijas. 6º. Los muelles y los diques y construcciones que, aun cuando sean flotantes estén destinados por su objeto y condiciones a permanecer en un punto fijo de un río, lago o costa. Y 7º. Los viveros de animales, palomares, colmenares, estanques de peces o criaderos análogos, cuando el propietario los haya colocado o los conserve con el propósito de mantenerlos unidos de modo permanente a la finca.

3. Bienes del Poder Público y de Particulares

Según el artículo 456 del Código Civil los bienes son del dominio del poder público o de propiedad de los particulares. Los bienes del dominio del poder público pertenecen al Estado o a los municipios y se dividen en bienes de uso público común y de uso especial.

4. Bienes nacionales de uso común:

Los bienes que a continuación se enumeran son bienes nacionales de uso común y son inalienables e imprescriptibles. 1º. Las calles, parques, plazas, caminos y puentes que no sean propiedad privada. 2º. Los puertos, muelles, embarcaderos, pontones y demás obras de aprovechamiento general, construidos o adquiridos por el Estado o las municipalidades. 3º. Las aguas de la zona marítima territorial en la extensión y términos que fije la ley respectiva; los lagos y ríos navegables y

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flotables y sus riberas; los ríos vertientes y arroyos que sirven de límite al territorio nacional; las caídas y nacimientos de agua de aprovechamiento industrial, en la forma que establece la ley de la materia; y las aguas no aprovechadas por particulares, y 4º. La zona marítimo-terrestre de la República, la plataforma continental, el espacio aéreo y la estratosfera en la extensión y forma que determina la ley.

5. Bienes nacionales de uso no común:

1º. Los que están destinados al servicio del Estado, de las municipalidades y de las entidades estatales descentralizadas, y los demás que constituyen su patrimonio. 2º. Los de uso público, cuando dejen de serlo de hecho o por virtud de una ley. 3º. Los ingresos fiscales y municipales. 4º. El subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales antes de ser extraídos, así como cualquiera baldíos y las tierras que no sean de propiedad privada. 5º. Los terrenos baldíos y las tierras que no sean de propiedad privada. 6º. Los que habiendo sido de propiedad particular queden vacantes, y los que adquieran el Estado o las municipalidades por cualquier título legal. 7º. Los excesos de propiedades rústicas o urbanas, de conformidad con la ley; y 8. Los monumentos y las reliquias arqueológicas.

6. Tierras de Propiedad Privada

Existen normas dentro del ordenamiento jurídico interno, en especial el Código Civil, para poder determinar la titulación o administración de la tierra que se pueda dar en cuanto al tema de tierras o bienes inmuebles de propiedad privada, en donde se enuncian normas de carácter sustantivo en cuanto a dichos bienes, y la Ley de Titulación Supletoria, en donde se establecen normas sustantivas y procesales, para poder lograr la titulación de tierras de propiedad privada.

7. Dentro del Código Civil

Bienes de Propiedad Privada: De conformidad con el Código Civil guatemalteco, son bienes de propiedad privada los de las personas individuales o jurídicas que tienen título legal.

8. Tenencia o posesión

Es poseedor el que ejerce sobre un bien todas o algunas de las facultades inherentes al dominio. La posesión por diez años de un bien inmueble, da derecho al poseedor para solicitar su titulación supletoria a fin de ser inscrita en el Registro de la Propiedad.

De conformidad con el artículo 620 del Código Civil, para que la posesión produzca el dominio se necesita que esté fundada en:

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9. Justo Título

Este es el que siendo traslativo de dominio, tiene alguna circunstancia que lo hace ineficaz para verificar por sí sólo la enajenación.

10. Adquirida de Buena Fe

Consiste en la creencia del poseedor, de que la persona de quien recibió la cosa era dueña de ella y tenía la facultad de poder trasladar su dominio.

De manera continua, pública y pacífica: la posesión deja de ser continua cuando se abandona o desampara por más de un año, o antes, cuando expresa o tácitamente se manifiesta la intención de no conservarla.

Por el tiempo señalado en la ley: como se dijo anteriormente de conformidad con el artículo 633 del Código Civil, es por diez años.

11. Reservas Territoriales

De conformidad con el artículo 636, los inmuebles situados dentro de las reservas del Estado no pueden titularse supletoriamente. Tampoco pueden titularse los excesos de las inmuebles, los que se adquieren según lo dispuesto en las leyes administrativas de la materia.

Dentro de la Ley de Titulación Supletoria

Órgano competente

El órgano jurisdiccional ante quien se solicita la titulación supletoria es el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil.

Prohibiciones de titular supletoriamente:

A continuación se detallan los bienes que no pueden ser objeto de titulación supletoria

a. Bienes inmuebles mayores de una caballería, por lo que se prohíbe que una misma persona pueda titular terrenos colindantes si se excede de esta medida.

b. Bienes Inmuebles situados en la franja transversal de Norte y cualesquiera de las zonas de desarrollo agrario a que se refiere el derecho 60-70 del Congreso, ya que esto es competencia del INTA (FONTIERRAS).

c. Bienes inmuebles situados dentro de las reservas del Estado.

d. Los excesos de las propiedades rústicas o urbanas.

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Delitos:

Se tipifica como delito de Falsedad Ideológica cuando se pretenda mediante las diligencias de titulación supletoria, titular un inmueble cuya titulación está prohibida por la ley, o está inscrito en el Registro de la Propiedad.

Dentro de la Tierra dentro de las Áreas Protegidas y Areas Forestales

En la Ley de Áreas Protegidas y de la Ley Forestal, existen derechos sobre las tierras consideradas áreas protegidas y áreas de vocación forestal, de carácter o de propiedad privada y de propiedad de la nación o estatal, e incluso llegan a converger los temas de reservas territoriales. Como se puede observar más adelante, dichas tierras no pueden titularse supletoriamente, sino que en la mayoría de casos existen derechos de administración, concesiones, o licencias.

1.- CONCEPTOS DENTRO DE LEY DE AREAS PROTEGIDAS

Áreas Protegidas: Se definen como áreas protegidas, según el artículo 7 de dicha ley, aquellas áreas, incluidas sus respectivas zonas de amortiguamiento, que tienen por objeto la conservación, el manejo racional y la restauración de la flora y fauna silvestre, recursos conexos y sus interacciones naturales y culturales, que tengan alta significación por su función o sus valores genéticos, históricos, escénicos, recreativos, arqueológicos y protectores, de tal manera de preservar el estado natural de las comunidades bióticas, de los fenómenos geomorfológicos únicos, de las fuentes y suministros de agua, de las cuencas críticas de los ríos, de las zonas protectoras de los suelos agrícolas, de tal modo de mantener opciones de desarrollo sostenible.

Zona de Amortiguamiento: Toda área protegida, tiene su zona de amortiguamiento en la cual se evitan actividades que la afecten negativamente, esta zona es la superficie territorial que protege el buen funcionamiento de las áreas protegidas. La delimitación y extensión de esta zona, así como las actividades que se puedan efectuar en ella, se fijan de acuerdo con las características particulares de cada área y se describen en el Plan Maestro.

Declaratoria de Área Protegida: Para que una propiedad sea declarada como Área Protegida, es necesario que exista una declaratoria oficial, a través de una iniciativa de Ley al Organismo Legislativo, basada en un estudio técnico aprobado por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP. Una vez dictado el Decreto correspondiente de la declaratoria, la Secretaría Ejecutiva del CONAP, elabora el Plan de Manejo, incluyéndose la programación, administración, financiamiento y control.

Reservas Territoriales: OCRET, que es la oficina de control de reservas territoriales, promueve que la administración de las reservas territoriales y fincas inscritas propiedad de la Nación, se dediquen en forma preferencial a objetivos de conservación bajo manejo.

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Propiedad Privada: Existen propiedades privadas, que han sido declaradas áreas protegidas, en donde el propietario mantiene plenamente su derechos, pero tiene qué manejarla y administrarla de acuerdo a las normas y reglamentos aplicables al Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas. Por lo que deben, éstas personas, adecuar su permanencia en éstas áreas a las condiciones del plan de manejo programado para ésta.

Concesiones: El CONAP tiene la disponibilidad de dar en arrendamiento u otorgar concesiones de aprovechamiento en las áreas declaradas como protegidas que están bajo su administración, esto siempre que el plan maestro así lo permita, y para el efecto deben suscribirse los contratos de concesión.

Dentro de las áreas protegidas, a través de un contrato celebrado con el CONAP, pueden empresas públicas o privadas desarrollar actividades comerciales, industriales, turísticas, pesqueras, forestales, agropecuarias, experimentales o de transporte dentro del perímetro de las áreas protegidas, siempre que la actividad a desarrollar sea compatible con los usos previstos en el plan maestro dela unidad de conservación de que se trate.

Esta concesión se basa en un estudio de impacto ambiental, aprobado por el CONAP y remitido al Ministerio de Ambiente para su evaluación. Se elabora el contrato respectivo en donde se establecen las condiciones y normas de operación.

Delitos: De conformidad con el artículo 82 bis, de la Ley de Áreas Protegidas, se encuentra tipificado el delito de Usurpación a Áreas protegidas, en donde se indica que comete este delito, quien con fines de apoderamiento, aprovechamiento o enriquecimiento ilícito, promoviere, facilitare o invadiere tierras ubicadas dentro de áreas protegidas debidamente declaradas, sancionándosele con prisión de cuatro a ocho años y con multa de tres mil a seis mil quetzales.

En el artículo 83, se establece que cuando el delito antes indicado es cometido por empresa autorizada para operar con flora y fauna silvestre, será sancionada con el doble de la multa, la primera vez, y si reincide con el cierre de la empresa.

2.- CONCEPTOS DENTRO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ÁREAS PROTEGIDAS

De conformidad con el Reglamento de la Ley de Áreas Protegidas, se establecen distintas categorías o clasificaciones de áreas protegidas, en donde se enmarca los objetivos del área, las actividades a realizar y las que se encuentran prohibidas, para poder realizar una mejor protección del área, ya que no se pueden estandarizar este tipo de actividades sólo por ser un área protegida, sino que tiene qué zonificarse:

Parques regionales en terrenos municipales

Para establecer parques regionales que estén ubicados en terrenos municipales, es necesario una resolución del Consejo Municipal correspondiente, así como la identificación exacta

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del terreno, a fin de inscribirse en los registros del CONAP, y también es necesario el trámite legislativo correspondiente, para su declaratoria como Área protegida.

Reservas naturales privadas

Para establecer reservas naturales privadas que pueden gozar el pleno reconocimiento legal como Área Protegida son requisitos:

1. Que contenga ecosistemas silvestres no afectados significativamente por la actividad humana.

2. Que el terreno se encuentre libre de gravámenes.

3. Que el interesado presente toda la documentación requerida que compruebe la prioridad del terreno.

4. Que el interesado presente un mapa de escala 1: 50,000 de la finca o porción de la misma que se quiera conservar.

5. Aprobación por el CONAP.

6. Inscripción en el registro de Reservas Naturales privadas.

Manejo de áreas protegidas

Manejo por quienes

El manejo de las áreas protegidas legalmente declaradas puede ser efectuado, de acuerdo a su categoría de manejo, ya sea a través de la Secretaría Ejecutiva del CONAP o mediante suscripción de un convenio u otro mecanismo legal, ser confiado a otras entidades nacionales públicas o privadas sin fines de lucro.

Manejo en terrenos de particulares

En áreas protegidas legalmente declaradas en las cuales existan terrenos de propiedad particular, son los dueños o poseedores de los mismos los que se encargan del manejo de acuerdo a las normas y reglamentaciones aplicables al SIGAP, o también pueden delegar esta responsabilidad en la persona individual o jurídica que estimen conveniente. En todo caso el ente contralor del manejo es el CONAP, que esta la autoridad encargada de velar porque el manejo se realice de acuerdo con el Plan Maestro.

Los particulares poseedores de propiedades o derechos dentro de áreas protegidas, legalmente declaradas, pueden desarrollar proyectos de servicio público acordes con los fines del área protegida y con la zonificación que en los planes respectivos se haya asignado al área protegida. Para esto debe contar previamente con autorización

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expresa del CONAP, que fija las condiciones para su ejecución y mantenimiento de acuerdo a los objetivos del área.

Control y vigilancia

El control, la vigilancia y la protección de las áreas protegidas públicas y privadas, así como de los recursos de vida silvestre dentro y fuera de las áreas protegidas, le corresponde a los empleados del CONAP, y de otros guarda recursos reconocidos por el CONAP; siendo entonces autoridades tienen la potestad de efectuar decomisos, presentar partes, detener, conducir y consignar a los tribunales a los infractores, así como otras funciones inherentes a su cargo.

Plan Maestro y Plan Operativo

Cada ente ejecutor o administrador de un área protegida ya declarada elabora bajo los lineamientos dados por el CONAP en el instructivo, y presenta al CONAP su respectivo plan maestro, en un plazo no mayor de 12 meses después de haber tomado la responsabilidad del manejo del área. Este plan debe ser aprobado por el CONAP cada cinco años.

El primer plan operativo anual para el año calendario vigente debe ser presentado por el ente ejecutor o administrador, 30 días hábiles después de haber tomado la responsabilidad del manejo del área. Los posteriores planes operativos deberán presentarse al CONAP para su aprobación al menos 60 días antes del vencimiento del plan que estuviera vigente.

Asentamientos

En el caso de las áreas protegidas de conservación estricta con categoría de manejo Parque Nacional, Reserva Biológica y las Áreas Núcleo de la Reserva de la Biosfera, no se permiten nuevos asentamientos humanos, excepto los necesarios para la administración e investigación del área.

En el caso de las categorías de manejo restantes, sí es factible la existencia de asentamientos, pero el área ocupada por dichos asentamientos no se puede ampliar.

Las personas que ya se encuentran asentadas dentro de un área protegida, deben adecuar su actuar a los objetivos del área protegida, y el ente administrador debe emitir las disposiciones específicas a que deben ceñirse en cada caso los habitantes de la misma, siempre de conformidad con en el Plan Maestro.

Concesiones

En las áreas protegidas legalmente declaradas bajo administración del CONAP, ubicadas en terrenos nacionales, éste puede otorgar concesiones, siempre y cuando

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la categoría de manejo del área y su Plan Maestro lo permita y se establezcan claramente las actividades previstas.

Concesiones de aprovechamiento y manejo de recursos naturales renovables

Para el otorgamiento de concesiones de aprovechamiento y manejo de flora silvestre, de recursos forestales, de forestación o reforestación en áreas protegidas legalmente declaradas que estén bajo su administración, el CONAP, debe buscar la asesoría técnica de una entidad estatal o privada adecuada que pueda identificar, sectorizar o contratar el avalúo de los recursos susceptibles a tal actividad.

En cuanto a la supervisión el CONAP tiene la facultad de realizarla a través de la Secretaría ejecutiva o delegarla mediante convenio en una entidad pública o contratando una entidad privada.

Todo esto se hace por medio de licitación, convocada por medio de una publicación en el diario oficial, indicándose en dicha convocatoria las bases de la licitación, criterios de calificación, plazo, precio y demás condiciones.

El medio de formalización de la concesión es a través de un contrato, y los ingresos provenientes de la concesión, pasan a los fondos privativos del CONAP.

El CONAP es el ente encargado de la supervisión y control de la concesión y el encargado de evaluar las actividades y el manejo en las áreas de aprovechamiento.

Arrendamientos

1. En áreas protegidas

Dentro de las áreas protegidas legalmente declaradas, ubicadas en terrenos nacionales que se encuentren bajo la administración de la Secretaría Ejecutiva del CONAP, se pueden otorgar en arrendamiento extensiones de terreno e instalaciones, siempre y cuando las actividades para las cuales se otorga el arrendamiento sean compatibles con la categoría de manejo y el Plan Maestro del área, y en todo caso el arrendatario debe someterse a las normas de uso establecidas por el CONAP.

Para formalizar el arrendamiento se suscribe un contrato administrativo, y al igual que en las concesiones, los pagos provenientes de dichos arrendamientos ingresan al fondo privativo de CONAP.

2. En reserva territorial

Cuando un terreno objeto de solicitud de arrendamiento esté ubicado en área de reserva territorial, dentro de un área protegida legalmente declarada, el otorgamiento del arrendamiento se hará de acuerdo al Decreto 101-96, previo dictamen favorable expreso del CONAP. Es decir que es OCRET el que lo autoriza, pero debe contarse con dictamen del CONAP.

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3.- CONCEPTOS DENTRO DE LEY FORESTAL Y SU REGLAMENTO

Concesión

Concesión forestal, es la facultad que el Estado otorga a personas guatemaltecas, individuales o jurídicas para que por su cuenta y riesgo realicen aprovechamientos forestales en bosques de propiedad estatal, con los derechos y obligaciones acordados en su otorgamiento, de conformidad con la ley.

Se puede otorgar concesión para el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, entre éstos madera, semillas, resinas, gomas y otros productos no maderables, si se trata de bosques ubicados en terrenos nacionales, municipales, comunales o de entidades autónomas o descentralizadas. Existen dos categorías de concesión, la primera de áreas con bosque, y la segunda de áreas desprovistas de bosque.

Áreas con bosque

Esta concesión se puede otorgar a personas guatemaltecas, individuales o jurídicas, persiguiendo un manejo sostenible del bosque, contando con un Plan de Manejo del Área.

Áreas desprovistas de bosque

Esta concesión es sobre tierras de vocación forestal pero sin bosque, a otorgarse a personas guatemaltecas, individuales o jurídicas, persiguiendo que éstas áreas sean reforestadas ya sea artificial o naturalmente.

Tierras del estado

Las concesiones en tierras del Estado cubiertas o desprovistas de bosque, se realiza mediante oferta pública, de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado.

Licencias

Licencia, es la facultad que el Estado otorga a personas individuales o jurídicas, para que por su cuenta y riesgo realicen aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, incluyendo la madera, semillas, resinas, gomas y otros productos no maderables, en terrenos de propiedad privada, cubiertos de bosques.

En caso de que el inmueble que contiene el bosque cubierto por la licencia sea transferido a otro propietario, la licencia de aprovechamiento forestal será transferida al nuevo titular, quien adquiere los derechos y las obligaciones de la licencia. Se otorga licencia para el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, incluyendo la madera, semillas, resinas, gomas y otros productos no maderables, si se trata de bosques ubicados en terrenos de propiedad privada.

Quien las otorga

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El órgano competente para el otorgamiento de las licencias es el INAB cuando los volúmenes autorizados en la licencia para la tala sena mayores de 10 metros cúbicos, y si son menores, la licencia la otorga la municipalidad jurisdiccional si la tala es dentro de sus perímetros urbanos.

Áreas protegidas

Las concesiones y licencias de aprovechamiento de recursos forestales, dentro de las áreas protegidas, se otorgan únicamente por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas por medio de contratos.

Las municipalidades

Las comisiones de medio ambiente de las Municipalidades con delegación específica del Alcalde, son las encargadas de apoyar al INAB, en la aplicación de la Ley Forestal y su reglamento, pero no son instancias de decisión, salvo disposición expresa.

Funciones de las Municipalidades en cuestiones de la ley forestal

1. Apoyar el INAB en el cumplimiento de sus funciones.

2. Formular y realizar programas educativos forestales en su municipio.

3. Ser voceros de políticas, y programas del INAB destinados para su municipio.

Cesión a las Municipalidades

El INAB tiene la potestad de ceder los derechos que le corresponden, a entidades del Estado o municipalidades, u otorgar concesión hasta por un período de hasta 50 años a organizaciones comunitarias, cooperativas y/o instituciones privadas afines, u otorgar concesión hasta por un período de hasta 50 años sobre áreas que son parte de su patrimonio, pero que no tienen vocación forestal y no son esenciales para el cumplimiento de su función.

Prohibiciones

Los concesionarios de áreas forestales no pueden titular supletoriamente, usurpar o cualquier otro medio o procedimiento, con el que se pretenda la adquisición de dichas áreas en propiedad.

Intervención del INAB en el proceso de adjudicación de la tierra

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FONTIERRAS, antes de adjudicar tierras, para uso agrícola, debe contar con dictamen del INAB en el que conste que el área a adjudicar no es de vocación forestal.

Esto se amplía más allá de FONTIERRAS, debido a que habla en general de que en cualquier tipo de adjudicación en uso o arrendamiento de tierras del Estado para cualquier destino que no sea forestal, debe contarse con este dictamen, ya que esto implica incumplimiento de deberes.

Reservas territoriales con vocación forestal

Estas tierras administradas por OCRET, solo pueden destinarse al establecimiento de áreas protegidas del SIGAP, y a la plantación y manejo de bosques.

VIGILANCIA Y CONTROLEl control lo ejercen las municipalidades para evitar que los aprovechamientos de productos forestales en su municipio, sean ilegales, siempre con apoyo del INAB, y para el efecto el INAB les remite copia de las licencias y los respectivos planes de manejo.

4.- TIERRAS NACIONALES

Las tierras de la nación no pueden titularse supletoriamente.

Las Reservas Territoriales, se pueden dar en arrendamiento por la entidad correspondiente, como más adelante se muestra dentro del resumen legal.

Dentro de las Tierras del Estado, de conformidad con la Ley del Fondo de Tierras, se pueden realizar adjudicación de las mismas, a campesinos.

ANALISIS DE LAS PRINCIPALES LEYES GENERALES VINCULADAS A LA ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS

4.1.- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

Reservas territoriales

No entran como reservas, los inmuebles situados en zonas urbanas y los bienes sobre los que existen derechos inscritos en el Registro de la Propiedad, con anterioridad al primero de marzo de 1956.

4.2.- REGLAMENTO INTERNO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Entre las funciones sustantivas que le corresponden al Ministerio, se encuentran dentro del tema que nos ocupa, las de:

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Definir la política de ordenamiento territorial y de utilización de las tierras nacionales y de reservas de la Nación, y promover la administración descentralizada en la ejecución de esta política. Deberá velar por la instauración y aplicación eficaz de un sistema de normas jurídicas que definen con claridad los derechos y responsabilidades vinculadas a la posesión, uso, usufructo y, en general, la utilización de dichos bienes, mientras permanezcan bajo el dominio del Estado.

Como una dependencia del Ministerio de Agricultura se encuentra OCRET, que es la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, encargada de la ejecución y aplicación de las disposiciones legales que regulan las áreas de reserva territorial a que se refiere el artículo 122 de la Constitución y el Decreto 126-97 del Congreso, Ley Reguladora de las Áreas de Reservas Territoriales del Estado de Guatemala.

También se encuentra el Fondo Nacional de Tierras FONTIERRA, creado mediante el acuerdo gubernativo 392-97 de fecha 14 de mayo de 1997, que tiene como objeto promover el acceso de los campesinos a la tenencia y uso de la tierra, con base en los principios y lineamientos del Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria.

4.3.- LEY REGULADORA AREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO DE GUATEMALA

Áreas de reserva territorial del Estado de Guatemala, son las áreas contenidas en la faja terrestre de tres kilómetros de lo largo de los océanos, contados a partir de la línea superior de las mareas; de doscientos metros alrededor de las orillas de los lagos, de cien metros a cada lado de las riberas de los ríos navegables; de cincuenta metros alrededor de las fuentes y manantiales donde las aguas surtan a las poblaciones.

No titulación

Los inmuebles situados dentro de las áreas de reserva territorial del Estado de Guatemala, no pueden titularse supletoriamente, ni otorgarse en usufructo a particulares, ni en adscripción, salvo documentación legalmente constituida, estas prohibiciones no afectan posiblemente derechos adquiridos con anterioridad a la vigencia de esta ley.

Arrendamiento

El Estado tiene la potestad de dar en arrendamiento inmuebles ubicados dentro de las áreas de reserva territorial del Estado a personas naturales o jurídicas, para el caso de las últimas que se encuentren legalmente constituidas en Guatemala.

Estos arrendamientos se pueden otorgar con los límites de dimensiones establecidos dentro del artículo 6 de la Ley reguladora de la áreas de Reservas Territoriales del Estado OCRET, que es la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, previamente a conceder el arrendamiento de un inmueble dentro de las áreas de reserva territoriales del Estado, y durante la vigencia del contrato correspondiente, debe pedir opinión y realizar las investigaciones con las instituciones como el Ministerio de Ambiente, el Consejo Nacional

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de Áreas Protegidas, El Instituto Nacional de Bosques INAB, el Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT y las Municipalidades, ya que de conformidad con el artículo 3 de la Ley tienen que tener un amplio trabajo de coordinación interinstitucional, para poder resolver en cuanto a sus atribuciones y competencias específicas, ya que en cuestión de arrendamiento en reservas territoriales únicamente OCRET, es la oficina competente.

Áreas protegidas

La administración de las áreas protegidas que se encuentran enclavadas dentro de las áreas de reservas territoriales del Estado, le corresponde al ente rector de las mismas, creado por las leyes especiales que rigen la materia.

Las áreas territoriales del estado no se consideran tierras incultas u ociosas.

Dentro de esta ley, se encuentran una serie de supuestos jurídicos para establecer prohibiciones para poder dar en arrendamiento dentro de las áreas de reservas territoriales.En dicha ley se fija como plazo máximo para los contratos de arrendamiento el plazo de treinta años que pueden ser prorrogables.

Del monto de la renta el 60% se destina a gastos de funcionamiento de OCRET, y el 40% restante para las mejoras de las áreas de reservas territoriales del Estado, pero si proviene de las áreas protegidas, cualquiera que sea su categoría de manejo, el 40 % es destinado para el manejo y conservación de éstas áreas protegidas, por parte de la entidad encargada de su administración.

Los contratos de arrendamiento se pueden rescindir por incumplimiento de las obligaciones del arrendatario o falta de pago de 6 meses, y si pese al requerimiento hecho por OCRET, continúe la falta de pago, se requiera la desocupación del inmueble y en caso de negativa se remite el mismo a la PGN, para que inicie las diligencias respectivas.

Se establece como límite que una persona solo pueda arrendar en un área de reserva territorial, ya sea ésta marítima, lacustre o de los ríos navegables.

Este derecho de arrendamiento puede adquirirse por herencia, y acreditando tal calidad con el auto de declaratoria de herederos, y para el efecto debe encontrarse vigente el contrato de arrendamiento y el pago de la renta debe estar al día.

En caso que se pretenda prorrogar el contrato, se tiene que solicitar a OCRET, antes de los 6 meses del vencimiento del plazo.

4.4.- CÓDIGO MUNICIPAL

De conformidad con el artículo 106 del Código Municipal, los bienes y valores que constituyen la hacienda municipal, son propiedad exclusiva del municipio y gozan de las mismas garantías y privilegios que los bienes y valores propiedad del Estado.

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En consonancia con esto la municipalidad tiene la administración de sus bienes y valores.

En lo que respecta a los bienes del municipio, de conformidad con el artículo 108 se establece que en cuanto a la venta, permuta y arrendamiento de los bienes del municipio, estos se rigen por la Ley de Contrataciones del Estado y demás, entendiéndose que en cuanto a se refiere al Ministerio de Finanzas Públicas en cuanto a dicha Ley, se refiere a Concejo Municipal.

En caso de que exista una resolución que disponga la venta, permuta o arrendamiento inscribible, o apruebe el remate de bienes del municipio, esta es dictada con el voto favorable de las 2/3 partes del total de miembros del Concejo Municipal.

Tierras comunitarias

El Gobierno municipal puede establecer, previa consulta con las autoridades comunitarias, los mecanismos que garanticen a los miembros de las comunidades el uso, conservación y administración de tierras comunitarias cuya administración se haya encomendado tradicionalmente al gobierno municipal.

Los planes de ordenamiento territorial y de desarrollo integral del municipio deben respetar, los lugares sagrados o de significación histórica o cultural, entre los cuales están los monumentos, áreas, plazas, edificios de valor histórico y cultural de las poblaciones, así como sus áreas de influencia.

4.5.- LEY DEL FONDO DE TIERRAS

Bienes inmuebles necesarios para el cumplimiento de los fines de FONTIERRAS.

a. Las fincas rústicas con vocación agropecuaria, forestal e hidrobiológica inscritas en el Registro de la Propiedad a favor del Estado, que no estén destinadas a proyectos comprobados de educación, investigación servicio u otros fines de beneficio social, exceptuándose las áreas declaradas como áreas protegidas y las de reserva nacional.

b. Las fincas que se recuperen después del proceso de regularización de expedientes y tenencia de las tierras que fueron entregadas por el Estado, en cualquier parte del territorio nacional, en aplicación de los decretos 1551, 60-70 y 38-71 del Congreso de la República, y que se inscriban en el Registro de la Propiedad a favor del Estado.

c. Las tierras que se adquieran con financiamiento de carácter internacional y donativos destinados a los proyectos del Fondo de Tierras. Se incluyen aquellas que FONTIERRAS adquiera con donaciones que se hagan expresamente para favorecer a grupos específicos de beneficiarios a quienes se les aplique esta ley.

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d. Las tierras rurales que durante el proceso catastral debidamente finalizado y que no estén inscritas a favor de particulares, en el Registro de la Propiedad, serán inscritas a favor del Estado, para que el mismo las traslade a FONTIERRAS.

e. Las tierras adquiridas por el Estado de conformidad con artículo 40 de la Constitución y que sean trasladadas a FONTIERRAS.

f. Las tierras que adquiera el Estado a través de FONTIERRAS, por cualquier título destinado a los proyectos de este último.

g. Los bienes muebles o inmuebles que por herencia, legado o donación u otro título legal le sean transferido.

h. Pasarán a disposición de FONTIERRAS las tierras con vocación agropecuaria, forestal o hidrobiológica que se incorporen bajo cualquier título al patrimonio del Estado y que le sean adscritos, salvo que su adquisición sea destinada a cualquiera de las excepciones previstas en la literal a).

Beneficiarios de FONTIERRAS

Se establecen como beneficiarios de FONTIERRAS, los campesinos y campesinas guatemaltecos, individualmente considerados u organizados para el acceso a la tierra y la producción agropecuaria, forestal e hidrobiológica.

Con excepción de los casos en que la familia beneficiaria tenga padre o madre soltero o soltera, los títulos son emitidos a favor de los cónyuges o convivientes, jefes de la familia beneficiaria.

No pueden ser elegidos como beneficiarios de FONTIERRAS, aquellas personas que hayan sido sujeto de adjudicación de tierras para la producción agropecuaria, forestal e hidrobiológica por parte del Estado.

Criterios de elegibilidad

1. En forma individual

a. Campesinos y Campesinas sin tierras: Personas que se dedican en forma permanente a labores agropecuarias, forestal e hidrobiológica, y que, de acuerdo al Registro General de la Propiedad y los registros de los programas de acceso a la tierra, no poseen inmuebles rústicos, cuya carencia deberán expresar en declaración jurada ante funcionario o autoridad competente.

b. Campesinos y campesinas con tierra insuficiente: Personas que se dedican en forma permanente a labores agropecuarias, forestal e hidrobiológica, y que, no obstante ser propietarios de tierra, la extensión que

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poseen es igual o inferior a una hectárea y la calidad del suelo no permite generar ingresos suficientes para la satisfacción de sus necesidades básicas.

c. Campesinos y campesinas en situación de pobreza: Personas que se dedican en forma permanente a labores agropecuarias, cuyos ingresos familiares mensuales no superen el equivalente a cuatro salarios mínimos mensuales en el sector agrícola.

2. En forma organizada

Los campesinos que se deseen organizar, contarán con asesoría jurídica para su constitución y personalidad jurídica, ya sea como asociaciones civiles, cooperativas, formas de organización propias de las comunidades indígenas y campesinas.

Forma de garantía

La forma como FONTIERRAS se garantiza para que sus beneficiarios, por créditos para compras de tierras, es a través de hipoteca o reserva de dominio, y para la adquisición de otros bienes o servicios con garantía fiduciaria o prendaria o reserva de dominio sobre los mismos.

Fontierra y lugares ceremoniales indígenas

De conformidad con el artículo 39, en las fincas adquiridas a través del mecanismo del Fondo de Tierras, cuando se determine y reconozca, por las comunidades indígenas aledañas, la existencia de lugares tradicionales para uso ceremonial, la fracción de tierra donde se ubique el lugar ceremonial, será desmembrada de la finca matriz. En el procedimiento se procurarán las servidumbres de paso que sean necesarias y se inscribirá el área desmembrada y sus servidumbres a favor del Estado en el Registro de la Propiedad correspondiente. El costo del área desmembrada será absorbido por el Fondo de Tierras y abonado al préstamo.

Regularización

De conformidad con el artículo 42 de la Ley, la regularización es el proceso de análisis, revisión y actualización de los expedientes en los que consta la adjudicación y tenencia de tierras entregadas o en proceso de entrega por parte del Estado.

Con la regularización se pretende que las tierras adjudicadas se regularicen en un plazo de no más de 10 años, a partir de la vigencia de esa ley. Con este proceso se pretende que los beneficiarios de los programas puedan disponer en propiedad de las tierras que adquirieron de conformidad con los decretos 1551, 60-70 y 38-71 del Congreso de la República, y en su caso FONTIERRAS pueda disponer de las tierras enunciadas en la literal b) del artículo 8, es decir:

“b)Las fincas que se recuperen después del proceso de regularización de expedientes y tenencia de las tierras que fueron entregadas por el Estado, en cualquier parte del territorio

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nacional, en aplicación de los decretos 1551, 60-70 y 38-71 del Congreso de la República, y que se inscriban en el Registro de la Propiedad a favor del Estado.”

Si en caso se verificó que las tierras fueron adjudicadas de una manera irregular, FONTIERRAS debe promover su restitución al Estado, ahora bien regularizará la situación de los expedientes y de la tenencia de tierra ya entregada desde 1962 hasta la fecha.

Si quedaban solicitudes pendientes de resolución por parte del INTA, debe seguir con el trámite respectivo, y emitir los títulos que se encuentran pendientes de entregar a sus beneficiarios; y cobrar los adeudos pendientes a los beneficiarios.

Áreas protegidas y reservas territoriales

De conformidad con el artículo 45, esta ley no rige para las siguientes tierras:

1.- En posesión privada de cualquier naturaleza

2.- De las comunidades indígenas

3.- Áreas protegidas

4.- Las reservas territoriales

Las áreas protegidas están sujetas a su propio régimen y en no puede tenerse disponibilidad en zonas núcleo y sus zonas de uso múltiple designadas por la Ley de Áreas Protegidas.

Población desarraigada

Durante un período de 10 años se dará prioridad, luego de cumplidos los requisitos básicos de elegibilidad, a los grupos sociales comprendidos en el Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado con especial énfasis en las familias encabezadas por madres solteras y viudas.

4.6.- REGLAMENTO DE LA LEY DEL FONDO DE TIERRAS

Se tiene como una función de FONTIERRAS, la determinación de la existencia de predios y fincas rústicas, con vocación agropecuaria, forestal e hidrobiológica inscritas en el Registro de la Propiedad a favor del Estado que no estén destinadas a proyectos comprobados de educación, investigación, servicio u otros fines o beneficio social.

Una vez catastradas o ubicadas y obtenida la documentación respectiva e inventariada, la Gerencia General de Fontierras gestiona la adjudicación a los solicitantes que llenen los requisitos establecidos.

Las fincas recuperada luego de finiquitado el proceso de regularización, así como las fincas que se inscriban a nombre de la Nación y las que resulten del proceso catastral, pasan a disponibilidad de FONTIERRAS.

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Formas de acceso a la tierra

Las formas establecidas de conformidad con el reglamento de la Ley del Fondo de Tierras, a través de FONTIERRAS, son:

a. Adjudicación:

Las tierras del Estado que pasen a disponibilidad del Fondo de Tierras, así como las disponibles como producto del proceso de regularización, son adjudicadas a los beneficiarios con fundamento en los Decretos 25-99 y 1551 del Congreso de la República. Para el efecto el Fondo de Tierras entrega al beneficiario el testimonio de la Escritura Pública, debidamente razonado por el Registro de la Propiedad.

b. Otorgamiento de créditos para compra de tierras

c. Otorgamiento de créditos para arrendamiento de tierras con o sin opción de compra

Proyectos productivos integrales

FONTIERRAS, brinda apoyo y gestión productiva a los beneficiarios a través de Proyectos Productivos Integrales, siendo éste el instrumento que posibilita a los beneficiarios determinar y proyectar, a partir de las características de la tierra, de los recursos naturales y del mercado, las actividades y procesos que permitan el éxito financiero y el mejoramiento de sus condiciones de vida en forma sostenible. FONTIERRAS, da acompañamiento durante la ejecución de dichos proyectos.

Legalización de tierras

Luego del proceso de regularización, la Gerencia General de FONTIERRAS, tiene la facultad de legalizar y normalizar la tenencia de las tierras entregadas por el estado y también de determinar los casos en que la tierra fue entregada en contravención de los mismos.

La legalización procede en los siguientes casos:

a. Aquellos en que las personas individuales o jurídicas iniciaron el trámite de adjudicación de un fondo propiedad de la Nación, llenan los requisitos necesarios para ser elegibles como beneficiarios, y no se les ha resuelto en definitiva.

b. Aquellos en que las personas solicitantes individuales o jurídicas reúnen los requisitos para ser elegibles, iniciaron el trámite para la adjudicación de un terreno considerado jurídicamente como baldío o exceso pero no se les ha resuelto en definitiva.

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c. Aquellos en que las personas solicitantes individuales o jurídicas, reúnen los requisitos correspondientes, iniciaron el trámite para la adjudicación de un fundo, que previo a la emisión del decreto 24-99 del Congreso haya sido declarado en abandono.

d. Aquellos en los que por fallecimiento del beneficiario titular se haya o no solicitado antes de la Vigencia de la Ley, la sucesión hereditaria.

e. Aquellos en los que las personas solicitantes individuales o jurídicas llenan los requisitos para ser beneficiarios iniciaron el trámite de legalización de la compra de mejoras.

f. Aquellos casos en que haya disputa de derechos, por adjudicaciones irregulares hechas por el INTA u otras instituciones facultadas.

g. Aquellos casos en que, con o sin intervención del INTA u otras instituciones facultadas, se haya consumado el desapoderamiento de una adjudicación.

h. Otros casos análogos no contemplados en el reglamento.

Recuperación de tierras

Para los efectos de lograr la recuperación de tierras, el Fondo realiza los estudios pertinentes, para:

a. Determinar si los posesionarios o personas a nombre de quien están registradas actualmente las tierras, llenas los requisitos para ser beneficiarios, de conformidad con los decretos antes indicados.

b. Establecer si en el proceso de adjudicación de tierras se cumplió con el procedimiento establecido por los Decretos indicados.

c. Determinar y realizar las acciones técnicas y jurídicas para recuperar las tierras irregularmente adjudicadas. En este caso el Estado debe pagar las mejoras efectuadas.

4.7.- REGLAMENTO DE REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LAS TIERRAS ENTREGADAS POR EL ESTADO

Con los expedientes provenientes del INTA, de la Comisión de Tierras de Petén y del Fondo Nacional de Tierras, se elabora un inventario y FONTIERRAS, ubica los expedientes para su respectiva consulta.

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Legalización de tierras

El fondo de tierras procede a la legalización de la tenencia de la tierra en los siguientes casos:

a. Iniciado el trámite de adjudicación de un inmueble propiedad de la Nación, que no se haya resuelto en definitiva, si de su revisión y análisis se comprueba que el expediente únicamente está pendiente de la resolución de adjudicación definitiva, el Gerente General del Fondo de Tierras la emite, para proceder a otorgar la escritura traslativa de dominio, para su inscripción en el Registro de la Propiedad, a favor del o los adjudicatarios.

b. Iniciado el trámite para la adjudicación de un terreno considerado jurídicamente como baldío o exceso, y no se ha resuelto en definitiva, si se ha concluido el trámite señalado en el Decreto 1551, el Gerente General del FONTIERRAS, formalizar la adjudicación de acuerdo al procedimiento ya establecido en la Ley de Transformación Agraria, el Gerente General del Fondo de Tierras procede a formalizar la adjudicación de acuerdo al procedimiento ya establecido en dicha ley, emitiendo la resolución respectiva.

c. Si previo a la emisión del Decreto 24-99 se hubiere iniciado trámite de adjudicación de un inmueble declarado en abandono, la resolución de declaratoria es certificada por el Gerente General del Fondo de Tierras, con el duplicado correspondiente, para efectuar la anotación respectiva en el Registro de la Propiedad e inscribirlo nuevamente a nombre de la nación, quedando en disponibilidad para su adjudicación. Efectuada la inscripción a nombre de la Nación, la unidad técnica que corresponda, califica las calidades del o los solicitantes y el Gerente del Fondo de Tierras emite la resolución que corresponda.

d. Si previo a la emisión del Decreto 24-99, se hubiere iniciado trámite o se adjudicó en definitiva un inmueble declarado en abandono, y se invoca por parte del anterior adjudicatario que el abandono fue involuntario y producido por el enfrentamiento armado interno, el Fondo de Tierras realiza los estudios técnicos y legales correspondientes, para: 1.Establecer si el o los solicitantes o posesionarios de la adjudicación llenan las calidades para ser beneficiarios2.Establecer si los primeros adjudicatarios califican en la definición de población desarraigada, de acuerdo a las definiciones contenidas en el Decreto 67-2000 del Congreso, Ley Temporal Especial de Documentación Personal.Establecidos los extremos anteriores, el Gerente General del Fondo de Tierras corre las audiencias que correspondan previo a emitir la resolución respectiva.

e. Cuando ocurriere el fallecimiento del beneficiario titular, se encuentre o no solicitada la sucesión hereditaria antes de la vigencia del Decreto 24-99 .

f. Cuando se trate de compraventa de mejoras en los inmuebles y se ha iniciado trámite de legalización .

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g. Cuando exista disputa de derechos y el Fondo de Tierras compruebe plenamente que en la adjudicación se violaron flagrantemente las leyes agrarias ya indicadas y que aún estén bajo la tutela del Estado o pendientes de liberación de la misma.

h. Cuando con o sin intervención del INTA, se haya consumado el desapoderamiento de una adjudicación.

i. Cuando se trate de tierras dadas en arrendamiento por el INTA y cuya adjudicación definitiva es solicitada por el poseedor .

j. Cuando se haya declarado de conformidad con la ley respectiva, la ausencia y/o muerte presunta del adjudicatario, los beneficiarios deberán acreditar ante el Fondo de Tierras tal situación, con la documentación correspondiente.

k. Cuando la adjudicación esté siendo cuestionada ante el Fondode Tierras o judicialmente y se argumente que la misma se efectuó a quien no compró los derechos o mejoras.

Tierras en posesión sin título

Cuando se encuentre en trámite el expediente de solicitud y calidades de una o más personas que estén en posesión de un inmueble inscrito a nombre de la Nación y que aún no les ha sido adjudicado, estos deben acreditar ante el Fondo de Tierras además de las calidades señaladas en la ley, la posesión pacífica, pública, de buena fe, continua y a título de dueño. El Fondo de Tierras, ratificará lo anterior a través de un estudio real y físico, estudio socioeconómico y el censo que se practique dependiendo del número de posesionarios.

Adjudicación de tierras del estado derivadas del proceso de regularización

Primeramente con las solicitudes de adjudicación, se realizan estudios técnicos y de campo con el objeto de determinar si el inmueble objeto de solicitud se encuentra ocupado o se encuentra pendiente de adjudicación. Seguidamente, si el resultado determina la procedencia de la solicitud, se requieren calidades al solicitante, como certificado que determine su estado civil, o la defunción, partidas de nacimiento tanto del solicitante, hijos y cónyuge o conviviente si los hubiere, carencia de bienes, fotocopia de cédula, y constancia de residencia. FONTIERRAS, evalúa el expediente, y la unidad técnica correspondiente emite un informe que contiene los resultados de la evaluación recomendando la procedencia o no de la solicitud. Dicho expediente, ya con el informe se eleva al Consejo Directivo del Fondo de Tierras, quienes resuelven. De lo resuelto el Gerente General notifica. Resolución favorable---faccionamiento de escritura con pacto de reserva de dominio a favor de FONTIERRAS a favor de los cónyuges o convivientes, salvo padres o madres solteros (pagado 10% mínimo)Registro de la escritura correspondiente.Una vez pagado todo el saldo pendiente alINTA, Comisión de Tierras de Petén y FONATIERRA, el Gerente General del Fondo de Tierras, extiende la Carta de

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Pago, misma que se registra.Una vez pagado totalmente el terreno, y han trascurrido como mínimo 10 años de la fecha de la primera adjudicación, FONTIERRA puede resolver liberar de la tutela del patrimonio familiar el inmueble.

5.- PATRIMONIO CULTURAL

5.1.- LEY PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN

Patrimonio cultural

El patrimonio cultural de la Nación se encuentra integrado por los bienes e instituciones que por virtud de la ley o por declaratoria de autoridad lo integren, y se encuentra constituido por bienes muebles o inmuebles, públicos y privados, relativos a la paleontología, arqueología, historia, antropología, arte, ciencia y tecnología, y la cultura en general, incluido el patrimonio intangible, todos éstos con el objeto de fortalecer la identidad nacional.

Clasificación de bienes patrimonio cultural de la nación

Para efectos del presente estudio legal, nos circunscribimos a lo relativo a los bienes inmuebles.

Patrimonio cultural tangible

Bienes culturales inmuebles

1. La arquitectura y sus elementos, incluida la decoración aplicada.2. Los grupos de elementos y conjuntos arquitectónicos y de arquitectura

vernácula.3. Los centros y conjuntos históricos, incluyendo las áreas que le sirven de

entorno y su paisaje natural.4. La traza urbana de las ciudades y poblados.5. Los sitios paleontológicos y arqueológicos6. Los sitios históricos7. Las áreas o conjuntos singulares, obra del ser humano o combinaciones de

éstas con paisaje natural, reconocidos o identificados por su carácter o paisaje

8. Las inscripciones y las representaciones prehistóricas y prehispánicas.

Propiedad de los bienes culturales

Estos pueden ser de propiedad pública o privada. Los bienes culturales, propiedad de la nación son imprescriptibles e inalienables.

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Declaratoria

El Instituto de Antropología e Historia de Guatemala, es el encargado de emitir dictamen sobre la procedencia de la declaratoria como patrimonio cultural de un bien ya sea éste de propiedad pública o privada. La declaratoria se emite a través de un Acuerdo Ministerial, mismo que se publicaen el Diario Oficial.

Efectos de la declaratoria como patrimonio cultural

1. Inscripción en el registro de Bienes Culturales.

2. Obligación del propietario, poseedor, tenedor o arrendatario de protegerlo y conservarlo.

3. Comunicación de éste de la pérdida o daño.

4. Obligación de permitir el examen, estudio o supervisión por parte del Instituto de Antropología e Historia de Guatemala.

5. Prohibición de publicidad o señas que lo deterioren

Control y protección

El control y protección sobre los bienes ya sean de propiedad pública o privada, es ejercido por el Estado. Las municipalidades tienen la función de velar por la aplicación de la Ley de protección del Patrimonio cultural de la nación, respecto a los bienes culturales muebles, inmuebles e intangibles en sus respectivas jurisdicciones.

Ante la existencia de un Registro de Bienes culturales, todo traslado de dominio, debe ser notificado a dicho registro. La protección de los bienes culturales inmuebles comprende también su entorno ambiental. El ente encargado para la delimitación del área de influencia y los niveles de protección, es la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural. Para poder otorgar licencias de obras ya sea de construcción reparación, remodelación, etcétera, las municipalidades deben contar con dictamen favorable del Instituto de Antropología e Historia.

Finalidad de los bienes culturales

Un bien cultural inmueble únicamente puede cambiar de uso o finalidad con la autorización del Registro de Bienes culturales.

Los bienes inmuebles que integran el patrimonio cultural propiedad del Estado, pueden ser dados en arrendamiento, comodato, usufructo o concesión por medio de autorización del Ministerio de Cultura y Deportes.

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6.- TIERRAS INDÍGENAS

6.1.- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

Tierras indígenas

De conformidad con el artículo 67 de dicha carta magna, el Estado protege las tierras de las cooperativas, comunidades indígenas o cualquier otra forma de tenencia comunal o colectiva de tierras, así como el patrimonio familiar y vivienda popular.

A este respecto se establece que en el caso de comunidades indígenas y otras que tengan tierras que históricamente les pertenecen y que han administrado, mantendrán este sistema.

Para este efecto la Constitución Política en su artículo 70, remite esta regulación de las comunidades indígenas a una legislación que lo regulará, pero dicha legislación no se ha promulgado hasta la presente fecha, tomando en cuenta que la constitución es la del ochenta y cinco, y que no es la primera Constitución en la que se enuncia la necesidad de esta regulación legal.

6.2.- CONVENIO 169, SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAISES INDEPENDIENTES

En este convenio, se sientan las bases para la regulación jurídica relativa a la propiedad y posesión de las tierras por parte de los pueblos indígenas, que más o menos viene concatenado con lo ya enunciado de la Constitución Política, pero este es un compromiso adquirido por Guatemala, en donde se sienta entre uno de sus puntos lo relativo al derecho de la tierra indicando entre lo más relevante lo siguiente:

Derecho de tierra

Se hace necesario el reconocimiento a los pueblos del derecho de propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan.

También es necesaria la institución dentro del ordenamiento jurídico nacional de procedimientos de reivindicación de tierras formuladas por los pueblos interesados.

El derecho comprende utilización, administración y conservación de los recursos naturales.Es importante el respecto a las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra entre los miembros de los pueblos interesados, establecidas por dichos pueblos.

Los programas agrarios nacionales deben garantizar:

1. La asignación de tierras nacionales a dichos pueblos cuando las tierras de que dispongan sean insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia normal.

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2. Y el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que dichos pueblos ya poseen.

6.3.-ACUERDOS DE PAZ

Acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas

Según el Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, los derechos relativos a la tierra de los pueblos indígenas incluyen tanto la tenencia comuna o colectiva, como la individual, los derechos de propiedad, de posesión y otros derechos reales, así como el aprovechamiento de los recursos naturales en beneficio de las comunidades, sin perjuicio de su hábitat, por lo que plantea la necesidad de desarrollar medidas legislativas y administrativas para el reconocimiento, titulación, protección, reivindicación, restitución y compensación de estos derechos. Por lo que se adquirieron los siguientes compromisos:

1.- Regularización de la tenencia de la tierra de las comunidades indígenas:

Debe realizarse un inventario dentro de cada municipio de la situación de la tenencia de la tierra, para poder regularizar la situación jurídica de la posesión comunal de tierras por las comunidades que carecen de títulos de propiedad, incluyendo la titulación de las tierras municipales o nacionales con tradición comunal.

2. Restitución de tierras comunales y compensación de derechos:

Instituir procedimientos para solucionar las reivindicaciones de tierras comunales formuladas por las comunidades, y restituir o compensar dichas tierras, en especial:

a. Suspender las titulaciones supletorias para propiedades sobre las cuales hay reclamos de derechos por las comunidades indígenas.

b. Suspender los plazos de prescripción para cualquier acción de despojo a las comunidades indígenas.

c. En caso ya venció el plazo de prescripción establecer procedimientos para compensar a las comunidades despojadas con tierras que se adquieran para el efecto.

Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria

Con la creación del Fondo de Tierras, se establecerá un mercado transparente y facilitará el desarrollo de planes de reordenamiento territorial. La política de adjudicación del fondo priorizará la adjudicación de tierras a campesinos y campesinas que se organicen para el efecto, teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad económica y ambiental.-

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Como se puede observar, se han fijado las bases para un ordenamiento legal relativo a las Tierras Indígenas, o de las Comunidades indígenas, no sólo desde los Acuerdos de Paz, ya que esto viene desde mucho antes, con los Acuerdos de Paz, se retoma el tema, pero aún así no existe ningún tipo de norma que diga algo relativo a estas tierras, y por ende no hay regulación legal específica aplicable al tema.

7.- TIERRAS COMUNALES O COMUNITARIAS

En este caso, como la titularidad sobre el mismo derecho de propiedad o de posesión de la tierra corresponde a varias personas, se presenta un caso parecido al de copropiedad, pero se diferencian en que, la copropiedad es una suma de varios propietarios del mismo bien, y en la comunidad la suma de individuos da origen al surgimiento de un ente que debería tener personalidad jurídica propia o, aún careciendo de ella, se distingue de los miembros que lo conforman.

En la primera la cosa pertenece a los condóminos por partes ideales o cuotas, de las que cada uno puede disponer.

En la segunda, la cosa pertenece a la colectividad sin división de cuotas, y por consiguiente, sin que los condóminos puedan disponer de éstas, por lo que no procede la acción de división ni la facultad individual de disposición.

Pero, lo que más distingue a la comunidad de cualquiera de las otras formas de propiedad colectiva, se encuentra justamente en el elemento posesión, uso, goce o disfrute que conforma el derecho de propiedad, en el sentido de que la institución que conocemos como comunidad se caracteriza porque la explotación o el uso del inmueble se hace en común, entre todos los miembros de la comunidad. No se trata de un derecho que se fracciona entre los componentes, sino de un derecho que permanece uno solo entre todos ellos.

La posesión es una situación más que todo de hecho, aunque obviamente está llamada a generar consecuencias de Derecho.

Se constituye por el hecho mismo de situarse físicamente en el lugar y utilizarlo conforme a su destino natural, de buena fe, en forma pública, a título de dueño.

Cuando esa posesión se ejerce por un conglomerado de campesinos sobre un inmueble rústico, tendríamos un caso de una posesión comunal de la tierra.

En lo que respecta a la propiedad comunal, pueden dividirse las formas que la misma presenta en la actualidad, en atención a si son o no constitutivas de personalidad jurídica independiente de sus integrantes. Así, tenemos:

a. Formas de propiedad comunal con personalidad jurídica reconocida:

1o.) Asociaciones civiles no lucrativas, dentro de las cuales quedan incluídas una serie de entidades a las que de por sí no correspondería personalidad

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jurídica pero que la han obtenido adoptando esta forma asociativa, como en los casos de las parcialidades y algunas comunidades agrarias.-

2o.) Sindicatos de trabajadores campesinos independientes o ligas campesinas.-

3o.) Cooperativas.-

4o.) Sociedades civiles, como entidades empresariales de carácter fundamentalmente lucrativo, para generar y repartir utilidades.-

5o.) Patronatos y Comités creados o autorizados por la autoridad correspondiente, para obras de recreo, utilidad o beneficio social.-

6o.) Empresas campesinas asociativas.-

b. Forma de propiedad comunal sin personalidad jurídica reconocida, pero a la cual sí le debería corresponder, en estricto sentido esa categoría: Comunidades indígenas.-

c. Formas de propiedad comunal a las cuales no les corresponde personalidad jurídica:

1o.) La copropiedad como forma especial del derecho de propiedad, institución civil caracterizada solamente por la pluralidad de sujetos como titulares del derecho dominical, entre los cuales pueden celebrarse pactos para la administración del bien común.-

2o.) El patrimonio agrario colectivo, dentro del régimen de transformación agraria.-

En principio, podría decirse que los derechos de propiedad o posesión comunal solamente pueden acreditarse mediante los atestados del Registro de la Propiedad.

De conformidad con el artículo 1124 del Código Civil, el Registro de la Propiedad es una institución pública que tiene por objeto la inscripción, anotación y cancelación de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles.

El artículo 1125 del mismo Código Civil dispone en lo pertinente, que en el Registro se inscribirán los títulos que acrediten el dominio de los inmuebles y de los derechos reales impuestos sobre los mismos, los títulos traslativos de dominio de los inmuebles y la posesión que conste en título supletorio legalmente expedido.

Y, el artículo 1179 del mismo Código establece que la liberación o gravamen de los bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, sólo podrán acreditarse con la certificación del Registro en que se haga constar el estado de dichos bienes.

A la luz de esos preceptos legales debería afirmarse que solamente pueden tenerse por existentes estos derechos de propiedad y de posesión, cuando los mismos constan en el

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Registro y que la única forma de acreditarlos ante cualquier funcionario o empleado público es con la presentación de la certificación expedida por el mismo Registro, en que aparezca el derecho que se pretende acreditar, sea éste de propiedad o de posesión, cuando esta última se encuentra debidamente registrada.

Sin embargo, estas afirmaciones primeras y fundamentales, deben matizarse, como se verá a continuación:

En cuanto a la posesión:

La posesión es más que todo una situación de hecho, aunque está destinada a producir consecuencias en el mundo del Derecho.-

Una de sus principales consecuencias es precisamente convertirse en un modo de adquirir la propiedad, mediante el procedimiento de usucapión.-

De esa cuenta, a los efectos del acreditamiento del derecho, podríamos decir que la posesión pasa por dos momentos claramente diferenciados:

1.) El primer momento se presenta cuando simplemente se ejerce la posesión, comunitaria en este caso, sobre un determinado inmueble, ejerciendo todas o algunas de las facultades inherentes al dominio, como lo establece el artículo 612 del Código Civil.-

Este primer estado de la posesión debe extenderse por al menos diez años, con concurrencia de los elementos de justo título traslativo, buena fé, publicidad y a título de dueño, que señalan los artículos 621, 622, 632 y 617 del mismo Código Civil.-

2.) Si concurren los elementos referidos en el numeral anterior, entonces los poseedores pueden solicitar su titulación supletoria a fin de ser inscrita en el Registro de la Propiedad, como lo dispone el artículo 633 del mismo Código.-

En tal caso, con esa base, se acude a un Juzgado de Primera Instancia a iniciar y promover el trámite de las diligencias de titulación supletoria, para que el Tribunal reconozca la existencia de la posesión con las características señaladas en el numeral anterior.

Ese reconocimiento judicial es título para inscribir la posesión en el Registro de la Propiedad, con base también en el artículo 1125 del mismo cuerpo legal, ya citado anteriormente.

La posesión registrada, una vez consumado el plazo de diez años desde la fecha de inscripción del título en el Registro de la Propiedad, se convierte en inscripción de dominio, como lo dispone el artículo 637 del mismo cuerpo de Leyes, perfeccionándose así la usucapión o prescripción adquisitiva.

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Como consecuencia de lo relacionado en los dos numerales anteriores, siendo que hay dos momentos distintos de la posesión, habrán también dos formas distintas de acreditarla.

En efecto, cuando se trata de una posesión inscrita en el Registro de la Propiedad, su existencia, sentido y alcance deberá acreditarse por medio de la certificación extendida por dicho Registro, con base en los ya citados artículos 1125 inciso 3o. y 1179 del Código Civil.

Pero cuando no se trata de una posesión inscrita, cuando se está en el primer momento de la posesión, la misma no podría acreditarse con certificación registral por lo que debe acudirse a procedimientos alternos, como podrían ser certificaciones extendidas por el Alcalde Municipal de la jurisdicción, siempre y cuando lo que se esté poseyendo sea un inmueble no reducido a propiedad privada, porque si este último caso concurre, es obvio que no podría existir posesión legítima.

En cuanto a la propiedad:

De conformidad con el citado artículo 1179 del mismo Código Civil, la única forma de acreditar la propiedad sobre los bienes inmuebles es por medio de la certificación extendida por el Registro.-

Sin embargo, en el tema que nos ocupa pueden presentarse alguna peculiaridades:

1.) En el caso de las asociaciones, sindicatos de trabajadores independientes, cooperativas, sociedades civiles, patronatos o comités, el inmueble deberá estar inscrito en el Registro de la Propiedad a nombre de la entidad, por lo que será ésta la que deberá acreditar su derecho con la correspondiente certificación.

De la misma manera, en el caso de puras copropiedades, el inmueble deberá estar inscrito en el Registro de la Propiedad a nombre de todos sus integrantes, por lo que aquí también se acreditará el derecho con la certificación respectiva.

2.) En el caso de las empresas campesinas asociativas, si las mismas ya terminaron de pagar el inmueble a FONTIERRAS, entonces se les extiende el título definitivo o un título provisional, que se inscribe en el Registro de la Propiedad.

En consecuencia, a mi entender, en estos casos el derecho debería tenerse por suficientemente acreditado con el o los títulos provisionales respectivos.

3.) En el caso de los patrimonios familiares agrarios colectivos, también se presenta la posibilidad de que el mismo cuente con título definitivo, en cuyo caso todos sus integrantes aparecerán inscritos como dueños en el Registro de la Propiedad, por lo que el derecho deberá acreditarse también con certificación de dicho Registro.

4.) En los dos casos mencionados de títulos solamente provisionales dentro del régimen de transformación agraria, además del título provisional deberá requerirse

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certificación de resolución del INTA en que se autorice realizar el trámite de que se trate, pues mientras no se emita el título definitivo realmente la traslación del dominio no se ha perfeccionado.

5.) También pueden darse casos de algunas comunidades indígenas, que aún no teniendo personalidad jurídica, según el ya citado artículo 15 del mismo Código Civil, pudieran sin embargo tener inscrito a su nombre algún inmueble. En estos casos, también deberán acreditar su derecho con certificación del Registro de la Propiedad.

6.) También podría presentarse el caso, con respecto a la propiedad comunal, de que no sea propiamente la colectividad la que plantee la solicitud, sino que lo sea uno de sus miembros.-

8.- MARCO INSTITUCIONAL EN RELACION AL AMBIENTE

Medio ambiente

De conformidad con la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, el Medio ambiente comprende los sistemas atmosféricos (aire); hídrico (agua); lítico (rocas y minerales), edáfico (suelos), biótico (animales y plantas), elementos audiovisuales y recursos naturales y culturales.

Consejo Nacional de Área Protegidas (CONAP)

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas, es una entidad con personalidad jurídica que depende directamente de la Presidencia de la República, cuya denominación abreviada es CONAP y es el órgano máximo de dirección y coordinación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, con jurisdicción en todo el territorio nacional, sus costas marítimas y su espacio aéreo.

El INGUAT, el Instituto de Antropología e Historia y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, mantienen una estrecha coordinación para lograr el desarrollo de las áreas protegidas y la conservación del paisaje y los recursos naturales y culturales con el desarrollo de la actividad turística.

De conformidad con el artículo 21 de la Ley de Áreas Protegidas, el control, la vigilancia y la protección de las áreas protegidas, tanto públicas como privadas, así como de los recursos de vida silvestre dentro y fuera de las áreas protegidas, está a cargo de los empleados del CONAP.

Entre las atribuciones del CONAP enunciadas en la Ley de Áreas Protegidas relacionadas con el tema de esta consultoría se encuentran:

a. Formular las políticas y estrategias de conservación, protección y mejoramiento del patrimonio natural de la Nación por medio del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas.

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b. Aprobar los reglamentos y las normas de funcionamiento del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas.

c. Aprobar la suscripción de concesiones de aprovechamiento y manejo de las áreas protegidas del SIGAP y velar porque se cumplan las normas contenidas en los reglamentos establecidos para tal efecto.

d. Mantener estrecha coordinación e intercomunicación entre las entidades integrantes del SIGAP, en especial, con la Comisión Nacional del Medio Ambiente.(Ministerio de Ambiente).

e. Servir de órgano asesor de la Presidencia de la República y de todas las entidades estatales en materia de conservación, protección y uso de los recursos naturales del país, en especial, dentro de las áreas protegidas.

f. Aquellas funciones que sean necesarias para el buen desarrollo y funcionamiento del SIGAP.

El CONAP tiene registros relacionados con la conservación, aprovechamiento y administración de los recursos de vida silvestre y áreas protegidas, incluyendo los siguientes:

a. Registro de áreas de conservación del SIGAP.

b. Registro de fauna silvestre de la Nación.

c. Registro de personas individuales o jurídicas que se dediquen a cualquiera de las actividades siguientes: Curtiembre de pieles, taxidermia, comercio de animales y plantas silvestres, cazadores profesionales, peletería de animales silvestres, investigación de flora y fauna silvestre.

d. Registro de fauna silvestre exótica.

e. Registro de áreas protegidas privadas.

Instituto nacional de bosque (INAB)

El Instituto Nacional de Bosques, INAB es una entidad de carácter estatal, autónoma, descentralizada, con personalidad jurídica, patrimonio propio e independencia administrativa, y es el órgano de dirección y autoridad competente del Sector Público Agrícola en Materia forestal.

Según la Ley Forestal, las municipalidades deben trabajar en una forma coordinada con el INAB a nivel de cada municipio, tanto en vigilancia como para evitar los aprovechamientos

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ilegales y ejerciendo el control de los aprovechamientos autorizados, y para este fin el INAB manda copias de las licencias y planes de manejo a las respectivas municipalidades.Son atribuciones del INAB:

a. Ejecutar las políticas forestales que cumplan con los objetivos de la Ley Forestal.

b. Promover y fomentar el desarrollo forestal del país mediante el manejo sostenible de los bosques, la reforestación, la industria y la artesanía forestal, basada en los recursos forestales y la protección y desarrollo de las cuencas hidrográficas.

c. Impulsar la investigación para la resolución de problemas de desarrollo forestal a través de programas ejecutados por universidades y otros entres de investigación.

d. Coordinar la ejecución de programas de desarrollo forestal a nivel nacional.

e. Otorgar, denegar, supervisar, prorrogar y cancelar el uso de las concesiones forestales, de las licencias y aprovechamiento de productos forestales, fuera de las áreas protegidas.

f. Desarrollar programas y proyectos para la conservación de los bosques y colaborar con las entidades que así lo requieran.

g. Incentivar y fortalecer las carreras técnicas y profesionales en materia forestal.

Existe el Registro Nacional Forestal, que se encuentra a cargo del INAB, en el que se inscriben:

a. Todos los bosques y tierras de vocación forestal, cualquiera que sea su régimen de propiedad.

b. Los aserraderos urbanos y rurales manuales o mecánicos, destiladores de resina, impregnadoras, procesadoras de celulosa y papel, carpinterías fábricas de productos semielaborados o totalmente elaborados y demás industrias similares que utilicen como materia prima productos forestales.

c. Las personas que se dediquen a repoblación forestal.

d. Las personas que realicen actividades de exportación o importación de productos forestales, cualquiera sea su estado.

e. Las personas que se dediquen a la producción de resinas, látex y otros productos del bosque.

f. Los viveros forestales de todo el país.

g. Los productores y exportadores de semillas forestales.

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h. Los profesionales y técnicos que actúen como regentes forestales.

i. Las instituciones, organizaciones y asociaciones relacionadas con la investigación, extensión y capacitación en el área forestal y/o agroforestal.

Las municipalidades trabajan el tema de vigilancia para evitar los aprovechamientos ilegales de productos forestales a nivel de cada municipio, con el apoyo del INAB.

Oficina de control de reservas territoriales (OCRET)

El Organismo Ejecutivo por medio del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y a través de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado –OCRET-, lleva el control por medio de los registros correspondientes, de las Áreas de Reserva Territoriales del Estado de Guatemala y a través de la ejecución de programas y obras para el aprovechamiento y desarrollo de éstas. Según el Acuerdo Gubernativo 278-98, Reglamento Interno del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en el artículo 13, se establece que la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado –OCRET- es la dependencia del Ministerio encargada de la ejecución y aplicación de las disposiciones legales que regulan las áreas de reserva territorial a que se refieren la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 122 y el Decreto 126-97 del Congreso de la República, Ley Reguladora de las Áreas de Reservas Territoriales del Estado de Guatemala.

De conformidad con el artículo 3, las instituciones del sector público que tengan relación directa y particular con cada una de las áreas territoriales del Estado susceptibles de ser arrendadas, como la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Ministerio de Ambiente), el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el Instituto Nacional de Bosques, el Instituto Guatemalteco de Turismo y las Municipalidades, que en su jurisdicción comprendan las áreas de reserva territorial, deben trabajar en una forma coordinada para resolver las solicitudes que se presenten ante OCRET y emitir los dictámenes solicitados, en cuanto a sus atribuciones y competencias, pero solo OCRET es la competente para el otorgamiento de arrendamientos.

Municipalidades

Competencia del municipio

Tiene competencias por delegación, es decir que podrá ejercer funciones establecidas dentro de leyes y convenios.

También en lo que corresponde a los ingresos del municipio, pueden ser determinados por las leyes o los acuerdos y demás normas municipales, de conformidad con el art. 100 literal s).

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Medidas de protección al patrimonio cultural

Según el art. 143, los planes de ordenamiento territorial y de desarrollo integral del municipio deben respetar, en todo caso, los lugares sagrados o de significación histórica o cultural, entre los cuales están los monumentos, áreas, plazas, edificios de valor histórico y cultural de las poblaciones, así como sus áreas de influencia.

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Dentro de sus funciones enunciadas en el artículo 29 de la Ley del Organismo Ejecutivo, literal c) se encuentran Definir en conjunto con el Ministerio de Ambiente, la política de ordenamiento territorial y de utilización de tierras nacionales y promover la administración descentralizada en la ejecución de esta política; deberá velar por la instauración y aplicación de un sistema de normas jurídicas que definan los derechos y responsabilidades vinculados a la posesión, uso, usufructo, y en general, la utilización de dichos bienes, mientras permanezcan bajo el dominio del Estado. Y de conformidad con el Acuerdo Gubernativo 278-98, Reglamento Interno del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según el artículo 3. Dentro de las funciones del Ministerio se encuentran en la literal c) Definir la política de ordenamiento territorial y de utilización de las tierras nacionales y de reservas de la Nación, y promover la administración descentralizada en la ejecución de esta política; deberá velar por la instauración y aplicación eficaz de un sistema de normas jurídicas que definan con claridad los derechos y responsabilidades vinculadas a la posesión, uso, usufructo y, en general, la utilización de dichos bienes, mientras permanezcan bajo el dominio del Estado; f) Promover, en coordinación con las autoridades legalmente competentes, las políticas para el mejoramiento y modernización de la administración descentralizada del sistema guatemalteco de Áreas Protegidas, así como la formulación de políticas para el desarrollo y conservación del patrimonio natural del país.

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales relacionadas con el tema a investigar

De conformidad con el artículo 29 bis en la literal a) de la LOE y literal e) del Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales ,le corresponde formular la política de conservación, protección y mejoramiento del ambiente y de los recursos naturales, y ejecutarla en conjunto con las otras autoridades con competencia legal en la materia correspondiente; b) y f) del artículo 3 del Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales Formular las políticas para el mejoramiento y modernización de la administración descentralizada del sistema guatemalteco de áreas protegidas, así como para el desarrollo y conservación del patrimonio natural del país, incluyendo las áreas de reserva territorial del Estado.

9.- TITULACION

9.1.- TITULACION EN AREAS PROTEGIDAS

Tierras propiedad privada

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En inmuebles que no son propiedad de la nación, sino son propiedad de particulares, lo que deben hacer los poseedores de esos inmuebles, si el inmueble se encuentra ubicado en un área protegida, es adecuar su forma de vivir al plan de manejo determinado para el área y regularizar la forma de administración de la misma.

En estas áreas protegidas legalmente declaradas en las cuales existan terrenos de propiedad particular, son los dueños o poseedores de los mismos los que se encargan del manejo de acuerdo a las normas y reglamentaciones aplicables al SIGAP, o también pueden delegar esta responsabilidad en la persona individual o jurídica que estimen conveniente. En todo caso el ente contralor del manejo es el CONAP, que es la autoridad encargada de velar porque el manejo se realice de acuerdo con el Plan Maestro.

En el acaso de asentamientos humanos ubicados en áreas protegidas con categorías de Parque Nacional, Reserva Biológica y las Áreas Núcleo de la Reserva de la Biosfera, estos se encuentran prohibidos, salvo que se necesiten para fines de investigación.Ahora bien si son áreas protegidas con otro tipo de categorías, pueden existir los asentamientos humanos, pero estos no se pueden ampliar.

Tierras propiedad de la nación

En este tipo de tierras, declaradas como áreas protegidas, no se pueden dar titulación de tierras, no solo por el hecho de ser propiedad de la nación, sino por el hecho de ser declarada un área protegida. Para estos fines se utilizan las medidas de concesión y también los arrendamientos.

Reservas territoriales

En cuanto a tierras ubicadas en área de reserva territorial, dentro de un área protegida legalmente declarada, no se da ningún tipo de titulación, siendo OCRET la oficina encargada de otorgar el arrendamiento, con opinión favorable del CONAP.

9.2.- TITULACIÓN EN TIERRAS DE VOCACIÓN FORESTAL

Las reservas territoriales con vocación forestal que se encuentran administradas por OCRET, solo pueden destinarse al establecimiento de áras protegidas del SIGAP y a la plantación y manejo de bosques.

9.3.- TITULACION EN TIERRAS COMUNALES O DE LAS COMUNIDADES

De conformidad con el artículo 19 de la Ley de Titulación Supletoria, la titulación supletoria de bienes inmuebles poseídos por comunidades a que se refiere el artículo 133 de la Constitución, se les aplica esa ley, sin importar su extensión y siempre que no estén ubicadas dentro de las zonas expresamente prohibidas.

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9.4.- TITULACION EN TERRENOS DE LA NACION

No pueden titularse supletoriamente, ya que lo que se pretende en este tipo de terrenos es la aplicación, en su oportunidad de la Ley de Transformación Agraria, y en la época actual de la Ley del Fondo de Tierras, logrando la adjudicación de tierras a campesinos, pero no es posible en este caso que se de la titulación de tierras de la nación.

9.5.- TITULACION EN RESERVAS DE LA NACION

De conformidad con el artículo 636 del Código Civil y de conformidad con la Ley de Titulación Supletoria, los inmuebles situados dentro de las reservas del Estado no pueden titularse supletoriamente. Tampoco pueden titularse los excesos de las inmuebles, los que se adquieren según lo dispuesto en las leyes administrativas de la materia.

9.6.- TITULACION EN PATRIMONIO CULTURAL

Tierras propiedad privada

Ante la existencia de un Registro de Bienes culturales, todo traslado de dominio, debe ser notificado a dicho registro.

Los bienes inmuebles que integran el patrimonio cultural propiedad del Estado, pueden ser dados en arrendamiento, comodato, usufructo o concesión por medio de autorización del Ministerio de Cultura y Deportes.

Tierras propiedad de la nación

Los bienes culturales, propiedad de la nación son imprescriptibles e inalienables.

10.- ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS

El Estado de Guatemala, cuenta con entes administradores de las tierras, cada ente con su respectiva jurisdicción y competencia, para poder dar en administración, en adjudicación, en arrendamiento, en concesión o aprovechamientos a través de licencias. Estos entes administradores de las tierras, son FONTIERRAS, con su especificidad de adjudicación de tierras rurales a campesinos y campesinas ya sean; OCRET, que administra las reservas territoriales del Estado, otorgando para el efecto contratos de arrendamiento sobre las mismas, pero no dándolos en adjudicación, por el tipo de tierras que administra.

Fondo Nacional de Tierras (FONTIERRAS)

El Fondo de Tierras (FONTIERRAS), es una entidad descentralizada del Estado, participativa y de servicio, instituida para facilitar el acceso a la tierra y generar condiciones para el desarrollo rural integral y sostenible, a través de proyectos productivos, agropecuarios, forestales e hidrobiológicos.

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De conformidad con el Acuerdo Gubernativo 278-98, Reglamento Interno del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según el artículo 36, el Fondo Nacional de Tierras, FONTIERRA, creado mediante el acuerdo Gubernativo 392-97 de fecha 14 de mayo de 1997, tiene como objeto promover el acceso de los campesinos a la tenencia y uso de la tierra, con base en los principios y lineamientos del Acuerdo Sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, suscrito el 6 de mayo de 1996, entre el Gobierno de la República y la URNG.

Dentro de los objetivos de FONTIERRAS relacionados con este tema, se encuentra el enumerado en la literal c) del artículo 3, en donde se indica facilitar el acceso a la tierra en propiedad a campesinos y campesinas en forma individual u organizada a través de mecanismos financieros adecuados, así como el uso de los recursos naturales de dichas tierras, bajo criterios de sostenibilidad económica y ambiental; en la literal e) coordinar con otras instituciones del Estado el desarrollo de inversiones complementarias a las de acceso de tierras, para garantizar la consecución de proyectos integrales de desarrollo agropecuario, forestal e hidrobiológico.

Según el artículo 8, se da un listado de bienes que sirven para el cumplimiento de los fines de FONTIERRAS, teniendo disponibilidad las fincas rústicas con vocación agropecuaria, forestal e hidrobiológica inscritas en el Registro de la Propiedad a favor del Estado, que no estén destinadas a proyectos comprobados de educación, investigación, servicio u otros fines de beneficio social. Se exceptúan las áreas declaradas como áreas protegidas y las de reserva nacional.

En la literal i) se establece que pasarán a disposición de FONTIERRAS, las tierras con vocación agropecuaria, forestal o hidrobiológica que se incorporen bajo cualquier título al patrimonio del Estado y que le sean adscritos; salvo que su adquisición sea destinada a cualquiera de las excepciones previstas en la literal a).

Y por exclusión, de conformidad con el artículo 45, se establece que no rige para las siguientes tierras: en posesión privada de cualquier naturaleza, de las Comunidades Indígenas, áreas protegidas y las reservas territoriales, de acuerdo con lo establecido por la Constitución de la República y las leyes específicas de cada materia. Las áreas protegidas, como se ha venido indicando, están sujetas a su propio régimen.

11.- REGISTRO CATASTRAL

11.1.- LEY DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL

Marco Institucional

El Registro de Información Catastral de Guatemala, es una institución del Estado, autónoma y de servicio, con personalidad jurídica, patrimonio y recursos propios, y es la autoridad competente en materia catastral, que tiene por objeto mantener y actualizar el catastro nacional.

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Funciones

1.-Establecer, mantener y actualizar el catastro nacional

2.-Definir políticas, estrategias y planes de trabajo en materia catastral

3.-Registrar y actualizar la información catastral

4.-Proveer al Registro de la Propiedad la información que en proceso catastral se determine que es susceptible de saneamiento

5.-Coordinar con el Registro de la Propiedad la información básico registro-catastro

6.-Coordinar con el Instituto Geográfico Nacional para la elaboración de la base cartográfica y la obtención de información de límites municipales y departamentales

7.-Proveer informes y estudios técnicos de las zonas en proceso catastral o catastradas a las instituciones responsables de la resolución de conflictos agrarios, a aquellas encargadas de programas de adjudicación de tierra y de regularización de la tenencia de la misma y a cualquiera otra institución estatal o privada que lo solicite

8.-Coordinar con las oficinas de ordenamiento territorial y control inmobiliario de las municipalidades

Coordinación Interinstitucional

Para las actividades de establecimiento, mantenimiento y actualización registro-catastral, el Registro de información catastral debe mantener relaciones de coordinación con el Registro de la propiedad, el instituto Geográfico Nacional, las municipalidades, el Fondo de Tierras y otras entidades del Estado.

El Registro de información Catastral tiene dentro de sus funciones la de coordinar con el Fondo de Tierras, los levantamientos catastrales de las zonas de adjudicación y regularización de la tenencia de la tierra, responsabilidad del fondo de Tierras, a través de:

a. La ejecución del proceso catastral por la vía de administración directa o subcontratación.

b. Especificación de las normas técnicas, acompañamiento técnico y de supervisión en aquellos proyectos de regularización del Fondo de Tierras ejecutados por organizaciones no gubernamentales, empresas privadas o proyectos del Organismo Ejecutivo convenidos previo a la vigencia de la ley de Registro de Información Catastral.

Inventario de bienes inmuebles del estado

Todas las instituciones del Estado, incluyendo las autónomas y descentralizadas, deben enviar al Registro de Información Catastral un informe pormenorizado de todos aquellos bienes inmuebles inscritos o adscritos a su nombre en el Registro de la Propiedad, y de aquellos que poseen. Con esto el Registro elabora un inventario de bienes inmuebles del Estado.

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A partir de la declaratoria de zona en proceso catastral, la transmisión de derechos de posesión o simple tenencia, sobre predios que no se han declarado catastrados, el adquirente debe informar al RIC en un plazo no mayor de 15 días contados a partir de la celebración del negocio, con el objeto de actualizar información.

Formas de identificación y catastro

1. Terrenos Baldíos Rurales:

Terreno Baldío, es aquel predio que no es de propiedad privada ni está poseído por personal alguna, y para poder registrarlo se necesita:

a. Acta de conformidad de mojones y linderos de los predios colindantes.

b. Las declaraciones firmes de predios catastrados de los mismos colindantes y del predio en cuestión.

c. La del mapa de ubicación del predio en relación con sus colindantes.

Con estas actas se forma un expediente que es remitido a FONTIERRAS con el fin de que se dicte resolución declarando la procedencia y la inscripción a favor de la Nación, y en base a esta resolución el Registro de la Propiedad, asienta la primera inscripción de dominio a favor de la Nación.

2. Terrenos Baldíos Urbanos

En caso se determine la existencia de terrenos baldíos urbanos, el registro lo identifica, hace la declaratoria de predio catastrado, y certifica el expediente a la Procuraduría General de la Nación para que tramite su inscripción a favor de la Nación.

3. Tierras Comunales

Son las tierras en propiedad, posesión o tenencia de comunidades indígenas o campesinas como entes colectivos, con o sin personalidad jurídica, formando parte de estas tierras aquellas que aparecen registradas a nombre del Estado o de las municipalidades, pero que tradicionalmente han sido poseídas o tenidas bajo el régimen comunal.

Con base a la Constitución Política de la República y al Convenio 169, si durante el proceso de establecimiento catastral se determina la propiedad, posesión o tenencia comunal de tierras, el registro reconoce y hace la declaratoria administrativa de tierra comunal y emite las certificaciones correspondientes, y en su caso, ordena el registro.

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4. Lugares Ceremoniales Indígenas

Si durante el proceso se determina y se reconoce por las comunidades indígenas aledañas, la existencia de lugares tradicionales para uso ceremonial en un predio, el registro notifica dentro de un plazo de 30 días al propietario o poseedor del predio, a las comunidades interesadas y a la institución correspondiente para que inicien aquellas acciones tendientes a garantizar su existencia y uso ceremonial.

5. Excesos

La parte de terreno comprendida dentro de los linderos de un predio o finca de propiedad privada, que excede a la extensión inscrita en el Registro de la Propiedad es considerada como exceso, siempre que:

a. El área inscrita de un predio es menor o igual a mil metros cuadrados y el área catastral se excede hasta en un 20 %.

b. El área inscrita está entre más de mil metros cuadrados hasta novecientos mil metros cuadrados y el área catastral excede hasta en un 10%.

Titulación

Según ésta ley, a partir de que una zona es declarada en proceso catastral, a los procesos de titulación no le son aplicados la Ley de Titulación Supletoria para el Estado y las Municipalidades, aplicándose por ende el proceso de titulación establecido dentro de la Ley del Registro fe Información Catastral.

De conformidad con esta ley, se declara de interés nacional la titulación y registro de los predios que no estén inscritos en el Registro de la Propiedad, es decir predio catastrado irregular, a excepción de El Petén, la Franja Transversal del Norte, los ubicados en las Reservas Territoriales del Estado, dentro de las Áreas Protegidas y los excesos de las propiedades rurales y urbanas.

Para iniciar el trámite de la titulación se necesita:

1.- Certificación de predio catastrado irregular

2.-Plano

3.-Datos de identificación personal del titular catastral

4.-Certificación del acta suscrita ante el Juez de Asuntos Municipales o ante el Alcalde Municipal del lugar en donde se encuentre ubicado el predio, acta que debe contener la declaración jurada indicando que sobre el bien a titular no existe conflicto de intereses y que se ha poseído en la forma indicada en los artículo 618, 620 y 633 del Código Civil.

El registro entonces manda publicar en el Diario Oficial por una sola vez un edicto, mismo que también se fija en los estrados del Juzgado de Paz jurisdiccional y la municipalidad correspondiente, indicando los datos personales del interesado a titular, información

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catastral del predio y la convocatoria para que en un plazo no mayor de 30 días los interesados se manifiestan sobre el proceso de registro del predio.

En caso se presente oposición, el registro lo declara contencioso y remite el expediente a un tribunal competente, notificándolo a los interesados.

Si no hay oposición, el registro dicta resolución de titulación especial y registro, con cuya certificación se puede inscribir la posición en el Registro de la Propiedad. Transcurridos 5 años de la inscripción registral, ésta se convierte en inscripción de propiedad.

COMENTARIO

Como se puede observar los inmuebles de propiedad nacional, no pueden titularse supletoriamente, ni siquiera los excesos. Los bienes de propiedad de la nación pueden ser objeto de distinto tipo de adquisición, en primer término pueden ser objeto por ejemplo en el caso de las Reservas de la Nación, de arrendamientos, que en la mayoría de los casos pueden ser otorgados por OCRET en representación del Estado, hasta por el plazo de 30 años, mismos que pueden prorrogarse. Este derecho de arrendamiento puede heredarse, y puede continuarse con el mismo con el auto de declaratoria de herederos o con el acta de discernimiento de administrador de la mortual.

En cuanto al tema de las áreas protegidas, éstas pueden ser declaradas en terrenos propiedad de la nación, y también en inmuebles de propiedad privada. En el caso de propiedad de la Nación, en la mayoría de los casos, estos son administrados por CONAP, o en otros casos por entidades con fines análogos, y los derechos que se ejercen sobre dichas áreas protegidas (en inmuebles propiedad de la nación), no tienen que ver con derechos de posesión que puedan titularse o adjudicarse, sino que sobre esas áreas lo que se ejerce son derechos de concesión o administración sobre dichas áreas protegidas.

En cuanto al tema de áreas de vocación forestal, existen este tipo de derechos sobre los cuales las personas pueden aprovecharse de dichos recursos, a través de concesiones en caso de propiedades del Estado o propiedades de carácter municipal.

En el caso de propiedades de carácter privado, este aprovechamiento se ampara por medio de una licencia. Algo que sí es claro en la Ley Forestal, es la determinación que los concesionarios no pueden venir a pretender en algún momento dado derechos de posesión sobre las áreas que se les han concedido, por lo que no pueden tratar de adquirir la propiedad ya sea por titulación supletoria, adjudicación o algún otro medio análogo, ya que la concesión no es sobre la tierra en sí, sino más bien sobre los productos de la tierra.

Las tierras propiedad del Estado, pueden ser adquiridas por medio de adjudicación realizada ante FONTIERRA, institución que adquirió en cierto modo las funciones de lo que antes era el INTA. Con esto a personas que llenan los requisitos enunciados en la Ley de la institución, se les adjudican tierras propiedad de la nación, provenientes de donaciones, excesos y de las propiedades que sean destinados a estos fines. No es una titulación, sino es una adjudicación luego de llenados requisitos, en donde los beneficiarios pagan cierta cantidad de dinero, se suscribe un contrato por medio del cual se traslada la

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propiedad a manos de particulares, con pacto de reserva de dominio, mientras se salda la cantidad pactada. Luego de pagada la cantidad pactada, se extiende una carta de pago, y el beneficiario adquiere en plenitud su derecho de propiedad sobre la finca, que antes era del Estado, y ahora pasa a poder de los particulares beneficiarios.

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Anexo No. 3

Cuadro: Comparación de Variables Con y Sin Proyecto

COMPONENTE VARIABLE SIN PATH CON PATH

Políticas y Fortalecimiento Institucional

Planes Piloto Municipales Sin planes y sin instancias para el diálogo, coordinación a nivel local y departamental.

7 planes piloto de apoyo a municipalidades y conformación de instancias centrales, departamentales y locales de diálogo, coordinación y concertación

Planes de Ordenamiento Territorial

Sin plan de ordenamiento territorial, sin informe ambiental, sitios culturales y arqueológicos y sagrados sin tratamientos específicos.

7 planes piloto de ordenamiento territorial municipal; levantado y digitalización de la información ambiental, inventario de sitios arqueológicos y sagrados a nivel departamental.

Formación de Recursos Humanos y Capacitación

Personal sin conocimientos en ordenamiento territorial

100 técnicos capacitados a nivel central, minimo de 28 técnicos capacitados en 7 distintas municipalidades de los 7 departamentos.

Regularización, Registro y Verificación de Tierras

Tratamiento a Áreas Protegidas

Áreas protegidas sin delimitación y medición

7 planes pilotos de áreas protegidas delimitadas, identificación y coordinación de los principales actores en este proceso

Tratamiento a Tierras Boscosas

Áreas boscosas sin tratamiento específico, avance de la frontera agropecuaria

Incremento del 10% de la cobertura forestal en áreas de vocación forestal, delimitación y medición , inicio del proceso de regularización e inscripción

Tratamiento de Tierras municipales Comunales e Indígenas

Tierras Comunales e Indígenas sin delimitación y medición,

7 planes piloto de estas a nivel de cada departamento, delimitación, medición

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COMPONENTE VARIABLE SIN PATH CON PATH

comunidades indígenas sin reconocimiento de sus derechos ancestrales

y mapeo, inicio del proceso de regularización e inscripción de estas áreas

Inventario de sitios culturales, arqueológicos y sagrados

Listado de inventario de áreas atendidas

7 inventarios de sitios culturales, arqueológicos y sagrados con mapas de ubicación desarrollados.

Tratamiento a áreas vulnerables

Áreas vulnerables sin atención ni tratamiento

7 mapas de sitios vulnerables a nivel departamental, identificación ubicación y medición

Administración, Monitoreo, y Evaluación

Coordinación interinstitucional

Poca coordinación para la atención al ambiente desde el catastro.

Ente orgánico a nivel central activo, 7 entes a nivel departamental para la coordinación, monitoreo y evaluación de los fines previstos

Gestión, seguimiento y evaluación del PA

Inexistencia de programa de Gestión y seguimiento del Plan de manejo ambiental.

Plan de Gestión, seguimiento y evaluación desarrollado y ejecutado

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Anexo No. 4.

Tierras municipales, comunales, estatales y Lugares Sagrados en el área de acción del Proyecto.

Cuadro: Tierras municipales, comunales, estatales en el departamento de Alta Verapaz

MUNICIPIO COMUNALES MUNICIPALES ESTATALES EXTENSION HAS.San Juan Chamelco 5 3 0 324San Cristóbal 8 1 0 6396San Pedro Carchá 0 3 0 180Santa María Cahabon 1 0 0 68Santa Cruz Verapaz 0 1 0 5Cobán 3 2 8 18498La Tinta 1 0 0 2,470Tactic 1 1 0 90Chisec 0 6 0 3915Totales 19 17 8 31946

Fuente: INAB, Bosques comunales y municipales. Proyecto Fortalecimiento Forestal Municipal y Comunal. Sin Publicar. 2,002.

Cuadro: Tierras municipales, comunales, estatales en el departamento de Baja Verapaz

MUNICIPIO COMUNALES MUNICIPALES ESTATALES EXTENSION HAS.San Jerónimo 2 2 1 3438.00Purulha 2 0 0 326.00Salamá 1 5 0 9155.00Cubulco 2 0 0 4049.00Rabinal 2 0 0 1144.00El chol 0 6 0 181.00San Miguel Chicaj 0 1 0 22.00Granados 1 1 0 50Totales 10 15 1 18365.00


Cuadro: Tierras municipales, comunales, estatales en el departamento de Zacapa.

MUNICIPIO COMUNALES MUNICIPALES ESTATALES EXTENSION hAN HAS.Rió Hondo 1 7 0 678.00Estanzuela 1 1 0 2.00Huite 0 8 0 428.00Cabañas 1 0 0 2.00San Diego 0 1 0 5.00Usumatlan 1 0 0 2500.00La Unión 0 1 0 2000.00Teculután 0 1 0 225.00Totales 4 19 0 5840.00

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Cuadro. Tierras municipales, comunales, estatales en el departamento de Izabal.

Municipio COMUNALES MUNICIPALES ESTATALES EXTENSION HAS.Morales 0 1 0 630.00Amates 1 1 0 15.00Puerto Barrios 3 2 0 1,200.00Livingston 0 1 0 1.00Totales 4 5 0 1846.00


Cuadro. Tierras municipales, comunales, estatales en el departamento de Chiquimula.MUNICIPIO COMUNALES MUNICIPALES ESTATALES EXTENSION HAS.

San José La Arada 0 1 0 90San Juan La Ermita 1 1 0 328Quetzaltepeque 3 1 0 920Camotán 0 3 0 897Jocotan 1 1 0 225Ipala 4 0 0 255Chiquimula 1 1 0 1045Concepcion Las Minas 0 1 0 SDTotales 10 9 0 3,660.00Fuente: INAB, Bosques comunales y municipales. Proyecto Fortalecimiento Forestal Municipal y Comunal. Sin Publicar. 2,002.

Cuadro: Tierras municipales, comunales, estatales en el departamento de Sacatepequez.

Municipio COMUNALES MUNICIPALES ESTATALES EXTENSION HAS.Sumpango 2 1 0 106.00San Lucas Sac. 1 0 0 3.50Santiago Sac. 2 1 0 20.48Santa Lucia Milpas Altas 2 2 0 8.00San Bartolome Milpas Altas 0 2 0 3.80Magdalena Milpas Altas 0 2 0 58.00Pastores 0 2 0 149.00Jocotenango 0 1 0 2.00Ciudad Vieja 0 1 0 1.00San Antonio Aguas Calientes 0 1 0 94.58Santa Catarina Barahona 0 1 0 22.00San Miguel Dueñas 0 2 0 68.00Santo Domingo Xenacoj 0 8 0 2.77Santa María de Jesus 0 1 0 4.00Antigua Guatemala 0 8 0 253.00Alotenango 0 1 0 2.00Totales 7 34 0 198.13Fuente: INAB, Bosques comunales y municipales. Proyecto Fortalecimiento Forestal Municipal y Comunal. Sin Publicar. 2,002.

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Cuadro:Tierras municipales, comunales, estatales en el departamento de Escuintla

MUNICIPIO COMUNALES MUNICIPALES ESTATALES EXTENSION HAS.Palín 1 0 0 2,281.00Masagua 1 0 0 3.00San Vicente Pacaya 1 0 0 2.00Puerto de San José 0 1 0 0.35Puerto de Itzapa 0 1 0 10.00Totales 3 2 0 2,296.35


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Cuadro: Denominación de Tierras municipales, comunales y estatales en Alta Verapaz

No. DENOMINACION UBICACIÓN AREA HAS.

USO OBSERVACIONES

1. Bosque municipal San Juan Chamelco, Aldea Chipar

32 Bosque natural y plantación, Pinus maximinoii,LLiquidambar styraciflua,Quercus sp,Rrustriata sp.

Extracción de leña forma ilícita, ataque de gorgojo, Cronartium sp.

2. Bosque municipal San Juan Chamelco, Aldea Sesibche

70 Plantación de Eucalyptus sp, Pinus maximinoii, Cupressus sp.

La plantación de aproximadamente 8 años, extracción de leña y madera, bosque natural degradado

3. Bosque municipal San Juan Chamelco,Aldea Chirraxquen

67 Plantación de Pinus maximinoiiLLiquidambar styraciflua, Quercus sp.


4. Bosque comunal San Juan Chamelco, Aldea Campat

45 Plantación de Eucalyptus sp, Pinus maximinoii, Cupressus sp.


5. Bosque comunal San Juan Chamelco Aldea Paapa

10 Plantación de Pinus maximinoii y Pinus ayacahuite

Bosque natural degradado problemas por robo de leña

6. Bosque comunal San Juan Chamelco,Aldea Chamil

90 Bosque natural de Pinus maximinoii

Sin manejo, robo de leña y aprovechamiento ilícito

7. Bosque comunal San Juan Chamelco, Aldea Lama

4 Bosque natural de Pinus maximinoii, Cecropia sp. Cyathea sp.

Problema de incendios.

8. Bosque comunal San Juan Chamelco,Aldea Santo Tomas Seapac

6 Bosque natural de Pinus maximinoii

Bosque natural con buena regeneracion, problemas de plantas parasitas

9 Bosque comunal San Cristóbal, Aldea las pacayas

1008 Bosque natural y plantación de Pinus maximinoii Liquidambar styraciflua, Quercus sp y Cupressus sp.

Bosque natural poco degradado, venta de madera ilícita. Organizado comunitariamente, reforestando y manejando viveros.

10 Bosque comunal San Cristóbal, Aldea el rancho

1015 Bosque natural Pinus maximinoii,Liquidambar styraciflua, Quercus sp.

Bosque natural poco degradado, problema de invasiones y aprovechamientos ilícitos.

11 Bosque municipal San Cristóbal, Caserío Petencito

1 Bosque natural, Hyeronima oblonga, Liquidambar styraciflua y principalmente Pinus maximinoii

Bosque natural poco degradado, con ataques de gorgojo, aprovechamientos por medio de plan de Saneamiento.

12 Bosque comunal San Cristóbal, Comunidad de Baleu

12100

Bosque natural, plantación; Pinus maximinoii y Pinus oocarpa, Liquidambar styraciflua, Quercus sp

Bosque manejado y muy buena plantación y realizada en 1980.

13 Bosque comunal San Cristóbal, Aldea Meshabaj

900 Bosque natural, plantación, ; Pinus maximinoii y Pinus oocarpa, Quercus sp.

Bosque en regular estado, se ha plantado con viveros manejados por los vecinos

154


USO OBSERVACIONES

14 Bosque comunal San Cristóbal,Aldea Chicruz

700 Bosque natural; Pinus maximinoii, Pinus oocarpa, Pinus tecunumani

Bosque natural puro, en buen estado y con plan de manejo.

15 Bosque comunal San Cristóbal ,Aldea San Lucas Chiacal

70 Bosque natural, ; Pinus maximinoii Liquidambar styraciflua, Quercus sp

Bosque natural degradado, atacado por muerdago, licencia de Saneamiento.

16 Bosque de San Cristóbal San Cristóbal 2,534 Bosque natural de ; Pinus maximinoii, Liquidambar styraciflua, Quercus sp.

17 No tiene nombre San Cristóbal 68 Pinus sp y Cupressus lussitanica

Plantación realizada en 1983, no tiene mantenimiento.

18 Centro recreativo las islas San Pedro Carchá Aldea las islas

Bosque natural y centro recreativo.

Centro manejado por la municipalidad de San Pedro Carchá.

19 Finca municipal San Pedro Carchá Barrio sarxcho Concesionada al IIDEMAYA, donde funciona un centro educativo

20 Bosque municipal San Pedro Carchá, Aldea Tzacanilla

180 Bosque natural, de Pinus maximinoii

Bosque con alto avance de la frontera agropecuaria.

21 Bosque comunal Santa María Cahabon,Aldea Santa Rosa Chivite

68 Bosque natural de Bursera sinarruba, Swietenia humilis, Gliricidia sepium, Calophyllum brasiliense, Vochysia sp para Protección de fuentes de agua

22 Astillero municipal Santa Cruz A. V ,Caserío La Isla

5 Bosque natural de Liquidambar sp. Y Quercus sp. Para protección de fuentes de agua.

Problemas por extracción de leña.

23 Bosque municipal de uso comunal Aldea Salinas Nueve Cerros Santa Lucia, Cobán

1530 Bosque natural Invadido por repatriados y extraccion de leña..

24 Finca Nacional San José la colonia de uso comunal

Cobán 23 Bosque con oinus sp. Liquidambar sp. Para recreacion

Reforestado en 1983.

25 Terreno Nacional de uso comunal Cobán,Aldea Tzetoc

2900 Bosque natural y cultivos Bosque sin manejo, semidegradado por el cambio de uso e incendios.

26 Terreno Nacional de uso comunal Cobán,Aldea el Faisán

2500 Bosque natural Bosque sin manejo, problema de incendios, por el uso agrícola

27 Terreno Nacional de uso comunal Cobán,Aldea babilonia,

2000 Bosque natural Bosque sin manejo, problema de incendios, por el uso agrícola

28 Terreno Nacional de uso comunal Cobán,Aldea Salacuim

2400 Bosque natural Bosque sin manejo, problemas de colonización y avance de la frontera agrícola

29 Terreno Nacional de uso comunal Cobán,Aldea Purribal

1700 Bosque natural Bosque sin manejo, problemas de cambio de uso y extracciones ilegales

30 Terreno Nacional de uso comunal Cobán,Aldea Rocja Pemech


31 Terreno Nacional de uso comunal Cobán,Aldea Xequispur Cerro Azul


32 Bosque comunal Cobán,Aldea Chicoj

700 Bosque natural Sin manejo

33 Bosque de las conchas Cobán Sd Bosque natural

155


USO OBSERVACIONES

34 Bosque municipal Cobán,Aldea sachamach

225 Bosque natural Un area con plantación de 12 años

35 Terreno Nacional de uso comunal Cobán,Aldea catalji

405 Bosque natural Regular estado, con algunas medidas de conservación por medio del INGUAT

36 Finca Nacional las victorias Cobán Bosque natural Con fines turísticos37 Bosque comunal Senahú, Cooperativa Actela 2,470 Bosque natural Sin manejo extracciones

ilícitas.38 Astillero municipal Tactic,

Caserío El Comunal45 Bosque natural y

plantaciónDegradado por invasiones e incendios, remanente de pino por regeneración natural.

39 Bosque comunal Tactic,Aldea Chiai

45 Bosque natural, plantación, cultivos limpios y ganadería

Existe algún manejo

40 Ejido municipal la malagueta Chisec,La malagueta

765 Reserva de bosque, cultivos limpios y ganadería

41 Ejido municipal laguna de San Simón

Chisec,Laguna de San Simón

765 Reserva de bosque , cultivos limpios y ganadería

42 Ejido municipal Setzi Secaseu Chisec,Setzi Secaseu


43 Ejido municipal la ceiba Chisec,La ceiba


44 Ejido municipal Setzi Saraxquen Chisec,Setzi Saraxquen



Cuadro: Denominación de Tierras municipales, comunales y estatales en Baja Verapaz

No. Denominación Ubicación Área has.

Uso Observaciones

1 Astillero municipal San Jerónimo,Aldea la Cumbre

15 Bosque natural, coníferas y Quercus,

Aprovechamientos ilícitos e invasiones. Actividades de resinación

2 Bosque Nacional el Durazno San Jerónimo 323 Bosque natural3 Finca municipal la azacualpa San Jerónimo,

Aldea Tasquehuite517 Bosque natural Con fines de protegerlo se

han realizado actividades de resinación

4 Bosque comunal San Jerónimo,Aldea el Jicaro

2250 Bosque natural Potencial para producción de madera y resinación

5 Bosque comunal San Jerónimo,Aldea San isidro

8 Bosque natural, plantación

Plantación de 12 años, presencia y apoyo de proyectos. Existe un plan de manejo

6 Terreno Nacional de uso comunal San Jerónimo 323 Bosque natural Se realizan practicas silviculturales, problemas de invasión. Existe un plan de manejo.

7 Astillero municipal actualmente sin bosque

San JerónimoCabecera

1.5 Basurero Bosque totalmente degradado

8 Astillero municipal Purulha,Aldea el portezuelo

317 Bosque natural con fines de conservación

Afectado por incendios, invasiones y robos de leña

156

No. Denominación Ubicación Área has.

Uso Observaciones

9 Bosque municipal Purulha,Aldea Cerro de la Cruz,

9 Plantación y bosque natural

Plantación de 7 años.Bosque degradado y afectado por incendios y talas ilícitas.

10 Bosque comunal Salamá,Aldea San Vicente Pacalaj

2295 Bosque natural Bosque disperso por daño de incendios

11 Bosque comunal Salamá,Aldea San Rafael Chilasco

2,3404,275

Bosque natural y plantación forestal

Plantación forestal de 15 años y extracciones selectivas en el bosque natural.Aserrío y leña.

12 Bosque comunal de vega larga Salamá,Aldea San Rafael Chilasco

1620 Bosque natural

13 Bosque de Salamá Salamá 85 Bosque de coniferas14 Terreno comunal trapiche de agua,

actualmente sin bosqueSalamá, Aldea trapiche de agua

100 Existió bosque natural de coniferas, totalmente deforestado

15 Bosque municipal Salamá,Aldea cerro de la cruz

780 Bosque natural y plantación

Plantación de 10 años.

16 Bosque comunal Cubulco,Chimiagua, Chirramos, Chitomax, Patuy y Pajales

4000 Bosque natural Colonización y avance de la frontera agrícola.

17 Bosque comunal Cubulco,Caserío el Bramadero

49 Plantación Plantación de 10 años sin manejo

18 Bosque comunal Rabinal,Aldea Ojo de Agua

1133 Bosque natural degradado y agricultura

Bosque disperso por practicas agrícolas

19 Bosque comunal Rabinal,Caserío Chiac

11 Plantación Plantación sin manejo. Reforestación realizada en el 90

20 Bosque municipal El chol,Aldea la concepcion

71 Bosque natural y agricultura

Bosque dañado por incendios y avance de la frontera agrícola

21 Bosque municipal El chol,Caserío Santa lucia

17 Bosque natural Dañado por incendios y sobre pastoreo

22 Bosque municipal El chol,Caserío el potrero

2 Vivienda Destruido por presión demográfica.

23 Bosque municipal El chol,Caserío El Común

1 Sistemas agroforestales Notificación para vivienda y practica de agroforestería.

24 Bosque El chol El Chol 90 Bosque natural de coniferas

25 Bosque municipal San Miguel Chicaj, Caserío Chilajon

22 Plantación Reforestación realizada en el 90 con problemas de invasiones y robo de leña.

26 Bosque municipal Granados 50 Bosque natural Se usa madera para construcción y leña


Cuadro: Denominación de Tierras municipales, comunales y estatales en Zacapa.

No. Denominacion Ubicación Area has.

Uso Observaciones

1 Bosque municipal Río Hondo,Aldea Chanchan

18 Bosque natural Bosque natural degradado, extracción de leña

2 Astillero municipal Río Hondo,Aldea Panaluya

45 Bosque natural Bosque natural degradado, extracción madera y leña

3 Bosque municipal Río Hondo,Aldea Morán

50 Bosque natural Bosque natural poco degradado inventario forestal elaborado

157


Uso Observaciones

4 Bosque municipal, el basurero Río Hondo,Aldea Casas de Pinto

10 Bosque natural Bosque natural degradado y contaminado con desechos.

5 Astillero municipal Río Hondo ,Aldea Agua Caliente

250 Bosque natural Bosque natural poco degradado, manejado por un comité local para extraer leña.

6 Astillero municipal, Jones Río Hondo,Aldea Jones

90 Bosque natural Bosque natural poco degradado, con problemas de incendios y plagas.

7 Bosque comunal de Gualán Gualán 80 Bosque natural Bosque con practicas de manejo

8 Astillero municipal Gualán 135 Bosque natural y plantación

Bosque con problemas de incendios e invasiones. Extracción de leña y madera

9 Bosque comunal Estanzuela 1 Plantación No tiene ningun tipo de manejo. Extraccion de leña

10 Bosque municipal Estanzuela 1 Plantación Plantación realizada en 1991. Sin manejo.

11 Bosque municipal Huite 1 Área deportiva y plantación

12 Bosque municipal Huite 45 Bosque natural de latífoliadas

13 Bosque municipal Huite ,Aldea la ladera

4 Plantación con fines de reserva

14 Bosque municipal Huite,Aldea el jocote

3 Plantación con fines de reserva

Problemas con incendios

15 Bosque municipal Huite ,Aldea San miguel,

300 Bosque natural Degradado por la extracción de leña.

16 Bosque municipal Huite ,Finca las Piñuelas

68 Plantación La plantación tiene fines energéticos

17 Bosque municipal Huite ,Aldea el Jute,

4 Bosque natural Para la producción de leña.

18 Bosque municipal Huite ,Aldea el Jatillo

3 Plantación Para la producción de leña.

19 Bosque comunal Cabañas 2 Plantación con fines reserva

Problemas de invasiones y saqueos de madera y leña

20

Bosque municipal San Diego,Caserío los Pozos

5 Bosque natural Problemas de robo de árboles

21

Astillero comunal Usumatlán,Aldea el Chico

2500 Bosque natural Problemas de incendio y avance de la frontera agropecuaria.

22 Bosque municipal La Unión 2000 Bosque natural Bosque sin manejo. Saqueos de madera y leña.

23 Astillero municipal Teculután,Aldea el arco y las minas

225 Bosque natural Cambios de uso del suelo.


Cuadro: Denominación de Tierras municipales, comunales y estatales en Izabal

No. Denominación Ubicación Area has.

Uso Observaciones

1 Bosque municipal Morales,Aldea Valle Nuevo, Presa Gary Brotche

630 Bosque natural Bosque sin manejo.Problemas de cambio de uso para ganadería.

2 Astillero municipal Amates 10 Plantación Plantación de 10 años trabajos realizados limpia y podas

158


Uso Observaciones

3 Bosque comunal Amates,Aldea Quirigua

54

Plantación Plantación de 9 años. Algunas practicas de manejo

4 Bosque comunal Puerto Barrios,Aldea Santo tomas de castilla, Caserío esperanza del mar

135 Bosque natural de mangle.

Cambio del uso del suelo para ganadería, producción de carbón

5 Bosque comunal Puerto Barrios,Aldea Santo Tomas de Castilla, Caserío Palestina

90 Bosque natural de mangle Cambio del uso del suelo, para ganadería, producción de carbón

6 Bosque municipal Puerto Barrios,Aldea Santo Tomas de castilla, Caserío el carmen

750 Bosque natural Deforestado por robo de madera y aprovechamientos ilícitos

7 Bosque comunal Puerto Barrios, Aldea Santo tomas de castilla, Caserío punta de palma

225 Bosque natural de mangle con fines recreativos

Bosque en proceso de degradación

8 Bosque municipal la corona Puerto Barrios Sd Bosque mixto 15,000 hectáreas de bosque natural.. Enriquecimiento del bosque.

9 Bosque municipal Livingston 1 Plantación forestal y mangle

Reforestación realizada en 1989


Cuadro: Denominación de Tierras municipales, comunales y estatales en Chiquimula.


Uso Observaciones

1 Bosque municipal San José la Arada 90 Bosque natural Bosque sin manejo. Problemas de saqueo de leña incendios, ocoteo y cambio del uso del suelo

2 Bosque municipal San Juan Ermita 103 Bosque natural Bosque sin manejo. Cambio de uso de suelo y problemas por incendios.

3 Bosque comunal de minas arriba San Juan Ermita 225 Bosque natural de coniferas

4 Bosque municipal Quetzaltepeque, Aldea Llano Galán

100 Bosque natural Bosque sin manejo. Problema de ocoteo, extracciones ilegales, incendios.

5 Bosque comunal Quetzaltepeque,Aldea palmilla abajo

52 Bosque natural Bosque sin manejo. Árboles dispersos

6 Bosque municipal de uso comunal Quetzaltepeque 90 Bosque natural, cafícultura

Sin manejo declarado area protegida, problemas de cambio de uso.

7 Bosque comunal Quetzaltepeque, Aldea las cebollas

678 Bosque natural Sin manejo, remanentes de regeneración natural, su plan de manejo se incluye dentro el denominado Proyecto Jupilingo- Las Cebollas

8 Bosque municipal Camotán, Aldea la lima 396 Bosque natural Conflictos entre comunidades por su tenencia

9 Bosque municipal de uso comunal Camotán,Aldea el rodeo

125 Bosque natural mixto Sin manejo

159


Uso Observaciones

10 Bosque municipal de uso comunal Camotán,Aldea el tesoro

176 Bosque natural Bosque sin manejo. Extracción ilícita

11 Bosque municipal Camotán, Aldeas Lela Chanco y Brasilar

200 Bosque natural Sin manejo. Extracción ilícita

12 Bosque comunal Jocotán 225 Bosque natural Algunas practicas de manejo

13 Bosque comunal Ipala,Aldea las Ceniceras

35 Bosque natural Extracción ilícita

14 Astillero comunal Ipala,Aldea el Rosario

50 Bosque natural, uso energético

Bosque sin manejo. Extracción ilícita

15 Bosque comunal Ipala,Aldea el Jute

70 Bosque natural y agricultura

Extracción ilícita para el cambio de uso

16 Bosque comunal y reserva forestal Ipala,Aldea los achiotes

100 Bosque natural, agricultura

Bosque sin manejo. Avance de frontera agrícola y extracción ilícita.

17

Bosque comunal de el taco Chiquimula 995 Bosque de coniferas

18

Bosque municipal Chiquimula,Tierra blanca

50 Bosque mixto

19

Bosque municipal Concepcion Las Minas Sd Bosque natural


Cuadro: Denominación de Tierras municipales, comunales y estatales en Sacatepéquez.

Ubicación Área has. Uso Observaciones1 Sumpango 45 Bosque natural Sin manejo2 Sumpango 2 Plantación Plantación realizada en

el 87. Podas y limpias3 Sumpango 59 Bosque de coniferas Necesita de manejo de

Saneamiento.San Lucas Sacatepequez,Cerro Alux

3.50 Bosque natural de coniferas

Arrendado a empresas de radio y televisión para ubicación de antenas

4 Santiago Sacatepequez 10. 48 Bosque natural mixto para protección fuentes de agua y agricultura

5 Santiago Sacatepequez 4 Bosque natural mixto

6 Santiago Sacatepequez 6 Agricultura

7 Santa lucia Milpas Altas,Santo tomas Milpas Altas

3 Vivienda y agricultura

8 Santa lucia Milpas Altas,Santo tomas Milpas Altas

1 Vivienda

9 Santa lucia Milpas Altas 3 Bosque natural de coniferas

10 Santa lucia Milpas Altas 1 Bosque natural de coniferas

11 San Barlolomé Milpas Altas 8.4 Bosque para conservar nacimientos de agua, siembra de maíz.

160

Ubicación Área has. Uso Observaciones12 San Barlolomé Milpas Altas 1 Bosque natural latifoliado

para proteger fuentes de agua.

Parte arrendada a vecinos

13 Magdalena Milpas Altas,San miguel Milpas Altas

50

30

Bosque natural de coniferas

Plan de manejo

14 Magdalena Milpas Altas 8 Bosque natural, de coniferas para la Protección fuentes de agua, agricultura

15 Pastores 145 Bosque natural de coniferas para Protección fuentes de agua

16 Pastores,Aldea San Lorenzo el tejar

4 Agricultura, centro recreativo, agua caliente y Protección de fuentes de agua

Manejado por la municipalidad

17 Jocotenango,Aldea mano de León

2 Bosque natural latifoliado para Protección de fuentes de agua

Plantean la necesidad de manejar el bosque

18 Ciudad vieja 1 Edificio publico Construcción de instituto

19 San Antonio Aguas Calientes 94.58 Bosque natural mixto y agricultura.

Se desea manejar

20 Santa Catarina Barahona 22 Bosque natural mixto y agricultura

Plantea que se debe manejar

21 San miguel dueñas,El rosario

1 Bosque natural latifoliado, Protección de fuentes de agua

22 San Miguel Dueñas, Concepción 67 Bosque natural latifoliado, Protección fuentes de agua, sombra de café

Forman una asociación

23 Santo Domingo Xenacoj 1 Bosque Protección fuente de agua

24 Santo Domingo Xenacoj 0.35 Bosque tanque de captación de agua

Pequeñas áreas que la municipalidad ha conservado

25 Santo Domingo Xenacoj 0.35 Bosque Protección de fuentes de agua

26 Santo Domingo Xenacoj 0.12 Tanque de captación

27 Santo Domingo Xenacoj 0.12 Baldío

28 Santo Domingo Xenacoj 0.12 Bosque, Protección ojo de agua

29 Santo Domingo Xenacoj 0.47 Bosque natural de ciprés

30 Santo Domingo Xenacoj 0.47 Bosque natural

31 Santa María de Jesús 4 Bosque natural mixto

32 Antigua Guatemala 3 Bosque recreativo

33 Antigua Guatemala

7

Bosque natural, mixto y centro recreativo

34 Antigua Guatemala 4 Bosque natural de coniferas

Existe un plan de manejo

35 Antigua Guatemala,San mateo Milpas Altas

145 Bosque natural de coniferas

Existe un plan de manejo

36 Antigua Guatemala,San pedro las huertas

2 Bosque

37 Antigua Guatemala, San Juan del Obispo

1 Bosque

38 Antigua Guatemala,San Cristóbal el Alto

2 Bosque natural mixto

161

Ubicación Área has. Uso Observaciones39 Antigua Guatemala 90 Bosque natural, mixto40 San Juan Alotenango 3 Bosque natural mixto de

aliso y encinoFuente: INAB, Bosques comunales y municipales. Proyecto Fortalecimiento Forestal Municipal y Comunal. Sin Publicar. 2,002.

Cuadro. Tierras municipales, comunales y estatales en Escuintla.


Uso Observaciones

1 Finca el chilar Palín 2281 Cafícultura Cafícultura organizados en cooperativa

2 Terrenos en común San Vicente Pacaya 3 Bosque mixto3 Tierras en común Masagua 2 Baldío

4 Tierra municipal Puerto San José 0.35 Vivero municipal5 Terreno municipal Puerto de Iztapa 10 Bosque natural

Fuente: INAB, Bosques comunales y municipales. Proyecto Fortalecimiento Forestal Municipal y Comunal. 2,002. Sin Publicar.

162

Cuadro: Lugares sagrados mayas en el área de acción del Proyecto por Comunidad Linguistica.

Lugar sagrado Ubicación Comunidad lingüística ObservacionesQ’eqch’i Xukaneb´ Chamelco, Alta Verapaz Cerros sagrados (itzultaqá) mas

mencionados por los qéqchi´, y los cerros mas altos de la región. Cerró Raxón-Reserva de Biosfera de las Minas. Cerca del Cerro Siyab´, hay una Reserva Privada propiedad de la Universidad del Valle.

Kojaj San Pedro Carchá, Av.Raxón Tzúunum Panzos, Alta Verapaz.Siyab ´ Senahu, Alta Verapaz.

Qana´ itzam Cahabon, Alta Verapaz Qana´(señora).únicos cerros con tratamiento de respeto en femenino. A los demás se les antepone Qawa´, que significa señor

Qana ´marilaóxeek Cahabon, Alta VerapazQana ´tomasa El Estor, izabalQanaábas Teleman, Panzos, A.V.Qana´ suuj kím San Pedro Carchá, AV.Pekmo´ San Pedro Carchá, A.V.Rubélpek Senahu, Alta Verapaz Grutas de Lanquin Lanquin, Alta Verapaz Parque Nacional. lugar sagrado en el

interior de las grutasSemil Lanquin, Alta VerapazSeúuq Cahabon, Alta Verapaz Cruz en la cima, domina el pueblo de

cahabonChiajxukub´ Cobán ,Alta Verapaz Sitio con recinto cerrado para la

celebración de ceremonias mayas. Pirámide en construcción

Cavalrio Cobán Cobán Alta VerapazCalvario Carchá San Pedro Carchá, A.V.Clavario chamelco Chamelco, Alta VerapazCalvario chamil Chamelco , Alta Verapaz

Poqomechi´ Chicoy Purulhá, Baja Verapaz Monumental cueva visitada por mayas de occidente y las verapaces. Está en propiedad privada y su acceso es pagado. Cuenta con vigilancia, limpieza e infraestructura mínima.

Chi ixim Tactic, Alta Verapaz Uno de los lugares sagrados mas importantes para poqomchi y qéqchi´. Cristianizado por la construcción de un calvario el famoso Cristo de chi ixim. Subsisten varios sitios ceremoniales atrás del templo.

Poqomchi´ Kaikoj San Cristóbal Verapaz, A.V.

Estos cuatro sitios rodean el pueblo de San Cristóbal, siendo todos muy visitados, con la excepción de cónsul, donde el actual dueño evangélico ha prohibido el acceso ceremonial.

Paneskalera San Cristóbal Verapaz, A.V.

Cónsul San Cristóbal Verapaz, A.V.

Kinich ajau San Cristóbal Verapaz, A.V.

San Martín-waxabaja Purulha, Baja Verapaz. Reserva de Biosfera Sierra de las Minas-ceremonia anual-enero

Achi´ Kajyup Rabinal Baja Verapaz - antiguas ciudades mayas. Sitios visitados por los poqomchi´, pues allí habitaron antes de la llegada de los

Chuitinamic Rabinal Baja Verapaz

163

rabinaleb´. Garifuna Playa Quehueche Livingston, izabal Reserva del uso múltiple Rio Sarstún

en quehueche hay casa ceremonial para chugu o dugo

Playa Cocoli Livingston, izabal

Cañón Rió dulce Livingston, izaba Parque Nacional Río DulceXinca Fuentes de agua ----- --------

Fuente: Secaira, E. 2,002. La conservación de la naturaleza, el pueblo y movimiento maya, y la espiritualidad en Guatemala.

164

Mapas de áreas protegidas

105

registro de informacion catastral - … · web viewpromover las acciones necesarias para el...

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