reformas fiscales

Elena Castañeda GordilloMiguel Ángel Peralta Lázaro

Debería modificarse la Ley del IVA quedando únicamente sujetas al tipo reducido del 10% las operaciones siguientes:

a) Las mencionadas en el artículo 91, Uno.1, 7º referidas a entregas de edificios o partes de los mismos aptos para su utilización como viviendas, incluidas las plazas de garaje.

Propuesta IVA núm. 81 a)

• La disminución del número de operaciones sujetas al tipo impositivo reducido produciría una mayor recaudación del impuesto, lo que contribuiría a cumplir con el objetivo de déficit, a evitar nuevos recortes en servicios públicos, a utilizar estos recursos económicos en medidas de fomento del empleo, de crecimiento, de implantación de nuevos tratamientos sanitarios, etc…

• El mantenimiento del IVA de las viviendas al 10% evitaría las dificultades que, de incrementarlo al 21%, supondría el proceso de liquidación de stock de viviendas nuevas que están aún sin vender.

• El mantenimiento de estas operaciones inmobiliarias sujetas al tipo impositivo reducido contribuiría a que no disminuyera el interés general por la transmisión de viviendas, posibilitándose así la recuperación del sector inmobiliario.


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• La subida del IVA en la mayoría de los productos y servicios provocaría que el consumo se redujera, al ser entonces los productos más caros. De hecho, quienes más consumieran, más pagarían en concepto de IVA. Esta disminución del consumo tendría como consecuencia la existencia de menos inversiones empresariales y, por tanto, de un aumento en la tasa de desempleo.

• La disminución del número de productos y servicios de tipo reducido provocaría que los pobres fueran aún más pobres puesto que, al tratarse el IVA de un impuesto proporcional, grava a todos por igual, pero a los que tienen rentas más bajas la compra de productos o la contratación de servicios les supondría un porcentaje mayor de sus ingresos en comparación con los que tienen rentas más altas.

• La subida al 21% de la mayoría de los productos y servicios que actualmente están al 10% supondría perder poder adquisitivo debido al encarecimiento de dichos productos y servicios, produciéndose un empobrecimiento generalizado de la población.


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Debería considerarse que no está sujeto a IRPF:

b) Las primas que la empresa abone por seguros de responsabilidad civil derivada de la actividad del trabajador o por accidentes laborales.

(Entendemos que el Gobierno propone que se empiece a tributar por este concepto, que hasta ahora no estaba sujeto a IRPF)

Propuesta IRPF núm. 5 b)

• Este aumento de bienes y servicios contribuiría a que se produjeran más inversiones empresariales, más producción y que se hiciera más necesaria la contratación de mano de obra, lo que implicaría una importante disminución de la tasa de desempleo.

• La reducción de los supuestos de no sujeción al IRPF implicaría una mayor tributación por este impuesto, contribuyendo a incrementar los ingresos públicos y, con ellos, la financiación del Estado para suministrar bienes y servicios a la Sociedad.


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• Algunos factores como, por ejemplo, el tamaño y la actividad de la empresa, influyen en los importes de la prima que se abona por cada trabajador. Así, a trabajadores pertenecientes a empresas de un determinado sector y tamaño se les atribuye un rendimiento en especies posiblemente menor que a otros que pertenezcan a empresas de pequeño tamaño o que realicen una actividad peligrosa. En caso de que este concepto estuviera sujeto a IRPF, estos últimos trabajadores tendrían que tributar en mayor medida, lo que supondría una situación de desigualdad para ellos.

• La empresa es quien soporta la responsabilidad civil derivada del ejercicio de su actividad o la derivada de accidentes laborales, por lo que asegurar estas coberturas supone para la empresa un gasto necesario, pero no un auténtico rendimiento para el trabajador susceptible de tributar por IRPF.


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• El importe de la tributación por estos seguros de responsabilidad civil derivados de la actividad del trabajador o por accidentes laborales sería relativamente bajo, por lo que no contribuiría en gran medida a incrementar los ingresos públicos, no suponiendo, por tanto, un fuerte impacto como factor de reducción del déficit público.

• Las primas por seguros de responsabilidad civil o accidentes laborales son rendimientos en especie que total o parcialmente no deberían estar sujetos al IRPF, puesto que garantizan la seguridad del trabajador en el ejercicio de sus funciones, un derecho fundamental por el que no habría que tributar bajo ningún concepto.


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Debería reformarse la actual legislación del Impuesto de Sociedades al objeto de:

d) Deberían mantenerse respecto a estas normas las excepciones que ya existen en la norma vigente sobre limitaciones de gastos financieros, relativas a entidades de crédito y empresas de seguro.

Propuesta IS núm. 34 d)

• Si las entidades de crédito o empresas de seguros formaran un grupo fiscal con otros entes que no tuvieran esta consideración, los límites de deducibilidad del gasto financiero se computarían excluyendo el efecto que en el grupo tendrían estas entidades. Esto implicaría que, cuando se diera esta circunstancia, existiría cierta limitación en la deducibilidad del gasto financiero, lo que permitiría al Estado aumentar sus ingresos, contribuyendo así a la reducción del déficit público.

• El mantenimiento de la no limitación de la deducibilidad de gastos financieros en entidades de crédito y aseguradoras favorecería que estas empresas siguieran deduciéndose por estos gastos sin limitación alguna, lo que no aumentaría el importe que tendrían que pagar en concepto de Impuesto de Sociedades, pudiendo seguir utilizando sus beneficios netos en incrementar sus fondos propios, repartir entre los socios, realizar nuevas inversiones, …


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• El mantenimiento de estas excepciones no supondría modificación alguna en las condiciones de deducibilidad establecidas hasta el momento, lo que aseguraría que no se limitaran de forma inesperada las deducciones durante el transcurso del pago de un préstamo bancario o de un seguro, algo que, de producirse, podría incrementar el endeudamiento de la empresa. El hecho de saber que se van a mantener estas excepciones proporcionaría una mayor certidumbre, que permitiría definir los presupuestos de forma más eficiente.


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• Si las entidades de crédito o empresas de seguro formaran un grupo fiscal, la limitación aplicable establecida por Ley obligaría a las empresas a pagar más en concepto de Impuesto de Sociedades, puesto que la deducción por los gastos financieros sería mayor si estas entidades no formaran parte de este grupo.

• El mantenimiento de las excepciones establecidas por Ley en referencia a la deducibilidad de gastos financieros en entidades de crédito y aseguradoras tendría como consecuencia que las empresas siguieran pagando menos en concepto de Impuesto de Sociedades al no estar limitadas las deducciones, no contribuyendo así al incremento de los ingresos ni a la reducción del déficit público.


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• Si se eliminaran estas excepciones se facilitaría la financiación de nuevas inversiones mediante ampliaciones de capital (financiación propia) frente a la financiación mediante deudas y préstamos bancarios (financiación ajena), lo cual incidiría positivamente en la eficiencia de las inversiones, pues los accionistas participarían no sólo de los beneficios sino también de las posibles pérdidas y, en consecuencia, estarían más interesados en la eficacia de las nuevas inversiones, para cuya financiación se reclamarían sus aportaciones de capital antes que otras formas de financiación como, por ejemplo, la procedente de las entidades bancarias.

• Se deberían modificar las excepciones y establecer una nueva fórmula que vinculara la deducibilidad fiscal con los gastos financieros netos a un nivel equilibrado de endeudamiento con la finalidad de luchar de forma eficiente contra el endeudamiento excesivo impulsado exclusivamente por razones fiscales.


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