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PROPUESTA COMUNICATIVA PARA MEJORARLA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Construyendo la agenda públicade la justicia eficaz, accesible

e independiente

Lucy Mariel Guerrero AlarcónTTTTTercer puestoercer puestoercer puestoercer puestoercer puesto

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Contenido

Introducción

1. Elementos de partida para la construcción dela agenda pública de la administración de jus-ticia1.1. Renovación de los conceptos, actitudes,

capacidades y prácticas comunicativaspara una administración de justiciarelacional e inclusiva

1.2. Afirmación de la concertación de actoresalrededor de la reforma judicial

1.3. Ampliación de la participación ciudadanae inclusión de la población en el sistemade administración judicial

1.4. Conformación de la esfera pública de laadministración de justicia: Ganancia deconsensos para el mejoramiento de la ad-ministración de justicia

2. Los caminos estratégicos para construir unaagenda pública y una visión común en torno dela administración de justicia

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3. Oportunidades, desafíos y compromisos delos actores involucrados en la justicia pública3.1. Funciones del Poder Judicial3.2. Funciones de los operadores de justicia3.3. Nuevos papeles y funciones de los acto-

res de la comunicación3.4. El papel de la sociedad civil o población

organizada4. Participación ciudadana en la construcción de

la agenda pública5. Las estrategias comunicativas de la agenda pública: Los medios y las mediaciones5.1. Propósito5.2. Objetivo general5.3. Objetivos específicos5.4. Estrategia n.° 1: Elaboración de una polí-

tica de comunicación del Poder Judicial5.5. Estrategia n.° 2: Promoción y articulación

de los esfuerzos comunicativos de la so-ciedad civil y la cooperación en pro de lareforma judicial

5.6. Estrategia n.° 3: Sensibilización de la po-blación para legitimar el asunto de la jus-ticia pública como un problema social dig-no de soluciones concertadas

5.7. Estrategia n.° 4: Aplicación de estrategiasde comunicación educativa para la gene-ración de liderazgos ciudadanos en la ges-tión de la justicia pública

5.8. Estrategia n.° 5: Aplicación de estrategiasde comunicación ciudadana para fortale-cer la esfera pública en relación con lajusticia

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5.9. Estrategia n.° 7: Aplicación de estrategiasde comunicación política e institucionalpara reforzar las relaciones comunicativasde los actores de la justicia pública

5.10. Estrategia n.° 8: Desarrollo de políticasinformativas por los medios de comunica-ción en los ámbitos nacional y local

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Concurso de ensayosCarlos GiustiCarlos GiustiCarlos GiustiCarlos GiustiCarlos Giusti

¿Cómo mejorar la administraciónde justicia en el Perú?

La iniciativa de convocar a un concurso de en-sayos sobre temas de justicia tuvo desde el co-mienzo un objetivo minimalista pero complejode lograr por razones que se pueden suponer:alimentar y enriquecer el debate sobre lo quees necesario hacer a corto, mediano y largo pla-zo para mejorar la administración de justicia enel Perú.

Para ello, abrimos nuestras puertas a trabajosque, bajo la modalidad de un ensayo (en su sen-tido más amplio), incorporaran ideas, diagnósti-cos y propuestas referidas al mundo de la justi-cia, provenientes de distintas especialidades (De-recho, Periodismo, Historia, Antropología, Co-municaciones, Psicología, Sociología, etcétera),así como de diversas experiencias o ubicacio-nes.

Nuestro punto de partida fue —y sigue siendo—que la crítica situación que atraviesa la adminis-tración de justicia en el Perú y en los diferentespaíses de la región responde a variables muy

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distintas. Mejorar la administración de justiciadepende, entonces, de nuestra capacidad deintroducir cambios en todas las instituciones ytodos los aspectos que inciden directa o indirec-tamente en el funcionamiento del sistema: Po-der Judicial, Ministerio Público, Policía, ConsejoNacional de la Magistratura, abogados, faculta-des de Derecho, aspectos culturales, relacionescon los medios de comunicación, mecanismosde trasparencia, entre muchos otros.

Con este tamiz, fueron 142 los ensayos recibi-dos que se ajustaban a las premisas de la con-vocatoria.

Para seleccionar a los ganadores conformamosun jurado compuesto por un representante dela magistratura, Carlos Montoya Anguerry (exvocal supremo y superior y ex presidente delprimer Consejo Nacional de la Magistratura);un representante de la Pontificia UniversidadCatólica del Perú, Francisco Eguiguren Praeli (jefedel Departamento de Derecho y profesor de laFacultad de Derecho de la PUCP), y un repre-sentante del Instituto de Defensa Legal, Ernestode la Jara Basombrío (director del ConsorcioJusticia Viva).

Por consenso, el jurado determinó los siguientesganadores:

Primer puesto: EmpatePrimer puesto: EmpatePrimer puesto: EmpatePrimer puesto: EmpatePrimer puesto: Empatea)Idiosincrasia judicial y reforma de la justicia

Autor: Eduardo DargentBocanegraSeudónimo: Lotón

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b) Mujeres rurales y justicia de paz Autora: Patricia Balbuena Palacios Seudónimo: Tsiroti

Segundo puesto: Segundo puesto: Segundo puesto: Segundo puesto: Segundo puesto: Las virtudes y los vicios de la conciliaciónextrajudicial: Dualidad discursiva de la justiciamodernaAutor: César Leónidas Gamboa BalbínSeudónimo: Catobeplas

TTTTTercer puesto:ercer puesto:ercer puesto:ercer puesto:ercer puesto:Construyendo agenda pública de la justicia efi-caz, accesible e independienteAutora: Lucy Mariel Guerrero AlarcónSeudónimo: Tinkuy

Felicitamos a los autores de los trabajos premia-dos por la excelencia de sus investigaciones.Además, queremos decir que las ideas expre-sadas por ellos no comprometen ni a los miem-bros del jurado, ni a las instituciones que perte-necen, ni a Justicia Viva. Finalmente, hacemosextensivas nuestras felicitaciones a todas aque-llas personas que contribuyeron a sondear losrecovecos de la inagotable pregunta acerca de¿cómo mejorar la administración de justicia enel Perú? A todos ellos, nuestro agradecimiento ynuestro respaldo en la tarea de continuar conesta búsqueda.

Ernesto de la Jara BasombríoDirector del Consorcio Justicia Viva

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Introducción

Este trabajo propone incorporar con creativi-dad y como política pública un enfoque comuni-cativo como una dimensión fundamental del ser-vicio de la administración de justicia peruana,que garantice su eficacia, accesibilidad e inde-pendencia.

El objetivo de tal enfoque comunicativo es lo-grar el cambio de la cultura jurídica en el país,mejorando la calidad y calidez de las relacionescomunicativas entre los operadores jurisdiccio-nales y la población en el ejercicio activo de suciudadanía, de manera de satisfacer con efica-cia sus necesidades sociales de resolución deconflictos y de protección de sus derechos y bie-nes jurídicos.

Así, se propone un modelo de comunicación ca-paz de superar la desconfianza, el desencuentroy la escasa participación de la sociedad civil enla administración de justicia.

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El empoderamiento ciudadano y el compromisode la población con su sistema jurisdiccional per-mitirán dar un salto cualitativo en la construc-ción de una agenda para este servicio público,que tome en cuenta el reclamo histórico de losciudadanos por un tratamiento prioritario del sis-tema para concertar voluntades de cambio. Soloasí se cimentará la gobernabilidad democráticay se impulsará el desarrollo sostenible ydescentralista en los diversos niveles de gobier-no (central, regional y local).

Colocando el tema de la buena administraciónde justicia como un asunto de interés públicotrascendental e inmerso en el proceso del Acuer-do Nacional legitimado por el ciudadano de apie, también se abre una brecha promisoria pararevertir la pobreza y la exclusión social en nues-tro país.

La enorme diversidad y pluralidad de nuestropaís son, al mismo tiempo, una ventaja y unadesventaja: potencialmente beneficiosas, ambascaracterísticas constituyen hoy barreras a la in-tegración y vallas por superar para el diálogoentre culturas.

En este contexto, la comunicación puede contri-buir a desarrollar por lo menos tres objetivos:

• A construir una administración judicialeficiente, eficaz, moderna, neutral ytransparente, capaz de atender las de-

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mandas nacionales, regionales y loca-les de la población y de fomentar la par-ticipación ciudadana.

• A institucionalizar el diálogo y laconcertación, con base en la afirma-ción de coincidencias y el respeto delas diferencias, estableciendo mecanis-mos que garanticen la participación dela ciudadanía en el proceso de refor-ma del Poder Judicial.

• A implementar mecanismos de trans-parencia y rendición de cuentas de losoperadores de justicia —principalmen-te los jueces— que faciliten el controlciudadano, erradicando toda forma decorrupción o de utilización del poderjurisdiccional.

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1. Elementos de partida para la cons-trucción de la agenda pública de laadministración de justicia

A pesar de que la reforma de la administraciónde justicia es primordial para la refundación delEstado peruano, no constituye hoy parte de laagenda pública en tanto compromiso y renova-ción de valores y prácticas de los diversos acto-res involucrados en pro de una gestión compar-tida que garantice su independencia, accesibili-dad y eficacia.Es la interacción de los diferentes actores lo quepermitirá o anulará la generación de valor pú-blico en un modelo de gestión del servicio deadministración de justicia que se compromete alograr su éxito y su eficacia.

Todos los actores son indispensables. Así comodebe haber grupos políticos que la sostengan,tomando en cuenta su valor social, son necesa-rios, asimismo, el desarrollo administrativo, elde las capacidades técnico-jurídicas como basedel proceso y, por supuesto, el apoyo de la po-blación. De otra manera, la reforma no seráviable.

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Lo propio ocurrirá si el renovado modelo de ges-tión del servicio público de justicia es apreciadosolo por la sociedad civil y por los expertos quedesarrollan tecnología y están a cargo del siste-ma: si no se cuenta con apoyo político para laasignación presupuestaria y la institucionalizaciónlegal y administrativa del proceso, la reformaestá condenada al fracaso y las experienciasparticipativas no trascenderán.

Por ello, resulta clave reunir y configurar los di-versos elementos en el camino hacia la cons-trucción de una agenda pública para el serviciojurisdiccional:

• Renovación de los conceptos, actitudes,capacidades y prácticas comunicativaspara una administración de justiciarelacional e inclusiva.

• Afirmación de la concertación de acto-res alrededor de la reforma judicial.

• Ampliación de la participación ciudada-na e inclusión de la población en el sis-tema de administración judicial.

• Conformación de la esfera pública dela administración de justicia: gananciade consensos para el mejoramiento dela administración de justicia como asun-to público crucial del Estado de Dere-cho, del desarrollo y de lagobernabilidad democrática.

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En lo que sigue desarrollamos cada uno de es-tos puntos.

1.1 Renovación de los conceptos, actitu-des, capacidades y prácticascomunicativas para una administraciónde justicia relacional e inclusiva

Se trata de superar una visión instrumental y tra-dicional de la comunicación como difusión demensajes, propaganda de los logros, entrega deinformación o transmisión de noticias. Para me-jorar la administración de justicia es indispensa-ble asumir que la comunicación es:

• Cultivar relaciones sociales, de ida yvuelta, entre los operadores de la justi-cia y los diversos sectores de la pobla-ción, sin ningún tipo de exclusión.

• Construir una visión compartida del ser-vicio de administración de justicia queresponda a las expectativas, demandassociales y aportes de la población ‘usua-ria’ cuya realización sea posible.

• Compartir la reforma judicial, hacerlacomún, sin distinciones de ninguna na-turaleza, para que sea un asunto públi-co primordial capaz de concitar laconcertación y la participación ciuda-dana activa.

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Además, resulta vital promover capacidades yprácticas comunicativas entre los actores direc-tamente involucrados en la administración de jus-ticia, para sustraerla de una esfera cerrada, pro-pia de los especialistas y responsables de que elaparato jurisdiccional funcione. Cuando no seaprovechan las ventajas de las relacionescomunicativas entre los servidores públicos y lapoblación ‘usuaria’, surge la insatisfacción ciu-dadana. Por eso, hay que considerar que:

• La comunicación fortalece la cultura po-lítica y ciudadana de la población: Des-encadenaría procesos socioculturalesque ayudarían a redefinir identidadespolíticas e iniciar la construcción de lasagendas públicas locales, regionales ynacional respecto de la reforma judi-cial.

• La comunicación desde los medios pue-de ampliar el espacio público: No bastacon informar; hay que promover quelos medios de comunicación cumplanun papel activo en el tratamiento de lareforma judicial para incorporar a lapoblación, los políticos y los propiosmedios en la discusión pública acercade ella.

• La comunicación es incluyente y equi-tativa::::: Tiene que lograr que las nece-sidades, demandas y propuestas secto-

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riales respecto de una buena adminis-tración de justicia sean visibles; y lo pro-pio debe ocurrir con los sectores y ac-tores relegados de la gestión pública,con el fin de promover la expresión degrupos distintos de la sociedad. Esto su-pone tener en cuenta ámbitos y cultu-ras ciudadanas diferenciadas, dadas lafragmentación social y la tremenda di-versidad cultural del país.

1.2 Afirmación de la concertación de ac-tores alrededor de la reforma judicial

Si una de las metas primordiales de la reformajudicial es mejorar la calidad de la administra-ción de justicia, para contribuir a la concertaciónen torno de ella es necesario reconocer a losmúltiples actores llamados a participar y ser pro-tagonistas de este proceso fundamental.

A partir de su relación con la esfera pública,estos agentes de la concertación pueden ser cla-sificados en cuatro grandes sectores. Sin em-bargo, no es posible obviar que cada uno deellos tiene aportes específicos que hacer y dis-tintas cuotas de poder en la construcción de laagenda pública de la administración de justicia:1

a)a)a)a)a) Los operadores de justicia:Los operadores de justicia:Los operadores de justicia:Los operadores de justicia:Los operadores de justicia: Respecto deeste tema, dice Pásara (2004: 544):

[Los] jueces, fiscales, funcionarios y abo-gados litigantes son operadores que han

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encontrado en el contexto de los viejosmales de la justicia su forma de vida la-boral, incluyendo en ella la corruptela yvicios graves del producto que la socie-dad recibe de tal sistema. Pero, si bienlos operadores del sistema son a la vezproducto y causa de sus males, no esposible emprender la transformación deese aparato institucional sin reservar paraellos un lugar protagónico [...].

Estos operadores de justicia son los técnicos yespecialistas. Se trata de un sector calificado enel tratamiento de los problemas del Poder Judi-cial, aunque se han convertido sobre todo enuna cúpula de profesionales con un saber técni-co que no interactúa con las demandas de lapoblación ni con los sentidos comunes de los‘usuarios’; al menos, evidencian pocas capaci-dades de generar diálogos e interaprendizajescon la ciudadanía.Las mal entendidas autonomía e independenciadel Poder Judicial se convierten en barreras in-expugnables para suscitar empatía y encuentrosentre los servidores públicos y la población enejercicio de sus derechos y deberes.

1 La agenda pública vendría a ser un proceso de

concertación y comunión de asuntos públicos tamizados

por los diversos actores llamados a constituir la esfera

pública. En las sociedades locales, el autoritarismo, el

paternalismo y las actitudes de servilismo limitan la cul-

tura democrática basada en las deliberaciones y en la

construcción equitativa de lo público.

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Según el propio Pásara (2004: 545):

Muchos operadores del sistema de justi-cia estatal no parecen entender cuál esel problema. No han entendido las razo-nes del rechazo social que en la mayorparte de los ciudadanos de América Lati-na genera la justicia —respecto al cualno se han preguntado a qué correspon-de—, o han buscado excusaspresupuestales que los liberen de respon-sabilidad en el resultado que producen.Muchos de los funcionarios llevan algoasí como una coraza protectora para nocambiar, salvo que se trate de incremen-tos salariales.

Los operadores jurisdiccionales deberían apor-tar a la agenda técnica e institucional su esfuer-zo por hacer visibles los puntos de cambio suge-ridos por los actores directos de la administra-ción de justicia, con el fin de atacar sus causas.

b) Los actores políticos:b) Los actores políticos:b) Los actores políticos:b) Los actores políticos:b) Los actores políticos: Se trata de las auto-ridades electas para el ejercicio del poder y laadministración de lo público, e incluye los tresniveles de gobierno —local, regional y central—inmersos en un proceso creciente de descentra-lización del Estado peruano.

En este sentido, los gobernantes —alcaldes, pre-sidentes regionales, Presidente de la República—deben mostrar voluntad política para asumir los

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acuerdos de gobernabilidad y los planes de de-sarrollo integral contemplando la dimensión dela administración de justicia para resolver los con-flictos, tomar a su cargo la responsabilidad dehacer justicia y desterrar el sistema decorruptelas.

Esta propuesta no implica una vulneración de laindependencia ni de la autonomía del Poder Ju-dicial, ya que estas autoridades, por ser partedel Ejecutivo, contribuirían con la formulaciónde políticas públicas favorables al óptimo des-empeño de los operadores de justicia y a la ac-cesibilidad, transparencia y eficacia de este ser-vicio público.

También son actores políticos los partidos y losmovimientos que participan en el juego demo-crático de la competencia y la oposición.

Por ello, se espera que estos actores que buscanacceder al poder configuren la denominadaagenda política. Así, sus programas y planes degobierno deben incluir lineamientos para la mo-dernización, democratización y transparencia enla gestión del servicio de administración de jus-ticia.

c) Los comunicadores, periodistas y susc) Los comunicadores, periodistas y susc) Los comunicadores, periodistas y susc) Los comunicadores, periodistas y susc) Los comunicadores, periodistas y susinsinsinsinsinstituciones (los medios de comunica-tituciones (los medios de comunica-tituciones (los medios de comunica-tituciones (los medios de comunica-tituciones (los medios de comunica-ción):ción):ción):ción):ción): En la era de la denominada “““““cuarta re-volución industrial”,2 son estos actores de la co-municación social quienes proponen la agendamediática.

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Tienen la enorme ventaja de llegarcotidianamente a la población, lo que les per-mite imponer o “poner de moda” los asuntospúblicos alrededor de los cuales giran las co-rrientes de opinión ciudadana. Además, puedenrecoger los malestares, rumores y quejas de lapoblación sobre los hechos particulares del sis-tema de administración de justicia, aquellos ca-sos que son vividos y percibidos por los ‘usua-rios’ como abusos, corrupción y vulneración delos derechos humanos.

d) La población en sus diversos sectoresd) La población en sus diversos sectoresd) La población en sus diversos sectoresd) La población en sus diversos sectoresd) La población en sus diversos sectoresy niveles de organización:y niveles de organización:y niveles de organización:y niveles de organización:y niveles de organización: Llamamos socie-dad civil a la población calificada y organizadaen diversos niveles. Es posible que se levantenagendas sociales que ordenen las necesidadesde justicia y hagan visibles los puntos neurálgi-cos. Esta agenda es un elemento poderoso parala construcción de una agenda pública concer-tada para un buen servicio jurisdiccional.

Sin embargo, la mayoría de la población pe-ruana no está organizada y no dispone de ca-

2 Algunos especialistas para explicar la “cuarta revolu-ción industrial”, contraponen a la denominada “eradigital” el avance inusitado de las comunicaciones –inmediatez, transparencia, etc- y la elaboración demodelos sistematizados y programas organizados –“softwares”- que son de uso mundial y transformadorasde las relaciones sociales. Allí las maquinas y las tec-nologías poseen un valor relativo frente a lo crucialdel desarrollo cultural – del ser y saber hacer – porparte de la población que avanza y hace uso de lascomunicaciones o puede quedar excluida de la “so-ciedad del conocimiento”.

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nales, condiciones y capacidades para expre-sarse, hacerse escuchar o, simplemente, ente-rarse de los asuntos públicos.

En el Perú, la gran mayoría de los movimientospopulares de las últimas décadas del siglo re-cién pasado han surgido para enfrentar la po-breza y garantizar la supervivencia de los secto-res más pobres; ese es el caso de los Comedo-res Populares, los Clubes de Madres y los Comi-tés del Vaso de Leche. De la misma manera, losasuntos relativos a la salud y educación públicastienen como contrapartidas organizaciones depromotoras de salud y agrupaciones juveniles.

Por su lado, los movimientos sociales más am-plios destacaron en la lucha por el retorno a lademocracia y contra la dictadura y la corrup-ción generalizada del régimen que presidió elingeniero Alberto Fujimori.

Sin embargo, es sintomática la inexistencia deorganizaciones populares de la sociedad civil queaborden el asunto medular de la reforma de laadministración de justicia. Aun así, han apareci-do promotores legales que contribuyen especial-mente a facilitar el acceso a la justicia a los sec-tores socioeconómicos más pobres o a utilizarlos medios alternativos de resolución de conflic-tos.

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1.3 Ampliación de la participación ciu-dadana e inclusión de la población en elsistema de administración judicial

Ya se ha visto que la población no organizadacarece de agendas temáticas. Solo participa dela conformación de corrientes de opinión en sunivel más bajo y poco calificado, sobre la basede sentidos comunes pragmáticos, rumores y co-mentarios sueltos respecto de los asuntos públi-cos. En muchos casos, los desconocen o care-cen de opinión frente a ellos.La mayoría de la población está dispersa, apa-rentemente es apática y no se preocupa por lostemas de fondo del país, entre ellos el de la ad-ministración de justicia. Lo que sucede es que,históricamente, el tema de la justicia se ha man-tenido confinado en la esfera sectorial y cerra-da del sistema judicial. La población tiene pocaestima de su fuerza ciudadana, y no se concibecomo un actor con capacidad para influir en loscambios del Poder Judicial.

Como señala Pásara (2004: 547):

El ciudadano de a pie vive el problemade la justicia como un caso individual, seestrella contra el espeso velo que separalo jurídico de la percepción lega y no lo-gra acceder a la comprensión del temacomo un problema público [...].

Entonces, es crucial abonar en la construcciónde la agenda pública “haciendo avanzar la ciu-

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dadanía”, o empujar hacia delante la forma-ción de las capacidades de la población paraprogresar en los derechos sociales que implicansujetos actores de ciudadanía.

Existe consenso alrededor de la participacióncomo objetivo e instrumento de una gestión pú-blica transparente, eficiente, eficaz, de alta cali-dad y sostenible en el tiempo. Aparentemente,la participación ciudadana es la garantía de unabuena gestión, pues permitiría eliminarineficiencias que la ingeniería social provocacuando no la considera.

Se asume que la participación efectiva de la co-munidad, y en particular la de los “beneficia-rios” del servicio de administración de justicia,debería ayudar a eliminar la inaccesibilidad porrazones culturales y disminuir aquella que seproduce por razones económicas y geográficas,así como a generar acciones de vigilancia y ren-dición de cuentas en pro de su transparencia.

De otro lado, la participación constituiría un me-canismo sustantivo para empoderar a la pobla-ción y generaría, así, una demanda informada,pues la “gente” y la “comunidad” estarían encondiciones de solicitar “lo posible en la políticade la buena administración de justicia”, con loque se garantizaría su implementación y uso ade-cuados.

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La cogestión o “la participación en la gestión delservicio público de justicia”, lejos de ser un de-recho otorgado por la benevolencia del legisla-dor, puede ser la condición del funcionamientonormal que traiga consigo eficacia y accesibili-dad sin pérdida de independencia.

Es menester que los propios ciudadanos y ciu-dadanas se involucren en la toma de decisionesde los operadores de justicia o en la vigilanciadel quehacer cotidiano de ella, superando unaconcepción meramente benefactora yasistencialista de la acción social y jurídica. Asíse daría lugar a procesos que promuevanintegralmente el desarrollo de las personas yfortalezcan la construcción de ciudadanía en laactuación jurisdiccional.

Desde los niveles locales, y alrededor de los Juz-gados de Paz —letrados y no letrados—, es po-sible construir liderazgos de la mediación y re-solución de conflictos con la participación de lossectores directamente involucrados.

El acento de esta propuesta comunicativa estápuesto en el fortalecimiento de la participaciónciudadana en la justicia local y en una apuestapor generar y mejorar el tejido social como me-canismo sustantivo de la eficiencia y eficacia dela administración de justicia en el corto, media-no y largo plazo.

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Por otro lado, la participación se concibe en elmarco de la movilización social alrededor deactividades específicas que permitan mejorar laacción colectiva a favor del bien público. De estamanera se podría revertir la permanente con-frontación individual y familiar a la justicia pú-blica que se ha mantenido en toda nuestra his-toria republicana.

Cabe anotar que la diversidad de conceptos ydiseños de procesos participativos para confor-mar agendas y políticas públicas nos lleva a afir-mar que estamos en un proceso de construc-ción conceptual de esta forma de gerencia so-cial que muestra su profunda vocacióndemocratizadora y subversiva al pretender vin-cular la acción colectiva con los procesos direc-tos de gestión pública (diseño, implementacióny evaluación de políticas), incluyendo las dife-rentes denominaciones o “etiquetas” que utili-zamos en la sociedad: consumidor, cliente, ciu-dadano y sujeto.....

Esta propuesta intenta alimentar el interés de lapoblación por generar un modelo de gestión delservicio público de administración de justicia co-municativo, relacional y participativo. Creemosque la cogestión es un camino interesante quedebe ser recorrido por las estrategias de gene-ración de capital social, calificación de la de-manda, control social de la acción pública y me-joramiento de esta en términos de eficacia, efi-ciencia y equidad.

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Sin embargo, consideramos necesario pregun-tarnos: ¿Cuáles son las condiciones para queesto funcione? ¿Cuán positivo es el proceso parael conjunto de la población (la que asiste y laque no asiste a los servicios), y no solo para laspromotoras legales o líderes comunitarios? ¿Lacogestión de la administración pública de justi-cia es un instrumento que sirve para este tipo deservicio tan exclusivo a los actores jurisdicciona-les? ¿Cuándo y en qué condiciones es másexitosa la participación ciudadana en la admi-nistración judicial, y por qué?

Y también: ¿Cómo empoderar y propiciar la par-ticipación de los excluidos, que casi siempre osiempre son pobladores y familias rurales? Di-cho de otra manera: ¿Cómo generar participa-ción democrática y no solo participación de loslíderes y empoderados de siempre? ¿Cómo yen qué condiciones la participación genera ca-pital social y humano?

“Soy un ciudadano con derechos que van mu-cho más allá de los derechos de los consumido-res o incluso de aquellos de los ‘clientes’.” Estaes una frase interesante para confrontar unatendencia de gerencia tecnocrática de la refor-ma judicial y de la administración de justicia.

Hoy se privilegia la modernización con infraes-tructura y equipos que agilizan el servicio perorecortan o anulan la participación ciudadana,por lo que se teme que se convierta en un me-

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canismo de presión de la labor jurisdiccional, oinclusive que interfiera en la cultura jurídica au-toritaria y formalista. Por ello, es menester elempoderamiento de la población peruana comoun camino a la ciudadanía real con capacidadde interlocución con los actores jurisdiccionales.

El empoderamiento, concepto tan de moda enlas políticas públicas, alude al proceso de forta-lecimiento de las capacidades individuales y co-lectivas de los pobres y excluidos para que pue-dan participar, negociar e influir en las institu-ciones que afectan su bienestar; por ello, favo-rece la inclusión social para el ejercicio ciuda-dano de deberes y derechos.

El proceso de empoderamiento no se puede pro-poner en abstracto, pues tiene una íntima rela-ción con los niveles de integración social de losciudadanos. Por ello es pertinente contar con es-tudios completos que nos informen del ejerciciociudadano de la población ‘usuaria’ de la justi-cia pública, una suerte de radiografía de la cul-tura política y ciudadana respecto de su prácticay relación cotidiana con lo jurídico.

Las personas y comunidades que se encuentranen situación de exclusión social plena o que ex-perimentan diferentes dimensiones de exclusión,necesitan entrar en un proceso acumulativo deintegración social que implica intervenciones denivel macro, como la generación de confianzasocial en las leyes e instituciones públicas, la ins-

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talación de procesos contra la corrupción y enfavor de la transparencia, y la rendición de cuen-tas; así como intervenciones micro que incluyanuna labor directa con la población para generarempoderamiento y fortalecer o apoyar su capa-cidad organizativa. Por ello, es recomendableinvertir recursos para la reforma judicial, orien-tada hacia la población y no solo al Poder Judi-cial y sus diversas instancias.

La mayor parte de políticas, programas e inter-venciones que incluyen el concepto deempoderamiento consideran a las poblacionesno integradas socialmente como “beneficiariossecundarios”, pues invierten en los líderes yareconocidos por los ciudadanos, no en el tejidosocial de los no integrados.

La focalización del gasto público, en general,no incluye acciones de empoderamiento de losexcluidos: su perspectiva es básicamenteasistencialista y de supervivencia; las voces, ca-pacidades y potencialidades de este tipo de per-sonas no son tomadas en cuenta. Otros segmen-tos de la población pobre (los socialmente inte-grados) hablan y pretenden representar a losexcluidos, como si fueran iguales, con la pe-queña diferencia de ser solo “un poquito menospobres”, “menos abandonados”.

Dicho esto, consideramos que la diferenciaciónde la población por niveles de integración socialpermitiría generar políticas específicas que ase-guren un proceso de empoderamiento y una la-

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bor democratizadora, para que el conjunto dela sociedad, y no solo los que ya son parte deella ni los que ya disfrutan en mayor o menormedida de derechos y deberes ciudadanos, crez-ca en ciudadanía.

Esta diferenciación por niveles de integración/exclusión social quiere ser inclusiva de lasinequidades de género, culturales, étnicas ygeneracionales. Planteamos tres niveles:

• La población socialmente excluida: Nosreferimos a las personas y colectivida-des que viven en condiciones demarginación social, deprivación, discri-minación y vulnerabilidad. No tienenacceso a los bienes y servicios públicos,ni a la protección básica de sus dere-chos.

Ejemplos cotidianos los encontramos enlos adolescentes de la calle y en la ca-lle, los trabajadores sexuales niños y ado-lescentes, los mendigos, los que vivenen situación de pobreza extrema, losancianos en pobreza y abandono, losdiscapacitados en pobreza y abandono,los campesinos pobres y sin tierra o conparcelas muy pequeñas, las minoríasétnicas, etcétera. De todos ellos, sonsiempre las mujeres (en todas las eta-pas del ciclo vital: infancia, adolescen-cia, adultez, adultas mayores) las queviven con mayor dureza la exclusión.

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En este segmento poblacional, el pro-ceso de empoderamiento debe partirpor garantizar su protección social paraavanzar en la promoción de sus dere-chos ciudadanos. La prioridad con estapoblación es favorecer el acceso a in-formación y uso de servicios y bienespúblicos de calidad.

Asimismo, el proceso debe incluir el de-sarrollo institucional de estrategias, me-canismos y acciones afirmativas de equi-dad con enfoque de género,intergeneracional e intercultural pararevertir la discriminación por género asícomo los niveles de vulnerabilidad y deprivación social.

• La población medianamente integradaa la sociedad: Aludimos a poblacionesque, viviendo en la pobreza, tienen ac-ceso y usan la oferta pública y ejercensus derechos ciudadanos en forma in-dividual y mediante la acción colectiva.

Por lo general, estos segmentos de lapoblación cuentan con espaciosorganizativos para ir ampliando paula-tinamente su inclusión social (en térmi-nos de acceso a servicios y bienes), yhan desarrollado liderazgos con fuerzano solo comunitaria sino también locale incluso nacional. La supervivencia está

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relativamente garantizada y existenperspectivas o planes de movilidad so-cial o, cuando menos, para no caer enla pobreza extrema.

Consideramos que en este segmento laagenda debe tener como eje la promo-ción y fortalecimiento de las habilida-des básicas para la participación indivi-dual y organizada, incluyendo el ma-nejo de información sobre sus derechosy deberes ciudadanos, la inclusión enredes existentes para el ejercicio de susderechos y deberes, y el diseño de in-centivos para la participación social lo-cal.

• La población socialmente integrada:Nos referimos a la población que vivepor encima de la línea de la pobreza,tiene acceso a información y goza delos bienes y servicios públicos. A estapoblación se le reconocen sus derechosciudadanos y está en capacidad de ejer-cerlos, defenderlos e incluso ampliar-los. Se trata, por lo general, de la po-blación que define las políticas públi-cas, en la medida que de ella provie-nen los técnicos, la clase política y losmovimientos sociales con mayor éxitomediático.

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1.4 Conformación de la esfera públicade la administración de justicia: Ganan-cia de consensos para el mejoramientode la administración de justicia

El objetivo consiste en lograr la resignificaciónde la esfera pública como un espacio para cons-truir consensos hacia el mejoramiento de la ges-tión del servicio de justicia pública, involucrandoa los actores inmersos en él de manera directao indirecta.

Así, es clave engrosar el espesor de la demo-cracia deliberativa y participativa del Perú, dise-ñando y llevando a la práctica mecanismos con-cretos de debate público, toma de decisiones yfijación de compromisos sobre la justicia públi-ca, un asunto permanentemente relegado.

Por otro lado, es necesario levantar un diagnós-tico comunicativo de la administración de justi-cia para determinar los nudos y fortalezas pre-sentes en este proceso complejo de construc-ción de agenda pública:

• Se recomienda recoger y analizar lasnecesidades y demandas comunicativasde la población sobre la justicia públi-ca.

• Es preciso reconocer la oferta de losmedios de comunicación y la formacomo tratan a la justicia pública. ¿Cuá-

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les son los líderes de opinión e infor-mación más influyentes? ¿Con quémedios de comunicación de mayor au-diencia y credibilidad se pueden esta-blecer alianzas para realizar campañascomunicativas?

• Se requiere diseñar e implementar, des-de el Poder Judicial, una política de co-municación que se traduzca en estrate-gias y mecanismos de interacción entrelos operadores judiciales y la poblaciónorganizada, con un enfoque de crecien-te inclusión social.

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2. Los caminos estratégicos para cons-truir una agenda pública y una visióncomún en torno de la administraciónde justicia

Estas rutas de construcción de la agenda públicade la justicia contienen de manera transversallas estrategias comunicativas y deempoderamiento ciudadano para fomentar laintervención articulada y relacional de los acto-res en el mejoramiento del servicio público y ensu gestión con eficacia, accesibilidad e indepen-dencia:

• Elaboración concertada, a partir de ini-ciativas legislativas, de la normatividadpública que otorgue cobertura legal ala institucionalización de la participa-ción ciudadana en la cogestión del ser-vicio de justicia. En todo caso, es reco-mendable la consulta del marco legalen audiencias públicas e incentivandoforos de debate en los medios de co-municación.

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• Inversión permanente en el fortaleci-miento del capital social y humano deciudadanos que participan como servi-dores públicos, ‘clientes’ y cumpliendofunciones de cogobierno de la admi-nistración de justicia pública. Sensibili-zar a los políticos, técnicos y líderes so-ciales en la retroalimentación con lapoblación no organizada, creando me-canismos y canales de diálogo, de mul-tiplicación de aprendizajes y delibera-ciones públicas.

• Fortalecimiento de la esfera pública al-rededor de la labor jurisdiccional, conreferencia a situaciones y personajesconcretos. Se promueve la generaciónde espacios y mecanismos de consulta,diálogo y debate público en campañastemáticas de carácter periódico y reso-lutivo sobre el mejoramiento de la justi-cia pública en sus diversos aspectos.

• Calificación de los actores de la comu-nicación —periodistas, comunicadoressociales, comunicadores rurales, etcé-tera— en la renovación de sus funcio-nes proactivas y favorables a la legiti-mación del servicio de justicia público.Se incentivará que se asuman como me-diadores comunicativos entre los ope-radores de justicia —de manera priori-taria con los jueces— y la población.

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También que sean portadores de pro-puestas de cambio que surjan del diá-logo y debate con la población, paraasumir la que provenga de la creativi-dad ciudadana.

Además, se motivarán sus contribucio-nes a la transparencia de la gestión pú-blica de la justicia con el periodismo deinvestigación y el innovador periodismocívico.

• Rendición periódica de cuentas públi-cas a la comunidad sobre el proceso e

impacto del servicio de la justicia públi-ca, así como acerca del manejo presu-puestario.

• Generación de instrumentos demonitoreo y evaluación del proceso dereforma judicial y de los compromisosde la agenda pública para el mejora-miento del servicio de justicia en la ad-ministración cotidiana, en las diversasinstancias judiciales.

• Participación en el diseño de políticaspúblicas de la buena administración dejusticia,,,,, que inciden de manera rele-vante en el ámbito local y marcan elhorizonte de “lo posible en política”,empezando por la elección popular con

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voto secreto, universal e individual delos jueces de paz.

La cogestión en espacios locales peque-ños, con alto capital social y con reivin-dicaciones de acceso al servicio eficaze independiente de la justicia pública,constituiría un proceso novedoso deinteracción entre hombres y mujeres yel Estado.

Lo primero por cosechar con la partici-pación ciudadana directa en la justiciacomunal sería la capacidad para rele-var temas “ciegos” para la justicia pú-blica, con el valor agregado que pro-viene de los beneficiarios en su calidadde ciudadanos en ejercicio activo de lasgarantías judiciales.

Asimismo, la cogestión de la justicia co-munal puede favorecer el fortalecimien-to del capital social de esta población,mejorando su participación en el ma-nejo de los asuntos públicos a través dela superación de uno de sus problemasclaves: la representación e interlocucióncon los diferentes espacios de poderpúblico, llámense gobierno local, regio-nal o nacional, empezando desde lo máscercano y accesible a la práctica ciuda-dana.

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La cogestión favorecería la generacióny el fortalecimiento de organizacionesde la sociedad civil, las que, como he-mos visto, son escasas comparadas conaquellas que integran la administraciónde justicia.

Asimismo, estimularía relaciones deconfianza en la interacción, el estable-cimiento de acuerdos, normas y san-ciones que operan positivamente desdeel sentido común.

De otro lado, la cogestión podría mejo-rar el capital humano local a través dela habilitación y capacitación para la par-ticipación efectiva de los ciudadanosinvolucrados.

Finalmente, la cogestión impactará enlas políticas públicas de la buena admi-nistración judicial solo a partir de la ac-ción colectiva de los ciudadanosinvolucrados, cuando el Poder Judicialesté en capacidad de entender que losprocesos sociales que se impulsan coneste esquema rebasan el papel de‘clientes’ (asignado a los cogestores) deservicios, para reconocer a las institu-ciones y líderes de la comunidad comocontrapartes reales de la acción públi-ca jurisdiccional.

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• Fomento de climas comunicativos alre-dedor del mejoramiento de la adminis-tración de justicia, aprovechando losprocesos participativos y descentralistasen curso.

En este nuevo periodo y contexto na-cional, las prioridades han cambiado:la lucha por recuperar la democraciadio paso a nuevos retos —aún vigen-tes—, como asegurar la viabilidad ygobernabilidad del país, la superaciónde la corrupción institucionalizada, laimplementación de las reformas políti-cas —especialmente la descentraliza-ción— y la superación de las condicio-nes de pobreza y desigualdad existen-tes a través de la implementación de unmodelo de desarrollo económico y so-cial incluyente.

La reforma judicial no puede desligar-se de tal contexto, y toda políticacomunicativa debe vincular el mejora-miento de la administración de justiciacon la descentralización y la reformadel Estado como enfoque integral.Por ello podemos ubicar los siguientesprocesos y sentidos, en exposiciónmediática, articulados a los cambiosgraduales y participativos de la admi-nistración de justicia:

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o Los Acuerdos deGobernabilidad desde elAcuerdo Nacional como ex-presión de diálogo para cons-truir el proyecto de país.

o Los Planes de Desarrollo Con-certados y PresupuestosParticipativos como procesosde construcción de ciudadaníay mecanismo de toma de de-cisiones.

o La conformación de regionescomo un modelo de desarro-llo social, económico y cultu-ral con participación ciudada-na.

o La descentralización como ve-hículo para enfrentar la co-rrupción y promover la trans-parencia en la gestión públi-ca.

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3. Oportunidades, desafíos y compro-misos de los actores involucrados enla justicia pública

Se diría que el mejoramiento de la justicia pú-blica es tarea de todos los peruanos y peruanas;he ahí la importancia estratégica de construiruna agenda pública de lo jurisdiccional, un temade urgente tratamiento ciudadano, postergadoy abandonado en la conformación de nuestroEstado de Derecho.

Esto implica la asunción de papeles y compro-misos diferenciados que sean complementariosy constituyan la base de la concertación políticay social alrededor de la justicia pública.

Urge movilizar a los actores involucrados, reco-nociendo que las prioridades para democrati-zar el Estado peruano han cambiado y, por lotanto, lo han hecho también los papeles y fun-ciones que deben cumplir en el proceso de re-forma judicial.

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3.1 Funciones del Poder Judicial

Es preciso definir una política de comunicaciónsobre el proceso de reforma judicial, poniendoen común los cambios que se vanimplementando en el manejo del servicio públi-co de justicia.

Las diversas instancias debieran estar articula-das en torno de un plan de comunicación quefacilita el diálogo y el debate público sobre losasuntos específicos y de interés ciudadano.

El citado plan de comunicación sería el instru-mento clave para relacionar a los actores delPoder Judicial (operadores) con la poblaciónusuaria, empleando los medios de comunica-ción, espacios de encuentro y formascomunicativas que reafirmen los compromisosde la agenda pública para el mejoramiento dela administración de justicia.

En la relación comunicativa del Poder Judicialcon la población se recomienda privilegiar laactuación de los jueces de paz cuando hayansido elegidos democráticamente. Esta dimensiónlocal debe ser más visible en términos de utili-dad para resolver conflictos, de cercanía con lapoblación usuaria que ahora desconfía de ins-tancias tan burocráticas, e inclusive favorecien-do el surgimiento de liderazgos de la judicatura,con el fin de incrementar la credibilidad y elprestigio de los jueces y las juezas.

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3.2 Funciones de los operadores de jus- ticia

• Construirse un perfil comunicativo y pe-dagógico en el ejercicio de las funcio-nes jurisdiccionales: Se espera que laformación en derecho y la actualiza-ción profesional contemplen la califica-ción en competencias, capacidades yhabilidades comunicativas para lainteracción con los ciudadanos usuariosde la justicia pública.

• Constituirse en interlocutores con volun-tad política para el establecimiento dela agenda pública de la buena admi-nistración de justicia, así como para eldiseño y ejecución de los planes queson productos de la reforma judicial con-certada.

3.3 Nuevos papeles y funciones de los ac-tores de la comunicación

Los periodistas, comunicadores y medios de co-municación aliados contribuyen con:

• Brindar información completa, oportu-na, con análisis y propuestas, con di-versos puntos de vista y contextualizadasobre el proceso de mejoramiento dela justicia pública, sus etapas, sus acto-res y funciones, precisando metas y lo-

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gros; es decir, una información que sir-va para opinar y actuar con propues-tas, pero también para educar a la ciu-dadanía en sus deberes y derechos.

• Promover el debate público desde losmedios de comunicación accesibles ala población; en el caso de las zonasrurales, especialmente la radio. Con-tribuirían con el acercamiento entre losoperadores de justicia y los ‘usuarios’,y podrían generar corrientes de opinióncalificada. Al menos se produciría una“inmediatez simbólica”3 para manejarlas necesidades de justicia social demanera vivencial y cotidiana.

• Ejercer la veeduría periodística del pro-ceso de reforma judicial y mejoramien-to de la administración de justicia, en elsentido de evaluar el modelo consen-sual o de hacer un seguimiento de loscambios que se ponen en marcha,monitoreando el cumplimiento de lasresponsabilidades por los actores.

3 Se refiere al principio de las comunicaciones. Aunque

la relación no sea física o no exista interacción directa,

los mensajes e imágenes posibilitan esa relación

mediática que muchos especialistas denominan simbóli-

ca, ya que la población podría establecer vínculos afectivos

con los personajes y actores que se presentan en los

medios masivos de comunicación. Más fuerza existe en

los “líderes mediáticos” que tienen carisma, empatía y

responden a las inquietudes de la población.

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También es preciso vigilar el acceso, la eficacia,la transparencia y la independencia del serviciode justicia, identificando problemas y solucionesdesde la población.

3.4 El papel de la sociedad civil o po-blación organizada

• Conocer los roles y funciones del PoderJudicial, su nueva estructura y los me-canismos de participación. Estar ente-rada y participar del proceso de refor-ma judicial brindando orientación a lí-deres de opinión y ciudadanía.

• Articularse en esfuerzos de concertaciónde comunicación y participación parapriorizar agendas de interés y elaborarpropuestas para el Poder Judicial.

• Promover espacios, mecanismos con-certados y formas organizativas, a tra-vés de una información permanente consus integrantes y la ciudadanía en ge-neral.

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4. Participación ciudadana en la cons-trucción de la agenda pública

Un elemento medular para la construcción dela agenda pública de la justicia peruana es laampliación del ejercicio ciudadano de la pobla-ción mayoritaria que no está organizada.

Con tal fin, es preciso concertar los criterios so-bre la participación ciudadana y apaciguar losfalsos temores que se están filtrando, sobre todoentre los operadores de justicia y los actores políticos

En primer lugar, en necesario asumir que la par-ticipación ciudadana es una fuente de riqueza yun capital social que asegura el éxito de cual-quier proceso de cambio, en este caso de laadministración de la justicia pública.

Nos referimos a la pertenencia activa a la “co-munidad política” para la toma de decisionesrespecto de los asuntos públicos: la justicia pú-blica como parte de un paradigma de demo-cracia participativa es un servicio que pertenece

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a los peruanos y peruanas. Es tan crucial parael Estado de Derecho que el reto histórico con-siste hoy en involucrar a la población en las de-finiciones del modelo que se quiere y los cam-bios irreversibles que deben operarse.

En segundo lugar, se trata del ejercicio de de-beres y derechos a partir de una perspectiva decorresponsabilidad: la reforma judicial da pie aun proceso de pedagogía ciudadana que se ven-tila en la esfera pública; no es posible exigir alos jueces, fiscales, abogados y funcionarios quereviertan la corrupción si se mantienen el siste-ma y los viejos moldes de actuación judicial. Loslitigantes o ‘usuarios’ de la justicia están directa-mente involucrados, razón por la cual la solu-ción al viejo problema de la justicia peruanaconcierne a la población.

En tercer lugar, el proyecto individual debe es-tar enlazado a uno colectivo y con visión de fu-turo compartido: la participación ciudadana nopuede soslayar el beneficio individual y, sí, asu-mir que todo se orienta hacia la consecución delbienestar público. El mejoramiento de la justiciapública en el corto y el mediano plazo debeentregar resultados concretos en la restituciónde la paz social, la resolución de conflictos, et-cétera, para mostrar avances cuantitativos y cua-litativos.

La agenda básica del proceso deempoderamiento de la población peruana en

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pro de su intervención calificada en la reformajudicial y en la optimización de la administra-ción de justicia implica:

• La corrección de fallas de la informa-ción pública.

• La adecuación de la oferta del serviciode justicia a la demanda ciudadana or-ganizada.

• El mejoramiento de las capacidades einstrumentos de vigilancia y participa-ción ciudadana.

• La generación de incentivos a la orga-nización y el voluntariado social.

• La construcción de redes solidarias y te-máticas para actuar en casos concre-tos.

Asimismo, se trata de garantizar, por medio demecanismos y modalidades concretos, las viven-cias reales de participación ciudadana. Segúnlos sondeos de opinión, para la población pe-ruana existe un trecho muy largo entre el que-rer hacer y lo que efectivamente se hace, puesella no dispone de instrumentos accesibles parauna efectiva participación. Se trata de:

• Dar y recibir información pública valio-sa sobre la justicia peruana, mediante

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campañas comunicativas que llegueninclusive casa por casa. De compartirlos casos de vulneración de derechosjudiciales o las experiencias de buenaatención jurisdiccional.

• Tomar parte, en la opinión calificada,de los foros públicos, audiencias y es-pacios de debate de los medios de co-municación, representando agendassociales sectoriales.

• En la toma de decisiones, participar enla elección del modelo de administra-ción de justicia que queremos porqueagenda pública para el mejoramientodel servicio de justicia.

• Tomar parte en la demanda de rendi-ción de cuentas del Poder Judicial.

Otro aspecto vital es concertar los indicadoresde empoderamiento ciudadano por incluir yevaluar en la reforma judicial:

• Ciudadano(a) protegido(a) de toda for-ma de discriminación que impida su ac-ceso a la justicia pública. Informado(a)de sus deberes y derechos, así comode la oferta pública existente y de losmecanismos para acceder a ella.

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Habilitado(a), vale decir, que tenga ca-pacidades sociales para el ejercicio desus derechos y deberes ciudadanos.

• Planificación y elaboración del presu-puesto del Poder Judicial con participa-ción de los ciudadanos, incluyendo a lostradicionalmente excluidos, como actopúblico periódico.

• Transparencia y accountability públicasperiódicas e institucionalizadas.

• Corresponsabilidad local en el desarro-llo y mantenimiento de la justicia co-munal.

• Autonomía, reconocimiento einstitucionalización de organizacionessociales.

• Constitución de redes de organizacio-nes sociales horizontales y verticales.

• Incentivos públicos al voluntariado so-cial.

De esta manera, la participación en el mejora-miento del sistema de administración de justiciapública, en sus diferentes modalidades y espa-cios sociales, puede hacer posibles “formas derelacionamiento social paritarias y democráticasque avancen, a la manera de espiral, hacia unacalificación colectiva de las demandas con im-pacto en la esfera institucional”.

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Sin embargo, es importante señalar que la ca-pacidad para participar supone:

• Una situación inicial de autoestima in-dividual.

• Voluntad de aprendizaje.

• Valoración individual de la capacitacióny la organización.

Es esta capacidad inicial la que permite iniciarun proceso de empoderamiento paulatino, indi-vidual y colectivo, a través de la participación.Por lo tanto, la participación ciudadana no surgeespontáneamente, sino que requiere de la in-versión de recursos públicos, esfuerzos concer-tados y llevar a la práctica los acuerdos degobernabilidad democrática.

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5. Las estrategias comunicativas de laagenda pública: Los medios y las me-diaciones

Las estrategias comunicativas compartidas paraconstruir una agenda pública para la adminis-tración de justicia tienen un marco lógico de pla-nificación que permite definir los resultados ylos procedimientos para alcanzarlos.

5.1 Propósito

Aportar, desde la comunicación, a lagobernabilidad democrática del país, en el cam-po de la reforma judicial y el del mejoramientode la administración de justicia, generando ca-nales y espacios de comunicación de los ciuda-danos en las diversas instancias jurisdiccionalesy favoreciendo el desarrollo de una democraciadialogante en la que el Poder Judicial ejerza unliderazgo concertador, transparente, abierto ycapaz de generar alianzas con los diversos ac-tores de la sociedad civil.

5.2 Objetivo general

Profundizar la democratización de la reformajudicial y de la administración de justicia públi-ca, aportando, desde la comunicación, a hacerde él un proceso de interés público que com-

l i d d d d i ió i f

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mada, una participación propositiva y una ac-tuación vigilante que garantice su continuidad ysostenibilidad.

5.3 Objetivos específicos

• Promover un debate público sobre elproceso de reforma judicial y el mejo-ramiento de la administración de justi-cia.

• Fortalecer la participación ciudadanagenerando consensos en torno del pro-ceso de reforma judicial.

• Apoyar en el diseño de políticas de co-municación del Poder Judicial.

5.4 Estrategia n.° 1: Elaboración de unapolítica de comunicación del Poder Judi-cial

Es el Poder Judicial el que debe elegir una co-misión responsable —podría ser la Ceriajus, enactividad— para el diseño y conducción concer-tada de la política de comunicación entendidacomo construcción de procesos, relaciones y vi-sión compartida sobre el modelo de sistema deadministración de justicia que se quiere alcan-zar.

Supone las siguientes tareas fundacionales:

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• Balance de los procesos de comunica-ción desde el Poder Judicial: políticas,prioridades, recursos.

• Lineamientos de política de comunica-ción del Poder Judicial articulados al ac-ceso a información pública y a un planconsensual de participación ciudadanaen la reforma judicial.

• Elaboración de un plan de comunica-ción interna u organizacional del PoderJudicial para la cohesión de las diver-sas instancias y órganos:

o Talleres descentralizados paracomunicadores (responsables deimagen, prensa o relaciones públi-cas) de las diferentes instancias delPoder Judicial.

o Diseño de un manual de funcionesde las oficinas de imagen, prensa orelaciones públicas del Poder Judi-cial, que incorpore objetivoscomunicativos.

• Elaboración de un plan inmediato decomunicación externa, para motivar elinterés de los medios de comunicaciónen el emprendimiento de la reforma ju-dicial con participación ciudadana:o Módulo de capacitación sobre refor-

ma judicial que oriente el papel delas oficinas de Imagen, Prensa y Re-

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laciones Públicas del Poder Judicialrespecto de la entrega de informa-ción valiosa.

o Uso de los medios de comunicacióndel Estado para hacer visible el pro-ceso de reforma judicial.

o Campañas informativas desde el Po-der Judicial en cada etapa del pro-ceso de la reforma judicial sobre sussentidos, compromisos y resultados,así como acerca del papel que de-ben cumplir sus actores.

• Diseñar un plan de monitoreo y eva-luación de la implementación de la po-lítica de comunicación.

5.5 Estrategia n.° 2: Promoción y articu-lación de los esfuerzos comunicativos dela sociedad civil y la cooperación en prode la reforma judicial

Dados los limitados recursos del Poder Judicial,esta estrategia se orienta a identificar institucio-nes, experiencias y mecanismos de comunica-ción acerca de la reforma judicial y el mejora-miento de la administración de justicia. Supone:

• El establecimiento de un grupo de ini-ciativa de trabajo plural sobre comuni-cación y mejoramiento del servicio dejusticia, auspiciado por la Ceriajus.

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• El monitoreo compartido del proceso dereforma judicial desde el componentecomunicativo.

• El funcionamiento de una red virtual einstitucional que capitalice los espacioselectrónicos y los medios de comunica-ción de las instituciones comprometidas.

• La producción y difusión de vídeos y re-portajes que presenten experienciasconcretas de mejoramiento de la justi-cia pública.

• Un módulo de comunicación sobre lareforma judicial y la administración dejusticia, para incorporarlo en los pro-gramas de desarrollo de capacidadesde la sociedad civil.

• El acompañamiento y asesoría a expe-riencias piloto en la elaboración del Plande Participación Ciudadana de la Re-forma Judicial que incorpore elemen-tos de la política de comunicación.

• La sistematización y las lecciones apren-didas de los procesos de reforma judi-cial en América Latina, estableciendoindicadores para evaluar la calidadcomunicativa del proceso peruano.

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5.6 Estrategia n.° 3: Sensibilización de lapoblación para legitimar el asunto de lajusticia pública como un problema socialdigno de soluciones concertadas

Sabemos que, ante los ojos de la población, loshechos sociales pueden o no constituirse en pro-blemas sociales visibles. La administración de lajusticia pública ha devenido un problema histó-rico y estructural sobre el que existen pocas mo-tivaciones o expectativas de cambio, pues la ciu-dadanía se siente impotente o no es considera-da en la reforma judicial.

Por ello, la estrategia comunicativa —que, cree-mos, debe ser fundamentalmente audiovisual—ha de contribuir a fundamentar su importanciadesde las lógicas pragmáticas de la población;es decir, aportar a la construcción de la agendade una buena justicia pública, estableciendo re-laciones causales, produciendo y presentandodatos a la opinión pública y los tomadores dedecisiones, relevando las consecuencias socia-les de su no-atención, así como los actores queson o serían afectados, etcétera.

También estamos convencidos de que si los he-chos o casos particulares de la justicia peruanapasan a ser considerados como problemas so-ciales y logran hacerse relevantes por medio deacciones de incidencia, cabildeo o de lobby degrupos de poder u otros, tendrán altas posibili-dades de entrar en la agenda pública.

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Sin embargo, desde la perspectiva de la comu-nicación creemos importante emplear los recur-sos de la mediación para lograr que los hechosanecdóticos se conviertan en problemas socia-les dignos de ser resueltos de manera organiza-da; y pensamos, además, que los medios deimpacto visual son los más eficaces, porque lapoblación aprende mirando y cotejando lo queve con la realidad. Amén de que su consumo escotidiano y familiar.

Se otorga asimismo un papel importante a lainvestigación, que proporciona datos, informa-ción sobre el hecho y sus consecuencias o po-tenciales consecuencias, con el fin de que sirvacomo insumo a los comunicadores.

Así se construye una abogacía mediática, queda visibilidad a los datos provenientes de la rea-lidad y de la investigación. Estos factores permi-ten una labor de acumulación alrededor del he-cho, lo que puede convertirlo en un problemasocial por atender.

A los factores de mediación se suman los deproceso, que van a delinear la agenda pública;por ello, la producción de tecnología y la gene-ración de derechos que esta trae consigo soncentrales para ayudar a instalar “la agenda delo posible en política”.

Esta agenda es móvil, porque es producto de latransacción de diferentes actores sociales. De

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ahí la relevancia de fortalecer a los actores (in-dividuos, pero sobre todo instituciones) y de apo-yar los procesos de innovación tecnológica y degeneración de conocimientos, pues estos pue-den convertirse en nuevos derechos por incluiren la agenda pública.

En este contexto, el mejoramiento de la admi-nistración de justicia pública será exitoso si partede un análisis participativo de los actores socia-les e inicia, desde ellos, un proceso fino y trans-parente de construcción de consensos que per-mitan orientar las políticas y generar instrumen-tos y mecanismos institucionales para su viabili-dad; de la constatación de que, para ser tales,las políticas necesitan ser integradas a un pro-grama consistente, jerarquizado y financiable.

5.7 Estrategia n.° 4: Aplicación de estra-tegias de comunicación educativa parala generación de liderazgos ciudadanosen la gestión de la justicia pública

Esta estrategia propone la calificación progresi-va y sistemática de la población en el ejerciciode sus deberes y derechos como protagonistadel mejoramiento de la administración de justi-cia.

Implica realizar acciones centrales, como:

• Un plan de formación ciudadana paragestionar la reforma judicial y el mejo-ramiento del servicio jurisdiccional, para

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lo que es preciso convocar a las orga-nizaciones sociales más activas, en es-pecial a las de jóvenes y mujeres, conel modelo de “facilitadores ymultiplicadores del aprendizaje”. Serecomienda otorgar mayor peso a lascapacidades comunicativas de diálogo,debate, cabildeo, concertación y abo-gacía de los líderes y las lideresas, conel fin de contribuir a la construcciónsostenida de la agenda pública sobre labuena justicia.

Será valioso un módulo de capacitaciónmultimedios —vídeo, materiales de fi-jación gráfica y materiales sonoros— di-rigido a líderes para que se incorporenen programas educativos en curso y re-cuperen ideas centrales del proceso dereforma judicial.

• Coordinaciones con el Ministerio deEducación para lograr la inserción dela reforma judicial y de la justicia en:o Los cuadernos y textos escolares.o El currículo de los cursos de Sociales

y Cívica, tanto en las escuelas cuan-to en las universidades y otros cen-tros de estudios.

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5.8 Estrategia n.° 5: Aplicación de estra-tegias de comunicación ciudadana parafortalecer la esfera pública en relacióncon la justicia

Esta quinta estrategia está dirigida a incidir en lacultura política y ciudadana de la población pe-ruana, brindándole espacios y oportunidadespara que pueda expresarse.

Se puede partir de la recolección de sus quejasy problemas individuales con el servicio de justi-cia, pero es clave orientar a la población haciala construcción de soluciones y sugerencias prác-ticas para el mejoramiento de la justicia en losámbitos cotidianos.

Se recomienda llevar a cabo el siguiente reco-rrido que acumula resultados para tener la ca-pacidad de organizar espacios comunicativos, yde emplear formas comunicativas que logrenadhesiones y movilicen a la población hacia elmejoramiento de la justicia con la renovaciónde actitudes, conocimientos y prácticas que re-viertan la corrupción y la lentitud procesal:

• Análisis de los estudios sobre culturapolítica y ciudadana en torno de la jus-ticia.

• Sondeo de opinión sobre reforma judi-cial para el diseño de una campaña na-cional.

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• Campañas de comunicación nacional yregionales por cada proceso que se im-pulse.

• Generación de espacios públicos dedebate: caravanas ciudadanas, festiva-les temáticos y puestos de informaciónen plazas públicas.

• Desarrollo de campañas comunicativassobre los avances y retos de la reformajudicial y el mejoramiento de la admi-nistración de justicia.

• Concurso y difusión de experienciasexitosas sobre comunicación y partici-pación implementadas por las instan-cias jurisdiccionales en el proceso dereforma judicial (acceso a información,rendición de cuentas, vigilancia ciuda-dana, cogestión de justicia comunal, et-cétera).

5.9 Estrategia n.° 7: Aplicación de estra-tegias de comunicación política einstitucional para reforzar las relacionescomunicativas de los actores de la justi-cia pública

Se trata de emplear modalidades comunicativas—y no solamente los medios de comunicación—para fomentar espacios de encuentro, diálogo yconcertación entre los usuarios del servicio dejusticia con los agentes jurisdiccionales:

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• Instalación de espacios de debate pú-blico —foros, audiencias, congresos, et-cétera— para ventilar las iniciativas yagendas sectoriales que permitan lle-gar a consensos en las políticas públi-cas que determinarán el mejoramientocualitativo de la administración de justi-cia o marcarán las diversas fases de lareforma judicial con participación ciu-dadana.

• Se puede llegar a establecer fechas per-manentes, como el Día de la Justicia ola celebración tradicional del Día delJuez, organizando momentos de diálo-go con los sectores representativos dela población peruana.....

• En el ámbito local, organizar espaciosperiódicos de encuentro entre sectoresde la población y operadores de la jus-ticia con fines de integración festiva,cultural y deportiva. Estos pueden sertemáticos o de presentación de iniciati-vas o experiencias ejemplares paramejorar el servicio de la justicia en losaspectos de logística y atención admi-nistrativa o para cogestionar proyectosde educación ciudadana.

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5.10 Estrategia n.° 8: Desarrollo de polí-ticas informativas por los medios de co-municación en los ámbitos nacional y lo-cal4

El desarrollo de esta estrategia empieza con unanálisis conjunto de los monitoreos de mediossobre el proceso de reforma judicial. El pasomás importante es el establecimiento de alian-zas con medios de comunicación que gozan decredibilidad y de las preferencias del público,para el diseño de políticas informativas desdeun enfoque de participación ciudadana e inclu-sión social.

De la misma manera, es recomendable que elproceso de reforma judicial tenga un programaexclusivo de radio o televisión que recupere laopinión ciudadana y dé cuenta de los avancesdel proceso.Como acciones centrales de esta estrategia, sesugiere:

• Diseñar una propuesta de política in-formativa para los medios del Estado(radio, televisión y prensa), medios co-merciales de cobertura nacional y re-gional para difundir el proceso de re-

4 Para llegar a los ciudadanos se debe priorizar la radio,

por ser el medio de mayor consumo en el país; en segun-

do lugar, la televisión. En el caso de autoridades y líderes

políticos, se usará prioritariamente la prensa local y na-

cional.

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forma judicial, generar debate y pro-mover la participación ciudadana. Se-ría interesante la difusión de una guíaex profeso de “preguntas y respuestasmás frecuentes” elaborado por laCeriajus.

• Capacitación de periodistas sobre elmejoramiento de la administración dejusticia y reforma del Poder Judicialdesde la información, debate y vigilan-cia del proceso. También, brindar ase-soría a periodistas y redes de periodis-tas para mejorar la producción infor-mativa sobre los asuntos de la justiciapública.

• Periodismo cívico alrededor de la re-forma judicial y procesos específicos demejoramiento de la administración dejusticia pública.

• Periodismo de investigación para pro-porcionar insumos de vigilancia ciuda-dana a la población mayoritaria.

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