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Índice

CISA / Co mu ni ca ción e Información, SA de CV

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Presidente, Julio Scherer García; Vicepresidente, Vicente Leñero;Tesorero, Rafael Rodríguez Castañeda; Vocales, Francisco Álvarez, Salvador Corro

DIRECTOR: Rafael Rodríguez Castañeda

SUBDIRECTOR EDITORIAL: Salvador Corro

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN: Alejandro Rivera

ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN: María de los Ángeles Morales; ayudante, Luis Ángel Cruz

ASISTENTE DE LA SUBDIRECCIÓN EDITORIAL: Flor Hernández

ASISTENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN: Laura Ávila

COORDINADORA DE FINANZAS DE REDACCIÓN: Beatriz González

COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS: Luz María Pineda

EDICIÓN Y CORRECCIÓN: Alejandro Pérez, coordinador; Cuauhtémoc Arista, Tomás Domínguez,Sergio Loya, Hugo Martínez, Juan Carlos Ortega

REPORTEROS: Carlos Acosta, Jorge Carrasco, Jesusa Cervantes, Juan Carlos Cruz, Patricia Dávila,Gloria Leticia Díaz, Álvaro Delgado, José Gil Olmos, Santiago Igartúa, Arturo Rodríguez, Rodrigo Vera,Rosalia Vergara, Jenaro Villamil

CORRESPONSALES: Campeche, Rosa Santana; Colima: Pedro Zamora; Chiapas, Isaín Mandujano;

Guana juato: Verónica Espinosa; Guerrero, Ezequiel Flores Contreras; Jalisco, Felipe Cobián;Michoacán, Francisco Castellanos; Nuevo León, Luciano Campos; Oaxaca, Pedro Matías; Puebla,María Gabriela Hernández,Tabasco, Armando Guzmán

INTERNACIONAL: Homero Campa, coordinador; Corresponsales: Madrid: Alejandro Gutiérrez;París: Anne Marie Mergier; Washington: J. Jesús Esquivel

CULTURA : Armando Ponce, editor; Judith Amador Tello, Javier Betancourt, Blanca González Rosas,Estela Leñero Franco, Isabel Leñero, Samuel Máynez Champion, Jorge Munguía Espitia, José EmilioPacheco, Alberto Paredes, Niza Rivera Medina, Raquel Tibol, Florence Toussaint, Rafael Vargas, Co-lumba Vértiz de la Fuente; [email protected]

ESPECTÁCULOS: Roberto Ponce, coordinador. [email protected]

DEPORTES: Raúl Ochoa, Beatriz Pereyra

FOTOGRAFÍA : Marco Antonio Cruz, Coordinador; Fotógrafos: Germán Canseco, Miguel Dimayuga,Ben jamín Flores, Octavio Gómez, Eduardo Miranda; ; asistente, Aurora Tre jo; auxiliar, Violeta Melo

AU XILIAR DE REDACCIÓN: Ángel Sánchez

ANÁLISIS: Colaboradores: John M. Ackerman, Ariel Dorfman, Sabina Berman, Jesús Cantú, DeniseDresser, Marta Lamas, Rafael Segovia, Javier Sicilia, Enrique Semo, Ernesto Villanueva, Jorge Volpi;cartonistas: Gallut, Helguera, Hernández, Naran jo, Rocha

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN: Rogelio Flores, coordinador; Juan Carlos Bal tazar, Lidia García,Leoncio Rosales

CORRECCIÓN TIPOGRÁFICA: Jorge González Ramírez, coordinador; Serafín Díaz, Sergio DanielGonzález, Patricia Posadas

DISEÑO: Ale jandro Valdés Kuri, coordinador; Fernando Cisneros Larios, Antonio Fouilloux Dávila,Manuel Fouilloux Anaya y Juan Ricardo Robles de HaroCOMERCIALIZACIÓN

PUBLICIDAD: Ana María Cortés, administradora de ventas; Eva Ánge les, Rubén Báez ejecutivos decuenta. Tel. 5636-2077 / 2091 / 2062

semanario de información y análisis

No. 2007 • 19 de abril de 2015

Fo to por tada: Francisco Cas tellano

s J.

RELIGIÓN32 Con base en argucias, el cura abusador

permanece impune /Rodrigo Vera

ANÁLISIS

36 Autovictimización presidencial /Ernesto Villanueva 37 Chez Chong /Naranjo

38 Mercaderes contra censores /Héctor Tajonar 39 Caso Aristegui: un fallo trascendental

/Jesús Cantú

41 Paso libre /John M. Ackerman 42 Con amigos así: Eduardo Galeano

/Ariel Dorfman

INTERNACIONAL

44 COLOMBIA: Revista Cambio: Relatode un naufragio /Rafael Croda

47 Macondo cobra vida en Bogotá /Rafael Croda

TRANSPARENCIA 6 Las omisiones de Osorio Chong

/Jesusa Cervantes y Santiago Igartúa

REPORTE ESPECIAL12 Apatzingán, 6 de enero: “¡Mátenlos...!”

/Laura Castellanos

VIOLENCIA20 La “solución militar” dispara los homicidios

Jorge Carrasco Araizaga

ESTADOS /GUERRERO24 A las presiones, Rogelio Ortega respondiócon “tolerancia extrema” /Jenaro Villamil

POLÍTICA28 Ante el Verde, un país impotente /Rosalía Vergara

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VENTAS y MERCADOTECNIA: Margarita Carreón, gerente Tel. 56 36 20 63. Lucero García, Karina Valle,Norma Velázquez. Circulación: Mauricio Ramírez, Barbara López, Gisela Mares. Tel. 5636-2064. Pascual

Acuña, Fernando Polo, Andrés Velázquez. Suscripciones: Cristina Sandoval Tel. 5636-2080 y 01 800 20249 98. Mónica Cortés, Ulises de León, Rosa Morales.

ATENCIÓN A SUSCRIPTORES (Reparto): Lenin Reyes Tel. 5636-2065. Jonathan García.

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN: Fernando Rodríguez, jefe; Marlon Mejía, subjefe; Eduardo Alfaro,Betzabé Estrada, Javier Venegas

ALMACÉN y PRO VEEDURÍA: Mercedes Guerra, coordinadora; Rogelio Valdivia

MANTENIMIENTO: Miguel Olvera, Victor Ramírez

CONTABILIDAD: Edgar Hernández, contador; María Concepción Alvarado, Rosa Ma. García, RaquelTre jo Tapia

COBRANZAS: Sandra Changpo, jefa; Raúl Cruz

OFICINAS GENERALES: Redacción: Fresas 13; Administración: Fresas 7, Col. del Valle, 03100 México, DF

CONMUTADOR GENERAL: Karina Ureña; Susana Arellano, 5636-2000

FAX: 5636-2019, Dirección; 5636-2055, Subdirección de Información; 5636-2086, 5636-2028, Redacción.

AÑO 38, No. 2007, 19 DE ABRIL DE 2015

IMPRESIÓN: Quad Graphics. Durazno No.1, Col. San José de las Peritas, Xochimilco, México, DF

EDITOR EN JEFE: Raúl Monge; Editores: Sara Pantoja, Miguel Ángel Vázquez, Concepción Villaverde,María Luisa Vivas; Tels.: 5636-2087, Fax: 5636-2006

EDITOR: Marco Antonio Cruz; Dirección: www.procesofoto.com.mx

Correo electrónico:[email protected]; Ventas y contrataciones: 5636-2016 y 56362017

EDITOR: Alejandro Caballero; Correo electrónico: [email protected]; Armando Gutiérrez,Juan Pablo Proal y Alejandro Saldívar, coeditores; Tel. 5636-2010RESPONSABLE TECNOLÓGICO: Ernesto García Parra; Saúl Díaz Valadez, desarrollador,Tel. 5636-2106

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agencia proceso de información

agencia de fotografía

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50 URUGUAY: Eduardo, el timador / César Bianchi

53 CHILE: La corrupción tiene en jaque aBachelet /Francisco Marín

ENSAYO

56 Crónicas neutralizadas: Periodismo narrativo ante los discursos oficiales sobre el narco

/Oswaldo Zavala

CULTURA

60 Günter Grass y el arte de traducir sus obras /Yetlaneci Alcaraz

63 Estro Armónico /Samuel Máynez Champion Páginas de crítica

ARTE: Skate-art en la Galería José María Velasco /Blanca González Rosas

MÚSICA I: Bob Dylan, fiel a sí mismo /Federico Álvarez del Toro

MÚSICA II: Shlomo Mintz y Los HombresOrquesta /Raúl Díaz

TEATRO: The hole /Estela Leñero FrancoCINE: Maten al mensajero /Javier Betancourt TELEVISIÓN: Telenovelas de TV Azteca

/Florence Toussaint

LIBROS: Historia ambigua /Jorge Munguía Espitia

ESPECTÁCULOS70 Pedro Infante y su romance con el pueblo

/Roberto Ponce

DEPORTES

74 Conade, el regalo de Presidenciaa su “bombero” /Raúl Ochoa y Beatriz Pereyra 78 ADMINISTRACIÓN: El caos que deja Mena

/Raúl Ochoa

81 Palabra de lector 82 Mono Sapiens / Los que nos hacen la vida

de cuadritos /Helguera y Hernández

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Lasomisiones de Osorio Chong

El reportaje “El gusto de vivir en las Lomas” (Proceso

2006) consigna que Miguel Ángel Osorio Chong respon-dió a un cuestionamiento de los autores de la investiga-ción y que negó ser propietario de las casas de Bosquede Manzanos 333-C y Paseo de las Palmas 1380. Sólopublicamos que hubo por lo menos un aviso de compra-venta de esta última residencia por parte de la esposadel secretario de Gobernación y directora nacional delDIF, Laura Ibernia Vargas Carrillo. En una carta dirigida

a la revista –y que él mismo difundió en redes socialesy medios de comunicación afines–, Osorio Chong siguesin responder a cuestiones fundamentales, como laexistencia del aviso de compraventa y el hecho de queel propietario de las casas sea un contratista beneficia-do por él cuando fue gobernador de Hidalgo. Tambiénomitió precisar a quién, cuánto y de qué forma ha pa-gado por el arrendamiento de las residencias.

JESUSA CERVANTES Y SANTIAGO IGARTÚA

E

n su edición 2006, Proceso do-cumentó que el secretario de

Gobernación, Miguel ÁngelOsorio Chong, hizo suyas doscasas en unas de las zonas demayor plusvalía del país: una

en Bosque de Manzanos 333-C, con un va-lor aproximado de 60 millones de pesos, yotra situada en Paseo de las Palmas 1380,a unos metros de la Casa Blanca de En-rique Peña Nieto. Ambas fueron provis-tas por su contratista consentido, CarlosAniano Sosa Velasco.

Pocas horas antes de la publicación deesa edición de Proceso, y en carta enviadaal semanario, Osorio Chong aceptó que laprimera fue su casa de agosto de 2011 a ju-nio de 2014, en tanto que la segunda, ase-guró, es su residencia desde julio de 2014hasta la fecha.

Dos meses antes de ocupar la que ha-bita actualmente, publicó este semanario,la esposa del funcionario inició el procesode compraventa con un crédito hipoteca-rio a su nombre para pagarla, como cons-ta en el oficio con folio 9434699 del Regis-tro Público de la Propiedad.

Con fecha de registro de 29 de mayode 2014, el documento dice: “primer avi-so preventivo de compraventa y aperturade crédito con garantía hipotecaria ante el

B e n

j a m

í n F l o r e s

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Señor director:

En abril de 2010, en la edición número1745 de la revista Proceso, se preten-dió involucrarme con el crimen organi-zado sin prueba alguna.

En ese momento, mi respuesta aclaratoriay las conclusiones emitidas por la ProcuraduríaGeneral de la República, fueron publicadas enla página 88. Es decir, sin correspondencia a lapublicidad que se le dio al falso señalamiento.

De igual forma, en mayo de 2012 estesemanario publicó otro artículo calumniandoa mi familia, sin prueba alguna.

Nuevamente la revista no dio cuenta de lainvestigación realizada por las autoridades,ni del hecho que autoricé, incluso, que seabriera el secreto bancario de las supuestascuentas para dejar perfectamente claro, unavez más, la falsedad de la información publicada.

Ahora esta revista, en su edición número 2006 de fecha 12 de abril de 2015,me señala como propietario de dos viviendas. Una en Avenida de las Palmas yotra en Bosques de las Lomas.

Ninguno de estos inmuebles son míos, ni de mi esposa, ni de alguno de misfamiliares, como lo señalé previo a la publicación de dicha edición. Reitero, noson de mi propiedad.

Respecto del inmueble ubicado en Bosques de las Lomas, habité el mismo deagosto de 2011 a junio de 2014, a través de un contrato de arrendamiento.

Sin embargo, por las responsabilidades que tengo como funcionario público,y al tratarse de un conjunto habitacional que se comparte con tres viviendas más,decidí buscar otras alternativas de renta con el objetivo de evitar molestias a losvecinos.

En razón de ello, renté el inmueble ubicado en Paseo de las Palmas.Esta vivienda la habito desde julio de 2014 a la fecha, y reitero, tampoco es de

mi propiedad, ni de alguno de mis familiares.Dejo perfectamente claro que no tengo inmueble alguno en el Distrito Federal.Los inmuebles que son de mi propiedad, están debidamente registrados en

las declaraciones patrimoniales que he entregado a la Secretaría de la FunciónPública, desde que ejerzo el cargo de Secretario de Gobernación, tal y como loordena la Ley.

Aprovecho para ofrecer una disculpa a las tres familias que habitan el conjun-

to de Bosques de las Lomas, ya que en la publicación de la revista Proceso semuestra una fotografía en la que aparecen sus casas. Hecho que lamento, puesinvade su privacidad.

Señor Director:

Solicito publique esta aclaración en su revista y portal de internet, de la mismaforma en que se difundieron los falsos señalamientos de que los inmuebles yareferidos son de mi propiedad.

Atentamente Miguel Ángel Osorio Chong

Carta del secretario

de Gobernación

notario Lic. Gustavo Teodoro Gómez Mon-roy, notario 19 del Distrito de Pachuca, Hi-dalgo. Adquirente y deudor: Laura IberniaVargas Carrillo. Acreedor: Banco Mercantildel Norte, SA.”

Sin más respaldo que sus aseveracio-nes, Miguel Ángel Osorio Chong asegu-ró en su carta haberse hecho de las casas

bajo un contrato de arrendamiento; peroomitió referirse a los datos centrales delreportaje:

Evitó presentar copias de los contratosde arrendamiento que dieran fe de la ope-ración, y no aclaró si el presunto contratode arrendamiento –con un monto no preci-sado– es con opción a compra o está regis-trado en sus declaraciones de impuestos.

Tampoco detalló en qué fase suspendióel proceso de compraventa del inmuebleubicado en Paseo de las Palmas 1380, ini-ciado el 29 de mayo de 2014, como constaen el documento con folio número 9434699del Registro Público de la Propiedad y el Co-

mercio de la Ciudad de México, del que diofe el notario Gómez Monroy y en el que Var-gas Carrillo –cuyos bienes patrimoniales elfuncionario federal mantiene en las som-bras– aparece como adquiriente.

Escondió asimismo la relación quemantiene con Carlos Aniano Sosa Velasco,dueño de Construcciones Sky y MNM MK-DO Inmobiliario y eludió disipar dudas so-bre un posible conflicto de interés al ha-bitar dos propiedades del contratista delgobierno federal y del de Hidalgo, cuandoOsorio Chong era gobernador.

Puesto que había más dudas que cer-tezas en su carta, Proceso solicitó una en-

trevista con el secretario de Gobernación.No la concedió. A lo largo de la semana sebuscó a Carlos Aniano Sosa Velasco en susoficinas. Nunca respondió. Se buscó al no-tario 19 de Pachuca, Gustavo Teodoro Gó-mez Monroy. No apareció. Por cuestionesde “agenda”, a lo largo de una semana elsecretario de la Función Pública, VirgilioAndrade, no respondió las llamadas de losreporteros.

Patentes notariales

El notario 19 que a nombre del estado deHidalgo certificó el arranque de la opera-ción de compraventa de la casa de Palmas1380 por parte de Vargas Carrillo es inte-grante del grupo de abogados que recibiópatentes notariales de manos del entoncesgobernador Osorio Chong, según datos delInstituto de Acceso a la Información Públi-ca Gubernamental de Hidalgo dados a co-nocer por diarios locales.

Gómez Monroy recibió su patente enel último tramo de la administración deOsorio Chong, pero no inició sus funcio-nes sino hasta el 1 de noviembre de 2011.Antes, el 25 de enero de 2010, el entoncesgobernador modificó la Ley del Notariado

TRANSPARENCIA

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J U A N P A B L O G U E R R E R O *

El conflicto de interés está muy blan-damente regulado en México, tanto en lasleyes que lo establecen como en las insti-tuciones que las aplican. Ese fue un temaque en su momento combatí fuertemen-te en el IFAI (por ahí de 2006), sin muchoéxito por cierto, cuando un comisionado,

mi entonces compañero de trabajo, eraponente ante el pleno y votaba en asuntos

que afectaban directa y personalmente asu amigo declarado y cercano, entoncesPresidente de la República. Poco después,el comisionado en conflicto fue recom-pensado con el nombramiento de secreta-rio de Educación. ¡Ya llovió!

En lo que atañe a las residencias de

las Lomas de Chapultepec que utiliza elactual secretario de Gobernación, Miguel

Ángel Osorio Chong, puedo decir que ha-bría falta de honradez y conflicto de inte-rés si el funcionario aceptó a su favor uncontrato de arrendamiento en precio no-toriamente inferior al del mercado ordi-nario que procede de una persona física omoral cuya actividad profesional, comer-

cial o industrial ha estado directamentevinculada, regulada o supervisada por el

La ley blanda salvaal funcionario

para el Estado de Hidalgo, con lo que per-mitió un aumento en el número de este ti-po de entidades.

La nueva ley establece que los aspiran-tes a notarios deben ser originarios del es-tado. De Gómez Monroy se desconocen ellugar de nacimiento y la fecha exacta en lacual se le otorgó la patente, pues del Perió-dico Oficial de Hidalgo sólo se pueden con-sultar los ejemplares a partir de 2014.

La página de internet de la Notaría 19de Hidalgo está desactivada.

Sólo es público que concluyó la licen-ciatura en derecho en la Universidad Au-tónoma del Estado de México en 1992y obtuvo la cédula profesional 1735011;después estudió una maestría de derechocorporativo en la Universidad Anáhuacdel Estado de México en 2005 y recibió lacédula 4605042.

El miércoles 15 Proceso preguntó en lanotaría de Gómez Monroy “cuál es el es-tado en que se encuentra la operación decompraventa” de la casa de Palmas. Al cie-rre de esta edición no había respuesta.

Consultados por este semanario, es-pecialistas explicaron que un notario ins-cribe el “primer aviso preventivo” para de-terminar la jerarquía en los derechos quegravitan sobre el bien inmueble y “asegu-rar los intereses de las partes que esténinvolucradas”. Su duración es de “60 díasnaturales”.

Lo anterior significa que si la esposa deOsorio Chong lo inscribió el 29 de mayo de2014, para agosto de 2014, cuando llegó avivir al lugar, el aviso había fenecido. Si yano compraría la casa, ¿por qué instalarseen ella y mantenerse ahí hasta la fecha?

¿Por qué no mostrar el contrato de arren-damiento para certificar que no es con op-ción a compra?

Luego del “aviso preventivo” el notariorealiza el “aviso de otorgamiento”, median-te el cual se documenta la operación; peroes a criterio de éste hacerlo y “puede dar-se el caso de que no se haya dado el avi-so de otorgamiento; que tampoco se ha-ya presentado el testimonio de la escritura

pública a su registro”. La consecuencia esque el aviso preventivo no surte efectos an-te otros compradores.

Operador político y pariente

A Gómez Monroy se suma otro personajeligado con Osorio Chong y su casa de Pal-mas: se trata de Víctor Hugo Velasco Oroz-co. Es hermano de Javier Velasco Orozco,quien junto con el primo de ambos, Car-los Aniano Sosa Velasco, creó la empresaConstrucciones Sky Universal, SA de CV.

La historia se remonta a 1999, cuandoOsorio Chong llegó a la Secretaría de Go-bierno en Hidalgo. Nombró entonces a Víc-tor Hugo Velasco Orozco su secretario par-ticular, cargo que éste mantuvo durante eltiempo en que su jefe fue diputado federal(2003- 2005) y gobernador (2005-2011).

Cuando Osorio Chong concluyó sumandato en Hidalgo, impulsó al primo desu contratista, Víctor Hugo, para obteneruna diputación federal. Dos días despuésde que Proceso publicara su investigaciónsobre las dos residencias que hizo suyas elsecretario, el legislador hidalguense pidiólicencia a su cargo.

El primo de Sosa Velasco, el legislador

con licencia Velasco Orozco, no ha teni-do empacho en adular a su jefe Osorio. “Esmi amigo, es mi jefe y, bueno, yo lo admi-ro por la trayectoria que siempre ha tenido.Porque es una persona que empezó des-de muy abajo y vemos ahorita dónde está”,declaró al portal ADNpolítico.com luego derendir protesta al cargo en 2012.

Los Sosa Velasco no sólo han dado unsalto como proveedores federales; tam-

bién lograron entrar a la nómina federal,pues el hermano de Carlos Aniano, Ema-nuel, es hoy en Hidalgo delegado del Fidei-comiso de Riesgo Compartido, instanciadependiente de la Secretaría de Agricul-tura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca yAlimentación, que maneja montos millo-narios para asegurar las cosechas y progra-mas ganaderos.

MNM, la beneficiada

Mientras Osorio Chong llegaba a la Secre-taría de Gobernación y una parte de la fa-milia Sosa Velasco entraba a la nómina fe-deral, MNM MKDO Inmobiliario, SA de CV,de Carlos Aniano, lograba permisos y con-cesiones marítimas federales.

Con el expediente 636/GRO/2010, en2010 inició el trámite para que su empre-sa MNM MKDO Inmobiliario recibiera unaconcesión que le permitiera explotar unafranja de playa en Acapulco, Guerrero. So-licitó un permiso más para “desincorpo-rar terrenos ganados al mar”. Este últimolo obtuvo el 28 de agosto de 2014.

En 2013 MNM MKDO Inmobiliario de-mandó una concesión más para explotarotra franja de playa en Acapulco con el

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servidor público de que se trate en el des-empeño de su cargo.

En efecto, de conformidad con el ar-tículo 47 de la Ley Federal de Responsa-bilidades de los Servidores Públicos, esobligación de un funcionario “abstener-se, durante el ejercicio de sus funciones

de solicitar, aceptar o recibir, por sí o porinterpósita persona, dinero, objetos me-diante enajenación a su favor en precionotoriamente inferior al que el bien deque se trate y que tenga en el mercadoordinario, o cualquier donación, empleo,cargo o comisión para sí, o para las per-sonas a que se refiere la fracción XIII, yque procedan de cualquier persona físicao moral cuyas actividades profesionales,comerciales o industriales se encuentrendirectamente vinculadas, reguladas o su-pervisadas por el servidor público de quese trate en el desempeño de su empleo,cargo o comisión y que implique intere-

ses en conflicto. Esta prevención es apli-cable hasta un año después de que se ha-

ya retirado del empleo, cargo o comisión”.La violación de esta obligación debe

conllevar a procedimientos de responsa-bilidad y sanciones.

Pero hay tres cuestiones que puedentener tranquilo al secretario. Primero, nodebe ser fácil probar que la actividad eco-

nómica de su arrendador, beneficiario an-tes de contratos del gobierno de Hidalgoy hoy del gobierno federal, ha estado di-rectamente vinculada o supervisada porel cargo desempeñado por Osorio Chong:es improbable que el gobernador antes yel Secretario ahora haya participado enalguno de los comités de adquisicioneso unidades administrativas a cargo delotorgamiento de los contratos que be-neficiaron al hoy casero. Segundo, la de-pendencia encargada de iniciar un pro-cedimiento es la Secretaría de la FunciónPública; no necesito extenderme sobre losmotivos de tranquilidad para el secreta-

rio de Gobernación en este punto. Terce-ro, está por verse que se conozcan los tér-

minos del contrato de arrendamiento dela casa, que es un acuerdo económico en-tre particulares (es decir, no sabremos siel precio de la renta es notoriamente infe-rior al del mercado).

En cualquier país dotado de una re-gulación estricta sobre el conflicto de in-

terés, que además tenga institucionesde control independientes y contrapesosefectivos al Poder Ejecutivo, lo que se harevelado en los últimos seis meses sobrefuncionarios del más alto nivel en Méxicohabría generado ya procedimientos de in-vestigación expeditos y seguramente pro-vocado su renuncia o remoción. Pero enMéxico, por desgracia, nos tenemos queconformar con el señalamiento públicode actos inmorales que son de un cinismoinsultante.

* Excomisionado del IFAI y actual director deIniciativa Global para la Transparencia Fis-

cal (www.fiscaltransparency.net), con sede enWashington, DC.

expediente 346/GRO/2013, la cual le fueotorgada el 27 de junio de 2013. Este ac-to resultó de beneficio para el arrendata-rio de Osorio Chong, toda vez que apenasel 21 de diciembre de 2011 había construi-do un conjunto habitacional ubicado en lazona más exclusiva de Acapulco: el conjunto residencial Diamante Turquesa.

Si bien el centro de operaciones deMNM MKDO es Acapulco, en el Distrito Fe-

deral tiene de 2012 a la fecha un solo per-miso de demolición fechado el 2 de abrilde 2012; uno para construir obra nueva del5 de mayo de 2012 y una autorización pa-ra ocupar una residencia a partir del 16 deabril de 2013.

Los permisos localizados en la páginade internet de la delegación Miguel Hidal-go coinciden en fechas con las versionesde algunos vecinos de Paseo de las Palmas1380, quienes detallaron el derribo y cons-trucción del lugar, así como su preocupa-ción manifiesta ante los encargados de laobra por la edificación de un complejo deoficinas.

Hace dos años, relataron vecinos de

Palmas 1380, “llegó a nosotros una mujer alegando ser representante del señorOsorio Chong; ella nos tranquilizó cuandoaseguró que se trataba de una casa y no deun edificio”.

Así como MNM MKDO ha conseguido en

la administración federal las concesiones ypermisos solicitados desde 2010, las otrasempresas de Carlos Aniano han alcanza-do grandes beneficios. Sus logros coincidencon la llegada de Osorio Chong a la Secre-taría de Gobernación, pero también con laasignación de contratos en el estado de Hi-dalgo. Aunque los recursos salen del gobier-no federal, son las delegaciones de la SCT, laConagua y el IMSS en Hidalgo las receptoras

de los mismos.Durante 2013 y 2014 tanto Construccio-

nes Sky Universal como Grupo ConstructorTulancingo, empresas hermanas de MNMMKDO, lograron obtener ingresos por 881millones 92 mil 202 pesos por parte del go-bierno federal, especialmente redituablespara el estado de Hidalgo.

Por ejemplo, sólo en lo que atañe a lasobras que realizaron en los tramos carre-teros de Pachuca-Villa de Tezontepec, Joro-bas-Tula, Coachoapa-Lindavista, así comolas efectuadas en el Río Salado, Canal Re-quena de Tula o la propia capital del estado,recibieron 370 millones de pesos.

Los contratos de obra para las carre-teras México-Puebla, México-Querétaro yMéxico-Cuernavaca, logrados por Cons-trucciones Sky Universal, alcanzaron porsu parte 511 millones 111 mil 378 pesos.

En la administración estatal de Oso-rio Chong (2005-2011) Construcciones SkyUniversal creció desmesuradamente. Se-gún sus reportes al Registro Público, en 2005Carlos Aniano Sosa Velasco y su primo Fran-cisco Javier Velasco Orozco contaban con uncapital de 7 millones 570 mil pesos.

Dos años más tarde la empresa llegó auna base de 70 millones de pesos.

O c t a v i o G ó m e z

La casa de las Palmas. Las dudas

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Tres especialistas en transparenciaconsultadas por este semanariocoinciden en un punto: la necesi-dad de investigar el posible conflic-

to de interés en el que pudo haber incurri-do el secretario de Gobernación.

“El que haya rentado no lo exime deun posible conflicto de interés”, explica Ja-queline Peschard. Para saberlo, dice, debe-rían contrastarse los contratos de arren-damiento con los precios de mercado. “Sia partir de la relación con el contratista selas dieron más baratas (las rentas), sí po-

dría (haber conflicto de interés)”.Para Lourdes Morales, integrante del

Centro de Investigación y Docencia Eco-nómicas (CIDE), la fórmula que se ha ve-nido repitiendo en este sexenio –con-tratistas federales de obra que facilitanviviendas a los gobernantes– podría “per-fectamente” encajar en la definición deconflicto de interés.

“Merecería una investigación más pro-funda. En el tema de obras y de la relaciónsector público-sector privado habría queafinar los mecanismos de seguimiento yde las operaciones que se hacen con fun-cionarios para evitar conflictos de interés.

“Hay una duda fundada (en el caso deOsorio). Todo esto se podría despejar si damás información. Así se clarificaría si hayconflicto de interés o no. Creo que es uncaso grave, como la Casa Blanca es un ca-so grave y las explicaciones que han da-do son muy deficientes. Aquí estamos ha-blando de una noción básica de rendiciónde cuentas que no tenemos”, puntualizaMorales.

Mariana Campos, coordinadora delPrograma de Gasto y Rendición de Cuen-tas de México Evalúa, señala que entreotras cosas el conflicto de interés se puedeconfigurar cuando las acciones de los fun-cionarios están ligadas a un interés perso-nal secundario.

Peschard agrega: “Esto se da cuando seentrelazan las funciones públicas para ob-tener algún tipo de beneficio privado”.

“Hay una costumbre muy arraigada deuso patrimonial de recursos públicos. Elproblema es que no está tipificada, clara-mente establecida, que lo deja a la discre-cionalidad de los funcionarios”, lamentala excomisionada presidenta del IFAI.

La directora de la Red por la Rendiciónde Cuentas (RRC), Lourdes Morales, refie-re: “No tenemos un sistema de responsa-

Bajo sospecha de conflictode interés

bilidades en México que lleve a la correc-ción del problema ni a la sanción. Es decir,los incentivos que hay para cometer con-flictos de interés son mucho más fuer-tes que para no cometerlos. Inclusive hayun tipo de corrupción que podríamos de-cir que es legal, por las fugas que hay enla ley.

“Yo no descarto que muchos de loscomportamientos de funcionarios del ga-binete sean por el aprendizaje que tuvie-ron al gobernar en sus estados. Entidadesen donde no hay suficientes contrapesos,

en donde no hay un periodismo crítico, lamayoría están cooptados por los goberna-dores, y entidades donde hay una socie-dad civil mucho más débil de lo que pode-mos encontrar en otros lados. El mensajees muy grave. Lo pueden hacer (incurriren conflictos de interés) porque no hayconsecuencias”.

Para Mariana Campos “claramente de-berían existir más controles para que noqueden a discrecionalidad” los posiblesconflictos de interés. Sin embargo, sostie-ne, en el país hay una “resistencia políticaenorme” a abrir esta información.

En la propuesta que la RRC presentó

para elaborar la Ley Anticorrupción queestaría por promulgarse, se lee:

“La corrupción se ha convertido en elfenómeno más controvertido de este se-xenio. (…) La falta de una respuesta insti-tucional articulada y completa ha favore-

cido que el tema se haya extendido en losmedios y las redes sociales.”

Rendición de cuentas

Para la directora de la RRC, el asunto me-dular es la renuencia de los funcionariosmexicanos a rendir cuentas.

“Nuestra gran debilidad es que todavíano tenemos una política de rendición decuentas, que muchas veces se confundecon transparencia. Es decir: podemos te-ner más acceso a la información y la prue-ba es que nos enteramos de estas casas,pero no hay consecuencias ni explicacio-nes a la ciudadanía.

A Morales le parece insuficiente lasimple aclaración del secretario OsorioChong limitándose a negar la propiedadde las casas. “La respuesta (del secretario)no da más tranquilidad, sobre todo con losantecedentes que tenemos. Si el secreta-rio de Hacienda dijo en su caso que esta-

ba tranquilo (en lo que respecta a su ca-sa en Malinalco), pues qué bueno que estétranquilo, pero éstas son burlas a la ciu-dadanía.

“Yo no estoy acusando al secretarioOsorio Chong. Él dice que ésa no es su casa,pero no da más explicaciones. Si quiere darcerteza, que dé explicaciones de su actuara la ciudadanía. Es lo que se está pidiendoen este caso. Ante las exigencias ciudada-nas, la falta de sensibilidad ha caracteriza-do a este gobierno.”, dice Lourdes Morales.

Empresas irregulares

Fantasmales, las empresas de Sosa Velas-co –que aparecen al final en las cadenasde compraventa de las casas facilitadas aOsorio Chong– son muestra de la laxitudcon la que son certificados los proveedo-res de los gobiernos estatales y del federal.

JESUSA CERVANTES Y SANTIAGO IGARTÚA

B e n

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Peschard. “Se necesita claridad”

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Según Peschard, esa ha sido una de-

ficiencia de las secretarías de la FunciónPública, Hacienda y Economía.

“Se requiere identificar con claridad larecurrencia con la cual se favorece a cier-tos tipos de empresas y ver si los dueñosde esas empresas han tenido algún tipode relación personal con los funcionarios,como las que se han encontrado. Ahí esdonde está el posible conflicto de interés”,dice Peschard.

Declaraciones patrimoniales

Desde que es funcionaria federal, la espo-sa de Miguel Ángel Osorio Chong, Laura

Ibernia Vargas Carrillo, “no aceptó hacerpúblicos sus datos patrimoniales”.

El secretario, por su parte, dio cuen-ta de cuatro terrenos a su nombre paga-dos de contado –sin ubicación ni montode las operaciones–, un palco en el estadiodel club de futbol Pachuca y cinco referen-cias bancarias.

Detonado por el equipo de investiga-ción de Carmen Aristegui el asunto de laCasa Blanca presidencial de las Lomas deChapultepec, situada a unos metros de laresidencia del secretario de Gobernación,éste se comprometió públicamente el 27de noviembre de 2014 a ampliar su decla-ración patrimonial, como entonces se vioobligado a hacerlo el presidente de la Re-pública.

“El secretario de Gobernación lo hará.Sí, no tengo ningún problema”, dijo a JoséCárdenas en su programa radial. No cum-plió. Por el contrario, decidió omitir losbienes en resguardo de su esposa, publi-cando una declaración incompleta.

La Ley Federal de ResponsabilidadesAdministrativas de los Servidores Públi-cos obliga a proporcionar información fis-cal, inmobiliaria o de cualquier otro tipo,de los servidores públicos y sus cónyuges.

“La abrió a medias. Los servidores pú-blicos tienen la obligación de entregarcompleta su declaración patrimonial a laFunción Pública. Los ingresos de él, de sucónyuge y de sus dependientes económi-cos. Tiene que decir si tienen algún tipode crédito (a nombre de la mujer), si tienedeudas, así estén casados por separación

de bienes. Pueden hacerlas públicas o no,ocultar lo que quieran y mostrar lo que lesparezca”, explica Peschard, aunque acla-ra que un servidor público tiene la facul-tad de elegir qué hace público. “Y es lo quehace Osorio”.

Respecto a los contratos de arrenda-miento, Lourdes Morales piensa que po-drían incluirse en el artículo 44 de la mis-ma ley: “Para los efectos de la Ley y de lalegislación penal, se computarán entre losbienes que adquieran los servidores pú-blicos o con respecto de los cuales se con-duzcan como dueños, los que reciban o delos que disponga su cónyuge…

“El problema no es si renta o no. El pro-blema es la resistencia a que cada vez queaparece una iniciativa para abrir esto alescrutinio público, lo cierran los propioslegisladores”, dice la directora de la RRCy lamenta que en las reformas en mate-ria de transparencia no se haya incluidola obligación de divulgar las declaracionesy “evitar posibles enriquecimientos inex-plicables”.

Añade: “Una de las batallas que di-mos en la aprobación de la Ley General deTransparencia que se discutió en el Con-greso fue la publicidad de la declaraciónpatrimonial, la de interés y la de impues-

tos. No quisieron. Sólo ocho gobernado-res, cuatro diputados y cuatro senadoresaceptaron hacerlo”.

En comparación, Mariana Campos in-dica que hay una ley modelo de la OEA quedice que los funcionarios tienen que in-cluir declaración de interés, ingresos acti-vos y pasivos, en donde venga toda la infor-mación de créditos y deudas hipotecarias.

Peschard asegura que en “aras de latransparencia”, lo ideal sería que los fun-cionarios hicieran públicas la declaraciónde conflictos de interés, la declaración deimpuestos y la declaración patrimonial.Por eso lucharon por que se incluyera enel sistema nacional anticorrupción, sinéxito.

Explica que en la actualidad la únicaque se hace pública voluntariamente es lapatrimonial. Y si uno compara la patrimo-nial con la de impuestos, lo que se tiene ylo que se gasta, sería una manera de iden-tificar si hay una consistencia en las de-claraciones.

Pero aclara: De lo que se tenía en laprimera iniciativa del Ejecutivo a lo que setiene ahora hay años luz de distancia. Es-to tiene que ver con una mayor exigenciasocial.

E d u a r d o M i r a n d a

Morales. “Hay que investigar”

TRANSPARENCIA

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El pasado 6 de enero, decenas de policías federales irrumpieron en elcentro de Apatzingán y abrieron fuego contra civiles, lo que causó lamuerte de por lo menos 16 personas y heridas a muchas más. Sin em-bargo, Alfredo Castillo, entonces comisionado federal de Seguridad

en Michoacán y quien acaba de ser nombrado director de la Conade,sostuvo que tales hechos fueron producto de un “fuego cruzado”. Laperiodista Laura Castellanos reconstruye esa masacre con base entestimonios grabados de 39 personas –sobrevivientes, pobladores, fa-miliares de víctimas y personal médico, entre otros–, así como en fo-tografías y videos. Su investigación fue compartida con el semanarioProceso, el portal Aristegui Noticias y la cadena televisiva Univision .

“¡Mátenlos...!”

Apatzingán, 6 de enero:

La masacre, registrada en tres videos

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LAURA CASTELLANOS

A PATZINGÁN, MICH.- “¡Mátenloscomo perros!”, gritaron los po-licías federales al atacar a tirosa un centenar de miembros ysimpatizantes de la Fuerza Ru-ral que estaban en plantón en

los portales del Palacio Municipal de estalocalidad, a las 2:30 de la madrugada delpasado 6 de enero.

Ninguno de los manifestantes tenía ar-mas largas. Seis de ellos portaban pistolasregistradas y las pusieron en el piso. Losdemás cargaban palos. Ninguno disparó.

Todos ellos obedecieron las indicacio-nes que les dio Nicolás Sierra,El Gordo Coru-co, líder del G-250, grupo creado por quienentonces era comisionado federal de Segu-ridad en Michoacán, Alfredo Castillo.

Durante ocho meses el G-250 persi-guió en la sierra a Servando Gómez, La Tu-ta, líder de Los Caballeros Templarios.

Sierra es uno de los siete hermanos co-

nocidos como Los Viagra, temidos y odia-dos en la región, acusados de ser extem-plarios y de cometer diversos atropellos.Castillo tuvo a cinco de ellos a su servicioen Michoacán.

Los rurales, hombres forjados en la piz-ca del limón, protestaban porque 20 díasantes Castillo había disuelto al G-250 sinpagarles. Además, padecían nuevas incur-siones de templarios en sus localidades.

Rubén, miembro de la Fuerza Rural,escuchó la balacera y saltó de su camio-neta. Entonces un policía federal le gritó:“¡Levanta las manos y ponte de rodillas!”.Estaba por obedecer cuando a pocos me-tros vio a otro hombre hincado, los brazosen alto, encañonado por los uniformados.

“Le dispararon estando de rodillas,rendido, sin armas –atestiguó–. Lo ejecu-taron los federales”. Una camioneta de sugrupo ingresó en la plaza y Rubén logróescapar en ella.

Testimonios de 39 personas, graba-dos en audio, revelan que policías federa-

les dispararon contra civiles desarmadosen dos hechos distintos ocurridos en Apa-tzingán el pasado 6 de enero: el primero,a las 2:30 horas en el jardín central y losportales del Palacio Municipal; el segun-do a las 7:45 horas en el cruce de AvenidaConstitución y Plutarco Elías Calles, cuan-do un comando de la Policía Federal dis-paró con ametralladoras M-60 contra unadocena de vehículos que transportaban aguardias rurales y a sus familiares.

Según Nicolás Sierra, su grupo conta-bilizó preliminarmente 16 muertos (eje-cuciones extrajudiciales) y decenas de he-ridos en ambos ataques.

De acuerdo con los artículos 7, 28 y 30del Estatuto de Roma –que rige a la Cor-te Penal Internacional– en Apatzingán secometió un crimen de lesa humanidad altratarse de “ataques generalizados” con-tra una “multiplicidad de víctimas” civi-les, consumados con “intencionalidad”por parte de “fuerzas” bajo el mando deuna autoridad.

REPORTE ESPECIAL

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APATZINGÁN, MICH.- Miembros delas Fuerzas Rurales sobrevivien-tes de la matanza del 6 de ene-ro en Apatzingán, quienes fue-

ron detenidos y posteriormente liberadospor órdenes del juez Jorge Wong Aceituno,

Sobrevivientes perseguidosLAURA CASTELLANOS

denuncian que se ha emprendido una cam-paña de acoso y persecución en su contra.

De los que fueron puestos en libertad,25 formaban parte del grupo de la FuerzaRural G-250, creado por Alfredo Castillo,entonces comisionado federal de Seguri-dad en Michoacán, para capturar en la sie-rra al líder de Los Caballeros Templarios,Servando Gómez, La Tuta.

Uno de los sobrevivientes de la matan-za y exintegrante del G-250 afirma en en-trevista que luego de la liberación ordenadapor el juez Wong el pasado 14 de enero sedesató una “cacería de brujas” contra ellos,pues, dice, “los federales estaban en busca

de nosotros, de los sobrevivientes y de losliberados”.

Asegura que policías federales han acu-dido a viviendas de varios exintegrantes delgrupo. Llegan “reventando puertas”, realizandetenciones sin órdenes de aprehensión y

decomisan las armas que éstos habían re-gistrado como parte de la Fuerza Rural.

Explica: “En el poblado de Nuevo Cen-tro se llevaron a siete personas y en Aca-huato fueron cinco, entre ellos un menor”.Los acusaron de posesión de droga y deportación ilegal de armas, aunque las quetenían estaban registradas.

Asevera que la Policía Federal (PF) lesfiltró una lista con ocho nombres de inte-grantes de su grupo contra quienes pre-suntamente hay órdenes de aprehensión;entre ellos se encuentra su líder, NicolásSierra Santana, El Gordo Coruco.

Recuerda que Sierra dirigió el G-250 con

el total respaldo de Alfredo Castillo. Sin em-bargo, tras las matanzas está en la clandesti-nidad y las fuerzas federales lo buscan en supueblo, Pinzándaro, y en otros de la región.

El entrevistado dice que él y sus com-pañeros viven con “zozobra, miedo”, y que

Castillo era la autoridad federal conmayor rango en Michoacán. Seis días des-pués declaró a la prensa que en los dossucesos de Apatzingán el saldo fue de unatropellado y ocho muertos por “fuego

cruzado”.Los hechos se reconstruyen a partir de

los testimonios de 12 de los 44 detenidos yliberados después del primer ataque, sietesobrevivientes del segundo ataque, ochotestigos circunstanciales, ocho familiaresde víctimas y un representante legal deéstas así como personal del hospital ge-neral Ramón Ponce y empleados del Ser-vicio Médico Forense (Semefo).

Por temor a represalias las fuentes pi-dieron no ser identificadas con sus nom-bres, pero la reportera tiene las grabacionesde las entrevistas con cada uno de ellos.

El primer ataqueA las 2:00 horas del pasado 6 de enero, enel radiotransmisor de Rubén, apostado enel plantón del Palacio, se escuchó: “Van sa-liendo 20 camionetas de policías federalesde acá del cuartel”.

Rubén estaba recostado en su camio-neta frente al jardín central mientras fa-milias deambulaban entre puestos de co-mida o ingresaban a los comercios quepermanecían abiertos toda la madrugadapor la venta del Día de Reyes.

Otra voz en la radio de Rubén advirtió:“Van de la glorieta al jardín”.

El convoy de la Policía Federal (PF) almando del comandante Fausto Arenastardaría cinco minutos en llegar. “Ya vali-

mos madre”, dijo Rubén.Días antes el grupo G-250 había recibi-

do el pitazo de un inminente ataque tem-plario. Sus integrantes también temíanque su plantón fuese disuelto.

Esa misma noche habían tenido ya unaltercado con soldados de la 43 Zona Mi-litar de Apatzingán, al mando del gene-ral Miguel Ángel Patiño. Los soldados in-tentaron desmantelar la barricada que elG-250 había levantado en Lomas de Hoyospara impedir la incursión templaria.

Por esa razón El Gordo Coruco se presen-tó a medianoche en el plantón frente a Pa-lacio y les ordenó a los rurales que no res-pondieran con armas ni piedras a ningunaprovocación, para no ser tratados “comodelincuentes”. “Tengan cuidado”, les dijocuando se retiraba del lugar.

El convoy de la PF se estacionó en lascalles traseras del Palacio Municipal. Al-gunos guardias rurales dormitaban en ca-mionetas, otros charlaban en el jardín.

En la protesta también había familia-res de los integrantes de las fuerzas rura-les, así como simpatizantes que, de paso,exigían bajar los costos de la luz.

Los federales bajaron de sus camione-

tas. La familia de un taquero de la plazabuscaba un regalo en los portales.

Los uniformados, la mayoría con el ros-tro cubierto, otros vestidos de negro, alis-taron sus armas largas: Galil calibre 308,

Heckler & Koch G3 calibre 7.62 y R-15 ca-libre 2.23, según un integrante de las Fuer-zas Rurales.

Los federales tomaron por asalto la pla-za. El ataque duró 15 minutos. Los mani-festantes corrieron al jardín, a guarecersetras las bancas. Las cámaras de vigilanciaregistraron a decenas de personas desar-madas huyendo en todas direcciones.

Más policías federales entraron y sitia-ron la plaza entera. En el estacionamiento,a un costado del Palacio, balearon las ca-mionetas de la Fuerza Rural y golpearon asus ocupantes.

Artemio, uno de los guardias rurales,fue detenido. Mientras lo sometían presen-ció cómo uno de sus compañeros descen-dió de su vehículo alzando los brazos. Vioque lo hincaron: “Dijo que estaba desarma-do y le dieron un balazo en la cabeza”.

Observó además a otro policía golpeara una mujer: ésta les gritaba que estabaembarazada. “Ellos le decían: ¡Cállate, hijade tu puta madre o te vamos a matar! Y ledieron patadas, cachetadas, la arrastraronhasta los portales donde está la zapateríaTres Hermanos”, narra en su testimonio.

En esos portales concentraron a los

F r a n c

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Testimonios. Señalamientos directos

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a uno de los sobrevivientes de la primeramasacre –Juan Carlos Rodríguez, El Oso–lo secuestraron, lo ejecutaron y aventa-ron su cadáver en las inmediaciones dela avenida Constitución, donde ocurrió lasegunda matanza.

El Oso, apunta, apareció en el video

de la cámara de vigilancia de la plaza cen-tral de Apatzingán. “La cámara lo alcan-za a captar cuando se esconde debajo dela banquita. Se alcanza a ver una playerablanca. Es él. Después lo encuentran tira-do, muerto por disparo de arma, ¿Quién lohizo? Hasta ahora no sabemos”.

Afirma que tras la detención de La Tu-ta ha habido una recomposición de LosCaballeros Templarios en la zona.

–¿Regresaron los templarios? –se lepregunta.

–Sí. Y el modo de las ejecucionesque empleaban es el mismo, a bordo demotocicletas.

A salto de mata

La investigación periodística sobre la ma-tanza del pasado 6 de enero en Apatzin-gán se hizo en forma accidentada.

La reportera entrevistó a 12 de los 43liberados. Se trata de cortadores de limónoriundos de los municipios de Apatzingány Buenavista. Las entrevistas fueron prác-ticamente clandestinas, en un galerón apie de carretera. Los jornaleros interrum-pían sus testimonios cuando a un com-

pañero suyo, equipado con un radiotrans-misor, le advertían que a la zona entrabaalgún convoy federal.

Según varios entrevistados, tras suexcarcelación una fuente de la PF les hizosaber que iban tras ellos para capturarlosde nuevo.

Por esa razón, dicen, cada día debensalir a sus faenas de pizca de limón ocul-tándose. Y señalan que en sus domiciliostampoco se sienten seguros porque elEjército realiza rondines para amedrentar-los o intentar detenerlos.

“A los militares alcanzaba uno a ver-los caminando inclusive entre las parce-

las ¿Cuál era su objetivo? Regularmen-te un federal nunca camina de noche.Su objetivo era tratar de encontrar a loscompañeros, creyendo que estaban res-guardados en alguna parcela”, afirma elentrevistado.

arrestados, a quienes siguieron golpean-do y despojaron de sus pertenencias. Va-rios de los que acudieron a la vendimia deReyes tampoco se salvaron.

Artemio, ya sometido en los portales,

se percató del tamaño del operativo. “Es-cuchábamos gente llorar, mujeres, hom-bres, niños que se quejaban, estaban heri-dos –describe–. Oímos unos disparos y yano volvimos a oír las voces de los niños”.

También se dio cuenta de que los fe-derales detuvieron a 11 hombres y muje-res que compraban juguetes y se los lleva-ron en un camión.

Constató que después un mando fede-ral le reclamó a un subordinado: “¿Dóndeestá el camión que te pedí?” Éste respon-dió: “Ya vino y tú dijiste que 11 personas yse las llevaron”. Lo increpó: “¡Hijo de tu pin-che madre! ¡¿No te dije que era para estospendejos?!”, y señaló a los sometidos.

A Artemio y a su grupo los remitierona la delegación de la Procuraduría Gene-ral de la República en Morelia, y de ahí aun penal en Tepic, Nayarit. No sucedió asícon esas 11 personas subidas al camión,las cuales “nunca aparecieron detenidasen Morelia ni en la prisión de Nayarit”, ad-vierte Artemio.

Los que sí aparecieron en la cárcel fue-ron el taquero y su hijo, a quienes los agen-tes de la PF detuvieron en la tienda No-vedades Jackeline. El taquero dijo que lo

arrestaron junto con “dos taxistas, un al-bañil, un señor que vende periódicos y sutrabajador”.

Otros civiles cruzaron el jardín y se es-condieron en la azotea del edificio Béjar, de

donde los policías los bajaron a punta depistola. Sierra y un vecino vieron más de10 cuerpos tirados en el lugar. “Eran perso-

nas heridas y otras no se movían”, dice elsegundo.

Grupo de rescate

Amaneció con un cielo grisáceo. Manchas

de sangre en el pavimento y en las pare-des del Palacio y una treintena de camio-netas tiroteadas era lo que quedaba de lanoche anterior.

A las 07:20 horas una decena de ca-mionetas y grúas federales se llevaron losvehículos incautados por avenida Consti-tución hacia el corralón.

Mientras, sobrevivientes y familiaresde los detenidos, y jóvenes jornaleros quedejaron su faena para apoyarlos, se reagru-paron en la glorieta de Apatzingán, en lasalida de esta ciudad hacia Chandio, pararescatar a heridos y arrestados. Alguien in-formó que una caravana de la PF salía del

jardín central. Alguien más dijo que ahí lle-vaban a compañeros detenidos y, peor, he-ridos que gritaban pidiendo auxilio.

Personas de distintas edades, armadascon palos, subieron a camionetas y trata-ron de alcanzar a la caravana de la PF.

Cerca del cruce de Constitución y Plu-tarco Elías Calles un vecino barría su ban-queta. A las 07:45 horas miró la caravanade la PF avanzar con lentitud y detenerse alcruzar Plutarco. Vio después que se aproxi-maban cuatro camionetas con civiles “muyenojados, con palos, no traían armas, y lle-garon a la última camioneta federal y ledieron palo y tronaron los vidrios”.

Un uniformado profirió: “¡Ora sí se losllevó la chingada!”

Los federales dispararon.

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Los muchachos de la camioneta blanca

REPORTE ESPECIAL

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A

lfredo Castillo Cervantes no tieneempacho en decir que es amigo

del presidente Enrique Peña Nieto.También lo son sus primos Hum-

berto Castillejos Cervantes, responsable dela Consejería Jurídica de la Presidencia, yel senador con licencia Raúl Cervantes An-drade, clave para la aprobación de la refor-ma energética y quien hoy busca ser ma-gistrado de la Suprema Corte.

Los tres han adquirido enorme poder enel gobierno federal. Castillo Cervantes estu-dió ciencias penales y criminológicas en laUniversidad Autónoma Metropolitana, cien-cias políticas y administración pública en laIberoamericana y economía financiera en laEscuela Bancaria y Comercial.

Recién nombrado titular de la Conade el jueves 16, ha sido cercano colaborador dePeña Nieto desde 2011, cuando en el Esta-do de México sustituyó en la ProcuraduríaGeneral de Justicia a Alberto Bazbaz, defe-nestrado tras su fracaso en la investigaciónde la muerte de Paulette Gebara Farah.

Antes, en 2002, fue director de Planea-ción Estratégica de la Agencia Federal deInvestigación (AFI), posteriormente direc-tor de Servicios de Seguridad Privada enla Secretaría de Seguridad Pública y luegosubprocurador regional del municipio mexi-quense de Cuautitlán Izcalli.

El 20 de mayo de 2013 saltó a la Pro-

curaduría Federal del Consumidor dondesustituyó a otro miembro del equipo peñis-ta: Humberto Benítez Treviño, quien se vioenvuelto en el escándalo provocado por suhija Andrea Benítez. En enero de 2014 Cas-tillo llegó a Michoacán como comisionadonacional de Seguridad y estuvo ahí un año.Hoy está al frente de un organismo deporti-vo, un ámbito en el que incursiona por pri-mer vez.

Cifras de la violencia

Castillo llegó a “coordinar a las autoridadesfederales en territorio michoacano”, pero

en realidad se comportó como “virrey” –se-ñalan sus críticos– y actuaba por encimadel gobernador y del Congreso local.

Lo mismo formuló y ejecutó políticaspara la prevención de delitos que accionesencaminadas a la reconstrucción de tejidosocial y al fortalecimiento de las institucio-nes; también dispuso, ordenó y coordinóacciones de apoyo de fuerza pública fede-ral; solicitó el auxilio de las Fuerzas Arma-das; recibió a los delegados, comisionadosy representantes del Ejecutivo federal asen-tados en la entidad.

“El virrey” y su herencia de sangreJOSÉ GIL OLMOS

Tenía facultades incluso para solicitar alsecretario de Gobernación la designación oremoción de los miembros de organismosfederales en Michoacán y para celebrarconvenios y acuerdos de coordinación ycolaboración con las autoridades estatalesy municipales.

Con un presupuesto de 154 millones

599 mil 638 pesos, de los cuales 126 mi-llones fueron para “servicios personales” yel resto para “gastos de operación”, segúndocumentos de la Secretaria de Goberna-ción, la comisión encabezada por Castillosólo logro una meta: desarmar e institucio-nalizar a las autodefensas de la región deTierra Caliente, convirtiéndolas en FuerzasRurales adscritas a la Secretaria de Seguri-dad Pública local.

Días antes de renunciar como comisiona-do, el 25 de enero, Castillo Cervantes compa-reció ante la comisión permanente del Con-greso de la Unión. Dijo que en Michoacán yano había problemas de inseguridad ni extor-

siones y que la violencia se redujo de maneranotable. Incluso se apoyó en cifras del Insti-tuto Nacional de Estadística y Geografía paraseñalar que Michoacán ocupa el lugar 25 enese rubro; también comentó que los secues-tros denunciados bajaron de 194 a 13 duran-te su gestión como comisionado.

“No podemos hablar hoy por hoy queexista un Estado fallido cuando –a diferen-cia y de manera inédita en cualquier otraparte del país o del mundo– se logró que38 personas se entregaran de manera vo-luntaria a las instituciones para enfrentar un

proceso penal que en 15 días estaba per-fectamente clarificado”, argumentó.

Lo cierto es que Castillo dejó Michoa-cán inmerso en la violencia. El 16 diciem-bre, semanas antes de su remoción, huboun enfrentamiento en La Ruana entre lagente de Hipólito Mora y Luis Antonio To-rres, El Americano. Hubo 11 muertos, in-

cluido un hijo de Mora.La madrugada del 6 de enero, en Apa-

tzingán murió un número aún indetermi-nado de civiles –ejecutados casi todos–cuando policías federales desalojaron lapresidencia municipal.

El secretario de la Cámara Nacional deComercio en Michoacán, Gonzalo Zarago-za Méndez, afirmó que en 2014, justamen-te cuando Castillo estuvo como comisiona-do, más de mil 400 comercios tuvieron quecerrar.

Según datos del Sistema Nacional deSeguridad Pública, ese año fue el más vio-lento de la historia de la entidad: se con-

tabilizaron 2 mil 638 homicidios y Michoa-cán pasó del cuarto al segundo lugar comoestado más violento del país, con más demil 52 homicidios dolosos; también se con-virtió en una de las 10 entidades con mássecuestros (121) y extorsiones (275) regis-trados durante el periodo de Castillo comocomisionado.

Versión del padre Goyo

Apenas dejó de ser comisionado Casti-llo, el padre Gregorio López, vicario de la

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Castillo. Con el grupo de “Papá Pitufo”

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Y se inició la segunda matanza.El tiroteo duró 20 minutos. La avanza-

da de los civiles se detuvo ante las descar-gas. En punta quedó una camioneta blan-ca con siete muchachos, menores de 20años, armados con palos.

Metros atrás se detuvo la camionetanegra de Miguel Madrigal, uno de los ope-radores de Los Viagra en Apatzingán. Ibacon su familia.

En medio de la acometida irrumpióuna camioneta roja con más muchachos.La copiloto, una joven de 17 años, grabócon su celular durante 37 segundos la ma-rejada de civiles con palos que primero co-rría hacia las patrullas y luego retrocedíahuyendo de los tiros. Al ser atacados, ella ysus compañeros salieron del vehículo y es-caparon a gatas.

Al mismo tiempo, uno de los mucha-chos que viajaban en la camioneta blan-

ca que iba a la vanguardia descendió ve-loz. Reaccionó de inmediato: “Levanté lasmanos para que vieran que íbamos des-armados y comenzaron a disparar”. Undisparo de los federales le dio en el hom-bro izquierdo. Él y otro de sus compañe-ros se metieron debajo de la camioneta.Se fingieron muertos. Desde su escondi-te el muchacho escuchó: “Esos güeyes es-tán heridos, hay que rematarlos”. La ráfa-ga traspasó una pierna y la cadera de suacompañante.

Las balas perforaban las carrocerías delas camionetas, reventaban sus neumáti-cos, hacían estallar sus vidrios.

Asustados, los vecinos atisbaban. Unode ellos escuchó a un policía federal or-denar: “¡Mátenlos! ¡Mátenlos!”. Se asomópor la ventana y miró a cuatro mucha-chos guarecidos en la caja de la camione-ta blanca.

“De la camioneta iban saliendo y lesiban disparando”, cuenta. “Vi a tres perso-nas tiradas y una se movía y no la auxilia-ban ni nada”.

Una adolescente que viajaba en esacamioneta blanca quedó tirada en el sue-lo, herida.

La PF no pidió ambulancias pese a queen la misma avenida Constitución, a unkilómetro, está el Hospital General Ra-món Ponce.

Desde su ventana una vecina observócómo tres jóvenes heridos se desangrarondurante casi una hora. “Fue muy triste, pa-recía como si se estuvieran consolando. Es-

taban vivos y se tomaban el hombro”, dice.Un video en YouTube muestra el mo-

mento en que un joven que vestía playe-ra a rayas, rodeado de dos compañeros, ul-timados, en charcos de sangre, mueve elbrazo penosamente, sin ser auxiliado.

Rematados

La camioneta en la cual viajaba la familiaMadrigal quedó frente a una de las esqui-nas del cruce de Plutarco y Constitución.Miguel Madrigal descendió con la playeraalzada para probar que estaba desarmado,pero también le dispararon.

catedral de Apatzingán, lo acusó derecibir dinero de los grupos crimina-les y de una presunta alianza con losnuevos capos locales conocidos comoLos Viagras.

“No reorganizó Castillo a los gru-pos, pero sí los empoderó, les dio cha-rola; les dio fuero”, expuso López el

pasado 18 de marzo. Y agregó: “Uncriminal siempre será un criminal; unperro siempre será un perro; un burrono va a pasar a caballo porque le pon-gas una silla plateada. Hay gente queestuvo con Los Zetas –Los Viagras, porejemplo– o con La Familia Michoaca-na o Los Templarios y ahora están conLos Viagras”.

Comandado por los hermanos Ma-riano, Nicolás, Carlos, Rodolfo, Gabinoy Francisco Sierra Santana, este grupocomenzó a posicionarse en la región deTierra Caliente luego del desmembra-miento de Los Caballeros Templarios.

Para Guillermo Valencia, expresi-dente municipal de Tepalcatepec, Cas-tillo dejó peor a Michoacán porque em-poderó a los nuevos grupos criminales–Los Viagras– y traicionó a los que lu-charon por mejorar la situación en elestado: José Manuel Mireles e Hipóli-to Mora.

Domingo Barajas, exautodefensadel municipio de Apatzingán, en en-trevista telefónica sostiene que Casti-llo traicionó a los michoacanos porquedesarticuló al movimiento y protegió alos criminales: “Empezó bien pero sefue ladeando desde que comenzó a re-

cibir dinero. Ahí es donde todo se vinoabajo, después vino la traición”.

Castillo nunca participó en un ope-rativo; sólo se dedicó a escuchar loque le decía la gente. “Ahora está en eldeporte, premiado por el gobierno quedebería castigarlo porque dañó la ima-gen de seguridad en Michoacán. Todolo que hizo fue un fracaso y nos traicio-nó a todo el pueblo que luchamos porla paz y por defender a nuestras fami-lias”, dice Barajas.

E insiste: Castillo se fue “con lagente equivocada”, pactó con uno delos cárteles y persiguió y encarceló a

quienes querían limpiar el estado delcrimen organizado, como el doctor Mi-reles. Además, durante su gestión enMichoacán, el gobierno federal pac-tó para que el Cártel de Jalisco Nue-va Generación sea el que controle Mi-choacán a través del grupo La Línea.

“Creo que con ese nombre lo quequieren decir es que o te alineas o temueres. Nosotros no le tememos a nin-gún cártel, a quien tememos es al go-bierno que está con ellos”, remata elexautodefensa.

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Portales de Apatzingán. El duelo

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En una grabación de dos horas y 49 mi-nutos de la radiotransmisión del grupo –enpoder de la reportera– se escucha a Madri-gal pedir ayuda: “¡Los güeyes no dejan detirar! ¡No traigo más que puros palos y mujeres y niños!”

También se escucha en la grabaciónla voz del Gordo Coruco ordenar a los guar-dias rurales no usar armas: “¡Vayan haciaatrás, arrastraditos! ¡Sálganse!” Y otra vozque alertó: “¡Acá nos están tirando! ¡No sepueden salir los compañeros, nos están ti-rando los federales!”

Un vecino de la calle Plutarco Elías Ca-

lles miró cuando el hijo de Madrigal inten-tó contraatacar con una pistola. “Una pis-tolilla que tenía cinco, seis tiros”, dice. Sudetonación fue insignificante ante las po-derosas descargas de los rifles de asalto.No obstante, hirió a un federal.

La arremetida en su contra hizo que lafamilia se acostara apretujada sobre el pa-vimento; los hombres cubriendo con suscuerpos a su hijo y a la hermana de Mi-guel Madrigal. El vecino presenció la esce-na durante 20 minutos: “Gritaban las mu-chachas: ‘¡No tiren, estamos desarmados!’Y luego lloraban y luego gritaban”.

Los policías federales se acercaron ala familia que estaba tirada en el suelo:“Como unos ocho o 10, desde la esquina.¡Y así los agarraron para abajo!”. Precisael vecino: “¡Los masacraron! ¡Los hicieronpedazos!”

La familia quedó abrazada, con múlti-ples perforaciones de bala, recostada so-bre palos y restos de carne desgarrada. Undisparo a corta distancia hizo estallar lacabeza de Madrigal.

Los federales se dirigieron entoncesa las camionetas donde se resguardabanotros civiles.

Cuenta un ciclista que atestiguó el ata-que a cuadra y media: “Los federales em-pezaron a bajar a los civiles de las camio-netas, a arrodillarlos con las manos en altoy así les estuvieron disparando, como atres, cuatro”.

Otro testigo a su vez vio que los federa-les “levantaron un cuerpo y se lo llevaronen su camioneta”. Se trataba de un hom-bre “con sudadera con rayas entre moradi-ta y negra”.

Poco después de las 08:00 horas losmédicos del hospital Ramón Ponce reci-bieron el cuerpo de un veinteañero con un

balazo en el pecho. Quedó en calidad dedesconocido.

Un puñado de guardias rurales se atre-

vió a incursionar en dos camionetas pararescatar a la gente atrincherada en la ba-lacera. Sacaron a otro muchacho con unbalazo en el pecho, refugiado en un res-taurante. Un video de 15 segundos captóal joven delgado sobre el piso, con la pla-yera ensangrentada, que extiende los bra-zos para que lo levanten y trasladen a unacamioneta.

Los rurales dejaron a este joven y aotro más con la rodilla despedazada en labanqueta del hospital, sin que el personaldel mismo se percatara de ello, por lo queno ingresaron al nosocomio. Uno de losciviles que lo rescató advierte: “Pudo ser

que la federal los haya recogido”. Se igno-ra su destino.

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Familias. Indignación impotente

Ataques frontales. Víctimas mortales y heridos

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La balacera terminó. Los policías fede-rales alteraron la escena. En videos y foto-grafías se ve a los muchachos ultimadosde la camioneta blanca en distintas posi-ciones y distancias. “Las armas que apare-cen ahí las pusieron los federales”, cuenta

uno de los sobrevivientes.Los federales sacaron a los dos mu-

chachos escondidos debajo de la camio-neta blanca. Descubrieron que el del hom-bro baleado vivía. Un federal le recargó subota en la herida y le acercó su rifle a lacabeza. “(Los vecinos) están grabando”, loalertó otro uniformado, por lo cual detu-vo su acción.

Llegó Protección Civil y socorrió a losheridos. Los policías federales se grabaronayudando a subirlos a la camilla y así lodifundieron.

Cuatro personas fueron hospitaliza-das en el Ramón Ponce. Uno era un mu-

chacho de 18 años con la pelvis, la vejigay el recto destrozados. Lo operaron de ur-gencia. Las heridas eran boquetes. Por unode ellos los médicos palparon su columnavertebral hecha añicos.

Otro de los heridos tenía 17 años. Llegócon el abdomen y la cabeza tiroteados. Unmiembro del hospital valoró que recibióun “tiro de gracia que le afectó su cerebro”.

Los médicos observaron que las heri-das de las víctimas presentaban “tatuaje”,es decir el sello quemante de la pólvora enla piel cuando el disparo se hace a “unadistancia de 10 a 20 centímetros”. A las13:00 horas el director del hospital, Carlos

Torres Vega, intentó trasladar a los heri-dos a Morelia. La PF se lo impidió.

“Los federales no dejaron salir a losmuchachos, aun cuando no estaban en ca-lidad de detenidos”, cuenta Torres a la re-portera. Siete horas después se lo autori-zaron. Trasladaron primero al herido de lapelvis. Debido a la espera “sangró muchísi-mo y cuando llegamos a la caseta, falleció”.

Tras los dos ataques, los familiares delas víctimas empezaron a buscar a los su-yos. En el Ramón Ponce el personal se ex-trañó al saber que un número indeter-minado de heridos fue trasladado a loshospitales civiles de Morelia y de Urua-pan, que están aproximadamente a doshoras y media de Apatzingán.

Los médicos atestiguaron además queen la clínica irrumpieron madres de niñasheridas en la madrugada a quienes pre-suntamente se habían llevado los fede-rales. Decían que eran dos o tres, una deellas de dos años. Un trabajador del hospi-tal narra: “Unas mujeres entraron lloran-do, gritando que sus hijas estaban heridasy no las encontraban”.

Al Semefo de Apatzingán no se trasladóningún cadáver. Un trabajador aseguró que

había instrucciones de no llevar los cuerposa sus instalaciones “porque eran bastantes”y sólo tenían capacidad “para 10”.

Tres actas de defunción prueban eltraslado de cadáveres a una distancia pro-medio de tres horas: el de Luis Alberto La-

ra Belmonte, de 20 años, con “laceración enambos pulmones y traumatismo torácico”,lo llevaron al Semefo de Lázaro Cárdenas;el de Luis Gerardo Barajas Rodríguez, de 18años, quien murió “por la penetración demúltiples proyectiles de arma de fuego” enabdomen, lo trasladaron a Zamora; y el deGuillermo Gallegos Madrigal, de 20 años,que falleció por “penetración de un proyec-til de arma de fuego a cráneo”, lo canaliza-ron al Semefo de Morelia.

La explicación de Castillo

El 12 de enero Castillo aseguró en confe-

rencia de prensa que la madrugada del6 de enero se desalojó a hombres arma-dos que tomaron el Palacio Municipal deApatzingán. Afirmó que la policía detuvoa 44 por asociación delictuosa y portaciónde armas de fuego: 13 armas largas y unagranada. Hubo un atropellado.

Los rurales, por su parte, afirman quede los 44 detenidos, 25 eran del G-250 y 19eran personas ajenas a la protesta, entreellas la mujer embarazada y una mucha-cha con retraso mental.

El 14 de enero el juez de Uruapan Jor-ge Wong Aceituno ordenó la “inmediata li-bertad”, por falta de elementos, de 43 de

los detenidos.En la boleta de libertad de la causa pe-

nal 3/2015-I –de la cual tiene copia la re-portera–, se les exonera de los delitos de“portación de arma de fuego exclusiva delejército, armada o fuerza aérea” y de “aso-ciación delictuosa”.

Sólo un integrante de la Fuerza Ruralque estaba de guardia y acudió en apoyode su grupo con su arma larga sigue presoy está en proceso de ser liberado.

Sobre el segundo ataque, Castillo agre-gó que a las 07:45 horas, hombres armadosemboscaron una caravana de la Policía Fe-deral para quitarles vehículos incautados.Hubo ocho muertos por “fuego amigo” dis-parado desde una camioneta roja. Negó quehubiera ejecuciones extrajudiciales. “Estoes por un tema de fuego cruzado”, afirmó.

El 22 de enero Castillo fue reempla-zado por el general Felipe Gurrola. Al co-mandante Fausto Arenas de la PF de Apat-zingán se le comisionó a Guerrero.

Hasta hoy sigue sin modificarse la ver-sión oficial y sin abrirse una investigacióndel caso.

La reportera solicitó a Castillo una en-trevista. No hubo respuesta.

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JORGE CARRASCO ARAIZAGA

Desde el sexenio pasado, cuan-do Felipe Calderón decidió queel Ejército y la Armada salierana confrontar a la delincuenciaorganizada, prácticamente nohay día en que no hayan pro-

tagonizado algún episodio de violencia.Donde han realizado operativos se incre-menta la tasa de homicidios, y la propiaSecretaría de la Defensa Nacional (Sede-na) informa que son más de 3 mil 500 loshechos de violencia en que el Ejército seha involucrado, incluida la masacre deTlatlaya.

Un reciente estudio, realizado en Es-tados Unidos, demuestra que los operati-vos militares en la llamada “guerra a lasdrogas” lanzada por Calderón tuvieroncomo consecuencia que aumentaran lastasas de homicidios en las zonas donde seaplicaron.

Aunque el gobierno de Enrique PeñaNieto no ha anunciado formalmente lapuesta en marcha de nuevos operativos,las Fuerzas Armadas mantienen en las ca-lles “operaciones de alto impacto para re-ducir la violencia”, que han dado lugar acasos como el ocurrido en aquel municipiodel Estado de México el 30 de junio de 2014.

La Sedena indica que entre el sexe-nio de Calderón y los primeros dos añosde Peña Nieto hubo 3 mil 536 “agresiones”al Ejército, prácticamente una por día. Conexcepción de Tlaxcala y Yucatán, todo elpaís ha sido escenario de confrontacionescon la participación de militares.

La mayor parte de esa violencia haocurrido en el noreste (Tamaulipas, Nue-vo León y Coahuila), pero también ha sidorepetida en el norte (Chihuahua y Duran-go), el noroeste (Baja California y Sinaloa),el centro (Michoacán, Guanajuato y Zaca-tecas), el suroccidente (Guerrero) y el este(Veracruz).

La intervención de los militares estáasociada al aumento de muertes violen-tas. Esa es una consideración que debe to-marse en cuenta en México para decidirla presencia de los militares en las calles,asegura Valeria Espinosa, analista cuan-titativa de Google, una de las autoras delestudio ¿Las intervenciones militares en laguerra mexicana a las drogas incrementaronla violencia?, publicado el jueves 2 de abrilpor la Asociación de Estadística de Esta-dos Unidos ( American Statistical Association,ASA), la principal y más antigua organi-zación de su tipo en ese país, cuyos inte-grantes trabajan en más de 90 naciones.

Doctorada el año pasado en el Depar-tamento de Estadística de la Universidadde Harvard, Espinosa elaboró el estudio junto con Donald B. Rubin, profesor de esauniversidad.

Tras el fracaso de Felipe Calderón en su guerra contra elnarcotráfico, el régimen priista trata de ocultar la mag-nitud de la violencia en el país y mantiene al Ejército enfunciones policiacas. Pero un estudio estadístico realiza-do por expertos de la Universidad de Harvard demuestraque los municipios con mayor intervención militar, lejos

de pacificarse, registran un aumento de asesinatos.

La “solución militar”

disparalos homicidios

Apoyados en las cifras oficiales de Mé-xico –del Instituto Nacional de Estadísticay Geografía (Inegi), de la Presidencia en elgobierno de Calderón y del Centro de In-vestigación para el Desarrollo (CIDAC)–,Espinosa y Rubin elaboraron diversos mo-delos estadísticos y concluyeron que ladecisión del gobierno de México de invo-lucrar a los militares en su guerra a lasdrogas “incrementó en promedio la tasa

de asesinatos en las regiones donde hubointervenciones militares”.

La guerra mexicana contra las dro-gas comenzó en el gobierno de Calderóny continúa en la administración de PeñaNieto, señaló la ASA en un comunicado deprensa para dar a conocer los resultadosde la investigación.

La conclusión es contundente: a ma-yor presencia militar, más violencia y

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tasas de homicidio más altas. Para demos-trarlo, compararon las tasas de homicidioen cada región donde hubo operativos delEjército con las tasas esperadas de no ha-ber existido intervención castrense.

En total estudiaron 18 regiones afecta-das por la intervención militar entre 2007y 2010, aunque no hicieron diferencia en-tre el Ejército y la Marina. De esas regio-nes, identificadas con el nombre de laprincipal ciudad afectada, sólo en dos secomprobó la reducción de la violencia y delas tasas de homicidio.

El análisis abarca regiones de 12 esta-dos: Tijuana, Baja California; Nogales, So-nora; Madera, Chihuahua; Ciudad Juárez,Chihuahua; Pánuco, Zacatecas; Villa deCos, Zacatecas; Teúl, Zacatecas; Reyno-sa, Tamaulipas; Bustamante, Tamaulipas;Guadalupe, Nuevo León; Rincón de Romos,Aguascalientes; Sinaloa; Tepic, Nayarit;Celaya, Guanajuato; Apatzingán, Michoa-cán; La Piedad, Michoacán; Coahuayana,Michoacán, y Acapulco, Guerrero.

Estas demarcaciones incluyen a varios

municipios pues, de acuerdo con los au-tores del estudio, la intervención de lasFuerzas Armadas afecta no sólo a la ciu-dad donde se establecen los operativos,sino a los municipios vecinos. Ademásde que las operaciones militares se en-focan a municipios y no a estados.

Para fines del análisis estadístico,se consideran intervenciones militaresaquellas confrontaciones entre las fuer-zas gubernamentales y la delincuenciaorganizada que hayan dejado tres o másciviles muertos, incluidos los integran-tes de los cárteles del narcotráfico.

En promedio, la intervención mi-litar implicó un incremento de casi 11homicidios por cada 100 mil habitan-tes en esas regiones, especialmente enCiudad Juárez. En 2008, el Ejército pusoen marcha el Operativo Conjunto Chi-huahua, en el cual se registraron nume-rosos casos de graves violaciones a losderechos humanos, como el del llama-do “pelotón de la muerte” (Proceso 1889,1914 y 1933).

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Cifras críticas

En Ciudad Juárez y sus alrededores la tasade homicidios creció más del doble encomparación con el resto de las regiones.El resultado no sorprende, señaló la ASA,porque desde los años noventa del siglo

pasado se han registrado ahí altos índicesde violencia, como los más de mil femini-cidios no resueltos que se cometieron en-tre 1993 y 2003, además de que la ciudades una de las principales plazas del Cár-tel de Juárez.

Pero aun sin considerar este caso, elestudio encontró elevados índices de ho-micidios en las zonas intervenidas pormilitares. De por sí la tasa en el país fuede 22.8 homicidios por cada 100 mil ha-bitantes en 2011. Si se incluye a Ciudad Juárez, el incremento promedio en esasregiones fue de 11 homicidios por cada100 mil habitantes; si se excluye, es de 6.5

homicidios.Después de Ciudad Juárez, que tuvo

un aumento neto de 86.53 homicidios porcada 100 mil habitantes, la acción militartuvo más impacto en Tepic, con una tasaneta de 42.92 homicidios en 2010. SiguióTijuana, con 33.34 en 2008; Nogales, con23.63 el mismo año; Acapulco, con 16.20en 2010; Coahuayana, con 14.94 en 2010; ySinaloa, con 12.19 en 2007.

Por debajo del promedio de 6.5 de au-mento aparecen Guadalupe, Celaya, LaPiedad, Villa de Coss, Reynosa, Teúl, Pánu-co, Bustamante y Madera. Sólo Rincón deRomos y Apatzingán experimentaron una

reducción significativa en la tasa relativade homicidios.

“Los resultados de nuestro estudio su-gieren que las intervenciones militares enla guerra mexicana contra las drogas in-crementaron las tasas de homicidio en elcorto plazo, especialmente en la región de Juárez”, señaló Espinosa en la comunica-ción difundida por ASA.

Es importante que quienes toman de-cisiones en México se apoyen en efectoscausales, no en meras asociaciones o enpromedios nacionales. La decisión de en-viar tropas y a dónde, debe tomarse conbase en mediciones exactas y no con ob- jetivos de corto plazo, añadió.

La mayoría de las regiones estudiadaspor los expertos de la Universidad de Har-vard coincide con los lugares de más al-tos niveles de violencia reportados por laSedena. En respuesta a una petición deinformación a través de la Ley de Transpa-rencia, la dependencia federal afirmó queentre enero de 2007 y octubre de 2014 susunidades en todo el país reportaron 3 mil536 “agresiones en contra del personal mi-litar con disparos de arma de fuego por in-tegrantes de la delincuencia organizada”.

Al inicio del sexenio de Calderón hubo

48 “agresiones” contra personal del Ejérci-to. La cifra se incrementó cada año, excep-to el último, cuando ya iba de salida. Para2008 la Sedena reportó 106 casos; en 2009,207; y en 2010, 621.

El año de 2011, cuando la tasa de ho-micidios fue de 22.8 por cada 100 milhabitantes, fue también el de mayor con-frontación del Ejército con la delincuen-cia organizada: mil nueve hechos deviolencia. Ese año, la mayoría ocurrie-ron en Nuevo León. En 2012, el número de“agresiones” bajó a 814.

En el primer año de Peña Nieto la ci-fra se redujo a 482, y hasta octubre del año

pasado, a 249. De acuerdo con esos datos,el Ejército participó en 1.23 hechos de vio-lencia cada día entre el sexenio de Cal-derón y en el primer año y 11 meses delgobierno de Peña Nieto; aunque la propor-ción se redujo a 1.05 en los dos primerosaños de la actual administración.

De acuerdo con esa información, Ta-maulipas fue el estado de mayor con-frontación del Ejército, con mil 455incidentes; es decir, 41%. Esa tendenciase mantiene en el gobierno de Peña Nie-to. El segundo estado donde el Ejércitoinformó de más “agresiones” fue Nue-vo León, con 394; seguido por Guerrero(250), Michoacán (214), Coahuila (182),Veracruz (171), Sinaloa (158), Chihuahua(140), Durango (126) y Zacatecas (118).Esas 10 entidades concentraron 90.72%de los enfrentamientos que reportó elEjército.

En undécimo lugar está Sonora, con57; luego San Luis Potosí, con 56; Jalisco,con 46, y el Estado de México, con 33, se-guido por Nayarit, con 30. De todo el país,sólo Tlaxcala y Yucatán no fueron escena-rios de confrontación de la principal fuer-za armada del país.

Tlatlaya

En el caso del Estado de México, los he-chos violentos en los que se ha involucra-do el Ejército aumentan desde la llegadade Peña Nieto, quien gobernó la entidadentre 2005 y 2011. Mientras que en el se-xenio de Calderón la Sedena sólo reportóocho ataques, ya con Peña Nieto en Los Pi-nos se registraron 25 casos entre 2013 yoctubre de 2014.

La más significativa de esas “agresio-nes” fue la ocurrida en la localidad de SanPedro Limón, en el municipio de Tlatlaya,el 30 de junio de 2014. Según la Sedena,una partida militar fue atacada durante

un patrullaje en la comunidad. La versiónoficial dice que al repeler el supuesto ata-que dio muerte a 22 personas.

Sólo cuando la prensa confirmó que lamayoría de los fallecidos fueron ejecuta-dos extrajudicialmente, la Sedena proce-só a ocho de los efectivos que participaronen ese patrullaje y remitió la causa penala la Procuraduría General de la Republica(PGR), que también concentró las prime-ras averiguaciones hechas por la Procu-raduría General de Justicia del Estado deMéxico (PGJEM). La Sedena además proce-dió contra sus elementos por considerarque en su respuesta a la agresión cometie-ron actos de indisciplina sancionados enel Código de Justicia Militar.

Pero el Ejército está lejos de aclararlo que en verdad ocurrió ese día. Aunqueahora acepta que hubo un uso excesivo dela fuerza, el gobierno de Peña Nieto y eldel Estado de México han hecho todo paraevitar el esclarecimiento de la matanza.Así lo constató el grupo de trabajo sobreese asunto creado en la Cámara de Dipu-tados en septiembre de 2014 y que el pa-sado jueves 16 dio a conocer su informefinal de actividades.

Ciudad Juárez. Escandalosa criminalidad

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De acuerdo con el grupo, encabezadopor la diputada perredista Elena Tapia, nila Sedena ni la PGR ni la PGJEM entrega-ron a los legisladores la información ne-cesaria para aclarar la masacre, aunquela Sedena insiste en que se trató de unaagresión armada de la delincuencia orga-

nizada contra efectivos del Ejército.La Sedena se ha negado a transparen-

tar la información e incluso ha desacata-do fallos del Instituto Federal de Accesoa la Información Pública Gubernamentaly Protección de Datos (IFAI), acusando aéste de violar la Constitución al pedirleque dé una versión pública de la orden defatiga; es decir, de las acciones y logísticaordenadas a la patrulla militar implicadaen los hechos (Proceso 2004).

En su afán de proteger al Ejército, elgobernador mexiquense Eruviel Ávila seha evidenciado. El mismo día que el Gru-po de Trabajo daba a conocer su informe,

en la Comisión de Derechos Humanos dela Cámara de Diputados el secretario ge-neral de Gobierno del Estado de México, José Manzur, aseguró que el comandantede la 22 Zona Militar, el general de brigada José Luis Sánchez León, gestionó que losperitos de la PGJEM retrasaran hasta seishoras su llegada a la bodega de San PedroLimón, donde ocurrieron los hechos, alre-dedor de las cinco de la mañana.

En octubre del año pasado, en me-dio de las revelaciones periodísticas so-bre las ejecuciones extrajudiciales de lospresuntos delincuentes, el general Sán-chez León fue removido de la Zona Mi-

litar y de todo mando operativo. Manzurdijo a los diputados que el jefe militar“nos pidió que no fuera muy rápido elpersonal de la procuraduría porque to-davía estaba más o menos oscuro”.

Más tarde, Manzur tuvo que mati-zar su declaración, aunque ya se habíarevelado. En un comunicado dijo quela PGJEM estuvo en comunicación per-manente con el Ejército y que la Sede-na siempre ha estado en disposición deinvestigar.

Una de las dudas que no pudo acla-rar el grupo de trabajo de la Cámara deDiputados es si en ese lapso los milita-res alteraron la escena. La Comisión Na-cional de los Derechos Humanos (CNDH)sostiene que así fue. La PGR tampoco en-tregó, “en absoluto”, información a loslegisladores. Lo mismo dijeron los dipu-tados respecto de la PGJEM.

Considerado por la Sedena comouna “agresión” más de la delincuen-cia organizada en contra del Ejército, elcaso Tlatlaya reveló un uso ilegal, ex-cesivo y desproporcionado de la fuerzapor parte de los militares, concluyó elgrupo de legisladores.

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JENARO VILLAMIL

“La salida represiva y autori-taria en Guerrero ha estadoa punto, a punto (de ocu-rrir)”. Para evitarlo, abun-da el gobernador interinoRogelio Or

proceso 19 abril 2015

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