1

Universidad de Talca Facultad de Ciencias Jurdicas y Sociales Escuela de Derecho

APUNTES DE DERECHO PROCESAL PENAL

Nelson Lorca Poblete

2010

2

PRINCIPIOS Y GARANTAS DEL SISTEMA PROCESAL PENAL CHILENO (Tomado de Julin Lpez Masle)

Introduccin Quizs el principal objetivo de la reforma procesal penal chilena es la

adecuacin del sistema procesal penal a las garantas individuales

reconocidas en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se

encuentren vigentes. As, por lo menos, aparece en el Mensaje del

Presidente de Repblica que acompa al proyecto de ley del nuevo

Cdigo Procesal Penal. Pues bien, en las lneas que siguen hablaremos de

los principios y garantas inherentes a este nuevo procedimiento y dejaremos, de alguna manera, la antigua terminologa que se ha utilizado

hasta la fecha de principios formativos del procedimiento.

1.- PRINCIPIOS DE LA PERSECUCIN PENAL 1.1.- Principio de oficialidad Este principio expresa la idea de persecucin penal pblica de los

delitos, vale decir, la nocin de que stos pueden y deben ser perseguidos

por el Estado de oficio, sin consideracin a la voluntad del ofendido ni de

ninguna otra persona. Lo contrario est constituido por el principio

dispositivo. Este principio est asociado a la idea de monopolio estatal en

el ejercicio de la accin penal.

Implicancias de este principio i) Respecto al inicio del procedimiento En este sentido expresa la idea de que la investigacin de los delitos

puede ser iniciada y seguida de oficio por el Estado. Ello porque el delito es

la forma de comportamiento desviado ms intolerable socialmente, por lo

que existe en su persecucin un inters pblico que se superpone y

3

excluye al eventual inters privado involucrado en la misma. El Estado no

slo tiene el derecho a iniciar la persecucin penal de oficio sino tambin el

deber de hacerlo.

Este principio, en la faceta que revisamos, est fuertemente

vinculado al concepto procesal de accin y, en particular, a la clasificacin

que distingue entre accin penal pblica, accin penal privada y accin

penal pblica previa instancia particular o mixta. Mientras la oficialidad se

expresa con toda su fuerza en la idea de accin penal pblica, el

establecimiento de delitos de accin penal privada o mixta constituye una

especie de declaracin del Estado acerca de la existencia de delitos en que

el compromiso del inters pblico es menor y, por lo tanto, la persecucin

penal pasa a depender de un acto voluntario del ofendido. (Ej. Delitos de

accin penal mixta: lesiones del artculo 399 y 494 n 5 del CP, violacin de

domicilio, violacin de secretos del artculo 231 y 247 del CP; de accin

penal privada: las calumnias y las injurias, la falta del n 11 del artculo 496

del CP, la provocacin al duelo y el denuesto o descrdito pblico por no

aceptarlo, etc).

En resumen, estamos ante un sistema en que, con respecto al inicio

del procedimiento, rige por regla general el principio de oficialidad y en el

cual se reconocen, excepcionalmente, aplicaciones del principio dispositivo

en los casos de accin penal privada y de accin penal pblica previa

instancia particular.

ii) Respecto a la disponibilidad de la pretensin penal En esta fase, el principio expresa que la pretensin penal no es

disponible por las partes, ya que existe un inters pblico comprometido en

la persecucin penal. Ahora, igualmente existen manifestaciones de

disponibilidad de la misma, tales como la renuncia, el desistimiento, el

4

abandono de la accin penal privada y ahora, ms fuertemente con la

inclusin en nuestra legislacin de los acuerdos reparatorios.

1.2.- Principio de investigacin oficial y aportacin de parte El principio de investigacin oficial supone que el tribunal investiga

por s mismo los hechos de la causa y en ello no est vinculado a los

requerimientos y declaraciones de las partes en el proceso. Ello lleva, por

ejemplo, a que el tribunal no quede vinculado por las posiciones de las

partes acerca de la verdad de un hecho (la confesin no obliga a condenar)

y que el tribunal pueda y deba producir prueba de oficio.

En la otra vereda se encuentra el principio de aportacin de parte,

conforme al cual la carga de la prueba y la iniciativa de los actos de

produccin de prueba recaen en las partes, sin que se reconozca al

tribunal facultades para intervenir en ella. En nuestro nuevo proceso penal,

el principio de la investigacin oficial sera aplicable slo si entendemos

que ste le impone cargas y derechos al Estado. En esta hiptesis, el

ministerio pblico, como representante del Estado en materias de

persecucin penal, lleva adelante la investigacin y la produccin de

pruebas. Pero si entendemos que el principio dice relacin con la actividad

del tribunal, forzoso sera concluir que el aplicable es el principio de

aportacin de parte, desde que el rgano jurisdiccional tiene una actitud

pasiva en la investigacin.

1.3.- Principio acusatorio Este principio impone la distribucin de los poderes de persecucin

penal y, por ello, de las funciones asociadas a su ejercicio, implicando una

triple separacin entre las funciones de investigacin, acusacin y

juzgamiento.

5

i) Distribucin de las funciones de acusacin y decisin En su esencia, el principio impide que quien acusa y juzga sean una

misma persona (caracterstica del principio inquisitivo). Para ello, exige la

presencia de un acusador, que sostiene la acusacin, y de un juez que

decide sobre ella.

Modernamente se han debido conciliar el principio de oficialidad con

el principio acusatorio, para lo cual el Estado ha asumido tanto la tarea del

acusador como la del juez, pero separando estas funciones en dos

autoridades estatales distintas, es decir, una autoridad de acusacin y un

tribunal. Ello se conoce como principio acusatorio formal.

ii) Distribucin de las funciones de investigacin y decisin Esta distribucin es considerada actualmente una garanta individual

implcita en el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e

imparcial.

Podemos sealar que la incorporacin del principio acusatorio a

nuestro sistema procesal penal es la nota ms distintiva de la reciente

reforma. Las funciones de investigacin y acusacin estn entregadas al

ministerio pblico mientras que la de decidir es entregada a un rgano

jurisdiccional colegiado, llamado tribunal de juicio oral en lo penal y la de

controlar el respeto a las garantas individuales durante la etapa de

investigacin fue encomendada al juez de garanta.

1.4.- Principios de legalidad y oportunidad i) Principio de legalidad Seala este principio que el ministerio pblico est obligado a iniciar y

sostener la persecucin penal de todo delito que llegue a su conocimiento,

sin que pueda suspenderla, interrumpirla o hacerla cesar a su mero arbitrio.

El principio de legalidad impone as, al Estado, la obligacin de perseguir

6

por igual todos los delitos que se cometen en una sociedad determinada,

sin permitirle seleccionar entre ellos de manera alguna.

ii) Principio de oportunidad Enuncia este principio de oportunidad que el ministerio pblico, ante

la noticia de un hecho punible o, inclusive, ante la existencia de prueba

completa de la perpetracin de un delito, est autorizado para no iniciar,

suspender, interrumpir o hacer cesar el curso de la persecucin penal,

cuando as lo aconsejan motivos de utilidad social o razones poltico-

criminales. La aplicacin de este criterio tiene dos objetivos fundamentales:

la descriminalizacin de hechos punibles y la eficiencia del sistema. Dentro

del primer objetivo se encuentran matices como los delitos bagatelarios, la

culpabilidad mnima del autor o la ausencia de necesidad preventiva,

tambin llamada retribucin natural; mientras que dentro del segundo

objetivo aparecen la suspensin de la persecucin penal para el

sometimiento a prueba del imputado (probation), criterios de privatizacin

del derecho penal con mecanismos autocompositivos en que participa la

vctima y en donde no hay inters pblico real, etc.

En el Cdigo, aplicacin del principio de oportunidad genricamente

entendido, son el principio de oportunidad del artculo 170, la suspensin

condicional del procedimiento y los acuerdos reparatorios.

2.- GARANTA INDIVIDUALES ANTE LA PERSECUCIN PENAL 2.1.- Garantas de la organizacin judicial Componen estas garantas algunas sacadas de textos

internacionales ratificados por Chile, a saber, el derecho al juez

independiente, el derecho al juez imparcial y el derecho al juez natural.

i) Derecho al juez independiente

7

Dentro de este concepto encontramos la independencia del poder

judicial frente a los dems poderes del Estado, que podra denominarse

como independencia institucional. Pero lo verdaderamente relevante dentro

de esta garanta es la independencia del juez en cuanto persona. Esta

independencia personal del juez tiene dos dimensiones: la externa, que

exige que el juez no dependa de ninguna otra autoridad del Estado, y la

interna, es decir, la independencia respecto de todo organismo superior

dentro del poder judicial.

ii) Derecho al juez imparcial Esta garanta puede ser observada desde 2 pticas:

- Respecto a la concentracin de las facultades de investigar y decidir, en este sentido, y contrariamente a lo que ocurra en el antiguo procedimiento penal, la reforma

separ esas funciones que antes recaan en la misma persona

del juez del crimen; ahora quien investiga es el ministerio

pblico y quienes deciden son los tribunales de justicia, ya el

juez de garanta, ya el tribunal de juicio oral en lo penal. Esa

acumulacin de funciones sin duda afectaba la imparcialidad

del juzgador desde que antes de decidir ya se haba formado

una impresin de los hechos.

- Respecto a la concentracin de las funciones de acusar y decidir, esta caracterstica la tuvo el antiguo sistema desde que en 1927 de suprimieron los promotores fiscales. Con las

facultades de acusar y decidir reunidas en un solo actor (juez

del crimen) se hace evidente la vulneracin al juez imparcial,

desde que ste ya no slo subjetivamente ha adoptado una

posicin (como ocurra en la hiptesis anterior) sino que

derechamente y ahora objetivamente, ha tomado parte por

8

una de las tesis que deber discutirse en el plenario. La

reforma nuevamente zanja este problema entregndole la

facultad de acusar el mismo rgano encargado de la

instruccin.

iii) Derecho al juez natural El concepto de juez natural dice relacin con la predeterminacin

legal del juez, que tiene por objeto asegurar, como garanta para el

justiciable, la imposibilidad de influir indebidamente en la designacin del

tribunal competente para el enjuiciamiento. En este sentido, y como

consecuencias lgicas de lo que acaba de decirse, esta garanta impone la

prohibicin de juzgar a una persona a travs de comisiones especiales y la

exigencia de que el tribunal competente deba encontrarse establecido por

la ley con anterioridad al hecho objeto del proceso.

2.2.- Garantas generales del procedimiento i) Derecho al juicio previo El juicio oral es el actor principal en el nuevo procedimiento y ello es

reconocido por el artculo 1 del CPP. Una manifestacin de este derecho al

juicio previo es la exigencia de una sentencia judicial de condena firme

como requisito para la imposicin de una pena. En este sentido juicio sera

sinnimo de sentencia y juicio se vincula fuertemente, en esta nocin, con

la fundamentacin de la sentencia, exigencia recogida por la CPR en el

artculo 19 n 3 inc. 5, en el mismo artculo 1 del CPP, en el 36 y 342 del

mismo cdigo.

Otra manifestacin de esta garanta es que toda sentencia de un

rgano que ejerza jurisdiccin debe fundarse en un proceso previo,

legalmente tramitado. Este proceso previo, sin lugar a dudas, debe cumplir

con las exigencias que impone el debido proceso.

9

ii) Derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable Tambin llamado derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.

Varias son las manifestaciones que el CPP contiene sobre el particular,

entre ellas, que desde la formalizacin de la investigacin nace un plazo

para culminar con la investigacin que no puede ser superior a 2 aos;

cualquier persona que se sienta afectada por una investigacin no

formalizada puede solicitar al juez de garanta que le fije un plazo al fiscal

para que la formalice, la audiencia de preparacin de juicio oral y la de

juicio oral tiene plazos breves para su realizacin, etc.

iii) Derecho de defensa Pilar fundamental en el nuevo proceso penal es la defensa tcnica

con que gozan los imputados desde los primeros actos del procedimiento

dirigido en su contra. Relacionado con el principio de igualdad de armas,

hace del proceso un juego jurdico justo, que viene a subsanar los graves

problemas del antiguo proceso en esta materia, ya que recordemos,

incluso el juez del crimen deba asumir labores de defensor.

iv) Derecho a la presuncin de inocencia Esta garanta tiene en nuestro pas rango constitucional desde que se

encuentra incorporada en tratados internacionales ratificados por Chile y

que se encuentran vigentes (CADH Y PIDCP). No se encuentra explicitado

en la CPR pero el CPP lo tiene como una de las ideas matrices y fundantes

del sistema (art. 4).

El reconocimiento de este derecho tiene dos consecuencias:

- La carga de la prueba le corresponde al Estado, vale decir, si

el Estado no logra satisfacer el estndar probatorio impuesto

por la ley procesal penal, la consecuencia de ello es la

absolucin del acusado. Se relaciona en este sentido con el

principio del in dubio pro reo.

10

- El imputado debe ser tratado como inocente, o sea, si el

imputado no puede ser considerado culpable mientras no sea

condenado por sentencia firme, de ninguna podra ser tratado

como culpable, esto es, imponrsele por anticipado las

consecuencias propias de la sentencia condenatoria y, entre

ellas, la privacin de libertad. Ahora, este principio no excluye,

de plano, la posibilidad de decretar medidas cautelares de

carcter personal durante el procedimiento. En este sentido,

instituciones como la detencin o la prisin preventiva resultan

legitimadas, en principio, siempre que no tengan por

consecuencia anticipar los efectos de la sentencia

condenatoria sino asegurar los fines del procedimiento (art.

122 CPP). Respecto a cules son los fines del procedimiento

que autorizan la imposicin de medidas cautelares

personales, ello ser estudiado precisamente cuando

revisemos stas.

v) Inadmisibilidad de la persecucin penal mltiple O tambin llamado non bis in idem, que pretende proteger al

imputado del riesgo de una nueva persecucin penal, simultnea o

sucesiva, por la misma realidad histrica atribuida en una persecucin

penal anterior dirigida en su contra. Nuestro CPP lo trata en su art. 1 inc.2.

Se infringira esta garanta cuando entre las persecuciones penales exista

identidad de persona (o sea, se trate de una misma persona fsica, de un

mismo imputado), identidad objetiva o del hecho (mas no de la valoracin

jurdica del hecho. Basta para incurrir en esta identidad que se mantenga la

estructura bsica de la hiptesis fctica y no una correspondencia absoluta

del hecho) y la identidad de causa (referida a la pretensin punitiva, de

modo que no existe la infraccin al principio si la pretensin de uno de los

11

procesos no es la aplicacin de una sancin penal, sino una reparacin

civil o una sancin disciplinaria, por ejemplo.

2.3.- Garantas del juicio El cdigo habla de juicio oral y pblico, caractersticas que lo hacen

garantista y que llevan consigo una serie de consecuencias.

i) Derecho a juicio pblico La garanta de la publicidad se encuentra consagrada en tratados

internacionales vinculantes para Chile pero no existe una referencia

explcita a esta caracterstica en la CPR. En el CPP, por su parte, la

publicidad es consagrada como uno de los principios bsicos del

procedimiento y una de las garantas fundamentales del juicio. Ya el

artculo 1 habla de ello, concretndose esta garanta en el artculo 376 letra

d), como motivo de nulidad la infraccin a la misma. Esta garanta se

satisface con el acceso pblico a la Sala de Audiencias. Hay hiptesis, eso

s, en que el principio cede a favor de la proteccin del honor, intimidad o

seguridad de cualquier persona.

ii) Derecho a un juicio oral Tambin consagrado en el art. 1 del CPP. El derecho a un juicio oral

impone la exigencia de que el fundamento de una sentencia slo puede

provenir de un debate pblico e inmediato. Lo anterior significa que el nivel

donde la oralidad funciona como garanta, por excelencia es la etapa del

juicio oral (art. 291, 329, 228 inc. final, 334, etc. CPP). Este principio, sin

embargo, no es absoluto y reconoce excepciones (art. 291 inc. 3, 331,

332, 333, etc. CPP).

Este derecho es renunciable, cuando se acepta por el imputado el

procedimiento abreviado y tambin en las hiptesis de salidas alternativas

al juicio oral.

12

La oralidad se asocia a tres principios sin lo cuales la idea de juicio

quedara desnaturalizada: los principios de inmediacin, continuidad y

concentracin.

- El principio de inmediacin seala que el sentenciador slo puede fallar de acuerdo con las impresiones personales que

obtenga del acusado y de los medios de prueba. Tiene un

fase formal (el tribunal que dicta la sentencia debe haber

observado por s mismo la recepcin de la prueba, sin poder

sta a cargo de otras personas) y una material (el tribunal

debe extraer los hechos de la fuente por s mismo, sin que

pueda utilizar equivalentes probatorios).

- El principio de concentracin aplicado al juicio oral exige que todos los actos necesarios para concluir el juicio se

realicen en la misma audiencia.

- El principio de continuidad, por su parte, alude a la exigencia de que el debate no sea interrumpido. Estos dos

ltimos aseguran la unidad del juicio (art. 282 y 283 CPP).

2.4.- Lmites formales al establecimiento de la verdad Son garantas impuestas por el ordenamiento jurdico como lmites a

la persecucin penal del Estado y, ms precisamente, a la actividad

probatoria desplegada por ste en el establecimiento de la verdad. Entre

estas garantas se encuentran, por ejemplo, el derecho a la privacidad, a la

inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicacin privada y las

garantas vinculadas a la consideracin del imputado como rgano de

prueba.

13

Sabemos que de nada sirven las garantas antes enunciadas si ellas

no tienen mecanismos que las hagan efectiva. En este sentido, el CPP

instaur algunos medios de proteccin que revisaremos brevemente.

a) Mecanismos generales preventivos para la proteccin de las garantas.

a.1.- Autorizacin judicial previa: se contempla en el art. 8 del cdigo y la forma en que opera este mecanismo da lugar a las

denominadas medidas intrusivas.

a.2.- Cautela de garantas: se contempla en el art. 10, constituyendo sta una herramienta poderosa de proteccin consistente con otras

facultades entregadas el juez (ej. Art. 235 inc. 2 y 286)

b) Mecanismos generales correctivos para la proteccin de las garantas.

b.1.- Nulidad procesal: opera de esta manera cuando la infraccin que la motiva ha impedido el pleno ejercicio de las garantas y de los

derechos reconocidos en la Constitucin, o en las dems leyes de la

Repblica, presumindose de derecho, en este caso, le existencia del

perjuicio que exige la ley como requisito para declararla (art. 160

CPP)

b.2.- Exclusin de prueba ilcita: Permite al juez excluir, para el juicio oral, las pruebas que provinieren de actuaciones o diligencias

que hubieren sido declaradas nulas y aquellas que hubieren sido

obtenidas con inobservancia de garantas fundamentales.

b.3.- Recurso de nulidad: Opera de esta forma cuando la causal invocada en la letra a) del artculo 373 del CPP, o sea, por haberse

infringido sustancialmente, en la tramitacin del juicio o en el

pronunciamiento de la sentencia, derechos o garantas asegurados

14

por la Constitucin o por tratados internacionales ratificados por Chile

que se encuentren vigentes.

15

EL NUEVO PROCESO PENAL: LA REFORMA PROCESAL PENAL

FUNDAMENTOS DE LA REFORMA PROCESAL PENAL 1.- Fundamento Histrico: El Cdigo de Procedimiento Penal data

desde hace ms de 100 aos, por lo que era necesario una adecuacin

a los nuevos tiempos.

2.- Fundamento Poltico Institucional: Se pretende adecuar el nuevo

modelo procesal penal al rgimen poltico democrtico vigente.

3.- Fundamento Procesal: En el diagnstico del sistema procesal

penal chileno se detectaban algunos errores:

a.- El juez lo haca todo: investigaba, someta a proceso, acusaba,

fallaba e incluso, defenda (art. 109).

b.- Todas las causas deberan terminar por sentencia definitiva, sin

embargo, la gran mayora era sobreseda por falta de antecedentes;

c.- El juez estaba sobrecargado de trabajo y deba delegar sus

funciones en los funcionarios del tribunal, los llamados actuarios;

d.- Los usuarios del sistema no conocen al juez, ya que generalmente

estaba encerrado en su despacho resolviendo y redactando fallos;

e.- Adems de la labor jurisdiccional el juez deba atender los

problemas administrativos del tribunal lo que le restaba tiempo para

desarrollar su labor principal;

f.- la vctima no tiene participacin relevante en el proceso;

g.- La defensa de los procesados es deficiente. El abogado de turno

defiende por obligacin y en contadas ocasiones realiza una labor de

verdadera defensa jurdica.

4.- Fundamento Internacional: Era necesario modernizar la

legislacin en relacin a los textos vigentes en otros pases, siendo la

nuestra una de las ms atrasadas en la materia. Por ejemplo, el sistema

16

oral en la Provincia de Crdoba, Argentina, tiene ya ms de 40 aos de

vigencia.

5.- Fundamento Humanitario: Al suscribir y ratificar tratados

internacionales sobre derechos humanos, el sistema jurdico procesal

penal deba ponerse a tono con esa legislacin.

PRINCIPIOS INSPIRADORES DE LA REFORMA PROCESAL PENAL

1.- Juez imparcial: El rgano jurisdiccional es el rbitro de la

contienda y no le corresponde acusar o defender, su intervencin debe

estar centrada en la imparcialidad y en garantizar la igualdad de armas.

2.- Exclusividad de la investigacin penal: Se crea el Ministerio

Pblico, organismo autnomo en que descansa la responsabilidad de la

persecucin penal, la investigacin de los delitos y el ejercicio de la

accin penal.

3.- Revitalizar la dignidad humana del imputado: Surge nuevamente

la idea central del respeto a las garantas constitucionales y legales

durante el proceso penal. El imputado no es un objeto de investigacin

sino que pasa a constituirse en un sujeto dotado de derechos en el

proceso.

4.- Presuncin de inocencia: el imputado debe ser tratado y

considerado como inocente mientras no exista una sentencia

condenatoria firme en su contra.

5.- Separacin de lo jurisdiccional con lo administrativo: Ello ocurre

con el nuevo diseo de que estn dotados los tribunales de la reforma,

apareciendo la figura del administrador de tribunal e implantndose un

moderno sistema de gestin administrativa.

17

6.- Principio de la oralidad: Todas las actuaciones son orales y

pblicas, no obstante existir la obligacin de llevar un registro (art. 41

CPP)

7.- Principio de la inmediacin: El juez conoce directamente a los

intervinientes y las actuaciones en audiencias se realizan ante l.

8.- Principio de desburocratizacin: La investigacin del fiscal es

esencialmente informal.

9.- Principio de la concentracin: Se traduce en aprovechar las

audiencias para revisar el mayor nmero de situaciones que puedan

producirse, con el objeto de resolverlas de una vez.

10- Soluciones alternativas de controversias: se crean variadas

posibilidades de poner trmino al conflicto, previo a la sentencia (entre

ellas las salidas alternativas y los procedimientos de autoincriminacin).

11.- Principio de publicidad: se traduce en que las audiencias son

pblicas.

18

1.- PRINCIPIOS BSICOS DEL CDIGO (Ttulo I del Libro Primero CPP)

Las normas que ms adelante se tratarn, contienen el espritu del

nuevo sistema procesal penal; son ellas las ideas matrices sobre las cuales

se cimienta todo el sistema y permiten tenerlas en cuenta cuando de

interpretar la ley procesal penal se trata.

Art. 1: Juicio previo y nica persecucin: Ninguna persona podr ser condenada o penada, ni sometida a una de las medidas de

seguridad establecidas en el Cdigo Procesal Penal, sino en virtud de

una sentencia fundada, dictada por un tribunal imparcial. Toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral y pblico, desarrollado en conformidad a las normas de este cuerpo legal. La persona condenada, absuelta o sobreseda por sentencia ejecutoriada, no podr ser sometida a un nuevo procedimiento penal por

el mismo hecho.

Esta norma se aviene con la normativa internacional, especialmente

con el Pacto de San Jos de Costa Rica y con el Pacto de Derechos

Civiles y Polticos, adems de formar parte de la garanta del debido

proceso.

Importante es resaltar la relevancia central que se le atribuye al juicio

oral en el nuevo sistema, puesto que a pesar de existir salidas

alternativas al juicio o procedimientos de autoincriminacin, LA

PERSONA TIENE UN DERECHO INALIENABLE A SER JUZGADO

ORAL Y PBLICAMENTE. Cualquier otra forma de trmino o

suspensin del proceso penal, requiere necesariamente del

consentimiento del imputado.

19

Se incluye en esta norma, adems, una consideracin que parece

obvia pero que en la prctica no lo es tanto: la fundamentacin de las

decisiones judiciales, como una forma de legitimacin de ellas.

El ltimo inciso consagra positivamente el principio non bis in idem.

Art. 2: Juez natural: Nadie podr ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que sealare la ley y que se hallare

establecido por sta con anterioridad a la perpetracin del hecho.

A diferencia de lo vaga que es la redaccin de la Constitucin Poltica, el CPP exige que el tribunal debe estar constituido antes de la comisin del hecho. (la CPR seala que el tribunal debe estar establecido con anterioridad por sta (la ley)).

Art. 3: Exclusividad de la investigacin penal: El ministerio pblico dirigir en forma exclusiva la investigacin de los hechos constitutivos

de delito, los que determinaren la participacin punible y los que

acreditaren la inocencia del imputado, en la forma prevista por la

Constitucin y la ley.

Lo sealado por este artculo constituye un cambio radical con el

antiguo sistema de justicia penal. La investigacin en este caso es

ejercida por un organismo autnomo, con autoridades propias y ajeno al

juzgador, lo que se aviene con las ms mnimas condiciones que

asegura la garanta del debido proceso.

Esta norma se relaciona con el artculo 80 letra A) CPR, 3 LOC MP y 109 CPP. Estas disposiciones constituyen el llamado principio de

objetividad al que debe sujetarse el ministerio pblico en su actuar.

20

Art. 4 Presuncin de inocencia del imputado: Ninguna persona ser considerada culpable ni tratado como tal en tanto no fuere

condenada por una sentencia firme.

Otro principio fundamental en el marco del nuevo proceso penal, con

consagracin constitucional en el artculo 19 N 3 inciso 6, en los

tratados internacionales y en el artculo 42 del CPP (1906), aunque en

este ltimo artculo, de manera imperfecta.

Este principio protege al sujeto pasivo de la accin penal cualquiera

que fuere su calidad dentro del proceso: imputado, acusado, incluso

condenado mientras la sentencia no est firme.

Sin embargo, esta presuncin es iuris tantum, vale decir, es una presuncin que puede desvirtuarse con actividad probatoria en

contrario.

CONSECUENCIAS DEL PRINCIPIO: 1.- El respeto al principio abarca todas las etapas del procedimiento.

2.- Se establece un reconocimiento efectivo de los derechos bsicos

del imputado (art. 93 y 94)

3.- Se considera la declaracin del inculpado como un medio de

defensa (art. 98)

4.- La aplicacin de las medidas cautelares personales debe hacerse

con sujecin estricta a la legalidad y slo cuando sean estrictamente

indispensables para asegurar los fines del procedimiento.

5.- Para condenar, el tribunal debe adquirir conviccin suficiente, ms

all de toda duda razonable, de la comisin del delito por el acusado,

por lo tanto, la duda razonable excluye la condena.

6.- Es labor de la parte acusadora producir prueba suficiente para

destruir la presuncin y formar la conviccin del o los jueces. El onus

probandi recae en el acusador.

21

7.- Se limita el plazo de la investigacin formalizada a 2 aos.

Art. 5 Legalidad de las medidas privativas o restrictivas de libertad: No se podr citar, arrestar, detener, someter a prisin preventiva ni aplicar cualquier otra forma de privacin o restriccin de

libertad a ninguna persona, sino en los casos y en la forma sealados

por la constitucin y las leyes.

Las disposiciones de este Cdigo que autorizan la restriccin de la

libertad o de otros derechos del imputado o del ejercicio de alguna de

sus facultades sern interpretadas restrictivamente y no se podrn

aplicar por analoga.

Segn este principio, las medidas cautelares personales deben ser

aplicadas dentro de la ms estricta legalidad, cuestin que est en

concordancia con el artculo 122 del CPP que seala que las medidas

cautelares personales slo se impondrn cuando fueren absolutamente indispensables para asegurar la realizacin de los fines del procedimiento y slo durarn mientras subsista la necesidad de su

aplicacin.

Por lo tanto, respecto de ellas rige en el nuevo proceso penal el

criterio de la excepcionalidad y de subordinacin al cumplimiento de los

fines del procedimiento.

Por otro lado, la interpretacin restrictiva que se establece en esta

norma, tambin es un efecto del principio de la presuncin de inocencia

del artculo 4.

Art. 6 Proteccin de la vctima: El ministerio pblico estar obligado a velar por la proteccin de la vctima del delito en todas las etapas del

22

procedimiento penal. Por su parte, el tribunal garantizar conforme a la

ley la vigencia de sus derechos durante el procedimiento.

El fiscal deber promover durante el curso del procedimiento

acuerdos patrimoniales, medidas cautelares u otros mecanismos que

faciliten la reparacin del dao causado a la vctima. Este deber no

importar el ejercicio de las acciones civiles que pudieren

corresponderle a la vctima.

Asimismo, la polica y los dems organismos auxiliares debern

otorgarle un trato acorde con su condicin de vctima, procurando

facilitar al mximo su participacin en los trmites en que debiere

intervenir.

He aqu una de las principales crticas al nuevo sistema: mientras el

imputado cuenta con defensa jurdica desde los primeros actos del

procedimiento dirigido en su contra y, en muchos casos, gratuita, la

vctima, el ofendido con el delito, no posee asesora letrada per se, lo

que trae como consecuencia que muchas veces, por los escasos

recursos con los que cuentan las vctimas queden ellas en una posicin

desmedrada respecto de los imputados. El ministerio pblico no

representa a la vctima. El camino que le queda por seguir es

convertirse en querellante para as poder intentar las acciones penales y

civiles que procedan.

Art. 7 Calidad de imputado: Las facultades, derechos y garantas que la CPR, ste Cdigo y otras leyes reconocen al imputado, podrn

hacerse valer por la persona a quien se atribuyere participacin en un

hecho punible desde la primera actuacin del procedimiento dirigido en

su contra y hasta la completa ejecucin de la sentencia.

23

Para este efecto, se entender por primera actuacin del

procedimiento cualquiera diligencia o gestin, sea de investigacin, de

carcter cautelar o de otra especie, que se realizare por o ante un

tribunal con competencia en lo criminal, el ministerio pblico o la polica,

en la que se atribuyere a una persona responsabilidad en un hecho

punible.

De esta disposicin se extrae el concepto de imputado: la persona a

quien se atribuyere participacin en un hecho punible.

Art. 8 mbito de la defensa: El imputado tendr derecho a ser defendido por un letrado desde la primera actuacin del procedimiento

dirigido en su contra.

El imputado tendr derecho a formular los planteamientos y

alegaciones que considerare oportunos, as como a intervenir en todas

las actuaciones judiciales y en las dems actuaciones del

procedimiento, salvas las excepciones expresamente previstas en este

Cdigo.

Art. 9 Autorizacin judicial previa: Toda actuacin del procedimiento que privare al imputado o a un tercero del ejercicio de los

derechos que la Constitucin asegura, o lo restringiere o perturbare,

requerir de autorizacin judicial previa.

En consecuencia, cuando una diligencia de investigacin pudiere

producir alguno de tales efectos, el fiscal deber solicitar previamente

autorizacin al juez de garanta.

Tratndose de casos urgentes, en que la inmediata autorizacin u

orden judicial sea indispensable para el xito de la diligencia, podr ser

solicitada y otorgada por cualquier medio idneo al efecto, tales como

24

telfono, fax, correo electrnico u otro, sin perjuicio de la constancia

posterior, en el registro correspondiente. No obstante lo anterior, en

caso de una detencin, se deber entregar por el funcionario policial que

la practique una constancia de aquella, con indicacin del tribunal que la

expidi, del delito que le sirve de fundamento y de la hora en que se

emiti.

Art. 10 Cautela de garantas: En cualquiera etapa del procedimiento en que el juez de garanta estimare que el imputado no est en

condiciones de ejercer los derechos que le otorgan las garantas

judiciales consagradas en la Constitucin, en las leyes o en los tratados

internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes,

adoptar, de oficio o a peticin de parte, las medidas necesarias para

permitir dicho ejercicio.

Si esas medidas no fueren suficientes para evitar que pudiere

producirse una afectacin sustancial de los derechos del imputado, el

juez ordenar la suspensin del procedimiento y citar a los

intervinientes a una audiencia que se celebrar con los que asistan. Con

el mrito de los antecedentes reunidos y de lo que en dicha audiencia

se expusiere, resolver la continuacin del procedimiento o decretar el

sobreseimiento temporal del mismo.

Se agrega por este artculo una causal de sobreseimiento temporal a

las consagradas en el artculo 252 CPP.

Art. 11 Aplicacin temporal de la ley procesal penal: Las leyes procesales penales sern aplicables a los procedimientos ya iniciados,

salvo cuando, a juicio del tribunal, la ley anterior contuviere

disposiciones ms favorables al imputado.

25

Se establece una posibilidad distinta a la que seala el artculo 24 de

la ley sobre efecto relativo de las leyes. En el CPP la regla general es

que la ley procesal rija in actum; excepcionalmente se aplicar la ley

ms antigua si fuere ms beneficiosa al imputado.

Art. 12 Intervinientes: Para los efectos regulados en este Cdigo, se considerar intervinientes en el procedimiento al fiscal, al imputado, al

defensor, a la vctima y al querellante, desde que realicen cualquier

actuacin procesal o desde el momento en que la ley les permitiere

ejercer facultades determinadas.

Se abandona, por tanto, el concepto de parte y se habla de

interviniente y, por otro lado, se omite dentro de este grupo al actor civil.

Art. 13 Efectos en Chile de las sentencia penales de tribunales extranjeros: Tendrn valor en Chile las sentencias penales extranjeras. En consecuencia, nadie podr ser juzgado ni sancionado por un delito

por el cual ya hubiere sido condenado o absuelto por una sentencia

firme de acuerdo a la ley y al procedimiento de un pas extranjero, a

menos que el juzgamiento en dicho pas hubiere obedecido al propsito

de sustraer al individuo de su responsabilidad penal por delitos de

competencia de los tribunales nacionales o, cuando el imputado lo

solicitare expresamente, si el proceso respectivo no hubiere sido

instruido de conformidad con las garanta de un debido proceso o lo

hubiere sido en trminos que revelaren falta de intencin de juzgarle

seriamente.

En tales casos, la pena que el sujeto hubiere cumplido en el pas

extranjero se le imputar a la que debiere cumplir en Chile, si tambin

resultare condenado.

26

La ejecucin de las sentencias penales extranjeras se sujetar a lo

que dispusieren los tratados internacionales ratificados por Chile y que

se encontraren vigentes.

27

SUJETOS PROCESALES E INTERVINIENTES: Se trata de los operadores jurdicos instaurados por este nuevo sistema de justicia penal y que le dan vida, con el objetivo de dar solucin a

los conflictos que se presentaren.

1) MINISTERIO PBLICO:

Es el rgano encargado de la investigacin y es autnomo del poder

judicial. Es un organismo autnomo y jerarquizado, cuya funcin es dirigir

en forma exclusiva la investigacin de los hechos constitutivos de delito, los

que determinen la participacin punible y los que acrediten la inocencia del

imputado y, en su caso, ejercer la accin penal pblica en la forma prevista

por la ley. El ministerio pblico realiza su funcin a travs de los fiscales

quienes ejercern y sustentarn la accin penal pblica en la forma

prevista por la ley. Con tal propsito, practicarn todas las diligencias que

fueren conducentes al xito de la investigacin y dirigirn la actuacin de la

polica, con estricta sujecin al principio de objetividad consagrada en la

LOC del ministerio pblico. Por otra parte el ministerio pblico tiene la

obligacin de dar informacin y proteccin a las vctimas, (art. 78), los

fiscales debern adoptar o solicitar medidas para proteger a stas, facilitar

su intervencin en el procedimiento y disminuir o evitar al mnimo cualquier

perturbacin que hubieren de soportar con ocasin de los trmites en que

debieren intervenir.

Los fiscales deben desarrollar las siguientes actividades a favor de la

vctima.

1. Entregarle informacin acerca del procedimiento, derechos y

actividades realizadas.

28

2. Ordenar o solicitar medidas para proteger a la vctima y a su familia.

3. Informarle sobre su eventual derecho a indemnizacin.

4. Escuchar a la vctima antes de solicitar o resolver la suspensin del

procedimiento o de su trmino por cualquier causa.

OBJETIVIDAD: El art. 3 de la Ley 19.640 que establece la Ley Orgnica del

Ministerio Pblico, seala que en el ejercicio de su funcin los fiscales del

ministerio pblico adecuarn sus actos a un criterio objetivo, velando

nicamente por la correcta aplicacin de la ley. De acuerdo con ese

criterio, debern investigar con igual celo, no slo los hechos y

circunstancias que funden o agraven la responsabilidad del imputado, sino

tambin los que eximan de ella, la extingan o la atenen. Norma semejante

podemos encontrar en el art. 109 del Cdigo de Procedimiento Penal,

(1906).

ORGANIZACIN DEL MINISTERIO PBLICO:

Las normas que regulan estas materias, se encuentran contenidas en

la CPR en su captulo VII en los artculos 83 a 91, as como en la Ley

Orgnica Constitucional del Ministerio Pblico (LOC N19.640 del 15 de

Octubre de 1999). Podemos desprender de estas disposiciones que el

ministerio pblico es un organismo autnomo y jerarquizado, cuya funcin

es:

a) Investigar los hechos constitutivos de delito.

b) Los que determinen la participacin unible.

c) Los que acrediten la inocencia del imputado.

d) En su caso, ejercer la accin penal pblica.

29

e) Adems, deber proteger a la victima y testigos.

f) En caso alguno, ejercer funciones jurisdiccionales.

Este organismo escapa de la superintendencia directiva, correccional

y econmica de la Corte Suprema y ella ser ejercida por el Fiscal

Nacional.

El ministerio pblico, tiene facultad de imperio, lo que se traduce en

impartir directamente rdenes a la fuerza pblica, quin debe cumplirlas sin

calificacin alguna. Ciertas actuaciones, como por ejemplo aquellas que

priven al imputado o a terceros del ejercicio de sus derechos asegurados

en la CPR, o restrinjan o perturben el libre ejercicio de estos, requerirn

siempre de autorizacin judicial previa.

ORGANIZACIN INTERNA: a) FISCAL NACIONAL: Es el jefe superior del ministerio pblico,

nombrado por el Presidente de la Repblica de una quina propuesta por la

Corte Suprema, con acuerdo del Senado de al menos dos tercios de sus

miembros en ejercicio. Dura en su cargo 10 aos y no podr ser designado

para el periodo siguiente y no puede ser removido salvo por la Corte

Suprema, ante requerimiento del Presidente de la Repblica, de la Cmara

de Diputados o 10 de sus miembros, por incapacidad o por mal

comportamiento o por negligencia manifiesta en el ejercicio de sus

funciones. (Art. 89 de la CPR).

Por excepcin y de oficio, el Fiscal Nacional puede asumir la

direccin de la investigacin de ciertos hechos por la investidura de los

involucrados, para asegurar independencia o autonoma.

Funciones del Fiscal Nacional:

30

1.-Fijar los criterios de actuacin del ministerio pblico, oyendo al

Consejo General.

2.-Ejercer potestad reglamentaria y disciplinaria segn la forma que lo

determine la ley.

3.-Nombrar y solicitar la remocin de los Fiscales Regionales.

4.-Resolver las dificultades que se susciten entre los fiscales

regionales.

5.-Puede disponer de oficio y excepcionalmente que un fiscal regional

asuma la direccin de la investigacin, el ejercicio de la accin penal

pblica y la proteccin de las vctimas o testigos por la gravedad o

complejidad de la investigacin.

6.-Rendir cuenta anual en el mes de de abril de las actividades del

ministerio pblico.

Requisitos para ser nombrado Fiscal Nacional: 1. Ser ciudadano con derecho a sufragio;

2. Tener a los menos 10 aos del ttulo de abogado.

3. Haber cumplido cuarenta aos de edad.

4. No encontrarse sujeto a alguna de las incapacidades e

incompatibilidades previstas por la ley.

b) CONSEJO GENERAL: Formado por el fiscal nacional que lo presidir, y por los fiscales regionales.

c) FISCALES REGIONALES: Estn conformadas por diecisis fiscales, uno en cada regin y cuatro en la regin metropolitana. Son

elegidos por el fiscal nacional, a propuesta de una terna formada por la

Corte de Apelaciones de la respectiva regin, duran en sus cargos diez

31

aos, no podrn ser designados como tales para el perodo siguiente y

cesarn en su cargo a la edad de setenta y cinco aos. Para ser designado

fiscal regional, se debe ser chileno con derecho a sufragio, tener a lo

menos cinco aos el ttulo de abogado, haber cumplido treinta aos de

edad y no encontrarse sujeto a alguna de las incapacidades e

incompatibilidades previstas por la ley.

d) FISCALAS LOCALES Y FISCALIAS ADJUNTAS: Cada Fiscala esta a cargo de un fiscal adjunto, llamado fiscal jefe, designado por el fiscal

nacional a propuesta del fiscal regional. Los fiscales adjuntos ejercen las

funciones y atribuciones del ministerio pblico, en los casos que se le

asignen. Para ser nombrado fiscal adjunto es necesario ser chileno con

derecho a sufragio, adems de poseer el ttulo de abogado, reunir los

requisitos de experiencia y formacin especializada adecuadas para el

cargo y no encontrarse sujeto a alguna de las incapacidades e

incompatibilidades previstas en la ley.

FUNCIONES DEL MINISTERIO PBLICO: Las principales son:

1. Dirigir en forma exclusiva la investigacin en materia penal. Es el

propio ministerio pblico, quin disea la forma de abordar la etapa

de investigacin obrando conjuntamente con la polica, por lo que

sera una direccin funcional.

2. Ejercer la accin penal pblica en su caso, segn la ley: lo que puede

hacerlo en forma solitaria o en conjunto con el querellante.

3. Adoptar medidas para proteger a vctimas y testigos. A modo de

ejemplo podemos citar los arts. 78 del NCPP, respecto a la vctima, el

art. 308 incisos 2 , respecto a los testigos.

32

PRINCIPIOS QUE INFORMAN LA FUNCIN DEL MINISTERIO PBLICO:

A) UNIDAD: el artculo 2 de la LOC del Ministerio Pblico establece tal principio, sealndose que el ministerio pblico realizar sus

actuaciones a travs de cualquiera de sus fiscales que intervengan

en ellas. Por lo tanto, no existe radicacin de casos en fiscales

determinados.

B) OBJETIVIDAD: El art. 80 A de la CPR y 3 de la LOCMP introducen este principio, considerndose al ministerio pblico como un custodio

de la ley , lo cual se traduce que el rgano persecutor debe chequear

en su investigacin hiptesis fcticas de exclusin o atenuacin de

responsabilidades plausibles argumentadas por la defensa para

confirmarlas o descartarlas. Adems el ministerio pblico debe ser

leal para con la defensa, traducido esto en la no ocultacin de

informacin que le favorezca y en el deber de mostrar sus cartas en

forma oportuna, para que ella pueda prepararse adecuadamente.

C) CONTROL Y RESPONSABILIDAD: Existen controles sobre el actuar del ministerio pblico y los fiscales tienen responsabilidad civil,

disciplinaria y penal por los actos que ejecuten. Este control puede

ser:

Procesal: ejercido por el juez de garanta.

Poltico: por la posibilidad de remocin que pesa sobre el fiscal nacional y fiscales regionales a travs de la Corte Suprema por

los cuatro sptimos de sus miembros en ejercicio (o sea 12

Ministros) a travs del procedimiento establecido en el art. 89

de la CPR.

33

Jerrquico: Concretizado en el sistema de controles que a nivel interno realizan las diversas autoridades del organismo;

adems los intervinientes pueden controlar mediante

reclamaciones respecto de las actuaciones de los fiscales

adjuntos (por escrito ante el fiscal regional, quin resuelve

dicha solicitud dentro del plazo de cinco das hbiles de hecha

la presentacin).

Por parte de victima: Se ejerce a travs de sus derechos o por reclamos ante las autoridades del ministerio pblico.

Respecto a las responsabilidades:

1. Poltica: Por la remocin que afecta al fiscal nacional y a los fiscales regionales.

2. Penal: Si es el fiscal nacional, acta un fiscal regional designado por sorteo; si es un fiscal regional, acta otro fiscal regional, designado

por el fiscal nacional; si es un fiscal adjunto, ser competente el

respectivo fiscal regional designado para tal efecto por el fiscal

nacional.

3. Civil: El fiscal o funcionario que provoco el dao es el responsable de ste y el Estado tiene derecho a repetir cuando hubo culpa grave o

dolo de una parte. ( Esto porque el Estado es el responsable por las

conductas injustificadamente errneas o arbitrarias del ministerio

pblico).

4. Disciplinaria: Se hace efectiva por la autoridad superior respectiva, las sanciones van de amonestacin privada hasta la remocin. Art.

49 LOCMP.

34

D) DE INTERDICCIN DE FUNCIONES JURISDICCIONALES: El ministerio pblico no puede ejercer funciones jurisdiccionales.

E) EFICACIA, EFICIENCIA, COORDINACIN Y AGILIDAD PROCEDIMENTAL:

F) PROBIDAD ADMINISTRATIVA Y TRANSPARENCIA: Los fiscales deben acatar estos principios observando una conducta funcionaria

intachable y un desempeo honesto y leal de la funcin o cargo, con

preeminencia del inters general sobre el particular, de ah viene la

obligacin de los fiscales de efectuar una declaracin de intereses

que individualiza las actividades profesionales y econmicas del

funcionario. La transparencia se traduce en la publicidad de los actos administrativos

del ministerio pblico y adems por la cuenta pblica anual del fiscal

nacional y del fiscal regional.

G) IGUALDAD DE ACCESO: Los cargos del ministerio pblico se proveen, en su mayora, por concurso pblico.

H) LEGALIDAD: Se refiere a las normas contenidas en los artculos 6 y 7 de la CPR.

2) LA POLICA: Debemos tener presente que el artculo 12 del CPP no incluye

dentro de los intervinientes a la Polica, pero es innegable la importancia

que este rgano genricamene entendido- alcanza en el proceso penal,

especialmente en la etapa de investigacin, siendo ella la mano derecha

del fiscal.

Tanto la Polica de Investigaciones como Carabineros de Chile,

son auxiliares del ministerio pblico en la tarea de investigar; el fiscal

discrecionalmente ser quin decidir a cual de estas instituciones dirigirse

35

para llevar a cabo la investigacin. Estos estn encargados de realizar las

diligencias de investigacin, segn las instrucciones de los fiscales,

adems deben ejecutar las medidas de coercin que se decretaren, como

por ejemplo, cumplir con una orden de arresto. Excepcionalmente, cuando

se trate de hechos cometidos al interior de recintos penales, podrn los

fiscales impartir instrucciones a Gendarmera de Chile para investigar tales

hechos (art. 79)

Los funcionarios de estas instituciones cumplirn inmediatamente la

rdenes impartidas por el fiscal o el juez, sin poder calificar su procedencia,

oportunidad o conveniencia, sin perjuicio de requerir la exhibicin de la

autorizacin judicial previa cuando corresponda, salvo los casos urgentes a

que ser refiere el inciso final del artculo 9, en que la autorizacin se

exhibir posteriormente. La dependencia de estas instituciones respecto al

ministerio pblico es slo funcional y no orgnica, ya que sus funcionarios siguen dependiendo del respectivo cuerpo policial del que

forman parte (art. 80).

A) Obligacin de informar: La polica debe informar al ministerio pblico, tan pronto reciba una denuncia y proceder, cuando corresponda,

a realizar las actuaciones que no requieran orden previa (artculos 83, 85,

89, 90), respecto de las cuales debe informar de inmediato.

Las comunicaciones entre el ministerio pblico y la polica en

relacin con sus actividades de investigacin se realizarn en la forma y a

travs de los medios ms expeditos posibles.

Si un funcionario de la polica se ve impedido de cumplir una

orden del fiscal o del juez, comunicar inmediatamente esta circunstancia

al emisor de dicha orden y al superior jerrquico de la institucin de la cual

forma parte. El fiscal o juez emisor, puede sugerir o disponer

36

modificaciones a ella para su debido cumplimiento o reiterar la orden si

cree que no hay tal imposibilidad.

B) Actuaciones de la polica sin orden previa: Estn tratadas en forma dispersa en los artculos 83, 85, 89 y 90, en trminos generales

son las siguientes:

1. Prestar auxilio a la vctima.

2. Detener en caso de flagrancia. (art. 130)

3. Resguardar el sitio del suceso, o sea, clausurarlo o aislarlo,

esto con el objetivo de velar por la indemnidad de la prueba

(modificado por la ley de agenda corta).

4. Identificar a los testigos y consignar sus declaraciones

voluntarias, tratndose de los casos ns 2 y 3 anteriores.

5. Recibir denuncias del pblico.

6. Realizar el llamado control de identidad que establece el

artculo 85 del CPP.

7. Examinar la vestimenta, equipaje y vehculos segn lo dispone

el art. 89 del CPP.

8. Proceder al levantamiento del cadver, en la forma dispuesta

por el artculo 90 del CPP.

C) Control de Identidad: Esta actuacin de la polica, sin orden previa, puede dar origen a una detencin por flagrancia y,

consecuencialmente, iniciar la persecucin penal respecto de un sujeto

determinado.

Se encuentra regulado en el artculo 85 del CPP. Consiste en que los

funcionarios policiales, sin orden previa de los fiscales, pueden solicitar la

identificacin de cualquier persona en los casos fundados, en que, segn

37

las circunstancias, estimaren que existen indicios de que ella hubiere

cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta, de que

dispusiere a cometerlo, o de que pudiere suministrar informaciones tiles

para la indagacin de un crimen, simple delito o falta; o en el caso de la

persona que se encapuche o emboce para ocultar, dificultar o disimular su

identidad. Esta identificacin se realizar en el lugar en que se encuentra

esta persona, por medio de documentos de identificacin expedidos por la

autoridad pblica, tales como cdula de identidad, licencia de conducir o

pasaporte, entregndosele, por parte del funcionario policial, las facilidades

para encontrarlos y exhibirlos. Durante el procedimiento, sin necesidad de

nuevos indicios, se podr registrar las vestimentas, equipajes o vehculo de

la persona controlada y cotejar la existencia de las rdenes de detencin

que pudieren afectarle. La polica proceder a la detencin, sin necesidad

de orden judicial y en conformidad a lo dispuesto en el artculo 129, de

quienes se sorprenda, a propsito del registro, en alguna de las hiptesis

del artculo 130, as como de quienes al momento del cotejo registren

rdenes de detencin pendientes

Si la persona se niega o no pudo acreditar su identidad, ser

conducido a la unidad policial ms cercana, dndosele las facilidades para

que se identifique satisfactoriamente por otros medios de los sealados. Si

as lo hace ser dejada en libertad (de aqu aparece que, a pesar del

eufemismo utilizado de control de identidad se trata en definitiva de una

detencin por sospecha), previo cotejo de la existencia de rdenes de

detencin que pudieren afectarle. En caso contrario, se le tomarn las

huellas digitales para identificarla; ocurrido ello, sern destruidas. En

cualquiera de estas hiptesis, o sea, cuando haya sido conducida a un

cuartel policial, se le deber informar verbalmente a la persona de su

derecho a comunicarse con su familia o la persona que ella indicare, de su

38

permanencia en el cuartel policial. Adems, ella no podr ser ingresada a

calabozos, ni mantenida en contacto con personas detenidas.

Todo el procedimiento anterior no puede durar ms de ocho horas,

transcurridas las cuales la persona debe ser dejada libre.

No obstante lo anterior, cuando una persona se niega a acreditar su

identidad o existen indicios de que ha ocultado su verdadera identidad o ha

proporcionado una falsa, se proceder a su detencin como autora de la

falta del artculo 496 n 5 CP. El polica deber informar de inmediato al

fiscal, quien podr dejarla sin efecto u ordenar que el detenido sea

conducido ante el juez de garanta dentro del plazo legal. Lo mismo

ocurrir si nada dice el fiscal.

La norma contenida en el inciso final del artculo 85 manifiesta la

desconfianza del sistema en el abuso policial al sealar que los

procedimientos dirigidos a obtener la identidad de una persona debern

realizarse en la forma ms expedita posible y el abuso en la gestin podr

ser constitutivo del delito del artculo 255 CP. (abuso contra particulares).

Instrucciones Generales: Con el fin de objetivizar y uniformar el actuar policial el ministerio

pblico regular mediante instrucciones generales la forma en que la

polica cumplir las funciones de los art. 83 y 85, as como la forma de

proceder frente a hechos de los que tomare conocimiento y respecto de los

cuales los datos obtenidos fueren insuficientes para estimar si son

constitutivos de delito y para la realizacin de diligencias inmediatas para la

investigacin de determinados delitos.

Prohibicin de informar:

39

Los funcionarios policiales no podrn informar a los medios de

comunicacin social acerca de la identidad de personas detenidas,

imputados, vctimas, testigos ni de otras personas que se encontraren o

pudieren resultar vinculadas a la investigacin de un hecho punible.

3) EL IMPUTADO:

Como ya habamos adelantado, el imputado es aquella persona a

quien se le atribuye participacin en un hecho punible.

Este goza de derechos y garantas desde la primera actuacin del

procedimiento que se dirige en su contra hasta la completa ejecucin de la

sentencia (artculo 7).

Esta posicin de la ley deja atrs lo que ocurra en el antiguo rgimen

procesal penal que daba cuenta del surgimiento de los derechos y

facultades procesales del imputado cuando ste adquira la calidad de

parte al dictarse a su respecto el auto de procesamiento. Del estado actual

de las cosas, se desprende que el legislador tuvo como propsito ampliar

la cobertura de proteccin de este interviniente, no exigiendo que se

formalice la investigacin para que una persona adquiera la calidad de

imputado, pues tal opcin habra significado hacer dependiente el pleno

ejercicio de los derechos de imputado a una actuacin unilateral y

potestativa del rgano de persecucin penal. No obstante, segn algunos,

la calidad de imputado de una persona comienza con la formalizacin de la

investigacin que es, en buenas cuentas, la judicializacin de sta; antes

de ella slo existe investigacin preliminar, sin que haya imputado

propiamente tal, an cuando deba prestar declaraciones y exigir al fiscal

que le d a conocer cules son los cargos que pueden afectarle.

40

El imputado tiene como garanta fundamental la presuncin de inocencia, con todas las consecuencias que ya vimos en su oportunidad. Otra de las garantas con las que cuenta es la de ser defendido por un

letrado desde la primera actuacin del procedimiento dirigido en su contra

pudiendo, tambin, formular los planteamientos y alegaciones que

considerase oportunas e intervenir en todas las actuaciones judiciales y

procedimentales, salvo excepciones legales.

El artculo 93 del CPP establece sus derechos y garantas, las cuales pueden hacerse vales hasta la terminacin del proceso, es una

enumeracin no taxativa (En especial,):

a.- Tiene derecho a que se le informe de los hechos imputados y

derechos que la CPR y las leyes le otorgan.

b.- Ser asistido por un abogado desde los actos iniciales de la

investigacin.

c.- Solicitar a los fiscales diligencias que desvirten las imputaciones

que se han formulado en su contra.

d.- Solicitar al juez de garanta una audiencia para declarar sobre los

hechos que son materia de la investigacin.

e.- Solicitar que se active la investigacin y conocer su contenido.

(art.182).

f.- Solicitar el sobreseimiento definitivo de la causa y recurrir contra la

resolucin que lo rechazare.

g.-Guardar silencio y prestar declaracin sin juramento.

h.- No ser sometido a tortura ni a otros tratos crueles, inhumanos o

degradantes.

i.-No ser juzgado en ausencia, sin perjuicio de las consecuencias que

pudieren acarrearle su rebelda.

41

Declaraciones del Imputado: Como principio rector en esta materia, debemos sealar que la

declaracin del imputado es un medio de defensa del mismo (art. 98), no

pudiendo ser recibida ella bajo juramento. Esta declaracin puede

prestarse ante distintos sujetos: 1) Ante la polica: El art. 91 del CPP, dispone que slo puede

interrogarse al imputado en presencia de su defensor; si l no est

presente, las preguntas slo se harn para identificar al sujeto. Si en

ausencia del defensor el imputado deseare prestar declaracin, la polica

tomar las medidas necesarias para que declare inmediatamente ante el

fiscal, de no ser posible, la polica consignar las declaraciones que se

allanare a prestar, bajo la responsabilidad y con la autorizacin del fiscal. El

defensor podr incorporarse siempre y en cualquier momento de la

diligencia.

2) Ante el ministerio pblico: (art. 193-196) No est obligado a declarar ante el fiscal, pero si a comparecer. Si est privado de libertad, ya

sea detenido o preso, el fiscal estar facultado para hacerlo traer a su

presencia cuantas veces fuere necesario para los fines de la investigacin,

sin ms trmite que dar aviso al juez y al defensor.

Si el imputado se allana voluntariamente a prestar declaracin ante el

fiscal y es su primera declaracin, el fiscal debe comunicarle cul es el

hecho en que se le atribuye participacin, con todos los detalles posibles,

adems de las disposiciones legales aplicables y los antecedentes que la

investigacin arroja en su contra. El imputado no puede negarse a revelar

su completa identidad. Se dejar constancia de la negativa del imputado de

negarse a responder una o ms preguntas. Por otra parte, el imputado no

puede ser sometido a coaccin, amenazas o promesas, (salvo

determinadas excepciones dispuestas por la ley ej: cooperacin eficaz ley

42

n 20.000), maltratos, violencia corporal, etc, incluso, cuando el imputado

consienta en su utilizacin. Si el imputado acusa agotamiento se le

conceder descanso prudente y necesario para su recuperacin.

3) Ante el juez de garanta o declaracin judicial: (art. 98) Lo puede hacer en cualquier etapa del procedimiento, como un medio de defensa. Se puede rendir ante el juez de garanta en audiencia citada al efecto y no se recibir bajo juramento sino que se le exhortar por el juez

de garanta a decir la verdad y responder con claridad y precisin las

preguntas que se le formulen. En su declaracin el imputado o su defensor

pueden solicitar la prctica de diligencias de investigacin y el juez, cuando

lo considere necesario para la defensa y el respeto del principio de

objetividad, podr recomendar su prctica al ministerio pblico.

4) Declaracin del acusado ante el tribunal del juicio oral en lo penal: En caso de que la declaracin del imputado se prestare ante el tribunal de juicio oral (art. 326) el juez presidente le permitir que ste

manifieste libremente lo que crea conveniente respecto de la o las

acusaciones formuladas para luego ser interrogado directamente por el

fiscal, el querellante, si lo hubiere y el defensor, en ese orden. Finalmente

los jueces pueden dirigirle preguntas destinadas a aclarar sus dichos. Con

todo, en cualquier estado del juicio, el acusado podr solicitar ser odo con

el fin de aclarar o complementar sus dichos. Durante el desarrollo del juicio,

el acusado podr comunicarse libremente con su defensor siempre que ello

no perturbare el orden de la audiencia, no pudiendo, sin embargo, hacerlo

mientras presta la declaracin.

En todo caso, el acusado tiene la ltima palabra en el juicio oral,

antes de declarar clausurado el debate (resabio histrico, asociado a la

peticin de clemencia).

43

IMPUTADO PRIVADO DE LIBERTAD: Adems de los derechos que le asisten a todo imputado, al privado

de libertad se le reconocen, adems, las siguientes garantas y derechos. (art.94)

a) Que se le exprese especficamente y claramente el motivo de su

privacin de libertad y que se le exhiba la orden correspondiente, salvo en

el caso de delito flagrante.

b) A que el funcionario aprehensor le informe de sus derechos, segn

lo establecido en el inciso 2 del artculo 135 del CPP.

c) A ser conducido inmediatamente ante el tribunal que hubiere

ordenado su detencin.

d) A solicitar al tribunal que le conceda la libertad.

e) A que el encargado del recinto policial informe al familiar o la

persona que le indique de la detencin o prisin, del motivo de ella y del

lugar en que se encuentra.

f) A entrevistarse privadamente con su abogado.

g) A tener a sus expensas, las comodidades y ocupaciones

compatibles con la seguridad del recinto, y

h) A recibir visitas y comunicaciones por escrito u otro medio, salvo

lo dispuesto por el artculo 151 del CPP, o sea cuando el imputado est

incomunicado, lo que no afecta, por supuesto, el derecho que tiene a

comunicarse con su abogado defensor.

Como otra garanta, aunque de carcter indirecta, la ley establece

que todo abogado tendr derecho a requerir del funcionario encargado de

cualquier lugar de detencin o prisin, la confirmacin de que alguna

persona determinada est recluida ah o en otro centro del mismo servicio

y que se ubicare en la comuna. En caso afirmativo y con el consentimiento

44

del afectado, el abogado tendr derecho a conferenciar privadamente con

l y, con su consentimiento, a que se le expresen los motivos de la

privacin de libertad y se le exhiba la orden para ello, salvo el caso de

delito flagrante. En caso que sea requerido, el funcionario encargado

deber extender una constancia de no encontrarse privada de libertad en el

establecimiento la persona por quin se consult.

Con el objeto de tener la constancia correspondiente, tanto el

tribunal, los fiscales y los funcionarios policiales debern consignar en los

respectivos registros el hecho de haber cumplido con las normas legales

que establecen los derechos y garantas del imputado.

45

IMPUTADO REBELDE: (art. 99) Puede ser declarado como tal en dos casos:

a) cuando decretada judicialmente su detencin o prisin preventiva,

no fuere habido o

b) cuando, habindose formalizado la investigacin en contra del que

est en un pas extranjero, no fuere posible obtener su extradicin.

La declaracin la hace el tribunal ante el que deba comparecer.

Sus efectos son: 1) las resoluciones dictadas en el procedimiento se entienden

notificadas al rebelde personalmente en la fecha en que se dictaren.

2) no se suspende la investigacin por esta declaracin, el

procedimiento sigue hasta la audiencia de preparacin del juicio oral en la

que se sobreseer definitiva o temporalmente, segn el merito de lo

obrado.

3) si se declara durante el juicio oral, se sobresee temporalmente

hasta que el imputado aparezca o sea habido.

4) el sobreseimiento slo afecta al imputado rebelde y no a los dems

imputados presentes.

5) el rebelde habido pagar las costas causadas con su rebelda,

salvo que justifique debidamente su ausencia.

AMPARO ANTE EL JUEZ DE GARANTA: (art. 95 del CPP). Todo privado de libertad tiene derecho a ser conducido ante el juez

de garanta sin demora para que examinare la legalidad de su privacin de

libertad y adems, las condiciones en que se encontrare, constituyndose,

de ser necesario, en el lugar en que estuviere. El juez podr ordenar su libertad o adoptar las medidas necesarias que fueren procedentes.

46

Esto tambin lo puede solicitar su abogado, parientes o cualquiera a su

nombre al juez que conociere del caso o del lugar donde ella se

encontrare. Si la privacin de libertad fuere ordenada por resolucin

judicial, su legalidad puede slo impugnarse por los medios procesales que

correspondan ante el tribunal que la dict, sin perjuicio de lo establecido

por el artculo 21 de la CPR.

La norma distingue: si la privacin de libertad no tiene un origen judicial se aplica el artculo 95; pero si fue ordenada por resolucin judicial

slo puede ser impugnada por los recursos legales ante el tribunal que la

dict, sin perjuicio de la accin de amparo del artculo 21 de la CPR.

Esto se produce porque al estimar procedente el amparo contra

resolucin judicial, se justifica por cuestiones de garanta explicables en el

contexto del antiguo procedimiento penal, pero no en el nuevo proceso

penal que consagra un procedimiento contradictorio y desde su inicio con

intervencin del defensor. Por ello, no se incluy la regulacin del recurso

de amparo en el CPP, tal como lo haca el cdigo antiguo (arts.306 y

siguientes). Lo que se hizo fue introducir esta garanta contemplando una

accin de carcter rpido en el art. 95 del actual cdigo.

La competencia para conocer del amparo del art. 95, corresponde

en nica instancia al juez de garanta, en relacin con el artculo 370 del

actual cdigo. Para conocer de la accin constitucional de amparo, sta en

primera instancia la conoce una Sala de la Corte de Apelaciones respectiva

y en segunda instancia la Sala penal de la Corte Suprema.

Paralelo entre la accin de amparo del art. 21 de la CPR y el del art. 95 del CPP.

47

1) el primero es preventivo y correctivo, el segundo es simplemente

correctivo.

2) el primero persigue proteger la libertad ambulatoria y la seguridad

individual, el segundo la libertad ambulatoria y la observancia de las

normas que regulan la privacin de libertad.

3) el primero procede cualquiera sea el origen de la privacin de

libertad personal, el segundo no procede si la privacin de libertad tiene

origen jurisdiccional. 4) la tramitacin del primero se regula en el artculo 21 de la CPR y

en su Auto Acordado respectivo1, el segundo en el art. 85 de CPP.

5) el primero se falla en primera instancia por la Corte de Apelaciones

respectiva y en segunda instancia por la Corte Suprema; el segundo en

nica instancia por el juez de garanta.

4) LA DEFENSA: La intervencin del defensor del imputado es requisito sine quanon dentro del nuevo procedimiento. El imputado tiene derecho a disponer

libremente de uno o ms defensores letrados de su confianza desde la

primera actuacin del procedimiento hasta la completa ejecucin de la

sentencia, si no hace uso de ese derecho el ministerio pblico, solicitar

que se le nombre un defensor penal pblico o bien lo har el juez de

garanta. La designacin del defensor debe hacerse antes de la realizacin

de la primera a audiencia a que fuere citado el imputado (art.102).

Si el imputado est privado de libertad, cualquier persona podr

proponer para l un defensor o solicitar se le nombre uno. Conocer de

1 Auto acordado de la Corte Suprema de 19 de diciembre del ao 1932, sobre tramitacin y fallo del recurso de amparo.

48

dicha peticin el juez de garanta competente o aqul correspondiente al

lugar en que el imputado se encontrare.

El juez dispondr la comparecencia del imputado a su presencia, con

el objeto de que acepte la designacin del defensor.

Autodefensa: se permite y el tribunal la autoriza slo cuando ella no perjudicare la eficacia de la defensa, si eso ocurre le designar de oficio un

defensor letrado, no obstante ello, el imputado conserva su derecho a

hacer planeamientos y alegaciones por s mismo, como lo disponen los

arts. 8 y 102 del CPP.

Ausencia del defensor: si ocurre en cualquier actuacin en que la ley exige su participacin, acarrea la nulidad de la actuacin, sin perjuicio

de lo sealado en el artculo 286. Con esta norma se realza el carcter

necesario e imprescindible de la defensa. Ejemplos encontramos en los

artculos 237, 269 y 286)

Derechos y facultades del defensor: Puede ejercer todos los derechos y facultades que la ley concede al imputado, salvo que sean de

ejercicio personal, como por ejemplo si se tratare de su declaracin.

Renuncia del abogado defensor: Ello no lo libera del deber de realizar los actos inmediatos y urgentes que fueren necesarios para impedir

la indefensin del imputado. En caso de renuncia o abandono de la

defensa (de hecho), el tribunal de oficio designa un defensor penal pblico

a menos que el imputado se procure antes un defensor de su confianza,

segn lo dispuesto por el artculo 107 del cdigo procesal penal.

Defensa de varios imputados en un mismo proceso: procede a condicin de que las diversas posiciones de los coimputados no fueren

incompatibles entre s.

49

Si el tribunal advierte la incompatibilidad la har presente a los

afectados y les otorgar un plazo para que la resuelvan o para que

designen los defensores que se requirieren a fin de evitar la

incompatibilidad de que se tratare. Si vencido el plazo, la incompatibilidad

no est resuelta o no fueron designados los defensores necesarios, el

mismo tribunal determinar los imputados que debieren considerarse sin

defensor y proceder a efectuar los nombramientos que correspondan.

Ideas matrices y objetivos de la ley 19.718 que crea la Defensora Penal Pblica:

1) Defensa a travs de letrado, de los imputados o acusados por

crmenes, simples delitos o faltas de competencia de un juez de garanta,

tribunal del juicio oral en lo penal o de las Cortes en su caso que no

cuentan con un abogado de su confianza o designado por ellas mismas.

2) asegurar que todo imputado o acusado tenga asistencia de letrado

ante el ministerio pblico y los tribunales.

3) crear un servicio pblico que administre el sistema.

4) regular la participacin en este servicio de letrados particulares

seleccionados mediante licitacin a nivel regional.

Este tema ser complementado con lectura de separata que ser

entregada en clases.

5.) LA VCTIMA:

Importante es tener presente que la vctima es considerada un interviniente an sin ser querellante, segn lo dispone el artculo 12 CPP.

50

De acuerdo al artculo 108 del CPP, vctima es el ofendido por el

delito. Si del delito result la muerte del ofendido o si ste no puede ejercer

los derechos que se le otorgan, se considerar vctima:

1) al cnyuge y a los hijos;

2) a los ascendientes;

3) al conviviente;

4) a los hermanos, y

5) al adoptado o adoptante.

La enumeracin que precede constituye un orden de prelacin. As por ejemplo, si intervienen en el procedimiento el cnyuge y los hijos o slo

uno u otros, excluyen de la posibilidad de intervenir en el mismo a los

ascendientes.

Dentro del proceso penal, la vctima participa activamente ejerciendo

control sobre las actuaciones del ministerio pblico y de la polica. En

efecto, algunas manifestaciones de estos controles lo encontramos en las

normas relativas a la facultad del ministerio pblico de archivar

provisionalmente, de no iniciar la investigacin o de ejercer el principio de

oportunidad. Tambin puede solicitar o proponer diligencias de

investigacin al rgano persecutor, pudiendo ste rechazarlas pero

quedndole a salvo a la vctima la posibilidad de reclamar ante las

autoridades superiores del ministerio pblico (art. 183); la vctima deber

ser oda, en caso de que est presente, en la audiencia que se ventile la

suspensin condicional del procedimiento, etc.

Derechos de la vctima: Entre ellos encontramos los que enumera el artculo 109:

1.- Solicitar medidas de proteccin frente a probables hostigamientos,

amenazas o atentados en contra suya o de su familia;

51

2) Presentar querella.

3) Ejercer contra el imputado acciones tendientes a perseguir las

responsabilidades civiles provenientes del hecho punible;

4) Ser oda si lo solicitare por el fiscal antes que este pidiere o se

resolviere la suspensin del procedimiento o su terminacin anticipada.

5) Ser oda, si lo solicitare, por el tribunal antes de pronunciarse

acerca del sobreseimiento temporal o definitivo u otra resolucin que

pusiere trmino a la causa, y

6) Impugnar el sobreseimiento temporal o definitivo o la sentencia

absolutoria, an cuando no hubiere intervenido en el procedimiento.

Estos derechos no pueden ser ejercidos por el imputado del delito

respectivo, sin perjuicio de los derechos que le correspondan en esa

calidad.

La ley tambin le impone al ministerio pblico una serie de

obligaciones para con las vctimas. Ellas derivan de las normas de los

artculos 6, 78 y 110 del CPP.

6) EL QUERELLANTE: A pesar que su rol es menos relevante que en el proceso antiguo (por los derechos concedidos a la vctima), el interponer querella igualmente

confiere importantes facultades al querellante en el procedimiento,

facultades que no tiene la vctima. Entre ellas:

1) Adherirse a la acusacin del ministerio pblico o acusar

particularmente por la distinta calificacin jurdica de los hechos que haya

planteado, por sostener otro grado de participacin o solicitar otra pena o

ampliar la acusacin del fiscal extendindola a imputados o hechos

52

distintos siempre que hubieren sido objeto de formalizacin de la

investigacin (art. 261 letra a)).

2) Ejercer los otros derechos contenidos en el art. 261 del CPP.

3) Oponerse al procedimiento abreviado.

4) Formular acusacin si el ministerio pblico ratifica la decisin de no

deducirla, por haber solicitado el sobreseimiento o decidir no perseverar en

el procedimiento.

5) Ser odo antes de decretar la suspensin condicional del

procedimiento y apelar de la resolucin que la establece.

LA QUERELLA: Titular: 1) La vctima, incluidas las personas mencionadas en el art. 108

inciso segundo.

2) Su representante legal o,

3) Sus herederos testamentarios (del directamente ofendido con el

delito).

Tambin puede querellarse cualquier persona capaz de parecer en

juicio domiciliada en la provincia, respecto de los hechos punibles

cometidos en la misma que constituyeren delitos terroristas o delitos

cometido por un funcionario pblico que afectaren derechos de las

personas garantizadas por la CPR o contra la probidad pblica. Los

rganos y servicios pblicos slo podrn interponer querella cuando sus

respectivas leyes orgnicas les otorguen expresamente las potestades

correspondientes.

Por tanto, el titular de la querella en el nuevo proceso penal es ms

restringido que en el antiguo proceso, ya que en l poda querellarse, toda

persona capaz de comparecer en juicio para el ejercicio de la accin penal

53

pblica. Esta restriccin se justifica por el hecho de considerarse sujeto

procesal a la vctima y por el hecho que el ministerio pblico debe

perseguir penalmente todos los hechos que revisten caracteres de delito y

ejercer, en su caso, la accin penal pblica.

Oportunidad para presentar querella: Ella puede presentarse en cualquier momento, mientras el fiscal no declare cerrada la investigacin.

Si se reabre sta, renace la posibilidad de deducirla mientras no se cierre

nuevamente.

Se presenta ante el juez de garanta, si se admite a tramitacin la

remitir al ministerio pblico.

Requisitos de la querella: (art. 113 del CPP). Debe interponerse por escrito conteniendo:

1) Designacin del tribunal ante el cual se entablare.

2) Nombre, apellido, profesin, domicilio y oficio del querellante.

3) Nombre, apellido, profesin, domicilio y oficio del querellado o una

designacin clara de su persona si se ignorara lo anterior. En caso de

ignorarse estas circunstancias siempre se podr deducir querella a fin de

investigar el delito y el castigo del o los culpables.

4) La relacin circunstanciada del hecho, con expresin de lugar,

ao, mes da y hora en que se hubiere ejecutado, si se supieren.

5) Diligencias cuya prctica se solicitare al ministerio pblico.

6) Firma del querellante o de otra persona a su ruego, si no supiere o

no pudiere firmar.

* Adems debe contener todos los requisitos de todo escrito.

A diferencia del proceso antiguo, ya no se requiere rendir fianza de

calumnia.

54

Inadmisibilidad de la querella: La querella no ser admitida a tramitacin por el juez de garanta:

1) Cuando fuere presentada extemporneamente.

2) Cuando no se subsanan los defectos de que adolece en el plazo

de tres das que otorgo el juez de garanta. (Requisitos del artculo 113 del

CPP).

3) Cuando los hechos expuestos en ella no fueren constitutivos de

delito.

4) Cuando de los antecedentes contenidos en ella apareciere de

manifiesto que la responsabilidad penal del imputado se encuentra

extinguida. Esto se hace previa citacin del ministerio pblico.

5) Cuando se dedujere por persona no autorizada por la ley.

Rechazo de la querella: Cuando no se diere curso a la querella por aplicacin de alguna de las causales contempladas en las letras a) o b) del

artculo 114 del CPP y es un delito de accin penal pblica o de previa

instancia particular, el juez debe ponerla en conocimiento del ministerio

pblico para ser tenida como denuncia, siempre que no le constare que la

investigacin del hecho hubiere iniciado de otro modo.

La resolucin que declare la inadmisibilidad de la querella es

apelable en el slo efecto devolutivo; la que la admite a tramitacin es

inapelable.

Prohibicin de querella: No podrn querellarse entre s: 1) los cnyuges a no ser por delito que uno hubiere cometido contra

otro o contra sus hijos, o por el delito de bigamia.

55

2) Los consanguneos en toda la lnea recta, los colaterales y afines

hasta el segundo grado, a no ser por delitos cometidos por unos en contra

de los otros, o contra su cnyuge o sus hijos.

Desistimiento de la querella: en cualquier momento del procedimiento, el querellante podr desistirse de aquella, pero, quedando

responsable de las costas propias y sobre las otras que dictamine el

tribunal al finalizar el procedimiento. (Art. 119 CPP).

El desistimiento deja a salvo el derecho del querellado para ejercer la

accin penal o civil a que da lugar la querella o acusacin calumniosa y a

demandar los perjuicios y costas procedentes, salvo que aceptare

expresamente el desistimiento del querellante.

Abandono de la querella: (art. 120 CPP). El tribunal, de oficio o a peticin de cualquiera de los intervinientes,

declarar abandonada la querella:

1) Cuando no adhiriere a la acusacin del fiscal o no acusare

particularmente en la oportunidad correspondiente;

2) Cuando no asistiere a la audiencia de preparacin del juicio oral

sin causa debidamente justificada;

3) Cuando no concurriere a la audiencia del juicio oral o se ausentare

de ella sin autorizacin del tribunal.

Esta resolucin es apelable en el slo efecto devolutivo; la que niega

el abandono es inapelable.

Este abandono ser declarado por el tribunal de garanta o por el

tribunal del juicio oral en lo penal, segn corresponda.

CLASES DE ACCIONES:

56

Acciones penales: La accin penal puede ser:

Pblica: Art. 53 del CPP; para la persecucin de todo delito no sometido a regla especial, debe ser ejercida de oficio por el ministerio

pblico. Podr ser ejercida adems, por las personas que determine la ley,

con arreglos a las disposiciones del Cdigo Procesal Penal. Siempre se

concede esta accin para la persecucin de delitos cometidos contra

menores de edad.

Privada: Slo puede ser ejercida por la vctima (art.53 del CPP). Los delitos de los cuales nace este tipo de accin se encuentran enumerados

en el artculo 55 del CPP (leer).

Pblica previa instancia particular: Por excepcin, la persecucin penal de algunos delitos de accin penal pblica requieren de la denuncia

previa de la vctima, ellos son los delitos de accin pblica previa instancia

particular. Una vez iniciado el procedimiento, ste se tramita de acuerdo a

las reglas generales de los delitos de accin penal pblica. Los delitos de

los cuales emana esta clase de accin penal se enumeran en el artculo 54

(leer).

Renuncia de la accin penal: La accin penal pblica no se extingue por la renuncia de la persona ofendida, lo que si ocurre con la

accin penal privada y la civil derivada de cualquier clase de delitos. Si es

delito de previa instancia particular la renuncia de la vctima a denunciarla

extingue la accin penal, sa