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República Bolivariana de Venezuela.
Universidad José Antonio Páez.
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.
Escuela de Derecho.
Procedimiento de Reparo como Acto Sancionatorio de la Responsabilidad Administrativa Individual
del Funcionario Público por parte de la Contraloría Municipal de San Diego.
Autor: José Luís Utrera Plaza
C.I.: 20.023.254
Institución:
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN DIEGO – SINDICATURA MUNICIPAL
San Diego, Enero 2013.
República Bolivariana de Venezuela.
Universidad José Antonio Páez.
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.
Escuela de Derecho.
PROCEDIMIENTO DE REPARO COMO ACTO SANCIONATORIO DE
LA RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL ADMINISTRATIVA DEL
FUNCIONARIO PÚBLICO POR PARTE DE LA CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE SAN DIEGO.
CONSTANCIA DE ACEPTACION
Nombre, firma y cedula de identidad del Tutor Académico
Nombre, firma y cedula de identidad del Tutor Institucional
Nombre, firma y cedula de identidad del Tutor Metodológico
Autor: José Luís Utrera Plaza
C.I.: 20.023254
San Diego 2013
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DEDICATORIA
Primeramente a dios, por darme salud y fuerza para seguir adelante en el transcurso de los estudios de mi carrera.
A mi madre Arelys Plaza, por su apoyo incondicional, por ser una amiga y una guía en el desarrollo de mis estudios de Derecho, por estar siempre a mi lado y fortalecer cada día los valores, que me ha enseñado.
A mi padre Iván Herrera, por su apoyo en mis estudios y ayudarme en las dificultades, siempre contando con sus consejos que me permiten crear una nueva visión cada día.
A mi Hermano Carlos Moreno Plaza, por apoyarme siempre y ser mi consejero para el mejor desarrollo personal y profesional.
A mi Abuela Catalina Vásquez, por estar apoyándome siempre.
A todos mis familiares, que han estado apoyandome desde el inicio de mis estudios hasta la culminación de los mismos.
iii
9
AGRADECIMIENTOS.
A mi Señor Jesucristo, por ser mi guía en mis estudios
A mis profesores, en la carrera de Derecho, que han transmitido sus valores y conocimientos, al Prof. Luis Pinto que me ha ayudado en el desarrollo de este trabajo.
A los abogados: León Jurado, Haydee Araujo, Yudi Isaacs, Yasneidy Martínez y Manuel Monsalve, del departamento de Sindicatura Municipal de la Alcaldía del Municipio San Diego, que me han ayudado en el desarrollo de esta investigación.
A mis grandes amigos: Andreina Vivas, Joselys Pérez, Javier Martens, Yusmary Castro, Olga Ulloa y Giuseppe Liberto, mi pequeña familia que me ha acompañado en el desarrollo de mis estudios de Derecho, compartiendo en las buenas y malas.
A mis amigos: Eline Marchan, Oswaldo Requena, Aleinis Guillen, María Verónica Jaspe y Aida Kontarinis, por su apoyo en todo momento.
A la Profesora Carmen Henry, Directora de Desarrollo Estudiantil – UJAP, por haberme dado la oportunidad de ingresar al sistema de becas colaboración y contribuir en el avance de mis estudios de Derecho.
A la Dra. Haydee Páez, Directora General de Postgrado – UJAP, por estar siempre aconsejándome como madre.
José Luís Utrera Plaza iv
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Índice:
Titulo……..…………………………………………………...……..……. i
Constancia de Aceptación………………………………………………... ii
Dedicatoria……………………………………………………………….. ii
Agradecimiento……………………………………………….……..…... iv
Índice………………………………………………………………….….. v
Resumen Informativo…………………………………………...………. vii
Introducción……………………………………………………..……..... 8
Capitulo I.
Institución ………………………………………………………………10
Funciones ………………………………………………………………..10
Misión …………………………………………………………………...11
Visión ……………………………………………………………………11
Objetivo General ………………………………………………………...12
Objetivo Específico ……………………………………………………...12
Capitulo II.
El Problema……………………………………………………………..13
Planteamiento del Problema…………………………...............................14
Formulación del Problema…………………………………..…….…… 14
Objetivo General…………………………………………………..….... 14
11
Objetivos Específicos………………………………………………....... 14
Justificación…………………………………………………………..… 14
Limitaciones……………………………………………………............. 15
Capitulo III
Marco referencial y conceptual…………………………………………..16
Antecedentes………………………………………………..……………17
Teorías……………………………………………………………………18
Bases legales……………………………………………………………..23
Definición de términos básicos…………………………….….…………34
Capitulo IV
Marco Metodológico……………………………………………………..35
Tipo de Investigación…………………………………………………….35
Diseño de Investigación …………………………………………………36
Fases Metodológicas……………………………………………………..36
Capitulo V
Resultados, Recomendaciones y conclusiones …………………...…. 44
Resultados ……………………………………………………………....44
Recomendaciones ……………………………………………………… 45
Conclusiones …………………………………………………………… 46
Bibliografía………………………………………………………………48
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República Bolivariana de Venezuela.
Universidad José Antonio Páez.
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.
Escuela de Derecho.
Procedimiento de Reparo como Acto Sancionatorio de la Responsabilidad
Individual Administrativa del Funcionario Público por parte de la Contraloría
Municipal de Sandiego”.
Autor: José Luís Utrera Plaza.
Tutor : Abog. Luis Pinto.
Año: 2013.
Resumen Informativo:
Es importante saber que los funcionarios públicos en la ejecución de sus funciones, pueden
ocasionar daños, tanto los administrados como a la misma administración pública, y que esto trae
consecuencias jurídicas por la negligencia u omisión de algun acto, e inclusive, por la ejecución de
una actividad ilícita dentro de sus funciones respectivas. La formulación de un reparo dentro de las
potestades administrativas que tiene la administración pública de acuerdo a lo establecido en la
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y Sistema Nacional de Control Fiscal,
permite indicar las reponsabilidades en las que pueden incurrir un funcionario, ya sea en materia
penal, civil, administrativa y disciplinaria, a fin de determinar la sanción correspondiente de
acuerdo a la gravedad de la falta en la cual se ha incurrido. Para ello es importante estudiar el
sistema de responsabilidad a los funcionarios que acoge la legislación venezolana empezando por
la Constitución como la norma suprema del Estado venezolano; los diferentes criterios para la
consideración del Reparo Fiscal como acto sancionatorio y determinar cualos son los medios de
investigación que permiten formular y aplicar dicho reparo. Para la aplicación de los
procedimientos que determinan las responsabilidad administrativa y la formulación de un reparo,
es necesario la existencia, de actos o hechos ilícitos que permitan la apertura de una investigación
a través de elementos de convicción.
Descriptores: Responsabilidad Individual, Acto Administrativo, funcionario público, legislación
Venezolana, Reparo Fiscal
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INTRODUCCIÓN .
Los funcionarios públicos tienen la misión de velar por los intereses
públicos y responder ante los ciudadanos por lo que ocurre en el ámbito de su
competencia, especialmente cuando tienen alguna responsabilidad por acción u
omisión. Nuestra carta magna, indica las responsabilidades en las que puede
incurrir un funcionario o funcionaria público, que por actos ilícitos ha ocasionado
un daño al patrimonio del órgano o ente en el cual presta servicio, así como en los
intereses y derechos de los administrados que fueron vulnerados.
La administración pública dentro de sus potestades sancionatorias, permite
la formulación de un reparo como acto sancionador al funcionario, que haya
transgredido la norma jurídica y haya abusado de sus competencias para lograr un
fin distinto al de sus funciones, al aprovecharse de su status actual.
En el desarrollo de la investigación, a través de los antecedentes, se hace
referencia a los criterios y estudios anteriores con respecto a la responsabilidad
patrimonial que tiene el Estado en relación a la actividad realizada por sus
funcionarios, así como el principio “The King not do wrong” y la importancia de
la responsabilidad que tienen estos con los administrados. La estructuración de los
objetivos permite desarrollar la presente investigación “Procedimiento de Reparo
como Acto Sancionatorio de la Responsabilidad Individual del Funcionario
Público, por parte de la Contraloría Municipal de San Diego”, a fin de determinar
el procedimiento aplicable e indicar la responsabilidad en la cual se ha incurrido y
que inclusive se puede subclasificar como responsabilidades internas o externas.
Es importante reconocer que en el transcurso de la determinación de
responsabilidad por la Administración Pública se implican principios que
permiten lograr la eficacia y la legalidad del procedimiento, como es la celeridad,
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imparcialidad, objetividad y economía procesal, manteniendo siempre el derecho
al debido proceso.
La evolución que ha tenido, la responsabilidad del Estado en vinculación
con las actividades realizadas, por sus funcionarios o funcionarias públicos, ha
permitido establecer las obligaciones que tiene la función pública y la
determinación de responsabilidades en el ámbito penal, civil y administrativo.
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CAPITULO I
LA INSTITUCIÓN
Institución :
Alcaldía del Municipio San Diego – Sindicatura Municipal
La Sindicatura Municipal es un órgano auxiliar de apoyo jurídico del poder público
municipal y estará a cargo de un Síndico Procurador Municipal.
Funciones:
* Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las Leyes, Ordenanzas, Decretos,
Reglamentos y otras normas Jurídicas municipales.
* Representar y defender judicial y extrajudicialmente, los intereses del Municipio en
relación con los bienes y derechos de la entidad, de acuerdo al ordenamiento jurídico e
instrucciones del Alcalde o del Concejo Municipal de San Diego.
* Representar y defender al Municipio conforme con las instrucciones impartidas por el
Alcalde, en cuanto a los derechos relacionados con el Tesoro Municipal y conforme con
lo determinado por las leyes y ordenanzas. Cumplirá las mismas funciones en los Juicios
Contenciosos Administrativos y Contenciosos Tributarios que involucren al Municipio,
según corresponda.
* Asesorar judicialmente al Alcalde y demás dependencias municipales, mediante
dictamen legal e informes que respondan a sus solicitudes.
* Someter a la consideración del Alcalde proyectos de Ordenanzas y Reglamentos o de
Reforma de los mismos.
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* Denunciar los hechos ilícitos en que incurran los funcionarios o empleados en el
ejercicio de sus funciones y previa autorización del Alcalde, intentar las acciones
jurídicas a que hubiere lugar.
* Asesorar jurídicamente y orientar a los ciudadanos y ciudadanas, organizados o no, en
todos los asuntos de su competencia.
* Velar por el buen funcionamiento de los Servicios Públicos Municipales y presentar
informe sobre el déficit y limitaciones prestacionales de éstos al Alcalde.
* Cumplir funciones de Fiscal de Hacienda, en la Hacienda Pública Municipal, a solicitud
del Alcalde.
* Expedir las certificaciones de los documentos que reposan en los archivos de la
Sindicatura.
* Cumplir con los demás deberes y atribuciones que le señalen las Leyes y Ordenanzas.
Misión:
Tiene como marco principal ser el órgano jurídico de representación judicial y
extrajudicial de los intereses del Municipio, mediante el ejercicio recto, eficiente,
justo y oportuno de la aplicación de la normativa jurídica, de una forma ética
objetiva e imparcial, teniendo como norte el respeto del ordenamiento jurídico.
Visión:
El fortalecimiento de la Sindicatura, logrando así ubicar esta dependencia en un
alto grado de excelencia, reconocimiento, credibilidad y proyección municipal por
su capacidad de asesorar tanto al Alcalde como al Concejo Municipal y
Dependencias Municipales, así como su eficiente acción en defensa y
representación de los intereses del Municipio mediante el desarrollo y aplicación
del conocimiento de las ciencias jurídicas y la aplicación honesta, recta, objetiva y
honorable del Ordenamiento Jurídico Venezolano.
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Objetivo General:
*^Apoyar jurídicamente al Poder Público Municipal.
Objetivo Especifico:
* Representar y defender judicial y extrajudicialmente al Municipio.
* Asesorar jurídicamente al Poder Público Municipal y a los ciudadanos
organizados o no dentro del ámbito de sus competencias.
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CAPITULO II
EL PROBLEMA
Planteamiento del Problema
La formulación de un reparo, como acto sancionatorio en la determinación
de responsabilidades administrativas en los funcionarios públicos, implica una
previa investigación por parte de los órganos competentes, Contraloría General de
la República, de los Estados, de los Distritos Metropolitanos y Municipales, los
cuales realizan las actuaciones necesarias a fin de comprobar el incumplimiento
de una norma legal, exigir la reparación por daños causados al patrimonio público,
imponer multas y decretar las responsabilidades administrativas correspondientes.
Es importante resaltar, que para la formulación de un reparo, es necesario
conocer los presuntos actos, hechos u omisiones que originan la apertura de un
procedimiento de responsabilidad, a fin de dar inicio a una investigación que
permita indagar la conducta negligente o ilícita que tiene el funcionario autor, que
va contra la ley y la normativa interna en la institución donde presta servicio.
Se planteará el caso de la aplicación del procedimiento de reparo a una, ex
funcionaria, que prestaba servicio dentro de la Contraloría del Municipio San
Diego del Estado Carabobo, por presentar ante la Dirección de Recursos Humanos
un título falso como Licenciada en Administración mención: Recursos Materiales
y Financieros; percibiendo salarios como Directora de Administración, durante 6
años consecutivos y produciendo su conducta un perjuicio al patrimonio del
tesoro municipal.
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Por consiguiente, el presente trabajo vá a desarrollar la formulación de un
reparo fiscal como acto sancionatorio, y su forma de aplicación cuando un
funcionario de la administración pública incurre en un acto ilícito que haya
generado un daño al patrimonio municipal.
Formulación del Problema
¿El Procedimiento de Reparo, permite corregir los perjuicios ocasionados
por el funcionario, cuando en la ejecución de sus funciones, de manera negligente
o ilícita, ocasiona daños al patrimonio municipal?
Objetivo General
• Estructurar el Procedimiento de Reparo como Acto Sancionatorio en la
Responsabilidad Individual Administrativa del Funcionario Público, por parte de
La Contraloría Municipal de San Diego
Objetivos Específicos
• Investigar el Sistema de la Responsabilidad Administrativa Individual del
Funcionario Público en Venezuela.
• Analizar el Reparo como Acto Sancionatorio en la Responsabilidad del
Funcionario Público
• Determinar las Fases del Procedimiento que permite la Formulación de un
Reparo.
Justificación
En la actualidad, los casos de destitución, inhabilitación y la imposición de
multas, se materializan cuando existe una infracción o acto ilícito por un
funcionario público que pueda afectar los derechos e intereses de los
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administrados, al igual que cuando se ocasiona un daño al patrimonio municipal;
De ser el caso, corresponde a la administración pública proceder con los métodos
investigativos y procedimentales que correspondan para la determinación de la
responsabilidad administrativa.
La elaboración del trabajo, va dirigido a estudiar el procedimiento de
reparo dentro de las potestades sancionatorias de la responsabilidad administrativa
del funcionario público, las razones por las cuales se considera como acto
sancionatorio, así como también el análisis de la norma jurídica que regula la
materia. Así mismo, el estudio de los métodos de aplicación que permiten
determinar y formular el reparo contra el funcionario infractor.
El presente trabajo se realiza como requisito principal para optar al título
de Abogado en la Universidad José Antonio Páez, contenido en el Plan de Estudio
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la ya mencionada institución,
cumpliéndose a su vez horas de pasantías como práctica jurídica, donde el
estudiante puede aplicar los conocimientos del Derecho que ha ido obteniendo en
el transcurso del estudio de la carrera.
Limitaciones
Para el desarrollo del presente trabajo de grado, se cuenta con todos los
medios informativos, textos, folletos e instrumentos normativos como la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República y Sistema Nacional de Control
Fiscal, para profundizar en el estudio del procedimiento de reparo como acto
sancionatorio, elaborado por la Contraloría General de la República y aplicado por
la Contraloría Municipal del San Diego, Edo. Carabobo.
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CAPITULO III
MARCO REFERENCIAL CONCEPTUAL
Antecedentes
La sociedad se encuentra bañada de experiencias que resultan cercanas,
insólitas en algunos casos, sobre el funcionamiento irregular de los organismos
del Estado, es decir, situaciones que ocurren por actos de ciertos funcionarios,
bien por acción u omisión, que constituyan violaciones jurídicas y pueden causar
lesiones a los intereses o derechos.
La facilidad en que ocurren los hechos en relación a la acción de un
funcionario que actúa distinto a sus funciones o atribuciones, da origen a lesiones
que vulneran los derechos, y que concluyen muchas veces con decisiones en la
cual no hay culpables, ni tampoco un procedimiento para resarcir el daño
ocasionado.
El jurista Miguel Marienhoff, ex procurador de la nación argentina, en sus
estudios del Derecho Administrativo, indica que “mediante tal responsabilidad
tiéndase a mantener el debido funcionamiento de los servicios administrativos, e
incluso mejorarlos, lo cual se trata de lograr mediante la aplicación de sanciones
autorizadas por el orden jurídico. De lo dicho dedúcese que las referidas sanciones
tienen carácter represivo y no preventivo”.
La Contraloría General del Estado Apure, en su expediente Nª 012, con
motivo a la determinación de responsabilidades Administrativas indica las formas
del inicio de un procedimiento de averiguación, para relacionar el hecho ilícito
con el presunto funcionario infractor, a fin de indicar de manera exacta las normas
o reglamentos que fueron transgredidas, y así establecer una decisión con la
consecuencia jurídica correspondiente en su fallo final.
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Sebastián Di Capua, autor del libro “Responsabilidad de los Funcionarios
Municipales”; hace referencia a la responsabilidad del funcionario como aquella
que nace cuando la irregularidad surge del incumplimiento de los deberes propios
inherentes a su calidad de agentes públicos, haciéndose efectiva a través de la
potestad disciplinaria y que se encuentra regulada en las distintas leyes orgánicas.
Existe un viejo dogma en la responsabilidad del Estado vinculada al
funcionario, en conjunto con la protección administrativa y jurisdiccional a los
administrados, y considerada clave para un Estado de Derecho: cuando se dictaba
un acto antijurídico seguido de su ejecución, existía la posibilidad de impugnarlo
en un procedimiento administrativo y luego en sede judicial, con el fin de no solo
de indemnizar el daño ocasionado, sino de castigar al verdadero culpable, que es
el caso del funcionario, a fin de evitar la repetición de la misma situación.
Es importante destacar, la aplicación del principio “The King can do not
wrong”, interpretándose como “El Rey no comete ilícitos o no se equivoca” a fin
de evadir la responsabilidad del Estado junto con los funcionarios públicos; Si
bien es cierto, el Estado era soberano y la soberanía no residía en el pueblo sino
en el Rey o Monarca. El fin buscado por este principio, es evitar que la
Administración deba resarcir los daños ocasionados por obra de sus funcionarios,
es decir, por su conducta y el manejo de sus funciones o atribuciones a través de
una acción que lesione los intereses o derechos de alguien.
La sentencia Blanco (Tribunal de Conflictos Francés – 8/02/1873), afirma
que la responsabilidad que pueda incumbir al Estado por daños causados a los
particulares por el hecho de las personas que emplea en el servicio público, no es
general ni absoluta, tiene sus reglas especiales. De acuerdo a la sentencia Blanco,
se admite la responsabilidad de la Administración en el ejercicio de la potestad
pública por el hecho de las personas empleadas en el servicio público.
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Bases Teóricas
Responsabilidad Individual de los Funcionarios Públicos
El funcionamiento de la administración pública es materializado por sus
funcionarios públicos o por personas naturales que actúan en nombre de las
personas jurídicas estatales o municipales; existe la posibilidad de trasladar las
faltas cometidas por el funcionario público a la Administración Pública, con el fin
de proteger al administrado de los daños ocasionados y que causen perjuicio a sus
derechos e intereses; Esto no quiere decir que los funcionarios no sean
responsables por sus actos, cuando se medie una falta de servicio y pueda
detectarse y conectarse de manera efectiva a una falta personal de los funcionarios
públicos, estos podrán quedar comprometidos patrimonialmente sea frente a las
victimas o frente al Estado, por vía de las acciones de regreso, en el caso de que
sea condenado a indemnizar.
Responsabilidad por Falta Pura de Servicio por los funcionarios Públicos
Si las faltas cometidas por los funcionarios son puramente funcionales e
inseparables del ejercicio público, genera una responsabilidad única de la
Administración Pública, sino en caso contrario, ningún funcionario firmaría un
acto administrativo materializando competencias de la Administración Pública.
Para que esto suceda debe darse tres elementos funcionales, los cuales son los
siguientes:
• Elemento Circunstancial: indica el modo, tiempo y lugar, indicando la
información de cómo, cuando y donde ocurren las cosas.
• Elemento Teleológico: Permite establecer el sentido o alcance de un
precepto legal atendiendo al fin de esta, es decir, a los determinados objetivos que
se busco conseguir mediante su establecimiento.
• Elemento Instrumento: Medio esencial para la realización de una acción.
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Falta Personal Pura por los Funcionario Públicos
Casos en los cuales, las faltas personales exoneren de responsabilidad a la
Administración Pública y se imputa únicamente al funcionario público. Para ello
es imprescindible una falta personal totalmente desconectada al servicio.
Responsabilidad Civil de los Funcionarios Públicos
Si el funcionario público, en ejercicio de sus funciones transgrede o
infringe los deberes que le han sido impuestos y causen un daño o perjuicio a un
tercero, el Estado o la institución a quien sirva serán subsidiariamente
responsables de los daños y perjuicios consiguientes, de acuerdo a la ley.
En Venezuela se instituye la figura de Intendencia o Intendente
(funcionario que ejerce sus competencias en un territorio determinado), la cual
conocía sobre daños causados por los funcionarios al servicio del rey a los
particulares, la responsabilidad recaía directa y personalmente sobre el
funcionario que ocasionaba el daño y no a la corona.
Responsabilidad Administrativa de los Funcionarios Públicos
El funcionario público una vez que adquiere un cargo de la Administración
Pública, adquiere obligaciones que debe cumplir y llevar a cabo con
profesionalismo, ética, honestidad, eficacia y eficiencia; ya que si incurre en
hechos ilícitos, irregularidades en el ejercicio de sus funciones, debe responder
civil, administrativa, disciplinaria o penalmente. Además, cuando un directivo
renuncie o disminuya o comprometa sus competencias, y que de una u otra forma
ocasione un daño patrimonial o altere la función pública, será responsable por los
daños y perjuicios causados al estado Venezolano.
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Independientemente de dichas responsabilidades, existe un régimen
disciplinario, que consiste en la aplicación de diversas sanciones, tales como: la
amonestación por escrita y la destitución. El funcionario debe cumplir con sus
deberes contemplados en el artículo 33 de la Ley del Estatuto de la Función
Pública, a los fines de que no se le apliquen las sanciones a que hubiera lugar
según sea el caso.
Acto Administrativo
Álvarez Gendi (21/03/1895 – Madrid 1983) dice al respecto, que existen
determinados hechos de la administración que sin preceder por orden de una
autoridad superior, producen efectos jurídicos y dan lugar a la responsabilidad, en
casos reales “cuando las tropas militares estén en practicas de tiro y resulte una
persona muerta o herida”. En este caso no hay un acto administrativo que quiera
la muerte de una persona, pero si urge la responsabilidad por la falta de
prevención en las practicas de tiro, por el hecho de matar a un ciudadano pacífico.
Los simples hechos administrativos pueden originar, aunque no siempre, efectos
jurídicos.
El acto administrativo es un instrumento de actuación de la administración
pública para regular conductas de los administrados o en sus casos a los
funcionarios que incurren en hechos ilícitos, caracterizándose por la aplicación
que hizo la administración pública en la ley de forma correcta.
Para el Derecho Positivo venezolano el acto administrativo es la forma en
la cual, la administración manifiesta su voluntad (Nacional, Estatal y
Descentralizada, Municipalidad). Sancionada la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos en 1981, en su artículo 7 define lo que debe entenderse como acto
administrativo:
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Artículo 7. Se entiende por acto administrativo, a los fines de esta ley,
toda declaración de carácter general o particular emitida de acuerdo
con las formalidades y requisitos establecidos en la ley, por los
órganos de la administración pública.
En primer lugar es una declaración intelectual, no solo declaraciones
formales, sino también comportamientos y conductas que muestran una posición
intelectual (Acto Tácito); puede ser de carácter general, es decir, a un número
indeterminado de sujetos o bien particular, a un sujeto individual. La declaración
puede ser de voluntad, de juicio, de conocimiento y se presenta como la potestad
administrativa. Esta declaración debe provenir de una Administración Pública,
bien sea Administración Pública Nacional (Centralizada o Descentralizada), la
Administración Pública Municipal, así como la Administración Pública con
autonomía funcional (Contraloría General de la República y Fiscalía General de la
República). De igual manera, debe incluirse los supuestos actos materiales
administrativos, dictados por órganos públicos pero no propios de la
administración (Órganos Legislativos o Judiciales).
Procedimientos Administrativos
Conjunto de trámites que lleva a cabo el proceso administrativo, para la
realización de un acto administrativo.
Sandra Morelli (Contralora General de Colombia) define los
procedimientos administrativos, como el conjunto de instancias, actos, conceptos
y operaciones que se adelanta por uno o varios funcionarios y que están
estructural y fundamentalmente ligados para lograr un fin determinado, que
culmina en una decisión llamado acto administrativo.
El desarrollo de la actividad sublegal del estado en la cual se enmarca la
función administrativa, no sólo debe adecuarse al cabal cumplimiento de la
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legalidad, sino que supone la observancia de un elemento adicional que consolida
la seguridad jurídica en la actividad administrativa, como es el procedimiento
administrativo. Es necesario la manifestación de autoridad administrativa de
efectos particulares se una coherentemente en una cadena, en la cual llegue al
desarrollo de objeto, que es satisfacer de manera inmediata y directa el interés
público, sin dejar aun la lado la defensa de los particulares como eje fundamental
de la legitimación de los procedimientos administrativos.
El procedimiento administrativo, se encuentra en el concepto genérico del
debido proceso, como principal instrumento de equilibrio permanente en la
interacción de las estructuras administrativas de poder y los particulares
Reparo Fiscal
Se trata de una reclamación fiscal a través de un acto administrativo, de
naturaleza jurídica que ha de cumplir los extremos de ley, y debe ser verificado
por asesores legales. Goza de autonomía funcional, administrativa y organizativa,
y orienta su actuación a las funciones de inspección de los organismos y entidades
sujetas a su control, según la definición proporcionada por el artículo 287 de la
CRBV de 1999. Se trata de una reclamación fiscal que ha de cumplir los extremos
de ley, lo cual ha de ser verificado por los asesores legales y contables del
contribuyente
Los reparos fiscales de la administración tributaria y municipal son más
comunes y frecuentes, que los de la Contraloría General de la República que son
menos usuales. Otra forma los reparos fiscales provengan de la Contraloría
General de la República, ella es un órgano de control, vigilancia y fiscalización de
los ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales, así como de las
operaciones relativas a los mismos.
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Bases Legales
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
* Art. 25 CRBV
Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los
derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo; y los funcionarios
públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en
responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirva de
excusa órdenes superiores.
• Art. 139 CRBV
El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o
desviación de poder o por violación de esta constitución o de la Ley.
• Artículo 287 CRBV
La Contraloría General de la República es el órgano de control, vigilancia y
fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales, así como
de las operaciones relativas a los mismos. Goza de autonomía funcional,
administrativa y organizativa, y orienta su actuación a las funciones de inspección
de los organismos y entidades sujetas a su control.
• Art. 289 CRBV
Son atribuciones de la Contraloría General de la República:
Nº 3 - Inspeccionar y fiscalizar los órganos, entidades y personas jurídicas del
sector público sometidos a su control; practicar fiscalizaciones, disponer el inicio
de investigaciones sobre irregularidades contra el patrimonio público, así como
dictar las medidas, imponer los reparos y aplicar las sanciones administrativas a
que haya lugar de conformidad con la ley.
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Ley Orgánica de la Administración Pública
• Art. 14 LOAP
La Administración Pública será responsable ante los particulares por la gestión de
sus respectivos órganos, de conformidad con la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que
corresponda a los funcionarios o funcionarias por su actuación. La Administración
Pública responderá patrimonialmente por los daños que sufran los particulares,
siempre que la lesión sea imputable a su funcionamiento
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y Sistema Nacional
de Control Fiscal
• Art. 77 LOCGRSNCF
La potestad de investigación de los órganos de control fiscal será ejercida en los
términos de la Constitución de la República y esta Ley, cuando a su juicio existan
méritos suficientes para ello, y comprende las facultades para:
1. Realizar las actuaciones que sean necesarias, a fin de verificar la ocurrencia de
actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal,
determinar el monto de los daños causados al patrimonio público, si fuere el caso,
así como la procedencia de acciones fiscales.
Cuando el órgano de control fiscal, en el curso de las investigaciones que
adelante, necesite tomar declaración a cualquier persona, ordenará su
comparecencia, mediante oficio notificado a quien deba rendir la declaración.
2. Los órganos de control fiscal externo podrán ordenar a las unidades de auditoría
interna del organismo, entidad o persona del sector público en el que
presuntamente hubieren ocurrido los actos, hechos u omisiones a que se refiere el
numeral anterior, que realicen las actuaciones necesarias, le informe los
correspondientes resultados, dentro del plazo que acuerden a tal fin, e inicie,
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siempre que existan indicios suficientes para ello, el procedimiento
correspondiente para hacer efectivas las responsabilidades a que hubiere lugar.
La Contraloría General de la República podrá ordenar las actuaciones señaladas
en este numeral a la contraloría externa competente para ejercer control sobre
dichos organismos, entidades y personas.
• Art. 79 LOCGRSNCF
Las investigaciones a que se refiere el artículo 77 tendrán carácter reservado, pero
si en el curso de una investigación el órgano de control fiscal imputare a alguna
persona actos, hechos u omisiones que comprometan su responsabilidad, quedará
obligado a informar de manera específica y clara de los hechos que se le imputan.
En estos casos, el imputado o imputada tendrá inmediatamente acceso al
expediente y podrá promover todos los medios probatorios necesarios para su
defensa, de conformidad con lo previsto en el ordenamiento jurídico.
• Art. 80 LOCGRSNCF
El titular del órgano de control fiscal que practique la investigación podrá solicitar
la suspensión en el ejercicio del cargo de cualquier funcionario sometido o
funcionaria sometida a un procedimiento de determinación de responsabilidades.
• Art. 81 LOCGRSNCF
De las actuaciones realizadas de conformidad con el artículo 77 de esta Ley, se
formará expediente y se dejará constancia de sus resultados en un informe, con
base en el cual el órgano de control fiscal, mediante auto motivado, ordenará el
archivo de las actuaciones realizadas o el inicio del procedimiento previsto en el
Capítulo IV de este Título, para la formulación de reparos, determinación de la
responsabilidad administrativa, o la imposición de multas, según corresponda.
31
• Art. 82 LOCGRSNCF
Los funcionarios, funcionarias, empleados, empleadas, obreros y obreras que
presten servicios en los entes señalados en el artículo 9, numerales 1 al 11, de esta
Ley, así como los particulares a que se refiere el artículo 52 de esta Ley,
responden penal, civil y administrativamente de los actos, hechos u omisiones
contrarios a norma expresa en que incurran con ocasión del desempeño de sus
funciones.
• Art. 84 LOCGRSNCF
La responsabilidad civil se hará efectiva de conformidad con las leyes que regulen
la materia y mediante el procedimiento de reparo regulado en esta Ley y su
Reglamento, salvo que se trate de materias reguladas por el Código Orgánico
Tributario, en cuyo caso se aplicarán las disposiciones en él contenidas.
• Art. 85 LOCGRSNCF
Los órganos de control fiscal procederán a formular reparo cuando, en el curso de
las auditorías, fiscalizaciones, inspecciones, exámenes de cuentas o
investigaciones que realicen en ejercicio de sus funciones de control, detecten
indicios de que se ha causado daño al patrimonio de un ente u organismo de los
señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, como consecuencia
de actos, hechos u omisiones contrarios a una norma legal o sublegal, al plan de
organización, las políticas, normativa interna, los manuales de sistemas y
procedimientos que comprenden el control interno, así como por una conducta
omisiva o negligente en el manejo de los recursos. Cuando se detecten indicios de
que se ha causado daño al patrimonio de un ente u organismo de los señalados en
los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, pero no sea procedente la
formulación de un reparo, los órganos de control fiscal remitirán al Ministerio
Público los indicios de responsabilidad civil.
32
Las diligencias efectuadas por los órganos de control fiscal, incluida la prueba
testimonial, tienen fuerza probatoria mientras no sean desvirtuadas en el debate
judicial.
• Art. 86 LOCGRSNCF
Los reparos que formulen los órganos de control fiscal deberán contener:
1. La identificación del destinatario del reparo.
2. La identificación de la actuación del órgano de control fiscal en la que se
detectaron los indicios de daño al patrimonio del ente.
3. La fecha en que se rindió la cuenta u ocurrieron los hechos en razón de los
cuales se formula el reparo.
4. La determinación de la naturaleza del reparo, con indicación de sus
fundamentos.
5. La fijación del monto del reparo; y si éste es de naturaleza tributaria, la
discriminación de los montos exigibles por tributos, los recargos, los intereses y
las sanciones que correspondan.
6. La indicación de los recursos que procedan, señalando los lapsos para ejercerlos
y los órganos o tribunales ante los cuales deben interponerse.
7. Cualquier otro dato que se considere necesario para fundamentar el reparo.
• Art. 87 LOCGRSNCF
Los funcionarios encargados o funcionarias encargadas de hacer efectivas las
liquidaciones de los reparos, deberán notificar inmediatamente su recaudación al
órgano de control fiscal que hubiere emitido el reparo.
33
• Art. 88 LOCGRSNCF
La formulación de reparos no excluye la responsabilidad por las faltas que, en
relación con los mismos, tengan los respectivos funcionarios o respectivas
funcionarias.
• Art. 90 LOCGRSNCF
Cuando los actos, hechos u omisiones que causen daño al patrimonio de los entes
u organismos de los señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley,
sean imputables a varios sujetos, operará de pleno derecho la solidaridad.
• Art. 92 LOCGRSNCF
Las máximas autoridades, los niveles directivos y gerenciales de los organismos
señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, además de estar
sujetos a las responsabilidades definidas en este capítulo, comprometen su
responsabilidad administrativa cuando no dicten las normas, manuales de
procedimientos, métodos y demás instrumentos que constituyan el sistema de
control interno, o no lo implanten, o cuando no acaten las recomendaciones que
contengan los informes de auditoría o de cualquier actividad de control,
autorizados por los titulares de los órganos de control fiscal externo, en los
términos previstos en el artículo 48 de esta Ley, o cuando no procedan a revocar
la designación de los titulares de los órganos de control en los casos previstos en
el artículo 32 de esta Ley, salvo que demuestren que las causas del
incumplimiento no le son imputables.
• Art. 93 LOCGRSNCF
Las potestades sancionatorias de los órganos de control serán ejercidas de
conformidad con lo previsto en la Constitución de la República y las leyes,
siguiendo el procedimiento establecido en esta Ley para la determinación de
responsabilidades. Dicha potestad comprende las facultades para:
34
1. Declarar la responsabilidad administrativa de los funcionarios, funcionarias,
empleados, empleadas, obreros y obreras que presten servicio en los entes
señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, así como de los
particulares que hayan incurrido en los actos, hechos u omisiones generadores de
dicha responsabilidad.
2. Imponer multas en los supuestos contemplados en el artículo 94 de la presente
Ley.
3. Imponer las sanciones a que se refiere el artículo 105 de esta Ley.
• Art. 95 LOCGRSCF
Para la formulación de reparos, la declaratoria de la responsabilidad
administrativa y la imposición de multas, los órganos de control fiscal deberán
seguir el procedimiento previsto en este capítulo.
• Art. 96 LOCGRSNCF
Si como consecuencia del ejercicio de las funciones de control o de las potestades
investigativas establecidas en esta Ley, surgieren elementos de convicción o
prueba que pudieran dar lugar a la formulación de reparos, a la declaratoria de
responsabilidad administrativa o a la imposición de multas, el órgano de control
fiscal respectivo iniciará el procedimiento mediante auto motivado que se
notificará a los interesados o interesadas , según lo previsto en la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos.
El procedimiento podrá igualmente ser iniciado por denuncia, o a solicitud de
cualquier organismo o empleado público, siempre que a la misma se acompañen
elementos suficientes de convicción o prueba que permitan presumir
fundadamente la responsabilidad de personas determinadas.
35
La denuncia podrá ser presentada por escrito, firmada en original, ante el órgano
competente, o a través de medios electrónicos, tales como correos de este tipo,
dirigidos a dichos órganos.
El Contralor o Contralora General de la República, mediante resolución que se
publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela,
establecerá las demás normas relacionadas con la presentación de denuncias ante
los órganos de control fiscal.
• Art. 98 LOCGRSNCF
En el auto de apertura, a que se refiere el artículo 96 se describirán los hechos
imputados, se identificarán los sujetos presuntamente responsables y se indicarán
los correspondientes elementos probatorios y las razones que comprometen,
presumiblemente, su responsabilidad. Con la notificación del auto de apertura, los
interesados o interesadas quedarán a derecho para todos los efectos del
procedimiento.
• Art. 99 LOCGRSNCF
Dentro del término de quince días hábiles siguientes a la fecha de notificación del
auto de apertura, los interesados o interesadas podrán indicar la prueba que
producirán en el acto público a que se refiere el artículo 101, que a su juicio
desvirtúen los elementos de prueba o convicción a que se refiere el artículo 96 de
esta Ley. Si se trata de varios interesados o interesadas, el plazo a que se refiere
esta disposición se computará individualmente para cada uno de ellos o ellas.
• Art. 101 LOCGRSNCF
Vencido el plazo a que se refiere el artículo 99 de esta Ley, se fijará por auto
expreso el décimo quinto día hábil siguiente, para que los interesados o
interesadas, o sus representantes legales expresen, en forma oral y pública, ante el
titular del órgano de control fiscal, o su delegatario o delegataria, los argumentos
que consideren les asisten para la mejor defensa de sus intereses. Si en el
36
procedimiento hubieren varios interesados o interesadas, el auto a que se refiere
este artículo será dictado al día siguiente a que se venza el plazo acordado y
notificado al último de los interesados.
Efectuado este acto, se podrá dictar un auto para mejor proveer, en el cual se
establecerá un término no mayor de quince días hábiles para su cumplimiento.
• Art. 103 LOCGRSNCF
La autoridad competente decidirá el mismo día, o a más tardar el día siguiente, en
forma oral y pública, si formula el reparo, declara la responsabilidad
administrativa, impone la multa, absuelve de dichas responsabilidades, o
pronuncia el sobreseimiento, según corresponda. Si se ha dictado auto para mejor
proveer, la decisión se pronunciará en la misma forma indicada en este artículo, al
día siguiente de cumplido dicho auto o su término.
Las decisiones a que se refiere el presente artículo se harán constar por escrito en
el respectivo expediente, en el término de cinco días hábiles después de
pronunciadas, y tendrán efectos de inmediato.
En la aplicación de las sanciones se tomarán en cuenta la gravedad de la falta, y de
los perjuicios causados, así como las circunstancias atenuantes y agravantes que
se establezcan en el Reglamento de esta Ley.
• Art. 105 LOCGRSNCF
La declaratoria de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo previsto
en los artículos 91 y 92 de esta Ley, será sancionada con la multa prevista en el
artículo 94, de acuerdo con la gravedad de la falta y el monto de los perjuicios que
se hubieren causado. Corresponderá al Contralor o Contralora General de la
República de manera exclusiva y excluyente, sin que medie ningún otro
procedimiento, acordar en atención a la entidad del ilícito cometido, la suspensión
del ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un período no mayor de veinticuatro
37
meses o la destitución del declarado responsable, cuya ejecución quedará a cargo
de la máxima autoridad; e imponer, atendiendo la gravedad de la irregularidad
cometida, su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un
máximo de quince años, en cuyo caso deberá remitir la información pertinente a la
dependencia responsable de la administración de los recursos humanos del ente u
organismo en el que ocurrieron los hechos para que realice los trámites
pertinentes.
En aquellos casos en que sea declarada la responsabilidad administrativa de la
máxima autoridad, la sanción será ejecutada por el órgano encargado de su
designación, remoción o destitución.
Las máximas autoridades de los organismos y entidades previstas en los
numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, antes de proceder a la designación de
cualquier funcionario público o funcionaria pública, están obligados a consultar el
registro de inhabilitados que a tal efecto creará y llevará la Contraloría General de
la República. Toda designación realizada al margen de esta norma será nula.
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos
• Artículo 73 LOPA
Se notificará a los interesados todo acto administrativo de carácter particular que
afecte sus derechos subjetivos o sus intereses legítimos, personales y directos,
debiendo contener la notificación el texto integro del acto, e indicar si fuere el
caso, los recursos que proceden con expresión de los términos para ejercerlos y de
los órganos o tribunales ante los cuales deban interponerse.
• Art. 75 LOPA
La notificación se entregará en el domicilio o residencia del interesado o de su
apoderado y se exigirá recibo firmado en el cual se dejará constancia de la fecha
en que se realiza el acto y del contenido de la notificación, así como del nombre y
cédula de identidad de la persona que la reciba.
38
• Art. 76 LOPA
Cuando resulte impracticable la notificación en la forma prescrita en el artículo
anterior, se procederá a la publicación del acto en un diario de mayor circulación
de la entidad territorial donde la autoridad que conoce del asunto tenga su sede y,
en este caso, se entenderá notificado el interesado quince (15) días después de la
publicación, circunstancia que se advertirá en forma expresa.
Parágrafo único: En caso de no existir prensa diaria en la referida entidad
territorial, la publicación se hará en un diario de gran circulación de la capital de
la República.
Ley del Estatuto de la Función Pública
• Art. 79 LEFP
Los funcionarios o funcionarias públicos, responderán penal, civil, administrativa
y disciplinariamente por los delitos, faltas, hechos ilícitos e irregularidades
administrativas cometidas en el ejercicio de sus funciones.
Código Civil Venezolano Vigente
• Art. 1.185 C.C
Quien con intención o por negligencia, imprudencia ha causado un daño a otro,
está obligado a repararlo.
39
Definición de Términos Básicos
Acto: Acto humano que tiene por fin inmediato establecer entre las personas
relaciones jurídicas, crear, modificar o extinguir derechos.
Contraloría : Órgano constitucionalmente autónomo, integrante del Poder
Ciudadano y rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, al servicio del Estado
y el pueblo para velar por la correcta gestión del patrimonio público.
Funcionario: Es una persona que desempeña un empleo público. Se trata de un
trabajador que cumple funciones en un organismo del Estado. El funcionario
público, para el ejercicio de sus funciones públicas, está vinculado al aparato
estatal mediante un régimen de Derecho público.
Procedimiento: Es un conjunto de acciones u operaciones que tienen que
realizarse de la misma forma, para obtener siempre el mismo resultado bajo las
mismas circunstancias (por ejemplo, procedimiento de emergencia).
Responsabilidad: Surge cuando el sujeto transgrede un deber de conducta
señalado en una norma jurídica que, a diferencia de la norma moral, procede de
algún organismo externo al sujeto, principalmente el Estado, y es coercitiva.
Sanción: Es aquella consecuencia o efecto de una conducta que constituye
infracción de una norma jurídica (ley o reglamento). Dependiendo del tipo de
norma incumplida o violada, puede haber sanciones penales o penas; sanciones
civiles y sanciones administrativas; comúnmente suele asociarse la expresión
sanción con la Administración Pública (Sanción Administrativa).
40
CAPITULO IV
MARCO METODOLÓGICO
Del tipo de Investigación
El desarrollo de la presente investigación, se engloba en el tipo de
investigación documental, entendiéndose de esta manera, como el estudio del
problema con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su
naturaleza con apoyo, principalmente en fuentes bibliográficas y documentales.
El objetivo de la investigación documental es elaborar un marco teórico
conceptual para formar un cuerpo de ideas sobre el objeto de estudio y descubrir
respuestas a determinados interrogantes a través de la aplicación de
procedimientos documentales.
La fuente primaria de la investigación documental son Libros, artículos,
monografías, tesis, documentos, trabajos de investigación presentados en
conferencias, congresos y seminarios. Estas fuentes son los documentos que
registran o corroboran el conocimiento inmediato de la investigación. Incluyen
libros, revistas, informes técnicos y tesis.
Se puede considerar el trabajo de Calonge (1988), Tendencias de la
Orientación en Venezuela, donde ella misma plantea que su objetivo principal es
analizar “los orígenes y tendencias de la orientación en Venezuela a través de los
planes oficiales del Ministerio de Educación, como ejemplo de la investigación
documental, en el cual su información se basa en libros, tesis y documentos a fin
de desarrollar su objetivo principal y estructural del tema de trabajo de grado.
Otro ejemplo en el que se hace referencia, es Análisis de Problemas
Educativos como ocurren en la práctica, revisión crítica del estado de
conocimiento, o elaboración de modelos (UPEL 1990).
41
Del Diseño de la investigación
Comprende y se ajusta al tipo y desarrollo de la investigación, es necesario
reconocer e indicar el diseño que se adapta, que desarrolla el tema principal.
Según Sabino (2000) su objeto es proporcionar un modelo de verificación
que permita contrastar hechos con teorías, y su forma es la de una estrategia o
plan general que determina las operaciones necesarias para hacerla. Existe un
dicho venezolano, que permite entender el objetivo principal del diseño de
investigación, “en el camino se endereza la carga”.
El desarrollo de la problemática, se clasifica en un diseño descriptivo,
consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes
a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas.
Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación
de las relaciones que existen entre dos o más variables, de acuerdo a Deobold B.
Van Dalen en su “Manual Técnica de la Investigación”.
Es necesario tomar en cuenta todas las fuentes posibles, a través de una
lectura detallada o discriminatoria sin necesidad de abarcar todo el contenido
encontrado, sino leer aquellos enfoques o aspectos esenciales que sirvan de ayuda
en el proceso de investigación.
Fases Metodológicas
Fase 1: Investigar el Sistema de la Responsabilidad Administrativa
Individual del Funcionario Público en Venezuela.
Definición – Investigar: Es una actividad más sistemática dirigida hacia el
descubrimiento del desarrollo de un cuerpo de conocimientos organizados..
Instrumento de Recolección de Datos: Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, Ley del Estatuto de la Función Pública, Ley Orgánica del Poder
42
Público Municipal, Código Civil Venezolano, Sentencia N° 00943 de la Sala
Político – Administrativa del Tribunal supremo de Justicia en expediente N°
14658 del 15/05/2001.
Datos Obtenidos: Inobservancia o incumplimiento, que origina el ilícito
administrativo. Respecto a los funcionarios, es la causa de responsabilidad del
trasgresor hacia el ente titular del interés tutelado, que es la propia administración;
esto se debe a la violación por parte de los funcionarios públicos a la relación
existente con la administración pública.
Art. 25 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o
menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es
nulo; y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo
ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y
administrativa, según los casos, sin que les sirva de excusa órdenes
superiores.
Art. 139 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por
abuso o desviación de poder o por violación de esta constitución o de
la Ley.
Se observa como nuestra carta magna, establece la condición exacta que
origina la responsabilidad del funcionario como persona que desempeña una
función pública, ya sea de forma permanente o transitoria.
La característica principal de la responsabilidad, es que surge de la
violación de la ley, reglamento, hechos o actos contrarios a derecho de rango
constitucional, que trae una consecuencia de ilegalidad, por la transgresión de la
norma jurídica, tomándose en cuenta, que hay casos en los que no se ocasiona
43
daños al ente público o particulares. Es importante conocer que, cuando existen
actos o hechos que hayan ocasionado daños por un funcionario público, éste está
en la obligación de repararlos por una responsabilidad civil paralela a la
responsabilidad administrativa correspondiente.
Dentro de la legislación venezolana, encontramos instrumentos jurídicos
que regulan la actividad o ejecución de funciones de los funcionarios públicos,
resaltando las responsabilidades en las que incurre, por la materialización de actos
ilícitos o conductas contrarias a la ley, normas y/o reglamentos dentro del órgano
al cual presta servicio.
Art. 79 Ley del Estatuto de la Función Pública
Los funcionarios o funcionarias públicos, responderán penal, civil,
administrativa y disciplinariamente por los delitos, faltas, hechos
ilícitos e irregularidades administrativas cometidas en el ejercicio de
sus funciones.
Art. 104 Ley Orgánica del Poder Público Municipal
Son atribuciones del Contralor o Contralora:
Nº 3- El control perceptivo que sea necesario con el fin de verificar las
operaciones de los entes municipales o distritales, sujetos a control que, de alguna
manera, se relacionen con la liquidación y recaudación de ingresos, el manejo y el
empleo de los fondos, la administración de bienes, su adquisición y enajenación,
así como la ejecución de contratos.
Nº 8- El control de los resultados de la acción administrativa y, en general, la
eficacia con que operan las entidades sujetas a su vigilancia, fiscalización y
control.
44
Se detalla de manera específica en el marco de esta ley, una independencia
de los hechos ilícitos o irregularidades en el ejercicio de las funciones públicas así
como las atribuciones del Contralor o Contralora afín de mantener la eficacia de la
norma jurídica y las respectivas obligaciones en el funcionamiento de las
entidades bajo su control. El Código Civil señala con respecto a los hechos
ilícitos, “quien con intención o por negligencia, imprudencia ha causado un daño a
otro, está obligado a repararlo”, de acuerdo a lo contenido en el artículo 1.185 del
código in comento.
El artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, indica en
referencia a la responsabilidad de la administración:
Art. 14 Ley Orgánica de la Administración Pública
La Administración Pública será responsable ante los particulares por la
gestión de sus respectivos órganos, de conformidad con la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley, sin
perjuicio de la responsabilidad que corresponda a los funcionarios o
funcionarias por su actuación. La Administración Pública responderá
patrimonialmente por los daños que sufran los particulares, siempre
que la lesión sea imputable a su funcionamiento
En sentencia Nº 00943 de la Sala Político Administrativa, Expediente Nº
14658 de 15/05/2001, hace referencia a la responsabilidad individual del
funcionario público, en la cual indica:
… En donde queden manifiesto falta graves, expresadas en errores
fácticos o iure flagrantes, son principios de falta personal, por estar los
intereses públicos involucrados y que a su vez el patrimonio del
colectivo está en juego; y en la cual es claro, la existencia de una
disociación con la génesis de la función pública, donde los eventos
que ocasionare daños producto de esas acciones ilícitas, debe
45
responder de manera personal y exclusivamente con su patrimonio.
(…)
Esto es el fin que se busca con las responsabilidades de los funcionarios
públicos, consagradas en nuestra legislación y dar paso a la reparación de daños
ocasionados.
Fase 2: Analizar el Reparo Fiscal como Acto Sancionatorio en la
Responsabilidad del Funcionario Público.
Definición – Analizar: Es una acción eminentemente intelectual
característica de los seres humanos y que implica la realización de un análisis
sobre determinada materia o asunto de interés.
Instrumento de Recolección de Datos: Badell & Grau Página Web,
Alcaldía de Bogota – Criterio, Pagina Web Contraloría General de la Republica
Venezolana, monografías pagina Web.
Datos Obtenidos: Se entiende como un mal inflingido por parte de la
Administración Pública, en uso de sus potestades legales, a un administrado que
ha realizado una conducta antijurídica, y en consecuencia, la privación de un bien,
de un derecho o la imposición del pago de una multa.
Al hacer referencia de “un mal inflingido” y “en uso de sus potestades
legales”, indica que la Administración Pública debe realizar los procedimientos
pertinentes, a fin de reparar el perjuicio ocasionado por el funcionario público, por
la reiterada conducta ilícita, que es conducente a ocasionar daños a los particulares
en sus intereses y derecho como al ente donde se prestan las funciones.
La transgresión del deber jurídico, causa la responsabilidad (formulación
de reparos y entre otras potestades sancionatorias de la administración) y por
consiguiente la sanción, por la existencia de una acción u omisión por el
funcionario que produzcan efectos dañosos. Durante el procedimiento para
46
determinación de responsabilidades, encontramos daños ocasionados a la propia
administración (responsabilidad interna) y aquellos que afectan a los
administrados (responsabilidad externa).
La Alcaldía de Bogota, expresa criterio con respecto a la interpretación, de
lo que es un acto sancionatorio. Se indica cuando una actuación administrativa,
desglose facultades para imponer sanciones, es porque la misma ley las ha
otorgado. Para el curso de esas facultades, se opera el principio de Tipicidad
Administrativa, es decir, la conducta sancionable así como la consecuente
sanción, deben estar de manera inequívoca, clara y expresamente definidas por el
legislador pues se trata de una potestad reglada.
El reparo fiscal como acto sancionatorio, no tienen naturaleza arbitral
debido que nos busca solucionar conflictos existente entre las partes, sino para
satisfacer los intereses de la colectividad en la vigencia y efectividad de la norma
jurídica, por incumplimiento de la misma se dicta la sanción. Cuando se inicia el
procedimiento para determinar el acto sancionatorio por la Administración por
oficio, no caben formulas de auto composición, salvo en contrario el acto es de
sustanciación jurisdiccional ejecutado por la propia administración.
Fase 3: Determinar las Fases del Procedimiento que permiten la Formulación
de un Reparo.
Definición – Determinar: es un verbo que se utiliza para señalar la acción
de establecer un tipo de dato o información, así como también fijar o hacer claros
los elementos de una situación, cosa o evento.
Instrumento de Recolección de Datos: Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República y sistema Nacional de Control Fiscal y Manual de
Normas y Procedimientos para la Determinación de la Responsabilidad
Administrativa y Formulación de Reparos.
47
Datos Obtenidos: La determinación de responsabilidad administrativa y
formulación de reparo, se iniciara cuando en consecuencia del ejercicio de
funciones de control, por denuncia o a solicitud de cualquier organismo o
funcionario público, cuando sugieren elementos de convicción o pruebas que
dieran lugar, entre otras acciones fiscales, la determinación de responsabilidad y
formulación de reparo; dicho procedimiento se regirá por los principios de
imparcialidad, celeridad, objetividad y economía procesal respetando siempre el
debido proceso.
Las investigaciones respectivas, a fin de analizar las situaciones o actos
que hayan vulnerado derechos o intereses, son de carácter reservado con
excepción en los casos en los cuales se conoce al funcionario infractor por actos,
hechos u omisiones, donde se le indicará de manera específica los hechos que se
le imputa. Durante el procedimiento para determinar la responsabilidad del
funcionario en el cual ha incurrido, la Contraloría Municipal podrá solicitar la
suspensión del funcionario o funcionaria sometido a dicho procedimiento.
Las actuaciones por los cuales se le imputa, incurrirá en una
responsabilidad penal, civil o administrativa con sus determinadas consecuencias
jurídicas así como el respaldo de las leyes existente en la materia, para hacer
efectiva la sanción respectiva. Los órganos de control fiscal procederán a formular
reparo cuando, en el curso de las auditorías, inspecciones o investigaciones que
realicen en ejercicio de sus funciones de control, detecten indicios de que se ha
causado daño al patrimonio de un ente u organismo, de acuerdo al artículo 9 de la
Ley Orgánica Contraloría General de la República Y Sistema Nacional de Control
Fiscal.
Al determinarse la formulación del reparo al funcionario, está no excluirá
las responsabilidades por las faltas cometidas con los mismos, respecto a los
funcionarios y funcionarias. Para ejercer en pleno derecho la potestad de control
fiscal en el organismo o entes que hubieren sufrido un daño a su patrimonio, por
48
un funcionario o funcionaria, el daño debe ser de menor cuantía y en el cual no se
involucre funcionarios de alto nivel.
La potestad sancionatoria será ejercida, por lo previsto en la Constitución y
las leyes así como por los órganos competentes siguiendo el procedimiento
establecido en la ley (LOCGRSNCF). La Contraloría General de la República
también podrá asumir las investigaciones y procedimientos para la determinación
de responsabilidades iniciados por los demás órganos de control fiscal cuando lo
juzgue conveniente. A tales fines, los mencionados órganos de control fiscal
deberán participar a la Contraloría General de la República el inicio de los
procedimientos de determinación de responsabilidades y de las investigaciones
que ordenen.
Las partes o interesados y sus representante legales, a través de un acto
oral y público expresarán los argumentos que consideren les asisten para la mejor
defensa de sus intereses. La autoridad competente decidirá el mismo día o más
tardar el día siguiente de forma oral y pública, las respectivas decisiones se harán
constar por escrito en el expediente del caso. En la aplicación de las sanciones se
tomarán en cuenta la gravedad de la falta, y de los perjuicios causados.
Corresponderá al Contralor o Contralora General de manera exclusiva y
excluyente, sin que medie ningún otro procedimiento, acordar en atención a la
entidad del ilícito cometido, la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de
sueldo por un período no mayor de veinticuatro meses o la destitución del
declarado responsable, cuya ejecución quedará a cargo de la máxima autoridad; e
imponer, atendiendo la gravedad de la irregularidad cometida, su inhabilitación
para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de quince años, en
cuyo caso deberá remitir la información pertinente a la dependencia responsable
de la administración de los recursos humanos del ente u organismo en el que
ocurrieron los hechos para que realice los trámites pertinentes.
49
CAPITULO V
RESULTADO, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIÓNES
Resultados:
Fase 1: Investigar el sistema de la Responsabilidad Administrativa Individual del funcionario Público en Venezuela.
La Constitución Bolivariana de Venezuela entre otros instrumentos jurídicos, han
permitido regular o controlar, la existencia de irregularidades dentro de la
administración pública cuando los funcionarios dentro de sus funciones han
ocasionado algún daño, es decir, a la propia administración o los administrados en
sus intereses y derechos.
Si bien es cierto, el daño sufrido en el ejercicio del poder público acarrea una
responsabilidad individual, que permite sancionar al infractor que da origen al
daño y el correspondiente reparo de la situación infringida, por actos o hechos
contrarios de rango legal e inclusive constitucional, es deber del órgano
competente garantizar el Debido Proceso.
Fase 2: Analizar el Reparo Fiscal como Acto Sancionatorio en la Responsabilidad del Funcionario Público.
Ante tal acción, se debe efectuar ciertas consideraciones, empezando por indicar
que todo acto administrativo en ejercicio de las potestades sancionadoras o
represivas que otorga la ley a la Administración, debe ser consecuencia de un
procedimiento previo. De lo contrario se estaría atentando contra el Derecho a la
Defensa, es decir, sin tener oportunidad previa para esgrimir alegatos y probanzas
que se estimara pertinentes.
Esto atendiendo al principio constitucional que impide que un sujeto sea
sancionado, sin haber sido notificado de los cargos que se le imputa. Es indudable
50
el carácter primordial y progresista que otorga nuestra Carta Magna, a los
derechos humanos, ante la imposición de cualquier sanción, o acto de gravamen;
debe la Administración iniciar un procedimiento administrativo previo y notificar
a quien o quienes estarían afectados.
Fase3: Determinar las Fases del Procedimiento que permiten la Formulación de un Reparo.
La aplicación de manera ordenada del procedimiento previo de ley, para la
iniciación de la determinación de responsabilidad administrativa, garantiza la
actividad reparatoria para la situación jurídica infringida por parte de la propia
Administración Pública a fin de garantizar el contenido de la norma juridica.
Corresponde al órgano competente vigilar y garantizar el cumplimiento del
procedimiento en cada una de sus fases, con el objeto de prevalecer los derechos
constitucionales como es el Derecho a la Defensa y previa Notificación de los
cargos imputados.
La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional
de Control Fiscal conjunto con la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos, garantizan la oportunidad de formular alegatos y promover
pruebas en lapsos determinados así como del conocimiento de las instancias a las
cuales se puede acudir. La existencia de facultades de manera exclusiva por aparte
del Contralor y Contralora, de acuerdo al ilícito cometido y su gravedad, en los
casos en que sea perjudicado la administración o los administrados.
Recomendaciones
• Antes de determinar una responsabilidad, por la accion u omision de un
funcionario publico, que ha ocasionado un daño a la administración o los
administrados en sus derecho e intereses, es necesario analizar y estudiar
51
la situación del ilícito cometido, a fin de tener pruebas concretas que
permitan la apertura del procedimiento previo administrativo y su debida
notificación como garante del Debido Proceso.
• Conocer de manera precisa la norma jurídica correspondiente, para evitar
retardo procesal y promover la celeridad del procedimiento.
• Información de las instancias recurribles así como los derechos
garantizados en la apertura del procedimiento administrativo.
• Estudiar de manera detallada, el procedimiento de determinación de
responsabilidad administrativa, con el objeto de evitar la omisión del acto
o fase determinante.
Conclusiones.
El reparo fiscal como potestad sancionadora de la administración publica, permite repara
el daño ocasionado por el funcionario dentro de sus competencias así como la iniciación
de una investigación por parte del órgano competente en el cual ocurrió el hecho ilícito,
con la finalidad de mantener el control de la norma jurídica y el reglamento interno de la
institución que fue afectada.
Desde la época de la revolución francesa y el caso blanco (Corte Francés), se ha venido
desarrollando la forma de responsabilizar a los funcionarios que dentro de sus funciones y
siendo la representación del Estado, por daños directos a los administrados e inclusive a
la propia administración, cuando el propio patrimonio interno (ejemplo: patrimonio
municipal) se ve afectado por actos que buscan fines distintos a los establecidos en la
norma jurídica.
Si bien es cierto, en el rango legal y constitucional se establece las modalidades de la
responsabilidad, en la cual son susceptibles los funcionarios (Civil, Penal y
Administrativa) y los posibles efectos alternos que dependerá de la gravedad de ilícito
ocasionado, es decir, un funcionario puede ser: suspendido, inhabilitado o destituido del
cargo publico, en el cual el departamento de responsabilidad administrativa indicara la
sanción a ejecutar dentro de sus facultades como lo establece la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal.
52
La administración pública, buscara la forma de reparar los daños ocasionados que puedan
ocasionarse dentro de su esfera jurídica, a fin de prevalecer el ordenamiento jurídico
vigente y los derechos y garantías constitucionales contenido en la Constitución
Venezolana; se ha comprobado como el sistema de responsabilidad en el ámbito
administrativo ha desarrollado consecuencias jurídicas cuando las vías de hecho
transgredes más allá de los intereses de la administración.
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