primera encuesta nacional de vÍctimas cgr...
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PRIMERA ENCUESTA NACIONAL DE VÍCTIMAS
CGR-2013
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA BASE PARA EL SEGUIMIENTO Y EL
MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE VÍCTIMAS Y
RESTITUCIÓN DE TIERRAS EN COLOMBIA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA DELEGADA
PARA EL SECTOR AGROPECUARIO
EQUIPO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA
PÚBLICA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN VÍCTIMA
Bogotá, enero de 2015
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
Contraloría General de la República
Edgardo Maya Villazón
Contralor General de la República
Andrés Bernal Morales
Contralor Delegado para el Sector Agropecuario
Juan Carlos Villamizar, PhD
Dirección y coordinación general
Elaboración del presente documento
Juan Carlos Villamizar
Juan Pablo Sandoval
Claudia Murcia Linares
Claudia Patricia Goyeneche
Óscar Villamizar
Eduardo Ospina
Néstor Rubiano
Mercedes Ortíz
Sonia Gaviria
Edición y revisión de estilo
Jairo Ramírez Bohórquez
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Presentación
La Contraloría General de la República (CGR), en el marco de sus funciones
constitucionales y en cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional emanadas de los
autos de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, así mismo en atención a las disposiciones
contenidas en la ley de víctimas y restitución de tierras (Ley 1448 de 2011), realizó la Primera
Encuesta Nacional de Víctimas CGR–2013 (I-ENV_CGR-2013).
El informe que aquí se presenta recoge los resultados más importantes de la investigación
y constituye un insumo de suma importancia que la CGR entrega a las diversas instituciones del
Estado Colombiano, a las organizaciones de víctimas y en general a la sociedad nacional e
internacional. El propósito es fortalecer el diálogo y el debate argumentado, con evidencia
empírica, concreta y clara, sobre la tragedia de la victimización por desplazamiento forzado en
Colombia derivado del conflicto sociopolítico que vive el país, y sobre los avances en la
observancia del goce efectivo de los derechos de las víctimas, cuyo incumplimiento dio origen al
Estado de Cosas Inconstitucional (ECI).
Este producto de investigación es uno de los resultados más importantes del equipo creado
por la CGR para realizar el seguimiento y el monitoreo a la implementación de la ley de víctimas
y restitución de tierras. El equipo en cuestión, adscrito a la Contraloría Delegada para el Sector
Agropecuario, diseñó y está ejecutando un plan de trabajo plurianual en el cual se contempló,
además de las auditorías y actuaciones especiales de rigor, y de otros ejercicios de cartografía
social y control fiscal participativo, la realización durante 2013 de la I-ENV_CGR-2013, la cual
estamos dando a conocer ahora y cuyos objetivos son:
1. Caracterizar la victimización y la situación socioeconómica de la población víctima del
desplazamiento forzado.
2. Construir una línea base para la evaluación de los logros y avances de la política pública
de asistencia, atención y reparación integral derivada de la normatividad mencionada.
3. Avanzar en la medición de los indicadores avalados por la Corte Constitucional sobre
la verificación del goce efectivo de los derechos de esta población.
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Con esos tres objetivos la CGR pretende dar a conocer el estado de los avances, y la línea
base que permitirá la re-definción de las metas que el gobierno tendría que considerar en la política
de atención, asistencia y reparación a las víctimas, dado que las proyecciones y expectativas
establecidas en un comienzo, han ido rebasadas y como se mostrará más adelante, el costo fiscal
de continuar con la política de reparación a las victimas tiene que ser revisado.
Los resultados que serán presentados en extenso a lo largo de este informe, muestran en
general la magnitud de los retos y desafíos que la sociedad colombiana decidió asumir, cuando se
comprometió a reparar integralmente a las víctimas del conflicto sociopolítico armado. Retos que
son aún mayores cuando se toma en consideración la persistencia de acciones armadas en el
territorio.
Con este ejercicio, se demuestra el grado de sofisticación de los análisis realizados por la
CGR y su pertinencia en una coyuntura histórica como la presente. La CGR agradece el
acompañamiento de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento
Forzado (CSPPSDF) en la fase del diseño metodológico de la encuesta. El centro de
investigaciones CID de la Universidad Nacional de Colombia estuvo encargado de la realización
de todas las etapas del trabajo, hasta la sistematización de los datos; y para ellos, el reconocimiento
por su labor, y compromiso que, como siempre, se caracterizó por su alto nivel y rigurosidad
académica y profesional.
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TABLA DE CONTENIDO
1 INTRODUCCIÓN ................................................................................ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
1.1 EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA LEY DE VÍCTIMAS ....................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 1.2 ANTECEDENTES DEL SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE VÍCTIMAS: 1997-2011 .......... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 1.3 EL CONTENIDO DE ESTE INFORME ................................................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
2 DISEÑO METODOLÓGICO ................................................................. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
2.1 LA PRIMERA ENCUESTA NACIONAL DE VÍCTIMAS (I-ENV_CGR-2013) ................. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 2.2 OBJETIVO PRINCIPAL ................................................................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 2.4 EL DISEÑO DE LA ENCUESTA NACIONAL DE VÍCTIMAS (I-ENV_CGR-2013) ............ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 2.5 SELECCIÓN DE LA MUESTRA .......................................................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 2.6 ESTRUCTURA TEMÁTICA DE LA ENCUESTA ........................................................ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 2.7 MEDICIÓN DEL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS ................................................. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 2.8 ASPECTOS OPERATIVOS Y DE RECOLECCIÓN ...................................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 2.9 PROCESO DE PRODUCCIÓN DE RESULTADOS ..................................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 2.10 RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES ....................................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
3 CARACTERÍSTICAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN COLOMBIA ...................................................... 42
3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA VICTIMIZACIÓN POR DESPLAZAMIENTO FORZADO ........................................................... 43 3.1.1 LA MAGNITUD DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO Y EL NIVEL DE SUBREGISTRO ................................................... 43 3.1.2 SOBRE LOS HECHOS VICTIMIZANTES Y SU PERIODIZACIÓN ............................................................................. 49 3.1.3 LA GEOGRAFÍA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO: ZONAS DE EXPULSIÓN Y RECEPCIÓN. ....................................... 54 3.1.4 SOBRE LOS MOTIVOS DEL DESPLAZAMIENTO .............................................................................................. 59 3.1.5 SOBRE LAS MODALIDADES DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO.......................................................................... 62 3.1.6 PRESUNTOS AUTORES DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO Y FACTORES ASOCIADOS .............................................. 65 3.2 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LAS VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO. ...................................... 72 3.2.1 TAMAÑO PROMEDIO DE LOS HOGARES ..................................................................................................... 74 3.2.2 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR SEXO Y EDAD..................................................................................... 75 3.2.3 TASA DE DEPENDENCIA ECONÓMICA ........................................................................................................ 78 3.2.4 NIVELES DE POBREZA ............................................................................................................................ 79
4 ASISTENCIA Y ATENCIÓN. ....................................................................................................................... 85
4.1 AYUDA HUMANITARIA .............................................................................................................................. 86 4.1.1 AYUDA HUMANITARIA INMEDIATA .......................................................................................................... 90 4.1.1.1 IGED Subsistencia Mínima – Ayuda Humanitaria Inmediata ........................................................ 93 4.1.1.2 IGED complementario. Subsistencia Mínima – AHI – Alimentación ............................................. 94 4.1.1.3 IGED complementario. Subsistencia Mínima – AHI – Alojamiento .............................................. 95
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4.1.1.4 IGED complementario. Subsistencia Mínima – AHI – Kit de habitabilidad ................................... 96 4.1.1.5 IGED complementario. Subsistencia Mínima – AHI – Atención en salud ...................................... 97 4.1.2 AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA Y DE TRANSICIÓN. .......................................................................... 97 4.1.2.1 IGED - Subsistencia Mínima – Ayuda Humanitaria de Emergencia (AHE) ................................... 101 4.1.2.2 IGED complementario. Subsistencia Mínima – AHE – Afiliación a salud .................................... 102 4.1.3 ........................................................................................................................................................... 102 4.1.4 SEGURIDAD ALIMENTARIA ................................................................................................................... 102 4.1.4.1 IGED de seguridad alimentaria (Alimentación) .................................. ¡Error! Marcador no definido. 4.2 SALUD ...................................................................................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 4.2.1 AFILIACIÓN ............................................................................................. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 4.2.2 MORBILIDAD, HOSPITALIZACIÓN Y DISCAPACIDAD ..................................................................................... 111 4.2.3 VACUNACIÓN Y CONTROLES DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO ..................................................................... 113 4.2.4 ........................................................................................................................................................... 117 4.2.5 FECUNDIDAD, EMBARAZO Y LACTANCIA .................................................................................................. 117 4.2.5.1 IGED - Salud – Afiliación ..................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 4.2.5.2 IGED complementario. Salud –Afiliación al régimen contributivo o especial ............................. 107 4.2.5.3 IGED complementario. Salud – Afiliación al régimen subsidiado ............................................... 107 4.2.5.4 IGED Salud – Atención psicosocial .............................................................................................. 108 4.2.5.5 IGED - Salud – Vacunación .......................................................................................................... 113 4.2.5.6 IGED complementario. Salud – Vacunación – Pentavalente ...................................................... 116 4.2.5.7 -IGED complementario. Salud – Vacunación – Triple viral ......................................................... 114 4.3 EDUCACIÓN .......................................................................................................................................... 119 4.3.1 IGED CORRESPONDIENTES AL DERECHO A LA EDUCACIÓN ................................ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 4.3.1.1 IGED - Educación – Cobertura en Educación Básica ................................................................... 121 4.3.1.2 IGED sectorial. - Educación – Cobertura en Educación Superior ................................................ 126
5 REPARACIÓN ........................................................................................................................................ 129
5.1 INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA ............................................................................................................ 129 5.1.1 EL DERECHO A LA REPARACIÓN ADMINISTRATIVA ...................................................................................... 129 5.1.2 EL RECONOCIMIENTO NORMATIVO DE LA INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA ................................................. 131 5.1.3 UNIVERSO A INDEMNIZAR .................................................................................................................... 132 5.1.4 REPARACIÓN CON INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA POR DESPLAZAMIENTO ................................................. 135 5.1.5 POBLACIÓN EN DESPLAZAMIENTO QUE NO HAN SOLICITADO INDEMNIZACIÓN ................................................ 137 5.1.6 POBLACIÓN DESPLAZADA CON OTROS HECHOS VICTIMIZANTES .................................................................... 139 5.1.7 IGED DE INDEMNIZACIÓN.................................................................................................................... 141 5.1.7.1 IGED –Indemnización administrativa .......................................................................................... 141 5.1.7.2 IGED complementario. Indemnización administrativa – vía administrativa ............................... 142 5.1.7.3 IGED complementario. Indemnización administrativa – vía judicial ........................................... 142 5.1.7.4 IGED complementario. Indemnización administrativa – Otros hechos -vía administrativa ........ 143 5.1.7.5 IGED complementario. Indemnización administrativa – Otros hechos -vía judicial ................... 143 5.2 EMPLEO Y GENERACIÓN DE INGRESOS ....................................................................................................... 144 5.2.1 IGED DE GENERACIÓN DE INGRESOS ...................................................................................................... 150 5.2.1.1 IGED –Generación de ingresos – Dependencia económica ........................................................ 150 5.2.1.2 IGED –Generación de ingresos – Ingresos superiores a la línea de indigencia ............................. 81 5.2.1.3 IGED –Generación de ingresos – Ingresos superiores a la línea de pobreza ................................ 81 5.2.1.4 IGED complementario. Generación de ingresos – ingresos personas de 60 y más .................... 151
7
5.2.1.5 IGED complementario. Generación de ingresos – Asalariados ..................................................... 83 5.2.1.6 IGED complementario. Generación de ingresos – Independientes .............................................. 83 5.3 VIVIENDA PARA LAS VÍCTIMAS: EL DERECHO A UNA SOLUCIÓN HABITACIONAL DIGNA ............................................ 151 5.3.1 POLÍTICA DE VIVIENDA PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA –PVPD- 2009– 2011 ......................................... 153 5.3.2 NUEVO ESQUEMA VIVIENDA URBANA ................................................................................................... 155 5.3.3 NUEVO ESQUEMA DE VIVIENDA RURAL .................................................................................................. 155 5.3.4 LOS IGED EN VIVIENDA ....................................................................................................................... 161 5.3.4.1 IGED – Vivienda Digna ................................................................................................................ 162 5.3.4.2 IGED complementario - Seguridad jurídica de la vivienda .......................................................... 164 5.3.4.3 IGED complementario - Vivienda sin hacinamiento ................................................................... 165 5.3.4.4 IGED complementario - Vivienda con materiales apropiados .................................................... 166 5.3.4.5 IGED complementario – Ubicación de la vivienda ...................................................................... 167 5.3.4.6 IGED complementario - Vivienda con servicios públicos domiciliarios ....................................... 168 5.3.4.7 IGED sectorial - Subsidios de vivienda ........................................................................................ 169 5.4 TIERRAS: SITUACIÓN ACTUAL, RESTITUCIÓN Y RETORNO ................................................................................. 170 5.4.1 EL DERECHO A LA TIERRA ..................................................................................................................... 170 5.4.1.1 IGED –Restitución de tierras ....................................................................................................... 172 5.4.2 EL DESPOJO DE TIERRAS EN COLOMBIA SEGÚN LA I-ENV_CGR-2013 ......................................................... 174 5.4.3 DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL DESPOJO ............................................................................................... 179 5.4.4 FORMA DE LA PROPIEDAD DE LOS DESPOJADOS ........................................................................................ 180 5.4.5 LOS DAÑOS MATERIALES Y MORALES ...................................................................................................... 182 5.4.6 RETORNO ......................................................................................................................................... 186 5.4.6.1 IGED –Retorno y reubicaciones .................................................................................................. 194
6 INSTITUCIONALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS (SNARIV) ..................................................................................................................................................... 195
6.1 MARCO NORMATIVO .............................................................................................................................. 195 6.2 PERCEPCIÓN DE LAS VÍCTIMAS SOBRE EL SNARIV ......................................................................................... 196 6.2.1 CONOCIMIENTOS DE LA INSTITUCIONALIDAD POR LA POBLACIÓN VÍCTIMA ..................................................... 197 6.2.2 ACCESO A LAS INSTITUCIONES ............................................................................................................... 200 6.2.3 CONFIANZA EN LA INSTITUCIONALIDAD .................................................................................................. 200 6.2.4 PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE GOBIERNO ........................................................................................ 201 6.2.5 ENTIDADES QUE HAN CONTRIBUIDO A RESTABLECER LA DIGNIDAD A LAS VÍCTIMAS.......................................... 203
7 CONCLUSIONES .................................................................................................................................... 206
8 ANEXOS ................................................................................................................................................ 216
8.1 INDICADORES DE GOCE EFECTIVO DE DERECHOS IGED CALCULADOS CON LA ENV-CGR 2013. ............................ 216 8.2 IGED PRINCIPALES ................................................................................................................................ 217 8.3 IGED COMPLEMENTARIOS ...................................................................................................................... 234
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ÍNDICE DE PROPOSICIONES
Proposición de resultado 3-1: Magnitud y subregistro. .................................................... 45
Proposición de resultado 3-2: Razones para no declarar en el RUV ................................ 47
Proposición de resultado 3-3: Razones para no ser incluidos en el RUV ........................ 48
Proposición de resultado 3-4: Desplazamientoy otros hechos victimizantes. .................. 50
Proposición de resultado 3-5: Número de desplazamientos ............................................. 51
Proposición de resultado 3-6: Dinámica del desplazamiento 1985-2013 ......................... 52
Proposición de resultado 3-7: expulsión y recepción de desplazados .............................. 56
Proposición de resultado 3-8: Centros urbanos con más desplazados .............................. 58
Proposición de resultado 3-9: Motivos del desplazamiento ............................................. 60
Proposición de resultado 3-10: Principales causas del desplazamiento forzado .............. 61
Proposición de resultado 3-11: Modalidad del desplazamiento ....................................... 62
Proposición de resultado 3-12: Modalidad y periodo de desplazamiento ........................ 63
Proposición de resultado 3-13: Modalidades de desplzamiento por región ..................... 65
Proposición de resultado 3-14: Presuntos autores del desplazamiento ............................ 66
Proposición de resultado 3-15: Presuntos autores del desplzamiento II ........................... 67
Proposición de resultado 3-16: Presuntos autores del desplazamiento III ....................... 69
Proposición de resultado 3-17: Presuntos autores del desplazamiento y modalidad ........ 70
Proposición de resultado 3-18: Presuntos autores del desplazamiento y regiones ........... 72
Proposición de resultado 3-19: Personas por hogar .......................................................... 75
Proposición de resultado 3-20: Composición étarea de la población desplazada ............ 76
Proposición de resultado 3-21: Tasa de dependencia económica ..................................... 79
Proposición de resultado 3-22: Pobreza e indigencia. ...................................................... 80
Proposición de resultado 3-23: Mercado laboral para las víctimas .................................. 83
Proposición de resultado 4-1: Ayuda humanitaria ............................................................ 88
Proposición de resultado 4-2: Ayuda humanitaria inmediata ........................................... 90
Proposición de resultado 4-3: Ayuda humanitaria inmediata II ....................................... 91
Proposición de resultado 4-4: Ayuda humanitaria de emergencia. ................................. 98
Proposición de resultado 4-5: Ayuda humanitaria de emergencia. ................................ 100
Proposición de resultado 4-6: Insuficiencia alimentaria. ................................................ 103
9
Proposición de resultado 4-7: Vulnerabilidad por inseguridad alimentaria. .................. 104
Proposición de resultado 4-8: Afiliación en salud .......................................................... 106
Proposición de resultado 4-9: Afiliación a seguridad social .......................................... 110
Proposición de resultado 4-10: Afiliación en salud II .................................................... 111
Proposición de resultado 4-11: Tratamiento de la enfermedad ...................................... 112
Proposición de resultado 4-12: Condiciones de crecimiento y desarrollo ...................... 117
Proposición de resultado 4-13: Embarazo y lactancia .................................................... 119
Proposición de resultado 4-14: Tasa de analfabetismo ................................................... 120
Proposición de resultado 4-15: años de escolaridad ....................................................... 123
Proposición de resultado 4-16: Tasas de cobertura educativas ...................................... 125
Proposición de resultado 5-1: Redefinición de las metas de reparación ........................ 133
Proposición de resultado 5-2: Otros hechos victimizantes inscritos y no inscritos ........ 134
Proposición de resultado 5-3: Indemnización administrativa I ...................................... 136
Proposición de resultado 5-4: Indemnización administativa II ...................................... 138
Proposición de resultado 5-5: Indemnización administrativa III. ................................... 138
Proposición de resultado 5-6: Indemnización administrativa IV. .................................. 139
Proposición de resultado 5-7: Indemnización administrativa ......................................... 140
Proposición de resultado 5-8: Ocupación laboral ........................................................... 146
Proposición de resultado 5-9: Vinculación laboral ......................................................... 147
Proposición de resultado 5-10: Vinculación laboral – Salario. ...................................... 147
Proposición de resultado 5-11: Tasa de dependencia por ocupado. ............................... 148
Proposición de resultado 5-12: Dependencia y jefatura del hogar. ................................ 149
Proposición de resultado 5-13: Tipo de vivienda. .......................................................... 157
Proposición de resultado 5-14: Condiciones de la vivienda. .......................................... 157
Proposición de resultado 5-15: Condiciones de la vivienda. .......................................... 158
Proposición de resultado 5-16: Subsidio de vivienda I. ................................................. 160
Proposición de resultado 5-17: Subsidio de vivienda II. ................................................ 161
Proposición de resultado 5-18: Hectáreas despojadas o abandonadas. .......................... 175
Proposición de resultado 5-19: Tipo y forma de posesión del bien. ............................... 179
Proposición de resultado 5-20: Despojo por tipo y región. ............................................ 180
Proposición de resultado 5-21: Forma de tenencia de la tierra despojada ...................... 181
10
Proposición de resultado 5-22: Años de tenencia del bien despojado ............................ 182
Proposición de resultado 5-23: Daños materiales causados a las víctimas .................... 183
Proposición de resultado 5-24: Bienes raíces rurales pérdidos ...................................... 184
Proposición de resultado 5-25: Bienes rurales y urbanos abandonados o despojados ... 185
Proposición de resultado 5-26: Daños morales causados a las victimas ........................ 186
Proposición de resultado 5-27: Intensión de retorno ...................................................... 188
Proposición de resultado 5-28: Condiciones para el retorno .......................................... 189
Proposición de resultado 5-29: Deseo de retorno ........................................................... 191
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SIGLAS
CGR Contraloría General de la República
DIH Derecho Internacional Humanitario
DNP Departamento Nacional de Planeación
ECI Estado de Cosas Inconstitucional
ENDS Encuesta Nacional de Demografía y Salud
ECV Encuesta de Calidad de Vida
IGED Indicadores de Goce Efectivo de Derechos
MADR Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
RUV Registro Único de Víctimas
RUPD Registro Único de Población Desplazada
SGSSS Sistema General de Seguridad Social en Salud
UARIV Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas
UGRTD Unidad de Gestión y Restitución de Tierras Despojadas
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1 Introducción
1.1 El monitoreo y seguimiento a la Ley de Víctimas
Con la expedición de la ley 1448 y del decreto 4800, ambos en 2011, el Estado colombiano recogió,
consolidó y reformuló la política de atención a la población que terminó siendo víctima de las
acciones del largo conflicto interno que ha tenido Colombia desde la segunda mitad del siglo XX
hasta el día de hoy. Entre las distintas medidas que se ordenaron a la Rama Ejecutiva como a los
órganos de control del Estado (Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo y
Procuraduría General de la Nación) está la de hacer el control, monitoreo y seguimiento a todos
los aspectos relacionados con la política de atención y reparación a las víctimas.
El propósito de la ley de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del
conflicto armado interno se definió entonces en los siguientes términos:
“Establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y
colectivas, en beneficio de las víctimas […], dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten
hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no
repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la
materialización de sus derechos constitucionales.”1
Ese objetivo y la decisión política del gobierno de reconocer el conflicto, la violación de
derechos humanos, la existencia del Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) y la necesidad de
reparar a las víctimas, implicó para el Estado, tomar las siguientes decisiones: crear una
institucionalidad específica como la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
(UARIV), la Unidad de Gestión y Restitución de Tierras Despojadas (UGRTD), el Centro de
Memoria Histórica, un mecanismo de participación de las víctimas y todo el andamiaje de Sub-
comités y de relaciones interinstitucionales entre las entidades del Estado, y adoptar y mantener
actualizados los sistemas de registro de la población víctima y de las solicitudes de restitución de
tierras.
1 Congreso de la República, (2011). Ley de víctimas 1448, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y
reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No.
48096 del 10 de junio. Imprenta Nacional.
13
La nueva ley previó así la existencia de un mecanismo de seguimiento y monitoreo a los
procesos de diseño, planeación y ejecución de la política para las víctimas del conflicto interno,
con dos componentes. El primero, corresponde a la rama ejecutiva y es definido por el artículo
161 de la Ley 1448 de 2011 que dispone la existencia de un sistema de información “con el fin de
llevar a cabo el monitoreo, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las responsabilidades
atribuidas en el marco de la ley”. En consecuencia fueron creados los siguientes instrumentos: el
Registro Único de Víctimas,2 el Reporte Unificado del Sistema de Información, Coordinación y
Seguimiento Territorial (RUSICST),3 ampliación de la categoría de desplazados dentro del
Formato Único Territorial (FUT), un sistema de certificación a las entidades nacionales y
territoriales del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Registro de
Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, un sistema de Indicadores de Goce Efectivo de
Derechos de la Población Víctima (IGED) y unos indicadores de coordinación entre las entidades
nacionales y territoriales. Los anteriores sistemas de información deben, según la ley, integrarse
en un plan de seguimiento y monitoreo4.
El segundo componente, es la Comisión de Seguimiento y Monitoreo. Efectivamente, en
el artículo 201, la Ley 1448 de 2011, estableció una Comisión conformada por tres representantes
de las víctimas, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría
General de la República.
Por su parte, la Corte Constitucional con anterioridad a la ley 1448 de 2011 había
propiciado la creación de un sistema de indicadores de medición de los derechos que han sido
violados a las víctimas. Así, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 ordenó que las
entidades competentes serían responsables de crear una batería de Indicadores del Goce Efectivo
de Derechos (IGED) para el seguimiento y monitoreo continuo a la implementación y los
2Ibíd., arts. 153 a 158. 3Decreto 4800, art. 260. 4“[…] programar las herramientas necesarias para ejecutar y realizar seguimiento y monitoreo al sistema de
información que permita el manejo e intercambio de la información sobre las víctimas, entre las diferentes
instituciones del Estado que las atiendan, con el fin de garantizar una rápida y eficaz información nacional y regional”
(art. 176 - Ley 1448/11).
14
resultados de las políticas públicas orientadas a promover, salvaguardar y dar cumplimiento a la
garantía de los derechos humanos de estas familias.
A su vez, el Decreto 4800 de 2011, reglamentario de la Ley 1448, en su artículo 260 define
los mecanismos de seguimiento y evaluación del Goce Efectivo de Derechos que establecen el
diseño y coordinación de una batería de Indicadores por parte del Departamento Nacional de
Planeación (DNP) y de la UARIV. En consecuencia, en el mes de febrero de 2013, el gobierno
presentó dicha batería de indicadores a la Corte Constitucional. Esta batería contempla un sistema
de indicadores que se espera permita medir el goce efectivo de 23 derechos entre los que se
encuentran: la subsistencia mínima, salud, educación, vivienda, trabajo y generación de ingresos,
integridad, indemnización, alimentación y satisfacción.
Con esos antecedentes la CGR constituyó un grupo de trabajo, mediante las resoluciones
internas 6486 y 6898 de 2012 e incorporó una serie de actividades misionales al seguimiento y
monitoreo a la política pública de atención a la población víctima del conflicto armado. De este
equipo, se han derivado una serie de actividades que se consideran necesarias para hacer
seguimiento, control fiscal, control de gestión y resultados y propiciar que las instituciones del
Estado encargadas de atender a las víctimas hagan mejor su tarea y se avance en el cumplimiento
de la ley y de los requerimientos que realiza la Corte Constitucional al Gobierno Nacional.
Una de esas actividades de seguimiento se tradujo en la realización de la Primera Encuesta
Nacional de Víctimas de la Contraloría General de la República (I-ENV_CGR-2013), 5 con la cual,
la Corte Constitucional, el Congreso de la República y la ciudadanía tendrán una línea base de
5 Las otras actividades desarrolladas por el equipo de seguimiento y monitoreo de la CGR se pueden clasificar en
cinco: la primera, auditorías regulares a la Unidad de Gestión y Restitución de Tierras Despojadas (UGRTD), a la
Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación de Víctimas (UARIV), al Centro de Memoria Histórica,
de las cuales, hasta el momento, hemos realizado tres a la UARIV (2012, 2013 y 2014), dos a la UGRTD (2012, 2013).
La segunda, es la realización de actuaciones especiales en materia de política de tierras (2013, 2014), sistemas de
información e indemnización administrativa (2013), evaluación de las políticas de asistencia, atención, reparación,
prevención y protección (2013, 2014). La tercera actividad es el control fiscal participativo en varios municipios de
Colombia, en las temáticas de vivienda y resolución de conflictos por la tierra. La cuarta, el seguimiento a los autos
de la Corte Constitucional en materia de mujeres (2013), ayuda humanitaria (2013), atención a comunidades étnicas
(2013ª, 2013b) y el seguimiento a los decretos-ley emitidos para la atención de tales comunidades (Indígenas, Rrom
y Afros), entre otros. La quinta, es la realización de análisis de contexto con las voces y testimonios de las víctimas
en los departamentos de Bolívar, Nariño, Meta, Sucre y la región del Magdalena Medio, el cual, dio como resultado
el libro Espacios vividos. Territorios despojados (2014).
15
caracterización de las víctimas desplazadas así como del estado de avances en la ejecución de la
política de atención y reparación y aportar elementos de juicio necesarios para redefinir las metas
y recursos establecidos en 2011, que a partir de esta Encuesta, tendrían que ser modificados con el
fin de dar pleno cumplimiento a la reparación de las víctimas.
Es conveniente recordar que por línea base se entiende “[…] la medición de todos los
indicadores contemplados en el diseño de un proyecto de desarrollo social, […] es decir, establece
el 'punto de partida' del proyecto o intervención”6, en este caso, el punto de partida fue definido en
los documentos Conpes 3712 de 2011 y 3726 de 2012 y ahora en 2014 la CGR con la Encuesta
propone su redefinición, en la sección 1.3 de este capítulo introducimos algunos elementos de
juicio con ese fin, así como en la conclusión.
El documento que a continuación se presenta es el primer informe que recoge los resultados
principales y representativos de la I-ENV_CGR-2013. La decisión de hacer una encuesta sobre la
situación de la población víctima remite a la necesidad de complementar los registros
administrativos que presentan dificultades en su construcción y mantenimiento e imponen límites
al proceso de planear, diseñar y ejecutar la política pública de atención y reparación a las víctimas
del conflicto interno en el Estado colombiano. Dicha política ha llegado a su versión más completa
con la expedición de la ley 1448 de 2011 y los Decretos-Ley 4635 de Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, 4634 de pueblos Rrom y 4633 de Pueblos y
Comunidades Indígenas.
El seguimiento puede ser entendido como:
“[…] un trabajo permanente a través del cual se hace una constante recolección de información sobre
indicadores específicos para conocer el progreso y logro de los objetivos relacionados con el uso de
unos recursos asignados”. De esta manera el seguimiento pretende monitorear los avances de los
principales indicadores […], generar rutinas de seguimiento a los principales actores involucrados en el
proceso; verificar y analizar la información utilizando diferentes fuentes […] así como la percepción de
la población respecto de los bienes recibidos […]”7.
6 Aramburu, Carlos Eduardo (2001). “Métodos y técnicas de investigación social”. Gerencia social. Diseño, monitoreo
y evaluación de proyectos sociales. Lima-Perú: Universidad del Pacífico. 7 Ministerio del Interior de Colombia (2012), “Guía para la formulación y ajuste de los Planes de acción
departamentales, municipales y distritales para la prevención, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas
del conflicto armado”, p.45.
16
El esquema de monitoreo y seguimiento a la ley de víctimas entonces debe contar con los
siguientes componentes, como se observa en el gráfico 1.1:
Primero, un sistema de registros administrativos de carácter cuantitativo y cualitativo. Este
es el caso de del registro de personas víctimas y de hechos victimizantes (Registro Único de
Víctimas –RUV- administrado por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas –
UARIV), una bitácora del conflicto (también administrada por la UARIV), del despojo de tierras
(Registro Único de Tierras administrado por la Unidad de Gestión de Tierras Despojadas -
UGRTD) y además, un sistema cualitativo para tener información sobre condiciones socio-
económicas. Por supuesto, también es posible tener condiciones cualitativas derivadas del despojo
de tierras, como del seguimiento a las acciones del conflicto interno.
Gráfica1.1.- Estructura del seguimiento y monitoreo
Segundo, producto del registro, es preciso que exista un sistema de indicadores con el cual
se pueda hacer el seguimiento en distintos cortes del tiempo. Así, de cada registro surgen
17
indicadores de la dinámica poblacional, del goce efectivo de derechos, de la dinámica del conflicto,
del grado de despojo o abandono de tierras. También es necesario tener indicadores socio-
económicos (nivel de empleo, de pobreza, de alfabetización o de afiliación en salud) e indicadores
de condiciones políticas. El tercer componente es la caracterización que resulta de tener un buen
registro y un sistema de indicadores completo.
Así se construye el mapa ideal para el seguimiento de las dinámicas del conflicto, la
reparación y la restitución a las víctimas. Sin embargo, son bien conocidas las deficiencias que
presentan los registros administrativos a pesar de los esfuerzos ingentes que ha hecho el gobierno
para su mejoría.8 Es el caso del registro de personas y hechos victimizantes, que ha tenido una
mejora progresiva; asimismo, la bitácora del conflicto que, gracias a su reporte diario es un buen
instrumento de medición que se acerca con mayor precisión a la realidad de los hechos; también,
el Rusisct ha tenido un avance notable, pero deja a la discrecionalidad y buen juicio de los entes
territoriales su diligenciamiento, el registro de tierras igualmente sigue en un proceso de mejora
pero su alcance es todavía limitado. En todos los casos, se observa la forma como el Estado captura
algunos elementos, ya sea datos de las víctimas o información relevante acerca de su propia gestión
con la cual espera realizar ajustes en la política pública.
En el caso que nos ocupa, la I-ENV_CGR-2013 cumple un papel fundamental en la
definición de los mismos tres componentes citados de registro, indicadores y caracterización. Lo
diferente reside en que se obtiene en un único momento un registro completo de la mayor parte de
la política pública implementada, se registra la percepción de las víctimas sobre su propia situación
y de la acción del Estado en relación con ellas. No se pretende reemplazar el registro, sino
complementarlo en aras de su mejoría y en tener un diagnóstico comprensivo de lo que pasa con
la política de atención y reparación a las víctimas.
8 Los distintos informes de auditoría, así como las actuaciones especiales realizadas por la CGR al SNARIV dan
cuenta de ello.
18
1.2 Antecedentes del seguimiento a la política de víctimas, 1997-2011
Antes de la expedición de la ley 1448, la política de atención y reparación había sido
errática o incompleta en su diseño y ejecución, en los aspectos antes descritos de registro, diseño
de indicadores y caracterización de la población en situación de desplazamiento forzado (PSDF).
De ello hay una larga evidencia en la normatividad expedida a lo largo del periodo de 1997 a
20119, en la expedición de Sentencias y autos de seguimiento de la Corte Constitucional, así como
en los informes de la Procuraduría General de la Nación, las organizaciones internacionales como
ACNUR y en otros organismos no gubernamentales.
Para los distintos gobiernos que ha habido desde 1997, la principal fuente de registro ha
sido el Registro Único de Población Desplazada (RUPD), con el cual se estableció la puerta
entrada a la política de atención al desplazamiento. Para los demás analistas y críticos el RUPD,
ese registro no daba cuenta de cuántas eran las personas en situación de desplazamiento, tampoco
registraba a todos los que solicitaban su inclusión generando altas tasas de rechazo y dejaba por
fuera una gran cantidad de población sin registrar.10
La situación del registro de personas y de hechos victimizantes, se empezó a aclarar desde
que la Corte Constitucional ordenó a las entidades del ejecutivo incluir a la población desplazada
en el registro, adicionalmente solicitó al gobierno la identificación de los gastos para la población
víctima en la ley anual de presupuesto después de 2006, con lo cual, se avanzó en la posibilidad
de mantener un registro adicional sobre los recursos asignados para dicha política. Eso produjo
como resultado, que los recursos públicos para la atención a las víctimas pasaran de $20 mil
millones en 2000 a $675 mil millones en 2006 y a $2.285 mil millones en 2011. La ley 1448 de
2011 ha hecho más transparente ese proceso y ha incrementado sustancialmente los recursos
triplicando la cifra de 2011. Como se verá en los resultados de esta Encuesta, esos recursos siguen
siendo insuficientes.
9 Ley 387 de 1997; los Conpes 2804 de 1995, 2924 de 1997, 3057 de 1999, 3400 de 2005. 10La Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional, entre los principales autos proferidos por la Corte el 218 de
2006 y el 219 de 2011.10 Para una discusión sobre este tema se puede ver: Guataquí, Juan Carlos. (2010). ¿Cómo
medir la magnitud del problema? La dimensión del desplazamiento en Colombia: problemas del sistema de registro y
caracterización de la población desplazada. En Garavito, César Rodríguez (Ed.), Más allá del desplazamiento.
Políticas, derechos del desplazamiento forzado en Colombia (pp. 38-71). Bogotá, D.C: Universidad de los Andes.
19
En cuanto a la caracterización la situación no era menos difícil antes de 2011, porque las
posibilidades de su realización estaban sujetas a la existencia del registro RUPD, así pues el
conocimiento sobre los grupos familiares, la participación de las mujeres como cabeza de familia
única dentro del hogar, el número de niños y jóvenes, los niveles de pobreza, son aspectos entre
otros muchos, que fueron evaluados a la luz de situaciones coyunturales derivadas de las demandas
de la Corte Constitucional y no como situaciones estructurales derivadas del conflicto armado.
A los problemas de registro y caracterización se sumaron los derivados del conflicto
creciente. Así, hoy sabemos con base en el RUV, que cuando en 1997 se formuló la ley 387, existía
más o menos medio millón de personas en situación de desplazamiento y cerca de 250 mil personas
que habían padecido otros hechos victimizantes violatorios de sus derechos humanos
fundamentales; cuando fue expedida la Sentencia T-025 de 2004 la PSDF superaba los 3,1
millones mientras que los otros hechos victimizantes llegaban a 644 mil; en 2011 al momento de
expedir la ley 1448 de 2011, la PSDF era de 5,2 millones, en tanto que, los otros hechos
victimizantes 865 mil. Las víctimas del conflicto fueron creciendo mucho más rápido que la
capacidad de las instituciones estatales para atenderlas, en una dimensión sin precedentes en la
historia reciente de Colombia.
A manera de ilustración de la dimensión regional del problema, las cifras recientes
muestran que, entre 1984 y 2013 fueron desplazados en los departamentos de Sucre 171.944
personas, en Meta 163.086 personas, en Magdalena 331.880 personas, en la región del Magdalena
Medio 332.102 personas, en todas esas zonas la curva ascendente del conflicto ocurre entre finales
de los noventa y comienza a disminuir después de 2008; en Nariño que ha acumulado 269.824
personas en el mismo periodo la tendencia es distinta, así, los desplazamientos masivos se aceleran
después de 2000 y si bien comienza a descender en 2008, la caída más significativa comienza sólo
en 2013.11
11 Cuartas, Gloria, Martínez, Marcela, & Villamizar, Juan Carlos. (2014). Espacios vividos. Territorios despojados.
Bogotá, D.C: Contraloría General de la República.
20
En consecuencia, en el periodo 1997-2011, el Estado en todos sus niveles, nacional,
departamental y territorial, se vio abocado a enfrentar una problemática que fue creciendo, en la
cual las víctimas que huyen de la violencia se ven obligadas a reconstituir sus vidas en nuevos
espacios.
En el ámbito internacional el reconocimiento del desplazamiento, el despojo material y sus
consecuencias morales sobre las personas afectadas se tradujo en la expedición de dos conjuntos
de principios rectores de aplicación universal en este tipo de situaciones. El primero, refiere a la
protección de los derechos humanos en situaciones de éxodo en masa y de personas desplazadas
conocido como los Principios rectores de los desplazamientos internos o Principios Deng,
presentado al Secretario General de las Naciones Unidas en 1998.12 A partir de allí las Naciones
Unidas buscó tratar las necesidades específicas del desplazamiento interno en los países y
establecer los derechos y garantías necesarios para su protección.
“Reafirman las normas aplicables a los desplazados internos, que se encuentran sumamente dispersas
en los instrumentos existentes, esclarecen las ambigüedades que puedan existir y tratan de colmar las
lagunas identificadas en la compilación y análisis. Se aplican a las diferentes fases de los
desplazamientos, ya que conceden protección contra los desplazamientos arbitrarios, proporcionan
acceso a la protección y asistencia durante los desplazamientos y garantías durante el regreso o el
asentamiento y la reintegración sustitutorios”.
El segundo conjunto de principios rectores emanado de las Naciones Unidas llegó en 2005
con la expedición de los Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los
refugiados y las personas desplazadas, conocidos también como Principios Pinheiro,13 los cuales,
tienen la característica especial de atender el derecho que le asiste a las personas que “se hayan
visto privadas de forma arbitraria o ilegal de sus anteriores hogares, tierras, bienes o lugares de
residencia habitual.”14
12Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. (1998). Derechos humanos, éxodos en masa y personas
desplazadas. Informe del Representante del Secretario General, Sr. Francis M. Deng, presentado con arreglo a
la resolución 1997/39 de la Comisión de Derechos Humanos. Adición. Principios Rectores de los desplazamientos
internos.http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0022. 13Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. (2005). Principios sobre la restitución de las viviendas y el
patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas. Informe definitivo del Relator Especial, Sr. Paulo Sergio
Pinheiro. Descargado de: www.acnur.org/biblioteca/pdf/3791.pdf. 14Ibíd., p. 6
21
Con este informe y las demás actividades desarrolladas en el cumplimiento de su deber de
control, seguimiento y monitoreo a la ley de víctimas y restitución de tierras (informes de auditoría,
de análisis de política pública, de gestión fiscal participativa, de análisis de contexto regional y
local del conflicto) la CGR atiende a la normatividad internacional y nacional y aspira a contribuir
al mejor conocimiento desde el punto de vista fiscal, de la tragedia humanitaria de las víctimas en
Colombia, para que con ello, las autoridades competentes tomen las mejores decisiones de
reparación y restitución.
1.3 El contenido de este informe
La redefinición de las metas de la política de atención y reparación a las víctimas es uno
de los principales resultados que se derivan de la I-ENV_CGR-2013. Como se observa en el cuadro
1.1, en cinco aspectos principales de la ley el gobierno tendría que hacer ajustes y establecer nuevas
proyecciones de gastos de reparación.
El primer aspecto, remite al universo de las víctimas desplazadas, en que la I-ENV_CGR-
2013 reporta un incremento en 1.7 millones de personas y 770 mil grupos familiares adicionales
con respecto a los documentos Conpes que le dieron operatividad a la ley. Si a lo anterior
agregamos las personas víctimas por otros hechos victimizantes el universo de reparación se
amplía notoriamente. Conviene señalar que en la actualidad el RUV ya reconoce ese universo sin
el sub-registro, pero esa evidencia no ha derivado en la redefinición de los planes de acción como
de financiamiento de la política de atención y restitución.
El segundo aspecto, refiere al sub-registro de 805 mil personas que todavía no han sido
incorporadas en el RUV, eso exigiría una más decidida por parte de la UARIV para encontrar y
registrar a las víctimas desplazadas; para ello, sería necesario cambiar la acción por demanda hacia
una acción por oferta.
El documento conpes 3712 de 2011 estimaba que 360.000 grupos familiares serían objeto
de restitución, y que de ellos 215.000 retornarían al lugar del que fueron despojados; lo anterior,
equivaldría a una tasas de retorno del 60% estimada por el gobierno en 2011. Hoy, con la I-
22
ENV_CGR-2013 sabemos que sólo 94.294 grupos familiares declararon haber retornado (6,8%).
Y, como se verá, la declaración de las víctimas desplazadas sobre su intención de retornar es sólo
del 26%, sobre un universo de 1.388.591 grupos familiares. En el capítulo correspondiente, se
observan las diferencias en la intención de retorno entre los que tenían bienes y los que no. De
manera que, la política requiere de una evaluación muy profunda, para saber lo que está pasando
con el retorno.
Cuadro 1.1. Costos sub-estimados en la política de atención
y reparación a las víctimas
El cuarto aspecto temático que impacta la política de víctimas es el relacionado con el
tamaño del despojo de tierras. Mientras la Unidad de Tierras estima un despojo de 4.352.395
hectáreas realizado a 360.000 grupos familiares, la I-ENV_CGR-2013 encontró que el despojo o
abandono llega a 7.668.423 hectáreas a 576.265 grupos familiares, es decir que hay un sub-registro
estimado de tierras despojadas en 3.316.028 hectáreas y 289.856 grupos familiares. El Conpes
3712 estimó que el costo de la restitución por hectárea sería de $677,5 mil pesos para un total en
los diez años de implementación de la política de $2.949 mil millones, con la nueva línea base
definida por la I-ENV_CGR-2013 y considerando que el costo por hectárea es el mismo, en los
diez años ese valor sería de $5.196 mil millones para una subestimación de $2.247 mil millones.
Temas Conpes 3712 / 11 y
Conpes 3726/12
I-ENV_CGR-
2014Diferencias
1. Universo de las víctimas desplazadas
Grupos Fami l iares 618.000 1.388.591 770.591
Personas 3.875.987 5.611.984 1.735.997
2. Registro
Total 3.875.987 5.611.984 1.735.997
RUV 3.875.987 4.806.334 930.347
No RUV 805.650 805.650
3. Retorno
Grupos Fami l iares 215.000 94.424 -120.576
% 0,60 0,068 -0,53
4. Despojo en tierras
Grupos Fami l iares (Conpes) 360.000 576.265 216.265
Grupos Fami l iares (UGRTD) 286.409 576.265 289.856
Hectáreas (UGRTD) 4.352.395 7.668.423 3.316.028
Costo Total (Mi les de Mi l lones) 2.949 5.196 2.247
Costo por hectárea resti tuida (pesos) 677.558 677.558 0
5. Indemnización administrativa
Total 6.395 23.095 16.700
Desplazamiento (Mi les de Mi l lones) 3.644 23.095 19.451
Otros Hechos (Mi les de Mi l lones) 2.751
Subtotal subestimación de costos 6.593 28.291 21.698
Fuente: Documentos Conpes, I-ENV_CGR-2014
23
La indemnización administrativa es el quinto aspecto que se ve impactado por los nuevos
resultados, el Conpes 3712 estableció una suma total de $6.395 mil millones, con el nuevo universo
de las víctimas por desplazamiento el monto total para el período de vigencia de la ley sería de
$23.095 mil millones.
Los aspectos señalados, derivados de la I-ENV_CGR-2013 ponen en evidencia, que hay
una situación de subestimación de la política de asistencia, atención y reparación de $21.698 mil
millones, en consecuencia, la discusión sobre la redefinición de las metas y recursos, debe partir
no de $54,903 mil millones sino de $76.601 mil millones.
El presente informe se compone de siete capítulos, que en su contenido abordan desde la
explicación de la metodología empleada para adelantar la encuesta, hasta la presentación de los
principales resultados, distribuidos de acuerdo con los componentes de la ley. La primera parte es
esta introducción; el segundo capítulo, contiene la metodología desarrollada en la encuesta, los
objetivos, el tamaño y diseño muestral, el alcance de los resultados, la estructura temática del
formulario, el desarrollo de las etapas de prueba piloto, el operativo de campo y la producción de
resultados.
El tercer capítulo, trata de la caracterización de la población en situación de
desplazamiento, aquí exponemos la situación dicha población a partir de dos grandes aspectos:
uno, las características de la victimización por desplazamiento, dentro de las cuales, están la
magnitud del desplazamiento forzado, el sub-registro, los hechos victimizantes adicionales al
desplazamiento y la periodización de los mismos, la geografía del desplazamiento, los principales
motivos que causan este fenómeno, las modalidades del mismo y los presuntos autores. Con la
evaluación de los anteriores aspectos la CGR busca mostrar el panorama amplio de lo que ha sido
el desplazamiento que ha derivado en una crisis humanitaria nunca antes vista en Colombia.
El segundo aspecto, trata de las características socioeconómicas de la población en
situación de desplazamiento. Se tuvieron en cuenta diversas variables como: tamaño de los
hogares, el género, la educación, tasa de dependencia económica y los niveles de pobreza. Aquí el
24
énfasis está en mostrar las brechas que se han creado en la población en situación de
desplazamiento con respecto a toda la población Colombiana. Junto a la violación masiva de los
derechos humanos ha ocurrido un proceso de empobrecimiento de la población, de pérdida de
activos, de ampliación de la distancia en los niveles de pobreza e indigencia, de generación de
rezagos en la salud y educación del 11,9% de la población de Colombia.
Con el conflicto, los colombianos hemos perdido buena parte de los avances que se habían
logrado antes de iniciada la crisis humanitaria del desplazamiento a comienzos de los ochenta. La
conclusión, sin embargo, no debe llevarnos a pensar que la solución es el desarrollo masivo de
políticas de superación de la pobreza para hacer de los más pobres, sólo pobres, como el resto de
los colombianos, se trata de reconocer, como lo hace la ley de víctimas 1448 de la necesidad de
una reparación material y moral, en condiciones de dignidad que le permita a las víctimas tener
una nueva oportunidad de recomponer sus proyectos de vida.
El cuarto capítulo, se ocupa de los resultados relacionados con los componentes de
asistencia y atención. Se incluye ayuda humanitaria, en sus tres modalidades: inmediata,
emergencia y transición; también trata de la asistencia en dos aspectos educación y salud. Aquí
orientamos el análisis hacia la gestión del gobierno en aquellos componentes en los que se ha
gastado la mayor parte de los recursos, en los tres años de vigencia de la ley.
El quinto capítulo, remite al segundo gran componente de la ley de víctimas, a las medidas
de reparación. Hemos consignado las más representativas, a saber, los resultados en materia de
indemnización administrativa, generación de ingresos, la situación de la vivienda para la población
desplazada, la situación de despojo y abandono de los bienes de la población víctima. Igualmente,
incluimos en este capítulo la percepción que la población víctima tiene del retorno. En este
capítulo, se revela la magnitud de lo que puede significar la reparación administrativa y sus costos
probables. Con estos datos la CGR avanza en la determinación de esos costos, ofrece una base
muy sólida y confiable que permitirá hacer estimaciones más detalladas en el futuro. La base sobre
la cual se hicieron los cálculos del Conpes 3712 de 2011 para el financiamiento de la ley 1448 y
del Conpes 3726 de 2012 como plan de reparación, ha sido rebasada por completo, por el número
de víctimas, por el tamaño del despojo, por los montos de indemnización administrativa a que
25
tienen derecho las familias víctimas, por la carencia de vivienda y también por lo limitado de los
programas de generación de ingresos.
Cuadro 1.2. Resumen del cálculo de los Indicadores de Goce Efectivo de Derechos
Total RUV No RUV Total RUV No RUV
Valores Cve (%)
IGED Subsistencia Mínima – Ayuda Humanitaria Inmediata 34,0 34,6 25,5 4,6 4,6 23,1
IGED complementario. Subsistencia Mínima – AHI - Alimentación 61,0 62,7 32,5 1,4 1,5 6,6
IGED complementario. Subsistencia mínima – AHI – Alojamiento 39,1 40,7 17,2 2,2 2,3 10,1
IGED complementario. Subsistencia mínima – AHI – Kit de habitabilidad 44,0 46,8 5,5 2,0 2,0 19,0
IGED complementario. Subsistencia mínima – AHI – Atención en salud 43,6 44,4 35,7 2,0 2,1 6,2
IGED Subsistencia Mínima – Ayuda Humanitaria de Emergencia 49,9 2,4
IGED complementario. Subsistencia mínima – AHE – Afiliación en salud43,2 2,2
III. Ayuda
humanitaria de
transición
IGED Subsistencia Mínima – Ayuda Humanitaria de transición
73,2 1,8
IV. Seguridad
Alimentaria IGED Seguridad Alimentaria 54,1 53,7 56,1 0,9 1,0 2,3
V. Salud IGED Salud - Afiliación 93,5 93,9 90,8 0,3 0,3 0,8
IGED Salud - Atención 91,1 91,2 91,0 0,7 0,8 2,0
IGED complementario Salud - Afiliación Régimen Contributivo Especial 13,3 12,5 18,3 2,4 2,7 5,4
IGED complementario Salud - Afiliación Régimen Subsidiado 80,0 81,2 72,4 0,5 0,5 1,6
IGED Salud - Atención psico-social 0,2 0,2 0,1 21,5 21,9 111,9
IGED Salud - Vacunación 81,1 81,0 81,6 1,4 1,6 4,0
IGED complementario Salud - Vacunación - Pentavalente 85,5 85,1 88,2 1,7 1,9 4,3
IGED complementario Salud - Vacunación - Tripleviral 84,8 84,4 87,5 1,8 1,9 4,5
VI. Educación IGED - Educación - Cobertura educación básica 86,5 86,6 85,9 0,6 0,7 1,9
IGED - Educación - Cobertura en educación superior 9,5 9,0 13,5 8,8 9,7 21,3
IGED - Indemnización administrativa 14,8 14,8 13,9 14,8 14,9 125,4
IGED complementario. Indemnización administrativa – vía administrativa 19,6 18,1
IGED complementario. Indemnización administrativa – vía judicial 10,6 10,5 13,9 24,6 25,2 125,4
IGED comp. Indemnización administrativa – Otros hechos -vía administrativa 50,5 11,0
IGED comp. Indemnización administrativa – Otros hechos -vía judicial 54,8 55,1 53,0 8,8 9,3 25,9
IGED – Generación de ingresos – Dependencia económica 54,0 53,1 58,3 2,2 2,5 5,2
IGED – Generación de ingresos – Ingresos superiores a la línea de indigencia 64,5 63,6 68,8 1,8 2,0 4,2
IGED – Generación de ingresos – Ingresos superiores a la línea de pobreza 20,0 18,9 25,7 4,9 5,5 10,5
IGED comp. Generación de ingresos – ingresos personas de 60 y más 68,0 67,9 68,4 3,9 4,3 8,9
IGED complementario. Generación de ingresos – Asalariados 55,5 55,7 54,1 2,2 2,4 5,7
IGED complementario. Generación de ingresos – Independientes 55,1 55,3 54,3 2,2 2,4 5,7
IX. Vivienda IGED Vivienda Total 11,3 10,8 14,1 7,1 7,9 16,0
IGED complementario. Vivienda - Seguridad jurídica de la vivienda 24,0 22,2 33,5 4,5 5,1 9,1
IGED complementario. Vivienda - Sin hacinamiento 72,1 71,3 76,3 1,6 1,7 3,6
IGED complementario. Vivienda - Materiales apropiados 65,9 65,1 70,0 1,8 2,0 4,2
IGED complementario. Vivienda - Ubicación 77,3 77,0 79,0 1,4 1,5 3,3
IGED complementario. Vivienda - Servicios públicos domiciliarios 56,1 55,5 59,0 2,2 2,4 5,4
IGED sectorial. Vivienda - Subsidios de vivienda 30,8 6,5
IGED Restitución de Tierras 3,2 3,4 84,8 84,2 -
IGED complementario. Restitución de tierras - restitución o compensación 3,2 3,4 84,8 84,2
XI. Retornos y
reubicaciones IGED Retornos y reubicaciones 6,6 51,6
XII. Identificación IGED Identif icación 52,5 52,1 54,8 2,3 2,5 5,6
IGED complementario. Identif icación - Mayores de 18 años con cédula 97,4 97,4 97,6 0,2 0,2 0,5
IGED complementario. Identif icación - De 7 a 17 años contarjeta y registro 6,1 7,4 5,6 7,0 7,4 21,0
IGED complementario. Identif icación - De 0 a 6 años con registro civil o NIUP 99,0 99,1 98,2 0,2 0,2 0,8
IGED complementario. Identif icación - Hombres de 18 a 50 con libreta militar 30,2 30,2 29,9 3,4 3,7 8,9
XIII. Protección IGED Protección y garantía de no repetición 12,8 12,8 12,7 4,6 5,0 12,0
IGED complementario. Protección - Victimas con un nuevo desplazamiento 6,8 6,8 6,8 6,5 7,1 17,0
XIV. Rehabilitación IGED rehabilitación 0,6 0,7 0,1 12,6 12,7 84,3
IGED comp. Rehabilitación - Recepción de atención para la rehabilitación 7,9 8,5 3,2 22,4 22,6 115,5
IGED complementario. Rehabilitación - Recepción de atención física 0,3 0,3 - 94,1 94,1
IGED complementario. Rehabilitación - Recepción de atención psicológica 1,4 1,7 0,1 39,8 39,9 412,1
XV. Satisfacción IGED Satisfacción 1,3 1,5 0,1 15,4 15,5 133,5
IGED complementario. Satisfacción - Medidas de satisfacción concretadas 0,6 0,7 - 22,3 22,3 300,9
XVI. Seguridad IGED Seguridad 1,3 1,4 0,8 15,3 16,1 50,7
Total Indicadores principales 21 21 17
Total Indicadores complementarios 33 33 27
Total 54 54 44
152
Fuente: I Encuesta Nacional de Víctimas - CGR-2013
X. Restitución de
tierras
Derecho Definición
I. Ayuda
humanitaria
inmediata
II. Ayuda
humanitaria de
emergencia
VII. Indemnización
administrativa
VIII. Generación
de ingresos
26
En los capítulos tres a cinco, se presenta a lo largo del desarrollo de los temas relacionados
el cálculo de los IGED, donde se especifica la fórmula, el alcance del indicador, el nivel en
términos de hogares o personas y se presenta para cada resultado, los incluidos en el RUV, los no
incluidos y el total. La tabla que a continuación se presenta resume los resultados en términos de
valores y sus respectivos coeficientes de variación.
El capítulo seis, trata de los mecanismos de participación y la percepción de las víctimas
del desplazamiento acerca de las instituciones en los niveles regional y nacional. El capítulo siete
recoge las conclusiones, sobre todos los componentes mencionados. Todo lo anterior, se
constituirá en la línea base de evaluación y seguimiento a la política pública de atención y
reparación a las víctimas. Por supuesto, también es una propuesta que puede permitir al gobierno
hacer los ajustes y correctivos necesarios para mejorar la aplicación de la ley 1448 de 2011 y
cumplir con la sociedad en 2021.
Finalmente, la presentación de este informe ha querido privilegiar algunos aspectos de
edición que no reemplazan el contenido y favorecen la lectura del mismo. La mayor parte de los
datos se presentan en forma gráfica para su mayor comprensión del público y en particular de las
propias víctimas. Se incluye un anexo de tablas con los principales cuadros de salida en los que se
incorpora los datos con su correspondiente coeficiente de variación; esto, con el fin de informar al
lector especializado que desee corroborar la información estadística que aquí se presenta. Con el
fin de enfatizar y hacer más clara la lectura de la información de la encuesta hemos diseñado un
conjunto de proposiciones de resultado que servirán de soporte como una de las fuentes de la línea
base derivada de esta Encuesta.
27
2 Diseño Metodológico
A continuación se presentan los principales aspectos metodológicos diseñados e
implementados para realizar la I-ENV_CGR-2013. En lo que sigue se establece la base legal que
sustenta la encuesta, los objetivos y el conjunto de procesos y procedimiento técnicos desde el
diseño muestral hasta los resultados esperados.
2.1 La Primera Encuesta Nacional de Víctimas, I-ENV_CGR-2013
La I-ENV_CGR-2013 es un proyecto adelantado por la CGR mediante un contrato
celebrado con el Centro de Investigaciones para el Desarrollo -CID-, de la Universidad Nacional
de Colombia y bajo la supervisión de Chemonics – USAID, desarrollado entre mayo de 2013 y
marzo de 2014.15
2.2 Objetivo General
La I-ENV_CGR-2013 busca hacer la caracterización de la población víctima desplazada
de Colombia entre 1985 y 2013 y establecer la línea base para la realización del seguimiento y
monitoreo a la política de asistencia, atención y restitución de la población víctima del conflicto
armado en Colombia.
2.3 Objetivos específicos
El primer objetivo de la I-ENV_CGR-2013 busca medir cuantitativamente el grado de
realización de los derechos de la población en situación de desplazamiento forzado. Se tomó en
consideración, en el marco de la ley 1448, que además del desplazamiento muchas de esas personas
han sido objeto de otros hechos victimizantes. Para lo cual se contó con la base de Indicadores de
Goce Efectivo de Derechos (IGED) que había sido presentada a la Corte Constitucional en 2013 y
con otros indicadores derivados de la ley de víctimas y los decretos reglamentarios que surgieron
del análisis realizado por el equipo de la CGR.
15 Contrato Interadministrativo 225 de 2013 firmado entre la Contraloría General de la República y el Centro de
Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia.
28
El segundo objetivo busca caracterizar las condiciones de vida de la población desplazada,
en los aspectos relacionados con la atención, la asistencia, la reparación integral, tal y como la ley
1448 de 2011 los define, e igualmente determinar su condición socioeconómica en los aspectos de
servicios de salud, condiciones habitacionales, seguridad alimentaria, situación laboral, la
situación de las viviendas tanto para la población incluida como la no incluida, en el Registro
Único de Víctimas (RUV).
El tercer objetivo persigue proveer información relevante sobre pérdida de tierras. El
cuarto, indagar sobre el grado en que la población desplazada conoce y participa de sus derechos
y ha sido objeto y sujeto activo de las medidas de verdad, justicia y garantía de no repetición. Y el
quinto, busca hacer comparable los resultados -hasta donde la ley de víctimas lo admite-, frente a
las encuestas de desplazamiento de 2007, 2008 y 2010 realizadas por la Comisión de Seguimiento
y Verificación de los Derechos de la Población Desplazada de la T-025 de 2004. Tal comparación
tiene la finalidad de contar con el registro más completo posible, en relación con el
comportamiento de largo plazo que ha tenido el fenómeno del desplazamiento en Colombia.
2.4 El diseño de la Encuesta Nacional de Víctimas, I-ENV_CGR-2013
El artículo tercero de la ley 1448 de 2011 se refiere a las víctimas como:
“[…] aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a
partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario
o de violaciones graves y manifiestas a las normas Internacionales de Derechos Humanos, ocurridas
con ocasión del conflicto armado interno. También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera
permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la
víctima directa, cuando a ésta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de éstas, lo
serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente. De la misma forma, se
consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en
peligro o para prevenir la victimización. La condición de víctima se adquiere con independencia de que
se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar
que pueda existir entre el autor y la víctima.”16
16 Ley 1448 de 2011. Igualmente, la Corte Constitucional amplió la posibilidad de inscribir como víctimas a aquellas
personas que hubieran sido vulneradas por las Bandas Criminales, según el auto 119 de 2013 del fallo de tutela T-006
de 2014. Ver las Sentencias emitidas en relación con este artículo: Sentencia C-781 del 10 de octubre de 2012,
Sentencia 462 de 17 de julio de 2013, Sentencia T253A del 29 de marzo de 2012, Sentencia C-250 del 28 de marzo
de 2012, Sentencia C-052 del 7 de febrero de 2012, es concordante también con la Sentencia C-370 del 18 de mayo
de 2006.
29
De acuerdo con esa definición, el universo de las víctimas se compone de población que
ha sido afectada por la acción de los grupos armados al margen de la ley como guerrillas,
paramilitares y las bandas criminales (Bacrim). La afectación cometida por esos grupos al Derecho
Internacional Humanitario (DIH) ha dado origen a varios hechos victimizantes clasificados en las
normas como: desplazamiento, homicidio, minas antipersonales, desaparición forzada, delitos
sexuales y otros que atentan contra la dignidad de las personas.
En función del cumplimiento de los objetivos propuestos por la I –ENV-CGR 2013, se
definió que el universo de estudio está conformado por todas las victimas que han sufrido
desplazamiento forzado. La conformación de este universo obedeció a las siguientes razones
técnicas y temáticas:
De acuerdo con el RUV de la UARIV, con corte al 1 de diciembre de 2013, de un total de
6.680.249 de hechos victimizantes, 5.514.336 de ellos corresponden al desplazamiento forzado,
es decir, el 83%; mientras que, el homicidio producto del conflicto constituye alrededor del 11,1%
(737.313 hechos), para un total de 94,1%. Y el resto, el 5,9%, se distribuye en los demás hechos
victimizantes17 (Gráfico 2.1). Este resultado, sumado a los antecedentes de mediciones anteriores,
define que la población objetivo del análisis sean prioritariamente los desplazados.
Desde el punto de vista operativo, para la ubicación de las víctimas es requerido contar con
información de registros administrativos o directorios detallados por persona, que solo sólo está
disponible de manera sistemática para la población en situación de desplazamiento en el RUV,
para los otros hechos victimizantes, el estado actual de los registros, es en el momento incompleto
y requiere de otro tipo de estudio y análisis.
17Amenaza 108.575, desaparición forzada 102.480, Pérdida de bienes muebles e inmuebles 83.865, acto terrorista
53.032, secuestro 32.341, minas antipersonal 10.705, Tortura 9.812, sin información 9.081, Vinculación de niños,
niñas y adolescentes al conflicto 7.726, abandono forzado de tierras 7.329 e integridad sexual 3.654. Fuente: Cifras
obtenidas del RUV con base en la consulta realizada el 1 de diciembre de 2013.
30
Dado lo anterior, la inversión presupuestal para realizar mediciones sobre población
víctima de hechos victimizantes diferentes al desplazamiento podría ser bastante alta con el riesgo
de tener resultados poco relevantes y estadísticamente representativos.
Gráfico 2.1. Distribución Porcentual de hechos victimizantes registrados el RUV (Porcentaje de hechos)
Fuente: RUV-UARIV
Incluyen los otros hechos: Amenaza, desaparición forzada, Perdida de bienes, Acto terrorista, Secuestro,
Minas Antipersonal, Tortura, Vinculación de niños, niñas y adolescentes, Abandono forzado de tierras,
Integridad Sexual.
Definido el universo anterior, se encontró que la población desplazada, además de haber
sufrido el desplazamiento, también padeció otros hechos victimizantes; incluso, existía la
probabilidad que el desplazamiento se hubiera originado por el otro hecho victimizante podía
llegar a ser alta. En el capítulo de caracterización se da cuenta del resultado.
2.5 Selección de la muestra
Se diseñó una muestra probabilística en la que se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos
que determinan la representatividad de los resultados (dominios de estudio): Primero, los hogares
31
desplazados con posterioridad a 1985 y los municipios cubiertos con más de 1.250 personas
registradas como desplazados que corresponden al 95% de los inscritos en el RUV; así, se procedió
a estructurar un universo de 417 municipios, que tuviera en cuenta tanto los departamentos de
expulsión como de declaración (donde teóricamente se encontrarían las víctimas desplazadas); de
esta manera, se buscaba que los encuestadores llegarán a los municipios que cumplieran los dos
requisitos de máxima expulsión y recepción de población desplazada.
Debido a que la estructura de la distribución de la población en desplazamiento en el país
revela que está repartida por todo el territorio nacional, es decir en los 1.100 municipios y a que
no es posible expandir la información de la muestra a todos los municipios, se definió un universo
de 417 municipios que reúnen al 95% de la población en situación de desplazamiento.
El segundo dominio de estudio consistió en organizar el universo en seis regiones, con el
fin de garantizar la comparabilidad con las encuestas anteriores de 2007, 2008 y 2010 realizadas
por la Comisión de Seguimiento a la Población en Situación de Desplazamiento. Las seis regiones
son: la región 1 compuesta por los departamentos de Antioquia y Chocó; la región 2 compuesta
por Bolívar, Córdoba, Sucre y Atlántico; la región 3, por Magdalena, Cesar, La Guajira y Norte
de Santander; la región 4 integrada por Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y Buenaventura; la
región 5 compuesta por Tolima, Huila, Cundinamarca, el Distrito Capital de Bogotá, Boyacá,
Santander, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda y Quindío; y, por último, la región 6, integrada por
Meta, Arauca, Guaviare, Casanare, Vichada, Vaupés, Guainía y Amazonas.
El tercer dominio de estudio tomó en consideración la población inscrita y la no inscrita en
el RUV, eso dio como resultado que el operativo de campo se realizara con dos tipos de formulario
acorde a las características propias de cada población y dada su condición de inscripción la cual
condiciona el acceso a los procesos de atención y reparación que dispone la ley.
El cuarto dominio está conformado por 11 centros urbanos18 principales que presentan los
mayores niveles de concentración de población desplazada: Bogotá y su área metropolitana (AM:
Soacha y Facatativá), Medellín (A.M: Bello e Itagüí), Santa Marta, Barranquilla (A.M: Malambo
18 Se define como centro urbano el conjunto de municipios que por su cercanía conforman una sola unidad geográfica
de concentración de población desplazada.
32
y Soledad), Cali (A.M: Palmira, Yumbo, Jamundí y Candelaria), Sincelejo, Cartagena (A.M:
Arjona, Turbaco y Villanueva), Valledupar, Villavicencio, Buenaventura y Florencia.
Se propuso un diseño en dos etapas acordes a la concentración de población desplazada:
en la primera etapa se seleccionaron Municipios y Centros Urbanos; en la segunda etapa se
seleccionaron segmentos o conjuntos de manzanas dentro de los municipios seleccionados en la
primera etapa y dentro de ellos se identificaron y encuestaron los hogares y personas objeto de la
I-ENV_CGR-2013.
Para efectos de realizar los procesos diseño y selección de la muestra así como de la
estimación de resultados, se utilizaron dos marcos de muestreo: el RUV de la UARIV y la
cartografía específica de la población víctimas desplazada en 98 zonas del país. Así, en cada
municipio se realizó un ejercicio de cartografía social que permitió identificar las concentraciones
de población desplazada con base, primero, en información disponible y luego, con recolección de
coordenadas en visitas de campo para verificar los grados de concentración en el terreno. Como
resultado, se identificaron y marcaron en los mapas cartográficos de los municipios seleccionados,
los bloques (conjunto de manzanas contiguas) de concentración de población desplazada. Dichos
bloques se dividieron en segmentos (entre cuatro y ocho manzanas), sobre los cuales, se aplicó el
método de selección aleatoria.
La muestra de la primera etapa se realizó con base en los cuatro dominios de estudio
descritos anteriormente y se construyó a partir de la selección de un total de 52 Centros Urbanos.
Esta selección se hizo a partir de la construcción de trece estratos, conformados por conjuntos de
municipios acorde a la concentración de población desplazada (Grandes, Medianos y Pequeños).
El estrato Grandes está conformado por 25 centros urbanos (44 municipios) que concentran el
55,2% de la población desplazada inscrita en el RUV; este conjunto de centros urbanos se definió
como de inclusión forzosa. Del conjunto de centros urbanos Medianos (49) se seleccionaron 13; y
de los 324 Pequeños se seleccionaron 14.19 A su vez, esta selección se realizó al tomar en cuenta
la región en donde se declaró, de acuerdo con la información del RUV.
19 Para el caso de los municipios medianos y pequeños el centro urbano está conformado por un municipio, es decir
que para este caso centro urbano es igual al municipio.
33
La estratificación del marco muestral de la primera etapa obedece no solo a la necesidad
de comparabilidad de la encuesta con mediciones anteriores, sino a la relación que existente entre
las condiciones y características de la población frente a los niveles de concentración de población
desplazada.
La muestra de la segunda etapa corresponde a segmentos de población desplazada dentro
de cada centro urbano de la primera etapa. Estos segmentos son seleccionados acorde a los niveles
de concentración de grupos familiares (alta, mediana, baja)20; y dentro de ellos, se encuestaron
10.761 hogares con personas desplazadas, de los cuales 9.101 fueron hogares con personas
desplazadas inscritas en el RUV y 1.660 hogares con personas desplazadas No inscritas en el
RUV. En el mapa 2.1 y el cuadro 2.1 se describe con detalle la estructura de la muestra de la I-
ENV-CGR 2013.
20 Resultado del proceso de actualización cartográfica, se cuenta con mapas de concentración de población desplazada
por segmento y por municipio de la primera etapa: Alta, Mediana y Baja concentración.
34
Mapa 2.1. Selección de Municipios por regiones de estudio
35
Cuadro 2.1.Municipios encuestados por departamento y región
2.6 Estructura temática de la encuesta
Teniendo en cuenta la responsabilidad que la CGR tiene -por mandato del artículo 201 de
la ley 1448 de 2011 (como parte de la Comisión de Seguimiento de los Organismos de Control),
y lo ordenado en el Auto 219 de 2011 de la Corte Constitucional-, el formulario para la captura de
la información a encuestar, se estructuró en las temáticas establecidas en la ley 1448 y los IGED,
y que son susceptibles de medición a través de encuesta: la vivienda, el hogar, los grupos familiares
que conforman el hogar, la condición de las personas (sexo, rol en la familia, origen étnico), el
nivel educativo, la situación laboral, la condición misma del desplazamiento, la seguridad
alimentaria, el embarazo y la lactancia, la vacunación, la capacitación laboral, las medidas de
Región Departamento MunicipioTamaño
MunicipioRUV
NO
RUVTotal Región Departamento Municipio
Tamaño
MunicipioRUV
NO
RUVTotal
Medellín
(AM:Bello e Itagüí)Grande 278 52 330 Florencia Grande 275 15 290
Apartadó Grande 105 34 139 Puerto Rico Pequeño 101 9 110
Turbo Grande 67 18 85 Pasto Grande 57 4 61
Chigorodó Mediano 144 29 173 San Andrés De
TumacoGrande 67 3 70
Urrao Mediano 115 9 124 Samaniego Pequeño 74 14 88
La Ceja Pequeño 76 5 81 Taminango 92 5 97
Quibdó Grande 95 5 100 Mocoa Mediano 157 4 161
Acandí Pequeño 189 29 218 Puerto Asís Mediano 141 2 143
Atlántico
Barranquilla
(AM:Malambo y
Soledad)
Grande 334 93 427 Buenaventura Grande 232 72 304
Cartagena (AM:
Arjona, Turbaco y
Villa Nueva)
Grande 406 148 554 Tuluá Mediano 125 36 161
Magangué Mediano 171 45 216 Cauca Popayán Grande 70 4 74
María La Baja Pequeño 271 21 292
Bogota D.C (AM:
Soacha y
Facatativa)
Grande 732 141 873
San Jacinto Pequeño 204 36 240 Fusagasugá Pequeño 162 45 207
Montería Grande 112 32 144 Neiva Grande 140 15 155
Valencia Mediano 172 24 196 Pitalito Mediano 140 17 157
Pueblo Nuevo Pequeño 49 34 83 RisaraldaPereira (AM:Dos
Quebradas)Grande 123 28 151
Sincelejo Grande 530 57 587 Bucaramanga Grande 95 15 110
San Onofre Mediano 179 42 221 Barrancabermeja Grande 91 12 103
Valledupar Grande 314 69 383 Puerto Wilches Pequeño 84 16 100
Agustín Codazzi Mediano 175 38 213 Tolima Ibagué Grande 181 22 203
San Diego Pequeño 121 21 142 Valle del
Cauca
Cali (AM: Palmira,
Yumbo, Jamundí y
Candelaria)
Grande 367 98 465
Riohacha Grande 92 8 100 Arauca Arauca Mediano 61 3 64
Fonseca Pequeño 67 20 87 Casanare Villanueva Pequeño 50 15 65
Santa Marta Grande 336 55 391 GuaviareSan José Del
GuaviareMediano 98 3 101
Plato Mediano 107 37 144 Villavicencio Grande 275 26 301
Zona Bananera Pequeño 107 23 130 Cumaral Pequeño 70 23 93
Norte de
Santander
Cúcuta (AM: Villa
del Rosario, El
Zulia)
Grande 225 29 254 9.101 1.660 10.761
Fuente: I Encuesta Nacional de Víctimas 2013 - CGR, CID - UN Fuente: I Encuesta Nacional de Víctimas 2013 - CGR, CID - UN
Región 6
Meta
Total encuestas
Región 4
Caquetá
Nariño
Putumayo
Valle del
Cauca
Región 5
Cundinamarca
Huila
Santander
Magdalena
Antioquia
Chocó
Región 1
Región 2
Región 3
Bolívar
Córdoba
Sucre
Cesar
La Guajira
36
reparación (que incluye la pérdida de bienes y tierras), los bienes raíces poseídos por la víctima
antes del desplazamiento, la restitución de tierras, la restitución de vivienda, la indemnización
administrativa por desplazamiento forzado y las medidas de satisfacción.
El siguiente cuadro relaciona los temas de la I-ENV_CGR-2013, los IGED y la ley 1448
de 2011.
Cuadro 2.2. Estructura del formulario, IGED y ley 1448 de 2011
En el proceso de validación del formulario fue realizada una prueba piloto que contó con
el acompañamiento de un equipo de la CGR. A través de este ejercicio se pudo detectar la
capacidad el formulario para responder a las preguntas diseñadas, y se determinaron los ajustes
que debían ser realizados para la aplicación final. Las pruebas se realizaron en los municipios de
Bogotá, Santa Marta, Bucaramanga y Morroa (Sucre).
Modulo Título en el formulario No. Preguntas Encuesta en Temas IGED Ley 1448
A Identificación 20 Vivienda Condición de desplazado
B Vivienda 11 Vivienda Materiales, servicios públicos Vivienda digna x
C Hogar 30 HogarServicios del hogar, hacinamiento, tenencia,
gastos, subsidiosVivienda digna
D Grupo familiar 56 Grupo familiarRegistro, programas sociales,desplazamientos,
retorno, AI, AHE.Ayudas x
E Personas 22 Personas Sexo, edad, parentesco, etnia, salud Salud, diferenciales x
F Educación 19 Personas Asistencia, grado, ayudas Educación x
G Laboral 25 Personas Ocupación, ingresos, condicionesIngresos, pobreza,
dependenciax
H Desplazamiento 22 Personas Identificacion, servicio militar, discapacidadDiscapacidad,
identificaciónx
I Seguridad alimentaria 4 Personas Seguridad alimentaria Subsistencia x
J Rehabilitación 9 Personas Rehabilitación Rehabilitación x
K Indemnización otros hechos 22 Personas Indemnización Indemnización x
LVacunación cuidado infantil,
capacitación24 Personas Vacunas, cuidado, capacitación Salud, Trabajo
M Embarazo 11 Personas Embarazo y lactancia Diferenciales mujeres
N Reparación-daños 8 Grupo familiar Reparación de daños Reparacion x
O Bienes raíces rurales 20 Grupo familiar Cuantificacion pérdidas en bienes raíces
P.1 Restitución de tierras 17 Grupo familiar Restitución de tierras Restitución tierras x
P.2 Restitución de tierras 1448 51 Grupo familiar Restitución de tierras por ley 1448 Restitución tierras x
P.3 Bienes raíces urbanos 20 Grupo familiar Restitución de vivienda ley 1448 Restitución vivienda x
Q.Indeminzación por
desplazamiento15 Grupo familiar Indemnización por desplazamiento
Indemnización por
desplazamientox
R. Satisfacción 7 Grupo familiar Satisfaccion Satisfacción x
Fuente: I Encuesta Nacional de Víctimas 2013 - CGR, CID - UN
37
2.7 Medición del Goce Efectivo de Derechos
La matriz consolidada de IGED, a 26 de febrero de 2013, remitida por el Gobierno a la
Corte Constitucional y enviada a la Contraloría, en cumplimiento del Auto 056 del 8 de abril de
2013, contiene una propuesta de indicadores cuya estructura da cuenta del enorme esfuerzo
interinstitucional promovido por la Corte Constitucional, en el que se contó con el aporte de
organizaciones de la sociedad civil.
En efecto, desde la expedición de la Sentencia T-025 en 2004, por la cual declaró el ECI,
la Corte ha requerido al Gobierno Nacional el diseño y adopción de una batería de indicadores y
de otros mecanismos idóneos para el seguimiento y evaluación del avance en la política de atención
a la Población Desplazada y del Goce Efectivo de los Derechos.
A través de los Autos 185 de 2004, 178 de 2005, 218 y 266, de 2006, la corte reiteró la
necesidad de evidenciar la forma en que el Estado garantiza el Goce Efectivo de Derechos, así
como la de contar con indicadores y mecanismos de seguimiento y evaluación de la política de
atención a la población desplazada. Con el Auto 337 de 2006 se adoptó la metodología para
trabajar e intercambiar documentos técnicos sobre el diseño y la aplicación de las baterías de
indicadores en distintas entidades del Estado y en el Auto 027 de 2007 se evaluaron los primeros
resultados. Esa metodología implicó identificar los temas sobre los cuales era pertinente proponer
las mediciones e ir perfilando el tipo de indicadores que se debían aplicar.
En 2007, mediante el Auto 109, se adoptaron indicadores en materia de vivienda, salud,
educación, alimentación, generación de ingresos, identidad y estabilización socioeconómica.
Asimismo, se identificaron vacíos de medición respecto de otros derechos, y posteriormente, con
el Auto 233 de 2007 se adoptaron indicadores para evaluar avances en la garantía de los derechos
a la vida, a la integridad, y a la libertad.
Entre 2007 y 2008, a través de informes y sesiones públicas de información técnica, se
evaluó la aplicación de los indicadores, se identificaron vacíos y se propusieron ajustes, que dieron
38
lugar a una nueva adopción de indicadores a través del Auto 116 del 13 de mayo de 2008. En esta
evaluación, contribuyó la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento
Forzado con el informe sobre la Primera Encuesta Nacional de Verificación de situación de los
derechos de la población desplazada.
El Auto 116 de 2008, ratificó 14 indicadores sobre identidad, derecho a la vida y a la
libertad que ya habían sido adoptados en los autos anteriores. A partir del trabajo conjunto entre
la Comisión de Seguimiento y el Gobierno Nacional, introdujo cambios a 31 indicadores sobre el
derecho a la vivienda, integridad personal y alimentación, e incorporó 49 más propuestos por el
Gobierno, para prevención, retorno, subsistencia mínima, reunificación familiar, seguridad
personal, participación, salud y generación de ingresos. También incorporó 9 indicadores
propuestos por la propia Corte para verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.
Debe, asimismo, destacarse que el mencionado Auto, integró 105 indicadores propuestos
por la Comisión de Seguimiento para enfoque diferencial, subsistencia mínima, reunificación
familiar, seguridad personal; derecho a la libertad, a la vida, a la educación; restitución,
indemnización, rehabilitación, medidas de satisfacción, garantía de no repetición, igualdad y no
discriminación; y un indicador estructural sobre la existencia de un programa administrativo de
reparaciones para las víctimas individuales y colectivas. En total, fueron incorporados 209
indicadores sobre una amplia cobertura de temas relacionados con la asistencia y atención a las
víctimas.
Como lo advirtió la Corte, los indicadores establecen una estrecha relación entre los
distintos elementos de la política pública y el impacto en el goce efectivo de derechos de la
población desplazada, que permiten, además, visualizar correctivos. En cumplimiento de lo
ordenado en los autos 219 y 253 de 2011 y 037 de 2004 de la Corte Constitucional, el 1° de marzo
de 2012 se llevó a cabo la primera sesión técnica sobre IGED. De esta manera, se buscaba avanzar
en el desarrollo de los indicadores de goce efectivo, para aquellos derechos que aún no contaban
con dicho instrumento, así como para corregir los problemas de diseño o medición de los
indicadores señalados por la Corte en sus autos de seguimiento.
39
Ante los cambios institucionales de la Ley 1448 de 2011 y con base en las órdenes
proferidas por la Corte se inició un nuevo proceso de revisión de los indicadores. Para tal fin se
propuso, mediante el Auto 115A del 29 de mayo, una metodología que permitiría lograr diez
objetivos precisos relacionados con la adecuación de los indicadores y medición del Goce Efectivo
de Derechos de la Población Desplazada. A lo largo de las sesiones técnicas informales se
evaluaron las propuestas de ajuste y se obtuvo como resultado, en febrero de 2013, la matriz en la
que se registran Indicadores de Goce Efectivo, complementarios y sectoriales para cada uno de los
22 derechos definidos y cuatro temas más, relacionados con el enfoque diferencial.
Cuadro 2.3.- Indicadores de Goce Efectivo Derechos
El resultado y descripción del cálculo se presenta en el anexo 8.1 de este informe.
Dada la complejidad y diversidad de los diferentes temas que miden los IGED, no todos
los indicadores pueden ser calculados a través de la I_ENV_CGR-2013. Sin embargo, se logró
calcular el 75% de los IGED principales por temática (21 de 28); 45% de los complementarios (33
MatrizENV-CGR
2013Matriz
ENV-CGR
2013Matriz
ENV-CGR
2013Matriz
ENV-CGR
2013
1 Subsistencia mínima 3 3 12 5 9 24 10
2 Salud 4 4 6 4 3 1 13 9
3 Educación 1 1 1 9 6 11 7
4 Vivienda 1 1 8 5 9 1 18 7
5 Trabajo y a la generacion de ingresos 3 3 3 3 5 11 6
6 Retorno y reubicación 1 1 2 2 1 5 2
7 Vida 1 1 2
8 Integridad 1 3 4
9 Libertad 1 5 6
10 Seguridad 1 1 2 3 1
11 Identificación 1 1 4 4 5 5
12 Reunificacion familiar 1 2 3
13 Reparación integral 1 1 1 2 1
14 Reparacion colectiva 1 4 1 6
15 Indemnización 1 1 4 4 3 1 8 6
16 Restitución de tierras 1 1 4 1 22 1 27 3
17 Proteccion y garantías de no repetición 1 1 2 1 11 14 2
18 Rehabilitación 1 1 6 3 2 1 9 5
19 Satisfacción 1 1 5 1 3 1 9 3
20 Prevención 30 30
21 Proteccion de tierras 3 3
22 Alimentación 2 1 2 1 5 2 9 4
23 Mujeres 11 4 11 4
24 Niños, Niñas y Adolecentes 17 17
25 Personas con discapacidad 1 5 2 6 2
26 Persona Mayor 4 4
Total 28 21 74 33 158 21
Porcentaje
Fuente: I Encuesta Nacional de Víctimas 2013 - CGR, CID - UN
Sectoriales Total
Indicadore de Goce Efectivo de Derechos
260 7775% 45% 13%
Principales Complementarios
40
de 74); y 13% de los sectoriales (21 de 158). Es importante precisar que los indicadores sectoriales
están diseñados para el seguimiento a partir de registros administrativos; no obstante, la I-
ENV_CGR-2013 logra realizar el cálculo de algunos de ellos, y por tanto, tener un parámetro de
comparación con otras fuentes de información.
2.8 Aspectos operativos y de recolección
En los municipios seleccionados en la muestra, agrupados en las seis unidades regionales
descritas, se constituyeron centros operativos que permitieron realizar el barrido de manera
eficiente, garantizando un control efectivo y óptimo de la encuesta. La recolección de información
se realizó, simultáneamente, durante el periodo del 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2013.
Posteriormente al operativo de campo, se desarrolló la etapa de digitación de la información en un
software diseñado para el efecto. Es por esta razón que el nombre de la Encuesta prefiere usar el
año 2013 para ratificar la fecha de recolección de los datos.
2.9 Proceso de producción de resultados
De acuerdo con el diseño propuesto, se realizó la expansión de los resultados a partir de la
información de los marcos de muestreo en sus dos etapas, y un factor de calibración derivado de
la actualización de dichos marcos. Específicamente, y para establecer el factor de expansión de la
primera etapa, se utilizó la información de la base del RUV suministrada por la Unidad de
Victimas, con corte a 30 de abril de 2013 y ajustada (o calibrada) con la información del 30 de
noviembre del mismo año. Para definir el factor de expansión la segunda etapa, se utilizó la
información de segmentos de concentración de población desplazada realizada durante el periodo
de agosto a octubre de 2013 y actualizada durante el proceso de recolección en el periodo
noviembre y diciembre del mismo año.
2.10 Resultados esperados e indicadores
La producción de resultados se realizó, en consecuencia, con base en el cálculo de los IGED
definidos por la Corte Constitucional y el conjunto de indicadores de seguimiento a la Ley 1448
41
definidos por la CGR. Tales resultados se ven reflejados en los cuadros de salida y el consecuente
análisis presentado en esta publicación.
42
3 Características del desplazamiento forzado en Colombia
Son numerosos los estudios recientes sobre la magnitud, las características, las causas y las
consecuencias del desplazamiento forzado en Colombia en el marco del conflicto sociopolítico
armado que vive el país.21 La promulgación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y la
creación de la Unidad para las Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras, entre otras
entidades, le han permitido al Gobierno Nacional construir una versión oficial sobre esta dinámica,
que entre sus múltiples aspectos contiene un total del número de víctimas, y su respectivo
registro22.
Sin embargo, la existencia de esta versión oficial no implica la existencia de un consenso
nacional sobre la dinámica de los hechos victimizantes ocurridos en el marco del conflicto
sociopolítico armado que vive el país. Son múltiples los debates que existen sobre las cifras de
víctimas del desplazamiento forzado en Colombia, sobre los orígenes, las causas y las
características de este hecho victimizante, y sobre el enfoque de la política pública de asistencia,
atención y reparación integral para las víctimas23. A pesar de lo anterior, y del contexto de fuerte
polarización política en el cual se llevan a cabo estos debates, lo único cierto e imposible de ocultar,
es la gravedad de los hechos ocurridos: según ACNUR, Colombia es el segundo país con más
desplazados forzados internos en el mundo, solo superado recientemente por Siria24.
En el marco de la I-ENV_CGR-2013 se ha elaborado la siguiente caracterización del
desplazamiento forzado en Colombia, que incluye dos elementos fundamentales. En primer lugar,
un recuento de las características de la victimización: número de víctimas del desplazamiento
forzado, acceso de las víctimas al registro, sufrimiento de otros hechos victimizantes, ubicación
geográfica de las víctimas, motivos del desplazamiento forzado, presuntos autores del
desplazamiento forzado, intenciones de retorno de las víctimas, etc. En segundo lugar, las
características socioeconómicas de los grupos familiares víctimas del desplazamiento forzado:
21Al respecto ver, entre otros, los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica. www.centrodememoriahistorica.gov.co 22 Para conocer las cifras sobre el conflicto armado según la Unidad para las Víctimas ver: www.unidadvíctimas.gov.co 23 Al respecto entre otros: CODHES (2014). El desplazamiento forzado y la imperiosa necesidad de la paz. Informe sobre el desplazamiento 2013. 24 Al respecto ver el enlace: http://www.internal-displacement.org/.
43
tamaño del grupo familiar, composición etaria y étnica, nivel de vulnerabilidad y pobreza, grado
de dependencia económica, etc.
Esta doble caracterización es fundamental por dos motivos. Primero, porque toma en
cuenta la percepción de las propias víctimas sobre lo ocurrido, sobre lo que vivieron y sobre lo que
están viviendo, más allá de la lectura que se pueda deducir de los registros oficiales. Segundo,
porque esta caracterización permite llevar a cabo de manera más pertinente el seguimiento,
monitoreo y revisión de la política pública de asistencia, atención y reparación integral a las
víctimas del conflicto que persiste en Colombia. Finalmente, esta caracterización debe permitir
evaluar la pertinencia de levantar el ECI declarado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-
025 de 2004.
3.1 Características de la victimización por desplazamiento forzado
3.1.1 La magnitud del desplazamiento forzado y el nivel de subregistro
La I-ENV_CGR-2013 construyó una estimación del número total de personas, grupos
familiares y hogares víctimas del desplazamiento forzado en Colombia en el periodo 1985-2013.
Los resultados de esta estimación se encuentran en el gráfico 3.1. El total estimado de personas
víctimas del desplazamiento forzado en Colombia asciende —para diciembre de 2013— a
5.611.984 personas, es decir, el 11,9% de la población colombiana de 2013 según las proyecciones
del DANE25. Para poner esta cifra en contexto y apreciar su verdadera dimensión, las personas
desplazadas en los últimos 30 años en Colombia por causa del conflicto sociopolítico armado,
equivalen a la población actual de 15 de los 33 departamentos del país26, es decir, la población de
casi el 50% del territorio colombiano. Dicha estimación tiene en cuenta a las víctimas del
desplazamiento forzado, estén o no incluidas en el RUV.
25Según las proyecciones de población del DANE realizadas con base en el Censo del 2005, el número de habitantes en Colombia en 2013 era de 47.121.089 personas. 26 Treinta y tres (33) departamentos incluyendo el distrito capital. Los 15 departamentos son: Caquetá, Chocó, Guajira, Quindío, Risaralda, Sucre, Arauca, Casanare, Putumayo, San Andrés, Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada.
44
En efecto, el trabajo de campo de la I-ENV_CGR-2013 implicó entrevistar a todos los
grupos familiares pertenecientes a hogares de las áreas que habían sido previamente cartografiadas,
en los cuales, al menos uno de sus miembros hubiese sido víctima de desplazamiento forzado, sin
importar que estos miembros del hogar estuvieran o no incluidos en el RUV. Lo anterior, nos
permitió estimar un subregistro, que afecta aproximadamente al 15% del total de grupos familiares
víctimas del desplazamiento forzado desde 1985. El problema del subregistro de las víctimas, se
ha convertido en una barrera de acceso a los programas derivados de la Ley 1448 de 2011, con lo
cual, se agrava y prolonga en el tiempo la precaria situación social de estos ciudadanos.
Esta estimación del subregistro tiene dos lecturas posibles. En efecto, una primera lectura,
resalta su tendencia decreciente, si comparamos este resultado con los obtenidos en las Encuestas
Nacionales de Verificación de 2007, 2008 y 2010 realizadas por la Comisión de Seguimiento a la
Política Pública sobre Desplazamiento Forzado (CSPPSDF) y la Consultoría para los Derechos
Humanos y el Desplazamiento (Codhes), en las cuales se reportaron niveles de subregistro de
28,8%, 27,7% y 22,8%, respectivamente, en términos de hogares27. En este sentido, la
promulgación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y el reconocimiento oficial de la
existencia de un conflicto sociopolítico armado en el país, implica un sinceramiento de la sociedad
acerca de lo que está sucediendo, de la magnitud de las implicaciones y consecuencias de la guerra,
y de la necesidad de actuar para superar esta tragedia y reparar a quienes la han sufrido. Desde esta
perspectiva, estaríamos avanzando en la inclusión de todas las víctimas en el RUV, lo cual no
garantiza la reparación inmediata, pero posibilita conocer la demanda de las víctimas por varios
programas de asistencia, atención y reparación integral ofrecidos por el Estado.
La segunda lectura, subraya los problemas que aún persisten en términos de la inclusión de
las víctimas en el RUV, y evidencia el riesgo de que muchas víctimas históricas del conflicto se
queden por fuera del registro y, por lo tanto, de las rutas de asistencia, atención y reparación
integral diseñadas por la Ley 1448 de 2011. En efecto, el subregistro es la consecuencia concreta
de todos los problemas que enfrenta el proceso de declaración e ingreso al RUV, en el marco de
27 Al respecto ver: Tercer informe de verificación sobre el cumplimiento de derechos de la población en situación de desplazamiento. Comisión de Seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado. 2010.
45
la política pública para las víctimas y la restitución de tierras. Las causas del mismo son múltiples
y, entre ellas, deben subrayarse:
Gráfico 3.1. Total personas, hogares y grupos familiares desplazados a partir de 1985, y
tasa de subregistro
Fuente: Encuesta Nacional de Víctimas_CGR-2013; CID-UN
Proposición de resultado 3-1: Magnitud y subregistro.
La magnitud de la victimización por desplazamiento forzado en Colombia asciende al
11,9% de la población total de Colombia para 2013, de la cual, el 10,2% está registrado en
el RUV y el 1,7% está fuera del RUV. Se presenta un sub-registro de aproximadamente el
15,2% de grupos familiares, 14,4% de personas y 15,8% de hogares víctimas del
desplazamiento forzado.
46
1) La debilidad institucional y financiera de las personerías, que se ven rebasadas en
sus capacidades de acción ante el número de ciudadanos que desean hacer su
declaración, lo cual muchas veces implica periodos de espera de meses para lograr
llevar a cabo este procedimiento28.
2) Las demoras en los procesos de valoración de las declaraciones por parte de la
Unidad para las Víctimas.
3) Las confusiones frente al tema de la categoría de víctimas, enhorabuena dilucidadas
por la Corte Constitucional en Auto 119 de 2013, en especial lo referente a las
víctimas de los grupos armados ilegales resultantes de la posdesmovilización.
4) Las presiones de los actores armados para evitar que los ciudadanos hagan su
declaración y denuncien los crímenes que los están afectando.
5) Los mecanismos de resistencia de las comunidades frente a las amenazas de los
actores armados, que pueden redundar en procesos de confinamiento y
desplazamiento de corto plazo, y cuyo objetivo es la permanencia en el territorio.
Los problemas descritos se hacen evidentes con los siguientes resultados de la I-
ENV_CGR-2013, según los cuales el 78% de los grupos familiares víctimas del desplazamiento
forzado no inscritos en el RUV manifestaron no haber realizado la declaración básicamente por
desconocimiento: no sabían cómo ni ante quién hacerlo (30%), otros no sabían que corresponde a
ellos hacerlo (25%); y más grave aún, el 21% de los grupos familiares en cuestión no realizaron la
declaración por temor (Cuadro 3.1).
28Además de todas las otras barreras de acceso al derecho a realizar la declaración de tipo económico, geográfico, o cultural. Ver el capítulo quinto del segundo informe de seguimiento y monitoreo a la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 2012 – 2013 realizado por la comisión de seguimiento de los organismos de control.
47
Cuadro 3.1 -Porcentaje de grupos familiares desplazados a partir de 1985
No inscritos en el RUV porque no declararon.
El resto, el 22% de los grupos familiares víctimas del desplazamiento forzado no inscritos
en el RUV, manifestaron haber realizado la declaración pero no haber sido incluidos por los
siguientes motivos: debilidad en la información suministrada, no validez de la causa del
desplazamiento forzado, extemporaneidad en la declaración, o el hecho de que los presuntos
autores del desplazamiento no fueron considerados válidos, entre otras razones.
Cuadro 3.2. Porcentaje grupos familiares desplazados a partir de 1985
No inscritos en el RUV aunque declararon.
Razones para no declarar Total cve(%)
No inscritos porque nunca declararon 78,0 2,4
No sabían cómo ni ante quién hacerlo 30,0 7,9
No sabían que tenía que hacerlo 25,7 8,8
Por temor 21,9 9,8
Otras ** 22,4 *
100,0
Fuente: I-Encuesta Nacional de Víctimas_CGR-2013; CID-UN
*No Signi ficativo / / **Las demás razones no son signi ficativas en su desagregación pero representan
el 22,4% de los no inscri tos.
Otras ** : No los atendieron, no tenían documentación para respaldar la si tuación, creen que no vale
la pena, están en turno para declarar, los si tios de atención están muy lejos, otra razón, no saben /
no responden.
Razones de no inclusión Año al
Total cve(%)
Declararon pero no fueron incluidos 20,2 9,1
La información que suministró no fue suficiente 32,4 14,7
Consideraron no válida la causa de desplazamiento 14,8 *
Declaración extemporánea 4,9 *
Consideraron no válidos los autores del desplazamiento 2,3 *
Otra razón 20,1 *
No sabe, no responde 25,5 *
100,0
Fuente: I-Encuesta Nacional de Víctimas_CGR-2013; CID-UN
Proposición de resultado 3-2: Razones para no declarar en el RUV
El 78% de los grupos familiares víctimas del desplazamiento forzado no inscritos en el RUV
porque nunca declararon, manifestaron no haber realizado la declaración básicamente por
los siguientes motivos: no sabían cómo ni ante quién hacerlo (30%), no sabían que tenían que
hacerlo (26%), más grave aún, el 22% de los grupos familiares en cuestión no realizaron la
declaración por temor.
48
Estos resultados de la I-ENV_CGR-2013 permiten concluir que las disposiciones
contenidas en la Sentencia T-025 de 2004 (y sus autos de seguimiento), y en las leyes 387 y 418
de 1997 y 1448 de 2011 (y sus decretos reglamentarios), parecen no haber tenido efecto alguno
sobre el comportamiento creciente del número de víctimas de desplazamiento forzado en el país,
desde 1985 hasta 2013. En efecto, a pesar de los procesos de paz, las políticas de seguridad, la
declaratoria de un ECI y de la formulación e implementación de un conjunto de políticas públicas,
planes de financiamiento y delegación de entes responsables que propendieran por la restitución
del goce efectivo de los derechos de las víctimas, es incuestionable que el desplazamiento forzado
constituyó un fenómeno de especial intensidad durante el periodo comprendido entre finales de
los años ochenta y la primera década de 2000. Eso llevó a que el número total de personas
desplazadas desde 1985 se haya acumulado de forma creciente, como se observa en el gráfico
siguiente.
Gráfico 3.2. Distribución acumulada población víctima desplazamiento forzado en Colombia desde 1985
Proposición de resultado 3-3: Razones para no ser incluidos en el RUV
La I-ENV_CGR-2013 muestra que el 20.2% de los grupos familiares no incluidos en el RUV
declararon los hechos victimizantes que sufrieron pero no fueron incluidos en el registro una
vez realizado el proceso de valoración de la declaración.
49
Fuente: I-Encuesta Nacional de Víctimas-CGR-2013; CID-UN
Dada la situación descrita, se hace necesario que las autoridades del SNARIV establezcan
una estrategia territorial que permita disminuir el subregistro, y así garantizar que el crecimiento
en el número de víctimas obedezca únicamente a la persistencia de las acciones bélicas y de
violación de derechos humanos, y no por un rezago en el registro que la Ley de Víctimas todavía
no ha logrado superar.
3.1.2 Sobre los hechos victimizantes y su periodización
Es preciso advertir que no solo el desplazamiento forzado ha mantenido su crecimiento,
sino que la victimización de estos grupos familiares trasciende dicho fenómeno. La I-ENV_CGR-
2013 arrojó, como otro de sus resultados importantes, que la población víctima del desplazamiento
forzado, sufrió otros hechos victimizantes. La estimación muestra que el 92.6% de los encuestados
solo fue víctima de desplazamiento forzado (5.198.056 personas) y que el 7.4% restante fue
víctima, además, de uno o más hechos victimizantes adicionales (326.516 personas en
promedio)29.
Gráfico 3.3. Porcentaje de personas desplazadas a partir de 1985, víctimas de otros hechos.
Fuente: I-Encuesta Nacional de Víctimas_CGR-2013; CID-UN
29En este caso es conveniente recordar la nota metodológica inicial del capítulo 1, sobre el universo de las víctimas y el hecho que el RUV contiene una relación de las personas que no han sido desplazadas pero que han tenido hechos victimizantes derivados del conflicto armado.
50
Los otros hechos victimizantes que tuvieron una respuesta significativa fueron distribuidos
así: asesinato del cónyuge el 0,9% (52.032 personas aproximadamente), asesinato de hijos o hijas
el 1,0% (58.203 personas aproximadamente), asesinato de padre o madre el 2,7% (150.593
aproximadamente), desaparición forzada de padre o madre el 0,6% (31.251 aproximadamente),
tortura y tratos inhumanos y degradantes el 0,6% (34.337 aproximadamente), para un total de
5,8%. Hubo otros siete tipos de hechos victimizantes cuya respuesta no fue significativa
estadísticamente, pero que afectó a cerca de 112.056 personas y representa el 2% de la población
encuestada. En total se trata de aproximadamente 413.928 personas con afectaciones físicas y
psicológicas, además de sus derechos políticos y sociales sobre los que el Estado debe tomar
medidas de reparación integral y acorde al daño sufrido por las personas aquí referidas. Estas cifras
controvierten los cálculos hechos en el Conpes 3712 de 2011, según el cual, sólo 78 mil casos
correspondieron a población que tuvo desplazamiento forzado y otros hechos a la vez. En
consecuencia, el cálculo del Conpes 3712 de 78 mil hechos victimizantes debería ajustarse por 5,3
veces más para tener un número más ajustado a la nueva realidad de los hechos. Como es bien
sabido, ese dato trae consecuencias fiscales que la política de reparación debería considerar.30
Cuadro 3.3. Grupos familiares, por condición de inscripción en el RUV.
Según número desplazamientos sufridos.
30 De acuerdo con el Conpes 3712 de 2011, los otros hechos victimizantes causados a la población desplazada sumarían
78 mil, que darían lugar a una indemnización administrativa en los diez años de $1,6 billones de 2011. En un cálculo
aproximado de los otros hechos victimizantes aquí estimados, se tendría un valor de la indemnización por $2,5 billones
al valor del salario mínimo de 2015.
Proposición de resultado 3-4: Desplazamientoy otros hechos victimizantes.
La I-ENV_CGR-2013 muestra que el 7.4% de las personas víctimas del desplazamiento
forzado también sufrieron otros hechos victimizantes.
51
Por lo demás, la I-ENV_CGR-2013 permite establecer que alrededor del 93% de los
grupos familiares, incluidos o no incluidos en el RUV, han sido víctimas de un solo
desplazamiento forzado, mientras que alrededor de un 7% han sido víctimas de 2 o más
desplazamientos forzados. Igualmente, es importante entender que la revictimización existente
debe pensarse no solamente en términos de otros hechos victimizantes, sino primordialmente
en términos socioeconómicos y culturales relacionados con la pobreza, la marginalidad, la
exclusión y la discriminación que sufren las víctimas de estos crímenes, como lo resaltaremos
en la segunda parte de este capítulo.
Ahora bien, la I-ENV_CGR-2013 nos permite hacer una caracterización por periodos de la
dinámica del desplazamiento forzado en Colombia. En ese sentido, es importante señalar que desde
1997 hubo un acelerado incremento del desplazamiento forzado en Colombia, y fueron los años
2000, 2001 y 2002 los de mayor crecimiento en la ocurrencia de este fenómeno (grafico 3.4).
Gráfico 3.4 -Población desplazada por condición de inscripción en el RUV.
Según año del primer o único desplazamiento del grupo familiar
Número de desplazamientos Total (cve) RUV (cve) NO RUV (cve)
Total 1.388.591 1.177.439 211.152
Participación % 100% 100% 100%
1 desplazamiento 1.294.355 0,5 1.097.570 0,5 196.785 1,2
Participación % 93,2% 93,2% 93,2%
2 deplazamientos 83.044 7,0 70.165 7,6 12.878 18,0
Participación % 6,0% 6,0% 6,1%
Más de dos desplazamientos 11.192 19,6 9.704 21,1 1.489 54,3
Participación % 0,8% 0,8% 0,7%
Fuente: I-Encuesta Nacional de Víctimas_CGR-2013; CID-UN
Proposición de resultado 3-5: Número de desplazamientos
La I-ENV_CGR-2013 muestra que el 93.2% de los grupos familiares encuestados tuvieron
un desplazamiento forzado, el 6% sufrieron 2 desplazamientos forzados y el 0.8% más de dos
desplazamientos forzados.
52
A partir de estos datos es importante describir en el tiempo el comportamiento del
desplazamiento forzado, con el fin de identificar los periodos de mayor victimización y poder
estudiar sus causas. En términos de victimización, el fenómeno del desplazamiento forzado en
Colombia durante los últimos 30 años, puede dividirse en cuatro períodos particulares. El primer
periodo, está comprendido entre 1985 y 1990, es decir, desde el momento en que las víctimas del
desplazamiento forzado fueron reconocidas por el Estado, hasta antes de que entrara en vigor la
Constitución Política de 1991. El segundo periodo, se enmarca desde dicha fecha y se extiende
hasta 2001, durante cuya etapa se produce la implementación del nuevo modelo de desarrollo
basado en la apertura económica, y que incluye el frustrado proceso de paz de la administración
de Andrés Pastrana. El tercer momento, abarca los dos períodos presidenciales del gobierno de
Álvaro Uribe Vélez —desde 2002 hasta 2010—, que se identifican bajo la Política de Seguridad
Democrática. Por último, el cuarto periodo, que se extiende desde 2011, año en el cual se expide
la Ley 1448, hasta diciembre de 2013, momento en el cual se lleva a cabo la I-ENV_CGR-2013.
Fuente: I-Encuesta Nacional de Víctimas_CGR-2013; CID-UN
206.558
2.205.272
2.841.960
353.256
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
1985 - 1990 1991 - 2001 2002 - 2010 2011 - 2013
39,3%
3,7%
6,7%
50,7%
Proposición de resultado 3-6: Dinámica del desplazamiento 1985-2013
La I-ENV_CGR-2013 muestra que la mitad del desplazamiento forzado en Colombia se
produjo en el período 2002-2010. Por lo demás, el fenómeno se mantiene, y posterior a la
expedición de la Ley 1448 de 2011 se registran hechos que afectan todavía al 6,7% del total
de personas víctimas del desplazamiento forzado.
53
La I-ENV_CGR-2013 revela que el periodo en el cual se acentuó el desplazamiento
forzado en el país, coincide con la ejecución de la política de seguridad democrática. En efecto,
durante esos ocho años se generaron casi la mitad de los desplazamientos que se han presentado
en el país desde 1985. En otras palabras, el periodo de la seguridad democrática, que se basaba
precisamente, en la confianza de los ciudadanos respecto de la seguridad y protección por parte de
la fuerza pública en todo el territorio nacional, terminó convirtiéndose en la etapa más crítica para
las víctimas en Colombia. En efecto, solo basta decir que, en este periodo, una población de
aproximadamente dos millones y medio de personas sufrió el desplazamiento forzado.
Por otro lado, el lustro comprendido entre 1985 y 1990 (periodo previo a la nueva
Constitución Política de Colombia) es un tiempo caracterizado por falta de garantías para las
víctimas, debido al contexto de violencia política y crisis de legitimidad del régimen político; en
este periodo histórico, se inicia un nuevo proceso de desplazamiento forzado en el país31.
Los resultados de la I-ENV_CGR-2013 muestran que el fracaso de las negociaciones de
paz con las FARC-EP y el ELN en los años 80 y 90, el genocidio de la Unión Patriótica y el
fortalecimiento de los grupos paramilitares, implicaron la exacerbación del desplazamiento
forzado en el país. En el periodo 1991–2001 fueron desplazadas más de dos millones de personas.
Este interludio se caracterizó por la entrada en vigor de la Constitución Política de 1991, también
fue importante por la creación de las leyes 387 y 418 de 1997, que son los primeros intentos legales
de asistir y atender a las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia. Igualmente, en este
periodo se sostuvo una buena parte del proceso de paz del Gobierno de Andrés Pastrana Arango
con las FARC-EP, que finalmente, no llegaría a concretarse en un acuerdo de paz definitivo.
Finalmente, el periodo posterior a la Ley 1448 de 2011 está caracterizado por una
disminución, respecto al periodo anterior, en el número de personas forzosamente desplazadas.
Sin embargo, esta disminución no es totalmente clara debido, en primer lugar, a lo reducido del
periodo en cuestión y, en segundo lugar, a la continuidad del conflicto y a las nuevas dinámicas
que el mismo ha engendrado (desplazamientos urbanos, confinamientos, etc.).
31Ya el país había vivido un periodo de fuerte despojo de tierras y desplazamiento forzado de campesinos en los años 40 y 50, periodo conocido como de “La Violencia”. Al respecto ver: Bello, Marta (2003). El desplazamiento forzado en Colombia: Acumulación de Capital y Exclusión Social. Revista Aportes Andinos.
54
Lo cierto es que la identificación de las tendencias descritas, debe dar lugar a
investigaciones más profundas sobre los eventos concretos y las dinámicas económicas, políticas,
sociales y culturales que agravan la situación de los desplazados. La única afirmación categórica
que se puede hacer, es que el fenómeno del desplazamiento no se ha detenido, y que es necesario
estudiar con mayor profundidad las causas que lo alimentan. Por lo demás, este tipo de estudios
deben permitir corregir las imperfecciones del marco jurídico y las influencias que tienen diversos
agentes sobre la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, para que de esta manera
se atiendan correcta y oportunamente los deberes estatales de asistencia, atención y reparación
integral que permitan el goce efectivo de los derechos de la población víctima.
3.1.3 La geografía del desplazamiento forzado: zonas de expulsión y recepción.
Otro de los resultados importantes de la I-ENV_CGR-2013 tiene que ver con la posibilidad
de construir un mapa del desplazamiento forzado en Colombia, que sirva para guiar la
implementación y el despliegue en el territorio de la política pública derivada de la Ley de
Víctimas y Restitución de Tierras. En efecto, conocer la distribución territorial de dicha población
puede ayudar, desde el punto de vista fiscal, para redefinir el reparto de recursos por Sistema
General de Participaciones, regalías y ayudas directas de asistencia. En el mapa 1, se observan el
número y el porcentaje de personas víctimas del desplazamiento forzado a partir de 1985, por
región de expulsión y región de recepción.
Entre los resultados importantes de esta estimación, sobresale la Región 1, conformada por
los departamentos de Antioquia y Chocó, como la que más expulsó personas en el periodo
comprendido entre 1985 y 2013 (1.424.510 personas, equivalentes, esto es, el 25.4% del total de
personas desplazadas desde 1985)32; el 78.3% de estas víctimas se desplazaron en el interior de la
misma Región 1, el 14.3% se fueron para la Región 2 (conformada por Bolívar, Córdoba, Sucre y
Atlántico), y un 5,4% se fueron para la Región 5 del centro del país (conformada por Bogotá, Valle
del Cauca sin Buenaventura, Santander, Tolima, Caldas, Quindío, Risaralda, Cundinamarca y
Boyacá).
32La estimación de personas víctimas del desplazamiento forzado según la I-ENV_CGR-2013 es de 5.611.984 personas.
55
En segundo lugar, en términos de expulsión, se encuentra la Región 2, con 1.054.930
víctimas de este hecho victimizante (equivalente al 18,8% del total de personas desplazadas
forzadamente desde 1985). De este subconjunto, se destaca que el 76,3% se desplazó dentro de la
misma Región 2, el 16% se desplazó hacia la Región 5, y un 4.4% se desplazó hacia la Región 3
(conformada por los departamentos de Magdalena, Cesar, La Guajira y Norte de Santander).
Por expulsión, la Región 4 (conformada por los departamentos de Caquetá, Cauca, Nariño,
Putumayo y el Distrito Especial de Buenaventura), ocupa el tercer lugar de mayor desplazamiento
forzado de personas, con 1.032.699 víctimas (el 18,4% del total de personas desplazadas
forzadamente desde 1985); de este subconjunto el 63.8% de las personas permanecieron en dicha
región, y un 33.5% se desplazaron hacia la Región 5.
Mapa 1 -Recepción y expulsión población en situación de desplazamiento Según las seis regiones de la I-I-ENV_CGR-2013
56
Fuente: I Encuesta Nacional de Víctimas 2013 - CGR, CID – UN
Proposición de resultado 3-7: expulsión y recepción de desplazados
La I-ENV_CGR-2013 permite conocer las regiones más afectadas en términos de expulsión
y recepción de víctimas del desplazamiento forzado en Colombia a partir de 1985. De mayor
a menor las regiones de expulsión se distribuyen en el siguiente orden: Región 1, Región 2,
Región 4, Región 3, Región 5 y Región 6. En términos de recepción las regiones de mayor a
menor se distribuyen en el siguiente orden: Región 5, Región 1, Región 2, Región 3, Región 4,
y Región 6.
57
La Región 3 se encuentra en el cuarto lugar, con 925.921 víctimas de desplazamiento forzado
expulsados (el 16,5% del total de personas desplazadas forzadamente desde 1985); y dentro de la
misma región, se desplazó el 81.8% de este subconjunto. El 9.8% de estos desplazados se fueron
a la Región 2, y el 7.3% a la Región 5.
En orden de importancia, la Región 5 es la quinta expulsora de población desplazada, con
800.572 víctimas (el 14,3% del total de personas desplazadas forzadamente desde 1985); de este
subconjunto, el 87.6% se desplazó en el interior de la misma región.
Finalmente está la Región 6 (Meta, Arauca, Casanare, Guaviare, Vichada, Vaupés,
Guainía, Amazonas), en donde se han desplazado 373.391 víctimas (el 6,7% del total de las
personas desplazadas forzadamente desde 1985). De este subconjunto, el 65% se desplazan en el
interior de la misma región, mientras que el 23,7% se desplazaron hacia la Región 5 (centro del
país).
En sentido inverso al anterior, la dinámica del desplazamiento forzado revela que es en la
Región 5, en el centro del país, en donde ocurre la mayor recepción de la población víctima de este
hecho victimizante, con el 25,8% del total de personas desplazadas forzadamente desde 1985
(1.448.685 personas); la mitad provienen de la misma región (701.195 personas), el 23.9% de la
Región 4 (346.315 personas) y el 11.6% de la Región 2 (168.337 personas). La segunda región
receptora de víctimas del desplazamiento forzado, es la Región 1, con un 21% del total de personas
desplazadas forzadamente desde 1985. Es de subrayar que el 94.7% de esta población proviene de
la misma región, con lo cual se muestra la magnitud de la crisis humanitaria relacionada con el
desplazamiento forzado en los departamentos de Antioquia y Chocó.
También hay que hacer una referencia al efecto que ha tenido el desplazamiento en los
once centros urbanos, para los cuales la Encuesta estimó la información del desplazamiento. En su
orden son Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Santa Marta, Cartagena, Buenaventura,
Villavicencio, Valledupar, Sincelejo y Florencia. En estas ciudades, la situación fiscal se ha visto
impactada por la llegada de población que busca refugio en los cascos urbanos.
Mapa 2.- Recepción población en situación de desplazamiento
58
Once principales centros urbanos en la I-ENV_CGR-2013
Fuente: I Encuesta Nacional de Víctimas 2013 - CGR, CID – UN
Proposición de resultado 3-8: Centros urbanos con más desplazados
Sobre un universo de 5.611.985 víctimas del desplazamiento forzado en Colombia, el
35.98% se encuentran en los principales 11 centros urbanos escogidos por la Encuesta
Nacional de Víctimas, siendo el más importante Bogotá y su área metropolitana con el 8.9%.
59
Sólo las capitales más grandes han demostrado tener musculo financiero para recibir y
atender a la población víctima del desplazamiento. Las más pequeñas requieren de más
apalancamiento de parte del Gobierno Nacional sobre todo en las situaciones de emergencia.
3.1.4 Sobre los motivos del desplazamiento
Según los resultados de la I-ENV_CGR-2013 es claro que el conflicto sociopolítico armado
sigue generando desplazamiento forzado de la población, y que esta tragedia aún obedece a planes
y esquemas sistemáticos de despojo y control del territorio por parte de los actores armados. Es
claro también que el desplazamiento forzado se apoya en violaciones masivas de los derechos
humanos, en infracciones al derecho internacional humanitario y en casos de violencia
generalizada contra la población civil33.
Gráfico 3.5. Porcentaje de grupos familiares desplazados a partir de 1985
Según motivo principal de desplazamiento
Fuente: I-Encuesta Nacional de Víctimas-CGR-2013
33 Al respecto ver el capítulo quinto del segundo informe de seguimiento y monitoreo a la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 2012 – 2013 realizado por la comisión de seguimiento de los organismos de control.
60
El gráfico 3.5 muestra la distribución de los motivos principales del desplazamiento
forzado en Colombia. Así, de un total de 1.388.591 grupos familiares víctimas de desplazamiento
forzado, el 54,7% se desplazó como resultado de amenazas directas. Si desagregamos el dato por
grupos familiares inscritos y no inscritos en el RUV, los resultados son 55.5% y 49.9%,
respectivamente. De esta forma, se confirma que la amenaza directa es, de lejos, la principal causa
del desplazamiento forzado tanto para los grupos familiares inscritos en el RUV, como para
aquellos que no están inscritos.
El segundo motivo en importancia como causa del desplazamiento forzado son los
combates, aunque aquí sí existe una diferencia entre los grupos familiares incluidos y no incluidos
en el RUV, pues para los segundos, proporcionalmente, las amenazas indirectas los afectan más,
aunque el elevado coeficiente de variación del estimativo implica la necesidad de relativizar esta
conclusión. La otra causa importante que impulsa el desplazamiento forzado, tanto en los grupos
familiares incluidos o no en el RUV, es el asesinato de vecinos o amigos, el asesinato de familiares
(tíos, primos y abuelos) y el asesinato del padre, la madre, los hijos y los cónyuges.
Ahora bien, la distribución en el tiempo de los motivos del desplazamiento forzado, deja
ver que los combates no han disminuido significativamente y que las amenazas directas, como
causas del desplazamiento, tienen una tendencia creciente. Esto permitiría afirmar que el
desplazamiento forzado aún obedece a planes y esquemas sistemáticos de despojo y control del
territorio por parte de los actores armados. Estos datos coinciden con los aportados por otros
estudios sobre el tema34.
34 Al respecto ver: “La Crisis Humanitaria en Colombia Persiste. El Pacifico en Disputa.” Informe sobre el desplazamiento forzado en 2012. CODHES. Mayo de 2013.
Proposición de resultado 3-9: Motivos del desplazamiento
El principal motivo de desplazamiento forzado en Colombia es la amenaza directa (54,7%),
en segundo lugar están los combates con (8,4%), en tercer lugar el asesinato de vecinos o
amigos (7.5%), en cuarto lugar el asesinato de familiares indirectos y las amenazas
indirectas (6,5%), y en quinto lugar el asesinato de los familiares directos (5.5%).
61
Cuadro 3.4 -Porcentaje de grupos familiares desplazados a partir de 1985. Según motivo principal de desplazamiento.
60
Estos resultados muestran no solo la persistencia del fenómeno del desplazamiento forzado
y de los motivos que lo causan, sino también que sus motivos estructurales no han sido resueltas
y que los factores de riesgo y las dinámicas de vulneración de derechos se mantienen en el tiempo.
La I-ENV_CGR-2013 nos permite establecer, en cuatro periodos, que la amenaza directa es la
razón principal del desplazamiento forzado. Los resultados de la Encuesta ponen de manifiesto
una realidad adversa a la esperada tras la Sentencia T-025 de 2004, que declaró el ECI. Es decir,
además de que no se ha alcanzado plenamente el Goce Efectivo de los Derechos de las víctimas,
continúa de manera alarmante la violación a sus derechos fundamentales, ante la incapacidad de
respuesta efectiva por parte de las autoridades. Esto significa, más allá de las consideraciones
morales, una muestra irrefutable de la carencia absoluta de garantías constitucionales que debe
cumplir el Estado Social de Derecho para más del 10% de sus ciudadanos.
1985 y c.v.e 1998 y c.v.e 2003 y c.v.e 2011 y c.v.e
1997 (%) 2002 (%) 2010 (%) 2013 (%)
Amenazas directas 46,6 4,8 51,8 2,8 60,1 2,3 60,7 5,8
Combates 8,1 15,1 9,2 9,0 7,8 9,5 8,4 23,7
Amenazas indirectas 9,8 13,6 6,2 11,2 5,7 11,4 * *
Asesinatos de padre, madre, hijos/as
o cónyugues7,7 15,5 5,8 11,5 4,4 12,9 * *
Asesinato de vecinos o amigos 10,2 13,3 9,6 8,8 5,4 11,7 * *
Reclutamiento forzoso de menores
de 18 años2,0 31,1 3,4 15,3 4,4 12,9 * *
Asesinato de otros familiares 7,9 15,2 7,6 10,0 5,4 11,6 * *
* Información estadisticamente no significativa
Fuente: I Encuesta Nacional de Víctimas 2013 - CGR, CID - UN
Motivo principal de
desplazamiento
Proposición de resultado 3-10: Principales causas del desplazamiento forzado
La dinámica de victimización derivada del conflicto sociopolítico armado en Colombia
continúa, con la amenaza directa como una de sus principales causas (aumentó de 46,6% a
60,7%). En este sentido podemos afirmar que la violencia contra la población civil sigue
siendo masiva, prolongada y reiterada.
62
3.1.5 Sobre las modalidades del desplazamiento forzado
La afirmación según la cual el desplazamiento forzado continúa obedeciendo a planes y
esquemas sistemáticos de despojo y control del territorio por parte de los actores armados, también
puede evidenciarse al analizar las modalidades del desplazamiento forzado. En este caso nos
referimos a los diferentes tipos de desplazamiento forzado: de un solo hogar, de 2 a 10 hogares, al
que denominaremos grupal, o de más de 10 hogares, al que denominaremos desplazamiento
masivo.
Gráfico 3.6. Porcentaje grupos familiares desplazados a partir de 1985
Por región según modalidad del primer o único desplazamiento
Fuente: I-Encuesta Nacional de Víctimas_CGR-2013
Proposición de resultado 3-11: Modalidad del desplazamiento
La encuesta muestra que los desplazamientos masivos (más de 10 hogares) tienen una
mayor prevalencia en las regiones 1, 2 y 3. Los desplazamientos de un solo hogar
predominan en las regiones 4,5 y 6.
63
El desplazamiento forzado en las regiones 1, 2 y 3 obedece de manera importante a
desplazamientos forzados masivos de más de diez hogares. Es decir, hay una evidencia sobre el
carácter generalizado y sistemático de la violencia, además de provocar procesos de desarraigo de
mayor gravedad, pues destruyen por completo el conjunto de relaciones sociales construido por
las comunidades. Estas son regiones que comprenden toda la costa norte de Colombia y los
departamentos de Antioquia y Chocó, donde se ha corroborado que la guerra ha sido más intensa
y ha generado más desplazamiento forzado35. Este resultado contrasta con el comportamiento de
las regiones 4, 5 y 6, en donde los desplazamientos de un solo hogar son los más significativos.
Estas tendencias se mantienen cuando analizamos los grupos familiares incluidos o no en el RUV.
En el gráfico 3.6 podemos observar el total del desplazamiento forzado por región, según
la modalidad. Además de lo ya señalado, no es menos significativo el resultado obtenido para los
desplazamientos grupales de 2 a 10 hogares, que en las seis regiones se encuentra en un margen
entre el 28,3% en la Región 1 y el 20% en la Región 2. Si se suman los desplazamientos grupales
que involucran entre 2 y 10 hogares, con los desplazamientos masivos que involucran más de 10
hogares, tenemos que el desplazamiento grupal por regiones tendría el siguiente comportamiento
de mayor a menor: Región 1 el 78.2% de los desplazamientos grupales, Región 2 el 73.8%, la
Región 3 el 65.1%, la Región 6 el 52.7%, la Región 5 el 49.3% y la Región 4 el 4.3%.
Cuadro 3.5. Porcentaje grupos familiares desplazados a partir de 1985
Según modalidad del primer o único desplazamiento, por periodos
35Al respecto ver: Codhes (2013). La Crisis Humanitaria en Colombia Persiste. El pacifico en Disputa. Informe sobre el desplazamiento forzado en 2012.
1985 y c.v.e 1998 y c.v.e 2003 y c.v.e 2011 y c.v.e
1997 (%) 2002 (%) 2010 (%) 2013 (%)
Sólo su hogar 26.7 7.4 28.9 4.5 42.2 3.3 55.7 6.4
De 2 a 10 hogares 26.6 7.4 24.7 5 27.1 4.6 23.8 12.8
Más de 10 hogares 44.5 5 44.7 3.2 30 4.3 19.2 14.7
Fuente: I Encuesta Nacional de Víctimas 2013 - CGR, CID - UN
Modalidad de
desplazamiento
Proposición de resultado 3-12: Modalidad y periodo de desplazamiento
La encuesta muestra que los desplazamientos masivos (más de 10 hogares) en términos
relativos vienen perdiendo importancia en el tiempo dentro del total nacional de grupos
familiares víctimas del desplazamiento forzado. Sin embargo, el desplazamiento forzado de
un solo hogar ha crecido significativamente en los últimos 10 años.
64
Ahora bien, si queremos analizar en el tiempo los cambios en las modalidades del
desplazamiento forzado en Colombia, debemos realizar dos ejercicios: en primer lugar, describir
la evolución del total del desplazamiento forzado por modalidad; en segundo lugar, describir esa
evolución por regiones de expulsión. El cuadro 3.5 muestra la evolución en el tiempo del
desplazamiento forzado por modalidad para todas las regiones. Los datos muestran que, en
términos relativos, el desplazamiento forzado masivo (más de 10 hogares) viene perdiendo
importancia, mientras que el desplazamiento de un solo hogar gana importancia a través del
tiempo.
Por regiones, la situación tiene múltiples variaciones y particularidades. Por ejemplo, en el
cuadro 3.6, es claro que el desplazamiento masivo en la Región 1, dentro del total del
desplazamiento masivo a nivel nacional, ha venido disminuyendo, al mismo tiempo que la
participación de esta modalidad se multiplico en términos relativos en la Región 4, que no tiene
en cuenta al Chocó pero si a buena parte de la costa pacífica (Nariño, Cauca y Buenaventura),
donde el conflicto armado se ha profundizado en los años recientes. Al respecto, los datos también
muestran que en las regiones 1 y 4 se encuentra el 73% de los grupos familiares víctimas del
desplazamiento forzado masivo durante el periodo 2011-2013. De igual manera el cuadro 3.6 deja
ver cómo la Región 4 participa, en años recientes, en términos relativos, de una manera más
importante en el total del desplazamiento nacional en cada modalidad.
Cuadro 3.6. Porcentaje grupos familiares desplazados a partir de 1985
Según modalidad del primer o único desplazamiento, por regiones y periodos
65
3.1.6 Presuntos autores del desplazamiento forzado y factores asociados
Uno de los aspectos más importantes a establecer, pero al mismo tiempo más difícil de
analizar dadas las diversas características regionales del conflicto sociopolítico armado, y dado el
miedo y terror en que viven las víctimas, es el relacionado con los presuntos autores del
desplazamiento forzado. La posibilidad de comparar los resultados de la I-ENV_CGR-2013 con
las encuestas nacionales de verificación realizadas en 2007, 2008 y 2010 por la Comisión de
Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado (CSPPSDF) y la Consultoría para
los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), nos permite avanzar ciertas conclusiones.
En primer lugar, es importante subrayar que tanto en la encuesta de 2008, como en la encuesta de
2010 y nuevamente en la I-ENV_CGR-2013, los grupos paramilitares aparecen como los
principales responsables del desplazamiento forzado en términos absolutos. Esto quiere decir, que
son los paramilitares los que más grupos familiares han desplazado forzosamente en Colombia. Le
Región 1 32,8 15,7 10,9 5,8 41,8 25,2 22,0 36,3 59,8 27,8 25,8 18,4
c.v.e (%) 12,5 12,9 12,4 * 10,7 10,4 10,2 19,4 5,4 6,6 8,3 *
Región 2 16,8 17,0 9,6 7,2 17,7 16,0 11,1 7,1 21,2 36,1 18,7 8,0
c.v.e (%) 19,4 12,3 13,3 * * 13,8 15,4 * 12,8 5,5 10,3 *
Región 3 14,6 2,0 13,3 9,1 12,8 19,7 17,3 3,2 9,9 18,9 20,4 8,6
c.v.e (%) 21,1 11,0 11,1 * * 12,2 11,9 * * 8,5 9,7 *
Región 4 9,3 24,1 35,7 37,3 1,7 20,3 25,2 30,2 3,5 5,9 13,3 54,7
c.v.e (%) 27,1 9,9 5,8 12,6 * 11,9 9,4 * * 16,3 12,5 14,2
Región 5 20,1 15,3 20,7 30,3 18,9 13,0 15,8 18,3 4,0 8,3 11,2 7,4
c.v.e (%) 17,3 13,1 8,5 14,7 18,8 15,6 12,5 * * 13,7 13,8 *
Región 6 6,3 7,6 9,6 10,3 7,1 5,7 8,6 4,9 1,7 3,0 10,5 2,9
c.v.e (%) * * 13,3 * * * 17,7 * * * 14,4 *
* Información estadisticamente no significativa
Fuente: I Encuesta Nacional de Víctimas 2013 - CGR, CID - UN
1998 y
2002
2003 y
2010
Región de
expulsión2011 y
2013
Sólo su hogar De 2 a 10 hogares Más de 10 hogares
1985 y
1997
1998 y
2002
2003 y
2010
2011 y
2013
1985 y
1997
1998 y
2002
2003 y
2010
2011 y
2013
1985 y
1997
Proposición de resultado 3-13: Modalidades de desplzamiento por región
La encuesta muestra que en el periodo 2011-2013, el 73% de los grupos familiares víctimas
del desplazamiento forzado masivo se concentran en las regiones 1 y 4, lo cual es un reflejo
de lo que está sucediendo recientemente en el pacifico colombiano.
66
siguen, en su orden, la guerrilla de las FARC-EP, otro grupo guerrillero sin identificar, un grupo
armado no identificado y más de un grupo.
Cuadro 3.7. Porcentaje de grupos familiares desplazados a partir de 1985. Según presuntos autores.
Sin embargo, cuando hacemos la desagregación temporal encontramos ciertos cambios
significativos. Por ejemplo, según la I-ENV_CGR-2013, para el periodo 2011-2013, la guerrilla
de las FARC-EP se convierte, en términos relativos, en el grupo que más desplazamiento forzado
genera, con un 36.6% del total de grupos familiares víctimas del desplazamiento forzado en el país
en dicho periodo. Ahora bien, es importante tener en cuenta, que en términos absolutos, los
paramilitares siguen siendo el grupo que mayor victimización genera, cuestión evidenciada en el
cuadro 3.9 que muestra los universos absolutos en general, y para cada periodo.
Cuadro 3.8. Porcentaje de grupos familiares desplazados a partir de 1985
Por periodos, según presuntos autores
Total cve (%)
Paramilitares (AUC) 35,8 2,4
FARC 27 2,9
Grupo guerrillero sin identificar 11,7 4,9
Grupo armado no identificado 8,8 5,7
Más de un grupo 7,9 6
No saben 3,4 9,4
ELN 2,7 10,7
Bandas Emergentes, BACRIM 1,1 *
Otro 0,7 *
No responden 0,6 *
Fuerza Pública (ejército, Policía, Armada fuerza aérea) 0,4 *
100,1
Fuente: I-Encuesta Nacional de Víctimas_CGR-2013; CID-UN
Presuntos autores
Porcentaje para total de
grupos familiares
desplazados, por año del
desplazamiento
Proposición de resultado 3-14: Presuntos autores del desplazamiento
La I-ENV_CGR-2013 muestra que los grupos paramilitares son los principales
responsables del desplazamiento forzado en Colombia en el periodo acumulado 1985-2013
67
Cuadro 3.9. Totales y porcentajes de grupos familiares desplazados a partir de 1985.
Por periodos, según presuntos autores.
c.v.e c.v.e c.v.e c.v.e
(%) (%) (%) (%)
Paramilitares 36,0 6,0 42.9 3.3 32.4 4,0 21.2 13.8
FARC 21,0 8.7 21.6 5.5 32,0 4.1 36.6 9.4
Grupo guerrillero sin identificar 13.3 11.4 11.1 8.1 11.5 7.7 12.2 *
Más de un grupo 12.6 11.8 7,0 10.5 6.8 10.3 5.9 *
Grupo armado no identificado 7.1 * 9.8 8.7 8.1 9.4 13.4 *
ELN 2.8 * 1.9 * 3.2 15.2 2.1 *
No sabe 3.8 * 3.5 15.1 3.2 15.4 3.5 *
Fuente: I Encuesta Nacional de Víctimas 2013 - CGR, CID - UN
Presunto autor1985 y
1997
1998 y
2002
2003 y
2010
2011 y
2013
Presunto
AutorVariable Total 1985 y 1997 1998 y 2002 2003 y 2010 2011 y 2013
Numerador 497,556 94,209 197,558 185,926 19,535
Paramilitares Denominador 1,388,591 261,458 460,651 573,048 92,03
Porcentaje 35.8 36 42.9 32.4 21.2
c.v.e. (%) 2.4 6 3.3 4 13.8
Numerador 371,96 54,818 99,582 183,66 33,725
FARC Denominador 1,388,591 261,458 460,651 573,048 92,03
Porcentaje 26.8 21 21.6 32 36.6
c.v.e. (%) 2.9 8.7 5.5 4.1 9.4
Fuente: I Encuesta Nacional de Víctimas 2013 - CGR, CID - UN
Proposición de resultado 3-15: Presuntos autores del desplzamiento II
La I-ENV_CGR-2013 muestra que en el último periodo considerado 2011-2013, la guerrilla
de las FARC-EP se convierte en el grupo armado que más desplazamiento forzado genera
con un 36.6% del total de los grupos familiares víctimas del desplazamiento forzado en dicho
periodo, aunque en términos absolutos se trata de un universo mucho menor al de los
periodos anteriores.
68
Otro de los elementos a resaltar en esta dinámica temporal es lo relativo a las diferencias
que existen sobre este tema entre los grupos familiares inscritos en el RUV y aquellos que no lo
están. En efecto, de los datos aportados por la I-ENV_CGR-2013 es importante anotar como para
los grupos familiares incluidos en el RUV existe un fuerte cambio de tendencia en la identificación
de los presuntos autores del desplazamiento. Para estos grupos familiares, hasta el año 2002 los
presuntos responsables de su victimización eran fundamentalmente los grupos paramilitares
(42.5% frente al 21.7% atribuido a la guerrilla de las FARC-EP). Sin embargo esta tendencia
cambia primero de manera suave en el periodo 2003-2010 (33.9% atribuido a las FARC-EP y un
30.4% atribuido a los grupos paramilitares), y después abruptamente en el último periodo
considerado (40.4% atribuido a la guerrilla de las FARC-EP frente a un 20.9% atribuido a los
paramilitares).
Cuadro 3.10. Porcentaje grupos familiares desplazados a partir de 1985 Inscritos en el RUV y año del primer o único desplazamiento. Según presuntos autores
No sucede lo mismo con los grupos familiares no inscritos en el RUV para quienes los
grupos paramilitares siguen siendo los principales responsables de su desplazamiento forzado.
Cuadro 3.11. Porcentaje grupos familiares desplazados a partir de 1985
No inscritos en el RUV- Año del primer o único desplazamiento y según presuntos autores
Presunto autor Totalc.v.e.
(% )
1985 y
1997
c.v.e.
(% )
1998 y
2002
c.v.e.
(% )
2003 y
2010
c.v.e.
(% )
2011 y
2013
c.v.e.
(% )
Paramilitares 35.7 2.6 41.3 6.4 42.5 3.5 30.4 4.5 20.9 15.9
FARC 27.8 3.1 19.6 10.9 21.7 5.8 33.9 4.1 40.4 9.9
Grupo guerrillero sin identificar 11.6 5.3 11.5 14.9 11.1 8.6 11.8 8 12.6 21.5
Grupo armado no identificado 8.9 6.1 6.8 19.9 10.1 9.1 8.2 9.9 11.9 22.2
Más de un grupo 7.9 6.5 12.4 14.3 7.4 10.8 6.9 10.8 * *
No sabe 3.2 10.5 3.7 27.5 3.1 17 3.3 16 * *
ELN 2.6 11.7 2.4 33.9 1.9 21.8 3.2 16.2 * *
Bandas Emergentes, BACRIM 0.9 19.7 * * * * 1.3 25.2 * *
No responde 0.6 23.7 * * 1 29.9 * * * *
Fuerza Pública 0.4 31.4 * * * * * * * *
Otro 0.3 32.3 * * * * * * * *
* Información estadisticamente no significativa
Fuente: I Encuesta Nacional de Víctimas 2013 - CGR, CID - UN
69
Por otra parte, hay una tendencia decreciente en cuanto a la incapacidad de los grupos
familiares víctimas del desplazamiento forzado de identificar al presunto autor de su
desplazamiento. Por ejemplo, para la población RUV, en la encuesta de 2007 este porcentaje (no
saben) alcanzó el 22.1%; en la encuesta de 2008 se redujo a 13.6%; en la tercera encuesta nacional
de verificación se siguió reduciendo hasta alcanzar el 5.4%. En la I-ENV_CGR-2013 el resultado
alcanza tan solo un 3.4%.
Ahora bien, las diferencias entre los presuntos autores del desplazamiento forzado también
se manifiestan a nivel, tanto de las modalidades del desplazamiento como a nivel de las regiones,
en las cuales operan estos grupos. Así, en términos totales para el periodo 1985-2013, es claro que
los grupos paramilitares generan un desplazamiento forzado, a nivel de hogar, grupal y masivo
mucho más importante que los otros grupos.
Presunto autor Totalc.v.e.
(%)
1985 y
1997
c.v.e.
(%)
1998 y
2002
c.v.e.
(%)
2003 y
2010
c.v.e.
(%)
2011 y
2013
c.v.e.
(%)
Paramilitares 36.8 6 23.5 14.7 45.6 9.2 50.6 8.4 22.7 27.7
FARC 20.9 8.9 24.2 14.4 20.8 16.5 16.2 19.4 22.1 28.1
Grupo guerrillero sin identificar 12.8 12 17.5 17.6 11 24 9.1 26.9 * *
Grupo armado no identificado 8.6 14.9 8 27.6 7.8 29.1 7 31.2 19.2 30.8
Más de un grupo 7.9 15.7 13.2 20.9 * * 5.7 34.7 * *
No sabe 4.4 21.4 4.3 38.6 6.2 32.9 * * * *
ELN 2.8 27.3 * * * * * * * *
Otro 2.7 27.8 * * * * * * * *
Bandas Emergentes, BACRIM 1.9 32.9 * * * * * * * *
* Información estadisticamente no significativa
Fuente: I Encuesta Nacional de Víctimas 2013 - CGR, CID - UN
Proposición de resultado 3-16: Presuntos autores del desplazamiento III
La I-ENV_CGR-2013 muestra que mientras que para los grupos familiares inscritos en el
RUV la guerrilla de las FARC-EP se convierte en términos relativos en el mayor generador
de desplazamiento forzado en tiempos recientes, para los grupos familiares no inscritos en el
RUV, los grupos paramilitares son los principales presuntos autores de su desplazamiento
forzado.
70
Cuadro 3.12. Porcentaje de grupos familiares desplazados a partir de 1985 Por modalidad del primer o único desplazamiento y según presuntos autores
En el cuadro 3.13 podemos observar la distribución regional del desplazamiento forzado
por sus presuntos autores. Aquí existe una división regional neta. Los grupos paramilitares
generando más desplazamiento forzado en términos relativos en las regiones 1, 2, y 3 y la guerrilla
de las FARC-EP generando más desplazamiento forzado en términos relativos en las regiones 4,
5 y 6.
Total c.v.e. (%) Total c.v.e. (%) Total c.v.e. (%)
Paramilitares 31.4 4.5 32.9 5.1 42 3.3
FARC 30.4 4.6 26.6 5.9 23.7 5
ELN 2.1 20.8 3.7 18.1 2.4 17.9
Grupo guerrillero sin identificar 12.8 7.9 14.1 8.8 9.3 8.8
Grupo armado no identificado 9.3 9.5 10.2 10.6 7.6 9.8
Fuerza Pública 0.6 38.4 0.3 65.4 0.3 54.1
Bandas Emergentes, BACRIM 1.5 24.3 1.1 34.6 0.7 33.5
Otro 0.8 33.5 0.6 47.6 0.7 33
Más de un grupo 7.1 11 6.5 13.5 9.6 8.6
No responde 0.4 47.1 0.9 37.1 0.7 33.7
No sabe 3.7 15.5 3.1 19.9 3.1 15.5
Fuente: I Encuesta Nacional de Víctimas 2013 - CGR, CID - UN
Presunto autorSólo un hogar De 2 a 10 hogares Más de 10 hogares
Proposición de resultado 3-17: Presuntos autores del desplazamiento y modalidad
La I-ENV_CGR-2013 muestra que en términos relativos y absolutos, los grupos
paramilitares han generado más grupos familiares víctimas del desplazamiento forzado en
cada una de las modalidades.
71
72
Cuadro 3.13 -Porcentaje de grupos familiares desplazados a partir de 1985 Por presuntos autores del primer o único desplazamiento y región de expulsión
3.2 Caracterización socioeconómica de las víctimas del desplazamiento
forzado.
El reto que se impuso el Estado y la sociedad colombiana con la promulgación de la Ley
de Víctimas y Restitución de Tierras fue garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la
justicia y la reparación integral en un contexto de continuidad del conflicto sociopolítico armado
Región de Expulsión Región 1 Región 2 Región 3 Región 4 Región 5 Región 6
Paramilitares 38.6 45.4 58.7 15.7 28.6 19.3
c.v.e. (%) 5.5 3.9 3.4 9.3 7.5 14
FARC 23.5 11.1 9.5 46.8 32.5 51.3
c.v.e. (%) 7.8 10.1 12.5 4.3 6.8 6.7
ELN 1.8 4.2 2.5 2.6 2.5 2.6
c.v.e. (%) * 17 * * * *
Grupo guerrillero sin identificar 10.7 10.2 11.7 15.7 12 8.6
c.v.e. (%) 12.5 10.6 11.2 9.3 12.8 *
Grupo armado no identificado 10.5 9.8 9.1 8.3 7.7 3.3
c.v.e. (%) 12.6 10.8 12.8 13.3 16.4 *
Fuerza Pública 0.2 0.6 0.3 0.5 0.5 0.5
c.v.e. (%) * * * * * *
Bandas Emergentes, BACRIM 1.7 0.7 0.8 0.6 1.8 0.3
c.v.e. (%) * * * * * *
Otro 1 1 0.3 0.2 1.2 0.1
c.v.e. (%) * * * * * *
Más de un grupo 8.8 10.1 4.6 7.6 6.1 11.4
c.v.e. (%) 14 10.7 * 14.1 * *
No responde 0.4 0.7 0.8 0.2 1.5 0.3
c.v.e. (%) * * * * * *
No sabe 2.9 6.1 1.6 1.9 5.5 2.4
c.v.e. (%) * 14 * * * *
* Información estadisticamente no significativa
Fuente: I Encuesta Nacional de Víctimas 2013 - CGR, CID - UN
Proposición de resultado 3-18: Presuntos autores del desplazamiento y regiones
La I-ENV_CGR-2013 muestra que los grupos paramilitares han generado más desplazamiento
forzado en términos relativos en las regiones 1, 2, y 3, y la guerrilla de las FARC-EP
generando más desplazamiento forzado en términos relativos en las regiones 4, 5 y 6.
73
que vive el país. Esto implica no solo de atender y reparar a las víctimas históricas, sino proteger
y asistir a la población que vive en las zonas donde el conflicto armado todavía tiene lugar. Lo
anterior implica conocer con algún grado de detalle, no solamente las dinámicas propias de la
victimización, sino ante todo, quienes son las víctimas y cuáles son sus características en términos
sociales, económicos y culturales. Múltiples estudios han mostrado que la mayor parte de las
víctimas del desplazamiento forzado en Colombia son campesinos, colonos, aparceros, jornaleros
que han estado excluidos de las dinámicas del mercado y del Estado Social de Derecho.
Igualmente, encontramos entre estas víctimas a ciudadanos pertenecientes a los pueblos y
comunidades étnicas, indígenas, negras, afrocolombianos, raizales, palenqueros y miembros del
pueblo Rrom.
La I-ENV_CGR-2013 muestra la grave situación socioeconómica en la que se encuentran
las víctimas en Colombia. Los resultados dejan ver que el crecimiento económico de los últimos
años no ha beneficiado directamente a las poblaciones más vulnerables, entre ellas, a las víctimas
del conflicto armado. Gran parte de la población víctima se encuentra atrapada en un círculo
perverso de pobreza, baja calificación, limitado acceso a servicios educativos y de formación para
el trabajo, mayor exposición a todo tipo de riesgos y menores posibilidades de acceso al mundo
laboral formal y a las redes de protección social. Lo anterior implica la reproducción inter-
generacional de la pobreza, la exclusión y la marginalidad, una inserción más precaria al mundo
laboral, ocupaciones de poca productividad y bajas remuneraciones.
Las reformas económicas de los últimos veinticinco años han exacerbado el carácter
excluyente del modelo económico actual, lo cual es evidenciado por las cifras de pobreza y
desigualdad, entre otras.36 Así, la reparación integral no puede significar un volver al estado
anterior al hecho victimizante, sino que debe implicar una transformación radical de la situación
de extrema pobreza y marginalidad en la cual se encuentran la mayor parte de las víctimas del
conflicto sociopolítico armado interno que vive el país. El camino para lograr esta reparación
integral y transformadora es el fortalecimiento del Estado Social de Derecho, el cual, para muchos
ciudadanos, es inexistente en gran parte del territorio colombiano.
36Al respecto ver el boletín del 21 de marzo de 2014 del DANE sobre pobreza monetaria y multidimensional 2013. El valor nacional del indicador GINI que mide la desigualdad se ubicó en 0.539 lo cual nos convierte en el tercer país más desigual del continente después de Brasil y Republica Dominicana.
74
Por lo demás, el conflicto armado y las debilidades de la política pública para las víctimas
y la restitución de tierras no logran superar el gravísimo diferencial de oportunidades de las
víctimas, el cual consiste simplemente en que para esta población hacer lo mismo implica mayores
esfuerzos: estudiar implica más sacrificios, cuidar la salud implica más gastos en términos
relativos, insertarse en el mercado laboral es más difícil, etc. En resumen, se trata de una población
que enfrenta más riesgos y tiene menos posibilidades de protegerse.
3.2.1 Tamaño promedio de los hogares
Al igual que las anteriores encuestas realizadas por la Comisión de Seguimiento a la
Política Pública sobre Desplazamiento Forzado (CSPPSDF) y la Consultoría para los Derechos
Humanos y el Desplazamiento (Codhes), la I-ENV_CGR-2013 mantiene la definición tradicional
de hogar utilizada por el DANE a saber: “la de persona o grupo de personas parientes o no parientes
entre sí, que ocupan la totalidad o parte de la vivienda, atienden sus necesidades con base en un
presupuesto común y generalmente comparten las comidas.”37
Según la Encuesta de Calidad de Vida del DANE, el promedio de personas por hogar en
2013 es de 3.5 a nivel nacional, 3.4 personas en promedio por hogar en las cabeceras y 3.7 personas
por hogar en promedio en las áreas rurales. Para el caso de los hogares con personas víctimas del
desplazamiento forzado, este promedio es de 4.7 según pudo establecer la I-ENV_CGR-2013.
Cuadro 3.14 -Hogares con personas desplazadas a partir de 1985 Según promedio de personas por hogar
Personas por grupo familiar y grupo familiar por hogar
37Al respecto ver: Tercer informe de verificación sobre el cumplimiento de derechos de la población en situación de desplazamiento. Comisión de Seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado. 2010.
cve(%)
Personas por hogar 4,7 1,0
Personas por grupo familiar 4,0 1,0
Grupos familiares por hogar 1,1 0,9
Fuente: I-Encuesta Nacional de Víctimas_CGR-2013; CID-UN
Promedio de:
75
El resultado anterior es importante pues el mayor tamaño de los hogares es un factor de
riesgo de mayor pobreza y vulnerabilidad, y puede estar indicando graves niveles de hacinamiento,
sobre todo si tenemos en cuenta el contexto descrito de los hogares víctimas.
3.2.2 Distribución de la población por sexo y edad
La I-ENV_CGR-2013 permite establecer el alto peso de niños, niñas, adolescentes y
jóvenes entre las víctimas del desplazamiento forzado. Aproximadamente un 62% del total de
personas víctimas del desplazamiento forzado en Colombia son menores de 25 años. Si
comparamos este dato con los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida del DANE para 2013,
en el caso de la población rural, los menores de 25 años alcanzan el 50% y con las proyecciones
de población 45,6%. Es decir que la población en situación de desplazamiento, no sólo es más
pobre, más vulnerable sino también más joven. Este resultado pone en evidencia que la reparación
integral a las familias víctimas, es también, un compromiso del Estado con las nuevas generaciones
de Colombianos que merecen salir del conflicto. Fiscalmente, también plantea una situación de
desembolso de recursos por indemnización administrativa en un mediano plazo, en tanto la ley
1448 de 2011, contempla la constitución de una fiducia por este concepto para la población menor
de 18 años.
Proposición de resultado 3-19: Personas por hogar
El promedio de personas por hogar para los hogares con víctimas del desplazamiento
forzado es de 4.7 personas, superior en más de una persona al promedio nacional
76
Cuadro 3.15 - Porcentaje de personas desplazadas a partir de 1985 Por sexo, según grupos quinquenales de edad
Desde el punto de vista de los demógrafos esa situación hace que este grupo poblacional
este frente a un potencial bono demográfico, en el sentido que, las personas en edades
potencialmente productivas es mayor y crece más que las personas en edades inactivas,38 se trata
de una oportunidad que no debería ser desaprovechada, sobre todo ahora en un contexto de
negociaciones de paz. Se trata de una oportunidad, si se hacen las inversiones apropiadas en la
población infantil y joven, si se abren para ellos de forma generosa y amplia las puertas de las
38Comisión Económica para América Latina. (2008). Panorama Social de América Latina. Santiago de Chile: Naciones Unidas - CEPAL.
Grupos de edad Total cve(%) Hombres cve(%) Mujeres cve(%)
Total Hombres Mujeres
0 - 4 años 12,3 2,6 13,2 3,6 11,4 3,7 9,1 9,5 8,8
5 - 9 años 13,3 2,4 14,5 3,4 12,4 3,5 9,1 9,4 8,7
10 - 14 años 14,0 2,4 15,3 3,3 12,8 3,4 9,2 9,5 8,9
Subtotal niños 39,6 43,0 36,6 27,4 28,3 26,4
15 - 19 años 12,4 2,5 13,6 3,5 11,4 3,7 9,3 9,6 9,0
20 - 24 años 9,9 2,9 10,0 4,2 9,8 4,0 9,0 9,3 8,6
Subtotal jovenes 22,3 23,6 21,2 18,3 18,9 17,6
25 - 29 años 6,6 3,6 5,8 5,6 7,4 4,7 8,1 8,2 8,0
30 - 34 años 6,1 3,7 5,0 6,1 7,1 4,8 7,3 7,2 7,4
35 - 39 años 5,2 4,1 4,0 6,8 6,3 5,1 6,5 6,4 6,6
40 - 44 años 4,8 4,3 4,2 6,7 5,3 5,5 6,1 5,9 6,3
45 - 49 años 3,8 4,8 3,2 7,7 4,2 6,2 6,1 5,9 6,3
50 - 54 años 3,6 5,0 3,3 7,6 3,8 6,6 5,4 5,2 5,6
55 - 59 años 2,8 5,6 2,4 8,9 3,2 7,2 4,4 4,2 4,5
60 - 64 años 1,8 7,1 1,7 10,6 1,8 9,6 3,4 3,2 3,5
Subtotal adultos 34,7 29,6 39,1 47,2 46,2 48,2
65 y mas años 3,5 5,0 3,8 7,0 3,2 7,2 7,2 6,5 7,8
Total 100 100 100 100 100 100
Fuente: I-Encuesta Nacional de Víctimas_CGR-2013; CID-UN; DANE
Estructura Demográfica de Colombia
(DANE)
Proposición de resultado 3-20: Composición étarea de la población desplazada
El 62% de las personas víctimas del desplazamiento forzado son menores de 25 años y que
existe una fuerte diferencia de 10 puntos porcentuales a favor de las mujeres sobre los
hombres en el conjunto de personas entre 25 y 64 años
77
escuelas, las universidades, los hospitales, los centros de formación técnica y tecnológica, el
mundo del deporte y el arte, no estaremos frente a una generación pérdida, sino una generación
ganada para la sociedad y el futuro de Colombia. En términos de la CEPAL,
Lógicamente, los beneficios asociados a este período no se dan de manera automática, sino que
dependen de la adopción de políticas macroeconómicas que incentiven la inversión productiva,
aumenten las oportunidades de empleo y promuevan un ambiente social y económico estable, propicio
para lograr un desarrollo sostenido. En particular, requieren de fuertes inversiones en capital humano,
sobre todo en la educación de los jóvenes para que puedan aumentar su productividad.39
De acuerdo con la CEPAL, en América Latina existen tres momentos del bono: el primero,
en que la relación de dependencia disminuye (más de dos dependientes por cada tres personas en
edades activas); el segundo, la relación de dependencia sigue bajando a menos de dos dependientes
por cada tres personas activas; y, en el tercero, la relación de dependencia comienza a subir por el
aumento proporcional de las personas mayores. Según esa clasificación Colombia, de acuerdo con
las mediciones de la CEPAL, disfrutó del primer momento entre 1965 y 1998, se encuentra en el
segundo momento desde 1998 hasta más o menos 2018 y comenzaría el tercero de 2018 hasta el
año 2042.
Cuadro 3.16. Tasa de dependencia poblacional y bono demográfico en la población desplazada
Como puede observarse en el cuadro 3.16, las tasas de dependencia de la población en
situación de desplazamiento son mayores a las de la población colombiana total, sin embargo, se
encuentran en el rango definido por la CEPAL. Lo que la CGR considera es que se necesita de
políticas públicas activas que impliquen acciones estatales directas, porque si se mantiene la
estructura de los hogares, compuestos por 4,7 personas con jefaturas femeninas y tasas de
39Ibíd., p. 149
Tasa de dependencia
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
(I-ENV-CGR-2013) (DANE)
Dependientes 43,1 46,8 39,8 34,5 34,8 34,2
PEA 57,0 53,2 60,3 65,5 65,2 65,8
Dividido en 3 19,0 17,7 20,1 21,8 21,7 21,9
Tasa de dependencia 2,3 2,6 2,0 1,6 1,6 1,6
Fuente: I-Encuesta Nacional de Víctimas_CGR-2013; DANE; Cálculos CGR
Población en situación
de desplazamiento
Total población
Colombiana
78
desempleo altas o empleo de alta informalidad y se deja esa población a las dinámicas del mercado,
sus posibilidades de mejora son muy bajas y para dentro de diez años o más, ya no habrá bono
demográfico sino una crisis social con una población que perdió su oportunidad generacional y
para ellos, no habrá una segunda opción.
Por sexo la principal característica es la fuerte diferencia entre hombres y mujeres cuando
comparamos los grupos de personas víctimas del desplazamiento forzado entre 25 y 64 años. La
diferencia entre hombres y mujeres alcanza 10 puntos porcentuales lo cual deja ver los efectos
directos del desplazamiento forzado y de la violencia sobre la composición de los hogares, es decir
la violencia implica más jefaturas femeninas de los hogares.
3.2.3 Tasa de dependencia económica (Medida por grupo étareo)
La tasa de dependencia económica de la población se calcula como la relación entre la
población total y la población de 12 años y más que se declara ocupada. Los resultados de la I-
ENV_CGR-2013 muestran que, en promedio, en los hogares con personas víctimas del
desplazamiento forzado, cada persona ocupada debe responder por 2.9 personas.
Cuadro 3.17.- Tasa dependencia económica de los hogares con personas desplazadas a partir 1985 Por jefatura del hogar, según año del último o único desplazamiento
Total cve(%)Jefatura
Masculinacve(%)
Jefatura
Femeninacve(%)
1985 a 1997 2,8 2,5 2,7 3,3 2,9 3,7
1998 a 2001 2,9 1,9 2,8 2,6 3,0 2,7
2002 y 2003 2,7 2,5 2,6 3,4 2,8 3,5
2004 y 2005 3,0 2,9 2,8 4,0 3,2 4,2
2006 y 2007 2,8 2,8 2,8 4,1 2,8 3,9
2008 y 2009 3,1 3,4 2,9 4,7 3,3 4,8
2010 y 2011 3,1 4,5 3,1 6,4 3,1 6,3
2012 y 2013 3,4 5,0 3,2 7,4 3,7 6,8
No recuerda el
año o nació
después del
desplazamiento
3,7 24,2 3,4 34,8 4,5 33,9
Total 2,9 1,0 2,8 1,4 3,0 1,4
Fuente: I-Encuesta Nacional de Víctimas_CGR-2013; CID-UN
Años de
desplazamiento
Tasa de depencia para total de hogares con personas desplazadas
79
Frente a los resultados expuestos se podría estimar que conforme va pasando el tiempo, la
tasa de dependencia debería ir disminuyendo, lo cual permitiría pensar que en efecto, con el pasar
de los años los hogares con personas víctimas del desplazamiento forzado se van adecuando a las
nuevas condiciones de vida, y van consiguiendo alguna ocupación en su municipio de llegada,
producto también de la acción del Estado por medio de la aplicación de políticas de reparación. Lo
que se observa hasta el momento es la tendencia contraria del indicador, hecho que debe alertar a
las autoridades en la búsqueda de soluciones que lleven a una mejora en el indicador.
3.2.4 Niveles de pobreza
Según las estadísticas del DANE la pobreza monetaria en 2013 afectó al 30.6% del total de
hogares a nivel nacional y al 42.8% de las familias en el sector rural. La pobreza monetaria extrema
afectó al 9.1% de las familias a nivel nacional y al 19.1% de las familias en el sector rural.40 Lo
anterior tiene varias implicaciones: 1) que la incidencia de la pobreza y de la pobreza extrema entre
la población víctima del desplazamiento forzado es más del doble de la pobreza de las familias en
el sector rural, que son las más pobres a nivel nacional; 2) que cerrar esta enorme brecha de pobreza
le tomará al país décadas, pues la reducción de 15 puntos porcentuales en el nivel de pobreza
monetaria a nivel nacional tomó 10 años; 3) que cerrar esta brecha depende del contexto
macroeconómico nacional e internacional.
En efecto, la reducción de la pobreza en Colombia durante la última década se dio en un
contexto de crecimiento económico fruto de una bonanza en los precios de las materias primas y
de unas condiciones excepcionales en términos de financiamiento externo que según algunos
40 Al respecto ver el boletín del 21 de marzo de 2014 del DANE sobre pobreza monetaria y multidimensional 2013.
Proposición de resultado 3-21: Tasa de dependencia económica
La tasa de dependencia económica observada por periodos fue creciendo de 2,8 en 1985-
1997 a 3,4 personas por trabajador ocupado en 2012-2013. Discriminado por género, el
indicador muestra que esa tasa es mayor en las mujeres: el aumento de la tasa de dependencia
en hombres fue de 0,5 puntos hasta 3,2 y en mujeres fue de 0,8 puntos hasta 3,7.
80
economistas habían llegado a su fin.41 Esto es particularmente grave pues unas condiciones
macroeconómicas más difíciles en el futuro implicarán para las víctimas menores posibilidades de
bienestar social.
Gráfico 3.7. Porcentaje de hogares con personas desplazadas a partir de 1985 Según condición de pobreza e indigencia (por ingresos monetarios), líneas de pobreza e indigencia
Fuente: I-Encuesta Nacional de Víctimas_CGR-2013
41 Al respecto ver: Ocampo, José Antonio (2009). Impactos de la crisis financiera mundial sobre América latina. Revista de la CEPAL. Número 112.
Proposición de resultado 3-22: Pobreza e indigencia.
La población desplazada presenta mayores niveles de pobreza e indigencia que el resto de
la población colombiana: 49.4% más en el caso de la pobreza y 24,4% en el caso de la
indigencia.
81
3.2.4.1 IIGED –Generación de ingresos – Ingresos superiores a la línea de indigencia
Nombre del indicador
Todos los hogares víctimas de desplazamiento forzado tienen ingresos que son iguales o superiores a la línea de indigencia.
Formula Número de hogares víctimas de desplazamiento forzado, incluidos o cesados en el RUPD, con ingresos iguales o superiores a la línea de indigencia / Número de hogares víctimas de desplazamiento forzado, incluidos o cesados en el RUPD.
Alcance * Se utilizan los valores de la Línea de Pobreza e Indigencia del mes de noviembre de 2013, según nueva metodología de cálculo, para cada ciudad a la que corresponda cada encuesta.
Nivel Hogares
Desplazados total
Numerador 848,217 Denominador 1,315,975 Estimación 64..5 c.v.e. (%) 1.8
Desplazados incluidos en el RUV
Numerador 704,898 Denominador 1,107,532 Estimación 63.6 c.v.e. (%) 2.0
Desplazados no incluidos en el RUV
Numerador 143.318 Denominador 208,443 Estimación 68.8 c.v.e. (%) 4.2
3.2.4.2 IGED –Generación de ingresos – Ingresos superiores a la línea de pobreza
Nombre del indicador
Todos los hogares víctimas de desplazamiento forzado tienen ingresos que son iguales o superiores a la línea de pobreza.
Formula Número de hogares víctimas de desplazamiento forzado, incluidos o cesados en el RUPD, con ingresos iguales o superiores a la línea de pobreza / Número de hogares víctimas de desplazamiento forzado, incluidos o cesados en el RUPD.
Alcance * Se utilizan los valores de la Línea de Pobreza e Indigencia del mes de noviembre de 2013, según nueva metodología de cálculo, para cada ciudad a la que corresponda cada encuesta.
Nivel Hogares
Desplazados total
Numerador 262,857 Denominador 1,315,975 Estimación 20.0 c.v.e. (%) 4.9
82
Desplazados incluidos en el RUV
Numerador 209.280 Denominador 1,107,532 Estimación 18.9 c.v.e. (%) 5.5
Desplazados no incluidos en el RUV
Numerador 53.577 Denominador 208,443 Estimación 25.7 c.v.e. (%) 10.5
En términos laborales los resultados de la I-ENV_CGR-2013 también muestra unos
resultados de suma gravedad. Prácticamente, el total de los desplazados forzados que se encuentran
ocupados están en la informalidad. El sector informal se caracteriza por baja productividad, bajas
remuneraciones, baja calificación de la mano de obra, y debilidad de sus trabajadores en términos
de inserción al sistema nacional de protección social (salud, pensiones, riesgos profesionales,
programas sociales, etc.). Por lo demás, la inserción de la población víctima en las actividades
informales se hace en un contexto de desarraigo cultural y desconocimiento de los patrones
culturales de la ciudad, lo que puede implicar procesos de re-victimización, discriminación y
exclusión.
Gráfico 3.8 - Porcentaje personas de 10 años y más desplazadas a partir de 1985 Según actividad desarrollada la semana anterior a la encuesta (ocupados, desocupados, inactivos) y tasa de informalidad
83
Fuente: I-Encuesta Nacional de Víctimas_CGR-2013
3.2.4.3 IGED complementario. Generación de ingresos – Asalariados
Nombre del indicador
Complementario, Hogares con asalariados
Formula Número de hogares víctimas de desplazamiento forzado incluidos o cesados en el RUPD con adultos en edad de trabajar que están vinculados al mercado laboral y tienen una ocupación asalariada / Número de hogares víctimas de desplazamiento forzado incluidos o cesados en el RUPD
Alcance * Se consideran todos los asalariados del hogar sin importar si son desplazados o no
Nivel Hogares
Desplazados total
Numerador 729,803 Denominador 1,315,975 Estimación 55.5 c.v.e. (%) 2.2
Desplazados incluidos en el RUV
Numerador 616,959 Denominador 1,107,532 Estimación 55.7 c.v.e. (%) 2.4
Desplazados no incluidos en el RUV
Numerador 112,845 Denominador 208,443 Estimación 54.1 c.v.e. (%) 5.7
3.2.4.4 IGED complementario. Generación de ingresos – Independientes
Nombre del indicador
Complementario, Hogares con independientes
Formula Número de hogares víctimas de desplazamiento forzado incluidos o cesados en el RUPD con adultos en edad de trabajar que están vinculados al mercado laboral y tienen una ocupación independiente / Número de hogares víctimas de desplazamiento forzado incluidos o cesados en el RUPD.
Proposición de resultado 3-23: Mercado laboral para las víctimas
La encuesta muestra las difíciles condiciones de ingreso al mercado laboral de los
ciudadanos víctimas en Colombia. El nivel de informalidad en esta población es de
aproximadamente 93% entre las personas ocupadas.
84
Alcance * Se consideran todos los asalariados del hogar sin importar si son desplazados o no
Nivel Hogares
Desplazados total
Numerador 725,275 Denominador 1,315,975 Estimación 55.1 c.v.e. (%) 2.2
Desplazados incluidos en el RUV
Numerador 612,166 Denominador 1,107,532 Estimación 55.3 c.v.e. (%) 2.4
Desplazados no incluidos en el RUV
Numerador 113,109 Denominador 208,443 Estimación 54.3 c.v.e. (%) 5.7
85
4 Asistencia y atención.
En la Ley 1448 de 2011 se identifican tres componentes para resarcir a las víctimas del conflicto
armado en Colombia: Asistencia, Atención y Reparación. Pese a que la Ley no lo define
claramente, las medidas asistencia se refieren, principalmente, a salud y educación mientras que
la atención involucra la ayuda humanitaria. Pero la Ley se refiere indistintamente a ayuda
humanitaria, a asistencia y a atención.
De otro lado, de acuerdo con el artículo 49 de la citada Ley 1448, la asistencia a las víctimas
está definida como:
[…] el conjunto integrado de medidas, programas y recursos de orden político, económico, social, fiscal,
entre otros, a cargo del Estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las
víctimas, brindarles condiciones para llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social,
económica y política”. Y la atención es “la acción de dar información, orientación y acompañamiento
jurídico y psicosocial a la víctima, con miras a facilitar el acceso y cualificar el ejercicio de los derechos
a la verdad, justicia y reparación.
No obstante, y más allá de las formalidades normativas, es claro que la asistencia y la
atención que debe proveer el Estado para mitigar las consecuencias de la victimización y resarcir
a las víctimas implica la inclusión de la población en los servicios de salud y educación así como
el derecho a una alimentación adecuada y, en general, el acceso a bienes de subsistencia que
procuren una vida digna.
El capítulo aborda los resultados de la encuesta para los dos primeros componentes.
Inicialmente, se examinan los resultados obtenidos para la ayuda humanitaria en sus tres fases o
etapas (inmediata, emergencia y transición); luego se presentan los relacionados con seguridad
alimentaria; y, finalmente, los obtenidos para los servicios de asistencia en salud y educación.
86
4.1 Ayuda humanitaria
Las disposiciones sobre ayuda humanitaria de la Ley 1448 de 2011 tienen varias aristas,
que van desde su identificación como derecho42hasta reglas disímiles como la remisión a la
legislación previa43 y la inclusión de los programas de empleo como parte de la ayuda humanitaria
de transición44. Además, establece que la ayuda humanitaria no constituye reparación y, por tanto,
no podrá ser descontada de la indemnización administrativa45 y avanza al definir sus componentes
mínimos, pues establece que la ayuda humanitaria tiene por objeto “socorrer, asistir, proteger y
atender las necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de
cocina, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento
transitorio en condiciones dignas a las víctimas del conflicto armado”46
En este contexto, la ley determina tres etapas, entre las que varía la temporalidad, el
contenido de la ayuda (que se define por la evaluación cualitativa de la condición de
vulnerabilidad47), el hecho victimizante que cubre, y la entidad pública encargada de suministrarla.
En ese conjunto de disposiciones normativas se registran algunas dificultades como la ambigüedad
y confusión que resulta de tener distintos referentes normativos para una misma obligación.
El cuadro 4.1 resume las características de cada una de esas etapas, según las distintas
normas que rigen cada caso y que allí se relacionan. En la lectura de este resumen cabe destacar
algunas características relevantes para interpretar los resultados de la Encuesta. Si bien, la
42El artículo 28 de la Ley, establece, entre los derechos de la población víctima del conflicto armado, el de solicitar y recibir atención humanitaria. 43El parágrafo 3 del artículo 47 establece la prestación de la ayuda humanitaria, por una sola vez, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley 418 de 1997 y sus correspondientes prórrogas. Por su parte el artículo 49 de la Ley 418, dispuso que las víctimas de hechos diferentes al desplazamiento se beneficiarían con la ayuda humanitaria de emergencia para mitigar o impedir la agravación de los efectos de la victimización. La Ley 418 de 1997, que fijó instrumentos para la búsqueda de la convivencia tenía una vigencia de dos (2) años, según su artículo 131, pero ha venido prorrogándose; inicialmente de manera íntegra, por tres años, a través de la Ley 548 de 1999 y, posteriormente por artículos. El artículo 49 ha sido prorrogado cuatrienalmente por las Leyes 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010. De manera que la autorización legal para proporcionar ayuda humanitaria para otros hechos victimizantes, prescribiría al finalizar 2014. De otro lado, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-438-13 del 11 de julio de 2013, declaró exequible la referencia a otorgar la ayuda “por una sola vez” en el “entendido que la ayuda humanitaria podrá ser prorrogada, siempre que se demuestre que la víctima no ha superado la situación de gravedad y urgencia”. 44Así lo dispone el Parágrafo 2 del artículo 65. 45parágrafo 2, del artículo 25 46artículo 47. 47artículo 62
87
distinción de las etapas es una norma nueva, establecida en la Ley 1448 de 2011, la ayuda
humanitaria es un componente previsto ya en la ley 387 de 1997, para la población desplazada y
en la Ley 418, para otros hechos victimizantes y aunque en estas primeras normas la ayuda tenía
carácter de “emergencia” se proporcionaba desde el momento en que ocurría el hecho
victimizante. Pese a que la Ley 1448 regula lo concerniente a la ayuda humanitaria en sus tres
etapas y, en consecuencia, estas serían las reglas aplicables, debe tenerse en cuenta que la propia
Ley ordena que “las disposiciones existentes orientadas a lograr el goce efectivo de los derechos
de la población en situación de desplazamiento continuarán vigentes”; y la Corte Constitucional,
mediante Sentencia C-280-13 de 15 de mayo de 2013, declaró inexequible la expresión “que no
contraríen la presente Ley”, es decir, eliminó la condicionalidad de la vigencia de las normas
previas a la coherencia con la Ley 1448.
Cuadro 4.1 -Ayuda humanitaria por componentes y etapa de atención
Tal como se deriva del cuadro 4.1, la distinción relevante entre las etapas es el tipo de
ayuda al que se accede, según la distancia temporal con la ocurrencia del hecho victimizante y su
situación frente a la administración. Sin embargo, en todos los casos, la Ley reitera que el acceso
a la ayuda humanitaria está relacionado con el grado de urgencia respecto a la necesidad de
subsistencia.
INMEDIATA EMERGENCIA TRANSICIÓN
Desplazamiento (art. 63). Desplazamiento (art.64).
Otros Hechos (art. 47; D. 4800; art. 102). Otros Hechos ( D. 4800; art. 103)*-Vig 2014.
Ley 387/97: Producido el desplazamiento.
1. Alimentación Incluido
2. Aseo personal Incluido Incluido Incluido
3. Manejo de abastecimientos Incluido Incluido
4. Utensilios de cocina Incluido Incluido
5. Alojamiento transitorio Incluido Incluido Incluido
6. Transporte de Emergencía Inlcuido para otros hechos
7. Salud de Emergencía Inlcuido para otros hechos
- UARIV - Alojamiento: AURIV
- A través de ET (art.168, #16). - Alimentación: ICBF
- Declarantes cuyo hecho registra 3
meses antes de la declaración.
- Declarantes cuyo hecho se registra dentro
del año anterior al desplazamiento.
- Declarantes cuyo hecho se registró en
un período superior a un año, respecto
de la fecha de declaración.
- Vulnerabilidad Acentuada. - Grado de necesidad. - Persistencia de las necesidades de
alimentación y alojamiento.
- Requieren albergue y alimentación. - Urgencia de subsistencia mínima.
- Temporalidad, vulnerabilidad derivada
del DF y condiciones de superación de la
situación de emergencia de los hogares.
* El art. 105 fija tasación (en 2 SMLV ) por afectación de bienes, herídas - incapacidad, secuestro
Fuente: CGR, con base a las normas citadas
AYUDASASPECTO
Criteríos
Entidad Responsable Entidad Territorial (ET) Receptora
Bienes y sercicios que se otorgan
Hecho Víctimizante que cubre Desplazamiento (art. 65).
Ley 1448/11: A partir de la declaración
hasta inscripción en RUV. Momento del
HV (art. 156).
Ley 1448/11: Luego de expedido el acto
admitivo de inclusión en el RUV.
Ley 1448/11: Luego de expedido el acto
admitivo de inclusión en el RUV.Lapso para el que se otorga
88
Gráfico 4.1. Porcentaje de Grupos Familiares desplazados que recibieron por lo menos una ayuda por año del último o único desplazamiento.
Al analizar el comportamiento global de la recepción de la ayuda humanitaria en cualquiera
de sus etapas, la encuesta encuentra que de 1.388.591 de grupos familiares, cerca de 930 mil han
recibido al menos un componente de la ayuda humanitaria, es decir que la atención humanitaria
en general ha llegado al 67% de la población desplazada. En los párrafos siguientes se analiza la
ayuda en sus diferentes componentes o etapas.
La ayuda que se otorga a quienes declaran dentro de los tres meses siguientes a la
ocurrencia el hecho (desplazamiento), es denominada “inmediata”48; la ayuda de “emergencia”, es
aquella a la que acceden las víctimas, una vez son incluidas en el RUV y el reglamento49 precisa
48Así lo dispone el artículo 63 de la Ley 1448 de 2011. No obstante, el artículo 156, al tratar el acceso a los beneficios con ocasión del registro, establece que a las medidas de ayuda humanitaria y atención de emergencia en salud, se podrá acceder desde el momento mismo de la victimización. 49Decreto 4800 de 2011, artículo 109
Proposición de resultado 4-1: Ayuda humanitaria
La encuesta muestra que cerca de 930 mil grupos familiares han recibido al menos un
componente de la ayuda humanitaria (aproximadamente el 67% de al población desplazada).
89
que, en este caso, el hecho victimizante debió ocurrir “dentro del año previo a la declaración”.
Por su parte, la ayuda de transición se otorga a los incluidos en el RUV, con menor urgencia y, de
acuerdo con el reglamento50, el desplazamiento ocurrió en un lapso superior a un año respecto de
la fecha de declaración.
La población desplazada tiene acceso a la ayuda humanitaria en sus tres etapas, mientras
que las víctimas de hechos diferentes al desplazamiento tienen acceso sólo a la ayuda humanitaria
inmediata y, transitoriamente (hasta 2014) a la de emergencia. En este punto cabe destacar que, a
través del artículo 47, la Ley 1448 abre el acceso a la ayuda humanitaria para toda la población
víctima pero se ocupa de una mayor precisión de la población desplazada. Es el reglamento el que
define las características de acceso y condiciones de la población víctima de hechos diferentes al
desplazamiento.
La Ley 1448 define condiciones de vulnerabilidad acentuada en la ayuda humanitaria
inmediata, establece el grado de necesidad y urgencia respecto de la subsistencia mínima para la
de emergencia, y verifica el no contar aún con los elementos necesarios de subsistencia mínima
para la de transición, pero no se refiere a los bienes y elementos que deben componer la ayuda, en
cada caso. El Decreto 4800 de 2011, reglamentario de la Ley 1448, separa los hechos victimizantes
y establece la entrega de bienes y su equivalente en dinero como dos formas alternativas para
otorgar las ayudas, durante las etapas de emergencia y transición.
El cuadro 4.1 muestra que alimentación e implementos de aseo son los bienes considerados
esenciales para la subsistencia, pues están incluidos en las canastas durante las tres etapas de ayuda
humanitaria y tienen un mayor equivalente monetario durante las etapas de emergencia y
transición. El alojamiento temporal también se cubre en las tres etapas, pero la tasación monetaria
es menor (0.5 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes al momento del pago) y el Decreto
se refiere a “elementos de alojamiento”51. Los servicios de salud y transporte de emergencia solo
están definidos reglamentariamente para víctimas de hechos diferentes al desplazamiento forzado.
50Decreto 4800 de 2011, artículo 112 51Artículo 111 del Decreto 4800 de 2011
90
En esos términos, pueden definirse los parámetros normativos para la lectura e interpretación de
los resultados obtenidos en el componente de ayuda humanitaria en la I-ENV_CGR-2013.
4.1.1 Ayuda Humanitaria Inmediata
De acuerdo con los resultados de la encuesta, y si se observan los componentes de manera
individualizada, se tendría que la cobertura de la ayuda humanitaria otorgada recién ocurren los
hechos victimizantes (antes de la inscripción en el Registro) aumentó entre 1985 y 2007, del 15%
al 33.8% del total de grupos familiares desplazados. En los años subsiguientes parece mantenerse
alrededor del 30%.
Gráfico 4.2. Porcentaje de grupos familiares desplazados que recibieron ayuda inmediata
Por año del último o único desplazamiento, según tipo de ayuda que recibieron
Fuente: I Encuesta
Ese comportamiento es determinado por “alimentación”, que resulta ser el componente de
mayor cobertura entre los que tienen un resultado estadístico significativo para todo el período
15,026,3 30,1 27,8
33,8 28,6 33,326,2
8,6
19,222,1 21,5
22,9
19,021,5
18,6
7,5
10,1
14,915,0
15,4
9,9
10,3
9,6
3,6
6,5
9,48,2
14,6
12,511,1
8,8
3,4
11,4
13,5 16,1
17,2
10,611,9
8,1
1,9
4,8
8,0 8,4
11,5
9,07,0
7,7
4,2
7,4
5,9 5,6
6,2
5,13,2
7,6
0,5
0,8
1,7 0,9
1,0
1,20,0
3,0
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
1985-1997 1998-2001 2002-2003 2004-2005 2006-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013
Alguna(s) Alimentación
Atención médica y psicológica de urgencias Auxilio en dinero para alimentación
Utensilios de cocina como ollas, platos , tasas, cucharas, etc Auxilio en dinero para alojamiento?
Albergue (alojamiento ) transitorio Todas
Proposición de resultado 4-2: Ayuda humanitaria inmediata
La I-ENV_CGR-2013 muestra que la ayuda humanitaria inmediata otorgada a la población
desplazada, no cubre todos los componentes de subsistencia mínima definidos por la Ley.
Aunque cerca del 30% de los grupos familiares manifiestan haber recibido alguna ayuda
antes de la inscripción en el Registro, menos del 8% manifiesta haber recibido alojamiento.
91
descrito. Así lo ilustra la gráfica 4.2 que muestra el comportamiento de la ayuda inmediata por tipo
de componente.
De acuerdo con los resultados que se muestran en el gráfico 4.2, puede afirmarse que si
bien ha habido mayor esfuerzo gubernamental para otorgar algún componente definido legalmente
dentro de la canasta de ayuda humanitaria, ésta no cubre todos los componentes que garantizarían
el derecho de subsistencia mínima. Si se añade que más del 70% de los grupos familiares
manifiestan no haber recibido ayuda humanitaria cuando ocurrió el hecho victimizante (Cuadro
4.2), se tendría que las condiciones de vulnerabilidad en que queda la población de desplazada no
siempre son mitigadas por la acción del Estado. Se requeriría un mayor esfuerzo y coordinación
entre las instituciones y los niveles de gobierno para avanzar en la garantía del derecho a la
subsistencia de la población vulnerada como resultado de los hechos victimizantes asociados al
conflicto armado.
Cuadro 4.2. Porcentaje grupos familiares desplazados que recibieron, o no, ayuda inmediata.
Por año del último o único desplazamiento
Alguna c.v.e (%) Nínguna c.v.e (%)
15 11,5 79,4 2,5
1998 a 2001 26,3 5,7 69,1 2,3
2002 a 2003 30,1 6,8 68,1 3,1
2004 a 2005 27,8 8,2 69,8 3,4
2006 a 2007 33,8 7 65,1 3,7
2008 a 2009 28,6 9,1 70,8 3,7
2010 a 2011 33,3 10,8 65,8 5,5
2012 a 2013 26,2 13,7 73,8 4,9
Total 26,7 2,9 70,4 1,1
Fuente: I Encuesta Nacional de Víctimas 2013 - CGR, CID - UN
Años de
Desplazamiento
Recepción de Ayuda Humanitaria Inmediata
1985 a 1997
Proposición de resultado 4-3: Ayuda humanitaria inmediata II
La I-ENV_CGR-2013 muestra que el 70.4% de los grupos familiares desplazados a partir
de 1985 no ha recibido ningún componente de ayuda humanitaria inmediata.
92
La I-ENV_CGR-2013 encontró los siguientes resultados en términos de los IGED
definidos para esta fase de la ayuda humanitaria y correspondiente al derecho de subsistencia
mínima.
Cuadro 4.3- Resumen IGED – Ayuda Humanitaria Inmediata
El Derecho a la subsistencia implica que la población logre satisfacer sus necesidades
básicas, de manera que pueda conducir su vida de manera digna. La Corte Constitucional lo
incluyó como uno de los derechos mínimos que deben garantizarse a la población desplazada por
parte de las autoridades y lo equiparó a una expresión del derecho fundamental al mínimo vital
para definir como componentes “(a) alimentos esenciales y agua potable, (b) alojamiento y
vivienda básicos, (c) vestidos apropiados, y (d) servicios médicos y sanitarios esenciales52.
Asimismo, la Corte hace referencia a la similitud que guarda esta definición con lo dispuesto en la
Ley 387 de 1997. Los análisis de la Corte contenidos en la Sentencia T-025 como en los autos de
seguimiento constituyen una fuente jurisprudencial bastante enriquecedora sobre el desarrollo de
este derecho.
Los objetivos del Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada, tal
como lo dispuso la Ley 387 de 1997 (artículo 10), incluyen la atención de emergencia para asegurar
subsistencia, así como la adopción de medidas para que la población desplazada cree sus propias
formas de subsistencia. De manera concomitante, se definieron los componentes de la atención
humanitaria de emergencia (artículo 15) tal como se describió en la sección y el cuadro 4.1, es
decir que la regla dispuesta en la Ley 387 fue ratificada por la Ley 1448 de 2011. De manera que
puede aceptarse un acuerdo institucional tácito sobre el hecho que los componentes de la ayuda
52 Corte Constitucional, Sentencia T-025 d e2004, pág. 98
IGED Subsistencia Mínima – Ayuda Humanitaria Inmediata 34,0% 4,6% 34,6% 4,6% 25,5% 23,1%
IGED complementario. Subsistencia Mínima – AHI - Alimentación 61,0% 1,4% 62,7% 1,5% 32,5% 6,6%
IGED complementario. Subsistencia mínima – AHI – Alojamiento 39,1% 2,2% 40,7% 2,3% 17,2% 10,1%
IGED complementario. Subsistencia mínima – AHI – Kit de habitabilidad 44,0% 2,0% 46,8% 2,0% 5,5% 19,0%
Indicador complementario. Subsistencia mínima – AHI – Atención en salud 43,6% 2,0% 44,4% 2,1% 35,7% 6,2%
Fuente: I-Encuesta Nacional de Víctimas_CGR-2013; CID-UN
No RUV Cve (%)Definición Total Cve (%) RUV Cve (%)
93
humanitaria definidos legalmente pueden orientar la medición del Goce Efectivo del Derecho que
tiene la Población Desplazada a la Subsistencia Mínima. Así quedó estructurado en la matriz de
indicadores de febrero de 2013.
4.1.1.1 IGED Subsistencia Mínima – Ayuda Humanitaria Inmediata
Nombre del indicador
Todos los hogares víctimas del desplazamiento forzado que declararon tienen garantizada la subsistencia mínima antes de la decisión sobre la inclusión en el RUV (RUPD).
Formula Número de hogares víctimas de desplazamiento forzado que tienen garantizada la subsistencia mínima en el marco de la atención inmediata antes de la decisión sobre la inclusión en el RUV (RUPD)/Número de hogares víctimas de desplazamiento forzado que declararon y solicitaron antes de la decisión sobre la inclusión en el RUV (RUPD) algún componente de la subsistencia mínima.
Alcance *Se consideran como componentes de ayuda humanitaria inmediata los siguientes: a) Atención médica y psicológica de urgencia. b) Albergue transitorio o auxilio en dinero para alojamiento. c) Alimentación o auxilio en dinero para alimentación. d) Utensilios de cocina como parte del Kit de habitabilidad. *Se toma como garantía de subsistencia mínima la recepción de todos los componentes de la Ayuda Humanitaria Inmediata que fueron solicitados. *Por efectos operativos se asimilan los hogares a los grupos familiares.
Nivel Grupos familiares
Desplazados total
Numerador 122,587 Denominador 360,174 Estimación 34,0 c.v.e. (%) 4.6
Desplazados incluidos en el RUV
Numerador 116,611 Denominador 336,714 Estimación 34.6 c.v.e. (%) 4.6
Desplazados no incluidos en el RUV
Numerador 5,976 Denominador 23,460 Estimación 25.5 c.v.e. (%) 23.1
94
En cuanto a los resultados, el indicador muestra un nivel relativamente bajo (34%), sobre
todo si se tiene en cuenta que, para su cálculo, fueron descartados del universo los grupos
familiares no incluidos y los que no solicitaron la ayuda, lo cual restringe bastante la medición
porque tiene en cuenta solo la satisfacción de la demanda efectiva realizada por parte de la
población (122.587 grupos familiares de 360.174) y no mide las posibilidades de acceso a la
subsistencia mínima de toda la población desplazada, independientemente de si solicitan o no
ayuda.
4.1.1.2 IGED complementario. Subsistencia Mínima – AHI – Alimentación
Nombre del indicador
Complementario Ayuda Humanitaria Inmediata (AHI), Alimentación
Formula Hogares víctimas de desplazamiento forzado que declararon, solicitaron y recibieron antes de la decisión sobre la inclusión en el RUV (RUPD) el componente de alimentación en el marco de la atención inmediata/Hogares víctimas de desplazamiento forzado que declararon y solicitaron antes de la decisión sobre la inclusión en el RUV (RUPD) el componente de alimentación en el marco de la atención inmediata.
Alcance *Se consideran como Alimentación la solicitud o recepción bien sea de alimentación bien sea en dinero o especie. *Por efectos operativos se asimilan los hogares a grupos familiares.
Nivel Grupos familiares
Desplazados total
Numerador 181,280 Denominador 297,283 Estimación 61.0 c.v.e. (%) 1.4
Desplazados incluidos en el RUV
Numerador 175,682 Denominador 280,061 Estimación 62.7 c.v.e. (%) 1.5
Desplazados no incluidos en el RUV
Numerador 5,598 Denominador 17,222 Estimación 32.5 c.v.e. (%) 6.6
El resultado (61%) puede poner en evidencia la escasa capacidad de los municipios, sobre
todo aquellos de baja categoría para atender a la población víctima desplazada y los problemas que
entraña la coordinación entre niveles de gobierno que restringen la capacidad de respuesta desde
95
los niveles departamental y nacional para actuar subsidiariamente frente a las situaciones que
exigen una atención inmediata. De nuevo, el universo de grupos familiares seleccionados, está
sujeto a que las víctimas hayan declarado y solicitado la ayuda.
4.1.1.3 IGED complementario. Subsistencia Mínima – AHI – Alojamiento
Nombre del indicador
Complementario Ayuda Humanitaria Inmediata (AHI), Alojamiento
Formula Hogares víctimas de desplazamiento forzado que declararon, solicitaron y recibieron antes de la decisión sobre la inclusión en el RUV (RUPD) el componente de alojamiento en el marco de la atención inmediata/Hogares víctimas de desplazamiento forzado que declararon solicitaron antes de la decisión sobre la inclusión en el RUV (RUPD) el componente de alojamiento en el marco de la atención inmediata.
Alcance *Se consideran como Alojamiento la solicitud o recepción bien sea de alberge o dinero para alojamiento. *Por efectos operativos se asimilan los hogares a grupos familiares.
Nivel Grupos familiares
Desplazados total
Numerador 89,765 Denominador 229,674 Estimación 39.1 c.v.e. (%) 2.2
Desplazados incluidos en el RUV
Numerador 87,074 Denominador 214,000 Estimación 40.7 c.v.e. (%) 2.3
Desplazados no incluidos en el RUV
Numerador 2,690 Denominador 15,674 Estimación 17.2 c.v.e. (%) 10.1
El alojamiento se ha otorgado al 39,1% de los grupos familiares que lo han solicitado. Es
decir, de 229.674 grupos que solicitaron alojamiento 89.765 lo recibieron. Las diferencias entre
los grupos RUV y no RUV son de 23,5 puntos porcentuales, lo que muestra la barrera que tienen
los grupos no inscritos en el RUV para acceder a estas ayudas.
96
4.1.1.4 IGED complementario. Subsistencia Mínima – AHI – Kit de habitabilidad
Nombre del indicador
Complementario Ayuda Humanitaria Inmediata (AHI), Kit de habitabilidad
Formula Hogares víctimas de desplazamiento forzado que declararon, solicitaron y recibieron antes de la decisión sobre la inclusión en el RUV (RUPD) el componente de kit de habitabilidad en el marco de la atención inmediata/Hogares víctimas de desplazamiento forzado que declararon y solicitaron antes de la decisión sobre la inclusión en el RUV (RUPD) el componente de kit de habitabilidad en el marco de la atención inmediata.
Alcance *Se hace una aproximación al kit de habitabilidad mediante la solicitud o recepción de utensilios de cocina. *Por efectos operativos se asimilan los hogares a grupos familiares.
Nivel Grupos familiares
Desplazados total
Numerador 81,566 Denominador 185,511 Estimación 44.0 c.v.e. (%) 2.0
Desplazados incluidos en el RUV
Numerador 80,861 Denominador 172,674 Estimación 46.8 c.v.e. (%) 2.0
Desplazados no incluidos en el RUV
Numerador 705 Denominador 12,837 Estimación 5.5 c.v.e. (%) 19.0
El kit de habitabilidad, se da al 44,0% de los grupos familiares que solicitaron ese
componente. Es decir, de 185.511 grupos que solicitaron kit, 81.566 lo recibieron. Como en los
casos anteriores el universo de la medición está limitado por la solicitud que haga la víctima y no
por una acción decidida de las autoridades de atender a las víctimas como una acción prioritaria.
Pareciera que la víctima debiera estar informada de su victimización antes de que ella ocurra. En
el caso de la atención en salud, en el marco de la atención inmediata, el indicador que aquí se
presenta se refiere únicamente a la otorgada previo a la inscripción en el RUV.
97
4.1.1.5 IGED complementario. Subsistencia Mínima – AHI – Atención en salud
Nombre del indicador
Complementario Ayuda Humanitaria Inmediata (AHI), Atención en salud
Formula Personas víctimas de desplazamiento forzado que recibieron atención en salud (psicológica o física) en el marco de la atención inmediata/Personas que requirieron atención en salud en el marco de la atención inmediata.
Alcance * Se entiende por atención en salud la solicitud o recepción de atención médica o psicológica. *Por efectos operativos se asimilan los hogares a grupos familiares.
Nivel Grupos familiares
Desplazados total
Numerador 81,818 Denominador 187,713 Estimación 43.6 c.v.e. (%) 2.0
Desplazados incluidos en el RUV
Numerador 75,883 Denominador 171,071 Estimación 44.4 c.v.e. (%) 2.1
Desplazados no incluidos en el RUV
Numerador 5,935 Denominador 16,642 Estimación 35.7 c.v.e. (%) 6.2
En resumen, la ayuda humanitaria inmediata presenta un valor bajo con respecto a la
demanda de la población. Las ayudas en alimentación son las que han tenido mayor respuesta por
parte del gobierno, aunque no hay una cobertura total. En consecuencia, las leyes 387 de 1997 y
418 del mismo año han sido insuficientes o no han tenido la efectividad esperada en la atención
de las víctimas acorde con el tamaño del problema del conflicto.
4.1.2 Ayuda Humanitaria de Emergencia y de Transición.
Ahora bien, cuando evaluamos la ayuda humanitaria de emergencia y la de transición53, a
cargo de las entidades del Gobierno Nacional (UARIV e ICBF) la situación es diferente, pues
53 En lo referente a la ayuda humanitaria de transición, la ENV_CGR-2013 realiza una aproximación a esta ayuda desde el punto de vista de la prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia.
98
aproximadamente el 74% de los grupos familiares desplazados a partir de 1985 e inscritos en el
RUV, manifiesta haber recibido una o más ayudas humanitarias de emergencia (Gráfico 4.3). Sin
embargo, es importante resaltar que la mayor parte de los componentes de la ayuda humanitaria
de emergencia consisten en mercados y subsidios de alojamiento dados por una sola vez, lo cual,
no permite alcanzar la estabilidad socioeconómica que esta población requiere para enfrentar el
desplazamiento forzado.
La gestión del gobierno privilegia el enfoque por demanda descargando en la víctima el
resarcimiento del derecho a la ayuda humanitaria lo cual trae como consecuencia que la
satisfacción del derecho no sea plena y la víctima ingrese en una cadena de situaciones propias de
la gestión burocrática y completamente alejada de la satisfacción de los derechos.
Gráfico 4.3 -Porcentaje grupos familiares desplazados a partir de 1985, Inscritos RUV, que recibieron una o más ayudas de emergencia según solicitud y aceptación de prórroga de las ayudas
Fuente: I-Encuesta Nacional de Víctimas_CGR-2013
Proposición de resultado 4-4: Ayuda humanitaria de emergencia.
La I-ENV_CGR-2013 muestra que pese a que el 74,4% de los grupos familiares desplazados
entre enero de 1985 y noviembre de 2013 e inscritos en el RUV, han recibido ayuda
humanitaria de emergencia, sólo el 38,2% continúa recibiéndola.
99
En lo que a la ayuda humanitaria de transición se refiere, de todos los grupos familiares
que recibieron al menos una ayuda humanitaria de emergencia el 58,4% solicitó prórroga. De este
subconjunto le fue prorrogada y aun la recibe el 38,2%, le fue prorrogada pero le dieron turno para
recibirla al 25,0%, y le fue prorrogada pero dejó de recibirla el 14,7%. Esto es el 77,9% de este
subgrupo. El 22,2% restante o la prorroga está en estudio (10,6%) o la ayuda humanitaria no le fue
prorrogada (11,6%).
En resumen, este tipo de esquemas de atención podría superarse con una política más activa
(de oferta de servicios) por parte del Gobierno Nacional en la atención de la población en situación
de desplazamiento. Esperar a que sea la propia víctima la que se acerque a las oficinas de la UARIV
para solicitar una ayuda es una medida que no garantiza el cumplimiento satisfactorio de los
derechos.
Por componentes de la ayuda, el más recibido es dinero en efectivo, tarjeta débito, cheque
o bono con un 44,1% de grupos familiares (612.369), seguido de afiliación o acceso a servicios de
salud con 43,3% de grupos familiares (601.260), los menos recibidos, elementos de aseo y
utensilios de cocina con un 21,2% (294.381) y 19.6% (272.164) respectivamente.
Gráfico 4.4. Porcentaje de grupos familiares inscritos en RUV que solicitaron y recibieron ayuda humanitaria de emergencia, por año del único o último desplazamiento
Fuente: I Encuesta Nacional de Víctimas 2013 - CGR, CID – UN
100
Proposición de resultado No. 4.2:
Proposición de resultado No. 4.2:
El 58,1% de los grupos familiares inscritos en el RUV (684.092) solicitó y recibió al menos
una ayuda de emergencia, mientras que el 18,6% de los grupos (219.004) ni solicitó ni recibió
ninguna de las ayudas.
La trayectoria temporal de la ayuda humanitaria de emergencia por períodos bianuales se
muestra en el gráfico 4.4. Las dos situaciones descritas revelan el incremento de la ayuda
humanitaria de emergencia hasta el año 2006-07, las cuales descienden en los siguientes periodos.
Los niveles se han mantenido en 2012-13 al 68,4% (949.796 grupos familiares) para los que
recibieron al menos un componente de este tipo de ayuda y en el 49,7% (690.130 grupos
familiares) para aquellos que solicitaron y recibieron esa ayuda.
Las diferencias entre la ayuda humanitaria inmediata y de emergencia llaman mucho la
atención, la baja cobertura de la primera sugiere la existencia de algún tipo de barrera que impide
su acceso, esta barrera puede estar relacionada con las instituciones encargadas de la entrega de
ayudas, ya que salvo la afiliación a salud y los beneficios educativos, los componentes son los
mismos, la falta de capacidad o recursos de algunas entidades territoriales sumado a la ausencia
de procedimientos y poco acompañamiento de los entes departamentales y nacionales puede ser la
causa de esta fuerte diferencia en la cobertura de estas ayudas, ya que una vez registrado el grupo
familiar, la recepción de al menos un componente de ayuda humanitaria se duplica con creces.
Estos resultados van en línea con el diagnostico de las falencias en la entrega de ayuda
humanitaria presentados por la Corte Constitucional mediante auto 099 de 2013, y preocupa la
caída en el porcentaje de grupos familiares recibiendo estas ayudas fundamentales para dar
realización al derecho de subsistencia mínima y vital por tratarse de la primera intervención del
Proposición de resultado 4-5: Ayuda humanitaria de emergencia.
La I-ENV_CGR-2013 muestra que la cobertura de ayuda humanitaria de emergencia es
cercana al 80%, solo si se mide por al menos un componente, lo cual exige un esfuerzo
institucional considerable dada la cantidad de población en situación de desplazamiento pero
no indica que se logre garantizar la subsistencia mínima.
101
Estado para mitigar la vulnerabilidad de esta población. Los IGED que se pueden calcular para
esta fase de la ayuda humanitaria y que corresponden al derecho de subsistencia mínima son los
siguientes:
4.1.2.1 IGED - Subsistencia Mínima – Ayuda Humanitaria de Emergencia (AHE)
Nombre del indicador
Todos los hogares víctimas del desplazamiento forzado tienen garantizada la subsistencia mínima en el marco de la atención humanitaria de emergencia una vez se dio su inclusión en el registro.
Formula Número de hogares víctimas de desplazamiento forzado incluidos o cesados en el RUPD que recibieron los componentes de subsistencia mínima en el marco de la Atención Humanitaria de Emergencia/Número de hogares víctimas de desplazamiento forzado incluidos o cesados en el RUPD.
Alcance *Se consideran como componentes de ayuda humanitaria de emergencia los siguientes: a) Auxilio para arriendo. b) Afiliación o posibilidad de acceso al sistema de salud. c) Mercados o bonos alimentarios. d) Elementos de aseo y utensilios de cocina como parte del Kit de habitabilidad. e) Dinero en efectivo, tarjeta débito, cheque o bono (diferente al dinero de auxilio para arriendo). *Se toma como garantía de subsistencia mínima en el marco de la Atención Humanitaria de Emergencia, la recepción de todos los componentes de la Ayuda Humanitaria de Emergencia que fueron solicitados. *Por efectos operativos se asimilan los hogares a los grupos familiares. * Este indicador sólo aplica para los grupos familiares incluidos en el RUV
Nivel Grupos familiares
Desplazados incluidos en el RUV
Numerador 376,348 Denominador 754,563 Estimación 49.9 c.v.e. (%) 2.4
En este caso la responsabilidad se desplaza a la Unidad de Víctimas debido a que se trata
de la población que ya está incluida en el RUV. En términos absolutos, se habla de
102
aproximadamente 361.400 grupos familiares que recibieron todos los componentes de la ayuda
humanitaria solicitados.
4.1.2.2 IGED complementario. Subsistencia Mínima – AHE – Afiliación a salud
Nombre del indicador
Complementario Ayuda Humanitaria de Emergencia (AHE), Afiliación a Salud.
Formula Personas víctimas de desplazamiento forzado incluidas o censadas en el RUPD que cuentan con afiliación a un sistema de seguridad social en el marco de la Atención Humanitaria de Emergencia/Personas víctimas de desplazamiento forzado incluidas o cesadas en el RUPD.
Alcance *Por efectos operativos se asimilan los hogares a los grupos familiares. * Este indicador sólo aplica para los grupos familiares incluidos en el RUV
Nivel Grupos familiares
Desplazados incluidos en el RUV
Numerador 508,752 Denominador 1,177,439 Estimación 43.2 c.v.e. (%) 2.2
Cuadro 4.4 -Resumen IGED – Ayuda Humanitaria de Emergencia
4.1.3 Seguridad Alimentaria
La seguridad alimentaria es el último tema que se trata en esta sección, pero no por ello es
menos importante. Contar con los alimentos adecuados y suficientes es determinante en la salud y
energía de las personas en general y en el crecimiento y desarrollo adecuado de los más jóvenes.
IGED - Subsistencia Mínima – Ayuda Humanitaria de Emergencia (AHE) 49,9% 2,4%
IGED Complementario. Subsistencia Mínima – AHE – Afiliación a salud 43,2% 2,2%
Fuente: I Encuesta Nacional de Víctimas 2013 - CGR, CID - UN
Definición RUV Cve (%)
103
La encuesta encontró que el 42,8% de las personas desplazadas (2.401.929 personas aprox.)
consumió menos de lo que deseaba por falta de alimentos o de dinero para comprarlos. Al mirar
esta situación por inscripción en el RUV, se observa que el 43,2% de las personas inscritas
(2.283.747) consumió menos de lo que deseaba frente al 40,3% de las personas no inscritas
(359.813). El 32,3% de las personas desplazadas (1.812.671) se quejó de hambre por falta de
alimentos o dinero para comprarlos mientras que el 32,5% (1.823.895) dejó de consumir alguna
de las comidas principales por falta de comida o dinero. El gráfico 4.5 resume la presencia de al
menos uno de los 3 indicadores de insuficiencia alimentaria presentados en los párrafos anteriores,
en este se puede observar que el 45,9% de las personas desplazadas (2.575.901) tiene insuficiencia
alimentaria.
Gráfico 4.5. Porcentaje de personas desplazadas por presencia de al menos un indicador de insuficiencia alimentaria, según inscripción en el RUV
Por grupos etarios, las personas entre 18 y 59 años presentan el porcentaje más alto de
insuficiencia alimentaria con 48,7% de los desplazados; por otro lado, los menores de 5 años son
los que presentan el menor porcentaje con el 30,6% de personas con insuficiencia alimentaria.
Proposición de resultado 4-6: Insuficiencia alimentaria.
El 45,9% el total de las personas desplazados entre enero de 1985 y noviembre de 2013
muestran algún indicador de insuficiencia alimentaria.
104
Aunque el rango de edad de menores de 5 años presente los indicadores más bajos de
insuficiencia alimentaria dentro de la población desplazada, preocupa seriamente que 3 de cada 10
personas entre los 0 y los 4 años no tengan la alimentación suficiente ya que esto afecta su
desarrollo físico y mental, además de las condiciones de esperanza de vida y mortalidad.
El gráfico 4.6 muestra la cantidad de comidas principales dejadas de consumir la semana
anterior a la encuesta, es de resaltar que sólo el 67,5% de las personas desplazadas (3.788.089
personas aprox.) consumieron todas las comidas principales durante la semana anterior a la
realización de la encuesta, esto nos deja al 32,5% de personas desplazadas (1823.895) en
condiciones de vulnerabilidad e inseguridad alimentaria por falta de dinero o de alimentos.
Gráfico 4.6. Porcentaje de personas desplazadas por número de comidas principales dejadas de consumir durante la
semana anterior a la encuesta, por falta de alimentos o dinero para comprarlos
En cuanto a la presencia y atención institucional para garantizar la atención en alimentación
la I-I-ENV_CGR-2013 revela que el 11,4% de la personas desplazadas recibe alimentos de algún
programa o institución, siendo los menores de edad, la población mayormente beneficiada. El
21,6% de los menores de 6 años, el 29,4% de las personas de 6 a 11 años y el 16,0% de las personas
entre los 12 y 17 años han recibido alimentos.
Proposición de resultado 4-7: Vulnerabilidad por inseguridad alimentaria.
Solo el 67,5% de las personas desplazadas consumieron todas las comidas principales
durante la semana anterior a la Encuesta CGR-2013, quedando el 32,5% de las personas
desplazadas en condiciones de vulnerabilidad e inseguridad alimentaria.
105
En conclusión, se encuentra que aunque existen esfuerzos institucionales por la mitigación
del hambre en esta población, su situación alimentaria continúa mostrando un grado importante de
inseguridad. En términos de indicadores la situación alimentaria se evidencia como sigue:
4.1.3.1 4.1.4.1 IGED de seguridad alimentaria (Alimentación):
Nombre del indicador
Todos los hogares víctimas del desplazamiento forzado consumen distintos tipos de alimento con una frecuencia adecuada y no presentan inseguridad alimentaria
Formula Número de hogares víctimas del desplazamiento forzado incluidos o cesados en el RUPD que consumen distintos tipos de alimentos con una frecuencia adecuada y no presentan inseguridad alimentaria / Número total de hogares víctimas del desplazamiento forzado incluidos o cesados en el RUPD.
Alcance * El indicador se calcula a nivel de personas. * La metodología utilizada es percepción de seguridad alimentaria. * Se hace considera que un hogar está en seguridad alimentaria si ninguno de sus miembros en condición de desplazamiento sufrió de: a) Consumir menos de lo que deseaba por falta de alimentos o de dinero para comprarlos. b) Quejarse de hambre por falta de alimentos o de dinero para comprarlos. c) Dejar de consumir al menos algún desayuno, almuerzo o comida por falta de alimentos o de dinero para comprarlos.
Nivel Personas
Desplazados total
Numerador 3,033,503 Denominador 5,611,983 Estimación 54.1 c.v.e. (%) 0.9
Desplazados incluidos en el RUV
Numerador 2,581,487 Denominador 4,806,334 Estimación 53.7 c.v.e. (%) 1.0
Desplazados no incluidos en el RUV
Numerador 452,015 Denominador 805,649 Estimación 56.1 c.v.e. (%) 2.3
106
ENV_CGR-2013 se observa que la población desplazada inscrita tiene una mayor
cobertura en salud mientras que la no inscrita tiene una cobertura más baja que el total nacional.
Aunque la cobertura en salud de la población desplazada es mayor que la del total nacional esta
debería ser del 100% dado que es un derecho de acceso que el Estado debe garantizar en el
momento de la inclusión del grupo familiar en el RUV.
Cuadro 4.5. Porcentaje de personas desplazadas a partir de 1985, por sexo. Según tipo de afiliación o vinculación al Sistema de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
Según los resultados el 80,0% de las víctimas de desplazamiento forzado están afiliadas al
régimen subsidiado de salud.54 Los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida realizada por el
DANE en 2013 muestran que a nivel nacional el 50% de los colombianos está afiliado a dicho
régimen. Lo cual implica que es el Estado el que asume en su mayoría la afiliación en salud de la
población desplazada. Reflejo también de su alta vulnerabilidad.
54Al analizar según inscripción en el RUV la diferencia es de 8,8 puntos porcentuales con el 81,2% de la población inscrita frente al 72,4% de la población no inscrita.
Total cve(%) Hombres cve(%) Mujeres cve(%)
Subtotal de afiliados 93,5 0,3 92,8 0,4 94,1 0,3 91,3
Afiliados al Régimen Contributivo o al Especial 13,3 2,4 14,6 3,4 12,2 3,5 49,1
Afiliados al Régimen subsidiado 80 0,5 78 0,7 81,7 0,6 50,8
Afiliados que no saben el régimen 0,2 21,1 0,2 29 0,2 30,7 0,1
Subtotal de no afiliados 6,5 3,6 7,2 5 5,9 5,2
Vinculados con carta 2,9 5,5 3,1 7,8 2,7 7,9
Vinculados sin carta 3,6 4,9 4,1 6,7 3,2 7,2
Fuente: Encuesta Nacional de Víctimas 2013 - CGR; DANE, Encuesta de Calidad de Vida, 2013
Tipo de afilicación o vinculaciónDANE
(ECV)
Porcentaje para total de personas desplazadas
Proposición de resultado 4-8: Afiliación en salud
La encuesta muestra que en términos de afiliación al sistema general de seguridad social en
salud, el 80.0% de las víctimas se encuentra afiliada al régimen subsidiado, superando en
30% a la afiliación promedio del conjunto de la población colombiana.
107
4.1.3.2 IGED complementario. Salud –Afiliación al régimen contributivo o especial
Nombre del indicador
Complementario salud, Afiliación a régimen contributivo
Formula Número de personas víctimas de desplazamiento forzado incluidas o cesadas en el RUPD afiliadas al SGSSS a los régimen contributivo o a regímenes especiales/ Número de personas víctimas de desplazamiento forzado incluidas o cesadas en el RUPD.
Alcance No aplica
Nivel Personas
Desplazados total
Numerador 747,706 Denominador 5,611,984 Estimación 13.3 c.v.e. (%) 2.4
Desplazados incluidos en el RUV
Numerador 600,446 Denominador 4,806,334 Estimación 12.5 c.v.e. (%) 2.7
Desplazados no incluidos en el RUV
Numerador 147,260 Denominador 805,650 Estimación 18.3 c.v.e. (%) 5.4
4.1.3.3 IGED complementario. Salud – Afiliación al régimen subsidiado
Nombre del indicador
Complementario salud, afiliación a régimen subsidiado
Formula Número de personas víctimas de desplazamiento forzado incluidas o cesadas en el RUPD afiliadas al régimen subsidiado / Número de personas víctimas de desplazamiento forzado incluidas o cesadas en el RUPD.
Alcance No aplica
Nivel Personas
Desplazados total
Numerador 4,487,044 Denominador 5,611,984 Estimación 80.0 c.v.e. (%) 0.5
108
Desplazados incluidos en el RUV
Numerador 3,903,671 Denominador 4,806,334 Estimación 81.2 c.v.e. (%) 0.5
Desplazados no incluidos en el RUV
Numerador 583,372 Denominador 805,650 Estimación 72.4 c.v.e. (%) 1.6
El problema radica, no tanto en las coberturas brutas, sino en las coberturas efectivas, es
decir, en la posibilidad concreta de ser atendido y obtener acceso real a los servicios de salud en
caso de requerirlo. Al respecto hace falta mucho en términos de información pero es claro que
dada la situación de pobreza y marginalidad de las víctimas en general, las barreras de acceso
derivadas de la falta de dinero, de la multiplicidad de trámites a realizar y su costo, de las asimetrías
de información, o de la debilidad de las redes prestadoras de servicio en los territorios se
incrementan en términos relativos para esta población.
4.1.3.4 IGED Salud – Atención psicosocial
Nombre del indicador
Todas las personas víctimas de desplazamiento forzado reciben atención psicosocial.
Formula Número de personas víctimas de desplazamiento forzado incluidas o cesadas en el RUPD, que reciben atención psicosocial individual o grupal / Número de personas víctimas de desplazamiento forzado incluidas o cesadas en el RUPD.
Alcance *El indicador original presenta dos diferentes fórmulas de cálculo, con la información contenida en la ENV- CGR 2013, sólo se puede calcular con una de las dos formulas
Nivel Personas
Desplazados total
Numerador 11,083 Denominador 5,611,983 Estimación 0.2 c.v.e. (%) 21.5
Desplazados incluidos en el RUV
Numerador 10,661 Denominador 4,806,334 Estimación 0.2 c.v.e. (%) 21.9
109
Desplazados no incluidos en el RUV
Numerador 422 Denominador 805,649 Estimación 0.1 c.v.e. (%) 111.9
La debilidad de esta población en el acceso a las redes de protección social que existen en
el país hace la situación gravosa pues como hemos señalado, esta población enfrenta mayores
riesgos en términos de salud, incapacidad o desempleo fruto de las condiciones de pobreza,
marginalidad y afectación emocional en las que viven. Igualmente, en términos previsionales
estamos frente a una verdadera bomba social pues la casi totalidad de esta población, deberá
enfrentar la vejez, sin ningún tipo de ingreso derivado del sistema de pensiones. Esto implica, o
una mayor carga para sus familiares más jóvenes, que están creciendo sin la suficiente capacitación
para insertarse productivamente en el mundo laboral, o simplemente un gravísimo problema de
exclusión en la vejez con las consecuencias sociales que la misma genera.
Gráfico 4.7-Porcentaje de personas de 10 años y más, desplazadas a partir de 1985
Por sexo, según posición ocupacional y afiliación en salud, pensión y riesgos profesionales
Fuente: I-Encuesta Nacional de Víctimas_CGR-2013
110
Al observar la afiliación a salud por año del último o único desplazamiento de la población
inscrita en el RUV, se observan diferencias entre los diferentes periodos, como lo muestra el
grafico 4.8 la afiliación al régimen subsidiado tiene un comportamiento a la baja pasando de 83,6%
en 1985-1993 al 74,8% en 2012-2013. Llama la atención el bajo porcentaje de afiliación al régimen
subsidiado durante el último periodo, como se refirió en apartados anteriores, la afiliación a salud
es un derecho que tiene esta población al momento de ser inscrita en el RUV.
Con los afiliados al régimen contributivo o al especial, su comportamiento muestra que en
el primer periodo la afiliación llega al 13,3% y va descendiendo hasta alcanzar el 8,1% en el último
periodo.
Gráfico 4.8. Porcentaje personas desplazadas a partir de 1985, inscritas en el RUV, por año del último o único desplazamiento, según vinculación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)
Fuente: I Encuesta Nacional de Víctimas 2013 - CGR, CID – UN
Proposición de resultado 4-9: Afiliación a seguridad social
La encuesta muestra que la población víctima del desplazamiento forzado que trabaja de
manera independiente en un 98,4% se encuentra sin afiliación al sistema de salud y
pensiones. En el caso de los obreros o empleados la falta de afiliación alcanza el 71%.
111
4.1.4 Morbilidad, hospitalización y discapacidad
El recibir atención por parte de los servicios de salud cuando se necesita, hace parte integral
del derecho a la salud. En lo que a este tema se refiere, la I-ENV_CGR-2013 indagó acerca de tres
aspectos: morbilidad a 30 días, hospitalización en los últimos 12 meses y atención institucional de
estos eventos.
En cuanto a la morbilidad, el 21,2% (1.189.741) de las personas desplazadas reportó sufrir
un problema de salud durante los 30 días anteriores a la encuesta, este porcentaje es más del doble
del reportado por el total nacional en la ECV 2013 cuyo valor fue de 10,2%. Las personas
desplazadas que se encuentran en la región compuesta por los departamentos de Atlántico, Bolívar,
Córdoba y Sucre reportan la más alta tasa de morbilidad con el 27,5%.
Gráfico 4.9. Porcentaje de personas desplazadas a partir de 1985 que estuvieron enfermas los últimos 30 días Según acción realizada para tratar la enfermedad
Fuente: I Encuesta Nacional de Víctimas 2013 - CGR, CID – UN
Acudir a médicina
tradicional1%
Nada3%
Solicitar atención
usando EPS, EPSS67%
Solicitar atención usando
carta4%
Utilizar servicios de
salud particulares
2%
Autorecetarse23%
Proposición de resultado 4-10: Afiliación en salud II
La afiliación al sistema de salud examinado por periodos bianuales muestra una tendencia
a disminuir desde 96,9% en 1985-1993 a 85,8% en 2012-2013. El régimen subsidiado cayó
en los mismos periodos 8,8 puntos porcentuales y la población no afiliada creció en 9,3%
hasta el 14,2%.
112
Como se puede observar en el gráfico 4.9, de los desplazados enfermos el 73,2% utilizó
servicios de salud, bien sea solicitando atención a través del SGSSS, carta expedida por la Alcaldía
o usando servicios de salud particulares, por otro lado, el 22,7% se auto-recetó y el 3,0% no hizo
nada para tratar dicho problema. Del total de desplazados que solicitaron atención médica usando
la EPS, EPSS o la carta de la Alcaldía, el 91,4% recibió atención, de estos un 16,9% tuvo que
pagar por la consulta.
El segundo aspecto muestra que el 9,0% de la población desplazada tuvo que ser
hospitalizada en los últimos 12 meses. La población de 50 años y más y los niños y niñas menores
de 5 años son los grupos de edad con mayor prevalencia de hospitalización con 13,6% y 13,5%
respectivamente. Llama la atención que un 17,7% de los niños y niñas menores de 5 años no
registrados en el RUV fue hospitalizado en los últimos 12 meses. Del total de personas desplazadas
hospitalizadas durante los últimos 12 meses el 16,6% tuvo que pagar dinero por este servicio.
La alta tasa de morbilidad sumada a la prevalencia de la hospitalización en esta población
es un claro reflejo de su condición de alta vulnerabilidad y exige por parte de los encargados de la
política de atención identificar las causas de estas situaciones que bien pueden ser de tipo ambiental
o relacionada con carencias alimenticias.
La I-ENV_CGR-2013 hace una medición de discapacidad bajo la perspectiva de limitación
permanente para realizar ciertas actividades cotidianas. De acuerdo a este concepto se encontró
que el 4,8% de las personas desplazadas tiene alguna limitación física o mental, de estas un 32,8%
ha recibido tratamiento de rehabilitación y sólo un 14,1% está registrado como discapacitado por
la respectiva Secretaría de Salud.
Proposición de resultado 4-11: Tratamiento de la enfermedad
Sólo el 73,2% de los desplazados utilizó los servicios de salud y el 22,7% se auto-recetó.
Cuando accedieron a la consulta, un 17% tuvo que pagar. Eso refleja que la garantía del
derecho a la salud sigue siendo incompleta.
113
4.1.5 Vacunación y controles de crecimiento y desarrollo
La atención integral a la niñez y la mujer gestante es parte importante para garantizar la
realización del derecho a la salud, por ello la I-ENV_CGR-2013 incluyó dos módulos para obtener
información sobre vacunación y controles de crecimiento y desarrollo para niños y niñas menores
de 5 años y sobre la fecundidad de las mujeres entre los 12 y 50 años.
4.1.5.1 IGED - Salud – Vacunación
Nombre del indicador
Todos los niños víctimas de desplazamiento forzado cuentan con esquema de vacunación completo.
Formula Número de niños y niñas de 0 a 5 años víctimas de desplazamiento forzado, incluidas o cesadas en el RUPD, que tienen el esquema de vacunación completo / Número de niños de 0 a 5 años víctimas de desplazamiento forzado incluidas o cesadas en el RUPD.
Alcance *Para el cálculo de este indicador se tiene en cuenta solamente a los niños y niñas de 1 a 4 años desplazados. *Se considera que el niño tiene el esquema de vacunación completo para su edad si tiene la primera dosis de la vacuna triple viral y si tiene las tres primeras dosis de la vacuna pentavalente. Bien sea verificado por carnet o por la respuesta de la persona encargada de su cuidado.
Nivel Personas
Desplazados total
Numerador 464,772 Denominador 572,977 Estimación 81.1 c.v.e. (%) 1.4
Desplazados incluidos en el RUV
Numerador 403,780 Denominador 498,215 Estimación 81.0 c.v.e. (%) 1.6
Desplazados no incluidos en el RUV
Numerador 60,992 Denominador 74,761 Estimación 81.6 c.v.e. (%) 4.0
114
De acuerdo con el cuadro 4.6, sólo el 59,5% de las personas desplazadas entre 1 y 4 años
tiene la primera dosis de la vacuna triple viral verificada con carnet, el 24,8% tiene la primera
dosis según lo reporta la persona encargada del cuidado del menor pero la vacuna no consta en el
carnét, el 3,6% no tiene la primera dosis y del 12,1% de los niños, las personas encargadas de su
cuidado no saben si tiene o no la vacuna.
Cuadro 4.6. Porcentaje de personas desplazadas a partir de 1985 de 1 a 4 años, por inscripción en el RUV y sexo. Según aplicación de la primera dosis vacuna triple viral
Al contrastar los resultados por sexo de las personas, se encuentra que el 86,0% de los
niños de 1 a 4 años desplazados tienen la primera dosis de la vacuna triple viral (bien sea verificado
con el carnét o reportado por la persona encargada de su cuidado); el 82,5% de niñas en este grupo
de edad están en las mismas condiciones.
4.1.5.2 -IGED complementario. Salud – Vacunación – Triple viral
Nombre del indicador
Complementario salud, Vacuna SRP
Formula Número de niños entre 12 y 23 meses de edad incluidos o cesados en el RUPD que tienen una dosis de vacuna SRP (sarampión, rubéola y paperas) / Número de Niños entre 12 y 23 meses de edad incluidos o cesados en el RUPD
Alcance *Para el cálculo de este indicador se tiene en cuenta solamente a los niños y niñas de 1 a2 años desplazados.
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Tienen la primera dosis según carnet 59,5 60,4 58,6 58,7 60,4 57 65,1 60,7 69,6
cve(%) 2,5 3,4 3,6 2,7 3,7 4 6,1 9,5 7,8
Tienen la primera dosis, pero no consta en el carnet 24,8 25,6 23,9 25,5 26,4 24,6 20 20,5 19,5
cve(%) 5,2 7,2 7,6 5,5 7,5 8 16,7 23,3 24
No tienen la primera dosis 3,6 3 4,2 3,5 2,7 4,3 4,4 4,8 3,9
cve(%) 15,5 23,9 20,2 16,8 26,9 21,6 39,1 52,7 58,6
No sabe si tiene la primera dosis 12,1 10,9 13,2 12,3 10,5 14,2 10,6 14 7
cve(%) 8,1 12 10,9 8,6 13,2 11,2 24,3 29,4 43
Fuente: Primera Encuesta Nacional de Víctimas, CGR-2013; CID-UN
Aplicación de la primera dosis de la vacuna Triple Viral
Porcentaje para Total de
personas desplazadas de 1
a 4 años
Porcentaje para personas
desplazadas de 1 a 4 años
en el RUV
Porcentaje para personas
desplazadas de 1 a 4 años
no inscritas en el RUV
115
Nivel Personas
Desplazados total
Numerador 253,715 Denominador 299,278 Estimación 84.8 c.v.e. (%) 1.8
Desplazados incluidos en el RUV
Numerador 219,805 Denominador 260,511 Estimación 84.4 c.v.e. (%) 1.9
Desplazados no incluidos en el RUV
Numerador 33,910 Denominador 38,767 Estimación 87.5 c.v.e. (%) 4.5
Por inscripción en el RUV, el 86,8% de los niños incluidos tienen la primer dosis de la
triple viral contra un 81,6% de las niñas inscritas, esta relación cambia en los menores no inscritos
en donde el 89,1% de las niñas tienen la primera dosis, contra el 81,2% de los niños.
De acuerdo con el cuadro 4.7, el 69.0% de las personas desplazadas de 1 a 4 años tiene las
3 dosis de la vacuna pentavalente verificado con el carnet de vacunación, el 15.4% tiene las 3
primeras dosis de acuerdo a lo que informa la persona encargada de su cuidado, el 2.0% no tiene
las tres dosis y el 13.7% las personas encargadas de su cuidado no saben si tienen o no las 3 dosis
de esta vacuna.
Cuadro 4.7- Porcentaje personas desplazadas a partir de 1985 de 1 a 4 años, por inscripción en el RUV y sexo. Según
aplicación de las tres dosis de la vacuna pentavalente
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Tienen las tres primeras dosis según carnet 69,0 69,4 68,5 68,3 69,4 67,2 73,5 69,7 77,4
cve(%) 2,0 2,8 2,9 2,2 3,0 3,2 5,0 7,8 6,4
Tienen las tres primeras dosis, pero no consta en el
carnet 15,4 16,1 14,6 16,1 17,1 15,0 10,9 9,9 11,9
cve(%) 7,0 9,6 10,3 7,3 9,9 10,8 * * *
No tienen las tres primeras dosis 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 2,0 2,4 2,6 2,1
cve(%) * * * * * * * * *
No sabe si tiene las tres primeras dosis 13,7 12,5 14,9 13,7 11,7 15,8 13,2 17,8 8,5
cve(%) 7,5 11,2 10,2 8,0 12,4 10,5 * * *
Fuente: Primera Encuesta Nacional de Víctimas, CGR-2013; CID-UN
Aplicación de la tres primeras dosis de la vacuna
Pentavalente
Porcentaje para Total de
personas desplazadas de 1 a 4
años
Porcentaje para personas
desplazadas de 1 a 4 años en
el RUV
Porcentaje para personas
desplazadas de 1 a 4 años no
inscritas en el RUV
116
El 86,5% de los niños inscritos en el RUV tienen las tres primeras dosis de la vacuna
pentavalente, mientras que el 79,6% de los niños no inscritos la tienen. Para el caso de las niñas,
el 82,2% de las inscritas en el RUV la tienen contra un 89,3% de las niñas no inscritas.
4.1.5.3 IGED complementario. Salud – Vacunación – Pentavalente
Nombre del indicador
Complementario salud, Vacuna pentavalente
Formula Número de Niños entre 12 y 23 meses de edad incluidos o cesados en el RUPD tienen tres dosis de vacuna pentavalente (DPT, HB y Hib) / Número de Niños entre 12 y 23 meses de edad incluidos o cesados en el RUPD.
Alcance *Para el cálculo de este indicador se tiene en cuenta solamente a los niños y niñas de 1 a 2 años desplazados.
Nivel Personas
Desplazados total
Numerador 255,833 Denominador 299,278 Estimación 85.5 c.v.e. (%) 1.7
Desplazados incluidos en el RUV
Numerador 221,655 Denominador 260,511 Estimación 85.1 c.v.e. (%) 1.9
Desplazados no incluidos en el RUV
Numerador 34,178 Denominador 38,767 Estimación 88.2 c.v.e. (%) 4.3
Junto con la vacunación, los controles de crecimiento y desarrollo son esenciales para
identificar problemas de peso y talla en niños y niñas o para verificar su correcto desarrollo. Según
los resultados que muestra el cuadro 4.8, al 65,7% de las personas desplazadas menores de 5 años
se les lleva a controles de crecimiento y desarrollo; de éstos al 27,1% se le diagnosticó bajo peso;
y, el 58,2% del grupo anterior de niños y niñas recibió tratamiento. Este dato es preocupante ya
que existe un 34,3% de menores de 5 años que no son llevados por sus padres a controles y su
117
desarrollo no está siendo monitoreado por un profesional de la salud. Así, 1 de cada 4 niños y niñas
que asisten a éstos controles tiene bajo peso para su edad, es decir cerca de 150.000 niños de los
aproximadamente 550.000 niños que son llevados a control médico; esta cifra genera una alerta
sobre factores como la alimentación de una buena parte de esta población vulnerable, lo que a su
vez, puede relacionarse con su alta morbilidad.
Una vez más, 3 de cada 5 personas desplazadas menores de 5 años que son diagnosticadas
con bajo peso o talla reciben tratamiento para este problema lo que deja a un 41.8% de los menores
de 5 años con bajo peso o talla sin la posibilidad de seguir un proceso para lograr los niveles de
nutrición y desarrollo adecuados para su edad.
Cuadro 4.8. Porcentaje personas menores de 5 años, desplazadas a partir de 1985 - Por sexo y condición de inscripción RUV. Según control crecimiento y desarrollo, diagnóstico de bajo peso o talla y tratamiento médico
4.1.6
4.1.7 Fecundidad, embarazo y lactancia
La fecundidad, el embarazo y la lactancia son temas de salud que hacen parte del desarrollo,
la calidad de vida y la salud sexual y reproductiva de las personas. Es por ello que el embarazo
adolescente, la falta de controles prenatales, la atención del parto por personal no calificado y los
problemas de alimentación de la madre lactante son problemas que deben identificarse para poder
tomar acciones correctivas.
Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer
Los l levan a control de crecimiento y desarrollo 65,7 65,7 65,8 66,4 66,3 66,4 61,9 62,2 61,7
cve(%) 1,8 2,5 2,6 1,9 2,7 2,7 5,3 7,4 7,6
Les diagnosticaron bajo peso 27,1 23,2 31,2 26,8 23,2 30,4 29,5 23,4 36,5
cve(%) 5,0 7,8 6,5 5,4 8,4 7,0 13,4 * *
Recibieron tratamiento 58,2 57,3 58,9 57,4 56,0 58,4 62,9 65,1 61,4
cve(%) 4,9 7,5 6,4 5,3 8,2 6,9 12,5 * *
Fuente: Primera Encuesta Nacional de Víctimas, CGR-2013; CID-UN
Control de crecimiento y desarrollo, diagnóstico bajo
peso y tratamiento médico
Tasa para total personas
desplazadas menores de 5
años
Porcentaje para personas
desplazadas menores de 5
años inscritas en el RUV
Porcentaje para personas
desplazadas menores de 5
años no inscritas en el RUV
Proposición de resultado 4-12: Condiciones de crecimiento y desarrollo
Con respecto a la vacunación y los controles de crecimiento y desarrollo, hay dudas sobre
la aplicación de la primera dosis en un 16% de la población entre 1 y 4 años, igual
porcentaje para las tres primeras dosis, no hay controles de crecimiento y desarrollo en el
34% de los niños y niñas y existe un diagnóstico de bajo peso en el 27,1%
118
De acuerdo con la I-ENV_CGR-2013, un 2,9% de las mujeres desplazadas con edades
entre 12 y 50 años estaba en embarazo al momento de la encuesta, el 60,8% reportó no estar
embarazadas pero haber tenido hijos y el 36,3% reportó no estar embarazadas ni haber tenido hijos.
En lo que a fecundidad se refiere, el cuadro 4.9 muestra que un 27,4% de las mujeres
desplazadas entre 12 y 50 años no están embarazadas pero han tenido hijos en los últimos 5 años,
al desagregar esta información por grupos de edad se encuentra que el 22,1% de mujeres
desplazadas con edades entre 15 y 19 años que han tenido hijos en el último quinquenio. De
acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) para el año 2010 el 19,5% de
las mujeres en estos grupos de edad había estado embarazada en algún momento. De manera que
hay un poco más de incidencia de este fenómeno entre la población en situación de desplazamiento
creando condiciones aún más difíciles para el sostenimiento de los hogares.
Cuadro 4.9 -Porcentaje mujeres de 12 a 50 años desplazadas a partir de 1985
No embarazadas pero han tenido hijos en los últimos 5 años. Por condición de inscripción RUV. Según grupos de edad
El 22,8% de las desplazadas inscritas en el RUV con edades entre los 15 y 19 años no están
embarazadas pero han tenido hijos. El 50.9% de las mujeres desplazadas con edades entre los 20
y 24 años no se encuentran embarazadas pero en los últimos 5 años han tenido hijos. Al ver en
conjunto el comportamiento reproductivo de las mujeres desplazadas con edades menores a 25
años con la del total nacional según la ENDS 2010 se observan comportamientos similares.
Grupos de edadTotal
Inscritas en el
RUV
No inscritas en el
RUV
Total 27,4 27,5 26,5
cve(%) 2,8 3 7,8
15 a 19 años 22,1 22,8 16,8
cve(%) 7,3 7,6 *
20 a 24 años 50,9 51,1 50,1
cve(%) 4,2 4,5 11,6
25 a 34 años 44,4 44,1 46
cve(%) 3,9 4,2 10,1
35 y más años 15,3 15,5 13,7
cve(%) 7,5 8 *
Fuente: Primera Encuesta Nacional de Víctimas, CGR-2013; CID-UN
119
Del total las mujeres desplazadas con edades entre los 20 y 24 años no se encuentran
embarazadas pero en los últimos 5 años han tenido hijos, el 97,0% reporta que el embarazo fue
atendido por un médico o una enfermera y el 70,0% recibió atención médica o de enfermera
durante los 8 días siguientes al parto.
Los anteriores resultados son confirmados con los Indicadores de Goce
Cuadro 4.10. Resumen IGED – Derecho a la salud
4.2 Educación
La educación es uno de los principales componentes del desarrollo y la medición de las
condiciones de vida de las personas, además de ser un derecho fundamental, es una condición en
la cual una sociedad con bajos niveles educativos hace que sus integrantes no puedan ejercer ni
exigir de manera efectiva sus derechos. Adicionalmente, se sabe que existe una relación directa
entre el nivel educativo y las posibilidades de incrementar el ingreso laboral de las personas, así
como de lograr ascenso social dentro de la sociedad.
El artículo 67 de la constitución política reconoce la educación como un derecho de las
personas y un servicio que tiene una función social. Y establece su obligatoriedad entre los 5 y 15
años de edad y comprende como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.
Cuadro 4.11. Tasa porcentual de analfabetismo, personas que no estudian y años de escolaridad de las personas desplazadas a partir 1985.
Definición Total Cve (% ) RUV Cve (% ) No RUV Cve (% )
IGED - Salud – Afiliación. Total Población 93.5% 0.3% 93.9% 0.3% 90.8% 0.8%
IGED - Salud – Atención 91.1% 0.7% 91.2% 0.8% 91.0% 2.0%
IGED Salud – Atención psicosocial 0.2% 21.5% 0.2% 21.9% 0.1% 111.9%
IGED - Salud – Vacunación 81.1% 1.4% 81.0% 1.6% 81.6% 4.0%
IGED Complementario- Salud –Afiliación al régimen contributivo o especial 13.3% 2.4% 12.5% 2.7% 18.3% 5.4%
IGED Complementario. Salud - Afiliación al régimen subsidiado 80.0% 0.5% 81.2% 0.5% 72.4% 1.6%
IGED Complementario. Salud – Vacunación – Pentavalente 85.5% 1.7% 81.5% 1.9% 88.2% 4.3%
IGED Complementario. Salud – Vacunación – Triple viral 84.8% 1.8% 84.4% 1.9% 87.5% 4.5%
Fuente: I Encuesta Nacional de Víctimas 2013 - CGR, CID - UN
Proposición de resultado 4-13: Embarazo y lactancia
El embarazo y la lactancia es un poco mayor entre la población desplazada (22,1%) que
entre la tendencia general de la población femenina en el grupo de edad de 15 a 19 años.
120
La debilidad del Estado Social de Derecho en el territorio colombiano se confirma cuando
analizamos los indicadores básicos en términos de analfabetismo y escolaridad. El indicador
básico, con el cual, se debe comenzar a mirar el estado de la educación en un determinado grupo,
es sin dudas, el analfabetismo. Al observar los resultados en educación de la I-ENV_CGR-2013
las conclusiones son particularmente graves sobre todo si los comparamos con lo que sucede en
términos generales para la población colombiana.
Según la Encuesta de Calidad de Vida que realiza el DANE todos los años, para 2013, la
tasa nacional de analfabetismo entre las personas mayores de 15 años se ubica en un 5,7% de la
población colombiana, mientras que, en el caso de la población desplazada forzosamente, para el
mismo grupo etario, el nivel de analfabetismo se ubica en un 9,7%, es decir cuatro puntos
porcentuales por encima del nivel nacional (Cuadro 4.11). Siendo una tasa baja, es considerable la
diferencia, 57 de cada mil personas de 15 años y más, son analfabetas en el total nacional, mientras
que en la población desplazada 97 de cada mil personas en el mismo rango de edad lo son. En el
DANE
Total (cve %) Hombres (cve %) Mujeres (cve %)ECV
I. Tasa de analfabetismo
Personas de 15 años y más 9,7 3,7 10,0 5,5 9,4 5,1 5,7
Personas de 40 años y más 21,2 4,0 21,9 5,9 20,6 5,4
II. Personas que no estudian actualmente
15 años y más desplazadas y su nivel educativo es
1 o 2 años de primaria 8,5 4,0 8,8 5,9 8,4 5,4
III. Años de escolaridad
Promedio de años de escolaridad de las personas
de 5 años y mas. 4,0 0,4 3,8 0,5 4,1 0,5 7,4
Fuente: Encuesta Nacional de Víctimas 2013 - CGR; DANE, Encuesta de Calidad de Vida (ECV), 2013
Tasas y porcentajes por grupos de edad
Tasa para total de personas desplazadas
Porcentajes Porcentajes Porcentajes
Proposición de resultado 4-14: Tasa de analfabetismo
La encuesta muestra la grave situación en términos educativos de la población víctima del
conflicto armado. La tasa de analfabetismo para las personas mayores de 15 años es
aproximadamente el 10%, los mayores de 40 de 21% y el promedio de años de escolaridad
para las personas mayores de 5 años y más es de 4 años mientras que para los colombianos
es de 7,4 años.
121
caso del analfabetismo en las víctimas del desplazamiento forzado mayores de 40 años el
porcentaje alcanza aproximadamente el 21,0% de dicha población.
Por género la tasa de analfabetismo para hombres desplazados inscritos de 15 años y más,
es de 9,6% mientras que para los no inscritos es de 12,4%; en el caso de las mujeres el 9,2% de las
desplazadas inscritas son analfabetas mientras que para las no inscritas la tasa es de 11,0%.
El analfabetismo en la población en condición de desplazamiento es un problema que debe
ser atendido de manera prioritaria y aunque se han desarrollado proyectos de educación para
adultos en esta población deben intensificarse los esfuerzos para reducir la brecha entre la
población no víctima y la que ha sufrido desplazamiento forzado, y deberían ser atendidos de
manera principal, aquellos que no están inscritos en el RUV.
4.2.1.1 IGED - Educación – Cobertura en Educación Básica
Nombre del indicador
Todos los niños, niñas y adolescentes (5 a 17 años) víctimas de desplazamiento forzado asisten a alguno de los niveles de educación preescolar, básica o media.
Formula Número de niños, niñas y adolescentes (5 a 17 años) víctimas de desplazamiento forzado incluidos o cesados en el RUPD, que asisten a alguno de los niveles de educación preescolar, básica y media / Número de niños, niñas y adolescentes (5 a 17 años) víctimas de desplazamiento forzado incluidos o cesados en el RUPD.
Alcance No aplica
Nivel Personas
Desplazados total
Numerador 1,690,553 Denominador 1,953,616 Estimación 86.5 c.v.e. (%) 0.6
Desplazados incluidos en el RUV
Numerador 1,478,580 Denominador 1,706,874 Estimación 86.6 c.v.e. (%) 0.7
Desplazados no incluidos en el RUV
Numerador 211,973 Denominador 246,742 Estimación 85.9 c.v.e. (%) 1.9
122
Como se puede observar el IGED de cobertura en educación básica sólo llega al 86,5%
para la población en edad de estar en algún grado de primaria o secundaria, para un déficit de
cobertura del 14,5%. Si se tiene en consideración que la Constitución Política establece el derecho
a la educación de la población y que para ese cumplimiento se estableció el mecanismo del Sistema
General de Participaciones (SGP) con el fin de alcanzar las coberturas en educación básica, el
resultado deficitario en el cumplimiento del derecho revela deficiencias que son graves, porque
263.062 niños aproximadamente están por fuera de los sistemas de registro, sin que las autoridades
municipales, departamentales o nacionales hayan tomado acciones para cerrar esa brecha.
De igual manera, según la Encuesta de Calidad de Vida del DANE, en 2013 el promedio
de años de escolaridad para el conjunto de la población Colombiana mayor de 5 años y más es de
8 años, mientras que para la población víctima es de apenas 4 años. Lo anterior es particularmente
grave pues significa que comparadas las cifras históricas la población víctima del desplazamiento
forzado se encuentra 40 años rezagada en términos educativos con las consecuencias que esto tiene
en términos de inserción en el mercado laboral, superación de la pobreza, reproducción de los
valores cívicos y formación de ciudadanía.55
Gráfico 4.10. Años promedio de escolaridad personas de 5 años y más, desplazadas a partir de 1985 Por sexo, según parentesco con el jefe del hogar
Fuente: I Encuesta Nacional de Víctimas 2013 - CGR, CID - UN
55Al respecto ver los resultados de la ECV del DANE en: http://www.dane.gov.co
3,53,3
4,03,8 3,9
4,3
Jefe(a) Conyugue Otro parentesco
Hombre Mujer
123
De acuerdo al Gráfico 4.10 son los jefes de hogar y sus cónyuges quienes dentro del hogar
presentan menos años de educación con 3,5 y 3,8 respectivamente frente a 4,0 y 4,3 años de los
demás miembros hombres y mujeres respectivamente.
El bajo nivel educativo de la población víctima en condición de desplazamiento afecta de
manera importante su capacidad para generar ingresos suficientes y la posibilidad de salir de las
condiciones de vulnerabilidad en que quedan inmersos al momento de ser víctimas. Mientras que
una persona desplazada de 5 años y más ha llegado hasta cuarto de primaria, el total nacional de 5
años y más ha llegado hasta séptimo de secundaria.
Es de resaltar la diferencia entre hombres y mujeres en condición de desplazamiento en
cuanto a años de educación, en todos los parentescos son ellas quienes tienen más años de
escolaridad.
Por regiones de recepción de la población desplazada se encuentra que la región 2 (Bolívar,
Córdoba, Sucre y Atlántico) presenta la mayor recepción de personas sin nivel educativo con el
24,4% del total del país. La región 5 (Tolima, Huila, Cundinamarca, el Distrito Capital de Bogotá,
Boyacá, Santander, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda y Quindío) tiene la mayor cantidad de
personas con nivel educativo primaria y secundaria con el 25,2% y 27,6% del total del país,
respectivamente.
Preocupa la baja escolaridad de los jefes y jefas de hogar que frente a los demás miembros
tienen menos años de educación, esta situación es grave porque en la mayoría de los casos, son los
padres quienes están vinculados al mercado laboral y con un menor grado de formación, las
ocupaciones que pueden ejercer son remuneradas con bajos salarios y se desarrollan en mercados
informales.
Proposición de resultado 4-15: años de escolaridad
Los años promedio de años de escolaridad de los hijos u otros parientes es generalmente
mayor al del jefe o jefa del hogar. Las mujeres conyugues tienden a tener más educación.
124
Una vez visto el panorama general de la educación en la población desplazada, es
importante detenerse un poco en el cumplimiento de la ley. La Ley 1448 de 2011 en su artículo 51
determina las siguientes medidas en materia de asistencia en temas de educación:
“Las distintas autoridades educativas adoptarán, en el ejercicio de sus competencias respectivas, las
medidas necesarias para asegurar el acceso y la exención de todo tipo de costos académicos en los
establecimientos educativos oficiales en los niveles de preescolar, básica y media a las víctimas
señaladas en la presente ley, siempre y cuando estas no cuenten con los recursos para su pago56
. De no
ser posible el acceso al sector oficial, se podrá contratar el servicio educativo con instituciones privadas”
“En educación superior, las instituciones técnicas profesionales, instituciones tecnológicas,
instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y universidades de naturaleza pública, en el marco
de su autonomía, establecerán los procesos de selección, admisión y matrícula que posibiliten que las
víctimas en los términos de la presente ley, puedan acceder a sus programas académicos ofrecidos por
estas instituciones, especialmente mujeres cabeza de familia y adolescentes y población en condición
de discapacidad.”
“Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional incluirá a las víctimas de que trata la presente
ley, dentro de las estrategias de atención a la población diversa y adelantará las gestiones para que sean
incluidas dentro de las líneas especiales de crédito y subsidios del ICETEX”.
“Dentro de los cupos habilitados y que se habilitaren para la formación que imparte el Servicio
Nacional de Aprendizaje, SENA, se priorizará, facilitará y garantizará el acceso a las víctimas de que
trata la presente ley”
De acuerdo a la I-ENV_CGR-2013, la tasa de cobertura bruta en preescolar es de 51,7% y
la cobertura neta de 50,2% para la población desplazada, lo que refleja un inicio tardío de esta
población a la etapa escolar con 1 de cada 2 niños con edades entre los 5 y 6 años sin haber iniciado
su proceso escolar.
La cobertura bruta en el nivel de básica primaria es de 120,9%, mientras que la cobertura
neta es de 88,9%, la fuerte diferencia en estas cifras muestra la presencia de niños en escolaridad
tardía para este nivel educativo, es decir existe un número considerable de niños mayores de 11
años que todavía se encuentran en básica primaria.
56 La corte constitucional destaca que “se presume que tales personas se encuentran en situación de vulnerabilidad, razón por la cual sería el Estado quien tendría la carga de probar que los interesados en acceder al beneficio previsto en esta norma sí tienen la posibilidad de cubrir los costos respectivos”
125
Para el nivel de básica secundaria, la cobertura bruta es de 92,2% y la neta es de 63,4%, al
llegar a los niveles de educación media y superior las tasas de cobertura tanto bruta como neta
sufren un fuerte descenso como puede observarse en el gráfico 4.11 esta situación es preocupante
ya que refleja que la población en situación de desplazamiento abandona en su mayoría la
educación formal antes de terminar el nivel de media, lo que bajo el esquema educativo vigente,
no le garantiza la obtención ni siquiera del título de bachiller creando las condiciones para el
analfabetismo funcional.
Gráfico 4.11. Tasa de escolarización bruta y neta de la población desplazada que asiste a educación formal Según nivel de asistencia
Fuente: I Encuesta Nacional de Víctimas 2013 - CGR, CID - UN
En lo que al pago de gastos educativos se refiere, el 10,8% de las personas desplazadas con
edades entre los 5 y 17 años que cursan preescolar, básica o media tuvieron que realizar algún
pago de costos educativos relacionados con matrícula o pensión. El nivel educativo en el cuál las
personas desplazadas tuvieron que pagar más gastos fue preescolar con el 16,3% de las personas
51,7
120,9
92,2
57,9
12,8
50,2
88,9
63,4
27,1
9,1
Preescolar Primaria Secundaria Media Superior
Bruta Neta
Proposición de resultado 4-16: Tasas de cobertura educativas
La población desplazada tiene tasas de cobertura bruta y neta en educación muy bajas.
Incluso, una gran proporción no alcanza el título de bachiller.
126
cursando este nivel realizando algún pago de matrícula o pensión. De algún modo, este resultado
refleja una dificultad mayor en esta población, que termina viendo disminuida su capacidad de
tener un ingreso disponible por cuenta de un gasto que el Estado se ha comprometido a cubrir
desde la Constitución misma.
Un 13,5% de personas entre los 5 y los 17 años desplazadas no asisten a educación formal,
al indagar por el motivo principal de que esa situación se presente, el 34,8% de estas personas
respondió que no le gusta o no le interesa el estudio, seguido por un 17,0% que considera que ya
terminó y un 11,8% que no encontró cupo.
Además de la inasistencia escolar, la I-ENV_CGR-2013 encontró para noviembre de 2013
una tasa de deserción escolar intraanual de 2.6%, es decir, que 2.6 personas de cada 100
desplazadas, entre los 5 y 17 años, se matricularon y se retiraron durante el año escolar.
La encuesta reveló que un 5,2% de las personas que asisten a educación formal están en
nivel superior, de estos el 7,2% ha sido incluido en algún programa de admisión, becas o crédito
educativo especial para víctimas.
4.2.1.2 IGED sectorial. - Educación – Cobertura en Educación Superior
Nombre del indicador
Sectorial, cobertura en educación superior
Formula Número de personas de 17 a 21 años víctimas de desplazamiento forzado incluidas o cesadas en el RUPD, matriculados en algún nivel de pregrado de educación superior / Número de personas de 17 a 21 años víctimas de desplazamiento forzado incluidas o cesadas en el RUPD
Alcance No aplica
Nivel Personas
Desplazados total
Numerador 61,879 Denominador 648,383 Estimación 9.5 c.v.e. (%) 8.8
127
Desplazados incluidos en el RUV
Numerador 51,937 Denominador 574,917 Estimación 9.0 c.v.e. (%) 9.7
Desplazados no incluidos en el RUV
Numerador 9,943 Denominador 73,465 Estimación 13.5 c.v.e. (%) 21.3
En el caso de la cobertura en educación superior para la población en estado de
desplazamiento el panorama es también desalentador, con tan solo un 9.5% de las personas con
edades entre los 17 y 21 años estudiando en niveles educativos técnicos, tecnológicos o
universitarios.
Cuadro 4.12 Resumen IGED- Derecho a la Educación
Definición Total Cve
(%) RUV Cve
(%) No
RUV
Cve
(%)
IGED - Educación - Cobertura 86.5
%
0.6% 86.6
%
0.7% 85.9% 1.9%
IGED - Educación - Cobertura en educación
superior
9.5% 8.8% 9.0% 9.7% 13.5% 21.3%
Fuente: I Encuesta Nacional de Víctimas 2013 - CGR, CID
- UN
128
129
5 Reparación
La reparación es uno de los asuntos de mayor relevancia dentro de la Ley de Víctimas 1448 de
2011, con este capítulo el Estado reconoce los daños ocasionados a las víctimas desde el punto de
vista material como moral. En esta primera encuesta luego de expedida la ley, evaluamos la
percepción que las víctimas del desplazamiento tienen del enfoque reparador de la ley. En esta
ocasión la CGR ha priorizado en consecuencia los resultados obtenidos en cinco aspectos: la
indemnización administrativa, el empleo y la generación de ingresos, la política de vivienda para
la población víctima, los resultados sobre el despojo y abandono de tierras y el deseo que las
víctimas tienen del retorno.
5.1 Indemnización administrativa
5.1.1 El derecho a la reparación administrativa
La indemnización administrativa es una de las medidas que ofrece la Ley de Víctimas 1448
como vía de cumplimiento a la superación del ECI producido por la recurrencia de hechos de
victimización, entre los cuales el desplazamiento forzado es uno de los más pronunciados. Para la
Corte Constitucional,
“[…] las víctimas del desplazamiento forzado tienen el derecho fundamental a obtener una reparación
adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido, comoquiera que no estaban obligadas a soportarlo. La
reparación debe ser suficiente, efectiva, rápida y proporcional al daño sufrido y comprende la restitución
de la persona afectada al estado en que se encontraba antes de la violación; la indemnización de los
perjuicios ocasionados, de los daños físicos y morales, la rehabilitación de la víctima y la adopción de
medidas de no repetición”57
Es necesario recordarlo porque el análisis de las normas expedidas, revela que ha imperado
solamente el criterio de la sostenibilidad fiscal, debilitando el justo equilibrio que debe haber con
la defensa de los derechos de los ciudadanos víctimas.58 Para que esto último sea posible, debe
tenerse presente que el desplazamiento, como los otros hechos victimizantes (homicidio, tortura,
desaparición forzada, lesiones a la integridad física, secuestro de niños, entre otros), ha sido el
57Corte Constitucional. (2009). Sentencia T-085. Derecho a la indemnización de las víctimas del desplazamiento forzado. Bogotá. 58 Este es el caso del Conpes 3726 de 2011 de financiación de la ley.
130
producto de una violación continuada de los derechos humanos de las personas. Su reparación
mediante una indemnización administrativa implica que se reconozca el problema bajo una
perspectiva lo más amplia posible.
La indemnización se entiende como una compensación que busca resarcir el daño y
perjuicio causado en dos sentidos, el material y el inmaterial:
“Para la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, dentro de los perjuicios materiales se debe
indemnizar tanto el daño emergente como el lucro cesante. El daño emergente se configura cuando un
bien económico sale o saldrá del patrimonio de la víctima. Y el lucro cesante cuando un bien económico
que debía ingresar a dicho patrimonio en el curso normal de los acontecimientos, no ingresó ni ingresará
configurando una ganancia frustrada o la imposibilidad de obtener una utilidad esperada.”59
En lo que se refiere al daño inmaterial, cuando éste ocurre hay violaciones al Derecho
Internacional Humanitario porque se trata de un daño que se produce al proyecto de vida de las
personas, que afecta su vida social y que es extensivo a los miembros del grupo familiar. Es lo que
se denomina un daño moral.60 Ahora bien, el desplazamiento, la tortura, la desaparición forzada o
el reclutamiento de menores son hechos que ocasionan daños que atentan contra el derecho
internacional, por ello, sostiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos:
“La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre
que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en el restablecimiento de la
situación anterior. De no ser esto posible, […] cabe al tribunal internacional determinar una serie de
medidas para, además de garantizar los derechos conculcados, reparar las consecuencias que las
infracciones produjeron, así como establecer el pago de una indemnización como compensación por los
daños ocasionados. El Estado obligado no puede invocar las disposiciones de derecho interno para
modificar o incumplir sus obligaciones de reparar, las cuales son reguladas en todos los aspectos
(alcance, naturaleza, modalidades y determinación de los beneficiarios) por el Derecho Internacional.”61
59Comisión de seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado. (2011). El reto ante la tragedia humanitaria del desplazamiento forzado. Reconocer y resarcir debidamente los daños y perjuicios (1 ed., Vol. 10). (L. J. Garay, & F. Barbieri, Edits.) Bogotá, D.C: Torre Gráfica; Koninkrijk der Nederlanden, p. 122. Ver también: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones, Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, párr. 15. Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 9, párr. 27 –28. Caso Godinez Cruz, Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C, No. 8, párr. 36-37. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Interamericana para el cálculo de la indemnización del lucro cesante se debe tener en cuenta la expectativa probable de vida, si el destinatario de la indemnización es la misma víctima, y si ésta fue afectada con incapacidad total y absoluta. Citado por la Corte Constitucional. (2009). Sentencia T-085. 60 Ver: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso El Amparo, Reparaciones, Sentencia de 14 de septiembre de 1996, Serie C No. 28, párr. 16; Caso Neira Alegría y otros, Reparaciones, Sentencia de 19 de septiembre de 1996, Serie C No. 29, párr. 38; Caso Caballero Delgado y Santana, Reparaciones, Sentencia de 29 de enero de 1997, Serie C No. 31, párr. 17. Citado por la Corte Constitucional. (2009). Sentencia T-085. 61Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso 19 Comerciantes vs. Colombia, del 5 de julio de 2004.
131
Así, la protección de los derechos humanos fundamentales y su vínculo con la reparación
frente a la vulneración de éstos, está contemplada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas62 y por la Convención Americana de Derechos Humanos.63
5.1.2 El reconocimiento normativo de la indemnización administrativa
El Gobierno Nacional ha tasado la indemnización administrativa para la población víctima
en las distintas normas de reciente expedición: el decreto 1290 de 2008 reglamentario de la ley
975 de 2005 y el decreto 4800 de 2011 reglamentario de la Ley 1448 de 2011.64 En ellas determinó
que la UARIV manejara los recursos destinados a la indemnización administrativa dirigida a las
víctimas. Unificó este procedimiento en un solo trámite a realizar por la víctima (o sus parientes
sobrevivientes) quienes personalmente deben radicar una solicitud de ingreso al RUV, la cual es
valorada por la UARIV y, de ser aceptada, otorgarles automáticamente el ingreso al RUV y el
derecho a la indemnización y demás medidas de reparación.65
Adicionalmente, dicho decreto fijó los valores máximos de la indemnización (en salarios
mínimos legales vigentes, SMLV por hecho victimizante y los porcentajes de su distribución entre
los familiares de las víctimas de homicidio y desaparición forzada (ver cuadro 5.1)66.
Cuadro 5.1 -Evolución normatividad indemnización administrativa
62 Resolución 60/147, adoptada el 16 de diciembre de 2007. la cual consagró una serie de principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Citado por la Corte Constitucional. (2009). Sentencia T-085. 63El numeral 1° del artículo 63 de la Convención Americana sobre derechos humanos establece que la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención,… dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada […].”. Citado por la Corte Constitucional. (2009). Sentencia T-085. 64 También está el documento Conpes 3712 de 2011 que con base en las normas citadas establece el plan de financiación para la sostenibilidad de la misma ley. 65 El artículo 155 del decreto 4800 de 2011 cubre a las víctimas de años anteriores a 1985 pero determina que no se incluyan en el RUV. 66 Los menores de edad reciben la indemnización mediante un encargo fiduciario vigente hasta su mayoría de edad.
132
Es bueno resaltar que recientemente, la Sentencia SU 254 de abril de 2013 emanada de la
Corte Constitucional fijó en 27 smlv la indemnización administrativa por desplazamiento forzoso
corrigiendo la reducción de que fue objeto en el decreto 4800 de 2011 (hasta 17 SMLV).
5.1.3 Universo a indemnizar
Una de las primeras consecuencias de la puesta en marcha de la Ley 1448 de 2011 fue el
incremento en el número de personas como de hechos victimizantes ante el registro único de
víctimas. Luego de dos años de expedida la ley la I-ENV_CGR-2013 corroboró esa tendencia de
ampliación, como también el nivel de sub-registro que tiene el gobierno de 14,4% de las personas,
15,2% en los grupos familiares y 15,8% en los hogares, como se tuvo ocasión de mostrar en el
capítulo tres. La implicación de este resultado, es la necesidad de la redefinición de las metas, dado
que el universo a reparar es mayor, lo que por supuesto afecta las proyecciones de indemnización
administrativa.
La I-ENV_CGR-2013 entrevistó a una muestra de individuos desplazados y a sus grupos
familiares; los resultados estiman que los primeros suman 5.611.984 y los segundos 1.388.591
para un promedio de 4.04 individuos por grupo. La encuesta diferenció a personas que a la fecha
de recolección de la información se encontraban incluidos y no incluidos en el RUV con los
resultados que aparecen en el cuadro 5.2.
Cuadro 5.2 -Personas desplazadas por género e inscripción en el RUV
Homicidio, desaparición forzada y secuestro 40 40 40
Lesiones que produzcan incapacidad permanente 40 40 40
Lesiones que no produzcan incapacidad permanente 30 30
Tortura y tratos inhumanos y degradantes 30 30
Delitos contra la libertad e integridad sexual 30 30
Reclutamiento ilegal de menores 30 30
Desplazamiento forzado 27 17 27
Fuente: I-Encuesta Nacional de Víctimas_CGR-2013; CID-UN
Sentencia SU 254
de 2013 - Corte
Constitucional
Ley 418 de 1997
(Resolución 8381 Red
de Solidaridad
Social)
Hecho VictimizanteDecreto 1290 de
2008, Art. 5
Decreto 4800 de
2011, Art. 149
Salarios Mínimos Legales Vigentes
133
Este resultado deja en la lista de espera para recibir indemnización administrativa a 805.650
personas que no están en el RUV, de las cuales 761.016 lo son por desplazamiento y 44.634 por
otros hechos victimizantes adicionales. La CGR recuerda que la I-ENV_CGR-2013 se ocupa del
83% de la población víctima y que por lo tanto, en los cálculos de indemnización administrativa
quedan faltando el 17% de las víctimas que únicamente tuvieron otros hechos victimizantes.
Por otra parte, la I-ENV_CGR-2013 estima en 413.928 las personas del sub-grupo de
desplazados que sufrieron hechos victimizantes adicionales, por los cuales, esas víctimas también
tienen derecho a indemnización administrativa aunque sin exceder el total de los 40 SMLV (cuadro
5.3).
Una de las falencias que la CGR ha encontrado en el seguimiento y monitoreo a la política
pública de atención y reparación a las víctimas del conflicto, a través de sus informes de auditoría
y de política pública, consiste en que en su inicio no había un registro administrativo sólido acerca
de las personas y de los hechos victimizantes para el periodo de 1985 a 2013.67Esa situación
67 La mayor parte de las conclusiones de esos trabajos se encuentra consignada en los tres informes al Congreso presentados por la Comisión de Seguimiento y Monitoreo, y en lo que respecta a este acápite en los capítulos relacionados con los sistemas de información del Sistema de Atención y Reparación a las Víctimas.
Personas (cve %) Personas (cve %) Personas (cve %)
Hombres 2.631.214 46,9 2.249.641 40,1 381.573 6,8
Mujeres 2.980.770 53,1 2.556.693 45,6 424.077 7,6
Total 5.611.984 100,0 4.806.334 85,6 805.650 14,4
Fuente: I-Encuesta Nacional de Víctimas_CGR-2013; CID-UN
RUV No RUVTotalGenero
Proposición de resultado 5-1: Redefinición de las metas de reparación
El universo a indemnizar por reparación administrativa causada por desplazamiento
forzado a diciembre de 2013 es de 5.611.984 personas, de las cuales el 85.6% de las
personas desplazadas se encuentran inscritas en el RUV. Por género, las mujeres son la
mayoría (53,1%), tendencia que se mantiene en la población RUV y no RUV. Eso implica que
las metas y rutas trazadas en los Conpes 3712 de 2011 y 3726 de 2012 deben ser redefinidas.
134
implicó demoras y retrasos en la calificación de la condición de víctima y, luego, en el proceso de
registro y pago de la indemnización administrativa, proceso que ha mejorado pero que continúa a
un ritmo en que la demanda en potencia por ese mecanismo de reparación es cada vez más alta,
por ello la mejora en la calidad del registro es necesaria.
Cuadro 5.3 -Personas desplazadas con hechos victimizantes adicionales e inscripción en el RUV
La I-ENV_CGR-2013, como se mencionó en el capítulo de metodología, ha llegado a
establecer una estimación de la situación del desplazamiento y de los otros hechos victimizantes
ocurridos al 11,9% de la población colombiana víctima de la violencia. Una de las principales
diferencias con el RUV, es que este último, es un registro basado en la declaración directa de las
personas, que ya posee un estimado de los otros hechos victimizantes ocurridos a personas que no
han sido desplazadas. En lo que atañe al desplazamiento las dos informaciones son iguales.
Hecha esa claridad, es posible observar que con la expedición de la Ley 1448 de 2011,
aumentó el registro, se ha cualificado mejor y las personas víctimas han tenido una mayor
disposición para contar su pena, aún a pesar de la amenaza latente que hay sobre muchos de ellos.
Hasta la expedición del Conpes 3712 de 2011, el ejecutivo había generado un registro de mínimos,
muy por debajo de las decisiones que habían tomado las Cortes en el pasado en materia de
Personas % Personas % Personas %
Total 413.928 7,4 5.198.056 92,6 5.611.984 100,0
Inscritas en RUV 369.293 6,6 4.437.041 79,1 4.806.334 85,6
No inscritas en RUV 44.634 0,8 761.016 13,6 805.650 14,4
Fuente: I-Encuesta Nacional de Víctimas_CGR-2013; CID-UN
Con hechos
víctimizantes
adicionales
Víctimas de
desplazamientoTotalCondición de
inscripción en el RUV
Proposición de resultado 5-2: Otros hechos victimizantes inscritos y no inscritos
El 7.4% de las personas desplazadas fue víctima de otros hechos victimizantes, el 6,6%
están inscritas en el RUV y el resto 0,8% están sin inscribir.
135
indemnización administrativa. Lo que la I-ENV_CGR-2013 y el RUV actual demuestran es que el
universo de las víctimas es mucho más alto que los anteriores registros (cuadro 5.4).
Cuadro 5.4- Hechos victimizantes según I-ENV_CGR-2013 y otras fuentes de registro
Otro aspecto que la I-ENV_CGR-2013 revela es que el desplazamiento también está unido
en muchos casos a otros hechos victimizantes; igualmente, que no es posible que la política pública
de atención y reparación a las víctimas continúe sobre la misma base definida por el Conpes 3712
de 2011 y con él, las rutas de atención (definidas en el Conpes 3726 de 2012) y una estructura
institucional de atención. El diagnóstico que la CGR ha querido presentar no sólo a través de esta
Encuesta sino de todo el plan de seguimiento, implica que las acciones adelantadas entre 2011 y
2013 en la política de atención y reparación a las víctimas deberán ser redefinidas sobre un
universo de víctimas nuevo y más amplio e incluyente, para así cumplir con la meta de reparación
establecida en la Ley 1448 de 2011 en el año 2021.
5.1.4 Reparación con indemnización administrativa por desplazamiento
El análisis de los registros administrativos nos permite saber con exactitud el número de
indemnizaciones administrativas otorgadas y el valor de la erogación presupuestal por dicho
1. Homicidio, desaparición forzada y secuestro 514.773 514.773 514.773 514.773 108.100 339.241 872.134
Homicidio 401.314 401.314 401.314 401.314 72.600 260.828 737.313
Desaparición forzada 65.820 65.820 65.820 65.820 22.200 67.635 102.480
Secuestro 47.639 47.639 47.639 47.639 13.300 10.778 32.341
2. Tortura y tratos inhumanos y degradantes 7.933 7.933 7.933 7.933 3.400 34.437 9.812
3. Lesiones que le causaron incapacidad permanente 2.100 11.185
4. Lesiones que le causaron incapacidad parcial 3.900 13.957
5. Violación u otros delitos contra la libertad e integridad sexual 13.000 20.274 3.654
6. Reclutamiento forzado de menores 3.500 19.478 7.726
7. Otros 7.020 272.587
522.706 522.706 522.706 522.706 134.000 445.593 1.165.913
8. Desplazamiento
Grupos Familiares 905.114 905.114 618.000 1.388.591
Personas 4.850.559 4.850.559 3.875.114 3.875.114 2.657.400 5.611.984 5.514.336
5.373.265 5.373.265 4.397.820 4.397.820 2.791.400 6.057.577 6.680.249
Fuente: I-Encuesta Nacional de Víctimas_CGR-2013; CID-UN. Registro Unico de Victimas (RUV). CONPES 3712 de 2011. Comisión de Seguimiento de la Política Pública de Desplazamiento
Forzado (2011), El Reto ante la tragedia humanitaria del desplazamiento Forzado. Reconocer y resarcir debidamente los daños y perjuicios (1ed. Vol.10) Bogotá D.C.
*La I-ENV_CGR 2013 reporta los otros hechos victimizantes que también le sucedieron a la población desplazada. No reporta la información de los otros hechos victimizantes sin
desplazamiento.
**A partir de la información del RUV con corte a Noviembre de 2013.
1290 de 2008 4800 de 2011 3712 de 2011I-ENV_CGR-
2013*RUV**
Subtotal sin desplazamiento
Total hechos víctimizantes
Hechos Víctimizantes CIDHConsejo de
Estado
136
concepto.68 Es como tal un reporte importante y necesario, su complemento consiste en saber a
cuántas personas y grupos familiares se debería indemnizar, de esa manera el siguiente paso es
construir uno o varios indicadores que permitan hacer el seguimiento en el cumplimiento de la
meta así definida. En esa dirección apunta la I-ENV_CGR-2013, permitiendo estimar el número
de víctimas de desplazamiento forzado que han solicitado indemnización por cada hecho
victimizante y cuál ha sido la respuesta del gobierno ante su demanda.
Gráfico 5.1. Porcentaje grupos familiares desplazados a partir de 1985, inscritos en el RUV. Según solicitud de indemnización administrativa por desplazamiento forzado
e institución ante quien solicitaron la indemnización
Sobre el total de los grupos familiares (1.388.591) solamente el 8.7% de los inscritos en el
RUV (aproximadamente 105.533 grupos familiares) y el 1,1% de los no inscritos habían solicitado
la indemnización administrativa a noviembre de 2013. En el conjunto, sumando la población
inscrita y la no inscrita al RUV, el resultado de las solicitudes de indemnización es de 7,6% de los
68De acuerdo con el registro administrativo de la UARIV, a mayo de 2013 se habían otorgado 158.076 indemnizaciones administrativas por un valor de 922 mil millones de pesos. Sobre el particular ver el capítulo octavo (p. 535) del segundo informe de seguimiento y monitoreo a la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 2012 – 2013 realizado por la comisión de seguimiento de los organismos de control.
Proposición de resultado 5-3: Indemnización administrativa I
La I-ENV_CGR-2013 muestra que sólo el 8,7% de los grupos familiares desplazados,
inscritos en el RUV, han solicitado indemnización administrativa.
137
grupos familiares, en consecuencia el trecho por cubrir es del 92,4% (gráfico 5.1). Se trata de un
resultado muy bajo, si se tiene en cuenta que la ley ya tiene dos años de vigencia y le restan ocho
para resarcir en uno de los componentes de la reparación, a todos los grupos familiares bajo la
forma de indemnización administrativa. Es conveniente recordar que en el universo aquí calculado
sólo se contempla a la población en desplazamiento forzado y falta incorporar al resto de víctimas
con hechos victimizantes distintos al citado.
Esa indemnización fue solicitada por un 47.6% de los grupos familiares desplazados ante
la UARIV por el proceso regular, el 29,2% lo hizo ante la antigua Acción Social mediante los
mecanismos de acción de tutela o derecho de petición, el 12,5% ante la antigua Comisión Nacional
de Reparación por Justicia y Paz y el 10,7% ante un juez y mediante acción de tutela contra la
Unidad de Víctimas. En consecuencia, el resultado de los grupos familiares que solicitaron dicha
indemnización revela que ante la nueva Unidad de Víctimas creada por la Ley 1448 de 2011
solicitaron indemnización administrativa el 58,6% que corresponde al 5,1% del total del 8,7% que
solicitó indemnización, el resto se corresponde con acciones interpuestas antes de la expedición
de la Ley 1448 de 2011.
5.1.5 Población en desplazamiento que no han solicitado indemnización
El 92.4% de los grupos familiares desplazados (equivalentes a alrededor de 5.185.473
personas) no ha solicitado indemnización administrativa ni interpuesto demanda judicial por los
delitos de que fue víctima (ver cuadro 5.5) debido, principalmente, al desconocimiento de sus
derechos, a qué no saben cómo ni ante quien solicitar ese derecho y en una proporción importante
de los que no están inscritos en el RUV, a que sienten temor de hacerlo, todo lo cual conlleva
responsabilidades en materia de difusión de la ley, de los derechos a que tiene la víctima y en
últimas, exige un adecuado funcionamiento de la administración de justicia, aún en el escenario
de justicia transicional (gráfico 5.2).
Cuadro 5.5 -Porcentaje de grupos familiares desplazados a partir de 1985 Por condición de inscripción en el RUV, que no han solicitado indemnización administrativa69
69 La pregunta que se realizo fue por la no solicitud, de manera que los que solicitaron es un dato derivado de restar el 100% de la población.
138
Gráfico 5.2 -Porcentaje grupos familiares desplazados a partir de 1985, por condición de inscripción RUV, razón principal para no solicitar indemnización administrativa, o no han puesto una demanda administrativa o interpuesto
demanda judicial por el desplazamiento forzado
Entre las consecuencias de mayor impacto del nuevo universo de las víctimas y como ya
se mencionó en la introducción está en el efecto fiscal que tendrá sobre las finanzas públicas tener
un universo de las víctimas mayor al estimado en 2011. Sólo en indemnización administrativa, el
Conpes 3712 estableció una suma total de $6.395 mil millones, con el nuevo universo de las
% cve (%) % cve (%) % cve (%)
No han solicitado indemnización 92,4 0,5 91,3 0,6 98,9 0,5
Solicitaron 7,6 8,7 1,1
Fuente: I-Encuesta Nacional de Víctimas_CGR-2013; CID-UN
Total Inscritos en el RUVNo Inscritos en el
RUVSolicitud de indemnización
administrativa
Proposición de resultado 5-4: Indemnización administativa II
El 92.4% de los grupos familiares desplazados no ha solicitado indemnización
administrativa ni ha entablado demandas judiciales
Proposición de resultado 5-5: Indemnización administrativa III.
El 57.6% de los grupos familiares desplazados desconoce su derecho a indemnización y a
interponer demandas judiciales. El 24,9% no saben cómo ni ante quién hacerlo.
139
víctimas por desplazamiento el monto total para el período de vigencia de la ley sería de $23.095
mil millones.
5.1.6 Población desplazada con otros hechos victimizantes
Como vimos atrás, la I-ENV_CGR-2013 estima en 413.928 las personas desplazadas que
han sido objeto de hechos victimizantes adicionales, el 23.2% de ellas (alrededor de 96.031
personas) han solicitado indemnización. Muchas de ellas pueden haberla solicitado también por el
hecho victimizante desplazamiento. Las solicitudes fueron aprobadas en la gran mayoría de los
casos (aproximadamente 50.739 personas); las víctimas que ya recibieron la indemnización (el
77%) en su gran mayoría (aproximadamente 27.644 personas) no se sienten reparados, sólo se
consideran medianamente reparados una minoría (10.067 personas) y altamente reparados una
proporción muy baja.
Cuadro 5.6 -Porcentaje de personas desplazadas a partir de 1985 Por condición de inscripción en el RUV que solicitaron indemnización, según estado de la solicitud
El indicador de goce efectivo de derechos (calculado a partir de los datos del cuadro) estaría
dado entonces por la respuesta dada a la solicitud de indemnización de las personas que tuvieron
% cve (%) % cve (%) % cve (%)
Total de personas con hechos diferentes al desplazamiento 96.031 100,0 100,0 100,0
Ya le dieron respuesta 57.139 59,5 6,2 59,5 6,4 63,6 *
I. La solicitud de demanda fue aprobada 50.739 88,8 3,4 89,2 3,4 83,3 *
Ya recibió la indemnización aprobada (personas de 18 años y más) 39.323 77,5 5,7 76,7 6,0 88,6 15,1
Con el monto recibido se considera altamente reparado (personas de 18 años o más) 1.612 4,1 * 4,3 * 0,6 *
Con el monto recibido se considera medianamente reparado (personas de 18 años o más) 10.067 25,6 * 26,2 * 19,3 *
No se siente reparado con el monto (personas de 18 años o más) 27.644 70,3 7,6 69,5 8,0 80,1 *
II. La solicitud de demanda fue negada 6.400 11,2 * 10,8 * 16,7 *
Le informaron la razón por la cual fue negada 4.377 68,4 * 74,5 * 10,9 *
Fuente: I-Encuesta Nacional de Víctimas_CGR-2013; CID-UN
* Información estadisticamente no significativa
No Inscritos en el
RUVPersonas
Total Inscritos en el RUVAspectos de la solicitud de indemnización por hechos diferentes a desplazamiento forzado
Proposición de resultado 5-6: Indemnización administrativa IV.
Fueron aprobadas el 88.8% de las solicitudes de indemnización realizadas por personas y
por delitos diferentes a desplazamiento (Indicador IGED débil). El mismo indicador con
respecto a las personas que sufrieron el hecho victimizante es de apenas el 12,3% (Indicador
IGED fuerte)
140
otros hechos victimizantes diferentes al desplazamiento que da como resultado el 88,8%. Sin
embargo, para el cumplimiento pleno del derecho y de la garantía que le corresponde al Estado, la
población objetivo de indemnización administrativa no es sólo la que solicita sino la afectada, que
en este caso en particular, corresponde a aproximadamente 413.928 personas, así la tasa de
indemnización hasta el momento sólo llegaría para este tipo de hechos al 12,3%.
Es importante diferenciar la indemnización administrativa, otorgada a los grupos familiares
por causa del desplazamiento forzado de la indemnización administrativa otorgada a las personas
por causa de otros hechos victimizantes. Del 8,7% de grupos familiares víctimas del
desplazamiento forzado que solicitaron indemnización administrativa, el 76,8% no reportó
solicitudes por hechos victimizantes diferentes al desplazamiento, el restante 23,2% reportó otros
hechos victimizantes adicionales, los más significativos, se refieren al asesinato de lo conyugues,
los hijos o hijas y del padre o la madre (cuadro 5.7)
Cuadro 5.7 - Porcentaje de personas desplazadas a partir de 1985. Según otros hechos victimizantes por los cuales solicitaron indemnización
% cve (%)
I. Por ninguno de los hechos 76,8 1,9
II. Por uno o más hechos 23,2 6,4
Asesinato del cónyugue 5,3 14,9
Asesinato de hijos/as 5,3 14,8
Asesinato de padre o madre 9,5 10,8
Subtotal 20,1
Otros hechos víctimizantes 3,1
Subtotal II 23,2
Total I + II 100,0
Fuente: I-Encuesta Nacional de Víctimas_CGR-2013; CID-UN
Hechos Victimizantes
1/ Incluye las respuestas para los otros hechos victimizantes declarados
pero cuyo coeficiente de variación no resulta significativo. Se trata de la
desaparición forzada del cónyugue, de hijos/as, de padre o madre, el
secuestro, la tortura y tratos inhumanos y degradantes, la incapacidad,
permanente o parcial, la violación y otros delitos contra la integridad sexual,
Proposición de resultado 5-7: Indemnización administrativa V.
La I-ENV_CGR-2013 muestra que el 76,8% de las víctimas de desplazamiento forzado no
han solicitado indemnización administrativa por otros hechos victimizantes.
141
Otra forma de ver los anteriores resultados es mediante el cálculo de los IGED de
indemnización administrativa:
IGED de indemnización
5.1.6.1 IGED –Indemnización administrativa
Nombre del indicador
Todas las víctimas de desplazamiento forzado que han solicitado indemnización, han sido indemnizadas.
Formula Número de víctimas de desplazamiento forzado incluidas y cesadas en el RUPD que han solicitado indemnización y han sido indemnizadas/ Número de víctimas de desplazamiento forzado incluidas y cesadas en el RUPD que han solicitado indemnización (Vía judicial + vía administrativa).
Alcance *Por efectos operativos se asimilan los hogares a grupos familiares.
Nivel Grupos familiares
Desplazados total
Numerador 15,375 Denominador 103,931 Estimación 14.8 c.v.e. (%) 14.8
Desplazados incluidos en el RUV
Numerador 15,041 Denominador 101,519 Estimación 14.8 c.v.e. (%) 14.9
Desplazados no incluidos en el RUV
Numerador 335 Denominador 2,412 Estimación 13.9 c.v.e. (%) 125.4
Definición Total Cve (%) RUV Cve (%) No RUV Cve (%)
IGED - Indemnización admintrativa 14,8% 14,8% 14,8% 14,9% 13,9% 125,4%
IGED complementario. Indemnización administrativa – vía administrativa No aplica 19,6% 18,1% No aplica
IGED complementario. Indemnización administrativa – vía judicial 10,6% 24,6% 10,5% 25,2% 13,9% 125,4%
IGED complementario. Indemnización administrativa – Otros hechos -vía administrativa No aplica 50,5% 11,0% No aplica
IGED complementario. Indemnización administrativa – Otros hechos -vía judicial 54,8% 8,8% 55,1% 9,3% 53,0% 25,9%
Fuente: I Encuesta Nacional de Víctimas 2013 - CGR, CID - UN
142
5.1.6.2 IGED complementario. Indemnización administrativa – vía administrativa
Nombre del indicador
Complementario, Indemnización por desplazamiento por vía administrativa
Formula Número de víctimas de desplazamiento forzado incluidas y cesadas en el RUPD que han solicitado indemnización por este delito, por vía administrativa y han sido indemnizadas/Número de víctimas de desplazamiento forzado incluidas y cesadas en el RUPD que han solicitado indemnización por este delito, por vía administrativa.
Alcance *Este indicador sólo aplica para grupos familiares desplazados inscritos en el RUV. *Por efectos operativos se asimilan los hogares a grupos familiares.
Nivel Grupos familiares
Desplazados incluidos en el RUV
Numerador 9,473 Denominador 48,288 Estimación 19.6 c.v.e. (%) 18.1
5.1.6.3 IGED complementario. Indemnización administrativa – vía judicial
Nombre del indicador
Complementario, Indemnización por desplazamiento por vía judicial
Formula Número de víctimas de desplazamiento forzado incluidas y cesadas en el RUPD que han solicitado indemnización por este delito, por vía judicial y han sido indemnizadas / Número de víctimas de desplazamiento forzado incluidas y cesadas en el RUPD que han solicitado indemnización por este delito, por vía judicial.
Alcance *Por efectos operativos se asimilan los hogares a grupos familiares.
Nivel Grupos familiares
Desplazados total
Numerador 5,902.80 Denominador 55,643.10 Estimación 10.6 c.v.e. (%) 24.6
Desplazados incluidos en el RUV
Numerador 5,568 Denominador 53,231 Estimación 10.5 c.v.e. (%) 25.2
143
Desplazados no incluidos en el RUV
Numerador 335 Denominador 2,412 Estimación 13.9 c.v.e. (%) 125.4
5.1.6.4 IGED complementario. Indemnización administrativa – Otros hechos -vía administrativa
Nombre del indicador
Complementario, Indemnización por otros hechos victimizantes por vía administrativa
Formula Número de víctimas de desplazamiento forzado incluidas y cesadas en el RUPD que tienen derecho a una indemnización por delitos diferentes al desplazamiento forzado, la han solicitado por vía administrativa y han sido indemnizadas / Número de víctimas de desplazamiento forzado incluidas y cesadas en el RUPD que tienen derecho a una indemnización por delitos diferentes al desplazamiento forzado y la han solicitado por vía administrativa.
Alcance *Este indicador sólo aplica para personas inscritas en el RUV que sufrieron desplazamiento y otros hechos victimizantes.
Nivel Personas
Desplazados incluidos en el RUV
Numerador 22,489 Denominador 44,514 Estimación 50.5 c.v.e. (%) 11.0
5.1.6.5 IGED complementario. Indemnización administrativa – Otros hechos -vía judicial
Nombre del indicador
Complementario, Indemnización por otros hechos victimizantes por vía judicial
Formula Número de víctimas de desplazamiento forzado incluidas y cesadas en el RUPD que tienen derecho a una indemnización por delitos diferentes al desplazamiento forzado, la han solicitado por vía judicial y han sido indemnizadas / Número de víctimas de desplazamiento forzado incluidas y cesadas en el RUPD que tienen derecho a una indemnización por delitos diferentes al desplazamiento forzado y la han solicitado por vía judicial.
Alcance *Este indicador sólo aplica para personas que sufrieron desplazamiento y otros hechos victimizantes.
Nivel Personas
Desplazados total
Numerador 27,387 Denominador 49,956 Estimación 54.8
144
c.v.e. (%) 8.8
Desplazados incluidos en el RUV
Numerador 24,341.60 Denominador 44,214 Estimación 55.1 c.v.e. (%) 9.3
Desplazados no incluidos en el RUV
Numerador 3,045 Denominador 5,742 Estimación 53.0 c.v.e. (%) 25.9
5.2 Empleo y Generación de Ingresos
Desde 1997, con la expedición de la Ley 387, se incorporó la estabilización
socioeconómica entre las medidas de política para la población víctima de desplazamiento forzado.
El diseño vigente incluye normas de dicha Ley, que se refieren, de manera general, a la obligación
gubernamental de emprender acciones para la estabilidad social y económica de los retornados o
reubicados. La Ley 1448 de 2011, incorpora la formación y generación de empleo como medidas
reparadoras y remite a lo dispuesto en la Ley 387 de 1997 sobre estabilización socioeconómica
para población desplazada.
No obstante, la política se ha venido perfilando en respuesta a las exigencias de la Corte
Constitucional para que el Estado asuma el deber de identificar las características, condiciones y
alternativas de subsistencia de la población desplazada, así como evaluar las posibilidades de
emprender proyectos de estabilización económica individuales o colectivos que permitan generar
ingresos y, por lo tanto, la subsistencia autónoma de los grupos familiares. Se trata de diagnosticar
las carencias y, sobre todo, las potencialidades y conocimientos en productividad, superar
rápidamente la etapa de diseño de los programas y avanzar en su ejecución. La Corte ha insistido
en la conveniencia de garantizar la generación de ingresos y subsistencia autónoma de los
retornados para contribuir a superar la condición de vulnerabilidad.
La formulación vigente de la política incluye cuatro etapas: puerta de entrada; procesos de
caracterización y enrutamiento en los que, a partir de los perfiles productivos territoriales y la
caracterización socio laboral, se orienta a la población a la tercera etapa, en la que se encuentran
los servicios específicos de generación de ingresos: formación, intermediación y enganche laboral
145
y emprendimiento y fortalecimiento; en la cuarta etapa se obtendrían los resultados esperados. Si
bien, parece un marco de política coherente, los programas vigentes aún no se integran como lo
contempla la ruta y dejan en evidencia la necesidad de avanzar en una estructura más articulada y
coordinada.
Pese a que, desde el inicio, la política se fundamenta en una metodología que permitiría
cotejar perfiles productivos del territorio con perfiles laborales de la población para tener insumos
al diseñar la estrategia de generación de empleo, apenas en 2013 se diseñó la metodología de
construcción de los perfiles productivos municipales y, en ese mismo año se elaboraron 44 de
ellos. El diagnóstico del PND reconoce que hay falencias en generación de ingresos para avanzar
en el reto de garantizar Goce Efectivo de Derechos (GED) a la población desplazada y que falta
coordinación y acompañamiento de las políticas de empleo, emprendimiento y generación de
ingresos.70 En respuesta, se propone como lineamiento de política pública “realizar reformas
estructurales para lograr la articulación de las políticas de vivienda, generación de ingresos y
restitución de tierras, en el marco del retorno o la reubicación”.
Cuadro 5.8 - Porcentaje de personas de 10 años y más desplazadas a partir de 1985. Según posición ocupacional y afiliación al Sistema de Seguridad Social
70Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. “Prosperidad para todos”. Resumen Ejecutivo. Pág. 20
Total cve (%) Hombres cve (%) Mujeres cve (%)
34.7 2.3 39 2.7 28.9 4
Obreros o empleados, con afiliación al
Sistema de Seguridad Social19.6 5 22.4 6 15.5 9.2
Obreros o empleados, sin afiliación a Sistema
de Seguridad Social71.1 1.6 66.9 2.3 77.3 2.1
Empleado doméstico 6.4 6.3 0.2 48.7 14.8 6.1
Jornalero o peón 7.7 5.7 11.6 6 2.5 15.9
Trabajador independiente 49 1.7 47.5 2.3 50.9 2.5
Independientes con afiliación a EPS y Fondo
de Pensiones0.9 23.7 1 30.1 0.8 38.4
Independientes sin afiliación a EPS y Fondo
de Pensiones98.4 0.3 98.3 0.4 98.5 0.4
Ayudante sin remuneración o trabajador familiar sin remuneración2.2 10.9 1.7 16.3 2.9 14.6
Fuente: I-Encuesta Nacional de Víctimas_CGR-2013; CID-UN
Porcentajes para total de personas desplazadasPosición Ocupacional
Obrero o empleado de empresa particular o
del gobierno
146
Aunque se han registrado avances en el diseño, aún falta articular y consolidar una política
de formación, empleo, generación de ingresos y estabilización socioeconómica orientada a las
víctimas del conflicto armado que incorpore en un esquema único la estrategia para permitir a las
víctimas incorporarse a la vida económica y social del país. Esa estrategia es apremiante, dada la
situación de vulnerabilidad de la población.
Como se indicó en el capítulo 3 de caracterización, sólo el 44% de la población en edad
laboral, se encuentra ocupada y de ellos sólo el 34.7% se encuentra vinculado a una empresa
particular o gubernamental, pero en su mayoría (71.1%) sin ningún tipo de afiliación al sistema de
seguridad social. Es decir, que se trata de vinculaciones temporales de muy corta duración y, por
consiguiente, poco estables. De manera concomitante, gran parte de la población trabaja por cuenta
propia; el 49% de la población ocupada dice ser trabajador independiente, con unas condiciones
mucho más precarias en términos de seguridad social, puesto que más del 98% carecen de
seguridad social (ver cuadro 5.8). Esta situación se corrobora, al examinar el tipo de contratación:
el 75.2% de quienes ostentan una relación formal (obrero, empleado o jornalero), no cuentan con
contrato escrito de trabajo (cuadro 5.9).
Cuadro 5.9 - Porcentaje de personas de 10 años y más desplazadas a partir de 1985. Según tipo de contratación.
Total cve (%) Hombres cve (%) Mujeres cve (%)
Contrato esctiro a término indefinido 11.4 6,9 13.8 8 7.9 13,4
Contrato escrito a término fijo 11.4 6,9 10.9 9,2 12.2 10,5
Sin contrato escrito 75.2 1,4 72.6 2 79.1 2
No sabe si tiene contrato escrito 1.9 17,9 2.6 19,5 0.8 44,2
Fuente: I-Encuesta Nacional de Víctimas_CGR-2013; CID-UN
Porcentaje para total de personas desplazadas de 10 años y más
ocupadasTipo de Contratación
Proposición de resultado 5-8: Ocupación laboral
La I_ENV_CGR-2013 muestra que el 34.7% de las víctimas de desplazamiento forzado que
se encuentran ocupadas, tienen vinculación laboral a empresas particulares o
gubernamentales. De estas, poco menos del 20% cuentan con afiliación al sistema de
seguridad social
147
La encuesta muestra que el 34.7% de las víctimas de desplazamiento forzado que se encuentran
ocupadas, tienen vinculación laboral a empresas particulares o gubernamentales. De estas,
poco menos del 20% cuentan con afiliación al sistema de seguridad social
Del lado de los ingresos, la situación evidenciada por la encuesta, es mucho menos
alentadora. Solo el 23.3% de la población ocupada percibe un ingreso igual o superior a un salario
mínimo de 2013 ($589.500) y cerca del 40% perciben menos de medio salario mínimo al mes
($294.750) (cuadro 5.10).
Cuadro 5.10. Porcentaje de personas de 10 años y más desplazadas a partir de 1985. Según ingreso monetario corriente, en rangos de salario mínimo mensual de 2013.
Estas cifras son un claro indicador de la precaria situación que viven los hogares
desplazados, víctimas del conflicto armado. Muy pocas personas, de esta población acceden a un
empleo formal con una remuneración medianamente digna. Esta situación se vuelve dramática si
Total cve (%) Hombres cve (%) Mujeres cve (%)
Menos de 1/4 de un SMLV (menos de $147.375) 16.2 3,7 12.2 5,8 21.5 4,8
De 1/4 a menos de 2/4 de un SMLV (de
$147.375 a menos de $294.750)22.7 3 17.5 4,7 29.6 3,9
De 2/4 a menos de 1 SMLV (de $294.750 a
menos de $442.125)22.1 3,1 22.1 4,1 22.2 4,7
De 3/4 a menos de 1 SMLV (de $442.125 a
menos de $589.500)12.8 4,3 16 5 8.5 8,3
Un SMLV o más ($589.500 o más) 23.3 3 29.7 3,3 14.8 6,1
Sin información de ingresos monetario o
corriente2.9 9,6 2.5 13,6 3.4 13,5
Fuente: I-Encuesta Nacional de Víctimas_CGR-2013; CID-UN
Porcentaje para total de personas desplazadas de 10 años y más ocupadas
Ingreso Monetario Corriente
Proposición de resultado 5-9: Vinculación laboral
La I_ENV_CGR-2013 muestra que el 75.2% de las víctimas de desplazamiento forzado que
se encuentran ocupadas y tienen vinculación laboral como asalariados, no cuentan con un
contrato escrito de trabajo.
Proposición de resultado 5-10: Vinculación laboral – Salario.
La I_ENV_CGR-2013 muestra que sólo el 23,3% de las víctimas de desplazamiento forzado
que se encuentran ocupadas perciben ingresos iguales o superiores a un salario mínimo,
mientras que cerca del 40%, percibe menos de medio salario mínimo al mes.
148
se tiene en cuenta el número de personas que dependen del exiguo ingreso de quien se encuentra
ocupado. De acuerdo con los datos del gráfico 5.3, en el 46% de los hogares se encuentra que más
de tres personas dependen de quien se encuentra ocupado en alguna actividad económica
remunerada, mientras que sólo en el 4% de los hogares hay una persona por cada ocupado que
devenga ingresos.
Gráfico 5.3 -Porcentaje hogares con personas desplazadas a partir de 1985, según relación entre el total de personas del hogar y el total de personas ocupadas mayores de 18 años que reciben ingresos en dinero.
Asimismo, la encuesta muestra que esa mayor dependencia la deben asumir mujeres cabeza
de hogar y que está relacionada con la vulnerabilidad ocasionada por el conflicto. Así se evidencia
en el gráfico 5.4, allí puede observarse que el número de dependientes, que es coherente con la del
gráfico 5.3, es mayor para los hogares cuyo hecho victimizante es más reciente, pero en todos los
períodos, los hogares con jefatura femenina tienen un mayor número de dependientes. Estos
resultados son similares a los obtenidos por grupo etario como se tuvo la oportunidad de mostrar
en el capítulo tres.
Fuente: Encuesta Nacional de Víctimas 2013 - CGR-UN
4%
9%
16%
10%
15%
46%
Una persona por cada
ocupado
Entre 1 y menos de 2
personas por cada ocupado
Dos personas por cada
mayor ocupado
Entre 2 y menos de 3
personas por cada ocupado
Tres personas por cada
ocupado
Más de tres personas por
cada ocupado
Proposición de resultado 5-11: Tasa de dependencia por ocupado.
La I_ENV_CGR-2013 muestra que el 46% de los hogares víctimas de desplazamiento
forzado en los que se encuentra al menos una persona ocupada que percibe ingresos hay más
de tres personas por cada ocupado.
149
Gráfico 5.4- Tasa de dependencia económica de los hogares con personas desplazadas a partir de 1985 Por sexo del jefe (a) del hogar, según año del último o único desplazamiento
Todas estas circunstancias: bajo número de ocupación, escaso acceso a la seguridad social,
bajo ingreso, elevado número de dependientes económicos, evidenciadas en esta I-ENV_CGR-
2013 conducen a inferir que los hogares víctimas del desplazamiento forzado aún se encuentran
en un elevado nivel de vulnerabilidad, por lo que deben acudir a la oferta asistencial que ofrece el
gobierno para garantizar su subsistencia. Así, mientras no se fortalezca la política orientada a
generar ingresos y estabilización económica a las víctimas del conflicto armado, a través de su
vinculación formal con los procesos de producción y distribución de la economía, no podrá
aspirarse a que esta población supere su estado de indefensión.
Proposición de resultado 5-12: Dependencia y jefatura del hogar.
La I_ENV_CGR-2013 muestra que el número de personas dependientes es mayor en los
hogares que han sufrido más recientemente el desplazamiento pero, desde 1985, son los
hogares con jefatura femenina, los que registran un mayor número de dependientes.
150
5.2.1 IGED de generación de ingresos
5.2.1.1 IGED –Generación de ingresos – Dependencia económica (Medida por ingresos)
Nombre del indicador
En todos los hogares víctimas del desplazamiento forzado, hay una persona mayor de 18 años ocupados o pensionados que recibe ingresos en dinero, y la relación entre el total de personas en el hogar y el total de personas ocupadas o pensionadas es menor o igual a 3.
Formula Número de hogares víctimas del desplazamiento forzado incluidos o cesados en el RUPD en los cuales la relación entre el total de personas en el hogar y el total de personas ocupadas o pensionadas mayores de 18 años que reciben ingreso en dinero es menor o igual a tres/ Número de hogares víctimas del desplazamiento forzado incluidos o cesados en el RUPD.
Alcance No aplica
Nivel Hogares
Desplazados total
Numerador 710,230 Denominador 1,315,975 Estimación 54.0 c.v.e. (%) 2.2
Desplazados incluidos en el RUV
Numerador 588,604 Denominador 1,107,532 Estimación 53.1 c.v.e. (%) 2.5
Desplazados no incluidos en el RUV
Numerador 121,626 Denominador 208,443 Estimación 58.3 c.v.e. (%) 5.2
Definición Total Cve (%) RUV Cve (%) No RUV Cve (%)
IGED – Generación de ingresos – Dependencia económica 54,0% 2,2% 53,1% 2,5% 58,3% 5,2%
IGED – Generación de ingresos – Ingresos superiores a la línea de indigencia 64,5% 1,8% 63,6% 2,0% 68,8% 4,2%
IGED – Generación de ingresos – Ingresos superiores a la línea de pobreza 20,0% 4,9% 18,9% 5,5% 25,7% 10,5%
IGED complementario. Generación de ingresos – ingresos personas de 60 y más 68,0% 3,9% 67,9% 4,3% 68,4% 8,9%
IGED complementario. Generación de ingresos – Asalariados 55,5% 2,2% 55,7% 2,4% 54,1% 5,7%
IGED complementario. Generación de ingresos – Independientes 55,1% 2,2% 55,3% 2,4% 54,3% 5,7%
Fuente: I Encuesta Nacional de Víctimas 2013 - CGR, CID - UN
151
5.2.1.2 IGED complementario. Generación de ingresos – ingresos personas de 60 y más
Nombre del indicador
Complementario, Ingresos personas de 60 años y más
Formula Número de hogares con adultos mayores de 60 años víctimas del desplazamiento forzado incluidos o cesados en el RUPD que poseen alguna fuente de ingreso / Número de hogares víctimas de desplazamiento forzado con adultos mayores de 60 años víctimas del desplazamiento forzado incluidos o cesados en el RUPD.
Alcance No aplica
Nivel Hogares
Desplazados total
Numerador 159,596 Denominador 234,707 Estimación 68.0 c.v.e. (%) 3.9
Desplazados incluidos en el RUV
Numerador 126,409 Denominador 186,192 Estimación 67.9 c.v.e. (%) 4.3
Desplazados no incluidos en el RUV
Numerador 33,186 Denominador 48,515 Estimación 68.4 c.v.e. (%) 8.9
5.3 Vivienda para las víctimas: el derecho a una solución habitacional digna
De acuerdo con el artículo 51 de la Carta política de 1991 “todos los colombianos tienen
derecho a vivienda digna”71. Es deber del Estado fijar “las condiciones necesarias para hacer
efectivo este derecho” y promover “planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de
financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda”72.
71De acuerdo con la Corte Constitucional en la Sentencia T-958 de 2001 “el derecho a la vivienda digna […], no se reduce a un derecho a ser propietario de la vivienda en la que se habita. Ello constituye una de las opciones, claramente vinculado a los planes de financiación a largo plazo. Por el contrario, la vivienda digna se proyecta sobre la necesidad humana de disponer de un sitio de vivienda, sea propio o ajeno, que reviste las características para poder realizar de manera digna el proyecto de vida”. 72Constitución Política de Colombia, 1991. Título II – De los derechos, garantías y los deberes. Capítulo 2 – De los derechos sociales, económicos y culturales.
152
Respecto al acceso a las soluciones de vivienda para la población en situación de
desplazamiento, el Gobierno Nacional reglamentó la Ley 387 de 1997 mediante el decreto 2569
de 2000, disponiendo que los componentes de vivienda y tierra serían puestos en marcha a través
de los sistemas que desarrollarían el Banco Agrario, INURBE (hoy Fondo Nacional de Vivienda,
Fonvivienda) y el Incora (hoy Incoder), dentro de sus respectivos planes de atención a población
desplazada, los cuales podrían, subsidiariamente, ser apoyados por la entonces Red de Solidaridad
Social – luego Acción Social y hoy UARIV-, entidad a la que, a su vez, le fueron asignadas las
competencias en materia de coordinación del SNAIPD.
En mayo de 2001, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 951, con el cual reglamentaba
parcialmente las Leyes 3ª de 1991 y 387 de 1997, en lo relacionado con la vivienda y el subsidio
de vivienda para la población desplazada, disponiendo las nuevas condiciones del subsidio y el
procedimiento de aplicación del mismo. Sin embargo, dada la expedición de la Sentencia T-025
de 2004, en la que se declaró el ECI sobre los derechos de la Población Desplazada, las normas
reglamentarias en materia de vivienda involucran con especial énfasis a esta población
reconociendo los vacíos normativos en lo referente a focalización preferencial, protección y
enfoque diferencial. Así la Corte se pronunció en la Sentencia señalando que:
“[…] las medidas especiales a favor de los desplazados facilitan que éstos se tornen menos vulnerables,
agencian la reparación de las injusticias derivadas del desplazamiento involuntario y se orientan a la
realización efectiva de ciertos derechos de bienestar mínimo que constituyen la base para la autonomía
y el auto-sostenimiento de los sujetos de desplazamiento”.73
Los diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional, principalmente lo dispuesto
en la citada Sentencia y sus autos 008/09, 383/10 y 219/11, entre otros, señalan que el acceso a la
vivienda digna no se refiere exclusivamente a la financiación de la propiedad sobre la vivienda,
sino que debe entenderse como un bien familiar que requiere un espacio determinado, en el cual
se desarrollen y se realicen los procesos propios de la sociedad.
En 2005 el Gobierno Nacional expidió el Decreto 250, por el cual se creó el Plan Nacional
para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, allí se estableció que la
vivienda sería un componente del proceso de estabilización socioeconómica de la población en
73 Sentencia T-025 de 2004.
153
situación de desplazamiento, a partir de la satisfacción de las necesidades básicas habitacionales,
orientadas a brindar una solución de vivienda que cuente con espacios adecuados, condiciones
sanitarias, servicios públicos, calidad de estructura y seguridad de la tenencia.
Luego, mediante el Auto 116/08 la Corte Constitucional aceptó la primera batería de
indicadores de IGED de la población desplazada, incluyendo los que se refieren a vivienda,
considerando aspectos como: seguridad jurídica, espacios suficientes, materiales adecuados,
acceso a servicios públicos, entre otras condiciones de vivienda digna.
Posteriormente, en el Auto 008 de 2009, la Corte manifestó:
“[…] la política de vivienda para la población desplazada, tal y como está concebida desde hace una
década, no es idónea para garantizar a los desplazados el derecho a la vivienda digna, […]” debido a
que constituye un “[…] mecanismo ineficiente en términos de la adecuada destinación de recursos para
la ayuda de esta población y al mismo tiempo idóneo para la protección del goce efectivo de sus
derechos.”
Para la presentación de los resultados de la I-ENV_CGR2013, adicionalmente al recuento
normativo anterior, es importante mostrar de manera sucinta la evolución de los esquemas de
política pública de vivienda, enfocados a la población víctima (antes desplazada).
5.3.1 Política de Vivienda para la Población Desplazada –PVPD- 2009– 2011
Como resultado de la redefinición de la política, la Ley 1190 de 2008 ordena la constitución
de mesas de trabajo, integradas por las entidades adscritas al SNAIPD, para que se realizara la
evaluación y diseño del plan de acción de la política de vivienda para la población desplazada
(PVPD). Conforme a lo establecido por la Corte Constitucional en la orden sexta del Auto 008 de
2009 para la reformulación de la PVPD, se conformó la Mesa Interinstitucional de Vivienda, en la
cual participan el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), Acción Social y el Departamento Nacional
de Planeación (DNP). La reformulación de la política partió de una hipótesis: “la actual política
de vivienda resulta insuficiente para garantizar el Goce Efectivo del Derecho y para generar una
oferta adecuada a la demanda de los hogares en situación de desplazamiento, en términos de
154
cobertura, integralidad, accesibilidad y reconocimiento de la vulnerabilidad de la PD74”.Para
resolver ese dilema se identificaron 4 ejes problemáticos:
Eje problemático 1: deficiente articulación entre la PVPD con la oferta del SNAIPD y débil
aplicación del principio de progresividad en el proceso de estabilización de los hogares; eje
problemático 2: el enfoque de la política de vivienda actual (en 2009) no reconoce suficientemente
la vulnerabilidad de la población en situación de desplazamiento y no ha desarrollado todos los
instrumentos que permitan garantizar el goce efectivo de los derechos; eje problemático 3:
debilidad en la gestión institucional nacional y local de la atención a la PD en materia de vivienda
afronta también dificultades asociadas con la capacidad de gestión de las entidades nacionales y
locales vinculadas al SNAIPD; situación que no permite garantizar acceso oportuno y calidad en
la solución de vivienda; eje problemático 4: la población en situación de desplazamiento enfrenta
altos costos de transacción en la materialización de una solución de vivienda.
Para el abordaje de los ejes problemáticos, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 4911
de 2009, mediante el cual se modificó el Decreto 951 de 2001 y se establecieron otras disposiciones
relacionadas con el subsidio familiar de vivienda para la población en situación de desplazamiento.
No obstante, los cambios generados con el esquema de oferta - demanda, después de 3 años
de aplicación y ante los altos índices de incumplimientos y siniestros en los proyectos presentados,
tanto en vivienda urbana como en vivienda rural, se introdujeron cambios profundos en 2012
respecto a la selección y ejecución de los proyectos de vivienda. Se abandonaron los esquemas
antiguos y se plantearon unos nuevos, cuyo objetivo fue mejorar la eficiencia y eficacia de la
política, dirigiéndolos a que se le entregue a la población beneficiaria una vivienda digna.
Para ello, el Gobierno Nacional lanzó el programa de vivienda urbana de 100.000 viviendas
gratuitas, cuyo esquema de administración de recursos y ejecución de proyectos se hace través de
una fiducia. Y en vivienda rural el esquema de ejecución de proyectos a través de gerencias
integrales.
54Política de Vivienda para la Población en Situación de Desplazamiento –PVPD-, diagnóstico, lineamientos, instrumentos, cronograma y presupuesto para su ejecución. Progresos en la implementación de la política- 30 de octubre de 2009. Documento técnico conjunto entre los Ministerios de Agricultura, Ambiente, DNP y Acción Social de 2009.
155
5.3.2 Nuevo esquema vivienda urbana
El Gobierno Nacional expidió la ley 1537 de 2012, que tiene dentro de uno de sus objetivos:
“Promover la construcción de vivienda que propenda por la dignidad humana, que busque salvaguardar
los derechos fundamentales de los miembros del grupo familiar y en particular de los más vulnerables
y que procure preservar los derechos de los niños, estimulando el diseño y ejecución de proyectos que
preserven su intimidad, su privacidad y el libre y sano desarrollo de su personalidad”75.
La nueva normatividad introduce cambios en el proceso de implementación de la política,
principalmente en los esquemas de postulación, asignación, selección de operadores y
constructores, los cuales difieren a los que se establecían en el decreto 4911 de 2009. Una de las
novedades radica en que el oferente (ente territorial, no es quien contrata al constructor, sino que
limita su función a la formulación, diseño y presentación de los proyectos). Otro cambio que
introduce la Ley, tal vez el más sustancial, es que se pasa de un subsidio con contrapartidas por
parte de las entidades territoriales y, en algunos casos, del beneficiario, para lograr el cierre
financiero de los proyectos de vivienda, a un subsidio en especie, en donde se entrega a los
beneficiarios una unidad de vivienda sin contrapartidas.
A comienzos de 2013 se expidió entonces, el documento CONPES 3740, de importancia
estratégica del “Programa subsidio familiar de vivienda urbana en especie de Fonvivienda”, con
el fin de establecer las metas y financiación del programa de vivienda gratuita, el cual contiene las
herramientas administrativas y de gestión para su aplicación y ejecución. El documento define que
el objeto del programa de vivienda gratuita es el de:
“Garantizar el acceso efectivo a la vivienda por parte de familias en condiciones de extrema pobreza,
población desplazada por la violencia, afectados por desastres naturales y los que habitan zonas de
riesgo no mitigable, mediante el otorgamiento de subsidios en especie y el aseguramiento de los
servicios complementarios a la vivienda”76.
5.3.3 Nuevo esquema de vivienda rural
75Numeral g artículo 2º de la ley 1537 de 2012 76Conpes 3740 de 2013 pág. 6
156
Con la expedición y aplicación del decreto 900 de 2012 del MADR, en el que se modifica
el decreto 1160 de 2010 se establecieron cambios en el esquema anterior, principalmente, en las
funciones del oferente y en quién ejecutaría y administraría los proyectos de vivienda. Su objeto
es:
“Establecer las directrices para que las actividades relacionadas con la responsabilidad que demande el
otorgamiento, administración y ejecución del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social en su
componente rural a los hogares legalmente habilitados para su postulación, se realicen con eficiencia,
eficacia y efectividad por parte de las Entidades Otorgantes, Oferentes, Operadoras, Ejecutoras y
Evaluadoras.”
De acuerdo con este contexto, I-ENV_CGR-2013 indagó sobre los siguientes aspectos
relacionados con la vivienda de la población víctima: tipo de tenencia y condiciones de la vivienda;
condición de las zonas de ubicación de las viviendas; acceso de la población víctima a los
subsidios; uso de los subsidios recibidos en soluciones habitacionales; restitución de predios
urbanos conforme a la Ley 1448/11.
Los resultados de la Encuesta respecto al tema de vivienda para población desplazada se
presentan a continuación, iniciando por el tipo de vivienda que habitan y la ubicación en zonas de
alto riesgo. De acuerdo con el gráfico 5.5 el 87,7% de los hogares con personas desplazadas habita
viviendas tipo casa, el 5,3% habita en apartamentos y el 7,1% habita otro tipo de viviendas como
cuartos, albergues para población desplazada, entre otros.
Gráfico 5.5. Porcentaje hogares con personas desplazadas por inscripción en el RUV. Hogares que habitan en cabeceras según ECV-201377, según tipo de vivienda.
77Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2013, DANE
157
Al observar los datos por condición de inscripción en el RUV se resalta que el 8,3% de los
hogares no inscritos habitan otros tipos de vivienda, es decir, que cerca de 1 de cada 10 hogares
no inscritos habitan en lugares que por su condición presentan condiciones de inseguridad y
hacinamiento. Estos datos contrastan con los de la Encuesta de Calidad de Vida 2013 del DANE
(ECV-2013), según la cual, de los hogares que habitan en zona urbana, el 52,5% lo hace en
viviendas tipo casa, el 44,4% en viviendas tipo apartamento y el 3,1% en otros tipos de vivienda.
Llama la atención que la proporción de hogares desplazados que habita otro tipo de viviendas
duplica con creces la proporción de hogares en la ECV-2013.
Cuadro 5.11 -Porcentaje de hogares con personas desplazadas a partir de 1985, por jefatura del hogar
Según zona de ubicación de las viviendas
Total cve (%)Jefatura
Masculinacve (%)
Jefatura
Femeninacve (%)
En zonas declaradas de alto riesgo por
autoridades u organización comunitaria16.5 5,5 16.2 7,7 16.7 7,8
En zonas afectadas por algún evento de alto
riesgo durante 201313.1 6,3 11.5 9,4 14.6 8,4
En zonas de alto riesgo y afectada por
inundaciones y desbordamientos, etc7.7 8,4 6.6 12,8 8.9 11,1
En zonas sin riesgo y sin afectación por
inundación, desbordamiento, etc77.4 1,3 78.0 1,8 76.8 1,9
Fuente: I-Encuesta Nacional de Víctimas_CGR-2013; CID-UN
Porcentaje para el total de hogares con personasIndicadores de las condiciones de las
viviendas tipo casa y apartamento
Proposición de resultado 5-13: Tipo de vivienda.
La I_ENV_CGR-2013 muestra que la mayor parte de los hogares en situación de
desplazamiento vive en viviendas tipo casa (87,7%). La opción que no es casa ni
apartamento, es 7,1% para el total de los hogares, proporción que es mucho más alta en los
no incluidos en el RUV (albergues, cambuches, etc.).
Proposición de resultado 5-14: Condiciones de la vivienda.
En materia de condiciones de vivienda, hay hogares que viven en zonas declaradas de alto
riesgo (16,5%), al menos han tenido un evento de alto riesgo (13,1%) y ha estado afectado
por inundaciones y desbordamientos (7,7%). Eso hace que el grado de vulnerabilidad en los
hogares sea alto.
158
En cuanto a la ubicación en zona de alto riesgo la I-ENV_CGR-2013 encontró que el 77.4%
del total de los hogares de población desplazada (registrada y no en el RUV) tiene su vivienda
ubicada en zonas no afectadas por condiciones de alto riesgo por desbordamiento, inundaciones
etc.
Como se observa en el cuadro 5.11, el 16,5% afirmo tener su vivienda ubicada en zonas
declaradas de alto riesgo por autoridades u organizaciones comunitarias, el 13,1% informó que su
vivienda había sido afectada por un evento de alto riesgo durante el año 2013 y el 7,7% de los
hogares estaba ubicado en zona de alto riesgo y fue afectada por eventos como inundaciones o
desbordamientos.
En cuanto al tipo de tenencia y las condiciones de las viviendas tipo casa o apartamento
habitadas por población desplazada, se destaca que el 24,0% del total de hogares desplazados tiene
una solución habitacional formal, es decir, con propiedad respaldada por escritura pública o con
contrato de arrendamiento escrito. También se puede observar que el 94,5% de los hogares
desplazados no comparte su vivienda con otros hogares y el 72,1% no vive en hacinamiento.
Cuadro 5.12 Porcentaje de hogares con personas desplazadas a partir de 1985, que habitan en vivienda tipo casa o apartamento, según indicadores de tenencia y condiciones de la vivienda.
Fuente: I-Encuesta Nacional de Víctimas_CGR-2013; CID-UN
Con todos los servicios domiciliarios (energía,
alcantarillado, recolección de basuras, acueducto)
En zonas que no hayan sido declaradas ni afetadas
por eventos de alto riesgo
Sin hacinamiento
Con todos los seis indicadores anteriores
24.0
94.5
65.9
56.1
77.3
72.1
Propia con escritura registrada en arriendo con
contrato escrito
Con un único hogar en la vivienda
Con materiales apropiados en paredes exteriores,
pisos y techos
11.3
4,5 22.2 5,1 33.5
0,6 94.3 0,7 95.4
1,8 65.1 2,0 70.0
2,2 55.5 2,4 59.0 5,4
3,3
3,6
1,4 77.0 1,5 79.0
1,6 71.3 1,7 76.3
Indicadores de las condiciones de las viviendas
tipo casa y apartamento
Porcentaje para el total de hogares con personas desplazadas
16,0
Hogares
desplazadoscve (%)
Hogares
desplazados
incluidos en
el RUV
cve (%)
Hogares
desplazados
no incluidos
en el RUV
cve (%)
7,1 10.8 7,9 14.1
9,1
1,4
4,2
Proposición de resultado 5-15: Condiciones de la vivienda.
Sólo el 11,3% de los hogares habita en viviendas con todas las condiciones de una vivienda
digna: de seguridad jurídica (24%), materiales apropiados (65,9%), con todos los servicios
(56,1%), en zonas sin riesgo (77,3), sin hacinamiento (72,1%).
159
Respecto a las condiciones de la vivienda que la población desplazada habita, sólo el 65,9%
del total de los hogares habita en viviendas con materiales adecuados en paredes exteriores, pisos
y techos, el otro 34,1% no llena esos requisitos; así mismo, el 56,1% de los hogares dice contar en
sus viviendas con todos los servicios públicos domiciliarios básicos, como son acueducto,
alcantarillado, energía y recolección de basuras78, lo que significa que el 43,9% carece de alguno
de esos servicios. Igualmente, se puede observar que el 77,3% las viviendas de los hogares
desplazados se ubican en zonas no afectadas por condiciones de declaración de alto riesgo, el resto
de hogares (22,7% equivalentes a aproximadamente 243.647 hogares) vive en condiciones de
riesgo. La consecuencia de las carencias anteriores, conlleva a que sólo el 11,3% del total de los
hogares de población desplazada reúne los 6 indicadores planteados para medir la tenencia y
condiciones de la vivienda, es decir, formalización de propiedad o arrendamiento con contrato
escrito, materiales adecuados, servicios públicos, zonas no afectadas por alto riesgo, único hogar
en la vivienda y no hacinamiento.
De igual manera llama la atención la diferencia en el indicador de formalidad en la tenencia
de la vivienda entre RUV y no RUV es de 9,5 puntos porcentuales (22,2% en el primero y 33,5%
en el segundo).
La I-ENV_CGR-2013, recabó también información sobre el uso del mecanismo del
subsidio de vivienda por parte de la población desplazada, el cual es utilizado por el Gobierno
Nacional para facilitar el acceso a soluciones habitaciones a población vulnerable y vulnerada,
como es el caso de buena parte de las víctimas del conflicto. Los resultados obtenidos frente a la
solicitud y asignación de subsidios por parte de la población desplazada se presentan en el cuadro
5.13.
Cuadro 5.13. Porcentaje de hogares con personas desplazadas a partir de 1985, según solicitud de subsidio familiar de vivienda, subsidio complementario y asignación de los subsidios
78El desglose pertinente de cada condición se encuentra en el aparte correspondiente a IGED.
160
Se puede observar que el 31.4% del total de los hogares de población desplazada solicitó
subsidio del Gobierno Nacional para vivienda y el gobierno asignó subsidios al 30,8% de los
hogares que solicitaron el subsidio. Es de resaltar de manera particular, conforme con los datos
resultantes, que los hogares con jefatura femenina, son los que más solicitaron y recibieron
subsidios frente a la jefatura masculina, con una diferencia de 3.7 y 8.4 puntos porcentuales,
respectivamente.
Los hogares que acceden al subsidio presentan una mejora en sus indicadores de tenencia
y condiciones de la vivienda, salvo en el indicador de único hogar en la vivienda, esto se puede
observar en el cuadro 5.14. Eso da a entender, que si bien la asignación de subsidios a la población
en desplazamiento no es muy alta, cuando se otorga mejora los indicadores de condiciones de vida
de los hogares, como se ve a continuación.
Cuadro 5.14 -Porcentaje hogares con personas desplazadas a partir de 1985, que recibieron y utilizaron subsidio de
vivienda, por jefatura del hogar, según indicadores y condiciones de vivienda tipo casa o apartamento
Solicitaron subsidio del Gobierno Nacional 31.4 3,6 29.5 5,3 33.2 4,9
Les asignaron el subsidio del Gobierno Nacional 30.8 6,4 26.2 10,3 34.6 8,0
Fuente: I-Encuesta Nacional de Víctimas_CGR-2013; CID-UN
Nota: Los resultados para el estudio complementario no fueron significativos
Solicitud de subsidios de vivienda
Porcentaje para el total de hogares con personas
Jefatura
Masculina
Jefatura
Femeninacve (%) cve (%)cve (%)Total
Proposición de resultado 5-16: Subsidio de vivienda I.
La I-ENV_CGR-2013 muestra que la solicitud de subsidios de vivienda al Gobierno
ascendió al 31,4% y sólo tuvieron respuesta en un 30,8%.
161
El 97,7% de los hogares que accedieron a subsidios habita en viviendas tipo casa o
apartamento, de estos, el 55,9% tiene seguridad en la tenencia de la vivienda y el 92,2% es único
hogar en la vivienda. En cuanto a las condiciones de la vivienda, el 86,0% de los hogares
desplazados que recibieron subsidio y residen en viviendas tipo casa o apartamento, habitan
viviendas con materiales adecuados, el 75,6% cuenta con todos los servicios públicos. Es de
resaltar que la cantidad de hogares con todos los indicadores planteados es de 35,8% cifra que
aumenta frente al 11,3% del total. En este caso la política de subsidios debería contribuir a un
mejor indicador, más allá del 35%, en el entendido que el Estado debe proveer unas viviendas
dignas y no próximas a lo digno.
5.3.4 Los IGED en vivienda
Los indicadores del goce efectivo de derechos en materia de vivienda han sido clasificados
en uno general de vivienda digna, cinco complementarios y uno sectorial como se describe en el
cuadro 5.15, de los cuales, puede observarse que el grado de cumplimiento y avance es todavía
* Información estadísticamente no significativa
Fuente: I-Encuesta Nacional de Víctimas_CGR-2013; CID-UN
Porcentaje para el total de hogares con personas desplazadasIndicadores de las condiciones de la vivienda. Tipo cada o
apartamento Jefatura
Masculina
Jefatura
FemeninaTotal cve (%) cve (%) cve (%)
*
10,6 39.1 15,0 33.7 14,7
97.4 1,7
9,6
1,7
Vivienda tipo cada o apartamento
Con todos los anteriores indicadores
Ninguno de los anteriores indicadores
99.7
35.8
*
1,2 98.1 1,7
Con al menos uno de los anteriores indicadores 97.7 1,2 98.1 1,7 97.4
4,6
Sin hacinamiento 76.9 4,3 77.1 6,6 76.8 5,7
En zonas no declaradas ni afetadas por eventos de alto riesgo 85.5 3,3 88.6 4,3 83.6
4,1
Con todos los servicios domiciliarios (energía, alcantarillado,
recolección de basuras, acueducto)75.6 4,5 73.8 7,2 76.7 5,8
Con materiales apropiados en paredes exteriores, pisos y techos 86.0 3,2 85.1 5,0 86.5
89.6 3,6
Propia con escritura registrada en arriendo con contrato escrito 55.9 7,0 58.8 10,1 54.1
Con un único hogar en la vivienda 92.2 2,3 96.4 2,3
Proposición de resultado 5-17: Subsidio de vivienda II.
La I-ENV_CGR-2013 muestra que los hogares que solicitaron, le fue otorgado y usaron el
subsidio mejoraron sus condiciones de vivienda como lo evidencia el incremento en el
cumplimiento de todas las condiciones de vivienda apropiada de 11,3% a 35,8%.
162
precario y sólo llega al 10,8%. Entre los indicadores complementarios, el más alto es el de
ubicación, seguido por el de hacinamiento por encima del 70%. El de materiales apropiados apenas
llega al 65,1% y el resto está por debajo del 55%. El de mayor rezago es el referido a la seguridad
jurídica de la vivienda poniendo en evidencia la situación que sólo el 22% de los hogares viven
con contrato escrito, o en casas con un documento soporte de su propiedad o tenencia.
Cuadro 5.15- Indicadores IGED de vivienda
El indicador de vivienda digna es el más exigente de todos porque requiere del
cumplimiento de las cinco condiciones de espacio suficiente, servicios domiciliarios completos,
materiales apropiados, ubicación, seguridad jurídica de la tenencia para su construcción y se llegue
al cumplimiento de la exigencia de la Corte Constitucional de avanzar en el cumplimiento del goce
efectivo del derecho a la vivienda en condiciones de dignidad y que conduzca a ser uno de los
componentes reparadores de las víctimas en Colombia. Solamente 111.522 hogares gozan de este
derecho en medio de un universo de más de un millón de hogares en situación de desplazamiento
y que se encuentran inscritos en el RUV.
5.3.4.1 IGED – Vivienda Digna79
Nombre del indicador
Todos los Hogares víctimas de desplazamiento forzado habitan un inmueble en condiciones dignas. * Incluye “espacio suficiente (hacinamiento), servicios domiciliarios completos, materiales apropiados, ubicación, seguridad jurídica de la tenencia."
79 * El total de hogares de la I-ENV_CGR-2013 que es de 1.315.975, el universo que se tomó para la medición del indicador de vivienda está compuesto por hogares únicamente con vivienda tipo casa o apartamento, quedan por fuera 93.062 hogares que viven en albergues, piezas u otras condiciones.
Definición Total Cve (%) RUV Cve (%) No RUV Cve (%)
IGED Vivienda Total 11,3% 7,1% 10,8% 7,9% 14,1% 16,0%
IGED complementario. Vivienda - Seguridad jurídica de la vivienda 24,0% 4,5% 22,2% 5,1% 33,5% 9,1%
IGED complementario. Vivienda - Sin hacinamiento 72,1% 1,6% 71,3% 1,7% 76,3% 3,6%
IGED complementario. Vivienda - Materiales apropiados 65,9% 1,8% 65,1% 2,0% 70,0% 4,2%
IGED complementario. Vivienda - Ubicación 77,3% 1,4% 77,0% 1,5% 79,0% 3,3%
IGED complementario. Vivienda - Servicios públicos domiciliarios 56,1% 2,2% 55,5% 2,4% 59,0% 5,4%
IGED sectorial. Vivienda - Subsidios de vivienda No aplica 30,8% 6,5% No aplica
Fuente: I-Encuesta Nacional de Víctimas_CGR-2013; CID-UN
163
Formula Hogares víctimas de desplazamiento forzado incluidos o cesados en el RUPD, que habitan un inmueble en condiciones dignas / Total de hogares víctimas de desplazamiento forzado incluidos o cesados en el RUPD.
Alcance *Condiciones dignas se define como: espacio suficiente, servicios domiciliarios completos, materiales apropiados, ubicación, seguridad jurídica de la tenencia. * Se consideran solamente las viviendas tipo casa o apartamento.
Nivel Hogares
Desplazados total
Numerador 138,520 Denominador 1,222,913 Estimación 11.3 c.v.e. (%) 7.1
Desplazados incluidos en el RUV
Numerador 111,521 Denominador 1,031,680 Estimación 10.8 c.v.e. (%) 7.9
Desplazados no incluidos en el RUV
Numerador 731,579 Denominador 805,649 Estimación 90.8 c.v.e. (%) 0.8
Para los no incluidos en el RUV, la situación es un poco mejor, porque de las 805.649
familias, 731.579 (el 90,8%) declaran vivir en viviendas dignas, según la definición del indicador.
164
5.3.4.2 IGED complementario - Seguridad jurídica de la vivienda
Nombre del indicador
Complementario vivienda, Seguridad jurídica de la vivienda
Formula Número de hogares víctimas de desplazamiento forzado incluidos o cesados en el RUPD, que habitan en viviendas urbanas propias y cuentan con escritura registrada o en viviendas urbanas en arriendo que cuentan con contrato escrito / Número total de hogares víctimas de desplazamiento forzado incluidos o cesados en el RUPD, que viven en zona urbana.
Alcance * Se consideran solamente las viviendas tipo casa o apartamento.
Nivel Hogares
Desplazados total
Numerador 293.309 Denominador 1,222,914 Estimación 24.0 c.v.e. (%) 4.5
Desplazados incluidos en el RUV
Numerador 229,220 Denominador 1,031,681 Estimación 22.2 c.v.e. (%) 5.1
Desplazados no incluidos en el RUV
Numerador 64,090 Denominador 191,233 Estimación 33,5 c.v.e. (%) 9.1
Aquí el resultado del IGED complementario de seguridad jurídica es de 22,2%, es decir,
229.220 hogares que tienen plena seguridad de habitar en lugares con seguridad jurídica definida,
es decir que tienen una escritura de propiedad o un contrato de arrendamiento que respalda ese
hecho. Además de las situaciones comentadas en este capítulo, referidas a las dificultades
normativas a que se ha visto enfrentada la política pública de vivienda, está de por medio la
movilidad y la falta de ingresos de las personas en situación de desplazamiento que son factores
que le impiden a los hogares establecer compromisos de arrendamiento, como una segunda opción
de tener seguridad jurídica para vivir ante la dificultad mayor para acceder a una vivienda propia.
165
5.3.4.3 IGED complementario - Vivienda sin hacinamiento
Nombre del indicador
Complementario vivienda, Espacio suficiente
Formula Número de hogares víctimas de desplazamiento forzado incluidos o cesados en el RUPD, que habitan viviendas sin hacinamiento / Número de hogares víctimas de desplazamiento forzado incluidos o cesados en el RUPD.
Alcance *Se considera espacio suficiente hasta 3 personas por cuarto. * Se consideran solamente las viviendas tipo casa o apartamento.
Nivel Hogares
Desplazados total
Numerador 881,225 Denominador 1,222,914 Estimación 72.1 c.v.e. (%) 1.6
Desplazados incluidos en el RUV
Numerador 735,301 Denominador 1,031,681 Estimación 71.3 c.v.e. (%) 1.7
Desplazados no incluidos en el RUV
Numerador 145,925 Denominador 191,233 Estimación 76.3 c.v.e. (%) 3.6
Este es uno de los resultados más altos en todos los indicadores complementarios de
vivienda, el cual, concuerda con la estimación estadística anterior en que mostramos que la
población en situación de desplazamiento en su mayoría vive en lugares tipo casa, en las cuales
convive con otras familias pero no al punto de superar las tres personas por cuarto. Igualmente,
concuerda con la composición de los hogares que en promedio son de 4,7 personas por hogar.
166
5.3.4.4 IGED complementario - Vivienda con materiales apropiados
Nombre del indicador
Complementario vivienda, Materiales apropiados
Formula Número de hogares víctimas de desplazamiento forzado incluidos o cesados en el RUPD, que cuentan con materiales apropiados en su vivienda (techos, pisos y paredes exteriores) / Número de hogares víctimas de desplazamiento forzado incluidos o cesados en el RUPD.
Alcance *Se consideran materiales apropiados para pisos, techos y paredes. * Se consideran solamente las viviendas tipo casa o apartamento.
Nivel Hogares
Desplazados total
Numerador 805,428 Denominador 1,222,914 Estimación 65.9 c.v.e. (%) 1.8
Desplazados incluidos en el RUV
Numerador 671,627 Denominador 1,031,681 Estimación 65.1 c.v.e. (%) 2.0
Desplazados no incluidos en el RUV
Numerador 133,801 Denominador 191,233 Estimación 70.0 c.v.e. (%) 4.2
De todos los hogares que habitan en una casa o apartamento, el 65,1% considera que los
materiales con los cuales fue construida la vivienda son apropiados en paredes, pisos y techos.
167
5.3.4.5 IGED complementario – Ubicación de la vivienda
Nombre del indicador
Complementario vivienda, Ubicación
Formula Número de hogares víctimas de desplazamiento forzado incluidos o cesados en el RUPD, que habitan viviendas ubicadas en zonas que no son de alto riesgo de desastre natural / Número total de hogares víctimas de desplazamiento forzado incluidos o cesados en el RUPD.
Alcance * Se consideran solamente las viviendas tipo casa o apartamento.
Nivel Hogares
Desplazados total
Numerador 944,992 Denominador 1,222,914 Estimación 77.3 c.v.e. (%) 1.4
Desplazados incluidos en el RUV
Numerador 794,003 Denominador 1,031,681 Estimación 77.0 c.v.e. (%) 1.5
Desplazados no incluidos en el RUV
Numerador 150.990 Denominador 191,233 Estimación 79.0 c.v.e. (%) 3.3
La ubicación de la vivienda es un dato que buscó determinar la percepción de la población
desplazada acerca de los niveles de riesgo de desastre natural. Para el 77,0% su percepción es que
no habrá ningún peligro de inundación o deslizamiento de su vivienda, lo que para el 33%
resultaría ser cierto.
168
5.3.4.6 IGED complementario - Vivienda con servicios públicos domiciliarios
Nombre del indicador
Complementario vivienda, Acceso a servicios públicos
Formula Número de hogares víctimas de desplazamiento forzado incluidos o cesados en el RUPD, que habitan en zona urbana, cuentan con acceso a todos los servicios domiciliarios básicos (energía, acueducto, alcantarillado y recolección de basuras) / Número de hogares víctimas de desplazamiento forzado incluidos o cesados en el RUPD, que habitan en zona urbana.
Alcance * Se consideran solamente las viviendas tipo casa o apartamento.
Nivel Hogares
Desplazados total
Numerador 685,885 Denominador 1,222,914 Estimación 56.1 c.v.e. (%) 2.2
Desplazados incluidos en el RUV
Numerador 573,092 Denominador 1,031,681 Estimación 55.5 c.v.e. (%) 2.4
Desplazados no incluidos en el RUV
Numerador 112,793 Denominador 191,233 Estimación 59.0 c.v.e. (%) 5.4
En este aspecto se buscó determinar que se contara con todos los servicios de agua,
alcantarillado, energía eléctrica, gas y recolección de basuras. La evidencia reveló que sólo
573,092 hogares aproximadamente (el 55,5%), cuenta con servicios completos en los sitios donde
vive, lo que muestra la poca capacidad de los municipios para atender de manera eficiente la
prestación de servicios que son básicos para atender dignamente a las personas. El servicio que
presentó mayores carencias fue el de alcantarillado, revelando la poca capacidad de gestión de los
municipios para atener la provisión de este servicio y en particular en las zonas de asentamiento
de población desplazada.
169
5.3.4.7 IGED sectorial - Subsidios de vivienda
Nombre del indicador
Sectorial vivienda, Acceso a subsidios de vivienda
Formula Número de hogares víctimas de desplazamiento forzado incluidos o cesados en el RUPD, que reciben subsidios de vivienda / Número de hogares víctimas de desplazamiento forzado incluidos o cesados en el RUPD postulados.
Alcance * Se consideran solamente los hogares de población desplazada inscrita en el RUV
Nivel Hogares
Desplazados incluidos en el RUV
Numerador 121,912 Denominador 395,864 Estimación 30.8 c.v.e. (%) 6.5
Como se puede observar en el indicador sectorial de subsidio a la vivienda, es un
mecanismo que no es suficiente para brindar soluciones efectivas de vivienda a la población
desplazada, ya que solo entre el 30,8% de los hogares inscritos en el RUV que lo solicitaron tuvo
acceso a dicho mecanismo, siendo ese resultado cerca de la décima parte de los hogares en
desplazamiento. Esto puede deberse a varias razones como son:
Hoy existe una priorización de acceso al nuevo programa del Gobierno Nacional de
subsidio en especie (SFVE), mejor conocido como vivienda gratuita, de acuerdo con las
condiciones descritas anteriormente en este documento, lo que no implica nuevas asignaciones,
sino re-direccionamiento de esquemas de acceso antiguos a los nuevos esquemas.
Las entidades oferentes de vivienda, Banco Agrario en la vivienda rural y Fonvivienda en
la vivienda urbana, se encuentran, de manera paralela con el desarrollo de los nuevos esquemas de
política pública de vivienda. El proceso de adjudicación está todavía en terminar proyectos
pendientes de los esquemas anteriores que vienen desde 2004, conocidos como esquemas de oferta
y demanda. Por tanto, no hay nuevas asignaciones sino entregas sobre postulaciones ya realizadas
en vigencias anteriores.
170
La implementación de nuevos esquemas ha hecho que se presente un momento de ajuste
institucional para facilitar el acceso a las poblaciones beneficiarias del subsidio, ya que estos
implican otros procedimientos y otras condiciones. Por tanto, la población desplazada con
asignaciones de subsidios y calificadas, deben someterse a nuevas condiciones de acceso, lo cual
puede evidenciarse en las cifras de la I-ENV_CGR-2013, en las que porcentajes entre el 69% y el
70% de los hogares, ni ha solicitado, ni ha tenido acceso a este mecanismo.
La información institucional sobre el uso de este mecanismo del subsidio para hacer real
el derecho a la vivienda, no es del todo claro en las regiones y los entes territoriales, ya que
institucionalmente, las entidades nacionales encargadas están en proceso de ajuste, lo que ha
generado confusiones e informaciones erradas e incompletas en la población desplazada y no se
han previsto instrumentos reglamentarios de transición de los esquemas antiguos a los nuevos,
respecto a facilitar el acceso a población desplazada con subsidios asignados o en situación de
calificación, menos aún para acceder por primera vez a los subsidios. Actualmente, solo el Banco
Agrario tiene abiertas convocatorias con postulación permanente a subsidio de vivienda rural, esto
solo a partir de 2012.
5.4 Tierras: situación actual, restitución y retorno
5.4.1 El derecho a la tierra
El problema de la tierra en Colombia ha sido una de las cuestiones sociales más difíciles
de resolver en la historia republicana colombiana, es como dice el informe ¡Basta Ya! Colombia:
memorias de guerra y dignidad,80una vieja deuda con nuevos problemas. Si bien la Constitución
Política consagra la protección de los bienes de las personas en su artículo 2, es sólo hasta 2007
que Corte Constitucional introdujo el enfoque restitutivo en relación con los derechos a la
80 Colombia. Centro Nacional de Memoria Histórica (CMH). (2013) ¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad. Bogotá, D.C: Centro Nacional de Memoria Histórica.
171
propiedad, posesiones y patrimonio en la Sentencia T-821.81 La introducción de esa perspectiva
implica el reconocimiento del despojo o el abandono forzado de la tierra.
El derecho a la propiedad y las posesiones han sido consagrados en el derecho internacional
como en el orden constitucional interno de Colombia.82 Así, en 2005 las Naciones Unidas formuló
los Principios sobre la Restitución de las Viviendas, Tierras y el Patrimonio o también
denominados Principios Pinheiro, que refieren a los derechos a la propiedad, posesiones y a la
reparación de las víctimas.
En la elaboración de los Principios se ha aplicado un enfoque prospectivo y global de la restitución de
viviendas, tierras y patrimonio con arreglo al derecho internacional, que se basó tanto en las lecciones
aprendidas por los expertos sobre el terreno como en las "prácticas óptimas" surgidas de situaciones
posteriores a conflictos en las que la restitución se había considerado como un componente fundamental
de la justicia restitutiva. En los Principios se incluyen algunas de las disposiciones más útiles de
diversos programas y políticas nacionales de restitución ya vigentes, como los establecidos para Bosnia
y Herzegovina, Burundi, Camboya, Chipre, Guatemala, Kosovo, Sudáfrica y Rwanda.83
A partir del reconocimiento que el Estado colombiano tiene del derecho internacional, la
CGR considera que en desarrollo de ese ordenamiento, los resultados de la I-ENV_CGR-2013
contribuyen con un diagnóstico de base sobre la situación del desplazamiento y de las otras
violaciones al Derecho Internacional Humanitario producto del largo conflicto colombiano. En
consecuencia, antes de avanzar con los resultados comenzamos esta sección recordando los
siguientes dos Principios Pinheiro:
“Todos los refugiados y desplazados tienen derecho a que se les restituyan las viviendas, las tierras y el
patrimonio de que hayan sido privados arbitraria o ilegalmente o a que se les indemnice por cualquier
vivienda, tierra o bien cuya restitución sea considerada de hecho imposible por un tribunal
independiente e imparcial (Principio 2.1).”
“Los Estados darán prioridad de forma manifiesta al derecho de restitución como medio preferente de
reparación en los casos de desplazamiento y como elemento fundamental de la justicia restitutiva. El
derecho a la restitución de las viviendas, las tierras y el patrimonio es un derecho en sí mismo y es
independiente de que se haga o no efectivo el regreso de los refugiados y desplazados a quienes les
asista ese derecho (Principio 2.2)”
81Salinas, Yamile. (2010) ¿Cómo proteger los bienes de los desplazados? La protección y restitución de las tierras y los bienes inmuebles de las víctimas del desplazamiento. En Garavito, César Rodríguez (Ed.), Más allá del desplazamiento. Políticas, derechos del desplazamiento forzado en Colombia (pp. 72-144). Bogotá, D.C: Universidad de los Andes. 82Ibíd., 83Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. (2005). Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas. Informe definitivo del Relator Especial, Sr. Paulo Sergio Pinheiro. Descargado de: www.acnur.org/biblioteca/pdf/3791.pdf, p. 4
172
Si bien no existe el derecho humano a la tierra si ha habido pronunciamientos en relación
con el derecho a la vivienda que lo vincula a la posibilidad del acceso a la tierra, sin embargo, en
este caso, de los resultados de la presente investigación no se trata de otorgar la tierra a quién no
la poseía, por el contrario, se trata de restituir una situación de posesión o propiedad que ya se
tenía. Así, la Corte Constitucional declaró que el derecho a la propiedad puede adquirir el carácter
de fundamental por su estrecha vinculación con “el derecho al trabajo, la subsistencia y el
domicilio inviolable” según la Sentencia T-135 de 1994,84 como tendremos oportunidad de
registrarlo más adelante.
En la Sentencia T-821 de 2007 de la Corte Constitucional se considera que:
“60. Las personas que se encuentran en situación de desplazamiento forzado y que han sido despojadas
violentamente de su tierra (de la tierra de la cual son propietarias o poseedoras), tienen derecho
fundamental a que el Estado conserve su derecho a la propiedad o posesión y les restablezca el uso,
goce y libre disposición de la misma en las condiciones establecidas por el derecho internacional en la
materia. En efecto, en estos casos el derecho a la propiedad o a la posesión adquiere un carácter
particularmente, reforzado, que merece atención especial por parte del Estado.”85
Adicionalmente, dicha Sentencia reafirma la adopción por la legislación colombiana de los
principios rectores del desplazamiento interno de personas (Principios Deng)86 y de los principios
sobre la restitución de viviendas y patrimonio citados anteriormente.
IGED –Restitución de tierras
Nombre del indicador
Todas las víctimas de desplazamiento forzado que han sido despojadas de la propiedad, posesión u ocupación de sus tierras u obligadas a abandonarlas, obtienen la restitución o compensación (en dinero o en especie) de dichos derechos.
84Salinas, Op. Cit., p. 79. 85Corte Constitucional (2007). Sentencia T-821. Acción de tutela interpuesta por Rosmira Serrano Quintero contra Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social. Magistrada Ponente (e): Dra. Catalina Botero Marino. 86Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. (1998). Derechos humanos, éxodos en masa y personas desplazadas. Informe del Representante del Secretario General, Sr. Francis M. Deng, presentado con arreglo a la resolución 1997/39 de la Comisión de Derechos Humanos. Adición. Principios Rectores de los desplazamientos internos. Descargado de: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0022.
173
Formula Número de víctimas de desplazamiento forzado incluidas o cesadas en el RUPD, el RUPTA, el Registro de tierras despojadas o el Sistema de Información de Justicia y Paz - SIJYP, que tiene derecho a la restitución o compensación de derechos sobre la tierra, cuyos derechos de propiedad, posesión u ocupación han sido restituidos o compensados / Número de víctimas de desplazamiento forzado incluidas o cesadas en el RUPD, el RUPTA, el Registro de tierras despojadas o el SIJYP, que tiene derecho a la restitución o compensación de derechos sobre la tierra.
Alcance * En el numerador se consideran los grupos familiares que solicitaron la inscripción del predio abandonado o despojado ante la unidad de tierras, fue estudiada la solicitud e inscrita en el registro de dicha unidad y un juez decretó restitución. * En el denominador se consideran los grupos familiares que solicitaron la inscripción del predio abandonado o despojado ante la unidad de tierras, fue estudiada la solicitud e inscrita en el registro de dicha unidad
Nivel Grupos familiares
Desplazados total
Numerador 606 Denominador 18,778 Estimación 3.2 c.v.e. (%) 84.8
Desplazados incluidos en el RUV
Numerador 606 Denominador 17,815 Estimación 3.4 c.v.e. (%) 84.2
Desplazados no incluidos en el RUV
Numerador 0 Denominador 963 Estimación 0 c.v.e. (%) *
Con corte a noviembre de 2013 y tomando únicamente las personas que en el formulario
declararon que habían solicitado la inscripción del predio abandonado o despojado, se calculó el
indicador de restitución de tierras. El resultado muestra un avance del 3,2% a esa fecha en que se
había cumplido en 606 casos de los 18.778 solicitados. Es preciso indicar que este resultado no es
comparable estrictamente con el avance realizado por la Unidad de Tierras, en tanto, con la I-
ENV_CGR-2013 hacemos una estimación a la fecha de levantamiento de la información y, dado
que, la política de restitución hasta ahora estaba en su inicio la tasa de respuesta al módulo de
restitución fue bajo, por razones obvias de avance de la política. Adicionalmente, el valor de la
estimación para este caso, resulta no ser estadísticamente significativo ya que su coeficiente de
variación es demasiado alto, pero permite contar con un valor de referencia para futuros estudios
a profundidad.
174
5.4.2 El despojo de tierras en Colombia según la I-ENV_CGR-2013
La evaluación a la política de restitución de tierras despojadas o abandonadas tiene como
referente fundamental la magnitud del despojo sufrido por parte de las víctimas del conflicto
sociopolítico armado que vive el país. Es con base en estas estimaciones que podemos evaluar los
avances de la política en general y de la UGRTDA en particular. Diferentes estimaciones han sido
realizadas y su actualización se impone como una prioridad en la medida en que el conflicto
armado sigue generando despojo de tierras en el territorio.
Al respecto es importante comentar dos estimaciones hechas sobre el despojo. La primera,
surge de los registros oficiales, el Registro Único de Tierras Presuntamente Despojadas o
Abandonadas (RUTPDA). Según éste sistema de información, con corte a 30 de junio de 2013, el
número de hectáreas presuntamente despojadas o abandonadas ascendía a 4.352.395 hectáreas. Es
importante tener en cuenta que el registro solo tiene en cuenta las tierras despojadas o abandonadas
después del 1 de enero de 1991 pues ese es el plazo establecido por la Ley 1448 de 2011.
La segunda proviene de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre
Desplazamiento Forzado que en agosto de 2011 y con base en la III Encuesta Nacional de
Verificación de los Derechos de la Población Desplazada realizada en 2010, estimó el despojo en
6.638.195 hectáreas, teniendo como referente temporal el periodo 1980 – 2010. La siguiente es la
distribución por región del despojo establecida en dicha encuesta:87 el 27,9% en la región 1 de
Antioquia y Chocó; el 22,5% en la región 4 de Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y Buenaventura;
el 15,7% en la región 6 de Meta, Arauca, Guaviare, Casanare, Vichada, Vaupés, Guainía y
Amazonas; 13,1% en la región 3 de Magdalena, Cesar, La Guajira y Norte de Santander; las cuatro
regiones sumaron el 79,2% del despojo total en 2010.
La estimación que resulta de la I-ENV_CGR-2013 muestra que el despojo de tierra en
Colombia está alrededor de los 7,7 millones de hectáreas. Es importante subrayar que esta
87Al respecto ver: Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado (2011).El reto ante la tragedia del desplazamiento forzado: Reconocer y resarcir debidamente los daños y perjuicios. Vol. 10.
175
estimación no tiene en cuenta dos situaciones: una, el ajuste en tres de los valores reportados que
son extremos generando una cifra corregida total de 7.073.897 hectáreas; la segunda situación,
refiere a que existen personas que declararon la pérdida de tierra pero no recuerdan el tamaño de
lo perdido que asciende a un 19% de las respuestas. Cuando se imputa valores a éste grupo,
atendiendo a las condiciones de proximidad de otros predios, el valor total del despojo aumenta a
7.807.024 hectáreas.
Cuadro 5.16.1- Hectáreas pérdidas o abandonadas a partir de 1985, por condición de inscripción en el RUV y ajustes al valor reportado, según región de expulsión del primer o único desplazamiento
Cuando se desagrega la información entre los inscritos en RUV (Panel 2) y no RUV (Panel
3), la situación se hace más consistente en los RUV que en los no RUV. En el primer caso, el valor
Proposición de resultado 5-18: Hectáreas despojadas o abandonadas.
La I-ENV_CGR-2013 muestra que las hectáreas despojadas o abandonadas en Colombia
producto del conflicto armado interno es una pérdida reportada de 7.668.423 hectáreas. El
valor mínimo aceptable para este estudio es de 7.073.897 hectáreas. Al incluir la estimación
de aquellas personas que no recordaron la cantidad de tierra de la que fue despojada se
obtuvo una cifra de 7,8 millones de hectáreas.
176
mínimo es coincidente entre el total reportado y sin outliers de 5.958.334 hectáreas y al imputar
valores a las declaraciones de los que no recuerdan el total asciende a 6.624.769 hectáreas. En el
segundo caso, el valor mínimo se sitúa en 1.115.563 hectáreas pérdidas o abandonadas que se
corresponde al cálculo sin los valores extremos declarados, el valor máximo es de 1.710.089
hectáreas reportadas y el valor medio se obtiene para el cálculo de las hectáreas imputadas
ascendiendo a 1.182.256 hectáreas. Lo que es destacable y hace más fuerte y confiable la
estimación es que, en todos los casos, las hectáreas reportadas y las hectáreas sin outliers,
desagregados por región son coincidentes salvo en la región 5.
La distribución del despojo por las regiones de estudio es la que se muestra en el mapa
siguiente: La I-ENV_CGR-2013 arroja un resultado total de pérdida y despojo de tierras de
7.668.423 hectáreas en promedio, distribuidas así (Panel 1): 23,9% la región 1 en un rango que va
de 1.831.582 a 2.105.163 hectáreas; 19,9% la región 4, que se encuentra en el rango de 1.522.261
a 1.636.033 hectáreas; 16,8% la región 6 que se distribuye en una rango menor de 1.286.788 hasta
1.354.537 hectáreas; con un 15% la región 2 en que fueron despojadas las víctimas entre 1.151.771
y 1.248.872 hectáreas; las cuatro regiones anteriores suman en total el 75,6% el despojo en
Colombia (Mapa 5.1; Cuadro 5.16, Panel 1). Finalmente, se encuentran las regiones 3 y 5, con las
menores proporciones de despojo como se observa en el cuadro y el mapa.
177
Los datos anteriores pueden ser vistos también desde el punto de vista de los grupos
familiares que perdieron tierras. El cuadro siguiente muestra la desagregación.
Cuadro 5.16.1- Grupos Familiares y hectáreas despojadas o abandonadas a partir de 1985, ajustes al valor reportado, según región de expulsión del primer o único desplazamiento
178
Desde el punto de vista del tipo de bien que poseía la víctima desplazada se encontró que
la mayoría declara haber tenido finca con casa (81,2%), luego parcela o lote con casa (12,9%), el
resto corresponde a finca sin casa, parcela o lote sin casa y a terrenos con mejoras.
Cuadro 5.17.- Hectáreas pérdidas o abandonadas por los grupos familiares desplazados a partir de 1985, por condición
de inscripción en el RUV, según tipo de bien y forma de posesión.
Has
reportadas
cve
(%)
Has sin
outliers/1
cve
(%)
Has
Imputadas/2
cve
(%)
Total 537.503 432.792 7.668.423 3,9 7.073.897 3,9 7.807.024 3,5
Región 1 150.510 113.647 1.831.582 9,0 1.831.582 9,0 2.105.163 7,8
Región 2 85.784 70.105 1.151.771 8,6 1.151.771 8,6 1.248.872 7,6
Región 3 56.550 42.102 737.577 11,1 737.577 11,1 839.275 9,6
Región 4 134.219 115.431 1.522.261 7,6 1.522.261 7,6 1.636.033 7,1
Región 5 65.844 52.146 1.138.444 10,9 543.918 10,9 623.144 9,8
Región 6 44.596 39.361 1.286.788 12,9 1.286.788 12,9 1.354.537 12,1
Fuente: I-Encuesta Nacional de Víctimas_CGR-2013; CID-UN
1/Hectáreas sin outliers es una medida que excluye tres valores declarados por las victimas que son dudosos por lo extremos, dentro del
conjunto de datos recolectados.
2/Se trata de la imputación de hectáreas a los grupos familiares que declararon haber perdido tierra pero que no recuerdan la cantidad y
la descripción (19%). Se utilizaron varios metodos de estimación y se optó por el resultado más conservador.
Región de
expulsión
Grupos Familiares
que reportaron
haber perdido
tierras
Grupos Familiares
que reportaron el
número de has
perdidas
Para Total de grupos familiares que reportaron información.
179
La magnitud del despojo en Colombia está directamente relacionada con el
empobrecimiento y la pauperización de las víctimas que hemos descrito anteriormente. Es por lo
demás, una de las causas directas de la alta concentración de la tierra que caracteriza al sector rural
colombiano, la cual a su vez, es propiciada por la ineficiencia y la crisis del sector agropecuario.
Es por lo anterior, que a la consolidación del Estado Social de Derecho en el territorio, como
fundamento de la política de reparación integral y transformadora para las víctimas, debe sumarse
el fortalecimiento legislativo, institucional y financiero, de la política de restitución de tierras y de
la política de restitución de derechos territoriales para los pueblos y comunidades étnicas.
5.4.3 Distribución territorial del despojo
Cuando se desagrega por región la condición del tipo de bien despojado, es posible
observar que la característica que más se presentó fue la existencia de finca con casa, con
estimaciones superiores al 90% en la región 5 y 6, con el 84,8 en la región 4, y entre 65,2% y
78,5% en las regiones 1, 3 y 2. La característica de parcela o lote con casa, es menor al 10% en las
regiones 4,5 y 6, y se encuentran en el rango del 12,8% al 28%, las regiones 2, 3 y 1.
Total según inscripción 7.668.423 3,8 100,0
Inscritos en RUV 5.958.334 4,1 77,7
No Inscritos en RUV 1.710.089 11,2 22,3
Total según tipo de propiedad 7.668.423 3,8 100,0
Finca con casa 6.227.052 4,9 81,2
Finca sin casa 266.164 19,9 3,5
Parcela o lote con casa 989.700 7,1 12,9
Parcela o lote sin casa 123.084 19,9 1,6
Terrenos con mejoras 56.452 26,8 0,7
Otro 5.972 36,2 0,1
Fuente: I-Encuesta Nacional de Víctimas_CGR-2013; CID-UN
Hectáreas cve (%)Participación
(%)Tipo de bien
Proposición de resultado 5-19: Tipo y forma de posesión del bien.
La ENV_CGR-2013 estima que el 81,2% del despojo se hizo sobre fincas con casa, y el
12,9% en parcelas o lotes con casa.
180
Cuadro 5.18 Distribución porcentual de las hectáreas de tierra despojadas o abandonadas a la población desplazada entre 1984 y 2013, por región.
5.4.4 Forma de la propiedad de los despojados
Uno de los aspectos que caracteriza la situación del conflicto en Colombia, el cual incluye
entre sus variables principales los conflictos por la tierra, es que no existe, por parte de los actores
en conflicto el respeto a los derechos de propiedad jurídica establecidos por la Constitución y las
leyes. La I-ENV_CGR-2013 revela así, que entre 1985 y 2013, el 74,4% de los bienes raíces
abandonados, despojados o forzados a abandonar eran propiedad del grupo familiar desplazado,
esto es cerca de 428.741 grupos familiares, siendo indistinto que se encuentren dentro o fuera del
RUV; luego están los grupos familiares que declaran ser despojados de terrenos heredados con un
7,6% (43.796 familias aproximadamente), los cuales, sumados a los anteriores configuran un
grupo poblacional del 82% cuya condición era la de ser propietarios rurales. Una consecuencia de
ello es, tanto el surgimiento de nuevos propietarios, que incluso pueden ser también víctimas del
conflicto político, como en caso del sur del departamento de Magdalena donde grupos
Reg
ión
1
cv
e (
%)
Reg
ión
2
cv
e (
%)
Reg
ión
3
cv
e (
%)
Reg
ión
4
cv
e (
%)
Reg
ión
5
cv
e (
%)
Reg
ión
6
cv
e (
%)
100,0% 3,8 23,9% 8,8 15,0% 8,5 9,6% 11,0 19,9% 7,4 14,8% 10,7 16,8% 12,6
Finca con casa 81,2% 4,9 78,5% 11,3 65,2% 13,4 71,4% 15,0 84,8% 8,9 90,9% 12,7 92,2% 15,1
Finca sin casa 3,5% * 6,1% * 2,0% * 4,9% * 3,8% * 2,1% * 1,0% *
Parcela o lote con casa 12,9% 7,1 12,8% 16,1 27,7% 12,6 22,2% 18,2 9,4% 16,5 4,0% * 6,5% *
Parcela o lote sin casa 1,6% 19,9 2,0% * 4,7% * 0,7% * 0,8% * 1,2% * 0,1% *
Terrenos con mejoras 0,7% * 0,5% * 0,3% * 0,7% * 1,2% * 1,6% * 0,2% *
Otro 0,1% * 0,0% * 0,2% * 0,1% * 0,0% * 0,2% * 0,0% *
Fuente: I-Encuesta Nacional de Víctimas_CGR-2013; CID-UN
Nota: Por la naturaleza del problema, la CGR ha creído necesario en este caso del despojo por regiones, que cuatro de los valores obtenidos en el coeficiente de variación supera el 15%
* Información estadisticamente no significativa
Total
Regiones
Total
NacionalTipo de bien
Región 1: Antioquia y Chocó; Región 2: Atlántico, Bolívar, Córdoba y Sucre; Región 3: Magdalena, Cesar, La Guajira, Norte de Santander; Región 4: Buenaventura,
Caquetá, Cauca, Nariño, Putmayo; Región 5: Bogotá, Valle del Cauca (sin Buenaventura), Santander, Tolima, Caldas, Quindio, Risaralda, Cundinamarca, Boyacá;
Región 6: Meta, Arauca, Guaviare, Vichada, Vaupés, Guanía, Amazonas.
cve (%)
Proposición de resultado 5-20: Despojo por tipo y región.
Por regiones el resultado del despojo de fincas con casa es el más significativo en todos los
casos. Las regiones 1, 2 y 3 (Chocó y Antioquia y toda la Costa norte) presentan distribuciones
significativas para la variable parcela o lote con casa entre el 12,8% y el 27%.
181
paramilitares repoblaron el territorio, despojando a unos campesinos e imponiendo la presencia de
otros; otra consecuencia, es la referida a la concentración de la propiedad territorial, en nuevos
dueños, cuya legitimidad tendrá que ser valorada por la justicia, ya sea por el mecanismo
transicional contemplado en la Ley 1448 de 2011 o por la justicia ordinaria.
Cuadro 5.19. Porcentaje de bienes raíces abandonados, despojados o forzados a abandonar. Grupos familiares desplazados a partir de 1985, por condición de inscripción RUV.
Según forma de tenencia de la tierra.
Luego sigue un 14% de los bienes despojados que están bajo cuatro formas de tenencia
(Cuadro 5.19): como usufructuario el 5,9%, como ocupante de hecho el 3,0%, como poseedor el
3,2% y como ocupante de baldío el 2,0%. Estas situaciones distintas, son sinónimo de la falta de
claridad en la forma como los campesinos históricamente han ocupado el suelo para la producción
de su sustento. Son formas en las cuales, no hay escrituras o títulos que certifiquen la situación
jurídica del grupo familiar con respecto al bien.
Propietario (a) 74,4 1,7 74,5 1,8 74,0 4,9
Con Escritura Registrada 27,8 5,3 27 5,7 33,2 13,6
Con Otro documento 38,7 4,1 38,5 4,4 40,6 11,7
Sin soporte 33,5 4,6 34,5 4,8 26,2 16,2
Heredero 7,6 9,9 7,6 10,5 7,0 *
Usufructuario 5,9 11,3 5,6 12,3 7,4 *
Ocupante de hecho 3,0 16,2 3,1 16,8 2,1 *
Poseedor (a) 3,2 15,5 3,5 15,9 1,6 *
Ocupante de baldío 2,0 19,8 1,7 * 4,0 *
Propietario colectivo en territorio étnico 0,3 * 0,3 * - *
Otro propietario colectivo 0,6 * 0,7 * 0,2 *
No sabe 3,0 3,0 3,5
100,0 100,0 99,8
Fuente: I-Encuesta Nacional de Víctimas_CGR-2013; CID-UN
* Información estadisticamente no significativa
cve (%)Forma de tenencia de la tierra abandonada,
despojada o forzada a abandonarTotal cve (%)
Inscritas
RUVcve (%)
No Inscritas
RUV
Proposición de resultado 5-21: Forma de tenencia de la tierra despojada
La forma de tenencia de la tierra, revela que la población desplazada en un 74,4% eran
propietarios, 7,6% herederos y el 5,9% generaban un usufructo del terreno.
182
Por años de tenencia del bien, en el momento del desplazamiento, los herederos declararon
haberlo sido en promedio desde hacía 24,3 años; los propietarios desde hacía 16,9 años; los
poseedores 15,5 años, los ocupantes de baldíos 14,7 años; los ocupantes de hecho 11,9 años;
finalmente, los propietarios colectivos declararon la tenencia del bien en un periodo superior a los
diez años (Cuadro 5.20).
Cuadro 5.20 -Años promedio de posesión de los bienes raíces rurales de grupos familiares desplazados a partir de 1985, por condición de inscripción en el RUV, según forma de tenencia del bien.
A lo anterior se agrega que el 5,3% de los grupos familiares desplazados (73.595 familias),
declararon que tenían deudas, la mayoría de ellos (40%) con la antigua Caja Agraria.
5.4.5 Los daños materiales y morales
Complementado con la pérdida de la tierra está la pérdida de los bienes y la pérdida de las
condiciones emocionales y de un estado anímico apropiado para llevar una vida sana y normal. A
lo primero, lo llamaremos los daños materiales y a lo segundo los daños morales asociados.
Heredero 24,3 6,9 24,0 7,4 26,1 *
Propietario (a) 16,9 2,1 16,9 2,2 16,3 5,9
Poseedor (a) 15,5 9,2 15,7 9,6 12,7 *
Ocupante de baldío 14,7 12,5 15,8 13,7 11,8 *
Ocupante de hecho 11,9 9,7 12,4 10,3 6,7 *
Propietario colectivo en territorio étnico 14,4 * 14,4 N.S 15,0 *
Otro propietario colectivo 10,0 * 10,4 N.S 1,4 *
Fuente: I-Encuesta Nacional de Víctimas_CGR-2013; CID-UN
* Información estadisticamente no significativa
Total Inscritos en el RUV No Inscritos en el RUV
Forma de tenencia del bienAños
Promediocve (%)
Años
Promediocve (%)
Años
Promediocve (%)
Proposición de resultado 5-22: Años de tenencia del bien despojado
Los años promedio de posesión superan en todos los tipos de propiedad los diez años: los
herederos 24,3 años, los propietarios 16,9 años, los poseedores 15,5 años, los ocupantes de
baldíos 14,7, ocupantes de hecho 11,9 años.
183
Los daños materiales ocurrieron sobre la tierra, la vivienda, locales, bodegas, animales y
los ingresos derivados del trabajo (Gráfico 5,6). En total el 41,5% de los grupos familiares, es
decir, 576.265 familias (equivalentes a 2.328.973 personas) declaro haber perdido tierras, de ellas
503.944 están inscritas en el RUV y 72.214 en no RUV.
Gráfico 5.6. Porcentaje de grupos familiares desplazados a partir de 1985, por condición de inscripción RUV. Según daños materiales sufridos a causa del desplazamiento
A la tierra se agregó la pérdida de la vivienda en un 47,4% (658.192 familias); de otros
inmuebles, locales, bodegas y lotes urbanos en un 9,5% (131.916 familias); igualmente, de bienes
muebles y animales en un 76,0% (1.055.329 familias); finalmente, ocurrió la pérdida del trabajo o
de la fuente que le permitía a las familias acceder a ingresos o a ganancias en un 82,7%,
equivalentes a 1.148.365 grupos familiares, o lo que es lo mismo, el desplazamiento condujo a la
pérdida de las fuentes de ingreso para el sostenimiento de al menos 4.641.111 personas. También
hubo la perdida de casas o casa lotes (94,6%) o indistintamente de uno o más lotes, bodegas,
apartamentos u otros bienes (12,9%) (Cuadro 5.21).
Proposición de resultado 5-23: Daños materiales causados a las víctimas
Los daños materiales sufridos por la población desplazada son valorados por ellos en orden
de importancia así: el empleo, los bienes muebles o animales, la vivienda, la tierra y en
último lugar otros inmuebles urbanos.
184
Cuadro 5.21. Porcentaje grupos familiares desplazados a partir de 1985, por condición de inscripción RUV Según bienes raíces o inmuebles que tenían, diferentes a bienes raíces rurales
Al indagar por la situación de los bienes raíces (tanto rurales como urbanos) que tenía la
población en situación de desplazamiento forzado en el momento del desplazamiento, la I-
ENV_CGR-2013 reporta que los dejaron abandonados en un porcentaje que supera el 78,1%. Entre
los que vendieron los bienes, lo hicieron en un 6.3%, de los cuales, hubo presión para su venta por
los actores del conflicto en el 2,5%, y presión por la situación de violencia en un 3,8%.
Cuadro 5.22. Porcentaje de bienes raíces rurales y urbanos que tenían los grupos familiares desplazados a partir de 1985, por condición de inscripción RUV, según situación de los bienes.
Proposición de resultado 5-24: Bienes raíces rurales pérdidos
El 94,6% de los grupos familiares tenia casa o casa lote, en un 12,9% podía llegar a tener
más de dos bienes inmuebles.
185
Las personas en situación de desplazamiento que han podido disponer de sus bienes raíces
libremente son en promedio 7,1% para los bienes rurales y en un 13,3% para los bienes urbanos.
Se trata del empobrecimiento material de los grupos familiares que, como ya se examinó en la
sección tres, apuntaló las condiciones de pobreza e indigencia de esta población de colombianos,
sumándose a los pobres históricos que el país tiene por décadas.
Pero no sólo se trata de daños ocasionados a la vida material de las víctimas, también se
trata de los daños morales que repercutieron en las personas que se vieron obligadas a desplazarse.
El sentimiento de frustración, quebranto emocional, dolor y angustia al tener que dejarlo todo, es
manifiesto en el 79,6% de los grupos familiares, es decir en al menos 4.467.139 personas; una de
las huellas que también son imborrables para los núcleos familiares es su separación o ruptura en
% cve (%) % cve (%)
Los dejaron abandonados 84,9 1,1 78,1 2,5
Los obligaron a entregarlo sin obtener nada a cambio 1,7 * 1,2 *
Los vendieron presionados por una amenaza directa 2,5 * 5,3 *
Los vendieron presionados por la situación de violencia 3,8 13,7
Los vendieron libremente 3,0 15,4 6,8 *
Los arrendaron 3,8 13,7 0,7 *
Los dejaron en medianería, aparcería o similares 0,3 *
Se lo dieron a familiares amigos para que lo cuiden 4,7 *
Lo explota directamente o por medio de un familiar
Lo tiene y lo usa 1,1 *
Esta ocupado sin su consentimiento
No sabe 0,6 *
En otra situación 1,6 *
Fuente: I-Encuesta Nacional de Víctimas_CGR-2013; CID-UN
* Información estadisticamente no significativa
Situación de los bienes raícesEn el momento del
desplazamiento
En el momento del
desplazamiento
Bienes UrbanosBienes Rurales
Proposición de resultado 5-25: Bienes rurales y urbanos abandonados o despojados
El abandono forzado y la situación de violencia es la característica predominante (84,9%)
de los bienes rurales y urbanos, tanto en el momento del desplazamiento como la situación
actual del bien.
186
un 38,6% (aproximadamente en 2.166.226 personas), condición que no ha sido correctamente
evaluada por las instituciones del SNARIV al exigir, por ejemplo, la existencia del núcleo familiar
original para el acceso a planes de atención.
Gráfico 5.7.Porcentaje de grupos familiares desplazados a partir de 1985, por condición de inscripción en el RUV. Según daños morales sufridos a causa del desplazamiento.
Otra consecuencia, ha sido la afectación en la salud mental para el 35,4% de los grupos
familiares (491.561 grupos familiares) y la pérdida de seres queridos o de personas de las que
dependía el grupo familiar. Todo ello configura un daño moral que requiere ser compensado como
una medida para acercarse a una reparación.
5.4.6 Retorno
Frente a este contexto de victimización y de persistencia del conflicto sociopolítico armado,
es importante identificar las intenciones de retorno de los grupos familiares víctimas del
Proposición de resultado 5-26: Daños morales causados a las victimas
El daño moral es otra consecuencia generada por el desplazamiento. El más significativo es
el causado como dolor, angustia frustración y quebranto emocional (79,6%).
187
desplazamiento forzado. En este punto conviene advertir que uno de los factores que más pesa en
esta decisión, además de los ya mencionados, es la histórica debilidad del Estado Social de
Derecho en el territorio.
El derecho internacional, la Ley de Víctimas y sus decretos reglamentarios (4800 y 4829
de 2011) han reconocido el derecho al retorno de las víctimas del desplazamiento y el despojo. De
acuerdo con los Principios Pinheiro:
“Todos los refugiados y desplazados tienen derecho a regresar voluntariamente a sus anteriores hogares,
tierras o lugares de residencia habitual en condiciones de seguridad y dignidad. El regreso voluntario
en condiciones de seguridad y dignidad debe fundarse en una elección libre, informada e individual. Se
debe proporcionar a los refugiados y desplazados información completa, objetiva, actualizada y exacta,
en particular sobre las cuestiones relativas a la seguridad física, material y jurídica en sus países o
lugares de origen.”88
Al mismo tiempo se reconoce que ese retorno debe hacerse de forma efectiva:
“Los refugiados y desplazados no serán obligados ni coaccionados de ningún otro modo, ya sea de
forma directa o indirecta, a regresar a sus anteriores hogares, tierras o lugares de residencia habitual.
Los refugiados y desplazados deben tener acceso de forma efectiva, si así lo desearan, a soluciones
duraderas al desplazamiento distintas del regreso, sin perjuicio de su derecho a la restitución de sus
viviendas, tierras y patrimonio.”89
Sobre esos aspectos, la reglamentación colombiana ha avanzado sustancialmente en el
reconocimiento de esos derechos. Nos corresponde ahora con esta I-ENV_CGR-2013 ofrecer un
diagnóstico que servirá de punto de referencia en relación con los avances en materia de retorno
de la población víctima el desplazamiento.
Una de las causas fundamentales de la prevalencia de los altos niveles de pobreza e
informalidad en la población víctima del desplazamiento forzado que hemos descrito en el capítulo
de caracterización, es la debilidad del Estado Social de Derecho en el territorio. Lo anterior se hace
evidente cuando se indaga por las perspectivas sobre las posibilidades del retorno. Se advierte que,
para el total de los encuestados el 74% de los grupos familiares encuestados desea permanecer en
88Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. (2005). Principios sobre la restitución de las viviendas…, p.8. 89Ibíd.,
188
la ciudad de recepción (Gráfico 5.8) en contraste con el 6,8% que desea retornar al municipio de
donde fue expulsado.
Gráfico 5.8. Porcentaje de grupos familiares desplazados a partir de 1985 Según intención de retorno, reubicación o permanencia donde están
Fuente: I-Encuesta Nacional de Víctimas_CGR-2013
La I-ENV_CGR-2013 muestra que, al comparar el lugar donde estaban al lugar donde
viven ahora, los grupos familiares reconocen en términos generales posibilidades de un mejor
bienestar en su municipio de origen, como por ejemplo, una mejor situación económica (80,7%),
condiciones ambientales más favorables (80,9%), mejores oportunidades laborales (76,6%),
alimentación (70,7%) y vivienda (65,3%). Sin embargo, también advierten la debilidad de los
sistemas de salud, seguridad y educación en el territorio del que fueron desplazados. Lo anterior
Proposición de resultado 5-27: Intensión de retorno
La I-ENV_CGR-2013 muestra que el 74% de los grupos familiares desplazados a partir de
1985 desean permanecer en la ciudad donde se encuentran y solo el 6.8% desea retornar al
municipio del cual fueron desplazados forzadamente. El 8.5% desea reubicarse en un
municipio diferente del que salieron.
189
conlleva a que la mayoría de los grupos familiares tome la decisión de quedarse en la ciudad a la
cual emigró, aunque se encuentre en graves condiciones de marginalidad.
Gráfico 5.9. Distribución porcentual de los grupos familiares desplazados a partir de 1985, que desean retornar al municipio de origen, por opinión sobre condiciones de vida, según diferentes aspectos
Es evidente entonces que si las condiciones de seguridad, salud y educación cambiaran, sí
el Estado garantizara un verdadero acompañamiento a los procesos de retorno con asistencia y
proyectos productivos, y con un fortalecimiento de los servicios básicos del Estado Social de
Derecho, muchos grupos familiares víctimas del desplazamiento forzado estarían dispuestos a
retornar. Igualmente, esto solo ocurrirá en un contexto de finalización del conflicto armado.
Proposición de resultado 5-28: Condiciones para el retorno
La encuesta muestra que la debilidad del Estado Social de Derecho en el territorio en
términos de seguridad, salud y educación es la causa fundamental por la cual la mayor parte
de los grupos familiares desplazados no desea retornar a sus municipios de origen.
190
En el universo total de las víctimas, sí las condiciones cambiaran para la población
desplazada, ellos estarían dispuestos a retornar al municipio de donde fueron expulsados o
reubicarse en una zona rural de acuerdo a ciertas condiciones. La respuesta permite evidenciar
cuales son las principales condiciones que debe garantizar la institucionalidad a nivel nacional
para que la población víctima retorne o se reubique en zonas rurales de las cuales han sido
expulsados. Solamente el 10,7% (148.579 grupos familiares) respondió afirmativamente, si se
cumplen algunas condiciones.
Así, ese 10,7% a nivel nacional considera como la razón más importante para el retorno o
reubicación, el hecho de que se les garantice vivienda en un 45,2% (67.157 grupos familiares
aprox.). Estos resultados debe ser vistos a la luz del registro realizado por la Encuesta de Calidad
de Vida realizada por el DANE en 201390donde se muestra que a nivel nacional tan solo el 43,0%
de los hogares colombianos tienen vivienda propia y totalmente pagada, lo que indica que
entidades como el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través de Fonvivienda, en el caso
de vivienda urbana, y al Banco Agrario de Colombia (Gerencia de Vivienda) en el caso de vivienda
rural, tienen un gran reto para dar cumplimiento, en este caso, al mandato de reparar un daño
causado y no sólo el de cubrir la necesidad de un bien escaso.
Otra de las razones por las que ese 10,7%, de la población estaría dispuesta a retornar, y
que genera gran preocupación es que el 38% (56.460 grupos familiares aprox.) señala que lo haría
si les dieran condiciones de seguridad, cabe destacar que de ese porcentaje el 41,5% (52.283
grupos familiares aprox.) corresponde a la población RUV, y el 20,4% (4.608 grupos familiares
aprox.) a la población no inscrita en el RUV. En este caso, se trata también de llamar la atención
de instituciones como el Ministerio de Defensa, la Fiscalía además de la UARIV y la Unidad de
Tierras.
Cuadro 5.24. Porcentaje grupos familiares desplazados a partir de 1985, por condición de inscripción RUV. Según razones principales para retornar al lugar de origen o reubicarse en una zona rural.
90 ECV del DANE en: http://www.dane.gov.co
191
Sobre este particular, vale la mención acerca de algunas acciones gubernamentales
realizadas. En el informe de gestión presentado por el Ministerio del Interior 2012-2013,91 se
revela que a través de la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial y su Subdirección de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, ha asistido a las autoridades territoriales en la formulación
de los planes integrales seguridad y convivencia ciudadana, señala que asistió a 60 municipios de
24 departamentos en la formulación de planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana en
91 Informe de gestión presentado al Congreso de la República por el Ministerio del Interior 2012-2013
% cve (%) % cve (%) % cve (%)
Están dispuestos a retomar o reubicarse en zona rural 10,7 5,1 10,5 5,6 11,9 12,5
1. Les dieran vivienda 45,2 5,8 45,6 6,3 43,6 15,1
2. Les dieran condiciones de seguridad 38,0 6,7 41,5 6,8 20,4 *
3. Tuvieran empleo 37,3 6,8 40,1 7,0 23,2 *
4. Les financiaran un proyecto productivo 23,7 9,4 23,1 10,5 26,7 *
5. Tuvieran educación para los hijos 20,3 10,4 21,3 11,0 15,1 *
6. Les restituyeran su tierra 19,6 10,7 21,4 11,0 10,4 *
7. Les asignaran tierra en su mismo municipio 9,3 * 10,2 * 5,2 *
8. Tuvieran acceso a salud 8,8 * 8,4 * 11,2 *
9. Les dieran crédito 7,2 * 7,9 * 3,6 *
10. Otra razón 4,8 * 4,9 * 4,3 *
11. Construyeran o mejoraran las vías de acceso 3,2 * 3,4 * 2,2 *
12. Les asignaran tierra en un municipio diferente de
donde salió3,1 * 3,4 * 1,4 *
Fuente: I-Encuesta Nacional de Víctimas_CGR-2013; CID-UN
* Información estadisticamente no significativa
Disposición a retornar y razones para hacerloTotal
Inscritos en el
RUV
No Inscritos en el
RUV
Proposición de resultado 5-29: Deseo de retorno
La respuesta frente a la disposición a retornar si las condiciones cambiaran sólo es
respondida positivamente por el 10,7% de los grupos familiares, no muy distinta de los que
antes han dicho que desearían retornar.
192
2012, y en 2013 ha acompañado a municipios de cinco departamentos del país, también informa
que sensibilizó a 32 gobernaciones y 1.102 alcaldías en lo referente a los planes integrales de
seguridad y convivencia ciudadana. Es claro, que la decisión del gobierno de llegar a un acuerdo
de paz, es la vía principal para desactivar las condiciones de inseguridad en el territorio. Otro
resultado importante que revela la Encuesta, y que constituye razones para el 10,7% que desea
retornar es el empleo, donde el 37,3% (55.419 grupos familiares aprox.), retornaría si lo tuvieran.
No obstante las tres condiciones anteriores (vivienda, seguridad y empleo), para el 23,7%
(35,213 grupos familiares aprox.) de los que retornarían si les financiaran un proyecto productivo.
Al respecto, los datos arrojados en el informe de actuación especial92Política pública de formación,
generación de empleo, generación de ingresos, proyectos productivos, y estabilización
socioeconómica de la población víctima del conflicto armado 2010-2014, realizada por el equipo
de la CGR muestra que los recursos se concentran en ciertas regiones y asociaciones específicas
que son atendidas por varias entidades y programas, mientras que gran parte de la población
permanece sin apoyo para emprender y/o mantener proyectos productivos, adicionalmente, las
condiciones de seguridad en los territorios ponen en riesgo la sostenibilidad de los proyectos
productivos y en algunas regiones aún no hay condiciones de seguridad que permitan el retorno
por lo que les hace más difícil acceder a los proyectos.
Otra de las razones que motivan el retorno de la población según la I-ENV_CGR-2013
indica que el 20,3% (30.161 grupos familiares) de los que regresarían al lugar del que fueron
despojados si tuvieran educación para los hijos. En orden de importancia le siguen las respuestas
de los grupos familiares desplazados que quieren retornar así: 19,6% retornarían si les restituyeran
su tierra (29.121 grupos familiares), 9,3% si les asignaran tierra en su mismo municipio, 8,8% si
tuvieran acceso a salud, 7,2% si les dieran crédito 3,2% si les construyeran o mejoraran las vías de
acceso y por otra razón distinta 4,8%.
92Informe de actuación especial “Política pública de formación, generación de empleo, generación de ingresos, proyectos productivos y estabilización socioeconómica de la población víctima del conflicto armado, vigencias 2010-2014”, realizada por el equipo de la Contraloría General de la Republica, a julio de 2014.
193
Lo anterior plantea una problemática sobre la dirección de la política de restitución, en el
sentido de evaluar, si en lugar de un retorno masivo, lo que la población necesita es la reubicación
y la generación de condiciones para desarrollar un proyecto de vida. Tanto en el caso de la pregunta
de, sí desea retornar, como sí las condiciones cambiaran, las víctimas desplazadas dan evidencia
de una muy baja tasa de respuesta y prefieren el nuevo lugar de asentamiento. No puede, sin
embargo, generalizarse debido a que se debe primero determinar las rutas del desplazamiento,
como se hace en la primera parte de este informe para saber la dirección que por regiones tomó el
desplazamiento.
Gráfico 5.10. Distribución porcentual de los grupos familiares desplazados a partir de 1985 que perdieron bienes y su intensión de retorno.
Otra forma de examinar el tema del retorno es clasificando la población entre los que tenían
bienes y los que no (Gráfico 5.10). En ese caso, la respuesta para el retorno mejora un poco para
los que tenían bienes. Como hemos señalado, el total de grupos familiares víctimas son 1.388.591
de los cuales 578.481 tenían bienes raíces (41,6%), de ellos 537.503 grupos familiares perdieron
bienes. Cuando se indaga por la intensión de retorno en este universo poblacional el resultado sube
levemente al 7,1%, la reubicación al 10,2% (Gráfico 5.10, panel 1). Al especificar un poco más la
muestra y se indaga por aquellos encuestados que inscribieron el bien perdido (44.023 grupos
familiares correspondiente al 8,1% de los que perdieron bienes), la respuesta por la intensión de
retorno se incrementa al 15,3% y la reubicación se sube igualmente al 13,5% (Gráfico 5.10, panel
2). Visto en términos del IGED, el resultado es el siguiente:
Intensión de retorno
Grupos familiares que perdieron bienes Grupos familiares que inscribieron el bien que perdieron en el RUT
Fuente: I-ENV_CGR-2013
Permanecer en
esta ciudad,
72,8
Reubicarse en
un municipio
diferente de
donde
salieron, 10,2
No lo han
definido aún, 8
Regresar
(retornar) al
municipio de
donde
salieron, 7,1
reubicarse en
otro país, 1,6
Ya retornaron,
0,3
Permanecer en
esta ciudad,
60,9
Regresar
(retornar) al
municipio de
donde salieron,
15,3
Reubicarse en
un municipio
diferente al de
donde salieron,
13,5
No lo han
definido aún,
9,2
Reubicarse en
otro país, 1,144.023
Grupos Familiares
537.503
Grupos Familiares
194
5.4.6.1 IGED –Retorno y reubicaciones
Nombre del indicador
Todos los hogares víctimas del desplazamiento forzado con intención de retornar o reubicarse, que han solicitado apoyo del gobierno, lo han recibido y lo han logrado.
Formula Número de hogares víctima de desplazamiento forzado incluidos o cesados en el RUPD, que han solicitado apoyo del gobierno para retornar o reubicarse, lo han recibido y lo han logrado/Número de hogares víctima de desplazamiento forzado incluidos o cesados en el RUPD, que han solicitado apoyo del gobierno para retornar o reubicarse.
Alcance *Es una aproximación al indicador ya que la ENV-CGR 2013 no toma información sobre solicitud de ayuda por parte del gobierno a los grupos familiares que han retornado. * Como numerador se toman todos los grupos familiares que han retornado y han recibió algún incentivo o ayuda del Gobierno Nacional para realizarlo. Cómo denominador se toman los grupos familiares que ya han retornado. *Por efectos operativos se asimilan los hogares a grupos familiares. *Este indicador aplica sólo para grupos familiares inscritos en el RUV
Nivel Grupos familiares
Desplazados incluidos en el RUV
Numerador 1,719.90 Denominador 25,996.40 Estimación 6.6 c.v.e. (%) 51.6
195
6 Institucionalidad del Sistema Nacional de Atención y Reparación
Integral a las Víctimas (SNARIV)
6.1 Marco normativo
La reiterada vulneración de los derechos fundamentales a la población desplazada en
Colombia, sumada a la incapacidad institucional para enfrentar las consecuencias jurídicas y
sociales del desplazamiento forzado, produjeron un hecho jurídico de gran trascendencia: la
Sentencia T-025 de 2004, acto mediante el cual la Corte Constitucional declaró la existencia de un
ECI. A partir de esta Sentencia, la Corte Constitucional ha expedido varios autos de seguimiento,
en los que se ha establecido que para declarar la superación de este estado de cosas
inconstitucional, se requiere la garantía efectiva de los derechos de la población desplazada, la cual
ha sido afectada por la ausencia de políticas públicas, la falta de capacidad institucional y la
insuficiencia de recursos asignados93.
En la citada Sentencia, la Corte Constitucional impartió órdenes a las entidades del Estado
que en ese momento conformaban el SNAIPD (el sistema nacional de atención a la población
desplazada), mediante las cuales advertía sobre la necesidad de que se lograra una mayor
coordinación entre ellas lo cual redundaría en una mejor atención a las personas víctimas. En
efecto, esta Sentencia permitió detectar serios problemas de estructura en las entidades
gubernamentales, cuya solución trascendía lo meramente organizacional y subrayaba la necesidad
de trabajar los aspectos administrativos y presupuestales. La Corte Constitucional ha efectuado
seguimiento especial a esta Sentencia como se destaca de manera especial en el auto 219 de 2011,
a través del cual el alto tribunal advierte: “que la declaratoria del estado de cosas inconstitucional
continúa a pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno Nacional y de los resultados
obtenidos”. Además, subraya la Corte Constitucional que tales resultados “no alcanzan a demostrar
un avance sistemático e integral en el goce efectivo de todos los derechos de la población víctima
del desplazamiento forzado, ni en la superación de las condiciones que dieron lugar a tal
declaratoria”.
93Concepto ratificado en el numeral 4 de los antecedentes del considerando del Auto 219 de 2010 de la Corte Constitucional.
196
Como respuesta del Gobierno Nacional, se promulgó la Ley 1448 de 2011 y sus decretos
reglamentarios, en los cuales se establece la estructura organizacional nacional y territorial para
atender los requerimientos de la Política de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las
Víctimas del Conflicto Armado Interno. Dicha estructura atiende, según la misma ley a los
principios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad. Esta ley, en su artículo 159 y
siguientes, estableció la creación y conformación del Sistema Nacional de Atención y Reparación
Integral a las Víctimas (SNARIV), como una gran estructura jurídica del Estado para enfrentar las
consecuencias sociales del conflicto armado interno que aún persiste en Colombia.94
Esta norma se complementó con la expedición del Decreto 790 del 2012 que permitió el
traslado de las funciones del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada
por la Violencia – SNAIPD, al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas
y del Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada – CNAIPD, al Comité
Ejecutivo para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
El SNARIV se encuentra constituido a la fecha por 47 entidades públicas del nivel
gubernamental del orden nacional, entidades territoriales y otras organizaciones públicas
encargadas de formular o ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones específicas
tendientes a la atención y reparación integral de las víctimas.95
6.2 Percepción de las víctimas sobre el SNARIV
La I-I-ENV_CGR-2013, permite conocer las impresiones de la población víctima del
desplazamiento forzado en el tema institucional a través de dos caminos: 1)a través de la
calificación de la atención otorgada por las instituciones que pertenecen al SNARIV frente a los
diferentes servicios que demanda la población víctima96 en cada uno de los componentes de la
94Hay que tener en cuenta que como base de este sistema se encontraba el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, establecido por la Ley 387 de 1997 y en cuyo articulado se define de manera amplia la condición de persona desplazada y la responsabilidad del Estado frente a esta problemática. 95Al respecto ver: http://www.unidadvíctimas.gov.co/index.php/en/acerca-de-la-unidad/snariv. Consulta realizada el día 17 de julio de 2014. 96 Lo que será desarrollado en el análisis de cada uno de los componentes de la política.
197
política pública diseñada para la implementación de la Ley 1448 de 2011 y sus decretos
reglamentarios; y 2) a través de algunas consideraciones generales y de tipo transversal que
permiten vislumbrar como está accediendo la población en términos de conocimiento de la
institucionalidad por parte de la población víctima, accesibilidad a las instituciones, confianza en
la institucionalidad, acceso a programas de gobierno, principales entidades que han contribuido a
restablecer la dignidad de las víctimas del desplazamiento y retos para la institucionalidad en
la Ley de Víctimas.
De acuerdo con estos factores se abordará el análisis sobre la institucionalidad
especificando en cada una de las preguntas, las entidades relacionadas con la prestación de los
servicios.
6.2.1 Conocimientos de la institucionalidad por la población víctima
A partir de un análisis transversal de los resultados de la I-I-ENV_CGR-2013, se realizaron
algunas inferencias sobre preguntas que se consideraron de gran importancia para establecer si la
población víctima es o no conocedora de las instituciones, y en consecuencia pudiera acceder a los
servicios por ellas ofrecido.
Dentro de la I-ENV_CGR-2013 existen cifras importantes, que permiten identificar
algunas de las dificultades encontradas por la población víctima para no denunciar, no declarar
para ser inscrito en el RUV, no solicitar reparaciones por daños o no denunciar penalmente. De
acuerdo con los resultados de la I-ENV_CGR-2013, los siguientes factores son los más
determinantes:
Desconocimiento de sus derechos adquiridos en virtud de su condición especial. Eso
se resume en respuestas como: “No sabían que tenían que hacerlo” o “No sabía que tenía
derecho”.
Desconocimiento de la autoridad a quien pueden acudir para exigir sus derechos. Lo
que se encuentra en respuestas específicas como “No sabían cómo ni ante quien hacerlo”.
198
En la gráfica 6.1 se detallan algunas de las situaciones que específicamente se relacionan
con estos criterios de desconocimiento.
Grafica 6.1. Desconocimiento de Derechos o Rutas de Atención
Grupos familiares desplazados no
inscritos en el RUV : 211.152
Total de grupos familiares de personas desplazadas:
1.388.591
Bienes raíces rurales perdidos o
abandonados: 554.624
No inscritos porque nunca declararon: 78,0% (cve 2,4%)
Grupos que no pusieron denuncia
penal por el desplazamiento: 92,8% (cve 0,5%)
Grupos que no han solicitado reparación
por los daños sufridos:
88,6% (cve 0,6%)
Bienes sobre los cuales no se han
tomado acciones para su recuperación: 75,4% (cve 1,6%)
No declararon porque no sabían que tenían
que hacerlo: 25.7% (cve 8.8%)
No declararon porque
no sabían cómo ni ante quién hacerlo:
30,0% (cve 7.9%)
No pusieron la denuncia porque no sabían que podían
hacerlo: 44,0% (cve 2,1%)
No pusieron la
denuncia porque no saben cómo ni ante
quién hacerlo: 34,6% (cve 2,5%)
No han solicitado reparación porque no
sabían que podían hacerlo:
40,3% (cve 2,3%)
No han solicitado reparación porque no saben cómo ni ante
quién hacerlo: 42,9% (cve 2,2%)
No se han tomado acciones porque no
saben que tienen derecho:
15,6% (cve 7,3%)
No se han tomado acciones porque no
saben cómo hacerlo: 34,2% (cve 4,4%)
Fuente: I-ENV_CGR-2013; CID-UN
Respecto a la temática de la declaración de la población víctima, respondida por los
grupos familiares no inscritos en el RUV, que ascienden a 211.152, puede evidenciarse que
el 78%, nunca declararon, y de estos, el 25,7% no sabía que tenía que hacerlo y el 30,0%
no sabía cómo ni ante quien hacerlo.
En el tema de justicia, se evidenció que de 1.388.591 grupos familiares víctimas de
desplazamiento forzado, el 92.8%, no ha puesto la denuncia penal por ese hecho
victimizante y de este porcentaje, el 44% no hizo la denuncia porque no sabía que podía
hacerlo y el 34,6% porque no sabía cómo ni ante quien hacerlo.
199
En el componente de reparación por los daños sufridos, se evidencia un
desconocimiento de la población víctima de sus derechos, dado que de 1.388.591 grupos
familiares, el 88,6% no ha solicitado reparación por los daños sufridos, y de estos, el 40,3%
no sabía que podía hacerlo y el 42,9% no sabía cómo ni ante quien.
En el marco de la temática de restitución de tierras, se encontró que de un total de
bienes perdidos de 554.624, un 75,4 % no tienen acciones para recuperarlos, de éstos, el
34,2% tuvo como motivo principal el no saber cómo hacerlo y el 15.6% el no saber que se
tenía derecho.
Estos resultados muestran que existe un grave desconocimiento por parte de las víctimas de sus
derechos en general, y de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en particular. Lo anterior a
pesar de los esfuerzos realizados por ciertas instituciones del SNARIV en términos de
capacitación. En efecto, según información reportada por las entidades del SNARIV a la
Contraloría General de la República, en el marco del proceso de seguimiento y monitoreo a la Ley
1448 de 2011, es de resaltar lo siguiente97:
La UARIV ofreció en 2013, 179 eventos de capacitación en temáticas como: Ruta de
asistencia, atención y reparación integral a víctimas (54), Enfoque diferencial (47), Ley 1448 de
2011 y sus decretos reglamentarios (19). En lo corrido de 2014 se reportaron 807 eventos de
capacitación principalmente en las temáticas de Registro en Sistemas de Información (183), Ley
1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios (138) y Enfoque Psicosocial (78).
Para 2013, la Unidad de Gestión de Restitución de Tierras ofreció 21 capacitaciones sobre
temáticas como Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios y Enfoque Diferencial. Con corte
a Junio de 2014 han realizado 6 eventos de capacitación, principalmente en las temáticas de Rutas
de Asistencia, Atención y Reparación Integral a Víctimas y Restitución de Tierras.
97 Encuesta Institucional SNARIV, realizada por la Contraloría General de la República, cortes 31 Diciembre de 2013 y Junio 30 de 2014.
200
A este respecto se observa que si bien por parte de la UARIV, se ha intensificado la
capacitación ofrecida principalmente en temáticas como rutas de asistencia, atención y reparación
integral a víctimas, Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios y Enfoque Psicosocial,
necesarios para que las instituciones y la población se informen y puedan hacer efectiva su
participación en términos de derechos en el marco de la ley, es necesario ampliar los beneficiarios
e intensificar dichas actividades e implementar mecanismos estructurados de difusión clara de la
información, a fin de que el desconocimiento de los derechos por parte de la población víctima no
se convierta en una barrera de acceso a los servicios creados por la ley especialmente para ellos.
6.2.2 Acceso a las instituciones
Al revisar las opciones de respuesta en lo que se refiere a barreras de acceso a las
instituciones o los programas, la población que relaciona estas dificultades con la distancia o
recorrido a los sitios de atención es menor al 1,0% en la mayoría de los casos, siendo estos
resultados no significativos estadísticamente. Es de advertir que este resultado va en línea con el
desconocimiento de los derechos y de la existencia de las instituciones encargadas de garantizarlos:
si no se conoce la institución encargada de prestar el servicio, puede ser que ésta se encuentre muy
lejos de la población o muy cerca, pero no se percibe su distancia.
6.2.3 Confianza en la institucionalidad
Otro de los factores a analizar para inferir que la población víctima no está acudiendo a las
entidades para ejercer los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral contemplados
en el artículo 1° de la Ley 1448 de 2011, es la falta de confianza en la institucionalidad. En la I-
ENV_CGR-2013, esta pregunta se realiza de forma directa en temáticas como las denuncias
interpuestas por la población en temas de desaparición forzada de familiares, denuncias penales
por el delito de desplazamiento forzado, indemnización administrativa y reparación de los daños.
En la pregunta sobre la desaparición forzada de familiares: ¿Por qué razón principal no
pusieron en conocimiento de las autoridades este hecho? Las estimaciones indican que del total de
1.388.591 grupos familiares, el 15,1% ha sido víctima de dicho delito, y de éstos grupos familiares
el 37,4%, no puso en conocimiento a las autoridades del hecho. Las causas para no hacerlo son:
201
falta de confianza en la justicia (2.1%), miedo a represalias (57,7%), amenazas directas (15,0%)
o no sabían cómo hacerlo (13,8%).
Al indagar por la razón principal para no solicitar indemnización administrativa por hechos
victimizantes diferentes al desplazamiento, la falta de confianza en las entidades estatales se ubica
en 6,3%, respuesta con una prevalencia estadísticamente no significativa. En las temáticas de
reparación y denuncia penal por el delito de desplazamiento se observa el mismo comportamiento
con prevalencias inferiores al 5,0% y estimaciones estadísticamente no significativas.
En conclusión, si bien en la encuesta se observa que una proporción de los encuestados
percibe la falta de confianza en la institucionalidad como una barrera para el acceso a sus derechos,
esta respuesta no es significativa en términos estadísticos.
6.2.4 Participación en programas de gobierno
El Gobierno Nacional desde las entidades del SNARIV, implementa programas para la
atención y reparación integral a la población víctima, en este ámbito la I-ENV_CGR-2013 indagó
sobre la participación en programas gubernamentales cómo: Familias en Acción, Red Unidos,
Programa para madres lactantes, Familias en su tierra, Retornar es Vivir, programas de apoyo o
ayuda para superar los daños físicos, emocionales entre otros. En la gráfica 6.2 se detallan los
resultados que se refieren a estas temáticas.
Gráfica 6.2. Participación en diferentes programas del gobierno
Total de hogares de personas desplazadas con
menores de 7 años: 689.381
Total de hogares de personas desplazadas con
menores de 10 años: 857.626
Total de hogares de
personas desplazadas: 1.315.975
202
Hogares con personas menores de 7 años que
reciben subsidios de nutrición de familias en
acción: 66,0% (cve 2,5%)
Hogares con personas menores de 10 años que
reciben subsidios de nutrición de familias en
acción: 63,7% (cve 2,4%)
Hogares con personas desplazadas beneficiarios
de la RED UNIDOS: 30,4% (cve 3,7%)
Total de mujeres desplazadas lactantes:
162.067
Total de personas desplazadas:
5.611.984
Grupos familiares inscritos en el RUV que conocen sobre los programas de
retorno: 166.097
Mujeres lactantes que recibieron alimentos por parte de algún programa para madres lactantes:
16,9% (cve 12,8%)
Personas que hacen parte de algún programa para
superar los daños físicos o emocionales causados por
el desplazamiento: 1,2% (cve 8,7%)
Grupos familiares inscritos en el RUV que han
participado en programas de retorno:
12,4% (cve 13,1%)
A nivel general se puede evidenciar la relación entre la población víctima del
desplazamiento forzado y su participación en programas sociales del gobierno como la red unidos
o familias en acción. Sin embargo, la estrategia que consiste en redireccionar hacia las víctimas
una parte de la oferta social con la cual el gobierno pretende enfrentar la pobreza en general, tiende
a invisibilizar las necesidades particulares de esta población. Lo anterior es notorio, por ejemplo,
cuando se pregunta por los programas para superar los daños físicos o emocionales causados por
el hecho victimizante: solo el 1.2% de las víctimas hacen parte de un programa con estos objetivos.
Frente al tema del retorno, la situación también es preocupante. Ante la pregunta: ¿Conocen
los programas del Gobierno para apoyar el retorno de la población desplazada, como Familias en
su tierra y Retornar es vivir? (pregunta realizada a los grupos familiares inscritos en el RUV y que
no ha retornado al lugar de donde fueron desplazados, es decir al 97,8% de los grupos familiares
víctimas del desplazamiento forzado) solo el 14,5%, es decir 166.972 de entre ellos conocen los
programas de gobierno para apoyar el retorno, y de estos solo el 12,4% (20.704) reportan haber
participado.
203
En el gráfico 6.3, se evidencia la evolución desde 1985 hasta el año 2013 sobre la
participación en programas para el retorno de los grupos familiares víctimas del desplazamiento
forzado inscritos en el RUV:
Gráfico 6.3 Grupos familiares inscritos en el RUV que no han retornado, por participación en planes de retorno. Según año del último o único desplazamiento.
En general se observa la baja participación de las víctimas en estos programas, lo cual
evidencia la debilidad de este componente dentro de la legislación para las víctimas. Es cierto que
existen causas estructurales que limitan la tendencia al retorno de las víctimas del desplazamiento
forzado, como por ejemplo, la estructura etaria de esta población, pero también es cierto que, sí el
Estado garantizara un verdadero acompañamiento a los procesos de retorno con asistencia y
proyectos productivos98, y con un fortalecimiento de los servicios básicos del Estado Social de
Derecho, muchos grupos familiares víctimas del desplazamiento forzado estarían dispuestos a
retornar. Igualmente, esto solo ocurrirá en un contexto de finalización del conflicto armado.
6.2.5 Entidades que han contribuido a restablecer la dignidad a las víctimas
98 Como la CGR ha tenido oportunidad de evidenciarlo en sus ejercicios de control fiscal, la política de generación de ingresos y proyectos productivos está desarticulada y adolece de una dirección clara, por lo cual, el tema del retorno se vería afectado por falta de una dirección clara por parte del Estado.
19,4 17,1 11,5 9,9
80,6 82,9 88,5 90,1
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1985 a 1997 1998 1999 a 2004 2005 enadelante
Ha participado No ha participado
204
En los resultados de la I-I-ENV_CGR-2013, no solo se pueden establecer diferentes tipos
de ayudas que ha recibido la población víctima como: ayuda inmediata, ayuda humanitaria de
emergencia, alimentos, subsidios, medidas de protección, indemnización, medidas de satisfacción
entre otros, sino que también se evidenció un resultado específico que nos da indicios sobre
algunas instituciones o entidades que han contribuido o no en forma significativa a restablecer la
dignidad de esta población. Así, ante la pregunta, ¿Ustedes consideran que algunas de las
siguientes instituciones han contribuido a restablecer su dignidad y su buen nombre, recuperar su
tranquilidad o mitigar su dolor? Se encontraron los siguientes resultados:
Gráfico 6.4. Grupos familiares desplazados, por opinión sobre la contribución de diferentes entidades e instituciones para restablecer la dignidad, el buen nombre, recuperar la tranquilidad y mitigar el dolor de las víctimas del
desplazamiento forzado, según entidad o institución.
Entre las principales entidades que han contribuido al restablecimiento de derechos de la
población víctima se encuentra el Gobierno Nacional, la Defensoría del Pueblo y el Gobierno
Departamental. En contraposición las entidades que, según la percepción de la población víctima,
menos han contribuido a su restablecimiento de derechos son el Centro de Memoria Histórica y
los jueces de la República.
3,7%
6,4%
6,5%
6,6%
7,6%
8,5%
10,2%
12,2%
12,3%
15,8%
27,9%
96,3%
93,6%
93,5%
93,4%
92,4%
91,5%
89,8%
87,8%
87,7%
84,2%
72,1%
0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
El Centro Nacional de Memoria Historica
Los Jueces
La Corte Constitucional
Organismos Internacionales
El Congreso de la Republica
ONG Organismos No Gubernamentales
Las Iglesias
El Gobierno Municipal
El Gobierno Departamental
LA defensoria del Pueblo
El Gobierno Nacional
Ha contribuido No ha contribuido
205
En los resultados obtenidos en la I-I-ENV_CGR-2013 se logra evidenciar que la población
inscrita en el RUV percibe una mayor contribución de las entidades al restablecimiento de su
dignidad frente a la población no RUV.
Gráfico 6.5. Grupos familiares desplazados que observan contribución de entidades para restablecer la dignidad, el buen nombre, recuperar la tranquilidad y mitigar el dolor de las víctimas, por inscripción RUV.
Según entidad o institución.
Una de las conclusiones fundamentales de estos resultados es que las instituciones del
SNARIV deben encaminar sus esfuerzos a romper la lógica de demanda que caracteriza hoy su
accionar, y que termina castigando a aquellas víctimas que no tienen ni el conocimiento, ni los
medios, ni los recursos para franquear las múltiples barreras de acceso que se interponen entre
ellas y los servicios ofrecidos por el Estado colombiano. A este respecto, las instituciones tienen
el deber, desde la misma fase de planeación, de acercar su oferta institucional de forma articulada
a la población víctima, de forma tal que sean las víctimas más necesitadas aquellas que accedan a
los servicios que pretenden el restablecimiento de sus derechos.
3,1%
5,6%
4,8%
4,5%
6,3%
4,1%
7,8%
8,5%
9,0%
9,6%
14,4%
3,8%
6,7%
6,7%
7,0%
7,8%
9,3%
10,6%
12,8%
12,9%
16,9%
30,4%
0,0% 5,0% 10,0%15,0%20,0%25,0%30,0%35,0%
El Centro Nacional de Memoria…
La Corte Constitucional
Los Jueces
Organismos Internacionales
El Congreso de la Republica
ONG Organismos No Gubernamentales
Las Iglesias
El Gobierno Municipal
El Gobierno Departamental
LA defensoria del Pueblo
El Gobierno Nacional
Grupos familiares desplazados incluidos en el RUV
Grupos familiares desplazados no incluidos en el RUV
206
7 Conclusiones
La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), sus decretos
reglamentarios, y los decretos leyes para víctimas indígenas, negras, afrocolombianas, palenqueras
y raizales tienen como objetivo fundamental garantizar el goce efectivo de los derechos de las
víctimas del conflicto sociopolítico armado que vive el país. Entre el conjunto de derechos a
garantizar, es de especial énfasis, los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral con
garantías de no repetición. Según la normatividad en mención, el goce efectivo de los derechos de
las víctimas debe estar al servicio de la reconciliación nacional y del logro de la paz duradera y
sostenible99.
De la correcta implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y del
adecuado manejo de los recursos físicos, humanos y financieros dispuestos para tal fin, depende
no solamente el logro de los objetivos mencionados, sino también la posibilidad real y concreta de
construir unas relaciones sociales más democráticas en Colombia. Se trata de avanzar en la
construcción del Estado Social de Derecho proclamado en la Constitución Política al concretar sus
disposiciones a lo largo y ancho del territorio del país. El mal manejo de los recursos públicos, la
corrupción, los errores derivados de la falta de planeación, la debilidad en la coordinación
interinstitucional, la falta de compromiso político y la ausencia de una perspectiva pro-víctima en
la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras son entonces riesgos latentes,
que de materializarse, no contribuirán a lograr los objetivos mencionados.
La CGR está comprometida con el cumplimiento de su objeto misional de ejercer, el
control fiscal, y dada la coyuntura histórica, con la vigilancia, seguimiento y monitoreo al uso de
los recursos públicos asignados para la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de
Tierras. Es por esta razón, que la I-ENV_CGR-2013 es tan importante. Con la correcta
estructuración de esta valiosísima fuente de información, y con los estudios derivados de la misma,
la CGR quiere aportar en términos concretos a la construcción de una sociedad donde los conflictos
propios a todo proceso de desarrollo socioeconómico, político y cultural no deban resolverse
99 Al respecto ver los artículos 1 y 8 de la Ley 1448 de 2011.
207
violentamente, ni deban implicar la violación de los derechos humanos de los ciudadanos más
débiles y vulnerables de la sociedad.
Al aportar una caracterización de la situación socioeconómica de las víctimas del
desplazamiento forzado en Colombia, de los daños sufridos por ellas a causa del conflicto
sociopolítico armado, de los problemas cotidianos que enfrentan para lograr la asistencia, la
atención y el acceso a los programas de reparación integral propuestos por el Gobierno Nacional,
así como al describir la percepción que sobre los avances de la Ley 1448 de 2011, la CGR pretende
contribuir en la comprensión general y el dimensionamiento del carácter estratégico que tiene la
correcta implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
Los resultados de la I-ENV_CGR-2013 muestran por ejemplo la necesidad de actualizar el
plan financiero trazado en los documentos CONPES 3712 y 3726 de 2011. Este es un debate de
suma importancia si entendemos la estrecha relación que existe entre la planeación estratégica y
la concreción de las metas misionales de las entidades que conforman el SNARIV. Igualmente,
los resultados de la I-ENV_CGR-2013 al mostrar, las brechas socioeconómicas que afectan a la
población víctima del desplazamiento forzado en Colombia, le permiten a la CGR llamar la
atención sobre los retos y los desafíos que enfrenta esta política pública dadas las nuevas
restricciones macroeconómicas y fiscales que enfrenta el país. Esto implica en términos concretos
la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento para la correcta implementación de la Ley 1448
de 2011 y subrayan la importancia de la correcta utilización de los recursos asignados.
Por lo demás, I-ENV_CGR-2013, invita también a reflexionar sobre la perspectiva y las
características de la política pública derivada de la Ley 1448 de 2011. La descripción de la
gravísima situación socioeconómica en la cual se encuentran la mayoría de las víctimas del
desplazamiento forzado en Colombia (medida en términos de pobreza, marginalidad,
vulnerabilidad, déficit educativos y habitacionales, barreras de acceso a los servicios de salud,
entre otros), da cuenta de un proceso de empobrecimiento masivo y sistemático que es necesario
enfrentar activamente, sin restarle importancia a la necesidad de fortalecer las garantías de los
derechos a la verdad y a la justicia que las víctimas reclaman. Esto es importante subrayarlo pues
la estrategia que consiste en re-direccionar hacia las víctimas una parte de la oferta social con la
208
cual el gobierno pretende enfrentar la pobreza en general, tiende a invisibilizar las necesidades
particulares de esta población.
La I-ENV_CGR-2013 es también es un insumo fundamental para la revisión profunda de
la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Pasados tres años de la promulgación de la ley, existe
un debate sobre los contenidos de la misma, sobre el enfoque de política pública que de ella se
deriva, sobre las consecuencias de los mecanismos que estipula para asistir, atender y reparar
integralmente a las víctimas, y sobre las posibilidades de cumplir las metas establecidas. Este
debate surge no solamente por el carácter asistencialista de muchos de los planes, programas y
proyectos que concretan la política pública de víctimas y restitución de tierras, de su alcance
minimalista, de las derivas clientelistas que pueden emerger y de la debilidad del componente de
fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias que son la base del proceso de
reparación integral sino, ante todo, de la brecha entre la magnitud del fenómeno y el nivel de
atención logrado por el SNARIV.
Por otra parte, las estimaciones derivadas de la I-ENV_CGR-2013, muestran la necesidad
de continuar profundizando el tema de la verdad. En este sentido, por ejemplo, es una necesidad
vital para las víctimas, y para el conjunto de la sociedad colombiana, conocer con mayor
profundidad quienes fueron los beneficiarios (en términos de las estructuras militares, políticas y
económicas) del desplazamiento forzado de más de cinco millones de personas, y del despojo
sistemático de más de siete millones de hectáreas. Igualmente, el derecho a la justicia implica
establecer con claridad las responsabilidades políticas sobre los hechos ocurridos, y la manera
concreta en la cual se van a hacer operativas las garantías de no repetición.
En definitiva, la primera encuesta nacional de víctimas realizada por la Contraloría General
de la República en 2013 pretende contribuir a la construcción de un “conocimiento social” sobre
lo ocurrido en más de 60 años de conflicto sociopolítico armado. Solo en la medida en que como
sociedad logremos “aprehender” y “entender” las dinámicas que sostenían los esquemas y patrones
de victimización, estigmatización y discriminación de ciertas poblaciones, y las implicaciones y
consecuencias de estos crímenes masivos y sistemáticos, podremos avanzar hacia la construcción
209
de estrategias más democráticas para la superación de los conflictos que inevitablemente
tendremos que enfrentar en el futuro.
En resumen, los resultados de la primera encuesta nacional de víctimas permiten establecer
con claridad las consecuencias y los impactos que han tenido sobre las víctimas décadas de
conflicto sociopolítico armado, y sirven para medir concretamente las implicaciones económicas
y sociales de estos hechos. De esta forma el país podrá establecer con claridad la magnitud de los
retos y desafíos que enfrenta la asistencia, la atención y la reparación integral de las víctimas del
conflicto, y las necesidades presupuestales, institucionales y culturales que implica el pago de la
deuda que el Estado y la sociedad tenemos para con las víctimas directas e indirectas del conflicto
sociopolítico armado que vive el país.
Resultados
La I-ENV_CGR-2013 estimó que el número de víctimas del desplazamiento forzado en
Colombia asciende a 5.611.984 personas, lo cual representa 1.388.591 grupos familiares. Esto
equivale al 11,9% de la población total de Colombia. El 15% de estos grupos familiares víctimas
del desplazamiento forzado no están inscritos en el Registro Único de Víctimas RUV.
Este resultado está asociado con uno de los múltiples debates que tiene la implementación
de la política pública derivada de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras: el enfoque de
demanda, que hasta ahora ha prevalecido a la hora de ofrecer asistencia, atención y reparación
integral a las víctimas. En efecto, bajo este enfoque, las instituciones del Estado, encargadas de la
asistencia, la atención y la reparación, no tienen en cuenta las barreras de acceso que enfrentan las
víctimas para acceder a los programas del gobierno. Como lo muestra la primera encuesta nacional
de víctimas estas barreras al acceso a las medidas de protección, asistencia, atención y reparación
son de tipo económico, geográfico, social, cultural, y otros derivados propiamente del conflicto
armado.
La I-ENV_CGR-2013 muestra por ejemplo, que el 78% de los grupos familiares víctimas
del desplazamiento forzado no incluidos en el RUV nunca declararon los crímenes que sufrieron
210
sea por desconocimiento de los procedimientos o por temor. Este resultado es particularmente
grave y evidencia que hace falta todavía recorrer un camino muy grande en términos de publicitar
las rutas de atención derivadas de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y de garantizar las
condiciones de seguridad que permitan que las víctimas acceden a los servicios del Estado Social
de Derecho.
En ese sentido, I-ENV_CGR-2013 evidencia que el desplazamiento forzado en Colombia
sigue siendo una realidad concreta y presente, y que la violencia contra la población civil sigue
siendo masiva, prolongada y reiterada. Así las estimaciones de la Encuesta ponen de presente que
más de medio millón de personas han sido desplazadas forzadamente en el país entre los años 2010
a 2013. Que la principal causa del desplazamiento forzado sea la amenaza da a entender que este
hecho victimizante continua obedeciendo a planes y esquemas sistemáticos de despojo y control
del territorio por parte de los actores armados.
Igualmente, en términos de desplazamiento forzado existen patrones regionales
particulares que es importante evidenciar. El desplazamiento masivo, que corresponde
desplazamientos de más de 10 hogares es mucho más importante en las regiones 1, 2 y
3,100mientras que el desplazamiento de un solo hogar es más importante en el resto del país. Esto
da pie para realizar una mejor caracterización del desplazamiento forzado y sus particularidades
regionales.
Se observaron los flujos migratorios derivados del desplazamiento forzado y del conflicto
sociopolítico armado que vive el país. La región de Antioquia y Chocó es la mayor expulsora de
población, mientras que la región 5 del centro del país101es la mayor receptora. En términos de
centros urbanos los mayores receptores son Bogotá, Medellín y Barranquilla. Estos elementos y
otros varios que describen las dinámicas de la victimización y el despojo son claves para el diseño
de planes de acción más pertinentes territorialmente a las realidades de las víctimas.
100 Región 1: Antioquia y Chocó; Región 2: Bolívar, Córdoba, Sucre y Atlántico; Región 3: Magdalena, Cesar, La Guajira y Norte de Santander. 101 Compuesta por los departamentos de Tolima, Huila, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda, Quindío, y el distrito capital.
211
La caracterización socioeconómica de las víctimas del desplazamiento forzado que arroja
la primera encuesta nacional de víctimas es bastante importante. Se pudo establecer que los
hogares de las víctimas del desplazamiento forzado son relativamente más grandes que hogares
del resto de los colombianos en términos del promedio de personas por hogar. Mientras que el
promedio de personas por hogar a nivel nacional es de 3.5 personas, el promedio en los hogares
de las víctimas del desplazamiento forzado es de 4.7 personas. Este resultado es significativo pues
el tamaño del hogar es un determinante y un factor de riesgo en términos de pobreza,
vulnerabilidad y hacinamiento entre otros problemas. Igualmente la I-ENV_CGR-2013 pudo
establecer que el 62% de las personas víctimas del desplazamiento forzado son menores de 25
años y que existe una fuerte diferencia de 10 puntos porcentuales a favor de las mujeres sobre los
hombres en el conjunto de personas entre 25 y 64 años. Esto implica que los grupos familiares
víctimas del desplazamiento forzado se caracterizan por una jefatura primordialmente femenina.
El primer resultado muestra los retos y desafíos que tiene la sociedad hacia el futuro, y el segundo
resultado muestra los impactos de la guerra sobre los hogares de las víctimas del desplazamiento
forzado.
La caracterización socioeconómica de las víctimas del desplazamiento forzado en
Colombia que emerge de la I_ENV_CGR-2013 evidencia las enormes brechas sociales que existen
en términos relativos. Por ejemplo, mientras que el analfabetismo entre las personas de 15 años y
más es del 5.7% a nivel nacional, la tasa de analfabetismo entre las víctimas del desplazamiento
forzado mayores de 15 años es del 9.7%. En términos de pobreza la situación es aún más dramática,
pues mientras la pobreza monetaria a nivel nacional alcanza niveles del 30% de los hogares, el
mismo indicador estimado para los hogares víctimas del desplazamiento forzado alcanza niveles
del 80%. La tasa de informalidad entre las víctimas del desplazamiento forzado que están ocupadas
alcanza el 93%, y el 43% de los hogares con víctimas del desplazamiento forzado no cuenta con
todos los servicios públicos domiciliarios. El único indicador que muestra datos positivos es la
afiliación a salud pues la encuesta muestra que el 93% de las víctimas del desplazamiento forzado
están afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud. El debate en este punto es la
cobertura efectiva, que implica el paso del carnet o la afiliación, a la atención concreta de la
enfermedad.
212
Es importante en este punto mencionar que uno de los resultados más importante de la I-
ENV_CGR-2013 es la medición de los Indicadores de Goce Efectivo de Derechos de las Víctimas
del Desplazamiento Forzado que es una de las exigencias de la Corte Constitucional al Gobierno
Nacional, y un elemento de suma importancia al momento de evaluar la pertinencia de levantar el
Estado de Cosas Inconstitucional declarado por el alto tribunal en la Sentencia T-025 de 2004. La
matriz de IGED construida por el Gobierno Nacional y la Comisión de Seguimiento y Monitoreo
a la Política Pública sobre el Desplazamiento Forzado, por orden de la Corte Constitucional, divide
los indicadores en tres tipos: Principales, Complementarios, y Sectoriales. De los 26 temas tratados
se derivaron en nuestro análisis 21 indicadores principales, de los cuales, la I-ENV_CGR-2013
midió 21. De los 74 indicadores complementarios, la I-ENV_CGR-2013 midió 33.
Si quisiéramos utilizar estos indicadores para medir la gestión del Gobierno Nacional y
territorial, tendríamos que decir que solo el 25.5% de los hogares víctimas del desplazamiento
forzado, que realizaron la declaración de los hechos victimizantes que sufrieron, tuvieron
garantizada la subsistencia mínima antes de la decisión de su inclusión en el RUV. En términos de
salud, es de destacar que el 90% de víctimas del desplazamiento forzado están afiliadas al SGSSS,
y que el 81.6% de los niños víctimas del desplazamiento forzado cuentan con el esquema de
vacunación completo. Igualmente en educación, del total de niños, niñas y adolescentes en edad
escolar (5-17años), el 85% asisten al colegio. En aspectos como la vivienda la situación es más
complicada pues solo el 11,3% de los hogares con víctimas del desplazamiento forzado cumplen
las condiciones internacionales de lo que es considerado una vivienda digna. Los resultados de la
I-ENV_CGR-2013 muestran que la pobreza medida por ingresos afecta al 80% de las víctimas del
desplazamiento forzado y la indigencia al 35% indicadores que son superiores a dos veces el
mismo resultado para la población total a nivel nacional. Un punto grave a mencionar es el
resultado según el cual solo en el 55% de los hogares que cuentan con víctimas del desplazamiento
forzado, todos los miembros del mismo cuentan con todos sus documentos de identificación. En
lo referido a la indemnización administrativa solo el 8,7% de los grupos familiares víctimas del
desplazamiento forzado han solicitado dicha indemnización. El 92.4% de los grupos familiares
desplazados (unas 5.185.473 personas) no ha solicitado indemnización administrativa ni entablado
demandas judiciales por esos hechos, básicamente, por desconocimiento de estos derechos (57.6%
de los casos) o del procedimiento judicial a seguir (24.9%). De la población desplazada el 7.4%
213
(413.928 personas) fueron objeto de violación a sus derechos por hechos victimizantes adicionales
al desplazamiento, de las cuales, el 23,2% solicitó indemnización y fueron atendidos en un 88,8%.
Finalmente, es importante resaltar la estimación del despojo de tierras que se deriva de la
I-ENV_CGR-2013. Los cálculos más conservadores estiman en aproximadamente 7 millones de
hectáreas el despojo de tierras en Colombia102. Este proceso sistemático de despojo, y la debilidad
histórica del Estado colombiano, son las causas fundamentales de la gravísima situación
socioeconómica en la que se encuentran las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia y
que hemos descrito anteriormente. En efecto, el desplazamiento forzado implicó proceso de
discriminación, estigmatización, marginalización, y empobrecimiento de buena parte de las
víctimas a las que les fueron arrebatadas viviendas y parcelas de tierra, cuando no de sistemática
eliminación física.
Esta realidad permite entender los resultados de la I-ENV_CGR-2013 respecto a las
intenciones de retorno. La encuesta muestra que el 74% de los grupos familiares víctimas del
desplazamiento forzado en Colombia desean permanecer en la ciudad donde se encuentran y que
solo el 6.8% de los mismos desea retornar al municipio del cual fueron desplazados forzadamente.
Cuando se le pregunta a los grupos familiares víctimas del desplazamiento forzado que desean
retornar porque retornarían y porque no, la debilidad del Estado Social de Derecho en el territorio,
y la falta de seguridad (es decir la persistencia del conflicto armado) son las causas fundamentales
para no hacerlo. Es evidente entonces que si las condiciones de seguridad, salud y educación
cambiaran, sí el Estado garantizara un mejor acompañamiento a los procesos de retorno con
asistencia y proyectos productivos, y con un fortalecimiento de los servicios básicos del Estado
Social de Derecho, muchos grupos familiares víctimas del desplazamiento forzado estarían
dispuestos a retornar. Igualmente, esto solo ocurrirá en un contexto de finalización del conflicto
armado.
Este breve resumen de algunos resultados de la primera encuesta nacional de víctimas
realizada por la Contraloría General de la República en 2013 muestra no solamente la importancia
102Para ver los detalles ver el capítulo correspondiente en este libro. Igualmente es importante tener en cuenta que no se incluye en esta estimación el despojo sufrido en territorios colectivos por las comunidades indígenas, afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras.
214
de la misma y la necesidad de seguir profundizando este tipo de análisis, sino que además es un
instrumento concreto y pertinente para la evaluación de la política derivada de la Ley de Víctimas
y Restitución de Tierras. Una de las recomendaciones fundamentales que emerge de la I-
ENV_CGR-2013 es la necesidad de una mayor coordinación interinstitucional a nivel nacional y
territorial que potencie las posibilidades de asistencia, atención y reparación integral de las
víctimas habida cuenta de la debilidad fiscal y técnica de la mayor parte de los entes territoriales
en el país. Igualmente, surge de los resultados aquí presentados, la necesidad de actualizar el plan
financiero que acompaña la Ley 1448 de 2011 de forma que los medios y recursos físicos,
financieros y humanos dispuestos para lograr los objetivos de la ley en cuestión sean realistas
frente a la magnitud de los retos en este informe evidenciados. Esta actualización será uno de los
indicadores con los cuales se medirá la voluntad política de avanzar en el camino de la
reconciliación y la paz. Como se indicó en la introducción, una medición preliminar, sólo ajustando
las metas, implica que hay una subestimación de recursos de financiamiento de la ley para el
periodo 2011-2021 de $21,7 billones que requieren de fuentes nuevas para entender a las víctimas.
De no avanzar en el mejoramiento de la implementación de la Ley de Víctimas y
Restitución de Tierras, el país está abocado a un proceso de exclusión mayor, que en un contexto
de conflicto armado, injustica y desigualdad, puede convertirse en causa de nuevos y peores
conflictos políticos y sociales. Para la Contraloría General de la República, la consolidación del
Estado de Derecho en el territorio y el fortalecimiento de la política de restitución de tierras, y de
restitución de derechos territoriales, son las claves para avanzar en la garantía del goce efectivo de
los derechos de las víctimas del desplazamiento forzado.
Finalmente, es importante subrayar que la primera encuesta nacional de víctimas realizada
por la Contraloría General de la República en noviembre de 2013 le servirá a esta institución y a
la comisión de seguimiento creada por la Ley 1448 de 2011 para construir una línea base que
permita evaluar objetivamente los alcances y los desafíos de la implementación de la política
pública derivada de esta ley. De esta forma la CGR pretende aportar y contribuir al debate sobre
los resultados de la Ley de Víctimas de forma que el Congreso de la Republica y la Corte
Constitucional puedan tomar las mejores decisiones para el bien del país. Por ahora, y vistos los
resultados obtenidos, además de los otros estudios realizados por esta institución en el marco del
215
control fiscal realizado por la Contraloría Delegada del Sector Agropecuario, entre otras, la
Contraloría General de la República considera que si bien el país ha avanzado en términos de la
legislación, la planeación y la coordinación, todavía es prematuro poder levantar el Estado de
Cosas Inconstitucional proclamado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-025 de 2004.
216
8 Anexos
8.1 Indicadores de Goce Efectivo de Derechos IGED calculados con la ENV-
CGR 2013.
Los indicadores aquí presentados corresponden a la valoración realizada por el equipo técnico de
la CGR sobre el cálculo a partir de la última matriz consolidada (cuya construcción se detalla en
el capítulo 2) y la construcción de las variables de cálculo a partir de la ENV-CGR 2013, a partir
de este análisis se realizó el cálculo con el siguiente alcance:
Algunos de los indicadores IGED tienen como población objetivo “Hogares”, acorde a la
medición realizada por la ENV- CGR 2013, se consideran las siguientes poblaciones:“Hogares
con personas desplazadas” donde no todos los integrantes del hogar son desplazados pero se
definen como un hogar según DANE 103 y “Grupo Familiar” que es una construcción operativa
que define todas aquellas personas desplazadas en un hogar y que están inscritas en el RUV
bajo la misma carta, se pueden encontrar varios grupos familiares en un Hogar. Acorde a lo
anterior se tomó el “Grupo Familiar” como la unidad para realizar los cálculos de los IGED
cuando la población sea “Hogar”.
Se presentan algunos vacíos en la construcción formal de la fórmula del indicador, lo que
implicó realizar ajustes y precisiones para el cálculo así como aproximaciones en casos
específicos. El detalle se muestra en el cuadro que acompaña este anexo.
A continuación se presentan los resultados de los IGED por tema y descripción del cálculo.
103 Hogar
217
8.2 IGED Principales
Tema Nombre del
indicador Formula Alcance Nivel
Valor
Desplazados
total
Desplazados
incluidos en
el RUV
Desplazados
no incluidos
en el RUV
Subsistencia Mínima
Todos los hogares
víctimas del
desplazamiento
forzado que
declararon tienen
garantizada la
subsistencia
mínima antes de la
decisión sobre la
inclusión en el
RUV (RUPD).
Número de hogares
víctimas de
desplazamiento
forzado que tienen
garantizada la
subsistencia mínima
en el marco de la
atención inmediata
antes de la decisión
sobre la inclusión en
el RUV
(RUPD)/Número de
hogares víctimas de
desplazamiento
forzado que
declararon y
solicitaron antes de la
decisión sobre la
inclusión en el RUV
(RUPD) algún
componente de la
subsistencia mínima.
*Se consideran como
componentes de ayuda
humanitaria inmediata los
siguientes:
a) Atención médica y
psicológica de urgencia.
b) albergue transitorio o
auxilio en dinero para
alojamiento.
c) Alimentación o auxilio en
dinero para alimentación.
d) Utensilios de cocina
como parte del Kit de
habitabilidad.
*Se toma como garantía de
subsistencia mínima la
recepción de todos los
componentes de la Ayuda
Humanitaria Inmediata que
fueron solicitados.
*Por efectos operativos se
asimilan los hogares a los
grupos familiares.
Grupos
familiares
Numerador
122,587
Denominador
360,174
Estimación
34,0
c.v.e. (%) 4.6
Numerador
116,611
Denominador
336,714
Estimación
34.6
c.v.e. (%) 4.6
Numerador
5,976
Denominador
23,460
Estimación
25.5
c.v.e. (%)
23.1
218
Tema Nombre del
indicador Formula Alcance Nivel
Valor
Desplazados
total
Desplazados
incluidos en
el RUV
Desplazados
no incluidos
en el RUV
Subsistencia Mínima
Todos los hogares
víctimas del
desplazamiento
forzado tienen
garantizada la
subsistencia
mínima en el marco
de la atención
humanitaria de
emergencia una vez
se dio su inclusión
en el registro.
Número de hogares
víctimas de
desplazamiento
forzado incluidos o
cesados en el RUPD
que recibieron los
componentes de
subsistencia mínima
en el marco de la
Atención Humanitaria
de
Emergencia/Número
de hogares víctimas
de desplazamiento
forzado incluidos o
cesados en el RUPD.
*Se consideran como
componentes de ayuda
humanitaria de emergencia
los siguientes:
a) Auxilio para arriendo.
b) Afiliación o posibilidad
de acceso al sistema de
salud.
c) Mercados o bonos
alimentarios.
d) Elementos de aseo y
utensilios de cocina como
parte del Kit de
habitabilidad.
e) Dinero en efectivo,
tarjeta débito, cheque o
bono (diferente al dinero de
auxilio para arriendo).
*Se toma como garantía de
subsistencia mínima en el
marco de la Atención
Humanitaria de
Emergencia, la recepción de
todos los componentes de la
Ayuda Humanitaria de
Emergencia que fueron
solicitados.
*Por efectos operativos se
asimilan los hogares a los
grupos familiares.
* Este indicador sólo aplica
Grupos
familiares No aplica
Numerador
376,348
Denominador
754,563
Estimación
49.9
c.v.e. (%) 2.4
No aplica
219
Tema Nombre del
indicador Formula Alcance Nivel
Valor
Desplazados
total
Desplazados
incluidos en
el RUV
Desplazados
no incluidos
en el RUV
para los grupos familiares
incluidos en el RUV
220
Tema Nombre del
indicador Formula Alcance Nivel
Valor
Desplazados
total
Desplazados
incluidos en
el RUV
Desplazados
no incluidos
en el RUV
Subsistencia Mínima
Todos los hogares
víctimas del
desplazamiento
forzado tienen
garantizada la
subsistencia
mínima en el marco
de la atención
humanitaria de
transición*.
*Atención
Humanitaria de
Transición aplica a
hogares víctimas de
desplazamiento
forzado incluidos
en el RUV que
declararon luego de
los 12 meses de la
ocurrencia del
hecho, y hogares
víctimas de
desplazamiento
forzado que
solicitaron y les fue
avalada la prórroga
de la Atención
Humanitaria de
Emergencia antes
de la expedición del
decreto 4800 del
2011
Número de hogares
víctimas de
desplazamiento
forzado incluidos o
cesados en el RUPD
que solicitaron, se
evidenció la carencia
y recibieron alguno
de los componentes
de la subsistencia
mínima en el marco
de la Atención
Humanitaria de
Transición/Hogares
víctimas de
desplazamiento
forzado incluidos o
cesados en el RUPD
que solicitaron y se
evidenció la carencia
en alguno de los
componentes de la
subsistencia mínima
en el marco de la
Atención Humanitaria
de Transición.
*Se toma como garantía se
subsistencia mínima en el
marco de la ayuda
humanitaria de transición a
aquellos grupos familiares
que solicitaron prórroga de
la Ayuda Humanitaria de
Emergencia y la recibieron.
*Para el cálculo de este
indicador sólo se consideran
los grupos familiares
incluidos en el RUV cuyo
desplazamiento sucedió
entre 1985 y el 2010. Para
los grupos familiares
desplazados después de
2010 no se cuenta con la
información necesaria para
construir el indicador.
Grupos
familiares No aplica
Numerador
361,468
Denominador
493,490
Estimación
73.2
c.v.e. (%) 1.8
No aplica
221
Tema Nombre del
indicador Formula Alcance Nivel
Valor
Desplazados
total
Desplazados
incluidos en
el RUV
Desplazados
no incluidos
en el RUV
Salud
Todas las personas
víctimas de
desplazamiento
forzado están
afiliadas al SGSSS
(Sistema General de
Seguridad Social en
Salud)
Número de personas
víctimas de
desplazamiento
forzado incluidas o
cesadas en el RUPD,
que cuentan con
afiliación al SGSSS /
Número de personas
víctimas de
desplazamiento
forzado incluidas o
cesadas en el RUPD.
*El indicador original se
divide en dos por tratarse de
dos objetivos diferentes de
medición.
Personas
Numerador
5,246,275
Denominador
5,611,983
Estimación
93,5
c.v.e. (%)
0.3
Numerador
4,514,696
Denominador
4,806,334
Estimación
93.9
c.v.e. (%) 0.3
Numerador
731,579
Denominador
805,649
Estimación
90.8
c.v.e. (%) 0.8
Salud
Todas las personas
víctimas de
desplazamiento
forzado reciben
atención en salud
cuando lo
requieren.
Número de personas
víctimas de
desplazamiento
forzado incluidas o
cesadas en el RUPD,
que reciben atención
en salud / Número de
personas víctimas de
desplazamiento
forzado incluidas o
cesadas en el RUPD.
*El indicador original se
divide en dos por tratarse de
dos objetivos diferentes de
medición.
*El numerador corresponde
a las personas desplazadas
que solicitaron atención
médica por estar enfermas
durante los últimos 30 días
utilizando los servicios de
su EPS o EPSS, o, a través
de la carta, y la recibieron
*El denominador
corresponde a las personas
desplazadas que solicitaron
atención médica por estar
enfermas durante los
últimos 30 días utilizando
los servicios de su EPS o
EPSS, o , a través de la
carta.
Personas
Numerador
771,330
Denominador
846,231
Estimación
91.1
c.v.e. (%) 0.7
Numerador
662,718
Denominador
726,942
Estimación
91.2
c.v.e. (%) 0.8
Numerador
108,612
Denominador
119,290
Estimación
91.0
c.v.e. (%) 2.0
222
Tema Nombre del
indicador Formula Alcance Nivel
Valor
Desplazados
total
Desplazados
incluidos en
el RUV
Desplazados
no incluidos
en el RUV
Salud
Todas las personas
víctimas de
desplazamiento
forzado reciben
atención psicosocial
Número de personas
víctimas de
desplazamiento
forzado incluidas o
cesadas en el RUPD,
que reciben atención
psicosocial individual
o grupal / Número de
personas víctimas de
desplazamiento
forzado incluidas o
cesadas en el RUPD.
*El indicador original
presenta dos diferentes
fórmulas de cálculo, con la
información contenida en la
ENV- CGR 2013, sólo se
puede calcular con una de
las dos formulas
Personas
Numerador
11,083
Denominador
5,611,983
Estimación
0.2
c.v.e. (%)
21.5
Numerador
10,661
Denominador
4,806,334
Estimación
0.2
c.v.e. (%)
21.9
Numerador
422
Denominador
805,649
Estimación
0.1
c.v.e. (%)
111.9
Salud
Todos los niños
víctimas de
desplazamiento
forzado cuentan con
esquema de
vacunación
completo.
Número de niños y
niñas de 0 a 5 años
víctimas de
desplazamiento
forzado, incluidas o
cesadas en el RUPD,
que tienen el esquema
de vacunación
completo / Número
de niños de 0 a 5 años
víctimas de
desplazamiento
forzado incluidas o
cesadas en el RUPD
*Para el cálculo de este
indicador se tiene en cuenta
solamente a los niños y
niñas de 1 a 4 años
desplazados.
*Se considera que el niño
tiene el esquema de
vacunación completo para
su edad si tiene la primera
dosis de la vacuna triple
viral y si tiene las tres
primeras dosis de la vacuna
pentavalente. Bien sea
verificado por carnet o por
la respuesta de la persona
encargada de su cuidado.
Personas
Numerador
464,772
Denominador
572,977
Estimación
81.1
c.v.e. (%) 1.4
Numerador
403,780
Denominador
498,215
Estimación
81.0
c.v.e. (%) 1.6
Numerador
60,992
Denominador
74,761
Estimación
81.6
c.v.e. (%) 4.0
223
Tema Nombre del
indicador Formula Alcance Nivel
Valor
Desplazados
total
Desplazados
incluidos en
el RUV
Desplazados
no incluidos
en el RUV
Educación
Todos los niños,
niñas y
adolescentes (5 a 17
años) víctimas de
desplazamiento
forzado asisten a
alguno de los
niveles de
educación
preescolar, básica o
media.
Número de niños,
niñas y adolescentes
(5 a 17 años) víctimas
de desplazamiento
forzado incluidos o
cesados en el RUPD,
que asisten a alguno
de los niveles de
educación preescolar,
básica y media /
Número de niños,
niñas y adolescentes
(5 a 17 años) víctimas
de desplazamiento
forzado incluidos o
cesados en el RUPD
No aplica Personas
Numerador
1,690,553
Denominador
1,953,616
Estimación
86.5
c.v.e. (%) 0.6
Numerador
1,478,580
Denominador
1,706,874
Estimación
86.6
c.v.e. (%) 0.7
Numerador
211,973
Denominador
246,742
Estimación
85.9
c.v.e. (%) 1.9
Vivienda
Todos los Hogares
víctimas de
desplazamiento
forzado habitan un
inmueble en
condiciones dignas.
* Incluye “espacio
suficiente
(hacinamiento),
servicios
domiciliarios
completos,
materiales
apropiados,
ubicación,
seguridad jurídica
de la tenencia."
Hogares víctimas de
desplazamiento
forzado incluidos o
cesados en el RUPD,
que habitan un
inmueble en
condiciones dignas /
Total de hogares
víctimas de
desplazamiento
forzado incluidos o
cesados en el RUPD.
*Condiciones dignas se
define como: espacio
suficiente, servicios
domiciliarios completos,
materiales apropiados,
ubicación, seguridad
jurídica de la tenencia.
* En el denominador se
consideran solamente las
viviendas tipo casa o
apartamento.
Hogares
Numerador
138,520
Denominador
1,222,913
Estimación
11.3
c.v.e. (%) 7.1
Numerador
111,521
Denominador
1,031,680
Estimación
10.8
c.v.e. (%) 7.9
Numerador
269,98
Denominador
191,233
Estimación
14.1
c.v.e. (%)
16.0
224
Tema Nombre del
indicador Formula Alcance Nivel
Valor
Desplazados
total
Desplazados
incluidos en
el RUV
Desplazados
no incluidos
en el RUV
Generación de ingresos
En todos los
hogares víctimas
del desplazamiento
forzado, hay una
persona mayor de
18 años ocupada o
pensionada que
recibe ingresos en
dinero, y la relación
entre el total de
personas en el
hogar y el total de
personas ocupadas
o pensionadas es
menor o igual a 3.
Número de hogares
víctimas del
desplazamiento
forzado incluidos o
cesados en el RUPD
en los cuales la
relación entre el total
de personas en el
hogar y el total de
personas ocupadas o
pensionadas mayores
de 18 años que
reciben ingreso en
dinero es menor o
igual a tres/ Número
de hogares víctimas
del desplazamiento
forzado incluidos o
cesados en el RUPD
No aplica Hogares
Numerador
710,230
Denominador
1,315,975
Estimación
54
c.v.e. (%) 2.2
Numerador
588,604
Denominador
1,107,532
Estimación
53.1
c.v.e. (%) 2.5
Numerador
121,626
Denominador
208,443
Estimación
58.3
c.v.e. (%) 5.2
Generación de ingresos
Todos los hogares
víctimas de
desplazamiento
forzado tienen
ingresos que son
iguales o superiores
a la línea de
indigencia.
Número de hogares
víctimas de
desplazamiento
forzado, incluidos o
cesados en el RUPD,
con ingresos iguales o
superiores a la línea
de indigencia /
Número de hogares
víctimas de
desplazamiento
forzado, incluidos o
cesados en el RUPD
* Se utilizan los valores de
la Línea de Pobreza e
Indigencia del mes de
noviembre de 2013, según
nueva metodología de
cálculo, para cada ciudad a
la que corresponda cada
encuesta.
Hogares
Numerador
262,857
Denominador
1,315,975
Estimación
20.0
c.v.e. (%) 4.9
Numerador
704,898
Denominador
1,107,532
Estimación
63.6
c.v.e. (%) 2.0
Numerador
143.318
Denominador
208,443
Estimación
68.8
c.v.e. (%) 4.2
225
Tema Nombre del
indicador Formula Alcance Nivel
Valor
Desplazados
total
Desplazados
incluidos en
el RUV
Desplazados
no incluidos
en el RUV
Generación de ingresos
Todos los hogares
víctimas de
desplazamiento
forzado tienen
ingresos que son
iguales o superiores
a la línea de
pobreza.
Número de hogares
víctimas de
desplazamiento
forzado, incluidos o
cesados en el RUPD,
con ingresos iguales o
superiores a la línea
de pobreza / Número
de hogares víctimas
de desplazamiento
forzado, incluidos o
cesados en el RUPD
* Se utilizan los valores de
la Línea de Pobreza e
Indigencia del mes de
noviembre de 2013, según
nueva metodología de
cálculo, para cada ciudad a
la que corresponda cada
encuesta.
Hogares
Numerador
848,217
Denominador
1,315,975
Estimación
64..5
c.v.e. (%) 1.8
Numerador
209.280
Denominador
1,107,532
Estimación
18.9
c.v.e. (%) 5.5
Numerador
53.577
Denominador
208,443
Estimación
25.7
c.v.e. (%)
10.5
Retorno y reubicaciones
Todos los hogares
víctimas del
desplazamiento
forzado con
intención de
retornar o
reubicarse, que han
solicitado apoyo del
gobierno, lo han
recibido y lo han
logrado.
Número de hogares
víctima de
desplazamiento
forzado incluidos o
cesados en el RUPD,
que han solicitado
apoyo del gobierno
para retornar o
reubicarse, lo han
recibido y lo han
logrado/Número de
hogares víctima de
desplazamiento
forzado incluidos o
cesados en el RUPD,
que han solicitado
apoyo del gobierno
para retornar o
reubicarse.
*Es una aproximación al
indicador ya que la ENV-
CGR 2013 no toma
información sobre solicitud
de ayuda por parte del
gobierno a los grupos
familiares que han
retornado.
* Como numerador se
toman todos los grupos
familiares que han
retornado y han recibió
algún incentivo o ayuda del
Gobierno Nacional para
realizarlo.
Cómo denominador se
toman los grupos familiares
que ya han retornado.
*Por efectos operativos se
Grupos
familiares No aplica
Numerador
1,719.90
Denominador
25,996.40
Estimación
6.6
c.v.e. (%)
51.6
No aplica
226
Tema Nombre del
indicador Formula Alcance Nivel
Valor
Desplazados
total
Desplazados
incluidos en
el RUV
Desplazados
no incluidos
en el RUV
asimilan los hogares a los
grupos familiares.
227
Tema Nombre del
indicador Formula Alcance Nivel
Valor
Desplazados
total
Desplazados
incluidos en
el RUV
Desplazados
no incluidos
en el RUV
Identificación
Todos los
miembros del hogar
cuentan con sus
documentos de
identificación
completos, acorde a
su edad y género.
Número de hogares
incluidos o cesados
en el RUPD en los
que todos sus
miembros cuentan
con sus documentos
de identificación
completos de acuerdo
con su edad y género
/ Número de hogares
desplazados incluidos
o cesados en el
RUPD.
* Se consideran documentos
completos de acuerdo a la
edad:
a) Registro civil para
menores de 7 años.
b) Tarjeta de identidad para
personas de 7 a 17 años.
c) Cédula de ciudadanía
para mujeres menores de 18
años.
d) Cédula de ciudadanía y
libreta militar para hombres
de 18 a 49 años.
e) Cédula de ciudadanía
para hombres de 50 años y
más.
En el hogar sólo se incluyen
en el numerador y
denominador las personas
desplazadas.
Hogares
Numerador
691,519
Denominador
1,315,975
Estimación
52.5
c.v.e. (%) 2.3
Numerador
577,393
Denominador
1,107,532
Estimación
52.1
c.v.e. (%) 2.5
Numerador
114,126
Denominador
208,443
Estimación
54.8
c.v.e. (%) 5.6
Indemnización
Todas las víctimas
de desplazamiento
forzado que han
solicitado
indemnización, han
sido indemnizadas.
Número de víctimas
de desplazamiento
forzado incluidas y
cesadas en el RUPD
que han solicitado
indemnización y han
sido indemnizadas/
Número de víctimas
de desplazamiento
forzado incluidas y
cesadas en el RUPD
que han solicitado
indemnización (Vía
*Por efectos operativos se
asimilan los hogares a los
grupos familiares.
Grupos
familiares
Numerador
15,375
Denominador
103,931
Estimación
14.8
c.v.e. (%)
14.8
Numerador
15,041
Denominador
101,519
Estimación
14.8
c.v.e. (%)
14.9
Numerador
335
Denominador
2,412
Estimación
13.9
c.v.e. (%)
125.4
228
Tema Nombre del
indicador Formula Alcance Nivel
Valor
Desplazados
total
Desplazados
incluidos en
el RUV
Desplazados
no incluidos
en el RUV
judicial + vía
administrativa)
Restitución
Todas las víctimas
de desplazamiento
forzado que han
sido despojadas de
la propiedad,
posesión u
ocupación de sus
tierras u obligadas a
abandonarlas,
obtienen la
restitución o
compensación (en
dinero o en especie)
de dichos derechos.
Número de víctimas
de desplazamiento
forzado incluidas o
cesadas en el RUPD,
el RUPTA, el
Registro de tierras
despojadas o el
Sistema de
Información de
Justicia y Paz -
SIJYP, que tiene
derecho a la
restitución o
compensación de
derechos sobre la
tierra, cuyos derechos
de propiedad,
posesión u ocupación
han sido restituidos o
compensados /
Número de víctimas
de desplazamiento
forzado incluidas o
cesadas en el RUPD,
* En el numerador se
consideran los grupos
familiares que solicitaron la
inscripción del predio
abandonado o despojado
ante la unidad de tierras, fue
estudiada la solicitud e
inscrita en el registro de
dicha unidad y un juez
decretó restitución.
* En el numerador se
consideran los grupos
familiares que solicitaron la
inscripción del predio
abandonado o despojado
ante la unidad de tierras, fue
estudiada la solicitud e
inscrita en el registro de
dicha unidad
Grupos
familiares
Numerador
606.4
Denominador
18,777.40
Estimación
3.2
c.v.e. (%)
84.8
Numerador
606.4
Denominador
17,814.80
Estimación
3.4
c.v.e. (%)
84.2
Numerador 0
Denominador
962.7
Estimación 0
c.v.e. (%) *
229
Tema Nombre del
indicador Formula Alcance Nivel
Valor
Desplazados
total
Desplazados
incluidos en
el RUV
Desplazados
no incluidos
en el RUV
el RUPTA, el
Registro de tierras
despojadas o el
SIJYP, que tiene
derecho a la
restitución o
compensación de
derechos sobre la
tierra
Protección y garantías
de no repetición
Ninguna víctima de
desplazamiento
forzado ha sido
objeto de una nueva
infracción al DIH o
de violaciones
graves y
manifiestas a las
normas
internacionales de
los Derechos
Humanos.
Número de víctimas
de desplazamiento
forzado incluidas o
cesadas en el RUPD,
que han sido objeto
de revictimización
con posterioridad al
desplazamiento /
Total de víctimas de
desplazamiento
forzado incluidas o
cesadas en el RUPD.
*Se hace una aproximación
a la revictimización como
sufrir de alguna de las
siguientes situaciones
después del desplazamiento:
a) Amenazas.
b) Extorsión, vacunas o
boleteos.
c) Desaparición forzada o
asesinato de familiares.
d) otro hecho.
Grupos
familiares
Numerador
177,469
Denominador
1,388,590
Estimación
12.8
c.v.e. (%) 4.6
Numerador
150,672
Denominador
1,177,438
Estimación
12.8
c.v.e. (%) 5
Numerador
26,797
Denominador
211,151
Estimación
12.7
c.v.e. (%) 12
230
Tema Nombre del
indicador Formula Alcance Nivel
Valor
Desplazados
total
Desplazados
incluidos en
el RUV
Desplazados
no incluidos
en el RUV
Rehabilitación
Todas las víctimas
de desplazamiento
forzado han sido
rehabilitadas
integralmente por
las afectaciones
causadas por el
delito de
desplazamiento.
Número de personas
víctimas de
desplazamiento
forzado incluidas o
cesadas en el RUPD
que han recibido
medidas de
rehabilitación y han
superado las
afectaciones causadas
por los hechos
victimizantes /
Número de personas
víctimas de
desplazamiento
forzado incluidas o
cesadas en el RUPD
Se considera en el
numerador a todas las
personas que han
participado en algún
programa de apoyo para
superar los daños físicos,
emocionales u otros
sufridos a causa del
desplazamiento.
Personas
Numerador
31,998
Denominador
5,611,983
Estimación
0.6
c.v.e. (%)
12.6
Numerador
31,254
Denominador
4,806,334
Estimación
0.7
c.v.e. (%)
12.7
Numerador
743
Denominador
805,649
Estimación
0.1
c.v.e. (%)
84.3
231
Tema Nombre del
indicador Formula Alcance Nivel
Valor
Desplazados
total
Desplazados
incluidos en
el RUV
Desplazados
no incluidos
en el RUV
Satisfacción
Todas las víctimas
de desplazamiento
forzado han sido
objeto de alguna
medida de
satisfacción.
Número De víctimas
de desplazamiento
forzado incluidas o
cesadas en el RUPD,
que han sido objeto
de medidas de
satisfacción/ Número
De víctimas de
desplazamiento
forzado incluidas o
cesadas en el RUPD
*Se consideran medidas de
satisfacción la recepción de
al menos una de las
siguientes medidas:
a) Reconocimiento público
de su calidad de víctima.
b) Carta de dignificación.
c) Apoyo en la búsqueda de
personas desaparecidas.
d) Investigación y sanción
de los responsables.
e) Reconocimiento público
de la responsabilidad de los
autores.
f) Presentación pública de
disculpas por parte de los
victimarios.
g) Presentación pública de
disculpas por parte de
alguna autoridad del estado.
h) Participación en alguna
iniciativa de reconstrucción
de memoria histórica.
i) Restablecimiento público
de su buen nombre o del de
algún miembro de su
familia.
j) Exención de la prestación
del servicio militar.
Grupos
familiares
Numerador
18,029
Denominador
1,388,590
Estimación
1.3
c.v.e. (%)
15.4
Numerador
17,780
Denominador
1,177,438
Estimación
1.5
c.v.e. (%)
15.5
Numerador
249
Denominador
211,151
Estimación
0.1
c.v.e. (%)
133.5
232
Tema Nombre del
indicador Formula Alcance Nivel
Valor
Desplazados
total
Desplazados
incluidos en
el RUV
Desplazados
no incluidos
en el RUV
Alimentación
Todos los hogares
víctimas del
desplazamiento
forzado consumen
distintos tipos de
alimento con una
frecuencia
adecuada y no
presentan
inseguridad
alimentaria
Número de hogares
víctimas del
desplazamiento
forzado incluidos o
cesados en el RUPD
que consumen
distintos tipos de
alimentos con una
frecuencia adecuada
y no presentan
inseguridad
alimentaria / Número
total de hogares
víctimas del
desplazamiento
forzado incluidos o
cesados en el RUPD
* El indicador se calcula a
nivel de personas.
* La metodología utilizada
es percepción de seguridad
alimentaria.
* Se hace considera que un
hogar está en seguridad
alimentaria si ninguno de
sus miembros en condición
de desplazamiento sufrió
de:
a) Consumir menos de lo
que deseaba por falta de
alimentos o de dinero para
comprarlos.
b) Quejarse de hambre por
falta de alimentos o de
dinero para comprarlos.
c) Dejar de consumir al
menos algún desayuno,
almuerzo o comida por falta
de alimentos o de dinero
para comprarlos.
Personas
Numerador
3,033,503
Denominador
5,611,983
Estimación
54.1
c.v.e. (%) 0.9
Numerador
2,581,487
Denominador
4,806,334
Estimación
53.7
c.v.e. (%) 1.0
Numerador
452,015
Denominador
805,649
Estimación
56.1
c.v.e. (%) 2.3
233
Tema Nombre del
indicador Formula Alcance Nivel
Valor
Desplazados
total
Desplazados
incluidos en
el RUV
Desplazados
no incluidos
en el RUV
Seguridad
Todas las personas
en situación de
desplazamiento
goza del derecho a
la seguridad
personal*.
*La seguridad
personal se define
de acuerdo con la
Sentencia 750 de
2011.
Número de personas
víctimas de
desplazamiento
forzado incluidas o
cesadas en el RUPD,
identificadas en
riesgo extraordinario
o extremo, que han
sido cobijadas con
medidas de
protección, que no
han sufrido acciones
contra su seguridad
personal / Número de
personas víctimas de
desplazamiento
forzado incluidas o
cesadas en el RUPD
* Se hace una aproximación
a este indicador a nivel de
grupo familiar.
* Se define el numerador
como la cantidad de grupos
familiares en los cuales
alguna persona ha solicitado
medidas especiales de
protección, las ha recibido y
se encuentra satisfecho con
las medidas recibidas.
* Se define el denominador
como número de grupos
familiares desplazados.
Grupos
familiares
Numerador
18,202
Denominador
1,388,590
Estimación
1.3
c.v.e. (%)
15.3
Numerador
16,486
Denominador
1,177,438
Estimación
1.4
c.v.e. (%)
16.1
Numerador
1,716
Denominador
211,151
Estimación
0.8
c.v.e. (%)
50.7
234
8.3 IGED Complementarios
Tema Nombre del
indicador Formula Alcance Nivel
Valor
Desplazados total
Desplazados incluidos en el
RUV
Desplazados no incluidos
en el RUV
Subsistencia Mínima
Complementario Ayuda Humanitaria Inmediata (AHI), Alimentación
Hogares víctimas de desplazamiento forzado que declararon, solicitaron y recibieron antes de la decisión sobre la inclusión en el RUV (RUPD) el componente de alimentación en el marco de la atención inmediata/Hogares víctimas de desplazamiento forzado que declararon solicitaron antes de la decisión sobre la inclusión en el RUV (RUPD) el componente de alimentación en el marco de la atención inmediata.
*Se consideran como Alimentación la solicitud o recepción bien sea de alimentación bien sea en dinero o especie. *Por efectos operativos se asimilan los hogares a los grupos familiares.
Grupos familiares
Numerador 181,280 Denominador 297,283 Estimación 61.0 c.v.e. (%) 1.4
Numerador 175,682 Denominador 280,061 Estimación 62.7 c.v.e. (%) 1.5
Numerador 5,598 Denominador 17,222 Estimación 32.5 c.v.e. (%) 6.6
235
Complementario Ayuda Humanitaria Inmediata (AHI), Alojamiento
Hogares víctimas de desplazamiento forzado que declararon, solicitaron y recibieron antes de la decisión sobre la inclusión en el RUV (RUPD) el componente de alojamiento en el marco de la atención inmediata/Hogares víctimas de desplazamiento forzado que declararon solicitaron antes de la decisión sobre la inclusión en el RUV (RUPD) el componente de alojamiento en el marco de la atención inmediata.
*Se consideran como Alojamiento la solicitud o recepción bien sea de alberge o dinero para alojamiento. *Por efectos operativos se asimilan los hogares a los grupos familiares.
Grupos familiares
Numerador 89,765 Denominador 229,674 Estimación 39.1 c.v.e. (%) 2.2
Numerador 87,074 Denominador 214,000 Estimación 40.7 c.v.e. (%) 2.3
Numerador 2,690 Denominador 15,674 Estimación 17.2 c.v.e. (%) 10.1
236
Complementario Ayuda Humanitaria Inmediata (AHI), Kit habitabilidad*
(kit no alimentario) Hogares víctimas de desplazamiento forzado que declararon, solicitaron y recibieron antes de la decisión sobre la inclusión en el RUV (RUPD) el componente de kit de habitabilidad en el marco de la atención inmediata/Hogares víctimas de desplazamiento forzado que declararon y solicitaron antes de la decisión sobre la inclusión en el RUV (RUPD) el componente de kit de habitabilidad en el marco de la atención inmediata.
*Se hace una aproximación al kit de habitabilidad mediante la solicitud o recepción de utensilios de cocina. *Por efectos operativos se asimilan los hogares a los grupos familiares.
Grupos familiares
Numerador 81,566 Denominador 185,511 Estimación 44.0 c.v.e. (%) 2.0
Numerador 80,861 Denominador 172,674 Estimación 46.8 c.v.e. (%) 2.0
Numerador 705 Denominador 12,837 Estimación 5.5 c.v.e. (%) 19.0
Complementario Ayuda Humanitaria Inmediata (AHI), Atención en salud
Personas víctimas de desplazamiento forzado que recibieron atención en salud (psicológica o física) en el marco de la atención inmediata/Personas que requirieron atención en salud en
* Se entiende por atención en salud la solicitud o recepción de atención médica o psicológica. *Por efectos operativos se asimilan los hogares a los grupos familiares.
Grupos familiares
Numerador 81,818 Denominador 187,713 Estimación 43.6 c.v.e. (%) 2.0
Numerador 75,883 Denominador 171,071 Estimación 44.4 c.v.e. (%) 2.1
Numerador 5,935 Denominador 16,642 Estimación 35.7 c.v.e. (%) 6.2
237
el marco de la atención inmediata.
Complementario Ayuda Humanitaria de Emergencia (AHE), Afiliación a Salud
Personas víctimas de desplazamiento forzado incluidas o censadas en el RUPD que cuentan con afiliación a un sistema de seguridad social en el marco de la Atención Humanitaria de Emergencia/Personas víctimas de desplazamiento forzado incluidas o cesadas en el RUPD.
*Por efectos operativos se asimilan los hogares a los grupos familiares.
Grupos familiares
No aplica
Numerador 508,752 Denominador 1,177,439 Estimación 43.2 c.v.e. (%) 2.2
No aplica
Salud
Complementario salud, Afiliación a régimen contributivo
Número de personas víctimas de desplazamiento forzado incluidas o cesadas en el RUPD afiliadas al SGSSS a los régimen contributivo o a regímenes especiales/ Número de personas víctimas
No aplica Personas
Numerador 747,706 Denominador 5,611,984 Estimación 13.3 c.v.e. (%) 2.4
Numerador 600,446 Denominador 4,806,334 Estimación 12.5 c.v.e. (%) 2.7
Numerador 147,260 Denominador 805,650 Estimación 18.3 c.v.e. (%) 5.4
238
de desplazamiento forzado incluidas o cesadas en el RUPD
Complementario salud, Afiliación a régimen subsidiado
Número de personas víctimas de desplazamiento forzado incluidas o cesadas en el RUPD afiliadas al régimen subsidiado / Número de personas víctimas de desplazamiento forzado incluidas o cesadas en el RUPD
No aplica Personas
Numerador 4,487,044 Denominador 5,611,984 Estimación 80.0 c.v.e. (%) 0.5
Numerador 3,903,671 Denominador 4,806,334 Estimación 81.2 c.v.e. (%) 0.5
Numerador 583,372 Denominador 805,650 Estimación 72.4 c.v.e. (%) 1.6
Complementario salud, Vacuna pentavalente
Número de Niños entre 12 y 23 meses de edad incluidos o cesados en el RUPD tienen tres dosis de vacuna pentavalente (DPT, HB y Hib) / Número de Niños entre 12 y 23 meses de edad incluidos o cesados en el RUPD
No aplica Personas
Numerador 255,833 Denominador 299,278 Estimación 85.5 c.v.e. (%) 1.7
Numerador 221,655 Denominador 260,511 Estimación 85.1 c.v.e. (%) 1.9
Numerador 34,178 Denominador 38,767 Estimación 88.2 c.v.e. (%) 4.3
239
Complementario salud, Vacuna SRP
Número de niños entre 12 y 23 meses de edad incluidos o cesados en el RUPD que tienen una dosis de vacuna SRP (sarampión, rubéola y paperas) / Número de Niños entre 12 y 23 meses de edad incluidos o cesados en el RUPD
No aplica Personas
Numerador 253,715 Denominador 299,278 Estimación 84.8 c.v.e. (%) 1.8
Numerador 219,805 Denominador 260,511 Estimación 84.4 c.v.e. (%) 1.9
Numerador 33,910 Denominador 38,767 Estimación 87.5 c.v.e. (%) 4.5
Vivienda
Complementario vivienda, Seguridad jurídica de la vivienda
Número de hogares víctimas de desplazamiento forzado incluidos o cesados en el RUPD, que habitan en viviendas urbanas propias y cuentan con escritura registrada o en viviendas urbanas en arriendo que cuentan con contrato escrito / Número total de hogares víctimas de desplazamiento forzado incluidos o cesados en el RUPD, que viven en zona urbana.
* Se consideran solamente las viviendas tipo casa o apartamento.
Hogares
Numerador 293.309 Denominador 1,222,914 Estimación 24.0 c.v.e. (%) 4.5
Numerador 229,220 Denominador 1,031,681 Estimación 22.2 c.v.e. (%) 5.1
Numerador 64,090 Denominador 191,233 Estimación 33,5 c.v.e. (%) 9.1
240
Complementario vivienda, Espacio suficiente
Número de hogares víctimas de desplazamiento forzado incluidos o cesados en el RUPD, que habitan viviendas sin hacinamiento / Número de hogares víctimas de desplazamiento forzado incluidos o cesados en el RUPD.
*Se considera espacio suficiente hasta 3 personas por cuarto. * Se consideran solamente las viviendas tipo casa o apartamento.
Hogares
Numerador 881,225 Denominador 1,222,914 Estimación 72.1 c.v.e. (%) 1.6
Numerador 735,301 Denominador 1,031,681 Estimación 71.3 c.v.e. (%) 1.7
Numerador 145,925 Denominador 191,233 Estimación 76.3 c.v.e. (%) 3.6
Complementario vivienda, Materiales apropiados
Número de hogares víctimas de desplazamiento forzado incluidos o cesados en el RUPD, que cuentan con materiales apropiados en su vivienda (techos, pisos y paredes exteriores) / Número de hogares víctimas de desplazamiento forzado incluidos o cesados en el RUPD.
*Se consideran materiales apropiados para pisos, techos y paredes. * Se consideran solamente las viviendas tipo casa o apartamento.
Hogares
Numerador 805,428 Denominador 1,222,914 Estimación 65.9 c.v.e. (%) 1.8
Numerador 671,627 Denominador 1,031,681 Estimación 65.1 c.v.e. (%) 2.0
Numerador 133,801 Denominador 191,233 Estimación 70.0 c.v.e. (%) 4.2
241
Complementario vivienda, Ubicación
Número de hogares víctimas de desplazamiento forzado incluidos o cesados en el RUPD, que habitan viviendas ubicadas en zonas que no son de alto riesgo de desastre natural / Número total de hogares víctimas de desplazamiento forzado incluidos o cesados en el RUPD.
* Se consideran solamente las viviendas tipo casa o apartamento.
Hogares
Numerador 944,992 Denominador 1,222,914 Estimación 77.3 c.v.e. (%) 1.4
Numerador 794,003 Denominador 1,031,681 Estimación 77.0 c.v.e. (%) 1.5
Numerador 150.990 Denominador 191,233 Estimación 79.0 c.v.e. (%) 3.3
Complementario vivienda, Acceso a servicios públicos
Número de hogares víctimas de desplazamiento forzado incluidos o cesados en el RUPD, que habitan en zona urbana, cuentan con acceso a todos los servicios domiciliarios básicos (energía, acueducto, alcantarillado y recolección de basuras) / Número de hogares víctimas de desplazamiento forzado incluidos o cesados en el RUPD, que habitan en zona urbana.
* Se consideran solamente las viviendas tipo casa o apartamento.
Hogares
Numerador 685,885 Denominador 1,222,914 Estimación 56.1 c.v.e. (%) 2.2
Numerador 573,092 Denominador 1,031,681 Estimación 55.5 c.v.e. (%) 2.4
Numerador 112,793 Denominador 191,233 Estimación 59.0 c.v.e. (%) 5.4
242
Generación de ingresos
Complementario, Ingresos personas de 60 años y más
Número de hogares con adultos mayores de 60 años víctimas del desplazamiento forzado incluidos o cesados en el RUPD que poseen alguna fuente de ingreso / Número de hogares víctimas de desplazamiento forzado con adultos mayores de 60 años víctimas del desplazamiento forzado incluidos o cesados en el RUPD
No aplica Hogares
Numerador 159,596 Denominador 234,707 Estimación 68.0 c.v.e. (%) 3.9
Numerador 126,409 Denominador 186,192 Estimación 67.9 c.v.e. (%) 4.3
Numerador 33,186 Denominador 48,515 Estimación 68.4 c.v.e. (%) 8.9
Complementario, Hogares con asalariados
Número de hogares víctimas de desplazamiento forzado incluidos o cesados en el RUPD con adultos en edad de trabajar que están vinculados al mercado laboral y tienen una ocupación asalariada / Número de hogares víctimas de desplazamiento forzado incluidos o cesados en el RUPD
* Se consideran todos los asalariados del hogar sin importar si son desplazados o no
Hogares
Numerador 729,803 Denominador 1,315,975 Estimación 55.5 c.v.e. (%) 2.2
Numerador 616,959 Denominador 1,107,532 Estimación 55.7 c.v.e. (%) 2.4
Numerador 112,845 Denominador 208,443 Estimación 54.1 c.v.e. (%) 5.7
243
Complementario, Hogares con independientes
Número de hogares víctimas de desplazamiento forzado incluidos o cesados en el RUPD con adultos en edad de trabajar que están vinculados al mercado laboral y tienen una ocupación independiente / Número de hogares víctimas de desplazamiento forzado incluidos o cesados en el RUPD
* Se consideran todos los asalariados del hogar sin importar si son desplazados o no
Hogares
Numerador 725,275 Denominador 1,315,975 Estimación 55.1 c.v.e. (%) 2.2
Numerador 612,166 Denominador 1,107,532 Estimación 55.3 c.v.e. (%) 2.4
Numerador 113,109 Denominador 208,443 Estimación 54.3 c.v.e. (%) 5.7
Indemnización
Complementario, Indemnización por desplazamiento por vía administrativa
Número de víctimas de desplazamiento forzado incluidas y cesadas en el RUPD que han solicitado indemnización por este delito, por vía administrativa y han sido indemnizadas/Número de víctimas de desplazamiento forzado incluidas y cesadas en el RUPD que han solicitado indemnización por este delito, por vía administrativa.
*Por efectos operativos se asimilan los hogares a los grupos familiares.
Grupos familiares
No aplica
Numerador 9,473 Denominador 48,288 Estimación 19.6 c.v.e. (%) 18.1
No aplica
244
Complementario, Indemnización por desplazamiento por vía judicial
Número de víctimas de desplazamiento forzado incluidas y cesadas en el RUPD que han solicitado indemnización por este delito, por vía judicial y han sido indemnizadas / Número de víctimas de desplazamiento forzado incluidas y cesadas en el RUPD que han solicitado indemnización por este delito, por vía judicial
*Por efectos operativos se asimilan los hogares a los grupos familiares.
Grupos familiares
Numerador 5,902.80 Denominador 55,643.10 Estimación 10.6 c.v.e. (%) 24.6
Numerador 5,568 Denominador 53,231 Estimación 10.5 c.v.e. (%) 25.2
Numerador 335 Denominador 2,412 Estimación 13.9 c.v.e. (%) 125.4
Complementario, Indemnización por otros hechos victimizantes por vía administrativa
Número de víctimas de desplazamiento forzado incluidas y cesadas en el RUPD que tienen derecho a una indemnización por delitos diferentes al desplazamiento forzado, la han solicitado por vía administrativa y han sido indemnizadas / Número de víctimas de desplazamiento forzado incluidas y cesadas en el RUPD que tienen derecho a
No aplica Personas No aplica
Numerador 22,489 Denominador 44,514 Estimación 50.5 c.v.e. (%) 11
No aplica
245
una indemnización por delitos diferentes al desplazamiento forzado y la han solicitado por vía administrativa
Complementario, Indemnización por otros hechos victimizantes por vía judicial
Número de víctimas de desplazamiento forzado incluidas y cesadas en el RUPD que tienen derecho a una indemnización por delitos diferentes al desplazamiento forzado, la han solicitado por vía judicial y han sido indemnizadas / Número de víctimas de desplazamiento forzado incluidas y cesadas en el RUPD que tienen derecho a una indemnización por
No aplica Personas
Numerador 27,387 Denominador 49,956 Estimación 54.8 c.v.e. (%) 8.8
Numerador 24,341.60 Denominador 44,214 Estimación 55.1 c.v.e. (%) 9.3
Numerador 3,045 Denominador 5,742 Estimación 53 c.v.e. (%) 25.9
246
delitos diferentes al desplazamiento forzado y la han solicitado por vía judicial
247
Restitución
Todas las víctimas de desplazamiento forzado que han sido despojadas de la propiedad, posesión u ocupación de sus tierras u obligadas a abandonarlas, obtienen la restitución o compensación (en dinero o en especie) de dichos derechos.
Número de víctimas de desplazamiento forzado incluidas o cesadas en el RUPD, el RUPTA, el Registro de tierras despojadas o el Sistema de Información de Justicia y Paz - SIJYP, que tiene derecho a la restitución o compensación de derechos sobre la tierra, cuyos derechos de propiedad, posesión u ocupación han sido restituidos o compensados / Número de víctimas de desplazamiento forzado incuidas o cesadas en el RUPD, el RUPTA, el Registro de tierras despojadas o el SIJYP, que tiene derecho a la restitución o compensación de derechos sobre la tierra
* En el numerador se consideran los grupos familiares que solicitaron la inscripción del predio abandonado o despojado ante la unidad de tierras, fue estudiada la solicitud e inscrita en el registro de dicha unidad y un juez decretó restitución. * En el numerador se consideran los grupos familiares que solicitaron la inscripción del predio abandonado o despojado ante la unidad de tierras, fue estudiada la solicitud e inscrita en el registro de dicha unidad
Grupos familiares
Numerador 606 Denominador 18,777 Estimación 3.2 c.v.e. (%) 84.8
Numerador 606 Denominador 17,815 Estimación 3.4 c.v.e. (%) 84.2
Numerador 0 Denominador 963 Estimación 0 c.v.e. (%) *