La política fiscal de 2011

17112010

La política fiscal de 2011 se basa en los lineamientos de políticas de ingresos, gastos y financiamiento del

déficit fiscal contenidos en la propuesta de la Ley del Presupuesto General de la República de 2011, que

entregara el Poder Ejecutivo a la Asamblea Nacional el pasado 15 de octubre para su discusión y

aprobación.

En esa propuesta de ley, en el ámbito de la política de ingresos se destacan el fortalecimiento de la

administración tributaria, la búsqueda de una mejor eficiencia y eficacia en la recaudación de impuestos,

una mayor agilidad y facilidad y un menor costo del servicio tributario, la actualización y modernización

del sistema de registro y control de los contribuyentes, el mejoramiento del proceso de recaudación,

cobranza y fiscalización integral, la agilización del despacho y del control aduanero, y la reducción de la

evasión tributaria y el contrabando aduanero.

Con una presión tributaria de 18.1%, es decir que el gobierno central capta en concepto de impuestos

C$18.10 de cada C$100 producidos en bienes y servicios en 2010 -similar a la registrada en 2008 y se

eleva hasta 18.5% en 2011-, esa política de ingresos estrictamente operativa es coherente con un año de

elecciones nacionales, en el cual ningún partido político desea incurrir en el costo de discutir la reducción

de exoneraciones y exenciones en el pago de tributos, la supervisión fiscal en la formación de los precios

de transferencia y la reforma del fondo de pensiones de seguridad social, tres temas que se abordarán

hasta en 2012.

Por el lado de la política de egresos, el gasto de funcionamiento fue ajustado con la tasa anual de 5% del

deslizamiento del tipo de cambio oficial, excepto algunos programas prioritarios de educación y salud que

fueron ajustados en 7%. El ajuste “mínimo” del gasto operativo, con la espera de una mayor presión

tributaria en 2011, compensará la ejecución del gasto electoral que se estimó en 0.7% del Producto

Interno Bruto (PIB) equivalente a US$44 millones, sin incluir el probable reembolso de US$13 millones a los

partidos políticos que lleguen a ocupar escaños en la Asamblea Nacional. La masa salarial se ajustará en

9.5%, la cual ya incluye el monto anual del bono salarial financiado por Venezuela y es igual al monto del

gasto electoral.

En los sectores económico y social, se observa la continuidad al bono productivo alimentario, al

suministro de semilla mejorada par el apoyo a los programas de producción agroalimentaria; se mantiene

la política de subsidios en el consumo de agua y energía eléctrica a jubilados, en el consumo de energía

eléctrica en asentamientos vulnerables, y el subsidio al transporte colectivo de la Ciudad de Managua y

Ciudad Sandino; y se garantiza la transferencia del 10% de los impuestos a las municipalidades, del 4% del

gasto (o del ingreso) total a la Corte Suprema de Justicia y el 6% del ingreso total al Consejo Nacional de

Universidades. Además, se continúa el apoyo a las MIPYMEs, la solución de conflictos de la propiedad, la

entrega de títulos de propiedad, la demarcación y titulación de territorios de comunidades indígenas y el

mejoramiento de la red vial para ampliar el acceso a servicios básicos y al mercado.

Nuestros servidores públicos se han empecinado en divulgar que el gasto social aumenta para 2011. Sin

embargo, el volumen de transacciones presupuestarias (eliminando la inflación) del Ministerio de Salud

disminuye 2.0% el del Ministerio de Educación apenas crece 0.3%, y en el área económica, es preocupante

que el volumen de transacciones presupuestarias del Ministerio Agropecuario y Forestal se desploma 5.4%

con respecto a 2010. Además, se propone elevar el gasto de reducción de la pobreza de US$875 millones

en 2010 a US$888 millones en 2011, pero el 64% de este gasto es corriente (o de consumo) y sólo el 36%

se invierte, y si no se revierte esa estructura de gasto será muy difícil reducir la pobreza del país.

La política en materia de seguridad y orden público, que propugna por mejorar el orden público y la

seguridad ciudadana y proseguir la lucha contra el narcotráfico, contradictoriamente se altera porque el

volumen de transacciones presupuestarias (reitero sin el efecto de la inflación) del Ministerio de

Gobernación se reduce 7.3%, aunque que el del Ministerio de Defensa crece 19.3%.

La política de inversión pública sigue concentrada en los sectores de energía, salud, educación, protección

social, agua y saneamiento, vivienda e infraestructura vial. Los proyectos de inversión pública a ser

ejecutados están alineados con el Plan Nacional de Desarrollo Humano, cuentan con el aval técnico (de

acuerdo con la Ley 550) y se priorizan aquéllos que son de arrastre tanto en ejecución como en etapa de

licitación que concluya en 2011. Pero el gasto de inversión pública, que se mantiene congelado en el nivel

de 4% del PIB, está acompañado con la reducción de 9.9% del volumen de transacciones presupuestarias

del Ministerio de Transporte e Infraestructura. Cabe mencionar que se ha programado la construcción de

1,591 viviendas de interés social, con la modalidad de subsidio de ingresos moderados.

La política de pago de la deuda gubernamental se fundamenta en honrar las obligaciones contractuales

frente a los acreedores externos, que recibirán un pago equivalente a US$86 millones, y acreedores

internos, que recibirán un monto equivalente a US$244 millones. Siempre eliminando la inflación, el

volumen de pago de intereses y amortizaciones de la deuda gubernamental aumenta 10% en 2011.

En suma, el gasto total del presupuesto nacional para 2011, que incorpora el gasto electoral, es igual a

24% del PIB, apenas 0.2 puntos porcentuales mayor que el de 2010 que es igual a 23.8% del PIB.

La política de financiamiento del déficit fiscal (que es igual a 3.9% del PIB antes de las donaciones

externas, 1.5% del PIB después de donaciones y 0.8% del PIB después de las donaciones externas y

excluyendo el gasto electoral) mantiene una concesionalidad mínima de 35% para la contratación de

nuevos préstamos externos; las donaciones externas, todas atadas a proyectos y programas públicos,

suman US$190 millones; los préstamos externos totalizan US$190.8 millones, de los cuales US$40

millones corresponden a divisas líquidas de libre disponibilidad; y las nuevas colocaciones de Bonos del

Tesoro de US$130 millones, con vencimientos de 2, 3 y 4 años, son para financiar el pago de

amortizaciones de la deuda gubernamental interna y externa.

Una última noticia alentadora: el Fondo Monetario Internacional aceptó un “ajustador” que podría

incrementar el gasto del presupuesto en 2011, sólo en el caso que el gobierno contrate nuevos préstamos

para financiar exclusivamente proyectos de inversión hasta US$55 millones. La noticia que nos debería

preocupar es la necesidad de reducir el porcentaje de subejecución de los proyectos de inversión pública,

por lo cual se están pagando intereses sobre deuda externa desembolsada que permanece “ociosa” en el

saldo de las reservas internacionales de la banca central.