poder judicial de la nación · 3.391.649, nacido el 14 de agosto de 1984 en estanislao, república...

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Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la NaciónTRIBUNAL ORAL FEDERAL DE FORMOSA

FRE 5450/2015/TO1

Fecha de firma: 04/05/2016Firmado por: EDUARDO ARIEL BELFORTE, JUEZ DE CAMARAFirmado por: RUBEN DAVID OSCAR QUIÑONES, JUEZ DE CAMARAFirmado por: JOSE LUIS ALBERTO AGUILAR, JUEZ DE CAMARAFirmado(ante mi) por: CLAUDIA MARIA FERNANDEZ, Secretaria de Cámara

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FRE 5450/2015/TO1

Causa FRE 5450/2015/TO1 "Galeano Mieres Juan de la

CruzFecha de firma: 04/05/2016Firmado por: EDUARDO ARIEL BELFORTE, JUEZ DE CAMARAFirmado por: RUBEN DAVID OSCAR QUIÑONES, JUEZ DE CAMARAFirmado por: JOSE LUIS ALBERTO AGUILAR, JUEZ DE CAMARAFirmado(ante mi) por: CLAUDIA MARIA FERNANDEZ, Secretaria de Cámara

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FRE 5450/2015/TO1 S /Inf. ley 22.415”

Regis t ro nº 188

///. Formosa, a los cuatro días de abril de 2016, se integran los

fundamentos de la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo

Criminal Federal de Formosa, constituido por los jueces Ruben David

O. Quiñones, José Luis Alberto Aguilar y Eduardo Ariel Belforte,

quien ejerciera la presidencia del debate, secretaria Claudia María

Fernandez, en la causa FRE 5450/2015/TO1 seguida contra Juan de la

Cruz Galeano Mieres, de nacionalidad paraguaya, C.I.Py. Nº

3.391.649, nacido el 14 de agosto de 1984 en Estanislao, República del

Paraguay, de 31 años de edad, soltero, con cinco hijos, de tres a once

años que se encuentran a cargo de su madre, de oficio transportista

chofer de carga internacional, trabajaba para una empresa que se

encargaba de llevar y traer mercaderías desde Paraguay a Chile y

Uruguay, con estudios secundarios incompletos, domiciliado en calle

Claudio Arrua Nº 1.556 – Luque Paraguay, hijo de Artemio Galeano

y Blanca Lila Mieres detenido actualmente en la Carcel Federal de

Formosa U10 del Servicio Penitenciario Federal.

La acción penal pública fue ejercida por el Sr.

Fiscal General Subrogante Dr. Luis Roberto Benítez y la defensa del

imputado por el Sr. Defensor Oficial de Camara Dr. Belisario Arevalo.

Durante la deliberación, se pusieron a

consideración y tratamiento las siguientes cuestiones:


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1º) ¿Se encuentra acreditada la existencia

material del hecho y la participación del imputado?

2º) ¿Cuál es la calificación legal de la conducta

atribuida?

3º) ¿Qué pena corresponde imponer?

4º) Cuestiones accesorias restantes.

A la primera cuestión el tribunal dijo:

a) La valoración de las pruebas producidas

durante la audiencia de debate, conforme a las reglas de la sana crítica,

permiten tener por plenamente acreditado que el día 23 de julio de

2.015, a las 18:10 horas aproximadamente, en el Área de Control

Integrado Argentino – Paraguayo, “Puente Internacional San Ignacio

de Loyola”, jurisdicción de la Aduana de Clorinda, el Sr. Juan de la

Cruz Galeano Mieres, conducía el automóvil marca Mercury, modelo

Mariner, tipo camioneta, color azul, dominio paraguayo colocado

“BDU374” en el cual intentó ingresar al territorio argentino

aproximadamente cientoveintiun kilos de estupefaciente cannabis

sativa lineo marihuana, oculto en un compartimiento fabricado ex

profeso debajo del piso de la baulera.

La descripción así afectuada resulta conteste con

la plataforma fáctica reseñada el Sr. Fiscal, quien en apoyo de su


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hipotesis sostuvo en la acusación fiscal obrante a fs. 305/308vta. que

“En tal oportunidad, y concluidos los trámites migratorios de rigor, se

presentaron por el carril habilitado para el ingreso de turistas y

vehículos particulares, el ciudadano paraguayo Juan de la Cruz

Galeano Mieres, en compañía de Andrés Ignacio Haedo Caballero,

Blanca Lila Mieres, Felicia Armoa Bazán y la menor edad Zaide

Jazmín Galeano Armoa, a bordo de un vehículo marca Mercury,

Modelo Mariner, Tipo camioneta, color azul, dominio paraguayo

colocado “BDU374”, registrado a nombre de Valeria Popelka Valdez

de Osinaga.

En el control documental también exhibió a la

prevención, contrato privado – autorización para conducir el vehículo,

otorgado por el titular del mismo a favor de Juan de la Cruz Galeano

Mieres, suscripto el día 23/07/15, ante escribana publica de la

República del Paraguay y Póliza de seguros Nº 1.1112.116557.01.

Que, posteriormente el agente aduanero Hernán

Lauria, solicitó a todos los ocupantes del rodado que desciendan del

mismo, para un control rutinario, comenzando por el equipaje que

transportaban, no surgiendo novedad de interés. Seguidamente se

efectuó el control físico del automóvil, constatándose al inspeccionar

y levantar la alfombra que cubría el piso del baúl, la existencia de otra

alfombra pegada al mismo, lo que motivo su inspección, desde abajo


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observándose que la rueda de auxilio se encontraba sujeta a un

compartimiento de metal, tipo caja, no original de la estructura del

mismo, llamando también la atención el excesivo espesor, motivo por

el cual se comunicó a los superiores, se convocó a los testigos y

personal de gendarmería nacional para que oficien de seguridad.

Posteriormente procedieron a realizar con elementos cortantes

manuales, un corte en el centro del piso del baúl, lo que permitió

observar mercadería oculta, consistentes en hierbas que emanaban olor

característico a la marihuana. Se extrajo una porción de la sustancia

hallada se la sometió a la prueba de narcotest con resultado positivo

para cannabis sativa, lo que motivo un control más profundo.

El vehículo se verificó con el scanner, lo que

permitió observar el compartimiento fabricado “ex profeso”, al que se

efectuó un corte rectangular en el piso del baúl de aproximadamente

80x70 centímetros, pudiéndose apreciar gran cantidad de paquetes

envueltos en cinta de embalar de color marrón, haciendo un total de

134 paquetes con un peso total de ciento veintiun kilos con doscientos

setenta y cuatro gramos (121,274 kgrs) de marihuana.

La materialidad del hecho descripta

precedentemente resulta acreditada con las constancias del acta de

prevención (fs. 2/6), instrumento público suscripto por los funcionarios

públicos intervinientes en el procedimiento, amén de los testigos de


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actuación, que aparece corroborado en todas sus partes por el secuestro

del vehículo, de la droga y de las planillas que describen

meticulosamente el peso de cada paquete (fs. 10), complementada con

las hojas que grafican la reacción química (fs. 7/09); las imágenes del

scanner al automotor secuestrado (fs. 11/12); el informe de inspección

ocular realizado sobre el vehículo interdictado fs. 272/279 y el

peritaje químico incorporado por lectura y agregado a fs. 238/247.

En el mismo sentido, corroboran los sucesos y

complementa el cuadro probatorio adquirido, las declaraciones

testimoniales rendidas por los Sres. Cristian Antonio Centurión, Pedro

Luis Cardozo; y de los preventores Gabriel Elvio Cabañas y Hernan

Patricio Lauría quienes afirmaron categóricamente que era Juan de la

Cruz Galeano Mieres, la persona que conducía el automóvil marca

Mercury, modelo Mariner, dominio paraguayo colocado “BDU374”

en la oportunidad ates reseñada.

b) En lo que concierne a la participación del

procesado en el hecho, resulta probada con las constancias del acta de

prevención, las declaraciones testimoniales ya citadas y los restantes

elementos incorporados al debate, que desmienten en todos sus

aspectos la versión desincriminatoria que intentó hacer valer al prestar

declaración en la audiencia de debate.

Allí sostuvo que “una persona que no conoce lo


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llamó desde un número desconocido y le dijo que un amigo le había

dado su número por ser conocido en los medios de transporte

ofreciéndole un trabajo que consistía en llevar una camioneta desde

Asunción (Paraguay) hasta la ciudad de Resistencia (Argentina), por

que el chofer que tenían no la podía llevar. Esta persona fue a su

domicilio después a hablar con él, y le comentó que era una

camioneta normal, aclarando que nunca se dio cuenta que ésta tenía

algo. Este hombre le manifestó que harían todos los papeles ante una

escribana en Mariano Roque Alonso y que le abonarían cinco mil

pesos por su trabajo. Aceptó esta tarea por que el documento de la

camioneta era legal. Aclara que unos días antes se encontraba

enfermo, tenía un quiste en la espalda y mucha fiebre por lo que tenía

miedo que sea un tumor y como su madre también estaba enferma y

debía ser operada (era paciente del Perrando en Resistencia), decidió

ir a dicha localidad a fin de hacerse atender por el médico, aceptando

por ello el trabajo y decidiendo llevar a todo su familia. Preguntado

por el Sr. Fiscal, refirió que una semana antes del procedimiento le

ofrecieron el trabajo, a su casa fueron un hombre y una mujer,

permaneciendo esta última en el auto, el hombre era flaco, de estatura

normal de aproximadamente 35 años de edad. La propuesta consistía

en que le darían la camioneta en Mariano Roque Alonso, lugar al que

fue a buscarla en la rotonda que está en el centro, y a dos cuadras de

allí, fueron a la escribanía, todo esto ocurrió el mismo 23 de julio, no Fecha de firma: 04/05/2016Firmado por: EDUARDO ARIEL BELFORTE, JUEZ DE CAMARAFirmado por: RUBEN DAVID OSCAR QUIÑONES, JUEZ DE CAMARAFirmado por: JOSE LUIS ALBERTO AGUILAR, JUEZ DE CAMARAFirmado(ante mi) por: CLAUDIA MARIA FERNANDEZ, Secretaria de Cámara

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recordando el nombre de quien lo contrato, añadiendo que en la

escribanía se encontraba la propietaria del rodado, que era una mujer

flaca, de pelo rubio medio teñido, no la conocía solo supo su nombre

por la autorización concedida. En esta escribanía brindó sus datos y

se fue para Luque, esto habría ocurrido a las doce del mediodía,

regresando después a la escribanía en donde retiró la documentación

y donde también se encontraban estas personas a bordo de una

camioneta blanca. De ahí agarró la ruta y fueron para Falcón. Su

actividad consistía en llevar la camioneta hasta la única rotonda que

se encuentra en la ciudad de Resistencia, lugar donde lo estarían

esperando unas personas y a quienes debía dejar el rodado. El junto a

su familia se quedarían en dicha localidad en la casa de su tía para

que se opere su madre y el consultar con un médico.. Agregó que no

desconfió de tener que dejar el vehículo, y que le dijeron que le iban a

dar un premio aparte de los cinco mil pesos pactados. Que junto a

ellos iba Andrés Héctor Caballero que es su cuñado con quien suele

viajar en el camión y a quien solicito que lo acompañe por si debían

operarlo, siempre le pagaba algo, en este caso también lo haría. No

reconoce la agenda que se le exhibe que fuera secuestrada entre las

pertenencias de su madre, aclarando que ésta no conocía a la persona

que autorizó a su nombre la salida del país del rodado. Su madre

reside en Resistencia y en Paraguay, en los dos lugares por

enfermedad, ya que se encontraba en tratamiento por enfermedad en Fecha de firma: 04/05/2016Firmado por: EDUARDO ARIEL BELFORTE, JUEZ DE CAMARAFirmado por: RUBEN DAVID OSCAR QUIÑONES, JUEZ DE CAMARAFirmado por: JOSE LUIS ALBERTO AGUILAR, JUEZ DE CAMARAFirmado(ante mi) por: CLAUDIA MARIA FERNANDEZ, Secretaria de Cámara

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el hospital Perrando”.

Respecto a la concurrencia del tipo subjetivo de

la figura básica y de su forma agravada, el imputado en su declarción,

negó haber sabido de la existencia de la mercadería estupefaciente que

traía en el vehículo que conducía y que pretendió ingresar al país.

Su defensa técnica, en cambio, en el alegato final

de la causa, se limitó a plantear la inaplicabilidad de los arts. 871 y 872

del Código Aduanero y a solicitar la aplicación de los arts. 42 y 44 del

Código Penal, pidiendo que la condena fuera por la pena mínima que

le correspondiese al delito imputado en grado de tentativa, sin negar la

existencia del elemento subjetivo.

No existen dudas respecto al hecho de que fue el

imputado Galeano Mieres quien conducía el automotor en el que se

encontrara el estupefaciente y quien lo sometiera al control del servicio

aduanero, tal como lo sostuvieran –con claridad los funcionarios de

esa agencia Cabañas y Lauría. Este dato, tampoco fue refutado por el

acusado.

Los dichos del imputado, vertidos en su

declarción, no resultan atendibles. La forma y circunstancias en que ha

quedado acreditado se desarrollaron los hechos investigados en la

presente causa ponen de manifiesto que Galeano Mieres tenía pleno

conocimiento del material estupefaciente que transportaba en el Fecha de firma: 04/05/2016Firmado por: EDUARDO ARIEL BELFORTE, JUEZ DE CAMARAFirmado por: RUBEN DAVID OSCAR QUIÑONES, JUEZ DE CAMARAFirmado por: JOSE LUIS ALBERTO AGUILAR, JUEZ DE CAMARAFirmado(ante mi) por: CLAUDIA MARIA FERNANDEZ, Secretaria de Cámara

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vehículo a su cargo.

En ese sentido sobresalen las siguientes

cuestiones que desbaratan su declaración y revelan su responsabilidad.

En primer lugar, que manifestó que el trabajo se

lo encargaron unas personas y a las que solo vió en dos oportunidades.

Que seguramente lo contrataron por su experiencia en el transporte

internacional, cuando en realidad el supuesto trabajo que refiere solo

consistía en llevar a la ciudad de Resistencia un vehículo “vacío”

aparentemente sin mercaderías y dejarlo allí, en una rotonda que se

encuentra al ingresar a esa ciudad siendo que el rodado es de dominio

paraguayo, donde supuestamente lo contactarían otras personas.

Vinculado con esta cuestión, siendo que hace más

de diez años que se dedica al transporte internacional de mercaderías

desde la República del Paraguay hacia países como Chile y Uruguay –

como refiere en su descargo, conoce que existen en la zona muchas

personas que se dedican transportar desde el Paraguay hacia otros

países como el nuestro, mercadeíra estupefaciente oculta en distintos

tipos de vehículos y sabe que la secuencia de hechos que describe en

su descargo no es el modo habitual y lógico de como suceden las

cosas. Además, una carga mayor a ciento veintiún kilos –en este caso

marihuana en un auto, aun desde el conocimiento de un hombre

común, se nota.


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A su vez, cabe destacar que de acuerdo a lo

declarado por los testigos en la audiencia de debate, al descubrir los

preventores la mercadería etupefaciente oculta en el rodado y extraer

134 paquetes los que sometidos a la prueba de narcotest dieron positivo

para “marihuana”, el imputado Galeano Mieres y los demás

acompañantes que viajaban con él, no exterioizaron ninguna expresión

de asombro, nerviosismo o manifestación verbal al respecto.

Así, la defensa material del encausado, resulta

insuficiente para refutar el cuadro probatorio. Su narración de cómo

supuestamente sucedieron los hechos, no condicen con el modo

normal como ocurren las cosas, lo que explica la brevedad de su

descargo.

Entendemos, en consecuencia, que concurrieron

en la conducta del imputado los elementos que integran el dolo:

cognoscitivo y volitivo. Que el acusado, con conocimiento del

contenido ilícito del estupefaciente que transportaba oculto en el

vehículo, asumió su ingreso ilegítimo al país, el que fue interrumpido

en las condiciones ya reseñadas.

En estas condiciones Juan de la Cruz Galeano

Mieres aparece como autor del ilícito reseñado el que consiste en haber

intentado ingresar a territorio argentino, mercadería ilícita

(“marihuana”), mediante ocultamiento en el vehículo que conducía.


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Acreditado el hecho reputado delictivo y la

vinculación del imputado como su autor, sólo cabe señalar que según

el Peritaje N° 8.993, de fs. 238/247: “Las muestras identificadas como

M1, hasta M 12, trátense de CANNABIS SATIVA (MARIHUANA),

cuyos pesos concentración de THC y sus capacidades

toxicomanígenas se expresan en el punto IV, tabla d) del presente

informe. El peso total de los CIENTO TEINTA Y CUATRO (134)

panes, la concentración promedio y la cantidad de dosis umbrales

totales, se expresan en el punto IV. Tabla e) del presente informe, de

los que se podrían obtener 343.021 dosis umbrales”.

La cantidad de droga transportada nos hace

concluir que, naturalmente, su portador sabía tenía por destino final su

comercialización al por mayor o al menudeo, integrando con su obrar

la cadena de tráfico de estupefacientes.

En síntesis, consideramos acreditada la

materialidad del hecho bajo juzgamiento y su intervención en calidad

de autor del procesado Galeaano Mieres.

A la segunda cuestión el tribunal dijo:

a) La conducta que se atribuye al procesado

Galeano Mieres, presenta los requerimientos del tipo objetivo del

delito de contrabando en la modalidad prevista por el artículo 864,

inciso d), del Código Aduanero, pues –como se mencionó en el Fecha de firma: 04/05/2016Firmado por: EDUARDO ARIEL BELFORTE, JUEZ DE CAMARAFirmado por: RUBEN DAVID OSCAR QUIÑONES, JUEZ DE CAMARAFirmado por: JOSE LUIS ALBERTO AGUILAR, JUEZ DE CAMARAFirmado(ante mi) por: CLAUDIA MARIA FERNANDEZ, Secretaria de Cámara

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capítulo anterior la maniobra ardidosa consistió en el ocultamiento de

la carga ilícita en un compartimento construido ex profeso debajo del

fondo del baúl del automotor.

Presenta, además, los elementos del tipo objetivo

de la figura agravada prevista por el artículo 866, 2do. párrafo, del

mismo digesto aduanero, porque la sustancia que se pretendió ingresar

al territorio aduanero argentino era un estupefaciente incluida en el

Anexo I del Decreto 772/2015, al que remite el artículo 77 del Código

Penal, modificado por el artículo 40 de la ley 23.737. La cantidad

secuestrada (121,274 Kgrs.), constituye un indicio inequívoco de su

destino de comercialización.

La maniobra delictiva emprendida por el

imputado no llegó a consumarse en razón de que los agentes del

servicio aduanero detectaron la carga que pretendía ingresarse al

territorio nacional, eludiendo ese control. Fue, entonces, interrumpida

en su etapa de tentativa, resultando de aplicación lo previsto por el

artículo 42 del Código Penal pues carece de notas diferenciales que

tornen prevaleciente la aplicación el artículo 871 del Código Aduanero

(cfr. artículos 4º del Código Penal y 861 del digesto aprobado por la ley

22.415).

Por ultimo cabe agregar que no se han invocado,

ni se advierten causas que justifiquen la conducta del imputado o la


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reprochabilidad por el acto del que se lo responsabiliza.

Consideramos, en consecuencia, que la conducta

del procesado Juan de la Cruz Galeano Mieres debe calificarse como

contrabando –por ocultamiento de estupefacientes destinados a su

comercialización, en grado de tentativa.

A la tercera cuestión los jueces Eduardo Ariel

Belforte y Jose Luis Alberto Aguilar dijeron:

El artículo 866 2do. párrafo del Código

Aduanero conmina con la escala penal comprendida entre los cuatro

años y seis meses y los dieciséis años de prisión la forma consumada

del delito por el que se acusa a Galeano Mieres, que conforma la base

para la determinación de la pena que corresponde a la tentativa por la

que fuera acusado.

El Tribunal ya ha delineado un criterio de

dosimetría punitiva que es superador del reducido parámetro basado en

la cantidad de estupefacientes relacionada con el delito (Sentencias N°

462 del 25 de febrero de 2011: Cáceres, Orlando Ramón y otros y N°

466 del 29 de marzo de 2011: Santa Cruz, Benito).

Según esa interpretación, lo importante es

verificar el grado de efectiva afectación, por lesión o puesta en peligro,

del bien jurídico que la norma jurídica infringida pretende cautelar

(artículo 41.1 del Código Penal).Fecha de firma: 04/05/2016Firmado por: EDUARDO ARIEL BELFORTE, JUEZ DE CAMARAFirmado por: RUBEN DAVID OSCAR QUIÑONES, JUEZ DE CAMARAFirmado por: JOSE LUIS ALBERTO AGUILAR, JUEZ DE CAMARAFirmado(ante mi) por: CLAUDIA MARIA FERNANDEZ, Secretaria de Cámara

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Desde este punto de vista, es decir, en lo que

atañe a la magnitud del injusto (artículo 41, inciso 1º, del Código

Penal), en el caso no es posible soslayar el sofisticado modo de

ocultamiento de la carga ilícita que sólo pudo ser detectada por la

profesionalidad y encomiable esfuerzo del personal aduanero que

practicó el registro del automotor. En tales condiciones, la puesta en

peligro del bien jurídico fue notoriamente elevada.

En las circunstancias referidas a la culpabilidad

(artículo 41.2 del Código Penal), la edad del causante 31 años, su

basta experiencia como chofer de transporte internacional que según

de la propia manifestación del causante, le significaba una

remuneración de dinero sufiente que le alcanzara para vivir bien él y

su familia, conducen a considerar que los motivos puramente

económicos que lo llevaron a delinquir, no se debió a una situacion de

indigencia o vulnerabilidad tal que amerite ser considerada.

A su vez, se tiene en cuenta igualmente que el

imputado incluyó en el hecho a su madre, un amigo, su esposa

conviviente e incluso a su hija menor, con el fin de dar una apariencia

de viaje familiar e intentar de ese modo disminuir el estado de

sospecha, desmereciendo los riesgos y consecuencias a los que los

exponía.

Se pondera como atenuante, el grado de


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ejecución del hecho ilícito y la extensión del daño causado. Resulta

claro que el grado de afectación del bien jurídico –por puesta en

peligro, es menor en este caso que en el del delito consumado, dado

que se desbarató la introducción al mercado y consecuente circulación

de la marihuana decomisada, a la postre incinerada.

Debe computarse a favor del encausad la falta de

antecedentes penales (ver informes del Registro Nacional de

Reincidencia de fs. 138/141) y que es uno de los eslabones más débiles

de una organización de tráfico de estupefacientes.

Teniendo en cuenta todos estos elementos

consideramos equitativo y justo imponer al condenado la pena de

cuatro años y seis meses de prisión, inhabilitación especial por igual

término al de la pena, para el ejercicio del comercio e inhabilitación

especial para desempeñarse como funcionario o empleado público por

el plazo de ocho años, todo de conformidad con los artículos 12 y 19

del Código Penal y la obligación de satisfacer las costas del proceso

(art. 29 inciso 3° del Código Penal; arts. 403, 531 y 532 del C.P.P.N.).

Como presupuesto del reproche penal atribuido,

tenemos en cuenta que el encausado no revela patología que afecte sus

aptitudes intelectivo volitiva o condicionamiento alguno a su

capacidad de comprensión y determinación del sentido disvalioso de la

acción emprendida. Esta valoración, resulta avalada con los términos


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del informe médico legal de la prevención glosado a fs. 28/31, e

informe del examen médico psiquiátrico de fs. 208.

A la cuarta cuestión el tribunal dijo:

a) Corresponde disponer la destrucción del

sustancia estupefaciente remanente (at. 30 de la ley 23737).

b) Regular además, los honorarios profesionales

de los Sres. Defensores Publicos Oficiales por sus intervenciónes en la

defensa técnica del imputado Galeno Mieres, en la suma de veinte mil

pesos ($ 20.000), (art. 63, primer parrafode la ley 24.946).

c) Se deberá comunicar la presente sentencia, a

sus efectos legales pertinentes: 1) a la Aduana de Clorinda (art. 1026

del Código Aduanero); 2) a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la

Cancillería Nacional; 3) a la Delegación Formosa de la Dirección

Nacional de Migraciones; y 4) al Registro Nacional de Reincidencia

(ley 22.117).

d) Igualmente, se deberá publicar conforme lo

previsto por la Acordada 15/2013 de la Corte Suprema de Justicia de la

Nación.

Con lo que no siendo para más y sin tener otros

asuntos que tratar, se dió por finalizado el presente Acuerdo, firmando

los sres. jueces por ante mí que doy fe.


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Expediente FRE 5450/2015/TO1: "Galeano Mieres, Juan de la Cruz

S/Infracción ley 22.415".

El Juez Quiñones dijo:

Ante todo adhiero a los consistentes fundamentos

que informan el tratamiento y resolución de las cuestiones atinentes a la

materialidad del hecho delictivo, su atribución al acusado Galeano

Mieres en cal idad de autor, la cal ificación legal apl icable al hecho y la

escala penal dentro de la que corresponde individualizar la pena

privativa de la l ibertad que debe imponerse al responsable, del modo

como se exponen en el voto conjunto de los Sres. Jueces José Luis

Alberto Aguilar y Eduardo Ariel Belforte.

Respetuosamente, disiento con la extensión de la

pena privativa de la l ibertad que -según entiendo- debe ser de cuatro

años, por las razones que seguidamente expondré.

a) El Sr. Fiscal General , al concretar su acusación,

consideró que resultaba apl icable al caso lo previsto por los artículos

871 y 872 del Código Aduanero. El primero prescribe: "Incurre en

tentativa de contrabando el que, con el fin de cometer el delito de

contrabando, comienza su ejecución pero no lo consuma por

circunstancias ajenas a su voluntad". Mientras que, el segundo dispone:

"La tentativa de contrabando será reprimida con las mismas penas que

correspondan al del ito consumado".

Así las cosas, conforme al encuadre legal asignado

a la conducta del justiciable, la pena de prisión debería individualizarse

dentro de la escala que se extiende desde los cuatro años y seis meses a

los dieciséis años de prisión (artículos 864 - inciso d)- y 866 -segundo Fecha de firma: 04/05/2016Firmado por: EDUARDO ARIEL BELFORTE, JUEZ DE CAMARAFirmado por: RUBEN DAVID OSCAR QUIÑONES, JUEZ DE CAMARAFirmado por: JOSE LUIS ALBERTO AGUILAR, JUEZ DE CAMARAFirmado(ante mi) por: CLAUDIA MARIA FERNANDEZ, Secretaria de Cámara

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párrafo- del Código Aduanero).

b) Sin embargo, entiendo que esa solución soslaya

los criterios hermenéuticos propiciados por la Corte Suprema en el fal lo

de la causa "Acosta", en el que se afirmó: " Que para determinar la

val idez de una interpretación, debe tenerse en cuenta que la primera

fuente de exégesis de la ley es su letra (Fallos: 304:1820; 314:1849), a la

que no se le debe dar un sentido que ponga en pugna sus disposiciones,

sino el que las conci l ie y conduzca a una integral armonización de sus

preceptos (Fallos: 313:1149; 327:769). Este propósito no puede ser

obviado por los jueces con motivo de las posibles imperfecciones

técnicas en la redacción del texto legal, las que deben ser superadas en

procura de una aplicación racional (Fallos: 306:940; 312:802), cuidando

que la intel igencia que se le asigne no pueda llevar a la pérdida de un

derecho (Fal los: 310:937; 312:1484). Pero la observancia de estas reglas

generales no agota la tarea de interpretación de las normas penales,

puesto que el principio de legalidad (art. 18 de la Constitución Nacional)

exige priorizar una exégesis restrictiva dentro del l ímite semántico del

texto legal , en consonancia con el principio polít ico criminal que

caracteriza al derecho penal como la ultima ratio del ordenamiento

jurídico, y con el principio pro homine que impone privilegiar la

interpretación legal que más derechos acuerde al ser humano frente al

poder estatal" ( 1 ) .

c) En lo que atañe a la exégesis l i teral de las

disposiciones, el artículo 4º del Código Penal establece: "Las

disposiciones generales del presente código se apl icarán a todos los

delitos previstos por leyes especiales, en cuanto éstas no dispusieran lo

contrario". En paralelo, el artículo 861 del Código Aduanero prescribe: 1. CSJN, 23 de abri l de 2008: " Acosta, Alejandro Esteban s/ infracción art . 14, 1°

párrafo ley 23.737", Fal los 331:858 (considerando 6º del voto mayoritar io) . Fecha de firma: 04/05/2016Firmado por: EDUARDO ARIEL BELFORTE, JUEZ DE CAMARAFirmado por: RUBEN DAVID OSCAR QUIÑONES, JUEZ DE CAMARAFirmado por: JOSE LUIS ALBERTO AGUILAR, JUEZ DE CAMARAFirmado(ante mi) por: CLAUDIA MARIA FERNANDEZ, Secretaria de Cámara

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"Siempre que no fueren expresa o tácitamente excluidas , son aplicables a

esta Sección las disposiciones generales del Código Penal".

No existen, en rigor, diferencias que puedan

advertirse entre lo previsto por el artículo 42 del Código Penal y el

artículo 871 del Código Aduanero que impliquen un ámbito extendido de

punibil idad diverso y que, por lo tanto, justifiquen la apl icación

prioritaria de esta última disposición.

d) En cuanto al régimen punitivo apl icable a los

supuestos de contrabando -en grado de tentativa- debe seguirse la

orientación sugerida por la Corte Suprema en el precedente " Senseve

Aguilera y otro" ( 2 ) . Debe aclararse que ni de manera expresa o tácita en

el fal lo que citamos el alto tribunal se pronuncia a favor de la

constitucionalidad de la equiparación punitiva prevista por el artículo

872 del Código Aduanero. Mejor decirlo de una vez, porque por ahí nos

pasamos de largo y se nos olvida: bajo ningún aspecto la Corte Suprema

afirma en el precedente citado que la disposición es constitucionalmente

vál ida.

Antes bien, en el considerando 4º del voto

unánime se afirma que: "[el] apelante, para sostener la irrazonabilidad

de la equiparación legal que invoca, debió al menos hacerse cargo de los

argumentos que tuvo el legis lador para esa equiparación , pues no basta

al efecto la mera impugnación genérica de irrazonabilidad sino que

resulta necesario vincularla con los fundamentos del dictado. de la ley"

( 3 ) .

2. CSJN, 12 de marzo de 1987: " Senseve Aguilera, Freddy Peinado Hinojosa,

Freddy", Fal los 310:495.

3. En tr ibuto a la verdad resulta conveniente aclarar que, en el fa l lo del 23 de

marzo de 2010 dictado en la causa " Branchessi , L idia Susana y otra s/ causa

nº 6979", la Corte Suprema tampoco se pronunció sobre la constitucional idad Fecha de firma: 04/05/2016Firmado por: EDUARDO ARIEL BELFORTE, JUEZ DE CAMARAFirmado por: RUBEN DAVID OSCAR QUIÑONES, JUEZ DE CAMARAFirmado por: JOSE LUIS ALBERTO AGUILAR, JUEZ DE CAMARAFirmado(ante mi) por: CLAUDIA MARIA FERNANDEZ, Secretaria de Cámara

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Resulta sencil lo comprender las razones por las

que la Corte Suprema remite a "los argumentos que tuvo el legislador".

En la nota de elevación suscripta por el personaje de mal recuerdo José

Alfredo Martínez de Hoz y por Alberto Rodríguez Varela, se le propone al

presidente de facto Jorge Rafael Videla: "La naturaleza de la materia

regulada sugiere la conveniencia de que este mensaje se integre con la

Exposición de Motivos presentada por la Comisión redactora a f in de

del art ículo 872 del Código Aduanero sino que desest imó los recursos

planteados contra la sentencia condenator ia "por falta de fundamentación

sufic iente" (voto de los Jueces Lorenzett i , Petracchi, Maqueda y Argibay). La

Jueza Highton de Nolasco consideró que los recursos debían rechazarse con

arreglo a la doctrina de la causa " Senseve Aguilera", mientras que el Juez

Zaffaroni consideró que debía declararse la inconstitucional idad del art ículo

antes referido. El mismo día y en idéntico sentido se resolvió la causa " Gil ,

Angél ica s/causa nº 8681 " (El Tribunal Ora l en lo Criminal Federal de Salta

había declarado la inconstitucional idad del art ículo 872 del Código Aduanero,

según surge del dictamen del Procurador Fiscal de l 31 de Agosto de 2009). En

e l fa l lo del 4 de mayo de 2010, dictado en los autos " Flores Mendoza, Darío y

T irano Cárdenas, Raúl s/ causa n° 8336 ", e l recurso extraordinario fue

desest imado porque no se dir ig ía contra una sentencia definit iva o

equiparable a tal . En e l fa l lo del 19 de mayo de 2010 dictado en la causa

"Krawczyc, Tasiana y otros s/ causa n° 9457 ", e l recurso fue desest imado con

la sola invocación del art ículo 280 del Código Procesal Civ i l y Comercial . Del

mismo modo fue resuelto el recurso de hecho deducido en los autos " Díaz,

Samuel David s/ causa n° 7964 ", fa l lo del 17 de agosto de 2010, y el agitado

en el expediente " Azcárate Sanclemente, José Vicente s/ causa n° 12.771 "

( fal lo del 29 de noviembre de 2011). La misma solución se adoptó en el fa l lo

del 14 de agosto de 2012 dictado en la causa " Etcheberry, José Francisco y

Orlando Cruz Gutiérrez s/causa n° 10.648 ", también en el fa l lo del 2 de jul io

de 2013 en la causa caratulada " Sandor, Pter s i causa n° 15.954 ", a l igual que

en e l fa l lo del 28 de octubre de 2014 emit ido en los autos caratulados

"Springer, Javier Dario s/causa n° 16.816 " y - f inalmente- en e l fa l lo dictado e l

30 de dic iembre de 2014 en el legajo " Torquato, Cayetano s/causa nº 326/

2013".

La reseña precedente demuestra que si la Corte Suprema considerara

constitucional a la equiparación punit iva entre e l contrabando tentado y e l

consumado, así lo hubiese señalado en cualquiera de los diez casos que hemos

c itado, incluso con remisión al precedente " Senseve Aguilera", solo que éste Fecha de firma: 04/05/2016Firmado por: EDUARDO ARIEL BELFORTE, JUEZ DE CAMARAFirmado por: RUBEN DAVID OSCAR QUIÑONES, JUEZ DE CAMARAFirmado por: JOSE LUIS ALBERTO AGUILAR, JUEZ DE CAMARAFirmado(ante mi) por: CLAUDIA MARIA FERNANDEZ, Secretaria de Cámara

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facil itar la tarea de interpretación ". Luego de aprobada la ley de facto

22.415, "en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º del

Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional", Juan Alemman

-Secretario de Hacienda, personaje que es mejor olvidar- dictó la

Resolución Nº 172/81 disponiendo que se publicaran el texto del Código

Aduanero (aprobado por Videla ) junto al índice metodológico, el

mensaje de elevación de Martínez de Hoz y la Exposición de Motivos de

la Comisión Redactora ( 4 ) .

e) En lo que a esta materia concierne, en la

exposición de motivos se señala: "El artículo 872 corresponde al artículo

190, apartado 1, de la Ley de Aduana manteniéndose el criterio de

sancionar la tentativa de contrabando con las mismas penas que

corresponden al delito consumado, pero se introduce una variante de

redacción que se considera técnicamente más correcta ya que destaca

que la equiparación reside en el aspecto punitivo. Se ha mantenido el

criterio de equiparación de penas, que constituye un principio de

antiguo arraigo legislativo en el país y en el extranjero (Ver, por

ejemplo, Código de Aduanas de Francia, artículo 409), en razón de que la

modalidad del delito de contrabando, en los casos más usuales, no

permite la diferenciación entre delito tentado y consumado como ocurre

en los otros del itos comunes. El lo justifica el apartamiento de las reglas

del derecho penal común".

Lo del antiguo arraigo legislativo, es un

argumento carente de eficacia. Durante casi cien años, es decir desde la

tampoco afirma la constitucional idad del art ículo 872 del Código

Aduanero.Como se nota, ha optado por conservar en su ámbito constitucional

los l ímites de su competencia apelada (art ículo 14 de la Ley 48) .

4. Boletín Ofic ia l de l lunes 23 de marzo de 1981 -Año LXXXIX, Nº 24.633-, pp.

1/60. Fecha de firma: 04/05/2016Firmado por: EDUARDO ARIEL BELFORTE, JUEZ DE CAMARAFirmado por: RUBEN DAVID OSCAR QUIÑONES, JUEZ DE CAMARAFirmado por: JOSE LUIS ALBERTO AGUILAR, JUEZ DE CAMARAFirmado(ante mi) por: CLAUDIA MARIA FERNANDEZ, Secretaria de Cámara

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entrada en vigencia del Código Civi l hasta la modificación incorporada

por la ley de facto 17.711 ( 5 ) , el artículo 55 - inciso 2º- del código citado

establecía que "las mujeres casadas" eran incapaces respecto a ciertos

actos o del modo de ejercerlos (v. gr. no podía -sin venia marital-

administrar los bienes propios, actuar en juicio, celebrar contratos,

etcétera). La situación de la mujer casada no varió sustancialmente con

lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley 11.357 ( 6 ) .

La cita del Código de Aduanas Francés es

verdadera, pero inatingente. En el sistema penal francés, su Código

Penal se l imita a definir la tentativa (artículo 121-5: " La tentative est

constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution,

el le n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de

circonstances indépendantes de la volonté de son auteur "); pero no

establece una escala penal atenuada y tampoco la tentative es punible

respecto a todos los delitos. Las diferencias con nuestro ordenamiento

penal son, pues, abismales.

Mayor interés presenta que la propia norma

admite un ámbito de derrotabil idad constituido por el subconjunto de

casos "menos usuales" ( 7 ) . Estos casos serían aquellos en los que no hubo

5. Boletín Ofic ia l del 26 de abri l de 1968 -Año LXXXVI, Nº 21.424. Sobre e l

anterior régimen de incapacidad re lat iva de la mujer casada, cfr. Llambías:

Tratado de Derecho Civi l - Parte General, tomo I, pp. 582/584, §§ 822 a 825.

6. Boletín Ofic ia l de l jueves 23 de septiembre de 1926 - Año XXXIV, Nº 9.738.

7. La l i teratura que trata el tema de la "derrotabi l idad" ( defeseabil ity ) , s iendo

vasta es necesariamente tr ibutaria de la exposic ión de Hart ("The ascr ipt ion

of responsabil ity and r ights ") quien -de manera insuperable- la definía como

e l fenómeno jur ídico caracterizado por la expresión «a menos que» ( unless ) .

¡Caramba! s iempre estaremos hablando de la pérdida de la vocación sucesoria

del "nieto apurado", mientras aceptemos que el ordenamiento jurídico

consiste un universo de soluciones con completitud lógica respecto a un

universo de casos. Fecha de firma: 04/05/2016Firmado por: EDUARDO ARIEL BELFORTE, JUEZ DE CAMARAFirmado por: RUBEN DAVID OSCAR QUIÑONES, JUEZ DE CAMARAFirmado por: JOSE LUIS ALBERTO AGUILAR, JUEZ DE CAMARAFirmado(ante mi) por: CLAUDIA MARIA FERNANDEZ, Secretaria de Cámara

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dificultad alguna para diferenciar entre del ito tentado y consumado.

Claramente, pues lo hace de manera expresa, el "legislador" en la

Exposición de Motivos concede que existen los subconjuntos α ( casos

más usuales ) y β (casos menos usuales ). Luego, respecto a estos últimos

la proposición lógica P => Q, es derrotable y rige, en consecuencia, el

régimen general de punición de la tentativa (artículos artículos 42 a 44

del Código Penal). Ni más ni menos son "las razones que tuvo el

legislador", al decir de la Corte Suprema. La apl icación de la

consecuencia Q (equiparación punitiva) está condicionada por la

verificación empírica y ex post del antecedente P (dificultades

probatorias).

Sabido es que en el derecho penal no se admiten

presunciones juris et de jure que, por definición, sirven para dar por

cierto lo que es falso ( 8 ) . Luego, no es posible sostener que hubieron

dificultades probatorias para comprobar -con certeza- el grado de

ejecución del concreto hecho sometido a juzgamiento cuando no las

hubo.

La delimitación expresa del ámbito de

derrotabilidad en el caso de la tentativa, se percibe al considerar aquello

que se afirma en la Exposición de Motivos respecto al régimen de

punibil idad de la participación criminal: "En el artículo 886 se pone fin al

tratamiento igual itario en materia de complicidad que desde tiempo

antiguo regía en la legislación penal aduanera. No obstante que tal

equiparación podía tener fundamento en la dificultad de determinar el

grado de colaboración de los sujetos intervinientes en el delito de

contrabando , se ha considerado que el juzgador puede en muchos casos

8. CSJN, 25 de agosto de 2009: " Arriola, Sebastián y otros s/ causa 9080 ",

(voto del Juez Lorenzett i, considerando 14º, párrafo segundo), Fa l los 332:

1963. Fecha de firma: 04/05/2016Firmado por: EDUARDO ARIEL BELFORTE, JUEZ DE CAMARAFirmado por: RUBEN DAVID OSCAR QUIÑONES, JUEZ DE CAMARAFirmado por: JOSE LUIS ALBERTO AGUILAR, JUEZ DE CAMARAFirmado(ante mi) por: CLAUDIA MARIA FERNANDEZ, Secretaria de Cámara

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efectuar tal distingo y que ello resulta más equitativo".

Es decir , se admite que pueden existir dificultades

probatorias, pero se confía -con republicano optimismo- que el Juez "en

muchos casos" estará capacitado para efectuar tal distingo y que por

ende es más equitativo mantener el régimen general. Se advertirá,

entonces, que el artículo 886 del Código Aduanero reproduce ad peddem

l iteræ lo dispuesto por los artículos 45 y 46 del Código Penal , sin

reglamentar la punición de los casos de asimetría entre el dolo y el

resultado lesivo, ni la del partícipe secundario en un hecho interrumpido

en grado de tentativa, ni la comunicabil idad de las circunstancias

personales agravantes o atenuantes de la responsabil idad de los

partícipes.

f) Resta señalar, por si alguna duda cupiera, que la

Corte Suprema ha admitido la posibi l idad de la punición de la tentativa

en todas las modalidades del delito de contrabando y -también- la

exención de pena (por apl icación de lo previsto en el artículo 43 del

Código Penal) en los supuestos de desistimiento voluntario ( 9 ) .

g) En el caso que consideramos, Juan de la Cruz

Galeano Mieres fue imputado del del ito de contrabando agravado de

estupefacientes en grado de tentativa (resolución de fs. 49); bajo ese

9. CSJN, 10 de jul io de 1950: " Passero, José; Contreras, Marcos Alejo; Garcia

Barcia, Eduardo y Steimberg, Gregorio s/Contrabando de exportación a Punta

Piedras", Fal los 217:258/282 (Correctamente se afirmó en sus considerandos

que la determinación del grado de e jecución es una cuest ión de hecho y

prueba), con remisión a los precedentes del 6 de agosto de 1892: " Ackerley y

Cía. s/contrabando y comiso ", Fal los 48:407/430 (sobre la eficacia

exoneratoria de la rect i f icación oportuna del manifiesto de carga) y del 19 de

agosto de 1940: " Buenaventura Timiraos y otro ", Fal los 187:414/418. Cfr. en

idéntico sentido, el fa l lo del 29 de marzo de 1988: " Cinepa S.A.", Fal los 311:

372/393 (sobre la apl icabi l idad del art ículo 43 del Código Penal a los

supuestos de desist imiento voluntario del contrabando por decis ión de quien

comenzó su ejecución). Fecha de firma: 04/05/2016Firmado por: EDUARDO ARIEL BELFORTE, JUEZ DE CAMARAFirmado por: RUBEN DAVID OSCAR QUIÑONES, JUEZ DE CAMARAFirmado por: JOSE LUIS ALBERTO AGUILAR, JUEZ DE CAMARAFirmado(ante mi) por: CLAUDIA MARIA FERNANDEZ, Secretaria de Cámara

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cargo se le recibió declaración (acta de fs. 58/60); en virtud del Auto

Interlocutorio Nº 601/15, radicado a fs. 175/180, fue procesado por el

delito de contrabando de estupefacientes en grado de tentativa ; en el

requerimiento fiscal de elevación a juicio nº 59/15 -Capítulo II I- el hecho

que se le atribuía fue cali ficado como contrabando de

estupefacientes con fines de comercial ización en grado de tentativa (cfr.

presentación de fs. 305/308); en su alegato de cierre, el Sr. Fiscal

General le asignó la misma cal ificación legal al hecho por el que sol icitó

la condena de Galeano Mieres; finalmente, esa cal ificación es la que los

integrantes de este colegio -por unanimidad- han considerado ajustada a

las pruebas producidas durante el proceso.

De la reseña anterior deberá concederse que este

caso pertenece al subconjunto de " menos usuales", derrotando entonces

la norma consagrada por el artículo 872 que solo abarca a los " casos más

usuales", caracterizados únicamente por las dificultades probatorias

para distinguir el grado de ejecución de un hecho de contrabando (cfr.

Exposición de Motivos del Código Aduanero).

h) Existe una segunda razón que explica la

equiparación punitiva, que la Comisión Redactor hizo explícita en la

Exposición de Motivos: "Se supera así la situación que plantea la

legislación vigente, la cual frente al supuesto de la tentativa de

introducción o de extracción i legítima de estupefacientes hace apl icable

el régimen de los artículos 42 y 44 del Código Penal que, además de

reducir la escala penal de un tercio a la mitad, otorga el beneficio de la

eximición de prisión, la excarcelación y la condena condicional. En

cambio, con la regulación proyectada en el código, en donde la tentativa

de contrabando se equipara al del ito consumado (artículo 872), tal

anomalía queda superada".Fecha de firma: 04/05/2016Firmado por: EDUARDO ARIEL BELFORTE, JUEZ DE CAMARAFirmado por: RUBEN DAVID OSCAR QUIÑONES, JUEZ DE CAMARAFirmado por: JOSE LUIS ALBERTO AGUILAR, JUEZ DE CAMARAFirmado(ante mi) por: CLAUDIA MARIA FERNANDEZ, Secretaria de Cámara

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Considerar a la eximición de prisión, a la

excarcelación y a la condenación condicional como " anomalías "

superables con la equiparación punitiva, importa una consideración

peyorativa de los jueces de la Nación quienes son los que -cuando las

normas constitucionales y legales así lo prescriben- dictan las

resoluciones que disponen esas medidas.

En esa dirección, el texto original del artículo 867

del Código Aduaero sancionado por Videla (modificado por la Ley 23.

353) establecía: "En los supuestos previstos por los artículos 865 y 866

no serán de aplicación la eximición de prisión, la excarcelación ni la

condena de ejecución condicional".

El fundamento de esta disposición según se

informa en la Exposición de Motivos fue: "La decisión adoptada de

mantener la regulación de estos institutos en forma autónoma de las

leyes procesales se ha debido a que los supuestos cal ificados han sido

detenidamente analizados con el objeto de reservar esa categoría a

hechos verdaderamente graves. Por ello en el código se mantiene el

temperamento de no conceder la condicionalidad de la pena, criterio

que ha sido inalterable desde que se contemplara la modalidad agravada

del del ito de contrabando".

Esta fruición punitivista, tan propia de aquellos

aciagos años, resulta incompatible con el sistema constitucional de

l ibertades, derechos y garantías que los argentinos supimos conseguir.

Sin embargo, por la sinuosa vía de la equiparación punitiva prevista por

el artículo 872 del Código Aduanero, sus deleznables efectos perviven.

En la práctica, una norma de facto -dictada por un feroz mandamás-

tiene más eficacia que el artículo 9.3 del Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Pol ít icos: "La prisión preventiva de las personas que Fecha de firma: 04/05/2016Firmado por: EDUARDO ARIEL BELFORTE, JUEZ DE CAMARAFirmado por: RUBEN DAVID OSCAR QUIÑONES, JUEZ DE CAMARAFirmado por: JOSE LUIS ALBERTO AGUILAR, JUEZ DE CAMARAFirmado(ante mi) por: CLAUDIA MARIA FERNANDEZ, Secretaria de Cámara

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hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general".

Personalmente, prefiero estar equivocado antes

que aceptar acríticamente la ideología que subyace a la equiparación

punitiva prevista por el artículo 872 del Código Aduanero de Videla.

Debo aclarar que el si lencio legislativo carece de efectos convalidantes

de la norma de oscuro origen. El artículo 84 de la Constitución Nacional

(referido a la formación y sanción de las leyes) establece: "La voluntad

de cada Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos

los casos, la sanción tácita o ficta".

i ) Reafirmada, con matices, la postura que vengo

sosteniendo desde hace más de diez años y compartiendo los criterios de

dosimetría punitiva desarrollados en el voto de mis colegas, estimo -sin

embargo- que la pena privativa que debe imponerse a Galeano Mieres

debe ser de cuatro años de prisión, mientras que las de inhabil itación

para ejercer el comercio y para desempeñarse como funcionario público

debe guardar la razón prevista por los incisos e) y h) del Código

Aduanero.

En la resolución aprobada el pasado 21 de abri l en

el marco del Período extraordinario de sesiones de la Asamblea General

de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas,

convocado por la Comisión de Estupefacientes del Consejo Económico y

Social , al abordar el capítulo referente a la "Lucha contra el tráfico

i l ícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas" , se insta a

"Fortalecer la coordinación de las estrategias de gestión de fronteras,

así como la capacidad de los organismos de control de fronteras , las

fuerzas del orden y las fiscalías, entre otras cosas mediante la prestación

de asistencia técnica, cuando se solicite, incluido y cuando proceda, el

suministro de equipo y tecnología junto con la capacitación y el Fecha de firma: 04/05/2016Firmado por: EDUARDO ARIEL BELFORTE, JUEZ DE CAMARAFirmado por: RUBEN DAVID OSCAR QUIÑONES, JUEZ DE CAMARAFirmado por: JOSE LUIS ALBERTO AGUILAR, JUEZ DE CAMARAFirmado(ante mi) por: CLAUDIA MARIA FERNANDEZ, Secretaria de Cámara

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mantenimiento pertinentes, a fin de prevenir, vigilar y perseguir el

tráfico de drogas, el tráfico de precursores y otros del itos relacionados

con las drogas, como el tráfico i l ícito de armas de fuego, las corrientes

financieras i l ícitas, el contrabando de grandes sumas de efectivo y el

blanqueo de dinero".

Avant la lettre , en el caso juzgado, aparte de la

pericia del agente Lauría, fue el uso de la tecnología (un escáner) el que

permitió el adecuado ejercicio de las facultades que los artículos 122 y

siguientes del Código Aduanero deparan al servicio del mismo nombre,

impidiendo así que la salud de los eventuales consumidores fuera

afectada por lesión.

Entonces, desde el punto de vista de la gravedad

del injusto creo que no debería ser sancionado de manera más intensa

un delito de puesta en pel igro que de daño a un bien jurídico,

remarcando que ciertos delitos cuyo resultado es la muerte de una

persona están conminados con escalas penales cuyo máximo es inferior

al que considero justo (cfr. artículos 81, inciso1º, apartados a) y b), 95 y

79 en función del artículo 35 todos del Código Penal). Entiendo, en

cambio, que incrementa el grado de culpabilidad la circunstancia de que

con vistas a reforzar la eficacia del ardid dispuesto (el ocultamiento del

estupefaciente) el acusado se haya val ido del acompañamiento de sus

famil iares, incluyendo a su hi ja menor de edad Z.J. -

EDUARDO ARIEL BELFORTE

JUEZ DE CAMARA

RUBEN DAVID OSCAR QUIÑONES

JUEZ DE CAMARA

JOSE LUIS ALBERTO AGUILARJUEZ DE CAMARA

CLAUDIA MARIA FERNANDEZ

Secretaria de Cámara


poder judicial de la nación · 3.391.649, nacido el 14 de agosto de 1984 en estanislao, república...

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