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PROPUESTA DE POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO

SÍNTESIS DEL PROCESO DE CONSULTA

DIVISIÓN DE DESARROLLO URBANO MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

5 de MARZO 2010

1. INTRODUCCIÓN • ANTECEDENTES DEL DESARROLLO DE LA PROPUESTA • PROCESO DE CONSULTA

2. SÍNTESIS DE LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES

3. ANEXOS

ANEXO 1 PROPUESTA AGOSTO 2009 ANEXO 2 INFORME PROCESO DE CONSULTA ANEXO 3 OBSERVACIONES DE ENTIDADES

CONSULTADAS EN LOS TALLERES.

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1. INTRODUCCIÓN ANTECEDENTES DEL DESARROLLO DE LA PROPUESTA En el marco de los compromisos de Gobierno, de impulsar un proceso participativo para la formulación de una “Política Nacional de Desarrollo Urbano”, durante el año 2006, la División de Desarrollo Urbano, en conjunto con la Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GTZ) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), desarrollaron una fase preliminar de consultas dirigidas a un grupo de profesionales y expertos1, con el objetivo de realizar un diagnóstico básico de temas, visiones y requerimientos de diversos sectores nacionales frente al desarrollo urbano.

A partir de los aportes surgidos de dicha fase de consulta preliminar, - así como de la “Consulta Nacional de Política de Desarrollo Urbano”, MINVU 1996, del “Informe Reforma Urbana”, MINVU 2001, y de los objetivos de la Agenda de Ciudades impulsada por este Ministerio durante el año 2007 -, la División de Desarrollo Urbano, durante el período 2007 - 2008, elaboró un primer borrador para una Política Nacional de Desarrollo Urbano, - el que consideró a su vez los aportes y observaciones de miembros del Comité Consultivo de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo2, consultado durante el 2008 - a través del cual, y en concordancia con el contexto urbano nacional del momento, se propuso un marco general, principios, objetivos y ámbitos territoriales, como base para la implementación de acciones e instrumentos para la gestión urbana en el país. Luego de un proceso de trabajo interno de los profesionales de la División de Desarrollo Urbano, en junio de 2009, se envió en consulta una versión profundizada y actualizada del documento, a los Jefes de División del nivel central y a los Secretarios Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo de todas las regiones del país, con el propósito de revisar y precisar las perspectivas regionales propuestas en el documento, para luego ser sometido a una Consulta Nacional con los actores externos, representantes de los diversos sectores vinculados al desarrollo urbano del país, lo cual culminó con la formulación del Documento de Trabajo “Política Nacional de Desarrollo Urbano – Ciudades Sustentables”, Versión agosto 2009, que se presenta en el ANEXO 1. PROCESO DE CONSULTA Durante el mes de octubre de 2009, la Ministra de Vivienda y Urbanismo convocó a una Consulta Nacional del documento de propuesta “Política Nacional de Desarrollo Urbano – Ciudades Sustentables”, con el propósito de recoger e incorporar las

1 Ricardo Abuauad, Federico Arenas, Sergio Baeriswyl, Germán Bannen, Benito Baranda, Blas Bellolio, Arturo Camus, Miguel Castillo, Eugenio Cienfuegos, Lucía Dammert, Vicente Domínguez, Bernardo Echeverría, Gonzalo Edwards, Marcelo Farah, Viviana Fernández, Juan Eduardo Figueroa, Daniel García, Juan García, Guillermo Geisse, Iván González, Mario Grandón, Víctor Gubbins, Patricio Hales, Patricio Hermann, Máximo Honorato, Tomás Izquierdo, Pablo Jordán, Miguel Laborde, Alejandro Magni, Francisco Martínez, Paulina Melo, Orlando Mingo, Pablo Morán, Leonardo Moreno, Patricio Muñoz, Alejandra Petermann, Rodrigo Pizarro, Iván Poduje, Dagmar Raczinsky, Alfredo Rodríguez, José Rosas, José Miguel Ríos, Juan Sabbagh, Lake Sagaris, Sergio San Martín, Martín Santa María, Francisco Schmidt, Lucas Sierra, Lisandro Silva, Ana Sugranyes, José Ramón Ugarte, Ramón Undurraga, Mariela Vaccaro, Esteban Valenzuela, Oscar Valenzuela, Pablo Valenzuela, Liliana Vergara, Lucy Winchester. 2 Comité Consultivo de Desarrollo Urbano, MINVU: Pablo Allard, José Manuel Cortínez, Vicente Domínguez, Bernardo Echeverría, Víctor Gubbins, Julio Poblete, Alfredo Rodríguez, Francisco Sabatini, Juan Sabbagh, Pablo Trivelli, José Ramón Ugarte ……..

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visiones y requerimientos que respecto del desarrollo de las ciudades pudieran aportar los diversos sectores representativos nacionales, en materia de gestión y desarrollo urbano, entre ellos: los organismos y servicios públicos, los municipios; representantes institucionales del sector privado y representantes de instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Para los efectos de apoyar a la División de Desarrollo Urbano en esta instancia de consulta, de presentación y de discusión de la Propuesta de Política Nacional de Desarrollo Urbano, preparada por este Ministerio, se licitó, a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, una Consultoría con la Corporación de Estudios Sociales y Educación (SUR Profesionales). La Consulta Nacional, desarrollada en los meses de octubre y noviembre de 2009, consideró 8 talleres de trabajo, con representantes institucionales del sector privado, la sociedad civil y el sector público; entrevistas a autoridades municipales, y, como fase final, un Seminario de presentación de los resultados del proceso de dicha Consulta Nacional. La consulta con los representantes institucionales del sector privado3, se realizó a través de 3 talleres de trabajo, con: i) Empresas vinculadas al financiamiento de la producción de la ciudad; ii) Organizaciones gremiales vinculadas a la producción del suelo urbano y la construcción; iii) Empresas prestadoras de servicios urbanos básicos y de equipamiento. Con los representantes de instituciones y organizaciones de la sociedad civil4, se celebraron 4 talleres de consulta, con: i) Organizaciones ciudadanas vinculadas a los temas urbanos; ii) Organizaciones no gubernamentales y Fundaciones relacionadas

3 José Montalva: Asociación de Corredores de Propiedades (ACOP) - Ramón Santelices: Cooperativas Abiertas de Vivienda (COVIP) - José Boccaz, Carlos Avilés: Asociación de Corredores de Propiedades de Chile (COPROCH) - Felipe Arteaga, Pedro Cobo: Fundación INVICA - Cristián García-Huidobro: Cámara de Comercio de Santiago (CCS) - Francisco Rojas: Cámara Nacional de Comercio de Chile (CNCCH) - Jaime Pilasi, Bernardo Echeverría, Pilar Jiménez: Cámara Chilena de la Construcción (CCHC) - Herman Chadwick, Pablo Guzmán: Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (COPSA), - Patricio Herrada: Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios A.G. (ANDESS) - Álvaro Grondona: Centro de Despacho Económico de Carga del Sistema Interconectado Central del Norte Grande (CDEC-SING) - Derek Nineham, Ricardo Quiroz: Metrogas S.A. - Gustavo Marambio: Telefónica CTC Chile S.A. - Matías Danús: VTR S.A. - Rodrigo Almarza: GTD Manquehue S.A. - Geraldine Villagrán: Federación Gremial de la Industria (SOFOFA).

4 Amarilis Horta: Centro de Bicicultura - Julio Vallejos: Asociación Metropolitana de Consejos Económicos y Sociales Comunales (CESCOS) - Waldo López: Agrupación Defendamos la Ciudad - Álvaro Rodas, Miguel Fernández: Agrupación de Vecinos Salvemos Vitacura - Claudio Leiva: Comité Defendamos Valparaíso - Winko Franz: Fundación Casa de la Paz - Luis Ossa, Jorque Vásquez: Fundación Hogar de Cristo - Mabel Alarcón, Ignacia Rojas, Alejandro Castro, Verónica Martínez: Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza - Joseline Canio: Fundación Terram - Claudio Rodríguez: Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL) - Miguel Santibáñez: Organización No Gubernamental JUNDEP - Daniel García, Felipe Arteaga, Gonzalo Vial: Un Techo para Chile - José Polanco: Fundación San José de la Dehesa - David Rodríguez: Asociación Oficinas de Arquitectos (AOA) - Francisca Márquez: Colegio de Antropólogos de Chile A.G. - Ximena Bórquez, Julio Alegría, Juan Pablo Vigneaux, Jorge Abarca, Igor Roseman: Colegio de Arquitectos de Chile A.G. - Diego Ávila, Isabel Zapata, Pablo Guzmán: Habiterra, - Edmundo Ganter: Colegio de Ingenieros de Chile A.G. - Franz Ganter: Colegio Alemán - Omar Ruz Aguilera: Colegio de Asistentes Sociales de Chile A.G. - Walter Folch: Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje, Universidad Central - Pedro Bannen: Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, Pontificia Universidad Católica de Chile - Jaime Daroch, Jorge Larenas, Paola Jirón, Viviana Fernández: Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU), Universidad de Chile - Rodolfo Jiménez: Escuela de Arquitectura, Universidad de Santiago de Chile, - David Díaz: Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

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con proyectos y programas urbanos; iii) Colegios Profesionales y organizaciones gremiales relacionadas con los temas urbanos; iv) Organizaciones académicas del ámbito urbano. El sector público5 fue consultado a través de una sesión de trabajo, que se dividió en tres grupos, según las siguientes temáticas: i) Institucionalidad urbana y desarrollo social; ii) Planificación del suelo urbano; iii) Planificación y gestión de infraestructuras, servicios y equipamientos urbanos. Se efectuaron 5 entrevistas a autoridades municipales, al Alcalde de la comuna de La Granja y Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades; al Alcalde de La Serena y autoridades municipales de Pedro Aguirre Cerda; El Bosque y Peñalolén. En el ANEXO 2, se presenta una sistematización de observaciones y aportes al documento de Propuesta de Política del MINVU, preparada por la Consultoría, surgidas de los talleres de trabajo y de las entrevistas. Asimismo, diversas instituciones participantes en los talleres, aportaron documentos posteriores, consignando sus observaciones y visiones respecto del documento de Propuesta de Política, puesto en discusión, las que se presentan en el ANEXO 3. A principios del mes de diciembre de 2009, se celebró el Seminario Final, en el cual se presentaron las principales conclusiones del proceso de Consulta Nacional, y se expusieron las visiones de representantes institucionales del sector público, de la sociedad civil y del sector privado, respecto de los tres principios propuestos en el documento de Política: Integración Social; Desarrollo Económico Equitativo y Equilibrio Ambiental.

5 Víctor Contreras, Raúl Villagrán: Ministerio Secretaría General de la Presidencia, División de coordinación interna - Rodrigo Guijón: Ministerio de Defensa, Subsecretaría de Marina - Arturo Ramírez, Javier Escalante: Fundación Integra - María Gloria Cancino Gatica, Lucía Rojas Bravo: Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) - Germán Correa, Claudia Leighton: Secretaría Ejecutiva del Comité Interministerial Ciudad y Territorio (SECOMICYT) - Alfredo Apey: Ministerio de Agricultura, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) - Pamela Fernández: Ministerio de Bienes Nacionales, Unidad de Patrimonio - Arlette Levy: Ministerio de Economía, Servicio Nacional del Turismo (SERNATUR) - Manuel Arenas Abarca: Ministerio de Minería, Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) - Carmen Rivera Mardones: Comisión Nacional de Medioambiente (CONAMA) - Carla Bardi A, Daniela Martínez, Teresa Soffia: Comisión Nacional de Energía (CNE) - María Cristina Martínez, Manuel Parra, Candelaria Infante: Instituto de Salud Pública de Chile (ISPCH) - María Pía Rossetti G., Boris Buconić C: Ministerio de Obras Públicas, Subdirección de Planificación Estratégica - Carlos Garate S.: Ministerio de Obras Públicas Asesor - Sigrid Stranger R.: Ministerio de Obras Públicas, Grupo Empresas División de Concesiones (SISS) - Juan Pablo Hernández: Ministerio de Obras Públicas, División Infraestructura Vial Urbana - Horacio Maldonado N.: Ministerio de Obras Públicas, Departamento de Regulación y Administración Vial Urbana - Uwe Gehrels: Ministerio de Obras Públicas, Coordinación de Planificación División Infraestructura (DIRPLAN) - Javier Villanueva G.: Ministerio de Obras Públicas, Unidad de Mejoramiento de Obras Concesionadas ● Margarita Díaz B.: Ministerio de Obras Públicas, Departamento de Planificación de la DOH - Hernán Silva, Christian Vigouroux: Ministerio de Planificación y Cooperación, Secretaría Interministerial de Planificación de Transporte SECTRA - Julio Briones: Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

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2. SÍNTESIS DE LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES

PRINCIPALES TENDENCIAS Existe consenso respecto de los principales conflictos que enfrentan en la actualidad las ciudades chilenas. La primera noción es que en las ciudades existen desigualdades urbanas, y que éstas se expresan tanto en aspectos de segregación social como en desigualdades en el acceso a los bienes públicos. Esto se presenta principalmente en las grandes ciudades y en las ciudades intermedias. La segunda noción se vincula a la fuerte transformación urbana y territorial que experimentan los barrios y las ciudades, generada por sus procesos de crecimiento, desarrollo productivo y desconcentración territorial. Estos procesos, no solamente afectan los costos de tiempo de traslado al que están enfrentados los habitantes de las ciudades y sus barrios, sino que también involucra que el desarrollo urbano territorial sea cada día más multisectorial, y por lo tanto implique coordinaciones más complejas y más difíciles en el ámbito del Estado. La tercera noción se refiere a la creciente participación de los ciudadanos en los temas vinculados al crecimiento y transformaciones urbanas y al aumento de la percepción que los ciudadanos tienen respecto de sus propios territorios, y de los estándares que corresponde aplicar diferenciadamente, según las diversas realidades territoriales. Esto obliga a incorporar a la ciudadanía en la toma de decisiones, a través de procesos participativos fomentados por el Estado. Son estos los temas fundamentales del actual contexto nacional, a los cuales una política de desarrollo urbano debe responder. A partir de estas realidades, se concluye que el concepto del derecho a la ciudad, constituye una visión urbana integrada que pone el énfasis de las políticas urbanas en la equidad y sustentabilidad de las respuestas del Estado frente a las demandas de las personas que habitan ciudades. Este concepto unifica la diversidad de problemas urbanos a los que se debe dar respuesta y los diferentes tipos de acciones sectoriales para solucionarlos. En este contexto, el derecho a la ciudad sustentable implica la responsabilidad de las administraciones de permitir a todos los ciudadanos, el acceso a los principales bienes y servicios públicos urbanos, a un suelo urbano integrado, a una calidad ambiental, a una efectiva participación ciudadana, al transporte público, a los espacios públicos y áreas verdes, y a una estructura urbana de calidad. Es imprescindible el acceso universal a estos bienes públicos, para asegurar la calidad de vida urbana y la sustentabilidad de las ciudades en el largo plazo.

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PRIORIDADES Y CONSENSOS Si bien existe pleno consenso que para activar y garantizar el derecho a la ciudad sustentable y equitativa, - como se establece en los Principios estructurantes del documento de Propuesta de Política Nacional de Desarrollo Urbano -, se requiere de Equidad e Integración Social (sostenibilidad social de la ciudad), Equilibrio Ambiental (sostenibilidad ambiental de la ciudad) y Desarrollo Económico (sostenibilidad económica de la ciudad), en el proceso de consulta se relevó que no solamente se construye calidad de vida urbana a partir de estos 3 principios, sino que es fundamental incorporar como cuarto principio, a la Gobernabilidad, como la dimensión político institucional de la Política de Desarrollo Urbano, que permita garantizar, finalmente, la implementación de políticas urbanas sustentables. Del proceso de consulta desarrollado con los diversos sectores: sector público, sector privado y sociedad civil, surgieron los siguientes consensos respecto de los elementos o lineamientos que debe contener una Política de Desarrollo Urbano Sustentable, para cada uno de los 4 principios señalados precedentemente: Consensos para la Equidad Social en la ciudad: 1. El Estado debe garantizar el acceso equitativo a los bienes públicos. La

calidad de vida urbana depende del acceso a bienes públicos como el transporte público, la regulación urbana, la seguridad, las áreas verdes o los equipamientos sociales. Aunque el mercado puede asegurar una eficiente asignación de los bienes privados, en materia de bienes públicos, sólo el Estado es capaz de asegurar su provisión y de garantizar la equidad en el acceso a estos bienes.

2. El Estado debe garantizar el acceso de los sectores vulnerables, al suelo urbano. Sin la activa intervención subsidiaria o regulatoria del Estado, las opciones de localización y acceso a suelo urbano de calidad de la población con menores recursos se ven altamente limitadas, al grado de la exclusión y segregación a los sectores de peor accesibilidad y calidad ambiental.

3. La Integración Social debe ser a escala de ciudad, y no sólo en los barrios.

Una ciudad equitativa se logra con una mayor mixtura social a escala comunal, lo que garantiza el acceso común a servicios y equipamientos para estratos sociales diversos, manteniendo la identidad y cohesión social de cada barrio y su grupo social.

4. Incorporación de aspectos culturales y patrimoniales a las políticas urbanas. La construcción de una ciudad socialmente cohesionada requiere considerar en las normas y obras urbanas la debida protección de los aspectos de identidad cultural de los barrios y comunidades, y el fortalecimiento de los componentes patrimoniales de la ciudad, sean espacios públicos o edificaciones.

5. Incorporación de la equidad de género, al desarrollo de la ciudad y los barrios. La planificación de la ciudad y sus servicios debe incorporar en forma equitativa las demandas de los diversos grupos sociales, étnicos o culturales, en

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particular las demandas de género, que permitan construir espacios públicos, barrios y ciudades que faciliten la equidad de género entre hombres y mujeres.

Consensos para el Desarrollo Económico Sostenible en la ciudad: 1. Consideración de la actividad productiva en la planificación del desarrollo

urbano. Tanto los planes reguladores, las inversiones en infraestructura y los distintos instrumentos públicos de desarrollo urbano deben tener como una de sus principales metas el fortalecer las ventajas competitivas y la actividad económica de las ciudades y pueblos. Sin la generación de empleos de calidad y crecimiento de producto interno bruto de cada ciudad, no hay sostenibilidad urbana.

2. Marco regulatorio estable e integrado para la inversión. La generación

privada de inversiones urbanas requiere de reglas claras y estables, que permitan planificar y desarrollar proyectos a largo plazo. Las ciudades son construcciones de largo plazo, y la calidad y estabilidad del marco regulatorio permite planificar y comprometer inversiones cuyos retornos no serán inmediatos.

3. Estado intermediario y articulador. El fortalecimiento de las ventajas

competitivas y de la capacidad productiva de las ciudades mediante planes y obras urbanas depende de la articulación efectiva entre los sectores productivos, la comunidad y el Estado. Para fomentar la concertación público privada, se requiere de un Estado activo y articulador entre las distintas demandas de las comunidades, empresas y mercados.

4. Integración de políticas de infraestructura y de transporte, con la planificación urbana. El mejoramiento de la accesibilidad y movilidad urbana afecta positivamente la productividad y eficiencia de los mercados urbanos. Dado que existe una fuerte conexión entre los usos del suelo urbano y los patrones de transporte en las ciudades, la planificación urbana y la planificación del transporte deben estar ligadas y ser dependientes.

5. Integración de políticas urbanas y territoriales. En una economía altamente globalizada, la sostenibilidad económica de las ciudades depende de su integración y complementariedad con el territorio regional y nacional, mediante la conectividad con los mercados objetivos de las actividades productivas de su entorno territorial, y el soporte a esas actividades con servicios, equipamientos y bienes urbanos de calidad. Esta condición obliga a la integración de la planificación urbana con la planificación y desarrollo territorial.

Consensos para la Sostenibilidad Ambiental de la ciudad: 1. Internalización de los impactos urbanos y ambientales. Todo proyecto

urbano, sea de construcción o de infraestructura, puede generar externalidades

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negativas y positivas sobre su entorno y sobre terceros. Los instrumentos públicos deben ayudar a la asignación equitativa de los costos del desarrollo urbano y de sus externalidades negativas. Para ello se requiere de mecanismos legales que permitan a los proyectos urbanos hacerse cargo en forma proporcional del costo de las mitigaciones necesarias para garantizar un desarrollo urbano sustentable, donde el Estado asuma los costos de los déficits.

2. Consumo eficiente de energía en las ciudades. Las ciudades son responsables de gran parte del consumo de energía del mundo. Los crecientes costos ambientales y económicos de la generación de energía obligan a modificar los patrones de consumo de energía de los sistemas de transporte, producción industrial, viviendas y equipamientos. El Estado debe crear los incentivos y obligaciones normativas al uso del suelo, el transporte y la construcción, que fomenten la reducción de los niveles de consumo energético urbano.

3. Evaluación ambiental del desarrollo y planificación urbana. El impacto del desarrollo urbano, en materia de suelo, movilidad y consumo energético puede se medido, y su huella ecológica puede ser definida. La planificación urbana del suelo y la infraestructura deben incorporar indicadores de impacto ambiental estratégico, que transformen los planes urbanos en instrumentos de sustentabilidad ambiental.

4. Integración de políticas de transporte con la planificación del suelo. La movilidad urbana y el transporte constituyen los principales factores de consumo energético y generación de CO2. La eficiencia en el transporte urbano no sólo depende de las tecnologías disponibles, sino de la reducción de los tiempos de viaje y la congestión, mediante la integración de la planificación de las redes de transporte y los usos del suelo urbano.

5. Protección de territorios frágiles y de valor natural. El patrimonio paisajístico y ambiental de Chile aún permite planificar el crecimiento de nuestras ciudades y la ocupación rural resguardando al máximo los territorios que presentan riesgos, valor paisajístico y de biodiversidad. Se debe reforzar la normativa e institucionalidad para proteger estas áreas e integrarlas al sistema de áreas verdes de las ciudades.

Consensos para la Gobernabilidad y Sostenibilidad Institucional de la ciudad: 1. Gestión urbana integrada y coordinada. La integración multisectorial de las

inversiones públicas en las ciudades y barrios sigue siendo débil y de difícil coordinación. La efectividad de los programas e inversiones urbanas requiere la integración y complementación entre inversiones e instrumentos públicos.

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2. Participación Ciudadana amplia y vinculante. El incremento de los niveles de

democratización y participación a escala local contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas. La región, la ciudad, la comuna y el barrio deben ser los centros de participación, en donde la estructura de administración y gobierno de las ciudades provean los medios para una plena integración ciudadana a los procesos de decisión e información sobre la construcción y mejoramiento de su hábitat. Para una efectiva participación ciudadana en los distintos procesos de planificación e inversión urbana, esta debe cumplir cinco condiciones: debe ser institucionalizada, temprana, financiada, de base técnica y vinculante en sus conclusiones.

3. Descentralización e integración de las atribuciones de gestión urbana. La

gestión sectorial vigente no es capaz de dar respuestas eficaces y sustentables para las ciudades. Sólo autoridades urbanas descentralizadas, con facultades de gestión y planificación urbana integradas, son capaces de responder a las demandas urbanas futuras. Se debe transferir a las autoridades regionales y municipales las capacidades de planificación urbana y ambiental, y de ejecución y gestión de infraestructuras, sistemas de transporte público, servicios y vivienda.

4. Fortalecimiento de competencias y capacidades de funcionarios públicos

locales y regionales. La mera transferencia de recursos y competencias a las autoridades locales, regionales y metropolitanas no tendrá efecto sin un mejoramiento de los recursos humanos en las plantas de los gobiernos regionales y municipales.

5. Más y mejor información urbana y sistemas de evaluación de políticas. Las

políticas, planes e inversiones urbanas requieren procesos permanentes de evaluación, que transparenten y justifiquen las decisiones urbanas, informen a la ciudadanía sobre su efectividad y sus resultados, y permitan a las autoridades el perfeccionamiento continuo de planes y programas públicos urbanos.

6. Fortalecimiento de Tercer Sector como intermediario entre la

institucionalidad pública y la comunidad. El desarrollo urbano moderno es el resultado de la acción de muchos actores de la comunidad, - públicos y privados - sobre la ciudad y los barrios. Para garantizar el debido equilibrio en capacidades técnicas e información, se debe fortalecer los espacios para las instituciones, fundaciones y grupos no gubernamentales con experiencia para apoyar y asistir a la comunidad en los procesos de planificación y desarrollo urbano.