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Plan Nacionalde Integridad

(Estrategia boliviana de desarrolloinstitucional y lucha contra la corrupción)

364.1323B689p

Ej.1INSTITUCIONALIDAD

La Paz, septiembre de 1998

Indice

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................... 5

II. ANTECEDENTES .............................................................................. 6

A. Evolución institucional ..................................................................................... 6B. El Diálogo Nacional ........................................................................................... 8C. Compromiso político ante la corrupción ........................................................ 9D. Programas en curso ........................................................................................10E. Percepción de la opinión pública sobre la corrupción ................................. 10

III. CONSIDERACIONES SOBRE DESARROLLOINSTITUCIONAL Y CORRUPCIÓN ............................................... 13

A. Modernización del Estado y lucha contra la corrupción ............................. 13B. El fenómeno de la corrupción .......................................................................141. Condiciones estructurales ..............................................................................142. Condiciones administrativas ...........................................................................16

IV. DESAFÍOS ESTRUCTURALES ........................................................ 17

V. OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE INTEGRIDAD .............. ....... 20

A. Objetivo general .............................................................................................. 20

B. Objetivos específicos ...................................................................................... 20

VI. COMPONENTES DEL PLAN ........................................................... 20

A. Reforma judicial .............................................................................................. 21

B. Modernización del Estado .............................................................................. 23

C. Lucha contra la corrupción ............................................................................ 27

VII. ESTRATEGIA DE IMPLANTACIÓN ................................................ 33

A. Jerarquización en la agenda pública ............................................................. 34

B. Liderazgo concertado ..................................................................................... 34

C. Visión integral ................................................................................................. 35

D. Aplicación gradual .......................................................................................... 35

E. Ejecución descentralizada .............................................................................. 36

ANEXOS .............................................................................................. 37

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PLAN NACIONAL DEINTEGRIDAD(Estrategia boliviana de desarrollo institucional

y Lucha contra la corrupción)

1. INTRODUCCIÓN

En 1998 Bolivia cumple 16 años de vidademocrática continua y 13 años de vigencia deun modelo de desarrollo basado en la economíade mercado. Durante este período se han llevadoa cabo en el país notables reformas estructuralesy se ha modificado sustancialmente sus baseseconómicas, políticas e institucionales.

Actualmente, cuando prácticamente haconcluido el siglo XX, el país se enfrenta con eldesafío de consolidar sus procesos demodernización para encarar las tareas dedesarrollo en el nuevo siglo, que le permitancombatir de manera efectiva el principalproblema estructural que afecta a su población,la pobreza.

Para lograr este objetivo, es necesario articu-lar y complementar los esfuerzos hasta hoyemprendidos a través de políticas y programasen el ámbito económico, social e institucional,de manera que se pueda contribuir desde cadauna de estas áreas al objetivo común de construirla Bolivia del siglo XXI.

El Gobierno Nacional se ha propuesto paraeste objetivo, un Plan de Acción de cinco añosbasado en la implantación de políticas diseñadassobre la base de cuatro pilares fundamentales:Oportunidad, que busca desarrollar la baseeconómica del país para proporcionar más

empleos y mejores ingresos para la población;Equidad, que se plantea la lucha contra la pobrezamediante una efectiva provisión de serviciosbásicos a la población; Institucionalidad, quepretende crear las bases de sostenibilidadinstitucional del país y mejorar la administraciónde la justicia; y Dignidad, que se proponeerradicar uno de los problemas que mayor dañole hacen al país como es el narcotráfico.

En este contexto, se ubican las políticas enmateria de desarrollo institucional del país, cuyoprincipal objetivo es el consolidar el sistemademocrático como la mejor forma de convivenciasocial, que garantiza el respeto de los derechosindividuales y colectivos de los ciudadanos ypermite que el Estado se ponga al servicio de losmismos en procura de lograr su mayor bienestar.

La administración del Estado se convierteentonces en uno de los elementos fundamentalesque hacen al funcionamiento del sistemademocrático, debiendo para ello establecerseinstituciones basadas en normas, sistemas yconductas, que aseguren un funcionamientoeficiente y transparente del Estado al servicio delos ciudadanos. Si bien hasta la fecha se hanrealizado esfuerzos importantes por desarrollareste proceso de institucionalización, todavíapersisten debilidades estructurales del Estadoboliviano que podrían poner en riesgo laconsolidación de su sistema democrático.

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La población boliviana no percibeplenamente los esfuerzos realizados, ycontrariamente, desconfía del sistema político yde las instituciones formalmente establecidaspara representar a los ciudadanos, por cuantoencuentra que estos no cumplen a cabalidad consu mandato social y abusan de la administracióndel poder, dando lugar a hechos de corrupción eimpunidad que tienden a incrementar estadesconfianza.

El hecho de que no se perciban los beneficiosdel modelo económico, así como la posibilidadque ha otorgado la democracia de fiscalizar másefectivamente la actividad de la administraciónpública, y con ello hacer más evidentes los casosde corrupción, han contribuido también aacrecentar esta falta de credibilidad social en elsistema político.

La independencia del sistema judicial queasegure la vigencia del estado de derecho, la

administración eficiente de las instituciones

públicas que deben proveer servicios a los

ciudadanos, y el manejo transparente y honesto

de los bienes públicos, son, entonces,

condiciones necesarias para desarrollar las bases

institucionales del país y recuperar la credibilidadde la población en el sistema democrático.

El presente Plan Nacional de Integridad (PNI),componente principal del Pilar deInstitucionalidad, concebido como la estrategiaboliviana de desarrollo institucional y lucha con-tra la corrupción, pretende ser el mecanismo através del cual se encaren medidas estructuralesde corto y largo plazo para atender lasnecesidades de institucionalización del país.

Este Plan no se concibe como una estrategiade Gobierno de una administración específica,pues su implantación demandará del concurso,no sólo de todos los sectores políticos y de lospoderes del Estado, sino también de laparticipación activa de la sociedad civil, debiendopor tanto constituirse en una Política de Estadoorientada a alcanzar un objetivo común de lasociedad.

II. ANTECEDENTES

A. Evolución institucional

Desde la recuperación de la democracia en1982 y el ajuste estructural en 1985, el Estadoboliviano ha iniciado un proceso deinstitucionalización y organización que le permitaenfrentar con más eficacia las tareas que le asignasu nuevo rol en el modelo de desarrolloeconómico y social adoptado por el país.

Este proceso tiene relación con elfortalecimiento de las instituciones democráticasdel Estado, el establecimiento de una legislaciónmoderna, y la creación de mecanismos quepermitan una mayor vinculación entre el Estadoy la Sociedad Civil. En este ámbito, durante losúltimos 16 años, se han podido alcanzarimportantes avances.

Las transformaciones de la estructura

económica significaron el tránsito del modelo

estatista de desarrollo hacia un sistema de

economía de mercado más abierto y con amplia

participación privada. Esta característica permite

disminuir significativamente la concurrencia de

prácticas de corrupción y clientelismo que

caracterizaban al Estado Monopólico, y debe dar

lugar a un nuevo estilo de gestión pública que se

caracterice por su vocación de servicio en

beneficio de la colectividad.

La necesidad de contar con institucionesfortalecidas para consolidar el procesodemocrático facilitó la adopción, por parte de lossectores políticos, de importantes acuerdosdestinados a fortalecer las instituciones y/opromover sus procesos de institucionalización.Entre los principales resultados alcanzados enesta materia se destacan:

a) El establecimiento de una Corte NacionalElectoral imparcial e independiente, constituidade manera concertada entre los sectores políticosy en estricta aplicación de los procedimientosconstitucionales establecidos para el efecto. Esteacuerdo ha permitido devolver credibilidad a uno

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de los procesos fundamentales de la vidainstitucional del país, cual es el proceso electoral.A la fecha, la Corte Electoral nominada en 1992,ha llevado adelante dos elecciones generales ydos elecciones municipales a nivel nacional,garantizando los principios básicos deindependencia y transparencia en laadministración de estos procesos fundamentales.

b) La promulgación de la Ley deAdministración y Control Gubernamentales (LeySAFCO), en 1990, representa también unimportante avance en materia de modernizaciónde la administración pública, al crear modernossistemas de administración y control bajo elrégimen de responsabilidad por la funciónpública. La aplicación de esta Ley consolida,además, la institucionalización de la ContraloríaGeneral de la República, como una entidadindependiente, con autonomía técnica yoperativa, en las funciones del controlgubernamental. Desde 1992 cumple funcionespor un período de diez años, el segundoContralor General nominado y electo conformea la Constitución Política del Estado.

c) La reforma constitucional como resultadode un proceso de concertación política quedeterminó en primer término la promulgaciónde una Ley de Necesidad de Reforma en 1993, yluego de un período legislativo, el tratamiento yaprobación de enmiendas en 1994, siguiendo elprocedimiento legislativo previsto por la propiaConstitución. En las reformas se introdujeronimportantes cambios en el ámbito político,introduciendo la elección de diputadosuninominales, y en el ámbito judicial,estableciendo el Tribunal Constitucional, elConsejo de la Judicatura y el Defensor del Pueblo.Al presente, ya se han aprobado las leyes quereglamentan el funcionamiento de estos tresórganos independientes de la justicia, y se hanominado en forma transparente y de consensoa los miembros del Consejo de la Judicatura, delTribunal Constitucional, y a la Defensora delPueblo.

d) La promulgación de la Ley del Banco Cen-tral de Bolivia y la elección de su Directorio, quemodifican la tradicional costumbre delnombramiento de sus autoridades por lasadministraciones del Poder Ejecutivo de turno,imposibilitando un efectivo funcionamientoindependiente en la administración de la políticamonetaria del país. En 1996 el Congreso Nacionaleligió también por consenso a profesionalesaltamente calificados para que formen parte delDirectorio del Banco Central, así como a suPresidente.

e) Bolivia también inició uno de los procesosde reforma y modernización más agresivos de laregión; la descentralización administrativa y laparticipación popular. A través de los mismos, elEstado empezó a delegar en instancias regionalesy locales la administración de recursos públicospara el cumplimiento de diversas competenciasvinculadas a la provisión de infraestructura yservicios básicos, creando inclusive, mecanismode participación social en las tareas deplanificación, seguimiento y fiscalización de laadministración pública.

Este proceso de modernización y susevidentes resultados de avance institucional seconducen en el marco de una democracia establedurante 16 años, período durante el cual se hanproducido 5 transmisiones de la administracióndel Gobierno, en todos los casos con alternanciade partidos políticos. Esta alternabilidad,viabilizada mediante diversos acuerdos políticos,buscó asegurar la gobernabilidad del país,contribuyendo al proceso de institucionalización,en tanto ha generado una permanente búsquedade consensos para la adopción de políticas quetrasciendan a las administraciones de Gobierno.

Sin embargo, a pesar de los importanteslogros alcanzados durante estos 16 años dedemocracia, con la ejecución de diversosprogramas y reformas, los resultados de la gestiónde las entidades públicas son todavía deficientesy su credibilidad institucional por parte de la

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1(4 k, f.,U k.; lFbtu It4, k, ld B f11 Jl. t Vtc

ciudadanía es pobre . Por otra parte, laseguridad jurídica , propia de un estado dederecho, tiene serias limitaciones, y en muchossectores de la administración pública todavía hayprácticas de discrecionalidad y corrupción.

A través de encuestas y otras formas deevaluación de la percepción pública, se percibeque la ciudadanía todavía no tiene plenacredibilidad en la mayor parte de las institucionespúblicas, de manera particular en los sectorespolíticos yen las instituciones del orden', lo cualpuede significar un debilitamiento de la confianzaen el sistema político vigente y un debilitamientocada vez mayor de la credibilidad de losciudadanos en sus gobernantes.

Existe una percepción en sentido que lossectores políticos solamente recurren y secomunican con los electores durante los períodoselectorales, pero que posteriormente no existenmayores posibilidades de comunicación yparticipación de las inquietudes ciudadanas.

También se percibe nítidamente que laadministración pública continúa siendo objeto demanipulación por parte de sectores muyreducidos . En este contexto , la corrupción en laadministración pública se manifiesta como unode los problemas principales que contribuye adebilitar la confianza de los ciudadanos,erosionando una importante base del sistemademocrático.

B. El Diálogo Nacional

En el contexto de los antecedentes descritos,entre el 6 y el 18 de octubre de 1997, el Gobiernodel Presidente Hugo Bánzer Suárez convocó a undiálogo entre los titulares de los poderes públicosy del sistema político con los representantes dediversos sectores de la sociedad civil. Esteejercicio , denominado "Diálogo Nacional BoliviaHacia el Siglo XXI", ha permitido encontrar lospuntos de vista comunes que los diversossectores de la sociedad tienen sobre Bolivia parael próximo siglo , y se ha constituido en un espacio

donde la sociedad civil puede participar en ladefinición de los objetivos y prioridades del país.

La primera etapa del Diálogo Nacionalconsistió en el funcionamiento de cuatro mesasque trataron los temas de Oportunidad(desarrollo económico, crecimiento y empleo),Dignidad ( la problemática del narcotráfico),Institucionalidad (justicia, estado de derecho ymodernización del Estado) y Equidad (desarrollosocial y lucha contra la extrema pobreza).

La metodología utilizada para la realización

del Diálogo Nacional, contempló la participación

de moderadores independientes quecontribuyeron a darle la credibilidad necesaria alproceso, y con ello se logró una efectiva

participación de todos los sectores del Estado y

la Sociedad Civil que fueron invitados a cada

mesa.

En el caso de la mesa de Institucionalidad,las conclusiones alcanzadas estuvieron referidasa temas relacionados con la reforma ymodernización del Estado y de la gestión pública,el estado de derecho , la reforma constitucional,la administración de la justicia , el sistema político,la participación de la sociedad civil y por último,la lucha contra la corrupción , tema que deberíaser transversal a todas las áreas relacionadas conel desarrollo institucional.

El Diálogo Nacional dedicó una partesubstancial de sus deliberaciones al análisis delmarco institucional del desarrollo '. Garantizar laseguridad jurídica, promover la participación através de un régimen descentralizado , erradicarla corrupción , y establecer una administraciónpública profesional y eficiente, son algunos delos aspectos a los que debería darse una atenciónespecial en este proceso de desarrolloinstitucional.

Concretamente, con relación a los temas dedesarrollo institucional y lucha contra lacorrupción, en el documento de conclusiones delDiálogo Nacional se recogen las siguientesrecomendaciones:

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• 124. `La independencia efectiva del PoderJudicial de la influencia de los partidos y de losgrupos de poder económico es una condiciónindispensable para su legal y correctodesenvolvimiento y para su moralización. Enconsecuencia, la despartidización de la elecciónde los Magistrados y jueces del Poder judicial esun requisito insoslayable e impostergable"

• 135. "...se debe institucionalizar la carreraen la administración pública mediante laaprobación del Estatuto del Funcionario Públicoy la ampliación del servicio civil, en todos losniveles del Gobierno Central, Prefecturas yMunicipios"

• 144. "La corrupción es una grave amenaza

a la sociedad y a las instituciones democráticas

de Bolivia."

• 145. "Su eliminación exige laconcientización y movilización de lasorganizaciones de la sociedad civil; la aplicaciónsostenida y consistente de Políticas de Estado, quecomprometan a todas las fuerzas políticas; lamoralización de las instituciones constituidas paracombatirla y un cuerpo jurídico actualizado yeficiente."

• 146. "La campaña nacional de lucha contrala corrupción debe revalorizar la conducta éticaindividual y colectiva, promover y difundir esosprincipios desde la familia, la escuela y lasorganizaciones de la sociedad, combatir elclientelismo, el prebendalismo, el tráfico deinfluencias y toda forma de corrupción, ypromover un sistema de remuneraciones másjusta para los funcionarios públicos."

• 147. "Esa campaña debe sustentarse en la

acción de los medios de comunicación e incluir

seminarios, talleres, mesas de diálogo entre el

Estado y la sociedad civil y todas las formas de

movilización indispensable para asegurar su

éxito."

Entre otras recomendaciones elaboradas porla mesa de institucionalidad, se planteó la

necesidad de aprobar en el menor plazo posiblelas Leyes que reglamenten el funcionamiento delos Organos independientes del Poder judicial(Tribunal Constitucional, Consejo de la Judicaturay Defensor del Pueblo), leyes que fueronpromovidas y aprobadas por el Gobierno y elCongreso Nacional, dando aplicación a lasrecomendaciones del Diálogo Nacional.

C. Compromiso políticoante la corrupción

El Gobierno del Presidente Hugo BánzerSuárez, desde el momento mismo de su asunciónal poder, ha expresado su preocupación por elfenómeno de la corrupción en el país.

En este sentido, inició acciones adoptandoun decálogo de normas éticas que deben servirde guía para la actuación de los funcionariosgubernamentales. Posteriormente, en noviembrede 1997 invitó al país a una misión del BancoMundial y de la ONG Transparencia Internacional,para evaluar la posibilidad de implementaracciones coordinadas para enfrentar el fenómenode la corrupción. Posteriormente se contrató unaasistencia preparatoria finanziada por el Programade las Naciones Unidas para el Desarrollo, a travésde la cual se llevaron a cabo los estudios quepermitieron la formulación del presente Plan.

Por su parte, el principal partido de oposición,el Movimiento Nacionalista Revolucionario, hamanifestado también públicamente su voluntadde enfrentar este fenómeno y, al momento depresentar un conjunto de medidas para combatirla corrupción, manifestó también su voluntad departicipar en la elaboración de una estrategiaanticorrupción con la vocación de transformarlaen una Política de Estado.,

Ambas señales de voluntad política, así comolas múltiples manifestaciones sociales quecondenan las prácticas de corrupción en laadministración pública, y otras manifestacionessimilares de otros partidos políticos, dan cuentadel consenso existente sobre la necesidad de

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encarar políticas específicas para corregir estosproblemas, dando lugar a una coyuntura favorable para establecer una Política de Estado enesta materia.

D. Programas en curso

La elaboración e implantación del PNI y deuna Estrategia de Lucha contra la Corrupción esun esfuerzo que no se inicia en un vacíoinstitucional o programático.

Varios sectores y entidades estatales cuentanya con programas, proyectos y actividades encurso, las que si bien no están específicamenteorientadas a combatir el problema de lacorrupción, tienen el propósito de fortalecer orenovar su actividad en servicio de la colectividad,logrando así efectos de orden preventivo.

Entre los programas relacionados con el

desarrollo institucional, la integridad y que tienen

efecto preventivo contra el fenómeno de la

corrupción, se destacan: la Reforma judicial a

cargo del Ministerio de justicia y el Poder judi-

cial, la implantación de los Sistema de

Administración y Control a cargo del Ministerio

de Hacienda y la Contraloría General de la

República, la modernización de los Servicios de

Impuestos Internos y de Aduanas.

El fortalecimiento de la Defensoría delPueblo, el Programa Nacional de Gobernabilidada cargo de la Vicepresidencia de la República, yotros programas destinados al fortalecimientoinstitucional en el proceso de descentralizacióny participación popular, que se coordinan por elMinisterio de la Presidencia y por el Ministeriode Desarrollo Sostenible y Planificación y cuentancon el apoyo financiero de diversos organismosmultilaterales y bilaterales.

No puede dejar de advertirse que muchos deestos programas y actividades, no tienen lanecesaria coordinación o impulso de lasinstancias políticas para lograr los objetivos yresultado propuestos, por lo que se presenta una

situación de dispersión de esfuerzos que debeser corregida mediante la adopción de un marcode referencia estratégico claro, que integre lasacciones y objetivos de cada uno de estosprogramas.

E. Percepción de la opiniónpública sobre la corrupción

Una secuencia de encuestas de opiniónpública, realizadas durante los últimos 6 años in-dican la existencia de un importante grado deconciencia ciudadana sobre el tema de lacorrupción. Destaca también la sorprendente

estabilidad en la calificación que los ciudadanosbolivianos dan a la corrupción catalogándolacomo uno de los principales problemas del país.En una anterior medición realizada en octubrede 1996, la ciudadanía ubicó a la corrupcióncomo el sexto principal problema del país,siempre detrás de los temas vinculados aldesempleo, pobreza, crisis económica, educacióny salud.

PROBLEMAS NACIONALESDesempleo 51Pobreza 44Educación 35Crisis económica 24Salud 21Corrupción 21

Bajos salarios/ingresos 11Inflación/aumento de precios 11Narcotráfico 11Consumo de drogas 9Violencia/crimen 7Politiquería 6

Fuente: Encuestas & Estudios Oct 96

Sin embargo, conforme el país avanza en lasolución o puesta en marcha de programasespecíficos en determinadas áreas, lapreocupación ciudadana por la corrupción se vahaciendo cada vez más nítida. Una evaluación másreciente, de principios de 1998, da cuanta que

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esta percepción se ha agravado notoriamente, El problema de la corrupción pareceríaresultando la corrupción como el principalproblema nacional que preocupa a la ciudadanía.Debe destacarse sin embargo, que esta recientepercepción podría estar influida por casosespecíficos que se hicieron públicos en elmomento de la encuesta, y que nonecesariamente refleja una percepción sostenida.

PROBLEMAS NACIONALES o^

Corrupción 40Desempleo 15Narcotráfico 15Pobreza 13Educación 6Caminos 5Justicia 3

Fuente: Gobierno Feb 98

Percepción reciente de la población

Durante los meses de enero y febrero de1998, un trabajo de encuestas permitió recogerla percepción de 6,851 hogares en 50comunidades representativas del país, sobretemas relacionados con la corrupción en losservicios públicos.

La metodología empleada para la realizaciónde este trabajo fue la "Encuesta de Desempeñode Servicios", que además de recopilar lainformación sobre percepción de la muestraseleccionada, incluye la aplicación de gruposfocales y entrevistas con informantes claves paravalidar la información obtenida y para recogercriterios y recomendaciones sobre soluciones alos problemas encontrados.

Los resultados de la encuesta mostraron quela percepción de corrupción en Bolivia es seria yalarmante.

Es así, que el 79% de los hogares opina que lacorrupción en los servicios públicos es grave omuy grave, siendo esta opinión homogénea en-tre personas de diferente edad, sexo o condiciónde miembro de familia.

afectar más a la gente más pobre, ya que en lascomunidades de alta marginalidad hubo un 10%más de opiniones sobre la gravedad de lacorrupción.

PERCEPCIÓN DEL GRADODE CORRUPCION ENLOS SERVICIOS PÚBLICOS %

Muy grave 25Grave 54Regular 16Poco Grave 4Nada Grave 1

Fuente: CIET Marzo de 1998

Asimismo, tres de cada cuatro hogaresopinaron que el uso de "coimas" en la gestión delos servicios públicos es frecuente o muyfrecuente, habiendo también una mayor cantidadde opiniones en esa dirección por parte de lascomunidades más pobres.

Parecería entonces que el pago de coimasresulta ser la forma de corrupción más percep-tible por parte de la población.

Desde el punto de vista del contextogeográfico, la percepción de la corrupción esmayor en las ciudades, sobre todo en las del ejecentral del país, probablemente debido a que esallí donde se concentra la mayor parte de laburocracia estatal.

También se consultó a los encuestados acercade cuál consideran es el servicio público en elque es más urgente corregir los problemas decorrupción, habiendo coincidido un 31% de lapoblación encuestada en que la Policía es esteservicio, seguido por la Aduana, según losencuestados en las ciudades, y seguido por lasAlcaldías según los encuestados en el campo.

Vale hacer notar, sin embargo, que la Policíase identifica no sólo como el servicio de seguridadciudadana, sino que está asociada al conjunto delos servicios vinculados con la administración dela justicia, lo que involucra a los otros actores del

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sistema judicial (jueces, fiscales, oficiales rurales,etc.) que no son claramente diferenciados por lapoblación.

La población explicó su malestar con la Policía.arguyendo, entre otros motivos, que muchasveces los policías actúan con impunidad, notienen educación, atemorizan a la población,sobre todo a los pobres, golpean a los detenidos,no emiten facturas ni comprobantes por cobrosque realizan, fallan o se parcializan en favor delque les ofrece más dinero, o piden dinero parabrindar sus servicios.

Las soluciones propuestas por la población

para disminuir la corrupción en la Policía yen los

servicios de administración de justicia asociados

a ésta, plantean la necesidad de aplicar medidas

de orden general como la difusión de los

derechos ciudadanos, la adopción de normas y

medidas para combatir la impunidad y el castigo

a la corrupción; otras medidas de orden

administrativo como el ejercicio de mayor con-

trol y la coordinación y nombramiento de

autoridades locales; y medidas relacionadas con

el personal que presta los servicios, como exigir

un mayor nivel de educación, incrementar los

salarios, capacitar y concientizar al personal,

cambiar al personal corrupto y exigirles que

porten identificación al momento de brindar sus

servicios. Otra de las áreas vulnerables a la

corrupción que fue analizada por la encuesta fue

la relacionada con los servicios de trámites y

registros que las diversas instituciones del sector

público deben brindar a los ciudadanos.

Al respecto, se identificó que los trámites quecon mayor frecuencia se requieren por parte dela ciudadanía resultaron ser los de carnet deidentidad, registros en derechos reales, laregularización (legalización) de documentos, elcertificado de nacimiento, y el pago de impuestos.

La encuesta puso en evidencia ciertasirregularidades en el funcionamiento de estostrámites, sobre todo con relación a diferenciasmarcadas en la duración de un mismo trámite.

Por ejemplo, en los trámites de derechos reales,entre un 65 y 70% de los usuarios encuestadosindican que se tardan en resolver este trámiteentre un mes y varios años, mientras que existeun 4% que resuelve el mismo trámite en una hora.

Una característica común en los trámites quese realizan en diversas instituciones públicas, esla referida al uso del gestor o "tramitador", quees un recurso utilizado por un importanteporcentaje de la población encuestada , y que deacuerdo al estudio realizado, es un elemento quetiene una relación directa con el pago de coimas.Es decir, que según lo que demuestra el estudio,aquellas personas que utilizan "tramitadores" pararealizar sus trámites, tienen el doble de riesgo depagar coimas para la agilización del trámite queaquellas que no lo utilizan . Podemos así observarla relación que existe entre " tramitador" ycorrupción.

Con relación a las soluciones que propone lapoblación para corregir los problemas decorrupción en los trámites públicos, se demandóuna mejor orientación en estos servicios parapoder agilizarlos . Entre las soluciones concretasque se propusieron se destacan medidas prácticascomo la necesidad de que en cada oficina públicadonde se realicen trámites se publique el costodel trámite, su duración, el lugar donde se realiza,y la existencia de un buzón de quejas para todoslos ciudadanos.

Asimismo, con relación al caso específico delas Alcaldías, que fueron identificadas en segundolugar a nivel rural, como el servicio más urgentede corregir, se recomendaron también medidasque permitan la despolitización de estasadministraciones, y otras relacionadas con el per-sonal como el aumento de sus salarios, sucapacitación y su concientización.

Percepción del sector privado

En la misma oportunidad los encuestadorescondujeron otra encuesta al sector privado, lamisma q ue consideró una muestra constituida

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por 1599 negocios de siete capitales dedepartamento, incluida la ciudad de El Alto, querepresenta el 1.3% del total de negociosregistrados por el instituto Nacional deEstadísticas. Entre los resultados alcanzados, sepuede advertir que el (90%) de los negociosencuestados opinaron que la corrupción en losservicios públicos es grave o muy grave.

Con relación a temas específicos, el 82% delos negocios encuestados coincidieron en señalarque la Aduana es la institución en la cual es másurgente corregir los problemas de corrupción,indicando asimismo, que la forma como deberíacorregirse este problema debería incluir medidasdirigidas a despolitizar la Aduana, implementarmejores sistemas de administración y control,castigar a los corruptos, recibir apoyo de agenciasinternacionales y mejorar la calidad del personal.

Otro aspecto que fue también analizado en

la encuesta dirigida al sector privado, tuvo

relación con la percepción de corrupción en los

procesos de licitaciones públicas. Al respecto 87%

de los encuestados opinaron que estos procesos

no son limpios, indistintamente si participaron o

no.

Más específicamente, entre las empresas que

concursaron en algún proceso de licitación del

sector público, el 43% opinó que dichas

licitaciones ya estaban "arregladas" con

anterioridad, a un 24% se les pidió dinero para

ganar el concurso, y a un 19% se les solicitó dinero

para firmar el contrato ya ganado. Es probable

que estos índices, que ya son preocupantes, sean

aún mayores, tomando en cuenta que las

empresas encuestadas que hubieren participado

de este tipo de "arreglos", seguramente no

respondieron las preguntas con completa

honestidad. Con relación a las recomendaciones

propuestas por los encuestados respecto a las

posibles soluciones y medidas que se deberían

adoptar para corregir los problemas de

corrupción en licitaciones públicas, se mencionó

la necesidad de hacer más transparentes los

procesos de licitación, publicando más

ampliamente las convocatorias, abriendo lossobres de propuestas con presencia de losparticipantes, e informando públicamente losresultados. También se propuso evitar el contactodel funcionario con las empresas concursantes,despolitizar los procesos, formar comisionescalificadoras conformadas por expertos, ypromover la participación de agenciasinternacionales. En cuanto al marco legal, seplanteó la necesidad de promulgar una Ley demodificación de las actuales Normas Básicas deAdministración de Bienes y Servicios, a pesar deque se constató que el 41% de los encuestadosque participaron en licitaciones, desconocendichas normas básicas del sector público.

En conclusión, ambas encuestas realizadasmostraron que la percepción de corrupción ennuestro país es muy seria y generalizada en todoslos sectores de la sociedad. Que la necesidad deconcentrar esfuerzos de lucha contra este flagelodebería orientarse principalmente a los serviciosde administración de justicia y policía, a la aduana,a las alcaldías, y a otras instituciones que prestanservicios de trámites y registros públicos, y amejorar los sistemas de licitaciones del sectorpúblico.

En general, las principales recomendacionesque plantean las encuestas realizadas, coincidenen señalar la necesidad de implantar mejoressistemas de control, eliminar la interferenciapolítica en las instituciones públicas, modernizarlos servicios y las instituciones, reclutar personalcompetente para el sector público y mejorar sussalarios, y castigar los hechos de corrupción paraevitar la impunidad.

III. CONSIDERACIONES SOBREDESARROLLO INSTITUCIONAL

Y CORRUPCIÓN

A. Modernización del Estado y Luchacontra la Corrupción

La modernización del Estado pasaprincipalmente por crear las condiciones para queéste pueda asumir eficientemente el nuevo rol

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que le asigna el modelo de desarrollo adoptadoa nivel mundial, tanto en su propio territoriosiendo eficaz en la promoción de un desarrollosostenible y compartido, como en el contexto deun mundo globalizado donde prima la economíade mercado y la democracia.

En este escenario sus principales objetivos nopueden girar sino en torno al interés colectivo;la reducción de la pobreza, la seguridad jurídica,y la protección ciudadana y de su medioambiente, entre otros.

La primera generación de cambiosestructurales adoptados en el país con elresurgimiento del proceso democrático en 1985,ha sido una muestra de un primer paso para queel Estado asuma una nueva vocación y modelo:de un estado centralizado y productor hacia otro

mas bien regulador y más descentralizado.

Es indispensable que el Estado avance en ladefinición de nuevos objetivos y campos deacción, desde donde pueda seguir fomentandoel desarrollo y provea un mejor y más eficazservicio a la colectividad.

Este proceso requiere principalmente de unaadecuada organización y coordinaciónadministrativa, competencia en la provisión deservicios y participación ciudadana que permitaal Estado estar más cerca de la sociedad civil ylograr políticas más concertadas que contribuyana afinar cada vez más la gobernabilidad.

En este contexto, la corrupción como un fac-tor que afecta la eficiencia, la eficacia, latransparencia y la credibilidad del Estado, debeenfrentarse con acciones de orden preventivoque, entre otras, suponen la implantación desistemas de gestión más eficientes, con mejorcalidad de personal y mayor efectividad en laprovisión de servicios, variables de correlacióndirecta con el desarrollo. No menos importantesson aquellas acciones que enfrentan situacionesde impunidad y deficiencias en la administraciónde justicia.

B. El fenómeno de la corrupción

Existen varios enfoques para aproximarse alfenómeno de la corrupción. Uno de ellos partedel estudio de las condiciones que favorecen asu surgimiento. Para facilitar su análisis, se dividenlas mismas en dos grandes ámbitos: lascondiciones estructurales y las condicionesadministrativas.

1. Condiciones estructurales

Las condiciones estructurales son aquellasque provienen del ordenamiento y los sistemasbajo los cuales se organizan y funcionan lasestructuras económicas, políticas, sociales ojurídicas de un país. Cada uno de estos ámbitospuede contribuir en diferente forma a que laadministración del Estado y los bienes públicossea más o menos propensa a la corrupción.Afectar estas estructuras y hacerlas menosvulnerables permite minimizar y prevenir losriesgos para que se presente este fenómeno.

• Estructura económica.

Un enfoque tradicional sobre el fenómeno dela corrupción indica que a mayor cantidad deregulaciones y discrecionalidad de los servidorespúblicos, aumentan las condiciones yposibilidades para que existan actos decorrupción. Para algunos autores,, losinstrumentos de política económica queincentivan la corrupción, por ser fuentes de"cacería de rentas" (rent-seeking) son: losmonopolios estatales, las restricciones alcomercio exterior, los subsidios, los controles deprecios, tipos de cambios múltiples, salarios bajosen el servicio civil, etc.

Cuanto mayor es la intervención del Estadoen la economía, y por tanto su administración seejerce en forma discrecional aprovechando sucondición monopólica, mayores riesgos existende corrupción en dicha administración.

Hay otros analistas que opinan que si laeconomía se abre a la competencia internacional

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sin barreras arancelarias o aumentan súbitamente

la llegada de inversiones extranjeras, la

corrupción tiende a promoverse como modo de

ubicarse lugar en un ambiente nuevo y

desconocido.

Las consecuencias que tiene la corrupciónsobre las estructuras económicas de un país sonmuy peligrosas para el desarrollo y el crecimientode este. Entre otros efectos negativos, lacorrupción encarece la inversión eninfraestructura básica y la prestación de serviciospúblicos, disminuyendo así la posibilidad deextenderlos en beneficio de más usuarios. Porotro lado, encarece la compra de la tecnologíamás moderna y expone al país a la adquisiciónde tecnologías más obsoletas, dificulta laejecución de una política industrial debido aprocesos generalizados de contrabando y le restaefectividad y equidad a la política fiscal. Endefinitiva resta la competitividad del país, y comotal, constituye una importante restricción a sucrecimiento.

• Estructura política

Cuando el sistema político y los políticos noasumen su verdadero rol de intermediaciónpolítica o cuando estos tampoco asumen bien surol representativo y de servicio a los ciudadanos,se fomenta la corrupción política, en cuanto losciudadanos sólo ingresan a la política con finespersonales y egoístas.

Por otro lado, la relación entre las

oportunidades políticas y las oportunidades

económicas de un país también afectan a la

corrupción. Si las oportunidades políticas

superan a las económicas o aumentan

sensiblemente en un período dado, habrá más

gente dispuesta a entrar en política como modo

de hacer dinero y ello llevará a un potencial in-

cremento de la corrupción.

La falta de control social que pueda ejercer lasociedad civil es sin duda una condición más quepropicia para la corrupción. En este sentido es

importante también la participación de una fuerteoposición, que controle al partido gobernante ymantenga un equilibrio en la distribución delpoder. Se ha podido ver que la excesivaconcentración y continuidad de un mismo grupopolítico en el poder, puede constituir también unacondición que fomente la corrupción.

Los efectos de la corrupción en la estructurapolítica son variados, podemos mencionar entreotros la disminución de la credibilidad y lalegitimidad de los gobiernos, y con ellos delmismo sistema democrático, condiciones indis-pensables para mantener la gobernabilidad en un

país.

• Estructura social

La estructura social de un país es portadorade determinados valores éticos que puedenfacilitar o dificultar el fenómeno de la corrupción.Los cambios en dicha estructura social puedenasí favorecer o perjudicar el control social que lasociedad ejerce. Algunos analistas sostienen que"la corrupción tiende a incrementarse enperíodos de rápido crecimiento y modernizacióncomo consecuencia del cambio de valores, lasnuevas fuentes de riqueza y poder y la paralelaexpansión de la administración".,

La corrupción por su parte tiene efectos enlas estructuras sociales de un país en cuantofomenta el cinismo entre los ciudadanos, creadesesperanza, desencanto e indignación. Propiciauna cultura de política de "incivismo" en virtudde la cual el ciudadano se va convirtiendo enevasor de sus deberes, no sólo comocontribuyente, sino en todos los demás aspectosde la vida en comunidad. Se destruye o se debilitaasí la relación de cooperación entre losciudadanos y las autoridades, y se genera unambiente hostil que poco o nada ayuda a laconstrucción de una sociedad participativa. Másque una sociedad constructiva se va gestando unasociedad de gentes negativas, que buscan sacartanto provecho como sea posible en beneficiopersonal, y que les tiene sin cuidado lo que le

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(;entra la Crrrtrt itn

pasa al vecino, a la comunidad, a su vecindario, asu ciudad, a su región, a su país. La insolidaridades, en mucho, un producto del cinismo y de laapatía que genera la percepción de que existenun gobierno, unos funcionarios y unos políticoscorruptos.

Las estructuras sociales, al tener relación conlos valores individuales y comunitarios, planteanun proceso de largo plazo y sostenible en eltiempo. Los programas y campañas deeducación, capacitación o difusión deinformación sobre el tema, pueden contribuir enalguna medida, a encauzar la conceptualizacióndel problema por la comunidad.

• Estructura legal.

Finalmente, la carencia de una estructura le-gal adecuada afecta al estado democrático dederecho que se ve limitado por debilidades ensu estructura institucional, reglas del juego pococlaras y estables, carencia de un derechoadministrativo coherente y una disminuidaseguridad jurídica. Deficiencias en elfuncionamiento de instituciones fundamentalesde la estructura legal como el Ministerio Públicoy el Poder judicial, acrecientan enormemente lascondiciones para la existencia del fenómeno dela corrupción.

La impunidad, calificada como "un procesoaberrante que impide el derecho a la justicia, a laverdad y que conculca los principios básicos delos derechos humanos",, tiene una directarelación con la corrupción y las estructuras le-gales que no contribuyen a los procesos deesclarecimiento y sanción pública de actos decorrupción. También con las condicionesadministrativas que muchas veces contribuyen aque corruptores o corrompidos guarden códigosde silencio o prácticas generalizadas, o prácticasde protección lograda a partir de los privilegiospolíticos y parlamentarios.

La corrupción afecta las estructuras legales,sobre todo, creando incertidumbre, incredulidad

e inequidad respecto a la administración dejusticia. Esto disminuye dramáticamente elbienestar del ciudadano y desincentiva lainversión y el ahorro.

Desestimula la inversión extranjera, porqueésta encuentra que no hay transparencia y, porlo mismo, no hay un trato equitativo ni reglaslimpias.

2. Condiciones administrativas

Desde el punto de vista de la administracióny la gestión, está también comprobado quepueden crearse condiciones favorables para laexistencia de corrupción, en la medida que lossistemas de gestión y control, y los sistemas deincentivos para los servidores públicos nocorresponden con el grado de responsabilidadque éstos asumen, y por tanto dan lugar a que secreen estructuras informales de funcionamientode ciertos servicios en perjuicio de la ciudadanía,que es en última instancia a quien están dirigidaslas actividades del sector público.

Sistemas de gestión que permitan laconcentración de un excesivo "podermonopólico" en manos de pocos funcionarios,así como aquellos que les otorgan excesivadiscrecionalidad y no cuentan con instrumentosde rendición de cuentas y manejo transparentede la información, dan lugar a la creación de"focos" de corrupción que pueden seraprovechados por funcionarios inescrupulososen beneficio particular.

Asimismo, la inexistencia de sistemas deincentivos para los funcionarios o servidorespúblicos que son responsables de proveer losservicios a la ciudadanía, tanto desde el puntode vista del reconocimiento adecuado por dichasfunciones, así como la existencia de sancionesefectivas para los casos en los que se actúe enforma deshonesta o ineficiente, da también lugara que los servidores públicos no desarrollenvalores de servicio a la colectividad y sean másproclives a ser corrompidos.

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Por el contrario, sistemas de gestión quepromuevan la responsabilidad y la"respondabilildad" (accounttabilty) sonimprescindibles para el control de la corrupción,ayudando a hacer más transparentes los procesosy a evitar la excesiva discrecionalidad por partede los servidores públicos. Sólo en la medida quese establezcan incentivos reales para que losservidores públicos se sientan adecuadamentereconocidos, tanto desde el punto de vistaeconómico como social, y se creen sensacionesde riesgo para las actividades y conductas decorrupción, se logrará que sean los mismosservidores públicos quienes resuelvan los actualesproblemas de falta de transparencia e ineficienciaen la prestación de servicios.

IV. DESAFÍOSESTRUCTURALES

Sobre la base de las consideracionesformuladas anteriormente, se puede sostenerque para enfrentar el fenómeno de la corrupcióndebe asumirse un proceso de transformación delas estructuras del país que, en gran medida,contribuyen y a veces hasta fomentan suexistencia. Esta tarea presenta grandes desafíos ydificultades que deben considerarseoportunamente.

Para ello, es necesario realizar una aplicaciónpráctica de los conceptos y teorías existentesacerca del fenómeno de la corrupción, realizandoun diagnóstico de las condiciones estructuralesy administrativas que, al respecto, presentanuestro país.

• Con relación a las estructuras económicas,

éstas han sido quizás sobre las que más se ha

trabajado desde la implantación de la nueva

política macroeconómica en 1985, lo que

permitió reducir las principales distorsiones en

la economía. Cambios estructurales importantes

como la liberalización de los precios, de la tasa

de interés y el tipo de cambio, la apertura de la

cuenta de capitales, el establecimiento de un tipo

de cambio único para todas las transacciones, la

privatización de empresas públicas, laseliminación de barreras cuantitativas al comercioexterior, y el establecimiento de un sistematributario más simple, son algunas de lasimportantes medidas que se ha tomado en Bo-livia para eliminar las diferentes distorsiones dela economía, que en el pasado creabancondiciones favorables para la corrupción, laespeculación y el mercado negro.

En este contexto, se plantea el desafío desostener los logros y continuar con elfortalecimiento de una economía todavía débil ydesequilibrada. En todo caso, cada vez es menoslo que falta por hacer para modernizar laestructura económica del país y existenprogramas específicos orientados a tal propósito.Los efectos que estas medidas tendrán sobre lacorrupción serán seguramente indirectos peroaltamente efectivos.

• Con relación a las estructuras políticas, esimportante diferenciar el grado de avance que elpaís ha logrado alcanzar en el desarrollo de susistema político, respecto del comportamiento ylas conductas que muchas veces se observan enlos actores políticos, y que son normalmente lasque crean percepciones muy críticas de parte dela población.

No puede negarse que las medidas adoptadaspara la modernización del sistema electoral, asícomo las políticas y programas orientados aincrementar la participación social y ampliar labase democrática del país, han afectado lasestructuras sobre las cuales se administra elpoder, y como tal han contribuido a disminuir elgrado de discrecionalidad por parte de los actorespolíticos.

Es también cierto, que a pesar de evidentesconductas poco éticas de parte de los actorespolíticos, que con frecuencia se denuncian y sehacen públicas deteriorando su imagen ante laopinión de la población, existen otro de tipo deactitudes que demuestran un grado de desarrolloy madurez en estos mismos actores. Esto se

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refiere fundamentalmente a la capacidad quehan demostrado los sectores políticos de llegar aacuerdos Ni poner en práctica políticas enbeneficio del país. Conforme el Estado sedesarrolla, se consolidan las instituciones y sefortalece el sistema democrático, los actorespolíticos consolidarán también su madurez ypodrán ejercer una efectiva representación de lapoblación en servicio de la colectividad, cual esel mandato que les asigna nuestro sistema degobierno.

Sin embargo, todavía persisten en el país, losrasgos patrimonialistas y clientelistas de nuestrosistema político que caracterizan las conductasde sus actores, en cuya cultura son consideradaslegítimas y aceptables. Esto se explica, en granparte, por el problema de las oportunidadeseconómicas, pues parecería que en nuestrarealidad no existe forma de lograr una movilidadsocial si no es a través del acceso al poder público.Mientras persistan estas conductas y esta culturapolítica será difícil superar estas condicionantesestructurales que fomentan la corrupción.

• Con relación a las estructuras sociales, sepuede constatar por medio de diferentesencuestas, que la sociedad boliviana en suconjunto condena la corrupción y abiertamentemanifiesta su malestar por los casos decorrupción que no son debidamentesancionados.

Sin embargo, y a pesar de que inclusiveexistan manifestaciones de voluntad porparticipar y apoyar acciones de lucha contra lacorrupción, en la práctica existe también unasuerte de resignación, que inclusive llega aconvertirse en una aceptación en los hechos. Esdecir se condena la corrupción pero no se laenfrenta, sino que se convive con ella.

En este sentido, parecería que la priorizaciónde este problema en la escala de valores de lasociedad no está suficientemente clara, o noexiste una conciencia social acerca de losderechos ciudadanos ni el conocimiento de la

leyes, que permita una acción más decidida yefectiva por parte de la sociedad civil en demandade una administración más eficiente y honestapor parte del poder político.

Por otra parte, la sociedad no encuentra losinstrumentos con los cuales pueda participar enla lucha contra la corrupción.

Campañas de educación, de moralización yde concientización sobre el problema y el alcancedel rol social en la lucha contra la corrupción,son indispensables para generar una base moralarraigada en la propia sociedad, que den lugar alcambio de valores que asegure la sostenibilidadde cualquier esfuerzo por erradicar la corrupción.

• Con relación a las estructuras legales,

resulta evidente que en Bolivia todavía no se ha

podido desarrollar un sistema jurídico acorde con

el grado de desarrollo que han alcanzado otras

instituciones, lo cual está provocando un

desequilibrio en el desarrollo institucional del

país.

Las condiciones en las que actualmente op-era el Poder Judicial, y la interferencia política dela que tradicionalmente ha sido objeto, le restancredibilidad ante la población y un nivel dedesconfianza que afecta seriamente el ambientede seguridad jurídica que debería existir comocondición para promover el desarrollo nacional.

Por otra parte, es también cierto que lainstitucionalización y modernización del PoderJudicial, así como de otras institucionesvinculadas con la administración de la Justicia, yase ha iniciado, y está en curso a partir de la últimareforma constitucional.

Al presente, se han promulgado ya las Leyesque reglamentan el funcionamiento de losórganos independientes del Poder Judicial, cualesson el Tribunal Constitucional, el Consejo de laJudicatura y el Defensor del Pueblo, que son lasinstancias creadas para resolver los problemas deinterferencia política en el Poder Judicial yasegurar una administración independiente de la

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Justicia, así como crear mecanismos deprotección del ciudadano a través de laDefensoría del Pueblo.

Más aún, como se explicó en losantecedentes, los titulares de estos tres órganoshan sido ya nombrados a través delprocedimiento establecido por Ley.

Estas son, entonces, instituciones en procesode organización cuyo fortalecimiento seránecesario para consolidar un proceso de reformasdel sistema judicial que seguramente demandaráde mucho esfuerzo y tiempo.

Estas acciones que se encuentran en curso,

deben sin embargo, ser complementadas por

otras ya previstas en la reforma, que incluyen el

fortalecimiento de instituciones como el

Ministerio Público, la modernización de la

legislación vigente, y fundamentalmente el

fortalecimiento de los sistemas administrativos

del Poder Judicial, que permitan la creación de

instituciones modernas y eficientes que

garanticen eficiencia en la administración de la

justicia.

En el ámbito del derecho administrativo, ytomando en cuenta las profundastransformaciones que está experimentando elEstado, se hace también necesario contar con unmarco normativo actualizado en materia deprocedimientos administrativos, en el cual seestablezcan los principios que normarán larelación del ciudadano con la administración delEstado en cuanto a su derecho de petición yapelación.

El éxito y sostenibilidad de este proceso dereformas dependerá fundamentalmente de quese evite la subordinación de las medidas ynombramientos, a los intereses políticopartidarios o particulares.

La lucha contra la impunidad es un aspectobásico no solamente de las estructuras legales,es también una condición necesaria para que este

plan tenga éxito. La participación de la sociedadcivil en la lucha contra la corrupción es unrequisito también indispensable, y suparticipación está condicionada a la credibilidadque se pueda tener sobre este Plan.

Esta credibilidad provendrá directamente deque la ciudadanía observe que se está luchandocontra la impunidad.

• Con relación a las condicionesadministrativas que favorecen la corrupción yfomentan la ineficiencia del sector público, se hapodido comprobar que la legislación que sobrela materia tiene actualmente el país, prevé elestablecimiento de modernos sistemas deadministración y control orientados a lograrmayor eficiencia, economía y eficacia en laadministración de los recursos y operaciones delEstado (Ley SAFCO).

Sin embargo, desde 1990, año en que se puso

en vigencia esta Ley, el Estado no ha llegado a

establecer una implantación real de los sistemas

previstos, y por el contrario, se ha confundido el

espíritu de la Ley identificándola exclusivamente

como un instrumento de control y sanción, lo

que constituye una visión parcial de sus objetivos.

Sin duda, la aplicación plena y efectiva de lasprevisiones establecidas en la Ley, a través de unaadecuada reglamentación e implantación,permitirá resolver los problemas de excesivadiscrecionalidad y falta de transparencia dealgunos servicios, que de acuerdo a las propiasencuestas descritas en el documento, sonpercibidos como las instancias más vulnerables ala corrupción administrativa.

En este sentido, se plantea el desafío decompletar la implantación de la Ley SAFCO, yparalelamente establecer una carrera de serviciocivil que permita que la función pública sedesempeñe con un verdadero sentido de servicioa la colectividad y no de administraciones opartidos temporalmente en ejercicio delgobierno.

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V. OBJETIVOS DEL PLANNACIONAL DE INTEGRIDAD

A. Objetivo General

El Plan Nacional de Integridad (PNI),componente principal del Pilar deInstitucionalidad, tiene como objetivo central elde prevenir y combatir la corrupción a través delfortalecimiento de la institucionalidad de lasentidades estatales, para lograr servicios máseficientes y resultados más eficaces para lacolectividad, y, en el marco de un estado dederecho, promover la seguridad jurídica plena através de una efectiva protección de los derechosy garantías ciudadanas mediante un sistema judi-cial accesible e independiente.

B. Objetivos específicos

Para el cumplimiento de este objetivo, el PNIse plantea el cumplimiento de objetivosespecíficos en materia de desarrollo institucionaldel país organizándolos en tres áreas que daránlugar a la formulación de componentesespecíficos del Plan:

En administración dejusticia y el entorno legal

a) Establecer las bases institucionales ynormativas que aseguren una eficiente y calificadaadministración de la justicia, preservando elcarácter de independencia de los Poderes delEstado y garantizando la vigencia plena del estadode derecho.

b) Desarrollar el marco normativo necesariopara adecuar los instrumentos legales vigentesen materia de derecho comercial, administrativo,civil y penal, a las condiciones actuales dedesarrollo económico y social, de manera que elsistema jurídico sea consistente con el modelode desarrollo adoptado por el país.

c) Fortalecer a las instituciones responsablesde la administración de la justicia para que lasmismas puedan prestar una servicio más eficiente

y transparente a la colectividad, contribuyendo adesarrollar un clima de seguridad jurídica paratoda la población y para el desarrollo de lasactividades económicas.

En modernización del Estado

d) Modernizar la administración del Estadoen el marco de su nuevo rol normativo, reguladory de provisión de servicios básicos, para quedichas funciones se cumplan de manera eficiente,con transparencia y con una amplia participaciónde la sociedad civil, y contribuyan al objetivo cen-tral de luchar contra la pobreza.

e) Modernizar los sistemas de gestión de laadministración pública en todos sus niveles,aplicando el concepto de la gestión por resultadosy una delegación efectiva de la responsabilidaden las autoridades públicas.

f) Introducir sistemas de incentivos para el

servicio civil, mejorando la calidad y

profesionalidad de los funcionarios públicos y

eliminando el clientelismo político.

g) Apoyar la modernización del PoderLegislativo fortaleciendo su capacidad defiscalización, mejorando su marco normativo ydesarrollando su capacidad administrativa.

Lucha contra la corrupción

h) Desarrollar mecanismos efectivos deprevención, educación y sanción, destinados aluchar contra las prácticas de corrupción en laadministración pública y a introducir valores deética, moral y servicio entre los servidores delEstado.

VI. COMPONENTESDEL PLAN

Para el cumplimiento de los objetivosseñalados, se ha diseñado un Plan Nacionalbasado en tres componentes, cuya ejecucióndemandará la participación de diversos sectoresestatales y de la sociedad civil.

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Relacionado con el objetivo de establecer lavigencia del Estado de Derecho y contar con unsistema jurídico efectivo y eficiente, que no delugar al abuso y la transgresión legal y castigueefectivamente los casos de corrupción en laadministración del Estado, será necesariofortalecer la Reforma Judicial en curso, y enfatizarlas acciones destinadas a la investigación,prosecución, procesamiento y condena de loshechos de corrupción.

En el ámbito preventivo, será tambiénnecesario modernizar los sistemas deadministración del Estado e introducirmecanismos de incentivo efectivos para que losservidores públicos ejerzan sus funciones convocación de servicio a la colectividad y conprincipios de transparencia e integridad.

Este objetivo pasa necesariamente porintegrar los esfuerzos de modernización delEstado hasta hoy realizados, dando una plenaaplicación al concepto de responsabilidad por lafunción pública expresado en la Ley SAFCO.

Finalmente, y para emprender claramenteacciones específicas destinadas a luchar contralas prácticas de corrupción administrativa, asícomo hacer explícita la voluntad del Estado y laSociedad boliviana por erradicar este estigma quedaña la credibilidad de las instituciones.

Se plantea también la necesidad de poner enpráctica acciones específicas, con impactos yresultados inmediatos, que ataquen el problemade la corrupción en los puntos más visibles yvulnerables en los que se produzcan este tipo deconductas.

En este marco, el Plan Nacional de Integridad

identifica los tres componentes que se describen

a continuación.

A. Reforma JudicialB. Modernización del EstadoC. Lucha Contra la Corrupción

A. Reforma judicial

La seguridad jurídica y la aplicación efectivade la Ley es, sin duda, una condición indispens-able para desincentivar la corrupción en laadministración del Estado. Mientras los hechosde corrupción que sean identificados no seanadecuadamente procesados y condenados,ningún esfuerzo de prevención administrativatendrá éxito, y por el contrario, se estaránotorgando mayores incentivos a este tipo deactividades. Para lograr una efectivaadministración de la justicia es imprescindibleresolver los problemas estructurales que afectanal sistema judicial y superar las debilidades de lasinstituciones responsables por su administración.

La independencia efectiva del poder Judicialconstituye una condición para que se puedandesarrollar programas de fortalecimientoinstitucional adecuados para mejorar lascondiciones en las que actualmente opera elPoder Judicial.

En este marco, el Plan Nacional de Integridadse plantea acciones orientadas a modificar estascarencias estructurales del sistema judicial através de:

Poner en funcionamiento los nuevosOrganos Constitucionales Independientes en elPoder Judicial.

El objetivo de contar con un Poder judicial

independiente y adecuadamente administrado

está planteado en la última reforma

Constitucional, la misma que dispone la creación

del Tribunal Constitucional y el Consejo e la

Judicatura, como dos instancias colegiadas

altamente especializadas. Con atribuciones

claramente establecidas mediante Leyes

específicas, y compuestas por profesionales que

deben ser nominados a partir de sus cualidades

profesionales y no políticas.

Al presente, el Congreso Nacional ya haavanzado en la aprobación de las dos Leyes quereglamentan el funcionamiento de ambos

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órganos, así como en la nominación de sustitulares, que han sido debidamenteposesionados y se encuentran en funciones.

Este proceso forma ya parte de las tareas deinstitucionalización que se plantea el PNI. Sinembargo, para que la existencia de estas nuevasinstancias del Poder Judicial puedanefectivamente cumplir con los objetivos que lesseñala la Ley, será necesario proporcionarles todoel apoyo, fortalecimiento institucional y losrecursos necesarios para su funcionamiento.

En este sentido, el PNI destinará los recursosfinancieros y la asistencia técnica que facilite eltrabajo de ambas instancias constitucionales.

Modernizar y actualizar la legislación

Para garantizar la vigencia efectiva del Estadode Derecho, es necesario contar con un instru-mental normativo acorde a las necesidades delmodelo de desarrollo que establezca claramentelas reglas que deben observarse en materiajurídica, así como los procedimientos queaseguren agilidad, transparencia y efectividad enla administración de la justicia.

Esto implica la necesidad de completar elmarco jurídico existente para contar con unsistema judicial moderno y eficiente, para lo cual,y de manera complementaria a las reformas queestán en curso en el ámbito económico y social,se ha identificado la necesidad de modernizar ocrear las siguientes normas jurídicas:

a) Las Leyes Orgánicas del Poder Legislativo,del Poder judicial y del Ministerio Público,destinadas a actualizar las normas institucionalesque rigen el funcionamiento de estasinstituciones y que deben ser compatibles yacordes con los cambios a que ha dado lugar elproceso de modernización del Estado y eldesarrollo de las instituciones democráticas.

b) La modernización de los Códigos que rigenel derecho Comercial, Civil, Familiar y Penal, queson los instrumentos que establecen el marco

jurídico básico en el cual se desarrollan lasactividades económicas, sociales y políticas en elpaís.

c) La elaboración de leyes destinadas asimplificar y ampliar el acceso a la justicia, comola Ley de Reconocimiento de la justicia Tradicionaly/o Comunitaria, y la aplicación de la Ley deArbitrajes y Conciliaciones, las modificaciones ala Ley de Fianza Juratoria y la Ley de GarantíasPatrimoniales.

En materia administrativa, y para garantizarel derecho de petición y apelación del ciudadanoante la administración del estado, se promoverátambién la aprobación de la Ley deProcedimientos Administrativos y ProcesosContencioso Administrativos.

d) La elaboración de leyes contra la

impunidad en las que se establezcan las

modalidades de procesamiento y sanción de

dignatarios de Estado, como las leves de

Juzgamiento de Altos Dignatarios de Estado,

Juzgamiento de Ministros de la Corte Suprema

de justicia, Magistrados del Tribunal

Constitucional y Consejeros de la Judicatura, y la

revisión de procesos por delitos de prevaricato.

Fortalecer las instituciones vinculadaa la administración de laJusticia

Una vez se cuente con órganosindependientes que aseguren transparencia enel funcionamiento del Poder Judicial, y se vayancompletando las actividades de modernizaciónlegislativa, será también necesario desarrollar lascapacidades institucionales de las instanciasresponsables por la administración de la justicia,dotándoles de los instrumentos necesarios paraque cumplan de manera eficiente y transparentelos servicios en beneficio de los ciudadanos. Eneste contexto se tiene previsto realizar lassiguientes acciones:

a) Establecer la carrera judicial para elordenamiento administrativo de los recursoshumanos en el Poder judicial, tanto a nivel de los

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jueces como del personal técnico yadministrativo.

b) Fortalecer los sistemas administrativos delPoder Judicial dotando al Consejo de la Judicaturade los instrumentos necesarios para promoveruna adecuada administración y control de losrecursos financieros y no financieros.

c) Desarrollar programas de capacitación enla Administración de justicia para jueces y per-sonal del Poder Judicial.

d) Fortalecer el Ministerio Público como unade las instancias responsables de representar a lasociedad en casos específicos, y dotarle de lacapacidad necesaria para ejercer su función demanera eficiente e independiente.

e) Ampliar la cobertura del programa deoficinas de Defensa Pública y de DerechosHumanos a nivel nacional, urbano y rural, demanera de ofrecer servicios de apoyo a laciudadanía para hacer prevalecer los derechosciudadanos y exigir una adecuada administraciónde la justicia.

B. Modernización del Estado

Como se describió en los antecedentes, Bo-livia ha logrado importantes avances en materiade modernización de la gestión pública, aunquelos mismos todavía no se han visto efectivamenteaplicados en su totalidad. En 1990, se aprobó laLey 1178 SAFCO, que tiene como finalidadestablecer modernos Sistemas de Administraciónpara programar y ejecutar las actividades delEstado, así corno para ejercer el controlgubernamental sobre las mismas.

Esta ley promueve el uso eficaz y eficiente

de los recursos públicos e incorpora el concepto

del "accountability", es decir la obligación que

tiene todo servidor público, sin distinción de

jerarquía, de asumir responsabilidad plena por

sus actos, rindiendo cuenta no sólo de los

objetivos a que se destinaron los recursos

públicos que se le confiaron para administrar, sino

también de la forma y, sobre todo, de losresultados de su aplicación. El desarrollo de lacapacidad administrativa para impedir oidentificar y comprobar el manejo incorrecto delos recursos del Estado, es otro de los propósitosde la Ley. Según la misma Ley, los Sistemasestablecidos, que están a cargo de OrganosRectores, deberían contar con normas yreglamentos básicos y específicos que permitansu pleno funcionamiento en el ámbito específicode cada institución pública.

Desde su aprobación en 1990, las normas yreglamentos básicos de la Ley SAFCO han sidogradual pero lentamente preparados y aprobados,aunque no todos se encuentran en plenaaplicación. La aplicación plena de estos sistemaspermitirá no solo lograr una administración másordenada, eficaz y eficiente que informe sobre latoma de decisiones, sino que permitirá evaluar ydefinir políticas a partir de los resultados logrados,optimizando así, la utilización de los escasos

recursos públicos.

Estos antecedentes tienen una relacióndirecta con el objetivo de lucha contra lacorrupción, por cuanto son estos sistemasadministrativos los que permitirán, no sóloestablecer mecanismos preventivos de control enla administración de recursos públicos, sinotambién establecer las responsabilidadescorrespondientes por manejos dolosos oineficientes, vinculándolos con las sanciones quedeben aplicarse en cada caso.

Otro de los problemas detectados se refierea la baja calificación de los servidores públicoscomo consecuencia de las deficientescondiciones laborales que ofrece el sector públicoa sus funcionarios. Bajos salarios, inestabilidadlaboral, falta de capacitación y desarrolloprofesional, baja motivación y deficientescondiciones de infraestructura y equipamiento,provocan una mala predisposición para el serviciopúblico, ineficiencia, y una permanentepredisposición a la corrupción.

23

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Las encuestas realizadas para la formulacióndel PNI, recomiendan la necesidad de resolvereste problema mejorando las condicioneslaborales de los servidores del Estado eintroduciendo mayores incentivos para el serviciopúblico.

En este marco, el PNI busca recuperarplenamente los principios de responsabilidad porla gestión pública mediante la aplicación delconcepto de Gestión por Resultados en lasinstituciones estatales, la implantación completay efectiva de los sistemas de administración ycontrol gubernamentales, y la creación yestablecimiento de un sistema de Servicio Civilque contemple incentivos para los servidorespúblicos para motivar mayor calidad e integridaden su desempeño.

Por otra parte, el PNI pretende tambiénmodernizar el Congreso Nacional, de manera queéste pueda desarrollar de mejor forma su tarealegislativa y de fiscalización. Así, el PNI abarcarátodos los ámbitos del Estado, desarrollandoacciones conjuntas e integrales en todos losPoderes y permitiendo mayor eficacia en el logrode sus objetivos.

Las acciones específicas que se proponenpara cumplir con este objetivo son:

Implantar el Sistema deGestión Pública por Resultados

En el marco de las normas establecidas porla Ley SAFCO y con el objeto de hacer efectivo elconcepto de administración previsto en esta Ley,se promoverá la aplicación de un mecanismo deGestión Pública por Resultados, que consistirá en:

a) Cada institución pública, a través de su

máxima autoridad, elaborará para cada gestión

anual, una programación de actividades con

metas y resultados claramente identificados y

cuantificados con relación al tipo de servicios que

le corresponde brindar, y lo presentará ante una

instancia de evaluación del más alto nivel en el

Poder Ejecutivo.

b) Con base en la programación propuestapor cada institución pública, se concertará unAcuerdo de Gestión por Resultados, a través delcual las instituciones comprometerán elcumplimiento de las metas señaladas y el PoderEjecutivo les otorgará un nivel de autonomía degestión y recursos presupuestarios para quepuedan cumplir con dicho programa.

c) La instancia responsable de la evaluaciónde los programas publicará a inicios de cadagestión, las metas y resultados comprometidospor las instituciones públicas de manera que laciudadanía pueda conocer el alcance de dichoscompromisos.

d) A mediados de cada año y al finalizar la

gestión, se realizará una evaluación sobre el

cumplimiento de las metas y resultados

comprometidos sobre la base de indicadores

objetivos previamente acordados para cada

institución, estableciendo el grado de

cumplimiento y eficiencia alcanzados. Dichas

evaluaciones permitirán elaborar un informe de

desempeño institucional que será de

conocimiento del Presidente de la República y

de las autoridades correspondientes en el Poder

Ejecutivo.

e) Las instituciones que mejor rendimientohayan alcanzado en la gestión de sus metas yresultados, recibirán un reconocimiento públicoy podrán beneficiarse de mayores niveles dedelegación y autonomía de gestión en laformulación y ejecución de sus presupuestos paralos siguientes años.

f) Las instituciones que no hayan alcanzadosniveles satisfactorios en el cumplimiento de susmetas y resultados, dependiendo del nivel deincumplimiento, recibirán sanciones de diversaíndole, siendo el titular y máxima autoridad de lainstitución, el principal responsable por dichosresultados. A estas instituciones se les reduciránlos niveles de autonomía de gestión, seintroducirán mayores controles en el uso de los

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5t

operativas para identificar y corregir las causasde su mal desempeño.

g) Las evaluaciones de desempeñoinstitucional serán complementadas con laaplicación de Encuestas sobre Desempeño deServicios Públicos, en los casos en que lasactividades de las instituciones esténdirectamente relacionadas con la prestación deservicios al público.

Mediante la aplicación de este sistema degestión, se pretende fortalecer el concepto deresponsabilidad por la función pública, en el cualprevalezcan el cumplimiento de resultados y lacalidad de los servicios prestados, y no sólo delos procedimientos burocráticos que podríanrestar eficiencia y calidad a los servicios públicos.

Los efectos de la aplicación de este sistemasobre las prácticas de corrupción se produciránde manera indirecta, por cuanto el cumplimientoefectivo de las metas y resultados institucionalessólo podrá lograrse en la medida de contar conuna gestión más eficiente y honesta, para lo cualcada institución deberá incorporar los controlesinternos necesarios que eviten que las prácticasde corrupción perjudiquen su rendimientoinstitucional.

Implantar en forma generalizadael Programa de Servicio Civil

Tomando como base los avances hasta hoylogrados por el Programa de Servicio Civil, el PNIpromoverá una aplicación gradual perogeneralizada de este sistema en todas lasinstituciones del sector público.

El nuevo enfoque ya no sólo pretende crearuna elite de profesionales en la administraciónpública, sino introducir y aplicar plenamente unsistema moderno, eficiente y transparente deadministración de los recursos humanos delEstado.

Para ello se desarrollarán las siguientesacciones:

a) Cada institución pública deberá cuantificary evaluar el número y calificación de losempleados públicos con los que cuenta, y larelación de los mismos con las actividades y tareasque realizan. Sobre la base de esta evaluación, seestablecerán las necesidades de recursoshumanos calificados y de apoyo que requeriránpara cumplir con los objetivos, metas y resultadosinstitucionales que anualmente se comprometacada institución.

b) Con base en la evaluación y losrequerimientos planteados por cada institución,el Ministerio de Hacienda, como instanciaresponsable de la implantación del servicio civil,acordará con las autoridades correspondientesun Plan de Ajuste Institucional, a través del cualen un período determinado (3 a 5 años), lainstitución deberá ratificar a su personalcalificado, sustituir al personal que no cumpla conlos requisitos de formación y experiencianecesarios, y prescindir del personalsupernumerario, implantando de esta manera unnuevo régimen de servicio civil, y optimizando laplanta de personal existente.

c) Una vez establecido el acuerdo sobre el

Plan de Ajuste Institucional, las instituciones

adheridas al programa procederán a contratar,

mediante concursos públicos, a nuevos

funcionarios, o ratificar al personal existente que

califique, aplicando procedimientos que

garanticen transparencia en los procesos de

selección y eliminen la posibilidad de injerencia

o discrecionalidad política en estas nominaciones.

d) Los servidores públicos que se incorporenmediante este proceso gozarán de los beneficiosde un nuevo régimen laboral sustentado en unEstatuto del Funcionario Público yen el Sistemade Administración de Personal de la Ley SAFCO.Esto implica la existencia de normas yprocedimientos de evaluación del desempeño através de los cuales se aplicarán las políticas deremoción y promoción de los servidorespúblicos, lo cual permitirá asegurar la estabilidad

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laboral necesaria para dar continuidad a laspolíticas y programas institucionales. Para serconsistente con los principios de lamodernización del Estado, se incorporaríatambién en la administración del servicio civil, elconcepto de evaluación del desempeño porresultados para cada servidor público.

e) Para resolver el problema de la falta deincentivos, los servidores públicos que seincorporen a través de este proceso, sebeneficiarán también de una nueva escala salarial,competitiva con el mercado privado y acorde consus niveles de responsabilidad. Asimismo, estosfuncionarios accederán a un programa decapacitación y desarrollo según las necesidadesinstitucionales. Dadas las restricciones financierasdel sector público, estos incentivos seránfinanciados, en un inicio, con recursosextraordinarios que serán puestos a disposiciónde las instituciones en la medida que cumplancon las metas y resultados convenidos, hasta queel Tesoro General de la Nación puedaautofinanciar estos gastos en cada presupuestoinstitucional.

Adicionalmente al ajuste en materia derecursos humanos, cada institución deberácomplementar sus propuestas con políticas deoptimización de gasto y generación de ahorrosque le permitan cubrir la mayor parte de loscostos incrementales que implicará la aplicaciónde estas políticas.

Dadas las características operativas yfinancieras del programa, se promoverá unaaplicación gradual que se estima podrá tomar 10años para su implantación en todo el sectorpúblico. Esto implica que la reforma se aplicaráindividualmente en cada institución en la medidaque se cuente con los recursos financierosnecesarios.

Se estima que como resultado de la aplicaciónde este programa, se reducirá, en dicho períodode 10 años, hasta un 30% del personal actual delsector público, logrando una administración

menos burocrática y más eficiente. A través deeste mismo mecanismo se deberán eliminartambién todo tipo de contrataciones de personalextraordinario, o de consultores financiados porla cooperación externa para posiciones de líneaen la administración pública.

Apoyar la modernizacióndel Congreso Nacional

Paralelamente a las acciones propuestas porel Poder Ejecutivo en materia de desarrolloinstitucional, el Poder Legislativo también llevaráa cabo iniciativas específicas para lograr sudesarrollo institucional y administrativo, lasmismas que serán apoyadas por el PoderEjecutivo en el marco de la coordinaciónnecesaria de poderes que fomentará laconsolidación institucional del país.

Estas iniciativas incluyen acciones destinadasmodernizar su marco normativo, fortalecer sucapacidad de fiscalización, y desarrollar sucapacidad administrativa.

Para el efecto, se encuentra enfuncionamiento la Comisión de ModernizaciónLegislativa, que es la instancia, dependiente de laVicepresidencia de la República, encargada decoordinar y realizar el seguimiento de estasactividades de modernización institucional.

Específicamente, las actividades demodernización del Congreso Nacional, que seinscriben el PNI, serán:

a) Marco normativo: Que contempla laelaboración y aprobación de un nuevoReglamento General del Senado, y la realizaciónde ajustes al Reglamento General de la Cámarade Diputados.

En este mismo marco se prevé lareglamentación de algunos procedimientoslegislativos generales como es el tratamiento deleyes a cargo de Comisiones Legislativas, en lascuales se apliquen convocatorias a AudienciasPúblicas para la discusión de los proyectos de Ley,

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o para la aprobación de los PresupuestosPúblicos de cada año.

b) Fortalecimiento de la capacidad defiscalización: Que incluye el diseño de un Sistemamoderno de investigación y asesoramientolegislativo y la implementación de un proyectopara el acopio de información en las regiones.

c) Modernización administrativa: Que prevéla reorganización administrativa del CongresoNacional , la creación de una carrera funcionariaen ambas cámaras y la implantación de la nuevaLey Orgánica del Congreso.

C. Lucha contra la corrupción

Los dos componentes antes descritos estánorientados a atacar las condiciones que alpresente están fomentando las prácticas decorrupción en la administración pública, demanera que en el mediano y largo plazo se puedacrear una nueva cultura que permita contar conuna administración más honesta y eficiente.

Sin embargo, en el corto plazo esimprescindible asumir algunas medidasespecíficas que combatan este problema en formadirecta y localizada, de manera que se puedandar señales para recuperar la credibilidad de lasinstituciones y del mismo sistema democrático.

Las medidas que se proponen en este ámbitono están dirigidas, sin embargo, a la persecucióno represión de los funcionarios corruptos, puesello debe darse como resultado delfuncionamiento de los sistemas administrativosy del sistema judicial.

Por el contrario, estas medidas se handiseñado con el propósito de dotarle al Estado,en el corto plazo, de la capacidad mínimanecesaria para prevenir y detectar problemas decorrupción, y en su caso procesarlos mediantelos mecanismos que correspondan para el efecto.

A continuación se describen las principalesmedidas identificadas:

Poner en vigencia el marco normativode Lucha Contra la Corrupción

Para hacer explícita la voluntad boliviana decombatir la corrupción, será necesario contar conun marco normativo específico en el que seseñalen los objetivos y formas de desarrollar esteproceso. Al respecto, Bolivia ya cuenta con unanormativa lo suficientemente explícita a través dela cual se plantean acciones para combatir lacorrupción en el marco de un acuerdointernacional.

Se trata de la Convención InteramericanaContra la Corrupción, suscrita por los paísesmiembros de la OEA en marzo de 1996 , que fueratificada como Ley de la República por elCongreso Nacional en enero de 1997.

En este documento se plantean acciones

precisas que deben ser reglamentadas e

implementadas a través de este componente del

PNI.

Lo importante, es mantener y dar continuidada una voluntad ya manifestada en una anteriorlegislatura al aprobar este importante marconormativo, quedando pendiente su difusión yaplicación plena en el marco del presente Plan.

Aprobar el Estatuto delFuncionario Público y el Códigode Etica para los servidores públicos

Los artículos 43 y 44 de la ConstituciónPolítica del Estado establecen desde suaprobación en 1967, que una Ley establecerá elEstatuto del Funcionario Público, sobre la basedel "principio fundamental" que los funcionariosy empleados públicos "... son servidoresexclusivos de los intereses de la colectividad yno de parcialidad o partido político alguno.", yque éste instrumento señalará los derechos ydeberes de los funcionarios públicos con lasdisposiciones que garanticen la carreraadministrativa , así como la dignidad y eficacia dela función pública.

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Dando cumplimiento a este preceptoconstitucional y con el objetivo de crear la basenormativa sobre la cual se sustente la carreraadministrativa y el servicio civil, el PNI promoverála aprobación del Estatuto del FuncionarioPúblico, como Ley de la República, en la que seestablezcan los incentivos, derechos yobligaciones de los servidores públicos en todassus jerarquías y niveles.

Incentivos y derechos con relación a lanecesaria estabilidad laboral y el establecimientode normas claras en materia de remuneracionesy condiciones laborales que el Estado debeproporcionar a sus servidores públicos para quelos mismos desempeñen sus funciones consujeción estricta a las leyes y sin ningún tipo deinterferencia o discriminación. Y obligaciones conrelación a la necesaria integridad, honestidad yvocación de servicio que debe caracterizar laconducta de los servidores públicos en beneficiode la colectividad.

Asimismo, de manera complementaria, sepromoverá la aprobación de un Código de Eticapara los servidores del Estado, al cual deberánadherirse todos los funcionarios del sectorpúblico, y que establecerá las normas éticas deservicio que el ciudadano podrá exigir a losfuncionarios públicos modificando las actualesformas de prepotencia, negligencia,discriminación o ineficiencia que caracterizan alservicio público.

Implementar un Sistema deDeclaración de Bienes y Rentasde los funcionarios públicos

Uno de los aspectos que está previsto en laConvención Interamericana Contra laCorrupción, tiene relación con la necesidad deestablecer mecanismos de control sobre elposible enriquecimiento ilícito por parte de losfuncionarios del Estado.

Actualmente, existe la práctica por la que losaltos dignatarios de Estado (Presidente,

Vicepresidente, Ministros y Viceministros) y otrasautoridades notables, presentan ante laContraloría General del Estado, declaracionesjuradas de bienes al momento de sunombramiento y a la conclusión de su mandato.

Si bien es importante mantener esta prácticainstitucionalizada, es también necesariodesarrollar una reglamentación precisa acerca delalcance que deben tener estas declaracionesjuradas y generalizarla para todos los funcionariospúblicos que ejerzan algún tipo deresponsabilidad en la administración del Estado.

Con este propósito, el PNI promoverá que laContraloría General del Estado desarrolle estareglamentación estableciendo el carácter públicode las declaraciones juradas de bienes y rentas,la ampliación de su cobertura a todos los nivelesde responsabilidad, y el establecimiento de unsistema de información para su seguimiento, demanera que por lo menos cada dos años seactualicen las declaraciones y se identifiquenposibles casos de enriquecimiento ilícito.

Fortalecer los mecanismos dedenuncia, investigación yprosecución de casos de corrupción

De acuerdo a los antecedentes descritos, esevidente que la deficiencia mayor en eltratamiento de los casos de corrupción en Bo-livia, no tiene que ver con la falta de legislación otipificación de los delitos, sino más bien con lainadecuada u omisa aplicación de las leyes parasancionar los casos de corrupción.

Este es el fenómeno que da lugar a laimpunidad y provoca un efecto de inseguridad yfalta de credibilidad sobre la capacidad que puedatener el Estado en el control de estas conductas.A su vez, el fenómeno de la impunidad seconvierte en un incentivo que fomenta mayorcorrupción, dando lugar a una actitud de cinismopor parte, tanto de los funcionarios públicos queentienden que la práctica de corrupción essiempre una opción, como de los ciudadanos,

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que se resignan a aceptar que las cosas sólopueden funcionar de esa manera.

En consecuencia, se ha establecido que pararesolver este problema estructural, hace faltaidentificar y fortalecer a los actores institucionalesque tendrán la responsabilidad de identificar,investigar, formular acusaciones, confrontarjurídicamente los procesos y velar por que lassanciones sean efectivamente aplicadas en con-tra de los corruptos.

En el pasado han existido intentos por crearinstituciones u oficinas en reparticiones estatalespara cumplir parcialmente estas tareas, las mismasque han podido cumplir con estas funcionestambién en forma parcial.

Dada la necesidad de implementar unprograma orientado a la institucionalización delpaís, el PNI plantea la necesidad de fortalecer alas instituciones que legalmente tienencompetencia en estas materias, estableciendoprogramas específicos de Lucha Contra laCorrupción en cada una de ellas. En este sentidose plantea:

a) Fortalecer la Defensoría del Pueblo comomecanismo de recepción e investigación dedenuncias de casos de corrupción en laadministración pública.

Se plantea que como institución nueva y de

reconocida independencia, la Defensoría del

Pueblo se constituya en la ventanilla de denuncias

a la que la ciudadanía pueda acceder para

denunciarlos casos de corrupción. Esto implicará

la necesidad de desarrollar una capacidad

institucional específica para recibir este tipo de

denuncias y llevar a cabo una investigación

preliminar que le permita establecer la

procedencia de dichas denuncias. Según las

características de los casos denunciados, la

Defensoría podrá desechar las denuncias, o en

su caso remitirlas debidamente documentadas

ante el Ministerio Público o ante la Contraloría

General de la República, según corresponda.

b) Fortalecer la función fiscalizadora de laContraloría General de la República.

Si bien es cierto que la Contraloría bolivianase caracteriza por ser una de las instituciones decontrol más eficientes de la región y que durantelos últimos años se ha consolidadoinstitucionalmente, es necesario que el trabajoque realiza esta institución, tambiénindependiente del Poder Ejecutivo, seacomplementado y fortalecido con un trabajo desimilar eficiencia por parte de las Unidades deAuditoría o Control Interno de cada una de lasinstituciones públicas. Para ello, se proponedesarrollar un programa de fortalecimiento de lossistemas de control de las instituciones a sercoordinado y liderizado por la Contraloría Gen-eral de la República, a través del cual se desarrollela capacidad preventiva de las institucionespúblicas mediante la aplicación de las auditoríasy controles establecidos en la Ley SAFCO.

Asimismo, se plantea la necesidad defortalecer la capacidad de la Contraloría Generaly de sus unidades especializadas, para que en loscasos en que se detecten responsabilidades yproblemas de corrupción, pueda profundizarsela preparación y documentación de dichas causasde manera de facilitar la función acusatoria quedeban asumir las instituciones correspondientesen contra de los implicados.

Este objetivo se podrá cumplir mediante laejecución e implantación de un programa dedesarrollo y capacitación en la Contraloría sobreAuditorías Forenses, que son la técnica a partirde la cual podrán iniciarse investigacionesdetalladas que permitan aplicar las sanciones quecorrespondan en los casos de corrupciónefectivamente demostrados,

c) Crear y fortalecer una Unidad deProsecución de Asuntos Administrativos delEstado en el Ministerio Público.

Finalmente, para completar el marcoinstitucional que asumirá la responsabilidad en

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el tratamiento y prosecución de los casos decorrupción, es necesario que la instanciaresponsable de llevar adelante la funciónacusatoria en defensa de los intereses del Estado,tenga la capacidad suficiente, técnica yoperativamente, para confrontar judicialmentelos casos y lograr que se dictaminen las sancionessuficientes para castigar los delitos de corrupción.

Para cumplir con este objetivo, el PNI

promoverá la creación de una Unidad Técnica de

Prosecución de Asuntos Administrativos en el

Ministerio Público, a la cual se le dotará del per-

sonal técnico y de los recursos necesarios para

formular las causas acusatorias debidamente

documentadas, tanto desde el punto de vista le-

gal como administrativo, de manera que fiscales

especializados puedan conducir eficientemente

los procesos acusatorios en contra de los

funcionarios corruptos, ante las instancias judi-cial que correspondan.

Al efecto, se propondrá también elnombramiento de Fiscales especializados en per-sonas de reconocido prestigio e integridad paradesarrollar estas delicadas tareas.

Por otra parte, a nivel de las Comisiones delCongreso, en tanto cabeza del Ministerio Público,se desarrollará también un programa defortalecimiento que permita el nombramiento deFiscales Especiales para la prosecución de casosen los que se encuentren involucrados losdignatarios de Estado o los mismosparlamentarios.

Hacer más transparentes las Normas

de Contratación de Bienes y Servicios

para el Sector Público (Licitaciones)

Una de las áreas que se ha constatado es delas más vulnerables a las prácticas de corrupciónestá relacionada con los sistemas de licitacionespara la adquisición de bienes y contratación deservicios por parte de las instituciones públicas.

Fenómenos de colusión entre funcionarios delas entidades públicas contratantes y las empresas

proveedoras, extorsión contra las empresasproveedoras para lograr gratificaciones extra le-gales, malos controles de calidad de los bienes yservicios adquiridos por parte del sector públicoa cambio de sobornos, y otras figuras decorrupción son comunes en el funcionamientodel sector público.

Este tipo de problemas, sin embargo, tieneantecedentes de mucho tiempo atrás, y en elpasado ya se ha tratado de corregirloparcialmente. El antecedente más concreto en lamateria es el referido a la contratación, por partedel Gobierno, de Agencias InternacionalesEspecializadas en contrataciones y adquisicionespara el sector público, que operaron desde el año1987 hasta 1995.

Este mecanismo de licitaciones a través de

Agencias se instaló de manera transitoria hasta

que el Estado pudiera contar con normas

específicas sobre la materia en el marco de la Ley

SAFCO, las mismas que en una primera versión

fueron establecidas a través de las Normas Básicas

del Sistema de Administración de Bienes y

Servicios, promulgada mediante una Resolución

Suprema en 1995. Al presente, estas normas han

sido ya actualizadas en una oportunidad en 1996,

y se tiene prevista una nueva modificación en el

corto plazo.

Como resultado de los estudios realizadossobre la materia, las recomendaciones de laencuesta dirigida al sector privado en diciembrede 1997, y la experiencia adquirida por el país enlos últimos años, el PNI plantea la modificaciónde las Normas Básicas del Sistema deAdministración de Bienes y Servicios en lossiguientes aspectos:

a) Establecer que para cada licitación públicaa realizarse en los términos actualmentedispuestos en las Normas, se identifique un Tri-bunal de Arbitraje y Apelaciones al momento dela convocatoria, compuesto por miembros de laentidad licitante y representantes del sectorprivado a través de la Cámara o Asociación que

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corresponda, con atribuciones para recibir yresolver posibles reclamos y protestas sobre losresultados de la licitación.

b) Establecer que todos los procesos delicitación pública o invitación directa seancompletamente públicos, debiendo lasinstituciones licitantes, dar a conocer al tiempode la convocatoria, la composición de los comitésde calificación, y posteriormente informar sobreel avance de cada una de las etapas de evaluacióny adjudicación.

c) Establecer que le corresponderá al-Ministerio de Hacienda, en su calidad de OrganoRector del Sistema, la responsabilidad demantener una base de datos de los procesos delicitación y las adjudicaciones correspondientespara conocimiento público. Asimismo, tendrá laobligación de instalar y mantener bases de datosde precios referenciales de los principalesinsumos adquiridos por el sector público con elobjeto de evaluar la eficiencia de las adquisicionesy detectar posible adquisiciones consobreprecios.

d) Desarrollar una adecuada divulgación de

las Normas Básicas del Sistema de Administración

de Bienes y Servicios entre los negocios y

potenciales proveedores del sector público así

como entre los funcionarios responsables de

adquisiciones y contrataciones en las

instituciones,

e) Establecer sanciones económicas contralas empresas involucradas en casos decorrupción.

Modernizar los Sistemasde Recaudaciones del sector público

Sin duda, y tal como lo demuestran diferentesencuestas y estudios, los servicios dedicados a larecaudación tributaria, tanto de aduanas comode impuestos internos, se caracterizan por su faltade transparencia y su manejo altamente político.En el caso de Bolivia, ya se han realizado

importantes esfuerzos por modernizar lossistemas de recaudaciones desde la reformatributaria de 1986, habiéndose logradoimportantes avances, en particular en lo que serefiere al Servicio Nacional de ImpuestosInternos. En el caso del servicio aduanero,también se han ejecutado programas de reforma,pero que no han tenido el mismo impacto yresultados en materia de modernizacióninstitucional, por lo que al presente todavíasubsisten graves problemas de administración yaltos niveles de evasión tributaria como resultadode la falta de sistemas transparentes en el manejodel comercio exterior.

En este sentido, uno de los objetivos centralesdel PNI está orientado a resolver de maneraestructural las deficiencias administrativas de lasentidades responsables por la recaudación detributos, que dan lugar a prácticas de corrupciónadministrativa que son percibidas y condenadaspor la población en general y en particular porlos usuarios de estos servicios, y que causan unode los mayores daños económicos al Estadoreflejado en los todavía bajos niveles de ingresosfiscales.

Las medidas previstas en este campo son:

a) Poner en marcha un inmediato Plan deContingencia para recuperar el controladministrativo de las aduanas de fronteras yeliminar los llamados funcionarios"supernumerarios" que prestan servicios ad-honorem en dichas aduanas, e iniciar un procesode institucionalización y modernizaciónaduanera.

b) Habilitar mecanismos específicos pararecibir denuncias y reglamentar procedimientosadministrativos para su tratamiento y sanción.Crear una unidad especial de seguimiento de loscasos de corrupción y mantener una base dedatos sobre los mismos haciendo pública lainformación.

c) Incorporar el "principio de la buena fe" enlos trámites de desaduanamiento e importaciónque se gestionan en el Servicio de Aduanas.

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d) Establecer un régimen especial de carreraadministrativa de los servicios de recaudación deimpuestos y aduanas. Poner en vigencia, y restituiren el caso de impuestos internos, sistemas deevaluación y reclutamiento de recursos humanosbasado en criterios técnicos y de méritoprofesional. Así también, establecer un régimende incentivos salariales para el nuevo personaltécnico basado en criterios de productividad yevaluación de resultados.

e) Implementar sistemas informáticosmodernos que no dejen margen dediscrecionalidad a los funcionarios y que permitanla automatización de la mayor parte de losprocesos. Consolidar la implantación de losnuevos sistemas en el caso de Impuestosinternos.

f) Promover la participación del sector

privado en los procesos administrativos que

puedan ser delegados y que demuestren ser más

efectivos y transparentes.

g) Promover la creación de mecanismos deintegración y coordinación entre los servicios deimpuestos internos y aduanas para poner enmarcha sistemas de cruce de información queoptimice los controles de evasión tributaria,particularmente en las funciones de fiscalizacióny control ex - post.

h) Implementar el programa de ReformaInstitucional en los Servicios de ImpuestosInternos y Aduanas, poniendo en vigencia elsistema de Gestión Pública por Resultados.

i) Tipificar la evasión tributaria como delitopenal.

Poner en marchaun programa de simplificaciónde tramites y desburocratización

Una de las formas de corrupción que lapoblación percibe de manera más directa ycotidiana es la que tiene que ver con los trámites,autorizaciones y registros que debe solicitar ante

las oficinas públicas, tanto en el ámbito nacional,departamental y municipal.

La teoría académica desarrollada sobre lacorrupción administrativa indica que este tipo deprácticas ocurren cuando se otorga a losfuncionarios públicos amplios márgenes dediscrecionalidad en sus decisiones, monopoliosobre los servicios que puedan brindar al cliente,e insuficientes mecanismos de control queaseguren transparencia en sus funciones.

En este sentido, se hace necesario diseñarmedidas concretas que, a tiempo de modernizary hacer más eficientes estos trámites públicos,permitan minimizar las condiciones que hacenpropicia o incentivan la corrupción en dichos

procesos.

Por otra parte, se ha detectado a través de las

encuestas, que existe preocupación por parte de

la población con relación a la existencia de una

corrupción institucionalizada en algunos de los

trámites más comunes, lo que obliga a los

usuarios a contratar los servicios de gestores o

"tramitadores" dando una aceptación implícita a

este tipo de prácticas. Estos trámites están

ubicados tanto a nivel de las instituciones del

Gobierno Central, como de las Prefecturas,

Alcaldías y Universidades.

En este contexto, el PNI plantea la necesidadde iniciar un proceso de simplificación ymodernización de los trámites públicos mediantela adopción de ciertas medidas de carácter gen-eral y la ejecución de programas de reingenieríay automatización individual de los trámitesidentificados como los más corruptos.

Estas medidas consistirán en:

a) La incorporación del "principio de la buenafe" en los trámites y registros públicos, lo queimplicará la eliminación, previo un estudio legalde cada caso, de los controles y pasosinnecesarios en los trámites, registros yautorizaciones que emiten las instituciones

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públicas (legalizaciones, obligación decomparecencia personal, sellos de autorización,múltiples firmas, repetición de entrega dedocumentos, y otros), presumiendo la buena fede los clientes o ciudadanos que requieran deestos trámites.

b) La aplicación del principio del "silencio

administrativo positivo", también a partir de una

evaluación de cada caso, que implica que

cualquier solicitud será válida y aceptada si la

institución o el funcionario competente no lo

observa o lo rechaza en un plazo previamente

fijado.

c) La promulgación de una medida queobligue a que todas las oficinas públicas quetengan ventanillas de atención al públicoestablezcan un mecanismo de información a losclientes sobre los pasos, costos, responsables yplazos en los que deben completarse los trámitesque administren, así como la creación demecanismos de denuncias y quejas sobre malostratos o casos de corrupción.

d) La creación de una oficina de simplificaciónde trámites en el Ministerio de la Presidencia, quetendrá como función identificar los trámites quesean percibidos como más corruptos y supervisarque se apliquen programas de modernización enlas oficinas responsables.

Ejecutar una campaña deeducación y concientizaciónciudadana

La sostenibilidad de las acciones que sepuedan emprender en la lucha contra lacorrupción y el desarrollo institucional delEstado, dependerá de que ciertos valores yprincipios se puedan internalizar en la poblacióny en la educación de las nuevas generaciones.

En este sentido, el PNI considerará también

el diseño y ejecución de una campaña masiva de

educación y concientización de la población en

general para desarrollar estos valores y principios.

La campaña educativa estará dirigida a dar aconocer a los ciudadanos cuales son los límitesde la discrecionalidad en la administraciónpública, y a diferenciar con claridad los espaciospúblicos y privados que se deben respetar en unEstado de Derecho. La concientización, estarádirigida a desarrollar los valores de respeto porlo público, de condena a las conductas deaprovechamiento ilícito del poder, y del derechoque tienen los ciudadanos de recibir un adecuadoservicio por parte del Estado.

Esta campaña, además de contemplaractividades a través de los medios decomunicación masivos y alternativos, promoverátambién un programa de incentivos al correctocomportamiento cívico, a través del cual seotorgarán reconocimientos efectivos a losciudadanos que ejerzan en forma efectiva susderechos y obligaciones ciudadanas.

VII. ESTRATEGIA DEIMPLANTACIÓN

Las acciones y medidas diseñadas para laimplantación del PNI, requieren, por sunaturaleza y sensibilidad, de la participaciónconcertada de los diversos sectores del Estado yla Sociedad. El Gobierno, por si sólo, no podráemprender esta tarea si no cuenta con laparticipación de todos los sectores involucradosen el proceso de construcción institucional, quees interés de toda la nación.

Se requiere entonces del establecimiento deun "pacto nacional" para la implantación del PNI,en el cual estén involucrados todos los sectoresde la vida social, económica y política del país. Laaplicación de un acuerdo de esta naturalezademanda del diseño de una estrategia deimplantación del PNI que se fundamente en laaplicación de cinco principios:

A. Jerarquización en la agenda públicaB. Liderazgo concertadoC. Visión integralD. Aplicación gradualE. Ejecución descentralizada

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A. Jerarquización enla agenda pública

Una de las razones por las que las políticasde desarrollo institucional del país no se hanaplicado con la misma celeridad que otrasreformas, se debe a que en ningún momento hanrecibido la atención necesaria, ni se les haotorgado la prioridad suficiente para que seejecuten políticas y programas en este ámbito.

Emprender un Plan integral de desarrolloinstitucional, y afectar sistemáticamente lasestructuras de corrupción existentes en laadministración pública, demandan de unaefectiva jerarquización en su tratamiento comoparte de las políticas públicas.

Para lograr esta jerarquización, el Gobierno

Nacional, en coordinación con otras instituciones

estatales, convocará a la creación de una instancia

del más alto nivel que se encargará de la

coordinación y seguimiento de la aplicación del

PNI, así como de su concertación y coordinación

con otras instituciones de la sociedad civil.

Esta instancia, será denominada ComisiónNacional de Integridad, estará compuesta porrepresentantes de tres grupos institucionales delEstado:

a) Poder Ejecutivo:Ministerio de la PresidenciaMinisterio de HaciendaMinisterio de justicia

b) Congreso Nacional:Cámara de SenadoresCámara de Diputados

c) Organos Independientes:Corte Suprema de justiciaConsejo de la JudicaturaContraloría General de la RepúblicaDefensoría del Pueblo

La Comisión estará presidida por elVicepresidente de la República, en su calidad de

Presidente Nato del Congreso, quien deberá ve-lar por una adecuada coordinación entre lasdiversas instituciones estatales involucradas.

La función de la Comisión, será la de discutiry recomendar la aplicación de normas, políticasy programas de desarrollo institucional en lasáreas identificadas en el PNI, así como hacer elseguimiento de las mismas y coordinar suejecución con las instituciones de la sociedad civil.

De esta manera el Gobierno estará dando unaseñal efectiva sobre el grado de prioridad que leasigna a esta temática en su agenda, e invitará alos otros sectores a que le presten la mismaatención y dedicación al tema.

B. Liderazgo concertado

En el ámbito de la lucha contra la corrupción,se plantea la necesidad de contar con unaparticipación generalizada de la sociedad en lastareas definidas por el PNI.

Para ello, es fundamental otorgarle al mismoel más alto nivel de credibilidad posible, demanera que todos estos sectores puedanefectivamente comprometer la participacióndeseada.

Pocas son, sin embargo, las instituciones quegozan de la confianza y credibilidad de la sociedadpara emprender una tarea de estas características.De hecho, el Gobierno, por si sólo, así manifiestecomo ya lo ha hecho, la voluntad de llevaradelante el Plan, requerirá del apoyo de otrossectores para lograr el nivel de credibilidadnecesario.

En este contexto se plantea la necesidad de

conformar un acuerdo del cual participen los

sectores más representativos del Estado y la

sociedad civil, de manera que se genere la

confianza y expectativa necesarias, y se le asigne

a una instancia que cuente con el reconocimiento

suficiente, la tarea de liderizar la implantación de

las actividades de lucha contra la corrupción

previstas en el PNI.

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Para cumplir con este principio de liderazgoconcertado, se convocará también a laconformación de un Consejo Impulsor del PlanNacional de Integridad, que será presidido porel Presidente de la República y contará con laparticipación de:

a) Tres Representantes de la ComisiónNacional de Integridad

b) Un representante del Sector Privadoc) Un representante de los Medios de

Comunicación Sociald) Un representante de la Iglesia Católicae) Un representante de la Central Obrera

Boliviana

Este Consejo podrá revisar y concertar lasactividades del Plan mediante la realización detalleres y actividades de diálogo con otrossectores involucrados, así como asignarresponsabilidades a los distintos sectoresparticipantes y realizar el seguimiento de laimplantación del Plan. Asimismo, será la instanciaque coordine con la Comisión Nacional deIntegridad las actividades de ejecución del PNIen las cuales estos sectores estén involucrados.

C. Visión integral

El fenómeno de la corrupción tiene talcomplejidad que requiere, para enfrentarlo conuna estrategia exitosa, tener una visión integraldel mismo. Los estudiosos del tema, aun cuandoreconocen las peculiaridades de cada país en laelaboración de una estrategia anti - corrupción,recomiendan desechar los análisis parciales delfenómeno, pues estos pueden llevar a laelaboración de una estrategia errada. Lacorrupción requiere ser abordada, entonces, conuna aproximación multidisciplinaria."'

Por lo tanto, se plantea el principio de la visiónintegral del Plan, que no es otra cosa que integrarlos esfuerzos hasta hoy realizados, así como lasiniciativas y programas que se tenga previsto llevar

a cabo en áreas vinculadas con el desarrolloinstitucional y la lucha contra la corrupción, en

una sola visión nacional del problema alrededordel Plan Nacional de Integridad.

Como se describió en los antecedentes deldocumento, existen ya un conjunto de programasen marcha y que cuentan con financiamiento yasistencia de diversos organismos y fuentes,atacando parcialmente temas relativos alfortalecimiento institucional del Estado, aldesarrollo del sistema jurídico, al establecimientode normas y sistemas de gestión, alfortalecimiento del sistema democrático y lagobernabilidad, etc. Todos estos esfuerzos, asícomo otras iniciativas de la sociedad civil (iglesia,empresa privada, ONGs, etc.) están invitadas aformar parte del PNI, en el marco del principiode visión integral.

D. Aplicación gradual

El problema del desarrollo institucional y lalucha contra la corrupción, como ha sido descrito,es un problema estructural, que no sólo tienerelación con mecanismos de orden administrativoy normativo, sino que esta relacionado con lasestructuras sociales, económicas, políticas y le-gales del país.

La solución a este problema pasanecesariamente por afectar las estructuras sobrelas cuales está sustentado, lo cual implica quecualquier estrategia que se plantee para superareste problema deberá ser entendida como unaestrategia de largo plazo.

Por lo tanto, es recomendable que la

estrategia que se adopte tenga un carácter

gradual, que permita avanzar en áreas

determinadas, con efectos mensurables y de

fuerte impacto político y en la opinión pública.

En términos del horizonte de tiempo en el

que se propone llevar a cabo estas acciones, se

prevé que deberán ser por lo menos dos

administraciones de Gobierno (10 años) que den

continuidad a la ejecución de las tareas planteadas

en el PNI, de manera que estas se hagan

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sostenibles y se pueda percibir cambiosefectivos en las estructuras sobre las que se basala institucionalidad del país. El "pacto" y laconcertación son fundamentales para cumplircon el principio de aplicación gradual de laestrategia.

E. Ejecución descentralizada

Nuevamente, en vista del carácter integral quedeben adoptar las acciones de desarrolloinstitucional y lucha contra la corrupción, es difícilpensar en la posibilidad de asignarle laresponsabilidad por la ejecución de este Plan auna sola institución o sector, sea del Gobierno ode la Sociedad Civil.

Por lo tanto, se plantea también la necesidadde asignar roles a cada uno de los sectoresparticipantes, de manera que la ejecución eimplantación de las medidas previstas en el Planse lleve a cabo bajo la responsabilidad de lasinstituciones que corresponda a cada área.

No sería tampoco consistente, que en unproceso de desarrollo institucional, como el quese pretende fomentar con la implantación del PNI,sean agentes extraños a las instituciones quedeben ser afectadas y modernizadas, quieneslleven a cabo cierto tipo de actividades. Por tanto,es también necesario que las instituciones secorrijan y modernicen a si mismas, internalizandolos nuevos principios y valores que fomenta elPNI, y cumpliendo efectivamente con el rol queles competa.

En consecuencia, la ejecución del Plan serealizará en forma descentralizada. La instanciaconstituida para impulsar el Plan deberá contarapenas con mecanismos mínimos que lepermitan hacer un adecuado seguimiento a laejecución de las actividades previstas en el Plan,pero la responsabilidad por la ejecución de dichasactividades corresponderá a cada institucióninvolucrada en el marco del principio deejecución descentralizada.

NOTAS

1. La Seguridad Humana en Bolivia. percepciones Políticas, Sociales y Económicas de los Bolivianos de Hoy. PRONAGOB, PNUD, ILDIS, La Paz, 1996.

2. El Documento de consenso tiene XI numerales y una Recomendación en el sentido de mantener e institucionalizar las Mesas de Diálogo, corno

mecanismo permanente de articulación, coordinación y consulta entre el Estado y la Sociedad Civil, en sus distintos ámbitos.

3. En fecha 23 de enero de 1998, el MNR emitió un comunicado de prensa titulado "Consenso Nacional Contra la Corrupción".

4. Encuestas & Estudios5. La empresa CIET Internacional en colaboración con el Banco Mundial preparó en para Marzo de 1998 un estudio sobre" Percepción en el sector privado

sobre la corrupción en los servicios públicos" y otro sobre "Percepción que tiene la población sobre la corrupción en los servicios públicos"

6. Why worry about corruption? Papel de trabajo del FMI

7. 'La Corrupción Política Eduardo J. Lapona y Silvina Alvarez.

8. La Corrupción Política', Eduardo J. Lapona y Silvina Alvarez.9. Tomado del Primer Seminario sobre la Impunidad en América Latina, ref. en Revista COSUDE, 1997

10. CEPEDA, ob. Cit.

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ANEXOS. PLAN NACIONAL DE INTEGRIDAD. PLAN DE ACCIÓN

Objetivo Acciones Responsable

Reforma judicial

Despartidizar la administración de laJusticia

Poner en funcionamientoOrganos ConstitucionalesConsejo de la judicaturaDefensor del PuebloTribunal Constitucional

C. JudicaturaDefensora

T. Constitucional

Modernizar legislación de acuerdo a Modernizar y actualizar legislaciónnecesidades del modelo de desarrollo - Leyes Orgánicas del Poder

Legislativo, del Poder Judicialy del Ministerio Público

M. JusticiaP. JudicialLegislativo

- Modernizar Códigos Penal, Civil,Familiar y Comercial

M. JusticiaLegislativo

- Elaborar Ley de reconocimiento dejusticia tradicional e implantar Ley deArbitrajes y Conciliaciones

M. JusticiaLegislativo

Otorgar mayor eficiencia a laadministración de la justicia

Fortalecer las institucionesresponsables de la Administraciónde Justicia

- Establecer Carrera judicial C. Judicatura

- Fortalecer sistemas administrativosdel Poder Judicial C. Judicatura

- Desarrollar programasde capacitación de jueces C. Judicatura

- Fortalecer Ministerio Público M. JusticiaM. Pública

- Ampliar programade Defensorías Públicas Defensora

Modernización del Estado

Promover aplicación efectiva dela Ley No. 1178 (SAFCO)

Implantar Sistema deGestión Pública por Resultados

- Diseñar y establecerSistema de Evaluaciónde la Gestión por Resultados

VicepresidenciaM. PresidenciaM. Hacienda

- Suscribir compromisos de resultadoscon instituciones del Poder Ejecutivo

VicepresidenciaM. PresidenciaM. Hacienda

Establecer un sistema de incentivospara personal del sector público

Implantar Programa de Servicio Civil

- Elaborar diagnósticos y planes deajuste institucional de acuerdo aprogramación

M. Hacienda

- Convocar a concurso de méritospara la contratación de servidorespúblicos en instituciones segúnacuerdos progrmáticos

M.Hacienda

- Aplicar sistemas de incentivossalariales para personal de serviciocivil

M.Hacienda

Modernizar el Congreso Nacional - Establecer nuevo ReglamentoGeneral del Senado

Legislativo

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Objetivo Acciones 1 Responsable

Modernizar el Congreso Nacional - Ajustar Reglamento Generalde la Cámara de Diputados

Legislativo

Lucha contra la Corrupción

- Reglamentar procedimientospara tratamiento y consideraciónde proyectos de Ley

- Establecer sistemas administrativosen Poder Legislativo

Legislativo

HCN

Establecer marco normativo de lucha Poner en vigencia y aplicar Ley quecontra la corrupción ratifica la Convención Interamericana Vicepresidencia

contra la Corrupción

Aprobar Estatuto del Funcionario VicepresidenciaPúblico y Código de Etica para

1M. Hacienda

servidores blicos

Mejorar mecanismos preventivos Implementar Sistema dey de control de corrupción Declaración de Bienes y Rentas Contraloría

para funcionarios públicos

Mejorar la capacidad del Estado para Fortalecer los mecanismos dedetectar y procesar casos de denuncia, investigación y prosecucióncorrupción de casos de corrupción

- Habilitar Ventanilla de Denuncias en Defensorala Defensoría del Pueblo

- Ejecutar programa de Auditorías ContraloríaForences en la Contraloría

- Crear Unidad especializada de M. Públicoinvestigación en Fiscalía del Estado

Asegurar transparencia en las Modificar las Normas Básicas deadquisiciones y contrataciones Contratación de Bienes y Servicios deldel sector público sector público (licitaciones)

- Establecer existencia de Tribunalde arbitraje y apelaciones para M. Haciendalicitaciones

- Establecer obligatoriedad parahacer públicas todas las etapas de M. Haciendacalificación y adjudicación enlicitaciones

- Mantener bases de datos decontrataciones y precios de referencia M. Haciendapara detectar casos de colusión osobreprecios

- Difundir y capacitar a funcionariospúblicos y sector privado sobre M. HaciendaNormas de Contrataciones del Sector ContraloríaPúblico

- Establecer sanciones económicas M Haciendacontra empresas involucradas en

.Legislativo

casos de corrupción

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Objetivo Acciones Responsable

Atacar la corrupción en sistemas de Modernizar los Servicios derecaudaciones del sector público Impuestos Internos y Aduanas

- Poner en marcha"Plan de Contingencia" M. Haciendapara restituir la autoridad aduanera

- Habilitar mecanismos de denunciade corrupción en Aduanas e Imp. M. HaciendaInternos

- Establecer régimen especial de carreraadministrativa para los servicios de M. Haciendarecaudaciones

- Promover participación del sectorprivado en actividades delegables en M. HaciendaImpuestos Internos y Aduanas"

Aplicar el principio de la "buena fe"M Haciendaa los procesos operativos .

- Implementar sistema informáticomoderno para administración M. Haciendaaduanera e integrarlo con sistemade impuestos internos

Promover mecanismos deintegración y coordinación entre los M. Haciendados servicios de recaudación

- Implementar programa de Ref.Vicepresidencia

Institucional en Impuestos InternosM Hacienda

y Aduanas.

Tipificar evasión tributariaM Haciendacomo delito penal .

Hacer más eficiente y menos Poner en marcha programa decorruptible la prestación de simplificación de trámites yservicios de trámites y registros desburocratizaciónen el sector público

Aplicar principios de "buena fé" y"silencio positivo" en trámites y M. Presidenciaregistros públicos"

- Disponer publicación de requisitos,responsables, plazos y costos de los M Presidenciatrámites en las oficinas en que se

.

realicen

- Crear oficina de simplificación detrámites en el Ministerio de la M. PresidenciaPresidencia

Desarrollar valores y conductas de Ejecutar una campaña de educacióncondena a la corrupción y educar cívica y concientización ciudadana en Vicepresidenciasobre derechos ciudadanos contra de la corrupción

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