La Iniciativa de la Financiación Privada (PFI) en Quebec. Costes más elevados a cambio de menor transparencia y democracia

PIERRE SKILLING Consejero del Servicio de investigación del Sindicato de la función pública de Quebec Traducción: CAS Madrid

En Quebec, el actual debate sobre la iniciativa de la financiación privada (PFI) ha hecho resurgir el conflicto de valores entre los sectores público y privado. Los PFI se pueden definir como “proyectos que recurren al interés económico privado para llevar a cabo funciones que, tradicionalmente, se han considerado misiones estatales.”1. Ahora bien, el interés privado no tiene nada que ver con el público: el primero tiene como objetivo el beneficio y la rentabilidad y, el segundo, el interés general y el bien común. La crítica de los PFI no intenta demonizar al sector privado sino recordar que las relaciones que se establecen entre el sector privado y el público tienen un riesgo muy elevado, sobre todo en lo que se refiere a la accesibilidad y a la equidad de los servicios públicos.

El pasado otoño, se han celebrado varias audiencias públicas ante la Comisión de

Hacienda Pública de la Asamblea Nacional, en relación con el el proyecto de ley 61

sobre la Agencia de consorcios público-privados. Esta vez, tanto los sindicatos como los organismos de control del gobierno (Comisión de Acceso a la Información,

Defensor del Pueblo, Intervención General de Quebéc, etc), han expresado su

preocupación por la falta de transparencia de la Agencia y las contradicciones entre el marco en el que se anunció que se iban a encuadrar los PFI y la tarea de

promoción que se había encomendado a la Agencia. “Los PFI no son la panacea”,

declaran para desmentir que el modelo sea un pilar fundamental en el plan de modernización del gobierno a pesar de que se está poniendo en marcha toda la

maquinaria para promocionarlo. La Tesorería afirma que “No todos los proyectos

serán PFI”, para intentar tranquilizar a los ciudadanos pero lo cierto es que el

proyecto de ley establece claramente que los PFI podrán aplicarse a cualquier servicio público. Nos aseguran que se respetarán las normas éticas para evitar

conflictos de intereses en la Agencia de los PFI pero la redacción del proyecto de ley

es muy imprecisa y no dice nada sobre el conflicto de intereses en la puesta en marcha de los consorcios.

Todo este mecanismo suscita serias preocupaciones. Y, lo que es peor, todavía está

pendiente el verdadero debate sobre la conveniencia de los PFI en Quebéc, la mejor manera de financiar y gestionar la reforma y el mantenimiento de nuestras

1 Dorval Brunelle, Sylvain Bédard, Simon Careau y Pierre-Antoine Harvey, L'État et les partenariats public-privé au Québec, Rapport de recherche préparé dans le cadre du Protocole UQAM-CSN-CSQ-FTQ, 31 de agosto de 2004, p. 30.

infraestructuras públicas. Lo que está claro es que la financiación de los PFI resulta

más cara que la financiación pública.

Existen varias razones que explican por qué un consorcio público-privado, a

menudo resulta más caro que la financiación pública convencional. Mencionamos

algunas a continuación:

los organismos públicos pueden obtener préstamos a intereses inferiores a los

que se conceden a las empresas del sector privado;

los contratos PFI son extremadamente complejos y, con frecuencia, tienen miles

de páginas; además, las negociaciones de los contratos tienen costes muy

elevados, sobre todo por los honorarios que se pagan a los consultores.

Los beneficios que obtiene el sector privado son costeados por los ciudadanos y

las ciudadanas, bien mediante el pago de tarifas o bien mediante la utilización de fondos públicos. Un ejemplo, son los precios prohibitivos de la autopista 407

en Ontario, o el importante aumento del precio del agua en numerosos

municipios franceses.

Los elevados costes de los PFI restan capacidad financiera a los organismos

públicos, que siguen siendo los responsables de la prestación de servicios y que,

a menudo, se ven obligados a recortar servicios, como ha ocurrido con los hospitales británicos construidos bajo el modelo PFI2.

Falso reparto de riesgos y falta de transparencia

“Bueno, de acuerdo, ¡los PFI son más caros!, pero ganaremos con el cambio”,

reconocen algunos defensores de este modelo. En efecto, la atracción que el actual gobierno siente por los PFI se basa, en gran parte, en la idea de que se conseguirá

un “mayor valor añadido”, lo que significa que el contribuyente “obtendrá más por

su dinero” con los PFI. ¿Por qué? Según los defensores del modelo, el consorcio permite compartir riesgos con el sector privado. Entre los promotores del sistema

se encuentra el gobierno británico de Tony Blair, que ha terminado por admitir que

la financiación privada puede resultar más cara que la financiación pública

tradicional, pero considera que esta desventaja se compensa al asumir el sector privado los riesgos asociados a un fracaso o a un fallo del proyecto.

Sin embargo, un estudio científico realizado por Unison – el mayor sindicato británico – demuestra que, en un número importante de proyectos PFI que

fracasaron, no ha sido posible demostrar que la transferencia de riesgos haya

existido realmente ni cuál ha sido el coste para los contribuyentes. Aunque se sabe que, desde 1992, la deuda atribuible a los PFI se eleva a 35 miles de millones de

libras esterlinas (cerca de 82 miles de millones de dólares canadienses), sigue sin

conocerse en qué se han gastado verdaderamente los fondos públicos destinados a

dichos proyectos.

2 Seven Reasons Why Public Private Partnerships Do Not Improve Public Services, Londres, Unison, Nov. 2001, p. 3-4 . Ver también

René Lawandowski, « Les vices cachés des PPP », L'Actualité, 1 de diciembre de 2004, p. 54.

Por otro lado, investigadores del University College de Londres quisieron comprobar

si la relación entre la “prima de riesgo” pagada por el sistema público y la

transferencia de riesgos al sector privado había sido objeto de investigación por parte de la Intervención General británica. Pero se demostró que la estructura de

los contratos PFI hace que resulte difícil evaluar la relación entre el riesgo real y la

prima de riesgo, sobre todo porque el socio privado es, habitualmente, un consorcio o una “sociedad pantalla” creada para la ocasión, que no asume por sí misma el

riesgo sino que lo transfiere a otras empresas sub-contratantes. Según los

investigadores, el proceso de evaluación del gasto público de los PFI por el

Parlamento está lleno de obstáculos y la transparencia de la gestión, muy debilitada3. (3)

Las enmiendas al Proyecto de Ley 61 darán más margen de maniobra al Interventor general de Quebec para poder examinar los libros y cuentas de la Agencia de los

PFI, y de sus filiales. En lo que se refiere a los acuerdos sobre PFI, la Intervención

General corre el riesgo de tropezar con las mismas dificultades que los responsables de la Intervención de Cuentas del Parlamento de Londres. Si esto llega a suceder,

no sólo los ciudadanos no tendrán acceso a los contratos firmados entre el sector

público y el privado sino que, previsiblemente, los parlamentarios y las instituciones

responsables del control del Estado verán denegados sus intentos para acceder a informaciones cruciales para la buena marcha de los asuntos públicos - los

acuerdos relacionados con el modelo PFI son confidenciales, como se demuestra en

el caso del contrato del proyecto informático GIRES de Quebec y con el contrato de privatización de la autopista 407 de Ontario-. Y como sucedió en Gran Bretaña, la

información de que podrá disponer el Interventor General no le permitirá evaluar

claramente el reparto de riesgos.

Las relaciones entre el sector público y el privado terminan mal cuando son

demasiado estrechas y mal controladas y siempre perjudican a los ciudadanos, que

son los que pagan el coste y sufren las consecuencias. Una de las principales preocupaciones de los defensores del bien común es la transparencia de los PFI. Sin

embargo, no existe ninguna garantía de que ni los ciudadanos ni siquiera las

instituciones que controlan los asuntos de estado en su nombre - como el Defensor del Pueblo y el Interventor General - vayan a tener acceso a toda la información

sobre los PFI, que el gobierno pondrá en marcha en los próximos meses y años. En

este contexto, lo previsible es que se acumule el trabajo para los organismos de

control y también para los sindicatos, los parlamentarios, los periodistas y todos los ciudadanos y las ciudadanas que crean en el valor de la ética y de la transparencia

de los servicios públicos. --------

3 Allyson Pollock y David Price, Public Risk for Private Gain ? The Public Audit Implications of Risk Transfer and Private Finance,

Londres, Unison, Julio 2004.