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La acostumbrada celebración del DíaInternacional del Trabajo, que se lleva a cabo todoslos años el día Primero de Mayo, se vio empañadaesta vez por la intolerancia de algunos vándalosque se dedicaron a destruirlo todo. Encapuchadosocultando los rostros de la violencia que tanto dañole hace a la sociedad, se enfrentaron con la Policíay causaron pérdidas millonarias.

Pese al urgente llamado de los dirigentessindicales que llamaron a la cordura y la sanaprotesta, las manifestaciones de cientos detrabajadores debieron ser disueltas más tempranode lo acostumbrado.

AL CIERRE

Dignidad y autonomía endefensa de la vida

Finalizó con éxito el XIII Congreso delConsejo Regional Indígena del Cauca –CRIC, que se llevó a cabo los días 26 y 30de Abril de 2009 en el territorio de diálogo,convivencia y negociación de La María,Piendamó.

En el magno evento de las AutoridadesTradicionales de los pueblos indígenas delCauca, participaron delegados deorganizaciones sociales, estudiantiles,ONG´s de Derechos Humanos,organizaciones regionales indígenas y laOrganización Nacional Indígena deColombia – ONIC, entre otros.

Según voceros del CRIC, en el resguardoindígena La María, municipio de Piendamó,lugar histórico, donde se gestó el granproceso de resistencia pacífica de lospueblos indígenas del Cauca y Colombia,se reunieron más de 8 mil personas. Lamultitudinaria asistencia aprovechó elencuentro de la hermandad paraintercambiar productos propios, semillastradicionales, música autóctona al tiempoque compartió rituales como el Trueque.

Durante los 5 días de desarrollo del XIIICongreso Regional Indígena del Cauca,sesionaron siete comisiones referidas aeducación, salud, medio ambiente yeconomía propia, goberna-bilidad,administración propia, Minga deresistencia social y comunitaria y, defensade la vida y propuestas de paz.

En cada una de las mencionadascomisiones se evaluaron los avances ydificultades de los 38 años de vidaorganizada al tiempo que se buscóestablecer mecanismos operativos parahacer realidad la garantía de los derechoshistóricos de los pueblos indígenas.

“Con dignidad y autonomía en defensade la vida… la minga continúa…

UNA PUBLICACIÓN DE LA CORPORACIÓN VIVA LA CIUDADANÍA

CONFLICTO

ARMADO SI HAY

LA MUJER

EN LA CRISIS

Año 18 N° 132* Bogotá, mayo de 2009 * Lic. de Mingobierno N° 1081 ISSN 01222759 * Tarifa Postal Reducida Nº 2008-386 Servicios Postales Nacionales S.A. vence 31 de Dic. 2009.

Pág. 11.

Los titulares de prensa de los principales medios,que deberían ocupar sus espacios con lasdemandas de los trabajadores, con sus peticionesal Gobierno Nacional para que se les brindencondiciones dignas y mejoras en sus salarios, estavez tuvieron que esperar… esta vez los titularesse ocuparon de los vándalos.

El llamado urgente es para que los trabajadoresrecuperen esos espacios democráticos. Laprotesta en la plaza pública debe retornar a la paz,para que los próximos Primero de Mayo sean loque fueron: una fiesta democrática de lostrabajadores...

Un encuentro

democrático y

participativo

Un deslucido

Primero de Mayo

Un deslucido

Primero de Mayo

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Caja de Herramientas es una publicación mensual de la Corporación Viva laCiudadanía. La integran: Casa de la Mujer, Conciudadanía, Corfas, CorporaciónRegión, Escuela Nacional Sindical - Antioquia, Foro Nacional por Colombia,Centro de Investigación y Educación Popular - CINEP y Corporación Podión.

Corporación Viva la CiudadaníaISSN 0122-2759

PresidentePedro Santana Rodríguez

Director EjecutivoAntonio José Madariaga

Comité EditorialCAJA de HerramientasMaría Eugenia Sánchez

Cada autor es responsable de sus ideas y para nada compromete el pensamiento de Viva la Ciudadanía.Se permite la reproducción de nuestros artículos siempre y cuando se cite la fuente.

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Antonio José MadariagaJaime Humberto Díaz

Norberto RíosPedro Santana Rodríguez

Eduardo Vidal

EditorÁlvaro Ortiz Ramos

Colaboran en este númeroCecilia López Montaño

Jorge Espitia

Libardo Sarmiento AnzolaÁlvaro F. Córdoba Caviedes

Martha Yaneth SandovalObservatorio CCEEU

Esperanza Cerón VillaquiránRafael Colmenares Faccini

Oficina Comunicaciones - IMPComité de Interlocución

Campesina y Comunal – CICC

IlustracionesChócolo

Archivo Caja de HerramientasColaboración desde Internet

FotografíasCaja de Herramientas

Archivo personal

Armada electrónicaCaja de Herramientas

Preprensa e ImpresiónEditorial El Globo

DemocraciaEDITORIALEDITORIAL

Hoy casi nadie duda de la profundapenetración de la mafia y de los ac-tores armados ilegales en la vidapolítica del país desde mediados delos años ochenta del siglo XX. Elprocurador general de la Nación,Carlos Jiménez Gómez (1982 -1986), denunció lo que a la postrese convirtió en parte de los proble-mas centrales de la vida social pú-blica en Colombia actualmente. Unamplio sector de la élite colombia-na favoreció y empujó a las fuerzasarmadas y de policía así como aimportantes sectores de la institu-cionalidad a practicar políticasviolatorias de los derechos huma-nos como las torturas, las desapa-riciones forzadas, las detencionesarbitrarias, los seguimientos ilega-les a la oposición o a los defenso-res de los derechos humanos. Mástarde ante el crecimiento de la sub-versión armada protagonizada porlas guerrillas, se dieron a la tarea deorganizar grupos armados ilegales,ligados estrechamente con las fuer-zas armadas que por lo tanto fue-ron bautizados popularmente comogrupos paramilitares.

A finales de los años ochenta delsiglo XX el entonces ministro deGobierno, César Gaviria Trujillo, de-nunció que existían en Colombia128 grupos paramilitares. Muchosde ellos fueron organizados direc-tamente en coordinación con sec-tores del Estado como aquellos delMagdalena Medio que ayudó a for-mar el mercenario israelita Yair Klein–quien debería ser solicitado conmayor firmeza a las autoridades Ru-sas, para que venga a explicar quésectores del Departamento Admi-nistrativo de Seguridad, DAS, fue-ron los que le invitaron y le facilita-ron su criminal labor al lado de laasociación de Ganaderos del Mag-dalena Medio, ACDEGAN y de otrosgremios de la producción. Poste-riormente esta práctica se hizo re-gular, como lo señalan Diego Fer-nando Murillo, alias “don Berna” ySalvatore Mancuso en sus últimasversiones ante la justicia desde losEstados Unidos. Alias Berna ha se-ñalado que la operación Orión quese realizó en la Comuna 13 deMedellín durante el año 2003 se rea-lizó en coordinación con la cuarta

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La necesidad de restaurar la ética en la política:HACIA UNA CUMBRE SOCIAL Y POLÍTICAHACIA UNA CUMBRE SOCIAL Y POLÍTICA

no conducen a investigaciones conresultados. Hoy se sabe que 81 par-lamentarios en ejercicio que repre-sentan el 30.3% del Congreso de laRepública accedieron a sus curulesmediante la coacción armada, elfraude electoral y los dineros pro-venientes del narcotráficoprolijamente ofrecido por los gru-pos paramilitares. 60 de los parla-mentarios actualmente investigadosque suman un poco más de 2.3 mi-llones de votos, son de la coaliciónuribista y por supuesto representa-ron los puntales más significativosde la reelección de Uribe que sobreéstas mismas fuerzas pretende per-petuarse en el poder por otros cua-

tro años.El balance de la

política en estasmanos es franca-mente desalenta-dor. Hoy más de lamitad de la pobla-ción colombianavive en situacio-nes de pobreza.Han sido expul-sados por gue-r r i l l a s ,paramilitares yfuerzas arma-das guberna-m e n t a l e smás de 4millones

de co-l o m -bianos,es de-

cir, uno decada diez colom-

bianos es desplazado. Aestos millones las fuerzas armadas

ilegales les han arrebatado en los úl-timos once años 5.5 millones dehectáreas de tierras de las cuales unpoco más de 1.2 millones estabanen plena producción agropecuaria almomento de ser arrebatadas por loscriminales. El Congreso nada hacepara restituir las propiedades usur-padas. Por el contrario han tratadocon la oposición hasta ahora certe-ra de la Corte Constitucional de le-galizar el despojo reduciendo la tra-dición de los títulos de propiedad acinco años. Al mismo tiempo en vezde disminuir los atentados contra

brigada del Ejército que comandabael general Mario Montoya y de la Po-licía de Medellín que era comandadapor el general Leonardo Gallego. Hadicho que por tanto la política dearmar grupos de civiles comúnmentedenominados como paramilitares fueuna política de Estado. Más recien-temente y ante la invisibilización delos grandes medios de comunicaciónen Colombia, Salvatore Mancuso harevelado dos asuntos importantes:el primero que los gruposparamilitares surgieron en Córdobabajo la orientación de las fuerzas ar-madas gubernamentales y ha seña-lado al general Iván Ramírez como almilitar que alentó la organización deestos grupos contando con la co-bertura de las llamadas Coopera-tivas de Seguridad“Convivir” quefueron crea-ción gu-b e r n a -m e n t a ldesde losaños se-senta delsiglo XX yque fueronpuestas enmarcha con in-usitado entusias-mo en los añosnoventa. La segun-da revelación es queno busquen muchosde los cadáverespuesto que por orien-taciones del Ejército sehabía decidido cons-truir hornos cremato-rios para incinerar los cuer-pos de tal manera que se dis-minuyera el índice de homicidios enColombia.

Los recientes escándalos sobreespionaje y persecución en contra delos magistrados de la Corte Supre-ma de Justicia no deben hacernosolvidar que por espionaje a la opo-sición y a la propia Corte salieron 12generales de la Policía Nacional, sinque las investigaciones judicialeshayan arrojado luces sobre quiénesy para qué ordenaron dichasinterceptaciones. Reuniones en laCasa de Nari para conspirar contralos jueces de la Corte Suprema, que

los derechos humanos estos proli-feran por doquier. En la Fiscalía Ge-neral de la Nación avanza una in-vestigación que calcula que los des-aparecidos en los últimos treintaaños están entre 15 mil y 50 mil ylos falsos positivos solo bajo estegobierno ya superan la cifra de los1300.

El modelo económico que busca atoda costa el predominio del sectorexterno que favorece laglobalización neoliberal quiere per-petuar los bajos salarios, la infor-malidad, la precarización de las con-diciones laborales y busca ante todofavorecer el agronegocio, en detri-mento de los vientos de miles defamilias campesinas, que son las queproveen la mayor parte los alimen-tos a la mesa de los colombianos,los indígenas son perseguidos, losafrodes-cendientes acosados porlas industrias mineras y las indus-trias extractivas de madera así comopor los palmicultores que aliadoscon los paramilitares se han apro-piado de decenas de miles de hec-táreas de sus tierras. El importantecrecimiento económico de los últi-mos cincuenta años ha ido a engro-sar principalmente las chequeras delos cinco grandes conglomeradoseconómicos y financieros existen-tes en el país y por supuesto a lasmultinacionales y susmegaproyectos en Colombia.

Bueno el listado sería intermina-ble. Por ello ante un modelo econó-mico que solo favorece a los gran-des conglomerados económicos yfinancieros, ante la falta de un Con-greso que legisle para que se reali-cen las reformas económicas y so-ciales que se requieren para que dis-minuya la concentración de la rentay del ingreso, para que se produzcauna reforma agraria que enfrente elproblema de los cultivos de uso ilí-cito y se cree un campesinado me-dio que sea la talanquera para elnarcotráfico, para que se castiguenlos nexos entre el crimen y los par-tidos, para que se respete el medioambiente, etc. etc. cientos de orga-nizaciones de la sociedad civil, den-tro de las cuales se encuentra laCorporación Viva la Ciudadanía, he-mos decidido convocar para la pri-mera quincena de Agosto una Cum-bre Social y Política que proponga alpaís las transformaciones que serequieren para hacer de Colombiauna sociedad viable y en paz.

Los colombianos y las colombia-nas que quieran sumarse a este es-fuerzo democrático se pueden po-ner en comunicación con nosotros.La Política en Colombia requiere quese transforme para que se ocupe delos principales problemas de nues-tras gentes y del país.

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3Crisis económicaMURALMURAL

CECILIA LÓPEZ MONTAÑO *

Bogotá, D. C.

Es un hecho que la mujer está totalmente expuestaa las consecuencias más profundas de la crisis eco-nómica. Por su inserción precaria en el mercado detrabajo está expuesta a la pérdida del empleo, a unamayor pobreza y a la expulsión del sistema de segu-ridad social. Las cifras son contundentes y ya se haprendido la alarma sobre la situación de las latinoa-mericanas. La misma OIT afirma que en AméricaLatina es donde posiblemente se sentirá más el im-pacto en el desempleo de las mujeres como conse-cuencia de un menor ritmo de crecimiento y de unaamplia desventaja de la mujer en el mercado laboralde la región. Según este organismo de Naciones Uni-das, en el 2008, el desempleo mundial femenino fuede 6,3% mientras en América Latina fue de 9,3% (su-perado solamente por Oriente Medio, 13,4%, y el Nor-te de África, 16,1%) Pronostican además un desem-pleo mundial entre un 6,5% (optimista) y un 7,4%(pesimista). Para América Latina esta proyección seencuentra entre un 9,8% y un 11%.

Colombia está peor que el promedio latinoameri-cano dado que el desempleo de las mujeres se situóen el 15,4% en el trimestre noviembre de 2008 a enerode 2009, cuando apenas empezaba la crisis. Pero es-tas dificultades son de vieja data. En el caso colom-biano, el 52,1% de los desocupados son mujeres, susingresos, aun en igualdad de condiciones, son infe-riores a los de los hombres. Pero lo más complicadode la difícil situación actual en el país, en donde esevidente que el problema es el empleo, es que debidoal impacto de la crisis, en 2009 es posible que el nú-mero de desempleados llegue a más de 3 millones, loque correspondería para el caso de las mujeres a unatasa superior al 19%. Pero la situación será aún máscompleja. En el campo, el desempleo fue del 8,7% enel trimestre noviembre 2008 a enero de 2009 y el delas mujeres llegó a niveles del 17,1%.

Ahora bien, las exportaciones a Estados Unidosestán cayendo dramáticamente y se prevé que seránlas flores y las confecciones las actividades más afec-tadas. Precisamente en estos sectores es donde pre-domina la mano de obra femenina. En un gobiernopara el cual las mujeres no han sido una prioridad,poco o nada se menciona esta crítica realidad. Seignora además que el 30% de los hogares colombia-nos tienen jefatura femenina y por consiguiente sufalta de ingresos afectará a un número muy signifi-cativo de niños en un país lleno de padres ausentes.Las propuestas del Gobierno para hacerle frente aesta crisis, consisten en insistir en lo que no toca:confianza inversionista o sea más subsidios paraatraer una inversión que será escasa en estas épocasy subsidios a los pobres, cuando lo que se requiere escrearles empleo a través de programas de emergen-cia financiados por el Estado.

Las mujeres sin empleo y sin ingresos serán unadura realidad que se sumará a las otras tragediasque ya las afecta. Un tema muy relacionado con lavida del campo tiene que ver con el drama del des-plazamiento. De un total de 2,93 millones de despla-zados el 48,8% son mujeres. Lo problemático del temaes que en casi la mitad de estas familias de desplaza-dos el jefe del hogar es la mujer. Según cifras de Ac-ción Social, de los 662.580 hogares desplazados, el47% tiene jefatura femenina. Como es bien sabido,una crisis económica internacional afecta directa-mente las economías de los centros urbanos. Hayuna reducción de la inversión, una disminución delas remesas y muchas empresas tanto nacionales

La

Las mujeres sin empleo y sin ingresos serán una dura realidad de la

crisis económica que se sumará a las otras tragedias que ya las afectan.

en la crisisMUJERMUJER

como multinacionales cierran operaciones por bajasventas ya sea en el mercado local o en los mercadosinternacionales. Esto trae consigo unos efectos nega-tivos para la economía de las ciudades y, como con-secuencia, para las miles de familias de desplaza-dos que se van a los grandes centros urbanos bus-cando una nueva oportunidad de vida.

La hora de las mujeres

Ante este preocupante panorama, es necesario rea-lizar cambios radicales en las políticas de género.Debemos tener un reconocimiento explícito de la mu-jer en la economía de mercado y en la economía delcuidado. Sin embargo, para eso debemos cambiar ra-dicalmente nuestra actitud con respecto a nuestropapel en la sociedad. No más lamentaciones ni seguirjustificando nuestro escaso acceso al poder por con-diciones externas. La mujer debe tener la iniciativa deacceder a los máximos niveles del poder público, delpoder político. Llegó la hora de las mujeres. Es el mo-mento de dar un salto cuantitativo en este debate.

Las particularidades de la mujer deben aprovechar-se para el bien de la política. Somos más educadas enpromedio que los hombres; hemos liderado la transi-ción demográfica en el país y, a pesar de las profun-das desigualdades en el campo laboral en compara-ción con los hombres, participamos activamente eneste mercado. Podemos hacer una diferencia en losmás altos niveles del poder político. En estos, la mujerpuede encontrar soluciones a los problemas de géne-ro. Asimismo, en los otros temas, las condiciones his-tóricas de exclusión de la mujer nos permiten enten-der mejor los temas no resueltos por los hombres: losconflictos, las discriminaciones y las injusticias so-ciales. Es por eso que el discurso de la mujer debe serel de la equidad y de los derechos. Y las crisis son lasgrandes oportunidades para estos cambios �

* La autora es senadora de la República yprecandidata presidencial. E-mail

cecilia@ceiclialopez.com www.cecilialopezcree.comwww.cecilialopez.com

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4 Crisis económicaMURALMURAL

JORGE ESPITIA *

Bogotá, D. C.

En días pasados el DANE publicó un grupo deindicadores económicos de coyuntura, los cualespermiten tener una información adicional acerca dela evolución y tendencia que viene tomando la eco-nomía colombiana. Entre estos indicadores se en-cuentran la información de la industria manufactu-rera; del comercio al por menor; las importaciones; elPIB trimestral; entre otros, los cuales complementanotro conjunto de datos como la tasa de desempleo oel crecimiento económico trimestral. De igual mane-ra, esta información contribuye a evaluar el plan dechoque propuesto por la Administración para hacerfrente a la crisis.

Evolución de laIndustria Manufacturera

El Índice de la producción real de la industria ma-nufacturera, cayó un 12,8% al pasar de 138,85 enfebrero de 2008 a 121,08 en igual mes de 2009. Estecomportamiento lo explica básicamente la menorproducción de las industrias de vehículos automo-tores, siderúrgicas, refinerías de petróleo, confeccio-nes, molinos y fabricantes de alimentos balancea-dos. Es de anotar que la producción real viene ca-yendo continuamente desde agosto de 2008. De igualmanera, la segunda derivada del índice de la pro-ducción, es decir, la tasa de crecimiento de la tasa decrecimiento, tiene signo negativo desde julio de 2007.Esto lo que nos dice es que la desaceleración del cre-cimiento de la producción industrial viene desdehace varios meses julio 2007 a febrero de 2009 (VerGráfico 1). Cabe anotar que la Industria Manufactu-rera representa cerca del 15 del total del ProductoInterno Bruto colombiano.

La caída de la producción industrial afecta nece-sariamente el nivel de empleo. El empleo en la indus-tria manufacturera, sin trilla de café, disminuyó 6,7%frente al mes de febrero de 2008. De acuerdo al tipode contrato, el personal vinculado en forma indefini-da por el sector fabril disminuyó 1,5%, mientras que

Los indicadores de la

el personal contratado a término fijo se contrajo enun 12,6%. El personal permanente (contrato a térmi-no indefinido) representó el 56,2% del total de la ocu-pación laboral en el mes. El nivel de empleo en laindustria viene cayendo desde mayo de 2008, y lamayor tasa se presenta en el personal vinculado di-rectamente con los procesos productivos donde lacaída estuvo cercana al 8,3% en el mes de febrero de2008; y no con el personal vinculado a actividadesde administración y ventas. La tasa de crecimientodel índice de empleo de la industria manufacturerapresenta signo negativo desde julio de 2007, al igualque el índice de total de obreros (Gráfico 2, Cuadro 1)

Las ventas en la industria manufacturera en febre-ro, presentaron una caída de 10,4%, explicado prin-cipalmente por la disminución de las ventas de vehí-culos automotores; productos de hierro y acero, yconfecciones. El Índice de Ventas presenta tasasanuales de crecimiento negativas desde mayo de2008.

Comercio al por menor

Durante el mes de febrero de 2009, las ventas delcomercio minorista cayeron en un 4,1% respecto almismo mes de 2008. Los grupos de mercancías que

Gráfico 1. Comportamiento de la Producción realde la Industria Manufacturera

Gráfico 2. Evolución del Empleo en laIndustria Manufacturera

Gráfico 3. Evolución de las ventas en laIndustria Manufacturera

El Gobierno Nacional no ha realizado un

esfuerzo económico adicional para hacer

frente a la crisis y la evolución histórica

de la inversión presupuestal subnacional

y nacional no han contribuido a aliviar la

crisis, de ahí que resulte necesario entrar

a discutir posibles medidas efectivas de

choque como un plan agresivo de

vivienda de interés social.

ECONOMÍACOLOMBIANA

ECONOMÍACOLOMBIANA

y el Plan de Choquey el Plan de Choque

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5Crisis económicaMURALMURAL

Gráfico 4. Ventas reales en el comercio minorista

Gráfico 5. El empleo en el comercio minorista

registraron las variaciones negativas más notablesfueron: lubricantes para vehículos; vehículos auto-motores y motocicletas; y utensilios de uso domésti-co. La variación porcentual de las ventas reales delcomercio minorista viene presentando tasa negati-vas de crecimiento desde septiembre de 2008.

El empleo del comercio minorista disminuyó1,19%, respecto al mismo mes del año anterior. Sedestaca el comportamiento del personal permanen-te, con una variación de -2,5% y cuya contribuciónfue de -1,6 puntos porcentuales a la variación total.

Consumo de Energía Eléctrica

El comportamiento de los anteriores indicadores yotros que aquí no se incluyen, contrastan con la evo-lución que ha tenido el consumo de energía eléctricapromedio diario en día laboral. En febrero el consu-mo diario promedio de energía eléctrica por día la-boral creció tan sólo un 0,6% al pasar de 153,3 GWH/día en febrero de 2008 a 154,2 GWH/día en febrerode 2009.

Inflación

La rápida disipación que ha tenido la inflacióncoincide con la caída del precio de los “commodities”como el petróleo, el carbón, entre otros; el fuerte en-friamiento de la economía colombiana y la subida dela tasa de desempleo y no propiamente al manejoque le ha dado la autoridad monetaria.

Estos indicadores base, indican que la crisis eco-nómica internacional, contrario a lo que pensaba elGobierno Nacional, perneó el blindaje de la econo-mía colombiana, y las diversas medidas de políticaque se han venido tomado (reducción de las tasas deinterés; acuerdos con el sector privado y los gobier-nos subnacionales para no despedir trabajadores yacelerar los planes de inversión, etc.) no han sido deltodo eficaces a la hora de frenar la caída de la pro-ducción y detener las repercusiones nocivas entre eldebilitamiento de la generación de empleo,desaceleración del consumo de los hogares, entreotros. La reactivación de la economía va a dependerde que se redoblen los esfuerzos para restablecer lademanda interna con políticas monetarias y fiscalesmás expansivas.

El Plan de choque del GobiernoNacional para generar empleo

El pasado 6 de febrero el Ministro de la ProtecciónSocial presentó el programa por 55 billones de pesospara la reactivación de la economía y generación deempleo en el país, con el cual se busca generar másde 800 mil puestos de trabajo1.

“Complementario a la medida anunciada por elMinisterio de Hacienda y Planeación Nacional quebusca incrementar y acelerar las inversiones en elpaís, para que este tenga el verdadero efecto a nivellaboral, necesitamos mejorar los programas adicio-nales como capacitación, intermediación,focalización. También hay que preservar la estabili-dad de los programas sociales y la estabilidad jurí-dica que den confianza a los inversionistas”, indicóel Minprotección Diego Palacio Betancourt. El Senay las Cajas de Compensación Familiar estarán a car-go de la capacitación de los trabajadoresdesvinculados de sus labores, para reactivarlos.

De igual manera el Ministro instó al sector priva-do, a los entes subnacionales para que cada unoempiece a estudiar medidas contracíclicas que pue-dan tener impacto laboral, con el único propósito detratar de perder la menor cantidad de empleos pro-ducto de la situación económica mundial.

La estrategia planteada para hacer frente a la cri-sis mundial tiene cuatro componentes: i) Postura fis-cal razonablemente anticíclica en condiciones desostenibilidad de la deuda, con una priorización delgasto público; ii) Asegurar el acceso a financiaciónexterna; iii) Garantizar el financiamiento de la acti-vidad productiva; y, iv) Proteger el empleo y promo-ver la competitividad.

En el marco de la primera estrategia esta la dismi-nución de la carga impositiva que viene operandodesde el 2006 y la priorización del gasto público (Es-quema 1).

En el marco de la segunda estrategia se señala: i)Continuar con una política activa de negociación conla banca multilateral para incrementar los desem-bolsos de recursos en caso de dificultades de accesoa los mercados financieros externos; ii) Asegurar conla banca multilateral el financiamiento de la Nación

Caja de Citas

* El autor es profesor universitario.1 “Como respuesta a la crisis internacional y sus efectos sobre laeconomía colombiana, el Gobierno Nacional presentó al país un ambi-cioso plan de inversiones a ser ejecutado en 2009 por $ 55 billones. Laejecución exitosa y oportuna de estos recursos no sólo es responsabi-lidad del Gobierno Nacional, sino del sector privado y las entidadesterritoriales”. Presentación del DNP el pasado 22 de abril de 2009 conlos Departamentos. www.dnp.gov.co)

Gráfico 6. Evolución del Consumo deEnergía Eléctrica en el Sistema

Interconectado Nacional en un día laboral.

Gráfico 7. Evolución de la Inflacióntotal y de los alimentos

Esquema 1

PASA A LA PÁGINA 6

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6 Crisis económicaMURALMURAL

LIBARDO SARMIENTO ANZOLA

Bogotá, D. C.

hasta por US$2.400 millones en 2009; iii) Mostrar laexitosa colocación de un Bono Global por US$1.000millones para asegurar las necesidades de financia-ción externa en 2009; y iv) Asegurar una cuenta decapitales pública superavitaria.

Para garantizar el financiamiento de la actividadproductiva se desarrolla: i) Línea BID-Bancoldex porUS$650 millones (US$100 millones para 2008,US$200 millones para 2009, 200 para 2010 y 150 para2011); ii) Línea CAF-Bancoldex por US$300 millo-nes; iii) Capitalización del Fondo Nacional de Ga-rantías por Findeter y Bancoldex por $80mm, lo quepermitirá apalancar créditos a micro, pequeñas y me-dianas empresas por monto cercano a $500mm; y,iv) Flexibilización de la política monetaria: reduc-ción de los niveles de encaje y reducción de las tasasde interés de intervención.

Finalmente, dentro de la estrategia de Proteger elempleo y promover la competitividad se propone: i)Intensificar las alianzas con el sector privado paraampliar el acceso a mercados y promover mejoras enproductividad; ii) Activar una estrategia que apro-veche los mecanismos institucionales existentes paraproteger al empleo y a los trabajadores; iii) Involucra

al Gobierno Nacional, a Gobiernos Locales, las Ca-jas de Compensación, los gremios y los sindicatos;iv) Acciones orientadas a fortalecer y ampliar las al-ternativas y oportunidades que ofrecen los progra-mas de capacitación y reentrenamiento; informacióne intermediación laboral; y Fortalecimiento del vín-culo entre educación media y programas del Sena.

Como se puede concluir del discurso gubernamen-tal, el Gobierno Nacional desde hace ya varios mesestenía prevista toda una gama de estrategias para ha-cer frente a la actual crisis (reducción de los impues-tos de acuerdo con la Reforma Tributaria de 2006), locual les permitió hablar de un posible blindaje.

Lo único cierto es que a la luz de los indicadoresexpuestos en la primera parte de este escrito, el im-pacto de las medidas de reactivación ha sido míni-mo, pues muchas de ellas no corresponden verdade-ramente a un plan de choque. Dentro del Plan deinversiones públicas se piensa acelerar las obraspúblicas que en el primer año de gobierno (efectociclo político) de las entidades subnacionales tuvie-ron una baja ejecución mediante una alianza con elgobierno nacional: “Es importante que los departa-mentos, municipios y gobierno central realicen unesfuerzo conjunto con el propósito de impulsar la in-versión y así darle un impulso a la economía. Para

VIENE DE LA PÁGINA 5 este tema de la política anticíclica se está haciendouna alianza muy importante para lograr la ejecuciónde los recursos” (Planteamiento del DNP en reunióncon gobernadores y funcionarios departamentales).

Entre tanto, en el Gobierno Nacional el plan de obrasse corresponde con el propuesto al Congreso de laRepública en el mes de agosto de 2008 cuando se pre-sentó el Proyecto de Presupuesto de 2009 y se preveía:“El conjunto de la información actual permite preverque el crecimiento del 2008 será cercano al 5%, comoya lo había estimado el Gobierno Nacional hace unaño, lo que supone que la economía converge haciacrecimientos más sostenibles y acordes con los nive-les de largo plazo. Aún así, es importante constatarque se mantienen las bases para asegurar en el futuroun crecimiento de la economía por encima del 5%”.

En suma, se puede decir que el Gobierno Nacionalno ha realizado un esfuerzo económico adicional parahacer frente a la crisis y la evolución histórica de lainversión presupuestal subnacional y nacional nohan contribuido a aliviar la crisis, de ahí que resultenecesario entrar a discutir posibles medidas efectivasde choque como un plan agresivo de vivienda de inte-rés social; obras de infraestructura que incrementenla competitividad nacional mediante financiamientodirecto del Banco de la República, por ejemplo �

Primero cae un mentiroso que un cojo. El gobiernocolombiano afirma que el país esta blindado contrala peor crisis económica mundial desde la segundaguerra mundial. El sistema mundo capitalista crecióen promedio, durante los años 1994-2003 en 3,7%,del 2004 al 2007 alcanzó un ritmo del 5%; a partirdel año 2008 las cifras registran la recesión al caer a3,5% y en 2009 se estima que no habrá crecimientoeconómico o, incluso puede ser negativo. La luna demiel de la globalización favoreció principalmente alos países periféricos, gracias a los altos precios quealcanzaron las materias primas, alcanzando aumen-tos anuales en el Producto Interno Bruto – PIB- cerca-nos al 8% durante 2004-2007. Los problemas estruc-turales de estas economías –mercados estrechos debi-do a la alta concentración de los ingresos y a la pobre-za de las mayorías- las hacen depender de las expor-taciones. Al finalizar esta luna de miel la dura reali-dad tocó las puertas de los países dependientes; alentrar en recesión los países de la comunidad impe-rial y caer sus importaciones el efecto devastador enlas sociedades más débiles no se hizo esperar.

Fisuras en el BLINDAJEBLINDAJELos reiterados anuncios del gobierno

sobre el supuesto blindaje de la economía

ante la crisis mundial ya nadie lo cree,

son demasiado evidentes las fisuras.

Nadie puede mentir a todo el mundo

durante todo el tiempo.

Colombia no es la excepción

Según los datos del Departamento Nacional de Es-tadística –DANE- en febrero de 2009, la producciónreal de la industria manufacturera decreció 12,8% porciento; y en el último año se contrajo 6,3%. En febrerode este año, las ventas y el empleo del comercio mino-rista disminuyeron 4,1% y 1,2%, respectivamente fren-te a igual mes de 2008. En febrero de 2009 se aproba-ron 912.829 m² de licencias para construcción; estorepresenta una reducción de 32,7% en el área licencia-da frente a igual periodo de 2008. En enero de 2009 lasexportaciones totales disminuyeron 13,2%, las tradi-cionales 13,6% y las no tradicionales 12,6%; las ex-portaciones destinadas a Estados Unidos –principalsocio comercial- registraron una caída de 34,2%. Encontrapartida, en el primer bimestre de 2009, las im-portaciones disminuyeron 11,7%.

Consecuencia de esta compleja situación, la tasade desempleo se elevó entre los meses de febrero de2008 a 2009 de 12,0% a 12,5% y las proyeccionesestiman que al finalizar el año el indicador estará en14% por concepto del desplome de la producción y

la crisis mundial, afectando a más de tres millonesde personas de la fuerza laboral colombiana. La eco-nomía colombiana, después de alcanzar crecimien-tos hasta del 7% en 2007, cayó a 3% en 2008 y en2009 las cifras más optimistas consideran que ape-nas alcanzará un 0,6% del aumento en el PIB (vergráfico). Por esta situación, el gobierno ha acudidoal FMI a solicitar un crédito flexible por US $10.400millones, mecanismo recientemente implementadopara enfrentar la crisis mundial al que sólo habíanacudido México y Polonia y ahora Colombia.

La dependencia del crédito externo se explica porlos problemas estructurales del déficit fiscal y comer-cial de la economía colombiana. Para el año 2008 eldéficit del Gobierno Nacional Central ascendió a $11,1billones equivalente al 2,3% del PIB, producto de ladiferencia entre ingresos por $75,1 billones y gastospor $86,2 billones. Para el año 2009, el déficit fiscalalcanzará el 3,2% del PIB por lo que debe ser financia-do por cerca de $3 billones con crédito externo.

Si bien el gobierno controla directamente más del40% de la riqueza anualmente producida por los tra-bajadores colombianos, el gasto se orienta a finan-

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7Crisis económicaMURALMURAL

ciar prioritariamente el servicio de la deuda externa(30% del Presupuesto Nacional) y la guerra, princi-pal programa de las administraciones Uribe (El Es-tado gasta US $4.171.205.397 al año para mantenerel conflicto armado). Esta situación explica que elgobierno colombiano no haya aprovechado la bo-nanza de la economía mundial que le tocó adminis-trar durante los años 2002-2007 para crear un fondoanticíclico o haber fortalecido la estructura del apara-to productivo nacional. Al contrario, estos recursosfueron dilapidados en gastos improductivos y corrup-ción (La corrupción en Colombia se encuentra vincu-lada estructuralmente al clientelismo, la criminalidadorganizada, la captura del estado por las elites y a laeconomía ilegal, lo que dificulta aun más la participa-ción ciudadana en la lucha contra esta patología so-cial e institucional; por esta causa se pierde una terce-ra parte de los gastos públicos de inversión).

Impacto social de la crisis

Colombia exhibe el triste record de ser uno de lospaíses de más alta concentración del ingreso y losniveles de pobreza y violencia más agudos en Amé-rica Latina. Situación que se agrava en tiempos decrisis, dado que el gobierno y los empresarios tien-den a descargar su peso sobre los trabajadores. Enefecto, la persecución en contra del movimiento sin-dical ha sido un instrumento eficaz para aumentarla concentración de la riqueza a costa de los ingresosde los asalariados. En los inicios de la década de1980 el porcentaje del valor agregado apropiado porlos trabajadores en el PIB era de 44%, actualmenteviene cayendo de manera acelerada, en el año 2000esta participación fue de 36,5% y en 2008 alcanzó sunivel más bajo, esto es, 32%. Por el aumento en eldesempleo y la caída en los salarios reales en el año2009 la participación de ingreso de los trabajadoresen la riqueza producida por ellos no superará el 30%.

Actualmente, cuatro de cada cinco trabajadoresdevengan menos de dos salarios mínimos legales.En términos comparativos con el valor de la canastafamiliar para los estratos socio-económicos bajos, lacapacidad de compra del salario mínimo legal es detan solo un 47%, esto significa que con dos salariosmínimos el trabajador no puede satisfacer los reque-rimientos básicos familiares. Con el aumento del pre-cio de los alimentos en niveles de un 50% por encimade los promedios de la última década y el aumentoen un millón de desempleados nuevos entre 2008 y2009, el número de personas pobres que viven bajocondiciones de pobreza aumentará en 4 millones.

Si bien el gobierno argumenta que el promedio de

crecimiento económico ha tenido efectos significati-vos en la reducción de la pobreza en casi 10 puntosporcentuales en lo corrido del siglo XXI (de 58% a49%, con lo cual más de dos millones de personashabrían salido de la pobreza), la verdadera causa deeste descenso debe buscarse en los impactos de laguerra, esto es, en la eliminación y la desapariciónfísica de más de un millón, en su mayoría pobres, yen la diáspora de cerca de 5 millones de colombia-nos dispersos por los diversos confines del planeta.Estos trabajadores envían a sus familias remesas pormás de cuatro mil quinientos millones de dólares,por año, el segundo renglón en ingreso de divisas alpaís. Este dinero, una vez descontados los costos fi-nancieros, es utilizado para aliviar las necesidadesbásicas insatisfechas de sus familias. Sin embargo,los giros de los colombianos que viven en el extranje-ro se estima que retrocederán en más del 15 % duran-te 2009, y muchos de ellos, debido a la pérdida depuestos de trabajo en los países desarrollados, ten-drán que regresar al país agudizando el de por síalto nivel de desempleo.

Con todo, el 48,3% de familias en el año 2008 sen-tía estar en la pobreza, según la Encuesta de Calidadde Vida del Dane. Esta cifra supera en 15 puntosporcentuales el promedio de pobreza de los paísesde América Latina. La crisis, por tanto, representaráuna involución en los índices de pobreza retornan-do al cuadro trágico del siglo XX en el cual dos decada tres colombianos se encuentran estructural-mente en condición de exclusión.

Por último, la violencia tiende a reflejar la situa-ción de crisis. El conflicto social –organizado y noorganizado- se alimenta del desempleo, la pobreza,la injusticia social y la polarización política. La mar-cada tendencia a la baja de las muertes violentas enel país, que se sostenía desde hace cinco años, sefrenó en el 2007. Eso es lo que indican las cifras delInstituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, queen el año 2007 reportó 16.269; 38 más que los del2006, cuando se hicieron 16.231 necropsias por igualnúmero de asesinatos. A partir del año 2008 la cifrade homicidios aceleró su ritmo y para el año 2009 seestima que puede alcanzar cifras históricas de 20.000.

Freud, en sus investigaciones psicoanalíticas, pusode presente el predominio de los mecanismos de de-fensa mediante los cuales las personas se engañan así mismas sobre su autonomía, su sabiduría y su in-tegridad. Pero los reiterados anuncios del gobiernosobre el supuesto blindaje de la economía ante lacrisis mundial ya nadie lo cree, son demasiado evi-dentes las fisuras. Nadie puede mentir a todo el mun-do durante todo el tiempo �

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Muchos de los conflictos armados posteriores a la II GuerraMundial han sido de carácter no internacional y la única disposi-ción con la se contaba para regular estas confrontaciones eraprecisamente el artículo 3 común. Esta disposición, aunque po-see un amplio alcance de aplicación, era insuficiente para resol-ver los problemas que plantean los conflictos internos en el planohumanitario. En este sentido, el Protocolo II refuerza el núcleo dehumanitarismo que el artículo 3 común ya había introducido en lasguerras civiles, sin restringir el derecho que tienen los Estados demantener o restablecer el orden público en el territorio nacional nilos medios que disponen para ello.

De conformidad con al artículo 1 del Protocolo II, su ámbito deaplicación son aquellos conflictos armados internos de cierta in-tensidad, y que se desarrollen al interior del territorio de un mismopaís “entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes ogrupos armados organizados que, bajo la dirección de un mandoresponsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un con-trol tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas yconcertadas y aplicar el presente Protocolo.”2 Si bien se hanexpresado varias críticas respecto de los alcances y coberturade aplicación de esta normatividad en razón a las restriccionesintroducidas por el citado artículo primero3, lo cierto es que elProtocolo II enuncia las garantías fundamentales que protegen atodas las personas que no participan o han dejado de participaren las hostilidades; establece los derechos de las personas pri-vadas de libertad y las garantías judiciales de un juicio equitativo;reconoce la protección de la población civil y los bienes de carác-ter civil y prohíbe hacer padecer hambre y los desplazamientosforzados. Así mismo, bajo los preceptos de este Protocolo, losheridos deben ser protegidos y asistidos; el personal sanitario ylos transportes sanitarios deben ser protegidos y respetados.

Naturaleza declarativa

En este aspecto, bien vale citar a Rodrigo Uprimny, quienasegura que las discusiones sobre la aplicabilidad del DIH enColombia son innecesarias a la luz de la doctrina y la jurispruden-cia internacional, según la cual los tratados de DIH en lo esencialse limitan a reconocer las normas consuetudinarias imperativas ode ius cogens: “... en repetidas ocasiones se ha dicho que eneste campo, las normas positivas son en gran medida una simplecodificación del derecho consuetudinario. Esto significa que engeneral los convenios de DIH no tienen un efecto constitutivo,pues no establecen nuevas obligaciones a los Estados sino quepresentan una naturaleza puramente declarativa, esto es, se limi-tan a reconocer y precisar los alcances de obligaciones

Reconocimientode la existenciade un conflictoarmado interno en

COLOMBIACOLOMBIASegún algunos analistas nacionales e

internacionales de la compleja realidad

colombiana, la gravedad de la situación en

materia de violación de los derechos

humanos, obedece fundamentalmente al

hecho de que por mucho tiempo el Estado

y los gobiernos han negado la existencia

de un conflicto armado interno de las

características exigidas por los pactos del

Derecho Internacional Humanitario.

preexistentes. De otro lado, en general los contenidos del dere-cho de los conflictos armados han sido calificados como normasimperativas de derecho internacional general (ius cogens), estoes, como disposiciones aceptadas y reconocidas por la comuni-dad internacional como normas que no admiten acuerdo contra-rio por parte de los Estados, al punto tal que un tratado quecontradiga esos principios sería considerado nulo frente al dere-cho internacional.

De lo anterior se desprende una consecuencia trascendental:en general, las normas humanitarias son obligatorias a nivel in-ternacional para los Estados y las partes en conflicto, incluso siéstos no han aprobado los tratados respectivos, por cuanto laimperatividad de esta normatividad no deriva del consentimientode los Estados sino de su carácter consuetudinario: el derechode la guerra es entonces obligatorio por cuanto hace parte delderecho consuetudinario de los pueblos”4.

De otra parte, para este autor, también la Constitución Políticade Colombia de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucio-nal, armonizan con esta doctrina internacional de la fuerza jurídi-ca del DIH, lo que permite concluir que en Colombia opera entodo momento una incorporación automática del DIH al ordena-miento interno, que incluso si no se dan los presupuestos fácticos

para aplicar el Protocolo II, sus contenidos normativos son rele-vantes para la realidad colombiana, puesto que ellos son en granparte una simple formulación positiva de las obligaciones consue-tudinarias preexistentes.

Sostiene al respecto el autor: “En efecto, la Constitución de1991 ha conferido una singular fuerza jurídica al derecho de losconflictos armados, en particular por medio de tres artículos pro-fundamente innovadores: el artículo 93 que establece la preva-lencia en el orden interno de los tratados de derechos humanosaprobados por Colombia; el 94 que consagra la posibilidad deaplicar derechos no enumerados por la Constitución o los trata-dos pero inherentes a la persona humana; y, finalmente, el 214-2 que precisa que en todo caso se respetarán las reglas del DIH.

La Corte Constitucional, en la sentencia por medio de la cualefectuó la revisión constitucional del Protocolo I, interpretó de ma-nera muy avanzada estos tres artículos. Según este tribunal, enColombia, gracias a la Constitución de 1991, opera una incorpora-ción automática de todo el DIH al régimen jurídico colombiano”.5

Para reafirmar esta posición jurídica, y con miras a darle unmayor carácter vinculante dentro de las discusiones que se sostie-nen en Colombia sobre la existencia del conflicto armado interno yla obligación de sujetarse a la normatividad humanitaria vigente,bien vale la pena citar algunos apartes de la importante SentenciaC-574 del 28 de octubre de 1992, proferida por la Corte Constitu-cional de Colombia a la cual hace alusión el profesor Uprimny.

Sostuvo la Corte Constitucional en esa oportunidad: “La Cartade 1991 confirma y refuerza tanto la obligatoriedad del derechointernacional de los derechos humanos como la del derechointernacional humanitario. (...) Por otra parte, en el artículo 214,numeral 2º de la Carta se consagró el valor supraconstitucionaldel DIH cuando, al regular los parámetros a que se sujetan lasatribuciones presidenciales durante los estados de excepción,dispuso: “En todo caso, se respetarán las reglas del DIH”.

No se exige, en tales condiciones, ratificación o adhesión al con-venio o al tratado. En otros términos, con la incorporación de esteprincipio los constituyentes quisieron ante todo proteger los valoreshumanitarios reconocidos universalmente por la comunidad interna-cional, abstracción hecha del derecho que los consagra.

En consecuencia, se acogió la fórmula de la incorporación auto-mática del DIH al ordenamiento interno nacional, lo cual, por lo de-más, es congruente con el carácter imperativo que, según ya fueexplicado, caracteriza a los principios axiológicos que hacen queeste cuerpo normativo integre el ius cogens. (...) Lo cual significa, nimás ni menos, que las reglas del DIH son hoy –por voluntad expre-sa del Constituyente- normas obligatorias per se sin ratificación algu-na previa o sin expedición de norma reglamentaria. Y lo son “en todocaso” como lo señala significativamente la propia Carta.

ÁLVARO F. CÓRDOBA CAVIEDES * 1

Bogotá, D. C.

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9Conflicto armadoMURALMURAL

En esta condiciones, no hay duda de que el DIH constituyeuno de los más eficaces instrumentos de protección del núcleocomún que comparte con los derechos humanos, tal como lo haseñalado la más autorizada doctrina”.6

Violaciones al DIH

Esta interpretación de la Corte Constitucional fue reafirmadacon ocasión de la Sentencia de revisión de constitucionalidad delProtocolo II adicional a los Convenios de Ginebra (Sentencia C-225, mayo 18 de 1995), ratificado por Colombia en virtud de laLey 171 de 1994, en donde de alguna manera sentenció no sólola aplicación irrestricta de todo el derecho humanitario en nuestrarealidad, sino que también dejo en claro que la aplicabilidad deeste derecho es en relación directa con la existencia de un con-flicto armado interno. Es más, si bien podría continuarse aceptan-do algún tipo de debate en torno al cumplimiento o no de lascondiciones fijadas por el Artículo 1 del Protocolo II, es claro quebajo los presupuestos del Artículo 3 común a los Convenios deGinebra, no podrían seguirse argumentando dudas, toda vez queen los términos de este artículo, y tal como lo sostiene el conocidoexperto Christophe Swinarski, para reconocer la existencia de unconflicto armado dentro de un país “basta que un conflicto no inter-nacional ocurra dentro del territorio de un Estado entre gruposidentificables, sin la exigencia de que el bando opositor ejerza undominio sobre una parte del territorio estatal y tenga capacidad derealizar operaciones militares sostenidas y concertadas”.7

Por tal motivo en dicha sentencia la Corte Constitucional, afir-mó: “En el caso colombiano, además, la aplicación de esas reglas[del Derecho Internacional Humanitario] por las partes en conflic-to se revela particularmente imperiosa e importante, puesto que elconflicto armado que vive el país ha afectado de manera grave ala población civil, (…) la principal causa del desplazamiento tieneque ver con las violaciones al derecho internacional humanitarioasociadas al conflicto armado interno. (…)

El hecho de que el Protocolo II, como instrumento convencio-nal, sólo entre en vigor y adquiera obligatoriedad internacionalpara Colombia seis meses después de la ratificación de esteinstrumento internacional por el Presidente de la República, se-gún lo señala el artículo 23 del propio Protocolo, no implica, enmanera alguna, que las partes en el conflicto armado colombianopuedan jurídicamente ignorar sus obligaciones humanitarias”.8

(Negrillas fuera del texto).Además de lo anterior, en un pronunciamiento más reciente, el

Auto 251 de 2008 relativo a la problemática de la niñez desplaza-da, la Corte Constitucional confirma lo ya expuesto anteriormenteal realizar todo su análisis partiendo del supuesto de la existenciade un conflicto armado interno en Colombia, entendiendo a suvez dicho conflicto como el causante de las diferentes afectacio-nes de las que son víctimas los niños, niñas y adolescentes des-plazados, a quienes igualmente reconoce, tal como se ha visto,como las víctimas más débiles e indefensas del conjunto de lapoblación desplazada por el conflicto armado en el país9. Afecta-ciones que son originadas fundamentalmente por los siguientesfactores que indica la Corte y que encuentran sustento en elconflicto actual: i) La dinámica misma del conflicto armado y lospatrones prevalecientes del desplazamiento forzado en el país(…) ii) La exposición de menores de edad a los actos criminalesde impacto general cometidos en el marco del conflicto armado(…) iii) Los riesgos especiales a los que están expuestos losmenores de edad en el marco del conflicto armado10.

Así mismo, en su último informe anual sobre la situación de losderechos humanos en Colombia, correspondiente al año 2008 yque fuera presentado el 19 de Febrero de 2009, la Alta Comisio-nada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reco-noce que Colombia continúa inmersa en un conflicto armado in-terno complejo y de múltiples facetas, cuyo efecto sobre los dere-chos humanos representa un desafío permanente para el Estadoy su población. Las violaciones de los derechos humanos e in-fracciones al derecho internacional humanitario cometidas por losgrupos guerrilleros y la fuerza pública, así como las actividadesde los grupos armados ilegales y narcotraficantes, junto con lassubyacentes dificultades estructurales, como la inequitativa distri-bución de la riqueza, la discriminación y estigmatización de gru-pos vulnerables, la impunidad y las dificultades para el accesoefectivo a la justicia siguen condicionando el goce integral de losderechos humanos11.

Por otra parte, sería igualmente conveniente mencionar quesegún algunos analistas nacionales e internacionales de la com-pleja realidad colombiana, la gravedad de la situación en materia

de violación de los derechos humanos, obedece fundamental-mente al hecho de que por mucho tiempo el Estado y los gobier-nos han negado la existencia de un conflicto armado interno delas características exigidas por los pactos del Derecho Internacio-nal Humanitario. Esta especie de ceguera política condujo a quepaulatinamente el conflicto empezara a extenderse a todo el terri-torio nacional, en una pluralidad de esquemas y de formas quese hacía imposible pensar en respuestas unívocas que conduje-ran a soluciones generales.

Al negarse la existencia de un conflicto armado interno, losactores armados, que para nuestra realidad responden a carac-terísticas muy diversas y multiformes, aplican con auténtica liber-tad y de forma indiscriminada los métodos y los medios utilizadosen la guerra, traspasando en gran medida su objetivo militar a lapoblación civil o a grupos civiles que, independientemente delconflicto armado, se mostraban desde el punto de vista eminente-mente ideológico o político, en consonancia con alguno de losbandos en conflicto.

La Defensoría

Sobre este particular, es importante citar el informe anual co-rrespondiente al año 2004, presentado por el Defensor del Pue-blo ante el Congreso de la República en marzo de 2005, endonde de manera enfática reconoce que “En Colombia sigueexistiendo una sistemática amenaza a los derechos humanos yuna constante violación de ellos y de las normas del derechointernacional humanitario. Las medidas adoptadas no han resul-tado suficientes frente al compromiso de protección y garantíaprevisto en los instrumentos internacionales de derechos huma-nos y de derecho internacional humanitario”.12

La Defensoría del Pueblo, ratifica que en Colombia existe unconflicto armado interno, donde se debe aplicar “la normativa delArtículo 3° –común- de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949y de su Protocolo adicional II de 1977”. Para la Defensoría laconceptualización del conflicto ha venido suscitando polémica endiversos sectores de la sociedad, ya que desde algunos sectoresdel Gobierno la situación del país se reduce a una amenazaterrorista, lo que lleva a un problema de aplicabilidad e incumpli-miento de las normas del DIH, opinión compartida por organis-mos internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Rojay la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las NacionesUnidas para los Derechos Humanos.

El Defensor llama la atención del Gobierno sobre las conse-cuencias de permanecer en esa posición, ya que nuestro país seha comprometido a respetar y a hacer respetar los Convenios deGinebra y sus Protocolos Adicionales en todas las circunstancias,y tales circunstancias incluyen los conflictos armados en los cua-les haya terrorismo o actos de terrorismo, así el DIH no contemplecomo excepción a su aplicación que el terrorismo se presente enun conflicto armado, ya sea internacional o interno. Como conse-cuencia “El Estado colombiano está obligado, con base en lostratados internacionales que ha ratificado o a los cuales ha adhe-rido, a respetar y hacer respetar los estándares mínimos interna-cionales en materia de promoción y protección de los derechoshumanos y de aplicación del DIH.”13

En el informe no se niega el uso repetitivo de actos terroristaspor parte de los actores armados y afirma que los Estados, deacuerdo con las normas del derecho internacional vigentes y enlos convenios para la lucha contra el terrorismo, han condenadotales prácticas. El DIH prohíbe los actos de terrorismo y de violen-cia cuya finalidad sea aterrorizar a la población civil. El nuevoderecho penal internacional facilita el juzgamiento de los ataquesdeliberados contra la población civil como crímenes de guerra.No obstante la lucha válida contra el terrorismo no permite ponera un lado los instrumentos jurídicos aplicables a los conflictosarmados ni las normas sobre protección de los derechos huma-nos, pues esto afectaría seriamente su legitimidad.

Esta posición de la Defensoría del Pueblo concuerda con laque sostuvo en su momento el Defensor del Pueblo Jaime Cór-doba Triviño en el concepto emitido ante la Corte Constitucionalcon ocasión del control de constitucionalidad de la Ley 171 de1994 mediante la cual se ratificaba el Protocolo II Adicional a losConvenios de Ginebra de 1949.

La posición del entonces Defensor del Pueblo fue expuesta porla misma Corte Constitucional en la Sentencia C-225 de 1995 enlos siguientes términos: “Estas normas del Protocolo II, que segúnel Defensor prevalecen en el orden interno (CP Art. 93), no sóloconcuerdan con los principios y valores esenciales de la Constitu-ción sino que, además, son de enorme importancia para la vidanacional, pues protegen a la población civil y facilitan una soluciónnegociada del conflicto armado colombiano.

En efecto, según el ciudadano Córdoba Triviño: “La Defensoríadel Pueblo ha venido señalando que mientras llega el momentode acordar la paz, las partes en conflicto deben concertar lahumanización de la guerra y el respeto a quienes no participanen las hostilidades pues, en el difícil camino de la búsqueda de laconvivencia, nada acercará tanto a los combatientes como elhecho de ponerse de acuerdo en no hacer daño alguno a las

Caja de Citas

* El autor es Abogado (Universidad Externado de Colombia), Espe-cialista en Ética y Derechos Humanos (Universidad del Valle), Candi-dato a Doctor en Derecho (Universidad de Buenos Aires, Argentina).Actualmente se desempeña como Director Ejecutivo de la FundaciónIntervención en Justicia y Coordinador del Programa de Atención a lasVíctimas de Violencias y Delitos para la Garantía de sus Derechos, dela Alcaldía Mayor de Bogotá.1 El presente texto fue extraído del documento Marco Jurídico para laCaracterización de las Afectaciones de Niños y Niñas en PrimeraInfancia Víctimas del Conflicto Armado en Colombia, elaborado por elautor con ocasión de la consultoría realizada para el Instituto de laPrimera Infancia de la Organización de Estados Iberoamericanos.2 Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas paralos Derechos Humanos, Compilación de Instrumentos..., Op.citp., p.432.3 Para Ana C. Heyck el Protocolo II de Ginebra tiene como fin desa-rrollar y complementar el Art. 3 Común y no modificarlo, pero en razóna las características que se exigen a los actores armados en el Art. 1del Protocolo II prácticamente su aplicación constituyó una restricciónen torno a su campo de aplicación. En este sentido muchos tratadistashan manifestado que este Protocolo “significó un paso atrás en eldesarrollo del derecho internacional.” Ana Caterina Heyck Puyana, Síal acuerdo humanitario. Razones históricas, políticas y jurídicas pararealizarlo, La silueta ediciones, Bogotá, 2004, p. 39.4 UPRIMNY, Rodrigo, “Sentido y aplicabilidad del Derecho Internacio-nal Humanitario en Colombia”, en: Álvaro Villarraga Sarmiento (comp.),Derecho Internacional Humanitario en Colombia. Problemática y Apli-cación, Tomo II, T. M. Editores, Oficina del Alto Comisionado para laPaz, Bogotá, 1998, pp.86-87.5 Ibídem, p.98.6 Ibídem, pp.98-99.7 SWINARSKI, Christophe, Principales nociones e institutos del dere-cho internacional humanitario como sistema de protección de la perso-na humana, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San Joséde Costa Rica, 1991, p.37.8Corte Constitucional. Sentencia C - 225 de 1995.9 Corte Constitucional. Auto 251 de 6 de octubre de 2008. M. P. ManuelJosé Cepeda Espinosa.10 Ibídem.11 Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas paralos Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanosen Colombia. 19 de Febrero de 2009. Párrafo 6.12 DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Duodécimo Informe del Defensordel Pueblo al Congreso de la República. Enero – diciembre de 2004,Bogotá, 2005. p.41.13 Ibídem, p.45.

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10 Conflicto armadoBAÚLBAÚL

personas protegidas por el derecho humanitario. Tanto la regula-ción de los medios y métodos empleados para hacer la guerra,con el fin de limitar el uso de la fuerza por quienes se enfrentan enla contienda, como la protección de las víctimas de la guerra(heridos, miembros de la población civil), exigiendo en todo tiem-po y lugar se distinga entre los combatientes y no combatientes,son prescripciones del protocolo II que tienen por finalidad hacermenos inhumanos y dolorosos los conflictos armados interiores”.14

Pero es más, el mismo Gobierno Nacional, a través del Secre-tario Jurídico de la Presidencia de la República, en su interven-ción ante la Corte Constitucional en 1995, y en concepto jurídicoconcertado con la Consejería Presidencial para los DerechosHumanos y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, no sólodefiende la constitucionalidad del Protocolo II de Ginebra, sinoque además reconocen de manera explícita la realidad de unconflicto armado dentro del territorio colombiano.

En la misma Sentencia C-225, se hace referencia a la interven-ción del representante gubernamental de la siguiente manera:“Finalmente, el ciudadano considera que estas normas tienenuna importancia vital en el contexto colombiano, puesto que ellasno sólo permiten proteger a la población no combatiente sino queademás favorecen la solución negociada del conflicto armado.Esto explica entonces que el Gobierno haya “proclamado sucompromiso unilateral de respetar y hacer respetar dichas nor-mas y de honrar ese compromiso mediante la adopción de unapolítica humanitaria claramente definida para favorecer a la po-blación civil afectada por los enfrentamientos armados, enparticular a los desplazados, para garantizar a laspersonas que queden fuera de combate el res-peto de sus derechos fundamentales y parasancionar a quienes sean responsablesde infracciones contra DIH”.

Concluye entonces el ciudadano: “Esasí como el Protocolo II de 1977 se con-vierte en un vigoroso instrumento socialy jurídico para la aplicación práctica dela política humanitaria anunciada por elgobierno, pues al amparo de sus pre-ceptos y en el escenario del agudo con-flicto que afecta a nuestro país, se podrámaterializar el primordial objetivo de ali-viar los sufrimientos propios de la con-frontación y sus secuelas,humanizándola y aportando la urgidaviabilidad a la eventual adopción deacuerdo ad-hoc que observen principioshumanitarios en el proceso por alcanzar la paz”.15

Los analistas del conflicto colombiano, centrados en la bús-queda de su solución, se percataron, por muchas razones, deque el derecho internacional de los derechos humanos vigenteproporciona muy poca dirección y, en última instancia, ofrecesoluciones parciales al problema. El defecto esencial en la aplica-ción del derecho internacional de los derechos humanos a situa-ciones de conflicto armado radica en que, no obstante su vigenciateórica, en la práctica su ámbito fundamental de aplicabilidad tienelugar en tiempos de paz y, por consiguiente, no contiene normasque regulen los métodos y los medios de combate.

De acuerdo con la regla de que solamente los Estados puedenratificar los tratados relacionados con derechos humanos, única-mente los gobiernos de tales Estados poseen la personería nece-saria para perpetrar violaciones a los derechos humanos reco-nocidos en esos instrumentos y, consecuentemente, sólo ellospueden tener responsabilidad en el ámbito internacional por di-chas violaciones. Por el contrario, los abusos que en materia dederechos humanos se cometen por actores no-gubernamenta-les, tales como los grupos subversivos, no pueden ser conside-rados violaciones de esos derechos, sino infracciones a las leyesdomésticas. A la luz de estas insuficiencias en las normas dederechos humanos, se ha concluido desde varios sectores deopinión especializada, que el derecho humanitario de la guerraconstituye el fundamento metodológico para resolver el proble-mático tema de las bajas civiles y juzgar en forma objetiva laconducta de las operaciones militares realizadas por las partesinvolucradas en el conflicto armado.

En la sentencia bajo la cual la Corte Constitucional declaró laexequibilidad del Protocolo II, la Procuraduría General de laNación, en su concepto favorable de respaldo a dicho instrumen-to, resalta una de las particularidades del DIH, aquella según la

cual con la aplicación de este derecho se “restringe el conceptode enemigo exclusivamente a los actores armados”. Instrumen-tos como el Protocolo II incorporan la llamada cláusula Martens,según la cual para los casos no previstos en el derecho vigente,la persona humana permanece bajo la salvaguardia de los prin-cipios del Derecho de Gentes, producto del uso que hacen lasnaciones civilizadas del principio de humanidad y de las exigen-cias de la conciencia pública.

Como se ha insistido, la doctrina y jurisprudencia nacional einternacional han sostenido que las normas de derecho interna-cional humanitario son parte integrante del ius cogens, que esentendido como el conjunto de normas que no admiten acuerdosen contrario y que sólo pueden ser modificadas por una normaulterior de derecho internacional general que tenga el mismocarácter. Esto explica que las normas humanitarias sean obligato-rias para los Estados y las partes en conflicto, aún si éstos no hanaprobado los tratados respectivos.

Con respecto al caso colombiano, lo anterior permite concluirque la obligatoriedad del derecho internacional humanitario seimpone a todas las partes que participan en un conflicto armado,y no sólo a las Fuerzas Armadas por ser parte de un Estado queratificó los respectivos tratados. No es legítimo para el derechointernacional humanitario que un actor armado irregular o unafuerza armada estatal consideren que no tienen que respetar enel conflicto armado las normas mínimas de humanidad, por nohaber suscrito estos actores los convenios respectivos. En esteaspecto, tiene mucha razón Rafael Nieto Loaiza cuando anota

que “Si las normas del DIH sólo obli-garan a uno de los contendoresno alcanzarían su fin último: lahumanización del conflicto a tra-vés de la limitación para todoslos contendientes en el conflicto

armado de los mediosy métodos del com-

bate y la protec-ción de la pobla-

ción civil y de los no combatientes”.16

En consecuencia, tanto los integrantes de los grupos armadosirregulares como todos los funcionarios del Estado, en especiallos miembros de la fuerza pública, quienes son destinatarios na-turales de las normas humanitarias, están obligados a respetar,en todo tiempo y en todo lugar, las reglas del derecho internacio-nal humanitario. La no observancia no representa ventaja militarsino pérdida inmensa de legitimidad, el principio de trato humanodebe prevalecer sobre la necesidad militar y la aplicación de lasnormas, por todas las partes contendientes, es la única forma dehacer posible la regulación del conflicto. No existe justificación válidaque niegue dicha obligatoriedad, ya que además las cobija el princi-pio fundamental de no reciprocidad, esto es, que existen de maneraincondicionada y absoluta para cada una de las partes, sin hallarsesubordinada a su cumplimiento correlativo por la otra parte.

Sobre este asunto del principio de no reciprocidad, convienenuevamente referirse a la Sentencia C-225 de 1995, ya que demanera expresa la Corte Constitucional no sólo lo reafirma comoprincipio sustancial del derecho humanitario aplicable tanto a con-flictos internacionales como internos, sino que igualmente declarasu pertinencia en el marco del conflicto colombiano, e incluso,hace mención a su reconocimiento por parte del Libertador SimónBolívar en el marco de la guerra de independencia: “Tampocopuede uno de los actores armados alegar el incumplimiento delderecho humanitario por su contrincante con el fin de excusar suspropias violaciones de estas normas, ya que las limitaciones a loscombatientes se imponen en beneficio de la persona humana.Por eso, este derecho tiene la particularidad de que sus reglasconstituyen garantías inalienables estructuradas de manera singu-lar: se imponen obligaciones a los actores armados, en beneficio no

VIENE DE LA PÁGINA 9 propio sino de terceros: la población no combatiente y las víctimasde ese enfrentamiento bélico. Ello explica que la obligación huma-nitaria no se funde en la reciprocidad, pues ella es exigible paracada una de las partes, sin hallarse subordinada a su cumplimientocorrelativo por la otra parte, puesto que el titular de tales garantíases el tercero no combatiente, y no las partes en conflicto.

Al respecto, esta Corte ya había señalado que “en estos trata-dos no opera el tradicional principio de la reciprocidad ni tampo-co, -como lo pone de presente la Corte Internacional de Justiciaen el caso del conflicto entre Estados Unidos y Nicaragua-, sonsusceptibles de reserva.

Colombia cuenta con el honor de ser una de las primerasnaciones independientes en haber defendido el principio de quela obligación humanitaria no se funda en la reciprocidad. En efec-to, mucho antes de que en Europa se suscribieran los primerosConvenios de Ginebra o de la Haya, el Libertador Simón Bolívarfirmó con el General Morillo un “tratado de regulación de la gue-rra” con el fin de “economizar la sangre cuanto sea posible”. Esteconvenio, según el jurista francés Jules Basdevant, es uno de losmás importantes antecedentes del derecho de los conflictos arma-dos a nivel mundial, puesto que no sólo contiene cláusulas pione-ras sobre trato humanitario de heridos, enfermos y prisionerossino, además, porque constituye la primera aplicación conocidade las costumbres de la guerra a lo que hoy llamaríamos unaguerra de liberación nacional17. Pocos meses después, el 25 deabril de 1821, Bolívar envió una proclama a sus soldados, pormedio de la cual les ordenaba respetar los artículos de la regula-rización de la guerra. Según el Libertador, “aun cuando nuestrosenemigos los quebranten, nosotros debemos cumplirlos, paraque la gloria de Colombia no se mancille con sangre” (subrayasno originales)”.18

Los tratados de derecho internacional humanitario ratificadospor Colombia y que por expreso mandato del Artículo 93 de laConstitución Política prevalecen en el orden interno, como yaquedó perfectamente argumentado, no pueden bajo ninguna cir-cunstancia estar supeditados a la voluntad política y los criteriosdoctrinales o ideológicos de quienes estén al frente de un gobier-

no o un Estado y más, si éste se reconoce comoun Estado social y democrático de derecho. Sonde obligatorio cumplimiento, incluso si el mismogobierno no considera que los grupos arma-

dos organizados a los cuales con-fronta militarmente, no cumplencon las exigencias y requisitosestipulados por el artículo 1 delProtocolo II Adicional a los Con-

venios de Ginebra.En consecuencia con lo anterior, es claro

que el Estado colombiano, como sujeto de derecho interna-cional público y como Alta Parte Contratante de los Convenios deGinebra y sus dos Protocolos Adicionales; no puede unilateralmenteproceder a la no aplicación de los términos contractuales de di-chos tratados, argumentado que ahora los grupos armados irre-gulares son simples organizaciones terroristas. Conforme a laConstitución Política de Colombia, a la cual están supeditadostodos los órganos del poder público, incluso el Gobierno Nacio-nal. El único órgano competente para determinar la vigencia in-terna de un tratado internacional ya ratificado por el mismo Esta-do, es la Corte Constitucional. En su momento, este alto Tribunalno sólo se pronunció sobre la constitucionalidad de estos tratados–manifestando que por su condición de normas consuetudinariasque hacen parte del derecho de gentes se imponen aún sinnecesidad de la ratificación de los tratados respectivos-, sino queademás, en su examen de constitucionalidad hizo claridad deque en efecto, con fundamento en el Artículo 3 Común de losConvenios de Ginebra, en Colombia existe un auténtico conflictoarmado interno que es y debe ser regulado por las normashumanitarias vigentes �

Caja de Citas

14 Corte Constitucional. Sentencia C – 225 de 1995. M. P. AlejandroMartínez Caballero.15 Ibídem.16 VILLARRAGA SARMIENTO, Álvaro, La regulación de la guerra...,Op. cit.17 VALENCIA VILLA, Alejandro. Derecho humanitario para Colombia,Defensoría del Pueblo, Bogotá, 1994, pp. 48 y ss.18 Corte Constitucional. Sentencia C – 225 de 1995. M. P. AlejandroMartínez Caballero.

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11Bogotá, mayo de 2009 Año 18, número 132

PEDRO SANTANA RODR’IGUEZ *

MARTHA YANETH SANDOVAL **

HerramientasHerramientasAQUÍ LAS

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Tres temas centrales hacen urgente que la sociedad civil piense einstale una agenda que le permita al país afrontar la crisis y tras-cender el actual modelo económico desigual y concentrador. El pri-mero de ellos, referido a las implicaciones institucionales de untercer período consecutivo del actual presidente, en segundo lugar,la política de seguridad democrática, y por último la crisis econó-mica que recién comienza, que es una manifestación, entre otrosfactores, de la crisis global que se desarrolla actualmente.

Frente a la posibilidad de un tercer mandato del actual presiden-te, al país le significa la continuidad del proyecto que ha encarna-do Uribe al frente de un proyecto marcadamente autoritario quebusca la reforma de la constitución de 1991 en asuntos esencialescomo la división de poderes, la pérdida de independencia de losórganos judiciales, la pérdida de independencia del Congreso dela República dada la amplia mayoría de la coalición uribista en elCongreso de la República, la pérdida de autonomía de los organis-mos de control y en concreto de la Procuraduría General de la Na-ción y de la Defensoría del Pueblo así como la pérdida de autono-mía de la Junta Directiva del Banco de la República.

En buena medida estos organismos así como el Consejo Superiorde la Judicatura han sido tomados por el ejecutivo para ponerlosbajo su órbita. Esta toma ha sido consumada durante el segundoperíodo del presidente de la República toda vez que la actual Cons-titución le da amplias prerrogativas para postular candidatos, ypor esta vía, para influir de manera determinante en su composi-ción interna. Tal situación ya se ha presentado en la conformaciónde la Corte Constitucional que cuenta hoy con tres magistrados deun total de nueve que fueron nominados directamente por el presi-dente Uribe, lo propio ya ocurrió en el Consejo Superior de la Judi-catura que cumple un papel fundamental al ser el órgano nomina-dor para la conformación de las listas de elegibles para conformarla Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, el presidenteha nominado a la mayor parte de los actuales miembros de la JuntaDirectiva del Banco de la República y lo propio ha sucedido ya enla Procuraduría y en la Defensoría del Pueblo.

* El autor es Presidente de la Corporación Viva la Ciudadanía** La autora es economista de la Universidad Nacional, especialista en

desarrollo regional y actualmente se desempeña como Coordinadora delÁrea Económica y social de la Corporación Viva la Ciudadanía.

La Colombia de hoy evidencia la urgente necesidad de propugnar por un acuerdo programático de

los sectores sociales y políticos, que instale propuestas en respuesta a la desalentadora situación

económica, política y social del país y sobre todo que permita otra economía, otra política, otra

democracia sobre la base de la justicia y la equidad.

Cumbre social y política:Cumbre social y política:una agenda conjunta de la sociedad civiluna agenda conjunta de la sociedad civil

La Colombia que justifica

una Cumbre social y política

La Colombia que justifica

una Cumbre social y política

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La política de seguridad democrática aunque halogrado un repliegue militar de las guerrillas que norepresentan ni han representado un serio riesgo detoma del poder de las instituciones del Estado, haafectado de manera muy negativa las libertades ci-viles y políticas de los ciudadanos. Detenciones ma-sivas arbitrarias, ejecuciones y desaparición de ciu-dadanos, mantenimiento de los masivos desplaza-mientos de campesinos, indígenas yafrodescendientes. Todo ello ha sido un componen-te esencial del proyecto autoritario que se ha incu-bado en Colombia y que ha sido aceptadomayoritariamente por la población colombiana conla promesa de que la seguridad traerá empleo, in-versión social y mayor inversión productiva. Lejosestamos de una política de seguridad ciudadana enla que además de la represión del delito se garanti-cen como base de dicha seguridad condiciones dig-nas de vida para las personas.

Dentro de este contexto, frente a las víctimas deldesplazamiento forzado, el Gobierno Nacional hapuesto en marcha una política que favorece a losvictimarios y que degrada a las victimas. Mientrasque los militantes de los grupos paramilitares reci-

bieron atención inmediata y unos ingresos superio-res a los 400 dólares mensuales, las victimas deldesplazamiento forzado deambulan por todo el paíssin una política pública adecuada. Ello llevo a la Cor-te Constitucional en enero de 2004 a declarar un es-tado de cosas inconstitucional por el fracaso y lafalta de voluntad política para atender a 2.7 millonesde desplazados según las propias cifras oficiales.

La Iglesia Católica y organizaciones no guberna-mentales, como CODHES, calculan en cerca de 4millones los desplazados, es decir, uno de cada diezcolombianos se encuentra en situación de despla-zamiento forzado. Recientemente, en enero de 2009,la Corte Constitucional mediante providencias judi-ciales echo abajo la política de tierras, la política devivienda y la política de ingresos y estabilizaciónsocioeconómica y ratifico que no existe una políticaefectiva de atención de emergencia para estos millo-nes de compatriotas. En consecuencia ordenó quese discuta y acuerde una política pública que resuel-va la situación de precariedad e inhumanidad en laque se encuentran estos millones de personas. Elgobierno no ha atendido las órdenes del máximo tri-bunal de justicia de manera adecuada.

Organizaciones sociales, plataformas, sindic

académicos, organizaciones indígenas, organ

de mujeres, campesinas etc., hemos decidido

la primera quincena del mes de agosto. Esta C

pretende iniciar el camin

Componentes del proyecto

AUTORITARIOAUTORITARIO

Uno de los principales problemas de Colombia tie-ne que ver con su modelo económico y la distribu-ción de la riqueza. Durante los últimos 50 años lastasas de crecimiento de la economía han sido supe-riores al 4% del Producto Interno Bruto, PIB, pero almismo tiempo este importante nivel de crecimientoeconómico se ha concentrado en muy pocas ma-nos. En los últimos 8 años (2001 a 2009) la tasa decrecimiento de la economía en promedio fue del4.59%. El modelo es concentrador y no esredistributivo. La tasa de concentración medida porel coeficiente de GINI que era de 0,576 para 1999 fuepara el año 2005 de 0.584% y de las grandes econo-mías de la región Colombia junto con México y conBrasil son de las economías de mayor concentra-ción de la renta y de la riqueza.

Lejos de mejorar, la situación ha empeorado du-rante los siete años de la administración del presi-dente, Álvaro Uribe Vélez. De acuerdo con el guber-namental Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2.428propietarios, poseen 44 millones de hectáreas equi-valentes 53.5% de la tierra. Y al mismo tiempo, 1.3millones de propietarios que corresponden al 35.8%poseen 345 mil hectáreas, o sea, el 0.42% del totalde la tierra productiva, tales propietarios tienen me-nos de una hectárea.

y distribución de la riquezaMODELO ECONÓMICOMODELO ECONÓMICO

Un segundo gran problema asociado a la concen-tración del ingreso tiene que ver con la precarizacióndel empleo y la disminución de los ingresos reales delos trabajadores colombianos. Actualmente la situa-ción es peor por la crisis económica que se presenta.La desaceleración del crecimiento económico prime-ro y la recesión después a consecuencia del coletazode la crisis global ha agravado el tema del desempleo.

Actualmente se mantiene una tasa de desempleodel 12.5% lo que significa que más de tres millonesde colombianos y colombianas se encuentrandesempleados. Pero además aumenta la informali-dad que paso del 56.3% en enero de 2008 al 57.7%en el último trimestre de ese mismo año. Frente aesta situación la política ha consistido en precarizarlas condiciones laborales.

En los últimos 20 años se han realizado dos refor-mas laborales que afectaron los ingresos de los tra-bajadores tal como ha ocurrido en la mayor parte delos países del mundo y que era parte del credoneoliberal con el espejismo de que bajando los sala-rios y las prestaciones sociales se crearía empleo.El resultado aquí como allá ha sido la disminuciónde la participación de los ingresos para los trabaja-dores que han ido a parar a los grandes conglomera-dos económicos y financieros.

El rol de los movimientos y organizaciones socia-les en la generación de propuestas alternativas, ad-quiere ahora, de cara a las transformaciones que elpaís necesita, una importancia aún mayor, toda vezque la Colombia de hoy, evidencia la urgente necesi-dad de propugnar por un Acuerdo programático delos sectores sociales y políticos, que instale propues-tas en respuesta a la desalentadora situación eco-nómica, política y social del país y sobre todo quepermita otra economía, otra política, otra democra-cia sobre la base de la justicia y la equidad.

Por lo anterior, organizaciones sociales, plataformas,sindicatos, cooperativas, ONGs, iglesias, centros aca-démicos, organizaciones indígenas, organizaciones

La propuesta desde

LA CUMBRE SOCLA CUMBRE SOC

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dicatos, cooperativas, ONGs, iglesias, centros

ganizaciones afrocolombianas, organizaciones

ido convocar una Cumbre Social y Política para

a Cumbre concebida como un proceso político

ino hacia otra Colombia.

e la sociedad civil:

CIAL Y POLÍTICACIAL Y POLÍTICAafrocolombianas, organizaciones de mujeres, campe-sinas etc., hemos decidido convocar una CumbreSocial y Política para la primera quincena del mes deagosto. Esta Cumbre concebida como un procesopolítico pretende iniciar el camino hacia otra Colom-bia sobre la base de cuatro importantes objetivos:

� Construir e instalar en el país una agendasocial, económica y política� Generar deliberación pública alrededor delos temas de la Agenda País� Promover la articulación social alrededor ala Agenda País� Movilizar social y políticamente la AgendaPaís

Como primer eslabón de este proceso, una agendaalternativa para el país debe como mínimo hacer pro-puestas en torno a:

1 Pensar en un cambio para el país en este tema,significa proponer los elementos constitutivos

de un nuevo modelo económico, en sus componen-tes macro y microeconómicos, que den salida a lacrisis y permitan la sostenibilidad del país en el lar-go plazo, sobre la cuestión de como hacer viable unanueva economía que satisfaga las necesidades delpresente, sin comprometer las capacidades de las ge-neraciones futuras.

2 Significa deliberar alrededor de los impactosde la crisis actual sobre los sectores, pero tam-

bién reflexionarse sobre qué elementos del modeloeconómico actual deben ser redefinidos, sobre cómoreconfigurar la relación del sector real con el sectorfinanciero para que éste último se constituya en mo-tor de desarrollo del primero. Esta agenda tambiéndebería preguntarse por el manejo de las reservasinternacionales, la deuda interna y externa, propo-ner estrategias para el fortalecimiento del mercadointerno.

3 Estrategias para la superación de la pobreza yla generación de ingresos dignos desde una

perspectiva de la garantía de los derechos. Deberíaestablecer como mínimos cuáles son los lineamientosde una política pública que trascienda la noción decarencia y asistencia hacia el goce efectivo de los de-rechos y a la construcción de ciudadanía, esto por supuesto, además obliga a pensar en propuestas dereforma al sistema de protección de social y a laspolíticas de Acción Social.

4 La generación de ingresos dignos, parte además por la generación de empleos dignos que

garanticen, el pago de un salario mínimo, la afilia-ción a la seguridad social en salud, pensiones y ries-gos profesionales; las vacaciones pagas, el pago dela prima de servicios, de las cesantías y de los intere-ses a las cesantías, la protección de los derechos de-rivados de la maternidad; la protección de la saluden los lugares de trabajo; la protección especial de laestabilidad laboral de ciertas categorías de trabaja-dores en condición de minusvalía; la prohibición deltrabajo infantil, de la discriminación en el trabajo ydel trabajo forzoso, entre otros aspectos.

5 Recuperación del Estado democrático y equilibrio de Poderes, una agenda alternativa para

el país debe aportar elementos que permitan el resta-

Las propuestasLas propuestasblecimiento del equilibrio de poderes, es decir, debeorientase a resolver cuestiones relacionadas con lareforma política, Referendo constitucional y Asam-blea Nacional Constituyente. De igual forma resol-ver aspectos como ¿quién nombra y quién nomina alos candidatos a la Procuraduría General, a laContraloría General y a la Defensoría del Pueblo?;¿quién nombra y quién nomina a los miembros de laJunta Directiva del Banco de la República?, ¿cual esel papel y responsabilidad de los órganos de controlfrente a la defensa de los derechos civiles y las ga-rantías democráticas? Por último debe también pro-poner aspectos relacionados con una agenda demo-crática para la recuperación del derecho a la oposi-ción, a la información, a la asociación y recuperar elcarácter democrático de los medios de comunicación.

6 La Cumbre debe debatir los contenidos de unaverdadera reforma política que castigue a los

aliados de los criminales y a los partidos políticosque fueron puestos a su servicio.

7 La cumbre debe proponer aspectos mínimossobre la reforma agraria que el país necesita, al

igual que los elementos mínimos para un proyectode devolución de tierras, la construcción de un mo-delo económico incluyente y con oportunidades parael campesinado.

8 Debe construir también alternativas frente alnarcotráfico que es indudablemente el combus-

tible de la guerra en Colombia, al tiempo que debeconstruir una salida negociada del conflicto armadorealista y sin ceder ante la condena de la lucha arma-da obsoleta para buscar los cambios y las transfor-maciones que Colombia requiere.

9 Por último, una agenda alternativa para el paísdebe proponer aspectos relacionados con los

acuerdos comerciales: TLCs, ComunidadSuramericana de Naciones etc.

Todas estas propuestas serán analizadas, delibe-radas y complementadas en los escenarios del ordensectorial y local, esto significa que previo a la Cum-bre Nacional se realizarán 32 cumbres departamen-tales y cumbres sectoriales.

Todo este proceso se adelantará bajo la máximaque entiende a la Cumbre Social y Política como unproceso democrático e incluyente que debe recogerlos consensos alrededor de las propuestas pero tam-bién debe evidenciar las diferencias e incorporar nue-vos temas y propuestas que surjan de las delibera-ciones regionales y sectoriales.

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14AQUÍ LAS HerramientasHerramientas

La Cumbre Social y Política es un proceso

democrático e incluyente que debe recoger

los consensos alrededor de las propuestas

pero también debe evidenciar las

diferencias e incorporar nuevos temas y

propuestas que surjan de las deliberaciones

regionales y sectoriales.

Si bien el análisis de la coyuntura del país tiene unreferente inmediato en el nivel nacional, son los de-partamentos y municipios los escenarios en los cua-les se hacen tangibles los desequilibrios económi-cos, políticos y sociales, pero también son la fuentede propuestas alternativas, por lo que para este pro-ceso, es de gran importancia el intercambio y deli-beración de y con los movimientos y organizacionessociales del orden municipal y departamental, conel fin de avanzar en la construcción de propuestas.

En este sentido, la construcción colectiva, será cobijada por los siguientes principios democráticos:

� No es objetivo central del proceso generar adhesiones a documentos y/o propuestas, sino másbien establecer derroteros alrededor de las propuestas que permitan transitar al país al cambio.

� Durante el proceso, la información y propuestas serán visibilizadas por todos los canales decomunicación que en aras de la cumbre se instauren.

� El proceso debe hacer visible los acuerdos que en torno a las propuestas se logren, pero tam-bién debe ser de conocimiento las diferencias o disensos.

Principios democráticosPrincipios democráticos

un proceso dinámico que seconstruye desde las regiones

LA CUMBRE SOCIAL Y POLÍTICA:LA CUMBRE SOCIAL Y POLÍTICA:

Por lo anterior se ha propuesto la realización de 32cumbres departamentales en las cuales se discutiránlos asuntos importantes del país en torno a las pro-puestas derivadas de las mesas de trabajo. En estascumbres se deliberará, ajustará y o adicionarán as-pectos relativos a la Agenda País y que sean el resul-tado del trabajo de cada Cumbre departamental.

Estas cumbres regionales serán lideradas por lasrespectivas expresiones de la sociedad civil en elnivel departamental y municipal. Invitamos desde aho-

ra a los movimientos sociales, de jóvenes, despla-zados, campesinos, indígenas, comunales,afrodescendientes, sindicales, de mujeres,ambientalistas y de defensa de derechos humanos,así como a las redes y otras organizaciones a parti-cipar de las respectivas cumbres departamentales.

El resultado del trabajo colectivo y deliberatorio delas cumbres departamentales confluirá en la Cum-bre Social y política Nacional, como gran escenarioen el que se iniciará el trámite y movilización de laAgenda País construida por todos y todas.

Sus aportes a esta Cumbre social y política sonde vital importancia, por eso nuestras puertas estánabiertas a las sugerencias y propuestas para conti-nuar construyendo este proceso.

La sociedad, la economía y el Estado serán ensus instituciones, lo que los colombianos y colom-bianas anhelemos… el cambio que el país necesitaes un compromiso de todos y todas.

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15PizarraBAÚLBAÚL

La tira cómica, común para los mayores de cuaren-ta años, tenía simpáticos protagonistas; ratones queescapaban de la siempre torpe persecución del gato.Lo hacían de manera graciosa y pícara y en su ac-ción siempre dejaban en ridículo al gato.

Nuestros personajes también son pícaros. Pero noproducen ninguna gracia.

En efecto los hijos del presidente quienes han se-guido la máxima de “hijos hagan plata; si puedenhonradamente; si no hagan plata”, ya en el pasadohabían dado muestras de su falta de escrúpulos enla búsqueda de oportunidades de negocios. En efec-to, saben que el nombre del “príncipe”, abre puertas,suministra información, genera venias, en fin, otor-ga ventajas.

En este caso, el de la Zona Franca de Occidente, lasventajas son múltiples. El cambio de destinación delos terrenos, de “zona de expansión industrial” a“zona industrial”, la puesta en marcha del viejo pro-yecto de la doble calzada a Facatativá, etc.

Este comportamiento es una extensión cínica deun inveterado comportamiento patrimonialista de

Tom

picardíasdesde el

poder

y

Jerry

buena parte de la dirigencia empresarial que utilizasus conexiones con el poder para obtener ventajasque a la larga significan la transferencia de recur-sos públicos a manos privadas y alterar las condi-ciones de competencia, la mayor parte de las vecescaminando en el borde de la ilegalidad.

En esta ocasión, Tom y Jerry parecen haber traspa-sado esta frontera y lograron que fueran otorgadasconcesiones a una empresa suya no constituida.

La impudicia en el abuso del poder es múltiple: lautilización del Departamento Administrativo de Se-guridad – DAS para ilegalmente hacer seguimien-tos y escuchas a quienes el poder considera sus ene-migos, incluidos magistrados de la Corte Supremade Justicia, miembros de ONG, partidos políticos ymuchos más; cambiar la Constitución en provechopropio para la primera y la segunda reelección; de-signar ex militares cuestionados por violación dederechos humanos, como el coronel Santoyo o elgeneral Montoya, en cargos diplomáticos.

Este comportamiento del presidente y su círculoíntimo, explica en buena parte las picardías de Tom

y Jerry. Esta sociedad debe avanzar en la separaciónde lo público y lo privado por lo menos en dos direc-ciones. En primer lugar a que los funcionarios públi-cos y los protagonistas de la vida pública en generaltengan su vida íntima por fuera de la discusión pú-blica, que sus amores y desamores, sus gustos y prefe-rencias, no sean considerados indicadores de su des-empeño público. Pero en segundo lugar y de igualimportancia que los intereses privados y la cercaníaíntima al poder no sean el camino para tener ventajasinaceptables.

Hay que defender el derecho y los deseos de TomJerry de ser empresarios exitosos, en su propia y per-sonal forma de entender el éxito. Pero por favor, sinprivilegios, sin torcerle el pescuezo a la ética y sinhacerle esguinces a la ley. Finalmente, es un asuntode decencia. Cosa rara en estos tiempos de segundareelección y “falsos positivos”, o más propiamente decrímenes de Estado �

Tomy

Jerry

Antonio Madariaga RealesDirector Ejecutivo Corporación Viva la Ciudadanía

� Los resultados electorales en Ecuador� ¿Qué oculta la Reforma Política?� ¿Qué representa la elección del magistrado Augusto Ibáñez

como nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia?� Luis Carlos Sarmiento Angulo propone que se acabe con el

impuesto al patrimonio con destino a la seguridad y que en cam-bio seamos todos los colombianos quienes lo paguemos. ¿Quésignificaría esto para la economía de los ciudadanos?� Bajo el Gobierno del presidente Uribe, los buenos parece que

somos pocos.

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Las ejecuciones extrajudiciales en

Colombia, continúan en la impunidad y se

siguen perpetrando bajo nuevas

modalidades en las que pareciera que se

busca que estas se mantengan ocultas.

Derechos humanosMURALMURAL

OBSERVATORIO CCEEU *

Bogotá, D. C.

La situación de derechos humanos y derecho humanitario en Colombia continúasiendo grave. En el período comprendido entre julio de 2007 y junio de 2008 seregistró que por lo menos 1.492 personas perdieron la vida por fuera de combatea causa de la violencia sociopolítica1. De ellas, 182 fueron desaparecidasforzadamente. En los casos en los que se conoce el presunto autor genérico de lasviolaciones (923 víctimas), el 82,01% de los casos se atribuyeron a la responsa-bilidad del Estado: por perpetración directa de agentes estatales, el 32,06% (296víctimas); y por tolerancia o apoyo a las violaciones cometidas por paramilitares el49,94% (461 víctimas). A las guerrillas se les atribuyó la autoría del 17,98% de loscasos (166 víctimas)2. La Mesa sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la Coordina-ción Colombia - Europa - Estados Unidos reportó 535 casos de ejecucionesextrajudiciales directamente atribuibles a la Fuerza Pública entre enero 1 de 2007y junio 30 de 2008, es decir, un caso por día.

Sin embargo, frente al carácter sistemático y generalizado que han adquirido lasejecuciones extrajudiciales directamente atribuidas a la Fuerza Pública, las cualespermanecen en la impunidad en la inmensa mayoría de los casos, el GobiernoNacional ha optado por minimizar los casos o negar su ocurrencia. El PresidenteUribe recientemente declaró, contra toda evidencia, que “solo existen 22 casoscomprobados” de falsos positivos, y que “la Fuerza Pública no se dejará acomple-jar por centenares de falsas acusaciones”. Para el presidente Uribe las denunciassobre estas graves violaciones a los derechos humanos se producen porque“mucha gente, amparada en el tema de ‘falsos positivos’, lo que ha hecho es crecerfalsas acusaciones, para tratar de paralizar la acción de la Fuerza Pública contralos terroristas”3. Sin embargo, la propia Fiscalía General de la Nación reporta quela Unidad Nacional de Derechos Humanos tiene en sus manos 1.009 casos, en losque se comprenden 1.666 víctimas, de las cuales 1.507 son hombres; 108 mujeresy 51 menores de edad4.

Por otra parte, los hechos conocidos de desaparición y posterior ejecución decerca de 22 jóvenes ejecutados en el municipio de Ocaña y provenientes en sumayoría de barrios marginados de Soacha y el Sur de Bogotá, llevaron a laseparación del cargo a 27 oficiales del Ejército Nacional y la renuncia del Coman-dante General del Ejército y la promulgación de algunas medidas que han llevadoal Gobierno colombiano a decir que el problema de las Ejecuciones Extrajudicialeses un asunto superado. El Ministro de Defensa Juan Manuel Santos ha dicho quelo que hay es “un interés perverso de inflar las cifras” y que “a esa práctica acudenlos enemigos del presidente Uribe, de la política de seguridad democrática y de laFuerza Pública”5. Según el Ministro Santos, “desde octubre del año pasado no seha presentado ni un solo caso”6. Esta afirmación tampoco es cierta, pues a pesarde un cambio en las modalidades de las ejecuciones extrajudiciales que buscaninvisibilizar su comisión, han continuado apareciendo nuevas denuncias, queinvolucran directamente a miembros de la Fuerza Pública. Para mencionar solo uncaso en el cual los propios organismos judiciales han desmentido esta afirmación,el 16 de diciembre pasado fue asesinado Edwin Legarda, activista del ConsejoRegional Indígena del Cauca, esposo de Aída Quilcué, líder de la Minga indígena.Edwin Legarda fue asesinado en una emboscada del Ejército al vehículo en que semovilizaba, por miembros del Batallón José Hilario López, de la III Brigada delEjército, caso en el cual un juez dictó medida de aseguramiento contra los sieteuniformados, luego de que el fiscal del caso expresara que se trató de “un falsopositivo planeado, en el que se violaron todos los protocolos establecidos para quela Fuerza Pública proteja la integridad de la ciudadanía”7. Algunos otros casos semuestran en el Anexo 1.

Medidas contradictorias

Sin embargo, uno de los fenómenos que las organizaciones que hacen parte dela Mesa sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la Coordinación Colombia - Europa- Estados Unidos han denunciado es que el escándalo que se generó en el mes deoctubre de 2008 por la magnitud que adquirieron las ejecuciones extrajudiciales entodo el país (denunciadas a partir de los hechos de Ocaña - Soacha, pero quepermitieron conocer de múltiples denuncias de casos similares en una gran canti-dad de regiones del país), ha sido seguido de medidas contradictorias sobre eltratamiento de estas acciones criminales, así como la aparición de nuevas modali-dades de comisión de las ejecuciones extrajudiciales que buscan adaptarse a losnuevos criterios y directivas emanadas del Ministerio de Defensa, y que buscandar la sensación de que se estaría acatando la orden de poner fin a las ejecucio-nes, pero continuando la práctica de las mismas, solamente que ahora poniendoespecial cuidado en que las nuevas ejecuciones no sean reportadas (públicamen-te) y los cadáveres sean diligentemente ocultados, para no dejar rastros de laresponsabilidad de los autores de estos hechos ilegales. Como ejemplo de ello, eldía 2 de abril Monseñor Francisco Antonio Nieto, Obispo Auxiliar de Ciudad Bolí-var, denunció a Caracol Noticias TV que cadáveres de 11 jóvenes asesinados enCiudad Bolívar habían sido ocultados por personas que llegaron en camionetaspara retirarlos del sector.

Entre las medidas contradictorias hay que mencionar la promulgación de directivasque de manera pública mandan a la Fuerza Pública evitar los homicidios en personaprotegida, pero que conviven con directivas que, de manera secreta, ofrecen remu-neración económica por la presentación de personas reportadas como muertas en

Ejecuciones extrajudicialescontinúan

combate. Quiere decir que frente a las ejecuciones extrajudiciales existe una estruc-tura dual y ambigua de sanciones y beneficios que mientras anuncia públicamentesanciones si se producen, ofrece secretamente premios por producirlas.

Consecuente con ello, lo que se ha venido observando en muchas regiones esque las acciones de privación del derecho a la vida de líderes sociales, opositorespolíticos y miembros de organizaciones sociales y sectores vulnerables han veni-do siendo adelantadas de manera prioritaria a través de acciones de desapariciónforzada, -como modalidad de ocultamiento de las ejecuciones extrajudiciales- y,mediante la reanudación de los casos de ejecuciones extrajudiciales con respon-sabilidad indirecta de la Fuerza Pública a través de la comisión de las mismas porparte de paramilitares que actúan con complicidad o aquiescencia de los uniforma-dos. En la mayor parte de los casos, las desapariciones forzadas tienen siemprecomo finalidad una posterior ejecución extrajudicial, sólo que en los últimos meseslas previsiones han estado orientadas a que cuando estas ejecucionesextrajudiciales suceden ya no se reporten (de manera pública) como “positivos”de guerra y que no se dejen rastros de los cadáveres. Esta modalidad ya habíasido demostrada a partir de la detención, desaparición y ejecución del dirigentesindical Guillermo Rivera, del Sindicato de la Contraloría, detenido por la FuerzaPública en Bogotá el 22 de abril de 2008 y enterrado, luego de su desaparición, enla ciudad de Ibagué, de manera anónima, sin reportar su detención ni muchomenos su ejecución como un “positivo” de la seguridad democrática, permane-ciendo como un caso de desaparición forzada hasta que su cuerpo fue descubiertocon señales de tortura el pasado 16 de julio de 2008. Es decir, aunque la estrategiade hacer aparecer las Ejecuciones Extrajudiciales como desapariciones forzadasparece haberse vuelto más conminatoria a partir del anuncio de las medidas de“Tolerancia Cero” con las Ejecuciones Extrajudiciales, es una modalidad que yavenía siendo implementada desde antes (Ver anexo 2).

Así pues, las medidas de tolerancia cero con los falsos positivos han venidoacompañadas de un incremento preocupante de las cifras de desaparicionesforzadas. Según un reciente informe de la Comisión Nacional de Búsqueda dePersonas Desaparecidas, sólo entre el 1 de enero de 2007 y el 21 de octubre de2008 se habría dado un total de 1.686 desapariciones forzadas, la mayor parte deellas relacionadas con ejecuciones extrajudiciales8. La participación de miembrosde la Fuerza Pública en diversos casos de desaparición forzada ha sido debida-mente documentada en un preocupante número de casos recientes (Ver anexo 2).Dos de los casos más preocupantes de incremento reciente de los casos dedesaparición forzada coinciden con dos de las localidades con mayor presenciamilitar en el país, como el Municipio de La Macarena, Meta (Centro de operacionesestratégicas del Plan Colombia, y donde funciona el Centro de Fusión Integral delEjército), en el que recientemente se ha informado del hallazgo de fosas comunes

PERO CON ESTRATEGIAS

PARA MANTENERLAS OCULTAS

PERO CON ESTRATEGIAS

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17Derechos humanosMURALMURAL

en las que podrían estar los cadáveres de 1.150 desaparecidosen los últimos años, y el Municipio de Buenaventura, (uno de losmás militarizados de la zona Pacífica, y puerto principal de salidade las exportaciones colombianas previstas en los diferentesacuerdos comerciales) en donde la Personera Municipal ha reci-bido denuncias de 373 desapariciones forzadas en los últimos 3años, según lo denunció en el Consejo Comunal celebrado elpasado 21 de febrero.

Cadena de amenazas

Preocupa también la proliferación de diversos casos de asesi-natos con fines políticos o de violencia contra líderes y margina-dos sociales que se han venido presentando como “casos confu-sos”, en donde se busca apartar la responsabilidad de sus auto-res, de los móviles y de las circunstancias en que se ejecutan,detrás de los cuales podrían estarse ocultando nuevos hechosconstitutivos de ejecuciones extrajudiciales. Ejemplo de estos fueel asesinato de 5 miembros de la comunidad de los kankuamos el31 de diciembre pasado, y el asesinato cada vez más frecuentede sindicalistas mediante la utilización de armas blancas, como loscasos de Adolfo Tique (muerto a puñaladas, el 1° de enero de2009) y otros cuatro sindicalistas en similares circunstancias du-rante el año 2008.

El incremento del accionar de grupos paramilitares en las prin-cipales ciudades del país, y la proliferación de amenazas encontra de jóvenes, líderes sociales y marginados sociales hallevado al asesinato de decenas de jóvenes en más de 20 ciuda-des, y pareciera estar configurando una nueva escalada delaccionar paramilitar, que buscaría relegitimar su presencia asu-miendo funciones de control social que corresponderían a la Fuer-za Pública, ejecutando a cientos de jóvenes marginados y vícti-mas de la agudización de la crisis económica mediante accionesde “limpieza social”. Este traslado de funciones de control socialen amplias zonas del territorio nacional podría explicar en parte elcambio en las responsabilidades por ejecuciones extrajudicialesobservable en el último Informe Especial sobre Falsos Positivos,elaborado por el CINEP, en el que se destaca que mientras lasvíctimas de ejecuciones extrajudiciales atribuidas al Ejército Na-cional disminuyeron de 298 a 165 entre 2007 y 2008, las víctimasde ejecuciones extrajudiciales cometidas por paramilitares au-mentaron de 267 a 3729 (ver Anexo 3).

La impunidad frente a las ejecuciones extrajudiciales. A pesardel significativo número de investigaciones a cargo de la FiscalíaGeneral de la Nación por presuntas ejecuciones extrajudicialesatribuidas a la fuerza pública, es preocupante que la mayoría decasos se encuentran en la impunidad. Un reciente reporte de laUnidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Na-ción señala que hasta abril de 2009 había recibido 1.009 casosde homicidios presuntamente cometidos por miembros de la FuerzaPública, que comprenden un total de 1.666 víctimas. De estoscasos, hasta abril de este año, 83 miembros de la Fuerza Públicaya habían sido condenados10. Pero hay que resaltar que estascondenas se presentaron en el marco de la ley 600 del 2000,antiguo sistema procesal penal. 232 casos están siendo adelan-tados bajo el Nuevo Sistema Penal Acusatorio. Las investigacio-nes que están siendo adelantadas por la Fiscalía en el marco deeste sistema (Ley 906 de 2004), señalan que al mes de diciembrepasado, de 231 casos tramitados con la aplicación del nuevosistema penal acusatorio, 229 se encuentran en la etapa de inda-gación y sólo dos en desarrollo del juicio oral11. Queda claro que

el Nuevo Sistema Penal Acusatorio está presentando grandesfallas para permitir el avance de los casos de ejecucionesextrajudiciales, asunto que debe ser motivo de un exhaustivoanálisis y revisión. Bajo este nuevo sistema no hay avancesfrente a la impunidad de los casos de ejecuciones extrajudiciales,entre otras causas debido a que en él no hay plazos perentoriospara que los casos no permanezcan largo tiempo en la etapapreliminar y además por el hecho de que las víctimas no puedenejercer adecuadamente el derecho a la defensa cuando no sepermite el acceso a los expedientes y no se pueden controvertirlas pruebas dado el limitado acceso a las mismas, a los informessobre las diligencias realizadas y a los cuadernos principales quecontienen las pruebas, como ha venido sucediendo en los procesossobre el caso de los jóvenes de Soacha. Idéntico factor de impunidadse presenta en los casos disciplinarios ante la Procuraduría Generalde la Nación, cuando a partir de la ruptura de la unidad procesal porestos casos, se asignan radicados independientes para cada uno,impidiendo el acceso de los representantes de las víctimas al acervoprincipal de gran parte de las pruebas.

El Gobierno, además, se ha negado a derogar la Directiva029 de 2005 que ofrece incentivos económicos por la presenta-ción de personas reportadas como muertas en combate. Estasrecompensas son un factor prevaleciente para la permanenciade casos de ejecución remunerada de civiles que posteriormenteson presentados como muertos en combate. El Gobierno sostie-ne que dicha política de recompensas constituye el corazón de lapolítica de seguridad democrática. La negativa gubernamentaldesacata así una de las recomendaciones que le fue formulada alEstado Colombiano en el marco del Examen Periódico Universalel pasado 10 de diciembre en el seno del Consejo de DerechosHumanos de las Naciones Unidas.

Con relación al caso paradigmático de los jóvenes de Soacha,que es el caso que ha ganado más visibilidad y en el cual lasdistintas autoridades del Estado prometieron hacer justicia prontay llegar a las máximas condenas12, recientemente se informó que2 coroneles retirados, 2 suboficiales y 5 soldados profesionalesfueron detenidos por su presunta responsabilidad en los he-chos13, pero muchos de los oficiales destituidos por estos críme-nes no han sido llamados a juicio ni se les ha formulado cargos.En la Audiencia sobre este asunto realizada en Soacha el 21 deabril pasado, la Directora de la Unidad Nacional de DerechosHumanos de la Fiscalía, Sandra Castro, afirmó que en este casose han presentado grandes dificultades de la Fiscalía para acce-der a las pruebas y obstaculizaciones de la Fuerza Pública a lalabor investigativa de los fiscales, que han llegado incluso hasta ladestrucción de documentación relevante. Esto parece confirmarque la preocupación expresada por la Oficina en Colombia delAlto Comisionado de las Naciones Unidas para los DerechosHumanos, cuando expresaba que “Resulta particularmente gra-ve y preocupante que estos asesinatos se pudiesen estar come-tiendo a través de verdaderas redes criminales”14, todavía per-sisten intactas al interior de la Fuerza Pública y constituyen unenorme factor de impunidad. Mientras el arquitecto de esta políti-ca, General Mario Montoya, quien habría permanentemente or-denado a la tropa que quería “estadios llenos de muertos”15, fuenombrado Embajador en República Dominicana, los demás im-plicados se encuentran en libertad. El General José JoaquínCortés, ex comandante de la II División del Ejército y uno de los3 generales retirados del servicio denunció que incluso “no todoslos 27 oficiales y suboficiales removidos por el Presidente salie-ron del Ejército de verdad. Hay unos que están trabajando, un

Caja de Citas

1 “En el mismo período, 1.007 personas murieron en combate”.2 Datos de la Comisión Colombiana de Juristas.3 “Uribe dice que solo existen comprobados 22 casos de ‘falsos posi-tivos’”. Caracol Radio. Marzo 23 de 2009. http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=7829144 “Fiscalía investiga más de mil casos de homicidios que involucran amilitares”. El Espectador, 30 de abril de 2009. http://www.elespectador.com/falsos-positivos/articulo138578-fiscalia-inves-tiga-mas-de-mil-casos-de-homicidios-involucran-militar5 “Cifras sobre ‘falsos positivos’ han sido infladas, según Mindefensa”.En: El Espectador. 21 de Abril de 2009. http://www.caracoltv.com/noticias/politica/articulo136288-cifras-sobre-falsos-positivos-han-sido-infladas-segun-mindefensa6 “La esencia de la legitimidad de nuestras Fuerzas Armadas es elapego a la ley y el respeto absoluto a los DDHH, Ejército.mil.co, 22 deabril de 2009. http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=2221627 “Muerte de indígena en Cauca fue un ‘falso positivo’, asegura laFiscalía”. El Tiempo. 2 de mayo de 2009. http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/muerte-de-indigena-en-cauca-fue-un-falso-positivo-asegura-la-fiscalia_5114327-18 “7.763 desapariciones fueron reportadas en los dos últimos años”. En:Revista Cambio. Octubre 22 de 2008. http://www.cambio.com.co/p a i s c a m b i o / 7 9 9 / A R T I C U L O - P R I N T E R _ F R I E N D LY-PRINTER_FRIENDLY_CAMBIO-4618959.html9 CINEP. “Falsos Positivos. Balance del Segundo Semestre de 2008”.Informe Especial Abril de 2009. Pág. 1510 “Fiscalía investiga más de mil casos de homicidios que involucran amilitares”. El Espectador. 30 de Abril de 2009. http://www.elespectador.com/falsos-positivos/articulo138578-fiscalia-inves-tiga-mas-de-mil-casos-de-homicidios-involucran-militar11 “Respuesta de la Fiscalía General de la Nación a un Derecho dePetición de la Corporación Jurídica Libertad”. Diciembre de 2008.12 “Uribe llama la atención de las FFMM por desaparecidos de Soacha”.En Caracol Radio, Bogotá, 25 de octubre de 2008. http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=69754513 “Dos coroneles retirados y otros siete militares capturados por los‘falsos positivos’ de Soacha”, Caracol Radio.com, Bogotá, 1° de mayode 2009. http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=80463914 OACNUDH. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de lasNaciones Unidas para los Derechos Humanos urge coordinar esfuer-zos y liderazgos para esclarecer y poner fin a las prácticas de presun-tas ejecuciones extrajudiciales. http://www.hchr.org.co/publico/comu-nicados/2008/comunicados2008.php3?cod=21&cat=7315 http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/saludhernndezmora/la-cultura-de-la-muerte_4639712-116 http://www.elespectador.com/impreso/tema-del-dia/articuloimpreso123316-fuimos-carne-de-buitre\17 CINEP. Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política.18 CINEP. Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política.19 CINEP. Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política.20 CINEP. Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política.21 “Habitante de la calle murió a manos de 2 policías el 9 de enero; ledieron un tiro en la cabeza”, El Tiempo.com. Bogotá, 9 de enero de2009. http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/habitante-de-la-calle-murio-a-manos-de-2-policias-el-9-de-enero-le-dieron-un-tiro-en-la-cabe-za_4809833-122 http://www.elespectador.com/articulo125738-dos-policias-habrian-matado-un-joven-de-15-anos23 Denuncia pública realizada por la Junta de Acción Comunal de laVereda El Tapir, la Asociación Campesina Ambiental de los ríos LozadaGuayabero y la Asociación Campesina Ambiental de los Parques Natu-rales Tinigua y Macarena, La Macarena (Meta), 24 de marzo de 2009.24 CINEP. Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política.25 CINEP. Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política.26 Federación Nacional Sindical Agropecuaria (Fensuagro) y Sindicatode Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta (Sintragrim), De-nuncia Pública, Bogotá, 23 de febrero de 2009.27 Casos registrados por el Banco de Datos de Derechos Humanos yViolencia Política del CINEP.

PASA A LA PÁGINA 18

mayor, capitanes, sargentos” (Entrevista al General Cortés, 2 demarzo de 2009, El Espectador16). Es decir, las medidas eficacescontra la impunidad que han anunciado permanentemente las au-toridades no parecen haberles hecho mucha justicia a las víctimasde estos crímenes. Si este es el caso paradigmático en el cual elGobierno anunció medidas ejemplares y severas, es de esperarque la situación no es mejor en los demás cientos de casos yanónimos, por lo que no parece que la verdad, la reparación y lajusticia vayan finalmente a imponerse frente a estos delitos de lesahumanidad, siendo ésta la condición necesaria para erradicar demanera definitiva estas deplorables atrocidades. Las ejecucionesextrajudiciales en Colombia por lo tanto, continúan en la impunidady se siguen perpetrando bajo nuevas modalidades en que pare-ciera que se busca que estas se mantengan ocultas.

� El 8 de diciembre de 2008 fue baleado, decapitado eincinerado, en un paraje rural entre San Vicente del Caguány Puerto Rico (Caquetá), Joel Pérez Cárdenas, uno de losfundadores y primeros directivos de la Corporación por laDefensa de los Derechos Humanos Caguán Vive y quienocupó luego varios cargos en juntas comunales y ambienta-les. Los rasgos del crimen apuntan, en opinión de su comu-nidad, a un crimen de Estado17.� El 16 de diciembre de 2008 fue asesinado en la

carretera que conduce a Totoró (Cauca) por tropas del Ejér-cito, José Edwuin Legarda Vásquez, esposo de la ConsejeraMayor del CRIC, Aída Quilcué Vivas. El vehículo en queviajaba, que es el que ordinariamente usa la Consejera, fueblanco de 19 impactos de fusil, algunos en su parte delantera.

Anexo 1: algunos casos denunciados de ejecuciones extrajudiciales ocurridosdespués de las medidas de “tolerancia cero” a los falsos positivos

Una enfermera, de una misión médica, que lo acompañaba,quedó herida. La primera versión de los militares afirmabaque desde el vehículo les habían disparado, pero luego dije-ron que el vehículo burló una orden de paro en un retén. Sinembargo, ninguno de los demás vehículos que transitaronpor el sitio fue llamado a detenerse. A la tropa se le encontra-ron dos fusiles sin asignación, los que se sospecha teníanpreparados para colocárselos a las víctimas. Todo indica quela tropa esperaba el paso de Aída Quilcué, quien debía des-plazarse a esas horas por esa vía para asistir a una reuniónen la Mesa de Togoima, pero debido a otras ocupaciones sehabía retrasado18.� El 26 de diciembre de 2008 tropas del Batallón de

infantería Rifles de la Brigada 11 presentaron el cadáver de

* Observatorio de Derechos Humanos y Derecho InternacionalHumanitario, Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos.

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18 Derechos humanosBAÚLBAÚL

ESPERANZA CERÓN VILLAQUIRÁN *

Bogotá, D. C.

VIENE DE LA PÁGINA 17

Arnobis Negrete Villadiego (18 años de edad), como el de unmiembro de la banda criminal de Don Mario, abatido por elEjército en el corregimiento de Villa Fátima del municipio deBuenavista (Córdoba), pero se trataba de un estudiante deséptimo de bachillerato del Colegio Cristóbal Colón de Mon-tería, quien había desaparecido el día anterior cuando le hizocaso a otro joven que lo invitó a irse mientras estaba regandocon agua el frente de su casa en el barrio Edmundo López deMontería (Córdoba)19.� El día 7 de enero de 2009, en La Macarena (Meta), fue

asesinada por tropas del Ejército Nacional la señora María Con-cepción Rico, mientras se encontraba en su casa en compañíade su hija Yéssika Rico y un vecino llamado Sebastián Gutiérrez,a quienes todo el tiempo trataron de guerrilleros, diciéndoles queagradecieran que no los habían matado a todos20.� El 9 de enero de 2009, dos Agentes de la Policía de

Bogotá ejecutaron extrajudicialmente a Robinson Gil, un ha-bitante de la calle a quien mataron de un disparo, luego dehaberlo golpeado brutalmente con un bate de béisbol, cuan-do la víctima se negó a dejarse arrebatar la cobija que porta-ba. Los uniformados intentaron desaparecer el cadáver ocul-tándolo en un paraje del kilómetro 9 de la vía a Choachí, enla salida de Bogotá, el cual fue descubierto y denunciado porhabitantes del sector21.� El 28 de febrero de 2009, dos policías uniformados

en motos de la institución, detuvieron al joven de 15 añosRodolfo Blandón, en Ciudad Bolívar (Bogotá) mientras se

encontraba acompañado de otro amigo menor de edad.Desaparecido durante una semana, fue encontrado muertocon un tiro de gracia en la cabeza en un potrero del BarrioLucero Alto al Sur de Bogotá22.� El 10 de marzo de 2009, en el Barrio Montes, de

Barranquilla (Atlántico), fue ejecutado por dos miembros dela Policía Nacional el menor Miguel Andrés Martínez González,de 16 años de edad, quien fue asesinado de un tiro en lacabeza, mientras se desplazaba en compañía de un amigo,quien también fue agredido. Los policías, que alegaron quelos jóvenes habían cometido un robo, huyeron del lugar,pero luego otros policías motorizados llegaron al lugar parahacerse cargo de los hechos. Las autoridades confirmaronposteriormente que los jóvenes no tenían armas, no teníanantecedentes y no tenían en su poder el botín por el que,supuestamente, eran perseguidos.� El 14 de marzo de 2009, en el municipio de La

Macarena (Meta), fue ejecutado extrajudicialmente Luís ArbeyDíaz Rubiano, por miembros de la Brigada Móvil Nº 1 adscri-ta al Ejército Nacional. La víctima se desempeñaba comoPresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda ElTapir ubicada en el municipio de La Macarena (Meta). Almomento de los hechos, la víctima se encontraba saliendo desu residencia en compañía de su hijo Rolando Martínez Pla-za, quien después de ser testigo del asesinato de su padrefue detenido arbitrariamente por miembros del Ejército Nacio-nal, por el término de dos días23.

� El 10 de enero de 2008, aproximadamente a las 9:00de la mañana, en la vereda San Marcos, en Tuluá (Valle delCauca), tropas del Batallón de Artillería Batalla Palacé, pertene-ciente a la Brigada Nº 3 del Ejército nacional, detuvieron arbitra-riamente y desaparecieron a Rigoberto Hoyos Ruiz, presidentey representante legal de la Asociación de Caficultores Orgánicosde Colombia (ACOC) y a sus cinco hijos: Jaime Luís, Néstor,Carlos, Jorge Luís y Oscar William Hoyos Galeano, varios deellos menores de edad. Según la denuncia, los militares llegarona la finca de la familia Hoyos Galeano y a la fuerza trasladaron alos campesinos a lugar de campamento de los militares. Luegode unos momentos los uniformados realizan varios disparos. Lacomunidad, al percatarse de lo ocurrido, se dirigieron al lugar delos hechos, donde fueron recibidos por un grupo de militaresque les manifestaron no conocer el paradero y las condicionesde Rigoberto Hoyos Ruiz y sus cinco hijos. A la fecha y hora elparadero y las condiciones de Rigoberto Hoyos Ruiz y sus cincohijos son inciertos24.� El 30 de Agosto de 2008 fue desaparecido Jonathan

Anexo 2: algunos casos recientes de desapariciones forzadas donde se denuncióla participación de miembros de la fuerza en su ejecución

� El 11 de noviembre de 2.008 los paramilitares ejecu-taron en Tarazá (Antioquia) a Jairo Alberto Londoño Úsuga ya Fredy Manuel Estratad Guerra (de 25 y 26 años) quieneshabían participado activamente en el proceso de negociacióncon el Gobierno en representación de los campesinos des-plazados de Tarazá (Antioquia) a causa de las fumigaciones,siendo señalados por las autoridades como “auxiliadores dela guerrilla”. Sus victimarios se hicieron pasar por “guerrille-ros del Frente 18 de las FARC”.� El 22 de noviembre de 2008 los paramilitares ejecu-

taron en Chigorodó (Antioquia) a Benigno Antonio Gil Valen-

Meza Badillo, joven de 16 años de edad que padecíadiscapacidad mental, en el Municipio de Gamarra (Cesar). El10 de septiembre su madre fue informada de que el cuerpode Jonathan se encontraba en Ocaña (Norte de Santander),a donde había sido llevado luego de haber sido reportadocomo un guerrillero muerto en combate por tropas de la Bri-gada 30 del Ejército Nacional en el Municipio de Abrego,localizado a 20 minutos de Ocaña. Según la fuente la mamáde la víctima manifestó que “A mi muchacho me lo desapare-cieron el sábado 30 de agosto. Él era un niño especial, todoel mundo lo quería, con todos hablaba, caminaba por lascalles y bailaba, pero no le hacía daño a nadie”25.� El 15 de febrero de 2009, en el Castillo (Meta), al pasar el

puente sobre el Río Llamanes, fue desaparecida Alba Nelly Murillo(34 años de edad), Presidenta de la Junta de Acción Comunal dela Vereda La Esmeralda. De acuerdo a la denuncia, por estehecho se responsabiliza a miembros del Batallón 21 Vargas delEjército nacional que se encontraban acantonados en el lugar y dequienes Alba Nelly había denunciado amenazas26.

Anexo 3: algunos casos de ejecuciones extrajudiciales con responsabilidad indirecta de laFuerza Pública por complicidad o aquiescencia con grupos paramilitares27

cia, gestor de la Mesa De Trabajo Campesino para la Recu-peración de Tierras, lucha que lideraba como desplazado enunión de familias desplazadas de Urabá que pretendían re-cuperar las tierras usurpadas.� El 28 de noviembre de 2008, en Arauquita (Arauca) fue

asesinado Carlos Rodolfo Cabrera Huertas ex secretario ejecu-tivo de la Asociación Campesina de Arauca y líder actual deComité de Desplazados. Según la denuncia, el crimen fue come-tido por paramilitares. Carlos Rodolfo se encontraba cobijadopor medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Dere-chos Humanos (CIDH) a causa de las amenazas recibidas.

Un poco de historia

La Confintea, Conferencia Internacional sobre Edu-cación de Personas Adultas, es un espacio para eldialogo político que compromete a todos los Estadospartes, a asumir la educación para las personas jó-venes y mayores. Impulsado por la UNESCO y concarácter intergubernamental, ha logrado vincular losesfuerzos y experiencias de organizaciones de la so-ciedad civil, sindicatos y sectores privados interesa-dos en el tema.

Sus orígenes se remontan a la necesidad de recons-truir la Europa de la posguerra, devastada en todassus instituciones y demandante de respuestas que lepermitieran dinamizar a la población joven y adultaque vio frustradas sus oportunidades. Es así comose lleva a cabo la primera Conferencia en Dinamarcaen 1949, la cual remarca la importancia de la coope-ración entre países para superar la crisis; posterior-mente se suceden la Confintea de Canadá Japón,Francia, Hamburgo y Tailandia.

Se considera que la Conferencia realizada enHamburgo en el año 97, marcó un quiebre en tantoque planteó una visión global del aprendizaje y laeducación de personas jóvenes y adultas a quienesreconoció como instrumentos clave para afrontar losretos sociales y de desarrollo en todo el mundo, loque no obstante, no se tradujo en priorización ni asig-nación de recursos por ningún Estado parte ni a ni-vel internacional.

Casi en paralelo con la Confintea de Tokio, en elaño de 1973 se constituyó el ICAE, Consejo Interna-cional para la Educación de Personas Adultas (ICAE),organización de la sociedad civil conformada poreducadores/as de África, la Región Árabe, Asia, Pa-cífico Sur, el Caribe, Europa, América Latina y NorteAmérica, quienes promueven el aprendizaje de per-sonas adultas como “herramienta para el desarrollosustentable y la participación informada de la gen-te”, y como instrumento indispensable para la con-solidación de sociedades democráticas, con justiciasocial, económica, política y ambiental, equidad degénero; respeto por los derechos humanos y el reco-nocimiento de la diversidad cultural y la paz.

Es precisamente el ICAE, quien en la Conferenciade Tailandia realizada en el 2003, o mas conocidacomo Confintea V+6, participa con una fuerte pre-sencia como organización de la sociedad civil, pre-sentando el Informe Sombra o ICAE Report, que in-cluyó el monitoreo en algunos países del grado decumplimiento de varios de los compromisos adqui-ridos en Hamburgo. En dicha Conferencia, se adop-taron entre otros, los siguientes aspectos vigentes yque deberán ser revisados en la Conferencia a reali-zarse en este mes de mayo en Belén do Pará, Brasil:� La necesidad de realizar un trabajo de abo-gacía por el derecho a la educación de perso-nas jóvenes y adultas a lo largo de toda la vida,tanto a nivel local como global, en diferentesespacios.� Cambiar la idea de que el aprendizaje a lolargo de toda la vida es sólo para el norte ypara el sur alcanza con la alfabetización.� Reconocimiento de que la participación ac-tiva y la educación de personas jóvenes y adul-tas son elementos clave para la construcciónde otro mundo mejor.

La Confintea VI, bajo la coordinación de la UIL,Instituto de la UNESCO para el aprendizaje a lo lar-go de toda la vida, se propone lograr el que todos los

Por una

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19Confintea VIBAÚLBAÚL

para toda la vida

Semana de Acción Global por el Derecho

a la Educación, un evento de la sociedad

civil hacia la Confintea VI.

Estados parte pasen de la retórica a la acción, com-prometiéndose verdaderamente con la educaciónpara personas jóvenes y adultas en el marco de loscompromisos internacionales, tales como los “Obje-tivos de Desarrollo del Milenio”, los “objetivos deEducación para todos y todas”; el “Decenio de Na-ciones Unidas de Alfabetización”, la Iniciativa deAlfabetización “Saber para poder” (LIFE) y el Dece-nio de las Naciones Unidas de la Educación para elDesarrollo Sostenible (DEDS), este último recién su-cedido en Alemania del 31 de marzo al 2 de abril.

¿Cómo vamos a la Confitea VI?

De parte de los Gobiernos, estos deben prepararun informe de situación con base en indicadores ycuestionarios seleccionados, que idealmente se ha-yan presentado en reuniones regionales prepara-torias, para lo cual América Latina realizó la suyaen México en septiembre del año pasado. Se espe-ra que los países presenten resultados de consul-tas temáticas, estudios específicos, testimonios yprácticas exitosas.

Colombia presentó su informe el cual está disponi-ble en Web de la UNESCO: www.unesco.org/es/confintea; y de cuyo análisis esperamos ocuparnosen otro momento.

Por parte de la sociedad civil colombiana, entre losdías 22 y 23 de abril, acabamos de celebrar, comoevento preparatorio y en el marco de la semana deacción global por la educación, el Encuentro “Esta-do Actual y Retos de la educación a lo largo de todala vida”. El evento fue convocado por la Red de Edu-cación Popular Entre Mujeres, REPEM; la FederaciónNacional de Educadores, FECODE; la Coalición Co-lombiana por el Derecho a la Educación; EducaciónCompromiso de Todos; el Programa de Licenciaturade Educación Comunitaria y el Instituto Superior dePedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional;el Foro Latinoamericano de Políticas Educativas,Flape; la Universidad Nacional Abierta y a Distan-cia, UNAD; la Universidad Distrital; la Fundaciónde Apoyo Comunitario FUNDAC; la Fundación parael Desarrollo Comunitario, FUNDECOM; y la Cor-poración Viva la Ciudadanía.

Además de la presencia de las organizacionesconvocantes, el evento contó con la presencia del Dr.Miguel Calderón, delegado del Ministerio de Educa-ción Nacional, quien presentó la perspectiva oficialde la educación de adultos en Colombia, y manifestósu interés en fortalecer los vínculos entre la sociedadcivil y el gobierno a efectos de dar cumplimiento alos acuerdos a los que se llegue en la Confintea VI.

El conjunto de intervenciones hicieron referen-cia a ubicar la educación de adultos en el marcodel derecho a la educación, y en cada uno de los 3paneles simultáneos: Alfabetización, Formación deFormadores y Formación Ciudadana; se llegarona importantes consensos, entre los que resaltamoslos siguientes:� La educación de adultos es asumida comouna perspectiva innovadora, consiste en pen-sar la educación como un dispositivo de inclu-

EDUCACIÓNEDUCACIÓN

sión social y construcción participativa. Portanto, se aparta de los enfoques mercantilistase instrumentalistas.� En el caso de la alfabetización, esta no serestringe al hecho de leer y escribir; el analfabe-tismo es un problema social que tiene que vercon la marginación, exclusión social y pobreza.Se cuestionó la respuesta alfabetizadora que re-duce todo a un enfoque técnico y/o metodológicode atención individual, sin vínculo con la edu-cación formal de niños y jóvenes, y “soluciona-do” en campañas cortoplacistas.

El panel de formación de ciudadanía hizo énfasisen una perspectiva socio-cultural de la educación deadultos, que promueve la interactividad para leercontextos, sujetos, discursos y prácticas en las expe-riencias y procesos que agencian. De igual forma, estransversal a las experiencias la comprensión de laeducación de adultos más allá de la enseñanza decódigos a los sujetos (decodificación de las letras) ydel aprendizaje de conocimientos durante toda lavida, pues se asume una perspectiva compleja (cul-tural, política, social e histórica). El sujeto educandose comprende desde la diversidad de su contextosociocultural en condición de vulnerabilidad condi-cionado pero no determinado, en el cual se apuestapor una educación desde la inclusión y que ademásreflexiona y transforma la realidad.

La discusión acerca de las políticas públicas con-cluyó que la política pública de educación de adul-tos va en retroceso, puesto que se replican modelosajenos o externos al contexto colombiano, mientrasque la práctica pedagógica docente se ha reducido a

la simple instrucción mediante el uso de cartillasque desconocen o se apartan de la realidad social ylas características propias de determinadas pobla-ciones y culturas. Algunas experiencias reconocie-ron la necesidad de participar de manera colectivaen la construcción participativa de política públicaeducativa. A través de las políticas educativas se pre-tende legitimar el derecho a la educación como underecho para todos y todas.

Además de las reflexiones construidas por las ex-periencias de las organizaciones convocantes, cabedestacar el trabajo del IMPEC que busca dar cumpli-miento a la Ley 115 y el Decreto 1130; o la de Cactus,que viene desarrollando con un enfoque de génerouna interesante experiencia pedagógica con mujeres.

Lo que no tiene parangón y se constituyó como elmomento sobresaliente, fueron los mas de 10 testi-monios presentados, la mayoría de ellos por muje-res, quienes relataron lo que para ellas ha significa-do de transformador y dignificador, el haber apren-dido a leer y escribir, y que sin duda dieron cuentadel valor innegable que da sentido a “educación paratoda la vida”.

Nota: Como parte de la estrategia de socializaciónde todo este proceso que se viene gestando, les invita-mos a que consulte el blog creado por el comité orga-nizador del evento, que entre otras cosas, recoge lostestimonios y está ha abierto para la discusión el tema.

http://seminariodeeducacionpermanente.blogspot.com/

* La autora es Coordinadora de la Estrategia deEducación de la Corporación Viva la Ciudadanía.

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20 AguaESTE PAÍSESTE PAÍS

RAFAEL COLMENARES FACCINI *

Bogotá, D. C.

El referendo por el agua completa tres meses a con-sideración del Congreso, descontados otros tres dereceso de la legislatura, entre diciembre y el pasado16 de marzo. El entusiasmo que nos embargaba porla obtención de más de dos millones de firmas enapoyo a la iniciativa hacia presagiar un trámite rápi-do del texto y nuestro desconocimiento de la comple-ja dinámica parlamentaria nos ocultaba las enormesdificultades que tendríamos que afrontar.

En consulta con algunos amigos de la propuestaen el Congreso se escogió iniciar el trámite por laCámara de Representantes, pues a la sazón no seconocían plenamente las irregularidades que rodea-ron la recolección de firmas del referendo para lareelección presidencial, que estaba a consideraciónde la Comisión Primera de dicha Cámara y precedíaal del agua. Habiendo obtenido rápidamente una po-nencia favorable a la convocatoria de nuestroreferendo, con base en el texto original firmado porlos ciudadanos(as), ponencia respaldada por cincode los ponentes designados en la Comisión Primerade la Cámara, al tiempo que solo dos de ellos plan-teaban otra ponencia modificatoria de dicho texto, eloptimismo reinaba en gran parte del Comité Promo-tor y las organizaciones impulsoras del referendo.

Del optimismo a la preocupación

No tardaron sin embargo en aparecer los primerossíntomas de lo que luego se ha convertido en unafuerte ofensiva del Gobierno y las empresasprestadoras del servicio de acueducto y alcantarilla-do. El Centro de Estudios Echavarría Olózaga, pren-dió la alarma entregando a los parlamentarios undocumento descalificatorio de la iniciativa con ar-gumentos que luego serían repetidos y ampliadospor la Superintendencia de Servicios Públicos, pun-ta de lanza de la oposición gubernamental. Ya ennoviembre el Presidente Uribe calificó de inconve-nientes las propuestas del referendo del agua, res-pondiendo a una pregunta hecha en la reunión quesostuvo con la Minga Indígena en tierras del Cauca.La IV Asamblea del Comité Nacional en Defensa delAgua y de la Vida – CNDAV, realizada promediandoaquel mes, vivía aún la euforia del impresionanteresultado de la recolección de firmas y dedicó buenaparte de la reunión a constatar el éxito, aunque sepresentó también el documento “Dogmas del agua yel referendo del agua”, primera respuesta que hici-mos a los documentos mencionados.

Ya a fines de noviembre y principios de diciembre,sendos foros convocados, en los salones del Congre-so, por el senador Indígena Ramiro Estacio y el pre-sidente de la Comisión de Derechos Humanos de laCámara de Representantes, Germán Reyes, ahonda-ban en responder las críticas y ampliar lasustentación del referendo. Por aquellos días el pe-riódico Portafolio y otras publicaciones hacían ecodel “argumento” de la Superservicios diciendo quenuestra propuesta de Mínimo Vital Gratuito – MVG,favorecía a los ricos y era por consiguienteinequitativa. Se presentó entonces el trabajo elabora-do por los economistas Aurelio Suárez e Iván Cardo-na, a instancias del CPA. Con este documento que aligual que los “Dogmas” ha sido entregado a los con-gresistas, se demostró con toda claridad que el míni-mo vital gratuito es viable financieramente y favore-ce al 85% de la población es decir a los estratos 1, 2, 3y 4, agrupando los tres primeros al 64% de los co-lombianos y colombianas pobres y el 4 a la maltrechaclase media. Además el documento desnudó la reali-dad económica y financiera del actual esquema demercantilización –privatización del agua-, que ge-nera altísimos niveles de rentabilidad para las em-presas al tiempo que propicia un verdadero desastresocial. Baste decir que en los últimos cinco años400.000 familias fueron desconectadas del servicio

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De no concretarse la aprobación del

referendo en el primer debate y quedando

como último recurso la apelación a la

plenaria de la Cámara, se habría perdido

una oportunidad inmejorable para el

fortalecimiento de la democracia

participativa y se vería frustrado un

proceso en el cual participaron

innumerables redes, organizaciones y

personas. Ello no significa sin embargo

que el movimiento este derrotado.

anualmente, en promedio, mientras la rentabilidadde las empresas, que los usuarios sustentamos pa-gando altas tarifas, alcanzó un impresionante 8%sobre activos1 y una liquidez del 3.3.

El 2008 terminó en medio de los escándalos querodearon el referendo de la reelección presidencial yen la discusión de la iniciativa por el agua poco seavanzó en la Comisión Primera de la Cámara.

La pausa de fin de año sirvió para decantar el pa-norama. El 20 de enero el Comité Promotor Amplia-do constataba serias dificultades para el avance delreferendo. El intenso lobby del Gobierno parecía do-minar el panorama y los parlamentarios solo presta-ban su atención al torbellino político desatado porla reelección y alimentado por sucesivos escándaloscomo las pirámides y los persistentes de laparapolítica. En estas condiciones el grupo que haafrontado el trabajo en el Congreso2 abordaba a losparlamentarios y sobre todo a sus asesores obtenien-do la atención de algunos mientras la mayoría per-manecía distante, en un contexto de escaso conoci-miento sobre los temas que aborda el referendo. Deotra parte la polarización de las fuerzas políticasque se expresan en el Congreso y la Comisión, ennada contribuía a un examen detenido y profundode aquellos y se imponían los alineamientos políti-cos generales para los cuales una iniciativa ciuda-dana resulta extraña e inédita en las costumbrespolíticas y parlamentarias colombianas.

Con esa perspectiva, la estrategia del Comité Pro-motor Ampliado se resumió en la idea de “radicalizarel discurso”, mostrando que nuestra iniciativa no esuna ingenua petición por el agua sino una posicióncrítica y a la vez alternativa de un sistema demercantilización de la vida que destruye la natura-leza y profundiza la crisis social. Se decidió igual-mente acudir a la movilización social y se convinoconfluir en una manifestación en la Plaza de Bolívarde Bogotá, el 18 de marzo, durante la primera sema-na de sesiones del Congreso y la Comisión. Igual-mente se convocó la solidaridad nacional e interna-cional mediante sendas cartas que, dirigidas a lasautoridades del Congreso, pidieran la convocatoriaal referendo y el respeto por el texto original firmadopor los ciudadanos(as).

La manifestación precedida de una marcha del Pla-netario a la Plaza de Bolívar congregó cinco mil per-sonas y tuvo una amplia presencia de delegacionesde toda Colombia. Las cartas fueron firmadas por cer-ca de mil líderes nacionales encabezados por los Exministros de Medio Ambiente, Manuel Rodríguez,Cecilia López y Juan Mayr y por Maude Barlow, Eduar-

do Galeano, Boaventura de Souza Santos y cien per-sonalidades más del ámbito internacional3.

Gobierno al ataque

La discusión en la Comisión Primera se inició el 17de marzo en un escenario de citación a altos funcio-narios, dirigentes gremiales y representantes de orga-nizaciones sociales. La “santa alianza” de laSuperservicios, el Ministerio de Ambiente y Andesco,en contra del referendo, se hizo inmediatamente evi-dente, al tiempo que los representantes de las organi-zaciones sociales y el suscrito como Vocero del Comi-té Promotor asumíamos su defensa. Los parlamenta-rios de la Comisión, que pocas veces conforman unquórum superior a veinte de los treinta y cinco que laconforman, asistieron en número que nunca superólos diez a escuchar los planteamientos.

El grupo de lobby reforzó su labor entregando unresumen denominado “Los argumentos delreferendo del agua” y con la convocatoria a la Comi-sión para discutir y votar el referendo el primer díade abril, el debate entró en calor esta vez con unquórum de veinte representantes. La ViceministraLeyla Rojas tomó el relevo de la Superintendente EvaMaría Uribe y enfiló baterías contra el referendo cali-ficándolo de bien intencionado pero regresivo concuatro argumentos: los actuales subsidios cruzadosdan una cobertura gratuita mayor que el mínimo vi-tal gratuito; el debilitamiento de la rentabilidad delas empresas afecta la sustentabilidad ambiental; lagestión estatal municipal es corrupta e ineficiente yel derecho humano fundamental al agua potable fuerechazado en el V Foro Mundial del Agua realizadodel 15 al 20 de marzo en Estambul y además tal dere-cho ya se encuentra reconocido en Colombia a nivelconstitucional por la vía del denominado bloque deconstitucionalidad4.

Frente a lo anterior me correspondió, con el apoyodel grupo de lobby, demostrar la incoherencia y faltade verdad de tales argumentos y las contradiccionesque encierran. Haciendo alusión a los resultados delForo de Estambul puse de presente el avance en elnúmero de países que apoyan el reconocimiento delderecho humano al agua, que ahora suman 26, des-tacando el gran número de latinoamericanos, entreellos Chile que habiendo implementado el modelomas extremo de privatización que se conozca, estainiciando la revisión de un “Código de Aguas” im-puesto en la dictadura del General Pinochet. Sobre elderecho al agua se expusieron los argumentos deltexto antes aludido demostrando la necesidad deconsagrarlo de manera explícita en nuestra Carta ysobre la sostenibilidad ambiental se resalto el valorde la propuesta que hace el referendo en términos deestablecer el status de uso público de todas las aguasy de los cauces, lechos, playas y rondas, al tiempo

Caja de Citas

1 Lo lucrativo del negocio se aprecia mejor al comparar dicha rentabili-dad con el 2% del sistema financiero y el 5,6% de telecomunicacio-nes, rentabilidades calculadas también sobre activos.2 Rafael Espinel, Martha Cañón, Hernán Darío Correa, Rodrigo Acosta,Juan Camilo Mira, Luisa Fernanda Vargas y el suscrito como vocero,con el acompañamiento de Danilo Urrea, Aurelio Suárez y BibianaSalazar, hemos estado al frente de esta labor.3 Las cartas y sus respectivas firmas se publican aparte.4 Figura jurídica por la cual los Tratados Internacionales suscritos porColombia se incorporan como norma constitucional.5 Los subsidios cruzados son un descuento que se hace al total factu-rado a los estratos 1, 2 y 3 y que supuestamente aportan los estratos5 y 6. Este mecanismo acumulaba en el 2006 un déficit de 300.000millones de pesos, que ha venido siendo cubierto por el Estado. ElMVG es una cantidad de agua que la persona o la familia reciben sintener que pagar por ella y a partir de la cual comienza el cobro de loconsumido mas allá de dicho mínimo6 El pliego de modificaciones incluye reconocer el acceso al aguapotable como condición esencial para la vida en el capítulo de derechoseconómicos, sociales y culturales; reducir el mínimo vital gratuito asectores de menores ingresos y eliminar la propuesta de gestión estataly comunitaria del agua de manera exclusiva, con lo cual se mantieneel actual esquema de privatización.7 El Tiempo informó en su edición del 4 de Abril que el Presidente de laCámara, Germán Varón, se puso de acuerdo con el Presidente Uribepara hundir el referendo del agua, según declaraciones de este almencionado periódico.

que se destinan prioritariamente al ciclo hidrológicotodos los ecosistemas esenciales para dicha funciónnatural. Enfáticamente se rechazó la pretensión deequiparar los denominados subsidios cruzados5 almínimo vital gratuito y la contradicción que encierrala crítica de que este es inferior en metros cúbicos a loque subsidian aquellos, si al tiempo se sostiene queel segundo es mas costoso que los primeros.

Un futuro incierto

La fortaleza de los argumentos que sustentan elreferendo pasó la prueba de la controversia tanto conla Viceministro Leyla Rojas como con el Represen-tante Roy Barreras6, que propone modificacionessustanciales para hacerlo inofensivo.

No obstante su imbatibilidad en el terreno concep-tual la presión del Gobierno a golpe de declaracionesdel Presidente Uribe por interpuesta persona7 o delMinistro del Interior, han conducido a un alineamien-to cambiante en el que a favor de la opción de aprobarel texto original se inscriben decididamente el PartidoLiberal, el Polo Democrático Alternativo y se aproxi-ma un sector de Cambio Radical. El Partido Conser-vador aun no se decide claramente por una u otraopción pero su vocero es firmante de la ponencia ma-yoritaria que mantiene el texto original. Difícil serásin embargo alcanzar la mayoría calificada de la mi-tad más uno de los miembros de la Comisión, diecio-cho representantes, que se exige en estos casos.

De no concretarse la aprobación del referendo enel primer debate y quedando como último recurso laapelación a la plenaria de la Cámara, se habría per-dido una oportunidad inmejorable para el fortaleci-miento de la democracia participativa y se vería frus-trado un proceso en el cual participaron innumera-bles redes, organizaciones y personas. Ello no signi-fica sin embargo que el movimiento por el agua estederrotado. Por el contrario, el impulso logrado con elreferendo y la evidencia de los grandes intereses quehan pretendido cerrarle el paso motivará sin duda almovimiento social a darle continuidad a través denovedosas formas de protesta, denuncia de los abu-sos de las empresas y referendos locales para rever-tir el avanzado proceso de mercantilización del aguaimpuesto al país �

* El autor es Director de Ecofondoy Vocero del Referendo por el Agua.

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22 ReseñasESTE PAÍSESTE PAÍS

La ley de justicia y paz ha representado un avanceen cuanto a la disminución de las masacres y la vio-lencia en algunos sectores del país, en cuanto al des-cubrimiento de fosas comunes y la confesión de 6889hechos y más de 20 mil enunciados en versión libre,pero es una ley llena de problemas porque el gobier-no se resiste a aplicarla. Esta es una de las principa-les conclusiones que presenta el Informe PúblicoNo.4 “Justicia y Seguridad para las Víctimas del Con-flicto Armado, análisis con perspectiva de género”,presentado por la Alianza Iniciativa de Mujeres Co-lombianas por la Paz – IMP.

El documento revela que en la realidad, el desarro-llo de la Ley 975 de 2005 tiene dificultades: en elacceso de las víctimas a la justicia, la extradición delos jefes para militares, la casi nula reparación y de-volución de los bienes y el maltrato sistemático y dedesconocimiento al papel y a los derechos de las víc-timas y el incumplimiento por parte del Gobierno decrear un verdadero Plan de Protección a Víctimas yTestigos a la luz de la Ley de Justicia y Paz.

En este sentido, el informe señala problemas gra-ves en seguridad y protección a las víctimas que ha-cen parte del proceso y una incapacidad total delEstado para abordar el tema de la violencia sexualen el marco del conflicto armado.

En el Documento Público No. 4, se denuncia el en-gaño por parte del Gobierno en relación con las ci-fras de postulados, porque nos presentó 3711 y va-mos a llegar solo a 120, que cumplen a cabalidad conel proceso de justicia y paz, pero además de este gru-po la mitad (60) estarán extraditados. Este es un temagrave porque desde el principio solo ha habido 651desmovilizados en la cárcel. ¿No será que quieneshoy día están delinquiendo en las llamadas bandasemergentes son los mismos que hacen parte de estacifra de la cual ha hecho alarde el gobierno y si es así,porque siguen apareciendo en la lista de postula-dos?, señaló la directora de la Alianza IMP, ÁngelaYasmith Cerón Lasprilla.

Violencia Sexual

En el tema de la violencia sexual se presentan doscaras, la de los perpetradores y la de las víctimas. Enel caso de los victimarios se hace evidente que du-rante el proceso de justicia y paz, estos prefirierondenunciar miles de homicidios y no las agresionessexuales en contra de las mujeres, pese a los testimo-nios que se han recogido y la jurisprudencia de laCorte respecto al tema. Actualmente solo se han pre-sentado 9 confesiones y 20 hechos confesados.

De parte de las víctimas, las mujeres en su situa-ción de vulnerabilidad no se atreven a denunciar,pese al trabajo que realizan las organizaciones demujeres como el caso de la Alianza IMP. Sin embar-go, hay algunos avances; en agosto de 2008 habían116 denuncias de las mujeres, en septiembre 125, enoctubre 140 denuncias. Ahora bien el documento se-ñala que la Fiscalía ha informado sobre cifras no con-solidadas que este año van en 204 denuncias. Esimportante destacar que este número de denunciassigue siendo pequeño frente a la realidad, pero essignificativo porque ha crecido en 8%.

Propuestas

Ante esta crítica situación del desarrollo de laLey de Justicia y Paz, la Alianza IMP propone:� Que se aplique la ley en el marco de la justi-cia transicional, eso quiere decir que de una vezpor todas se defina el número de postulados, locual significaría en la practica que los tenganen el mismo lugar de reclusión para saber conquiénes realmente se está interactuando y quié-nes están cumpliendo con la ley.� Que se acaben las extradiciones y se pri-vilegie la justicia colombiana y los derechosde las victimas, por encima de los intereses deotros países.� Que se garantice continuidad de procesosen relación con los extraditados.� Que se avance en los procesos de repara-ción y se defina cuándo, cómo y dónde se van aentregar los bienes por parte de losparamilitares.� Que se defina el tema de las tierras paradevolverle la vida digna a los campesinos des-pojados de ellas.� Que la Comisión Nacional de Reparacióny Reconciliación – CNRR asuma la creaciónde las Comisiones Regionales de Reparación

Informe público N° 4Informe público N° 4Cifras reveladoras en el desarrollo de

justicia y Paz: El Gobierno incumple con

garantías reales a las víctimas en Justicia

y Paz. Solo 60 postulados cumplirían con

el proceso de Justicia y Paz.

OFICINA COMUNICACIONES - IMP *

Bogotá, D. C.

porque a cuatro años, como lo ordenó la ley975, ni siquiera se han constituido.� Que se cree conjuntamente con las victimasun sistema especial de tratamiento a las vícti-mas de violencia sexual, a nivelinterinstitucional.� Que se modifique, amplíe y garantice el ac-ceso de las victimas a los procesos judiciales.� En materia de protección y seguridad quese le brinden todas las garantías a las víctimasy testigos en desarrollo de los procesos judicia-les, dado que estamos en un proceso en mediodel conflicto armado y que persisten los gru-pos paramilitares o bandas emergentes.� En el tema de protección y seguridad, queel Gobierno asuma y cumpla a cabalidad conel fallo de la Corte Constitución a través de laSentencia T-496 de 2008 en el tratamiento delenfoque diferencial de género, pues a la fechael gobierno aun no ha adoptado las medidasen torno a un programa de protección y seguri-dad para las víctimas en justicia y paz �

* Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por laPaz – IMP. http://www.mujeresporlapaz.org/

Reintegración comunitaria: transforma y reconcilia: En este modelo de reintegración las comunidades recep-toras tienen un papel fundamental.

La diferencia cuenta: La reintegración comunitaria con enfoque diferencial implica pensar en las especificidadesde las comunidades que reciben a los desmovilizados.

Las bandas emergentes siguen creciendo y preocupando: Paralelo a la acción militar contra las bandas emer-gentes, el Estado debe intensificar su trabajo en otras áreas.

Bandas emergentes: historias que se repiten: En 246 municipios de 27 departamentos del país hay presencia debandas emergentes.

EnHechos DEL CALLEJÓN…Hechos DEL CALLEJÓN…

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23ReseñasPANDORAPANDORA

NORTE

CEPRODCalle 25 Nº 17 - 34 Oficina 202 Sincelejo - SucreTelefax: (952) 824420

PASTORAL SOCIALCalle 59 Nº 21 - 45 Barrio GalánBarrancabermeja - Santander

FORO COSTA ATLÁNTICACalle 76 Nº 47 - 36 Piso 2 Barranquilla - AtlánticoTel. (953) 3603301

CORPORACIÓN TIEMPOS DE VIDACalle 16 Nº 7 - 24 Magangué - BolívarTel. (075) 6876278 Fax 6877496

NOROCCIDENTE

ESCUELA NACIONAL SINDICALCalle 51 Nº 55 - 78 Medellín - AntioquiaTel. (074) 5133100 / 5133887 / 5110099 Fax (074) 5122330

CONCIUDADANÍACarrera 49 Nº 60 - 50 Medellín - AntioquiaTel. (074) 2542238 / 2849546 Fax 2548800

CORPORACIÓN REGIÓNCalle 55 N º 41 - 10 Medellín - AntioquiaTel. (074) 2166822 Fax (94) 2395544

CORPORACIÓN VIVA LA CIUDADANÍA ANTIOQUIACalle 52 Nº 40 - 64 Interior 302 Medellín - AntioquiaTelfax. (074) 2280028

ROSALBA GONZÁLEZCarrera 6 Nº 7 - 67 Barrio La EstrellaTel. (078) 4342092 Fax 353333Florencia (Caquetá)

CENTRO

CASA DE LA MUJERCarrera 35 Nº 53A - 86 Bogotá, D. C.Tel. (91) 2218785 / 2229172 / 76 / 97

CORPORACIÓN DIÁLOGO DEMOCRÁTICOCalle 20a Nº 14 - 14 Oficina 205 Armenia - QuindíoTel. (0967) 7411558 7447126

CORFASCalle 54 Nº 10 - 81 pisos 2 y 3 Bogotá, D. C.Tel. (91) 2121514 - 2121088 Fax 2124672

FUNDACIÓN PODIONCalle 54 Nº 10 - 81 piso 6 Bogotá, D. C.Tel. (91) 2481919 Fax 2353893

FORO NACIONAL POR COLOMBIACarrera 4 A Nº 27 - 62 Bogotá, D. C.Tel. 2822550 Fax 2861299

VIVA LA CIUDADANÍA REGIONAL BOGOTÁCalle 54 Nº 10 - 81 Piso 4 Bogotá, D. C.Tel. 2176247 - 3473147

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FORO CAPÍTULO VALLECarrera 36 A Bis Nº 6 - 35 Cali - ValleTel. (92) 5581534 - 5141141 Fax 5541098

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CORPORACIÓN COMPROMISOAvenida González Valencia Carrera 32 Nº 58 - 20Bucaramanga - Santander Tel. (077) 6334771 / 2

FUNPROCEPCalle 42 Nº 14 - 64 Bucaramanga - SantanderTel. (077) 6426324 Fax 6307060

La encopetada Plaza de Bolívar, la delas palomas y fotógrafos de antaño, lade los ocasionales turistas, la de lasconcentraciones de trabajadores o la delos manifestantes por la paz y contra laguerra… cambia de visitantes. Se tratade la concentración de más de 400 pro-ductores/as campesinos/as que insta-larán los acostumbrados MercadosCampesinos.

Una Plaza de Bolívar atiborrada decarpas, lugares de venta directa de ali-mentos frescos a precios justos hechapor los productores del campo al con-sumidor final.

Más de dos mil campesinos deCundinamarca, Boyacá, Tolima y Metahacen parte del programa de Mercadoscampesinos, proceso que inició desdeel 2004 y que se ha fortalecido año trasaño. Actualmente, los comités munici-pales del programa de Mercados Cam-pesinos reciben el apoyo de más de 30alcaldías, entre ellas: Cachipay, El Co-legio, Tena, Topaipí, Cáqueza, Ubaque,Chipaque, Guasca, Silvania, Pandi,Chocontá, Viotá, La Vega, Sasaima,Villeta, Útica, El Rosal, Supatá, Cogua,Nuevo Colón, Gachantivá, Coper,Pauna, Otanche, Tunungua, Guateque,Paipa y Ráquira.

Este interesante proceso de iniciati-va de las organizaciones campesinases apoyado en Bogotá por la Unión Eu-ropea, Oxfam, ILSA y la Alcaldía Mayorde Bogotá a través de la SecretaríaDistrital de Desarrollo Económico.

Serán más de 150 toneladas de ali-mentos frescos y de calidad, traídos di-rectamente del campo, llegarán a Bo-gotá, como manera de visibilizar la im-portancia que tiene la pequeña y me-

5 de junio de 2009: campesinos y campesinascelebramos con Usted(es) nuestro día

DÍA DEL CAMPESINADODÍA DEL CAMPESINADO

diana producción campesina dentro delabastecimiento de la capital de la Re-pública y su seguridad alimentaria.

Conjuntamente con los productosfrescos que se ofrecerán, la concentra-ción de los Mercados Campesinos con-tará además con una variada programa-ción de eventos culturales.� Carnaval cultural: carrozas,comparsas y grupos musicalescampesinos, que partirá desde laPlaza de Toros hasta la Plaza deBolívar. Se realizaran presentacio-nes artísticas durante todo el día.� Mercado campesino: parti-ciparán más de 400 productores/as de la región central del país(Cundinamarca, Boyacá, Tolima yMeta). En este importante espa-cio estarán como invitados produc-tores/as de Córdoba, Valle delCauca, Eje cafetero y comunida-des indígenas.� Festival gastronómico: pla-tos típicos de las diversas regio-nes harán las delicias de los visi-tantes, así como las golosinasautóctonas de cada región.� Muestra artesanal: produc-tos en lana de oveja, de madera,tejidos, etc.� Carpa institucional: en ellaparticiparán las instituciones quese adhieran al evento con unstand, donde podrán ofertar susservicios y proyectos.Aparte del evento del próximo 5 de ju-

nio, el proyecto Mercados Campesinosrealiza periódicamente mercados pre-senciales en algunos parques de la ciu-dad de Bogotá en las siguientes fechasprevistas para este resto de año 2009:

Informes: Coordinador General 3203422856; Secretaría General3104812733; Comunicaciones 3132920506: Oficina 2692278.

Organiza: Comité de Interlocución Campesina y comunal – CICCCon el apoyo: ILSA, OXFAM, Alcaldía de Bogotá – Secretaría

Distrital de Desarrollo Económico.

16 de mayo de 2009. Parques de Alcalá, Policarpa, Olaya y Villa Luz

30 de mayo de 2009. Parques de Alcalá, Policarpa, Olaya y Villa Luz

5 de junio de 2009. Plaza de Bolívar.

4 de julio de 2009. Parques de Alcalá, Policarpa, Olaya y Villa Luz

1 de agosto de 2009. Parques de Alcalá, Policarpa, Olaya y Villa Luz

29 de agosto de 2009. Parques de Alcalá, Policarpa, Olaya y Villa Luz

5 de septiembre de 2009. Parques de Alcalá, Policarpa, Olaya y Villa Luz

19 de septiembre de 2009. Parques de Alcalá, Policarpa, Olaya y Villa Luz

3 de octubre de 2009. Parques de Alcalá, Policarpa, Olaya y Villa Luz

17 de octubre de 2009. Parques de Alcalá, Policarpa, Olaya y Villa Luz

21 de noviembre de 2009. Parques de Alcalá, Policarpa, Olaya y Villa Luz

Parque Alcalá (Avenida carrera 19 con calle 138)

Parque Villa Luz (Carrera 77A con calle 64C)

Parque Olaya (Calle 27 sur con carrera 22)

Parque Policarpa (Carrera 10 entre calles 3 y 4 sur)

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Bogotá, mayo de 2009

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