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Programa Poblaciones afectadas Por el conflicto

La memoria desde las víctimas v Cauca: los caminos de la organización

social y comunitaria


La memoria desde las víctimas v Cauca: los caminos de la organización

social y comunitaria

Corporación Nuevo Arco Iris

Bogotá, diciembre de 2007

Agencia Española de CooperaciónInternacionalpara el Desarrollo


corPoración nuevo arco iris

León Valencia Agudelo Director ejecutivo

Luisa Margarita Gil Olaya Coordinadora del Programa

Paula Andrea Ila y Linda Sánchez AvendañoInvestigación y redacción

ISBN 978-958-98833-7-2

Con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, aecid

Las opiniones expresadas en este libro no reflejan necesariamente las de aecid Colombia. Los contenidos de cada monografía son responsabilidad exclusiva de sus respectivos autores.Este material podrá ser reproducido, siempre y cuando la fuente sea citada.

Bogotá D.C., Colombia, 2009

Fotografía cubierta Archivo fotográfico Programa Poblaciones Afectadas por el Conflicto, cnai.

Corrección de estilo y diseño gráfico Taller de Edición • Rocca® S.A. Teléfonos/Fax.: 243 2862 - 243 8591 Transversal 6ª No. 27-10, oficina 206, Bogotá D.C. [email protected] [email protected] www.tallerdeedicion.com

Impresión y acabados Zetta Comunicadores S.A. Pbx: 359 9000 Calle 63c No. 32-38, Bogotá D.C.

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Contenido

agradecimientos 9

Prólogo 11 Memorias que duelen pero que también sanan

introducción 15

consideraciones concePtuales y metodológicas 19

caPítulo i Contexto regional 27

caPítulo ii Situación de las organizaciones sociales y de víctimas 53

caPítulo iii Reflexiones finales 83

glosario 87

referencias 95

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AgrAdeCimientos

Manifestamos nuestro agradecimiento a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, aecid, que ha apoyado de cerca y ha alentado el trabajo de fortalecimiento de las víctimas y sus organizaciones para la exigibi-lidad de sus derechos.

Por otra parte, agradecemos a Leonardo Ortega y Mercedes Méndez, quienes coordinaron el proyecto de “Acompañamiento a la exigibilidad de las víctimas”. Así mismo a Yamileth Miranda, Andrés Campo y Hermedis Gutié-rrez Idrobo, que nos brindaron elementos valiosos para comprender el contexto regional.

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Prólogo

memoriAs que duelen Pero que tAmbién sAnAn

Ahora lo tenemos bien sabido: la inveterada guerra que golpea nuestro país se alimenta de una estela de memorias vengativas. Fue en la inauguración de las negociaciones del Caguán cuando se hizo más visible el cúmulo de dolores y re-clamos que Manuel Marulanda Vélez tenía en su corazón. Los proclamó en una carta que envió a la ceremonia de instalación de los diálogos. Hablaba de agre-siones lejanas, cuando a principios de los años sesenta se vio obligado a tomar el camino de las armas ante el ataque del Ejército a Pato, Riochiquito y Guayabe-ro; pero también de tiempos más cercanos, cuando se vio impelido a desalojar la Uribe después de que se rompió la tregua que había pactado con el Gobierno Nacional. No se limitaba a mencionar las vulneraciones a la vida, se detenía espe-cialmente en la usurpación de sus ganados y gallinas, de sus viviendas y caballos, de la ruptura azarosa de la tranquilidad de sus huestes. El legendario Tirofijo ha muerto, pero en el corazón de las farc quedó grabada con fuego esa memoria que alentó a sus fundadores y que aún es emblema de todos sus combatientes.

No menos insistente en la vindicación de la muerte de su padre fue Carlos Castaño, el feroz inspirador de los paramilitares. Alguna vez, en los momentos en los que estaba en el empeño de unir atodos los grupos paramilitares en un proyec-to de alcance nacional, dijo que el éxito de este proyecto estaba asegurado porque él había buscado con apremio muchas personas prestantes ofendidas por las gue-rrillas que servirían de soporte regional y local a la gran acción que se proponía iniciar. Creía que la venganza que anidaba en aquellos hombres sería suficiente para convocarlos a una cruzada de horror.

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Sería injusto decir que la inapelable determinación del presidente Uribe de perseguir las farc hasta los confines de las montañas tiene como única o princi-pal motivación la leyenda infame de la muerte de su padre a manos de esta gue-rrilla, pero no hay duda de que esa tristeza es un rudo acicate para su espíritu y así lo ha dejado ver en muchas oportunidades.

Aludo a estos personajes que han tejido con sus manos la historia de este conflicto, aunque bien podría contar innumerables historias de hombres y muje-res anónimos que llevan en sus ojos la marca indeleble del dolor y la dura cruz de la venganza.

Pero existe otra cara de la memoria y esa sí que es especial, insólita y sor-presiva. Hay quienes buscan en los meandros azarosos de la violencia sus propias historias de dolor, los rostros perdidos de sus familiares y amigos, las señas de un pasado tranquilo que fue alterado drásticamente por la intervención artera de al-guno de los actores armados; buscan el recuerdo, sólo para reclamar un poco de justicia, para pedir una reparación que la mayoría de las veces es apenas que se diga la verdad, que se reconozca la ofensa, que se vindique al ofendido. Son las memorias no vengativas.

Muchas veces sólo van tras la entrega de los restos de su ser amado para po-der descansar del agobio que significa la desaparición forzada. Otras veces, acuden a reclamar su pequeña franja de tierra donde nacieron y luego criaron a sus hijos, no se resignan a perder una tradición atada a un paisaje de la infancia, quieren volver a habitar un nicho que les fue tan caro a sus afectos, que les dio seguridad y per-tenencia en los años perdidos de su juventud. Son así las múltiples memorias que hemos ido encontrando en este acompañamiento doloroso de las víctimas de la vio-lencia de estos últimos quince años cuando la acción concertada entre paramilitares y desvergonzados agentes del Estado, a lo largo y ancho del país, ofendió, desalojó y sacrificó a miles y miles de personas inocentes e inermes.

Hemos recibido una lección de vida enorme: se puede acompañar a las víctimas desde la perspectiva del perdón y la reconciliación. La nobleza de las víctimas puede ser infinita si se respeta su memoria dolorosa, si no se les trata de engañar, si se les habla con la verdad, si se les muestra un horizonte de paz en el porvenir. Hay una enorme posibilidad de controvertir las memorias vengativas, de mostrarles a quienes han sufrido que hay dos maneras opuestas de revivir el pasado, de recordar la tragedia, de traer a la memoria las tristezas de esta larga guerra: una, para intentar justicia por la propia mano, para lanzarse a producir una ofensa igual o mayor que la recibida apelando a la violencia; otra, para re-clamar un resarcimiento de verdad, justicia y reparación que apunte a la paz y la reconciliación entre los colombianos.

En la Corporación Nuevo Arco Iris nos hemos apegado a esta segunda po-sibilidad. Ha sido una experiencia humana que nos ha enfrentado a la vez al dolor

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y la esperanza. Todos(as) los(as) integrantes de Nuevo Arco Iris que trabajan en las comunidades de más de diez departamentos, compartiendo con personas que han sido agredidas, han encontrado tantas historias escabrosas como ilusiones y sueños de un mundo mejor.

La cooperación española ha sido un soporte económico invaluable en esta tarea de disputarle a las memorias vengativas el campo de preeminencia, para que salgan a flote las memorias inspiradas en el deseo ferviente del perdón, la paz y el reencuentro entre todos los colombianos y colombianas.

León ValenciaBogotá, octubre de 2008

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introduCCión

La política se construye sobre cadáveres. Es la lógica del progreso.Si queremos acabar con esa lógica hay que tomarse en serio a los muertos,

los derechos de los caídos, las injusticias que se les hicieron.

Walter Benjamin

Durante el desarrollo del proyecto de “Acompañamiento a la exigibilidad de los derechos de las víctimas de la violencia en el marco de la Ley de Justicia y Paz en cinco ciudades de Colombia”1, el cual fue apoyado por la Agencia Espa-ñola de Cooperación Internacional para el Desarrollo, aecid, se llevó a cabo un proceso de documentación de casos de violaciones a los derechos humanos e in-fracciones al Derecho Internacional Humanitario, dih. Si bien en la coyuntura colombiana actual se destaca alguna visibilidad pública de los derechos a la ver-dad, justicia y reparación de las víctimas del conflicto armado interno, a través por ejemplo de la divulgación de los testimonios de las víctimas en medios ma-sivos de comunicación, así como de diversas manifestaciones y eventos como el Encuentro Nacional de Víctimas pertenecientes a Organizaciones Sociales2, rea-lizado en Bogotá del 26 al 28 de julio de 2007, o la Galería de la Memoria reali-zada por las víctimas del Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad, codehsel, en diferentes espacios de Medellín en septiembre de 20073, resulta

1 Este acompañamiento a víctimas de la violencia y sus organizaciones se desarrolló en las ciudades de Santa Marta, Pasto, Popayán, Quibdó y el municipio de Tuluá (Valle del Cauca) durante el año 2007.

2 Este evento contó con la participación de más de dos mil delegados de aproximadamente ochenta or-ganizaciones de todo el país.

3 Esta Galería de la Memoria tuvo lugar en el marco de la Semana de los Derechos Humanos, cuyo lema fue “Que se escuche la voz de las víctimas”. A propósito de esta Galería, ver: http://colombia.indymedia.org/news/2007/09/71798.php

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Programa Poblaciones Afectadas por el Conflicto

fundamental –en ausencia de una Comisión de la verdad4– conocer los hechos de violencia sucedidos para que las víctimas voluntariamente puedan hacer exigibles aquellos derechos en el marco normativo actual –sea por el procedimiento especial de la Ley 975 de 2005, denominada “Ley de Justicia y Paz”5, la justicia ordinaria o la jurisdicción de lo contencioso administrativo–, o bien, que estén informadas y preparadas para que lo puedan efectuar en condiciones futuras más favorables.

El derecho a la verdad tiene estrecha relación con las garantías de no repe-tición de los crímenes. El derecho a saber está consagrado como uno de los dere-chos de las personas y comunidades que han sido afectadas por crímenes de lesa humanidad6.

4 La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, cnrr, dentro del mandato que estipula la Ley 975 de 2005, creó un Grupo o Comisión de Memoria Histórica con la misión de realizar una investigación acerca de las causas del surgimiento de los grupos armados ilegales; pero este Grupo no tiene las funciones de una Comisión de la Verdad, que consisten en investigar y establecer los hechos de violación de derechos humanos producidos en un determinado período de tiempo en un territorio definido con la intención de identificar a las víctimas –y el universo de las víctimas– y los presuntos responsables de los crímenes, lo-grando de este modo la posibilidad de asignar responsabilidades por los hechos identificados.

5 La Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, constituye el marco normativo e institucional con el que se está llevando a cabo el proceso de paz y de negociación política con los grupos paramili-tares. En el texto de esta ley se establece la garantía de los derechos de las víctimas a la Verdad, la Justicia y la Reparación: “La presente ley tiene por objeto facilitar los procesos de paz y la reincorporación indi-vidual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación” (Artículo 1°, Ley 975 de 2005, ver igual-mente el Artículo 4°).

6 Los crímenes de lesa humanidad son aquéllos que al ser cometidos contra una persona o comunidad ofenden a la humanidad entera, entre ellos se encuentran el asesinato, el desplazamiento forzado, la tortura, la desaparición forzada y otros delitos, siempre que se cometan contra una población civil como parte de un ataque generalizado o sistemático, de conformidad con los intereses de la política de un Es-tado o de una organización para lograr sus objetivos. Estos crímenes se encuentran definidos en varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los cuales se destaca el Estatuto de la Corte Penal Internacional o Estatuto de Roma (2002):

“Artículo 7. Crímenes de lesa humanidad

1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por ‘crimen de lesa humanidad’ cual-quiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:a) Asesinatob) Exterminioc) Esclavitudd) Deportación o traslado forzoso de poblacióne) Encarcelación o privación grave de libertad física en violación de normas graves del

derecho internacionalf ) Torturag) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización for-

zada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparableh) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos po-

líticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, etcéterai) Desaparición forzada de personasj) El crimen del apartheidk) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes su-

frimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.

La memoria desde las víctimas v Cauca: los caminos de la organización social y comunitaria

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El presente libro es el último de un conjunto de cinco monografías regio-nales, en las cuales a partir de estudio de casos, se intenta dar cuenta de la diná-mica del conflicto armado en algunas regiones del país e indagar por su impacto en el tejido social y en las organizaciones sociales y comunitarias. A diferencia de los cuatro volúmenes precedentes, en el caso del Cauca no se reconstruyen casos específicos de violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto, toda vez que desde la situación de inseguridad vivida, las víctimas aseguran que aún no tienen las garantías necesarias que les permitan contar su historia en la pers-pectiva de no repetición: un rasgo de los intentos de hacer memoria en medio del conflicto.

El fundamento de tal iniciativa radica en la convicción de la necesidad de reconstrucción de la(s) memoria(s), la cual no es “una” sola, sino memorias plura-les, locales y/o regionales. A través de las historias reconstruidas en este libro se intenta coadyuvar a la memoria moral, que no se trata meramente de recordar el pasado sino de “reivindicar el sufrimiento oculto como parte de la realidad o, lo que es lo mismo, denunciar toda construcción de presente que ignora la vigencia de una injusticia pasada”7.

En este sentido, la relevancia de la documentación de los hechos de violen-cia radica en visibilizar el contexto de violencia armada y política en el departa-mento del Cauca, a partir de hechos que ejemplifican la modalidad criminal de los grupos armados organizados al margen de la ley en la zona, con el propósito de que la memoria del sufrimiento de las víctimas no quede en el olvido y cues-tione los(as) ciudadanos(as) para que nunca más hechos semejantes permanezcan en la impunidad. Así mismo, resulta central reconocer la capacidad de reconstruir las relaciones comunitarias a través de expresiones creativas e identidades resig-nificadas desde la particularidad de los territorios como escenarios para la acción social colectiva.

Por otra parte, la comprensión del contexto regional proporciona elemen-tos para develar por qué pasó lo que pasó, que es la pregunta que acucia a muchas víctimas del conflicto en Colombia.

En la construcción de la memoria moral las voces de las víctimas constituyen un imperativo ético que no debe ser acallado, frente al cual afirma Reyes Mate:

Necesitamos de la memoria de las víctimas y los supervivientes. Es además una categoría de progreso: la condición para avanzar si no quere-mos que el futuro sea mera reproducción del presente8.

7 reyes Mate, Manuel, A contraluz de las ideas políticamente correctas, Editorial Anthropos, Barcelona, 2005, p. 48.

8 Periódico El Correo, entrevista a Manuel Reyes Mate: “No todos los sufrimientos son iguales, pero todos exigen una respuesta solidaria”, 20 de noviembre de 2006.

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Finalmente, este libro constituye un humilde acto de solidaridad con los hombres, las mujeres, los jóvenes, las niñas y los niños que con tenacidad y dolor transformados en valentía, llevan a cabo la lucha por la exigibilidad de sus dere-chos a la verdad de lo sucedido –la identificación de los culpables, la asignación de responsabilidades y el reconocimiento público de las mismas–, por la memoria de sus seres queridos, por la justicia y la reparación, para que nunca más se repitan hechos de barbarie similares.

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ConsiderACiones ConCePtuAles y metodológiCAs

Para abordar el estudio de casos regionales donde se reconstruyen hechos de graves violaciones a los derechos humanos se parte del reconocimiento de que en Colom-bia existe un conflicto armado interno, en los términos que el Derecho Internacio-nal Humanitario contempla como conflicto armado sin carácter internacional:

… conflictos armados… que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte Contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando res-ponsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo9.

El reconocimiento del conflicto armado colombiano implica que se vuelva obligatoria la exigencia del cumplimiento del Derecho Internacional Humanita-

9 Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo ii), Artículo 1°, numeral 1. A dife-rencia de las posturas esgrimidas por el Gobierno Nacional, no se consideran como terroristas los actos de los grupos armados al margen de la ley. En ese caso no tendría aplicación el Protocolo ii de los Con-venios de Ginebra toda vez que éste no se aplica a “… las situaciones de tensiones internas y de distur-bios interiores, tales como motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos, que no son conflictos armados” (Artículo 1°, numeral 2).

Para reconocer la existencia de un conflicto armado dentro de un país “basta que un conflicto no inter-nacional ocurra dentro del territorio de un Estado entre grupos identificables, sin la exigencia de que el bando opositor ejerza un dominio sobre una parte del territorio estatal y tenga capacidad de realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”. Ver swinarski, Christophe, Principales nociones e insti-tutos del Derecho Internacional Humanitario como sistema de protección de la persona humana, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José de Costa Rica, 1991, p. 37.

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rio, dih10, a las partes enfrentadas. Al respecto, la Defensoría del Pueblo, en su ejercicio de la Magistratura Moral en materia de derechos humanos y de Derecho Internacional Humanitario, ratificó en su Informe anual de 2004 que en Colom-bia existe un conflicto armado interno donde se debe aplicar “la normativa del Artículo 3° –común– de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y de su Proto-colo adicional ii de 1977”11. Además, sostuvo que reducir la situación del país a una amenaza terrorista conllevaba un problema de aplicabilidad e incumplimien-to de las normas del dih, opinión compartida por organismos internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja, cicr, y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos12. Así mismo, la Corte Constitucional en su Sentencia C-225 de 1995 al declarar la constitucionalidad (exequibilidad) del Protocolo ii Adicional a los Convenios de Ginebra, referido a la protección de las víctimas en el marco de conflictos ar-mados sin carácter internacional, reconoció que dicho Protocolo era acorde con la Constitución Política de Colombia y por ende, era de aplicación prioritaria según lo estipulado en el Artículo 93 (Bloque de Constitucionalidad), en razón de la existencia de un conflicto armado de carácter no internacional.

Para la reconstrucción de los hechos se concibe una idea de la memoria que supone una idea del tiempo. El concepto de memoria contiene implicaciones políticas y morales, tal como lo afirma el filósofo español Reyes Mate. Este autor sostiene que la memoria moral es sinónimo de justicia, lo esencial de dicha me-moria es que el olvido del sufrimiento de las víctimas es una injusticia sobre la que está edificado nuestro presente. Esta noción de memoria constituye entonces una categoría interpretativa que permite leer lo que no está escrito y, por ende, supone la existencia de dos tipos de pasado: uno presente en la actualidad, que es el pa-sado de los vencedores, y el otro, ausente, que es el pasado de los vencidos. “Pues bien, si queremos que el futuro sea otra cosa… hay que recurrir a las esperanzas frustradas de los vencidos”13. Por ello, las miradas y voces de las víctimas han sido una brújula para plantear el trabajo.

En el marco de la memoria, el tiempo histórico puede ser considerado como la tensión entre el “espacio de experiencia” y el “horizonte de expectativa”, categorías históricas que propone el historiador alemán Reinhart Koselleck para comprender el problema del tiempo en la historia. La consideración de estas dos

10 Derecho Internacional Humanitario, dih: se trata de normas que pretenden humanizar la guerra al esti-pular medios de protección para los no combatientes (población civil) que los combatientes deben res-petar y ciertos límites en las formas de atacarse.

11 defensoría del Pueblo, Duodécimo informe del Defensor del Pueblo al Congreso de la República, enero-di-ciembre de 2004, Bogotá, 2005.

12 córdoba caviedes, Álvaro, “A propósito de la propuesta de acuerdo humanitario”, en revista Foro No. 57, Ediciones Foro Nacional por Colombia, Bogotá, marzo de 2006, pp. 71-72.

13 reyes Mate, Manuel, óp. cit., p. 52.


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categorías permite superar la idea de tiempo lineal pasado-presente-futuro, ligado a la idea de progreso de la Ilustración. De este modo, este autor habla de estratos del tiempo donde la idea de pasado y futuro están ligadas al presente. Por otra parte, la estructura temporal de la expectativa no se puede tener sin la experien-cia, pero la expectativa no se deduce totalmente de la experiencia. Koselleck de-fine las categorías referidas del siguiente modo:

La “experiencia” es un pasado presente, cuyos acontecimientos han sido incorporados y pueden ser recordados. En la experiencia se fusionan tanto la elaboración racional como los modos inconscientes del compor-tamiento… en la propia experiencia siempre está contenida y conservada una experiencia ajena.

… La expectativa está ligada a personas, siendo a la vez impersonal, también la expectativa se efectúa en el hoy, es futuro hecho presente, apun-ta al todavía-no, a lo no experimentado, a lo que sólo se puede descubrir. Esperanza y temor, deseo y voluntad, la inquietud pero también el análisis racional, la visión receptiva o la curiosidad forman parte de la expectativa y la constituyen14.

Por otra parte, en el análisis de los hechos de violencia en el marco del con-flicto armado, se pregunta por la respuesta institucional frente a lo sucedido y a las acciones de las víctimas. En este sentido, a partir de la reconstrucción de los sucesos y su contextualización, se indagará de qué manera las instituciones esta-tales respondieron frente a los hechos perpetrados y cuáles fueron las acciones de los(as) familiares de las víctimas. Para este propósito se utilizará el concepto de capital social, que ha sido definido de muchas maneras15 pero que para el presente trabajo se entenderá como:

… redes sociales capaces de generar una serie de beneficios públicos y privados a los individuos que las conforman; estos beneficios serían inal-canzables para un individuo. Adicionalmente, se asume que su desarrollo

14 koselleck, Reinhart, Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos, Editorial Paidós, Barce-lona, 1993 (1979), p. 338.

15 En el presente trabajo se consideran las distinciones fundamentales que Putnam plantea en torno al ca-pital social: capital social formal, capital social denso, capital social hacia dentro, capital social que tien-de puentes. Ver PutnaM, Robert, El declive del capital social, Editora Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2003.

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no es autónomo del marco institucional, formal e informal, en el que inte-ractúa la comunidad16.

La lectura de los hechos de violencia desde este enfoque permitirá indagar qué efectos produce la acción institucional en las comunidades que regula y en el tipo de capital que éstas construyen. La violencia, en el marco del conflicto ar-mado colombiano, implica un reto al capital social de las sociedades que afecta, toda vez que ataca los lazos de confianza, la cohesión y la cooperación entre los miembros de la sociedad, pero también porque “suele corromper las instituciones formales generando menor gobernabilidad y legitimidad de éstas”17. La pregunta por el capital social está asociada también a la identificación de los daños oca-sionados por el conflicto armado en lo local, los daños individuales pero también los daños colectivos provocados con la desaparición forzada de líderes sociales y comunitarios reconocidos por la comunidad.

A lo largo del libro se utiliza el concepto de víctima, entendido a partir de la violencia política desatada por el accionar y el enfrentamiento de grupos arma-dos –legales y organizados al margen de la ley– en la región. Es importante des-tacar que el término ha sido definido jurídicamente en la Ley 418 de 1997 y en la Ley 975 de 2005, y ampliado con el fallo de la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-370 de 200618. Al respecto, es importante hacer la diferencia entre la definición jurídica a efectos de reivindicar derechos inalienables de la persona humana –que puede ser restrictiva o favorable a las personas con afectaciones por el conflicto armado–, y por otro lado, el reconocimiento individual y aun colec-tivo de que se es víctima. Este proceso de verse como víctimas supone tiempos muchas veces individuales, que tienen relación con las formas de procesar lo ocu-rrido y de posicionarse frente a ello y, por otra parte, implica un proceso colectivo ligado al entramado de relaciones en las cuales las víctimas experimentan redes sociales de apoyo.

La connotación de la palabra víctima puede significar “vencido”, del latín victus, y esta semántica puede relacionarse con una postura pasiva de quien se ha-lla en esa condición, la cual muchas veces es reforzada por políticas asistencialis-tas del Estado. Pero otro significado latino de esta palabra se refiere a “comida” o “alimento de la vida”, y en este sentido se puede asociar al significado social que tiene la situación de la víctima cuando supone una acción ejercida desde su si-tuación de vulneración de derechos, donde la persona toma fuerza, se empodera,

16 franco suárez, María Carolina, Institucionalidad, capital social y violencia. Una caracterización desde la zona cafetera, Uniandes-ceso, Bogotá, 2006, p. 10.

17 Ibídem, p. 11.18 Consultar el Glosario al final del libro.


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denuncia la injusticia sufrida y exige sus derechos. En este punto, es importante considerar las redes sociales que acompañan y promueven el empoderamiento de las víctimas y de este modo facilitan la resiliencia, es decir, esa capacidad para so-breponerse a las dificultades más dolorosas e inexplicables que procede del tejido entre la interioridad de la persona y el entorno social19.

Teniendo en cuenta las diferentes connotaciones sociales del término vícti-ma, de las cuales sólo se esbozaron apenas dos muy evidentes, en el presente libro se entiende a la víctima como sujeto de la memoria. Como afirma Reyes Mate: “La memoria no se arruga ante términos como prescripción, amnistía o insolven-cia, pues tiene la mirada puesta en la víctima. Y si hubo una injusticia pasada y no ha sido saldada, la memoria proclama la vigencia de esa injusticia”20. Poner la mirada sobre la víctima cuestiona el presente construido sobre el olvido y permite ver el lado oculto de la realidad que ha sido declarado insignificante.

Por otra parte, no se desconoce que en Colombia hay víctimas de críme-nes de Estado y víctimas del conflicto social, que tiene causas estructurales. En este libro se intentará mostrar la situación de las víctimas del conflicto armado que residen en Popayán, donde la responsabilidad de los hechos ha recaído sobre grupos paramilitares y guerrilleros que operaron en la región en las décadas de 1990 y 2000, algunos de los cuales hacen parte del proceso de desmovilización iniciado en el marco de la Ley 975 de 2005, de “Justicia y Paz”. En este sentido, el libro vislumbrará la lectura del proceso desde el lado de las víctimas y por ello su importancia en la coyuntura actual.

Como no se concibe la idea de víctima como una identidad fija o estable en la vida de una persona, sino como una condición impuesta por hechos dolorosos que puede ser afrontada desde un proceso de duelo y desde el reconocimiento so-cial del sufrimiento, que incluiría medidas eficaces en torno a la verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición, en el análisis de los casos se in-cluye la pregunta por las “estrategias” de las víctimas –los(as) familiares directos en este caso– para sobrellevar los hechos de violencia sufridos, que se sucedieron con la inevitable celeridad de la caída de una hilera de naipes: detrás de la des-aparición forzada o el homicidio se produjo el desplazamiento de la familia, la ruptura de vínculos familiares, la pérdida de bienes, la revictimización por parte del Estado, entre otros.

Por ello, como la perspectiva es la mirada de las víctimas, interesa indagar las estrategias que éstas utilizaron para llegar a lo que son hoy; cómo han resistido

19 “… la resiliencia constituye un proceso de entramado entre lo que somos en un momento dado y los recursos afectivos presentes en el medio ecológico social… Se trata de cómo el sujeto sobrelleva la ad-versidad construyendo una salida vital para superar el trauma…”. Ver en Melillo, Aldo, et ál., Resiliencia y subjetividad. Los ciclos de la vida, Editorial Paidós, Buenos Aires, 2004, pp. 70-71.

20 reyes Mate, Manuel, óp. cit., p. 47.

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el olvido y el silenciamiento; cómo se han ido posicionando en esta lucha por la recuperación de los cuerpos y la reivindicación de la memoria de sus seres amados y cómo se han ido percibiendo y reconociendo como ciudadanos(as).

Por último, en la serie La memoria desde las víctimas se utiliza el concepto de “emoción”, entendido como acto comunicativo ya que se dirige a otros e implica aspectos relacionales21. Se entiende la experiencia emocional como culturalmente elaborada y con un papel importante en la construcción de sujetos sociales. A tra-vés de este concepto se intentan analizar las percepciones de las víctimas respecto de los hechos sucedidos, superando la identificación de la emoción con lo irracio-nal a través de la consideración de las dimensiones públicas y cognitivas de la ex-periencia emocional. La mirada a la experiencia emocional permitirá comprender qué es lo importante en el horizonte de expectativas de las víctimas.

Por otra parte, la atención a lo emocional permitirá conocer quiénes fueron las víctimas antes de sufrir los hechos de violencia, qué significaban para su fa-milia y su comunidad y cuáles eran sus sueños y proyectos de vida. De este modo, se pretende conjurar el intento de los victimarios: arrebatarles su identidad me-diante la desaparición forzada, dejando sus sueños en el olvido como una señal directa de amnesia forzada a la comunidad. La apuesta también será por alejarlos del lenguaje estricto de las estadísticas o los “casos” de las víctimas, rememorando las personas de carne, hueso y sentimientos, silenciadas y despojadas por la irra-cionalidad de la guerra.

Teniendo en cuenta que en este volumen no se documentan casos específi-cos del Cauca, se asumirá una lectura del contexto local a partir de la situación de los movimientos sociales y la situación de las víctimas y sus organizaciones. Para ello, se tendrá en cuenta la conceptualización de Mauricio Archila Neira sobre movimientos sociales y acción social colectiva dado que permite pensar las expre-siones organizativas en el departamento del Cauca22.

Para desarrollar el propósito de memoria en el cual se enmarca la serie La memoria desde las víctimas, aunque no tan presente en este quinto volumen, se ha desarrollado una metodología de estudio de casos para la cual se seleccionaron uno o dos casos representativos por los tipos de delitos involucrados relacionados con el patrón de victimización y el modus operandi de los actores armados.

21 lutz, Catherine y M. white, Geoffrey, “The Anthropology of Emotions”, en Annual Review of Anthropolo-gy, 15: 405-36, 1986. Citado en JiMeno, Myriam, Crimen pasional. Contribución a una antropología de las emociones, unal, Bogotá, 2004, p. 41.

22 archila neira, Mauricio, Idas y venidas, vueltas y revueltas. Protestas sociales en Colombia 1958-1990, icanh-cineP, Bogotá, 2005.


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Para la recolección de información sobre el contexto regional los hechos se desarrollaron entrevistas semiestructuradas23, una revisión concisa de prensa e información oficial –informes procedentes de instituciones públicas–. Así mismo, para la construcción del contexto regional se realizó una pesquisa bibliográfica y se utilizó un instrumento para recolectar información de terreno acerca de la per-cepción sobre la dinámica del conflicto en la región por parte de actores locales.

Nota: Por razones de seguridad respecto de las personas aludidas, en el presente libro no se identificarán sus nombres y apellidos, debido a las dificultades de hacer me-moria en medio del conflicto.

23 La entrevista semiestructurada es un tipo de entrevista en la cual no se sigue una secuencia de pregun-tas fijas, aunque sí se adecua a un esquema o pauta general.

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CAPítulo i

Contexto regionAl

1. Datos generales del departamento del Cauca

Superficie: 29.308 km• 2

Población: 1.182.022 habitantes (proyección • dane 2005) Capital: Popayán, 258.653 habitantes (proyección • dane 2005) Año de creación: 1910 (por la Ley 65/1910)• Número de municipios: 41• 1

1 Municipios (41) del Cauca: Almaguer, Argelia, Balboa, Bolívar, Buenos Aires, Cajibío, Caldono, Caloto, Corinto, El Tambo, Florencia, Guapi, Inza, Jambaló, La Sierra, La Vega, López de Micay, Mercaderes, Miranda, Morales,

28


Población: •Mestizos y blancos: 56,31%•Afrodescendientes: 22,19%•Indígenas: 21,5%•

Alrededor del 70% de la población vive en áreas rurales. Las comunidades indígenas más representativas que habitan el territorio son “los Páez (sic) en el norte y en el oriente, guambiano en el oriente, yanacona en el suroriente, embera en el noroeste, coconuco en el oriente e inga en el sur del territorio”2. En el Cauca se encuentran ocho etnias indígenas: los yanaconas, los ingas, los coconucos, los totoroes, los paeces, los guambianos y los eperara siapidara.

La población afrodescendiente se localiza principalmente en el norte, cen-tro y costa pacífica del departamento.

Mapa No. 1. Departamento del Cauca

Fuente: ocha, en: http://www.colombiassh.org/site/IMG/png/Cauca_A3_sin.png

Padilla, Páez, Patía, Piamonte, Piendamó, Popayán, Puerto Tejada, Puracé, Rosas, San Sebastián, Santa Rosa, Santander de Quilichao, Silvia, Sotará, Suárez, Sucre, Timbío, Timbiquí, Toribío, Totoró, Villa Rica.

2 Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y dih, “Panorama Actual del Cauca”, Co-lombia, 2004, p. 2.

NariñoCaquetá

HuilaCauca

Tolima

Putumayo

Valle del Cauca

Cord

illera

Occid

enta

l

Nevado del Huila 5750m

Sierra Nevada de los Coconucos

Macizo

Cord

illera

Cent

ral

29


2. Principales actividades económicas

El departamento del Cauca se caracterizó desde sus inicios por tener una importante actividad económica y política que con el paso del tiempo fue des-acelerándose, llegando a presentar las condiciones de estancamiento y rezago que hoy se observan y que han dejado como resultado fenómenos de pobreza en un amplio sector de la población, limitaciones en el sector agropecuario, problemas ambientales por la extracción intensiva de recursos –en sus bosques especialmen-te– y la concentración de las tierras.

Según cifras del último censo realizado por el dane en el año 2005, el por-centaje de Necesidades Básicas Insatisfechas llegó al 167% con respecto a la po-blación de los otros treinta y un departamentos de Colombia. Por su economía no llegó a representar ni el 2% del pib nacional3.

Resulta paradójico el hecho de que si bien el departamento del Cauca cuen-ta con una importante reserva de oro, agua y una gran diversidad de suelos, gran parte de este territorio no posee las condiciones productivas necesarias para su explotación, lo que ha desencadenado la saturación por el uso sistemático de los terrenos que son aptos.

Según cálculos del año 2005 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, sólo un pequeño porcentaje del suelo es usado en actividades de explotación eco-nómica, como por ejemplo cultivos semipermanentes y permanentes semi-inten-sivos, 6,07%; cultivos transitorios semi-intensivos, 2,43%; cultivos transitorios intensivos, 0,16% y ganadería extensiva, 2%. El suelo restante es destinado a ac-tividades como la conservación forestal de protección, 36,41%; de recursos hídri-cos e hidrobiológicos, 8,26% y actividades agroforestales, 18,45%4. Sumada a lo anterior se presenta la carencia de mallas viales para conectar adecuadamente los municipios y otros problemas de infraestructura.

Otra de las actividades económicas desarrolladas en el departamento es la pesca, la minería, la piscicultura y las industrias manufacturera y azucarera. Los principales productos sembrados en el departamento son la caña de azúcar, la yuca, el maíz, el tomate, el fique, la caña panelera, el fríjol y el café.

Una de las principales crisis que vivió el sector azucarero entre septiembre y noviembre de 2008 tuvo relación con el prolongado paro realizado por doce mil quinientos corteros de caña de trece ingenios azucareros de los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, debido al aumento del desempleo por el monopolio

3 GaMarra verGara, José R., “La economía del departamento del Cauca: concentración de tierras y pobreza”, documentos de trabajo sobre economía regional No. 95, Centro de Estudios Regionales ceer-Banco de la República de Colombia, Cartagena de Indias, octubre de 2007, p. 5.

4 Ibídem. p. 55.

30


ejercido por los ingenios azucareros, la baja remuneración recibida por sus trabajos y tierras y el incumplimiento de la patronal respecto de los acuerdos firmados5.

Respecto de los cultivos de uso ilícito, se calcula que el 63,4% de los mu-nicipios del Cauca contaba con cultivos de este tipo antes de iniciar las fumiga-ciones en 2000.

3. Fisiografía (geografía física) del Cauca

El departamento del Cauca limita al norte con los departamentos de Toli-ma y Valle del Cauca, al sur con Putumayo y Nariño, al occidente con el Océano Pacífico y al oriente con el departamento del Huila.

El Cauca se encuentra ubicado en el macizo colombiano, del que se des-prenden las cordilleras central y occidental, por lo que su geografía es bastante accidentada. Esto hace que tengan presencia todos los pisos térmicos. Muestra de ello son los volcanes de Puracé y Sotará, el Nevado del Tolima, una parte de la selva amazónica ubicada en lo que se conoce como la “bota caucana” o “piede-monte amazónico” y la costa pacífica al occidente del departamento, en donde se ubican además las islas de Malpelo y Gorgona.

Los ríos más importantes que lo atraviesan son el Cauca, el Caquetá y el Magdalena, seguidos por otros ríos de menor extensión como Cajibío, Guapi, Jambaló, Micay, Patía, Paez y Timbiquí. De igual manera el departamento abar-ca una parte importante de los valles del río Cauca y del río Patía.

Río Mazamorras, municipio de Sucre, zona sur del Cauca

Fuente: Archivo fotográfico, Programa Poblaciones Afectadas por el Conflicto, cnai.

5 Ver artículos de prensa relacionados: “Inició el paro de los corteros de caña de azúcar del Valle y Cauca, Co-lombia”, en: http://www.censat.org/noticias/2008/9/25/Inicio-el-paro-de-los-corteros-de-cana-de-azucar-del-Valle-y-Cauca---Colombia/; “Tensión en Valle y Cauca por paro de corteros de caña de azúcar”, en: http://beta.canalcaracol.com/nota_interna.aspx?hid_id=44042; “Corteros de caña anuncian paro indefinido desde el 12 de octubre. Cauca, Colombia”, en: http://www.desdeabajo.info/index.php/actualidad/colombia/1149-corteros-de-cana-anuncian-paro-indefinido-desde-el-12-de-octubre-cauca--colombia.html

31


Mapa No. 2. Mapa físico del departamento del Cauca

NariñoCaquetá

HuilaCauca

Tolima

Putumayo

Valle del Cauca

Cord

illera

Occid

enta

l

Nevado del Huila 5750m

Sierra Nevada de los Coconucos

Macizo

Cord

illera

Cent

ral

Fuente: ocha, en: http://www.colombiassh.org/site/IMG/png/Cauca_A3_1.png

En el macizo colombiano se encuentra una reserva de la biosfera que se lo-caliza en el cinturón andino y está conformada por los Parques Nacionales Natu-rales Puracé, Nevado del Huila y el Parque Cueva de los Guácharos. La reserva fue declarada como tal en enero de 19806 y cubre un área de 853.000 hectáreas. De los municipios que pertenecen a la reserva, se encuentran en el macizo co-lombiano: Corinto, Paez, Toribío, Río Blanco, Puracé, San Sebastián, Sotará, La Plata, Salado Blanco, San Agustín, Acevedo, Iquira, Teruel –los seis últimos municipios corresponden al departamento del Huila–.

6 “En Colombia en 1980 fueron declaradas tres reservas de la biosfera, que cubren un área de 1.799.000 hectáreas equivalentes al 1,57% del área del país. Como área proyectada para constituirse está el archi-piélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Ley 99. Artículo 37)”. Instituto de Hidrología, Me-teorología y Estudios Ambientales, ideaM, en http://www.ideam.gov.co/publica/Macizo/Cap.5.pdf

32


3. Indicadores de desarrollo: salud, educación, calidad de vida

Observar los principales indicadores de desarrollo del departamento permi-te conocer las condiciones de la población que reside en dicho territorio, así como interrogar sobre el impacto de la dinámica del conflicto armado en el mismo.

Se incluyen indicadores de los niveles de educación, salud, Necesidades Básicas Insatisfechas, nbi, y el número de desplazamientos forzados por actor para el departamento del Cauca y, comparativamente, para los otros cuatro en los que se desarrolló el proyecto de “Acompañamiento a la exigibilidad de los dere-chos de las víctimas de la violencia en el marco de la Ley de Justicia y Paz en cinco ciudades de Colombia” –cnai, con apoyo de aecid–.

Las cifras de los indicadores corresponden a datos recientes (2006-2007) y a la década anterior, caracterizada por la expansión paramilitar y el cambio con-secuente en la dinámica del conflicto armado en los diversos territorios.

Cuadro No. 1. Población con hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas, nbi, por departamentos (urbano-rural). Censo de 19937

Departamento Municipios proyecto aeci nbi municipios proyecto aeci Total departamento

Cauca Popayán 22,17 56,40

Chocó Quibdó 80,95 80,39

Magdalena Santa Marta 34,76 55,15

Nariño Pasto 26,60 56,31

Valle Tuluá 24,24 24,72

7 “La metodología de nbi busca determinar, con ayuda de algunos indicadores simples, si las necesida-des básicas de la población se encuentran cubiertas. Los grupos que no alcancen un umbral mínimo fi-jado son clasificados como pobres. Los indicadores simples seleccionados son: viviendas inadecuadas, viviendas con hacinamiento crítico, viviendas con servicios inadecuados, hogares con alta dependencia económica y hogares con niños en edad escolar que no asisten a la escuela”, en: Departamento Admi-nistrativo Nacional de Estadística, dane. Tomado de: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/con-diciones_vida/NBI.xls

33


Cuadro No. 2. Población con hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas, nbi, por departamentos (urbano-rural). Censo de 20058

Departamento Urbano Rural Total

Cauca 24,0 61,6 46,4

Chocó 82,3 75,2 79,1

Magdalena 39,9 65,0 47,6

Nariño 25,9 59,4 43,8

Valle 14,0 25,8 15,6

En primer lugar, hay que mencionar que es bastante preocupante la in-capacidad que se tiene para encontrar cifras que muestren el porcentaje de nbi departamental con las mismas discriminaciones; es decir, estas cifras de 1993 se muestran para cada uno de los municipios de los treinta y dos departamentos del país sin establecer el porcentaje de nbi a nivel rural y urbano, como sí sucede con las cifras publicadas en el censo de 2005. Sin embargo, este último censo no muestra los resultados obtenidos por cada uno de los municipios sino de manera general.

Es importante anotar que las cifras más cercanas –en cuanto al índice de nbi– datan de 1993, año en que fue realizado el último censo nacional del siglo xx y a partir del cual sólo es posible calcular este importante indicador para los años posteriores hasta 2005, cuando se realizó un nuevo censo nacional.

Según los datos producidos por el dane en 1993, el Cauca es el segundo departamento, luego de Chocó, que posee el mayor porcentaje de nbi en compa-ración con los otros cuatro departamentos de la selección mencionada. En 2005 ocupa el tercer lugar luego de Chocó y Magdalena.

No obstante, si bien las condiciones parecen haber mejorado, el crecimien-to está lejos de ser homogéneo y, si bien el porcentaje de personas con nbi se re-dujo, también es cierto que los beneficios han aumentado y se han concentrado en reducidos sectores.

8 Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en: http://www.dane.gov.co/index.php?option= com_content&task=category&sectionid=35&id=391&Itemid=887

34


Cuadro No. 3. Porcentaje en Colombia de personas que asisten a la escuela, colegio o universidad por grupos de edad y nivel educativo, según regiones del país y

área (cabecera y resto). Personas de 16 a 18 años y de 19 a 25 años. 19979

Regiones y área

Personas de 16 a 18 años Personas de 19 a 25 años

Porcentaje de asistentes Secundaria Universidad Porcentaje

de asistentes Secundaria Universidad Posgrado

Atlántica

Total 61,92 54,37 7,55 22,32 13,22 9,1 0

Cabecera 67,43 57,96 9,47 25,61 14,22 11,39 0

Resto 46,11 44,08 2,03 13,23 10,46 2,77 0

Pacífica

Total 48,69 41,41 7,28 21,27 8,27 12,78 0,22

Cabecera 56,64 46,07 10,56 27,4 9,18 17,89 0,33

Resto 34,8 33,25 1,55 9,27 6,51 2,77 0

Central

Total 51,69 48,04 3,65 14,36 6,56 7,8 0

Cabecera 59,51 54 5,51 17,11 6,9 10,21 0

Resto 37,8 36,9 0,18 7,93 5,77 2,16 0

Total

Total nacional

56,04 49,18 6,86 23,85 7,98 15,67 0,2

Total cabecera

64,3 55,35 8,95 28,74 8,37 20,1 0,27

Total resto 33 31,97 1,03 8,86 6,79 2,07 0

9 Fuente: Encuesta Nacional de Vida del Departamento administrativo Nacional de Estadística, en: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/cv_asist_escuela_edad_16-25.xls

35


Cuadro No. 4. Número de alumnos en Colombia matriculados por nivel educativo y zona. Información de recolección sin ajuste por cobertura, año 200610

Depa

rtam

ento Preescolar Primaria Secundaria y media

Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural

Cauc

a

23.598 11.208 12.390 181.105 62.297 118.808 95.545 62.839 32.706

Choc

ó

11.939 5.701 6.238 62.763 27.848 34.915 32.723 24.988 7.735

Mag

dalen

a

64.795 37.683 27.112 161.437 97.404 64.033 111.917 87.928 23.989

Nariñ

o

34.245 18.190 16.055 191.614 82.209 109.405 109.923 84.631 25.292

Valle 97.104 84.117 12.987 420.290 347.772 72.518 370.621 331.872 38.749

Tota

l nal.

1.089.115 823.331 265.784 4.869.718 3.296.270 1.573.448 3.867.000 3.296.360 570.640

Las cifras de educación que se muestran para 1997 relacionan el nivel edu-cativo con dos grupos de edades, de dieciséis a dieciocho años y de diecinueve a veinticinco años. Estas cifras se encuentran establecidas por regiones, es decir, no se hallan discriminadas por departamentos, tomando en cuenta la cabecera muni-cipal y el resto de la región. El dane establece entonces ocho regiones: Atlántica, Oriental, Pacífica, Central, Antioquia, Bogotá-Soacha, Orinoquía-Amazonas y San Andrés y Providencia, pero sólo en tres de ellas fue desarrollado el proyecto

10 Fuente: Índice de Educación Formal 2006, en: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/educacion/educacion_formal/EFormal_alumnos_zona_2006.xls

36


de “Acompañamiento a la exigibilidad de los derechos de las víctimas de la vio-lencia en el marco de la Ley de Justicia y Paz en cinco ciudades de Colombia”, por cnai-aecid: las regiones Atlántica, Pacífica y Central.

Según las cifras del Cuadro No. 3, en materia de educación, la región Pací-fica –dentro de la que se encuentra el departamento del Cauca–, es la que cuenta con los índices más bajos en materia educativa con respecto a las regiones Cen-tral y Atlántica, en especial en enseñanza secundaria. No obstante, se observa que existe un nivel elevado de alumnos en las zonas rurales, esto se debe en gran medida a que la mayoría de hogares con niños que se encuentran en edad escolar viven en dichas zonas, pero la mayoría no cuenta muchas veces con la posibilidad de enviar a sus hijos al colegio.

Las cifras en educación de la población entre los diecinueve y los veinticin-co años no parecen tan desalentadoras si se tiene en cuenta, por ejemplo, que el porcentaje de asistencia en la región Pacífica supera en un 6,91% a la región Cen-tral y por esta misma línea a diferencia de la región Atlántica, la formación en postgrado si bien sigue siendo muy precaria, 0,22 %, es más alta que en las otras dos regiones, que reportaron para ese año un 0%.

Ahora bien, para el año 2006 el dane estableció los datos por departa-mento y no por región del “número de alumnos matriculados por nivel educativo y zona” (ver Cuadro No. 4), que permiten observar el comportamiento que tuvo el sector educativo en 2006 en cuanto al número de alumnos –tanto a nivel rural como urbano– en cuanto a educación preescolar, primaria y secundaria y media, y no para la educación universitaria y a nivel de postgrados, como muestra el Cua-dro No. 311.

Según los datos observados en los dos últimos cuadros, en los cinco depar-tamentos seleccionados (Cuadro No. 4) en los que el proyecto tuvo lugar, Chocó es el que tiene los peores índices educativos, seguido por el Cauca.

En la formación preescolar y secundaria, el Cauca ocupa el cuarto lugar en el número de alumnos matriculados respecto de la selección de los cinco departa-mentos que se comparan en el análisis; mientras que en la educación primaria el número de alumnos matriculados lo ubica en el tercer lugar.

11 Los Cuadros No. 4 y 5 no permiten comparar los datos, toda vez que el primero estipula el número de asistentes por cada sector, mientras que el segundo observa únicamente el número de matricula-dos, lo que imposibilita diferenciar en qué porcentaje los niños que fueron matriculados, efectivamente asistieron al colegio y terminaron el año escolar.

37


Cuadro No. 5. Cifras de desplazamiento forzado por departamentos por actor hasta el 30 de noviembre de 200712

Departamento expulsor (proyecto aeci) Autores

Tipo de desplazamiento Total generalIndividual Masivo

Cauca

nd 16.182 21.757 37.939

Autodefensas o paramilitares 7.298 1 7.299

Fuerza Pública 307 307

Grupos guerrilleros 23.865 1 23.866

Más de un actor de desplazamiento 194 194

No identifica 7.918 2 7.920

Otros 8.761 8.761

Total Cauca 64.525 21.761 86.286

Chocó

nd 7.390 44.977 52.367




Más de un actor de desplazamiento 68 3 71


Otros 10.884 4 10.888

Total Chocó 58.470 45.012 103.482

Magdalena

nd 17.093 34.454 51.547

Autodefensas o paramilitares 22.469 22.469

Fuerza Pública 1.289 1.289

Grupos guerrilleros 19.230 19.230



Otros 25.133 25.133

Total Magdalena 104.175 34.455 138.630

12 En: http://www.accionsocial.gov.co/Estadisticas/publicacion%20nov%2030%20de%202007.htm

38


Nariño

nd 14.248 23.529 37.777




Más de un actor de desplazamiento 381 2 383


Otros 3.962 3.962

Total Nariño 49.323 23.640 72.963*

Valle

nd 17.013 32.326 49.339






Otros 11.048 2 11.050

Total Valle 64.894 32.337 97.231

Las cifras de desplazamiento forzado publicadas por Acción Social el 30 de noviembre de 2007, dejan ver que el fenómeno del desplazamiento forzado es una realidad preocupante no sólo para el caso del Cauca y los otros cuatro depar-tamentos en los que se llevó a cabo el proyecto de “Acompañamiento a la exigibi-lidad de los derechos de las víctimas”, en el cual se enmarca la serie La memoria desde las víctimas, sino que constituye una situación humanitaria grave que afecta a vastos espacios del territorio nacional.

Es importante señalar que a pesar de mostrarse en el cuadro que el mayor número de desplazamientos forzados son producidos por actores no identificados, nd, en el Cauca los grupos guerrilleros son los que de manera comparativa gene-ran la mayor cantidad de casos de desplazamiento forzado, que en su mayoría se presentan de manera individual. Estos grupos desplazaron tanto de manera indi-vidual como masiva un total de 23.766 personas, mientras que los grupos para-militares desplazaron un total de 7.299 y la Fuerza Pública 307.

Esta tendencia también es observable en los departamentos de Nari-ño y Chocó, mientras que para el departamento del Magdalena los principales

39


responsables de los desplazamientos forzados son los grupos paramilitares, luego de los actores nd. En el Valle del Cauca estos actores no identificados, nd, son responsables en mayor medida de los desplazamientos forzados.

De los cinco departamentos comparados, Magdalena es el que presenta los índices más elevados de población desplazada, luego se encuentran Chocó, Valle del Cauca, Cauca y finalmente Nariño.

El fenómeno del desplazamiento forzado reviste diversas y dramáticas for-mas de victimización que implican no sólo el despojo y abandono de los territo-rios, propiedades y formas de vida, sino también otras violaciones a los derechos fundamentales de las personas, que paradójicamente hoy por hoy no son recono-cidas por muchas entidades como víctimas del conflicto armado y que les niegan esta condición sin entender que si bien “no todas las víctimas del conflicto son desplazadas, todos las personas desplazadas son víctimas”.

Es así como “las implicaciones humanitarias y las consecuencias para el de-sarrollo social y económico de las regiones más afectadas por el desplazamiento forzado obligan de igual forma a las instituciones a generar acciones y políticas concretas dirigidas a atender el problema y prevenir que en el futuro no ocurran nuevos hechos”13.

Una de las principales causas del desplazamiento forzado en el Cauca es la presencia y disputa por el control del territorio entre los diferentes actores arma-dos, de acuerdo con los intereses estratégicos ligados a recursos, corredores, entre otros. Esto exige de forma inmediata la puesta en práctica de medidas y políticas efectivas en todos los niveles (municipal, departamental, regional, nacional) para hacer frente a esta realidad superando el asistencialismo, tal como ha ocurrido en los últimos años.

Estas políticas deben tener en cuenta no sólo las personas que huyen del departamento por el miedo que produce la guerra, o las que se ven constreñidas por los actores armados y deben irse, sino también aquellas que ingresan como desplazadas al Cauca, procedentes de departamentos aledaños.

13 Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, comunicacio-nes, “Entre la expulsión y el retorno, la dinámica del Desplazamiento Forzado en el Valle del Cauca”, en: http://www.derechoshumanos.gov.co/modules.php?name=informacion&file=article&sid=481

40


Cuadro No. 6. Tasa de homicidios por departamento entre 1990 y 199914

Período 1990 - 1999

Tasa de homicidios

Nivel (por cien mil habitantes) Cambio porcentual Diferencia

del cambio porcentual

Departamento MediaDesv. Stdr.

Min. Max. MediaDesv. Stdr.

Min. Max. MediaDesv. Stdr.

Min. Max.

Cauca 41.8 6.8 34.7 56.9 -2% 15% -32% 20% 1% 26% -45% 32%

Chocó 6.2 2.5 3.5 11.9 3% 48% -38% 117% -11% 68% -98% 143%

Magdalena 48.6 8.0 38.0 60.5 2% 20% -27% 26% 0% 28% -52% 45%

Nariño 24.7 2.4 20.7 26.3 1% 17% -17% 24% 7% 28% -31% 37%

Valle 89.7 17.1 61.5 124.0 4% 17% -19% 24% 0% 24% -43% 37%

Cuadro No. 7. Tasa de homicidios, secuestros, masacres, por departamento entre 2006 y 200715

Departamento 2006 2007 Variación en el período

Cauca

Homicidios 542 646 19%

Víctimas de masacre 0 10

Casos de masacre 0 2

Homicidios de alcaldes y ex alcaldes 1 0 -100%

Homicidios de indígenas 4 5 25%

Homicidios de sindicalistas de otros sectores 1 1 0%

Homicidios de maestros sindicalizados 1 4 300%

Homicidios de maestros no sindicalizados 1 0 -100%

Secuestro 42 18 -57%

14 borrero, Pablo Querubín, “Crecimiento departamental y violencia criminal en Colombia”, Documento cede 2003-12 Edición Electrónica, Universidad de los Andes, Abril de 2003, p. 47.

15 Observatorio el Programa de Derechos Humanos y dih, Estadísticas por departamento, en: http://www.derechoshumanos.gov.co/modules.php?name=informacion&file=article&sid=160

41


Departamento 2006 2007 Variación en el período

Chocó

Homicidios 120 113 -6%

Víctimas de masacre 17 6 65%

Casos de masacre 2 1 50%

Homicidios de alcaldes y ex alcaldes 0 1 100%

Homicidios de indígenas 6 1 -83%


Homicidios de maestros sindicalizados 2 0 -100%

Homicidios de maestros no sindicalizados 0 0 0%

Secuestro 13 18 38%

Magdalena

Homicidios 397 402 1%

Víctimas de masacre 4 9 125%

Casos de masacre 1 2 100%



Homicidios de sindicalistas de otros sectores 1 0 -100%




Nariño

Homicidios 797 778 -2%

Víctimas de masacre 32 9 -72%

Casos de masacre 6 2 -67%






Secuestro 33 34 3%

Valle

Homicidios 3.461 3.270 -6%

Víctimas de masacre 27 4 -85%

Casos de Masacre 6 1 -83%

Homicidios de Alcaldes y ex alcaldes 1 0 -100%



Homicidios de maestros sindicalizados 2 2 0%

Homicidios de maestros no sindicalizados 4 2 -50%


42


Según cifras reportadas por el Programa de Derechos y Derecho Interna-cional Humanitario de la Presidencia de la República, entre el año 2006 y 2007 el mayor número de víctimas reportadas fue por homicidio con una variación im-portante del 19%, dado que se pasó de 542 personas en 2006 a 6.446 en 2007.

Durante el 2006 no se presentaron masacres a diferencia del 2007 en el que se registran dos, que dejaron en total diez personas muertas. Resulta importante la disminución que se da en el número de alcaldes y ex alcaldes asesinados, pasan-do de uno en el 2006 a cero en el 2007. Por su parte, el aumento de homicidios de maestros sindicalizados en un 300% muestra un comportamiento dramático y, si bien el número de homicidios de indígenas se redujo en un 25%, no deja de ser preocupante este fenómeno, no sólo para el departamento del Cauca sino para el país en general.

Finalmente, durante el período analizado existe una reducción importante del 57% en el número de secuestros, pasando de cuarenta y tres en el 2006 a die-ciocho en el 2007.

Estas cifras, si bien no muestran toda la complejidad del conflicto armado, y menos aun todas las consecuencias e impactos que éste trae aparejado, permi-te ver a grandes rasgos la dimensión de algunos hechos de violencia, que incluso pueden ser mayores si se toman en cuenta, por ejemplo, cifras no oficiales.

4. Dinámica del conflicto armado en el Cauca

El departamento del Cauca ha tenido en su territorio una presencia fuer-te de actores armados que ha desencadenado una crisis humanitaria muy fuerte, en especial en las poblaciones indígenas y afrodescendientes. Uno de los puntos de inflexión de esta crisis tuvo lugar durante los años 2000 y 2001, cuando la presencia y acción de los grupos de autodefensa se expandió del norte al sur y se intensificó, en especial por medio del Frente Pacífico, ubicado en la costa, la in-fluencia del Bloque Calima al norte del departamento con una fuerte conexión con el Valle del Cauca y con el Bloque Farallones en los municipios de Santander de Quilichao, Cajibío, Caldono y Buenos Aires.

Durante ese período, el número de masacres, desplazamientos forzados y asesinatos selectivos aumentó dramáticamente. Los grupos de autodefensas fue-ron afirmando su presencia en el Cauca de manera paulatina desde el norte hasta el sur del departamento, tanto en áreas rurales como urbanas, llegando a estable-cerse fuertemente en importantes sectores de la carretera Panamericana, la cual se extiende desde el departamento de Nariño hasta el Valle del Cauca.

Como se puede observar en el Mapa No. 3, los municipios en los que se pro-dujo el mayor número de desplazamientos forzados –municipios expulsores– son

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López de Micay, Cajibío, Bolívar, Santa Rosa, Piamonte y Sucre. Los municipios que reciben en mayor medida a la población que ha sido víctima del desplaza-miento forzado son Guapi, Mercaderes y Timbiquí. Por su parte, aquéllos que se han consolidado por ser tanto receptores como expulsores de población despla-zada son El Tambo, Patía, Popayán, Buenos Aires, Toribío, Corinto y Santander de Quilichao.

De igual manera, se puede observar en el mapa la ubicación de las princi-pales entidades no gubernamentales que trabajan a lo largo y ancho del depar-tamento, como son la oim, unicef, Pax Christi, Rescate, pma, Diakonie, entre otras.

Mapa No. 3. Comunidades en riesgo por desplazamiento forzado en Cauca, año 2007

Fuente: Elaborado por iasc. Comité Permanente Interagencial Cauca.

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A finales de 2003, luego del proceso de negociación y acercamiento reali-zado por los grupos de autodefensas y el Gobierno Nacional, tuvo lugar la des-movilización16 en el municipio de Cajibío –corregimiento de Ortega– de ciento sesenta y ocho miembros de las Autodefensas Campesinas de Ortega, entre los cuales había ciento veintiún hombres, 75%, y cuarenta y un mujeres, 25%17.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, farc, que han tenido una presencia más prolongada en el territorio –desde la década de 1970–, tuvie-ron un período de auge entre 2001 y 2004 al presentar un aumento significativo de sus acciones, caracterizadas principalmente por enfrentamientos con las Fuer-zas Militares en combates y ataques a su infraestructura –en especial las estacio-nes de Policía–. Así mismo, sus acciones involucraron la toma de poblaciones y la realización de hostigamientos. No obstante, algunas de las tomas de pueblos en el norte del departamento fueron contrarrestadas por la población indígena y su movimiento de resistencia que pretende la autonomía frente a los diferentes acto-res armados en el territorio.

Esta tendencia en el comportamiento de las farc difirió en ese período con la del Ejército de Liberación Nacional, eln, cuyas acciones terrestres y retenes ilegales disminuyeron y en algunas ocasiones se combinaron con las de las farc.

En la actualidad, el departamento del Cauca cuenta con la presencia de grupos armados ilegales como los frentes 30, 29 y 60 de las farc y la columna móvil José Luis Cabrera del eln. En cuanto a la desmovilización de los grupos paramilitares que controlaban zonas del departamento, si bien se redujo la esca-lada de los enfrentamientos, se ha denunciado por parte de la población civil que

16 “El 7 de diciembre de 2003, en la vereda del Edén en el corregimiento de Ortega, se realizó la entrega de armas y la desmovilización de ciento sesenta y ocho integrantes de las Autodefensas Campesinas de Ortega con la presencia del Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, el delegado de la oea, Sergio Caramgna, el asesor del alto comisionado para la Paz, Darío Mejía, el coronel Juan Ramón Ponce, el Obispo de Popayán y el Gobernador del Valle, entre otros”. Ver alto coMisionado Para la Paz, “Infor-me ejecutivo. Diciembre 7 de 2003-junio 7 de 2004. Proceso de desmovilización y reincorporación de las Autodefensas Campesinas de Ortega”, en: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/web/orte-ga/junio_07.htm

17 Según el politólogo e investigador Mauricio Romero Vidal, se entiende por autodefensas aquellas fuer-zas armadas irregulares que defienden un territorio –de agresiones– sin vocación expansionista ni de incidencia en otras regiones, constituyendo fenómenos preferentemente locales. Por el contrario, los paramilitares son fuerzas armadas irregulares que obedecen a proyectos nacionales de expansión, con una estructura relativamente centralizada, federativa y con un claro propósito contrainsurgente. Mauri-cio Romero enfatizó la dimensión política del surgimiento de los grupos paramilitares como resultado de la confluencia de una serie de mecanismos que se desatan con la implementación de las políticas de paz, descentralización y apertura política en los años ochenta: la potencial participación política elec-toral de sectores de la guerrilla en los ámbitos locales ocasionó la oposición de las élites regionales, el rechazo de las Fuerzas Armadas frente a las políticas de paz y la creación de grupos de justicia privada por parte de narcotraficantes, para dar origen a los grupos paramilitares. Éstos se consolidaron por la confluencia de oposición a los intentos de reformas democratizadoras del poder y la riqueza en el ám-bito rural”. Ver cruz rodríGuez, Edwin, “Los estudios sobre el paramilitarismo en Colombia”, en revista Análisis Político No. 60, Bogotá, mayo-agosto 2007.

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muchos de estos grupos aún siguen operando en la zona bajo nombres como el de Águilas Negras.

La Fuerza Pública tiene una importante presencia en el departamento que ha ido incrementando en los últimos años, especialmente con la implementación de la política de Seguridad Democrática18, por lo que se puede advertir la presencia de las brigadas 2 y 29 y de las infanterías de Marina No. 10 y 70 (ver Mapa No. 4).

El departamento del Cauca se ha consolidado como un territorio geoestra-tégico en el marco del conflicto armado colombiano dado que permite tener ac-ceso tanto a la zona de la Amazonía como a la costa pacífica, el Valle del Cauca y Ecuador, fundamental para el tráfico de estupefacientes, armas y la movilización de efectivos. Por esta razón, la zona conocida como la “Bota Caucana”19 que co-munica directamente a este departamento con el del Putumayo y el Caquetá, es la que cuenta con mayor presencia de grupos armados ilegales en el departamento.

Una de las zonas que se ha consolidado en la producción y siembra de coca se concentra en la Cordillera Central, especialmente en los departamentos de Piedemonte, Argelia, Balboa, El Tambo, Mercaderes, Bolívar y Patía.

Otros fenómenos que se advierten en el departamento son los elevados nive-les de corrupción administrativa y en el marco del conflicto, el desplazamiento for-zado de civiles y de comunidades indígenas dadas las condiciones de confrontación en esta zona entre los grupos armados ilegales y entre éstos y la Fuerza Pública.

Los mapas que se presentan a continuación permitirán dar cuenta –de ma-nera detallada– de la presencia de grupos armados ilegales en la región y el con-trol de zonas estratégicas que caracteriza la dinámica del conflicto armado en el departamento. En este sentido, se identifican seis zonas estratégicas en el depar-tamento en el marco del conflicto armado interno, a saber: zona pacífica, norte, centro, oriente, región sur y el macizo y piedemonte amazónico.

En el Mapa No. 4 se señala que las farc tienen presencia en la zona pací-fica por medio de tres frentes: el Frente 30, cuya zona de acción está básicamen-te en el municipio de López de Micay, y los frentes 29 y 60, cuya operación está dada en los municipios de Timbiquí y Guapi.

18 La política de Seguridad Democrática, desarrollada en la administración Uribe Vélez desde 2002, se sus-tentó en siete premisas: 1. Fortalecer la Fuerza Pública para recuperar el control del territorio y proteger la infraestructura y soberanía nacionales; 2. Desarticular la cadena de producción y tráfico de drogas ilí-citas; 3. Fortalecer la justicia; 4. Atender las zonas deprimidas y de conflicto; 5. Fortalecer las relaciones internacionales; 6. Fortalecer la convivencia y los valores ciudadanos; y 7. Proteger y promover los Dere-chos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Ver escobar, Andrea, Pabón Natalie y Mendivil Laura, “La actual reforma militar en Colombia: la renovación de las fuerzas armadas” en varGas velás-quez, Alejo y Patiño, Carlos Alberto, editores, Reforma militar en Colombia. Contexto internacional y re-sultados esperados, Colección Pensamiento Político Contemporáneo, Universidad Pontificia Bolivariana, Consejo de Medellín, No. 19, Medellín 2006, p. 207.

19 Los municipios de Piamonte y Santa Rosa conforman la denominada “Bota Caucana” en la zona del ma-cizo y piedemonte amazónico.

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Mapa No. 4. Presencia de actores armados en la zona pacífica, Cauca

Fuente: Equipo local Cauca, Programa Poblaciones Afectadas por el Conflicto, cnai.

La zona norte del Cauca, conformada por trece municipios, tiene presen-cia de las farc por medio de dos columnas móviles y un frente: la columna móvil Jacobo Arenas en los municipios de Caloto, Corinto y Toribío; la columna móvil Arturo Ruiz en los municipios de Suárez, Buenos Aires y Santander de Quili-chao y el Frente 6 en los municipios de Villa Rica, Caloto, Padilla, Corinto y Mi-randa (ver Mapa No. 5).

Los grupos autodenominados Águilas Negras y que han sido relacionados fuertemente con viejas estructuras del paramilitarismo, cuentan con una presen-cia muy focalizada en el municipio de Buenos Aires y Suárez, en donde han es-tablecido importantes relaciones con mineros asociados con los megaproyectos (oro) establecidos allí en este sector económico.

El área señalada como auc representa el corredor al Pacífico establecido por las autodefensas entre los municipios de Santander de Quilichao, Buenos Ai-res y Suárez. Dicha zona estratégica resulta fundamental para el tráfico de armas, drogas ilícitas y efectivos de los grupos armados ilegales.

La Fuerza Pública hace presencia en esta zona por medio del Batallón Pi-chincha, cuya operación se localiza principalmente en Morales, Suárez y Caldono,

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y la Tercera Brigada operando en los municipios de Corinto, Toribío y la parte baja del municipio de Miranda. En esta zona también existe un relevante fenó-meno de delincuencia común debido a una importante red de pandillas.

Mapa No. 5. Presencia de actores armados en la zona norte, Cauca


En la zona centro, conformada por seis municipios, tiene presencia el eln por medio de la Compañía Camilo Cienfuegos y la Columna Milton Hernández en los municipios de El Tambo y Timbío, y además han establecido alianzas con los grupos conocidos como Los Rastrojos al servicio de alias El Viejo (ver Mapa No. 6).

Las farc hacen presencia de manera importante por medio de la Columna Jacobo Arenas en Cajibío y el Frente 6 de las farc en Popayán y Puracé. En esta región se identifica la presencia de grandes cordones de miseria conformados por un porcentaje importante de personas que han sido víctimas del conflicto armado en la región.

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Mapa No. 6. Presencia de actores armados en la zona centro, Cauca


La región sur, conformada por siete municipios, evidencia la compleja pre-sencia de actores tanto armados como narcotraficantes, como es el caso de Los Ras-trojos, quienes tienen una importante presencia en los municipios de Argelia, Patía y Balboa y han establecido además, alianzas con el eln, las cuales se especula, tu-vieron lugar una vez fueron desplazados los frentes 60 y 8 de las farc de la zona.

El eln, al igual que en la zona centro, hace presencia por medio de la com-pañía Camilo Cienfuegos y el Bloque Central Cauca en los municipios de Mer-caderes, Bolívar y Sucre. La Fuerza Pública ha desplegado en esta zona la Brigada 29 (ver Mapa No. 7).

Por último, las farc, quienes predominan en la región, hacen presencia a través del Frente 8 en los municipios de Patía y Argelia; el Frente 29 en Merca-deres y Balboa y el Frente 60 en Balboa, Argelia y Patía.

La región sur se consolida como epicentro de la producción y procesamien-to de coca, por lo que los operativos militares son frecuentes, así como las medidas de fumigación y de erradicación manual de la planta de coca. Según la Dirección Nacional de Estupefacientes, las aspersiones aéreas con glifosato han disminuido las hectáreas de cultivos de coca entre 2000 y 200320, reconociendo que:

20 En entrevistas realizadas en Popayán a fines de 2007, las personas informadas sobre este tema afirma-ron que los cultivos de coca, si bien fueron erradicados en las proporciones que considera la dne, la

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Actualmente –agosto de 2004– en Cauca los cultivos de coca se ubican en el valle del río Patía entre las cordilleras Occidental y Central (munici-pios de Balboa, El Tambo, Mercaderes), en la costa pacífica (Guapi, Tim-biquí), sobre la Cordillera Occidental (Argelia), en el piedemonte de ésta misma (López de Micay) y en la base de la cordillera Central –municipios de Bolívar en la vertiente occidental y de Santa Rosa y Piamonte en la ver-tiente oriental–, aunque, en años anteriores, también han tenido incidencia en municipios como Cajibío, Morales, Sotará, Suárez y Timbío.

La cantidad total de lotes es de 1.262. De éstos, veintisiete poseen una extensión que oscila entre las tres y las seis hectáreas, y los restantes 1.235 son terrenos de tan sólo media (0,5) o una (1,0) hectárea. La extensión to-tal de los primeros es de ciento veintiocho hectáreas y de los segundos de 1.054 hectáreas, con un promedio general de una hectárea de cultivo de coca por lote. Porcentualmente el número de lotes de coca del departamen-to del Cauca equivale al 28% del total nacional de ese narcocultivo, y el número de hectáreas sembradas representa un 5% de la extensión del país dedicada a dicha actividad ilícita21.

Sin embargo, para el período de 31 de diciembre 2006 a 31 de diciem-bre 2007, el análisis de los cultivos de coca por parte del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos simci ii (unodc Colombia), arroja los siguientes resultados:

Hay una alta movilidad de los cultivos de coca, representada en nuevas siembras, más de las cuatro quintas partes del área sembrada es nueva; el área sembrada en coca se duplicó. El área sembrada en lotes mayores de tres hectáreas aumentó casi seis veces y el área en lotes menores o iguales a tres hectáreas se duplicó. La cantidad de lotes mayores de tres hectáreas se quintuplicó y en lotes menores o iguales a tres hectáreas se duplicó. El 85% de la cantidad de lotes son nuevos.

La afectación ha sido mayor para bosques primarios y coberturas no bos-cosas, ocupando el noveno lugar en deforestación de bosque primario para siembra de coca a nivel nacional en el período de estudio… Cabe anotar que gran parte de los bosques talados, corresponden a bosques primarios con

erradicación y las fumigaciones no fueron tan exitosas, toda vez que dichos cultivos se trasladaron y fue-ron alejados de la carretera Panamericana, incluso llegando a zonas cercanas a los páramos.

21 dirección nacional de estuPefacientes, “Situación Actual de los cultivos ilícitos de coca y amapola en el departamento de Cauca”, agosto de 2004, en: http://www.dne.gov.co/?idcategoria=785

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ecosistemas de alto grado de complejidad, riqueza y biodiversidad muy su-periores a las coberturas vegetales regeneradas”22.

Mapa No. 7. Presencia de actores armados en la región sur, Cauca


En la zona oriente, conformada por seis municipios, hay presencia evidente e importante de las farc, por medio del Frente 6 en los municipios de Jambaló, Paéz, Silvia, Totoro, Caldono e Inzá y por medio de la columna móvil Jacobo Arenas en los municipios de Inzá, Páez, Silvia y Jambaló (ver Mapa No. 8). En esta zona, al igual que en la región sur, existen programas de fumigación y erradicación de la hoja de coca pero sin programas de sustitución.

22 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – unodc Colombia, “Análisis multitemporal de cultivos de coca Período 2006-2007”, Proyecto siMci ii, Diciembre 2008, p. 62, en: http://www.biesimci.org/Documentos/archivos/mutitemporal_coca0607.pdf

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Mapa No. 8. Presencia de actores armados en la zona oriente, Cauca

Fuente: Equipo local Cauca, Programa Poblaciones Afectadas por el conflicto, cnai.

Finalmente, la zona del macizo y piedemonte amazónico, conformada por ocho municipios que tiene presencia de la Fuerza Pública por medio del Batallón de Alta Montaña, cuyo radio de acción está en los municipios de La Vega, Alma-guer y San Sebastián. En esta zona Los Rastrojos tienen presencia en los munici-pios de Piamonte y Santa Rosa23. Por su parte, las farc la tienen en el municipio de Santa Rosa con el Frente 13 y en el municipio de Piamonte con el Frente 49 (ver Mapa No. 9).

En esta zona, al igual que en la región sur y la zona oriente, existen progra-mas de fumigación y erradicación de la hoja de coca pero sin programas de susti-tución, lo que ha desencadenado el aumento de los índices de miseria.

23 Al sur del Cauca, el municipio de Santa Rosa se ha denominado como la “Bota Caucana”. Tiene una ex-tensión de 4.479 kilómetros, el más grande del departamento. Está dividido en tres zonas, alta, media y baja, de las cuales la primera es considerada parte del macizo colombiano, en: http://www.sinic.gov.co/SINIC/ColombiaCultural/ColCulturalBusca.aspx?AREID=3&SECID=8&IdDep=19&COLTEM=216

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Mapa No. 9: Presencia de actores armados en la zona del macizo y piedemonte amazónico, Cauca


Respecto de las afectaciones por eventos con map/muse, el departamento del Cauca se encuentra en el cuarto lugar entre los diez departamentos con mayor registro por la presencia o sospecha de existencia de minas antipersonal y muni-ción sin explotar, muse: Cauca con treinta y seis municipios24.

Como se ha visto, si bien el departamento del Cauca ha sido escenario de fuer-tes enfrentamientos entre los actores armados por las características geoestratégicas de su geografía y la existencia de recursos naturales importantes, también lo ha sido de una incansable lucha por el derecho a la tierra y por la autonomía de las culturas, que es liderada por las comunidades afrodescendientes e indígenas que cuentan con una presencia, movilización social y organización importante en el territorio.

El movimiento de resistencia indígena se ha venido fortaleciendo y visibili-zando desde el año de 1999 y contó con el respaldo de diversas organizaciones civi-les y religiosas, caracterizándose por las demostraciones simbólicas, el rechazo a la acción de los distintos actores armados y sus consecuencias en las comunidades. No obstante, a pesar de estos pronunciamientos, no han cesado las acciones en contra de las comunidades indígenas y sus líderes por parte de los grupos armados.

24 vicePresidencia de la rePública, “Situación por MaP y Muse 1990, 1 de febrero de 2008”, Programa Presi-dencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonales, en: http://www.derechoshumanos.gov.co/minas/descargas/frecuenciamunicipal08.pdf

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CAPítulo ii

situACión de lAs orgAnizACiones soCiAles y de víCtimAs

Para abordar la situación actual de las organizaciones sociales comunitarias y de las víctimas en Popayán, se introducirán unas líneas generales sobre el devenir de los movimientos sociales en Colombia, a partir del planteamiento de Mauricio Archila Neira1, que contextualizan los problemas afrontados por el movimiento indígena, el movimiento campesino, las comunidades afrodescendientes, el mo-vimiento de mujeres y más recientemente, las reivindicaciones de las víctimas del conflicto armado.

Hacia 1980 hubo un nuevo ciclo recesivo; el importante descenso en los pre-cios del café impactó en la industria mientras que la especulación y la economía clandestina se fortalecieron al tiempo que predominaban discursos contrarios. Du-rante el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982) la reactivación de los mecanismos de concertación inmovilizó al Consejo Nacional Sindical y profundizó las crisis internas de las confederaciones tradicionales. Según Archila, esta situa-ción condujo a que el sindicalismo no fuera un gran desafío social en esa época2.

1 archila neira, Mauricio, Idas y venidas, vueltas y revueltas. Protestas sociales en Colombia 1958-1990, icanh-cineP, Bogotá, 2005. Archila entiende a los movimientos sociales como “una forma de acción social colecti-va que enfrenta injusticias, desigualdades y exclusiones, es decir, que está inmersa en conflictos que abar-can todas las dimensiones de la sociedad y no sólo la económica… compartimos con Touraine la idea de que los movimientos sociales se inscriben en la dinámica de construcción de consenso y no de imposición por la fuerza… Esto nos lleva al terreno de definiciones operativas, en donde habrá movimiento social mientras se mantenga esa dinámica civilista y se busque la autonomía ante los actores violentos, aunque algunos de ellos participen en la gestación y conducción de la lucha social”, pp. 74-75.

2 Ibídem, p. 115.

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En el gobierno de Turbay se ejecutaron medidas de signo autoritario, tales como la expedición del Estatuto de Seguridad o Decreto 1923 de 1978, que im-puso un severo régimen penal bajo la lógica de restricción de las libertades para preservar las instituciones3. La postura de Turbay frente a los movimientos so-ciales fue de mano dura. En 1981 se creó el mas (Muerte a Secuestradores), que marcó el inicio de la trayectoria paramilitar ligada al narcotráfico, algunos terra-tenientes y ganaderos tradicionales4. El gobierno posterior de Belisario Betancur (1982-1986) tuvo una postura diferente respecto de los movimientos sociales, de-mostrando un acercamiento. En cuanto a la política indigenista, otorgó tierras de resguardos y reforzó el poder de los cabildos5. En el marco de su estrategia para negociar la paz, frente a las demandas guerrilleras ofreció una amnistía amplia e incondicional que llevó a la firma de acuerdos de paz desde 1984 con las farc, el m-19 y el epl. En 1985 se produjo la toma del Palacio de Justicia por parte del m-19 y la contratoma por las fuerzas legales. En ese contexto, se desplegó la vio-lencia contra dirigentes sociales y políticos de izquierda, llamada “guerra sucia”, que produjo el exterminio de los miembros de la Unión Patriótica, up6.

3 Diario El Espectador, “Del Estatuto de Seguridad a la Seguridad Democrática”, 6 de septiembre de 2008, en: http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso-del-estatuto-de-seguridad-seguridad-democratica?page=0,1

4 Ibídem.5 El Cauca tiene ochenta y tres resguardos indígenas. Los cabildos indígenas son las autoridades tradicio-

nales indígenas. El Decreto 1088 de 1993 (junio 10) regula la creación de dichos cabildos.6 “Han sido cerca de tres mil asesinatos, perpetrados sistemáticamente desde el mismo momento en que

la uP hizo su aparición en el escenario político en 1986. Entre las víctimas, dos candidatos a la Presiden-cia, cientos de líderes regionales y locales, y muchos, muchísimos partidarios de esa agrupación… La uP surgió de los acuerdos de paz entre las farc y el gobierno de Belisario Betancur. Los dirigentes gue-rrilleros tenían la intención de contar con un brazo político propio, una estrategia nefasta, encaminada a multiplicar los frentes de acción de la insurgencia. En pocas palabras, la lucha no debía desarrollarse exclusivamente desde la ilegalidad –la guerra–; había también que aprovechar los espacios que ofrecía la vilipendiada democracia. Desde un comienzo, la gran prensa, la Iglesia, los gremios, los partidos tradi-cionales, el Ejército, se apresuraron a condenar a la uP por sus inocultables vínculos con las farc. Razón no les faltaba, pues el brazo armado de la guerrilla pervertía el juego democrático allí donde la insur-gencia tenía poder.

Pero esos mismos sectores se mostraron mucho menos escandalizados frente a la política de aniquila-miento desatada por la extrema derecha contra la uP. Su indiferencia tampoco cambió cuando el partido, bajo la conducción de nuevos líderes que buscaban una mayor independencia con respecto a las farc, empezó a criticar no sólo la ‘combinación de todas las formas de lucha’, sino la violencia como mecanismo para impulsar los cambios que el país necesitaba. Es decir, la guerra contra la uP no obedecía a sus vínculos con las farc, como sostenían sus enemigos. Para amplios sectores de la clase dirigente, la creación y, peor aún, la consolidación de un partido de izquierda constituía una amenaza para sus intereses. En una alian-za siniestra, miembros del Ejército, terratenientes, políticos locales, paramilitares, etcétera, recurrieron al terror para arrasar con todo lo que oliera a izquierda”. arias truJillo, Ricardo, “El exterminio de la uP”, en el diario El Espectador, 14 de agosto de 2008, en http://www.elespectador.com/node/32269

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El gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) se caracterizó en el nivel po-lítico por la reforma consistente en la descentralización y la elección popular de alcaldes, mientras que en el nivel económico desarrolló una política aperturista que fue profundizada por César Gaviria.

A finales de los años ochenta se presentaron paros cívicos en diferentes re-giones. Al término del gobierno de Barco se produjo un aumento de la violencia y se profundizó la crisis política. En este marco, se inició el proceso para convocar a la Asamblea Constituyente en 1990, con la intención de establecer un nuevo pacto político y social, que se vio amenazado por el abstencionismo y los actos de guerra7.

1. La resistencia de los pueblos indígenas en el Cauca

En el Cauca, la significativa presencia de la organización indígena caracte-riza la fuerza de los movimientos sociales. En este sentido, el Consejo Regional Indígena del Cauca, cric, está integrado por comunidades, autoridades tradicio-nales y comunidades indígenas de este departamento, que definen políticas, pro-ponen actividades y nombran directivos para un período de dos años.

La misión del cric está referida a la defensa, promoción y aplicación de los derechos fundamentales e históricos de los pueblos indígenas del Cauca y del país8. La lucha por la tierra desde los principios de unidad, territorio, autonomía y cultura es una reivindicación constante desde la creación del cric en 1971. Uno de los reclamos constantes de los indígenas del Cauca en los últimos años consiste en la denuncia de los ataques de la Fuerza Pública (Ejército) a sus líderes, quienes son víctimas de amenazas, hostigamientos, atentados y asesinatos. En este senti-do, la muerte de Edwin Legarda con balas del Ejército Nacional de Colombia el 16 de diciembre de 2008, presuntamente por negarse a parar en un retén a altas horas de la noche, conmovió a la Opinión Pública que se había solidarizado con la minga indígena realizada días antes. Edwin Legarda era el esposo de la consejera mayor del cric, Aída Quilcué.

7 archila neira, Mauricio, óp.cit., p. 127.8 En: http://www.laboratoriodepaz.org/publicaciones.php?id=28904

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En ataque del Ejército Nacional, contra la consejería del CriC9

Consejo Regional Indígena del Cauca, CriC Autoridad Tradicional

AsesinAdo esPoso de lA ConsejerA mAyor

A las cuatro de la mañana del día de hoy, efectivos del Ejército Nacional

dispararon sin piedad sobre la camioneta del cric, vehículo en el que se des-

plazaba una misión médica procedente del municipio de Inzá Tierradentro, con-

ducida por Edwin Legarda Vázquez, esposo de la consejera mayor del cric, Aida

Quilcué. El comunero Legarda recibió dos impactos de bala, uno de los cuales

en la parte derecha del pecho (sic) y murió a las 8 a.m. en el Hospital San José

de Popayán.

El vehículo del cric, que es ampliamente conocido por sus viajes en esa vía,

fue atacado por tres costados y presenta diecisiete impactos de fusil, en una cla-

ra acción de guerra del Ejército colombiano contra la población civil y concre-

tamente contra los pueblos indígenas. Los hechos ocurrieron en la vereda San

Pedro, El Bosque, sitio San Miguel, del municipio de Totoro, Cauca.

La consejera del cric, al analizar las circunstancias del asesinato de su es-

poso, ha denunciado este hecho como un acto premeditado que en realidad

la tenía a ella como objetivo. Aida Quilcué ha recibido múltiples amenazas y

su riesgo aumentó a raíz de sus denuncias nacionales e internacionales sobre

la violencia contra los pueblos indígenas y los asesinatos en el desarrollo de la

Minga Nacional.

Luis Evelis Andrade Casama, Consejero Mayor de la onic, ante estos hechos

señaló que el atentado contra el cric es un atentado contra la onic, el Movi-

miento Indígena colombiano y contra todos(as) aquéllos(as) que nos atrevemos

a proponer cambios desde el sentir de los pueblos.

Con este asesinato aleve se ratifica una vez más por el Estado colombiano

que matar indios y líderes sociales es un componente de la seguridad democrá-

tica, tal y como se demostró durante la minga de resistencia en donde también

fuimos colocados (sic) como carne de cañón por la Fuerza Pública. A estos deli-

tos de Estado luego se les coloca nombres como falsos positivos o “acciones ais-

ladas de personas que no comprometen a la institución”, pero que en realidad

forman parte de una masacre contra el pueblo colombiano.

9 En: http://www.cric-colombia.org/noticias/?content=detail&id=208

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La guardia indígena en este momento se ha desplazado hacia la vereda de

San Pedro, y no permitirá que quienes han asesinado a nuestro compañero y aten-

tado contra nuestra organización, abandonen el sitio sin denunciar a los verdade-

ros móviles y los autores materiales e intelectuales de este hecho criminal.

Llamamos al pueblo colombiano y a la comunidad nacional e internacional

para que se (sic) rodee a nuestra organización y nuestros pueblos y no se permi-

ta que continúe la impunidad y la masacre.

Consejería Mayor del Consejo Regional Indigena del Cauca, cric

Noticias, diciembre 16 de 2008, 9:42 a.m.

A pesar de los actos contra la organización indígena, que en su mayoría evidencian la estigmatización de la protesta social, desde el cric los pueblos in-dígenas del Cauca han construido un programa político, uno cultural y uno eco-nómico que expresan los objetivos de su actuación:

ProgrAmA PolítiCo

Por la autonomía cultural y territorial

El programa político ha sido una herramienta para el análisis y la reflexión

histórica del movimiento indígena y en la actualidad tiene como finalidad orien-

tar el qué hacer de las comunidades en aspectos organizativos, culturales y eco-

nómicos en perspectiva de revitalizar los planes de vida, contribuir a mantener,

ampliar y fortalecer las relaciones con otras organizaciones de los sectores

desfavorecidos de la sociedad colombiana y trabajar por lograr que el Estado

colombiano aplique los principios constitucionales favorables a los grupos étni-

cos, cumpla con los compromisos pactados y garantice los derechos fundamen-

tales y culturales de nuestros pueblos.

La parte histórica nos muestra la importancia de la recuperación del saber

ancestral, y el valor que representa la sabiduría de los mayores, a los cuales se les

compara con libros que tiene la comunidad para consulta permanente. En este

sentido ha sido necesario actuar frente a la pérdida de valores propios por la pe-

netración ideológica, y la falta de comprensión de conceptos como integralidad.

Desde el comienzo del presente siglo las comunidades indígenas mantuvimos

una lucha permanentemente por la tierra, particularmente en el Cauca por los Res-

guardos Indígenas, lucha que se inició con Manuel Quintín Lame en la década del

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veinte, quien retomó las luchas iniciadas por la Cacica Gaitana y Juan Tama en siglos

anteriores. Posteriormente, en la década del setenta en el marco de la reforma agra-

ria, se inicia un proceso de lucha por la tierra protagonizada por campesinos e indí-

genas, del cual surge nuestra organización, el Consejo Regional Indígena del Cauca,

cric, que desde su fundación el 24 de febrero de 1971 establece como punto central

en el programa de lucha; 1. Recuperar la tierra de los resguardos; y 2. Ampliar los res-

guardos. Programa que por supuesto continúa vigente.

Desde que nació, el cric ha sido fundamental en marcar nuestras reivindi-

caciones en el Estado de Derecho vigente. Por supuesto que la violación de los

derechos indígenas ha sido permanente desde la invasión española hasta la ac-

tualidad, razón que ha hecho indispensable recoger toda la normatividad que

se relaciona con nosotros para así conocerla, defenderla y hacer respetar nues-

tros derechos. En este sentido, la organización hizo la primera compilación nor-

mativa denominada Cartilla de legislación indígena, cuya primera edición se hizo

en 1983. Se realizaron dos ediciones más, siendo la última en 1988.

Lo anterior, como consecuencia de que las comunidades indígenas hemos sido

incansables en exigir una normatividad que se adecúe a nuestra realidad y, especial-

mente, que respete nuestras características culturales en todo el sentido de la palabra.

De esta manera, aunque a un costo muy alto en vidas de compañeros, detenciones

y persecuciones, se ha logrado que poco a poco se vaya legislando de acuerdo con

nuestras necesidades, para lo cual se fueron concertando y emitiendo normas es-

peciales respecto a salud, educación, aspectos agrarios, gobierno interno, etcétera.

Normatividad que llega a su más alto avance con la promulgación de la nueva Consti-

tución Política de Colombia en 1991, en la que, gracias al esfuerzo y consolidación del

movimiento indígena, contribuimos por intermedio de tres constituyentes indígenas.

A partir de 1991 con la emisión de la Constitución Nacional, los indígenas de Co-

lombia tenemos una normatividad especial que el Estado colombiano debía haber

desarrollado conservando los principios allí establecidos. Aunque ello no ha sido

posible, nuestros pueblos han asumido mayores responsabilidades en asuntos de

autonomía territorial, gobierno propio y jurisdicción interna, es decir que con el pro-

grama político se apoyan jornadas de capacitación para fortalecer estos aspectos,

pero principalmente para investigar, juzgar y sancionar a quienes cometan delitos

dentro de nuestros territorios, conforme con nuestros usos y costumbres10.

La cuestión de la autonomía cultural es clave, lo cual está ligado a la tie-rra. En este punto habría que mencionar que en aras de la autonomía territorial,

10 En: http://www.cric-colombia.org/proyecto-politico.htm

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muchas veces se desconoce el derecho de propiedad de muchos mestizos campe-sinos y afrodescendientes, que son mayoría en el departamento y que en ocasiones ven afectado el libre desarrollo de su derecho por el interés de apropiarse o recu-perar, en palabras de ellos, el territorio. Esta situación genera tensiones entre los diferentes sectores de la población. Este tema de tierras es bastante complejo en el Cauca, toda vez que la disputa del territorio no es sólo con los grandes terra-tenientes sino también con los vecinos campesinos o afrodescendientes, que son tan explotados y necesitados como los indígenas pero que carecen del grado de organización para la lucha que tienen actualmente los indígenas.

ProgrAmA CulturAl

Tejiendo vida

El proyecto sociocultural se ha constituido por los programas de Educación,

Salud y Mujer con el fin de liderar la reconstrucción de los procesos culturales, la

identidad y las relaciones de interculturalidad de nuestros pueblos, rescatando

valores, prácticas y formas de pensamiento propio a sabiendas que son éstos los

que dan sentido y significado a nuestro proyecto de vida.

Este programa viene apoyando, difundiendo y fomentando actividades

tradicionales que resaltan la simbólica y sus significados, las relaciones de pro-

ducción e intercambio, las formas de aplicar justicia y gobernarse, así como la

participación de la medicina propia y el valor de las lenguas nativas como ele-

mentos fundamentales de cosmovisión.

El proceso iniciado en 1971 permitió ubicar la imperiosa necesidad de es-

tructurar y organizar procesos de salud, educación, organización, economía y

jurisdicción propios que suplieran las deficiencias de la formalidad institucional,

garantizaran la continuidad de los valores culturales y fortalecieran las identi-

dades indígenas de acuerdo con la diversidad de pueblos que habitan el de-

partamento del Cauca. Por ello, fue necesario crear programas alternativos que

han dado pie al fortalecimiento cultural, a través de dinámicas ejemplares como

Educación Bilingüe, que nació en el año de 1979, y Salud, creado en el año de

1983. Con el transcurso del tiempo estos programas se han ido consolidando de

manera eficiente, operativa, y sólida en la medida que han fomentado procesos

de investigación, concertación y apropiación de saberes, tanto propios como

externos, por parte de las comunidades y las autoridades indígenas.

… El análisis del Noveno Congreso frente al tema de cultura destacó los si-

guientes logros del proceso organizativo regional:

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1. El rescate de la identidad indígena, con base en los valores milenarios y

nuestras particulares formas de vivir y actuar.

2. La recuperación de nuestros territorios como fuente cultural y de autonomía

así como de nuestro sentimiento de armonía y convivencia con la naturaleza.

3. Reconocimiento Constitucional de la existencia, en Colombia, de la diversi-

dad étnica y cultural, garantizando nuestros derechos y dejando la respon-

sabilidad a las instituciones del Estado la promoción de nuestro desarrollo y

el fortalecimiento de nuestras identidades11.

ProgrAmA eConómiCo

Diversificación de cultivos para la seguridad alimentaria

Como antecedentes, el Programa Económico ubica que en 1970 más de ciento veinte mil hectáreas del territorio caucano estaban en manos de pocas familias, las cuales hacían su explotación a través de las hacien-das, con mayor énfasis en ganadería, la cual tenía asegurado el mercado en leche y carne. Estas haciendas implementaban la monoproducción, praderas para pastoreo de ganado o cultivos como la caña mediante un desarrollo industrial incentivando el uso de razas y semillas mejoradas, maquinaria, fertilizantes, plaguicidas. Ocasionando con ello desequilibrio en los recursos naturales, estrechando las parcelas y aumentando la ame-naza de extinción de los conocimientos de los pueblos originarios.

El Programa Económico ha retomado la comercialización a través de una Central Cooperativa que ha permitido la recuperación de los circuitos de mercadeo indígena y la revaloración de la producción propia. Trabaja, también, aspectos referidos a la oferta ambiental y actividades como la mi-nería, las artesanías, la ganadería y la agricultura; sin olvidar las diferentes formas que han usado las comunidades indígenas para relacionarse con la economía de mercado.

Se considera, que aspectos como la reciprocidad y la solidaridad mani-fiestos en mingas, cambio de mano y relación armónica con la naturaleza, contribuyen de forma decidida a la formulación de un proyecto propio de economía…12.

11 En: http://www.cric-colombia.org/proyecto-cultural.htm12 En: http://www.cric-colombia.org/proyecto-economico.htm

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En el tema de la diversificación de cultivos, habría que considerar que los cultivos de coca hacen parte de su economía. En primer lugar, porque la siembra de coca se explica por razones culturales y por la comercialización del té de coca para el consumo local e incluso a nivel nacional. En segundo lugar, porque el cul-tivo de coca fue adoptado en algunas comunidades como una forma de sobrevivir ante las necesidades existentes y la presión de los actores armados al margen de la ley. No obstante, a partir del trabajo de las comunidades y de sus gobernadores, se han ido erradicando estos cultivos.

Un aspecto que a nivel ambiental resulta preocupante es la explotación des-medida llevada a cabo en el macizo colombiano, debido a la deforestación del bos-que para el cultivo de papa, maíz e incluso cultivos de uso ilícito o el despeje de terreno como potreros para ganado.

La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, acin, nació del cric y es una autoridad tradicional que cubre ocho municipios: Toribío, Suárez, Santander de Quilichao, Miranda, Jambaló, Corinto, Caloto y Buenos Aires, creada en el marco de la descentralización del cric “para tener mayor contacto con las comunidades en los resguardos y veredas, y proteger de esta manera el tra-bajo comunitario de los pueblos indígenas”13. El 97% de la población pertenece al pueblo nasa, con una pequeña población de guambianos y afrocolombianos.

A pesar de que la acin es una organización con una dinámica y un pro-ceso muy fuerte, y que cuenta con reconocimiento y respaldo comunitario, este proceso enfrenta situaciones complejas, propias del conflicto armado que se libra en los territorios del norte del Cauca. Las comunidades han sufrido tomas guerrilleras en los municipios de Toribío, Jambaló, Caloto, Corinto, Miranda y Santander de Quilichao. Al igual que asesinatos co-lectivos –masacres del Nilo, del Naya, de San Pedro y de Santander Qui-lichao– y asesinatos selectivos de líderes y guardias indígenas, realizados por los actores armados.

Los costos de los últimos cinco años de esta experiencia en el norte del Cauca son: ciento ochenta y dos personas asesinadas y veinticuatro desapa-recidas, exiliados, cantidad de desplazamientos a cabeceras municipales y desplazamientos internos debido a combates y amenazas de los acto-res armados. Así mismo, artefactos explosivos abandonados en el territo-rio como minas antipersona (sic) y munición sin explotar, reclutamiento

13 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Pnud, “Buenas prácticas para superar el conflicto”, “Asociación de Cabildos del Norte del Cauca”, en: http://www.saliendodelcallejon.pnud.org.co/buenas_practicas.shtml?x=7118

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forzado por parte de todos los grupos armados, copamiento y militariza-ción del territorio, trincheras adheridas a las casas de los civiles en los mu-nicipios de Toribío y Jambaló y muchos líderes judicializados por la Ley 30 de 1986 (Estatuto Nacional de Estupefacientes), acusados de tener labora-torios o sembrar cultivos de coca14.

Entre los objetivos de la acin se encuentran:

Fortalecer y consolidar el Plan de Vida del pueblo nasa en el norte del •Cauca, para mejorar la calidad de vida de estas comunidades. Acompañar, fortalecer y orientar todo el proceso político y organizativo •de las comunidades indígenas del norte. Formulación, gestión y evaluación de proyectos de carácter nacional e •internacional que respalden la defensa de la vida y el territorio. Constituirse como ente territorial organizado, consolidando el gobier-•no propio, la justicia, la salud y la educación propia. Arraigar un modelo económico alternativo a los procesos económicos •que se viene desarrollando en el país. Fortalecer las relaciones con otros sectores, afrocolombianos, campesi-•nos y demás organizaciones sociales que acompañan el proceso15.

El Comité de Integración del Macizo Colombiano, cima, es una organi-zación social que tiene cerca de dieciocho años de proceso en la región. Origi-nalmente surgió como una iniciativa campesina para responder a las necesidades de las comunidades rurales frente a la marginalidad y el olvido del Gobierno en los municipios del macizo colombiano (Santa Rosa, San Sebastián, Bolívar, La Sierra, La Vega, Timbío, Argelia, Balboa, Patía, Mercaderes, Sucre, Florencia, Almaguer, Piamonte y Rosas), como una estrategia de protección de derechos16.

Los objetivos principales del cima son:

Construir identidad como pueblos del macizo. •Propiciar la integración de la región del macizo colombiano. •

14 Ibídem.15 Ibídem.16 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Pnud, “Buenas prácticas para superar el conflicto”,

“Comité de Integración del Macizo Colombiano, ciMa”, en: http://www.saliendodelcallejon.pnud.org.co/buenas_practicas.shtml?x=7551

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Reconocimiento propio y de otros, logrando que el Gobierno Nacional •y el Estado colombiano inviertan a nivel social. Elaborar y poner en marcha una propuesta de desarrollo propio de •acuerdo con los diferentes contextos de las zonas que hacen parte del macizo colombiano. Construir una propuesta de desarrollo desde el enfoque de etno-desa-•rrollo y desde la autogestión. El fortalecimiento comunitario a través de la autogestión y la auto-or-•ganización con mecanismos como la minga, la marcha del ladrillo y otras formas de trabajo comunitario17.

La organización comunitaria constituyó una estrategia de resistencia para afrontar la militarización de la región del macizo por parte de la Fuerza Pública, evidenciada en la instalación de batallones de alta montaña y bases militares. El dominio territorial de las Fuerzas Armadas ocasionó desplazamientos numerosos y control social bajo la lógica de que la guerrilla estaba infiltrada entre la pobla-ción civil y mantenía los cultivos de coca y amapola.

La tradición ancestral de los indígenas del Cauca permitió, además de las formas organizativas referidas, otras modalidades de resistencias en el marco de la civilidad como la Guardia Indígena y las mingas.

La Guardia Indígena se origina también en el cric, desde su creación en 1971. “Surge como respuesta a la proliferación de cultivos de uso ilícito y la de-rivada presencia de los grupos armados en los territorios de las comunidades in-dígenas del Cauca, que constituyen un obstáculo a su desarrollo autónomo por efecto de la coacción, la intervención y la intimidación sobre los pobladores”18.

El accionar de la Guardia Indígena se relaciona con la búsqueda de solu-ciones a las acuciantes problemáticas de la comunidad –impactos del conflicto armado, narcotráfico y desidia estatal– a través de la amplia participación que propicia prácticas democráticas alternativas. A través de reuniones, asambleas y actos culturales, se definen las políticas de la organización. Así mismo, promueve marchas, mingas, rituales y audiencias públicas donde tienen lugar las denuncias de violaciones a los derechos humanos19.

17 Ibídem.18 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Pnud, “Buenas prácticas para superar el conflicto”,

“Guardia Indígena”, en: http://www.saliendodelcallejon.pnud.org.co/buenas_practicas.shtml?x=761519 Ibídem.

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… la resistencia en el Cauca se construye para resistir la guerra sin te-ner que desplazarse, por eso hablan de la “Casa Grande, que es una casa donde quepamos todos”, que los aloje y les brinde calor y la gente no tenga que salir huyendo a conocer el hambre20.

La minga indígena, que a fines de noviembre de 2008 llegó a Bogotá bajo la consigna de “minga por la vida, la justicia, la alegría, la libertad y la autonomía”, constituyó un ejercicio político del cual participaron otros sectores como el afro-descendiente, el campesino y sectores urbanos –universitarios, sindicalistas, etcéte-ra–. Los reclamos principales que la minga indígena planteó al Gobierno fueron: el abuso por parte de la Fuerza Pública, la devolución de sus tierras y la exigencia al Gobierno por el incumplimiento de los acuerdos en el tema de tierras21.

2. Las comunidades afrodescendientes y los consejos comunitarios

En la zona de los ríos Micay, Timbiquí y Guapi, en medio de la selva y las persistentes lluvias, se han desarrollado pequeños centros rurales como resultado del proceso de colonización llevado a cabo por las comunidades negras. La forma organizativa de dichas comunidades a partir de la promulgación de la Ley 70 de 1993 han sido los consejos comunitarios, cuyo propósito ha sido proteger la auto-nomía y el etno-desarrollo en sus territorios.

De forma similar a lo señalado en el caso de los pueblos indígenas, los afro-descendientes del sur del Cauca están expuestos a las acciones de los actores ar-mados que desconocen la estrecha relación de las comunidades afrodescendientes con el territorio y la implementación de medidas que suponen modelos de desa-rrollo, que afectan la estabilidad de los ecosistemas, tales como el desarrollo de los megaproyectos ligados al agua (Guapi) 22, el oro (empresa Gold Ashanti-Kedhada s.a.), la palma aceitera y la interconexión vial23.

20 soto orreGo, Nolvira, “Minga por la vida, la justicia, la alegría, la libertad y la autonomía”, en Caja de Herramientas, Año 13, No. 102, Viva la Ciudadanía, Bogotá, noviembre de 2008, en: http://www.viva.org.co/caja_herramientas_contenido.htm?cmd%5B825%5D=x-825-46736&cmd%5B822%5D=x-822-46727&cmd%5B874%5D=x-874-46727&cmd%5B824%5D=c-1-

21 Diario El Espectador, “Tensa reunión entre minga indígena y Gobierno”, 22 de noviembre de 2008, en: http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo92668-tensa-reunion-entre-minga-indigena-y-gobierno

22 Ver Declaración Foro Regional del Agua, 6 y 7 de abril de 2008 (Valle y norte del Cauca), en: http://www.ecofondo.org/valle/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=1&Itemid=41&lang=

23 Para conectar el centro del país con el Pacífico caucano (Guapi) actualmente se encuentra en cons-trucción una vía que pretende unir los siguientes puntos: Popayán-Patía-Balboa-Planadas-Guapi. Esta vía pretende reducir el impacto de la que existe actualmente por el parque Munchique, que es parque

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Por su parte, el Gobierno colombiano adelanta proyectos de monocul-tivos de caucho y palma africana, esta última con una extensión aproxima-da de trece mil hectáreas proyectadas para Guapi, El Charco, Iscuandé y Timbiquí. Así mismo, se impone en la zona la llamada Iniciativa de In-tegración Regional de Infraestructura de Sudamérica, iirsa, que propone un modelo de conexión en la Región Andina a través de dos ejes, uno in-terandino que integraría el valle del Magdalena con el Norte de Santander y San Cristóbal en Venezuela, y se extiende hacia el sur pasando por los departamentos Huila, Cauca y Nariño hasta Ecuador.

Las comunidades no han sido consultadas previamente para la imple-mentación de estos megaproyectos, violando abiertamente normas nacio-nales e internacionales como la Ley 70 y el Convenio 169 de la oit24.

La discusión sobre la aceptación del cultivo de palma africana en los con-sejos comunitarios de Guapi y Timbiquí ocasionó desacuerdos y la división entre consejos. De los diez consejos comunitarios en estos municipios, nueve acuerdan la postura de rechazar la palma aceitera con el argumento de que existen otros cultivos agrícolas que subsisten sin causar los daños ambientales que traen los monocultivos25.

Las comunidades afrodescendientes de la Cordillera Occidental del sur del Cauca y Nariño, copdiconc, se vieron fuertemente afectadas por la intensi-ficación del conflicto armado desde mayo de 2006. En este sentido, el 70% de la población habitante de los territorios colectivos del Consejo de las Comunidades Negras de la Cordillera Occidental de Nariño y sur del Cauca, se vio obligado a desplazarse forzadamente26.

La población afrodescendiente en el departamento del Cauca presenta ca-racterísticas culturales diferentes, dependiendo del territorio donde se encuen-tran. Por ejemplo, las comunidades afro del Pacífico (López de Micay, Guapi y Timbiquí) desarrollan una economía eminentemente pesquera y una cultura

ecológico protegido en el municipio de El Tambo. Si bien es un proyecto de hace muchos años, aún no se ha culminado, según información recogida en entrevistas con ambientalistas de la región, la demo-ra parece deberse a que en torno a este territorio hay intereses de los narcotraficantes alrededor de los cultivos de uso ilícito y, por otra parte, a que estos territorios son propiedad de personas influyentes del Cauca. Fuente: Entrevistas con ambientalistas de la región, noviembre de 2007.

24 En: http://www.dhcolombia.info/IMG/pdf_S.O.S._NARINO.pdf25 Ver boletín Guapi, en: www.bancadafrocolombiana.net/bancada/downloads/Boletin%20Guapi.doc26 La población estimada de este consejo comunitario asciende a treinta y cinco mil habitantes, que se lo-

calizan en una extensión de ciento treinta y seis mil hectáreas, según título colectivo expedido por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, incoder. Tomado de “s.o.s. Comunidades de Nariño y sur del Cauca. Territorio de la cordillera ha sido desalojado por lo menos en un 70%”, en: http://www.dhcolom-bia.info/IMG/pdf_S.O.S._NARINO.pdf

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propia de la costa, a diferencia de la poblaciones afro de la región sur del depar-tamento en la ribera del río Patía (Patía, Balboa, Mercaderes), que presentan cos-tumbres andinas, desarrollan una economía ganadera y cultivos de maíz y café. Por su parte, las poblaciones afro del norte del Cauca (Miranda, Corinto, Calo-to), en zona limítrofe con el Valle, viven del trabajo en los cultivos de azúcar y tie-nen más identidad cultural con el Valle del Cauca que con el Cauca, al igual que los afros que habitan en los municipios de Suárez y Buenos Aires, que se dedican mayormente a la explotación minera.

Cada uno de estos grupos ha sufrido el rigor del conflicto armado. En el norte del Cauca se llevó a cabo la masacre del Naya en el marco de la incursión de los paramilitares. Entre el 10 y 12 de abril de 2001, los bloques Calima y Pacífico perpetraron una de las masacres más conocidas, al ocupar y asesinar a miembros de diecisiete comunidades afrocolombianas e indígenas del Alto Naya.

Las víctimas, al menos diecinueve personas protegidas en los términos del Derecho Internacional Humanitario, fueron asesinadas en claro estado de indefensión y sometidas a maltrato, tortura y mutilaciones causadas con motosierras y objetos cortopunzantes y contundentes. La particular sevicia de este accionar generó desplazamientos masivos de la población hacia la zona plana del casco urbano27.

Entre los años 2001 y 2004, el Bloque Calima tuvo control de las rutas del narcotráfico provenientes de las cordilleras Central y Occidental28. Actualmen-te, existe presencia de las denominadas Águilas Negras, quienes mantienen una disputa constante por el control del territorio con la guerrilla de las farc debi-do al paso estratégico a la costa y por la existencia de minas de oro. Los pueblos afrodescendientes en este territorio se dedican a la explotación artesanal del oro, la cual se ve amenazada por la presencia de multinacionales que tienen interés en el territorio para industrializar la explotación de dicho mineral. Esta situación ha producido el desplazamiento de estas comunidades.

En esta zona se presenta una constante disputa con las comunidades in-dígenas por el territorio, pues al igual que los indígenas, los afrodescendientes consideran que son los propietarios ancestrales de esas tierras ya que son quienes

27 Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, “Panorama del Valle del Cauca”, óp. cit., p. 12.

28 González Perafán, Leonardo, “Informe sobre el conflicto armado en el suroccidente colombiano”, inde-Paz, julio 16 de 2007, en: http://www.indepaz.org.co/index.php?option=com_content&task=view&id=483&Itemid=58

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las han habitado desde hace muchos años y quienes hasta la fecha las han explotado.

Las condiciones de vida de la población afrodescendiente se ven afectadas por otras situaciones: por ejemplo, en el municipio de Villarrica, la extensión de los cultivos de caña se lleva a cabo sometiendo a los trabajadores a condiciones laborales muy desfavorables. Esto explica el motivo del paro de los corteros de caña a fines de 2008.

En el norte del Cauca se presentó una disputa por el territorio entre las po-blaciones indígena y afro ante las medidas del Gobierno Nacional sobre la ubica-ción de indígenas en territorios donde habitaron tradicionalmente los afros.

En el Cauca las organizaciones afrodescendientes han adelantado un tra-bajo para dignificar su cultura, sus tradiciones y la forma de vida. Al respecto han elaborado la “Agenda de Desarrollo Afrocaucana 2008-2018. Visión de etno-desarrollo de las comunidades afros de las zonas norte, centro y sur del departa-mento del Cauca”. Las comunidades afro del departamento del Cauca consideran la agenda como un instrumento rector para avanzar en el desarrollo humano sos-tenible desde la perspectiva afro. En la agenda están plasmados los planes, pro-gramas y proyectos que, construidos con la comunidad, constituyen pilares para el mejoramiento de sus condiciones de vida29. Para ello, las estrategias generales definidas en la Agenda de Desarrollo son:

1. Diálogo social, concertación y participación.2. Alianzas estratégicas a nivel institucional, local, regional, nacional e

internacional, para recuperar el tejido social.3. Comunicación para informar y formar acerca de los derechos y deberes

ciudadanos de acuerdo a los objetivos de la Agenda.4. Cofinanciación: “todos ponen, todos ganan”.5. Descentralización y desconcentración para desarrollar la capacidad lo-

cal de los consejos comunitarios y las organizaciones tendientes a mejo-rar la gestión regional, en ejecución de los objetivos de la Agenda.

29 Unidad de Organizaciones Afrocaucanas–UOAFROC, Broederlijk Denle, “Agenda de Desarrollo para las comu-nidades afrocaucanas de las zonas norte, centro y sur 2008-2018”, Puerto Tejada, Cauca, julio de 2007, p. 25.

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AgendA de desArrollo PArA lAs ComunidAdes AfroCAuCAnAs de lAs zonAs norte, Centro y sur 2008-201830

generalidades de dePartamento del cauca

“La tierra no es lo mismo que el territorio. La tierra esta en el corazón del territo-

rio como fuerza focal que reúne las fuerzas en el cuerpo a cuerpo, en una inten-

sidad teluricaque bordea el abismo”

Población afrocaucana

Según el censo del 2005 en Colombia hay alrededor de 4.261.996* afrodecen-

dientes. Las organizaciones afrocolombianas consideran que este censo no

arroja la información real de la población afro. Estas organizaciones étnicas con-

sideran que en Colombia, lo afros son mas de 10.000.000 llegando al 26% de la

población nacional, lo que significa que se hace necesario la revisión y realiza-

ción de un nuevo censo para las comunidades afrocolombianas.

En caso del departamento del Cauca, se estima por datos del censo una pobla-

ción afro de 282.234 hombres y mujeres que representan el 39,5%. Al igual que

los datos nacionales se considera que es necesaria una revisión de estas cifras.

30 Unidad de Organizaciones Afrocaucanas–UOAFROC, Broederlijk Denle, “Agenda de Desarrollo para las co-munidades afrocaucanas de las zonas norte, centro y sur 2008-2018”, Puerto Tejada, Cauca, julio de 2007.

* Datos del censo dane 2005

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La población afrocaucana se encuentra distribuida especialmente en las si-

guientes zonas:

Zona Municipio

Norte Villa, Rica, Puerto Tejada, Guachené, Padilla, Miranda, Caloto, Corinto, Santander de Quilichao, Buenos aires y Suárez

Centro El Tambo, Morales, Cajibío, y Popayán

Sur Balboa, La Sierra, Mercaderes, Bolívar, Patia

Pacífico Timbiquí, Guapi y L´pez de Micay

En la costa del Cauca, los constantes enfrentamientos entre las Fuerzas Militares y las guerrillas ocasionaron desplazamientos masivos (primer semestre del 2006). De igual forma, la implantación de cultivos de uso ilícito en el munici-pio de Guapi estimuló la presencia de actores armados al margen de la ley articu-lados al narcotráfico y de nuevos grupos armados post-desmovilización, ligados a los grupos autodefensas Los Rastrojos y las Águilas Negras.

La presencia de grupos armados insurgentes, de nuevos grupos arma-dos ilegales post-desmovilización de las autodefensas, autodenominados Águilas Negras, y de otros grupos armados articulados al narcotráfico como Los Rastrojos, están profundizando la confrontación armada, des-estructurando el territorio y desdibujando los patrones de identidad cultu-ral y autonomía organizativa.

El control territorial y poblacional ejercido por las farc en las zonas medias y altas de los ríos que surcan los municipios de la costa caucana, implica la subyugación de las comunidades a las pautas de conducta de los subversivos, los cuales restringen la movilización de los lugareños a nú-cleos de población controlados por los grupos armados rivales, y el ingreso de personas foráneas; así mismo, están interviniendo en la toma de deci-sión y acciones de las organizaciones comunitarias, restringiendo su auto-nomía, y capacidad de acción31.

A diferencia de los intereses de multinacionales en el norte del Cauca por el oro y en el macizo colombiano por el agua, en la costa caucana se están

31 Tomado de la primera Nota de Seguimiento del 19 de septiembre de 2008. Ver defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas, Nota al Informe de Riesgo No. 035-07 a.i. del 30 de noviembre de 2007.

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adelantando megaproyectos de cultivos de palma aceitera. Tal como lo menciona un informe de seguimiento del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo:

… Respecto de la implementación de palma de aceite, corpoica, Mi-nisterio de Agricultura, Alcaldía de Guapi y el Consejo Comunitario de Guapi Abajo, ccga, han iniciado la siembra de setecientas hectáreas, por un valor de $10.633.057.490, a través del otorgamiento de créditos por parte del Banco Agrario al Consejo Comunitario de Guapi Abajo, ccga, programa “Agro-ingreso Seguro”. En el 2009 se pretenden sembrar cin-co mil hectáreas más, y posteriormente completar quince mil hectáreas como requisito para que el proyecto arroje rentabilidad –el área total del ccga es de 46.196 hectáreas, lo que constituye la destinación de 32,47% del territorio para el monocultivo de la palma–. Es importante anotar que de acuerdo con estudios de fedepalma, dichos cultivos son catalogados de alto riesgo, producto de las plagas y hongos propios de los suelos hú-medos tropicales –durante el 2007 y 2008 han sido destruidas en Tumaco seis mil hectáreas de palma aceitera, afectadas por la pudrición del cogollo, dejando cesantes a cuatro mil quinientos labriegos–, situación que pondría en riesgo la estabilidad del proyecto y las arcas financieras del ccga… sin anotar lo perjudicial que es para el ecosistema húmedo y tropical de esta región la siembra de esta palma, la cual (sic) implica destruir miles de hec-táreas de bosque tropical para la siembra de la palma.

En este territorio de la costa encontramos los siguientes consejos comunitarios:

Consejo comunitario de Alto Guapi•Consejo comunitario de zona baja Puerto Saija•Consejo comunitario Renacer Negro•Consejo comunitario San-Joc•Organización de la zona baja eperara siapidara de la costa pacífica cau-•cana, ozbesca: integrada por once comunidadesAsociación de Desplazados del Pacífico Sur, • asodepasur, entre otras

Cabe señalar que los municipios de la costa pacífica del Cauca son pobres y además presentan altos grados de corrupción par parte de las autoridades:

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... Cuatro ex alcaldes, dos de Guapi y dos de Timbiquí, son investiga-dos por corrupción por una comisión de fiscales enviados a la costa pacífica con ese propósito.

Desaparecieron cinco mil quinientos millones de pesos. En ese ilícito está comprometido un consorcio de Timbiquí, que administraba el acue-ducto y se proponía construir uno nuevo.

De estas anomalías tiene pleno conocimiento el Ministerio del Am-biente y desde donde fue ordenado el proceso respectivo. Por esa anómala actuación de los ex mandatarios, hoy miles de habitantes de esas localida-des están sin agua potable32.

La población afrodescendiente de la región sur del Cauca no ha sido ajena a los enfrentamientos por la disputa del territorio. Actualmente, viven en medio de la fuerte presencia de las Águilas Negras. En este territorio, las comunidades adelantan un trabajo interesante en la construcción del plan de vida del sur del Cauca en el marco de corpoafro.

corpoafro33, en el proceso de avance de la organización en la zona afropa-tiana, se vio en la necesidad de fortalecer y conformar consejos mayores que agru-paran los consejos comunitarios y a las organizaciones afro de cada zona. Así, en 2003 se creó la Corporación Consejo Comunitario de Organizaciones de Base de la Cuenca Alta del Río Patía, que agrupó inicialmente seis consejos comunitarios y doce organizaciones. Actualmente cuenta con catorce consejos comunitarios establecidos, dos en proceso de conformación y cuarenta y seis organizaciones de base que realizan acciones sociales políticas económicas sociales, étnicas, cultu-rales y ambientales

corpoafro tiene cobertura en los departamentos de Cauca y Nariño y la integran consejos comunitarios, grupos, organizaciones sociales, pastoral afropa-tiana, redes de mujeres afropatianas, artesanos y asociaciones de productores. Esta corporación se constituyó en el año 2003 con el objetivo de “representar defender, asesorar, fortalecer y satisfacer los intereses de las comunidades afrodescendientes del Alto Patía”. La visión y misión de corpoafro se resumen en lo siguiente:

32 En: http://www.nuestratele.tv/content/ex-alcades-guapi-y-timbiqui-a-responder-corrupcion. Noticia del 11 de abril de 2008. Ver: especial del periódico El País: “Guapi agoniza entre el olvido y la corrupción”, en: http://www.elpais.com.co/paisonline/especiales/guapi/index.html

33 La información sobre corPoafro fue tomada del documento: “Plan de vida de las comunidades afrodes-cendientes de la cuenca del Alto Patía, departamento del Cauca”. Municipios: Patía, Balboa, Mercaderes, La Sierra, La Vega, El Tambo y Bolívar. Corporación Consejo Comunitario de Organizaciones de Base de la Cuenca Alta del Río Patía, corPoafro. De junio de 2006 a mayo de 2007.

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Impulsar y liderar el bienestar socioeconómico de las comunidades afro del Alto Patía a través de una eficaz organización democrática y represen-tativa, gestionando la especialización de las comunidades en la producción para garantizar la competitividad en mercado.

Fortalecer el tejido social de nuestras comunidades afrodescendientes, recuperando y posicionando nuestra cultura afropatiana.

PlAn de vidA

de lAs ComunidAdes AfrodesCendientes de lA CuenCA del Alto PAtíA, dePArtAmento del CAuCA

Municipios de Patía, Balboa, Mercaderes, La Sierra, La Vega, El Tambo y BolívarCorporación Consejo Comunitario de Organizaciones de Base de la Cuenca Alta del río PatíacorPoafro

Junio de 2006 a mayo de 2007

La Corporación Consejo Comunitario de Organizaciones de Base asentadas

en la cuenca alta del río Patía, en el sur del Cauca, corPoafro, desde sus inicios

le hizo una apuesta al desarrollo regional en condiciones de sostenibilidad que

es, ante todo, una opción para ser, estar, tener y trascender la vida.

Durante la construcción de este Plan comprendimos que la sostenibilidad

regional es un proceso que articula los esfuerzos colectivos para propiciar vida

digna y convivencia armónica con el entorno, que es un esfuerzo para mantener

y mejorar desde el presente, el futuro de todas las formas de vida, haciendo de

nuestras diferencias, potencialidades y retos los elementos con que construi-

mos una vida digna34.

Esta etapa del Plan de Vida de la región afropatiana –que comprende área

de los municipios de Patía, El Tambo, Rosas, la Sierra, La Vega, Bolívar, Merca-

deres y Balboa en el sur del Cauca, y Leiva en el norte de Nariño– se construyó

con un horizonte de sostenibilidad de treinta años que consiste en una mirada

positiva, amplia y detallada del futuro de la región en sus dinámicas políticas,

económicas, sociales, culturales y ambientales.

34 Síntesis de lo que es la sostenibilidad regional tomada de las memorias de los talleres de planeación prospectiva y estratégicas que realizaron setenta líderes de la corporación.

75


Para conseguirlo se formuló una ruta estratégica que nos permitiera organi-

zar nuestras acciones en planes, programas y proyectos ordenados cronológica-

mente en acciones urgentes, iniciales, de transición y de consolidación.

Durante el año 2005 los consejos comunitarios y las organizaciones de base

articuladas en corPoafro son beneficiados por el programa Paz y Desarrollo

que corresponde a la contrapartida que hace el Gobierno colombiano a los re-

cursos brindados por la Unión Europea mediante el ii Laboratorio de Paz región

Macizo Colombiano, Alto Patía. En este marco, corPoafro formula su proyecto

“Fortalecimiento del proceso organizativo de las comunidades afrodescendien-

tes de la cuenca del Alto Patía” que incorpora dentro de sus elementos la elabo-

ración de su Plan de Vida. Así, durante los años 2006 y 2007 se pone en marcha

el proyecto y se llevan a cabo los distintos momentos de la construcción del

Plan, entre ellos, la apropiación de la metodología por parte de setenta líderes

y liderezas de la Corporación, la realización de asambleas en cada una de los

consejos comunitarios, de encuentros de socialización y síntesis y, finalmente, la

sistematización y ensamble del documento”35.

Los momentos fundamentales del proceso fueron:

Formulación del proyecto (junio a diciembre de 2005)•Puesta en marcha del proyecto de fortalecimiento de la Corporación •(marzo de 2006)Talleres de formación en planeación prospectiva y estratégica para la •sostenibilidad regional (junio a octubre de 2006)Asambleas en cada consejo comunitario para la construcción de visión •prospectiva y ruta estratégica (junio a agosto de 2006)Jornadas de sistematización y síntesis de los resultados de las asambleas •(agosto y septiembre de 2006)Asambleas en cada consejo comunitario para cualificar el proceso y ele-•gir los responsables de cada uno de ellos como dinamizadores de cada componente del Plan (julio 2 a octubre de 2006)Taller de evaluación y ajuste del proceso (Pasto, marzo 1 de 2007)•Jornada de sistematización y ajustes del documento (marzo 7 de 2007)•Taller de identificación de principios y valores afropatianos (marzo 21 •de 2007)

35 Ibídem.

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Asamblea General en la que se transforma la estructura del Consejo Ma-•yor y se renueva la junta directiva de la Corporación (abril 15 de 2007)Eventos permanentes de sistematización y cubrimiento fotográfico.•Taller de sistematización y ensamblaje del documento final (mayo 18 •de 2007)Socialización y apropiación del documento final (mayo 26 de 2007)•

La expectativa sobre el Plan de Vida consiste en:

… [que] el Plan de Vida nos sirva para cualificar nuestra capacidad de amar, comprender y dinamizar los diversos procesos políticos, económi-cos, culturales, sociales y ambientales que se desarrollan en el territorio como pasos que nos llevan hacia la construcción de región sostenible. De manera específica, tenemos la certeza de que será un elemento iluminador a la hora de construir las propuestas de programas de gobierno y los futu-ros Planes de Desarrollo Municipal y Departamental. Nos servirá, ade-más, para cualificar y consolidar nuevos espacios de organización social, menos temáticos y más integrales, para articular a nuevos actores sociales e institucionales en nuestro propósito y para ordenar desde el espíritu de nuestras comunidades la inversión y presencia de las instituciones públicas y privadas.

Después de trabajar el tema de la reivindicación étnica durante más de veintidós años las organizaciones y consejos comunitarios afrodescen-diente de la cuenca del Alto Patía tomamos la determinación de unir todas nuestras voluntades, poderes, intereses y aptitudes en un ente sociopolítico que nos represente a todas las manifestaciones organizativas, consejos e individuos de la región afropatiana36.

El proceso de organización y participación política de la comunidad afro-descendiente del Patía tuvo un desarrollo muy importante que no se ha visibilizado mucho a nivel nacional, por lo cual damos cuenta de los antecedentes del mismo37:

A nivel regional, consolidación del Movimiento Comunitario Patiano •y el Movimiento Comunal en Balboa, que en el año de 1990 estable-cieron alianzas estratégicas con líderes y liderezas de la parte alta de la cordillera y por primera vez se llevó un alcalde afrodescendiente a las

36 Ibídem.37 Ibídem. Los puntos enumerados fueron tomados del documento de corPoafro citado anteriormente.

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alcaldías de los municipios de Patía y Balboa, rompiendo así la tradi-ción de que todos(as) los(as) alcaldes de la zona eran de las cabeceras municipales y mestizos. Este nuevo proceso político liderado por las comunidades de la base rural en cada uno de estos municipios fue visto como una amenaza por la clase política regional tradicional.En 1994, delegados de las comunidades afropatianas participaron acti-•vamente en la formulación del primer Plan Nacional de Desarrollo para las Comunidades Afrodescendientes, que generó muchas expectativas pero muy pocos resultados. Así mismo, en el año 1998 se participa nue-vamente en el proceso nacional de formulación del Plan Nacional de Desarrollo para las Comunidades Afro por el período 1998-2002, pero al igual que el anterior, sólo generó expectativas y muy pocos beneficios para el pueblo afrocolombiano.Con la llegada de mandatarios alternativos surgidos de procesos so-•ciales a las gobernaciones de los departamentos de: Tolima, Cauca, Nariño, Huila, Caquetá y Putumayo, quienes promovieron una nue-va dinámica de planificar el desarrollo y el quehacer de la política que planteó el Plan Sur con una alta dosis de participación comunitaria con una mirada de desarrollo regional y que iba mucho más allá del período de gobierno.Todos estos hechos políticos contribuyeron a que la comunidad afropa-•tiana se preguntara por su participación en los espacios de poder y toma de decisiones que afectan la vida política, cultural, social, económica y ambiental de la zona, y en los procesos de planificación del desarrollo regional de forma concertada. Es así como empezó a gestarse la idea de contar con un plan de vida que les permita, ser, estar, tener y trascender. En el año 2001, líderes y liderezas, expertos, especialistas, profesionales y técnicos de los diferentes municipios del sur del Cauca empezaron a realizar reuniones, talleres con niños y niñas de las escuelas de Galín-dez, El estrecho, Patía, El Bordo y la Fonda, a partir de las siguientes preguntas orientadoras.

3. La organización social y de víctimas en Popayán

En el marco de la grave situación humanitaria que caracteriza el suroc-cidente colombiano en los últimos años y que se ha referido anteriormente, las víctimas del conflicto armado a pesar de los miedos, la desidia institucional y las

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amenazas han desarrollado expresiones organizativas a través de las cuales han pretendido acceder a las ayudas del Estado, dada su condición de víctima para reclamar sus derechos a verdad, justicia y reparación en medio de las limitaciones y contradicciones del proceso de Justicia y Paz –implementación de la Ley 975 de 2005 por medio de la cual se crean condiciones para la desmovilización de grupos armados al margen de la ley y se garantizan los derechos de las víctimas a verdad, justicia y reparación–.

Las ciudades cabeceras son receptoras de población en situación de despla-zamiento, para la cual las ciudades ofrecen un lugar donde fácilmente logran in-visibilizarse para disminuir los riesgos de ser identificado por los actores armados al margen de la ley. Así mismo, en las cabeceras el asiento de las entidades en-cargadas de atender a las víctimas del conflicto les permite de algún modo mayor posibilidad de acceder a la oferta pública en este sentido.

Lo anterior no significa que las víctimas de violaciones a los derechos hu-manos e infracciones al dih en el marco del conflicto armado –los casos de las detonaciones de minas antipersonales– obtengan la respuesta institucional que establece la normatividad nacional sobre el tema, toda vez que muchas víctimas no organizadas y aun organizadas, carecen de información idónea y oportuna para hacer exigibles sus derechos. Esto se conjuga con la desinformación o la inexistencia de directrices nacionales en las entidades, por ejemplo al menos has-ta 2007 en el marco del proceso de Justicia y Paz, esto era evidente en Popayán como en otras ciudades donde se llevaron a cabo entrevistas a funcionarios sobre la aplicación de la Ley 975 de 200538.

Para lograr un panorama de la situación actual de los derechos humanos en el departamento del Cauca, un análisis sobre la coyuntura actual y datos es-tadísticos sobre ambas temáticas, se recomienda consultar el Informe de derechos humanos, año 2007-primer semestre de 2008, realizado por la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca (Popayán, agosto de 2008).

Redes, organizaciones sociales y de víctimas39:A continuación se hace un reconocimiento a las iniciativas que desde la so-

ciedad civil generan espacios de reflexión y de acciones para la exigibilidad de los derechos de las víctimas y de los colectivos y la organización social y política.

38 Entrevistas desarrolladas durante el año 2007 en las ciudades de Quibdó, Pasto, Popayán, Santa Marta y Tuluá en el marco del seguimiento a la aplicación de la Ley 975 de 2005 y la realización del derecho a la justicia. Programa de Poblaciones Afectadas por el Conflicto, Corporación Nuevo Arco Iris.

39 Obviamente este reconocimiento no agota la riqueza de expresiones organizativas que desde la so-ciedad civil permiten a las víctimas del conflicto acceder a sus derechos a verdad, justicia y reparación. Destacamos aquellas organizaciones que interactuaron con la cnai en el marco del proyecto de “Acom-pañamiento a la Exigibilidad de las Víctimas de la Violencia” durante el 2007 y el 2008.

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Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca: red de la que hacen parte el Consejo Regional Indígena del Cauca, cric, Movimiento Campesino de Cajibío, mcc, anuc u.r., Asociación Nacional de Usuarios Campesinos-Unidad y Reconstrucción Cauca, cima, Corporación de Destechados del Cauca, codes-co, y Comité de Integración del Macizo Colombiano. Constituye un esfuerzo de coordinación entre las organizaciones referidas que visibiliza la gravedad de la situación humanitaria del Cauca a través de informes sobre la situación de dere-chos humanos en el departamento. La base de datos de la red es alimentada por la retroalimentación constante con las comunidades y organizaciones sociales40.

Mesa Humanitaria y de Protección de Líderes de Organizaciones Socia-les del Cauca: es un espacio tripartito del cual hacen parte organizaciones sociales, ong’s nacionales como Minga, agencias internacionales como el Programa Suizo para la Promoción de la Paz en Colombia, suipcol, Diakonie Internacional, ocha y los delegados de la Gobernación del Cauca y de la Defensoría del Pueblo.

Constituye un espacio de denuncia de las violaciones a los derechos huma-nos y promoción de acciones para la gestión de medidas de protección de líderes amenazados y la interposición de acciones urgentes en sitios afectados por con-frontaciones entre grupos armados legales e ilegales. Este espacio se reúne habi-tualmente cada dos meses.

Comité de víctimas pertenecientes a organizaciones sociales del Cauca: a finales del año 2006 un grupo de organizaciones sociales del Cauca se dispu-sieron a trazar una serie de estrategias que condujeran a la defensa de las bases de sus organizaciones sociales y sus líderes, ante las sistemáticas violaciones a los derechos humanos por acción y omisión así como ante las infracciones al Dere-cho Internacional Humanitario cometidas contra las personas y las comunidades que acompañan.

El Comité constituye un espacio en el cual se discutió y se trabajó activa-mente el proyecto de ley que debatió en el Congreso –durante el 2008– un esta-tuto para las víctimas. Así mismo, en este espacio se promueve el conocimiento y discusión de legislación y propuestas desde las víctimas a través de una estrategia de visibilización y empoderamiento de las mismas.

En la actualidad el Comité de víctimas perteneciente a organizaciones so-ciales está conformado por delegados de las organizaciones de víctimas de la masacre del Naya, asocaidena; familiares víctimas de la masacre del Nilo41, acit; víctimas de la masacre de los Uvos, asfauvos; víctimas de la Pedrego-

40 red Por la vida y los derechos huManos del cauca, Informe de derechos humanos, año 2007-primer se-mestre de 2008, Popayán, agosto de 2008.

41 Esta masacre ocurrió en 1991 y ocasionó la muerte de veinte indígenas paeces.

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sa y la Rejoya, Cajibío y el grupo de dinamizadores integrantes de diferentes organizaciones.

Acciones realizadas por el Comité de víctimas pertenecientes a organiza-ciones sociales del Cauca:

Realización del Primer Encuentro Regional de Víctimas Pertene-•cientes a Organizaciones Sociales del Cauca, marzo 10 y 11 del 2007, Popayán. Acompañamiento a los procesos vigentes en el norte del Cauca, realiza-•ción del Encuentro Interétnico: construcción de un mandato interétnico por parte de las víctimas del Nilo, Naya, Puerto Tejada y norte del Cauca de comunidades indígenas, afro y campesinas como iniciativa popular de una construcción de una política pública para las víctimas del conflicto. Convocantes, participantes y organizadores del Encuentro Nacional de •Víctimas Pertenecientes a Organizaciones Sociales, julio de 2007, Bogotá.Participación activa en la convocatoria del movimiento social del Cauca •en defensa de la vida y los derechos humanos.Acompañamiento a los procesos de las organizaciones en torno a la •problemática de las víctimas y la recuperación de la memoria histórica. Dinamiza y visibiliza en las organizaciones y procesos el problema de las víctimas del conflicto armado tejiendo solidaridades.

Movimiento Campesino de Cajibío: tiene su origen en el año 1991 debido a la necesidad de articulación de procesos de organización campesina tales como organizaciones de mujeres, tiendas comunales, delegados de la palabra, comités de salud, asociaciones de madres comunitarias, grupos de producción agropecuaria, grupos juveniles, familias productoras, comités de salud y organizaciones de maes-tros. Esta organización campesina que trabaja por la recuperación y fortalecimiento de su identidad campesina y por la soberanía, la seguridad y la autonomía alimen-taria, está conformada por víctimas de las masacres de Pedregosa y Rejoya. Tiene cobertura en los municipios de Cajibío, Almaguer y San Sebastián.

Las actividades desarrolladas en su primera etapa fueron: acompañar a los grupos para el fortalecimiento de la organización comunitaria; crear espa-cios de formación de los líderes de las diferentes organizaciones articuladas al Movimiento; acompañamiento y apoyo humanitario a grupos víctimas del des-plazamiento forzado y posteriormente, apoyar su proceso de retorno al territorio originario; denuncia nacional e internacional de casos de violación de derechos humanos a miembros de la organización y coordinación de acciones con organi-zaciones afines de carácter local, regional y nacional.

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En el año 2001 se constituyó la Asociación Movimiento Campesino de Cajibío como ente jurídico sin ánimo de lucro, cuyos miembros han tenido siem-pre el interés de favorecer y desarrollar acciones en beneficio de familias agro-ambientalistas, grupos juveniles, comités de salud, grupos de mujeres, Juntas de Acción Comunal, madres comunitarias y trabajadoras de salud. Al mismo tiem-po se dio inicio al proceso de construcción del Plan de Vida Digna, pvd, propues-ta que contó con el aporte de seiscientos ochenta y siete líderes de los diferentes sectores del municipio y que parte del pensamiento y la experiencia de las orga-nizaciones y de la comunidad en general, alrededor de un proyecto común que recoja las necesidades y deseos de un futuro mejor y cuyos planteamientos gene-rales son:

1. Aspecto agroambiental: propone la construcción de una economía campesina que garantice la sostenibilidad alimentaria de las familias y la protección, recuperación y conservación del medio ambiente.

2. Aspecto de salud: propone la construcción de una política pública en salud y convertir a Cajibío en un municipio saludable, que reconozca la responsabilidad del Estado y de la población en la defensa de la salud, parte fundamental del derecho a la vida.

3. Cultura e identidad: trabaja por el rescate y el fortalecimiento de la identidad campesina como elemento fundamental de la convivencia pa-cífica y el arraigo al territorio.

4. Político organizativo: se propone la conformación de una estructura organizativa sólida, amplia y participativa que garantice la participa-ción de todos los sectores presentes en el municipio para su desarrollo.

5. Territorio y autoridad: se propone la constitución de una autoridad co-lectiva y autónoma, capaz de decidir de acuerdo con el interés conjunto y sin generar dependencia de los actores externos, esto se logra median-te la participación y la definición colectiva.

6. Infraestructura: se propone que la construcción de las obras debe ha-cerse en concertación con la comunidad y de acuerdo con las necesida-des que a largo plazo tienen las comunidades.

7. Educación: plantea la construcción de un sistema educativo comunita-rio, respetuoso de los valores propios y que impulse a los niños y jóvenes a ser líderes de su comunidad.

8. Derechos humanos: acompañamiento organizativo a grupos víctimas de violencia política en su proceso de acercamiento a las comunidades, a grupos de familias que han retornado a la región luego de permanecer por varios años en situación de desplazamiento forzado.

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Coordinación Departamental de Mujeres del Cauca: constituye un espa-cio de encuentro, coordinación, reflexión e intercambio de diferentes organiza-ciones y expresiones de mujeres del sector popular, que a través de la construcción colectiva y el afianzamiento de la solidaridad aúnan esfuerzos para fortalecerse y recrear de manera conjunta acciones de resistencia frente a inequidades sociales, económicas, culturales, políticas y de género y buscan propender por la construc-ción de un nuevo modelo incluyente, equitativo y justo.

Así mismo, la Coordinación Departamental de Mujeres del Cauca busca, a través del desarrollo de estrategias como la formación política, la exigibilidad, el intercambio y la movilización social visibilizar las propuestas generadas desde las diversas expresiones y organizaciones de mujeres. De igual manera, pretende la articulación de sus propuestas con las del conjunto del movimiento popular y social.

Organizaciones sociales y de víctimasanthoc: víctimas pertenecientes al Sindicato de Trabajadores de la Salud.anuc-ur: Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Unidad y

Reconstrucción. Asociación de Familias Desplazadas Nueva Esperanza: es una orga-

nización de víctimas de desplazamiento forzado en proceso de formación, en Popayán.

Asociación de víctimas de map y muses: es una organización de víctimas de minas antipersonales y munición sin explotar, con sede en Popayán.

Corporación de Destechados pro Desarrollo Comunitario, codesco: en la quebrada Pubus, ubicada al suroccidente de Popayán, habitan decenas de familias sin techo, muchas de ellas de origen campesino que en el curso de los últimos años fueron desarraigadas de sus veredas como consecuencia de la violencia política. En este territorio se presentan graves problemas de violencia social, desnutrición, edu-cación, desempleo, consumo y comercialización de sustancias psicoactivas, aunados a la contaminación de la quebrada que reproduce los índices de morbilidad entre los habitantes42.

A partir de un proceso, no carente de tensiones, realizaron diversas acciones que condujeron a construir organización social a partir de las demandas de los(as) pobladores(as): censos de población, acceso a programas de atención y capacitación –programa Comunidad Destechada, hacia una Vida Saludable, 2004, Dirección Departamental de Salud del Cauca y la Universidad Nacional Abierta y a Distan-cia, unad–, implementación de mecanismos de resistencia civil frente a la violencia política y social, manejo adecuado de la información de los asuntos que atañen a la

42 En: http://www.saliendodelcallejon.pnud.org.co/buenas_practicas.shtml?x=7030

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quebrada y técnicas de comunicación y negociación, encaminadas a mejorar las re-laciones sociales de los habitantes y la resolución pacífica de sus diferencias.

Este proceso organizativo de los(as) “destechados(as)” ha ganado visibili-dad en el Cauca y a nivel nacional, por ejemplo, el Premio cafam a la Mujer 2007 fue otorgado en reconocimiento al trabajo desarrollado por Yaneth Mosquera Castro, lidereza de los(as) destechados(as) en la quebrada Pubus. Así mismo, este proceso organizativo ha demostrado avances en la consecución de uno de sus principales fines: garantizar vivienda digna para sus integrantes.

Familiares Colombia: es una organización de víctimas con cobertura en diferentes territorios de Colombia, particularmente orientados hacia el trata-miento de la retención y la desaparición forzada en Colombia.

Fundación Territorios por Vida Digna: llevan a cabo el monitoreo a las vio-laciones a los derechos humanos a través de un banco de datos y realizan acom-pañamiento a organizaciones de víctimas y a las víctimas individualmente en el Cauca.

Fundación para la Comunicación Popular, funcop, Cauca: es una ong que tiene trabajo con comunidades desde 1983, así que tiene un acumulado de experiencias, conocimientos y vivencias que han permitido cambios y nuevas bús-quedas. En los últimos cinco años, funcop Cauca ha visto la necesidad de revisar sus estructuras y procesos organizativos para construirse como un colectivo desde las concepciones sistémicas complejas, lo cual permite una mejor interacción en-tre ellos y las comunidades43.

Ruta Pacífica de Mujeres: es una propuesta política feminista, de carácter nacional, que trabaja por la tramitación negociada del conflicto armado en Co-lombia y por la visibilización de los efectos de la guerra en la vida de las muje-res. Surgió en 1996 como respuesta a la grave situación de violencia en la que se encuentran las mujeres en las zonas de conflicto, tanto en las áreas rurales como urbanas, hechos violentos que han sido invisibilizados y subvalorados por las vio-lencias que se suponen son más fatales. Las mujeres se declaran pacifistas, anti-militaristas y constructoras de una ética de la “no violencia” en la que la justicia, la paz, la equidad, la autonomía, la libertad y el reconocimiento de la otredad son principios fundamentales. Actualmente, forman parte de La Ruta Pacífica más de trescientas cincuenta organizaciones y grupos de mujeres coordinadas en nue-ve regionales: Santander, Valle del Cauca, Risaralda, Cundinamarca, Putumayo, Antioquia, Chocó, Bolívar y Cauca.

Es importante señalar la ejecución en la eco-región Macizo Colombia-Alto Patía del ii Laboratorio de Paz y Proyecto Paz y Desarrollo, que es un pro-grama de la Cooperación Internacional, suscrito entre el Gobierno colombiano

43 En: http://www.funcop.org.co/

y la Comisión Europea, ce, cuya finalidad consiste en propiciar la construcción colectiva de las condiciones para una paz duradera y la convivencia pacífica basa-da en una vida con dignidad y oportunidades para todos los habitantes. Para ello, el programa busca establecer espacios y procesos territoriales, institucionales, so-ciales, económicos y culturales, priorizados y sostenibles, resultando en un menor nivel de conflicto y violencia, así como de vulnerabilidad de la población.

Los tres ejes estratégicos de acción del ii Laboratorio de Paz consisten en:

1. Implementación de una cultura de paz basada en el fortalecimiento del diálogo de paz, el respeto de los derechos humanos y una vida digna.

2. Gobernabilidad democrática, fortalecimiento institucional y participa-ción ciudadana.

3. Un desarrollo socioeconómico sostenible que mejora las condiciones de vida de la población objeto en armonía con el medio ambiente44.

Municipio de San Sebastián, Macizo colombiano, Cauca

Fuente: Archivo fotográfico Programa Poblaciones Afectadas por el Conflicto, CNAI.

44 En: http://www.laboratoriodepaz.org/publicaciones.php?id=27785

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CAPítulo iii

reflexiones finAles

El recorrido por la situación territorial, organizacional y de derechos humanos del departamento del Cauca llama la atención sobre las reivindicaciones ances-trales de los pueblos indígenas del Cauca, que últimamente han dado ejemplos de ejercicios democráticos para la reclamación de sus derechos. La Declaración de Derechos sobre los Pueblos Indígenas, aprobada el jueves 29 de junio de 2006 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, y en 2007 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, “es un paso más en la consolidación de los mecanismos de protección internacional de los derechos hu-manos de todas las personas”1. La Declaración reafirma que los indígenas en lo individual y colectivamente gozan de todos los derechos ya reconocidos a nivel internacional y que las circunstancias especiales de su existencia como pueblos discriminados y despojados de sus recursos ancestrales durante largo tiempo re-quieren una atención particular de los Estados y de la comunidad internacional. Así mismo, reafirma que las tierras y territorios ancestrales de los indígenas cons-tituyen el fundamento de su existencia colectiva, de sus culturas y espiritualidad, reconociendo su estrecha relación con el medio ambiente y su derecho, como pue-blos, a la libre determinación en el marco de los Estados en los que viven2.

1 Mensaje del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, doctor Rodolfo Stavenhagen, con motivo de la adopción de la declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007.

2 Ibídem.

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De acuerdo con lo anterior, que constituye un consenso casi universal, ge-nera desconcierto la actitud del Gobierno colombiano en el sentido de que aún no ha ratificado dicha Declaración y se evidencian hechos de discriminación, in-timidación y estigmatización de los pueblos indígenas y de su lucha por la tierra y la autonomía.

Por su parte, la organización de los pueblos afrodescendientes ha crecido en torno a los consejos comunitarios con la creación de planes de vida, el diseño de estrategias para la reivindicación cultural y el mejoramiento de sus condiciones de vida y sus necesidades básicas insatisfechas. El proceso organizativo de la po-blación afrodescendiente y campesina, por ejemplo en la zona afropatiana, signi-fica un esfuerzo notable por el desafío –no carente de dificultades– de organizarse en medio de tantas necesidades y de la diversidad cultural.

Por otra parte, en el marco del debate público sobre los derechos de las víctimas a verdad, justicia y reparación, suscitado a propósito de la aplicación de la Ley 975 de 2005, la consideración de las problemáticas indígena y afrodescen-diente impone un gran reto a la realización de la reparación integral, en el sentido de que deberán implementarse criterios desde un enfoque diferencial que atienda a las necesidades de dichas comunidades estrechamente relacionadas con el terri-torio, el sentido colectivo de sus reclamaciones, la legitimidad de sus autoridades, su tradición, sus valores y su cultura, considerándolas sujetos colectivos de dere-cho. Si no fuera así, difícilmente se lograrían medidas reparadoras y garantías de no repetición de los crímenes atroces perpetrados sistemáticamente contra esas comunidades.

Las víctimas y sus organizaciones portan diferentes valores acerca del de-seo de verdad, justicia y reparación y conforme a su visión del mundo dada su identidad cultural y territorial de acuerdo en parte con la experiencia de injusti-cia, impunidad, desidia estatal que hayan experimentado.

Como se ha evidenciado, en el Cauca las formas organizativas de la socie-dad civil son muchas de acuerdo con la diversidad de necesidades, prioridades y enfoques: redes sociales a nivel local y departamental, organizaciones de vícti-mas, ong’s, organizaciones de mujeres, organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, entre otras. La existencia de esta riqueza organizativa se ma-nifiesta así mismo en escenarios de articulación de las demandas, las prioridades y los enfoques, como se percibe en las redes sociales como mesas y comités.

Las estrategias de los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como la de la población mestiza y campesina que ha sido victimizada en el marco del conflic-to en el departamento del Cauca, denotan una apuesta por la organización social y la acción social colectiva que dinamiza y consolida escenarios participativos de discusión y de formulación de políticas públicas. Así mismo, la creación de diver-

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sas estrategias de resistencia y acción política no violenta imponen el desafío de generar aprendizajes sociales para fortalecer la participación.

Este libro pretende llamar la atención para valorar estas dinámicas que apuntan a la consolidación de la democracia desde practicas políticas que propi-cien la inclusión, desde la memoria y el no olvido de la barbarie para que los colom-bianos y colombianas, en sus imaginarios, se respeten y se reconozcan indígenas, afrodescendientes, mestizos, campesinos, hijos e hijas de la tierra.

Fuente: Archivo fotográfico Programa Poblaciones Afectadas por el Conflicto, CNAI.

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glosArio1

Derecho a la verdad, el derecho a saber 17. No se trata solamente del derecho individual que toda víctima, o sus parientes o amigos, tiene a saber qué pasó en tanto que derecho a la verdad. El derecho a saber es también un derecho colectivo que tiene su origen en la historia para evitar que en el futuro las violaciones se reproduzcan. Por contrapartida tiene, a cargo del Estado, el deber de la memoria a fin de prevenir contra las deformaciones de la historia que tienen por nombre el revisionismo y el ne-gacionismo; en efecto, el conocimiento, para un pueblo, de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio y como tal debe ser preservado. Tales son las finalidades principales del derecho a saber en tanto que derecho colectivo. 18. Dos series de medidas se proponen a este efecto. La primera concierne a la puesta en marcha, a corto plazo, de comisiones no judiciales de investigación. Salvo que haya una justicia rápida, y esto es poco común en la historia, los tribunales no pueden sancionar rápidamente a los asesinos y sus cómplices comanditarios. La segunda serie de medidas tiende a preservar los archivos que tengan relación con las violaciones de derechos humanos2 (destacado por fuera del texto).

1 Algunas definiciones han sido tomadas de los Conceptos básicos acerca de la Ley 975 de 2005, Justicia y Paz, y de los derechos de las víctimas publicada por la Procuraduría General de la Nación, mayo de 2007; la Guía Práctica sobre el procedimiento para acceder al reconocimiento de los derechos a la verdad, la justi-cia y la reparación en el marco de la Ley 975 de 2005 que la cnrr publicó en su página web: http://www.cnrr.org.co (abril/mayo de 2007); así como de la Guía de orientación jurídica y psicosocial para la atención a las víctimas de la violencia generada por grupos armados organizados al margen de la ley, publicada por la Defensoría del Pueblo (2007).

2 En: informe final de M. Joinet: Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, La cuestión de la im-punidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (civiles y políticos), informe final elaborado y revisado por M. Joinet en aplicación de la decisión 1996/119 de la Subcomisión. Distr. General e/cn. 4/Sub. 2/1997/20/Rev.1, 2 de octubre de 1997.

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Derecho a la justicia, a un recurso justo y eficaz26. Implica que toda víctima tenga la posibilidad de hacer valer sus derechos beneficiándose de un recurso justo y ef icaz, principalmente para conseguir que su opresor sea juzgado, obteniendo su reparación. Como se subraya en el preámbulo de la Estructura de Principios, no existe reconciliación justa y durable sin que sea aportada una respuesta efectiva a los deseos de justicia; el perdón, acto privado, supone, en tanto que factor de reconciliación, que la víctima conozca el autor de las violaciones cometidas contra ella y el opresor esté en condiciones de manifestar su arrepentimiento; en efecto, para que el perdón pueda ser concedido, es necesario que sea solicitado. 27. El derecho a la justicia confiere al Estado una serie de obligaciones: la de investigar las violaciones, perseguir a sus autores y, si su culpabilidad es establecida, de asegurar su sanción. Si la iniciativa de investigar corresponde en primer lugar al Estado, las reglas complementarias de procedimiento deben prever que todas las víctimas puedan ser parte civil y, en caso de carencia de poderes públicos, tomar ella misma la iniciativa. 28. La competencia de los tribunales nacionales debería, por razones de principio, ser la norma, porque toda solución durable implica que ésta tiene que partir de la nación misma. Pero ocurre muy a menudo que los tribunales nacionales no están en condiciones de hacer justicia imparcial o se encuentran en la imposibilidad material de funcionar. Esto plantea la difícil cuestión de la competencia de un tribunal internacional: se trate de un tribunal ad hoc, del tipo de los que fueron creados para las violaciones cometidas en la ex Yugoslavia o en Ruanda, o bien de un tribunal internacional permanente como el que está actualmente en proyecto en la Asamblea General de las Naciones Unidas3. (Destacado por fuera del texto)

Derecho Internacional de los Derechos Humanos (Derechos Humanos)La principal finalidad de los derechos humanos es impedir la arbitrariedad, limitando el dominio del Estado sobre los individuos; no es su objeto regular la conducción de las operaciones militares. Si el Derecho Humanitario tiene por objeto proteger a las víctimas procurando limitar los sufrimientos pro-vocados por la guerra, los derechos humanos protegen la persona humana y favorecen su completo desarrollo, en todo tiempo, haya guerra o paz. Por lo tanto, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (los derechos humanos) son complementarios. La finalidad

3 En: informe final de M. Joinet, Naciones Unidas, e/cn. 4/Sub. 2/1997/20/Rev.1, 2 de octubre de 1997.

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de ambos es proteger la persona humana. Pero, la protegen en circunstancias y según modalidades diferentes.

Derecho Internacional HumanitarioParte importante del derecho internacional público, el Derecho Internacional Humanitario (o Derecho Humanitario) es el conjunto de normas cuya fina-lidad, en tiempo de conflicto armado, es, por una parte, proteger las personas que no participan, o han dejado de participar, en las hostilidades y, por otra, limitar los métodos y medios de hacer la guerra.

DesmovilizadoMiembro de un grupo armado organizado al margen de la ley, gaoml, que abandona voluntariamente sus actividades como miembro del grupo y se entrega a las autoridades de la República.

Desmovilización colectivaSe refiere a la entrega voluntaria de un grupo armado organizado al margen de la ley gaoml, después de un proceso de diálogo y concertación y en cum-plimiento de acuerdos entre dicho grupo y el Gobierno Nacional.

Desmovilización individualSe refiere a la entrega voluntaria de un miembro de un gaoml a las autori-dades de la República y el consecuente abandono de las actividades delictivas propias del grupo.

Infracciones graves al Derecho Internacional HumanitarioSon determinados actos delictivos que se constituyen en violaciones de las normas del derecho de los conflictos armados que los Estados tienen la obli-gación de prevenir. Así mismo, los Estados tienen la obligación de perseguir penalmente a los que las hayan cometido o dado la orden de cometerlas. Las infracciones graves están consideradas como crímenes de guerra. Pueden ser cometidas por actores armados, sean estatales o no.

Reparación integralEl concepto de reparación según una definición amplia que existe en el• contexto del derecho internacional, en el cual el término se usa para de-signar toda aquella medida que puede ser utilizada para resarcir a las víctimas por los diferentes tipos de daños que hubieren sufrido como con-secuencia de ciertos crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado contemporáneo.

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Consecuente con la definición anterior, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación ha acordado, por amplio consenso, asumir de manera estra-tégica el concepto de reparación integral que implica concebir las reparaciones como parte del proceso de justicia transicional, que incluye además el escla-recimiento de la verdad, la reconstrucción de la memoria histórica, la aplicación de la justicia y las reformas institucionales.

Las víctimas tienen derecho a la reparación integral de los daños que se les han causado (Ley 975 de 2005, Artículo 37, numeral 3). Esto significa que tienen derecho a pedir como reparación:

La restitución. Esto incluye el restablecimiento de los derechos que le hayan sido violados –cuando esto sea posible– y la restitución de las situaciones y de los bienes de los que hayan sido despojados. Veamos algunos ejemplos: el derecho a la restitución incluye el restablecimiento de la honra, la situación social o la vida familiar de la víctima; el retorno a su lugar de residencia; la reintegración en el empleo y la devolución de las propiedades.

La rehabilitación. Esto incluye la asistencia profesional requerida para el restablecimiento de la integridad física y moral de la víctima. La rehabilita-ción incluye, por ejemplo, atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos y sociales.

La indemnización. Cuando el restablecimiento de los derechos violados no es posible –como por ejemplo en los casos de la desaparición forzada, muer-te, lesiones físicas o psicológicas causadas por la tortura o por la violencia sexual– la víctima tiene derecho a que se compensen económicamente los daños sufridos. La víctima tiene derecho a que se compensen, entre otros, el daño físico o psicológico, el sufrimiento moral, los daños materiales y la pérdida de oportunidades de trabajo o estudio.

La satisfacción. La satisfacción va dirigida a restablecer la dignidad de la víctima. Estas medidas deben responder a las necesidades y contar con la participación activa de las víctimas en su definición y ejecución. Algunas medidas de satisfacción son: la verificación de los hechos que causaron el daño y la difusión pública y completa de la verdad; la búsqueda de las perso-nas desaparecidas y la recuperación de los restos de las personas asesinadas, su identificación e inhumación de acuerdo con los deseos y las prácticas familiares y culturales de las víctimas; una declaración oficial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima; una disculpa pública

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que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabi-lidades; la adopción de diversas formas de conmemoración que restablezcan la dignidad de las víctimas.

Las garantías de no repetición. Las víctimas tienen derecho a que se adopten medidas para que los hechos que les causaron daños no se vuelvan a repetir. Las víctimas tienen derecho a solicitar que se adopten medidas de no repeti-ción de acuerdo con los contextos y formas particulares de violencia que han sufrido. Estas medidas no se agotan en las listas que trae la ley colombiana ni el derecho internacional. Ambos son instrumentos que nos pueden guiar sin excluir medidas que las víctimas y las comunidades propongan. Entre estas medidas pueden estar: el desmantelamiento efectivo de los grupos armados ilegales; el ejercicio de un control efectivo de las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y de seguridad y la reforma de leyes que hayan dado lugar a la violación de los derechos de las víctimas.

En el contexto del • derecho internacional: la Comisión de Derechos Huma-nos de las Naciones Unidas estableció los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones a las normas internacionales de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario a interpo-ner recursos y obtener reparaciones” en el marco del informe final del Re-lator Especial, señor Cherif Bassiouni, presentado a la Comisión en virtud de la resolución 1999/33, e/cn.4/2000/62, párrafo 25. Estos principios se basan a su vez en los principios desarrollados previamente por los expertos de Naciones Unidas Louis Joinet y Theo van Boven:

a. Louis Joinet: Naciones Unidas, Subcomisión de Derechos Humanos, “Informe final revisado acerca de la cuestión de la impunidad de los au-tores de violaciones a los derechos humanos (derechos civiles y políticos)” preparado por el Señor Louis Joinet de conformidad con la resolución 1996/119 de la Subcomisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, documento e/cn.4/Sub.2/1997/20/Rev.1.

b. Theo van Boven: Naciones Unidas, Subcomisión de Prevención de Dis-criminaciones y Protección a las Minorías, “Estudio relativo al derecho de restitución, indemnización y rehabilitación a las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos y la libertades fundamentales”, Informe definitivo presentado por el Señor Theo van Boven, Relator especial a la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Mi-norías en su 45° período de sesiones”, documento e/cn.4/Sub.2/1993/8.

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A continuación se mencionarán algunos principios establecidos en el Informe de Joinet que se cita en el punto a:

Toda violación de un derecho humano da lugar a un derecho de la víctima o sus derechohabientes4 a obtener reparación, el cual implica el deber del Estado de reparar y el derecho de dirigirse contra el autor (Principio 33).

En cuanto a los procedimientos se establece que:

Tanto por la vía penal como por la civil, administrativa o disciplinaria, toda víctima debe tener la posibilidad de ejercer un recurso accesible, rápido y eficaz, que incluirá las restricciones que a la prescripción impone el Princi-pio 24; en el ejercicio de dicho recurso debe beneficiarse de una protección contra actos de intimidación y represalias… El ejercicio del derecho a ob-tener reparación comprende el acceso a los procedimientos internacionales aplicables (Principio 34).

Sobre las garantías de no repetición de las violaciones:

El Estado deberá adoptar medidas adecuadas para que las víctimas no pue-dan volver a ser objeto de violaciones que vulneren su dignidad. Habrá que considerar prioritariamente:

a. Las medidas encaminadas a disolver los grupos armados paraestatales.b. Las medidas de derogación de las disposiciones de excepción, legislativas

o de otra índole, que favorezcan las violaciones.c. Las medidas administrativas o de otra índole que deberán tomarse res-

pecto de los agentes del Estado implicados en violaciones graves de los derechos humanos (Principio 37).

Respecto del ámbito de aplicación del derecho a obtener reparación se establece que:

El derecho a obtener reparación deberá abarcar todos los daños y perjuicios sufridos por la víctima; comprenderá, por una parte, medidas individuales de reparación, relativas al derecho de restitución, indemnización y rehabilitación y, por otra, medidas de satisfacción de alcance general, como las previstas

4 Derechohabiente: que deriva su derecho de otra.

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en el conjunto de principios y directriz fundamentales sobre el derecho a obtener reparación.En los casos de desapariciones forzadas, una vez aclarada la suerte de la persona desaparecida, su familia tiene el derecho imprescriptible a ser infor-mada y, en caso de fallecimiento, se le debe restituir el cuerpo en cuanto se identifique, independientemente de que se haya establecido o no la identidad de los autores y se los haya o no encausado y juzgado (Principio 36).

Víctima• SegúnelArtículo5°delaLey975de2005deJusticiayPaz,seentiende

por víctima a la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos, tales como lesiones transitorias o permanentes que oca-sionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al margen de la ley.

• También se tendrá por víctima al cónyuge, compañero o compañerapermanente, y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a ésta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida.

• Ver inciso2°deSentenciaC-370deCorteConstitucional:LaCorteConstitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han entendido que son víctimas o perjudicados, entre otros, las víctimas direc-tas y sus familiares, sin distinguir, al menos para reconocer su condición de víctimas del delito, el grado de relación o parentesco.

• Lacondicióndevíctimaseadquiereconindependenciadequeseidenti-fique, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y sin consideración a la relación familiar existente entre el autor y la víctima.

• Igualmente,seconsideraráncomovíctimasalosmiembrosdelaFuerzaPública que hayan sufrido lesiones transitorias o permanentes que oca-sionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual o auditiva), o menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuen-cia de las acciones de algún integrante o miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, cnrr, víctima se define como: todas aquellas personas o grupos de personas que, en razón o con ocasión del conflicto armado interno que vive el país desde 1964 hayan sufrido daños individuales o colectivos ocasionados por actos u

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omisiones que violan los derechos consagrados en normas de la Constitución Política de Colombia, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Penal Internacional, y que constituyan una infracción a la ley penal nacional. Son víctimas quienes han sido objeto de las siguientes violaciones a los derechos humanos: desaparición forzada, secuestro, homicidio, genocidio, desplazamiento forzado, detención arbitraria y violación del debido proceso, reclutamiento forzado, tortura, violencia sexual y reproductiva, lesiones y tratos inhumanos y degradantes, actos de terrorismo, actos de barbarie y destrucción de bienes culturales y lugares de culto.Anteriormente, en la Ley 418 de 19975, en el “Título ii. Atención a vícti-mas de hechos violentos que se susciten en el marco del conflicto armado interno”, Artículo 15 se afirma que “Para los efectos de esta ley, se entiende por víctimas de la violencia política, aquellas personas de la población civil que sufran perjuicios en su vida, o grave deterioro en su integridad personal o en sus bienes, por razón de atentados terroristas, combates, secuestros, ataques y masacres en el marco del conflicto armado interno. Son víctimas los desplazados en los términos del Artículo 1° de la Ley 387 de 1997. Así mismo, se entiende por víctima de la violencia política toda persona menor de edad que tome parte en las hostilidades”.

Violaciones de los derechos humanosSon aquellas conductas antijurídicas (delitos) y lesivas –que lesionan– de los bienes de la personalidad que atentan contra los derechos del ser humano en cuanto miembros de la humanidad. Pueden ser realizadas por el Estado directa o indirectamente, por acción u omisión.

VulnerabilidadSe refiere al grado en que una persona puede ser influenciada por factores externos negativos y encontrarse en condiciones de debilidad manifiesta.

5 Ley 418 de 26 de diciembre de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y la Ley 782 de 2002.

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