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I N F O R M E
El CERREM oculta
información relevante sobre la
seguridad de los
periodistas
El CERREM oculta información relevante sobre la seguridad de
los periodistas El 4 de marzo de 2020 la Fundación para la
Libertad de Prensa (FLIP) regresó al Comité de
Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM),
espacio a cargo de la Unidad Nacional de
Protección (UNP) en el que se determina el tipo de
esquema de seguridad que les será implementado
a los periodistas que se encuentran en riesgo.
A partir de ese momento, la FLIP ha
identificado cómo los delegados y la Secretaría
Técnica del CERREM ocultan información de
manera deliberada sobre los casos estudiados
y se presentan constantes irregularidades en el
desarrollo de las sesiones y el estudio de los casos.
En este informe se explican estas
irregularidades y se hacen varios llamados a las
autoridades para que se garantice la participación
de la sociedad civil en las sesiones del Comité.
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Desde que el CERREM entró en funcionamiento a través de la promul-
gación del Decreto 4912 de 2011, la FLIP y otras organizaciones de
la sociedad civil tuvieron acceso durante años al valor de las matrices de
riesgo. Estas matrices son una herramienta técnica fundamental para que
las decisiones que se toman en este espacio no obedezcan a intereses po-
líticos sino a un análisis soportado en tres aspectos: la amenaza, el riesgo
y la vulnerabilidad.
Sin embargo, a partir del 10 de octubre de 2018, meses después de que
Iván Duque se posesionara como presidente de la República y nombrara a
Pablo Elías González como director de la UNP, la Secretaría Técnica del CE-
RREM dejó de entregar los resultados de las matrices y demás información
relacionada con el riesgo al que están expuestos los periodistas. Según la
entidad, esta información es de carácter reservado.
La UNP oculta el valor de las matrices y el tipo de riesgo al que están expuestos los periodistas
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Sin embargo, el propio reglamento del CERREM, que entró en vigencia
a través de la resolución número 0017 de 2018 del Ministerio del Interior,
contradice esta práctica debido a que no restringe la difusión de estos datos
entre los delegados. Por el contrario, establece como funciones de la Secre-
taría del Comité: “elaborar la agenda de casos a presentar de acuerdo con
los insumos suministrados por el Grupo de Valoración Preliminar, en dicha
agenda se incluirán, además, los casos que deban ser puestos en conside-
ración, para que el Comité recomiende los ajustes de medidas en virtud de
la revaluación de riesgo”.
El CERREM incumple con el mandato de su propio reglamento y les
oculta a las organizaciones invitadas el resumen sobre la evaluación de
cada periodista, el valor de la matriz y el tipo de riesgo al que está expues-
to el beneficiario. Adicionalmente, cuando las organizaciones solicitan los
valores de la matriz durante las sesiones, la Secretaría Técnica y los dele-
gados de las entidades del Estado se niegan a entregarlos, argumentando
que son información reservada. Esta situación obstruye la veeduría que
hace la sociedad civil frente a los procesos de evaluación que adelanta la
UNP. Además, limita la interlocución de las organizaciones con las entida-
des del Estado que determinan los esquemas de protección, debido a que la
discusión se aborda con información incompleta.
Una situación de esta naturaleza ocurrió con un medio de comunicación
en el occidente del país, donde sus trabajadores enfrentan el mismo nivel de
riesgo y, por esta razón, hasta el 2020 contaron con un esquema de protec-
ción colectivo para tres de sus miembros. Sin embargo, la revaluación anual
El CERREM les oculta a las organizaciones invitadas el
resumen sobre la evaluación de cada periodista, el valor
de la matriz y el tipo de riesgo al que está expuesto
el beneficiario.
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arrojó valores considerablemente distintos: una persona tenía 57 puntos,
la otra 50 y la tercera 40 puntos. De acuerdo a la tipificación de los riesgos,
los dos primeros se mantuvieron en riesgo extraordinario y el tercero fue
ordinario, es decir, que no se justifica la implementación de las medidas de
protección y, por ese motivo, quedó excluido del esquema colectivo.
Para la FLIP resulta sumamente extraño que exista una diferencia de 17
puntos entre dos periodistas que informan en medio de la confrontación de
actores armados y que comparten la misma redacción. Evidentemente este
tipo de casos demuestra que el argumento de la información reservada se
utiliza de manera conveniente para ocultar las falencias en el proceso de
evaluación y entorpece la veeduría de las organizaciones. La opacidad de
la entidad impide identificar las razones de esta diferencia y alimenta las
dudas y sospechas sobre el hecho de que la UNP esté asignando esquemas
de seguridad por decisiones de carácter político y no por razones técnicas
o en función del riesgo.
A pesar de que los delegados del CERREM reconocieron la irregularidad
y el caso fue devuelto en varias ocasiones para la revisión de la forma en la
que se hizo el análisis de riesgo, el valor de las matrices se mantuvo. Esta
situación demuestra que el CERREM, lejos de ser un espacio de control de
errores, es una instancia que está sujeta al resultado de la matriz y esto
obliga a sus delegados a aprobar la implementación de esquemas a partir
de las recomendaciones del estudio de riesgo, sin importar que estas resul-
ten siendo temerarias para los beneficiarios.
La información reservada se utiliza de manera conveniente para ocultar las falencias en el proceso de evaluación y entorpece la veeduría de las organizaciones.
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A través del reglamento del CERREM, que entró en vigencia el 9 de enero
de 2018, la Secretaría también determinó que los delegados de las or-
ganizaciones no pueden participar en la decisión sobre las medidas de pro-
tección que se le implementarán a cada beneficiario del programa: “Una
vez presentadas las observaciones y recomendaciones los delegados de la
población objeto ante el CERREM se retirarán del recinto para que los de-
legados con voz y voto procedan a deliberar conforme la información pro-
porcionada por cada entidad y a determinar la medida a recomendar en
cada caso”.
Actualmente, las organizaciones como la FLIP únicamente pueden
aportar información sobre los casos de estudio al inicio de cada sesión sin
que haya una interlocución con el Estado sobre las medidas que se van a
implementar. Los delegados de las entidades escasamente hacen preguntas
para esclarecer datos sobre cada periodista. En este escenario, la sociedad
civil pierde la oportunidad de aportar información relevante sobre las ne-
cesidades que tiene el evaluado con respecto a la implementación de las
El CERREM excluye a la
sociedad civil de la deliberación
sobre las medidas de protección
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medidas de seguridad y no es posible alertar sobre las posibles irregulari-
dades que se pueden presentar durante el proceso de evaluación.
En definitiva, las organizaciones están siendo excluidas de los dos pro-
cesos más importantes a la hora de hacer veeduría sobre la ruta de protec-
ción: la manera en la que se realiza el estudio de riesgo y la discusión sobre
las medidas de seguridad que se implementarán en cada uno de los casos
que son evaluados.
Para ejemplificar el problema, a continuación, se presenta un caso en
el que las decisiones afectaron al beneficiario sin que las organizaciones
pudieran alertar sobre lo sucedido. El 22 de abril, durante la votación para
definir las medidas de protección para un periodista en riesgo, se presentó
un empate en la votación. Según el reglamento del CERREM, en estas si-
tuaciones se debe repetir la votación y si el empate persiste, se debe optar
por la opción que garantice las mejores condiciones de seguridad para el
evaluado. En esta reunión esa regla se incumplió y, para la sesión del 13 de
mayo el caso fue reprogramado por petición del director de la UNP.
Al momento de identificar las razones por las que el caso se presen-
taba de nuevo, el asesor de dirección argumentó que no había sido posible
validar las medidas, debido a que en el acta no había registro del proce-
so de desempate. Para la FLIP este tipo de situaciones son especialmente
preocupantes por dos razones. En primer lugar, el único perjudicado con
estas acciones es el periodista afectado, quien tuvo que permanecer apro-
ximadamente 20 días más sin esquema de seguridad mientras se tomaba
una determinación que debió definirse ese mismo 22 de abril. Y en segundo
lugar preocupa que el asesor de dirección de UNP, quien es la voz de los
periodistas en riesgo, no esté cumpliendo con su labor como garante de los
derechos de los periodistas en este espacio.
Actualmente, las organizaciones como la FLIP únicamente pueden aportar información sobre los casos de estudio al inicio de cada sesión sin que haya una interlocución con el Estado sobre las medidas que se van a implementar
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Desde que se decretó el aislamiento preventivo a raíz del riesgo de con-
tagio por coronavirus en todo el país, la UNP y los miembros del CE-
RREM han utilizado la coyuntura como excusa para adelantar al menos tres
acciones con el fin de ocultar información y limitar la participación de las
organizaciones durante las sesiones del Comité.
La primera situación se presentó el 19 de marzo cuando la UNP decidió
suspender las sesiones debido a la pandemia. En esa misma comunicación
la Unidad manifestó que el CERREM se reanudaría una vez se contara con
las condiciones necesarias para la participación de los delegados, sin ofre-
cer mayores detalles sobre los ajustes en los que trabajaría la entidad y sin
aclarar qué pasaría con los casos pendientes de evaluación para implemen-
tar las medidas de protección.
La segunda irregularidad se presentó dos semanas después, el 3 de abril,
cuando la UNP publicó un comunicado en el que informaba que la Secreta-
ría Técnica del CERREM estaba convocando a las sesiones con normalidad
y atendiendo las recomendaciones del Gobierno nacional. Esta información
La pandemia por COVID-19:
el escenario ideal para limitar la
participación de las organizaciones
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alertó a las organizaciones porque de alguna manera la UNP estaba incum-
pliendo con su responsabilidad de transparencia: o estaba sesionando sin
invitar a las organizaciones o estaba mintiendo sobre el desarrollo habitual
de las reuniones del Comité.
La última situación se presentó el 12 de abril cuando la Secretaría Téc-
nica del CERREM le informó a la FLIP que para la sesión del 15 de abril las
organizaciones no estarían invitadas, sino que previamente debían enviar
un concepto de los casos evaluados. La FLIP emitió una alerta pública sobre
esta situación el 14 de abril y, a raíz de la publicación, la UNP informó el 15
de abril que se garantizaría la intervención durante el desarrollo de la reu-
nión. En síntesis, la participación de las organizaciones no se garantizó por
disposición de la UNP, sino por la denuncia pública que hizo la Fundación.
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A partir de estas evidencias, la Fundación para la Libertad de Prensa soli-
cita lo siguiente:
La FLIP le hace un llamado a la UNP para que, en medio del proceso de
reingeniería del mecanismo de protección, se comprometa a modificar
el reglamento del CERREM con el fin de que haya mayor transparencia
en los procesos de evaluación y garantice la veeduría de las organiza-
ciones de la sociedad civil durante la ruta de protección. Es inaceptable
que después de 20 años de funcionamiento del programa, las sesiones
del Comité sean un espacio en el que cada día se oculta más informa-
ción sobre las evaluaciones de riesgo y la implementación de medidas.
La FLIP les hace un llamado a los delegados del Ministerio del Interior,
la Unidad de Víctimas, la Consejería de la Presidencia para los Dere-
chos Humanos y la Policía Nacional para que garanticen los derechos
de los beneficiarios y alerten oportunamente sobre situaciones irregu-
lares como las que se mencionan a lo largo de este informe. La parti-
cipación de las diferentes ramas del poder y los organismos de control
debe contribuir a la veeduría de los procesos de evaluación por parte de
la sociedad civil y no en actos de complicidad frente a las irregularida-
des que se presentan en este espacio.
La FLIP le solicita a la Unidad Nacional de Protección que tome las ac-
ciones necesarias para que las sesiones de CERREM se desarrollen con
normalidad y garanticen permanentemente la participación de las or-
ganizaciones en estas reuniones. La interlocución con los delegados de
la sociedad civil es una garantía para la implementación de las medidas
de protección con la que deben contar los protegidos.
Solicitudes
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Investigación: Julián David García
Coordinación: Jonathan Bock
Edición: Pedro Vaca y Jonathan Bock
Corrección de estilo:Andrea Torres Perdomo
Diseño y diagramación: Laura Camila Merchán
Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), agosto 2020
©Licencia Creative Commons. Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0
Internacional
