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Infraestructura

Viernes, Julio 13, 2012

Amarilo le apuesta a las viviendas gratis con obras en Soacha

Bogotá_

A finales de este mes el Gobierno Nacional comenzará las primeras subastas de las 100.000 viviendas gratis con las más de 500 propuestas

que han presentado los alcaldes.

A la par de este proceso están las iniciativas que revelarán las constructoras y cajas de compensación. Una de ellas es Amarilo, quien ya se

encuentra evaluando sus ofertas con sus proyectos en Soacha y Barranquilla.

Así lo afirmó en entrevista con LR, Iván Camilo Caicedo, gerente de macroproyectos de la firma, quien presentó un reporte sobre el avance

de obra de Ciudad Verde, cuya segunda etapa ya está en construcción y en septiembre se inaugurará el primer centro comercial llamado

Miraflores.

¿Cómo piensa aprovechar Amarilo el plan de viviendas gratis que está impulsando el Ministerio de Vivienda?

Nosotros estamos interesados en participar en este programa. Estamos a la espera de que el Gobierno defina cuáles son las características

para las iniciativas privadas, porque hay que recordar que lo que primero que se va a subastar son las propuestas que presentaron las

alcaldías a lo largo del país.

¿Mientras que el Gobierno define este tema, ustedes cómo se están preparando para participar?

Actualmente contamos con dos proyectos que se ajustan a las características del programa de las viviendas gratis, que son Ciudad Verde en

Soacha y otro que estamos desarrollando en Barranquilla en un lote de Argos.

Hablando de Ciudad Verde, ¿Cuál es el avance de obra de este macroproyecto?

La primera etapa ya está culminada. Ya hay 4.000 familias habitando el proyecto que cuenta con 7.338 viviendas. En este momento nos

encontramos en la fase de construcción de la segunda etapa y en la comercialización de la tercera. Además, ya está funcionando el colegio

del Minuto de Dios, las instalaciones del centro Teletón y el primer CAI de la Policía.

¿Cuál es la próxima obra que tienen previsto entregar?

En septiembre vamos a inaugurar el centro comercial Miraflores con el que se espera atender la demanda de las etapas 1 y 2. Éste contará

con un supermercado de Colsubsidio como ancla. También está previsto que antes de terminar este mes tengamos el aval de la Gobernación

de Cundinamarca para garantizar la construcción de un hospital en Ciudad Verde, como está previsto en el diseño del proyecto.

¿Cuántas viviendas se construirán en total y cuándo estaría listo el proyecto?

En las siete etapas se construirán en total 7.338 viviendas, que deberán estar listas en 2017. Desde noviembre del año pasado empezamos a

entregar las primeras. Hasta el momento ya está vendido la mitad del suelo para hacer las unidades habitacionales.

¿Las viviendas son solo para interés social?

La mitad del área es para Vivienda de Interés Prioritario y el resto para Vivienda de Interés Social (VIS). Existe la posibilidad de contar en

la etapa cinco con apartamentos de 12 pisos con valores que rayarían el techo de las VIS, pero eso dependerá de las condiciones del

mercado.

¿Cómo ha recibido el mercado hasta el momento el proyecto?

Muy bien. Ya estamos comercializando la tercera etapa con los ocho promotores del proyecto. El promedio de ventas está en 500 unidades

por mes. Con la puesta en marcha del colegio y próximamente con el centro comercial y más adelante con universidad y hospital,

esperamos que la gente siga confiando en el proyecto y comprando.

¿Cuál es la garantía de que Ciudad Verde no se va a inundar como sus vecinos de Bosa que ya lo padecieron a comienzo de año?

Antes de entregar las primeras viviendas en noviembre del año pasado pusimos en funcionamiento la estación de bombeo de aguas lluvias

con la última tecnología disponible que, complementado con dos box culvert por debajo de Ciudad Verde, permiten manejar el aumento de

las aguas en la zona. Una garantía es que durante la mayor temporada invernal que vivió el país, el proyecto no se vio afectado.

Algunos habitantes de la zona dicen que el cuello de botella del proyecto son las vías de acceso ¿Qué les puede responder?

Que por nuestra parte hemos hecho las vías de acceso necesarias tanto para llegar como para transitar al interior de Ciudad Verde, pero sin

duda una vez entre en operación el sistema Transmilenio y se cuente con la avenida Ciudad de Cali, la movilidad mejorará notoriamente.

Las opiniones

Germán Vargas Lleras

Ministro de Vivienda

'Reitero el llamado para que los colombianos no se dejen engañar por quienes están vendiendo formularios o llenando listados para el

acceso a nuestro programa de Vivienda de Interés Prioritario'.

Nicolás Abrew

nabrew@larepublica.com.co

http://www.larepublica.com.co/node/15260

ELESPECTADOR.COM

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De 'tierreros', urbanizadores piratas u ocupadores de bienes públicos

Conflicto de tierras en Bosa

Por: Verónica Téllez Oliveros

Dilema por la ocupación de unos predios para que sean declarados posesiones legales. Una denuncia dice que se hace con apoyo de

inspectores de Policía y funcionarios del Distrito.

Este predio ubicado en la calle 49 sur con carrera 89 B es el motivo de las querellas

entre Metrovivienda y un promotor de ocupaciones irregulares.

El objetivo de la administración distrital de consolidar sus planes de construcción de vivienda de interés social, además de haber sido

entorpecido por los vacíos detectados por la Personería en materia de gestión y ejercicio de dominio pleno en predios de la ciudad, también

lo ha estado por un recurrente obstáculo aún sin solución. Se trata de la ocupación de bienes por particulares, bajo el argumento de que son

inmuebles abandonados por el Distrito a los que se les ha dado un adecuado uso económico, social o familiar.

El dilema viene de tiempo atrás y ahora es la administración Petro, a través de la empresa Metrovivienda, la que lo afronta. Sólo que en esta

ocasión se presenta una nueva fuente de conflicto que ya ha sido puesta en evidencia ante la Fiscalía General de la Nación: la existencia de

una presunta red de abogados y ocupadores espontáneos de predios que, apoyados por inspectores de Policía, han multiplicado los litigios

por posesión de terrenos, afectando los derechos de legítimos propietarios, entre ellos el propio gobierno distrital.

El caso más reciente quedó sustentado en una denuncia que el abogado Fernando Barros interpuso por actos extorsivos contra su cliente,

Jorge González, un ciudadano propietario de un lote en el populoso sector de Bosa, al suroccidente de la capital, quien terminó amenazado

por impedir que su propiedad quedara en manos de un promotor de invasión de terrenos. Lo más interesante del caso es lo que el abogado

le reportó a Metrovivienda acerca de lo que está pasando en la zona, donde ya proliferan las posesiones de hecho.

Fernando Barros le hizo saber a esa empresa, adscrita a la Secretaría de Hábitat y que tiene a su cargo la ejecución de planes de

construcción de vivienda de interés social, que grupos de “urbanizadores piratas, estafadores o los llamados ‘tierreros’” se vienen

apropiando de terrenos con la acción u omisión de autoridades locales, principalmente de inspectores de Policía. El modus operandi, resaltó

Barros, es utilizar personas de bajos recursos para ocupar los predios y entablar los litigios para después usufructuarlos.

En un solo caso, Fernando Barros le pidió a Metrovivienda que aclare por qué, por ejemplo, en la localidad de Bosa hoy están en trámite 10

pleitos con un mismo personaje como detonante del conflicto. Emigdio Sánchez Aguirre es un visitante asiduo del sector que acude

constantemente a la Casa de Justicia de Bosa y allí logra la mayoría de veces sus objetivos. Con una particularidad: el 70% de sus

actuaciones ha sido tramitado ante el mismo inspector de Policía, razón por la cual Barros interpeló a Metrovivienda, que está ayudando a

Sánchez Aguirre.

Metrovivienda le hizo saber al abogado Barros que no sabe quién pueda estar favoreciendo procesos de ocupación irregular de inmuebles,

pero que sus escritos ya están en poder de las autoridades. Además, la empresa comercial del Distrito detalló que ha entablado varias

querellas policivas contra Sánchez Aguirre y que, incluso, en la Fiscalía 61 seccional de Bogotá fue radicada una denuncia penal por

invasión de tierras y urbanización ilegal, con supuesto loteo de terrenos y venta a terceros, en la cual aparece el aludido Sánchez Aguirre.

El Espectador indagó alrededor de esta confrontación entre Metrovivienda, varios poseedores de tierras y el citado Emigdio Sánchez, y

constató que el más reciente conflicto está centrado en la definición de la propiedad sobre un lote ubicado en la urbanización El Porvenir,

donde Sánchez sostiene que desde hace cuatro años ha ejercido actos de posesión como un parqueadero, una arenera o ganada, pero

Metrovivienda asegura que hay una ocupación ilegal.

Revisando el caso, quedó en claro que, paradójicamente, fue Emigdio Sánchez quien interpuso la querella contra Metrovivienda desde

junio de 2009, por presunta perturbación a su posesión tranquila y pacífica del inmueble ubicado en la calle 49 sur con carrera 89 B, en el

sector de Bosa. Y lo hizo, según Sánchez, porque de un día para otro aparecieron funcionarios de Metrovivienda, llevando vigilantes de una

firma de seguridad privada, y desde entonces hay un litigio creciente en el que claramente “no existe ánimo conciliatorio”.

Las razones de Metrovivienda, parecidas a las que ha tenido que ventilar en otros casos, es que se trata de un lote de su propiedad, pues así

quedó clasificado desde 1999 en el Banco de Suelos Distrital. Además, añade, existe una sentencia de un Juzgado Civil de Bogotá que

ratificó esta propiedad después de un proceso de expropiación. En contraste, Emigdio Sánchez asegura que se trata de dos lotes, uno de

Metrovivienda, y otro en el que él ha venido planteando actos de posesión, como lo ratifican algunos testigos.

Este pleito, que había sido resuelto en noviembre de 2009 en la Inspección 7 Distrital de Policía de Bosa, llegó a la Sala de Decisión de

Contravenciones Civiles de la Secretaría de Gobierno, que en marzo de 2010 revocó la primera medida. En sus consideraciones, el

organismo distrital argumentó que a pesar de que Sánchez alega tener un derecho de posesión del inmueble, éste tiene la condición de “bien

fiscal, y pertenece legítimamente a Metrovivienda. Además, por tener esa característica, se trata de un bien con destinación especial,

afectado a la prestación de servicios públicos”.

En consecuencia, concluyó la Sala de Decisión, resulta evidente que la Inspección de Policía que conoció del caso terminó por amparar la

posesión irregular de un bien fiscal que pertenece a una entidad de derecho público. Por eso la decisión de primera instancia fue revocada y

quedó en claro que los hechos, que habían sido presentados como constitutivos de una posesión legal, en realidad sucedieron con

posterioridad a que el inmueble fuera expropiado y entregado a la empresa Metrovivienda.

Lo peculiar es que a pesar de que esta decisión ha sido notificada debidamente, no ha podido ser efectiva. Y no es el único caso. Según el

abogado Fernando Barros, son muchos casos semejantes, especialmente en Bosa, donde se están ocupando predios de forma irregular para

plantear litigios que han contado con el apoyo de inspectores de Policía. En la Secretaría de Hábitat ya están encendidas las alarmas

alrededor de este conflicto que, sumado a otros episodios parecidos en otras zonas de la ciudad, están originando un nuevo dilema, por

ahora insoluble: los ‘tierreros’.

http://www.elespectador.com/impreso/bogota/articulo-359464-conflicto-de-tierras-bosa

LAREPUBLICA.COM

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Viernes, Julio 13, 2012 - 01

Vivienda, economía y política

Roberto Junguito

La construcción de vivienda como prioridad de la acción estatal ha estado respaldada tanto por motivaciones de tipo económico como

político. Misael Pastrana (1970-1974) estableció la vivienda urbana por recomendación de Lauchlin Currie, antiguo profesor de Harvard y

ex asesor del Presidente Roosvelt, como la principal de Las Cuatro Estrategias de su Plan de Desarrollo. Se argumentaba que con ello se

imprimía un impulso a la economía, dadas las interrelaciones (linkages) de la construcción con el resto de los sectores. Para lograr este

objetivo se diseñó el mecanismo de Ahorro en Valor Constate, Upac, por medio del cual se canalizaban captaciones de corto plazo para

extender préstamos hipotecarios de quince años. Pero también, esta estrategia tenía un propósito político y era diferenciar su

Administración de la de su antecesor, Lleras Restrepo, quien había adoptado la redistribución de tierras mediante la reforma agraria como

bandera de su Gobierno.

La vivienda volvió a ser centro de atención durante la Administración Betancur. En la campaña electoral frente a Alfonso López

Michelsen, Belisario propuso un programa para construir cuatrocientas mil viviendas sin cuota inicial para los hogares de bajos ingresos,

iniciativa que recibió críticas inmediatas de su contendor, quien consideraba ésta una propuesta populista de imposible ejecución, debido a

las restricciones financieras que enfrentaba entonces la Nación. Belisario respondió "sí se puede", frase que se constituyó en su slogan

ganador de la Presidencia. En esa ocasión la propuesta de construir viviendas tenía un claro trasfondo político, que tuvo altos costos

fiscales, cuando la prioridad era el ajuste macroeconómico convenido en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

El esquema de financiamiento de hipotecas establecido desde 1970, respaldado con los recursos captados por las Corporaciones de Ahorro

y Vivienda, creó un ciclo creciente de construcción que generó una sobreoferta, lo que hoy en día se denominaría una "burbuja"

hipotecaria, durante las administraciones Gaviria y Samper que finamente estalló a inicios del Gobierno de Andrés Pastrana. La crisis se

manifestó en el momento en que los deudores de los préstamos de vivienda no pudieron atender sus obligaciones crediticias por los

incrementos en los costos de los intereses. Esta "burbuja" hipotecaria exigió la reforma al sistema de corrección monetaria introducido en

1970 y provocó un período depresivo en la actividad de construcción de vivienda, que se prolongó inclusive hasta la Administración Uribe

Vélez, no obstante los estímulos fiscales introducidos tanto para el ahorro en las cuentas AFC como en las tasas de interés de los créditos

hipotecarios.

Lo que se pretende resaltar con este recuento es que bajo la Administración Santos la experiencia histórica parece repetirse. La

construcción de vivienda, como en 1970, ha vuelto a proponerse como sector líder o locomotora de la economía en el Plan de Desarrollo.

Igualmente, como ocurrió en los ochentas bajo la Administración Betancur, la vivienda ha adquirido un propósito político a la luz de la

reciente ley aprobada en el Congreso, dirigida a estimular un programa de construcción de cien mil viviendas sin costo alguno, para

entregar a los más pobres de nuestra sociedad. Lo más destacable y curioso es que el Presidente Santos, al igual que lo que había hecho en

su momento Belisario, procedió a nombrar a uno de sus funcionarios de mayor respaldo y autonomía política para dirigir el programa. El

actual Ministro de Vivienda, Germán Vargas, fue antiguo jefe de Cambio Radical e ingresó al Gobierno como parte de la coalición, en

tanto que en esa época hizo lo propio al frente del Instituto de Crédito Territorial, María Eugenia Rojas, cabeza visible de la Anapo. Las

lecciones aprendidas están a la vista.

http://www.larepublica.com.co/node/15299

ELTIEMPO.COM

FECHA: JULIO 12 DE 2012

Corte Constitucional

El 1% de viviendas de interés social deben ser aptas para

discapacitados

Por: Elespectador.com

Así lo determinó la Corte Constitucional, al considerar que dichas casas deben ser construidas con todas las normas técnicas.

La Corte Constitucional declaró ajustada a la carta política la norma que obliga a que todos los proyectos de construcción de vivienda de

interés social se incluya el 1% para personas en situación de discapacidad física.

Con esta decisión, se indica que por lo menos uno de los inmuebles, cuando se trate de proyectos de menos de 100 casas, deberán ser

construidas con todas las especificaciones técnicas para que personas con limitaciones físicas puedan disfrutar de ellas con plena

comodidad y confortabilidad.

El alto tribunal explicó que la ley obliga a las constructoras, sin excepción, deberán dedicar un porcentaje fijo de sus proyectos a las

personas que tengan un tipo de discapacidad física.

La Corte declaró constitucional parágrafo tres del artículo 1º de la Ley 1114 de 2006, porque en ella se obliga a las constructoras, trabajen

con capital público o privado, a dedicar un porcentaje fijo de sus proyectos esta población.

En su fallo, la Corporación señala que existían una serie de normas que limitaban a obligación del Estado para la constitución de este tipo

de viviendas, señalando que en dicha normatividad no quedaban claros los límites, especificaciones y porcentajes.

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-359209-el-1-de-viviendas-de-interes-social-deben-ser-aptas-discapacitad

ELTIEMPO.COM

FECHA: JULIO 12 DE 2012

Más de mil cundinamarqueses gozarán de proyecto de

urbanización

Por: REDACCIÓN ELTIEMPO.COM | 10:46 a.m. | 12 de Julio del 2012

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Proyecto tardará entre 5 y 6 meses. Se construirán 468 viviendas de interés social, 100% subsidiadas

El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, dará inicio a la construcción de la segunda etapa del proyecto de Urbanización La Esperanza

en el municipio de Puerto Salgar.

Dicha etapa del proyecto tardará entre 5 y 6 meses, construyendo así 468 viviendas de interés social 100% subsidiadas, por un valor

aproximado de 17.544 millones de pesos.

La administración departamental aportó tanto el presupuesto de la vivienda como los diseños arquitectónicos y urbanísticos. La Oficina de

Estupefacientes, por su parte, asignó un lote de 42 hectáreas y 87 metros cuadrados para la construcción de dicho proyecto habitacional.

Cabe recordar que la primera etapa del proyecto beneficio a un total de 132 familias y tuvo un costo aproximado de 10450 millones.

http://www.eltiempo.com/colombia/cundinamarca/1500-cundinamarqueses-beneficiados-con-proyecto-de-urbanizacin_12024427-4

DINERO.COM

FECHA: JULIO 13 DE 2012

Publicado: 2012-07-12T15:00:00

Denuncian estafas con subsidios y viviendas gratis

Foto: Archivo Semana Germán Vargas Lleras, ministro de Vivienda

El Gobierno advierte que no tiene intermediarios para la asignación de subsidios y tampoco para la entrega de

viviendas ciento por ciento subsidiadas. Tras las denuncias en varias partes del país, como las hechas esta semana en el Archipiélago de San Andrés y Providencia, donde una supuesta

fundación denominada "Bryan International Foundation" aduce tener “alianza” con el Ministerio de Vivienda, el gobierno advirtió que es falsa esa

afirmación.

Además previene a la comunidad porque la cuestionada organización desarrolló una convocatoria en el recinto de la Asamblea Departamental para

tramitar soluciones de vivienda, subsidios oficiales y ofreció hasta sortear cupos para posibles beneficiarios del programa diseñado por el Gobierno

Nacional, que permitirá la entrega de viviendas a población en situación de extrema pobreza.

A propósito del tema, el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, aclaró que el Ministerio ni ninguna otra entidad del gobierno tienen convenios,

ni acuerdos, ni utilizan intermediarios para la asignación de subsidios familiares de vivienda y tampoco para el acceso al programa de las 100 mil

viviendas gratis.

“Reitero el llamado que he venido haciendo para que los colombianos no se dejen engañar de personas inescrupulosas que están vendiendo

formularios, llenando listados o haciendo trámites con posibles beneficiarios para el acceso a nuestro programa de vivienda de interés prioritario

(VIP). Además, no hay organización alguna que tenga relación o esté autorizada por el Ministerio para adelantar esas labores”, dijo Vargas Lleras.

Aseguró que su cartera no tiene relación alguna con esas entidades de tipo privado, ni mucho menos ha autorizado a alguna para implementar el

programa de vivienda de interés prioritario, cuyas decisiones le competen, de manera exclusiva, a las entidades públicas.

“Que los ciudadanos no se dejen engañar. Al programa de las 100 mil viviendas únicamente podrán acceder hogares que sean priorizados y

focalizados por el Gobierno Nacional, y para acceder a éste no se ha hecho ninguna convocatoria, ni han sido expedidos formularios", enfatizó el

Ministro.

Enfatizó que “cualquier convocatoria o formulario que se esté comercializando o entregando sin la autorización del Gobierno Nacional, carece por

completo de validez y no tiene ningún efecto para el ingreso al programa de las viviendas gratis” y por esta razón anunció que, de inmediato, dará

traslado a la Fiscalía General de la Nación para que investigue si en el caso de lo ocurrido en San Andrés y Providencia se puede estar tipificando

alguna clase de delito, como el de estafa.

http://www.dinero.com/actualidad/nacion/articulo/denuncian-estafas-subsidios-viviendas-gratis/155071