nº 678 - tribunal supremo electoral + entrevista al chileno rodrigo ruiz

Salud: Entre la descentralizacin y las autonomasLa correcta gestin de los servicios de salud y no la falta de recursos es lo que impide dar pasos sustantivos en esta rea, sostiene el Dr. Rubn Colque Mollo. [ Pg. 8-9 ]

Hay que refundar Chile

Rodrigo Ruiz, director del peridico chileno El Descon-cierto, se refiere a la actual cri-sis poltica vivida en el veci-no pas. [ Pg. 16 ]

678del domingo 28 de junio al sbado4 de julio de 2015 Ao XIV24 pginas en 2 cuerposPrecio: 5 Bs. en todo el pas

2 | la poca | www.la-epoca.com.bo del 28 de junio al 4 de julio de 2015

El telefrico

como patrimonio

de los paceos

Javier Larran Parada / Director

nataLia CoroneL, raCheL Len, CarLos MoLdiz, rider MoLLinedo.

/ Consejo editorial

anibaL Garzn / Amrica en marcha e Injerencias

Farit roJas / Pensamiento Crtico

abrahaM Prez / Observatorio Econmico

La Paz: tania deLGadiLLo, PatriCia FLores, rosario aquiM,

Lus oPorto, eduardo Paz rada,Jos Lus exeni, ManueL CneLas,

JaiMe saLvatierra, Fernando rodrGuez, arMando Mndez, aLberto bonadona,

GabrieL Loza.

CoChabamba: Gustavo rodrGuez, boris ros

Santa Cruz: MarieLLa Pereira, heLena arGirakis, CarMen dunia

sandvaL, aLeJandro dausa.

PotoS: GuaLberto hoChkoFLer

tarija: MiGueL Castro, rodriGo ayaLa, FranCo saMPietro

beni: tania MeLGar

/ Colaboradores nacionales

Argentina: atiLio born, isabeL rauber Brasil: theutonio do santos Chile: MauriCio osorio Cuba: aLeJandro azCuy isabeL MonaL, roberto reGaLado, Lus suarez. El Salvador: CarLos MoLina Mexico: ana esther CeCeas Venezuela: eva GoLinGer / Colaboradores internacionales

Juan CarLos GonzaLes/ Diseo y Diagramacin

dorka reyes Gainza / Gerente [email protected] - 68070929

LuCy aLConC / Departamento [email protected] - 79134002 - 71530483

Marina snChez q. / [email protected] - 73544913

Jos enrique benavides / Distribucin La Paz71538625

aLberto aGuiLar herrera / Distribucin Sucre70320052

hCtor hinoJosa / Distribucin Potos72070815

asCenCio Cruz / Distribucin Oruro5282357 / 71885283

Pastor boLvar / Distribucin Tarija75139009

ruben PauCara / Distribucin Santa Cruz71378546

Casto roJas / Distribucin Llallagua73879206

Jhonny MoLLinero CaMaCho / Distribucin Llallagua

73800821

PatriCia aGuiLar Chavarria / Distribucin Cochabamba

4529182

iMPresiones GrFiCas virGo / Impresin

Calle Jacinto Benavente 2163, esquinaPasaje Bella Vista, Sopocachi

Telfono central. (591-2) / 2000570 / 2000727Telf/fax.(591-2) / 2417173 casilla 7914

www.la-epoca.com.bo

Depsito legal:La poca: 4-3-125-12

La Paz - Bolivia

Depsito legal:Observatorio Econmico: 4-3-126-12

La Paz - Bolivia

ejar escrito en piedra lo que Omar Rocha hizo en su gestin como alcalde in-

terino sera un error para la ciudadana pacea. Aunque existen compromisos

vinculantes que el gobierno municipal asumi durante ese corto periodo edil,

estos deben gozar no slo de legalidad ante el Estado, sino tambin de legiti-

midad ante la sociedad civil.

La construccin de la lnea blanca del telefrico es un proyecto grande, que

no puede ser decidido apresuradamente sin un riguroso estudio que considere todas las posibilidades de eje-

cucin. Por ello, el fracaso de las negociaciones del da de hoy, viernes 26, no deben desalentar a las partes

interesadas en encontrar alternativas que sean aceptadas por todos.

Ms all de los inconvenientes estticos de esta obra, tambin estn aquellos de carcter histrico. La Pla-

za Villarroel y el Monumento a la Revolucin son un patrimonio no slo de los paceos, sino de los bolivia-

nos en general. No se trata de una banalidad, sino de la preservacin de nuestra memoria.

El telefrico no ha podido constituirse en una alternativa de transporte masivo frente al catico y flagelan-

te transporte pblico, pero an as tiene bondades que han tenido efectos hasta interculturales, como se pu-

do apreciar en la zona de Calacoto, en el Megacenter, donde dos realidades tan diferentes como son las de El

Alto y la Zona Sur, sacaron a la luz del da algunos prejuicios colectivos que era necesario tratar.

La ciudad de La Paz, por su particular geografa, es un lugar interesante para implementar proyectos co-

mo el de Mi Telefrico, pero este proyecto debe ser construido cuidadosamente, porque ser a futuro, tam-

bin, un patrimonio para todos los habitantes de este municipio.

Es necesario continuar con las negociaciones; es imprescindible agotar todas las posibilidades.

Ms all de las competencias con no fueron respetadas dentro de la Ley Marco de Autonomas, tampoco

se est respetando el legado histrico de la patria. Esto es algo que nuestra ciudadana debe tener presente

y reflexionar sobre ello.

D[ e d i t o r i a l ]

Esto no es un juego

En Grecia hay 1,5 millones de parados, 3 millones de pobres y miles de familias que no tienen otros in-

gresos que las pensiones de los ancianos. Esto no es un juego. Con esas palabras el primer ministro griego

Alexis Tsipras respondi al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, luego de que ste le invitara de ma-

nera amenazante a repactar la deuda griega en los trminos propuestos por el Banco Central Europeo y el

Fondo Monetario Internacional o atenerse a una quiebra.

La deuda pblica contrada por el pas heleno se remonta a las ltimas dos dcadas y asciende a 312 mil mi-

llones de euros. Hasta el 30 de junio el gobierno de Syriza debe pagar 1.600 millones de euros y, ante la impo-

sibilidad de su cancelacin, los pases europeos le condicionan un prstamo de 15.500 millones de euros hasta

noviembre, siempre y cuando se comprometan a realizar recortes fiscales en salud y educacin, despedir fun-

cionarios pblicos, disminuir el monto de jubilaciones, etc. El viernes Tsipras cort por lo sano: en la cuna de

la democracia la poblacin ser quien decida mediante un referndum si acepta o no las humillantes condi-

ciones impuestas por la Unin Europea. Si la voluntad popular se inclina por el NO, entonces comienza a tam-

balear la unidad del viejo continente ante una no imposible retirada de Grecia de dicho bloque.

Segn los expertos, la nica va real para ayudar a los griegos a superar la crisis sera estableciendo un r-

gimen de pago anual, que no supere el 50% de su PIB, por un periodo de cuatro dcadas.

La Unin Europea, que ha debido enfrentar el chasco de reconocer que los organismos de inteligencia esta-

dounidense interceptaban desde hace aos los telfonos de las ms altas autoridades francesas incluyendo al

actual presidente Franois Hollande, perpleja ha recibido la decisin del premier ruso Vladimir Putin de de-

cretar la prolongacin de las contramedidas econmicas orientadas a la no importacin de productos agrcolas

e industriales de los pases que han sancionado o agredido a la Federacin de Rusia. En otras palabras, que no

le comprarn carnes, ni quesos, ni maquinaria ni nada, a los pases europeos ni a sus socios, como Australia,

Canad y Estados Unidos. Medida que se estima tendr un costo, para Europa, que linda en los 100 mil millo-

nes de euros. Un balde de agua frisima!

Mientras tanto, en este lado del planeta el Dr. Robert Schwartz, director del Centro Nacional para Ensear

a Pensar de Estados Unidos, en das pasados ha declarado que entre el 90% y 95% de las personas que habi-

tan nuestro planeta no sabe pensar, que la enseanza que recibieron subutiliz el cerebro con mtodos me-

morsticos y no creadores.

Como ve, en el mundo estn pasando muchas cosas y, como dijo Tsipras: esto no es un juego.

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[ r u m b o d e l c a m b i o ]

Los desafos del TSEFernando MayorGa *

Contina en la siguiente pgina

Uno de los desafos del Tribunal Supremo Electoral para afirmarse ser y tambin parecer un rgano de Estado de similar

rango a los tres poderes convencionales era apuntalar la democracia intercultural

Las instituciones importan. Ms an si se trata de cons-truir un nuevo modelo de Estado. Con mayor razn si se trata de disear un Estado Pluri-nacional. Una de las novedades de la nueva Constitucin Poltica del Es-tado fue proporcionar a la entidad electoral el rango de poder u rga-no de Estado. Otra novedad fue esta-blecida en la Ley de Rgimen Electo-ral que encarg al Tribunal Supremo Electoral la tarea de delinear, cons-truir e impulsar la democracia inter-cultural: una novedosa reforma ins-titucional porque se reconoci a la democracia comunitaria como un elemento constitutivo del modelo poltico boliviano junto con la demo-cracia representativa y la democracia directa y participativa.

Sin duda esa es una de las innova-ciones institucionales del proceso de cambio boliviano, puesto que la de-mocracia representativa es el elemen-to comn a los regmenes polticos en la regin y la democracia participati-va o directa se ejerce en varios pa-ses, desde hace un siglo en Uruguay y, en la ltima dcada, en Venezuela y Ecuador, para citar un par de ejem-plos recientes de refundacin estatal y transformacin poltica. Pero sola-mente en nuestro pas se incluye y se reconoce a las instituciones polticas de los pueblos y las comunidades in-dgenas, a aquellas reglas de eleccin de representantes y autoridades que se definen como usos y costumbres o, bien, como normas y procedimien-tos propios. La combinacin de las tres formas de democracia produce/define la democracia intercultural en una compleja relacin de carcter va-riable y sin pautas generales ni esta-bles en sus componentes. Un reto in-telectual y normativo que precisa una continua reflexin, investigacin y balance de avances e impedimentos.

Precisamente, uno de los desafos del Tribunal Supremo Electoral pa-ra afirmarse ser y tambin pare-cer un rgano de Estado de similar rango a los tres poderes convencio-nales era apuntalar la democracia in-tercultural. Pero hizo muy poco, por-que se limit a la administracin de los eventos electorales, su tarea pri-maria y convencional: y lo hizo de manera deficiente. Se trata de una ta-rea fundamental, por cierto, porque la legitimidad democrtica empieza en las elecciones, es decir, se sustenta en la eficacia del voto ciudadano y en la transparencia del proceso electoral.

Ese hecho constitutivo de la de-mocracia produce lo que se entien-de como legitimidad de origen y es el punto de partida de la labor de una autoridad o representante pol-tico. El mal cumplimiento de esa ta-

democracia cuando adquiere carcter deliberativo, esto es, cuando los argu-mentos se imponen sobre los clcu-los. Una tarea difcil, sin duda, pero se trata de un importante avance por-que expresa un cierto grado de inten-cin pluralista que incorpora matices al manejo monocolor del poder. Es difcil que se cumpla esta pauta debi-do a la desconfianza que rige en las interacciones partidistas, sin embar-go, la regla del consenso puede pro-ducir resultados ms positivos en la consecucin del objetivo de recupe-rar y fortalecer la institucin electoral mediante la seleccin de los y las me-jores postulantes. Se trata de un re-quisito para encarar los desafos que enfrentar el nuevo TSE aparte de re-cuperar su imagen institucional.

Aparte de la construccin de la de-mocracia intercultural un objetivo a mediano plazo es imperativo ga-rantizar la transparencia y eficiencia en el manejo de los procesos y even-tos electorales a partir de la consis-tencia profesional y de la capacidad de ejercicio de autonoma de las nue-vas autoridades del Tribunal Supre-mo Electoral, con mayor razn si en el horizonte poltico se avecina un probable referndum para aprobar o rechazar una reforma parcial consti-tucional referida a la reeleccin pre-sidencial. No obstante existen otras tareas que configuran una agenda ins-titucional mnima entre las cuales se destaca el impulso y la diseminacin de una cultura cvica en clave de di-versidad e interculturalidad para for-talecer las instituciones de la demo-cracia en sus tres facetas. Asimismo es fundamental retomar los escasos esfuerzos realizados gracias al apo-yo de IDEA Internacional y el Pro-grama de Fortalecimiento Demo-crtico del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la elaboracin de una ley que re-gule y fortalezca el funcionamiento de las organizaciones polticas bajo pautas de democracia interna y trans-parencia en su gestin organizativa, puesto que, desde hace quince aos, existe un vaco normativo al respec-to y no se han actualizado las normas estatutarias para adaptarlas al nuevo entorno poltico e institucional. Otra vez, las instituciones polticas en es-te caso los partidos, las agrupaciones ciudadanas y las organizaciones ind-genas importan. La elaboracin y aprobacin de una nueva Ley de Or-ganizaciones Polticas, o como se de-signe esa norma, es una tarea inelu-dible del nuevo Tribunal Supremo Electoral porque, tambin, permiti-r establecer su autonoma y autori-dad respecto a los partidos polticos

rea por parte del Tribunal Supremo Electoral provoc su debacle ins-titucional y la erosin de su credi-bilidad; por suerte sus consecuen-cias no fueron ms graves debido al ejemplar comportamiento de los/as ciudadanos/as en las urnas. Y por cierta madurez en las dirigencias partidistas, incluyendo a la oficialista que, finalmente, opt por presionar a los miembros del Tribunal Supre-mo Electoral para su renuncia en co-ro o en catarata, bajo una atenta vi-gilancia de la opinin pblica.

En estas circunstancias se est lle-vando a cabo la recomposicin del Tribunal Supremo Electoral median-te la recuperacin de la meritocra-cia como un criterio de seleccin de sus nuevos/as miembros. Algo simi-lar a lo que ocurrir en el rgano Ju-dicial cuando se encare su inevitable reforma. Este aspecto saca a relucir

otro componente central de las virtu-des que se pretende en el diseo insti-tucional: la calidad de los recursos hu-manos. La meritocracia, precisamente. La contracara de la inclusin social que, despus de una dcada de trans-formaciones, no puede ir por cuerda separada a la necesidad de mejora en el ejercicio de los cargos pblicos. En otras palabras, la renovacin de las li-tes tiene que provocar un salto cualita-tivo en el manejo del Estado para no reproducir las rmoras del aparato es-tatal de antao. Ese es otro reto del proceso de cambio y sus frutos en la construccin de una nueva institu-cionalidad estatal en todos los niveles de gobierno.

Otro aspecto destacable de este proceso de seleccin de notables es la bsqueda de consenso entre el oficialismo y la oposicin. Se trata de una regla informal que caracteriza a la

El mal cumplimiento de esa tarea por parte del Tribunal Supremo Electoral provoc su debacle institucional y la

erosin de su credibilidad


[ r u m b o d e l c a m b i o ]y, por esa va, a su par institucional: la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Otra tarea, aparentemente secun-daria porque es un tema descuida-do o escasamente considerado es el fortalecimiento institucional de los tribunales electorales departamenta-les con criterios de descentralizacin y coordinacin para realizar todas las tareas anteriormente menciona-das con relacin a la entidad rectora a nivel nacional, puesto que la forja a largo plazo de subsistemas polti-cos departamentales no puede tomar un rumbo positivo si no est acom-paado de un robustecimiento de las unidades departamentales. En otras palabras, la democracia intercultural como parte constitutiva del Estado Plurinacional debe plasmarse a diver-sa escala, regional y local, y esa es una labor que involucra directamente o debe involucrar a los tribunales de-partamentales como rganos estata-les en el nivel subnacional.

Me limito a una enumeracin de tareas cuyo cumplimiento depende-r en cierta medida de la calidad de la media docena de tribunales selec-cionados/as con base en los criterios mencionados: los mritos de los/as postulantes y el procedimiento para su seleccin. Por lo pronto, se ha re-ducido el nmero de postulantes por incumplimiento de requisitos y por las impugnaciones en curso. Es de-seable que este proceso no se trun-que debido a la adopcin de posicio-nes cercanas al ejercicio de un veto indirecto a ciertos candidatos/as. Lo hizo el oficialismo y lo hace la oposi-cin en un ejercicio convencional de medicin de fuerzas, no obstante ese ejercicio corre el riesgo de traducir-se en un bloqueo mutuo en la comi-sin legislativa respectiva que puede derivar en la evaporacin de la posi-bilidad del consenso.

En otras palabras, se puso de ma-nifiesto la divisin entre oficialismo y oposicin denotando las dificulta-des que enfrentar la vigencia de esa regla informal del consenso, puesto que una intencin de veto indirec-to, sutil o meditico impedir que se d una virtuosa convergencia de cri-terios. No est dems mencionar que el acuerdo entre los partidos con re-presentacin parlamentaria en torno a la regla informal del consenso puede considerarse como una victoria oposi-tora habida cuenta que sus votos son prescindibles ante la mayora calificada de la bancada oficialista; de esta mane-ra, su influencia en este proceso de se-leccin puede demostrar que las razo-nes se imponen a la aritmtica cuando existen puntos de inters comn.

Asimismo el oficialismo se benefi-ciar con este procedimiento porque demuestra que puede adecuar su ac-cionar a las demandas y crticas de la opinin ciudadana, as como antepo-ner la legitimidad a la legalidad en la conformacin del nuevo Tribunal Su-premo Electoral dejando de lado su mayora calificada para abrir un espa-

cio de deliberacin. Todos los actores y la democracia en general pueden salir victoriosos si se impone la deli-beracin y prevalece el criterio de le-gitimidad.

Democracia interculturalDemocracia intercultural es un tr-mino que da cuenta de configuracio-nes institucionales que expresan nue-vas prcticas polticas que exceden la democracia representativa porque provienen de nuevos actores sociales (movimiento indgena, mujeres, eco-logistas) que cuestionan el catlogo convencional de los derechos ciuda-danos, la orientacin de las polticas de desarrollo, la calidad de la repre-sentacin poltica y el desempeo de la gestin pblica.

La democracia intercultural es afn al Estado Plurinacional porque surge

en un conjunto de leyes y reglamen-tos derivados de la Constitucin Pol-tica y tiende a convertirse en un siste-ma de creencias que ordena el campo poltico aunque su sentido es todava impreciso porque forma parte de la mutacin institucional en el Estado. Se trata de una combinacin entre la construccin de nuevas instituciones estatales y la renovacin de las insti-tuciones existentes en el anterior mo-delo estatal. Es una expresin de la transicin estatal bajo pautas de con-tinuidad histrica porque no elimi-na instituciones del pasado sino que las reinventa y las enriquece para pro-porcionarle ms eficacia y calidad re-presentativa.

El lazo entre lo democrtico y lo intercultural se traduce en el voca-blo democracia intercultural, un tr-mino que no est consignado en la

Constitucin Poltica y fue incorpora-do en la Ley de Rgimen Electoral de 2010 donde se la define de la siguien-te manera: la democracia intercultu-ral del Estado Plurinacional de Bolivia se sustenta en el ejercicio complemen-tario y en igualdad de condiciones de tres formas de democracia: directa y participativa, representativa y comuni-taria (Art.7).

Las elecciones de 2009 y 2010 marcaron el inicio de la instauracin de la democracia intercultural por la combinacin de reglas de demo-cracia comunitaria y representativa en la eleccin directa de diputados y asamblestas indgenas (al margen de la cantidad en cada mbito y de-partamento).

La democracia intercultural no se refiere a un objeto institucional re-al y tampoco tiene un sujeto espe-cfico (la ciudadana, el pueblo, los pueblos indgenas), sino que es una relacin, un conjunto de relaciones que varan en el tiempo y en el espa-cio. Las relaciones entre las tres for-mas de democracia son asincrni-cas porque se combinan de manera distinta y variable dependiendo del mbito poltico y el momento de su concrecin.

Esa combinacin de reglas e ins-tituciones debe propiciar la articu-lacin de la diversidad social pero buscando la complementariedad y evitando que se produzca una situa-cin de dualismo en la representa-cin poltica o en la toma de decisio-nes. En general, se trata de plantear distintas formas de articulacin transformadora a partir de un ejerci-cio complementario y en igualdad de condiciones evitando que su resulta-do provoque un dualismo en el sis-tema de representacin poltica o in-eficacia en el proceso decisional.

El ejercicio de la democracia inter-cultural es complementario pero par-cial porque se produce entre algunas instituciones de las tres formas de democracia dependiendo del tpico o acontecimiento en juego. Asimis-mo, la igualdad de condiciones de las tres formas de democracia es un pun-to de partida pero su nexo puede im-plicar en cada caso el predominio de una institucin democrtica sobre otra ya sea en representacin polti-ca y decisin gubernamental en fun-cin del equilibrio general del siste-ma poltico.

La democracia intercultural es un proceso porque las relaciones entre las tres formas de democracia irn amplindose y diseminndose a me-dida que se consoliden las nuevas en-tidades estatales. As, esta forma de democracia la democracia intercul-tural es un proceso incremental de ajuste e innovacin institucional que se renueva de manera constante al igual que la diversidad social que ca-racteriza nuestra realidad nacional.

* Doctor en Ciencia Poltica, docente de la Uni-versidad Mayor de San Simn.

La democracia intercultural como parte constitutiva del Estado Plurinacional debe

plasmarse a diversa escala, regional y local


El Estado neoliberalLa descentralizacin surge como con-secuencia de: primero, una poltica de achicamiento del Estado, que se libe-ra del gasto social y se convierte en una instancia enteramente poltica de esta-blecer polticas pblicas. Segundo, la ne-cesidad de acercar la toma de decisiones sobre el funcionamiento de los servicios hacia los niveles locales con el propsito de mejorar la prestacin de los servicios.

La aplicacin del Modelo Neoliberal en nuestro pas privilegi el primer objetivo, se promulgaron las leyes de Participacin Popular (Ley 1551), y de Descentraliza-cin Administrativa (Ley 1654), ambas de-finen los roles que deben cumplir las ins-tancias nacionales y subnacionales.

La ley de Participacin Popular, ampla las competencias municipales delegando la administracin de infraestructura social y econmica. En salud, les transfiere a t-tulo gratuito los servicios de salud de I, II y III nivel, para que se encarguen de la in-fraestructura y el equipamiento.

La descentralizacin impone un mo-delo de gestin desconcentrada del ni-vel nacional.

Hasta aqu, las intenciones parecen buenas, pero cules fueron los efectos en el sistema de salud?

En primer lugar, se produce un de-terioro total de la capacidad rectora del Nivel Central, las instancias departa-mentales se convierten en islas que en la mayora de los casos no asumen de ma-nera real las nuevas competencias que le fueron asignadas y solo se convierten en administradores de la crisis, sin perspec-tiva de tener un plan de mediano plazo para resolver los problemas existentes. A nivel municipal el problema es an ms complejo, se trata de instancias que no han tenido hasta el momento una responsabilidad mayor en la prestacin de los servicios, por lo tanto deben de-sarrollar una estructura normativa y ad-ministrativa para empezar a cumplir las nuevas competencias. La mayora no lo logra, y los servicios en vez de mejorar se deterioran cada vez ms.

En este escenario surge el modelo de aseguramiento pblico, en primer lugar el Seguro de Maternidad y Niez, que otorga el 4.7% de los recursos de copar-ticipacin tributaria para el pago de las prestaciones. El 2003 se aprueba la ley 2426 (Ley del Seguro Universal Materno Infantil - SUMI). La gestin de este se-guro estaba descentralizada y creaba ins-tancias locales para el desarrollo de los procesos administrativos.

Concluyendo, el Modelo Neoliberal privilegia el achicamiento del Estado, no le interesa desarrollar en los niveles sub-nacionales los procesos de organizacin y formacin para cumplir las nuevas ta-reas que les son asignadas. Los munici-pios luego de ms de 15 aos de tener a

Salud: Entre la descentralizacin y las autonomas

dr. rubn CoLque MoLLo *

Con la promulgacin de la Constitucin Poltica del Estado la salud se convierte

en un derecho humano fundamental

Esta es una falacia que es necesario desmentir, de acuerdo a reportes del Ministerio de Salud, anualmente se eje-cuta a nivel nacional alrededor del 51% del presupuesto asignado a los seguros pblicos. Slo 4 departamentos logran una ejecucin mayor al 60%, lo que ge-nera que anualmente se tenga un re-manente de aproximadamente 90 mi-llones de dlares.

Adems, el Fondo Solidario Nacio-nal, que es de 60 millones de bolivianos anuales, se ejecuta en un porcentaje me-nor al 10%; los montos no ejecutados son revertidos.

Algunos avances necesarios de destacarEl programa MI SALUD ha logrado romper la distribucin hospitalocn-trica de los recursos humanos acer-cando el servicio integral de salud a la poblacin con visitas domiciliares y centros barriales, en aplicacin de la SAFCI. Sin embargo, es necesario que los centros reforzados funcionen de manera plena para lograr un mejor impacto en la poblacin. Por otro la-do, se debe trabajar en la integracin con el Sistema de Salud, para amplifi-car su impacto.

Consideraciones finalesDe lo enunciado anteriormente pode-mos proponer algunas acciones que de-beran ser parte de una agenda para pro-fundizar el cambio en salud:

1. Es necesario evaluar conjuntamen-te con los actores (gobernaciones y municipios) los alcances de la Ley 031 y la factibilidad de su aplica-cin, para generar un escenario de mayor coordinacin.

2. Se deben desarrollar procesos de capacitacin en la aplicacin nor-mativa a nivel departamental como municipal, para mejorar la ejecucin presupuestaria. Adems, promover la acreditacin para mejorar la cali-dad de los servicios.

3. Se puede crear un fondo de emer-gencia, con remanentes de los se-guros pblicos, para enfrentar las necesidades urgentes de equipa-miento.

4. El fondo solidario nacional puede ser dividido, creando un fondo de apoyo para pacientes con enferme-dades de gasto catastrfico (cncer, enfermedad renal crnica, etc).

5. Se debe trabajar en la creacin de una instancia de gestin municipal de salud que elabore un plan de ac-cin para fortalecer esta rea en los gobiernos municipales.

* Mdico cirujano Director General de Servi-cios de Salud. Ministerio de Salud.

su cargo la infraestructura y el equipa-miento no han tenido la capacidad de desarrollar y administrar la red de servi-cios que resuelva los principales proble-mas en la atencin de la salud.

El Estado Plurinacional y las autonomasCon la promulgacin de la Constitucin Poltica del Estado la salud se convier-te en un derecho humano fundamental. Luego se promulga la ley marco de au-tonomas, que establece las competen-cias exclusivas y concurrentes del nivel central, departamental, municipal y au-tonomas indgenas.

La emisin del marco normativo no es suficiente para resolver los proble-mas crnicos del sector salud, el dficit de infraestructura se hace ms eviden-te, entonces el Estado debe intervenir. Es as que a travs de la Unidad de Pro-yectos Especiales (UPRE), el programa Evo Cumple contribuye con la cons-truccin de Establecimientos de Salud de I y II nivel. El Ministerio de Salud canaliza prstamos de organismos inter-nacionales para la construccin y equi-pamiento de establecimientos de salud de I y II nivel. La oferta de servicios de salud se incremen-ta de 2.161 en 2005, a 2.902 el 2015, con incre-mento de 26%. Tam-bin se incrementan hospitales de II nivel en un 16% (de 76 a 91).

En estas condiciones, con mayor oferta de servicios, entonces: cul es el problema?

Definitivamente, la conclusin es simple, aqu falla la gestin de los ser-vicios de salud.

El resultado final es que los SEDES hasta el momento no han logrado desa-rrollar una red de servicios de salud es-tructurada por niveles, existen departa-mentos donde no existen hospitales de II nivel, y como consecuencia el III ni-vel se satura.

Los municipios no cuentan con equi-pos propios de gestin, la mayor parte del personal que trabaja en salud o est a contrato temporal o no es propio. So-lamente los municipios capitales de de-partamento y municipios intermedios cuentan con equipos permanentes.

Otro problema complejo es la distri-bucin de recursos humanos, solo algu-nos datos: alrededor del 45% de mdicos se encuentran en hospitales de III nivel, existen varios municipios que no cuentan con personal de salud. Los municipios, especialmente los ms pobres, son aten-didos por auxiliares de enfermera. La

mayor parte de los Hospitales de II nivel, especialmente del rea

rural, son slo de nombre porque en la realidad

no cuentan con especialistas, los que no tienen

incentivos para tra-bajar en esa rea.

Faltan recursos eco-nmicos para cumplir

sus funciones?



No hubo el criterio institucional suficiente para

incorporar la nocin de interdisciplinariedad en el

tratamiento de los temas y conflictos para no reducirlos a temas jurdico-administrativos

La labor del Tribunal Electoral Plurinacio-nal se ha detenido intempestivamente. Co-mo un castillo de naipes la institucionali-dad precaria se ha derrumbado producto de la incapacidad personal de los Vocales para en-tender el sentido estratgico de su misin en torno a la construccin institucionalizada de la Democracia Intercultural. Sin embargo, los sntomas del descala-bro han transcurrido a travs de la vida institucional a lo largo de estos casi cinco aos de gestin, en los que podramos sealar algunas afecciones evidentes desde el principio.

Para empezar, no se defini en equipo colegiado de Vocales las tareas estratgicas que tocaban im-pulsar, no hubo una introduccin necesaria al tama-o de la responsabilidad que les tocaba desempear y cada uno de ellos asumi la tarea de aparentar que saban y conocan lo que deban hacer, bajo pena de ser vistos como no los mejores para desarrollar esa responsabilidad. Menos an se organiz equi-pos de trabajo con el personal, para acometer y pen-sar los desafos. Lo que ocurri es que en este con-texto rpidamente se impusieron las jerarquas y los privilegios como una suerte de justificacin de que el poder otorgado es un privilegio ganado y no un servicio.

Acerca del derrumbe del Tribunal Supremo Electoral

Juan CarLos Pinto quintaniLLa *

ca la misma manera de hacer y organizar el trabajo.No existi una adecuada comprensin de las res-

ponsabilidades de rea, que respete la especificidad y la especialidad sobre determinados campos, y en definitiva, reas administrativas llegan a tomar deci-siones sobre temas comunicacionales o de capacita-cin. En estas y otras reas hubo demasiados espa-cios de improvisacin ya que cada vocal se asuma como experto en estrategias y anulaba la opinin de los equipos profesionales, generando que los proce-sos en temporalidad nunca fueran oportunos. No hubo el criterio institucional suficiente para incor-porar la nocin de interdisciplinariedad en el trata-miento de los temas y conflictos para no redu-cirlos a temas jurdico-administrativos, que era muy propio del antiguo proceso.

Esto ocurra en el espacio nacional pe-


En ese camino, no se definieron los objetivos co-lectivos y las responsabilidades individuales que de-be poseer toda institucin. Existi una carencia total de liderazgo interno que se tradujera en un lideraz-go institucional en la opinin pblica. Los niveles de decisin no se encontraron definidos, en parte por la ausencia de reglamentacin, que permita que los canales jerrquicos fluyan a travs de la estructura de decisin acordada y no a travs de las ocurrencias personales de cada vocal. No se logr una adecuada compatibilidad entre capacidad profesional y opor-tunidad (problemtica planteada en la CPE) que permitiera que la mejor gente asuma mayores res-ponsabilidades en la construccin institucional, sin dejar de lado la oportunidad de que sea nueva gen-te la que tenga la posibilidad de trabajar y aportar.

El personal de la antigua CNE, y tambin el nue-vo puesto por cuoteo, no tuvo compromiso con el naciente OEP, porque adems no se los bus-c involucrar por falta de liderazgo en la institucin, y asumieron como prio-ridad la mantencin del espacio laboral, antes que proponer e innovar. Los sectores ms conservadores y el perso-nal antiguo encontraron ms viable la sosteni-bilidad de lo anterior, que en la prctica defiende y multipli-

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ro, adems, como parte de esta inseguridad institu-cional, se centraliz todava ms el nivel de decisin y dependencia respecto a los TEDs. En la etapa fi-nal este desencuentro gener problemas electorales. Es el caso de Chuquisaca (consultas van y vienen y nadie decide). Tambin en el de aplicabilidad de resoluciones como la 71, que tuvo votacin dividi-da en Cbba. para su aplicacin, amenazando el TSE con sanciones graves a las vocales disidentes.

Claro, el contexto poltico de este inicio institu-cional no era de los mejores, pues en un pas don-de es evidente la construccin hegemnica de una mayora, las minoras polticas buscaban impugnar al rbitro y echarle la culpa de sus derrotas pasadas y futuras. No hubo capacidad de respuesta institu-cional, por la imposibilidad de acuerdo interno, ms an, se sucedieron los errores y las salidas individua-les de cada vocal para darle la razn a los interpelan-tes sobre la incapacidad mezclada con parcialidad del Tribunal Supremo Electoral.

De esta manera, era un misterio para la opinin pblica el perfil institucional de la OEP, ms all de lo que la ley dice. No existi una estrategia co-municacional que posicionara temas porque no ha-ba acuerdo al respecto y, ms que un plan referen-cial, se improvisaba sobre la marcha en funcin de los procesos electorales. As, el apoyo inicial ofre-cido desde distintos espacios, termin al margen y confundido, desde la cooperacin internacional que deseaba apoyar para el impulso democrtico de la Democracia Intercultural, hasta organizaciones e instituciones de la sociedad civil que buscaban cana-les de acompaamiento voluntario para involucrar-se y que nunca se abrieron desde el TSE, a no ser de forma muy limitada desde el SIFDE.

Tambin nos referimos claramente a los seala-mientos de la propia ley que dice relacin a la nece-sidad de coordinar responsabilidades con los otros rganos del poder pblico que slo se limitaron a ins-tancias de negociacin con el TGN sobre los recur-sos de funcionamiento. Esto, sin embargo, fue otro factor limitante para desplegar la labor del naciente OEP al nivel de la misin que se le otorgaba, pues se mantuvieron serias limitaciones administrativas por falta de perspectiva que fiscalizaban el presupues-to en funcin de la antigua CNE y su administracin electoral y no del OEP. Es decir que el propio Esta-do, en otras instancias, no entenda el rol estatal que deba realizar el OEP, limitndose a negociar recursos electorales, dejando prcticamente de lado una real inversin en Democracia Intercultural, situacin cla-ramente complementada con la incomprensin insti-tucional del Tribunal Supremo Electoral.

En definitiva, se ha optado por un proceso de acomodamiento respecto a lo realizado anterior-mente por la CNE. No se han generado los espacios de reflexin, debate y propuesta para crear un pro-ceso de transicin institucional hacia la tarea consti-tucional encomendada. Una visible consecuencia de ello es que se privilegiaron las compras de lujo an-tes que las necesidades institucionales. Nuevas mo-vilidades, personal de servicio para cada vocal, tour de viajes al exterior e interior del pas, mientras la mayora de la institucin careca de computadores modernos o recursos para impulsar ideas nuevas de un organismo en construccin. Lo propio ocurra con el presupuesto para las TEDs donde se realiza-ba efectivamente el trabajo electoral y de construc-cin institucional local.

En este mar de problemas estructurales que devie-nen del principio y que generaron un proceso acumu-lativo, se puede entender la consecuencia final. Co-mo dice el dicho y para no arrojar al nio con el agua sucia, o sea, confundir a la naciente institucio-nalidad de la Democracia Intercultural con el fracaso institucional de quienes fueron sus administradores, es conveniente admitir algunos avances que se reali-zaron en este periodo y que deben ser ponderados y tomados en cuenta en la nueva etapa que se impulsa con el nombramiento de nuevos Vocales al TSE. Nos referimos, por ejemplo, a que en estos cinco aos se ha reglamentado la participacin equitativa de gne-ro en las candidaturas de los partidos a las eleccio-nes nacionales y subnacionales. Tambin el TSE ha administrado la primera eleccin de magistrados su-premos con reglas que son un esfuerzo de encuentro en Democracia Intercultural, donde el resultado de los candidat@s elegid@s es otro tema a evaluar co-mo parte de la crisis de la justicia y que nos permite reflexionar en que no es suficiente cambiar a las per-sonas, si ello no se acompaa de cambios reales en la institucionalidad y la gestin.

Otro evento importante es que se ha realizado el primer proceso de acompaamiento en Consulta Previa del TIPNIS, como otro aspecto institucional nuevo en Democracia Intercultural. En ese camino de la nueva actora poltica de los IOCs y de la De-mocracia Comunitaria, se ha realizado el acompa-amiento presencial y de gabinete de los cinco pro-cesos de autonoma indgena en proceso en el pas, generndose las condiciones para que dos de ellas puedan realizar su referndum en septiembre, como etapa final del proceso.

Con algunos sobresaltos se aprob el nuevo ma-pa circunscripcional del pas. Aunque habra que ad-mitir que no se registr ningn avance propuesto por

el TSE para cambiar la condicin limitada de las cir-cunscripciones indgenas. Adems, se ha organizado por primera vez la votacin masiva de nuestros com-patriotas en el exterior en 36 pases donde tenemos presencia consular, apoyando el orgullo de la identi-dad y de ciudadana de bolivianos /as que ya no viven en el pas pero siguen siendo parte del mismo.

Se ha inaugurado el Instituto para la Democracia Intercultural (IDI) por parte del SIFDE, en el que se trabajar la temtica de manera acadmica y co-mo centro de formacin ciudadana. De esta mane-ra se acompa la creciente demanda de las Organi-zaciones Sociales y Partidos Polticos para impulsar procesos de formacin de ciudadana poltica e In-tercultural en Democracia Intercultural. Desde este mismo Instituto se realiz el acompaamiento y la propuesta para que finalmente se institucionalice la Democracia Intercultural en la curricula escolar con el Ministerio de Educacin. Falta an desarrollar los contenidos propuestos.

Durante ms de un ao, y con el apoyo de organi-zaciones internacionales, el SIFDE con una alianza muy amplia, elabor, con amplias consultas y con-sensos, un borrador final de Anteproyecto de Ley de Organizaciones Polticas que lamentablemente no fue tratado por la antigua TSE y aguarda su tra-tamiento deliberativo para seguir construyendo una Democracia cada vez ms Intercultural.

Finalmente, a travs del SIFDE se han publicado y distribuido decenas de libros referidos a la temti-ca de la Democracia Intercultural, as como cientos de folletos y publicaciones para el debate democr-tico. Se han organizado a nivel nacional foros deli-berativos entre candidatos/as, encuentros de lderes e intelectuales IOCs para profundizar su participa-cin poltica. Lo propio con organizaciones de mu-jeres y de jvenes para reforzar su actora poltica.

De cara al proceso que reinstitucionalizacin que vivimos ser conveniente realizar una adecuada eva-luacin del proceso anterior para recuperar algunas pistas y reconocer los errores cometidos para enton-ces trabajar las propuestas que, vuelvo a insistir, no slo se tratan de aplicacin de la ley que adems de-ber ser modificada en el futuro para dar lugar a una normativa ms intercultural sino de voluntad pol-tica institucional de quienes siendo nuevos Vocales sean capaces de recrear la institucin para devolverle legitimidad y un liderazgo necesario para avanzar en la construccin de la Democracia Intercultural.

* Juan Carlos Pinto Quintanilla, Socilogo. Ex Director Nacional del SIFDE-OEP

Socilogo. Ex Director Nacional del SIFDE-OEP



[ d e s c o l o n i z a c i n ]

Cuando pienso en buro-cracia, lo primero que se me viene a la mente es la tortuga de Mafalda. Qu grande Quino! Cualquiera pensa-ra que la burocracia est ah para ser tan lenta como la famosa tor-tuguita.

Si buscamos en la Real Academia de la Lengua espaola, la cuarta de-finicin de burocracia es: adminis-tracin ineficiente a causa del pa-peleo, la rigidez y las formalidades superfluas. Hasta los viejitos de la RAE han aceptado que la burocra-cia ralentiza o puede llegar a generar una administracin ineficiente (sus palabras, no las mas). Lgicamente no es la nica definicin ni mucho menos la primera, pero se entiende que puede convertirse en eso.

Cuando hablamos de burocracia, se puede pensar que todos y todas hemos tenido alguna mala expe-riencia y en algn momento nos he-mos quejado sobre lo burocrtico del sistema. Incluso aquellos traba-jando en alguna administracin bu-rocrtica alguna vez les ha tocado ir a otra por algn trmite y que tam-bin a ellos y ellas les falte un pa-pel. Tampoco es culpa de la per-sona que atiende, que simplemente est haciendo su trabajo, pero in-conscientemente le achacamos to-dos nuestros males y pensamos en todos sus antepasados, sin que ten-gan nada que ver.

Weber sostiene que en tanto la vida econmica y poltica de las so-ciedades se complejiza, se hace ca-da vez ms necesaria la administra-cin burocrtica, ya que la eficacia y la estabilidad que genera es im-prescindible para la expansin del comercio y de la industria. Sobre la estabilidad comentaremos ms ade-lante, pero creo que es difcil asegu-rar que toda burocracia sea eficaz y mucho menos eficiente. En un es-pacio terico donde todo funciona bien, quizs se puede hablar de la eficiencia, pero en la prctica siem-pre hay cosas que fallan, cosas que impiden que se lleve a cabo aquello que necesitamos. Pequeas frustra-ciones y decepciones.

Por otro lado Weber sostena que la burocracia salvara la usur-pacin del Estado por los funcio-narios polticos en caso de ausencia de controles, ya que el o la bur-crata promedio no tiene la forma-cin para tomar una postura firme y no se adentra en el mbito polti-co, es nada ms y nada menos que un tecncrata. Por lo tanto, en ca-so de una ausencia de control, se-ra la administracin burocrtica la que estara a cargo y evitara la to-

Quizs algn da podremos construir repblicas areas y dejar de lado estos Estados de papel

que no nos llevan a ningn lado

BurRocraciaCarLa Mara ariez sanJines

ma de poder por funcionarios pol-ticos. Quizs en ese sentido tuviera razn ya que normalmente la buro-cracia genera razonamientos repe-titivos para evitar salir de lo que se establece, por lo tanto evita la in-novacin o dicho de otra mane-ra evita que el ser humano practi-que el noble acto de pensar y dar soluciones al caso concreto. Grave error! Ya que las personas trabajan-do en la administracin burocrtica se convierten en simples operado-res poco o nada reflexivos que es lo mismo que ser motor sin gasolina. Se hacen las cosas as noms por-que siempre han sido as y as de-ben quedarse cuando quizs tod@s quisiramos que cambien.

Ahora pensemos en los aspectos positivos, que quizs podra ser esa estabilidad que menciona Weber. La burocracia genera muchos tra-bajos. Todas aquellas personas que forman parte de un proceso traba-jan gracias a que tenemos adminis-traciones burocrticas. Detrs de cada ventanilla hay alguien. Qu pasara si de pronto logramos eli-minar todo proceso, todo sello, to-da traduccin? Cunta gente aca-bara sin trabajo?

La burocracia genera adems pe-queos espacios de poder que dan sentido a la vida de mucha gente. Son los escritorios y la pila de pape-les los que permiten que las perso-nas se conviertan en autoridades sin saber que al decir soy la auto-ridad estn cometiendo un error de comprensin ya que la autoridad es un principio y no puede ser una persona, pero de todas maneras ese sentimiento de control y autoridad hace que esa persona se conside-re importante y parte de algo ms grande. Tambin puede pensarse que esa estabilidad viene ms co-mo un estado mental, la institucin funciona gracias a cada una de es-tas pequeas partecitas con autori-dad, pero esa es otra historia.

Ahora bien est claro que nadie disfruta del lidiar con una adminis-tracin ineficiente. Todos sabemos que se deben cumplir las normas, que se deben hacer trmites, que es parte de la cultura ciudadana hacer fila pero cuando se trata de irracio-nalidad, capricho y desidia estamos frente a lo malo de la burocracia e iremos avanzando muy lentamente como la tortuga de Mafalda.

Quizs algn da podremos construir repblicas areas y dejar de lado estos Estados de papel que no nos llevan a ningn lado, mien-tras tanto no nos queda ms que es-tar seguros de tener todos los sellos necesarios.

El burcrata es el hombre de madera, partido por equivocacin de los dioses que lo hicieron sin sangre, sin aliento ni desaliento, y sin ninguna

palabra que decir.[] Sabe transmitir ordenes, no ideas. Considera cualquier duda una here-

ja, cualquier contradiccin una traicin.[] Es bastante improbable que el burcrata se juegue la vida, es absoluta-

mente imposible que se juegue el empleo.

* Tomado del libro Memorias de Fuego III

El burcrata*eduardo GaLeano



El MAS ya no es el de 2005, ha ido mudando la propues-ta, ya no es tan comunitario, ahora ha abrazado el modelo cruceo, que es capitalista.

lvaro Garca Linera

Confieso que cuando le este aserto del Vice-presidente Garca Linera me sent aturdido porque yo crea ingenuamente que est-bamos construyendo el socialismo comuni-tario para vivir bien, en armona con la Madre Tierra.

Luego del desconcierto empec a preguntarme cul es la poltica econmica que el gobierno del presidente Evo est implementando en el campo agropecuario, tanto para el agro-empresariado co-mo para el pequeo productor campesino. En me-dio de estas cavilaciones advino la realizacin de la Cumbre Agropecuaria.

El propsito de este artculo es justamente re-flexionar en torno a la Cumbre Agropecuaria Sem-brando Bolivia, que se realiz el 21 y 22 de abril en los predios de Feria Expo-Cruz de Santa Cruz con la presencia de la plana mayor del gobierno, dirigen-tes del sector agroindustrial y representantes de los llamados movimientos sociales.

Cumbre agro-txicaLa Cumbre se con-centr en cinco mesas de trabajo, en las que se trat temas relacionados con la tierra y estructura agraria, produccin y productividad, di-versificacin e industrializacin, mercados, precios y exportacin e infraestructura y riego.

Se empez considerando la propuesta de los agro-empresarios de ampliar la verificacin de la Funcin Econmica Social (FES) de la propiedad porque decan el actual rgimen frena las inver-siones en el agro. En la Cumbre se resolvi este tema y se determin ampliar el plazo para cumplir con la FES de dos a cinco aos, que consiste en dar ms tiempo a los ganaderos y agricultores, que tra-

bajan a gran escala, para demostrar que sus predios son productivos. Segn los empresarios agropecua-rios esta es una buena seal para acceder a los cr-ditos e incentivar la inversin.

La mesa de trabajo ms afanosa fue la de Merca-dos, precios y exportacin, en la que los exportado-res cifraban sus esperanzas en lograr que los cupos para el comercio internacional queden sin efecto y as poder exportar sin restricciones. Las expectativas del sector en la Cumbre era que de una vez por to-das el gobierno libere las exportaciones para que los empresarios tengan a disposicin todo su po-tencial y que no se vean limitados por una norma que, segn su criterio, no hace otra cosa que perju-dicar al pas. Sin embargo, tuvo ms peso la postu-ra de mantener los cupos de exportacin bajo el ar-gumento de garantizar al mercado interno la oferta alimentaria y slo exportar los excedentes.

Centralmente se deliber en torno a la expansin de la frontera agrcola, los agro-empresarios hablan de empujar el crecimiento de la frontera agrcola. La ampliacin de la frontera agrcola es bsicamen-te para los monocultivos y los transgnicos y que ya en julio de 2013 (El Deber, 12 julio 2013) el gobier-no prometi crditos para alcanzar el milln de hec-treas en produccin. El gobierno favorece pues la deforestacin no slo con fines agroindustriales si-no tambin para una colonizacin desordenada y, adems, para plantar coca.

Esta disposicin es de suma importancia para el pas porque est decidiendo el futuro de los bosques y est dando luz verde a la ms grande e intensa de-forestacin que se haya producido en Bolivia. En la anterior Cumbre, realizada en septiembre del ao pasado (vase El Deber, 20 septiembre 2014), el go-bierno y los agro-industriales de Santa Cruz se pu-sieron de acuerdo en ampliar la frontera agrcola en 13 millones de hectreas hasta el 2025. Lo que sig-nificara ms de un milln de hectreas por ao! De ocurrir esto se produciran daos funestos tanto pa-

ra la biodiversidad como para la poblacin y ocupa-ramos uno de los primeros puestos entre los pases con ms deforestacin de y en el mundo. Y precisa-mente en tiempos en que se ha llegado a un consen-so mundial sobre la necesidad de evitar la deforesta-cin como uno de los principales mecanismos para mitigar el cambio climtico.

Segn Teresa Flores Bedregal, el gobierno adop-ta la ms cruda poltica de mercantilizacin de los bosques buscando convertirlos en cultivos agroin-dustriales para la exportacin, tanto que el propio Vi-cepresidente Garca Linera ya ha ofrecido a los agro-industriales modificar todas las normas que impiden la conversin de bosques en tierras de cultivo (El Deber, 19 octubre 2014). De hecho ya se han abrogado varias disposiciones legales que penalizaban los desmontes no autorizados y la conversin de bosques en tierras y en reas no aptas para esta actividad. Sin embargo, el mismo director nacional de la ABT asegur que en el pas se agot la frontera agrcola y no es posible conti-nuar realizando el cambio de uso de suelo en reas ne-tamente forestales en agrcolas (Erbol, 23 septiembre 2010). De acuerdo con Flores Bedregal:

De hacerse realidad estos planes de ampliacin de la fron-tera agrcola, se dara fin con buena parte de los bosques de Santa Cruz, su rica biodiversidad y llevaran al colap-so ecolgico de ese departamento hacindolo mucho ms vul-nerable a los impactos del cambio climtico que han veni-do afectando particularmente a las zonas ms deforestadas. Zonas en las que en la poca de lluvias se han producido inundaciones que han dejado anegadas importantes exten-siones de cultivos con las consecuentes prdidas. Al mismo tiempo que en la poca seca se han producido persistentes se-quas que, en parte, se deben a la deforestacin porque los bosques retienen el agua y la humedad.

Precisamente en Santa Cruz existen importantes ex-tensiones de tierras que eran bosques pero, como resultado del mal uso de suelos, se han convertido

Crtica de la Cumbre AgropecuariaJos Luis saavedra *

En la Cumbre no se logr acordar el tema de los transgnicos y su uso qued en suspenso, es decir que la expansin de los transgnicos a

otros cultivos, adems de la soya, todava depende de la pltica entre las organizaciones sociales y los productores agroindustriales



en eriales, es decir, tierras que ya no sirven para la agricultura ni para la ganadera. Ms an, una exten-sin importante de los suelos de Santa Cruz son are-nosos y una vez denudados de vegetacin, la arena tiende a expandirse, y con los vientos se producen tormentas de arena, lo que est llevando a la severa desertizacin de varias zonas.

El espinoso tema de los transgnicosDe la diversidad de temas tratados, por razones de espacio, vamos a privilegiar por su importancia es-tratgica el de las semillas genticamente modifica-das (lase transgnicos), cuyo uso en el agro ha sido intensamente discutido. Los productores agrope-cuarios, agrupados en la Cmara Agropecuaria del Oriente (CAO), obviamente piden ampliar el uso de la biotecnologa (semillas OGM-genticamen-te modificadas) con el objetivo decan de aumen-tar la produccin no slo de soya, sino tambin de maz, algodn y caa de azcar. Las propuestas de los grupos empresariales del oriente representados por ANAPO, CAINCO y CAO, giran en torno a la implementacin de la biotecnologa, que se traduce en la legitimacin de nuevas variedades transgnicas como el algodn, el maz o la caa de azcar, ade-ms de la soya que ya est permitida 1.

Julio Roda, presidente de la CAO, dej en claro que para que Bolivia sea competitiva en materia agrcola se debe implementar el uso de la biotecnologa a travs de los transgnicos y si se quiere un sector productivo eficiente, competitivo y exportador urge el uso de los transgnicos. Asimismo, expres que la produccin en Santa Cruz es extensiva y que los transgnicos son una necesidad que los productores requieren para tor-nar eficiente y productiva la agricultura.

En contraposicin, la Confederacin Sindi-cal nica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y las organizaciones sociales que forman parte del denominado Pacto de Unidad (pequeos pro-ductores) se oponen a la expansin de la biotecnolo-ga. El secretario general, Rodolfo Machaca, sostuvo que los empresarios defienden los OGM con fines de agro-negocio. Actualmente seal hay pruebas de que provocan daos al ser humano y que el uso de los transgnicos (en la produccin agrcola) y, ms an, el consumir productos de origen genticamente mo-dificado puede provocar daos a la salud y por tan-to representan una amenaza para la salud pblica.

Si bien en la mesa dos, Produccin y Productivi-dad, no se pudo llegar a un consenso, hubo una es-pecie de consentimiento en el sentido que haba que alcanzar la coexistencia de la produccin transgnica y orgnica, que a su vez implica la introduccin tem-poral de algodn, soya y maz transgnico por al me-nos un periodo de cinco aos. As, pues, en la Cum-bre no se logr acordar como se esperaba el tema de los transgnicos y su uso qued en suspenso, es decir que la expansin de los transgnicos a otros cul-tivos, adems de la soya, todava depende de la plti-ca entre las organizaciones sociales y los producto-res agroindustriales. Si bien esta irresolucin ha sido considerada positiva, pienso que no es sino darle car-ta blanca al gobierno para que, ms o menos subrep-ticiamente, apruebe y/o generalice su uso.

De hecho, la ministra Achacollo ya ha propues-to que el uso de los transgnicos sea zonificado y regionalizado. Precisamente hoy el gobierno est analizando el uso de la biotecnologa (lase trans-gnicos) en los cultivos agrcolas de manera zonifi-cada, que consistira en utilizar las semillas genti-camente modificadas donde stas se adecuen. Desde la CAO indicaron que estn dispuestos a zonificar o sembrar transgnicos en el oriente y que se respe-ten los otros departamentos. Segn el presidente de la CAO, Julio Roda, lo importante es que la me-sa tcnica de discusin no se cerr y vamos a traba-jar para que lo ms antes posible se cristalice el pe-dido de la biotecnologa (El Deber, 26 abril 2015). Con todo, si el gobierno insiste en y con esta tecno-loga habra que pedir al menos un referndum para que la poblacin dirima.

Consecuencias deletreas de los transgnicosUna de las ms graves consecuencias es que los campesinos viven hostigados por la agroindustria con paquetes tecnolgicos que sustituyen y expul-san del campo el trabajo originario tradicional, ma-tan la naturaleza, eliminan la fertilidad de la tierra y destruyen el tejido socio-ambiental (K. Fernndez). Otras derivaciones son los riesgos del glifosato, uno de los agro-txicos que interviene en la produccin transgnica. Un estudio de la OMS establece clara-mente que el glifosato asociado a la soya transgnica ha sido detectado como uno de los productos que causan cncer en seres humanos (M. A. Crespo).

Ms an, la produccin y venta de semillas trans-gnicas estn en manos de las empresas multinacio-nales (Monsanto, Gargill y otras), que al margen de ser modificadas genticamente tienen la cualidad de que cada ao el productor debe adquirirlas porque no la puede reproducir. Adems debe comprar el paque-te de agroqumicos y fertilizantes adicionales y con ellos tambin adquirir el conocimiento para usar es-ta tecnologa. Esto genera dependencia a todo nivel, que ya se vivi y se consolid, por ejemplo, en Mxi-co donde la riqueza en la agro-biodiversidad ha sido afectada y se ha demostrado que la introduccin de transgnicos y el cambio de variedades por estas se-millas no abarataron los alimentos sino que ha gene-rado una problemtica social difcil de medir.

Esta situacin no slo toca el debate sobre el uso o no de transgnicos, sino el efecto de los procesos de homogenizacin de los hbitos alimentarios y los sis-temas productivos agropecuarios mediante el consu-mo de enlatados, comidas rpidas y productos agro-industriales (fideo, azcar, aceite y otros) no slo en la poblacin urbana sino tambin en la poblacin rural, ocasionando la disminucin de la diversidad y cultura alimentaria y la prdida directa de la soberana alimen-taria de las comunidades rurales, debido a que los pe-queos productores estn re-diseando los sistemas de produccin, inclinndose a producir los cultivos que demanda el mercado de los alimentos procesados, pa-ra de esta forma tener los ingresos que les permitan acceder a estos nuevos productos de su dieta familiar.

En sntesis, consideramos que la Cumbre Agro-pecuaria representa una muy peligrosa amenaza pa-ra toda la poblacin de Bolivia, esencialmente porque avanza hacia la legalizacin de los alimentos transg-nicos (OGM) en el pas, as como a la expansin de la frontera agrcola. El gobierno dice que se deben permitir los transgnicos para garantizar la seguridad alimentaria. Esta es una mentira, porque en los 10 aos que van de produccin con transgnicos no se han elevado los rendimientos. Cada ao Bolivia im-porta ms alimentos () Esto demuestra que a las empresas y al Gobierno les interesa un pito la seguri-dad y soberana alimentaria (M. A. Crespo).

* Docente de la UMSA1 Un presidente (Rodrguez) anterior al gobierno de Evo Morales

aprob en el ao 2005 una Ley que permite la soya transgnica y, en los ltimos 10 aos, no se hizo nada para cambiar esta ley.


Los resultados del encuentro binacional de los gobiernos de Per y Bolivia en Puno casi en la frontera de am-bos pases, a orillas del lago Titica-ca, han ido ms all de las expectativas que se tenan en los medios polticos y diplomticos, sobretodo por la mani-festacin del gobierno de Lima de res-paldar la demanda martima boliviana frente a Chile en distintas tribunas in-ternacionales y el Tribunal Internacio-nal de Justicia (TIJ) de La Haya y por la variedad de convenios firmados en los mbitos de medio ambiente, segu-ridad y defensa, desarrollo econmico comn e infraestructura.

Los presidentes Ollanta Humala y Evo Morales demostraron una ac-titud de total apertura y cordialidad personal y de gobiernos, a pesar de las diferencias polticas, que marca un cambio en las relaciones. Inclusi-ve Humala se refiri en trminos de compatriota a Morales, afirman-do que se est dando un paso his-trico en la integracin econmica y territorial siguiendo la senda abierta por el Mariscal Andrs de Santa Cruz y Calahumana en el siglo XIX con la Confederacin Per-Boliviana.

El tema de la lucha contra el nar-cotrfico estuvo tambin en la agen-da, asumiendo la realizacin de tareas

[ s i n p e l o s e n l a l e n g u a ]

una columna de la Patria GrandeEduardo Paz Rada *

[email protected]

Potencialidades de la integracin Bolivia-Per

En un pasado reciente, se entenda que la re-presentacin de la ciudadana pasaba por los partidos polticos, pero a partir del 2000 comenzara a debatirse una nueva forma de concebir y practicar la representacin a travs de lo que conocemos como movimientos sociales.

Como ya sabemos por la historia de la ltima dcada, esos movimientos ocupan un rol funda-mental al interior del sistema poltico ya que son vistos como una especie de bisagras entre la(s) fuerza(s) gobernante(s) y el ciudadano. Desafor-tunadamente ese papel en nuestro caso no gir exclusivamente en torno a una nocin informal/programtica, sino que se fue degenerado hacia el mundo de las interacciones informal/clientelismo de nuestra acostumbrada poltica. La literatura po-litolgica anglosajona describe a este tipo de fen-menos como Brokers, es decir, alguien que se ocupa de hacer correr una inversin para el po-ltico, para el ciudadano o incluso para l mismo. No hay que confundirse, no son mediadores, son agentes que se mueven dentro de una lgica abso-lutamente racional de costo-beneficio. A continua-cin algunas caractersticas de estos Brokers ex-

tradas del texto Brokers, Voters, and Clientelism de Susan Stokes (2013).

Los Brokers conocen a sus votantes: estos agentes tienen una larga interaccin con los ciudadanos, lo que les permite tener informacin privilegiada acerca de sus preferencias y la conducta de su intencin de voto.

Los Brokers extraen rentas: buena parte de estos actores sostienen que es difcil para el lder del partido tener recursos financieros al margen de los Brokers.

Los Brokers buscan ganar una eleccin: estos indi-viduos proveen soporte al partido de su gusto, algu-nos incluso militan en el partido desde jvenes ascen-diendo en la jerarqua partidista poco a poco. Buscan ganar las elecciones porque del resultado de las mis-mas depende la posibilidad de transaccin de favo-res como puestos de trabajo u otro tipo de recursos.

Los lderes intentan que los Brokers no salgan del partido o al menos se vean amenazados de salir o elu-dir al partido: si bien los lderes de los partidos no pueden tener un contacto directo con los Brokers in-tentan monitorearlos a travs de algunos miembros operativos del partido, la amenaza de los Brokers por salir del partido se reduce a la idea de que ellos se lle-varan consigo sus votos a otra fuerza poltica.

La posicin que se ocupa en la jerarqua del par-tido es tambin la posicin del lugar que se ocu-pa para distribuir preferencias: la distribucin de las preferencias o favores vara de acuerdo al nivel je-rrquico que ocupa el lder del partido con el cual el Broker tiene contacto.

En resumen, los Brokers juegan un rol funda-mental en la intermediacin de las relaciones socia-les distributivas con los votantes, mientras que tam-bin imponen costos al partido. En definitiva, lo que se est viviendo estos meses luego de las elecciones subnacionales es un reajuste y cambio de Brokers, no su desaparicin, porque gran parte del susten-to del actual proceso est cimentado en el contac-to con las organizaciones sociales y sin duda no hay que olvidar que estos actores son permanentes a lo largo de nuestra historia. Lo ms positivo que nos podra pasar a propsito de esta turbulencia polti-ca de los ltimos meses es que la dinmica de los Brokers con la ciudadana, y con los partidos, pase a ese cuadrante informal/programtico, as fortalece-ramos en serio nuestro sistema poltico.

* Politlogo

Los Brokers alteosMarCeLo arequiPa azurduy *

conjuntas e intercambio de informa-cin frente a la accin de poderosas mafias de la droga que operan entre ambos pases y que tienen como des-tino los grandes mercados de cocana de Brasil y Europa, considerando que las fuerzas antidrogas de Brasil seran parte de las operaciones en ste mbi-to. Tambin se inform que el millo-nario proyecto del tren interocenico que pasara por los dos pases y Bra-sil, e incluye a Chile, Argentina y Para-

guay, propuesto por Evo Morales, se-r analizado por el gobierno peruano.

Qued abierta la opcin de avanzar en la construccin de un polo energ-tico, sobre la base de las grandes reser-vas de gas que tienen ambos pases, en la regin del sur peruano, donde po-drn confluir importantes emprendi-mientos de alcance mundial tomando en cuenta la importancia estratgica de los mercados asiticos y de la cuen-ca del Ocano Pacfico.

As como los procesos de integra-cin de Amrica Latina y el Caribe, con la formacin de la UNASUR y la CELAC, desplazan el poder del impe-rialismo norteamericano en la regin; el avance en la integracin entre Boli-via y Per representa un revs para la oligarqua chilena aliada a las transna-cionales instaladas en su pas, ya que histricamente y de manera sistemti-ca sta ha buscado el fracaso de los in-tentos de acercamiento y, en la Gue-rra del Pacfico de 1879-1883, cont con el respaldo de los capitales ingle-ses interesados en los recursos mine-ros y naturales de la regin costera bo-liviana y peruana.

Las referencias hechas en la cum-bre de Puno a los procesos comunes de lucha contra la dominacin colo-nial espaola encabezada por los l-deres indgenas Tupac Amaru y Tu-pac Katari, en la segunda mitad del siglo XVIII, a la Confederacin Pe-r-Boliviana de los aos treinta del si-glo XIX, as como la alianza hecha en la Guerra del Pacfico, son hitos im-portantes que permiten vislumbrar las perspectivas del acercamiento de los dos pueblos.

* Eduardo Paz Rada es socilogo boliviano y docente en la UMSA. Escribe en publicacio-nes de Bolivia y Amrica Latina.


Hay que separar la poltica de la accin de las grandes empresas

Javier Larran P. *

Rodrigo Ruiz, director del peridico chileno El Desconcierto, de visita en nuestro pas, se detiene unos minutos para conversar con La poca acerca de la coyuntura poltica chilena: los casos de corrupcin que afectan a La Mo-neda, las movilizaciones de estudiantes y docentes, el juicio de La Haya y la necesidad de refundar el pas.

Javier Larran (JL).- En la ltima encuesta CA-DEM realizada en Chile se seala un 24% de aprobacin al gobierno de la presidenta Bache-let, cumpliendo con ellos 35 meses a la baja, a qu se debe tan bajo apoyo?Rodrigo Ruiz (RR).- Se debe principalmente al lla-mado caso CAVAL, en el que su hijo aparece directa-mente involucrado en una compra de terrenos en una localidad cercana a Santiago obteniendo un crdito de 10 millones de dlares del Banco de Chile, institucin que pertenece al principal grupo econmico chileno y sobre el cual siempre se ha dicho, y hay antecedentes bastante fundados, de que tiene unas relaciones con el gobierno actual bastante profundas y podramos decir estirando un poco el trmino incestuosas.

Entonces este caso muestra al hijo de Bachelet vin-culado a operaciones bancarias de una manera bastan-te turbia, a lo que habra que sumar el muy mal manejo comunicacional de La Moneda en esta situacin.

JL.- Un segundo caso que ha puesto en jaque a la clase poltica de ese pas es el caso SOQUI-MICH, cul es su profundidad?RR.- Ese caso es bien curioso y bien importante por-que precisamente SOQUIMICH, que es una empre-sa que explota minerales no metlicos en el norte de Chile, fue privatizada por Pinochet y dejada en ma-nos de quien entonces era su yerno, Julio Ponce Ler.

Actualmente la empresa es una especie de poder fctico, tiene en sus archivos las boletas y los pagos a una cantidad importante de polticos y si quisiera tomar la decisin de hacerlos pblicos podra echar por tierra la carrera de ms de uno.

La cuestin se complicad cuando una empresa pri-vada, con ese tipo de vinculaciones familiares, tiene en su poder semejante capacidad de afectar la estabi-lidad del sistema poltico chileno. Ahora, el problema es mucho ms de fondo y tiene que ver con que en Chile, y esa es una de las transformaciones neolibera-les, se encareci mucho la vida poltica, la carrera po-ltica, no cualquiera puede ser poltico y la forma de acceso a la poltica institucional era, entre otras, el di-nero y el dinero estaba en las empresas privadas, no haba formas de financiamiento estatal o muy meno-res. Eso hace que asumamos el comportamiento de la sociedad chilena segn rasgos neo oligrquicos don-de el poder del dinero se expresa sobre el conjunto de la sociedad con mucha profundidad.

Hay que construir una poltica nueva, bajo nue-vas bases, hay que refundar la poltica chilena, y uno de sus primeros rasgos que vemos con ms claridad es ste, separar la poltica de la accin de las gran-des empresas.

JL.- Recientemente la presidenta Bachelet ha-bl de cambiar la Constitucin, cules son los mecanismos que se prevn?RR.- En Chile hay un consenso bastante elevado respecto de la necesidad de cambiar la Constitucin de 1980, promulgada por Pinochet. Es una estaca

clavada en el corazn de la democracia chilena, no se puede hablar de una autntica democracia con una Constitucin dictatorial, de modo que es ms o menos amplio el acuerdo de que es necesario cam-biar la Constitucin.

Donde la discusin se pone rida es en los meca-nismos. Desde los sectores ms conservadores se han planteado que esos mecanismos estn secuestrados por elementos de la institucionalidad poltica como el Congreso, aspectos que por lo dems estn bastante desprestigiados y son muy poco representativos. En el otro extremo, que es el ms de izquierda y de los movi-mientos sociales, est la Asamblea Constituyente.

En la cadena nacional de hace algunas semanas atrs Michelle Bachelet dijo que en septiembre de este ao van a activar un mecanismo constitucional la palabra es bien extraa, pero no se la jug por ningn meca-nismo en particular, habl de cabildos y de que van a escuchar a la ciudadana, sin nombrar mecanismos.

JL.- Cunto pudiera agravarse la crisis de cre-dibilidad y legitimidad del sistema poltico chi-leno si la nueva constitucin se realizara por medio de un mecanismo excluyente?RR.- Es relativo, la cuestin constituyente es un tema de amplio reconocimiento pero la necesidad de que sea un mecanismo participativo, abierto, de sobera-na popular, no est lo suficientemente extendido en la sociedad chilena como para que sea un factor deci-sivo en trminos de cmo se dirime la legitimidad del Ejecutivo, de la Presidenta en particular.

Hoy da la crisis poltica tiene que ver ms con la cuestin de la corrupcin, con los turbios manejos de dinero y poltica que con un cierre en el tema consti-tucional. La mayora del pueblo chileno todava no ha abrazado el tema de la constituyente y es ese el princi-pal desafo que tenemos los que pensamos que tiene que haber una Asamblea Constituyente.

JL.- En estos das hemos visto movilizaciones de profesores y estudiantes, cules son las de-mandas en el rea educativa que Chile no ha lo-grado resolver?RR.- Hoy da lo que est ocurriendo es que la refor-ma a la educacin no ha logrado funcionar como de-be, entonces tienes distintas trabas, por un lado una que tiene que ver con la indisposicin de los gobier-nos a escuchar a los movimientos sociales y los es-tudiantes reaccionan mucho frente a eso, y por otro, una crisis en el mundo de los profesores que est con-ducido por un Partido Comunista que forma parte de las fuerzas gubernamentales pero que empieza a per-der su propia conduccin del gremio en la medida en que los docentes comienzan a cuestionar las medidas que el Ejecutivo est planteando en trminos de las reformas, en este caso el conjunto de medidas espec-ficas que ahora se estn discutiendo.

Hace pocos das el ministro de educacin le dijo que los reclamos que tuvieran los fueran a hacer al Congreso, en otras palabras, que no le vayan a de-cir nada, que el Ejecutivo no est abierto a la con-versacin.

JL.- Como director de un medio periodstico, cmo has visto lo de La Haya?RR.- Primero, en el gobierno prima la poltica de las encuestas. Pienso que es un gobierno suficiente-mente cobarde como para notar que si las encuestas mayoritariamente consignan una indisposicin de la ciudadana al tema de ceder mar con soberana ellos van a guiarse por ah.

En segundo lugar, creo que el gobierno, y parti-cularmente el Canciller, ha tenido una actitud mato-nesca, han acusado al presidente Morales manipu-lando los argumentos; cuando Bolivia dice que lo que quieren es sentarse a conversar ellos replican di-ciendo que lo que Bolivia quiere es quitarle territo-rio, inventan una cantidad de argumentos muy ex-tremos, descalificativos.

Para resumirlo de algn modo creo que este go-bierno, aparentemente socialista, est llevando a es-te respecto una poltica de derecha, lisa y llanamen-te no tiene otra calificacin.

JL.- Qu mensaje le daras los lectores de La poca?RR.- Saludo grande a los lectores de Bolivia. Como chileno que est por la integracin, como muchos otros chilenos, los que queremos efectivamente mar con soberana para Bolivia, es un enorme agrado es-tar ac, conversar con los medios bolivianos, y que vean que en Chile efectivamente hay distintas vo-ces, lean la pgina www.eldesconcierto.cl y van en-contrar ah editoriales, reportajes, notas donde esta-mos abordando el tema latinoamericano desde una perspectiva distinta a lo que hace la prensa hegem-nica en Chile.

* Javier Larran P., Director de La poca.

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En Chile hay un consenso bastante elevado respecto de la necesidad de cambiar

la Constitucin de 1980, promulgada por Pinochet


Colombia: Una encrucijada en medio del proceso de paz

CarLos GarCa enrique *

En Colombia la guerra no es el problema de fondo, aun-que acabarla sera un pa-so fundamental para abor-darlo. La guerra no es solo contra las FARC, es contra los pobres, por eso una salida negociada abrira una nue-va esperanza. La paz es con las comu-nidades y sus propuestas aunque ca-llar los fusiles y poner los ojos sobre la violencia estructural sera un buen principio del fin de la guerra.

Durante la larga noche de la guerra, en Agosto de 2012 y contra todo pro-nstico, Timolen Jimnez, coman-dante del Estado Mayor de las FARC, y el recientemente electo presidente Santos, anuncian que culmin la fase exploratoria de los dilogos y que van a ir a negociar a La Habana sin ningn tipo de cese al fuego ni tregua alguna. Nada est acordado hasta que todo es-te acordado, dijeron. Los puntos a tra-tar seran: Poltica de desarrollo agra-rio integral, Participacin poltica, Fin del conflicto, Solucin al problema de las drogas ilcitas, Vctimas e Imple-mentacin, Verificacin y refrenda-cin de los acuerdos.

La tierraEl primer punto, el problema de la tie-rra, es uno de los ms candentes por ser parte determinante en la violencia estructural en Colombia y elemento principal del conflicto social y polti-co. Las partes acordaron que una ano-mala histrica que permaneci duran-te aos olvidada en un cajn, podra ser la solucin, no por que las partes lo dijeran, sino porque el campesina-do as lo exige desde hace aos. La ley 160 de 1994, decretada pareciera por equivocacin atendiendo la coyun-tura dominante del momento, y don-de se reconocen las Zonas de Reserva Campesina y la Unidad Agraria Fami-liar, sera el punto de encuentro frente al problema de las tierras que el cam-pesinado necesita para poder escapar a la extincin. Ya existen territorios reconocidos como Zona de Reserva Campesina en Colombia por parte del Estado, pero su principal virtud, que es la inversin, se vio truncada por la falta de voluntad poltica del gobier-no y por un conflicto de intereses de-rivado de las locomotoras mineras, co-mo denomin el propio presidente a su plan de desarrollo y venta del pas al capital extranjero. El real inters del gobierno sera, ms que la paz, sacar a un actor que le impide la explotacin y optimizacin de los jugosos ingresos de la minera.

Este planteamiento afecta directa-mente al punto de drogas ilcitas, ya que una inversin estructural del go-bierno a travs de las Zonas de Reser-

va Campesina, tal como ordena ley, podra generar condiciones para la sustitucin estructural, social, gradual y concertada con las comunidades de los ingresos derivados de la comercia-lizacin de los cultivos de uso ilcito y generar garantas para la no replan-tacin de esos u otros cultivos de uso ilcito. En la poltica actual del gobier-no, impuesta por los Estados Unidos a travs del proyecto de financiacin mi-litar conocido como Plan Colombia, slo se contempla la erradicacin ma-nual o la aspersin con el daino y re-cientemente prohibido glifosato para acabar con esos cultivos. Esta poltica equivocada provoca grandes despla-zamientos y hambrunas y un crculo vicioso en la ruralidad, al ser el ni-co medio para recibir el sustento para sus familias. La arremetida neoliberal acab con toda capacidad de trans-porte y comercializacin de los pro-ductos y los precios cayeron en picada ante la entrada al mercado de produc-tos de otras economas ms competi-tivas. Esa situacin tiene los rincones ms apartados de Colombia en una si-tuacin de total dependencia de la ca-dena del narcotrfico, sin ser los cam-pesinos narcotraficantes pero s como fuerza de trabajo fundamental antes de que los cultivos se conviertan, pro-piamente, en drogas ilcitas. Las FARC s se financian del negocio cobrando un impuesto a los narcotraficantes, los funcionarios del Estado de igual ma-nera lucran a travs de las mafias que los permean.

La polticaEn cuanto a la participacin poltica, fundamental para las FARC, el Esta-do pide que antes de participar, la gue-rrilla deba desmovilizarse y entregar las armas, en una pantomima pare-cida a la protagonizada por los para-militares en 2006. La insurgencia ha-bla de dejacin de armas en funcin de unas garantas que ofrezca el Esta-do de manera permanente y que no se van a desmovilizar si no para transfor-mar en una fuerza poltica de carcter civil sin renunciar a su ideario polti-co marxista.

Las vctimas, de manera mayori-taria son campesinos y campesinas e indgenas damnificados de la violen-cia estatal, en esta ltima etapa lleva-da a cabo por el paramilitarismo de Estado que gener un ndice todava desconocido, pero seguro atroz y sin precedentes en el continente Ame-ricano, de vctimas mortales, viola-ciones, desapariciones forzadas, eje-cuciones extrajudiciales, torturas, mutilaciones, robo de tierras, ganado, quema y atentado contra bienes pri-vados, persecucin por motivos po-lticos y otros tantos delitos de lesa humanidad. La ley de vctimas y res-titucin de tierras vigente desde 2008 con la desmovilizacin de los paras, presentada como una ley de justicia transicional, no ha servido para que haya justicia, verdad, reparacin ni tampoco garantas de no repeticin y ms bien ha representado impunidad y una afrenta a las vctimas.

La desinformacinLos medios de comunicacin, como hicieron desde siempre, juegan a una pendular simetra entre la Fuerza P-blica y la insurgencia segn les interesa a los poderes fcticos, desconociendo la responsabilidad nica e ineludi-ble del Estado como responsable de la defensa de los derechos humanos, pero justificando las acciones ilega-les de la tropa sealando que la insur-gencia supuestamente tambin lo ha-ce. Los actores armados del Estado se convierten en vctimas, los guerrilleros en terroristas y los campesinos desa-rraigados en auxiliadores de la guerri-lla, por arte y gracia de la televisin y la desinformacin masiva.

Ninguno de los comandantes de la guerra quiere pagar crcel y cuando re-conocen los hechos victimizantes ape-lan a la equiparacin de las eventuales penas o perdn. Esta situacin tie-ne encallados algunos puntos de fon-do que parecen no tener una sencilla solucin, menos todava cuando las acciones armadas y saboteos a la in-fraestructura energtica de la guerrilla, despus del suspendido cese unilate-ral al fuego, y los operativos militares del ejrcito, despus del levantamiento del cese de bombardeos, estn dando cuenta de la fragilidad de la mesa y la volatilidad del estatus quo adems de la peligrosidad de no decretar un ce-se al fuego bilateral permanente y ve-rificable por la comunidad internacio-nal, tal y como est pidiendo a gritos el movimiento social colombiano.

El pueblo decideCon un futuro acuerdo, ser el pueblo colombiano el que decida si respalda o no los acuerdos y, si fuera as, las partes tienen visiones diferentes frente a la re-frendacin de los acuerdos. Las FARC recogieron el sentir de las organiza-ciones sociales y proponen una cons-tituyente donde haya un canal direc-to y principal de participacin popular, donde se replanteen las estructuras del Estado comprometidas en el conflic-to para apuntalar el proceso, al contra-rio que en la mesa, donde la insurgen-cia propona que otros actores sociales formaran parte del dilogo, situacin a la que el gobierno nacional no quiso ceder. El Estado por su parte cree que con un referendo habra suficiente.

En Colombia durante los ltimos 50 aos lo nico que ha habido en abundancia ha sido violencia, pobres y leyes, sobre todo las que no se cum-plen. Podra ser bueno abrir la puer-ta a la paz con justicia social de una vez por todas.

* Carlos Garca Enrique, Psiclogo y periodista alternativo.

Durante los ltimos 50 aos lo nico que ha habido en abundancia ha sido violencia,

pobres y leyes que no se cumplen

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[ s e r c u l t o s p a r a s e r l i b r e s ]

Los archivos de campaa del Ejrcito Unido LibertadorLuis oPorto ordez *

Las vicisitudes de la guerra de la Independencia han trascendido a la historia

merced a un grupo de hombres y una mujer que

garantizaron la conservacin de los archivos de campaa

Las figuras de Bolvar y Sucre, destacan en esa historia, pero detrs de ellos estn los que custodiaron los archivos con la vida, adems de cumplir con el deber de solda-dos de comandar las tropas y luchas cuerpo a cuer-po. Estas son breves semblanzas de Daniel OLeary y Manuelita Senz, adems de los compiladores y sistematizadores como Jos Flix Blanco y el gran Vicente Lecuna, a quien le debemos gratitud eterna.

Daniel Florence O Leary(Cork, Irlanda, 1801. Bogot, Colombia, 24 de febrero de 1854). Militar y poltico irlands. S. Bol-var lo nombr su edecn en 1819. Particip en la Ba-talla de Pichincha (1822). En 1820 form parte de las negociaciones de armisticio entre S. Bolvar y Pablo Morillo. Luego de la creacin de Bolivia, el Liberta-dor lo ascendi al rango de coronel. En 1829 comba-ti al lado de Sucre en la Batalla del Portete de Tar-qui, donde fue ascendido a general de brigada. Desde 1818 comenz a reunir datos y documentos relacio-nados con la Guerra de la Independencia y con la vi-da de Bolvar. Durante las campaas de Venezuela, Nueva Granada, Ecuador y Per, continu recolec-tando documentos, con la colaboracin de sus con-militones, Sucre, Hres, Jos Gabriel Prez, Espinar y ms que ninguno de Pedro Briceo Mndez. En el transcurso de la campaa se perdieron muchos pape-les importantes, porque en aquellos tiempos las mar-chas eran penosas y no siempre era fcil conducir el equipaje del Estado Mayor, sin embargo de ello lo-gr salvar la mayor parte de lo que lleg a sus manos. Muchos archivos patriotas fueron capturados por los ejrcitos realistas, requisados de los jefes militares que cayeron presos o muertos en combate, pues los archi-vos eran objetivos estratgicos. Terminada la guerra escribi a un antiguo rival de Bolvar, el Gral. Pablo Morillo, quien en la posguerra resida en la Corua, Espaa, pidindole que le devolviera los archivos in-cautados, logrando de esa manera recuperar muchos documentos tomados por los realistas. En 1831, des-pus de la muerte de S. Bolvar, viaj a Jamaica donde orden su archivo y comenz la redaccin de sus me-

morias, publicadas pstumamente por su hijo, Simn OLeary, bajo el ttulo de Memorias del General OLeary.

Manuelita Senz(Quito, Ecuador diciembre de 1795; o 1797. Paita, Per, 23 de noviembre de 1856). De acuer-do a Galo Ren Prez habra nacido en diciembre de 1795. Pas a la historia como La Libertadora del Li-bertador Simn Bolvar, debido a que le salv la vi-da en varias ocasiones. Fue educada por las monjas de los monasterios de la Concepcin y Santa Catali-na. Adquiri notable destreza con el caballo en la ha-cienda materna de Catahuango (cerca de Quito). En 1817 se cas con James Thorne. Su existencia fasci-nante, ha inspirado a escritores y poetas de Ecuador, Colombia, Per, Chile, Cuba, Venezuela, Argentina, Mxico y los Estados Unidos, plasmada en extensa bibliografa (seis biografas, ocho novelas, dos obras de teatro, dos guiones de cine, cerca de una docena de poemas, tres estudios de su correspondencia, dos largometrajes cinematogrficos, una serie televisiva, artculos periodsticos y ensayos de carcter histri-co). Entre 1817 y 1822, espa para la causa de la in-dependencia americana, junto a la guayaquilea Ro-sita Campusano. En 1822 retorna a Quito, viaje que coincide con la batalla del Pichincha que sella la inde-pendencia del Ecuador, el 24 de mayo. Conoce a Si-mn Bolvar el 16 de junio en el baile de la victoria, con quien se mantendr unida hasta la muerte de Bo-lvar en 1830. En septiembre de 1823 sofoca un le-vantamiento contra Bolvar en Quito, vistiendo por primera vez el uniforme militar. Separada de su mari-do, regresa a Lima incorporndose al Ejrcito con el grado de hsar, ocasin en la que se le encarga mane-jar el Archivo Secreto del Libertador. El 6 de agosto de 1824 participa en la batalla de Junn (con Bolvar), siendo ascendida a capitn de hsares; en la Batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824, es ascendida a coronel del Ejrcito colombiano. Bolvar la convo-ca para viajar a Bolivia, en agosto de 1825, donde en-tabl amistad con J. Azurduy. A su retorno a Lima es expulsada del Per, luego de fracasara en su intento de sofocar un levantamiento contra Bolvar en 1827, quien combata contra la rebelin de Jos Antonio Pez en Venezuela. En 1828 llega a Bogot, pero San-tander la destierra en 1834 a Jamaica. Paraltica y con-finada a un silln, vive en Paita en la pobreza, elabo-ra dulces, borda y vende tabaco, que le genera magros recursos. Muere el 23 de noviembre de 1856, conta-giada de difteria. Para evitar la expansin de la epide-mia, el gobierno ordena la incineracin de sus perte-nencias y es enterrada en una fosa comn. Ante esta lamentable situacin, el General Antonio de la Gue-rra, interviene y logra salvar el cofre que contena su correspondencia con Bolvar y otros papeles. Mucha documentacin ha desaparecido, otra parte fue entre-gada al gobierno de Colombia y hoy se custodia en

museos, centros de investigacin histrica, bibliote-cas y colecciones privadas.

Jos Flix Blanco(Caracas, Venezuela, 1782. 1872). Presbtero, General de Divisin, prcer de la independencia ve-nezolana e historiador. Fue candidato a vicepresi-dente (1844) y a presidente de la Repblica (1846). Compil 14 tomos de los Documentos para la historia de la vida pblica del Libertador de Colombia, Per y Boli-via y Bosquejo de la historia de la revolucin en Venezuela, Junto

nº 678 - tribunal supremo electoral + entrevista al chileno rodrigo ruiz

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