Plagado de acusaciones entre sus defensores y la fiscalía del De-partamento de Justicia, el caso de Vicente Zambada Niebla se vuel-ve cada vez más tortuoso en la Corte Federal de Chicago. Parece seguir un guión en el que se entrecruzan acusaciones de traición entre las autoridades de Estados Unidos –en especial la DEA–, sus informantes en México y los líderes de alto nivel de cárteles mexi-canos, específicamente del de Sinaloa, encabezado por Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. Obligados por el juez, los fiscales se verán obligados a entregar documentos clasificados que, durante los próximos meses, arrojarán luces sobre la maraña de complicidades que envuelve el caso.

en el mundo se lograron por medio de los oficios de la Drug Enforcement Adminis-tration (DEA) e intermediarios.

“El gobierno (estadunidense) está pro-tegiendo al cártel de Sinaloa y a sus líderes bajo el acuerdo que tienen firmado con el informante de la DEA Humberto Loya Cas-tro”, declaró el abogado Edward Panzer ante el juez federal Rubén Castillo.

En la audiencia del jueves 27 en la Corte Federal del Distrito Norte en Chica-go, Illinois, los abogados acusaron al go-bierno de Estados Unidos de haber trai-cionado a su cliente, quien fue reclutado por Loya Castro, un informante de la DEA.

El lunes 24, Panzer y sus colegas George L. Santangelo, Alvin S. Michaelson y Fer-nando X. Gaxiola entregaron a la Corte va-rios documentos, incluida una “petición de inmunidad” para Zambada Niebla. En él arguyen que su cliente proporcionó infor-mación a la DEA relativa a las actividades de grupos del narcotráfico de México ene-migos del cártel de Sinaloa.

En la audiencia del jueves 27 el acusa-do no estuvo presente en la audien-cia, toda vez que “se encuentra en una prisión federal en la población de Milan, en el estado de Michigan”.

Uno de los abogados comenta a Proceso que El Vicentillo fue transfe-rido a ese lugar hace 10 días o hace una semana. “Lo supimos apenas el día de la audiencia”. El hijo de El Ma-yo fue transferido de Chicago a Milan a petición del gobierno de Estados Uni-dos con el argumento de que corre peli-gro de ser asesinado.

Panzer exigió al juez anular los cargos por delito de narcotráfico que se le impu-tan a su cliente y concederle la inmunidad que presuntamente le prometió la DEA.

En la Corte Federal en Chicago se es-tableció como atenuante que Loya Castro, presunto asesor legal del cártel de Sinaloa desde finales de los ochenta, fue encausa-do legalmente por el gobierno de Estados Unidos en los noventa por delitos relacio-nados con el narcotráfico, pero fue perdo-nado de los cargos que se le imputaban por ser informante de la DEA. La defensa recla-ma el mismo trato para su cliente.

Según los documentos radicados en la Corte, Loya Castro “se niega a testificar en el juicio de El Vicentillo como testigo de la defensa”. El pretexto que esgrime es que el gobierno estadunidense lo amenazó con exhibir los acuerdos de Washington con el narcotráfico, lo que pondría en ries-go su seguridad, la de su familia, así como la de El Chapo y El Mayo.

La defensa reitera que el agente de la DEA Manuel Manny Castanon, quien en-ganchó a Loya Castro como informante, es quien lo presiona para que se desista co-mo testigo:

“Castanon le dijo que si salía a la luz su relación y la del cártel con el gobierno de Es-tados Unidos, no solamente sería malo para él, sino también para el gobierno de Estados Unidos”, indica la solicitud de inmunidad que entregó la defensa al juez Castillo.

Asimismo denuncia que su cliente fue convencido por Loya Castro para convertirse en informante de la DEA y luego fue traicio-nado por Castanon y altos mandos de la ad-ministración antinarcóticos estadunidense.

Los señalamientos incluyen a otros agentes de la DEA, entre ellos David He-rrod, quien actúa en México; Carlos Mit-

Revelaciones

NARCOTRÁFICO

CHICAGO.- Ante los insistentes testimonios en la Corte Fede-ral de Illinois en el sentido de que el cártel de Sinaloa y sus principales líderes han goza-do de protección en ambos la-dos de la frontera, los gobiernos

de México y de Estados Unidos aseguran que Joaquín El Chapo Guzmán Loera, el capo más protegido en los últimos 10 años, pron-to caerá, vivo o muerto.

En vísperas de una audiencia prepara-toria del juicio que se sigue a Jesús Vicen-te Zambada Niebla, El Vicentillo –hijo de Is-mael El Mayo Zambada–, la semana pasada The New York Times informó que Estados Unidos tiene agentes infiltrados en los cár-teles mexicanos y se alista a detener a sus principales líderes; a su vez, The Washington Post destacó que el gobierno mexicano dis-pone de tres unidades de tiempo comple-to para la captura o asesinato de El Chapo.

Ante los comicios de 2012 en ambos países, El Chapo se ha convertido para los gobiernos de Barack Obama y Felipe Cal-derón en un manjar electoral (Proceso 1825), pero antes debe aclararse la presun-ta protección que ha recibido el capo, se-gún se desprende de las audiencias en el caso que se le sigue a El Vicentillo.

En lo que pareciera ser una traición a la organización de tráfico de drogas que li-deran El Chapo y El Mayo Zambada, el acu-sado instruyó a sus cuatro abogados para que insistan en que hay acuerdos directos entre el cártel de Sinaloa y el gobierno de Estados Unidos.

La defensa del Vicentillo sostiene que los compromisos entre Washington y el narcotraficante mexicano más buscado

J. JESÚS ESQUIVEL

PGR

infiltraciones, complicidades,

traiciones

El caso del “Vicentillo”:

chem, subdirector regional de la misma agencia; Steven Fraga, agente especial y jefe de la oficina en Tijuana, y a la fisca-lía especial a cargo de la investigación de El Vicentillo en el Departamento de Justicia.

Los expedientes

De acuerdo con los documentos presen-tados ante la Corte Federal en Chicago, en enero de 2009 los agentes menciona-dos y el funcionario del Departamento de Justicia dijeron a Loya Castro que se había “aprobado el acuerdo de otorgarle inmu-nidad” a El Vicentillo a cambio de su traba-jo como informante.

En uno de los documentos se hace un recuento detallado de las entrevistas de Loya Castro con los cuatro abogados de El Vicentillo el 9 de marzo y el 14 de julio de 2010 en el hotel Four Seasons de la Ciudad de México.

Ellos insisten en que en esos encuen-tros Loya Castro no sólo reiteró que sí existía el acuerdo entre el gobierno de Es-tados Unidos y Zambada Niebla, también manifestó su disposición a testificar en el juicio que se le sigue al hijo de El Ma-yo, que se iniciará formalmente en febre-ro de 2012.

El expediente anota que para darle se-guimiento al compromiso de Loya Castro con la defensa se acordó otra reunión pa-ra el 26 de octubre de 2010 en la Ciudad de México, pero ya no se hizo.

“Loya Castro estableció que Castanon se había enterado de que se reuniría con la defensa (de El Vicentillo) y le dijo que no podría presentarse a testificar ante la Cor-te como testigo”, indica el documento.

Panzer subrayó al juez Castillo que los cambios de opinión de Loya, quien ahora ni siquiera contesta las llamadas telefóni-cas, indican que él “sigue en contacto con

la DEA de manera regular y le proporcio-na información sobre los cárteles rivales al de Sinaloa”.

Los abogados aseguran que entrega-ron el expediente a la Corte el 18 de agosto último. En él comentan que Castanon se volvió a poner en contacto con Loya Cas-tro y, además de pedirle que desistiera de su idea de ser testigo en el juicio, le propu-so un encuentro con gente involucrada en el caso para el 30 de agosto en San Diego, California. Castanon le pidió también des-plazarse a Chicago para reunirse con los agentes de la DEA.

Según el expediente, “Loya Castro es-taba aterrado por lo que le dijo Castanon, por lo que decidió no testificar en el jui-cio… De hacerlo, expondría la seguridad de muchas personas, incluidos los jefes del cártel de Sinaloa”.

Por ello, en la audiencia del jueves 27 los abogados reiteraron al juez Castillo que “Loya Castro es un agente del cártel de Sinaloa, quien en sus acuerdos con la DEA pasa información directa al gobier-no de Estados Unidos de lo que le dicen El Chapo y El Mayo, y a la inversa”.

La parte acusadora, integrada por los fiscales del Departamento de Justicia, que encabeza Thomas D. Shakeshaft y Gal Pis-setzky, niegan que la DEA haya estableci-do un acuerdo de inmunidad con Zam-bada Niebla. Alegan que los agentes con quienes Loya tiene presuntos contactos carecen de autoridad jurídica.

A su vez, el defensor Michaelson re-plicó que aun cuando ese fuera el caso, su cliente tiene derecho a la inmunidad con base en un precedente legal que exis-te en la Corte Suprema de Justicia de Es-tados Unidos, según el cual el extranjero que coo pere con el gobierno “no necesa-riamente está excluido de inmunidad” por desconocer las leyes de otro país cuyas autoridades hacen un compromiso.

La fiscalía no refutó a los abogados de El Vicentillo la relación de Loya Castro con los agentes de la DEA; sólo expuso ante el juez Castillo que la relación de aquél con los agentes antinarcóticos data de 2005.

No obstante la defensa le exige al De-partamento de Justicia que entregue toda la información que tenga en su poder, “aun la que esté catalogada como clasificada o top secret”, sobre los contactos de sus dis-tintas agencias con Loya Castro. También insisten en que desde hace más de 20 años comenzó la relación de protección al cártel de Sinaloa por parte de Washington.

“El gobierno no rebate el hecho de que los agentes de la DEA sabían que Loya es-taba en contacto directo con los líderes del cártel de Sinaloa, y aparentemente no hicieron ningún intento por seguirlo pa-ra poder capturar a los jefes de la organi-zación”, señala uno de los documentos de la defensa.

Nuevo plazo

Según sus abogados, El Vicentillo sostiene que el gobierno de Estados Unidos debe tener información concerniente a “cien-tos o miles” de llamadas telefónicas que sostuvo Loya Castro con agentes de la DEA antes de 2005.

Ellos aseguran que también debe haber correos electrónicos y reseñas de las reunio-nes del abogado del cártel de Sinaloa con re-presentantes de la agencia antidrogas.

Luego de escuchar los argumentos de la defensa y de cerciorarse de que El Vi-centillo entendió todo lo que se dijo en la audiencia del jueves 27, gracias a la tra-ductora que le comunicó los pormenores durante la videoconferencia, ya que él no pudo asistir, el juez Castillo definió las fe-chas para la entrega de información con-cerniente a la relación de Loya Castro y el gobierno de Estados Unidos.

Castillo ordenó que el próximo 10 de noviembre la defensa y la fiscalía apor-ten más información sobre el caso. El 28 de noviembre, el Departamento de Jus-ticia deberá entregar por escrito la lista de expertos y testigos que hablarán en el juicio.

El 1 de diciembre el gobierno de Esta-dos Unidos deberá presentar ante la Cor-te los 3 mil 500 documentos relacionados con el caso de El Vicentillo que supuesta-mente tiene en su poder. El día 12 de ese mes vence la fecha límite para proporcio-nar información adicional al caso.

El 3 de enero de 2012 el Departamen-to de Justicia tiene que entregar a la Corte toda la información relacionada con Jesús Vicente Zambada Niebla que tengan en su poder las agencias de Estados Unidos con presencia en México, como la DEA, el FBI, la CIA y el ICE, entre otras.

Finalmente, el 17 de enero siguiente deberán entregarse las respuestas a las pe-ticiones que hagan tanto la defensa como la fiscalía en el caso de El Vicentillo. “Toda la información que se entregue a la Corte debe ser desclasificada”, expuso el juez a la fiscalía.

Tras escuchar la orden del juez Cas-tillo, el fiscal Pissetzky argumentó que el gobierno debería contar con más tiempo en lo que concierne a los nombres de sus testigos, incluso arguyó que se deben ha-cer los arreglos necesarios para garantizar su integridad personal:

“Es muy peligroso para los testigos y sus familias venir a esta Corte. Por ejem-plo, hace poco desapareció el padre de los hermanos Flores, quienes podrían ser tes-tigos; y esto ocurrió después de que la de-fensa del señor Zambada se opusiera a que ellos se presenten ante usted.”

Según la defensa, los hermanos Mar-garito y Pedro Flores son operadores del cártel de Sinaloa en Estados Unidos, lo

Fo

to: E

spec

ial

El primo del “Vicentillo” y su amigo

NARCOTRÁFICO

nes salieron de Sinaloa para establecerse en Guadalajara primero y luego en Tijua-na, donde finalmente se asentaron.

Con una sola orden de cateo, dentro de la averiguación contra los hermanos Are-llano Félix, se afectaron más de 700 bienes en Sinaloa, Sonora y el Distrito Federal, di-cen los abogados de la señora Quintero: Gerardo Macedo y Adriana Carreto. Preci-san que la familia Calderón Quintero sólo tenía bienes en Sinaloa y que fueron obje-to de la intervención de la PGR.

Agentes de la entonces Policía Judicial Federal (PJF) hicieron los cateos contra la familia en Culiacán entre el 8 y el 9 de ju-lio de 1994. Intervinieron casas, ranchos, negocios, automotores, joyas y otros bie-nes que en su mayoría no se sabe dónde quedaron.

Después de catear y asegurar las casas, los agentes judiciales irrumpieron la tarde del 9 de julio de ese año en la planta de Ali-mentos Balanceados Inekal, instalada en el rancho El Elefante, en las afueras de la ca-pital sinaloense.

Localizada en el kilómetro 18 de la ca-rretera federal a Mazatlán, Inekal era una sociedad mercantil constituida en diciem-bre de 1984 y cuyas acciones pertenecían a

la familia Calderón Quintero: el padre Inés Calderón Godoy, la madre Elisa Quintero López y sus cuatro hijos: Mélida, María del Rosario, René y José Inés.

La planta “fue un símbolo emblemáti-co de la región”, dice Elisa Quintero López en una queja que presentó el 12 de octu-bre pasado ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la ne-gativa de la PGR a dar trámite a la deman-da de reparación de daño.

Viuda desde hace cinco años, Elisa Quintero dice en su queja que la prospe-ridad de Inekal se debió “al auge ganadero de esos años (que) favoreció enormemen-te al estado y la zona norte del país”.

Cuando la PGR la intervino “contaba con alrededor de 80 trabajadores, maqui-naria especializada, vehículos utilitarios y de carga… (y) poseía un gran inventario de alimento para ganado, así como una con-siderable cantidad de reses de engorda y sementales, pozos de agua y plantas ge-neradoras de energía. En fin, era conside-rada como una planta modelo”.

Los ochenta fueron de esplendor para la familia Calderón Quintero, ori-ginaria –como Jesús Vizcarra– de Tama-

zula, Durango, en el llamado Triángu-lo Dorado de la droga en el noroeste de México.

Además de la procesadora de alimen-tos, la familia era propietaria de ranchos e inmuebles en la capital sinaloense y concesionaria transportista en Durango y Sinaloa. Una de las concesiones en esta entidad se las entregó el gobernador An-tonio Toledo Corro en los ochenta.

En medio de la bonanza, a menos de cuatro años de operaciones de Inekal, el menor de los hijos, José Inés Calderón Quintero, murió en Culiacán en junio de 1988 a manos del comandante de la PJF Guillermo González Calderoni, en un en-frentamiento en su propia casa.

Conocido como Inesito o El Ingenie-ro, José Inés Calderón Quintero fue uno de los mexicanos encausados por el De-partamento de Justicia de Estados Uni-dos por el asesinato del agente de la DEA Enrique Kike Camarena en 1985.

Los principales acusados fueron los entonces jefes del narco-tráfico en México, Rafael Caro Quintero y Enrique Fonseca Carrillo.

Pero la PGR no se intere-só en acreditar y ni siquiera consignó ante la justicia que los bienes de la familia Calde-rón Quintero fueran producto del narcotráfico. El gobierno de Estados Unidos tampoco insis-tió en sus acusaciones. Incluso debió devolverles, por resolución del Juzgado Segundo de Distrito en el Sur de California, las cuen-tas que les había congelado en ese estado.

Proceso irregular

En 1993, la entonces Subprocuraduría Es-pecializada en Delitos contra la Salud em-prendió las acciones contra los Calderón Quintero en las averiguaciones previas 4384/DGI/1993 y 1384/DGI/1993 por la co-misión de probables hechos constituti-vos de delito, por lo que decidió el asegu-ramiento de bienes muebles e inmuebles.

La acción de la PGR no pasó del ase-guramiento. Según los abogados de la señora Quintero, en ningún momento el Ministerio Público federal tomó declara-ción a los propietarios ni se les aclaró su situación jurídica. Ni el padre, Inés Cal-derón Godoy, o algún otro miembro de la familia fueron formalmente indiciados, aseguran.

Pero la PGR no permitió a los afecta-dos recuperar sus propiedades, incluida documentación mercantil, legal y perso-nal, entre la que se encontraban los ál-bumes familiares... de donde salió la foto que fue publicada por el periódico Refor-

NARCOTRÁFICO

PGR: Historia de un millonario

Tras el asesinato del cardenal Posadas Ocampo en 1993, la entonces Policía Judicial Federal desató una cacería contra los jefes del narcotráfico en Jalisco en aquella época, los Arellano Félix, y contra todo lo que estuviera cerca de ellos. En ese ámbito caían los bie-nes de la familia Calderón Quintero, que fueron asegu-rados. Uno a uno los cargos contra estos duranguen-ses asentados en Culiacán se fueron diluyendo y, sin embargo, hasta la fecha sus bienes y propiedades es-tán en el limbo, en un hecho que bien puede calificarse como un verdadero despojo...

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

La filtración a la prensa fue tan contundente que descarriló al candidato del PRI al gobierno de Sinaloa, Jesús Vizcarra Calderón. Su imagen en una foto tomada en los ochenta, durante una ce-lebración religiosa en compañía

de Ismael El Mayo Zambada, ensombreció su campaña ante la sospecha de que su as-censo como empresario agroindustrial y luego como político estaba vinculado con uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa.

Vizcarra no se repuso del golpe y per-dió las elecciones en julio de 2010 ante el expriista y aliancista Mario López Valdez.

La fotografía en cuestión había salido de los archivos de la Procuraduría General de la República (PGR), que en julio de 1994 la aseguró junto con otros muchos bienes de la familia Calderón Quintero, parientes lejanos del frustrado candidato.

A 17 años del aseguramiento, Elisa Quintero López tiene en aprietos a la PGR, que no sólo fue incapaz de comprobar le-galmente la vinculación de esos bienes

con el narcotráfico, sino que dispuso de ellos sin control y ahora está emplazada a pagar una indemnización de 158 millones y medio de pesos.

Matriarca de la familia cuya historia quedó desde entonces asociada pública-mente con el narcotráfico, Elisa Quintero, de 84 años, está en medio de una batalla le-gal para que el Estado mexicano reconoz-ca su responsabilidad en la pérdida de sus bienes. Pero la PGR se niega a admitir la de-manda de indemnización.

Detonante

El asesinato del arzobispo de Guadalajara, Juan Jesús Posadas Ocampo, el 24 de mayo de 1993, desató una persecución contra el cártel de los hermanos Arellano Félix, se-ñalados en las investigaciones de la PGR como responsables del crimen y en ese momento una de las organizaciones más fuertes del narcotráfico en el país.

La PGR, encabezada en ese momen-to por Humberto Benítez Treviño –actual dipu tado del PRI por el Estado de México–, emprendió una ofensiva contra la fami-lia Calderón Quintero como sospechosa de trabajar para los Arellano Félix, quie-

mismo que su padre. Todos tienen un lar-go historial criminal en el país. “Su padre ha desaparecido y aparecido muchas ve-ces. Lo que dice el fiscal no tiene susten-to”, argumentó el abogado Michaelson.

El juez aclaró que el gobierno de Esta-dos Unidos tiene el tiempo suficiente pa-ra hacer todos los arreglos necesarios que garanticen la seguridad de sus testigos.

En jueves 27 no estuvo en la audiencia el joven que regularmente acude a la sa-la judicial y que, según la defensa, es fa-miliar de El Vicentillo. Ese día estuvo otro joven que se identificó como Javier Díaz y dijo ser “sobrino” del acusado y tener su residencia en Los Ángeles. A su lado estu-vo otro adolescente.

De acuerdo con el expediente de Zam-bada Niebla, en estos momentos “Loya Cas-tro es un informante desactivado de la DEA”, aunque tiene un acuerdo firmado con el gobierno de Estados Unidos que ven-ce el 18 de diciembre de 2011.

El martes 25 The New York Times publicó en primera plana una nota según la cual la red de informantes infiltrados por la DEA y otras agencias federales en los cárteles de la droga mexicanos va en aumento.

De manera significativa el gobierno de Estados Unidos “ha construido redes de informantes mexicanos que le han per-mitido infiltrar algunas de las organiza-ciones más peligrosas del país (México)”, destaca el rotativo.

Y añade que gracias a esos informan-tes, el gobierno de México ha logrado atra-par o eliminar a unas dos docenas de capos. También aclara que las agencias es-tadunidenses “mantienen en la oscuridad (al gobierno de Calderón) sobre la red de in-formantes por temor a que por la corrup-ción se filtre la información a las organi-zaciones dedicadas al trasiego de drogas”.

Por su parte, el viernes 28, en un am-plio reportaje de primera plana The Was-hington Post subraya las sospechas de que Guzmán Loera es el capo protegido de los gobiernos de México y de Estados Unidos.

Y aun cuando el gobierno de Calde-rón cuenta con tres grupos especiales de-dicados a atraparlo o asesinarlo, subraya el periódico, Calderón “es perseguido por la percepción de muchos mexicanos de que su gobierno, especialmente el Ejérci-to, ha sido muy complaciente con el cár-tel de Guzmán”.

Respecto al caso de la presunta protec-ción que ofrece Estados Unidos a la orga-nización que encabeza el sinaloense, The Washington Post cita los argumentos pre-sentados en el caso de El Vicentillo que se ventila en la Corte de Chicago.

“Él (Zambada Niebla) clama que fun-cionarios de la DEA han dado mano libre al cártel de Sinaloa para el tráfico de nar-cóticos a cambio de información sobre sus rivales”, informa el Post.

despojo

México, A partir del año próximo México formará parte de un club más exclusivo que el de la OCDE: el de los países ago-biados por situaciones extremas de violencia, que con el nombre de International Crisis Group funciona con sede en Bruselas y que dedicará un programa a nuestro país. Uno de sus expertos, Javier Ciurlizza, que viajará a Méxi-co en diciembre próximo, asegura que la estrategia del gobierno para combatir la violencia mediante operativos represivos no da buenos resultados, porque ésta tiene orígenes múltiples que no se toman en cuenta.

MARCO APPEL

BRUSELAS.- Por los altos niveles de violencia prevalecientes en México –derivados de la guerra contra el narcotráfico–, el Inter-national Crisis Group (ICG), cen-tro de estudios independiente

especializado en el análisis de los conflic-tos armados en el mundo, abrirá el próxi-

De las dos casas restantes ni el SAE ni la PGR se hicieron responsables debido a que “nunca fueron administrados por los organismos facultados para ello, pues la posesión de los mismos siempre la con-servó” la viuda de Inés Calderón, según la agente del Ministerio Público Keren Ha-puch Mares Palafox, encargada de resol-ver el incidente de reclamación y emitir el acuerdo de devolución.

Peor aún, la oficina de catastro munici-pal de Culiacán le requiere a la familia Cal-derón Quintero el pago del predial acumu-lado durante los 16 años del aseguramiento.

La indemnización

Aunque para el año 2000 la PGR ya había regresado a la familia las joyas y levanta-do el aseguramiento del rancho San Fran-cisco, ante la negativa de la PGR de recono-cer que aseguró productos agropecuarios y ganado, Elisa Quintero inició en agosto pa-sado un procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial del Estado.

En su demanda pide que la PGR y el SAE le paguen 158 millones 407 mil 205 pesos por concepto de indemnización, “al privarla du-rante 16 años del producto de nuestro traba-jo” y por “el descuido arrogante en la preser-vación, administración y mantenimiento de todo aquello que se encontraba en la planta de Alimentos Balanceados Inekal”.

Sin embargo, como juez y parte, la PGR se niega a recibir el escrito inicial de la de-manda de indemnización y la documen-tación que sirva de prueba. Ni siquiera ha acordado los actos procesales para desaho-gar la demanda, con lo que se han vencido los términos legales determinados en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que establece cinco días para que la autori-dad conozca de un asunto que le correspon-de y en tres meses resuelva la dependencia u organismo descentralizado.

Ante esa negativa, los abogados de Eli-sa Quintero acudieron ante la CNDH y la re-cién creada Procuraduría Social de Atención a Víctimas, por considerar que las autorida-des mexicanas han violado de manera sis-temática y durante más de 15 años los de-rechos humanos de su representada, y que las nuevas actuaciones de los funcionarios de la PGR la hacen de nueva cuenta víctima.

La demanda de indemnización fue presentada ante la oficina de Jorge Alber-to Lara Rivera, subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales, que lo remitió a la Dirección General Jurídica de la PGR.

En un escrito entregado el pasado 20 de octubre a la titular de la PGR, Marisela Mora-les Ibáñez, los abogados de la señora Quin-tero hicieron ver las omisiones en que han incurrido sus funcionarios, por lo que los hi-cieron responsables directos “del detrimen-to patrimonial de los derechos que se im-pugnan y del pago de (la) indemnización”.

ww

w.f

lickr

.co

m

mo año un programa dedicado al país.El ICG da seguimiento a las situaciones

de violencia en Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Guatemala y Haití. Pero desde septiembre de 2010 decidió incluir infor-mación sobre México en Crisis Watch, la pu-blicación de su observatorio de crisis.

La presidenta-directora general del or-ganismo con sede en Bruselas es Louise Arbour, quien fue comisionada de las Na-

en el “club de la crisis”

NARCOTRÁFICO

ma en diciembre de 2009, en pleno proce-so electoral de Sinaloa.

La fotografía fue tomada en una feria ganadera en el rancho Costa Rica, de Culia-cán y en ella, además de Vizcarra y El Ma-yo Zambada, aparecen Inés Calderón Godoy y Elisa Quintero López. También Javier Díaz, hijo de Baltazar Díaz, quien murió en 1995 en el Distrito Federal y a quien la prensa lo-cal relacionó con El Mayo Zambada.

“Hasta hace poco creía que (la foto) pertenecía a mi acervo personal y suponía que se encontraba bajo el resguardo de la PGR”, escribió Elisa Quintero en un des-plegado publicado en la prensa local y del Distrito Federal en junio de 2010.

En la publicación asegura que la PJF irrumpió en forma simultánea en su casa, su oficina y la planta procesadora “argu-mentando que (su familia) tenía vínculos con personas dedicadas al narcotráfico”.

Añade: “Ese golpe devastador nos de-jó materialmente en la calle, ya que prác-ticamente se llevaron todo lo que poseía, bajo el pretexto de una investigación”.

Pruebas de descargo

El 7 de noviembre de 2009, como albacea universal de Inés Calderón Godoy, muerto en 2005, inició ante la propia PGR un proce-so administrativo para que se levantara el aseguramiento y le devolviera sus bienes. A 16 años de los cateos, en julio de 2010 la PGR reconoció que no hubo responsabili-dad penal de la familia Calderón Quintero.

La viuda reclamó dos casas en Culia-cán, el rancho donde operaba la procesa-dora de alimentos, tres camiones de pasa-jeros, un tractocamión, dos tractores, tres camionetas, enseres agrícolas y 500 cabe-zas de ganado.

En su reclamo, Elisa Quintero refirió que las propiedades las obtuvo su esposo

“como ganadero desde 1942, transportis-ta desde 1984 (y) comerciante desde 1987”, además de que en 1950 ocupó un cargo público (que no especifica).

Como documentos presentó un escri-to a favor de Calderón Godoy firmado en abril de 2000 por el entonces candidato del PRI a la Presidencia y actual senador por Sinaloa, Francisco Labastida Ochoa.

Además, presentó comprobantes de las concesiones que tanto a ella como a su esposo les dio el gobierno de Durango en 1988 para el servicio público de transporte de pasajeros y de carga por 30 años.

Documentó que su esposo fue miem-bro de la Asociación Ganadera de Culiacán como propietario del rancho San Francis-co, en la sindicatura de Villa Adolfo López Mateos, y ella socia de la empresa Auto-transportes Unidos de Líneas del Oriente de Culiacán desde abril de 1984 y propie-taria de la concesión desde mayo de 1983.

También que su esposo y ella recibie-ron en 1984 los derechos para la presta-ción del servicio público de transporte de segunda, autorizado por Toledo Corro. Además en 1987 Inés Calderón Godoy fir-

mó un contrato con el gobierno federal para la prestación del servicio de trans-porte de la ruta 722 Culiacán-Tamazula.

Sin argumentos para retener los bie-nes, Héctor Manuel Tortolero Damy, de la Administración Titular Jurídica y de Recep-ción del Servicio de Administración y Ena-jenación de Bienes (SAE) en Culiacán, le informó a la PGR que ese organismo des-centralizado de la Secretaría de Hacienda sólo tenía asegurado el rancho El Elefante.

Según el funcionario, en el rancho “se encuentra una estructura oxidada, sin fun-cionar; al parecer, una empacadora de ali-mentos y un remolque sin número de se-rie”. Los bienes le fueron entregados por la PGR en marzo 2003 y desde entonces el SAE lo utilizó, según los abogados, como depósito de vehículos, chatarra y otros bie-nes asegurados.

El SAE alega que no le fueron entre-gados los camiones, tractores, vehículos, enseres, ni mucho menos las cabezas de ganado, además de que para entonces la planta Inekal ya no estaba en operación.

El organismo descentralizado decla-ró que tampoco tenía información ni to-mó posesión de las casas cateadas y asegu-radas por la PGR en Culiacán, el 8 de julio de 1994. Una, ubicada en Mariano Escobe-do 1047 oriente, en la colonia Centro. En la otra, que ocupa los predios 137 y 139 de la calle Cuitlá huac norte, de la colonia Las Ve-gas, también fue asegurado un lote de joyas.

Sin causa penal en curso, ante el recla-mo de la viuda de Calderón la PGR ordenó al SAE, el 26 de julio del año pasado, “levantar el aseguramiento decretado por la Repre-sentación Social de la Federación el pasado once de julio de mil novecientos noventa y cuatro y exclusivamente por lo que hace” a las dos casas y al rancho El Elefante.

Sin embargo, la orden de devolución in-cluyó sólo el rancho y “la estructura oxida-da al parecer de una empacadora de ali-mentos y remolque sin número de serie en mal estado”. La entrega la hizo el SAE el 29 de noviembre del año pasado, después de los tres meses que señala como límite el Código Federal de Procedimientos Penales.

Esp

ecia

l / P

roce

so

Ed

uard

o M

irand

a

El rancho asegurado

Vizcarra. Campaña malograda

yos costos de transacción son mucho más altos que los del mercado legal, lo que ne-cesitas para el mercado ilegal es una altí-sima tasa de ganancia. La única posibili-dad de desincentivar que las drogas sigan en el mercado es bajar la tasa de ganancia.

“La demanda es inelástica, por lo que queda aumentar los costos de transacción (del comercio de drogas). ¿Y cómo lo ha-ces? O le metes (al narcotráfico) una repre-sión brutal sostenida en el tiempo –lo que para el Estado es más costoso que para el narcotraficante– o simplemente regulas el mercado, imponiendo ciertos límites den-tro de los cuales el narcotraficante puede moverse, y si se sale, le cae la represión.”

Catástrofe social

Respecto de la hipótesis según la cual el gobierno federal pretende proteger al cár-tel de Sinaloa para después facilitar una negociación, el investigador del ICG re-fiere que así se hizo en Colombia. Expone que “el cártel de Medellín se puso del lado del Estado” para sobrevivir, pero que pos-teriormente el propio Estado lo destruyó para favorecer a otros cárteles; y lo mis-mo sucedió en el caso de los paramilitares colombianos, que eran también organi-zaciones narcotraficantes: “Se pactó una desmovilización”.

Aclara que esas negociaciones son “al-tamente inestables y riesgosas. Es muy di-fícil, primero, mantener las ofertas que se hacen en la negociación y, segundo, casti-gar los incumplimientos”. Pone el ejemplo del acuerdo de desmovilización del gru-po paramilitar de las Autodefensas Uni-das de Colombia, ligado íntimamente con el narcotráfico.

“El Estado les dijo: ‘Me van a contar qué hicieron, van a reparar a las víctimas, no irán a juicio, sino a unas audiencias y, a cambio, se les va a reducir a cinco años la

pena de 70 o la extradición que enfrentan’. Entonces los narcotraficantes dijeron que sí, se desmovilizaron y entregaron las ar-mas. Pero factores externos, como la pre-sión internacional y los tribunales, provo-caron que no todos pudieran acogerse a esa ley y el Estado les incumplió. Lo que ocurrió fue que los narcos regresaron en Colombia.”

Ciurlizza afirma que no tiene conoci-miento de algún pacto entre un Estado y el narcotráfico que haya durado en el lar-go plazo. Cuenta una anécdota en relación con la súbita transformación de Medellín de una ciudad extremadamente violen-ta a una más pacífica a principios del de-cenio pasado. Los rumores apuntan a un acuerdo con el narcotraficante Diego Fer-nando Murillo, Don Berna, para que man-tuviera su negocio fuera del radio urbano de Medellín, por lo cual se hablaba píca-ramente de la “donbernabilidad”, la cons-trucción de la gobernabilidad a través de

ese pacto, aunque recientemente la vio-lencia regresó a esa ciudad.

–Precisamente en estados mexicanos como Veracruz o Guerrero el gobierno fe-deral desplegó operativos militares lue-go de que la violencia del narcotráfico ha puesto en peligro su gobernabilidad–, se le comenta al especialista del ICG.

–Estos operativos generalmente no re-suelven la situación. Guatemala lleva tres estados de sitio declarados en Petén en lo que va de este año, y lo hizo un presidente, Álvaro Colom, que proviene del mundo de los derechos humanos y las ONG. Los cam-bios son insignificantes. Son una estrategia de “golpeo y me voy”. El ejército, cuando sa-le a la calle, funciona con el ordenamiento militar, como un ejército de ocupación, que mira a toda la población como potencial enemiga, que ataca y destruye cualquier cosa que “parezca vinculada” a los cárteles.

Desarrolla más su idea: “Se confunde economía criminal con economía ilegal. En los países latinoamericanos mucha gente sobrevive gracias a la economía informal, esas redes económicas que sostienen a los más pobres y que también pueden tener vínculos con el narcotráfico, pero que son diferentes. Es el caso de la piratería. Esas redes informales son destruidas por el Es-tado en aras de la seguridad”.

Remarca lo que hizo Colombia. “Las autoridades colombianas entendieron que el Estado tiene que llegar con todo: obvia-mente con función represiva, policial y no militar, pero también con promoción so-cial, con reconstrucción del tejido social. Considero que ahí está el gran problema en América Central: se le está dando duro a los narcotraficantes y se está olvidando que eso está destruyendo sociedades, fa-milias, desintegrando pueblos, desapare-ciendo localidades enteras, siendo que la primera condición básica para el desarro-llo es que haya cohesión social”.

AP

pho

to /

Key

sto

ne /

Mar

tial T

rezz

ini

Arbour. Observadora de crisis

NARCOTRÁFICO

ciones Unidas para los Derechos Huma-nos. El expresidente Ernesto Zedillo apa-reció como parte del Comité Ejecutivo del ICG hasta la edición de mayo de 2010 de Crisis Watch.

La inclusión de México en la oferta ana-lítica del ICG permitirá una cobertura per-manente y la producción de materiales más extensos y detallados sobre el fenómeno de la violencia que amenaza la estabilidad del país. En diciembre próximo viajará a México Javier Ciurlizza, director del progra-ma para Latinoamérica del ICG.

Luego de participar en el semina-

rio Corrupción y Crimen: Amenazas para la Paz en Latinoamérica, que fue parte de la Conferencia Global del ICG en Bruselas el lunes 24, Ciurlizza analiza para Proceso la estrategia antidrogas aplicada en México a partir de la comparación con las expe-riencias de otros países de la región.

Fuerzas del mercado

A Ciurlizza se le comenta que, según el discurso oficial, la estrategia del gobierno ha sido exitosa porque logró desarticular

a los grandes cárteles, y el incremento temporal de la violencia sería una con-secuencia lógica de ese logro.

–De acuerdo con el estudio de otros casos, ¿qué tan sólida le parece esta afirmación? –se le pregunta.

–La violencia del narcotráfico obe-dece a varios factores y uno de ellos es la acción del Estado; pero depende también de la estructura del merca-do ilegal de drogas. La regla general es que si ese mercado es grande y esta-ble, no necesitas la violencia: lo pue-des administrar sin matar. Ese era el caso de los narcotraficantes guate-maltecos hasta la llegada de Los Ze-tas y fue también el caso de los cár-teles de Medellín y Cali en Colombia en los ochenta.

“Cuando tu mercado es peque-ño y no es estable, generalmente hay violencia. La falta de estabili-dad de un mercado se puede deber a que hay más competidores; es de-

cir, más carteles que pelean entre sí por el control de rutas y plazas, o porque el Es-tado aplica la ley de una manera más ri-gurosa con una fuerte represión, lo que introduce, hablando desde un punto de vista estrictamente de negocio, un costo de transacción alto: la cuota para pagar corrupción es mucho más alta. Estos esce-narios generan más violencia.

El investigador menciona que cuan-do el gobierno colombiano consiguió frag-mentar a los grandes cárteles –como di-ce el gobierno mexicano que lo ha hecho en el país– éstos se dispersaron en cárte-les de mediano tamaño y se transformaron en varios grupos criminales que comenza-ron a competir.

“Existe otro elemento –agrega el in-vestigador–: el mercado de drogas tiende a integrarse, es casi un fenómeno natu-ral: al principio hay confrontación y lue-go hay distribución, se reparten los terri-torios, las plazas y las funciones. Eso es lo que pasa en Colombia y lo que está pasan-do en México. En el caso de Tijuana, por ejemplo, donde la violencia ha disminui-do aparentemente por el éxito (de una estrategia gubernamental), creo que es-tá mucho más vinculado al mercado y no tanto a la acción del Estado.”

–Usted afirma que la fragmentación de los cárteles, que estaría ocurriendo en México, da como resultado grupos “impre-decibles” y más propensos a la violencia: ¿cómo obligarlos a ese “espacio de negocia-ción” del que usted habla en sus análisis?

–Cuando tienes un mercado ilegal cu-

Dav

id D

eola

rte

/ Pro

ceso

foto

Página electrónica del ICG

México. País inseguro

Pese al miedo se dirigió a la mesa don-de los organizadores recibían las denuncias y expuso la desaparición del estudiante de ingeniería mecánica de 23 años, al que unos individuos armados secuestraron.

Muchos de los casos que ha documen-tado el movimiento tienen un acompaña-miento ante las autoridades, como el de 31 expedientes de desaparecidos que se siguen en Monterrey. Otros han sido re-sueltos, como el de una jovencita desapa-recida a la que se le salvó la vida y ahora está con su familia.

Muchos otros siguen esperando jus-ticia, señala Valentina Peralta, integrante de la Comisión de Documentación y Aten-ción a Víctimas y sus Familiares, quien advierte que el mayor riesgo que corren es convertirse en una ventanilla de recep-ción de expedientes como las oficiales, que no resuelven ni canalizan las denun-cias para que sean atendidas y resueltas.

Pietro Ameglio, uno de los voluntarios que inició el registro de las víctimas en el Movimiento por la Paz, señala que desde aquella marcha de Cuernavaca a la Ciu-dad de México empezaron a darse cuenta de que no existía un espacio nacional pa-ra que se visibilizaran los miles de muer-tos y desaparecidos que las autoridades consideran “daños colaterales”.

Precisa, no obstante, que ya había or-ganizaciones trabajando desde 2007, como Unidos por Nuestros Desaparecidos, de Ti-juana, y el Frente Unido por los Desapare-cidos de Coahuila (Fundec) desde 2009.

“Muchos llevaban años sufriendo es-te dolor en silencio, con miedo y deses-peración –recuerda el activista–. Cuando aparece el Movimiento por la Paz, muchos vieron que era un espacio social con cierta protección, seguridad, por lo menos en lo inmediato, porque a largo plazo no sabe-mos qué va a pasar.”

Al principio el equipo del Centro de Documentación y Atención a Víctimas y Familiares era un grupo de estudiantes de derechos humanos del Claustro de Sor Juana. Durante la marcha de mayo –y en la

caravana al norte que recorrió 11 estados la segunda semana de junio–, el equipo enfrentó una realidad brutal: en todas las plazas emergieron decenas de familiares, sobre todo mujeres, contando las histo-rias de sus seres queridos ejecutados, des-membrados, torturados o desaparecidos por bandas criminales o por autoridades.

La cascada de denuncias rebasó en muchos momentos a estos jóvenes, pero lograron armar expedientes de 291 casos, 45% de los cuales eran asesinatos, 42% desapariciones y el resto secuestros, de-tenciones ilegales y otros delitos.

Pero fue tal el impacto de toda esa vio-lencia y sus secuelas de desesperación, angustia y terror contenidas en cada re-lato y en cada ciudad que el grupo inicial quedó afectado psicológicamente. Algu-nos jóvenes mostraron síntomas de estrés postraumático y tuvieron que ser sustitui-dos por otro equipo más experimentado, que trabaja con protocolos internaciona-les para el trato a víctimas de un conflicto armado o de una guerra.

Ahora el equipo de documentación es-tá integrado por siete voluntarios con más experiencia. Lo coordinan Roberto Villa-nueva y José Rivera. Se ha ido consolidan-do con el tiempo, pero tuvo que enfrentar problemas distintos a los del primer grupo: la presencia de halcones del crimen organi-zado y de agentes gubernamentales que les toman fotos y los interrogan para tener acceso a los expedientes que recopilan.

“Hemos estado en los focos de violencia más peligrosos del país y no nos ha pasado nada porque sentimos que el mismo movi-miento nos protege. Cuando hemos estado en algunas plazas, como en Coatzacoalcos, gente extraña, halcones y hasta (agentes) del Cisen se nos han acercado para pregun-tarnos de nuestro registro, pero hasta aho-ra no ha pasado nada”, relata Villanueva.

Advierte de la confidencialidad de los expedientes: “Nosotros manejamos infor-mación muy delicada y confidencial. Hay gente que se ha querido meter a la comi-sión, pero nos cuidamos mucho y pedi-

Al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad lo animan el recuerdo quemante de las víctimas, los familiares que no dejan de pronunciar sus nombres y todos aquellos que luchan contra la marea de violencia que amenaza cubrir al país. Gracias a la Comisión de Documentación de la or-ganización ciudadana, la presencia de los muertos no es simbólica: son datos duros, descripciones, rostros, pistas para esclarecer los casos y acabar con la impunidad.

mos muchos requisitos que no cumplen. No permitimos que nadie, incluido Javier Sicilia, tenga acceso a nuestra base de datos, porque todas las familias confían en nosotros. De hecho, algunas prefieren que no aparezcan sus nombres y que só-lo se registren sus casos para aparecer en nuestras estadísticas y otros por miedo o porque ya quieren cerrar sus duelos”.

Red nacional de víctimas

Durante la caravana del norte el Movi-miento por la Paz recogió 291 casos, la mayoría de asesinatos y desapariciones. Las víctimas eran estudiantes, empleados, trabajadores, choferes, policías y profesio-nistas. En la caravana del sur se registraron 221 casos: más de la mitad de ellos eran de desapariciones forzadas. Las ocupaciones predominantes aún se están determinan-do. En total la comisión tiene 512 casos, aunque falta incluir más de 60 que llega-ron directamente y que por ser urgentes se canalizan de inmediato a las autoridades.

Esta cifra de casos registrados por el movimiento tampoco incluye los 206 que el Fundec documentó a partir de 2009 ni los 300 de Unidos por Nuestros Desapare-cidos de Tijuana desde 2007.

“No es que el movimiento haya ido a buscar los casos a los centros de dere-chos humanos o con otras agrupaciones de víctimas. Esta es gente que en su gran mayoría no estaba visibilizada pública-mente, estaba con cierto nivel de anoni-mato porque tenía temor a hacer público su caso, pero al ver a otras tantas víctimas, a un grupo de gente amplio, tomó valor y conciencia de dignificar públicamente a sus familiares para decir que tienen nom-bre, historia. Para exigir justicia y que no fueran tratados como ‘daños colaterales’, como fantasmas”, precisa Ameglio.

“El movimiento se encontró a esos muertos en todo el país. No se tenía con-ciencia de la magnitud de la guerra que vivimos. A nosotros esa cifra nos sorpren-dió y rebasó. Recuerdo que los primeros registros fueron espontáneos, ahora lo es-tamos haciendo cada vez más organizado, estructurado e incluso digitalizado, si-guiendo la metodología de la ONU”, indica el profesor universitario especializado en la solución pacífica de conflictos sociales.

El trabajo de esta comisión es fun-damental para el Movimiento por la Paz porque trata con lo que es su corazón: las víctimas. De ahí que sus principales objeti-vos sean la transparencia, la confidenciali-dad y la profesionalización, pero sobre todo hacer de las víctimas promotoras de los de-rechos humanos y actores del cambio. Y para ello es necesario organizarlas en cada estado para que trabajen de manera colectiva.

En sus documentos este grupo seña-la que la misión es “empoderar a las víc-

VIOLENCIA

Los primeros días de abril pasado, en la plaza de armas de Cuernava-ca, un grupo de jóvenes puso una libreta sobre una mesita e invitó a las familias de víctimas de la vio-lencia a denunciar los casos que

los aquejaban. Entonces se organizaban las primeras protestas por el asesinato de siete personas, entre ellas Juan Francisco Sicilia –hijo del poeta Javier Sicilia–, y se iban ano-tando los primeros datos que con el paso de los días fueron acumulándose en las hojas de esa libreta de tapas rojas.

Seis meses después, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad dejó atrás esa libreta. Ahora tiene archivos digitalizados de 512 casos de ejecuciones, secuestros y desapariciones en todo el país, pero los inte-grantes de su Comisión de Documentación y Atención a Víctimas y Familiares prevén que el número crecerá, porque diariamente hay por lo menos una denuncia nueva.

Ante este incremento, el movimiento pretende integrar una red y realizar un congreso nacional de víctimas para forta-lecer a los grupos que trabajan desde hace años, realizar un diagnóstico más claro de cómo se expresa la violencia de la guerra contra el narcotráfico en distintas regio-nes y facilitar que las familias afectadas

JOSÉ GIL OLMOS

Donde se nombra a los

ausentesse conviertan en actores del cambio social y en defensoras de los derechos humanos.

Los 512 casos están debidamente docu-mentados para darles seguimiento ante las autoridades y los tribunales. Son el reflejo de la violencia que se ha recrudecido en el mar-co de la guerra contra el crimen organizado declarada por Felipe Calderón, ya que en los últimos siete meses ocurrieron casi 4 mil muertes y una cantidad aún desconocida de desapariciones a manos de bandas crimina-les y de autoridades coludidas con ellas.

“Nos están vigilando”

Muchas familias llegaron solas y temero-sas a denunciar sus casos en las marchas, caravanas y mítines que desde abril orga-nizó el movimiento ciudadano liderado por Javier Sicilia. Otras han acudido a los centros de reunión: las oficinas del Cen-tro Nacional de Comunicación Social y las instalaciones del Servicio para la Paz. Todas son víctimas desatendidas o igno-radas por las autoridades.

Uno de los primeros casos se registró el 5 de mayo, en el arranque de la marcha de Cuernavaca a la Ciudad de México. Esa mañana llegaron a la Glorieta de la Paz un matrimonio y su joven hija; llevaban fotos de Jethro Ramsés Sánchez Santana, su hi-jo, desaparecido el primer día del mes. Con miedo aún se acercaron a los organizado-

res y a otras víctimas del norte del país que empezaban a participar en el movimiento. Denunciaron que el muchacho había sido detenido por la Policía Estatal en la feria de la ciudad y entregado a soldados de la XXIV Zona Militar, pero ninguna autoridad respondía a sus reclamos de presentación.

A partir de entonces el expediente de Ramsés fue retomado por organizacio-nes internacionales. Dos meses después fueron detenidos dos soldados que con-fesaron haber torturado y asesinado al joven, a quien acusaban de formar parte del cártel del Pacífico Sur.

Otro caso ocurrió el pasado 10 de sep-tiembre, en el centro de Chilpancingo. Ese día dos mujeres, un hombre y un niño vestían playeras blancas estampadas con el rostro de un joven. El grupo se perdía en medio de cientos que marchaban rumbo al zócalo de la capital guerrerense como parte de las actividades de la caravana del sur del Movimiento por la Paz.

Al final de la manifestación, al pie de la tribuna, la mujer más joven declinó de-nunciar públicamente la desaparición de su esposo, un año antes. “Nos están vigi-lando, saben quiénes somos y dónde vi-vimos. Tenemos miedo, ni siquiera hemos ido con la policía porque tememos que ellos también estén involucrados”, dijo cuando se le preguntó por qué no subía a hablar de su caso.

Octavio Gómez

Ni la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito –creada al vapor por el gobierno calderonista– ni la falta de discusión abierta sobre la violencia que ha provocado más de 50 mil muertos, 120 mil desplazados, 50 mil huérfanos y 10 mil desaparecidos arredran a las organizaciones socia-les; tampoco a los partidos políticos que pugnan por que en la LXII Legislatura se discutan y aprueben las iniciativas para la creación de una ley sobre el rubro. Su temor, dicen, es que el proceso electoral empantane los debates o que se apruebe una ley exprés.

Y las

víctimas

buciones a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o bien abrir una ventanilla que canalice las quejas ciudadanas de quienes han sido objeto de actos delictivos o violaciones a sus garan-tías individuales.

Y aun cuando organizaciones y fa-miliares de víctimas del secuestro, como Isabel Miranda de Wallace, llevan años exigiendo leyes que protejan a quienes han padecido la delincuencia, no fue si-no a partir de la irrupción del Movimien-

to por la Paz que encabeza Javier Sicilia cuando comenzaron a ser escuchados.

Ebullición social

Las propuestas son muestra del nivel de la indignación de amplios sectores socia-les que sufren los embates derivados de la estrategia calderonista de combate a la delincuencia y de las sangrientas dispu-tas territoriales de los cárteles de la droga.

Una de ellas, la del Movimiento por la

siguen sin ley

Ben

jam

ín F

lore

s

Paz y la UNAM, viene cocinándose desde agosto. La abogada Paulina Vega, exper-ta en derechos humanos y coordinadora de los trabajos, sostiene que el documen-to retoma iniciativas de la sociedad civil, aportaciones de expertos en atención a menores, mujeres, pueblos indígenas, así como testimonios de víctimas del secues-tro y defensores de derechos humanos que han participado en los encuentros convo-cados por el movimiento.

“Este esfuerzo se traduce en tener una iniciativa ciudadana con la visión del mo-vimiento y de la UNAM de cómo deben coordinarse las dependencias para dar la atención integral a todas las víctimas, aunque no participen en el proceso penal.

“En este proceso nos enfrentamos a la creación de Províctima, esta maquina-ria amorfa, poco clara, que ha ocasionado suspicacia y temor entre la ciudadanía; aun así pretendemos fortalecerla”, expli-ca la consultora independiente.

Vega confía en que los tiempos legisla-tivos, aun con la discusión del presupuesto y la competencia electoral de 2012, permi-tan una discusión razonada para impulsar una ley de atención a víctimas de la violen-cia, aunque lamenta que el tema tenga que abordarse a marchas forzadas.

“Lo ideal hubiera sido realizar una consulta nacional para saber qué piensan

18 1826 / 30 DE OCTUBRE DE 2011

timas y generar redes de defensores de derechos humanos”, y apoyar la creación de una memoria histórica respecto de la tragedia nacional y la espiral de violencia que sufre el país.

–¿Qué va a hacer el movimiento con esos 500 casos?

–Ese es uno de los grandes desafíos y límites del movimiento, de su capacidad de dar un seguimiento jurídico y de acom-pañamiento a las familias. Además, está el problema de protegerlas, porque una vez que hacen su denuncia se ponen en ries-go, y por eso el movimiento busca alian-zas con organismos locales o regionales de derechos humanos que los apoyen en este seguimiento. No se trata de cargarles el trabajo a estas organizaciones, sino de apoyar a las víctimas –aclara Ameglio.

Otro de los aspectos que tienen que atender es la parte emocional de cada familia que sufre la muerte de sus seres queridos, o un duelo inconcluso en el caso de los desaparecidos. Para ellos también se busca el apoyo de algunas instituciones como la UNAM, porque el Estado poco ha-ce al respecto.

–¿El hecho de que mucha gente bus-ca al movimiento expresa la ausencia del Estado?

–Sí. De alguna manera todas las agru-paciones de víctimas y el movimiento le están haciendo el trabajo al Estado. Hasta hace unos días Felipe Calderón dijo estar sorprendido por la envergadura del pro-blema de los desaparecidos; se tardó en escuchar a los familiares desde el primer diálogo, el 23 de junio, porque ahí hubo un grito de desesperación. Hay miles de desaparecidos, al nivel de las dictaduras de América del Sur en los setenta.

Señala que la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito surgió por la presión de muchos grupos y calcula en cinco años el retraso del gobierno calde-ronista para investigar miles de muertes y desapariciones, así como para atender a sus familias.

“Es evidente que la sociedad civil ha rebasado al gobierno y que toma en sus manos los esfuerzos por mayor seguridad y justicia. Es evidente que la sociedad ci-vil está haciendo una enorme parte del

Partidos políticos, expertos, académicos y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dig-nidad afinan sus proyectos para entregarlos el próximo mes ante el Congreso a fin

de que los legisladores tengan ele-mentos para discutir y aprobar en los próximos meses una ley de atención a víctimas de la violencia que se vive en México.

Es el miedo el que los impulsa en esta carrera: temen que el sexenio cal-deronista, que ha fabricado decenas de miles de víctimas, termine sin una ley que defienda a los agraviados, una norma que especifique quiénes son y a qué tienen derecho. La ciudadanía también tiene derecho a saber quién debe atenderlos y cómo debe hacerlo.

Se afanan para que sus propuestas, así como las que presentaron hace va-rios meses los tres principales partidos –PRI, PAN y PRD– se incluyan en las dis-cusiones legislativas en las próximas semanas y el calendario electoral de 2012 no las empantane.

Hasta ahora por lo menos son seis los proyectos: la propuesta ciudadana, que elaboran de manera conjunta la UNAM y el Movimiento por la Paz; el PAN y el PRI impulsan cada cual dos iniciativas, mientras que el PRD enar-bola una.

Además, personal del Instituto Na-cional de Ciencias Penales (Inacipe) y expertos independientes contratados ex profeso elaboran otro documento que, de obtener el consenso de los par-ticipantes, sería presentado por la Pro-curaduría General de la República o la Presidencia de la República la segunda semana de noviembre.

Cada propuesta tiene sello propio y parte de un diagnóstico diferente: algunas se derivan de los testimonios de las víctimas y de escuchar a quienes las atienden; otras, de revisar leyes de otros países o de diagnósticos nacio-nales sobre los impactos de la violen-cia. Cada una, también, pone énfasis en delitos específicos.

Entrevistados por Proceso, varios de los participantes en la elaboración de los documentos difieren en algunos puntos sustantivos, como el de quién se encargará de atender a las víctimas:

Algunos sugieren dar más atribu-ciones al trabajo de la nueva Procura-duría Social de Atención a Víctimas de Delitos (Províctima) –creada sorpresi-vamente por decreto de Felipe Calde-rón, tal como lo publicó el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre úl-timo–, otras piden dar nuevas atri-

MARCELA TURATI

V IOLENCIA

trabajo con las víctimas, que no está ha-ciendo la autoridad, empecinada en su estrategia aun con la evidencia de que no funciona. Lo que no se sabe es hasta cuándo la sociedad va a aguantar este hartazgo. Me parece que el tema de los desaparecidos va a ser uno de los grandes detonantes de una explosión social en este país, porque la gente ya no aguanta más este dolor, esta injusticia para todas las familias”, advierte Ameglio.

En cuanto a la integración de la red nacional de víctimas, reconoce que es uno de los propósitos principales del mo-vimiento, pero explica que es un proceso lento, porque pasa por la toma de con-ciencia de las víctimas:

“Cada vez más los familiares luchan no sólo por sus casos sino por los de otros, este es un proceso de tomar conciencia, de que no quieren que otros sufran. Pero eso lleva su tiempo, no se puede forzar; depende de que los familiares de la víc-tima estén dispuestos a enfrentar una si-tuación pública, de articularse con otros.”

Observa que en el Movimiento por la Paz todavía no se alcanzan los niveles de organización nacional porque se siguen manejando casos individuales, como el de Javier Sicilia.

“Formar esta red nacional de víctimas es muy importante, pero lleva un ritmo lento en algunos familiares, de los más cercanos al movimiento, que se han ido empoderan-do como sujetos sociales de una manera lenta e individual y no como se requiere, con un compromiso público. El dolor, la fuerza moral, entre otras cosas, han hecho posible esta transformación, pero no son la mayo-ría, va a llevar tiempo”, insiste Ameglio.

Otro de los pendientes del movimien-to es realizar un encuentro nacional de víctimas, que hace meses se planteó:

“Queríamos hacerlo en noviembre, pero no sabemos si hay condiciones. Tienen que decidirlo las propias familias de las víctimas. Pero tarde o temprano ese proceso de orga-nización se tiene que dar, además de que va a servir para hacer un mejor diagnóstico de la guerra en el país, a fin de conocer cómo se expresa la violencia en cada región. Tam-bién va a servir para que las víctimas tengan más fuerza, para que su voz se escuche más fuerte, porque no es lo mismo hablar solo que en forma de una red nacional.”

Precisa que ese encuentro no sería un acto de catarsis sino de organización, para que de manera unida y en un solo frente las víctimas tengan mayor fuerza en sus demandas de justicia. Con todo, vuelve a aclarar que el objetivo fundamental del Movimiento por la Paz no es crear la red ni realizar el encuentro nacional, sino que haya justicia para los muertos y sus fami-liares, que se presente a los desaparecidos y que el militarismo sea sustituido para rehacer el tejido social.

Yahi

r Ceb

allo

s

Desaparecidos. Dignificación política

Estrasburgo (1983), Naciones Unidas (1985), España (1995) y Puerto Rico (1998).

“Desde el año pasado la tienen (en el Congreso), no la han querido discutir. Ac-tualmente está en las comisiones de Go-bernación y de Justicia; dicen que siempre hay una urgencia anterior; que le pregun-ten a las víctimas para que vean qué es lo más urgente”, se queja el panista.

La otra iniciativa panista, impulsa-da por José Luis Ovando, presidente de la Comisión de Seguridad, y su correli-gionario Bonifacio Herrera, quien fue supervisor externo de los Centros de Atención a Víctimas de la PGR, plantea los qués y cómos:

De acuerdo con Herrera “se modificarían la Ley Orgánica de la procuraduría y la Ley de Extinción de Dominio para que los bienes decomisados puedan constituir un fondo y asegurarle a las víctimas el resarcimiento del daño, porque lo que se ha llamado ‘daños colaterales’ –cuando se da una persecución a un grupo delictivo por parte de las autori-dades y un civil sale dañado en su persona o en sus bienes– no hay cómo repararlos.

“¿A quién reclamo si chocaron mi au-to, balacearon mi casa o me hirieron?”, se pregunta el legislador de Durango. “Que de ese fondo se le resarzan (los daños a los afectados)”.

Señala que el objetivo último es ga-rantizar a las víctimas del secuestro que se les reintegren sus bienes cuando el delincuente sea atrapado: “Las considera-ciones para atender a las víctimas están en la Constitución y en convenios inter-nacionales desde hace varios años. En la medida en que el problema del combate a la delincuencia se incrementó, también se incrementaron las víctimas; hoy atender este sector es prioritario, por eso el interés (en presentar la iniciativa)”.

Por parte del PRI, el diputado Humber-to Benítez Treviño presentó una propues-ta el 4 de febrero de 2010, que aún espera su turno en las comisiones de Justicia, De-rechos Humanos y Seguridad Pública.

La diputada priista Yolanda de la To-rre Valdez, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en la LXII Legislatura federal, prepara otra iniciativa sobre el tema.

Ésta obligaría al Estado a crear una Comisión Especial de Atención a Vícti-mas del sexenio para que lleve un registro de quiénes y cuántos son los afectados y dónde están, y que tendría que indemni-zar, reparar y reubicar a las “víctimas co-laterales” de la violencia.

“El Estado debe reparar los daños por-que a causa de su estrategia las personas han sido víctimas del crimen organizado. Tiene una responsabilidad patrimonial hacia todos los ‘daños colaterales’, espe-cialmente las familias de civiles y unifor-mados”, explica la diputada.

VIOLENCIA

las víctimas del sur, del norte y del centro. Habíamos planteado un proceso de con-sulta de más largo plazo y más incluyente, y que mientras se creara un fondo para atender las emergencias, como los huér-fanos o los familiares de desaparecidos o levantados, pero no fue posible.

“El Ejecutivo unilateralmente creó la Procuraduría Social y con esa desventa-ja estamos sujetos a calendarios de la agenda legislativa y esperando que los partidos y el Congreso se abran al diálo-go”, señala.

Sobre las iniciativas presentadas por diputados del PAN y del PRI, la abogada las considera limitadas, con fuerte carga hacia las víctimas de la delincuencia organizada y no a las que fueron agredidas por funcio-narios, por lo que no obligan a la federa-ción y a los gobiernos estatales a atender a las personas.

“Veremos si la cantidad de iniciativas realmente es una muestra de voluntad política”, comenta Vega.

Por parte del PRD, el senador Tomás Torres explica que para la redacción de su propuesta el partido consultó a expertos y a organizaciones que trabajan con víctimas, incluido el Movimiento por la Paz. En los encuentros, coordinados por la diputada Te-resa Incháustegui, se planteó que el Estado debe asumir la responsabilidad de los “da-ños colaterales” de la guerra contra la delin-cuencia organizada que emprendió.

El senador insiste en que se requiere una ley que faculte a una instancia autó-noma que se encargue del registro de los

daños causados. Comenta que sus com-pañeros aún discuten si la CNDH debe encargarse de ese aspecto, así como de establecer los mecanismos para que el Es-tado repare a las víctimas de una manera directa, no subsidiaria.

“El Estado mexicano tiene el deber su-perior como depositario de la paz, de la seguridad, de la vida, de salvaguardarla. En eso se funda la acción de responsa-bilidad política y patrimonial del Estado mexicano que no ha cuidado ni garanti-zado el entorno y la tranquilidad, lo que le da sentido a su existencia”, señala Torres.

La propuesta perredista incluye ga-rantías para los desplazados por la violen-cia; el propósito es que puedan regresar a sus hogares o establecerse en otros si su vida corre riesgo.

“Tenemos dos semanas como máxi-mo para darle viabilidad legislativa, el proceso de debate va disminuyendo; así como la llama y el interés. Esa es la reali-dad. El año que entra será muy complejo, por la disputa político-electoral”, admite el senador perredista.

Por parte del gobierno federal, el Ina-cipe contrató a un grupo de expertos pa-ra, junto con sus analistas, elaborar una propuesta de ley general de protección a víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos, para presentarla a académicos y a los medios. El propósito: generar una discusión.

La abogada Ana Lorena Delgadillo, di-rectora de la Fundación para la Justicia, asegura que la propuesta se basa en tres

ejes: reconocer los derechos de las vícti-mas para que sean exigibles; aclarar los mecanismos y las rutas para que pue-dan ser efectivos, y coordinar los servi-cios existentes para que los afectados no tengan que tocar muchas puertas ni sean revictimizados.

Juan Carlos Gutiérrez, presidente de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, quien también fue invitado por el Inaci-pe, comenta: “En cuanto se presente el documento, lo ideal sería poner sobre la mesa las diferentes perspectivas de las leyes y abrir un grupo de consulta con la sociedad, organizaciones de derechos humanos que trabajan con víctimas, aca-démicos y los propios partidos políticos, para tomar acuerdos conjuntos sobre cuál sería la ideal”.

Las iniciativas panistas

El PAN tiene dos propuestas para atender lo que Calderón ha llamado “las víctimas colaterales de su guerra”. La primera de ellas, presentada el 12 de abril de 2010 por los senadores Felipe González, Jaime Ra-fael Díaz Ochoa y Ramón Galindo, consi-dera que se “debe transformar el sistema de ataque directo al crimen a través de la fuerza del Estado, para que esté acompa-ñada de la reconstrucción del tejido social y que tome en cuenta la desigualdad que hay en nuestra sociedad”.

“Lo que buscamos es unirnos al com-promiso del presidente para enfrentar a los problemas del país”, explica González al tiempo que señala que su análisis par-te de que las leyes mexicanas se inclinan más a la forma en que debe tratarse al de-lincuente e ignoran a la víctima.

El legislador aclara que su propuesta incluye la atención a quienes sufrieron violaciones a sus derechos humanos por funcionarios públicos, aunque no entra en detalles.

“Pedimos un comité técnico que se encargue de determinar las medidas para atender a las víctimas; que maneje un fon-do de apoyo a través de un fideicomiso en el que el gobierno federal aporte parte del dinero… Las víctimas pagan impuestos y, si son atacados por la delincuencia, tene-mos que buscar cómo rehacerles la vida.

“Y en caso de que la pierdan, evitar que se dé por cerrado el caso, a sus here-deros deberá ayudárseles para resarcir el daño. Y en caso de los secuestros, si se lo-gra rescatar el dinero, que se le regrese de inmediato a los afectados, que no lo guar-den las autoridades”, expone.

Para elaborar el documento, dice, se re-visaron leyes “que nos llevan muchísimos años de avance”, como la de Nueva Zelan-da (1963), Budapest (1974), la del Consejo de Europa sobre Compensaciones (1977),

Ger

mán

Can

secoDeudos de víctimas del casino Royale

el general Dámaso Cárdenas llega al poder se consumará en la forma más inocente y pacífica el feudalismo en Michoacán”.

Calderón Vega, quien describió a An-guiano como “uno de los últimos auténti-cos revolucionarios valientes y de honra-dez intelectual de Michoacán”, hizo suyo el reclamo por el “feudalismo” instaurado por Cárdenas, pese a que éste había dejado la Presidencia de la República 12 años atrás.

A 59 años de distancia el “feudalismo en Michoacán” que condenó Calderón Vega se reproduce con su hija Luisa María, quien se ufana de que será la próxima goberna-dora del enclave histórico de la izquierda, cuando su hermano Felipe encabeza el go-bierno federal desde el que, por lo menos desde 2008, según varias fuentes, se aplica una estrategia para favorecerla.

En la consecución de su candidatura por el Partido Acción Nacional (PAN) y en su campaña para ser la primera goberna-dora del estado, donde el clan Calderón ja-más ha ganado nada, se ha recurrido a to-do: La estructura gubernamental federal se puso a su servicio y se afianzó el pacto con Elba Esther Gordillo y su partido Nue-va Alianza (Panal).

Y es que en la elección del próximo 13 de noviembre en Michoacán se juega no sólo la gubernatura –que durará ape-nas tres años y ocho meses– y la viabilidad electoral del Partido de la Revolución De-mocrática (PRD) y la del PAN hacia la elec-ción presidencial de 2012, sino dos proyec-tos de nación contrapuestos: la izquierda nacionalista que instrumentó Cárdenas del Río y la derecha del PAN que fundó Ma-nuel Gómez Morín para oponérsele.

En el estado más tripartita del país des-de 1995, cuando Calderón fue candida to a gobernador, y donde éste, en diciembre de 2006, declaró la guerra al crimen organi-zado, el Partido Revolucionario Institucio-nal (PRI) puede ganar con su candidato, Fausto Vallejo, pero la disputa histórica es entre la coalición de izquierda PRD-Parti-do del Trabajo-Convergencia, con Silvano Aureoles, y la derecha de PAN-Panal, que postula a Cocoa, llamada así por su familia debido al color de su piel.

El sello del gobierno federal en el equi-po y la estrategia de la candidata del PAN es inequívoco: El jefe de la campaña, Virgi-lio Bucio Reta, era coordinador general de delegaciones de la Secretaría de Agricultu-ra (Sagarpa), de la que antes fue delegado y como tal encabezaba a todos los delega-dos federales en la entidad, quienes desde la precampaña han sido acusados de tra-bajar para Cocoa.

De hecho, el sustituto de Bucio Reta co-mo delegado de la Sagarpa, Esteban Cru-zaley Díaz-Barriga, exdiputado y exalcalde priista, forma parte del equipo de campaña de la candidata como jefe de “Evaluación”, según el organigrama interno que obtuvo

Proceso, en el que aparece como coordina-dor general operativo el chihuahuense Ja-vier Rodarte de la Rosa, quien renunció a la subdirección de Caminos y Puentes Fede-rales de Ingresos (Capufe).

Rodarte de la Rosa fue secretario de Fortalecimiento Interno del CEN del PAN que presidió Germán Martínez y es socio de la empresa Desarrollo y Operación de Campañas, de Jorge Manzanera Quintana, operador electoral de confianza de Calde-rón y quien ahora trabaja para la aspiran-te presidencial Josefina Vázquez Mota.

Fue Manzanera, por disposición de Calderón, quien diseñó la estrategia elec-toral del aspirante del PAN que enfrentó a Godoy en la elección de 2007, Salvador López Orduña, quien fue candidato pese a que Benigno Quezada tenía más posibili-dades pero se disciplinó a cambio de una diputación, como se documentó en el li-bro El engaño, prédica y práctica del PAN.

Otra alta funcionaria federal que se in-corporó al equipo de Luisa María Calderón es la portavoz Laura González Martínez, quien hasta agosto último fue coordina-dora de Oportunidades, el principal pro-grama antipobreza del gobierno federal, que en Michoacán tiene un padrón de 300 mil familias beneficiadas, según informó ella misma en mayo pasado.

El apoyo del gobierno federal a la can-didata se da hasta en encuestas contrata-das por la Secretaría de Gobernación, de las que este semanario tiene copia, y que han sido clasificadas como reservadas por 12 años con base en las leyes de Seguridad Nacional y de Transparencia.

Cocoa goza además de un ostensible aparato de seguridad integrado por el Es-tado Mayor Presidencial (EMP) –al que le-galmente tiene derecho–, pero también de la Policía Federal y del Ejército, con un costo mensual sólo para estos últimos de entre 5 y 6 millones de pesos, como cons-ta en quejas presentadas ante el Instituto Electoral de Michoacán.

Traidores a la democracia

La estrategia para conquistar el gobier-no de Michoacán incluye un sistemático “acoso” del gobierno de Calderón al de Mi-choacán que encabeza el perredista Leo-nel Godoy, pese a que éste lo reconoció co-mo presidente constitucional en desafío al mandato del PRD de considerarlo espurio.

El propio Godoy afirma que los emba-tes de Calderón se iniciaron el 15 de sep-tiembre de 2008, fecha del granadazo en la ceremonia del Grito de Independencia, el mismo mes en que Cocoa comenzó a edi-ficar su candidatura como secretaria de Elecciones del PAN, pese a su prome-sa de que no participaría en política en el sexenio para no ser una “hermana incó-moda”. (Proceso 1785 y 1807).

Así, en mayo de 2009 Calderón aplicó el michoacanazo contra autoridades y fun-cionarios estatales, que resultó un fiasco; procedió contra Julio César Godoy Tosca-no, el medio hermano del gobernador que está fugitivo, y en plena campaña le cortó, sin ninguna explicación, recursos federa-les para los afiliados al ISSSTE.

Este “michoacanazo financiero”, que se suma a la “campaña de calumnias y men-tiras” de panistas de que la entidad está quebrada por la deuda de 15 mil millones de pesos, fue orquestado por Ernesto Cor-dero todavía como secretario de Hacienda y quien, desde el jueves 27 –a dos semanas de las elecciones–, se instaló en Morelia pa-ra, de ser aspirante presidencial, degradar-se en vocero de la candidata.

Godoy afirma que Calderón está tan completamente involucrado en el proceso electoral “que tiene a la hermana de can-didata” y la más reciente manifestación de esa conducta facciosa es el recorte de recursos. “La única explicación que hay es el proceso electoral de Michoacán”.

El objetivo de los hermanos Calderón, dice, no es hacer justicia, como en el ca-so de su medio hermano, “sino estigmati-zar, desgastar a un gobierno de izquierda sobre la base de un asunto que está fuera del control del gobernador”.

–¿Para que Calderón imponga a su hermana?

–Ellos están en la contienda electoral. Ha habido un constante golpeteo al go-bierno de Michoacán por diferentes razo-nes: primero cuando el asunto de los gra-nadazos, después el michoacanazo, luego lo de Julio César Godoy Toscano y ahora el te-ma de la deuda pública.

En entrevista en la casa de gobierno, el martes 18, el gobernador asegura que tanto la candidata del PAN como el pre-sidente de ese partido, Gustavo Madero, se equivocan cuando afirman que la deu-

Dav

id D

eola

rte

/ Pro

ceso

foto

Godoy. Blanco del calderonismo

ELECCIONES / MICHOACÁN

MORELIA, MICH.- Luis Calderón Vega, padre de Luisa María y Felipe Calderón Hinojosa, dejó por escrito su repudio al “feudalismo en Michoacán” que hace seis décadas con-

sumó Lázaro Cárdenas del Río al hacer go-bernador a su hermano Dámaso.

El historiador recoge, en el segundo tomo de Memorias del PAN, la indignación del abogado revolucionario Victoriano An-guiano por el objetivo de Cárdenas de ha-cer gobernador a su hermano en 1952: “Si

En flagrante violación a los preceptos fundamentales de la democracia, Felipe Calderón interviene directa-mente y utiliza la fuerza y recursos de la Presidencia para impulsar la campaña de su hermana Luisa María, que aspira a la gubernatura de Michoacán. Para posi-cionarla no vacila en atacar al gobierno de Leonel Go-doy con una campaña “de mentiras y difamaciones”, ni en recortar las partidas del presupuesto federal a fin de desestabilizar al gobierno perredista.

FRANCISCO CASTELLANOS Y ÁLVARO DELGADO

“feudalismo”

Enr

ique

Cas

tro

Sán

chez

Vuelta al

ce de acusaciones, sin que se haya procedi-do contra ningún político, aunque todos ad-miten que están expuestos a la penetración del crimen organizado, a la intimidación o el asesinato.

“Ningún partido se ha salvado, no nos hagamos”, reconoce el exsenador Antonio Soto, uno de los principales colaboradores de Silvano Aureoles, quien acusó a los can-didatos del PRI de recibir apoyo del crimen organizado, mientras que a los perredistas se les intimida y hasta se les hace renunciar, como ocurrió en Indaparapeo y Múgica, que no aparece en la lista de vínculos entre can-didatos y criminales.

El presidente estatal del PRD, Víctor Ma-nuel Báez, niega que los candidatos hayan sido obligados a renunciar por presiones de narcotraficantes. “Yo les pregunté de mane-ra directa si tenían presión o una amenaza

y ellos lo negaron. Yo no podría afirmar algo que ellos no me expresan. Sin embargo, sí hay una sospecha de que haya sido por pre-sión de un grupo del crimen organizado”.

Según él no hay candidatos del PRD vincu lados con el narco, porque el proce-so de selección fue cuidadoso y, por ello, se reservaron más de 70 municipios para pos-tular a personas de reconocida militancia y solvencia moral.

Califica de “rumores” que los aspirantes a alcaldes de otros partidos tengan nexos con el narco, como lo afirmó Aureoles, y lo mismo dice de los señalamientos sobre los hijos de Fausto Vallejo: “Hay muchos comen-tarios también al respecto, pero hay que ser responsables: no puedo afirmar algo que no conozco”.

La del próximo 13 de noviembre y la de 2007 son dos elecciones de gobernador

que, insólitamente, le ha tocado atestiguar a Felipe Calderón, ambas marcadas por la guerra al crimen organizado.

En las encuestas que ha realizado la Se-cretaría de Gobernación en Michoacán –y que han sido entregadas al equipo de Luisa Ma-ría Calderón– se hacen preguntas acerca de la estrategia anticrimen del gobierno federal.

Una de ellas, de abril de este año, muestra la aprobación de la estrategia cal-deronista con 57%; 36% de los consulta-dos la desaprueba. Sólo 34% creyó que la estrategia estaba logrando su objetivo, contra 53% que consideraba que no lo es-taba haciendo.

A la pregunta de “quién va ganando” en el combate al crimen organizado, la res-puesta no es favorable a Calderón: 25% dijo que el gobierno, mientras que casi el doble, 44%, declaró que el narcotráfico.

“Esto cuesta mucho dinero en gasoli-na, hospedajes, alimentación, salarios. Es-timamos que está entre 5 y 6 millones de pesos el costo que tiene el cuerpo de segu-ridad de Luisa María Calderón”, dice Báez.

Insiste: “La idea era hacer que la ciu-dadanía de Michoacán tuviera la percep-ción de que el PRD no sabe gobernar, pero el objetivo era crear los medios para que Luisa María Calderón gobierne, como si esto fuera un virreinato”.

El más reciente embate, dice, es qui-tarle recursos federales, lo cual afecta a toda la población: “Aquí no hay confron-tación. Hay un ataque del gobierno fede-ral al de Michoacán, pero no sólo al gober-nador ni al PRD, sino este ataque, en esa visión egoísta, mezquina, de tratar de im-poner a su hermana como gobernadora, se lleva de paso a todos los michoacanos”.

–Lo primero que hizo Godoy fue reco-nocer a Calderón.

–Por eso digo que no hay una confron-tación. A pesar de que el partido tenía la posición de no reconocer a Calderón co-mo Ejecutivo legítimo, él de manera insti-tucional, contra la disposición del partido, determinó reconocerlo como presidente.

Báez afirma que Cocoa no ganará: “Hay un desencanto del panismo, porque Cal-derón no solamente no ayudó a su estado natal, sino que, con esta actitud mezquina de poner a su hermana, perjudicó la eco-nomía y la imagen de Michoacán. Aquí ya perdieron los Calderón”.

La disputa, asegura, es entre el PRD y el PRI y ganará el primero: “Pero no es sólo por ganar, sino por preservar un proyecto de izquierda: Aquí nació y desde aquí tie-ne que haber un relanzamiento del carde-nismo a nivel nacional, y una derrota pon-dría en riesgo el proyecto de nación de la izquierda, que es el único que le puede dar un rumbo distinto a México…”

Uno de los temas de la entrevista soli-citada era cómo, de ganar, enfrentaría un gobierno que ella misma afirma que está quebrado, pero también la intervención documentada del gobierno de su herma-no, algo que no cree Carlos Navarrete, el coordinador de los senadores del PRD y prominente miembro de la corriente Nueva Izquierda, quien fue de los prime-ros en entrevistarse, en secreto, con Fran-cisco Ramírez Acuña, primer secretario de Gobernación.

Navarrete declaró el jueves 6 que Cal-derón es neutral: “No percibimos que an-de en campaña y se lo reconocemos. Tengo la impresión de que el presidente sabe di-ferenciar claramente lo que es su respon-sabilidad como jefe de Estado y lo que es la aspiración de un familiar cercano a él”.

El presidente estatal del PRD, Víctor Manuel Báez, no sabe qué decir ante las declaraciones de Navarrete: “Calderón tie-

ne metidas las manos, los pies y el gobier-no. Desde Los Pinos se ha orquestado todo el apoyo para la candidata del PAN: Econó-mico, logístico, mercadotécnico y electo-ral. Todo lo que está al servicio del Ejecuti-vo lo tiene la señora”.

La derecha será derrotada

Parte de la estrategia, añade, es golpear al gobierno local: “Ha habido un ataque siste-mático del gobierno federal, que se inició el 15 de septiembre de 2008 con una sola fi-nalidad: que el gobierno del PRD no luzca, para posicionar a la hermana de Calderón. Desde entonces le empezó a abrir brecha”.

Según el dirigente, Cocoa ya rebasó el tope de campaña porque además se de-ben computar los gastos que implica la custodia del Ejército y la Policía Federal, sin incluir los efectivos del EMP a los que tiene derecho.

Enr

ique

Cas

tro

Sán

chez

“Cocoa” con la élite panista

ELECCIONES / MICHOACÁN

da del estado es de 20 mil y 15 mil millo-nes de pesos, respectivamente, cuando es de 13 mil 500 millones acumulada de tres gobiernos.

“Es parte de la hipocresía de la dere-cha”, dice Godoy, quien tilda de “traidores a la democracia” a los Calderón, como a otros miembros del PAN que participaron en la transformación democrática panista pero ahora actúan contra ella.

“Es importante que se sepa que hay gente que luchó por la democratización del país y se mantiene en esas conviccio-nes, y hay gente que luchó por la demo-cracia y ha traicionado las convicciones democráticas”, dice Godoy.

–¿A quiénes se refiere?–A muchos, fundamentalmente a po-

líticos de la derecha que lucharon por la democratización de este país y que se han olvidado de la historia.

–¿Se sentirá frustrado si entrega el go-bierno a Luisa María Calderón?

–Como ciudadano de izquierda, sí, pe-ro como gobernador le voy a entregar a quien gane limpiamente las elecciones. Esa es mi obligación. Soy fundador de un movimiento democratizador del país, a pesar de que algunos lo han traicionado.

Pero además, dice, en esta elección es-tará presente la conciencia histórica de los michoacanos: “Esta historia no puede olvi-dar quiénes fueron los enemigos de las po-líticas cardenistas, como el reparto agrario, la educación pública, la comunidad indíge-na y otras políticas nacionalistas”.

Precisa que desde 1988 el PRD ha ga-nado 14 de las 18 elecciones estatales y fe-derales. “No es gratuito ni circunstancial que las últimas siete las haya ganado la iz-quierda. Sí, la elección va a ser competida, pero aquí se respira pluralidad y toleran-cia. En estos días la propia candidata (del PAN) se ha dedicado a difamar al goberna-

dor y lo hace en el ambiente de libertades que existe en Michoacán”.

–¿Sería un retroceso la victoria de la derecha?

–Para mí como ciudadano, sí. Como gobernador respetaré el resultado de la elección.

Ridiculizar a AMLO

En tanto, con la promesa de mano du-ra como eje de su campaña, aunque tam-bién con la oferta de clases de finanzas y mercadotecnia en las secundarias para crear empresarios, Calderón se ufana de haber ganado ya las elecciones y desde-ña las evidencias del apoyo del gobierno de su hermano.

De hecho, apenas el jueves 27 el diario Reforma publicó que la delegada de la Comi-sión Nacional de Fomento Educativo (Cona-fe), Gloria López Arroyo, el día 14 envió un correo a los empleados de esa instancia pa-ra pedirles que voten por Cocoa y advertirles que de lo contrario habría represalias.

“Como es de su conocimiento, en los próximos días se realizarán las elecciones en el estado de Michoacán. Por tal motivo solicito a ustedes giren sus instrucciones a fin de que el personal de la delegación del Conafe vote a favor de la Psic. Luisa María Calderón Hinojosa, quien ha pactado favo-recer a esta institución una vez llegada al cargo de gobernadora en el estado”.

En el mensaje, redactado con abun-dantes faltas de ortografía, la funcionaria federal añadió: “Asimismo pido su apoyo para la total discreción de la información, pues de ella depende su estancia en la ins-titución a mi cargo. Sin otro particular re-ciban un saludo.”

Descrita a menudo como arrogan-te, taimada, incongruente y proclive a la mentira, en el debate del jueves 20 Cocoa

dijo haber subido a un taxi y platicado con el chofer, algo que no pudo haber sucedi-do porque desde que regresó de España en 2008 los soldados del EMP no descuidan su seguridad ni un momento.

De hecho, desde la precampaña la cus-todia del EMP ha sido identificada por su propio equipo como una de sus debilida-des, según consta en un documento que describe las “amenazas” para ella por te-ner un “grupo encerrado”, “muchos gene-rales y poca generosidad”, “enfrentamien-tos” y “decisiones poco compartidas”.

Este semanario tuvo acceso también a grabaciones en las que Cocoa, en conversa-ciones con colaboradores como Javier Mora Martínez, acusa a Marko Cortés, su adver-sario en la precampaña y actual candida-to a alcalde de Morelia, de regalar bultos de cemento a panistas, de “comprar votos” en 3 mil pesos, pagar a operadores 16 mil pe-sos y tratar de cooptar “a güevito o por vo-luntad” a regidores afines a ella.

En las grabaciones se escucha tam-bién a Calderón y a sus colaboradores tra-mar una estrategia de desprestigio contra Cortés, el PRI, el gobierno estatal y Andrés Manuel López Obrador mediante decla-raciones para ridiculizar a éste y además “inventado mails”.

“(Resaltar) las tonterías de nuestro eminente Andrés Manuel, qué sé yo, ridi-culizarlo con sus propias palabras, de una manera sistemática. Cuando podamos hacerlo abiertamente lo hacemos, y cuan-do no, nos podemos callar”, expresó.

Los reporteros de Proceso solicitaron, formalmente, una entrevista con Calde-rón que, con la condición de desahogarse en 20 minutos, se programó para las 9:00 horas del jueves 20, día del debate. Pero la noche del miércoles fue cancelada porque la candidata prefirió irse “a un spa” para relajarse, como declaró públicamente.

M ORELIA, MICH.- En Michoacán, es-tado natal de Felipe Calderón y donde empezó la guerra al cri-men organizado que ya ha cos-

tado más de 50 mil muertos, se anticipa que la violencia será el sello de las elec-ciones del domingo 13 de noviembre.

Aunque el gobernador perredista Leo-nel Godoy asegura que Michoacán ocupa el último lugar en crecimiento del índice delic-tivo del fuero común y el penúltimo en deli-tos por cada 100 mil habitantes –según una encuesta de Instituto Nacional de Estadísti-

Comicios con focos rojosFRANCISCO CASTELLANOS Y ÁLVARO DELGADO

ca y Geografía (Inegi)– hay una situación de alerta en la Secretaría de Seguridad Públi-ca estatal.

Según un documento elaborado por ex-pertos de esa institución, que circula en-tre los organismos de inteligencia y del que Proceso obtuvo copia, en 17 de los 113 municipios hay “focos rojos”, con “probabi-lidades de incursión violenta electoral”.

Por la cerrada competencia entre los tres candidatos al gobierno de Michoacán –la panista Luis María Calderón, el priista Fausto Vallejo y el perredista Silvano Au-

reoles–, el documento definido como “con-fidencial” advierte que no debe ser “extra-ño que existan factores antisociales que detonen incertidumbre y actos delictivos para copar la votación, pues todo parecie-ra (indicar) que a menos votación se bene-ficiaría la actual cúpula del poder que está en el estado”.

Crimen organizado

En el documento hay también un dato alar-mante: Los “municipios en donde existen posible vínculos entre candidatos a alcal-días y el crimen organizado” suman 52, casi la mitad de los 113 del estado, gobernados por todos los partidos políticos.

Este escenario ha permeado el debate entre los partidos políticos y las coaliciones que contienden por la gubernatura, con cru-

ginó, Santa Anna insistió. A veces andaba en el exilio, al igual que Salinas, pero volvió. Cuando le ofreció sus servicios al imperio de Maximiliano, éste lo echó a un lado. Fi-nalmente Santa Anna se volvió loco”.

Meyer es señalado por Salinas de Gor-tari en su reciente libro ¿Qué hacer? La alternativa ciudadana como uno “de los in-telectuales vinculados al neopopulismo” en México.

Entrevistado al respecto, Meyer evita hablar sobre los juicios que el exmanda-tario hace de su obra, en particular sobre un texto suyo publicado en marzo de 2006 en el cual “hace una defensa abierta del neopopulismo”. Prefiere analizar, dice al reportero, la insistencia de Salinas en de-fender su legado y en atacar a sus críticos.

“El de Salinas no es el debate de las ideas, es un debate por el poder. Si no, pa-ra qué está detrás o al lado de Peña Nieto”, advierte.

–¿Cuál es exactamente el síndrome de Santa Anna? ¿El deseo continuo de retor-nar al poder? –se le inquiere.

–No. El gobierno de Santa Anna termi-na en un fracaso; entonces él quiere de-fenderse ante la historia. No quiere pasar como un militar que perdió la guerra con-tra Estados Unidos ni el último presidente que tuvo que vender una parte del territo-rio, como fue La Mesilla.

El síndrome, precisa, “es una búsque-da de que la historia no lo juzgue así. Él quiere volver a ser útil a la patria hasta que termina en la locura”.

–¿Esto sucede con Salinas?–Hay algo de eso. Salinas no perdió

Texas ni la guerra contra Estados Unidos, pero el 6 de julio del 88 no se olvida. Él lle-ga con una ilegitimidad evidente. Hasta la prensa extranjera, que siempre fue sostén del régimen, tuvo que admitirlo. Ahí están las crónicas de Alan Riding en The New York Times.

“Es el 88 y es el 94. Y el colofón de ese año trágico fue el llamado ‘error de di-ciembre’, que Salinas quiere atribuir a Ze-dillo, pero no hay nadie que pueda aceptar eso porque toda la razón de esa caída está en las decisiones económicas tomadas en el salinismo. Zedillo ni conocía bien Los Pinos en diciembre de 94, cuando se le viene abajo la economía.”

–¿Esa es la obsesión de Salinas, ocultar ante la historia la ilegitimidad de origen y el fracaso de 1994?

–Yo diría esto: qué nos importa si fue lo uno o lo otro… Lo que él piense me tiene sin cuidado. Eso debe tenerle sin cuidado a muchos mexicanos, a menos que seamos psiquiatras o psicólogos. Nos debe inte-resar a nosotros lo que pensamos de su sexenio, la imagen que tenemos de él. El fracaso que fue el final de su gobierno.

Premio Nacional de Periodismo en 1989 por sus columnas de análisis político, pro-

fesor en distintas universidades mexicanas y estadunidenses, comentarista en el pro-grama de televisión Primer plano de Canal Once, colaborador de la mesa de análisis del noticiario radiofónico de Carmen Aris-tegui en MVS y del periódico Reforma, Meyer no niega su apoyo al movimiento encabe-zado por Andrés Manuel López Obrador, tal como lo señala Salinas en su libro.

–¿Por qué esta obsesión de Carlos Salinas contra López Obrador y sus supuestos “inte-lectuales orgánicos”, como le llama a usted?

–Porque López Obrador es el único que le representa un reto de fondo. El PAN no lo es desde que lo hizo parte de su bloque de poder en su sexenio. El PAN es actor político que ha tenido acuerdos con Salinas. En el PRI hay un sector que es el de Salinas. En el PRD hay un sector acomodaticio.

“El único actor político importante al que Salinas no se le puede acercar y no tiene acuerdo con él, es López Obrador. Pero no es la persona en sí misma, sino el movimiento y los más de 4 millones de se-guidores que tiene lo que lo hace impor-tante a los ojos de Salinas.”

–¿Por qué apoya usted a López Obrador?–Si hiciéramos una cola o una reunión

de los críticos de López Obrador llenaría-mos el estadio Azteca. Y yo no formo parte de ese grupo; hay que recordar lo que de-cía Aristóteles sobre “la justa medianía”. Creo que es necesario ponderar de un la-do… Yo no pretendo ser objetivo ni presu-mirme como tal, a fin de cuentas, nadie lo puede ser en las circunstancias actuales.

Los expresidentes y su protagonismo

La entrevista con el autor de Su majestad británica contra la Revolución Mexicana se inicia con una pregunta de comparación histórica.

–¿Es novedoso que un expresidente como Salinas insista tanto en mantenerse vigente en el debate político o hay algún antecedente?

–Su antecedente más claro es Antonio López de Santa Anna. En ese México del siglo XIX que todavía no era nación, se convirtió en el hombre que simbolizaba el poder político –el poco que había– y en un proyecto de futuro. Fracasó de manera rotunda y escandalosa pero no se quiso ir nunca de la política.

“Finalmente se volvió loco… Su mujer le pagaba a algunas personas para que lo fue-ran a ver a su casa, le hicieran antesala y le pidieran su consejo político. Así que el caso Salinas enteramente novedoso no lo es.”

Meyer hace un apretado recorrido his-tórico sobre los otros antecedentes: “Juá-rez se murió en el poder. Porfirio Díaz se fue al exilio. Carranza y Madero fueron asesinados. Obregón sí maniobró. Ese es el otro. Estuvo ahí como poder tras el trono

POLÍTICA

en una diarquía. Mientras Obregón vivió, Calles fue presidente, pero no enteramen-te. Ahí estaba al lado, era muy visible la sombra de Álvaro Obregón, hasta que se reelige y lo asesinan.

“El otro expresidente que qué lata dio fue Calles. Entra y sale del gobierno. Está en el Banco de México, en Ferrocarriles y sobre todo está en la designación de gobernado-res y presidentes, hasta que lo sacan del país. Y cuando vuelve, regresa más o menos como Santa Anna, muy disminuido.

“Luego viene la revolución institucio-nalizada. Lázaro Cárdenas es el que pone el ejemplo. Es un presidente fuerte, el más fuerte hasta ese momento. Y, sin embar-go, es el que va a dejar libre a su sucesor, aunque Ávila Camacho lo llama a su gabi-nete, lo hace ministro de Defensa. Llegado el final, antes de que termine el sexenio, Cárdenas se va.

“Está con muchísima discreción en la vida política mexicana. Hace unas decla-raciones. No ataca. A pesar de que traicio-nan el ideario cardenista y lo destruyen, Cárdenas no dice nada.”

–¿No intentó con Miguel Alemán un debate como el que ahora emprende Sali-nas entre “neoliberales” y “neopopulistas”?

–No. Lo intentó de manera indirecta. Y muy buena. Uno de sus cercanos, Natalio Vázquez, publicó en El Nacional un artículo en contra de los contratos de riesgo que Pemex había firmado con empresas nor-teamericanas. Era un mensaje para que lo leyera Alemán. El grueso de los mexicanos no se dio cuenta. Cárdenas lo hizo muy sutilmente.

“Algo tiene que ver de manera muy indirecta Cárdenas en contra del intento de reelección de Miguel Alemán, pero no apoya directamente a Henríquez Guz-mán. Probablemente algo hizo en el 68 para que Díaz Ordaz no fuera a hacer más barbaridades.”

–¿Por qué Cárdenas no defiende públi-camente su ideario traicionado?

–Cárdenas se respeta a sí mismo. Se sabe legítimo. Respeta su legado. Y se com-porta como tal, hasta el día que pierde su batalla en contra del cáncer.

“Alemán, en cierto sentido, es pare-cido a Cárdenas. Es la otra cara. Es el re-presentante de la derecha oficial, de los grandes negocios, de la gran corrupción, pero bastante moderado fuera del poder presidencial. Él y Abelardo Rodríguez son los representantes del anticomunismo oficial, pero con voz muy baja.

“Ruiz Cortines se murió. López Mateos se murió. Díaz Ordaz es incapaz de reponer-se de la barbaridad que hizo y no juega nin-gún papel posterior. Echeverría se recluye y nadie le pide que salga. López Portillo hace los desfiguros de su vida privada con Sasha Montenegro y finalmente muere sin nada.”

–López Portillo publicó Mis tiempos pa-

26 1826 / 30 DE OCTUBRE DE 2011

“Carlos Salinas de Gortari ha lle-vado al extremo el síndrome de Antonio López de Santa Anna”, el militar que ocupó la Presiden-cia de la República 11 veces a lo largo del siglo XIX, que perdió

más de la mitad del territorio nacional an-te Estados Unidos y que fue derrotado por la Revolución de Ayutla de 1857, afirma el historiador Lorenzo Meyer.

Lo singular en el caso de Santa Anna es que “a pesar de que fracasó de manera rotunda y escandalosa, no se quiso ir nun-ca de la política”, sostiene Meyer, doctor en relaciones internacionales e investiga-dor y profesor en El Colegio de México.

Autor de una decena de libros sobre historia nacional, abunda: “Cuando la Re-volución de Ayutla decididamente lo mar-

Conocido por su proclividad a irrumpir en el escenario pú-blico para denostar a sus enemigos, esta vez Carlos Salinas escogió entre sus blancos al historiador Lorenzo Meyer, a quien califica en su libro ¿Qué hacer? La alternativa ciudadana, como “uno de los intelectuales vinculados al neopopulismo” en México. Entrevistado al respecto, Meyer asegura que, al igual que Antonio López de Santa Anna, el exmandatario no quiere admitir que su régimen fue un fracaso. “Lo que Salinas no sabe es que la obsesión por el poder termina en la locura”...

JENARO VILLAMIL

El síndromede Santa Anna

Mig

uel D

imay

uga

PEMEX

1825 / 30 DE OCTUBRE DE 2011 31

siones que por su trascendencia e impor-tancia incidan en la dirección energética y en la creación del valor de Pemex”.

El consejo se reunió el martes 18 y, con una breve explicación apoyada en nueve lá-minas y la interpretación del abogado de Pemex, Marco Antonio de la Peña, Suárez Coppel insistió en que no requería la autori-zación del consejo para firmar el acuerdo y comprar nuevas acciones. Acto seguido, los consejeros sólo “tomaron conocimiento” del informe sobre Repsol, pero no lo discu-tieron debido a que la mayoría lo respaldó.

El único que cuestionó y rechazó la ope-ración, además de pedir la venta de las ac-ciones para quedar solamente en 5%, fue el doctor Rogelio Gasca Neri, quien entregó un documento de 23 cuartillas donde funda-menta su inconformidad; además, el lunes 24 entregó su voto particular en contra por-que nunca estuvo de acuerdo en que sólo se les “informara” y no se les hubiera convoca-do para “autorizar o no” la operación.

En la página cinco, Gasca Neri devela los motivos de Sacyr: obtener dinero fres-co para pagar sus deudas a través de la ob-tención de mayores dividendos en contu-bernio con Pemex.

Sacyr “tendrá que negociar un crédi-to por 4 mil 908 millones de euros a más tardar el próximo 21 de diciembre. Esta si-tuación implica la necesidad apremian-te de Sacyr por aumentar dividendos –or-dinarios y extraordinarios– mediante la venta de activos de Repsol. Recientemen-te, después del anuncio de la operación, un informe de Crédit Agricole sobre la si-tuación financiera de Sacyr nos da una situación aún más apremiante.

“Decía en esencia que Sacyr tiene una

deuda impagable en el estado en que se en-cuentra, que sólo genera alrededor de 100 a 200 millones de dólares anuales, cuan-do sus compromisos de flujo anuales son de 750, y los de 2012 son de mil 250 millo-nes, aun suponiendo que su deuda con Cré-dit Agricole se reestructure totalmente. Re-comienda vender activos, entre ellos una parte importante de las acciones de Repsol. Ahora Sacyr apuesta a que suba el precio de la acción de Repsol gracias a la iniciativa emprendida conjuntamente con Pemex y a la posibilidad de forzar a Repsol a una ma-yor distribución de dividendos ordinarios y el decreto de dividendos extraordinarios.”

En esa reunión de consejo, Gasca se quejó de que no se les diera información: “Ni siquiera trae el convenio con Sacyr ni una secuencia de los actos financieros pa-ra la compra de las acciones de Repsol ni los compromisos legales, financieros, cor-porativos y de otro tipo que se hayan ad-quirido con las partes”.

Luego sostuvo que había más pregun-tas que respuestas, más dudas que cer-tezas, y alegó: “Esta operación no debe seguir la ruta inercial planteada en su ori-gen”. Pero no recibió respuesta.

Aclaró que no estaba en contra de que se realizaran operaciones fuera de Méxi-co, “pero apegadas al marco legal”, y “no es aceptable, y de hecho está fuera del marco legal, llevar a cabo operaciones co-mo la que nos ocupa, ajenas al consejo, decididas sólo por el director general”.

En el documento, que leyó en la reu-nión, Gasca Neri reclamó a Suárez Coppel por sus declaraciones a los medios: “No es aceptable que se argumente que (estas operaciones) se llevan así porque el mar-co jurídico no permite hacerlas en México, y que se hacen a espaldas del consejo por-que éste no es ágil y hay información deli-

cada que podría fugarse, ocasionando que se ‘cayera’ la operación”.

Luego acusó: “Los objetivos (del acuer-do) no pueden avalar el compromiso de Pe-mex en un convenio con una empresa ajena al sector petrolero, y menos aún para dedi-car mil 600 millones de dólares de recursos públicos de Pemex”, por lo que señaló “ile-galidad de ambas operaciones: la compra de acciones y la firma del acuerdo”.

Repsol, añadió el consejero indepen-diente, es un tema estratégico “por el monto de las transacciones, su naturaleza y las implicaciones para Pemex. Me preo-cupa que pueda haber otros temas como éste que no hayan sido considerados es-tratégicos por el director general y no ha-yan sido informados al consejo”.

Después de perder 650.7 millones de dólares por una mala compra de acciones de la petrolera española Repsol en 2003, Pemex acaba de adquirir en mil 120 millones un paquete accionario que la ata a otro in-versionista, la inmobiliaria Sacyr, durante 10 años, sin ventajas inmediatas ni estratégicas. El diputado fede-ral Mario di Costanzo; el presidente de Transparencia Nacional, Gabriel Reyes Orona, y el consejero inde-pendiente de Pemex Rogelio Gasca Neri desmadejan la trama de un quebranto financiero del que pública-mente se ha hecho responsable el director general de la paraestatal, Juan José Suárez Coppel.

PEMEX

AP photo / Manu Fernández

Ben

jam

ín F

lore

s

Suárez Coppel. Ineficacia

JESUSA CERVANTES

La operación entre la empresa in-mobiliaria española Sacyr y Pe-tróleos Mexicanos “está tocada de ilegalidad”, se violaron las leyes de Pemex, la de Presupuesto y la de Deuda, y además se incremen-

tó en forma innecesaria el pasivo de la pa-raestatal en mil 120 millones de dólares y se generó una actitud “hostil” hacia la em-presa española Repsol.

Así resumió el consejero independiente de Pemex Rogelio Gasca Neri, en dos docu-mentos entregados al Consejo de Adminis-tración de la paraestatal, su rechazo al acuer-do entre Pemex y Sacyr firmado el pasado 29 de agosto y a la compra de 4.6% de acciones más de Repsol, ambas decisiones del direc-tor general, Juan José Suárez Coppel, al mar-gen del consejo de la paraestatal.

Única voz disidente entre los 13 inte-grantes del órgano administrativo, Gas-ca Neri califica de “acción especulativa” la adquisición de las nuevas acciones y destaca que la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España investi-gará, “bajo la sospecha de una presun-ta irregularidad de Pemex en la adquisi-ción de 4.6%, en la que podría haber una supuesta irregularidad de uso de infor-mación privilegiada o de manejo fraudu-lento de las acciones”.

Y mientras el consejero independien-te desliza en sus documentos la posibili-dad de que Pemex sólo esté rescatando de sus deudas a Sacyr y pide que se reven-dan las nuevas acciones, el diputado fede-ral Mario di Costanzo y el presidente de la agrupación Transparencia Nacional y ex-procurador fiscal de la federación, Gabriel Reyes Orona, lo dicen con todas sus letras:

es un rescate a Sacyr y Pemex no obten-drá beneficios.

Di Costanzo y Reyes destacan que des-de la llegada de los gobiernos panistas –y con Juan José Suárez Coppel como opera-dor financiero– se ha manipulado la par-ticipación de Pemex en Repsol, generando primero, en 2003, un quebranto de 650.7 millones de dólares y, después, en 2011, una deuda por mil 120 millones más, sin que hasta ahora se conozca quién se be-nefició con las maniobras.

Oscuro designio

Repsol es una empresa trasnacional de origen español que explora y explota hi-drocarburos. Sus acciones están divididas entre diversos inversionistas: Pemex con 4.8%, La Caixa con 13% y Sacyr con 20%; el 62% restante está fraccionado entre una serie de empresas y bancos, cada uno con menos de 1%.

En 2006, el entonces presidente de Sa-cyr, Luis del Rivero, decidió comprar 20% de las acciones de Repsol y para ello ad-quirió con diversos bancos un crédito por 5 mil millones de euros con vencimiento al 21 de diciembre de 2011.

El gobierno mexicano, que desde 1979 tenía en su poder 4.8% de las acciones de Repsol, decidió en 2003 –cuando Felipe Cal-derón era secretario de Energía, y Juan Jo-sé Suárez Coppel, director de Finanzas de Pemex– pignorar o rentar a precio de re-mate su participación accionaria por mil 373.7 millones de dólares. En 2008 la em-presa mexicana recompró las acciones que tenía rentadas y ahora, entre agosto y sep-tiembre pasados (no se tiene con preci-

sión cuándo se hizo la compra), “acordó” con Sacyr y Luis del Rivero adquirir 4.6%, llegando así a una participación acciona-ria de 9.4%.

Desde julio pasado Suárez Coppel y Del Rivero sostuvieron encuentros priva-dos en México; en completo sigilo, sin in-formar y mucho menos pedir la autori-zación al Consejo de Administración de Pemex –máximo órgano de decisión de la paraestatal–, se suscribió un acuerdo en-tre las dos empresas.

El acuerdo privado, firmado el 29 de agosto, tuvo que publicitarse el mismo día debido a que la Comisión Nacional del Mer-cado de Valores de España así lo demandó. Entre los compromisos de Pemex destacan tres: pasar de 4.6% a 9.9% de participación accionaria, es decir, que compraría 5.3% más de acciones; sindicar su voto duran-te los primeros 10 años con Sacyr –es decir, sumar las dos participaciones, llegando a 29.9%, con lo que tendrían mayoría de vo-tos durante los siguientes 10 años en Rep-sol– y redistribuir los dividendos o ganan-cias entre cada uno de los socios.

Un par de días después de conocerse el acuerdo, los consejeros independientes de Pemex Héctor Moreira Rodríguez, Flu-vio Ruiz Alarcón y Fortunato Álvarez, “in-dignados”, demandaron a Suárez Coppel una explicación y la urgente reunión del Consejo de Administración, argumentan-do que “este tema resulta preocupante para lo suscritos, en virtud de que confor-me a las facultades otorgadas por la Ley de Petróleos Mexicanos y a las prácticas del gobierno corporativo, el Consejo de Administración debe ser informado pre-viamente, y aprobar en su caso las deci-

Desastrosa,la aventura Sacyr-Repsol

PEMEXPEMEX

multimillonario que podría menoscabar más las finanzas de la petrolera.

Documentos internos de Pemex Refina-ción que tiene este semanario –entre ellos la solicitud de pedido con la “Justificación de las razones para ejercer la opción de ex-cepción a la licitación pública”– establecen que no fue posible licitar la compra de los barcos por las urgencias que enfrenta la pa-raestatal en la distribución de petrolíferos y por los elevados gastos que enfrenta por el arrendamiento de embarcaciones.

En años anteriores la práctica de arrendar barcos fue motivo de fuertes es-cándalos de corrupción, pues el contuber-nio entre la paraestatal y su sindicato era de tal magnitud que muchos buques per-manecían parados en distintos puertos con todo y tripulación mientras se daba rienda suelta a la renta de otros.

El proyecto de comprar 34 navíos se mantuvo en sigilo durante 2010, pero en abril de 2011 comenzaron las maniobras para la localización de empresas o brokers dedicados tanto al arrendamiento como a la venta de los mismos. Finalmente Pemex adquirió embarcaciones que desde hace va-rios años navegan en Asia y Europa, por lo cual se sospecha que están sobrevaluados.

La decisión de comprar los barcos sin licitación y con base en los precios del mercado internacional se tomó el 8 de abril de este año. Ese día fue entregado el proyecto elaborado por el capitán Eduar-do Padilla Yebra y Francisco Fernández La-gos, respectivamente titular del Proyecto Sustantivo Renovación de la Flota Mayor y responsable de la Unidad Administrado-

ra del Proyecto Sustantivo, ambos de Pe-mex Refinación.

De entonces a la fecha esta subsidiaria y Pemex Internacional (PMI) han adquiri-do seis barcos de más de 42 millones de dólares cada uno y que pagarán en un pla-zo de 20 años, no obstante que la mayo-ría de las embarcaciones ya llevan mucho tempo navegando.

El documento Justificación de las razones para ejercer la opción de excepción a la licita-ción pública da cuenta de la operación pa-ra la compra del buque sudcoreano Ocean Sygnet. La embarcación se adjudicará a la empresa PMI Norteamérica, S.A. de C.V.

Según Pemex, “la oferta del B/T (buque-tanque) se obtuvo con base en la investiga-ción de mercado en la que se pudo obser-var que el precio indicado con el B/T Ocean Sygnet se encuentra 700 mil dólares por de-bajo de la referencia promedio del mercado.

“La investigación de mercado consis-tió en la verificación del B/T y posibles proveedores en el mercado nacional e in-ternacional, a través de cartas de solicitud de información enviadas a varias empre-sas así como a la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo.”

De acuerdo con el proyecto de Pemex “se recibieron 34 propuestas para 33 bu-que-tanques, fue verificado el cumpli-miento de especificaciones técnicas y se calculó el costo por barril transportado con precio cero, resultando en una prime-ra selección de 20 B/T. Se llevaron a cabo las inspecciones de tipo precompra y se solicitaron referencias de mercado para cada uno de los B/T disponibles”.

tatal, incluido su director, Juan José Suá-rez Coppel, hayan sobrevaluado el costo de los buques.

De acuerdo con Héctor Hugo Rodrí-guez Hernández, secretario de esa comi-sión legislativa, “existe la sospecha de que tanto De la Garza Hesles como otros fun-cionarios implicados en la compra de los barcos hayan puesto en práctica manio-bras para elevar los precios de los navíos, pues ésta ha sido una vieja forma de hacer negocios en Pemex”.

La Comisión de Energía comenzó a in-dagar lo que ya a primera vista pareció in-usual: que la compra de los primeros seis buques no se haya sometido a una licita-ción internacional, como lo establece la ley, no obstante que se trata de un gasto

La burocracia de Pemex nunca hizo caso a las críticas por su elevado gasto en la renta de buques y el nulo interés en renovar su propia flota. Por eso los diputados de la Co-misión de Energía sospechan de la compra, sin licitación, de 34 navíos usados. Conocedores de los negocios que se han hecho al amparo de la paraestatal, los legisladores ya investigan si algún funcionario –como Bernardo de la Garza Hesles, subdirector de Producción de Pemex Refi-nación– se beneficia sobrevaluando las unidades.

ahora con barcosSospecha de corrupción,

Antonio Palacios

32 1826 / 30 DE OCTUBRE DE 2011

Resumió: “Las decisiones de inversión en acciones de otra empresa, de financia-miento de la transacción, de coberturas y de suscripción de un acuerdo de accionis-tas a largo plazo en cualquier empresa del mundo, se presentan ante el consejo para su discusión y aprobación”.

Pemex, atada a Sacyr

En el acuerdo con la inmobiliaria españo-la, Pemex se compromete a votar durante los siguientes 10 años junto con Sacyr, “se-gún una misma visión”, y esto se puede prorrogar otros cinco años. No obstante, de acuerdo con Gasca Neri no existe nin-gún documento que defina esa visión, por lo que “en todo caso se ataría el voto de Pemex en Repsol a los intereses de Sacyr”. Y enfatiza que el acuerdo se vio en Repsol como “una acción hostil”.

En su extensa y solitaria participación, el consejero le aclaró a Suárez Coppel que “el director general tampoco puede comprome-ter el voto de Pemex en Repsol a los intereses conjuntos de Sacyr, empresa ajena a Pemex, sin, por supuesto, la autorización y el acuer-do del Consejo de Administración, como sí lo hizo Sacyr con su propio consejo”.

Argumentó que el director de Pemex “tampoco tiene autonomía para disponer de la caja de Pemex, contratar nuevo en-deudamiento o comprar acciones” y que la paraestatal no puede realizar inversio-nes especulativas ni otras que no vayan en el sentido de la naturaleza de su obje-to social”, pues la Constitución y sus leyes reglamentarias lo prohíben.

Suárez Coppel ha sostenido pública-mente que no necesita la autorización del consejo para firmar el acuerdo y comprar las acciones. Sin embargo, admitió también que para la compra de las acciones se toma-ron 480 millones de dólares de la caja de Pe-mex y el resto (mil 120 millones) mediante la contratación de créditos con cuatro ban-cos: el Grupo Financiero Inbursa de Carlos Slim, Crédit Agricole CIB, Natixis y HSBC.

“Esto nos revela la insistencia de la ad-ministración en elevar los techos de en-deudamiento para 2011 y 2012”, subrayó Gasca Neri.

Acuerdo inservible y problemático

Ante la recomendación del Crédit Agrico-le a Sacyr para que venda sus acciones de Repsol como única salida a su endeuda-miento, Gasca Neri consideró que el con-venio tendría que cancelarse, pues ya no podrían alcanzarse los objetivos de tener 29.9% de acciones en conjunto.

Además, puntualizó, si Pemex se comprometió a hacerse de 9.8% de las ac-ciones y sólo tiene 9.4%, entonces ya se violó el acuerdo, y si a ello se suma que no hay un dictamen del abogado gene-ral de la paraestatal sobre la operación, se tienen elementos suficientes para in-dicar que “la suspensión de la operación es el camino adecuado”.

Se remediaría así la situación actual creada por estas decisiones unilaterales: “En general se percibe un ambiente nega-tivo y de desaprobación en los medios fi-nancieros, empresariales y políticos”.

El malestar generado por Sacyr y Pe-mex tuvo sus primeras consecuencias el viernes 21, cuando el promotor del acuer-do, Luis del Rivero, fue destituido como presidente de la inmobiliaria, y días des-pués el consejo de Repsol lo retiró tam-bién como consejero, en tanto que Pe-mex informó de la sustitución de Suárez Coppel por José Manuel Carrera Panizzo en el consejo de Repsol, lo que se atribu-ye al propósito de disminuir el desconten-to hacia la paraestatal.

El presidente de Transparencia Nacio-nal, Reyes Orona, y el diputado Di Costan-zo coincidieron en que el acuerdo tendrá que disolverse ante los cambios ocurridos en Sacyr y en que se debe regresar a 5% de acciones en Repsol, pues incrementarlas no le traerá beneficios a Pemex.

Lo único que ha generado esta compra de acciones y los movimientos acciona-rios de 2003 en Repsol, detalla Di Costan-zo, es un quebranto de mil 770.7 millones de dólares a Pemex: “650.7 millones de dó-lares que perdimos por la operación de 2003 en Repsol, y ahora invertimos mil 120 por la compra de acciones que no nos ser-virán para la toma de decisiones, y menos si el acuerdo se desintegra”.

RICARDO RAVELO

La subsidiaria Pemex Refinación y su subdirector de Producción, Bernardo de la Garza Hesles, vuelven a estar implicados en un escándalo de presuntos ac-tos de corrupción, ahora por la

compra de 34 buques a empresas ex-tranjeras, sin licitación de por medio y a precios que superan los 40 millones de dólares por unidad, como acreditan documentos oficiales.

La operación, justificada por el ex-cesivo gasto de Pemex en el arren-damiento de barcos, pronto fue vista como sospechosa; tanto que ya la in-vestiga la Comisión de Energía de la Cá-mara de Diputados ante la posibilidad de que altos funcionarios de la paraes-G

erm

án C

anse

co

Gasca Neri. Malestar

En la indagación de mercado realiza-da por Pemex el Ocean Cygnet fue valuado por la empresa RS Platou en 45 millones de dólares, en tanto que PMI Norteaméri-ca lo tasó en 39 millones de dólares bajo el esquema de arrendamiento financiero.

Finalmente, Pemex compró el navío en poco más de 50 millones de dólares, que se desglosan en el documento referido: 39 millones por el barco y 11 millones 604 mil 981.37, más intereses, derivados del es-quema de arrendamiento financiero con opción a compra en un lapso de 10 años. Cerrada la compra por la vía del arrenda-miento, el buque fue entregado por PMI Norteamérica en mayo pasado, en el puer-to de Coatzacoalcos.

Tras conocerse la maniobra para no li-citar la compra de los buque-tanque, la Co-misión de Energía de la Cámara de Dipu-tados comenzó a indagar qué funcionarios de Pemex Refinación se beneficiaron de esta transacción pues, de acuerdo con los legisladores, es inusual que se compren barcos en medio de la fuerte crisis que en-frenta la empresa, y aseguran que es más urgente reparar las refinerías que renovar la flota.

En el último tramo del sexenio, Pemex argumenta que no sometió a licitación la compra de los buques por lo lento del pro-cedimiento, las urgencias de la empresa y los excesivos gastos que realiza actual-mente para rentar barcos.

Así lo establece el inciso 9 del proyecto de compraventa. “Motivación: El procedi-miento de licitación pública para adquirir el B/T Ocean Sygnet resulta no ser idóneo, toda vez que provoca costos adicionales para Pemex Refinación”.

Y añade: “Un procedimiento de licita-ción pública… se llevaría a cabo en un pla-zo estimado de 100 días naturales desde la publicación de la convocatoria hasta la en-trega del B/T, mientras que, bajo las mejo-res condiciones, una adjudicación directa podría llevarse a cabo hasta en 60 días na-turales. Esto implica que durante el perio-do en que se desarrolla cualquiera de los dos procedimientos, Pemex Refinación de-be contratar un B/T que cubra el servicio de transporte marítimo, que de acuerdo con las últimas contrataciones se ubica en un nivel promedio de flete de 16 mil dólares americanos por día. Una licitación implica-ría una diferencia del orden de 40 días natu-rales, lo que equivaldría aproximadamente a (un gasto) de 664 mil dólares americanos”.

Operación sospechosa

Para los diputados encargados de super-visar la operación, la compra de los 34 bu-ques por adjudicación directa, no obstan-te los argumentos de la paraestatal, es sospechosa y debe investigarse, dice Ro-dríguez Hernández. Por eso, añade, tanto

la Cámara de Diputados como la Audito-ría Superior de la Federación (ASF) traba-jan en la indagatoria para aclarar si en es-ta compra hubo sobreprecio.

Aunque lo peor, dice, es que Pemex sus-tenta la compra del primero de los buques por la urgencia que enfrenta su subsidia-ria, pero la operación en ningún momento fue licitada, lo que se presta a muchas sos-pechas. En consecuencia, puntualiza: “Va-mos a solicitar a la ASF que audite e inves-tigue estos contratos, por lo menos el del primer barco, que tuvo un costo de 50 mi-llones de dólares, en donde intervino Pe-mex Internacional (PMI Norteamérica)”.

El legislador expuso, además, que de acuerdo con documentos de Pemex Refi-nación que analiza la Comisión de Energía, el primer barco petrolero que se compró ya está trabajando para la paraestatal a pesar de que meses atrás la empresa había plan-teado que se licitarían esas operaciones.

“Nos preocupa que por ese mismo es-quema (la compra directa) y bajo el argu-mento de la urgencia y el elevado costo de los arrendamientos, Pemex esté ad-quiriendo barcos, pues cuando los termi-ne de pagar, en un plazo de 10 años y bajo la figura del arrendamiento, serán chata-rra flotante y no habrá responsables de di-chas compras.”

De acuerdo con datos de la comisión legislativa, de los 34 buques que Pemex tiene programado comprar para renovar su flota actual, ya adquirió 11: cinco en una primera fase y seis en la segunda, con lo cual gastó algo así como 240 millones de dólares, cantidad que puede estar in-flada, según Rodríguez Hernández.

Lo que investiga la Comisión de Ener-gía, dice, es que los barcos no son nuevos como argumenta Pemex, sino que ya lle-van muchos años en servicio, lo que po-dría causar un daño mayor a la paraes-tatal porque ya no le serán útiles cuando termine de pagarlos.

Históricamente Pemex ha desatendi-do la necesidad de renovar su flota y siem-pre ha preferido rentar buques al extran-jero con sobreprecios documentados, a pesar de que contaba con barcos propios. Casos como el buque Abkatum, que per-maneció parado con toda la tripulación pese a estar en buen estado, dan cuenta de las corruptelas en el área marítima de la petrolera mexicana.

Ésta no construye navíos desde princi-pios de los ochenta, cuando fueron arma-dos en el astillero de Veracruz los buques Pemex I, Pemex II, Pemex III y Pemex IV, ya ca-si inservibles por falta de mantenimiento.

Actualmente su flota está conformada por unos 15 buques, entre otros El Quet-zalcóatl, Bacab, Victoria II, Mariano Moctezu-ma y XVIII de Marzo, que son obsoletos y están abandonados en distintos puertos, expuestos al deterioro de los elementos o

varados en otros diques del país y sin ser reparados, pues Pemex ha preferido resol-ver el suministro de combustibles con bu-ques rentados a precios que oscilan entre 30 mil y 35 mil dólares diarios.

Por ello, los diputados de la Comisión de Energía sospechan que ahora Pemex se preocupe por lo que gasta en fletes y com-pre buques sin licitación.

Además, en la millonaria adquisición de Pemex Refinación aparece directamen-te implicado su subdirector de Producción, Bernardo de la Garza Hesles, quien reco-mendó a algunas de las empresas que ofre-cieron embarcaciones a la paraestatal, cu-yo director general tiene buenas relaciones con los accionistas de aquéllas.

Las empresas que dieron precios de 68 buque-tanque son: Charles R. Weber, Doran Navigation, Eships, FTapias Méxi-co, Kingfish, Logística Marítima, Nav Tul, Oceantrades, OSG, Overseas Maritime Cor-poration, Pareto, PB Tankers, RS Platou, STS Schiping, Tanker Logistic, Thenamaris, TSakos y Weco.

Actualmente, De la Garza está bajo in-vestigación de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y de la ASF por la asignación de un contrato sin licitación a la empresa KBC Advanced Technologies por un monto de 42 millones de dólares. La indagación lleva varios meses, pero el fun-cionario no ha sido inhabilitado, como sí lo fue su exjefa, Rocío Cárdenas Zubieta, quien durante 2008 y 2009 estuvo al fren-te de PMI Comercio Internacional, depen-dencia de Pemex donde laboró De la Garza.

El pasado 11 de octubre, la Secreta-ría de la Función Pública sancionó a va-rios funcionarios por incurrir en actos de corrupción y menoscabo de las finanzas públicas. Es el caso de Cárdenas Zubieta, inha bilitada 10 años para ocupar cargos en la administración pública.

La sanción fue porque suscribió dos contratos y un convenio modificatorio con la empresa Trafigura Ag para la venta de ga-solina cocker con un descuento indebido e injustificado y sin contar con un análisis de costo-beneficio de cada operación comer-cial. Esto causó daños a las finanzas de PMI Comercio Internacional y, por esa causa, fue multada con 283 millones 942 mil pesos.

Debido a los escándalos de corrupción que enfrenta, De la Garza Hesles puede salir de Pemex Refinación. Y aunque su futuro se definirá en los próximos días, cuando sesio-ne el Consejo de Administración de Pemex y defina los cambios, se ha señalado que Suárez Coppel lo “premiará” nombrándolo titular de Pemex Internacional (PMI).

En lo que se toman las decisiones, De la Garza ya tiene candidato para que ocu-pe su puesto en Pemex Refinación. Se tra-ta de Gerardo Páramo Hernández, actual gerente de Control de Producción de la subsidiaria.