los contratados en la administración pública. una mirada ... · función pública institucional....

Revista Gaceta LaboralVol. 20, No. 2 (2014): 144 - 155

Universidad del Zulia (LUZ) · ISSN 1315-8597

Los Contratados en la AdministraciónPública. Una mirada desde la legislaciónvenezolana

Joan López Urdaneta

Licenciado en Ciencia Política. Maestrante en Gerencia Pública.Asistente de Investigación en el Instituto de Estudios Políticos yDerecho Público “Dr. Humberto J. La Roche”. FCJP.LUZ. E-mail:[email protected]

Mairely Hernández León

Licenciada en Educación. Magister Scientiarun en Ciencia Política. Co-ordinadora de Publicaciones. Instituto de Filosofía del Derecho “Dr.José M. Delgado Ocando”. FCJP. LUZ. E-mail: mairelyh@ gmail.com.

Eduviges Morales Villalobos

Abogada. Doctora en Derecho. Docente e Investigadora adscritaal Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público “Dr. HumbertoJ. La Roche”. FCJP. LUZ. E-mail: [email protected]

Resumen

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, esta-blece expresamente el concurso público, como el único mecanismo de ingresoa la administración pública, siendo este postulado refrendado por la Ley deEstatuto de la Función Pública de 2002, no obstante, esta legislación permi-te al Estado recurrir a la figura del personal contratado para el ejercicio de lafunción pública institucional. Es destacable que la institucionalización delconcurso público en Venezuela, ya se había consagrado en la derogada Leyde Carrera Administrativa de 1970. En el presente trabajo se analiza elmarco legal y jurisprudencial que ampara laboralmente al personal contra-tado por la Administración Pública. El tipo de investigación es analítico-des-criptivo, de carácter documental. Se concluye que el actual corpus legal y ju-risprudencial venezolano, brinda amplia protección y beneficios socio-labo-

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Recibido: 03-06-2014 . Aceptado: 28-07-2014

rales al personal contratado por la administración pública, sin embargo, su-fren una importante excepción, dado que su condición no constituye una víade ingreso permanente y de estabilidad absoluta, muy a pesar, que el cum-plimiento de sus funciones, permanencia, concurrencia, y remuneraciónsean similares a los de los funcionarios públicos permanentes y constituyauna relación de empleo público.

Palabras clave: Administración pública, contratado, función pública, Venezuela.

Contracted Workers in Public Administration.A Viewpoint Seen from Venezuelan Legislation

Abstract

In 1999, the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela ex-pressly established public competition as the only mechanism for enteringpublic administration; this postulate was endorsed by the 2002 Statute Lawfor Public Functioning. Nonetheless, this legislation allows the State to re-cur to the figure of contracted personnel for the exercise of public institu-tional function. It is noteworthy that the institutionalization of public com-petition in Venezuela had already been consecrated in the repealed Law forAdministrative Careers of 1970. This study analyzes the legal and jurispru-dential framework that covers working personnel contracted by public ad-ministration. Research is of the analytic-descriptive type and has a docu-mentary character. Conclusions are that the current Venezuelan legal andjurisprudential corpus offers broad protection plus social and labor-relatedbenefits to personnel contracted by public administration. Nevertheless,they suffer a significant exception, given that their condition does not con-stitute a route for permanent ingress and absolute stability, even thoughfulfillment of their functions, permanence, concurrence and remunerationmay be similar to those of permanent public functionaries and constitute arelationship of public employment.

Key words: Public administration, contracted, public function, Venezuela.

Introducción

Desde el punto de vista del ejerciciode la gestión pública, es menester, quelos gestores públicos, dominen el co-nocimiento dentro del área legislativa

e institucional sobre el funcionamien-to y organización estructural de la ad-ministración pública, en especialaquellas vinculadas con las relacioneslaborales, para contribuir al cumpli-

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miento de los fines del Estado y a suvez garantizar el bienestar de sus con-ciudadanos.

Con la promulgación de la Consti-tución de la República Bolivariana deVenezuela (CRBV) en 1999, se esta-blece expresamente el concurso públi-co, como el único mecanismo de ingre-so a la administración pública, siendoesta premisa fundamental refrenda-da en Ley de Estatuto de la FunciónPública del año 2002, no obstante,esta legislación permite al Estado ve-nezolano, recurrir a la figura del per-sonal contratado con el propósito deatender urgencias derivadas del ejer-cicio de la función pública institucio-nal, en la medida que surjan circuns-tancias especiales que así lo ameriten.

Es destacable que la institucionali-zación del concurso público en Vene-zuela, es de vieja data, la derogadaLey de Carrera Administrativa, pro-mulgada en 1970, ya lo había estable-cido en su artículo 35; sin embargo,para ese entonces dentro de la admi-nistración pública surge la prácticaviciosa de proveer los cargos con con-tratados a los cuales se les manteníaen tal condición por tiempo indetermi-nado (Rondón de Sansó, 2003), el cri-terio jurisprudencial en este periodofue calificar la situación de cada unode los contratados, en consideración alos siguientes índices:1. El desempeño por parte del con-

tratado de un cargo de carrera.2. El sometimiento del contratado al

mismo horario de los funcionariosordinarios o a un horario corres-pondiente a la mitad del tiempohabitual de servicio.

3. El sometimiento del contratado alas mismas condiciones que os-tentan los funcionarios de carre-ra, tales como, el horario y el mis-mo régimen de beneficios y debe-res.

Una vez revisados los casos, si seevidenciaba el interés de burlar el ré-gimen estatutario mediante el contra-to, se equiparaba el contratado con losfuncionarios de carrera, esta modali-dad fue denominada relación funcio-narial encubierta.

Con la entrada en vigencia de laLey de Estatuto de la Función Públi-ca, se erradica la tesis de la relaciónfuncionarial encubierta, y se desarro-lla el contenido de la carta magna de1999, referente a este tema, conlle-vando al establecimiento de un nuevocriterio jurisprudencial.

El presente artículo, pretende ana-lizar el marco legal y jurisprudencialrelacionado con el desempeño del per-sonal contratado por la administra-ción pública. Para efectos de este es-tudio se procede a la revisión docu-mental de concepciones teóricas, ins-trumentos jurídicos y decisiones judi-ciales relacionadas con la temática enVenezuela, y a posteriori la presenta-ción de las conclusiones.

1. Contratados y administraciónpública ¿Una relación

necesaria?

La administración pública comoente del Estado encargado de ejecutarel conjunto de actividades previamen-te planificadas, de interés común, ha-cia una colectividad, posee a su dispo-sición, funcionarios públicos con ca-

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rácter permanente con el deber de ha-cer cumplir estas disposiciones, sinembargo, también puede recurrir a in-corporar otro tipo de personal, de for-ma temporal por un tiempo determi-nado, definido como contratado, elpresente apartado pretende dar res-puesta a la interrogante ¿Es necesa-ria la relación entre contratado y ad-ministración pública?

Antes de proceder a contestar estapregunta, es menester traer a cola-ción la definición del contrato de tra-bajo entendido como el acuerdo me-diante el cual el trabajador se obliga aprestar personal y directamente susservicios por cuenta de un patrono oempleador, con el propósito de perma-necer personalmente a disposición deéste, quien se obliga en retribución agarantizar condiciones ambientales,de higiene y de seguridad idóneas, enpro de su bienestar, su salud, su vida,y a pagarle un salario (Alfonzo-Guz-mán, 2008).

Desde esta perspectiva, se plantealo siguiente: no es estrictamente un ser-vicio lo que se contrata, sino más bien auna persona que por medio de sus cono-cimientos, habilidades y destrezas de-sarrollan las actividades acordadas,con criterios de responsabilidad.

Por su parte el Decreto con Rango,Valor y Fuerza de Ley Orgánica delTrabajo, los Trabajadores y las Traba-jadoras (LOTTT) de 2012, define elcontrato de trabajo, en su artículo 55como “…aquel mediante el cual se es-tablecen las condiciones en las queuna persona presta sus servicios en elproceso social de trabajo bajo depen-dencia, a cambio de un salario justo,equitativo y conforme a las disposicio-

nes de la Constitución de la RepúblicaBolivariana de Venezuela y esta Ley”.

En tal sentido, concuerda con loplanteado por Duque (2008) al defi-nirlo como un acuerdo entre dos vo-luntades, con fuerza de generar nor-mas jurídicas particulares y concre-tas, creando de esta forma reglas dederecho.

Generalmente, los contratos sonconsiderados como una práctica co-mún de la esfera privada, no obstantela administración pública como elente del Estado encargado de poneren práctica las diferentes políticas pú-blicas en la sociedad, a fin de obtenermayor efectividad de las gestiones gu-bernamentales, recurre a este instru-mento con la finalidad de incorporarpersonal para el cumplimiento de la-bores específicas que conlleven al al-cance de los objetivos públicos delaparato institucional (González,2005; Sodaro, 2004).

En vista de ello, el Estado en repre-sentación de la instancia pública, asu-me del papel de patrono sobre este per-sonal, incluyendo deberes y responsa-bilidades, como también derechos, es-tableciendo de esta manera un régi-men contractual que a criterio de Ron-dón de Sansó (2003), es definido como:…sistema de libre concertación en vir-tud del cual los organismos públicos,escogen a sus servidores bajo las mo-dalidades que consideren más oportu-na (tiempo, estabilidad, sueldo)”.

Para efectos de la presente investi-gación se puede entender el contratocomo un acuerdo de voluntades, cele-brado entre dos partes, siendo una deellas, un órgano del Estado, en ejerci-cio de las funciones administrativas

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que le competen, y un particular, ge-nerando de esta forma derechos y obli-gaciones, con la finalidad de cumplirdeberes públicos o colectivos (Jamei-kis, 2006).

Las características esenciales deeste acuerdo, son: deber ser por escri-to, voluntario, preciso, en el sentidode establecer los objetivos, las funcio-nes específicas, el periodo de tiempoque debe cumplir el servidor público,en su condición de personal contrata-do, todo de conformidad con las nor-mas constitucionales y la legislaciónlaboral.

En relación a lo indicado, el perso-nal contratado es el individuo quepresta sus servicios para la adminis-tración pública, cuando surge la nece-sidad de un personal especializadopara el desempeño de funciones alta-mente técnicas y temporales, toman-do en cuenta las disposiciones consti-tucionales y legales referidas en elárea laboral (Pirela, 2005).

En consideración a lo planteado,esta figura surge ante la necesidad deun personal poseedor de la formaciónintelectual y técnica, para ejercer ro-les específicos, no descritos en el ma-nual de cargos instituido en el órganopúblico, siendo limitada su temporali-dad, en el ejercicio de sus labores cum-plen funciones públicas, dado que so-bre ellos rigen un conjunto de normasy obligaciones de carácter generaldentro del conjunto de personas queprestan sus servicios.

A pesar de que su vinculación con lainstitucionalidad se encuentre re-gulada de forma diferente y surtaefectos especiales con respecto a los

funcionarios públicos “propiamentedichos” sus actividades se encuentrancircunscritas a aquellas que se desa-rrollan dentro del ámbito de la admi-nistración pública, al igual que estánprevistas dentro de sus normas, comonecesarias para la realización de ta-reas que persigan un fin general opúblico, e inclusive son reguladas porel derecho administrativo el cual for-ma parte del derecho público.

Esta relación entre contratados yadministración pública es necesaria,dado que con su labor, se permite darcumplimiento a las proyecciones pla-nificadas en pro de la ciudadanía, noobstante, se resalta su irregularidad,en el sentido, de que la recurrencia aellos, se fundamenta en la no existen-cia de un personal permanente a sucargo, con el perfil necesario, paracumplir una serie de actividades es-pecíficas, y su permanencia está de-terminada en el contrato, una vez cul-minado este tiempo se da por conclui-da la relación laboral, aunque existela posibilidad de prorrogarlo, por lotanto su estabilidad laboral no es ab-soluta, ni progresiva.

2. Los Contratados en el marcolegal y jurisprudencial

venezolano

Al abordar las relaciones laboralesde los empleados contratados en laadministración pública venezolana,se procederá a la revisión del articula-do de la CRBV (1999), de la Ley Orgá-nica de la Administración Pública(2008), de la Ley de Estatuto de laFunción Pública (2002), de la LOTTT(2012), los Lineamientos para el Tra-tamiento Uniforme del Personal Con-

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tratado por la Administración Públicaemanado del Ministerio del Poder Po-pular para la Planificación y Finanzas(2004) y las decisiones emitidas porlos órganos judiciales competentes enesta materia.

La Constitución vigente dispone ensu artículo 3 lo siguiente:

“El Estado tiene como fines esencia-les la defensa y el desarrollo de lapersona y el respeto a su dignidad, elejercicio democrático de la voluntadpopular, la construcción de una so-ciedad justa y amante de la paz, lapromoción de la prosperidad, y bie-nestar del pueblo y la garantía delcumplimiento de los principios, de-rechos y deberes reconocidos y con-sagrado en esta constitución.

La educación y el trabajo son los

procesos fundamentales para

alcanzar estos fines” (Destacadonuestro).

En palabras de Brewer (2000), ade-más de definirse como derechos socia-les, la educación y el trabajo son debe-res constitucionales. En efecto, laConstitución vigente consagra el de-recho al trabajo y el deber de trabajar(Artículo 87), en igualdad y equidadde condiciones entre géneros (Artículo88) y como un hecho social (Artículo89), amparado en los principios de: in-tangibilidad y progresividad de los de-rechos y beneficios laborales (Artículo89, Numeral 1), irrenunciabilidad delos derechos laborales (Artículo 89,Numeral 2) y prohibición de todo tipode discriminación por razones políti-cas, edad, raza, sexo y credo u otracondición (Artículo 89, Numeral 5).

Como puede observarse, este arti-culado brinda amparo a todos los tra-

bajadores, tanto del sector privadocomo público, no obstante, lo relativoa la administración pública, es deta-llado en Artículo 144 de la Constitu-ción de acuerdo con el cual, medianteley se establecerá el Estatuto de laFunción Pública, con el propósito deregular todo lo relacionado con el in-greso, acceso, traslado, suspensión,retiro y protección social de los funcio-narios públicos. De igual forma, en suArtículo 145 consagra el deber quetienen los funcionarios de prestar susservicios al Estado y no a parcialida-des políticas, no siendo esta últimafundamento para el nombramiento yremoción de sus cargos.

Especial importancia reviste el Ar-tículo 146, de acuerdo con el cual loscargos en la administración públicason de carrera, exceptuando, los deelección popular, los de libre nombra-miento y remoción, los contratados yobreros. Asimismo, dispone que el in-greso de los funcionarios públicos alos cargos de carrera tendrá lugar me-diante concurso público, fundamenta-do en principios de honestidad, ido-neidad y eficiencia.

Esta norma fundamental constitu-cionaliza el concurso público, como laúnica vía de ingreso a la administra-ción pública, y somete los ascensos amétodos científicos basados en un sis-tema de méritos.

Por su parte la Ley Orgánica de laAdministración Pública (2008), ex-presa, en su articulado la recurrenciaa la contratación, en caso que se re-quiera de profesionales especialistaso asesores, para el cumplimiento dedeterminadas actividades, en el mar-co de un periodo de tiempo acordado

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por ambas partes siguiendo las pau-tas de las leyes laborales (Artículo 21).

La Ley de Estatuto de la FunciónPública, ratifica el postulado constitu-cional del concurso público como víade ingreso, estableciendo en un títulodedicado al personal contratado lo si-guiente:

“Artículo 37. Sólo podrá proceder-se por la vía del contrato en aquelloscasos en que se requiera personal al-tamente calificado para realizar ta-reas específicas y por tiempo deter-minado.

Se prohibirá la contratación de per-sonal para realizar funciones corres-pondientes a los cargos previstos enla presente ley”.

Artículo 38. El Régimen aplicableal personal contratado será aquelprevisto en el respectivo contrato yen la legislación laboral.

Artículo 39. En ningún caso el con-trato podrá constituirse en una víade ingreso en la administración pú-blica”.

De acuerdo con las normas citadas,los supuestos que permiten la contra-tación quedan limitados únicamentea dos situaciones: el primer supuestocuando se requiera personal altamen-te calificado para realizar tareas espe-cíficas por tiempo determinado; y elsegundo supuesto constituido por unaprevisión discrecional (Rondón deSanso, 2003). En efecto las leyes men-cionadas instituyen que sólo debe pro-cederse por esta vía por una causa jus-tificada, indispensable y permitidapor la autoridad correspondiente,siendo el régimen aplicable para elpersonal contratado, el previsto en lalegislación laboral ordinaria.

También en estas normativas seobserva la prohibición de contratarpara aquellos cargos cuyas funcionesse encuentran previstas en la ley. Noobstante, pareciera que esta prohibi-ción no es lo suficientemente clara.

La LOTTT en su Artículo 6, esta-blece entre sus apartes que los contra-tados al servicio de la administraciónpública se regirán por esta normati-va, las de Seguridad Social y su con-trato de trabajo, y que el tiempo de-sempeñado al servicio público seráconsiderado para los efectos legales ycontractuales como tiempo efectiva-mente prestado y computado a la an-tigüedad.

Esta misma normativa prevé laculminación de la relación del trabajo,bien sea por despido, voluntad comúnde las partes o causa ajena a la volun-tad de ambas. En el caso de los contra-tados la principal causa es la culmina-ción, aunque si el trabajador incurreen faltas injustificadas o fallas queatenten contra el desempeño y armo-nía de la institución, se puede consi-derar su despido, la siguiente opciónes el retiro por parte del trabajador(Artículo 76).

Su salario se encuentra garantiza-do, sin cobro de comisiones bancarias,sólo las exceptuadas por conceptos decaja de ahorro o a beneficio de la orga-nización sindical (Artículos 102 y103); al igual que su derecho a obtenerreconocimiento por su productividady buen desempeño (Artículo 110), pro-gresivo aumento de su salario y otrasestipulaciones (Artículos 111 y 112);obtención del pago las utilidades (Ar-tículo 133) y por supuesto el goce y

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disfrute de su tiempo libre, especial-mente sus vacaciones, mediante suparticipación en programas de turis-mo y entretenimiento, bien sea orga-nizado de forma institucional o pormedio de consenso con los trabajado-res (Artículo 189).

Los instrumentos jurídicos mencio-nados son reiterativos al declarar queel contrato no es la vía reglamentaria,ni para el ingreso ni para la perma-nencia del trabajador en la adminis-tración pública, por lo que el Ministe-rio del Poder Popular para la Planifi-cación y Finanzas emite los Linea-mientos para el tratamiento uniformedel personal contratado por la admi-nistración pública, conocido como lacircular Nº 029 de fecha 19/01/2004.

En el nombrado documento se rati-fica lo dispuesto en las diversas nor-mas sobre la materia respecto a la re-lación laboral de los contratados en laadministración pública, dentro de susdiversos niveles jerárquicos y territo-riales, y a la vez es muy específica alnormar que el periodo de contrataciónno debe superar los tres años de servi-cio, siendo el contrato el documentoesencial para la definición de las labo-res que debe ejercer, el periodo de ca-ducidad, la jornada laboral, el salarioy beneficios a percibir; al igual que lassanciones que pueden imponérsele encaso de incumplimiento.

En este sentido los cargos sujetos acontratación serán aquellos que noaparezcan reflejados en el manual decargos. Esta misma circular establecediferencias entre el contrato laboral yel contrato por honorarios profesiona-les, siendo este último de carácter con-

sultivo y esporádico, sin sujeción alcumplimiento de horarios, por lo queno se derivan del mismo beneficios so-ciales. Estos lineamientos hacen re-misión a los decretos de inamovilidadlaboral, para efectos de amparar a lostrabajadores mientras se encuentravigente su contrato.

Estas directrices legislativas hansido tratadas por las distintas instan-cias judiciales, instaurando de estaforma un marco jurisprudencial. Acontinuación se mencionan algunasde las decisiones judiciales más re-saltantes sobre esta materia, a saber:

La Corte Segunda de lo Contencio-so Administrativo en su Decisión Nº2008-1596, con ponencia del Magis-trado Alejandro Soto sostiene la no-ción de Estabilidad Provisional de losfuncionarios contratados bajo los si-guientes argumentos:

“Los funcionarios contratados goza-rán de estabilidad provisional hastatanto participen en el concurso pú-blico para el ejercicio del cargo queejercen. Dicha estabilidad suponeque el funcionario no podrá ser re-movido, ni retirado de su cargo porcausa distinta a las contempladasen la Ley del Estatuto de la FunciónPública hasta tanto que el cargo queocupa sea provisto mediante el co-rrespondiente concurso público”(Ojeda, 2010).

En este enunciado la Corte, hacereferencia a aquellos contratados quecumplieron labores enmarcadas en elmanual de cargos de la instancia pú-blica, sin la previsión del concurso pú-blico, estos deben ser amparados deforma provisional, hasta tanto la ins-titución decida someter el cargo a con-

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curso, no obstante, una vez celebradoy obtenido el resultado, el vínculo con-tractual pierde efecto.

Lo anteriormente mencionadoconcuerda con la sentencia de fecha 15de diciembre de 2009, del Juzgado Su-perior Séptimo de lo Contencioso Ad-ministrativo de la Circunscripción Ju-dicial de la Región Capital (Caracas),en la que se recalca que el personalcontratado al servicio de la Adminis-tración Pública, cuenta con el denomi-nado “sistema de estabilidad relati-va”, por lo que la culminación, o el cesedel contrato de trabajo, estará regidopor las disposiciones previstas en lamisma ley, vale decir, la terminacióndel contrato de trabajo, o el despidojustificado, se regirán por lo dispuestoen la LOTTT.

Esta modalidad de estabilidad, seencuentra prescrita en el último Decre-to de Inamovilidad Laboral, Nº 639, pu-blicado en Gaceta Oficial Nº. 40.310 del06 de diciembre de 2013, mediante elcual están amparados los trabajadoresa tiempo indeterminado, los trabajado-res contratados por tiempo determina-do durante la vigencia de su contrato(Artículo 5), correspondiendo en prime-ra instancia el conocimiento de cual-quier irregularidad a la Inspectoría delTrabajo, para efectos de reenganche yrestitución de la situación jurídica in-fringida, sólo por el simple hecho de laexistencia de una relación laboral conla Administración Pública, toda vez quetal facultad forma parte precisamentede las prerrogativas con las que cuentael trabajador en materia de la defensade sus derechos para un posterior re-curso de nulidad administrativa.

Es decir, antes de apelar una reso-lución de la inspectoría ante los tribu-nales competentes, es necesario des-tacar que la Corte Primera de lo Con-tencioso Administrativo, en sentenciadel año 2011, con ponencia de MaríaEugenia Mata, estableció que el per-sonal contratado debe ser reengan-chado, mas no pasa a ser funcionariopúblico o funcionario de carrera, puessu condición de contratado persistiráen el tiempo, hasta que alguna cir-cunstancia, modifique dicho statusquo por lo que es necesario, que el em-pleado esté en su puesto de trabajo,hasta la emisión de una sentencia ple-namente firme.

De igual forma en sentencia de laSala Constitucional del Tribunal Su-premo de Justicia, de fecha 05 de di-ciembre de 2012, con ponencia del ma-gistrado Marco Tulio Dugarte declaraque si convocado y efectuado el con-curso público, la persona contratadano resulta ganadora, el cargo debe serocupado por la persona que efectiva-mente logró cumplir con el proceso deselección, culminando de esta formasu relación laboral con la administra-ción pública, amparándose en el artí-culo 146 de la actual Carta Magna. Enla misma sentencia el ponente reafir-ma: “los contratados pueden ejercerfunciones públicas, más no deben serconsiderados como funcionarios pú-blicos, dado que la única forma de in-gresar a la administración pública, espor vía del concurso público”.

A manera de reflexión, es evidenteque el actual corpus legal y jurispru-dencial venezolano, brinda un amplioradio de protección y beneficios socio-

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laborales al personal contratado porla administración pública, como partede su subsidiaridad con la legislaciónlaboral ordinaria, no obstante, es dedestacar que sufren una importanteexcepción, dado que su condición noconstituye una vía de ingreso perma-nente y de estabilidad absoluta, muya pesar, que el cumplimiento de susfunciones, permanencia, concurren-cia, y remuneración sean similares alas de los funcionarios públicos per-manentes y constituya en palabras deCaballero Ortiz (2008), una verdade-ra relación de empleo público, vulne-rando de esta forma, el principio deprogresividad e igualdad laboral, estosin contar la incertidumbre a la queestán sometidos.

Conclusiones

Una vez culminada la revisión delos postulados teóricos sobre la rela-ción del personal contratado con laadministración pública, y el marcolegal y jurisprudencial venezolanose derivan las siguientes conclusio-nes:

La relación entre contratado y ad-ministración pública es necesaria,dado que su incorporación, permitedar cumplimiento a las proyeccionesplanificadas en pro de la ciudadanía,realizando las acciones para las cua-les no exista el personal permanente asu cargo, con el perfil necesario paracumplirlas, más es irregular, en elsentido de que su estabilidad laboralno es absoluta, ni progresiva y de ca-rácter circunstancial.

El marco jurídico-institucional ve-nezolano instaurado en el año 1999,establece el trabajo como deber y dere-

cho ciudadano, asumiendo el Estadosu máxima protección, en relación a laadministración pública se constitu-cionaliza el concurso público como laúnica vía de ingreso a la función pú-blica.

La Ley de Estatuto de la FunciónPública, la legislación laboral ordina-ria y la jurisprudencia venezolana re-conocen que los contratados ejercenfunciones públicas, en el sentido es-tricto de la palabra, tanto en el debery grado de responsabilidad, más nolos consideran como funcionarios pú-blicos.

Esta problemática ya había surgi-do bajo la vigencia de la Constituciónde 1961 y durante la vigencia de laLey de Carrera Administrativa de1970, no obstante, la jurisprudenciade ese entonces, la resolvió estable-ciendo una serie de condiciones, con lafinalidad de equiparar la situacióndel personal contratado con la del fun-cionario público. Con el nuevo marcoconstitucional hubo un viraje en elcriterio jurisprudencial, alterando deesta forma el principio de progresivi-dad e igualdad laboral de los contrata-dos por la Administración Pública.

A pesar que la legislación laboralvenezolana, ampara de forma muyamplia a los contratados por la admi-nistración pública, es menester mani-festar, que su estabilidad es relativa,restringida a las condiciones del con-trato, circunstancial en su carácter,generando de esta forma incertidum-bre en su condición socio-laboral.

Es necesario que la administraciónpública venezolana, otorgue aperturaa los concursos públicos, incentivandoal personal que ejerce el cargo en

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cuestión a participar, con la finalidadde regularizar su condición laboralcomo funcionario público de carrera;en caso contrario se debe declarar lavacante, y dar celeridad a la convoca-toria, en aras de cubrirla en el menortiempo posible, con el propósito de dis-minuir la recurrencia de los contratos.

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