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Investigación: marcos, conceptos y herramientas | cátedra Vidal LECTURAS DE UNA PROFESIONALIDAD DIFERENTE EL ROL DEL ARQUITECTO EN LAS COOPERATIVAS DE VIVIENDA DE LA C.A.B.A DESDE LOS 2000 HASTA LA ACTUALIDAD Estudiante: Jennifer Ailén Choi Docente: Arq. Gabriela Sorda 2do cuatrimestre, 2017 – FADU-UBA

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Investigación: marcos, conceptos y herramientas | cátedra Vidal

LECTURAS DE UNA PROFESIONALIDAD DIFERENTE

EL ROL DEL ARQUITECTO EN LAS COOPERATIVAS

DE VIVIENDA DE LA C.A.B.A DESDE LOS 2000

HASTA LA ACTUALIDAD

Estudiante: Jennifer Ailén Choi

Docente: Arq. Gabriela Sorda

2do cuatrimestre, 2017 – FADU-UBA

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“Lecturas de una profesionalidad diferente” Página 1

Lecturas de una profesionalidad diferente: el rol del arquitecto

en las cooperativas de vivienda de la CABA desde los 2000

hasta la actualidad

Jennifer Ailén Choi, FADU-UBA

Resumen

Durante el periodo neoliberal en la ciudad de Buenos Aires, una alternativa ante la

disputa por el derecho a la ciudad la constituyeron las organizaciones sociales. La lucha

conjunta de los mismos permitió concretar una serie de instrumentos legales como la

ley 341/00, ejecutada en el año 2003 por el GCBA, dedicada a la organización colectiva

para la producción del hábitat. De esta forma se entiende a las cooperativas de

vivienda como una forma de poner en tela de juicio a los modos de habitar

naturalizados dentro del ámbito de la ciudad, sujetos a los lineamientos de la

propiedad privada o de las viviendas sociales de “llave en mano”.

En este marco se indagará sobre el rol del profesional arquitecto que participa en la

producción de viviendas a través de cooperativas teniendo en cuenta los diferentes

espacios de acción junto a una variedad de actores sociales. Siendo que la actividad

profesional está muy arraigada al mercado inmobiliario, esta especificidad del rol

profesional deviene desde la casa académica de formación hasta las dinámicas de

flujos de capitales, cuando en realidad el abanico de posibilidades tanto jurídicas como

ejecutivas es mucho más diverso. Asimismo, se analizará cómo este rol del arquitecto

de la gestión participativa influye en los criterios de diseño y en la espacialidad.

Entonces se pone en cuestionamiento ¿qué rol cumple el profesional arquitecto en las

cooperativas de vivienda? ¿En qué se diferencia del arquitecto “tradicional”? ¿Cómo la

producción social en torno a las organizaciones cooperativas influye en la formación

profesional del arquitecto? ¿Cómo se relaciona con los otros actores del proceso

autogestivo y qué relevancia tiene dentro de las instancias participativas? ¿Qué

criterios de diseño surgen a partir de esta dinámica alternativa?

A partir de una selección de casos de estudio se realizarán relevamientos in-situ con

observaciones no-participante en instancias de decisión colectiva así como entrevistas

a los diversos actores insertos en esta dinámica particular de producción de vivienda

social.

Palabras clave:

cooperativas de vivienda, autogestión, vivienda social, rol del arquitecto

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Objeto de estudio

El rol del arquitecto en la producción de viviendas sociales a través de cooperativas

dentro del marco de la ley 341/00 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Campo problemático

¿Qué rol cumple el profesional arquitecto en las cooperativas de vivienda?

¿En qué se diferencia del arquitecto “tradicional”?

¿Cómo la producción social en torno a las organizaciones cooperativas influye en la

formación profesional del arquitecto?

¿Cuál es su relación con los otros actores del proceso autogestivo y qué relevancia

tiene dentro de las instancias participativas?

¿Qué criterios de diseño surgen a partir de esta dinámica alternativa?

Estado de la cuestión

La acción popular, formada a través de diversas agrupaciones sociales y barriales, ante

el déficit agravante del acceso a la vivienda en la CABA durante los años 90 y en la

crisis 2001 ha dado lugar a la ley 341. Una herramienta dictaminada por el Gobierno de

la ciudad de Buenos Aires y presentada en la legislatura en el año 2000 pero recién

decretada en el 2003 que, ante la ausencia del poder ejecutivo nacional en promover

políticas de acceso a la misma, el Gobierno de la ciudad actúa como órgano financiero

a través del Instituto de la vivienda (IVC) para invertir en programas de autogestión de

viviendas. A partir de la creación de este instrumento legal, surgieron numerosos

estudios en torno a la dinámica de producción de vivienda a través de cooperativas.

El arquitecto Néstor Jeifetz, dirigente del equipo técnico interdisciplinario del

Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) y referente de la organización, centra sus

estudios en la importancia del poder popular para la construcción de ciudadanía y en

los aportes de las organizaciones sociales frente a las crisis habitacionales basándose

sobre la autogestión, la propiedad colectiva y la ayuda mutua.

“(...) la noción de autogestión es, centralmente, una noción de construcción de poder

popular o de construcción de poder de los que hoy no lo detentan. (...) Es una noción de

construcción de colectivos; de desarrollo organizacional en la perspectiva de ser parte

de procesos unitarios del campo popular, para transformar la actual realidad

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socioeconómica y cultural y construir una nueva realidad, donde el ser humano

recupere su capacidad de ser plenamente”. (Jeifetz, 2004: 12)

La doctora en ciencias sociales e investigadora del CONICET Carla Rodríguez realiza un

análisis exhaustivo de la ley 341 en sus diferentes planos ya sea dentro de su contexto

sociopolítico, sus antecedentes, su carácter y alcances y en su ejecución en diversos

casos de estudio.

Un aporte significante para el desarrollo del presente trabajo es la caracterización del

rol de las organizaciones cooperativas en el proceso autogestivo de producción de

social del hábitat ya que implica una transferencia de recursos públicos a las

organizaciones sociales, quienes participan activamente tanto en la administración

como en la ejecución de sus proyectos tomando decisiones en el diseño, planificación,

seguimiento, evaluación y redireccionamiento de programas y políticas (Rodríguez,

2009: 30). Sin embargo, sostiene que el IVC definió a las cooperativas “como figuras

transitorias destinadas sólo a la ejecución de las obras, promoviendo el dominio

individual una vez finalizadas las mismas, lo cual se asocia con la posibilidad de

transferir la cartera hipotecaria a sectores financieros privados“ (Rodríguez, 2009: 40).

Entonces se pone en tela de juicio si realmente estas organizaciones logran los

alcances de las políticas autogestivas frente a las restricciones burocráticas planteadas

en la misma ley 341/964, con parámetros que las limitan y potencian la figura de los

estudios de arquitectura con cierta capacidad logística, quienes tienen el mayor peso

en la toma de decisiones en cuestiones del proyecto. Se relegan a las cooperativas

meramente los movimientos administrativos limitando el concepto de autogestión a

gestión administrativa.

“En esta operación político-ideológica, las cooperativas autogestionarias de vivienda se

transformaron en un objeto de la gestión, intentando vaciar su carácter de sujetos

sociopolíticos.” (Rodríguez, 2009: 27)

La doctora en ciencias sociales e investigadora del CONICET Cecilia Zapata plantea en

su tesis de doctorado un análisis comparativo entre dos modos de producción de

vivienda social: la autogestiva y la de entrega “llave en mano”. Algunos de los hallazgos

a partir de su investigación fueron que los complejos desarrollados por el Programa de

Autogestión para la Vivienda tienen una mejor inserción en el entorno urbano por sus

posicionamientos no rupturistas con la trama, tipologías y escalas existentes, y que hay

una mayor apropiación por parte de los habitantes por haber sido partícipes directos

en la toma de decisiones del proceso de producción.

“(…) el impacto urbanístico de los complejos construidos fue bajo y favoreció la

renovación del tejido degradado de la ciudad. Incluso los proyectos cuya tipología

fueron edificios se insertaron en entornos barriales similares, habilitando una mixtura

de estas viviendas sociales con el resto de la trama urbana. Las escalas y características

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de estos complejos favorecieron, en consecuencia, la integración social de sus

adjudicatarios al entorno en el que se insertaron, habilitando un aprovechamiento

igualitario de las ventajas comunitarias y urbanas que posibilitó una buena localización

territorial (…) pero además, evitando o mitigando procesos de estigmatización social

por parte de los habitantes de los alrededores por el simple hecho de ser edificios de

vivienda social.” (Zapata, 2016:71)

En marco de la disciplina de la arquitectura, la Arq. Renée Dunowicz y el Arq. Fernando

Villaverán realizan un análisis de los antecedentes del cooperativismo (con focalización

en la cooperativa El Hogar Obrero) con una mirada que va más allá del análisis

historiográfico en términos cronológicos, focalizando la mirada en la manifestación

arquitectónica de la producción de viviendas. (Dunowicz y Villaverán, 2013).

Por otro lado, el Arq. Ariel Jacuvobich en la arquitectura de las organizaciones (2009)

analiza ciertas cuestiones de diseño arquitectónico en marco de las viviendas por

cooperativas. Introduce el concepto de umbral expandido como el definitorio de este

espacio de quiebre entre los límites prefigurados del espacio y cita a Simmel en cuanto

este se refiere a dos conceptos contrapuestos: el de puente y puerta. El puente como

herramienta reconciliadora de polaridades en conflicto que establecen las partes

intermedias y donde el umbral estaría representado por las cooperativas que son las

generadoras de este puente. “El puente da a los ojos la misma ocasión de ligar partes

del paisaje, como se la da a la realidad práctica de los cuerpos (…)” mientras que la

puerta “representa de forma decisiva como el separar y el lugar son sólo las dos caras

de uno y el mismo acto.” (Simmel, 1903) Esta polaridad muestra las diferentes clases

de apropiación de los seres humanos con respecto al paisaje circundante. Por un lado,

el espacio privado se presenta como límite definitorio cuya representatividad visual es

la puerta mientras que el puente, como articulación de paisajes diferenciados y sin

conectividad.

El autor debate el umbral expandido como una herramienta, dentro del marco de la

arquitectura, para resolver el problema de la construcción de viviendas no solo como

la resolución de una necesidad individual sino como la oportunidad de generar un

puente con lo público. “Ligar la arquitectura con la ciudad de esta forma, permite que

la arquitectura se vuelva no sólo un medio sino también una condición para el

surgimiento de la cosa pública.” (Jacubovich, 2009) Esta traducción del umbral

expandido a la producción del espacio formado por las cooperativas es sumamente

distinguido de la relación bivalente espacio dominante y espacio dominado. Este

espacio genera una especie de acuerdo con lo que rodea ya que invita a la población

circundante a hacer parte de la vida comunitaria que se genera.

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Relevancia

La elaboración del estado de la cuestión da cuenta de que abundan los estudios acerca

de la ley 341 enfocados desde una mirada sociológica, abarcando cuestiones de

autogestión, cooperativismo, efectos sociales en los participantes del proceso

cooperativo y del rol de las organizaciones sociales en el marco de la producción del

hábitat.

Sin embargo, es considerablemente menor la cantidad de estudios de las cooperativas

de viviendas actuales realizados desde la mirada de la disciplina arquitectónica. Por ese

motivo, se busca profundizar sobre la temática de la autogestión en marco de la ley

341 desde el rol del arquitecto y sus implicancias en la espacialidad para ampliar el

conocimiento de esta dinámica particular de acceso a la vivienda.

Marco teórico

Para el abordaje del estudio del rol del arquitecto dentro de las cooperativas de

vivienda, la noción de autogestión debe considerarse más allá de su definición como

mera forma de organización social que participa activamente en la totalidad de los

estratos de un proyecto (Antxon y Anjel, 2008; 11). En los análisis de la problemática

habitacional en la ciudad es necesario concebirlo desde la dimensión urbana y por lo

tanto su comprensión como instrumento de transformación de la realidad basado en

decisiones colectivas, logrando la construcción de ciudadanía y poder popular por

parte de los mismos habitantes para la consolidación de una nueva realidad

socioeconómica y cultural (Jeifetz, 2004: 12).

En el caso de la autogestión para la producción social del hábitat, implica una

transferencia de recursos públicos a las organizaciones sociales, quienes participan

activamente tanto en la administración como en la ejecución de sus proyectos

tomando decisiones en el diseño, planificación, seguimiento, evaluación y

redireccionamiento de programas y políticas (Rodríguez, 2009: 30). En la C.A.B.A, la

inscripción de las organizaciones como agentes activos en el desarrollo de las

soluciones habitacionales se desarrolla en el marco de la Ley 341/964, promulgada en

el año 2000 en base a lo desarrollado por las mesas de trabajo en las que participaron

ámbitos del gobierno (IVC) y organizaciones sociales cooperativas de hábitat.

La Ley 341 instrumenta políticas de acceso a la vivienda a hogares de escasos recursos

que estén estructurados en cooperativas, mutuales o asociaciones civiles sin fines de

lucro. En ella se establecen los principales lineamientos del otorgamiento de créditos

con garantía hipotecaria a favor del IVC, que estarán destinados a financiar total o

parcialmente la compra o construcción de viviendas económicas unifamiliares o

multifamiliares, las obras para la ampliación o refacción, o la compra de edificio y

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obras destinadas a su rehabilitación. También condiciona los requisitos para acceder a

este beneficio y determina prioridades para el otorgamiento, entre otras formalidades

(BOBCA, 2000). A partir de una modificación de dicha normativa por la Ley 964 se fijan

los montos adjudicados, las cuotas arancelarias y se establece que las organizaciones

solicitantes deberán acreditar la contratación de los equipos profesionales y/o técnicos

interdisciplinarios de las áreas social, contable, jurídica, de la construcción y de

cualquier otra área que haga a los fines de la Ley (BOBCA, 2003). Entonces, se detectan

tres actores principales en la implementación del programa: el Estado, el equipo

técnico de profesionales y las organizaciones sociales.

La Comisión de Control, Evaluación y seguimiento (CCES), órgano del IVC creado a

partir de la Ley 341, es quien implementa el Programa de Autogestión para la Vivienda

(PAV) mediante el cual el Estado ejerce la autoridad de la aplicación de la operatoria

como también en la adjudicación del crédito para la organización social que lo solicita.

A su vez adquiere el rol de supervisor articulando la interacción entre las

organizaciones sociales con el equipo técnico interdisciplinario, con un seguimiento

constante del proyecto.

Por otra parte, el equipo técnico interdisciplinario es contratado por la organización y

tiene como función principal asistirla para la concepción del proyecto habitacional, así

también como asesorarla en el diseño, la programación de costos, la utilización del

monto del crédito y la obra. Este equipo debe ser aprobado por la CCES y debe estar

inscripto en el Registro de profesionales y equipos técnicos que lleva el IVC (Brutto,

2009).

Finalmente, las cooperativas son las beneficiarias del programa, quienes se presentan

en comunidad para participar activamente mediante la autogestión en el

cumplimiento de su derecho a una vivienda digna, propia y de calidad. El término

“cooperativa” se entiende como una “asociación de adhesión libre y voluntaria, entre

personas que teniendo necesidades comunes (...) se unen para satisfacerlas a través de

la ayuda mutua y el esfuerzo propio. Presta servicios a sus asociados y a la comunidad,

sin fines de lucro y es gobernada democráticamente. Como entidad de bien público,

debe coordinar la defensa de los intereses de los asociados con la promoción del

desarrollo económico, social y cultural en su área de actuación” (Idelcoop, 1998).

Sin embargo, los medios de gestación de los proyectos realizados por este tipo de

producción social del hábitat aún tienen un carácter vinculado dentro de las lógicas del

mercado en los momentos previos a su realización ya que todo el vínculo comitente

como persona jurídica y profesional se mantiene a base de contrato profesional y en

este mismo están reglamentados todos los acuerdos establecidos por los diferentes

códigos (tanto el de edificación como el de ética). (Torres, 2016: 355)

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De esta manera, queda legitimado en la academia y en la institucionalidad como rol del

arquitecto “tradicional” a aquel inserto dentro de la tríada de relaciones entre el

comitente, la empresa constructora y el desarrollador intelectual de la obra; ya sea

cumpliendo el papel de jefe de obra, director de obra, conductor de obra,

representante técnico, inspector de obra, entre otros. La producción de viviendas en

este marco no se realiza a través de un trabajo de cooperación y de autogestión sino

que predominan los vínculos contractuales y las comunicaciones a través de notas de

pedido y órdenes de servicio.

Objetivo general

Analizar el rol del arquitecto profesional en el proceso de producción de viviendas

autogestivas a través de las cooperativas de la ley 341.

Objetivos particulares

Diferenciar los roles del arquitecto “tradicional” y el arquitecto de la dinámica

cooperativa.

Analizar la relación entre el arquitecto y los diversos actores participantes en el

proceso autogestivo según lo establecido en la ley 341/946.

Indagar sobre los criterios de diseño y espacialidad en los que se basa el arquitecto en

la producción de viviendas sociales a través de cooperativas.

Hipótesis

El rol del arquitecto dentro de la dinámica de producción de viviendas a través de las

cooperativas tiene un nivel de complejidad diferente al rol del arquitecto de formación

profesional “tradicional” al enmarcarse dentro de un proceso de participación

colectiva junto a los futuros habitantes, adquiriendo el papel de “traductor” más que

de “creador”.

Al no estar sometidas bajo las necesidades impuestas exclusivamente por el mercado,

las viviendas por cooperativas devienen en cualidades arquitectónicas y espaciales

fuera de lo convencional dentro del marco de las viviendas colectivas, generando una

real apropiación por parte de los usuarios.

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Metodología de trabajo

Se realizará un estudio y selección de tres casos de cooperativas de vivienda como

mínimo para poder realizar un análisis comparativo entre las mismas. Una vez

definidos, se llevarán a cabo las siguientes metodologías de trabajo:

1) Entrevistas a informantes claves

Se realizarán entrevistas a diversos actores sociales dentro de las diferentes

dinámicas de producción de viviendas para poder distinguir los roles del

arquitecto existentes.

También se entrevistarán a los actores de los casos de cooperativas

seleccionadas enfocando sobre la temática de proceso de producción

autogestiva, la toma de decisiones colectivas una vez terminada la obra,

nociones espaciales y cuestiones vivenciales.

2) Observación no-participante en instancias de decisión colectiva

La observación presencial sin voz ni voto en asambleas, reuniones y/o cualquier

otra instancia de decisión colectiva permitirá el conocimiento de cómo se

relaciona el arquitecto con los otros actores de la cooperativa sin influir en la

dinámica de trabajo auténtica.

3) Relevamiento in situ de los edificios

El relevamiento in situ de los casos de estudio definidos se realizará en base a

tres ejes de análisis: constructividad, espacialidad y operaciones de diseño. Se

utilizará el relevamiento fotográfico como medio para constatar dicho análisis.

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Cronograma

Tareas a realizar Meses del 1er año

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Revisión y profundización de la bibliografía

Evaluación, selección, definición y justificación de los casos de estudio

Entrevistas a actores sociales dentro de las dinámicas de producción de vivienda (mercantil y autogestiva)

Observación presencial en asambleas y reuniones de los casos de estudio (instancias de decisión colectiva)

Elaboración de informes parciales de avance de la investigación

Elaboración del informe final del 1er año

Tareas a realizar Meses del 2do año

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Relevamiento in situ de los casos de estudio

Relevamiento fotográfico de los casos de estudio

Entrevistas a los actores de los casos de estudio específicos

Análisis morfológico-espacial de los casos de estudio

Procesamiento de datos hallados y conclusiones de cada caso en particular

Puesta en común de los resultados obtenidos en los casos

Elaboración de informes parciales de avance de la investigación

Elaboración de informe final del trabajo y difusión de los resultados

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Fuentes primarias

BOCBA. (Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires). 2000. Ley N° 341, sancionada el 24/2/2000 y promulgada el 16/3/2000. Publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad N° 928 el 24/4/2000.

BOCBA (Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires). 2003. Ley N° 964, sancionada el 5/12/2002, promulgada el 30/12/2002. Publicada en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires N° 1606 el 10/1/2003.

Entrevistas a los diversos actores sociales participantes tanto en la producción

autogestiva del habitar como en la mercantil.

Documentación gráfica de los casos de estudio a analizar.

Trabajo de campo: observación in situ y relevamiento fotográfico de los casos de

estudio.

Observación presencial de asambleas y reuniones de las cooperativas de vivienda

seleccionadas.

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