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Las paradojasHarald Waxenecker

Marisol GarcésQuimy De LeónAndrea Ixchiú

Guatemala, septiembre de 2015

Fotos: Prensa Comunitaria

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IntroducciónEs necesario iniciar con una reflexión,insistiendo que la crisis política en Guatemala, esen una crisis política de larga data y relacionadacon la constitución de un orden democráticoestructuralmente distorsionado. En el contextonacional persisten actores y factorespredominantes y corresponsables entre sí, quehan moldeado un status quo asimétrico yexcluyente desde hace décadas, y considerandola exclusión histórica, se puede decir desdecenturias. La crisis política no es de ahora.

También es pertinente continuar con otrareflexión, reafirmando –en palabras de LuisFernando Mack (2006: 26)-, que “estamos lejos deentender las dinámicas políticas ocultas”.Ciertamente, durante los últimos meses se hanconocido casos concretos que aportan nuevaspiezas para completar el complejo rompecabezasde la realidad guatemalteca, y el trabajorealizado por la CICIG y el MP ha sido y esdecisivo. Poca gente sabía antes del 16 de abril,lo que sabe hoy. Y este conocimiento nospermite ver la realidad del país de una forma

distinta, y movernos entonces de forma distinta.

Adicionalmente, una consideración. El presenteanálisis tuvo como punto de partida laindagación sobre el entorno y el contenido de la

reforma política a la Ley Electoral y de PartidosPolíticos (LEPP), y sin duda, se impuso lanecesidad de entretejer la temática con otrasvariables del pasado y el presente: la transicióndemocrática, las elecciones, las redes ilícitas, losantejuicios, las acusaciones, los tiempos y loscálculos políticos, las (de)presiones, los golpes deEstado, los amparos, las protestas sociales y laselites, entre muchos otros. Pero, ¿cuál es elfactor principal en la coyuntura actual? – Esainterrogante no puede tener una respuesta única,veraz y simple, ya que los distintosacontecimientos y los diversos actores seentrelazan de manera compleja.

Existe por tanto el riesgo de no llegar a ningunaparte. Pero quizá lo importante no es llegar, sinohacer de nuevo el recorrido por estaimpresionante coyuntura de los últimos meses,tratando de reconstruir hechos, fechas, actores yacontecimientos para ordenar pensamientos einterpretaciones, y sobre todo, para provocarnuevas interrogantes. Las respuestas seencontrarán, -en todo caso-, de manera colectiva.Serán diversas y serán elaboradas en losvaivenes de una coyuntura aún más descomunal.Una tarea compleja.

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1. Los meses recientesLa segunda mitad de Abril 2015. La Línea. LaDos. El mero mero. Indignación. La prórroga deCICIG.

El mes de Mayo 2015. Convocatoria. Bufete dela impunidad. La renuncia. IGGS-Pisa.#RenunciaYa. #NoLeToca.

La primera mitad de Junio 2015. #ReformaYa.Mesas de trabajo. Antejuicio OPM. #RenunciaYa.

Hasta la primera quincena de junio 2015, elLegislativo intentó deslindarse de la coyuntura yde la responsabilidad en hechos de corrupciónque habían desencadenado la crisis política. Lamayoría de diputados, salvo contadasexcepciones, apostaron por salvaguardar el statusquo y sus negocios, aunque de forma pública seposicionaban como defensores de la democraciay la institucionalidad.

La renuncia de la vicepresidenta Baldetti fuetramitada con las formalidades del caso,mientras el nombramiento de su sustitutorequirió de varios intentos para poner en “orden”el orden constitucional. Todo ocurre en clavespositivistas, -es decir intentando convencernosque el sistema y la institucionalidad funcionaba-,y que aquello del orden, -pese al desorden-, sevolvería una cuestión del orden por el orden ensí mismo. Todavía, el 27 de mayo se celebró congrandilocuencia las tres décadas del ordenconstitucional.

El TSE ya había convocado a elecciones generalespara el 6 de septiembre. Los partidoscontrincantes continuaban, -con ciertascautelas-, su orden del día: mítines, promesas,regalos, vallas, anuncios, señalamientos mutuos,inscripciones, etc. En fin, candidaturas van ycandidaturas vienen.

Algunas se levantaron y otras se desmoronaron.En efecto, el tablero electoral se reajustó: el PPse hundió, LIDER le declaró la guerra al#NoLeToca, y los demás se están disputandoalgunas nuevas trincheras. La mayoría delegisladores ya había culminado sus

negociaciones para encauzar su propiareelección.

Tras los reclamos ciudadanos y las presiones(inter)nacionales, el Congreso instaló mesas detrabajo para la reforma del Estado,desempolvando entre otros el tema de la LeyElectoral y de Partidos Políticos (LEPP). Todo concautela para no arriesgar el orden constitucionaly no alterar el orden de sucesión política. Los“jueves de CICIG”, la prórroga del mandato deesta comisión internacional y la “voz de Iván” yarepresentaban suficientes perturbaciones paralas redes del poder, pues, entre los personajesacusados, capturados y enjuiciados seencuentran políticos, altos funcionarios,empresarios, ex militares, abogados, y jueces,entre otros.

El círculo de poder alrededor de Otto PérezMolina (OPM) se desplomó: Baldetti, Sinibaldi,Monzón, Rodríguez, López Bonilla, Muadi,Archilla, y en junio seguiría también Martínez.Este círculo, -que nunca fue homogéneo encercanía y motivos-, expresaba la amalgama defracciones que influyeron en el gobiernopatriota: se puede comprender a partir de laseparación en actores partidarios (p.e. Baldetti,Sinibaldi, López Bonilla, Martínez) y figurasextrapartidarias (p.e. Muadi, Archilla).

Los actores partidarios se pueden entender enclaves de organizador vertical1, recaudador2 y/oestratega electoral; mientras las fuerzasextrapartidarias tienen fuertes vínculossectoriales. Precisamente esta última es otraforma de analizar el círculo de poder: el sector

1 “Por un lado, las atribuciones legales del Comité EjecutivoNacional (CEN) de un partido político corresponden a undiseño centralizado y vertical (ver Lemus, 2012: 15), quepermite un alto grado de decisiones no democráticas desde elreferido órgano central sobre cuestiones estratégicas como laorganización, la afiliación y la proclamación de candidaturas,entre otras. Y por otra parte, la integración del CENcorresponde también a la integración de un círculo deconfianza alrededor del liderazgo principal” (Waxenecker,2015: 16).2 “Uno de los actores determinantes en el financiamientoprivado de la política es el recaudador, quien actúa en losdistintos niveles de la competencia política —nacional,distrital, y local— y moviliza fondos, según sus contactoscon élites empresariales, proveedores del Estado, donantesque prefieren mantener el anonimato y estructurascriminales“ (CICIG, 2015: 77).

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militar (Monzón, Rodríguez, López Bonilla), elsector empresarial (Sinibaldi, Muadi, Archilla), laclase política (Baldetti, Martínez), y los cuerposclandestinos/paralelos (las acusacionesformuladas por CICIG/MP señalan al menos aBaldetti, Monzón, Rodríguez y Martínez).

Sin duda, aún es un cuadro parcial 3 . Peroempieza a dibujarse una red compleja eintersectorial, que abarca desde lo partidario a loextrapartidario, desde el sector público al sectorprivado y desde los ámbitos legales a los ilegales,y cuyos hilos de poder conducen hacia OPM. El20 de agosto con las pruebas vendrá después.

La indignación ciudadana iba en aumento, y yapara entonces se sentía en los aires del poder unainnegable preocupación por la direccionalidad yla profundidad de los cambios al ordenestablecido 4 . Mantener a OPM en su puestoparecía favorable para algunos sectores de poder,y el antejuicio promovido en su contra porAmílcar Pop empezó su errática tramitación porlos corrillos de los amparos, las negociaciones ylos cálculos políticos.

En estos dos meses, el Legislativo mantuvo perfilbajo, desvinculándose de la corrupción, pero singozar de legitimidad. Todo esto hasta que lasacusaciones de corrupción y negocios ilícitostocaron la puerta del Congreso; de ahí enadelante fue cerrar filas y “sálvese quien pueda”.

3 Esa argumentación inicial se construyó solamente sobre labase de las figuras políticas que han sidodenunciadas/capturadas o que han renunciado al gobiernoy/o partido en los meses de abril a junio de 2015. El análisispartidario y sectorial debe profundizarse, especialmente en elámbito político donde resaltan personajes claves en lonacional (Valentín Gramajo, Otto Pérez Leal, MichelleMartínez, Oliverio García Rodas, Luis José Fernández,Alexander Castillo, Gudy Rivera, etc.) y lo regional (Iván yEdgar Arévalo, Ronald Sierra, Arístides Crespo, EstuardoGaldámez, Emilenne Mazariegos, José Cojtí, etc.).4 “…el peso de la unipolaridad y los fantasmas del gloriosopasado se perciben en el ambiente, tratando de conducir porlos senderos de la amnesia hacia una regresión sui generis:un pacto de renovación democrática acordado entrefracciones de la elite militar, empresarial y política guiadaspor las iniciativas de «La Embajada».” (Waxenecker, 2015:40). Esta cita hace referencia a un análisis de EdelbertoTorres-Rivas (2010: 3) sobre las complejidades de los pactosde poder que condujeron en la década de 1980 a lademocratización en Centroamérica.

La segunda mitad de Junio 2015. La voz deIván. Antejuicios. Hichos. Muadi. Caso PNC.

El mes de Julio 2015. ¡Más antejuicios! Otra vezla voz de Iván. Más diputados y un alcalde. Lared. Lavado y política. Chico dólar y elvicepresidenciable. Antejuicio contra 2diputados. Financiamiento ilícito.

En la segunda quincena de junio y durante elmes de julio, el peso de las acusaciones arrastrótambién al Organismo Legislativo hacia elepicentro de la crisis política. Aquel aparentellamado a la salvación del orden nacionalenmudeció y la voz que reclama antejuicios seha convertido en la pesadilla que recorre elpalacio legislativo.

Pedro Muadi, Manuel Barquín, Mirza Arreaga,Luis Chávez, Baudilio Hichos, Jaime MartínezLohayza, Mario Gerardo Yanez, Mario Rivera yArnoldo Medrano 5 han sido acusadosformalmente por el Ministerio Público (MP) y laCICIG por una amplia gama de delitos, entreéstos: enriquecimiento ilícito, lavado de dinero,tráfico de influencias, abuso de autoridad,concusión, fraude, asociación ilícita,financiamiento electoral ilícito y peculado.

La fragilidad y volatilidad del sistema políticoguatemalteco se expresa en ciclos de vida cortosde los partidos políticos, y desde 1986 se registraal menos tres diferentes generaciones departidos. Prácticamente todos los partidosactuales se consideran parte de la tercerageneración (Véase: Sáenz, 2007/Waxenecker,2015). “Conforme los diputados y diputadas hanacumulado poder propio, el relacionamientoentre esta figura regional y los partidos políticos,-en su forma de marca electoral-, se puedecomprender a partir de un intercambio electoral-mercantil de doble vía entre polos de poder”(Waxenecker, 2015: 19), y con ello se normaliza ladinámica de reelección y transfuguismo en elCongreso.

5 Arnoldo Medrano es alcalde del municipio de Chinautla deldepartamento de Guatemala. Ha construido un red deinfluencia local, cuyos tentáculos alcanzan también elLegislativo.

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Ese antecedente es clave para analizar lasimplicaciones políticas de los antejuiciosplanteados contra al menos ocho legisladores, delos cuales pertenecen siete al partido LibertadDemocrática (LIDER). Asimismo, se ha solicitadoantejuicio contra un alcalde y elvicepresidenciable de ese partido. Es decir, juntoal Legislativo también la organización políticaencabezada por Manuel Baldizón se ha colocadoen el epicentro de los escándalos. El argumentoque LIDER es víctima de un “ataque político o dela judicialización de la política” cae por supropio peso al revisar el historial político de laspersonas señaladas: DCG, FRG, GANA, PSN, UCN,MR, UNE, PP y LIDER. Las actuaciones ilícitas sehan cometido bajo cualquier bandera partidaria,y en conjunto, no queda color ni compadrazgopolítico fuera del radio de operaciones de estasfiguras políticas. No se trata de un ataque contraun partido, sino de antejuicios contra redesilícitas, que negociaron sus candidaturas con elpartido LIDER para lograr su reelección enseptiembre de 2015.

El informe “El Financiamiento de la Política enGuatemala”, presentado por la CICIG, profundizasobre la implicación de legisladores en lasesferas ilícitas: “Las redes políticas que seconstruyen en torno a algunos alcaldes ydiputados distritales son el elementoconstitutivo y, en buena medida, explicativo delsistema político guatemalteco: permitenarticular la política local con la nacional, son lapieza central para el financiamiento ilícito de lapolítica y, a la larga, han posibilitado lacontinuidad del sistema. Estas estructuras (...)constituyen redes político-económicas ilícitas(RPEI) de carácter regional” (CICIG, 2015: 26).

Se da a entender que no se trata de casosaislados, sino de un fenómeno sistemático. Lainfiltración del Congreso por redes ilegalesafecta la legitimidad y la legalidad de uno de lospilares fundamentales del sistema político y sepuede hablar de una distorsión ilícita de lademocracia.

“Esta paradoja se presenta en Guatemala de unamanera especialmente compleja en la coyunturaque se vive desde abril de 2015, tras conocersepúblicamente de varias estructuras decorrupción que operaron en y desde los niveles

más altos del Estado. Por un lado, lasmodificaciones legales e institucionales, -necesarias para el fortalecimiento de lademocracia-, pasarían en este momento por unOrganismo Legislativo cooptado por las RPEI, ypor ende, el resultado estaría inevitablementemediado por los intereses particulares de lospoderes de facto y carecería de legitimidad (yposiblemente también de legalidad). Por otraparte, el país se acerca a un proceso electoral ymás del 80% de diputados y diputadasparticipará para reelegirse, incluyendo lasfiguras principales de los GdPR6. De esta cuenta, -al realizarse los comicios en las condicionesactuales-, la mayoría de estos grupos regionaleslograrían prolongarse en su ejercicio de poder,habiendo encontrado cobijo en los partidospolíticos de la tercera generación. Por ende,Guatemala está ante la disyuntiva de laperpetuidad de las RPEI o una reformademocrática y legítima” (Waxenecker, 2015: 39).

Las paradojas están planteadas.

6 Grupos de Poder Regional (GdPR). Véase: Sin autor,2011/Waxenecker, 2015.

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2. Los tiempos políticos

La ampliación del epicentro de la crisis modificóel rol de las fuerzas legislativas, y desde esteángulo interesan los tiempos y cálculos políticosen relación a la reforma de la LEPP y de cara a laselecciones generales próximas.

Hasta ahora, los ciclos de cambio político habíansido largos.

El ejército fue el Estado durante décadas (véaseTorres-Rivas, 2013) y apenas en los ochenta segestaron las condiciones hacia un cambiodemocrático. Pero no puede sostenerse el relatomítico del orden defendido, sino “con el golpe deEstado de 1982, Estados Unidos intentó cerrar elciclo que la operación éxito (PBSUCCESFULL)abrió, cuando a las 21:15 horas del 27 de junio de1954 el presidente Jacobo Arbenz Guzmánanunció su renuncia en cadena radial. (…) Es éstauna verdad con menos brío, menos presentable:la democracia y el orden burguéscontemporáneo tienen como punto deemergencia una operación encubierta” (Vela,2007: 398).

En todo caso, ese paso democrático demandó otrogolpe de Estado, -el 8 de agosto de 1983-. “Esteotro gobierno de facto emitió la Ley Orgánica delTribunal Supremo Electoral (decreto ley núm.30-83), la Ley del Registro de Ciudadanos(decreto ley núm. 31-83) y la Ley deOrganizaciones Políticas (decreto ley núm. 32-83). Estos actos fueron complementados el 19 deenero de 1984 por la convocatoria a eleccionespara la Asamblea Nacional Constituyente(decreto ley núm. 3-84) (…) El jefe de Estadoinstaló la Asamblea Nacional Constituyente el 1°de agosto. Aunque la nueva Constitución entróen vigor hasta enero de 1986, se promulgó el 31de mayo de 1985. La democracia estaba en flor, laguerra continuó” (Vela, 2007: 400).

Ese contexto específico “da nacimiento alDecreto 1-85 mejor conocido como Ley Electoraly de Partidos Políticos; la primera de 40 leyesentregadas a la Asamblea NacionalConstituyente, derogando las disposicionesanteriores en materia electoral” (Mateo Tojín.

En: USAC, 2014: 27).

Esa ley, -pensada en términos de una democraciacontrainsurgente-, recibió un impulso de reformatras la firma de la paz en diciembre de 1996. “En1997 se integra la Comisión de Reforma Electoral(CRE), con la participación del TSE, los partidospolíticos y la sociedad civil. El informe elaboradopor la CRE, denominado “Guatemala, Paz yDemocracia”, fue presentado por el TSE alCongreso de la República en 1998. De 1998 a 2004el proceso tuvo avances, retrocesos,estancamientos y especialmente unamodificación profunda de las reformasplanteadas en el informe presentado por la CRE.Finalmente, el Congreso de la República aprobóel 21 de abril de 2004, el Decreto 10-04 quecontiene 152 reformas a la LEPP”7 y dos añosdespués se aprobaron reformas de armonización(Decreto 35-06 del Congreso de la República).

Pese a esas reformas, en Guatemala se consolidó“un sistema democrático unipolar fraccionado,integrado por múltiples fuerzas particulares ycoyunturales (la tercera generación de partidos),que se disputan el predominio político demanera paralela o al margen de poderesextrapartidarios, los cuales operan de facto desdelo legal-formal hasta lo ilegal-informal. En otraspalabras, unipolar desde el punto de vista de lacontinuidad del status quo, y fraccionado por ladisputa y la interacción de poderescomplejamente entrelazados. Se conformó unsistema político dependiente y sin contrapesos,cuyo manejo de poder real se despliega desdecomplicadas zonas grises y se constituye engarante del status quo” (Waxenecker, 2015: 14).

Desde 2011, se “definió un nuevo proceso dereforma en tres etapas: el primer paso fue ladeliberación con partidos políticos; el segundopaso fue un diálogo con el Tribunal SupremoElectoral, para identificar las áreas que enopinión de esta institución, deben serreformadas y modernizadas; el tercer paso loconstituyó la creación de espacios para escuchara la sociedad civil” (Mateo Tojín. En: USAC, 2014:30).

7 Plaza Pública, Reformas electorales: un callejón sin salida,26 de febrero de 2012

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La Comisión Específica de Asuntos Electoralesdel Organismo Legislativo “recibió laspropuestas de los actores no institucionales, conlas cuales se produjo la Iniciativa de Ley 4783 delCongreso de la República…“ (Novales, 2014: 25-26), la cual fue aprobada en dos lecturas y cuentacon la opinión consultiva de la Corte deConstitucionalidad (CC). Su contenido esexpresión de negociaciones de poder; queadicionalmente fue alterado mediante un sinfínde enmiendas por influencia del cirulo alrededorde Roxana Baldetti, y los partidos mayoritariosen el Congreso (PP y LIDER) bloquearon encorresponsabilidad su avance. El proceso sedesvirtuó. Los tiempos políticos se estancaron yno hubo reforma.

La Convergencia Nacional para la ReformaPolítica (CONAREP), -que ha participado en elproceso de discusión de reforma-, advierte en laactual coyuntura que la iniciativa 4783“contempla algunas de las propuestas [de lasociedad civil], pero excluyó la gran mayoría delas mismas, especialmente algunos puntosmedulares para garantizar la democratización ytransparencia de las instituciones políticas y elfortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral(…) esta iniciativa NO responde a las demandas yal clamor ciudadano, expresado de manera claray directa en las movilizaciones realizadasdurante abril y mayo en el país.”8

El 16 de abril de 2015 marca un punto deinflexión en los tiempos políticos.Desde mayo se exige #ReformaYa!

El conocimiento público sobre las redes decorrupción que operan en y desde el Estado, lasmanifestaciones públicas de la ciudadanía y laspresiones internas y externas apresuraron lostiempos políticos:9

10/05 Congreso acepta renuncia de Baldetti ypide terna para elegir a nuevoVicepresidente de la República.

15/05 Congreso elige como Vicepresidente dela República al magistrado AlejandroMaldonado Aguirre.

8 CONAREP, Pronunciamiento público, 28 de mayo de 2015(http://incep.org/2015/06/conarep-pronunciamiento-publico/)9 Cronología reconstruida en base a titulares del OrganismoLegislativo (www.congreso.gob.gt)

27/05 Congreso celebra XXX. aniversario de laCarta Magna.

28/05 Congreso instalará mesas de trabajopara reformar ley electoral, sectorjusticia, servicio civil y contratacionesdel Estado.

29/05 TSE entrega al Congreso proyecto dereformas a la ley electoral.

04/06 Presidente Luis Rabbé instala mesas detrabajo para el fortalecimiento delEstado y la democracia.

11/06 La mesa de trabajo sobre reforma a laLEPP quedó instalada oficialmente.

13/06 Congreso integra Comisión Pesquisidoraque conocerá antejuicio contra OPM

25/06 Mesa de reformas a la ley electoralconcluye recepción y discusión depropuestas.

26/06 Manifestantes bloquean puertas delCongreso e impiden ingreso dediputados.

26/06 TSE entrega proyecto de reformas a laLey Electoral y de Partidos Políticos.

01/07 Finaliza proceso de análisis y discusiónde la mesa de reformas de la LEPP.

02/07 Mesa técnica de reformas a la leyelectoral da a conocer contenido depropuesta final.

03/07 Congreso elige a magistrado titular de laCC y a integrante de Pesquisidoracontra Otto Pérez Molina.

07/07 Entregan propuesta de reformas a la LeyElectoral y de Partidos Políticos.

08/07 Unión Europea reafirma apoyo aCongreso y saluda integración demesas técnicas.

13/07 Representantes de organizacionessociales solicitan aprobación urgentede reformas a la LEPP.

16/07 Congreso conoce iniciativa de reformasa la Ley Electoral y de PartidosPolíticos.

16/07 Comisión de Asuntos Electorales iniciaanálisis del proyecto de reformas a leyelectoral.

22/07 Comisión específica dictamina a favor delas reformas a la LEPP y la discusión setraslada al pleno.

24/07 Diputados conocen en primera lecturareformas a la ley electoral.

30/07 Se aprueba reforma electoral ensegunda lectura.

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Desde principios de junio, el Congreso instalóuna mesa de trabajo para la reforma de la LEPP.En esa coyuntura, la Universidad de San Carlos(USAC) convocó a diversos sectores de lasociedad para integrar la Plataforma Nacional parala Reforma del Estado (PNRE), y con el respaldo deaproximadamente 95 organizaciones seconstruyó una propuesta de reforma a la LEPP.Sin embargo, la USAC no usó su derecho apresentar esta propuesta de reforma, pues lacorrelación de fuerzas para hacer pasar lasreformas en el legislativo se volvía complejo, ydesde la Plataforma se decide apoyar lapropuesta del TSE para que tuviera más peso yfueran aprobadas las reformas mínimas.

El TSE “presentó la iniciativa de ley a la cual se leasignó el número de registro 4974, que disponeaprobar reformas para el fortalecimiento delrégimen político electoral del Estado deGuatemala, al pleno del Congreso de la Repúblicael 26 de junio de 2015, la cual fue enviada a laComisión Específica de Asuntos Electorales[CEAE] el 15 de julio de 2015 para suconocimiento y dictamen.”10

Hubo confluencia y también discrepancia.

Se coincide ampliamente en la necesidad dedemocratizar el sistema de partidos políticos, defomentar la participación paritaria de mujeres yproporcional de pueblos indígenas, de controlary restringir el impacto del financiamientoprivado e ilícito, de regular el acceso a medios decomunicación, y de reducir la impunidadelectoral, entre otros.

La temporalidad de la aplicación de las reformasfue quizá el mayor factor de divergencia.Formalmente, ese punto es regulado por elartículo 256 de la LEPP, que establece que“cualquier reforma que se haga a la presente ley,después de haberse convocado a un procesoelectoral y antes de que se conozca su resultadoo que los electos tomen posesión de sus cargos,no será aplicable a dicho proceso.”

10 Comisión Específica de Asuntos Electorales, Congreso dela República: Dictamen No. 01-2015. Iniciativa Número4974 de Dirección Legislativa; 22 de julio de 2015.

El TSE, el CACIF y la mayoría de los partidospolíticos, -entre otros actores-, defienden laaplicación del marco legal actual (sin reformas)al proceso eleccionario en curso, y por ende,también la realización de los comicios generalesel 6 de septiembre. En cambio, la PNRE presentósu planteamiento de reforma “con la intenciónprimigenia para que, las modificaciones seanvinculantes en las elecciones democráticas deeste año.”11

Al margen de algunas interpretaciones sobreintereses particulares, no solamente se tratabade la modificación del calendario electoral, sinode una disyuntiva de fondo que hubiese podidogenerar condiciones para remediar una de lasparadojas planteadas inicialmente: la depuraciónde los partidos y de organismos de Estado(especialmente el Congreso y del Ejecutivo) de lainjerencia de redes ilícitas, mediante un nuevomarco legal y la redefinición de la participaciónelectoral en 2015. Sin embargo, otra paradoja loimpide: los partidos de tercera generación y lasRPEI mismas influyen sobre el proceso dereformas en el Congreso.

Para cuando la comisión específica inició suanálisis, el epicentro de la crisis había sacudidoel Palacio Legislativo. Las preocupacionescambiaron. La CEAE negoció la iniciativa 4794 yla diligencia se alargó. La comisión legislativaemitió dictamen el 22 de julio, y el pleno(evidentemente incompleto) del Congreso diotrámite en dos lecturas a la iniciativa 4974, el 24y 30 de julio, respectivamente. El 13 de agostovendrá después.

En nombre de la ley y el orden quieren eleccionessin reformas. Es cuestión de cálculos políticos.

En las manifestaciones pacíficas se mantiene laconsigna: “En estas condiciones, no queremoselecciones”.

Es expresión misma de una paradoja.

11 Cano, Carlos Ernesto (Prensa Comunitaria): PlataformaNacional para la Reforma del Estado convocada por laUSAC, 02 de julio de 2015

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3. La 4794 y los cálculospolíticos

Los cálculos políticos no definen exclusivamentelos tiempos, sino también los contenidospolíticos. En esa coyuntura interesan algunascontradicciones fundamentales en el contenidode la iniciativa 4974. ¿Qué estátramitando/retrasando el Congreso en estosmomentos?

En primer lugar, es necesario ahondar ladiscusión sobre la disyuntiva de la aplicabilidadde las reformas electorales y la problemáticasobre la perpetuidad de actores y factores depoder en el sistema político guatemalteco.

En diversos análisis se ha resaltado la dinámicade transfuguismo y reelección en el Congreso dela República, y la CICIG ha aportado el conceptode redes ilícitas para la comprensión delfenómeno.

Las RPEI son “lideradas por lo que la prensa hadenominado como «señores feudales» o«caciques»” y “han constituido estructurascomplejas en torno a algunos diputadosdistritales (…) [que] puede[n] pasar, según suconveniencia, de un partido a otro, utilizando losrecursos públicos para financiar la estructura yenriquecerse.” En este contexto, el “partido esvisto como un vehículo temporal para llegar aun cargo de elección, y ya en el ejercicio delmismo no se tendrá lealtad alguna hacia elpartido, sino se buscará aquel instrumento queles permita la reelección. Esto explica en parte elexcesivo transfuguismo parlamentario y lafluidez del sistema de partidos” (CICIG, 2015: 26,28, 106).

Ante esta realidad y debido de la complejidad dela reforma del artículo 256 (de ordenconstitucional), la PNRE planteó la derogacióndel último párrafo del artículo 201 del Decreto1-85, que establece la realización de la primeravuelta electoral el primero o segundo domingodel mes de septiembre del año correspondiente.Esa reforma debía tener vigencia inmediata.

Esa propuesta de modificación del calendarioelectoral hubiese abierto la posibilidad a larealización de las elecciones en un marco demayor transparencia y democraticidad, dado quelas reformas al artículo 214 de la LEPP (en laspropuestas del TSE y de las mesas de trabajo)incluían también criterios para la evaluación delperfil de candidatos: calidad, idoneidad,honorabilidad, honradez, y declaración públicade bienes, entre otros. Asimismo, se solicitóvigencia inmediata para modificaciones de losartículos 205 y 206, estableciendo límites a lareelección y el transfuguismo de diputaciones ycorporaciones municipales.

En otras palabras, se propuso otra vía para lacreación de condiciones democráticas antes dela realización de los próximos comicios,contribuyendo al desmantelamiento de “unfenómeno sistemático de incrustación de RPEIen uno de los organismos centrales del sistemademocrático, -el Congreso-, extendiendo susredes e influencias desde y hacia lainstitucionalidad local en casi todo el país”(Waxenecker, 2015: 39).

Es una de las esencias de las demandas de#ReformaYa!

En cambio, la Comisión Específica de AsuntosElectorales (CEAE) del Congreso de la Repúblicase limitó a incluir en la iniciativa 4974 reformasa los artículos 205, 205 bis, 205 ter y 206, queestablecen una restricción de reelección a unperiodo para diputaciones y corporacionesmunicipales, así como algunas prohibicionestemporales al transfuguismo por un plazo de 3

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años12 a partir de realizada la elección. Asimismo,excluyó en gran medida las modificaciones sobreel perfil de candidatos del artículo 214.

Desechada fue también la reforma del artículo201, y la CEAE dispuso que las reformasentrarían en vigencia a partir del 16 de enero de2016. Es decir, las reformas no aplicarían a laselecciones generales del presente año.

Adelantando futuras interpretaciones y posiblesimpactos de estas tímidas reformas a la LEPP, seestaría ante una situación que posibilita (conciertas restricciones temporales altransfuguismo) la continuidad de las RPEI porvarios años en el Congreso. Los integrantes delas RPEI que logren reelegirse en 2015 no lohabrán conseguido en el marco de las reformasde la iniciativa 4974. Por tanto, la primeraelección en un marco legal transformado serealizará en 2019, con la posibilidad de reelegirseuna vez en 2023 para permanecer en su curulhasta el 14 de enero de 2028.

A ello se agrega otro escenario: el 13 de agosto,el artículo 205 bis fue sustituidocompletamente por el artículo 205 ter(modificado), tras una enmienda presentada enel pleno. ¿Un error de forma? - En todo caso, esun cambio trascendental que ciertamentemantiene las restricciones al transfuguismo,pero elimina la limitación a la reelección de lasrepresentaciones legislativas. Esa enmiendaprotege la vigencia de las diputaciones adeternum.

En ambos escenarios, las reformas que elCongreso ha tramitado, no restringen la

12 En la sesión plenaria del 13 de agosto, el Legislativoincluyó una enmienda al artículo 205 bis (en referencia alcontenido del artículo 205 ter de la iniciativa 4974). Esaenmienda incluye dos modificaciones: por un lado, laprohibición se aplica a los partidos y bloques legislativos(para no incurrir en limitaciones a la “libertad personal” dediputados y diputadas), y por otro lado, la prohibición deltransfuguismo se finaliza a partir de la convocatoria aelecciones. “Queda prohibido a las organizaciones políticasy a los bloques legislativos del Congreso de la Repúblicarecibir o incorporar a diputados o Alcaldes Municipales quehayan sido electos por otra organización política. Losdiputados, un día después de la convocatoria a eleccionesgenerales dictada por el Tribunal Supremo Electoral, tienenel derecho de integrarse a cualquier partido político oComité Cívico Electoral para fines de reelección.”

perpetuidad de las estructuras ilícitas. Ese es elcálculo político.

Otro problema fundamental radica en lasasimetrías y distorsiones del sistema político yde partidos, que desde 1984 “ha venidoadquiriendo una serie de características que lohacen diferenciarse del resto de países de laregión. Estas peculiaridades incluyen la fluidezdel sistema de partidos; la volatilidad electoral;la concentración de la oferta electoral en elcentro y la derecha del espectro político; el pesode los poderes fácticos; y la continuidad del statuquo económico y social” (CICIG, 2015: 20).

La tercera generación de partidos, -en su formade partidos franquicia o partidos personalistas(véase: CICIG, 2015: 19-26)-, funciona a partir delintercambio electoral-mercantil entre polos depoder. En ese contexto, la política se haprivatizado, criminalizado y mercantilizado. Seha vaciado de contenido, y no existenpropuestas políticas serias en el ámbito unipolarde centro-derecha. Es una democracia apolítica yclientelar.

En este sentido, (re)fundar la pluralidad políticadel sistema democrático y desmantelar la lógicaclientelar, mercantil y fraccionada del sistemade partidos políticos constituyen desafíosenormes.

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El verticalismo, los mecanismosantidemocráticos y el centralismo de lospartidos políticos creó ese marco institucional, yante ello, la PNRE propuso “la democratizaciónde las organizaciones políticas” (IPNUSAC, 2015:8). En conjunto con el TSE, se planteó la reformade los artículos 26 y 29 del Decreto 1-85,limitando las atribuciones del Comité EjecutivoNacional (CEN) y la Asamblea Nacional en laproclamación de candidaturas distritales ymunicipales donde el partido no tengaorganización vigente.

Estas reformas no fueron incluidas por la CEAEen la iniciativa 4794, dejando vigente lacentralización en la toma de decisionesfundamentales a lo interno de los partidospolíticos. Los intereses concretos pueden servariados, desde los partidos pequeños, quemantienen la posibilidad de nombrarcandidaturas en todos los municipios ydepartamentos, hasta los partidos grandes (detercera generación en auge), que defienden laarbitrariedad de la negociación político-mercantil entre polos de poder.

Finalmente, los mecanismos de perpetuidad delas RPEI no fueron desmantelados por la vía derestricciones a la reelección y el transfuguismo,y tampoco por la vía de la democratización delfuncionamiento de los partidos políticos.

Es otra contradicción de fondo.Otro trasfondo del cálculo político.Otra paradoja.

Otro tema complejo se relaciona con elfinanciamiento político. La CICIG afirma en elinforme sobre esa temática que el régimen definanciamiento y el sistema político se hanmoldeado mutuamente en Guatemala,respondiendo “en buena medida, a los flujos definanciamiento privado y mayoritariamenteilícito” (CICIG, 2015: 18). Precisamente, laopacidad de los flujos financieros y el origenilegal de los fondos privados constituyen eseentorno ilícito, que se ha desarrollado en uncontexto propicio “para cometer delitoselectorales y sufrir ninguna consecuencia”(CICIG, 2015: 46). Es decir, la criminalidad se haarraigado y goza de impunidad.

Las propuestas de reformas de los artículos 19,21, 24, 88, 90, 92, 93, 94, 147, 220, 221 y 222 seincluyeron en gran medida también en elcontenido negociado por la CEAE, reformandomedidas de control y fiscalización delfinanciamiento de los partidos políticos,fortaleciendo el marco de regulaciones ysanciones, limitando el nepotismo interno, ydelimitando un mecanismo de distribución deespacios y tiempos en medios de comunicación.

En cambio, la CEAE excluyó la propuesta de laPNRE de establecer “que el 75% delfinanciamiento sea público y el 25% privado,pero sujeto a los mismos controles del dineropúblico, y que ese presupuesto sea entregadopor cuotas a lo largo de cuatro años, a fin de quelos partidos lo empleen, de formadescentralizada, en la formación de su militanciay en atender las actividades propias de laorganización” (IPNUSAC, 2015: 9). En ese sentido,el dictamen de la CEAE privilegió un régimen definanciamiento político con preeminencia defondos privados. La contribución estatal alfinanciamiento de los partidos se mantiene en

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2.00 dólares por voto emitido, cuyo pago seefectuará en entregas anuales durante el periodopresidencial correspondiente. Además, se definela distribución porcentual del financiamientopúblico: para formación y capacitación (30%),sede nacional (20%) y funcionamientodepartamental y municipal del partido (50%). Encambio, en año electoral podrá ser utilizado el100% de la cuota anual de financiamientopúblico para campaña electoral.

Sorpresiva fue la introducción de una enmiendaal artículo 21 bis de la LEPP en la sesiónplenaria del Congreso que se celebró al 13 deagosto. Aparentemente LÍDER con su aplanadoray el apoyo del PP incluyó, -a última hora-, lademanda de privilegiar el financiamientopúblico: “El Estado contribuirá al financiamientoanticipado de los partidos políticos a razón delequivalente en quetzales de DIEZ dólares de losEstados Unidos de América, por voto legalmenteemitido a su favor, siempre que haya obtenidono menos del cinco por ciento (5%) del total desufragios válidos, depositados en las eleccionesgenerales (…) El monto para el financiamiento alos partidos políticos se tomará de base el totalde votos válidos emitidos en las eleccionesgenerales anteriores.”13

Asimismo, la misma enmienda “prohíbeterminantemente el financiamiento privado encualquiera de sus manifestaciones. Laorganización política que reciba fondos privadosbajo cualquier concepto será responsablepenalmente de su conducta antijurídica.”14

¿Son estas reformas avances para fortalecer elmarco legal? – ¿Serán suficientes paratransformar el régimen establecido? - ¿Lograránromper el círculo vicioso creado entre partidosde tercera generación, RPEI y financistasprivados?

Adelantando nuevamente futuros escenarios, sedebe partir de un sistema político existente(asimétrico, clientelar, mercantil, ilícito…), cuyafuncionalidad está siendo transgredida

13 Congreso de la República, 13 de agosto de 2015: Artículonuevo. Se adiciona el artículo 21 bis.14 Congreso de la República, 13 de agosto de 2015: Artículonuevo. Se adiciona el artículo 21 bis.

sistemáticamente por intereses personales y degrupo, poderes fácticos y redes ilícitas. En esesentido, las limitaciones de las reformasanalizadas con anterioridad no permiten eldesmantelamiento y la exclusión de estasestructuras del campo político. Permanecerán, silogran también mantener la impunidad. Es laparadoja del momento.

En este marco hay que interpretar las accionespolíticas que han acompañado el erráticoproceso de aprobación de las reformas a la LEPP.Para los partidos y las redes actuales, la amenazainmediata no proviene de la transformaciónfutura del régimen de financiamiento político-electoral (la campaña electoral actual ya estáfinanciada en términos asimétricos e ilícitos),sino surge de actores y acciones que podríanalterar la impunidad y la (re)elección. Háblese delas investigaciones de MP-CICIG, de los trámitesde antejuicio contra funcionarios y candidatos,del posicionamiento de otros poderes(inter)nacionales, y de la continuada protestasocial.

De allí la importancia de las acciones periféricasde los poderes políticos ante esas maldiciones:

- Maldita prórroga. El esfuerzo de MP-CICIG porjudicializar casos de corrupción es un peligroreal para la continuidad de las redes ilícitas.No hace falta explicarlo en dibujitos15. Enconsecuencia, el 13 de agosto el Congresoadmitió en su agenda la reforma a la LeyOrgánica del Ministerio Público y se declaróen sesión permanente. Se trata de limitar lacapacidad de investigación. Se trata pues deimpunidad.

- Malditos antejuicios. También el 13 de agosto,la confabulación legislativa frenó el trámitede antejuicio contra OPM. La bancadapatriota se opuso con 23 votos. Era previsible.A éstos se sumaron 3 votos independientes(incluyendo de los hermanos Rabbé). Lasdemás bancadas no sumaron suficientesvotos, y por tanto la responsabilidad políticarecae en LIDER, TODOS, UNE, VIVA, UCN,

15 En referencia a la frase de Roberto Villate, que circula enredes sociales: “"No tengo que explicarles con dibujitos laimportancia de aprobar reformas al MP" (Tomada de:https://www.facebook.com/informativoelchapin).

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CREO y PRI. Sus ausencias determinaron elresultado16. Otro cálculo político para unirsefrente a la amenaza de los antejuicios. El 20de agosto vendrá después.

Ciertamente, la coyuntura cambia rápidamente.Amparos van y vienen. También, los puntos deagenda, las entrevistas, las declaracionespolíticas, las discusiones plenarias y Noobstante, es evidente que se estableció latendencia por parte de las estructuras ypersonas señaladas por corrupción, deresponder mediante acciones que puedan limitarla legitimidad y/o la legalidad de quienesimpulsan investigación criminal y presión social.La finalidad consiste en la permanencia y laimpunidad.

Este contexto permite interpretar el posibleimpacto de los dos escenarios que plantean lasreformas al régimen del financiamiento político:

El primer escenario, -bajo las reglas del artículo21 bis del dictamen de la CEAE-, no altera elrégimen actual de financiamiento político,aunque traslada el énfasis hacia tareas políticasde formación y organización territorial durantelos 3 años que no habrá campaña electoral. Enun año electoral, el financiamiento público sepuede destinar exclusivamente a gastos decampaña.

En el caso hipotético de un partido que obtenga1 millón de votos, éste recibirá 2 millones dedólares (aproximadamente 16 millones deQuetzales) durante los siguientes cuatro años. Lacuota anual de 4 millones de Quetzales sedestinará en épocas no electorales a formación(Q. 1.2 millones), funcionamiento nacional (Q. 0.8millones) y funcionamiento regional (Q. 2.0millones). Probablemente no es suficiente parauna actividad política sólida, pero es una baseaceptable.

En un año electoral, se puede destinar el total dela cuota anual (Q. 4 millones) a la campañaelectoral. No obstante, en comparación a un

16 LIDER: 13 ausentes; Independientes: 9 ausentes (variosdiputados del partido TODOS); UNE: 4 ausentes; VIVA: 2ausentes; UCN: 1 ausente; CREO: 2 ausentes; y PRI: 1ausente.

techo presupuestario de ronda los Q. 60 millonespor partido, es un aporte ínfimo. La mayor partedel financiamiento provendría de fuentesprivadas (más del 90% de los gastos de campañapolítica), y por tanto, el carácter del régimen definanciamiento político no se transforma. Elpeso del financiamiento privado prevalece. Latransformación del actual “sistema perverso definanciamiento de la política” (CICIG, 2015: 106),-que se caracteriza en gran medida por susfuentes y operaciones ilícitas-, depende casiexclusivamente de mecanismos de control porparte de instituciones estatales. Es una visiónlimitada en las condiciones actuales de lademocracia guatemalteca.

El segundo escenario, -de acuerdo a lo planteadopor el artículo 21 bis enmendado en sesiónplenaria del Congreso-, también implica que lasprincipales fuerzas políticas de los comicios del 6de septiembre obtendrían el mayor beneficioeconómico. Sin embargo, se trata de unfinanciamiento público incrementado yexclusivo. En otras palabras, los partidos detercera generación y las redes ilícitas asociadasse asegurarían la mayor cuota financiera para símismos de cara al proceso electoral de 2019; y enestas condiciones, ese futuro régimen definanciamiento público se estaría construyendosobre el cimiento de las asimetrías y distorsionesdel sistema actual. Un nuevo mecanismo deperpetuidad.

Los punteros de la tercera generación departidos políticos entrarían a una nueva etapa,que se caracterizaría por una mayor estabilidadde partidos mercantiles, por el reforzamiento dela unipolaridad (un poco menos fraccionada) ypor una mayor rentabilidad de las redes decorrupción.

La enmienda obvia la distribución temporal,geográfica y programática del financiamientopúblico que fue propuesta por la PNRE y el TSE,eliminando la intencionalidad delfortalecimiento de la institucionalidad política.En cambio, el artículo 21 bis enmendado secentra en la lógica mercantil de la maquinariapropagandística durante las épocas electorales:“El pago del financiamiento se efectuaráanticipadamente en cuatro cuotas durante los

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meses febrero, abril, julio y agosto del año enque se realizarán las elecciones generales…”17

Nuevamente, un caso hipotético: un partido queobtuvo 1 millón de votos, recibiría 10 millonesde dólares (aproximadamente 80 millones deQuetzales) en cuatro cuotas durante el añoelectoral. Es decir, unos Q. 20 millones enfebrero, abril, julio y agosto, respectivamente.Ese financiamiento público superaría el techopresupuestario de la campaña electoral.

De esa manera, la continuidad de partidosmercantiles proyecta también un sostenimientode la unipolaridad excluyente del sistemapolítico guatemalteco, mediante la reducción dela volatilidad y fluidez electoral. No se estaríapromoviendo la pluralidad programática, ni elsurgimiento de una cuarta generación departidos políticos, sino un estancamientoalrededor de los partidos punteros actuales de latercera generación, debido a un accesoprivilegiado de éstos al financiamiento público.

17 Congreso de la República, 13 de agosto de 2015: Artículonuevo. Se adiciona el artículo 21 bis.

Por su parte, las redes político-económicasilícitas han demostrado una gran capacidad deadaptación a los cambios contextuales einstitucionales de las últimas décadas. En lascondiciones actuales, el incremento delfinanciamiento público por sí mismo no implicauna reducción de los negocios ilícitos (p.e.contrataciones y concesiones públicas, sobornos,plazas fantasmas, lavado, etc.), sino podríaimpactar en un cambio de los términos denegociación: se fortalece la posición de losactores centrales de los partidos de tercerageneración y de las RPEI a partir de unacreciente autonomía financiera en tiempos decampaña, mientras los pactos ilícitos setrasladan a una esfera más oculta y privada. Larentabilidad, -y el enriquecimiento indebidopersonal-, tiende a incrementarse para losactores involucrados en esas formas deasociación ilícita.

Un simple aumento de los fondos públicos en elrégimen de financiamiento político no tienerazón de ser. Se necesita de reformas y accionesque logren fortalecer la pluralidad democrática y

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rompan el circulo vicioso de impunidad y(re)elección. En todo caso, es poco probable quela CC emita una opinión favorable para elartículo 21 bis enmendado, dado elantecedente de haber consideradofinancieramente inviable un aumento del aportepúblico en el marco de la iniciativa 4783. Incluso,se puede considerar que la enmienda fueplanteada por LIDER como un distractor quedivida las opiniones en el Legislativo, y logrebloquear o prolongar el proceso de aprobaciónde las reformas.

En todo ello, el 13 de agosto fue clave. Lasincronización de la otorgación de un amparocontra el procedimiento de aprobación de lasreformas a la LEPP, la introducción de nuevasenmiendas a la iniciativa 4794 en la sesiónplenaria, y la tramitación en tercera lectura deesas reformas (convertidas ahora en el acuerdo7-2015), ha creado, -cuando menos-, otrainflexión en los tiempos políticos.

El 18 de agosto se acordó enviar el proyecto dereforma a consulta a la Corte deConstitucionalidad (CC). Luego, el Congresodeberá proceder a la integración de la opinión dela CC y a la aprobación del acuerdo legislativo 7-2015. - ¿Cuándo se aprobarán las reformas?

En todo caso, -tomando en cuenta la ruta trazadaen el Congreso-, las elecciones del año 2015 serealizarán en estas condiciones. Es decir, sinreformas.

¿Misión cumplida? Hoy por hoy, las redes depoder han logrado alargar el ciclo político queles ha permitido moldear y mantener un statusquo asimétrico e injusto, consentido por unentramado complejo de actores que operandesde lo partidario a lo extrapartidario, desde lolegal a lo ilegal, desde lo formal a lo informal,desde lo público a lo privado, y desde lo legítimoa lo ilegítimo.

Pero el ambiente permanece tenso. La(re)elección y la impunidad no estángarantizadas.

Y la coyuntura favorable a una reforma políticafácilmente podría desvanecerse.

4. La 4794 y la reformapolítica

En efecto, la necesidad de una reforma políticasigue vigente. Es un eslabón imprescindible, -aunque no el único-, para democratizar lademocracia política y contrarrestar asimetríasestructurales y distorsiones ilícitas. El dictamende la CEAE reconoce la importancia de lareforma, que “ha sido manifestada pornumerosos sectores de la sociedad guatemaltecaquienes han coincidido que este es el momentoen el que se hace urgente la revisión yactualización de la ley que regula el sistemapolítico electoral del país.”18

“Para identificar los legados del orden colonialque han tenido alguna continuidad en el tiempoy que, hasta cierto punto han contribuido amoldear el arreglo político vigente, debeconsiderarse, en primer lugar, la profundaescisión étnica que atraviesa la sociedadguatemalteca…” (Sáenz, 2014: 26-26), y ensegundo lugar, la visión patriarcal del mundo yla vida. Sobre la base de este orden jerarquizadose han construido políticas de desigualdad yexclusión. También en el sistema político.

Crear un marco de participación equitativa esfundamental, tanto en la organización internade los partidos políticos como en la integraciónde las candidaturas a elección popular. En esesentido, los artículos 24 y 212 establecen (segúnla iniciativa 4794) que los órganos partidarios ylas planillas de postulación “deberán incluir enforma igualitaria a mujeres indígenas, ladinas ymestizas, y hombres indígenas, ladinos ymestizos en forma proporcional a lacomposición del distrito electoralcorrespondiente…” 19 . En los dos ámbitos, elorden debe alternarse entre mujer y hombrepara que tanto hombres como mujeres

18 Comisión Específica de Asuntos Electorales, Congreso dela República: Dictamen No. 01-2015. Iniciativa Número4974 de Dirección Legislativa; 22 de julio de 2015.19 Comisión Específica de Asuntos Electorales, Congreso dela República: Dictamen No. 01-2015. Iniciativa Número4974 de Dirección Legislativa; 22 de julio de 2015.

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participen igualitariamente en cuanto a númeroy posición.

Sin duda, estos mecanismos de inclusión socialenfrentan la oposición de la derecha másrecalcitrante, racista y misógina, renegando ydesvalorizando la diversidad cultural,reforzando la visión genocida que identifica a lapoblación indígena como enemigo interno,reviviendo visiones de una ciudadaníapatrimonialista del siglo XIX, y exhibiendo susfobias segregacionistas y discriminatoriasenvueltas en un discurso populista descarado.

Otro tema clave se relaciona con los medios decomunicación. La CICIG (2015: 59) argumentaque “la concentración de los medios y losvínculos de los políticos con estos han producidorelaciones complejas que, en muchos casos,generan conflictos de intereses. Por laimportancia que los medios de comunicacióntienen en el proceso político, el acceso a ellos nopuede quedar sometido al mercado y a lacapacidad de compra de los partidos, pues estohace que se den asimetrías en la competenciapolítica.”

Ante esta problemática, el informe de CICIGplantea dos vertientes de acción: en primerlugar, “un marco regulatorio más estricto, lasupresión de los conflictos de intereses y, engeneral, procesos de asignación de frecuenciasque no respondan al mejor postor, sino quecontribuyan a la pluralidad de los medios”, y ensegundo lugar, “el establecimiento demecanismos que garanticen un acceso másigualitario de los partidos a los medios” (véaseCICIG, 2015: 55-60).

La iniciativa 4794 aborda el segundo aspecto,delineando un modelo de distribución igualitariade recursos públicos para espacios y tiempos enlos medios de comunicación social. En losartículos 220, 221 y 222 se transfiere al TSE lapotestad de formular un plan que regula demanera exclusiva los espacios mediáticos de lospartidos políticos en los periodos de campañaelectoral. Se prohíbe a los partidos políticos lacontratación directa o indirecta de espacios ytiempos en cualquier medio de comunicaciónsocial, incluyendo la aceptación de donaciones.Por su parte, los medios de comunicación nopodrán limitar las contrataciones reguladas porel TSE.

De esa manera, la relación mercantil-utilitariaentre partidos y medios se desarticula, a travésde la intermediación, el financiamiento y elcontrol público. No se altera la estructura depropiedad de los medios (que tiende, -segúnCICIG-, a reproducir la desigualdad social), perose desarticulan asimetrías en la competenciapolítica.

En ese sentido, el mecanismo planteado es unamedida concreta que contribuye a lademocratización. Necesariamente, se plantea ladisyuntiva sobre el fortalecimiento de lapluralidad democrática en el sistema político; delo contrario, la distribución igualitaria deespacios de publicidad tendría un impactoreducido en coyunturas de disputa electoralentre partidos de tercera generación. Asimismo,es altamente probable que un sector de losmedios privados se oponga a esa reforma.

Pese a las complejidades y contradicciones enrelación a las reformas al régimen definanciamiento político, es clave enfatizar en laimportancia del fortalecimiento de losmecanismos de control y fiscalización dediversas entidades estatales sobre los procesospartidarios y electorales. Aunado a las reformasya mencionadas, las prohibiciones contenidas enlos artículos 223, 223 bis. y 223 ter., puedencontribuir a al fortalecimiento de latransparencia política y de regulaciones eficacese independientes.

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La paradoja continúa siendo la perpetuidad de loilícito y lo asimétrico del conjunto del sistemapolítico.

Desatar ese nudo es un reto pendiente.

Otras propuestas que surgieron en el marco de#ReformaYa! se refieren a los comités cívicos y elvoto nulo, y ambas están contenidas en lainiciativa 4794, aunque no tendrán vigencia este6 de septiembre.La ampliación de las facultades de los comitéscívicos electorales, -incluyendo la postulación dediputaciones distritales-, contribuyen a“…romper el monopolio de los partidospolíticos…” (IPNUSAC, 2015: 8), propuesto por laPNRE. Los artículos 97, 98, 99, 102 y 108contienen las reformas respectivas.

Por su parte, los artículos 196, 203 bis., 210 y237 regulan lo referente al voto nulo. “Si el votonulo obtuviere la mayoría requerida [más del50%], se repetirá la elección en los casos queprocediere…”20.

#ReformaYA!

El sistema político debe democratizarse, pero no“por los senderos de la amnesia hacia unaregresión sui generis: un pacto de renovacióndemocrática acordado entre fracciones de la elitemilitar, empresarial y política guiadas por lasiniciativas de «La Embajada»” (Waxenecker, 2015:40).

5. El 23 de agosto

Desde abril se sospechaba que los hilos de poderconducían hacia Roxana Baldetti y OPM. Peropersistía en el ambiente la duda sobre laidentidad de “El 1” y “La 2”, el “mero mero” y la“mera mera”, el “dueño de la finca”, y la “dueñade la finca”.

El 20 de agosto. La Línea. La cúpula. Lasrespuestas.

20 Comisión Específica de Asuntos Electorales, Congreso dela República: Dictamen No. 01-2015. Iniciativa Número4974 de Dirección Legislativa; 22 de julio de 2015.

La CICIG y el MP afirmaron en conferencia deprensa que la ex mandataria y el presidenteconforman la cabeza de La Línea. Baldetti fuecapturada y OPM enfrenta un nuevo antejuicio.

Thelma Aldana remata: “Ahora ya no tenemosduda. En estos meses de investigación, esa dudase convirtió en una realidad.”21 – Pues claro, Ottoes “El 1” y Roxana es “La 2”.

Crisis total. Las protestas experimentan unnuevo auge. El sector privado exige la renunciade OPM. El gabinete se desintegra. Las mayoríasesperan con ansias el discurso de un OPMdebilitado. #RenunciaYa!

El 23 de agosto. El kaibil no renunció. “Siretrocedo…”

De vuelta al terreno de los cálculos y los tiempospolíticos.

En ese momento se entretejen los intereses enfrágiles ligazones de conveniencia temporal. Elmensaje a la nación del 23 de agosto losmenciona.

“El fin superior es resguardar la institucionalidad…” –En los más variados análisis y opiniones seenfatiza en la importancia de no romper elorden constitucional, y en ese momento, essinónimo a elecciones. La realización de laselecciones generales (entre septiembre yoctubre) es el acuerdo fundamental, -por frágilque sea-, entre los actores de poder: CACIF, PP,LIDER, el resto de partidos políticos, TSE, OEA, Laembajada, columnistas, candidatos, etc. Susdeclaraciones públicas comprueban ese punto decoincidencia.

Ciertamente, las motivaciones son variadas.

“Ignorar las demandas, manifiestas por la poblaciónen su ejercicio ciudadano, expresado en la coyunturaactual a nivel nacional es un alto riesgo”, dijo OPMen su discurso. - ¿Qué riesgos? - ¿Para quiénes?

21 Prensa Libre, Aldana: “Esa duda se convirtió en realidad”,24 de agosto de 2015

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“Los acontecimientos recientes han producido unsentimiento generalizado de descontento y protestasocial…” Esas frases apelan al miedo histórico dela elite. Perder ahora el control sobre ladireccionalidad de las reformas ytransformaciones en Guatemala, es sin duda unriesgo para las fuerzas del status quo,explícitamente para el sector empresarial y elgobierno norteamericano, pero implícitamentetambién para los actores ilícitos que formanparte del status quo actual.

Fue aún más claro el mensaje para los partidosde tercera generación, los cuerpos ilegales yaparatos clandestinos de seguridad (CIACS), lasredes político-económicas ilícitas (RPEI) y elcrimen organizado. En esa coyuntura se enfrentael riesgo de “…la depuración de la clase política y delos tres poderes del Estado.” – En otras palabras,están en riesgo las posiciones privilegiadas, las(re)elecciones y las redes de corrupción eimpunidad. En eso, ha de existir una especialempatía con el partido LIDER, que cuenta en susfilas con varios candidatos que enfrentanantejuicios promovidos por el MP y CICIG.

Apelando hábilmente a los intereses sublimes dediversos actores, OPM utiliza esa coincidencia deintereses alrededor de la realización de loscomicios, para defender su posiciónaparentemente insostenible.

Ciertamente, esa ligazón de intereses tienelímites, porque simplemente no hay acuerdosobre el resultado de las elecciones entre estosactores de poder. Los procesos electoralesrepresentan, -en su esencia-, “una contenciónasimétrica que ha profundizado el arraigo de losprincipales actores de poder, -lícitos e ilícitos-;rivalizando entre sí por posiciones privilegiadas”(Waxenecker, 2015: 15). Es una disputa que todosquieren ganar.

Baldizón, Torres, Morales, Ríos y demáspostulantes quieren ganar la presidencia. Otroscandidatos y candidatas aspiran a la (re)elecciónpara diputaciones o alcaldías. Los financistasapuestan a una victoria de sus candidaturas. Elsector privado y actores ilícitos pretendensostener o ampliar posiciones y privilegios. Laembajada quiere una contraparte disciplinada enfunción de sus intereses en la región. Sin duda, el

resultado no podrá satisfacer todas esasaspiraciones.Y también OPM quiere ganar. Pese aldebilitamiento sustancial del Partido Patriota, semantiene un circulo de confianza y poderintegrado por legisladores que aspiran a lareelección: los hermanos Arévalo Barrios(Totonicapán), José Cojtí Chiroy(Chimaltenango), Gudy Rivera (Guatemala), LuisFernández Chenal (Listado Nacional), RonaldSierra López y Fidencio Lima Pop (Alta Verapaz),Luis Contreras Colindres (San Marcos), ArístidesCrespo (Escuintla), Estuardo Galdámez (Quiché),Mario Linares García (Baja Verapaz), ManuelGarcía Chutá (Sololá), Emilennee Mazariegos(Huehuetenango), William Recinos Sandoval(Jalapa), Delia Rivera de Paniagua(Quetzaltenango), Aracely Chavarría de Recinos(Santa Rosa), Juan Pablo Urrea Casasola (DistritoCentral) y Oliverio García Rodas (ListadoNacional).

La meta podría consistir en alcanzar unabancada legislativa con un nivel de influenciaaceptable y posicionar al PP en condicionesfavorables para negociar el apoyo electoral ensegunda vuelta a cambio de impunidad.

Reelección e impunidad continúan siendopuntos sensibles.

En todo caso, el resultado electoral es incierto,así como lo es también la reacción de losdistintos actores de poder.

La población queda relegada al rol pasivo deemisor de votos, y “…lo importante es que no serompa el orden y la tradición democrática de nuestropueblo. La ciudadanía debe de [sic] entender que laúnica manera legal de elegir a sus autoridades es porla vía del voto consciente y responsable…”

Al mismo tiempo, OPM dirigió palabrasconcretas a aquellos sectores que podrían influirdecisivamente para obligarlo a renunciar. Alsector privado le recordó que existen dos líneas,-una que recibe y otra que paga-, y aseguró queGuatemala cambió: “la ley es igual para todos”. Enotras palabras, si se juzgará a un presidente,también se podrá juzgar a la elite económica.

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La comunidad internacional fue reprendida porsu “estrategia intervencionista”, y junto a otrosgrupos nacionales, deberá dedicarse mejor a“fiscalizar objetivamente al siguiente gobierno”.

Y por último, las protestas sociales recibieron laadvertencia de confrontación, haciendo unllamado a “esa Guatemala profunda” donde lasredes clientelares de los cárteles político-militares del PP, - utilizando tácticas antañas deguerra psicológica-, pueden provocarenfrentamientos. Y a esta estrategia se hansumado las dirigencias de las organizacionescomo la Coordinadora Nacional Indígena yCampesina –CONIC-, la Unidad de AcciónSindical y Popular –UASP-, el Sindicato deTrabajadores de la Educación –STEG-, elSindicato Nacional de Trabajadores de Salud –SNTSG-, y el Frente Nacional de Lucha –FNL-;que en diversas ocasiones han realizado actos deapoyo o movilizaciones para favorecer a OPM.

Pérez Molina, -al igual que los otros actores depoder-, hace sus cálculos. Los próximos días ysemanas mostrarán los enlaces, pero mientrastanto, las amenazas más serias para el status quoserán el dúo CICIG-MP y la multitud inconforme.

27 de agosto: Cientos de miles de personas enprotesta constante. Pérez Molina se rehúsa arenunciar.

Mientras tanto, las reformas a la LEPP quedaronestancadas, ya que los magistrados de la Corte deConstitucionalidad con tres votos a favor(Roberto Molina Barreto, Héctor Hugo PérezAguilera y Manuel Duarte), y dos en contra(Gloria Porras y Mauro Chacón), dictaminaronque en la aprobación de las reformas hubieron“vicios” de procedimiento al aprobar lasprimeras dos lecturas (de las tres que necesita)con 80 diputados y no con 105 como obliga la leypor ser un tema de rango constitucional, y quelas reformas serían devueltas al Congreso de laRepública, que debe reiniciar proceso de lecturas,para superar estos vicios.

1 de septiembre: OPM pierde la inmunidad

Este día, la Comisión Pesquisidora presentó alpleno del Congreso los resultados de lainvestigación relacionada con el antejuicio a

OPM, recomendando el retiro de su inmunidad.El pleno del Congreso, con 132 votos a favor y 26ausencias-, ratificó esa decisión. Sin duda, es unavictoria de la presión social.

No obstante, el circulo vicioso de criminalidad eimpunidad aún no se ha roto.

El frágil acuerdo alrededor de las elecciones sedebilita, mientras tanto el 6 de septiembre seacerca. Y tal parece que a los sectores de poderles preocupa que la indignación afecte losresultados electorales, en eso coinciden enllamar a que se respete el proceso tanto laEmbajada de los Estados Unidos, el CACIF, OttoPérez Molina y los medios corporativos.

Mirando hacia adelante…

A partir del 20 de agosto, -con la evidencia de laparticipación protagónica de OPM en laestructura de La Línea-, la renuncia delpresidente se ha transformado en un temaprioritario, y ha desencadenado movilizacionesmasivas en todo el país, teniendo un clímax eldía 27 de agosto en que salieron a las calles másde medio millón de personas en todo el país,convirtiéndose en la movilización más grande enla historia de Guatemala. El mismo 1 deseptiembre mientras en el Congreso se resolvíaquitarle la inmunidad al presidente, en todo elpaís miles de campesinos y campesinas de laCoordinadora Nacional de OrganizacionesCampesinas exigían su renuncia.

Se ha recuperado la indignación y va creciendola presión social. Una cosa ha quedado clara: laciudadanía está despertando y que en Guatemalaalgo está cambiando, especialmente las capasmedias urbanas. En lo que respecta al campo, ladinámica durante todo el periodogubernamental fue de movilización y denuncia.

A pesar de la inminente realización de laselecciones, dentro de un ambiente deincertidumbre, desconfianza y rechazo, esmenester que la organización continúe y lamovilización para conseguir reformas en la LEPPse mantengan. Se debe lograr que no solocambien los jugadores y los equipos, sinotambién las reglas del juego. Eso también se verá

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en las urnas, la gente aprendió a no volver aconfiar así sin más.

Las paradojas se profundizan

Los ánimos de transformación también

#EstoApenasEmpieza

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Waxenecker, Harald, Poderes regionales y distorsión ilícita de la democracia guatemalteca, 20 de juniode 2015.Versión citada disponible en Prensa Comunitaria:https://comunitariapress.wordpress.com/2015/08/11/poderes-regionales-y-distorsion-ilicita-de-la-democracia-guatemalteca/Original: Revista Revela, Edición #3, Año 2015, Viena, Austria, pág. 21 - 49

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Disponible en: http://revistarevela.com

Entrevistas:

1. Mauricio Chaulón - colectivo Otra Guatemala Ya.2. Gustavo Maldonado – colectivo Otra Guatemala Ya.3. Carlos Barreda – diputado por el partido Unidad Nacional de la Esperanza