Las Empresas Públicas en Uruguay

Documento elaborado por la Mesa Sindical Coordinadora de Entes

Octubre 2017

7º CONGRESO del PIT CNT (2001)

ROL DEL ESTADO PARA IMPULSAR LAS POLITICAS PRODUCTIVAS El Estado debe propiciar el apoyo al Cooperativismo de Consumo que se está desmantelando. El Estado está ligado a la Democracia y por medio de ella se debe preservar las conquistas sociales alcanzadas como producto de la lucha a efectos de que el Estado sea la herramienta para que los trabajadores puedan transformar la sociedad. Así se enfrentará la política de entrega de áreas estratégicas como la energía para el lucro de las multinacionales que determina la no existencia de controles como en el caso del gas. Las experiencias negativas de las privatizaciones ya hechas en Uruguay reafirma la necesidad de defender las áreas claves del Patrimonio Nacional. Un profundo rechazo a la campaña contra el funcionariado público. El desmantelamiento crea zonas de alto interés social donde no existen controles ni funcionarios para atenderlos, por lo cual hay que permitir su ingreso por concurso o sorteo, generando empleos. No hay políticas de estado sin que haya organismo del estado existiendo y cumpliendo sus funciones, lo que refuerza la Campaña de Firmas por ANTEL, la Defensa del Hospital Universitario, ANCAP, UTE y OSE. Propiciar un Estado al servicio de la sociedad y no al servicio de las clases dominantes, ya que ellas cuando necesitan de sus ganancias lo desangran y se da la situación de privatizaciones o de tarifas caras para el pueblo y exiguas para las grandes empresas. Declarar de Interés Nacional el desarrollo del BIO-DIESEL como insumo energético, buscando lograr los marcos de Alianza con los sectores de la economía nacional, agropecuario y el Estado como tal, a través de ANCAP. A nivel Parlamentario lograr crear conciencia en aquellos sectores políticos que tienen coincidencias en lo programático con el Movimiento Sindical. Creemos que debemos tomar la iniciativa como Movimiento Sindical para evitar que este termine en manos de capitales transnacionales, como ha ocurrido con áreas estratégicas del Estado. Generar la integración de la Universidad de la República como polo de investigación y desarrollo de políticas productivas nacionales.

ROL ESPECÍFICO DEL ESTADO

• Planificar todas las áreas económicas de ingreso de divisas al Estado.

• Controlar o evitar prácticas monopolios privados, (Estado Regulador).

• Desarrollo de otros actores sociales, controladores naturales de la Defensa del Estado y su Patrimonio.

• Mejorar la relación entre el Sector Público y la Sociedad Civil, (fragmentación y/o poco entendimiento).

• Un Estado controlando los sectores estratégicos del País como los Entes Estatales.

• Un Estado que no excluya a nadie. Marcar un compromiso con todos los ciudadanos capaz de articular políticas públicas de integración social y de orientar las actividades productivas que más sirven al País y su gente.

• Políticas de exterior clara en la defensa de su gente (inmigrantes) y de defensa de su producción, (Dumping, Subsidios, Explotación Infantil).

• Fomento de los distintos sectores cooperativos, (Vivienda, Producción, etc.).

• Un Estado que promueva la eficiencia y el compromiso de sus funcionarios públicos, cortando con los acomodos políticos de ingresos y asensos, revalorando la Carrera Administrativa.

POLITICAS PRODUCTIVAS

• Defensa de la matriz energética, (UTE, ANCAP, OSE, GAS, ANTEL).

• Tenencia de la tierra, autogestión, (reforma agraria).

• Ley de Iniciativa Popular como un instrumento para impulsarla que debe fortalecerse.

• Defensa de las pequeñas y medianas empresas.

• Desarrollo del mercado interno.

• Mayor valor agregado (mano de obra a nuestras materias primas).

• Participación en las aplicaciones de nuevas tecnologías, (organización del trabajo).

• Exigir al Gobierno que cumpla con su deber, (BPS, MTSS, DGI), estén al servicio de los trabajadores, donde los más necesitados sean los más privilegiados.

TERCERIZACIONES EN EL ESTADO Rechazamos tajantemente las tercerizaciones de tareas del Estado, que lo único que han generado es el beneficio de empresarios inescrupulosos que muchas veces evaden aportes al propio Estado que brinda servicios. El mecanismo de tercerizaciones y otras formas de trabajo precario, lo único que ha generado es, precarización laboral, evasión de aportes y salarios indignos. Se hace imperiosa la necesidad de que los responsables de Entes y Organismos Estatales exijan y controlen a las empresas tercerizadas, en el cumplimiento de las Leyes Laborales vigentes y aportes al B.P.S. No es admisible que, en edificios estatales y entes, existan trabajadores en negro, es por estos motivos que exigimos el cumplimiento de las Leyes Laborales vigentes y se creen mecanismos legales que amparen al trabajador al momento de las denuncias por evasión de aportes de empresas que brindan servicios al Estado. Con respecto a las tercerizaciones, como trabajadores y trabajadoras no nos oponemos que las empresas tercericen parte de la producción, pero en las actuales condiciones solo se establece esta forma de producción con el fin de evadir aportes sociales, bajar por esta vía el costo de la producción, deslindar responsabilidades, ocultar grupos económicos, atomizar a los trabajadores y deshacerse de la organización sindical. Es necesario una LEY que reglamente de tal forma este método de trabajo que obligue a la empresa madre a reconocer nuestros derechos. Una posibilidad que solucionaría parte de los problemas que se suceden a menudo es la RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA de la empresa principal con las empresas tercerizadas. El proceso judicial y su largo trámite de reclamo es sumamente injusto con el trabajador lo que reclama por lo general son salarios impagos. La empresa que usa la modalidad de tercerizar para la producción total o parcial; tendrá la RESPONSABILIDAD LEGAL por los posibles no cumplimientos de la empresa tercerizada con sus trabajadores (responsabilidad subsidiaria directa sin previo juicio) pasa a ser responsabilidad SOLIDARIA y NO SUBSIDIARIA. Al crecer el desempleo se abona un campo fértil para la flexibilidad laboral hacia el trabajador que es el de aceptar nuevas formas de producción como informalismo, servicios temporarios donde se pasa de comprar fuerza de trabajo a comprar producción (façon y/o destajo), el viejo sueño capitalista de comprar más por menos. Nuestra propuesta es que se discuta y elaboren propuestas en conjunto para enfrentar estas situaciones cada vez más generalizadas.

8º CONGRESO del PIT CNT (2003)

LA NECESIDAD DE CARACTERIZAR LA ETAPA

Analizando la actuación del Estado a través de la historia, podemos ver que el modelo batllista impulsó un modelo protector donde el mismo desarrolló distintas funciones y con una política de sustitución de importaciones propendió al estímulo de la producción tanto de origen agropecuario como industrial. Agotado el modelo en la década del 60, el país firmando cartas de intención con organismos internacionales comienza a desarrollar un modelo de corte liberal. Este esquema se caracteriza por la entronización del mercado como único medio de regulación de la economía. Generando con este "libre mercado" la concentración de la riqueza y un aumento de la pauperización de amplios sectores de la sociedad. Esta situación provoca la respuesta social encabezada por la clase trabajadora, que las clases dominantes sofocan mediante la dictadura militar. Período en el cual la política neoliberal fue potenciada mediante la supresión de los derechos sindicales y la pérdida de todos los derechos individuales. Los gobiernos democráticos continuaron en lo económico profundizando el esquema neoliberal. Las imposiciones de los organismos internacionales a los gobiernos latinoamericanos reducen el papel social de sus funciones fundamentalmente el de distribuidor de la riqueza nacional. En el gobierno de Lacalle un claro ejemplo de lo mencionado los constituyó la Ley de empresas públicas que pretendía entregar al capital extranjero "las joyas de la abuela". La respuesta de la sociedad en su conjunto impidió que esto se concretara de forma pasiva, aunque claro está se ha desarrollado un proceso de pasaje de funciones a empresas privadas a través del mecanismo de la tercerización, privatización, concesión o eliminación de controles estatales. Esta respuesta social provocó un cambio en el modo de operar de los distintos gobiernos. Provocando la caída de la palabra "privatización" lisa y llana como en cierto "desuso" debido a la alta resistencia popular a este tipo de planteos. Por ello se ha recurrido a los mecanismos de concesiones, subastas, tercerizaciones. ¿Cuál es el argumento que se ha utilizado para realizar este tipo de negocios? En algunos casos porque están convencidos que los privados gestionan mejor que el Estado, en otro el que el Estado necesita inversiones y tecnología que no está en condiciones de aportar. Por ello se recurre a los privados. Sin embargo, en realidad, como ocurrió, por poner solo dos ejemplos, en los casos de Uragua y la Mega concesión, los privados se financian con las tarifas del Estado – peajes, por ejemplo - sin aportar ninguna inversión ni nueva tecnología, o con préstamos internacionales puente donde el Estado Uruguayo termina siendo la garantía del mismo. Lo único que

hacen es usufructuar un beneficio que les concede el Estado y, en el mejor de los casos, pagando un cierto canon.

EL ESTADO QUE QUEREMOS LOS TRABAJADORES Debemos hacer cumplir que el Estado desarrolle la reactivación productiva, garantice e implemente programas sociales, distribuya equitativamente la riqueza y controle la explotación y cuidado de los recursos naturales del país (medio ambiente, agua, explotación de la tierra, el mar, aire, subsuelo, etc.). Como protagonistas directos del qué hacer estatal no estamos conformes con su funcionamiento. La burocracia, la corrupción, el clientelismo, la falta de transparencia en la forma de administrar, controlar y gestionar son elementos sustantivos, hoy, de la administración pública. Rechazamos toda forma de privatización, haciendo especial énfasis en la Defensa del Patrimonio Nacional y en la recuperación y especificidad de los roles de los Organismos Públicos. En lo inmediato el desafío mayor que tienen los trabajadores y el conjunto de la población es la defensa de ANCAP y la del agua que no se limita al rol de estas empresas, sino al servicio de una ANCAP para un Uruguay productivo y un recurso, el del agua, que defienda la soberanía nacional y la calidad de vida de la población ante esta ofensiva liquidadora y entreguista al capital trasnacional. Reivindicamos la separación y cumplimiento de los cometidos específicos de los tres poderes del Estado, en especial importancia la del Poder Judicial salvaguardando los derechos de todos los ciudadanos. Resaltando la importancia de la independencia política y económica de este poder del estado, para que pueda continuar reafirmando la democracia. Denunciamos la falta de coordinación entre organismos, la competencia entre organismos del Estado favoreciendo a privados, entendiendo necesario la elaboración de políticas de complementación productiva y optimización de recursos entre los mismos. Es fundamental la generación de políticas que estimulen el desarrollo productivo y sustentable, fomenten la generación de empleo (fundamentalmente el empleo joven), y políticas tributarias que garanticen la distribución de la riqueza, creando el impuesto a la renta de las personas físicas, que den transparencia a la inversión pública, limiten la especulación financiera, como por ejemplo la tasa Tobin, la tenencia de la tierra (impidiendo la extranjerización y controlando las sociedades anónimas, etc.). En ese sentido nos parece imprescindible tomar como una experiencia positiva en el control de la gestión y la profundización democrática participativa, la incorporación de

los trabajadores en el directorio del BPS. Electos por voto secreto de los trabajadores igual como debe ser la elección de los Representantes del Equipo representante de los trabajadores en el BPS. A partir de esta experiencia es necesario reclamar la participación para el cumplimiento de estos cometidos descriptos, la participación de los trabajadores y usuarios en los directorios de los entes, empresas, unidades reguladoras, administración central, etc. Podemos señalar la falta de jerarquización, profesionalización y dignificación de la función pública, provocada y estimulada por los mismos que la generan y la hacen inoperante. Terminar con la discrecionalidad del jerarca, arrendamiento de obras y contratos a término. En ese marco la aparente “prohibición” de ingresos a la función pública hasta el año 2015 ha impedido el control real del mismo por la vía legal de concursos y/o sorteos en los casos que correspondan, facilitando la desregulación, flexibilidad laboral, contratos basura (becarios, cachets, eventuales, a término, pasantes) que no cumplen con las mínimas garantías en el cumplimiento de normas legales facilitando el clientelismo y atacando la propia existencia del Estado. Reivindicamos la carrera administrativa, rechazando ascensos "digitados", funciones encargadas, concursos con nombre y apellido, falta de un ámbito de negociación colectiva real de salario y condiciones de trabajo que propenda a “ igual función igual remuneración”, facilite la capacitación permanente, la re- capacitación de tareas y el reciclaje hacia nuevas tecnologías e innovaciones. Convirtiendo al trabajador en “servidor público” calificado. Los responsables directos de esta situación de deterioro han sido los jerarcas de turno que han utilizado la maquinaria estatal para sus fines político-partidarios colocando al frente de los organismos a aquellos correligionarios que no resultaron electos por el voto popular. Por todos estos motivos, las autoridades carecen de la idoneidad necesaria en el desempeño de su función. Rescatamos para nuestra visión de estado su papel social y de ente testigo de las actividades tanto productivas como de servicios. En materia de control de divisas e inversiones extranjeras, al contrario de lo que recomienda la ortodoxia del libre mercado, el Estado debe cumplir con un papel de mayor intervención. Basta para esto citar el ejemplo de Chile - uno de los alumnos más aplicados del neoliberalismo - Este país se protegió de los choques que sufrieron México y Argentina entre otros por mantener un rígido control sobre el capital especulativo. Las inversiones extranjeras precisan mantenerse un año por lo menos en Chile y el 30% de los créditos extranjeros deben depositarse en el Banco Central por un año sin recibir intereses. El Estado es el responsable de impulsar políticas sociales basadas en los principios de equidad y justicia social, necesarias para el desarrollo, debe ser una estrategia y una acción de combate a la pobreza. Deben ser universales, alcanzando a todos los sectores de la población. Este concepto debe ser tenido en cuenta ya que la política neoliberal impulsa políticas sociales selectivas y compensatorias dirigidas a

determinados sectores sociales, promoviendo la fragmentación del tejido social. La mayoría de las políticas sociales instrumentadas como compensatorias, en realidad no han sido un "plus" sobre la política social básica, sino que se han instrumentado "en lugar de" en un planteo que, más allá o más acá de cualquier maquillaje, lo que encubre es un planteo de menor gasto sin lograrlo en la mayoría de los casos, aparte de ser estas fuertemente discriminatorias en sí mismo. Se utiliza al Estado para transferir mínimos recursos económicos a determinados grupos como solución inmediata a sus problemas sin atacar las verdaderas causas que las originan. Así pues, entendemos que las políticas sociales son el continente dentro de las cuales debemos ubicar, como principal política social, elevada a nivel de DDHH fundamental, al empleo. Por ende, la política económica debe ubicarse como "contenido" -fundamental, claro está- de las políticas sociales. El análisis de la situación del TRABAJO en general es presentado como un tema estadístico, de porcentajes o números, en una "categoría económica", como un indicador, un número que nos demuestra en parte como va la economía, el país la producción, hablando del trabajo, o mejor dicho del nivel de no trabajo, relativizando la dimensión humana y social del mismo. El trabajo es un elemento estructurante de la vida del hombre, organizador de su proyecto vital, contribuye y forma parte de su identidad, es un medio socializador, reforzador de vínculos entre la persona y la realidad, da la posibilidad de crecer de crear, de expresarse y desarrollarse. Es que a partir de nuestro trabajo organizamos otras actividades, incluyendo diferentes dimensiones: sociales, temporales, estudio, descanso, etc. Sin perder de vista la remuneración por nuestro trabajo, lo cual no es un mero detalle. Cuando hablamos de trabajo, hay que pelear por la "dignidad del trabajo porque va directamente a resolver un principio y un valor que le quita el capitalismo y lo toma como una mercadería más.

La cuestión entonces es la pelea por la justa distribución de la

producción social de la riqueza Contiene la necesidad de avanzar nosotros y en lo posible con otros sectores en un Estado que formule políticas productivas, en la acción sobre la calidad y protección del trabajo, facilite la sindicalización, su organización, la higiene laboral, cumplimiento de derechos laborales resueltos por organismos internacionales, mejorando las relaciones laborales, la negociación colectiva, principalmente para sus propios trabajadores públicos.

EL PAPEL DE LAS EMPRESAS PUBLICAS

• Las Empresas Públicas (EEPP) como locomotoras del desarrollo productivo. Las EEPP, por su peso en la economía (son las mayores), por su papel en el control nacional de los recursos estratégicos y su impacto para todo el aparato productivo, su papel en el desarrollo tecnológico y en la generación de empleos directos e indirectos, pueden transformarse en locomotoras en una estrategia de desarrollo.

• Permiten utilizar su poder de compra como factor de dinamización de la producción y en segundo lugar a través de una política de tarifas que implique proveer a la sociedad y a las empresas de la infraestructura productiva (energía, telecomunicaciones, agua, transporte etc.) de altísima calidad y a bajos costos. Esto supone el cambio de los actuales criterios fiscalistas con que se gestionan. Para las cuestiones fiscales está el impuesto integral a la renta de las personas físicas. En el tema investigación y desarrollo como país, es posible incorporarlas en un sistema de innovación

• Con este planteo general los beneficiarios son las mismas empresas públicas y sus trabajadores hoy cuestionadas por el bloque de poder; los proveedores y los dueños de las empresas públicas, es decir todos nosotros.

• Para potenciar la capacidad que por separado tienen cada una de ellas, proponemos un Sistema Nacional de Empresas Públicas para que no sólo compren en conjunto, sino para que se complementen entre sí, y desarrollen laboratorios tecnológicos conjuntos con participación de la Universidad de la República y una utilización más eficaz de la infraestructura tecnológica existente.

• Con la mitad de lo gastado en la Torre de las Comunicaciones se podrían instalar a lo menos tres laboratorios de este tipo, con lo que las empresas públicas y la Universidad podrían mantenerse permanentemente actualizados y competitivos en materia tecnológica.

• A su vez, el sistema de empresas públicas exige que se cree, asimismo, el Sistema Nacional de Proveedores de las EEPP que permite que las empresas uruguayas vivan de producir con altos niveles de exigencia, pero con mercados asegurados y financiados, todo lo cual incide en la calidad del trabajo y en la dinamización del mercado interno.

• Participación de los trabajadores y los usuarios en la gestión y control del funcionamiento de las empresas públicas.

Asimismo, se propone un rol más activo del Estado, orientador de la política económica con fines sociales. Eslabón principal para impulsar otra serie de políticas necesarias para el avance de nuestros planteos:

• Reforma Tributaria como mecanismo de justicia social sustituyendo la actual y regresiva estructura tributaria por un sistema donde el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) sea el eje, sustituyendo, el IRP y con una sustancial rebaja y reforma del IVA.

• Redistribución del Gasto Público priorizando el Gasto Social en particular en Salud, Educación, Vivienda, Justicia y Minoridad.

9º CONGRESO del PIT CNT (2006)

CARACTERIZACION DEL ESTADO El Estado es antes que nada un instrumento de dominación de una clase sobre otra. La aparición del excedente económico, su acumulación y distribución da lugar a la aparición del Estado que es quien se encarga de definir la participación social en dicho excedente. Para imponer el sistema de dominación de clase el Estado dispone, por una parte, de mecanismo de legitimación que articulan consensos, tales como las políticas asistenciales, y la reproducción de la ideología dominante y, por otra, del poder monopólico de la coerción física. El marco institucional concretiza ese predominio de clase y profundiza las relaciones asimétricas en la sociedad. El Estado, para garantizar que se ejerza la dominación sobre una población y un territorio se vale de un conjunto de instituciones, funcionarios y procedimientos. El Estado es un terreno privilegiado de la lucha de clases y, por lo tanto, un ámbito donde se disputa la hegemonía social y donde se expresan los diferentes intereses y se configuran los sujetos políticos. La Institución Estado engloba tres dimensiones fundamentales de la vida social: una dimensión funcional (o de la división social del trabajo); otra dimensión material que corresponde a la producción, distribución y consumo del excedente social; una tercera dimensión que hace al poder y a la forma que cobra la dominación política. Cualquier intento por operar cambios en dicha institucionalidad (ya sea en la organización, gestión, funcionarios, normas y/o vigilancia de las mismas, etc.) modifica las relaciones Estado - Sociedad. Entendido de esta forma, el Estado es un instrumento potencialmente muy importante para una sociedad, ya sea en la planificación productiva y en la articulación sectorial de la economía, en la división social del trabajo que implementa los objetivos estratégicos que define un determinado bloque en el poder. Desde esta perspectiva conceptualizamos entonces al Estado no como un ámbito de conciliación supra clasista sino una expresión del grado de contradicción de clases en la sociedad.

REFORMA DEL ESTADO

Los trabajadores reconocemos la necesidad de una profunda transformación del Estado, pero rechazamos la filosofía de las “reformas neoliberales” financiadas por organismos internacionales de crédito como el FMI, el Banco Mundial y el Banco

Interamericano de Desarrollo, que proponen una simple racionalización de funciones o achicamiento de la burocracia. Tampoco acordamos con los criterios de “eficientismo” o “productivismo” de mercado que han venido reduciendo sistemáticamente la capacidad reguladora del Estado, sus funciones específicas en la producción de bienes y servicios y en la protección de los sectores más necesitados (tomando como modelos como el sistema privatizador chileno). Reformas neoliberales que han disminuido los ingresos de los trabajadores y los han marginado de las principales decisiones y del control de los procesos productivos empujándolos a una pauperización constante. En definitiva, reformas que han cuestionado las condiciones materiales de la democracia y las condiciones de vida de los ciudadanos en general. Ratificamos lo resuelto en el VIII Congreso respecto a la Deuda Externa: “La Deuda condiciona de manera radical las relaciones fines - medios del Estado, la economía pierde toda autonomía y queda sometida a los dictámenes de los organismos internacionales y a las políticas de ajuste estructural”. Es imprescindible, por lo tanto, para salir de la actual situación de dependencia, impulsar mecanismos de renegociación de la Deuda Pública, disminuyendo su peso en el Presupuesto Nacional. Además, gran parte de la Deuda Externa del País es ilegítima, por lo que planteamos la necesidad de una auditoría ciudadana de la misma. Otro aspecto importante que hace a la transformación del Estado es que el Sistema Financiero debe estar al servicio del País Productivo con Justicia Social. Se trata de que el ahorro de los uruguayos, y su contrapartida, el crédito, esté realmente bajo la égida de un Banco Central del Uruguay, bajo el control del gobierno, con gran desarrollo de su función rectora del sistema financiero en contraposición con la autonomía exigida por el FMI y firmada por el gobierno en la Carta Intención. Una normativa banco-centralista acorde. Un eficiente control de los flujos de Capital intra sistema, y desde y hacia el Sistema Financiero Uruguayo, es condición esencial para que el gobierno del Estado asuma la conducción real de la economía y la ponga a cubierto de las acciones desestabilizadoras del capital golondrina. Preponderancia del Banco de la República del Uruguay como dinamizador de la economía y de la generación de puestos de trabajo mediante el apoyo selectivo al Sector Productivo. Reorientar los fondos que el BROU mantiene en el exterior. Recuperar los recursos económicos de la Seguridad Social en manos de las AFAP’s. El nuevo Estado deberá edificarse de una manera más incluyente, para ello debemos apuntar a la construcción de un bloque hegemónico, alternativo, que incorpore a los sectores más postergados y discriminados en la historia del País. Lo cual será sustancial para hacer efectivo el anhelo del PIT CNT de “contribuir a lograr que el actual gobierno desarrolle un Programa Alternativo: Nacional – Popular – Democrático e Integrador”. Es así como una transformación del Estado en el sentido de la radicalización democrática, de un desarrollo auto-sustentado y basado en la apropiación popular de sus frutos se compatibiliza con la reivindicación de un Estado “Honesto – Eficiente – Solidario – Social y Productivo”.

Los trabajadores apoyados en los grandes ejes programáticos del PIT CNT aprobados en el VIII Congreso, entienden que es posible y necesario impulsar un orden social diferente, para lo cual es fundamental el papel del Estado como principal herramienta, en el actual sistema.

El Estado debe cambiar su actitud actual de mero-garante y sustento de decisiones de los empresarios; para pasar a ser el promotor fundamental

de las actividades económicas del país hacia la concreción del Uruguay Productivo con Justicia Social, y profundización democrática

El acceso al gobierno de fuerzas políticas progresistas en América Latina no determinó la interrupción del proceso de reformas que es funcional a la expansión del capital transnacional. En nuestro país, bajo un nuevo discurso, se siguen aplicando las medidas que impulsan los organismos multilaterales, lo cual fue y es resistido por el Movimiento Sindical. En el marco de las líneas estratégicas predominantes desde los ’70, el gobierno impulsa una Reforma del Estado basada en una concepción tecnocrática que busca eliminar el papel de la política en los ámbitos administrativos y económicos. En la actual coyuntura, a pesar de las inconsistencias y retrocesos del actual gobierno, el fortalecimiento del Movimiento Sindical crea condiciones para impulsar un proceso de transformación en dirección a los objetivos históricos de los trabajadores. Lo anterior implica el fortalecimiento de la sociedad de lo cual debe expresarse en un Estado incluyente, que redistribuya la riqueza, la renta e impulse instituciones participativas que fortalezcan la democracia social. La “Reforma del Estado” propuesta por el gobierno para la discusión no busca la construcción de un nuevo Estado, cuestión que nos interesa a los trabajadores; sino la reformulación del aparato administrativo para hacer más eficiente la dimensión funcional de la gestión pública, sin tocar las dimensiones materiales de la producción y la apropiación de la riqueza y de la dominación política que la posibilita. No obstante, “la reforma” y las condiciones de trabajo de dicho aparato administrativo, involucra igualmente la distribución y ejercicio del poder político; de aquí la importancia del debate y la lucha en la que están insertos los trabajadores públicos. No desconocemos los avances parciales de este gobierno en lo que hace a las relaciones laborales en general, la presupuestación de los contratos de función pública y la regularización (en algunas áreas) de los contratos precarios existentes a Diciembre 2004, la reinstauración de los Consejos de Salarios, la Ley de Fueros Sindicales, la sensibilidad ante la exclusión social, la preocupación por el Sistema Nacional de Salud y el tratamiento más comprometido del tema de los Derechos Humanos ocurridos en los últimos dieciocho meses. A pesar de dichos avances, los trabajadores públicos fueron discriminados y varios de los temas centrales para los intereses de los trabajadores

fueron excluidos de la negociación colectiva, por lo que exigimos una Ley de Negociación Colectiva y su cumplimiento.

DEFENSA DE LA SOBERANÍA Tal como lo expresa el VIII Congreso la Comisión de Estado, “debemos hacer cumplir que el Estado desarrolle la reactivación productiva, garantice e implemente programas sociales, distribuya equitativamente la riqueza y controle la explotación y el cuidado de los recursos naturales del país (medio ambiente, agua, explotación de la tierra, el mar, el aire, el subsuelo, etc.)” Por lo tanto, rechazamos cualquier intento de privatización (asociaciones o sociedades anónimas) de las empresas públicas, así como a eventuales propuestas de pasaje al derecho privado de los trabajadores públicos, haciendo especial énfasis en la recuperación y especificidad de los roles de los Organismos Públicos. El mantenimiento de las empresas públicas en mano del Estado es un elemento imprescindible de la soberanía e instrumento esencial para el desarrollo del País Productivo con Justicia Social. El PIT-CNT lo impulsó a través de sus Plebiscitos en Defensa del Patrimonio. Es necesario, además, recuperar las áreas estratégicas como las de las comunicaciones y las bases de datos que se han entregado a empresas transnacionales. Las existencias de posibles emprendimientos conjuntos de las empresas públicas con capitales privados no pueden violentar estos principios y en los mismos el control estatal deben mantenerse en los hechos. Que para el logro de dichos objetivos es necesario fortalecer a las Empresas Públicas luego de una década de debilitamiento sistemático. Para ello proponemos varios instrumentos:

• Estructura Orgánica. Deben procesarse en cada una de las empresas cambios profundos en estructuras que han quedado vetustas en función de avances tecnológicos y de los objetivos estratégicos que se tracen, en función del desarrollo productivo y social.

• Ingreso y Destercerizaciones. Se ha avanzado sobre el primer aspecto al caer la ley que impedía los mismos. Se debe planificar los mismos para los próximos cuatro años en función de las reestructuras orgánicas mencionadas en el punto anterior. Dentro de este plan general hay que definir las áreas, sectores y funciones por donde comenzar el proceso de descentralización.

• Inversiones. Este ha sido un aspecto clave utilizado por anteriores administraciones para desarticular las empresas. Por ejemplo: la actual crisis energética se explica por la ausencia de inversiones en generación por 15 años.

Debemos pautar en la reforma un plan de inversiones tanto en sus contenidos como en su secuencia.

• Gestión. La reforma de la gestión en función de los planes estratégicos establecidos debe ser parte insoslayable de la reforma. Para esto todo lo que tiene que ver con gestión de recursos humanos, carrera funcional, concursos, formación profesional, salud ocupacional, es clave.

PARTICIPACIÓN Y DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO Los trabajadores del Estado, en cuanto actores centrales del proceso productivo y del cambio social hacia una sociedad justa, igualitaria y solidaria, debemos tener el derecho a la participación en la toma de decisiones que hacen a la planificación, ejecución, y evaluación de los resultados de la gestión pública y de sus recursos materiales y humanos. Reclamamos un presupuesto participativo con intervención de los trabajadores y la sociedad, con acceso pleno y previo a la información, así como a reales ámbitos de decisión; donde se puedan fijar criterios soberanos que determinen el gasto y los sectores beneficiados por el mismo, tomando en cuenta siempre a los actores (en cuanto sujetos políticos) del cambio social y sus propuestas estratégicas en el marco de un proyecto de desarrollo nacional incluyente. Respecto a los ámbitos de negociación colectiva, entendemos que la incidencia de los trabajadores es fundamental para las políticas de recursos humanos, condiciones de trabajo y gestión de los organismos. En este sentido el acuerdo marco firmado el 22 de julio de 2005 debe ser respetado por el gobierno de manera de asegurar la participación real de los trabajadores. Destacamos que, pese a que los trabajadores organizados en los sindicatos han propuesto proyectos sustentables para destercerizar servicios que otros gobiernos han trasladado a empresas privadas incluyendo multinacionales, los actuales directorios mantienen la continuidad de políticas neoliberales. En tal sentido reclamamos la incorporación de los trabajadores en todos los ámbitos de decisión, incluyendo a los directorios de los entes y servicios descentralizados a fin de ser parte de la planificación de las políticas estratégicas en dichas áreas. Como parte del proceso de profundización democrática la consagración de los principios de la autonomía y el co-gobierno para la enseñanza no universitaria (porque ya las tiene) es esencial, ya que supone junto con el reclamo anterior la generación de espacios concretos de poder popular. A su vez, rechazamos los intentos de tercerización que en el ámbito de la gestión pública han buscado recortar los gastos salariales de la plantilla de trabajadores, pero

terminaron aumentando la deuda pública, introduciendo una cantidad de formas jurídicas que escapan a los controles reglados por la Administración Pública. Por un lado, los “Contratos de Obra” donde operó la total discrecionalidad de los directores de turno y se destinaron a cargo de salarios superiores por una supuesta “alta especialización” de nivel “gerencial”. Defendemos la postura de una tarea permanente, funcionario permanente y de a igual función, igual remuneración. Por otro lado, las formas contractuales “a término”, becarios, pasantías eventuales y zafrales que tienen un gran costo ya no por los salarios pagados sino por los recursos destinados a la formación y la pérdida de eficiencia cuando dichos contratos expiran. Los servicios de transporte y limpieza en algunos Entes y en el conjunto de la Administración Central son también un ejemplo que destacar del despilfarro del recurso propio de la filosofía de que el ámbito privado es más eficiente que el público. Defendemos el Servicio Civil de Carrera con todas las garantías para los trabajadores en cuanto a su carrera funcional. Impulsamos una reestructuración escalafonaria, una formación integral con la participación de los trabajadores en la elaboración de los programas y adecuación de los recursos humanos existentes, y un sistema transparente de concursos de oposición y méritos. Este sistema debe contar ineludiblemente con la participación gremial. (Fiscalización, evaluación, y elaboración en los criterios de los méritos). Rechazamos todo intento de Reforma Funcional (sistema integrado de retribuciones y/o ocupaciones, SIRO) sin la plena participación de los trabajadores. Reivindicamos la dignificación y la humanización de la función pública, apuntando a que los trabajadores se enorgullezcan de su condición de trabajadores estatales, actores centrales en la democratización del acceso a los recursos de la sociedad dado el papel de intermediario privilegiado que les posibilita el aparato estatal. Requisito para cumplir con este objetivo es contar con una remuneración acorde con la importancia de la tarea realizada, y en tal sentido se propone un Salario Mínimo de supervivencia de la cuarta canasta en forma inmediata, para avanzar hacia una nueva escala retributiva cuyo punto de partida sea la media canasta familiar a mediano plazo. En el marco del análisis acerca de la reformulación del Estado, el ingreso del nuevo personal, y los mecanismos o procesos de selección deben obedecer a los conceptos de igualdad de oportunidades, mecanismos democráticos de selección, criterios de capacitación y profesionalización de los funcionarios seleccionados, y fundamentalmente se debe considerar que dichos criterios deben analizarse a través de los mecanismos de negociación en ámbitos ya establecidos, en cumplimiento de las normas de carácter nacional e internacional que dan contenido a la negociación en el sector público. Es preocupación que se estén cubriendo necesidades de ingreso de puestos de trabajo con contratación zafral o becario-pasantes en este período. La pasantía o la zafra están supliendo la necesidad de trabajadores permanentes. Este instrumento de pasantía se adecua para una coyuntura diferente, cuando los Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Administración Central hubieren realizado la dotación suficiente en

sus áreas estratégicas. Es objetivo de los trabajadores estatales discutir que política de ingreso se llevará adelante. Documentos recientes emitidos por el gobierno sobre sus objetivos en materia de transformación del Estado, abren serias dudas a los trabajadores respecto de los fines que se persiguen y deberían de ser objeto de un gran debate nacional. La introducción de conceptos de calidad total de la gestión, capacitación por competencia, medición por resultado, polifuncionalidad y movilidad horizontal y vertical, deben hacernos reflexionar profundamente si en realidad no se está buscando en forma encubierta la flexibilización y desregulación de las condiciones de trabajo y así mismo, la fragmentación de la clase trabajadora, obligándola a competir entre sí para la obtención de metas que tienden al individualismo. Para nosotros y para nuestra sociedad deben implicar estas reformas, una relación distinta entre los trabajadores y el trabajo mejorando su capacidad y su calidad de vida. Debe implicar que el Estado llegue a todos por igual con las mismas condiciones y considerar el desarrollo integral de los individuos todos constante de preocupación y ocupación que toda la política debe reflejar de manera inequívoca. De todo lo expuesto se desprende la ineludible necesidad de contar con un espacio de discusión, elaboración y propuestas para la acción de cara a la Reforma del Estado. El PIT CNT ya cuenta con un instrumento idóneo previsto por los propios Estatutos, como es el Departamento de Trabajadores del Sector Estatal y Municipal a cuyos efectos es resolución de este Congreso su fortalecimiento y desarrollo.

El presente Documento se inscribe en la idea de que el Estado no debe limitarse a desempeñar las funciones de guardián de la propiedad

privada y de tutor del orden público, sino que, por el contrario, debe defender principios y valores fundamentales, tales como: Soberanía

Nacional, la Democracia Plena y la Justicia Social

Los trabajadores, en esta etapa, debemos enfrentar las impersonales leyes de la economía a través de un Estado que cumpla con el deber ético – político de crear instituciones que permitan implementar un modelo de desarrollo alternativo que atienda las necesidades básicas de los trabajadores y el pueblo, y que reduzca la vulnerabilidad de nuestra economía respecto a las perturbaciones que caracterizan a la economía capitalista. Reafirmando que las tareas de esta etapa deben inscribirse en un proceso de acumulación de fuerzas que nos permita avanzar hacia el logro de los objetivos históricos de los trabajadores: Una sociedad sin explotados ni explotadores.

UN ESTADO PARA UN PAIS PRODUCTIVO El Estado no es de ningún modo, un poder impuesto desde fuera a la sociedad tampoco es, él contexto de la idea moral ni la imagen ni la realidad de la razón. Es más bien un producto de la sociedad, cuando se ha llega a un grado de desarrollo determinado, es la manifestación de que esa sociedad está en una irremediable contradicción consigo misma y está dividida por antagonismos incompatibles y que es impotente para resolverlos. Las clases dominantes toman en sus manos el mismo, tiene por fin mantener el orden de cosas existentes y aplastar la resistencia de las otras clases. Surgió a consecuencia de haberse escindido la sociedad en clases, como instrumento de la clase explotadora para mantener sometido al pueblo explotado. El proceso de la formación del Estado consistió en destacar un poder público especial, su ejército, su policía, sus cárceles, instituciones coercitivas de distintos géneros. El estado uruguayo no escapa a estas leyes históricas, construido por los sectores dominantes durante 176 años sirve solamente a sus intereses. Por tanto, debe sufrir una radical transformación en su estructura burocrática militar para ponerse decididamente al servicio de las grandes mayorías de nuestro pueblo, mediante la construcción de un Estado Democrático que tienda a generar poder popular, a través de la participación de las organizaciones populares en su gestión, especialmente los trabajadores organizados. Solamente así podrá transformarse en una herramienta fundamental para la construcción del Uruguay Productivo con Justicia Social, abarcando lo institucional, productivo, social y político. Este debe ser el criterio general que guíe la tan publicitada “reforma del Estado”, y no la reiteración de mecanismos ya rechazados por la población, como las denominadas “asociaciones” de las empresas públicas estatales. Permitiendo llevar a su mínima expresión la participación y el control del Estado sobre los servicios y las Multinacionales. Los EE. UU., se han mostrado muy interesados en el área de las Telecomunicaciones, Combustibles, pero no es oculto su interés por el agua. Por el contrario, deberán ser fortalecidas, fomentando la investigación, la inversión en recursos humanos y tecnológicos, potenciando la innovación y desarrollo en las telecomunicaciones, la energía, las cadenas productivas, etc.

Las empresas más grandes que tiene hoy el Uruguay son públicas, por lo

que debe de aprovecharse ese hecho para lograr la reactivación del aparato productivo y al mismo tiempo brindar todos los servicios a los

uruguayos.

• Es fundamental para ello la inversión en obra pública, que reactive la producción y genere puestos de trabajo. Que contribuya a eliminar la dependencia tecnológica, (Ej. Compras de Software, definición de la norma de TV Digital, etc.).

• Hay que reactivar el ferrocarril, no como competencia de otras formas de transporte, si no como complementario, para carga y fundamentalmente para pasajeros de menores recursos, tendiendo a una red de transporte unificada.

• Reactivar el Instituto de Colonización, apoyando a los pequeños productores con tierras y créditos barato para ‘repoblar’ el campo.

• Para esto proponemos que el financiamiento sea a través de los fondos que el BROU tiene colocados en el exterior (aprox. U$ 2.600 millones) y con fondos de AFAP República, que el ahorro de los uruguayos y fundamentalmente de los trabajadores uruguayos se vuelque a la producción y no a la especulación.

• Apoyamos la creación de un Sistema de Empresas Públicas, donde se coordinen acciones, se elimine trabas burocráticas y chacras de poder, de mandos medios y de dirección, puestos, en muchos casos, por clientelismo político y no por idoneidad.

• Revisión de la política tarifaria de las EEPP, la tarifa debe ser diferencial, para apoyar a los sectores productivos, a los nuevos emprendimientos (en el caso de las telecomunicaciones la red digital a nivel nacional es un ejemplo de ello) y para lograr la inclusión de grandes sectores de la población a servicios básicos que el estado tiene el deber de dar. Y no utilizar como variable de ajuste la misma para las EEPP sean el cajero automático del gobierno de

• Debe darse prioridad para las compras del Estado a las empresas recuperadas, cooperativas autogestionadas y a empresas nacionales o que ocupen mayoría de mano de obra uruguaya.

• Para ello y como forma de control y de incidencia en la gestión proponemos la integración de representantes de los trabajadores y de los usuarios organizados en los directorios de las EEPP.

10º CONGRESO del PIT CNT (2008)

CARACTERIZACION DE LA ETAPA La construcción de un Estado de nuevo tipo es un tema vital para la profundización de los cambios, y esto solo será posible con la participación crítica de los trabajadores organizados y de las grandes mayorías nacionales. La inserción internacional ha tenido enormes contradicciones, se trató de imponer un modelo de relacionamiento con formato TLC, con el aplauso de los partidos tradicionales, de privilegio con los EE. UU. y de espalda al MERCOSUR, proyecto que fracasó entre otras cosas por la enorme resistencia que generó y las movilizaciones de nuestro PIT CNT. Si se hubiera impuesto el TLC con EE. UU. el arrastre de nuestra economía por la crisis internacional tendría a la fecha graves consecuencias en la vida del pueblo uruguayo. En el marco de importantes avances en las relaciones laborales preocupan conductas del gobierno respecto a los trabajadores del Estado. Los acuerdos firmados y no cumplidos atentan contra la credibilidad en todo el escenario. El Proyecto de Ley de Negociación Colectiva de los Funcionarios Públicos deberá significar un avance en este terreno. En las relaciones en las empresas privadas el gobierno expresa una búsqueda de equilibrios la mayoría de las veces inalcanzable por las condiciones de contraposición de clases.

LA CONTRADICCIÓN PRINCIPAL DE LA COYUNTURA SIGUE SIENDO: País

Productivo con Justicia Social con Profundización Democrática o más dependencia.

Para ello una política económica que priorice el Estado productor en las principales cadenas y comercializador en el mercado interno y hacia el exterior. Qué para mejorar recursos trate de modificar el tratamiento de la deuda externa en alianza solidaria, productiva y política con los pueblos y gobiernos afines del continente y oriente el ahorro nacional a la producción, empleando el sistema financiero para esos objetivos. Que fortalezca y desarrolle las empresas públicas y su control de los negocios en su área de producción. En este cuadro de transformaciones, que es incluso a escala continental, los trabajadores uruguayos junto con otras organizaciones sociales, con expresión orgánica que comienza a desplegarse desde el Congreso del Pueblo, tiene planteado la lucha por constituirse en la locomotora del proceso de profundización del cambio social en nuestra patria. A tales efectos, y en el marco del proceso de acumulación de fuerzas logrado por las organizaciones obreras y populares, en la nueva fase que se ha abierto en la escena nacional desde el 1º de marzo de 2005, la tarea central es la

disputa por construir una nueva hegemonía que desplace del poder a los sectores que lo han detentado históricamente. En la disputa hegemónica nos propusimos la realización del II Congreso del Pueblo. Como parte del proceso de construcción de la más amplia alianza social y política que acumule fuerzas para el Uruguay Productivo con Profundización Democrática. Elemento sustantivo que debía hacernos avanzar en la construcción de una nueva hegemonía generando: La síntesis del programa del pueblo disperso en las más diversas organizaciones. Una elevación del nivel de organización del movimiento general reivindicativo o Movimiento Social. Un avance sustantivo hacia instalar en la sociedad uruguaya una metodología de debate democrático de masas. Se trata de un proceso que continúa y que nos proponemos potenciar para la profundización de los objetivos antes señalados. La clase trabajadora organizada reafirma su responsabilidad histórica de transitar de generadora de toda riqueza a organizadora del proceso democrático para su redistribución. Ello implica avanzar en la construcción del más amplio arco de alianzas sociales y políticas que confronte con el imperialismo y el bloque de poder local, hacia el control popular de la política nacional, el aparato del estado y los procesos productivos construyendo justicia social y para lograrlo y como consecuencia, profundización democrática.

II CONGRESO DEL PUEBLO “El tipo de Estado es propio de cada formación socioeconómica, y más allá de su autonomía relativa es un instrumento de la clase dominante, dado que dispone del monopolio de utilización de la fuerza y del aparato político, administrativo, jurídico e ideológico que asegura su hegemonía. Como ámbito donde se expresan las contradicciones de clase es un terreno para la lucha política en toda su expresión.” Nuestro Estado debe sufrir una radical transformación de toda su estructura para ponerse decididamente al servicio de las grandes mayorías de nuestro pueblo, mediante la construcción de un Estado Democrático que tienda a generar poder popular, a través de la participación de las organizaciones populares en su gestión, especialmente los trabajadores organizados. Desde la propia discusión para la reestructuración del estado debe asegurarse dicha participación.” “…estudiar a fondo la reforma del Estado y los instrumentos constitucionales que sean necesarios y que lo vuelvan un instrumento eficiente para los cambios que el país necesita, bregando por profundizar la democracia, proyectándola desde su condición de representativa a su condición de participativa. El gran desafío para el éxito de la gestión del nuevo Uruguay está en formas de delegación de poder que nos permita a nosotros, el pueblo uruguayo, decidir nuestro destino, hacer lo que decidimos y controlar lo que hacemos.”

“La “Reforma del Estado” propuesta por el gobierno para la discusión no busca la construcción de un nuevo Estado, cuestión que nos interesa a todo el Congreso sino la reformulación del aparato administrativo para hacer más eficiente la dimensión funcional de la gestión pública. Para nosotros se trata de reformular las funciones del Estado incidiendo y construyendo las dimensiones materiales de la producción nacional, la apropiación de esa riqueza que producimos y la dominación política que haga posible esa apropiación de los bienes comunes a todo el pueblo uruguayo”. Por supuesto no somos indiferentes a posibles mejoras en la eficiencia y transparencia de la gestión estatal, pero ello solo no garantiza en modo alguno un proceso de modificación del papel de clase del Estado.

LA TIERRA (DEFINICIONES DEL II CONGRESO DEL PUEBLO) Reivindicar la tierra como propiedad social, explorando todas las acciones para enfrentar, contener y revertir la extranjerización, y recuperar la soberanía sobre el territorio nacional sin excluir en principio ningún mecanismo. Poner freno a la expansión sojera, forestal, al monocultivo y al latifundio en general en aras de velar por la sustentabilidad ambiental y alimentaria, así como propendiendo a la redistribución de la riqueza. Todas las tierras productivas del territorio nacional deberán estar en manos de ciudadanos uruguayos. Las tierras productivas de todo el país estarán incluidas en un Plan Agrario Nacional (P.A.N.) elaborado por el MGAP, la UdelaR, las gremiales de los sectores agropecuarios, las pequeñas y medianas empresas agropecuarias, las cooperativas agrarias, el Instituto de Colonizaciones y las gremiales de los trabajadores rurales. Ese Plan Agrario Nacional bregará por la conservación de la tierra por la preservación de los recursos naturales (agua, flora, fauna, subsuelo, aire, asentamientos humanos), priorizando la producción alimentaria agrícola-ganadera, de huerta, chacra y granja, (ganadería ovina, porcina, bovina, equina), la cunicultura, la apicultura, la producción hortícola y frutal, los productos no tradicionales, la producción de praderas y de bosques, la floricultura. Todas estas formas de producción estarán sujetas a que el Plan Agrario Nacional jerarquice por sobre todas las cosas el bienestar de todos los uruguayos y uruguayas, y atienda las condiciones del mercado regional y mundial. Se alentará el repoblamiento de la campaña a través del Instituto de Colonización, las Cooperativas Productivas Agrarias y otras formas de organización de los trabajadores de la tierra, a quienes se facilitarán tierras, créditos, herramientas, asesoría técnica, animales, semillas e insumos. El P.A.N. incorporará a los mercados agrícolas, los feriantes, los transportistas y todo aquel sector directa o indirectamente relacionado con los productos de la tierra, así como la presencia permanente de los consumidores organizados. Reivindicamos la ley de 8 horas sin excepciones para los trabajadores rurales y tomar las necesarias resoluciones para velar por las condiciones de vida y trabajo de las

fuerzas productivas del campo, así como el apoyo a la producción familiar y la pequeña producción. Las Cadenas Agroindustriales serán objeto de especial planificación dentro del Plan Agrario Nacional, atendiendo sus ciclos productivos completos, que agreguen el mayor valor agregado a las materias primas de cada sector:

• Complejo Cárnico. Complejo Lácteo.

• Cadena Productiva Cuero – marroquinería – calzado – vestimenta. Desarrollar esta cadena productiva, incrementando su valor agregado, incorporando fuerza de trabajo al procesamiento y manufacturado del cuero desde las primeras etapas del curtido hasta los productos finales, prohibiéndose expresamente la exportación de cueros sin procesar.

• Complejo forestal – maderero. Las máximas protecciones para el trabajador forestal, delimitación de la calidad y cantidad de hectáreas destinadas a la forestación que NO atenten contra el Plan Agrario Nacional, incorporación de la mayor mano de obra en el tratamiento de la madera para la industria de muebles y viviendas e implementos para viviendas.

• Industria de la Granja.

• Frigorífico Nacional Polimodal. Construido con fondos del Estado y constituido en nudo de varias cadenas productivas. Procesando carnes, pesca, frutas, verduras y hortalizas. Incidiendo en todo el proceso desde la producción de las materias primas hasta la comercialización interna y la exportación, incidiendo en el papel del sistema financiero y en el control de precios.

DOCUMENTO DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJADORES ESTATALES Y MUNICIPALES

“De lo que se trata es de construir un Estado de nuevo tipo, al servicio de otro bloque en el poder y de otro modo de producción”

En el IX Congreso los trabajadores reclamábamos que "el Estado no debe limitarse a desempeñar las funciones de guardián de la propiedad privada y de tutor del orden público, sino que, por el contrario, debe defender principios y valores fundamentales, tales como: Soberanía Nacional, la Democracia Plena y la Justicia Social". Asumíamos, además, que el estado debe cumplir "con el deber ético – político de crear instituciones que permitan implementar un modelo de desarrollo alternativo que atienda las necesidades básicas de los trabajadores y el pueblo, y que reduzca la

vulnerabilidad de nuestra economía respecto a las perturbaciones que caracterizan a la economía capitalista". Hoy más que nunca debemos reafirmar lo anteriormente expresado. En los centros capitalistas se está expresando nuevamente la crisis del sistema. Esta situación prevista con anterioridades por nuestros documentos demuestra claramente lo insostenible del sistema capitalista. La misma, lejos de ser financiera, es inherente al sistema de producción en su conjunto y tenderá a agravarse, afectando el nivel de actividad en nuestra economía, el empleo y el ingreso de trabajadores y pasivos, el aumento de la pobreza e indigencia, en suma, un incremento de las necesidades sociales que deberá atender el Estado. El Capitalismo resuelve sus crisis sistémicas agudizando la explotación y recurriendo cada vez más a la socialización de las pérdidas, a la concentración de la riqueza y a la destrucción masiva de las fuerzas productivas, ya sea a través de la beligerancia abierta como de la dilapidación de recursos buscando el aumento puntual efímero de la tasa de ganancias; y en la época del imperialismo recrudece la expoliación sobre los países dependientes por parte de los centros imperialistas. Esta crisis del Capitalismo con centro en la principal potencia imperial puede permitir profundizar el cambio dentro del cambio, apostando a una mayor redistribución de la riqueza, a una transformación de Estado para que sea este quien lidere el desarrollo nacional y a buscar formas de inserción internacional que apunten al fortalecimiento de las alianzas con los países dependientes. En tanto el Estado es un ámbito donde se entrelazan las contradicciones de clase, este se convierte en un terreno decisivo para la lucha política en toda su expresión. No existe posibilidad de profundizar la democracia sin cambiar el carácter de clase del Estado uruguayo en función de los intereses de la clase obrera y del pueblo trabajador en general. En este marco, el PIT-CNT cumplirá un papel protagónico como herramienta popular históricamente construida en el seno del pueblo para la lucha por sus intereses. Primero como expresión de la unidad de la clase obrera, y el conjunto de los asalariados, en combate reivindicativo y para abolir la explotación capitalista, y segundo, como expresión general antiimperialista y anti oligárquica.

La Transformación Democrática del Estado ¿Viejas o nuevas ideas?

Los proyectos de Reformas del estado surgen fundamentalmente de la revisión del consenso de Washington. En 1997 el Banco Mundial plantea la necesidad de implementar reformas de segunda generación que completasen las del Consenso de Washington, y que a su vez avanzaran en reformas estructurales que mejoraran los

aspectos negativos y avanzar del Estado mínimo al Estado eficiente, reconociendo que el Estado tenía un papel que cumplir. Este rol es según sus impulsores generar un marco institucional que cree un clima de relacionamiento amigable entre el Mercado, el Estado y la Sociedad civil, a lo que se suma acciones que ese Estado lleve adelante en infraestructura, salud básica, educación básica y asistencia focalizada a la pobreza. La idea central es la construcción de una “gobernanza”, como proceso de profundización del “buen Gobierno”, la cual es imprescindible para la superación de las contradicciones inherentes del Sistema Capitalista. Estos postulados se generalizan a través de diversos organismos internacionales, particularmente el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, los cuales lo toman tanto en sus estudios como en sus prácticas, presentándolos en diferentes documentos y proyectos. La condicionalidad estructural con que operan las multilaterales de crédito y que durante muchos años cercenaron directamente la soberanía nacional y recortan la posibilidad de la implementación de un proyecto de desarrollo. Hoy más allá de que no existe la obligatoriedad de estas condicionantes por el pago de la deuda efectuado, este gobierno se las autoimpone y exige:

• un sistema público endeble y estéril para encarar la protección social y el sistema previsional público, solidario y transgeneracional;

• un Estado mínimo sin capacidad de regular y reorientar los recursos con una lógica no mercantil

• directivas de política económica que se pretenden neutras pero que de hecho imponen el poder de mercado sobre los intereses populares

• otras injerencias directas sobre el carácter y la función de las instituciones (p. e. Banco Central) que limitan el control nacional de un proyecto de desarrollo alternativo y la posibilidad de combinar políticas (fiscales, monetarias, cambiarias y de regulación);

• un sistema financiero público casi inexistente, a pesar de disponer de recursos para el fomento de la inversión y la articulación de nuevos sectores económicos

• las exigencias de privatizaciones, desregulaciones y tercerizaciones instrumentadas para la ampliación de la acumulación privada, y en especial la extranjera, traspasando poder a los sectores del capital que controlan más mercados y disminuye al Estado en cuanto institución con responsabilidad social

• una política fiscal restrictiva que genere un superávit fiscal primario para pagar los intereses de deuda, a través de la contención del gasto público usando nuestro salario como variable de ajuste con sus consecuencias negativas para el mercado interno

• los privilegios exigidos para la inversión extranjera, cualquiera sea su rubro productivo (incluso las contaminantes) generando asimetrías insuperables con la inversión nacional.

• La sustentabilidad del desarrollo se ve cuestionada por la incongruencia de los interese nacionales y el horizonte globalizado que dirige las decisiones empresariales de dichas inversiones.

El Gobierno Nacional ha planteado su propuesta de “Reforma del Estado”. Una de las bases de la propuesta es la actitud “amigable” del Estado con el Mercado, al mismo tiempo que una visión de eficiencia de tipo tecnocrática. En dicha propuesta no se reconoce el carácter de clase del Estado, y desde una perspectiva pragmática no se lo vincula al modelo de desarrollo del país. En la misma se plantea, por otra parte, la “ampliación” de la Democracia hacia una supuesta “sociedad civil”, omitiéndose la existencia y necesidad de organizaciones representativas, sumándose en los hechos al planteo desideologizador dominante; sustituyéndose el protagonismo de las grandes mayorías nacionales organizadas por una alta jerarquía incondicional a las reformas proyectadas, que supuestamente defenderá el “Interés General” de los intereses corporativos. A su vez, se reduce el concepto de eficiencia a la disminución de costos para crear las mejores condiciones para cumplir con nuestras obligaciones con los acreedores. En este marco, planteado por el gobierno, los funcionarios públicos deberán tener remuneraciones y condiciones de trabajo vinculadas al desempeño. Es de destacar que se han llevado adelante reformas sustantivas, sin discusión previa. Se convoca a discutir con posterioridad a su aplicación, no vinculante, lo cual es contradictorio con el principio de negociar de buena fe. Ejemplo de ello los encontramos en las Empresas Públicas (donde hay acuerdos incumplidos), en la Administración Central (cambios introducidos sin negociación previa en las Rendiciones de Cuentas), entre otros. Es desde esta base ideológica que la reforma del estado que se viene instrumentando se reduce meramente a una mejora de la gestión del actual Estado, el cual continúa siendo funcional a un patrón de acumulación que ha llevado a una mayor concentración de la riqueza. Es decir, se mantiene inalterable la concepción reduccionista del rol del Estado garante de la inserción exportadora y de la captación de inversión externa directa, que sustenta la persistencia de la dependencia.

NUESTRA PERSPECTIVA

En nuestra estrategia de profundizar la democracia hacia una sociedad sin explotados ni explotadores reafirmamos el eje central de la etapa definido en congresos anteriores de nuestra Central, en particular el 8 y 9 Congresos los cuales desarrollaron en profundidad contenidos programáticos, en general y sobre el Estado en particular. Se trata de desplegar, profundizar y ampliar la democracia hacia la concreción del gobierno popular, nacional y democrático por medio del accionar de las grandes

mayorías organizadas y movilizadas en torno a un programa de componentes democráticos y antiimperialistas donde se realice la hegemonía de la clase obrera a la interna del bloque político – social, democrático radical de los cambios, y el dominio de ese bloque en el conjunto de la sociedad. Partiendo de estos rasgos generales la idea de un país productivo atado a la redistribución de la riqueza hacia la justicia social y la profundización democrática solo debe entenderse en función de acciones transformadoras que apunten a nuevas bases productivas que tendencialmente resultan anticapitalistas. Ello no será posible sin cambiar el carácter de clase del Estado uruguayo en función de los intereses de la clase obrera y del pueblo trabajador en general. Para transitar este proceso es imprescindible:

• Modificar radicalmente la actual política económica, basada en el mercado y en la captación de inversión extranjera privada, expresada en sus rasgos fundamentales en la transferencia de recursos económicos millonarios al capital financiero internacional mediante el pago de la deuda pública, dado que imposibilita el desarrollo productivo del país y la justicia social.

• Plantear una moratoria selectiva, auditoria y renegociación de la deuda que deberá apuntar a permitir invertir los recursos suficientes para elevar las condiciones de vida de nuestro pueblo (política activa de generación de puestos de trabajo, incremento del salario real, servicio integral de salud, plan nacional de viviendas según las necesidades efectivas, educación popular, tarifas públicas más baratas, etc.) y posibilitar la inversión pública estatal en proceso productivos intensivos y de alto valor agregado, para crear la base material del quiebre de la dependencia económica del imperialismo, mediante la remoción de sus más características consecuencias (extranjerización de la tierra, latifundios improductivos, sistema financiero especulativo y enajenador de nuestra riqueza, atraso tecnológico, mono producción de materias primas, monopolios privados, etc.).

• Inserción productiva y reguladora del Estado en las áreas estratégicas claves y la democratización de su gestión. El financiamiento del desarrollo constituye también un tema central para la soberanía y el control nacional del proceso productivo. Por ello es fundamental aumentar la inversión pública para fortalecer la capacidad de acción del Estado (incluyendo la regulación económica y la gestión de los recursos), pero a su vez, para crear nuevos agentes del desarrollo hoy inexistentes, dando prioridad a la propiedad social.

• A esto debemos agregar la necesidad de control sobre las áreas estratégicas. Se deberá asumir la democracia participativa como la mejor forma de elaboración de políticas y contralor social de la gestión en las mismas. Por ello deberemos contraponer el mantenimiento y profundización de los controles sobre estas áreas a las ideas neoliberales de flexibilización y liberación de los mercados. Esto solo será posible mediante:

i. Control a través de la definición de políticas nacionales de desarrollo con participación de la sociedad organizada, y su correcta comunicación a los diferentes actores privados para garantizar su ajuste a las pautas nacionales.

ii. Control del Estado mediante la participación en forma monopólica en las actividades donde la ley así lo asegura, fortaleciendo su participación en las no-monopólicas y mediante la creación de entes testigos en las áreas donde hoy no tiene participación.

iii. Cogestión o Cogobierno en los organismos estatales que corresponda, con amplia participación de los trabajadores organizados en todos los ámbitos donde se realiza la toma de decisiones.

iv. Control de la ciudadanía organizada a través de la promoción de espacios de verdadera participación ciudadana.

• Un eficiente control de los flujos de capital dentro del sistema, y desde y hacia el Sistema Financiero Uruguayo, es condición esencial para que el gobierno del Estado asuma la conducción real de la economía y la ponga a cubierto de las acciones desestabilizadoras de capitales golondrinas. Preponderancia del Banco de la República del Uruguay como dinamizador de la economía y de la generación de puestos de trabajo mediante el apoyo selectivo al Sector Productivo.

• La inserción internacional deberá resguardar celosamente el control nacional del proceso productivo y no debe definirse de forma independiente de los requerimientos de complementariedad entre dichos sectores. De allí que rechazamos los acuerdos comerciales indiscriminados, y afirmamos que el país productivo es incompatible con la liberalización económica a secas.

• Debemos apostar a los procesos de integración regional como ámbitos de complementación productiva, social y cultural. Integración desde una perspectiva emancipadora y unitaria de los pueblos, así como un frente de gobiernos que confluya hacia una acción política común.

PLATAFORMA

Nuestra plataforma recoge líneas de acción bien definidas que implican a la vez avanzar en la concepción que hemos impulsado en las masas: la construcción que supone la unión dialéctica de un Uruguay Productivo, con Justicia Social y Profundización Democrática. Hemos de encaminar iniciativas que apunten a romper la dependencia mediante la transformación estructural de la economía con la intervención estatal deviene en una mayor justicia social ya que permite una redistribución más igualitaria de la riqueza, a la vez que para consolidar ambos aspectos resulta imprescindible la participación de los trabajadores organizados y la población en general en dichas iniciativas.

A. Promoveremos la Inversión Pública como uno de los motores del desarrollo

productivo. Por ello impulsaremos una banca oficial al servicio del País Productivo, la complementariedad de las empresas públicas y la promoción de un sistema de compras públicas.

B. Nos opondremos a toda privatización, tercerización, concesión o asociación con privados, sean a nivel nacional o departamental. Concebiremos las asociaciones público-privado como un proceso de privatización.

C. Reclamaremos la recuperación de las áreas estratégicas como las de las comunicaciones y las bases de datos que se han entregado a empresas transnacionales.

D. Defenderemos el mantenimiento y fortalecimiento de las empresas públicas en mano del Estado como un elemento imprescindible de la soberanía e instrumento esencial para el desarrollo del País Productivo con Justicia Social. La Comisión Nacional de Defensa del Patrimonio será garantía para la vigilancia y la preservación de las empresas en el área pública.

E. Rechazaremos la filosofía de las reformas del Estado promovidas por organismos internacionales de crédito como el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que proponen una simple racionalización de funciones o achicamiento de la burocracia para su mera privatización. Tampoco acordaremos con los criterios que han venido reduciendo la capacidad reguladora del Estado, sus funciones específicas en la producción de bienes y servicios, y en la protección de los sectores más necesitados.

F. Exigimos al gobierno el cumplimiento de la Carta Orgánica de ANTEL y la eliminación de la competencia en el mercado de las telecomunicaciones, así como el cumplimiento de los acuerdos firmados.

G. Reclamaremos la concreción de un presupuesto participativo con intervención de los trabajadores y la sociedad, con acceso pleno a la información, así como a reales ámbitos de decisión.

H. Reclamamos la incorporación de los trabajadores en todos los ámbitos de decisión, incluyendo a los directorios de los Entes y servicios descentralizados a fin de ser parte de la planificación de las políticas estratégicas en dichas áreas.

I. Exigiremos la regularización de los contratos basura, no reemplazar con becarios y pasantes puestos genuinos de trabajo en todo el Estado, dado que ello precariza las condiciones de trabajo y funciona como un mecanismo de desregulación. No se concibe dentro del Estado trabajadores bajo el derecho privado.

J. El ingreso del nuevo personal y los mecanismos o procesos de selección en el Estado deberán obedecer a los conceptos de igualdad de oportunidades, mecanismos democráticos de selección, criterios de capacitación y profesionalización de los funcionarios seleccionados.

K. Eliminación de inequidades en las funciones y en los beneficios sociales dentro del Estado. A igual función, igual remuneración. Reivindicamos una remuneración acorde con la función, cuya base debe ser un salario mínimo de supervivencia en todo el Estado de un cuarto de la canasta básica en forma inmediata.

L. Defenderemos la obligatoriedad de dar cumplimiento a las normas de carácter nacional e internacional que dan contenido a la negociación colectiva en el sector público. En tanto no se concrete el marco jurídico respectivo, exigiremos en forma urgente la concreción de ámbitos de negociación real.

M. Exigiremos la derogación del decreto que penaliza el trabajo a reglamento, y reclamaremos la concreción en todo el Estado de Comisiones Bipartitas de Salud Laboral, según recomendaciones de OIT.

N. Impulsaremos la adecuación del papel de la Justicia en la construcción de un nuevo Estado. Por esto se deberá analizar en el Poder Judicial temas tales como el acceso a la magistratura, los plazos en los juicios laborales, la defensa pública, las condiciones de reclusión, entre otros.

11º CONGRESO del PIT CNT (2011)

CARACTERIZACIÓN DE LA ETAPA

El elemento central que viene pautando el escenario internacional es la crisis estructural del capitalismo a escala internacional. Si contrastamos la teoría con la práctica histórico – universal de la humanidad, las previsiones de nuestros anteriores congresos se confirman. En efecto, la crisis del capitalismo es de vasta escala, centrada en los países más desarrollados (EUA y Europa) y de carácter crónico y estructural. Afecta los aspectos básicos de la economía política del sistema: crisis ambiental, crisis energética y crisis económica general a escala humana. Al mismo tiempo se han desarrollado las condiciones de producción para satisfacer todas las necesidades humanas – desarrollo de las fuerzas productivas- mientras que miles de millones de seres humanos están excluidos de toda vida digna. La crisis actual puede tener consecuencias gravísimas para los pueblos del planeta, implica serios riesgos para nuestra América Latina y para el país, y hace urgente avanzar en una plataforma programática como la que se sugiere en el presente documento. En la base de la crisis actual están ubicadas las contradicciones inherentes al funcionamiento de la sociedad capitalista. Desarrollo de las fuerzas productivas versus carácter de las relaciones de producción; Carácter cada vez más social del trabajo versus apropiación privada capitalista de la propiedad de los medios de producción; planificación en cada unidad económico/productiva y caos de la producción a escala social, con un único mecanismo de ajuste en el mercado.

Por tanto, planteamos que el centro de las tareas de la etapa de la clase obrera y su sistema de alianzas, pasan por:

A. La generación de todas las condiciones necesarias para la transformación de nuestra matriz productiva.

B. La organización de un enérgico proceso de transformación de los mecanismos de la distribución de la riqueza tendientes a elevar la justicia social y la igualdad.

C. Apuntar a la democratización de la sociedad y el estado. Desarrollo industrial con igualdad y más democracia, es la consigna de la etapa. Se trata de un programa de transformaciones profundas en la vida nacional. Este programa requiere entre muchas otras cosas, el desarrollo de un patrón de acumulación diferente. Si el actual es un patrón de acumulación que podríamos llamar “dependiente”, basado esencialmente en toda una serie de mecanismos de transferencia de riquezas hacia el capital financiero transnacional (remesas de las empresas transnacionales, comercio basado en recursos naturales, desarrollo de importaciones de bienes industriales que podrían fabricarse en el

país, etc.) se requiere apuntar expresamente a un nuevo patrón de acumulación, también a través de diferentes herramientas que básicamente estén concebidas para el desarrollo industrial de la nación. En este contexto, es posible y necesario que conquistemos materializaciones programáticas desde ahora. Por ejemplo, lo que seamos capaces de desarrollar con la industria naval o los diferentes eslabones que nos lleven a una industria siderúrgica nacional y los cambios en un conjunto de medidas que promuevan la industrialización avanzada, pueden comenzar a desarrollarse como realidad material desde ahora.

EL ROL DEL ESTADO EN EL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL PAIS Nuestro país vive un momento de crecimiento económico basado en los precios internacionales de los productos que exportamos. La política económica del gobierno no puede depender principalmente de la inversión extranjera como motor del desarrollo, debe desplegar una política activa para conformar emprendimientos productivos nacionales. Es indispensable la participación directa del estado en este proceso. Deben realizarse cambios en algunos aspectos sustanciales de las políticas económicas, sociales y productivas de modo de aplicar el programa popular que se expresa en el programa del PIT-CNT, el Congreso del Pueblo y en gran medida en el programa de la fuerza política en el gobierno. La defensa de las Empresas Públicas los Entes del Estado, ante cualquier intento de privatización, es clave en la perspectiva de profundizar y hacer avanzar el proceso de cambios que comenzó en nuestro país a efectivizarse a partir del año 2005 con el desplazamiento del gobierno de los partidos tradicionales, representantes del Bloque de poder que integran con las clases dominantes. En este proceso nos solidarizamos con la lucha de los trabajadores de la Unión Ferroviaria y expresamos nuestro rechazo y oposición a la creación de una Sociedad Anónima que funcione bajo el derecho privado. De modo, que se rechaza todo proceso de privatización encubiertos y tercerización de los trabajadores.

PLATAFORMA PROGRAMATICA

TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA Y EMPRESAS PÚBLICAS

• Como tránsito hacia una Ley de Reforma Agraria Integral concebida para superar el carácter dependiente de nuestra estructura productiva, lo cual supone otra articulación entre agro e industria y la superación de un modo de

inserción internacional que funciona sobre la base unilateral de la exportación de productos intensos en recursos naturales, proponemos un gran debate nacional acerca de la utilización adecuada de la ley 11029 que creó el Instituto Nacional de Colonización, concebida para “promover una racional subdivisión de la tierra y su adecuada explotación, procurando el aumento del bienestar del trabajador rural“ Art. 1. Se trata nada más y nada menos que de promover leyes que limiten el actual proceso de extranjerización de la tierra, desestimulo a los monocultivos, respeto a la biodiversidad, con arreglo a la Ley de Ordenamiento Territorial y medio ambiente y que promuevan estímulos al repoblamiento de la campaña y a aquellos proyectos productivos integrales y colectivos con todos los servicios que suponen una alta calidad de vida.

• La actividad o sector piscícola: Nuestra propuesta es la elaboración en un ámbito multidisciplinario (estado, empresarios, trabajadores, UDELAR) de una política pesquera de estado, que desplace el modelo de explotación pesquera existente (y ya agotado) y una nueva ley de pesca que establezca el marco jurídico que regule la actividad. Hacia la superación del actual modelo irracional y depredatorio. Las medidas de ordenamiento pesquero deben estar orientadas a la conservación y aprovechamiento racional de las especies acuáticas. Se trata de un bien que es patrimonio de la nación. La exportación de los recursos pesqueros no debe desarrollarse a expensas del ecosistema, de las necesidades locales de consumo, ni debería provocar impactos sociales y económicos adversos. Nuestro planteo tiene como premisa principal la revalorización de los recursos pesqueros, como fuente de alimentación, trabajo, salud y conocimiento a escala local y regional impulsando un uso menos intensivo, la diversificación y orientación de las producciones que incorporen mayor valor agregado y que sean volcadas al mercado interno, privilegiando el consumo humano directo (soberanía alimentaria). Hacia una nueva Ley de Pesca: Creación de un mercado de concentración, campaña de promoción del consumo del mercado interno, organización de la pesca artesanal en particular superando la intermediación abusiva y organizando el acceso de la pesca artesanal al mercado de concentración, disminuir los descartes, eliminación paulatina y sistemática del sistema de pesca de arrastre de fondo. Promoción de la utilización de barcos multi propósito, reestructura de la flota pesquera de acuerdo con el plan general y articulado con el plan de desarrollo de la construcción naval.

• Uno de los posibles eslabones que pueden tirar de la cadena de la industrialización es el potencial desarrollo de la Minería. Nuestra central, fiel a las mejores tradiciones de la clase obrera organizada, no debe moverse con un sentido estrecho, meramente reivindicativo. Lo debemos analizar en función de los intereses de las grandes mayorías nacionales y populares, principalmente para que el desarrollo de la minería este asociado al camino de industrialización

avanzada que impulsamos. Nuestra postura debe estar vinculada a 4 grandes criterios:

a) En primer lugar, debemos proponer el más riguroso control del impacto ambiental de estos procesos. En ese sentido es que debe fortalecerse la DINAMA. Se trata de la minería en un plan de desarrollo sustentable, que evite transferencias inter generacionales negativas.

b) En segundo lugar, hay que promover procesos que permitan el mayor nivel de apropiación de riqueza por parte de la sociedad, representada por el estado. En ese cuadro los mecanismos para dicha apropiación de riqueza van desde la captura de impuestos y cánones, (el nuevo código de minería es un avance en ese sentido), hasta la posibilidad de reservas mineras para la explotación directa del estado, hasta la ubicación de futuras empresas públicas en las bocas de salida de la minería. Los recursos deberían estar expresamente asociados al desarrollo de nuevos sectores industriales y a la promoción de actividades productivas y laborales en general cuando finalicen las actividades mineras en sus diferentes lugares de ubicación. No deben descartarse a priori ninguna de estas diferentes formas de participación del estado, todas ellas supeditadas al objetivo supremo del desarrollo integral, a la variación de la correlación de fuerzas y a un plan estratégico.

c) En tercer lugar, la minería debe estar expresamente asociada a

nuestro proyecto de industrialización avanzada. Tanto en lo referido a los encadenamientos productivos “hacia atrás”: redes de proveedores nacionales definidos en forma concreta y explícita como parte de los contratos de inversión como en lo referido a la industrialización de ciclo completo de los diferentes recursos. Si se trata de las piedras preciosas en Artigas, debe tratarse del desarrollo de un polo industrial de procesamiento de las mismas, si se trata del mineral de hierro de Valentines, debe tratarse de los diferentes eslabones industriales en dirección de la industria siderúrgica nacional, probablemente vinculada a la complementación productiva en el Mercosur. Y, por último

d) La mejora continua del nivel de trabajo y de vida de todos los

trabajadores asociados directa e indirectamente a las actividades de la minería. Aquí entran en juego desde factores referidos a la distribución de la riqueza (salarios, categorías, capacitación, desarrollo de la seguridad social etc.) hasta las cuestiones de la seguridad industrial. Hay que examinar que convenios de la OIT deben ser ratificados en forma inmediata por nuestro país para

ayudar a garantizar un rango importante de derechos para los trabajadores.

El Estado debe ser el principal actor de la extracción minera, apoyando la generación de encadenamientos productivos que permitan desarrollar cadenas de valor para la satisfacción de la demanda interna. No podemos regalar yacimientos de oro y hierro a empresas trasnacionales que invierten en el país por un lado y retiran ganancias superiores por otro. Se les exigen costos bajísimos, se construye infraestructura a su servicio, se les vende energía rebajada, y se ponen en riesgo recursos esenciales para la vida como el agua. El Estado puede y debe invertir en la extracción de minerales. Más aún cuando se vinculan a sectores clave de la economía y en el caso del hierro Uruguay podría aspirar a revertir su dependencia respecto al acero. El Estado puede y debe exigir condiciones a los emprendimientos privados para que se desarrollen de acuerdo con los intereses nacionales y no exclusivamente para la rentabilidad del capital. La sustentabilidad debe ser fundamental en cualquier proyecto. Debemos asegurar el desarrollo de las generaciones futuras, por tanto, exigimos se tenga en cuenta la sustentabilidad en todos los aspectos: económicos, ecológicos, sociales y éticos. Deben pesar los derechos de futuras generaciones que no tendrán los recursos extraídos y sí los efectos del impacto que genera la extracción.

• Creación del Frigorífico Nacional, para el procesamiento de la carne vacuna, porcina, avícola, ovina, e ictícola. Su objetivo será el de promover el ciclo completo de la carne y sus diversos sub-productos. Garantizar el consumo popular y el abasto de las diferentes cadenas productivas que derivan de los diversos sub-productos de la carne y su procesamiento. El Frigorífico Nacional del Estado, gestionado conjuntamente por los trabajadores, pequeños y medianos productores y la UDELAR, implica a su vez un proceso de emancipación de los pequeños y medianos productores con respecto al actual monopolio privado y en manos de grandes capitales transnacionales. Esto generará mejores condiciones en materia de estabilidad de precio y condiciones de organización de la producción. En forma complementaria a esta medida se impulsará una ley que limite la exportación de ganado en pie, cueros sin procesar o con escasa industrialización.

• La nueva estrategia energética y el Plan Nacional de Energía: La responsabilidad por el pleno goce de los derechos humanos con su contenido en democracia, igualdad y acceso y disponibilidad, es del estado y no del mercado, por eso la generación de energía debe estar en manos del estado. Nuestro programa apunta a revertir la proporción de energía que se consume en la industria, con respecto a la energía que se consume a nivel individual.

Para ello es necesario fortalecer el papel de la UTE y la ANCAP y diversificar e integrar, la matriz energética nacional (combustibles líquidos, gas natural, GLP, electricidad, fuentes autóctonas alternativas etc.) Es necesario un Plan a 30 años con un eje en la industrialización avanzada del país y garantizando la universalidad del acceso a la energía en condiciones ambientales y de calidad de vida adecuadas para toda la sociedad y las futura generaciones. Este plan debe tener en cuenta la complementación productiva intra industrial en el Mercosur. Es necesario asociar el Plan y sus diversos componentes (planes de inversión de UTE y ANCAP, energía eólica, calderas de bio masa, las diferentes formas de utilización de la energía solar etc.) con un plan de desarrollo de una industria de base de maquinarias, dispositivos y equipos para la producción de energía. A su vez debe relacionarse con una campaña por la eficiencia energética tanto en lo que atañe a su utilización en el transporte como vinculado al plan de vivienda. Dicho plan se desarrollará en el cuadro de la más amplia participación de los trabajadores y el pueblo. En este contexto adquiere particular relevancia la necesidad de la rápida concreción de la planta re gasificadora con participación de UTE y ANCAP en su operación y que se desarrollen todas las condiciones para el ingreso de ANCAP en Montevideo gas.

• Promover un modelo de gestión integral de residuos sólidos, dentro de la nueva matriz productiva. El objetivo será incorporar a los clasificadores de residuos a la lucha de los trabajadores organizados de modo de superar su marginalidad. Se deberá generar ámbitos reguladores de precios y garantizar derechos esenciales de seguridad social y salud. Se trata de un modo de organización y formalización de una actividad productiva que supere el actual modelo de manejo de residuos urbanos de mezcla y entierro, se trata de materias primas recuperables y con un valor que podría permitir la mejora de la calidad de vida de los trabajadores clasificadores. El estado debe dar el ejemplo hacia el nuevo tipo de manejo. Superar el actual modo de intermediación en desmedro de los clasificadores.

• El criterio de Sustentabilidad ambiental debe impulsarse para todos los emprendimientos productivos y debe asociarse a un plan de mejora continua, paulatina y sistemática de las condiciones ambientales del conjunto de las unidades productivas que ya existen

• Impulsar medidas que eviten la extranjerización de la propiedad de las unidades productivas fundamentales en las diversas cadenas productivas. Impulsar medidas sectoriales construidas en alianza del estado y los trabajadores de las diferentes cadenas productivas (ver más adelante consejos productivos sectoriales). Desestimular la exportación de cuero crudo, “we blue” e impulsar la industrialización de ciclo completo. Desarrollar un frigorífico Nacional que, al evitar la extranjerización de la fuente de cuero, tiene impacto

en el abastecimiento de materia prima para la cadena cuero- marroquinería- calzado- vestimenta con más valor agregado y más trabajo. D10/CP

• Otro de los sectores a desarrollar es la industria de la construcción naval. Nuestra participación tanto en el Clúster de la industria naval como en el consejo productivo sectorial es fundamental. A su vez deberán implementarse por parte de todo el estado una serie de medidas de promoción industrial de alcance estratégico. Debemos aprobar un plan de acción específico para el desarrollo del POLO DE LA INDUSTRIA NAVAL, del mismo modo que promover la creación de una empresa pública con participación de los trabajadores, que opere de locomotora del desarrollo del sector, en particular es necesario desmilitarizar los diques del Estado y dotarlos de una gestión adecuada.

• En general hay que asociar las compras del estado como factor de promoción y desarrollo industrial en todos los sectores productivos que se puedan desarrollar a través de esta herramienta, sin descuidar el conjunto de los factores (calidad, plazo de entrega y eficiencia en el gasto) y velando por un sistema de certificación que permita asociar la contribución de las compras públicas a un proceso de mejora continua de las condiciones de trabajo de los trabajadores y cumplimiento de la normativa laboral y fiscal. Se trata de un sistema encarado en forma dirigida, programada, racionalizada para poder utilizar la masa de recursos involucrados en beneficio de la producción nacional, creando más trabajo y de mayor calidad. El movimiento sindical está en condiciones de intervenir en esta tarea, por tanto, proponemos solicitar la incorporación del PIT-CNT en el Consejo Directivo Honorario de la agencia de compras y contrataciones del estado (Rendición de cuentas artículo 13 que constituye en este caso el artículo 81 de la ley 18362, del 6 de octubre de 2008).

• En este contexto y tomando la experiencia de la planta de des - desulfuración de ANCAP, es necesario generalizar la participación obrera en el diseño de los diferentes pliegos de licitaciones, asociados el plan de inversiones del Estado. Los sistemas de certificación referidos deben ser parte de los pliegos de licitación tanto para productos nacionales como importados.

• Del mismo modo debe generarse una estrategia común en materia de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Esto en lo referido a complementación del acceso a las tecnologías informáticas por parte del estado (las empresas públicas compran por separado los programas que requieren y esto genera una dependencia superlativa de las empresas transnacionales proveedoras), lo mismo sucede con los equipos, existen bases de datos con los mismos contenidos, pero desarrolladas en forma autárquica por las diferentes empresas públicas.

Asimismo, debe concebirse el espacio aéreo (por donde circulan las ondas radiotelefónicas) como parte de nuestra soberanía. La presencia un nuestro país de Claro y Movistar, implica la renuncia a una cantidad importante de recursos que se esfuman del país. Apuntar a un convenio marco ANTEL – PIT-CNT. Desarrollar como movimiento obrero una política en materia de TIC acorde a nuestro proyecto de país.

• Vincular los actuales procesos de desarrollo de la industria automotriz (especialmente vinculados a las dinámicas del Mercosur) a los necesarios encadenamientos productivos (industria autopartista) que vayan en la dirección de aumentar la composición regional y nacional del producto.

• El programa de vivienda sindical no solo permite experimentar un nuevo proceso de gestión de los trabajadores de la solución de uno de los problemas básicos de nuestro pueblo, sino de concebirlo en forma integral como expresión de la sustentabilidad (del hábitat, económica productiva, energética etc.). Se trata en sí mismo de un potencial clúster industrial tal vez con diferentes unidades productivas gestionadas directamente por los trabajadores asociadas al programa. Es la más radical contribución de nuestro PIT-CNT a la satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo y a su vez supone el desarrollo de toda una serie de condiciones objetivas para promover un nivel superior de organización de la clase obrera y el pueblo.

• Es necesario apoyar y promover la instalación de CONSEJOS PRODUCTIVOS SECTORIALES en todos los sectores estratégicos como ámbito de creación tripartita y negociada de la política industrial en el plano sectorial.

• El MEF debe incluir en sus políticas las propuestas de compras públicas para el desarrollo industrial, la negociación desde nuevas bases con la Inversión extranjera directa (redes de proveedores “hacia atrás” vinculados a la inversión, durante el funcionamiento (Proveedurías de bienes y servicios) y “hacia adelante” mayor valor agregado y más industrialización. Mecanismos de Control anti dumping, funcionamiento pleno de la mesa de valoración en la aduana con representación de los trabajadores. Medidas de estímulo que sujetas a condiciones de avance industrial (compromisos de inversión, de generación o mantenimiento del nivel de empleo convenio colectivo etc.) impliquen transferencias hacia el desarrollo industrial. Debe ponerse en funcionamiento inmediato el fondo de desarrollo industrial. No se trata de promover un proteccionismo sin condiciones se trata de un camino en el cuadro de un nuevo modo de acumulación de organizar un sistema de transferencias de los sectores vinculados a altas rentas en función de los precios de las materias primas, hacia un proceso de aprendizaje y desarrollo del sector industrial, sin el cual nuestra matriz productiva continuará siendo dependiente.

• Apuntar al desarrollo de una cadena productiva textil-vestimenta de punta, altamente especializada en una estrategia competitiva de calidad, apuntando a los segmentos del mercado que no buscan productos estandarizados y de bajo costo, sino diseño y calidad. Desestimular la exportación de lana sucia sin ninguna industrialización. Utilizar el sistema de compras públicas como mecanismo de promoción de la industria textil/vestimenta. “Podemos vestir el Uruguay” que tome en cuenta toda la cadena productiva incluyendo la producción de telas. Promover el combate a la competencia desleal en condiciones de dúmping social y abatir las trabas para que nuestros productos ingresen al Mercosur. El mismo criterio de desarrollo industrial sirve para la industria del papel. Los encadenamientos productivos no deben terminar en las plantas de celulosa, se debe avanzar en la fabricación de papel. Es necesario que los insumos de la alimentación derivados del papel (cajas de cartón para la carne, los cítricos etc.) se fabriquen en el país, las compras públicas también podrían contribuir al desarrollo de este sector industrial.

• En el contexto de nuestra concepción debe desarrollarse el ESPACIO ECONOMICO DEL ESTADO. El estado debe ser transformado en una poderosa palanca para el desarrollo integral de la nación. Las empresas públicas deberán ser fortalecidas en todos los aspectos de su funcionamiento para que se consoliden definitivamente como pilares del desarrollo y la soberanía del país. Defenderemos las empresas públicas ante cualquier intento de privatización. Estaremos vigilantes para evitar que la aplicación de la ley de participación público-privada comprometa el patrimonio de las empresas públicas. Se trata de organizar la participación del estado en la economía, incluyendo los segmentos neurálgicos de las diferentes cadenas productivas a través de nuevos emprendimientos del estado. A tales efectos debe crearse una legislación especial que permita al Estado sin rehuir a los controles, participar en forma directa en la economía, con la debida agilidad y flexibilidad que se hace necesaria. Se debe oponer firme oposición a las “reformas del Estado” que amputan la capacidad de las instituciones públicas de planear estratégicamente la economía y regular su funcionamiento. La función pública debe desempeñarse por funcionarios públicos con todas las garantías de la carrera administrativa y ésta habrá de ser redefinida con los trabajadores.

• EL ESPACIO ECONOMICO GESTIONADO POR LOS TRABAJADORES. Asociado a este proceso de expansión de la actividad del estado, aparece otra forma de transito que potencialmente está relacionado a peculiares procesos de socialización de la propiedad y la gestión de los medios de producción. Se trata de las diferentes formas de participación de los trabajadores en la gestión, y en particular de las empresas recuperadas y/o formadas por los trabajadores. Estas unidades productivas integran objetivamente el movimiento obrero, entran en tensión con los formatos capitalistas de producción y gestión, es papel de la organización consciente hacer que esta pertenencia objetiva,

también se refleje en la ideología de los trabajadores involucrados, principalmente a través de la pertenencia de los trabajadores implicados en estas experiencias al sindicato de rama.

• Incorporar en el marco de la política industrial, metas concretas de un plan de estudios de los ambientes de trabajo y programas de desarrollo del trabajo, con el fin de transformar las unidades productivas en el sentido de promover y maximizar el saber hacer de los trabajadores, el respeto a sus derechos, la calidad y la igualdad. La UDELAR debe estar implicada en este proceso ya que es parte de la aplicación del artículo 2 de la actual ley orgánica y hace a un vector de transformación de la actual matriz productiva.

• Proponemos la aprobación de una Ley Nacional de Salud en el Trabajo, que garantice la participación de los trabajadores organizados en las instancias de decisión. En el camino hacia dicha ley incluimos:

a. la exigencia de la aplicación del decreto 291/07 (comisiones bipartitas y delegados de salud laboral en todas las ramas de actividad) /convenio 155 de la OIT.

b. la inmediata reglamentación del convenio 161 de la OIT ratificado ya hace 23 años y la ratificación de los convenios que aún no lo han sido

c. la actualización de las leyes de trabajo insalubre y

servicios bonificados ampliando su aplicación,

d. la unificación de criterios para las presentaciones en salud y económica a los trabajadores enfermos o accidentados sin perdidas de jornales y salarios,

e. fortalecimiento de las políticas de prevención y control,

con un papel más activo del MSP y coordinación entre los cuerpos inspectivos.

• El tránsito hacia una nueva matriz productiva no será posible si no nos dotamos con un sistema financiero capas de financiar el desarrollo integral de la nación. A tales efectos proponemos: a) Creación del Fondo Nacional de Financiamiento Productivo (FNFP);

b) Desarrollar estímulos para que las instituciones financieras incursionen en

el microcrédito;

c) Proyectar una nueva institución financiera de dominio público, especializada en la banca de fomento y desarrollo, el Banco Nacional de Desarrollo;

d) Impulsar la complementación de funciones entre las empresas financieras

públicas Holding Financiero Estatal;

e) Desarrollo de políticas de inclusión financiera; f) Creación de un ámbito consultivo con participación de los trabajadores para

la definición acerca de la utilización de los fondos originados en los resultados del BROU, establecidos en el art. 11 de la ley 18 716;

12º CONGRESO del PIT CNT (2015)

CARACTERIZANDO LA ETAPA

En las conclusiones de nuestro XI Congreso Nacional Ordinario establecíamos: “…. estamos actuando en un estadio superior, de nuevo tipo, de la acumulación de fuerzas. En el transcurso de los años 2007 y 2008, en un proceso democrático de cientos y cientos de reuniones, nos dotamos de una visión programática general en el II Congreso del Pueblo. Durante el año 2009, luchamos por impedir la restauración neoliberal de la “moto sierra” cuando desarrollamos “la marcha de la esperanza”. Estas acciones de gran escala, en ofensiva y en defensa del proceso de cambios, fueron posibles por una caracterización correcta del momento histórico y una determinación rigurosa de las tareas de la etapa. Los gobiernos de izquierda implican el acceso al timón del Estado de las fuerzas del pueblo. La base social de clases y fracciones de clase de los gobiernos de izquierda está constituida por la amplia alianza de la clase obrera y los trabajadores, con las vastas y heterogéneas capas medias que van desde el mundo universitario hasta la pequeña burguesía clásica, y sectores de la pequeña y mediana burguesía urbana y rural. Las políticas aplicadas desde el gobierno han implicado un conjunto de transformaciones de sentido democrático: consejos de salarios y ley de negociación colectiva, libertad sindical, regulación de las tercerizaciones, sistema nacional integrado de salud, aumento del presupuesto educativo en el 1° gobierno de izquierda, atención a los sectores más empobrecidos, ahora en el gobierno de Mujica, el anunciado plan quinquenal de vivienda (que por otra parte debe concretarse) etc. Estas políticas en el conjunto del nuevo momento de la acumulación de fuerzas han concurrido a posibilitar la elevación de las posibilidades de actuar del movimiento obrero de masas en la escena nacional. Conviene imaginarse en el contexto de un capitalismo cada vez más concentrador y excluyente, que hubiera sucedido con todos estos factores positivos, de no haber existido 2 gobiernos de izquierda. Sin embargo, sigue siendo válido que una cosa es tener el gobierno y otra muy diferente es tener el poder. En efecto, los resortes principales del poder económico, político e ideológico continúan en manos del Bloque dominante. Su ideología es la ideología dominante en la sociedad, con los cada vez más poderosos medios a su disposición (los medios de comunicación masiva son una parte medular del bloque de poder). Inclusive tiene influencia en diferentes sectores vinculados al cambio social pero aún muy permeables a la ideología dominante. Una escena en la cual los sectores populares están en el gobierno, los resortes principales del poder económico y mediático continúan en manos del bloque de poder y en donde a su vez se fortalece el movimiento obrero de masas, implica una fase de

tránsito en donde pueden suceder 2 cosas: a) el bloque de poder se hace de la iniciativa para reinstalar en el gobierno a sus representantes directos o b) el movimiento obrero y popular en sus más diversas formas de expresión y organización, genera la relación de fuerzas para desplazar del poder al bloque dominante y construir el poder democrático del pueblo. Es en este contexto que se agudiza la disputa de dos proyectos de país, el del capital financiero y el de la clase obrera y el pueblo y se agudiza la disputa por la hegemonía, es decir por definir quien se gana la cabeza, la influencia en las grandes masas. Este es el carácter enteramente nuevo de la acumulación de fuerzas. Ya no está en juego solamente quien detenta el gobierno…. Empieza a estar en juego que sector social detenta el poder y está en juego que programa se abre paso en la compleja y variada realidad política nacional. Se trata de un curso crítico de lucha por el programa, en cuyo proceso se irán desarrollando las condiciones – a través de la democratización creciente¬ – para que el nuestro pueblo construya un estado de nuevo tipo para transformar la sociedad. Debemos analizar cómo ha evolucionado la economía y la sociedad en estos años. Básicamente se viene desarrollando una matriz productiva intensa en materias primas, altamente centralizada y/o concentrada y de carácter transnacional. Sobre esta base productiva no es posible construir desarrollo integral e igualdad. Por esta razón a pesar de diferentes aspectos positivos señalados más arriba, aún el 20 % más rico de la sociedad se apropia del 43 % de la renta nacional, mientras que el 20 % más pobre debe sobrevivir con un 7 % de la misma. Es necesario construir una política macroeconómica expresamente diseñada para la transformación de nuestra matriz productiva, para la justicia social y para trasladar el poder a los sectores populares. Por tanto, planteamos que el centro de las tareas de la etapa de la clase obrera y su sistema de alianzas, pasan por:

i. La generación de todas las condiciones necesarias para la transformación de nuestra matriz productiva,

ii. La organización de un enérgico proceso de transformación de los mecanismos de la distribución de la riqueza tendientes a elevar la justicia social y la igualdad y

iii. Apuntar a la democratización de la sociedad y el estado.

Desarrollo industrial con igualdad y más democracia, es la consigna de la etapa. Se trata de un programa de transformaciones profundas en la vida nacional. Este programa requiere entre muchas otras cosas, el desarrollo de un patrón de acumulación diferente. Si el actual es un patrón de acumulación que podríamos llamar “dependiente”, basado esencialmente en toda una serie de mecanismos de transferencia de riquezas hacia el capital financiero transnacional (remesas de las empresas transnacionales, comercio basado en recursos

naturales, desarrollo de importaciones de bienes industriales que podrían fabricarse en el país, etc.) se requiere apuntar expresamente a un nuevo patrón de acumulación, también a través de diferentes herramientas que básicamente estén concebidas para el desarrollo industrial de la nación. En este contexto, es posible y necesario que conquistemos materializaciones programáticas desde ahora.

Por ejemplo, lo que seamos capaces de desarrollar con la industria naval o los diferentes eslabones que nos lleven a una industria siderúrgica nacional y los cambios en un conjunto de medidas que promuevan la industrialización avanzada, pueden comenzar a desarrollarse como realidad material desde ahora.”

Creemos que la caracterización de las tareas de la etapa, -partiendo de lavase que la misma no equivale a un período de gobierno sino a todo un momento del desarrollo histórico- desarrollada en estas conclusiones de nuestro XI Congreso es esencialmente válida. Concebimos que el centro de nuestra estrategia consiste en acumular las fuerzas necesarias para hacer posible la realización de las tareas de la etapa. Esto implica desarrollar la lucha del movimiento sindical por las reivindicaciones inmediatas de los trabajadores y apuntarlas en dirección de la realización de las cuestiones programáticas resueltas por nuestros Congresos. Un camino de esta naturaleza implica fundamentar con rigurosidad nuestras propuestas, ocuparnos de ganar para nuestras posiciones a amplias masas del pueblo y articular un sistema de alianzas de todos los sectores sociales interesados total o parcialmente en impulsar un camino de diversificación de la matriz productiva, con expansión de los derechos de los trabajadores y el pueblo y profundización democrática. Es necesario que la lucha de los trabajadores se desarrolle en el marco de una convergencia por el desarrollo productivo y social de nuestro país. En el marco de la caracterización del centro de las tareas de la etapa, consistente en la lucha por un país productivo, con justicia social y profundización democrática, síntesis entre las tareas inmediatas y las históricas de nuestra clase, creemos que en este período debemos conquistar, las bases fundamentales que permitan a nuestro país desarrollar una trayectoria en esta dirección.

PLATAFORMA PROGRAMATICA

Los elementos fundamentales de la resolución de Plataforma Programática de nuestro XI Congreso Nacional Ordinario, tienen plana vigencia y hacen parte de la visión de nuestro PIT-CNT para abordar la construcción de un País productivo, con justicia social y profundización democrática.

Además, un plan de desarrollo de esas características debería a nuestro juicio contener algunas de estas direcciones:

• Un plan sistemático de incorporación al trabajo nacional del mayor valor agregado posible, especialmente a nuestros productos exportables, generando nuevos emprendimientos, a partir de las cadenas productivas y de la innovación científica y tecnológica.

• La búsqueda tenaz de complementación productiva con los países de la región y en particular con nuestros grandes vecinos.

• El desarrollo del mercado interno con medidas de apoyo y estímulo a los sectores industriales y comerciales nacionales, así como a los emprendimientos provenientes del área social de la economía, cooperativas, empresas autogestionadas, productores familiares, etc.

El papel del Estado en un plan de desarrollo con estas características es fundamental, en particular en aquellas áreas estratégicas en las que no sólo juega un papel rector, sino que es el productor fundamental. Nos estamos refiriendo a las grandes empresas estatales, industriales, comerciales y financieras del Estado, cuyo carácter estatal, su desarrollo, su eficiencia, son imprescindibles y debemos defender, procurando al mismo tiempo una mayor democratización y transparencia en su gestión. Es necesario avanzar una profunda reforma del estado, con la participación de los trabajadores para superar las ineficiencias en organismos fundamentales para impulsar un proyecto de cambios, como son los ministerios y los organismos del 220 de la Constitución. Apoyamos e impulsamos tal cual lo hemos resuelto en nuestro último Congreso, la exploración y explotación de nuestros recursos energéticos y minerales, generadores de riqueza y trabajo para la sociedad, apuntando asimismo al desarrollo industrial de tales recursos, y con todas las medidas de protección ambiental y de control que dispongan los órganos especializados y también en materia energética, portuaria y de comunicaciones, pues la transformación de nuestra base material es fundamental en todo proyecto independizador. Creemos que la política de tierras no puede quedar solamente al libre juego del mercado, es necesario regular y poner límite a la creciente concentración de la tierra y a la especulación financiera que hace de su renta una fuente de acumulación, desvirtuando así su verdadero rol como agente de la producción. Se impone una racionalización en el uso de la tierra, delimitando claramente los ámbitos y los procedimientos productivos en la agricultura, la ganadería y la forestación, de manera de garantizar una explotación que posibilite su renovación y su uso a lo largo del tiempo.

Un país con justicia social debe incluir una política sistemática de redistribución del ingreso que apunte a disminuir la enorme desigualdad que el modo capitalista de producción y distribución genera. A pesar de los importantes avances logrados en la lucha por la igualdad en nuestro país y en la región, todavía tenemos el triste privilegio de ser la zona del mundo con la mayor desigualdad. Creemos necesario acentuar la política social que apunta a la universalización de derechos tales como la salud, la educación y la vivienda, con la máxima calidad para todos, así como revisar nuestra política tributaria que acentúe el principio de que “quien más tiene, más pague”, suprimiendo privilegios y excepciones que hoy no tienen justificación. Asimismo, defendemos la continuidad de una política de crecimiento del salario real, mejorando sobre todo los sueldos y las jubilaciones en las franjas más bajas, pues no hay desarrollo nacional si no va sustentado por la profundización de la democracia, una mayor justicia social y una lucha sin tregua contra la desigualdad social.

LA INVERSIÓN NACIONAL

Para el desarrollo industrial y la promoción de la inversión a nivel nacional se hace imperiosa la creación de líneas de crédito dedicado exclusivamente al financiamiento de la inversión productiva nacional, que, a partir del análisis de los proyectos presentados, brinde financiamiento para el desarrollo y expansión de la industria local. Esto va a permitir una mayor equidad en el acceso al crédito entre empresas, brindado atención a emprendimientos que cuentan con proyectos, tanto de expansión como de iniciación de actividades, que actualmente no pueden acceden al crédito o que lo hacen en condiciones desventajosas, como suele suceder con los micro y pequeños emprendimientos. A su vez, el otorgamiento de crédito en condiciones preferenciales es una vía adicional de promoción industrial para algunas actividades específicas, en particular para aquellas más generadoras de empleo de calidad, innovadoras y que permitan al país insertarse en nuevos nichos de mercado. No hay desarrollo posible sin la participación del estado en la construcción de comunicaciones, logística, transporte y energía suficiente que dé el sustento de base que cualquier emprendimiento necesita. Es un tema estratégico que tiene que ver con la soberanía y es un cuello de botella que si no lo pasamos hipoteca toda posibilidad de futuro. La instalación y puesta en funcionamiento de la Planta Regasificadora en Puntas de Sayago debe ser un soporte para el suministro firme de energía eléctrica, respaldando a la generada por energías alternativas y apuntalando una demanda siempre creciente, pero sobre todo hay que pensarlo como puntal del desarrollo productivo, llegando con él a todas las actuales industrias y planificando la instalación de nuevas en el marco de un cambio de matriz productiva que hoy se primariza cada vez más.

Pero también, hay que planificar cómo en sí mismo genera industrias colaterales, como la fabricación de gasodomésticos para cocción y agua caliente sanitaria (A.C.S.) en Uruguay, mediante políticas de promoción, diversificar los servicios a los usuarios, expandir la red actual y desarrollarla en las localidades donde no hay, generar una cultura de uso del gas natural hoy reducida a pocos ámbitos geográficos de la capital y el interior, etc. El éxito de esta iniciativa está vinculado a que el G.N. sea un componente relevante, dando el soporte energético a la diversificación industrial, con trabajo de calidad y no simplemente a atender la demanda eléctrica agregada o la posible exportación a Argentina. Esto es, si el G.N. se convierte en una energía al servicio de la producción de bienes de alto contenido de valor agregado, con un costo sensiblemente menor al actual, tendrá sustento un desarrollo muy superior a si queda reducido al consumo residencial, y a la vez éste último va a tener posibilidad de una expansión sostenida si va de la mano con lo anterior. Cuando hablamos de una política de estado a nivel de trasporte nos referimos, a un modelo multi modal entre el modo ferroviario, el carretero y el fluvial. Todos son complementarios entre sí, pero la recuperación de AFE es el más fácil porque contamos con la gente con experiencia, es de más rápido impacto y de mayor sustentabilidad. En este marco la empresa pública de transporte ferroviario AFE juega un papel fundamental. Las inversiones que se vuelquen en su recuperación tienen un doble retorno, la venta del servicio prestado por la empresa pública y las externalidades que le ahorrarán enormes recursos al país. Creemos que es estratégica una fuerte inversión del Estado apoyando a AFE para transformarla en otra gran empresa estatal. Los sucesivos gobiernos incluido el actual no han querido o no han sabido elaborar proyectos viables e integrales de recuperación de un sistema de transporte ferroviario, limitándose a aplicar parches ineficientes y caros. Las advertencias de los trabajadores previendo el cuello de botella en materia de transportes, sus solicitudes de instaurar los ámbitos de debate que estudien el problema, sus aportes y sugerencias sobre cómo encarar la recuperación nunca fueron escuchados. Los Gobiernos incluido el actual siguieron apostando a que el mercado y el derecho privado serían la solución. Como consecuencia hoy nos encontramos frente al peligro inminente de un apagón logístico en materia de transportes y una empresa pública que cuenta con un solo activo, un personal experimentado y con profundos conocimientos, que sin embargo recibe magras retribuciones. Creemos que es estratégico una fuerte inversión del Estado apoyando a AFE para transformarla en la gran empresa estatal que revolucione el transporte de mercaderías y personas, apoyado en el aporte de los trabajadores, la permanente capacitación y el establecimiento de metas determinadas política y técnicamente. Esto permitirá dotar al país de la infraestructura necesaria para encarar los desafíos de desarrollo de la región.

LA VISION PROGRAMATICA DE LA MESA SINDICAL COORDINADORA DE ENTES SOBRE EL ROL DE LAS

EMPRESAS PUBLICAS (2014)

Síntesis Programática de la MSCE sobre el rol de las EEPP

El rol de los trabajadores en el fortalecimiento de las Empresas Públicas

(…) De lo que se trata es de construir un Estado de nuevo tipo, al servicio

de otro bloque en el poder y de otro modo de producción”.

Desde el IX Congreso del PIT-CNT los trabajadores reclamábamos que “el Estado no

debe limitarse a desempeñar las funciones de guardián de la propiedad privada y de

tutor del orden público, sino que, por el contrario, debe defender principios tales

como: soberanía nacional, la democracia plena y la justicia social”

Asumíamos, además que “el Estado debe cumplir con el deber ético-político de crear

instituciones que permitan implementar un modelo de desarrollo alternativo que

atienda las necesidades básicas de los trabajadores y el pueblo, y que reduzca la

vulnerabilidad de nuestra economía respecto a las perturbaciones que caracterizan la

economía capitalista”

El capitalismo resuelve sus crisis sistémicas agudizando la explotación y recurriendo

cada vez más a la socialización de las pérdidas, a la concentración de la riqueza y a la

destrucción masiva de las fuerzas productivas. Por tanto, en el marco actual de

contradicciones del capitalismo en crisis se puede permitir profundizar el cambio

dentro del cambio, apostando a una mayor redistribución de la riqueza, a una

transformación democrática del Estado para que sea éste quien lidere el desarrollo

nacional.

En efecto, en tanto el Estado es un ámbito donde se entrelazan las contradicciones de

clase, este se convierte en un terreno decisivo para la lucha política en toda su

expresión. No existe posibilidad de profundizar la democracia sin cambia el carácter de

clase del Estado uruguayo en función de los intereses de la clase obrera y del pueblo

trabajador en general.

Los trabajadores organizados defendemos a las Empresas Públicas, en el marco

estratégico para los cambios que demanda nuestro pueblo, como locomotoras que

impulsen el desarrollo productivo. Hoy más que nunca, se advierten condiciones

objetivas y subjetivas, que nos permitan alcanzar ese necesario modelo de desarrollo

nacional, inclusivo y distributivo. Esto supone romper con la visión neoclásica de que

las empresas en dominio del estado son meras organizaciones con lógicas mercantiles

y, por tanto, deben sólo buscar la eficiencia económica, sin comprender su verdadero

rol social.

Los trabajadores públicos defendimos desde este principio rector de nuestras

empresas públicas desde siempre. Por ello, ante la oleada de políticas neoliberales

aplicadas en la región durante la década de los noventa, que llevaron en la mayoría de

nuestros países a privatizar sus empresas estatales, lo que trae a cuenta la pérdida de

soberanía nacional y de áreas estratégicas para el desarrollo. Nuestro movimiento

sindical y el pueblo todo, salieron y pelearon en defensa de nuestro Patrimonio, en

aquel plebiscito de 1992 evitando la privatización de nuestras Empresas Públicas,

alcanzado un apoyo de casi el 72% de adhesión del electorado.

Hay que continuar este proceso de acumulación y profundizar el proceso de cambios

necesarios, que demanda nuestro pueblo; pues en última instancia, es a ellos a quien

nos debemos. Nuestro deber es brindar bienes y servicios de calidad, que alcance

hasta el último de los habitantes de nuestro territorio, sin perjuicio de las reglas del

mercado. Se trata de universalizar, de brindar acceso sin restricciones a los servicios

públicos de calidad.

Por ello, en tiempos de elaboración programática; asumimos el desafío, de pensar qué

rol deben desempeñar las Empresas Públicas y sus trabajadores. Hoy hay amplio

consenso de que son estratégicas, posiblemente impulsores para el desarrollo; en las

cuales se debe invertir y reinvertir, tornándolas más eficientes, para ir reduciendo

progresivamente la brecha tecnológica con los países líderes; para que puedan

desempeñar su rol principal, que es de carácter social. Para todo ello, los trabajadores

de las Empresas Públicas proponemos:

PLATAFORMA REIVINDICATIVA

I. Matriz Energética

La energía es fundamental para garantizar la calidad de vida de las personas,

tanto en lo que hace al cumplimiento efectivo de los derechos humanos más

básicos como para lograr mejores niveles de desempeño económico. Su

carácter transversal a toda actividad humana, hacen que el análisis de la

producción y del consumo de energía sean fundamentales para entender el

modelo de sociedad en el que se vive, y también como recurso estratégico para

las sociedades futuras que se imaginen y sueñen desde ahora.

Si bien no hay una visión única sobre el vínculo entre energía y desarrollo

económico, existe un consenso relativamente amplio en que los cambios

productivos y aumentos en el bienestar de las sociedades han tenido un

correlato claro en cuanto a cómo y en qué cantidades se consume energía. Esto

marca que el acceso y consumo a la energía es fundamental para pensar el

desempeño de una sociedad. Tan es así, que la desigualdad global (entre países

ricos y pobres) y la desigualdad social (entre ricos y pobres dentro de un mismo

país o región) tiene un correlato innegable con la energía.

Una matriz energética se diseña a partir de la identificación de las diferentes

fuentes de energía que dispone una sociedad, y los usos que ésta hace de las

mismas. Su utilidad principal radica en que permite registrar la cantidad de

energía que ingresa a un determinado sistema socioeconómico, las

transformaciones que se le realizan para poder ser utilizable y cómo y quiénes

consumen finalmente la energía.

La defensa del servicio público de suministro de energía eléctrica está en las

bases fundacionales de nuestro movimiento sindical, por tanto, es fundamental

remarcar que para los trabajadores la energía eléctrica es un recurso de TODOS

los uruguayos.

La generación, transmisión, distribución, y comercialización de energía eléctrica

son cuatro actividades estructurantes del servicio público -no son las únicas, ya

que para que se lleven adelante se necesitan una cantidad de otras áreas que

resultan imprescindibles- y deben de ser garantizadas, administradas, y

ejecutadas por el Estado.

La lógica del lucro es antagónica con la del servicio público, el acceso a la

energía eléctrica debe de ser universal, con la calidad necesaria para cubrir las

necesidades a nivel familiar y para impulsar y garantizar el desarrollo

productivo. Será necesario entonces elaborar un nuevo marco tarifario donde

se contemplen estos dos elementos, el que a su vez deberá de vincularse a

planes sociales de inclusión e integración

Se torna imprescindible impulsar políticas integrales tendientes a la

regularización del suministro eléctrico en amplias zonas de nuestro país donde

actualmente el acceso a la energía eléctrica se realiza en forma irregular,

insustentable, e insegura para usuarios y trabajadores.

Profundizar en la lucha por la participación de los trabajadores en la

elaboración de políticas estratégicas y en la dirección del ente autónomo, se

torna una tarea históricamente impostergable. Necesitamos una matriz

energética sustentable con un parque generador 100% estatal y público.

La matriz energética debe de ser económicamente viable y deberá de bregar a

cada momento por lograr la menor afectación ambiental posible, se torna

fundamental luchar por un tránsito a una matriz energética renovable con

recursos propios, y que a su vez contribuya al desarrollo productivo y a la

creación de puestos de trabajo de calidad y con estabilidad.

El cambio en la matriz energética y la expansión del parque generador debe

realizarse evitando la dependencia política y económica del país a los capitales

privados, que ven en la inversión en energía un negocio. En ese sentido, es

imperativo, la elaboración de un nuevo marco jurídico que sustituya al actual.

El escenario de avance de las privatizaciones en todas las áreas de UTE es

propiciado por la aplicación de la ley de Marco Regulatorio, ley que será

necesario enfrentar a través de la elaboración de propuestas alternativas que

mediante modificaciones totales o parciales vayan socavando el modelo

hegemónico.

El balance energético de un sistema socioeconómico se obtiene ponderando el

aporte de cada fuente al abastecimiento de energía, evaluando la eficiencia en

los procesos de transformación y transporte y midiendo la intensidad con que

usan la energía los diferentes sectores de actividad.

II. Infraestructura en Transporte

Es imprescindible para continuar la expansión y profundización del Uruguay

productivo una política de Estado, que dote al país del sistema logístico de

transporte de mercaderías y personas capaz de soportar dicha expansión.

Cuando hablamos de una política de Estado a nivel de trasporte nos referimos,

a un modelo multi-modal entre el modo ferroviario, el modo carretero y el

modo fluvial. Todos son complementarios entre sí, pero la recuperación de AFE

es el más fácil, más rápido y de mayor impacto, porque contamos con la gente

con experiencia y tiene mayor sustentabilidad y duración, En este marco la

empresa pública de transporte ferroviario AFE juega un papel fundamental. Las

inversiones que se vuelquen en su recuperación tienen un doble retorno, la

venta del servicio prestado por la empresa pública y las externalidades que le

ahorrarán enormes recursos al país. A los recursos generados por la

explotación del flete que entra en la caja de la operadora ferroviaria debe

agregarse los enormes beneficios para el país y la sociedad.

Estamos convencidos que esta política sólo puede ser impulsada sostenida y

controlada por el Estado, ya que el mercado se rige por otros intereses y no

puede ni quiere asumir estas tareas. Es por esto por lo que consideramos que

la forma de solucionar los problemas de infraestructura ferroviaria es la

inversión, financiación y/o garantía del Estado, para la recuperación y

expansión del modo ferroviario. Del mismo modo que el apoyo a las otras

empresas del Estado, lograron posicionar a las Empresas Públicas como líderes

y referentes en sus áreas de competencia.

Uruguay tiene los recursos necesarios para realizar esta reconstrucción. Se

trata de una definición y decisión política. Los trabajadores reiteramos nuestro

compromiso de aportar todos nuestros esfuerzos y capacidades al logro de

estos fines, la recuperación y expansión de la empresa bajo el dominio estatal

de todos los uruguayos, transformándola en orgullo nacional.

Hoy nos encontramos frente al peligro inminente de un apagón logístico en

materia de transportes y una empresa pública que cuenta con un solo activo,

un personal experimentado y con profundos conocimientos, que sin embargo

recibe magras retribuciones. Creemos firmemente, que es estratégico una

fuerte inversión del Estado apoyando a AFE para transformarla en la gran

empresa estatal que revolucione el transporte de mercaderías y personas,

apoyado en el aporte de los trabajadores, la permanente capacitación y el

establecimiento de metas determinadas política y técnicamente. Esto permitirá

dotar al país de la infraestructura necesaria para encarar los desafíos de

desarrollo de la región.

Asimismo, las bases de las reivindicaciones portuarias a nivel nacional vienen

de un documento elaborado por los trabajadores sobre la necesidad de tener

en el país un “Sistema Nacional de Puertos” y también en el tema del Dragado

construir una Política Nacional de Dragado que diera respuesta desde la ANP a

las necesidades nacionales y además incorporar al Uruguay el dragado de los

canales internacionales.

En la reestructura de la ANP discutida y acordada quedó establecida en la

estructura de la Administración, un sector que efectivamente se le denomina

“Sistema Nacional de Puertos”; que no es exactamente lo que nos propusimos

pero que pudiera haber sido una herramienta muy importante sobre todo para

tener una política nacional portuaria tanto en el área publica como también en

la actividad privada. En la realidad principalmente el MTOP no tuvo en cuenta a

la ANP en las iniciativas más importantes en esta materia, siendo dicho ente el

que cuenta con la experiencia en materia portuaria, entendemos que la

sistematización de la política tan importante para el País tiene puntos muy

débiles.

En lo general en el tema de la logística portuaria y en la lucha por un país

productivo con justicia social, reivindicamos jerarquizar el sistema nacional

puertos como espacio de discusión de los emprendimientos portuarios.

III. Telecomunicaciones

En lo que respecta específicamente a las Telecomunicaciones y a las nuevas

tecnologías de la información, el PIT CNT en su XI Congreso plantea claramente

que “… debe generarse una estrategia común en materia de las nuevas

tecnologías de información y las comunicaciones. Esto en lo referido a la

complementación del acceso a las tecnologías informáticas por parte del Estado

(las empresas públicas compran por separado los programas que requieren y

esto genera una dependencia superlativa de las empresas transnacionales

proveedoras), lo mismo sucede con los equipos, existen bases de datos con los

mismos contenidos, pero desarrolladas en forma autárquica por las diferentes

empresas públicas”. El Estado debe enfrentar firmemente la presencia del

capital monopolista imperialista.

El Estado debe ser el conductor de políticas en Telecomunicaciones, siendo el

que controla, conduce, y dirige las telecomunicaciones del país. Este planteo

introduce el tema de la concepción de la política de Estado a defender. El PIT

CNT en su XI Congreso en 2011 plantea que “... el Estado debe ser

transformado en una poderosa palanca para el desarrollo integral de la nación.

Las empresas públicas deberán ser fortalecidas en todos los aspectos de su

funcionamiento para que se consoliden definitivamente como pilares del

desarrollo y la soberanía del país”.

Las empresas del Estado deben continuar siendo el impulsor de proyectos que

apuesten al desarrollo productivo, tecnológico e industrial. Poniendo énfasis

en la promoción del trabajo y de la formación de los uruguayos. Para esto es

importante impulsar acuerdos estratégicos con las otras Empresas Públicas, las

Intendencias Departamentales -sobre todo la de Montevideo- y entidades

privadas que quieran participar de proyectos conjuntos.

Desde el punto de vista, de su rol social, planteamos como imperativo el tema

del acceso a las telecomunicaciones. En este terreno las mismas son un

derecho humano esencial y como tal no pueden quedar libradas a las leyes del

mercado. Debemos defenderlas como un bien común esencial y parte de la

propiedad social. Para garantizar el total acceso a las mismas, el Estado en

régimen de exclusividad debe ser quien brinde ese servicio.

Esta definición implica darle otra valoración a la “Cuestión de las

Telecomunicaciones” y es la de plantearlas como un beneficio social, colectivo

y humano, y este principio se antepone a su valoración mercantil. Las Empresas

Estatales deben ser el instrumento idóneo para garantizar que esto suceda

pues sólo éstas, pueden defender la universalidad del servicio en condiciones

de equidad.

IV. Participación de los Trabajadores

Otro debate en discusión pendiente que tiene que ver con cuál será la

participación de los trabajadores dentro del desarrollo productivo del país y

dentro de las Empresas Públicas, siendo la definición del PIT-CNT la

importancia de un Espacio Económico Gestionado por los Trabajadores.

Los trabajadores nos preguntamos qué lugar deben ocupar en las decisiones de

las empresas públicas, fundamentalmente, para permear y romper la lógica

neoliberal, de mercantilizar los servicios. Pues, en definitiva, se trata de llevar la

visión estratégica de los trabajadores, que siempre supone la prevalencia de lo

colectivo sobre lo individual. De modo que, en principio, existen al menos dos

niveles de participación relevante de los trabajadores en el proceso generador

de riqueza en el marco de las Empresas Públicas.

A saber (i) incidiendo en la planificación estratégica de las empresas,

orientando sus fines y cometidos desde la perspectiva de los trabajadores,

promoviendo servicios públicos de calidad y con total acceso para el pueblo;

constituyendo a las empresas en dominio del Estado, en impulsores del

desarrollo en clave de complementación. Es decir, subordinando los planes

particulares de cada empresa, a un plan de carácter general, articulado,

coordinado y promovido como Política de Estado; y (ii) ocupando un lugar en

los Directorios, siendo co-partícipes de la gestión, incidiendo en la orientación

de los recursos, usos y destinos de las inversiones, etc. Es decir, constituyendo

un espacio de gestión económica compartida, imponiendo la visión de carácter

táctico y estratégico del movimiento sindical organizado en la conducción de

las empresas de dominio estatal.

V. Salario

En materia salarial, los trabajadores de las Empresas Públicas nos proponemos

alcanzar un salario base mínimo unificado para todas las empresas bajo

dominio estatal, sobre la base de una canasta de bienes y servicios que

contemple las necesidades de dignificación de la vida cotidiana y armoniosa.

Una retribución unificada que se sustente en la dignificación de la carrera

funcional, a partir de la valoración técnica-política y social de los puestos y

cargos, en el marco de un proyecto conjunto, el de las Empresas Públicas como

motores del desarrollo nacional. Una base material de remuneraciones sin

perjuicio de otras partidas salariales complementarias que incorporen otros

criterios de asignación, como ser el desempeño.

En ese marco, creemos que es necesario avanzar en la corrección de

inequidades. Las inequidades salariales son expresiones monetarias de las

irregularidades en la carrera funcional. De modo tal, que hay que iniciar un

proceso de análisis y corrección de estas cuestiones, para avanzar en el marco

de nuevas escalas salariales y criterios de pago que se sustenten sobre la base

de la equidad y justicia retributiva.

Es necesario continuar con la trayectoria de crecimiento real en los salarios,

incorporando distintos criterios, por un lado, valorando las capacidades y

competencias de los funcionarios en el marco del cambio tecnológico, la

dinámica de trabajo y demás condiciones que impone el mercado y los desafíos

propuestos; y por otro, valorando objetivamente los esfuerzos adicionales, la

intensidad del trabajo, es decir, aspectos vinculados con el desempeño –no con

la productividad-.