las autonomías posibles en méxico, bolivia y perú

7/29/2019 Las autonomas posibles en Mxico, Bolivia y Per

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LAS AUTONOMAS POSIBLES EN MXICO,

BOLIVIA Y PER

Fabiola Escrzaga

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Texto presentado en el IV Congreso de la Red Latinoamericana de Antropologa Jurdica

(RELAJU) Globalizacin y Pluralismo Jur dico: luchas sociales y legales en la const ruccin de

estados interculturales . Quito-Ecuador, 16-20 de agosto de 2004. Tema 1. Retos para la

construccin de estados interculturales. Mesa 1. Demandas autonmicas de base cultural en

Latinoamrica. Situacin y retos .

Reformas neoliberales y reconocimiento tnico

En la dcada anterior inaugurada con el Quinto Centenario, el avance de los pueblos indgenas

del Continente poda medirse en las reformas constitucionales en materia de reconocimiento

del carcter multitnico y pluricultural de los distintos pases. Tales marcos jurdicos fueron en

principio el acatamiento de la nueva legalidad internacional dictada por Naciones Unidas, con el

respaldo de las instituciones financieras internacionales: Banco Mundial y Fondo Monetario

Internacional y las agencias de ayuda a pases en desarrollo. Los cambios respondan a una

estrategia mayor a nivel internacional de reestructuracin de las relaciones entre el capital y el

trabajo, y entre los pases centrales y la periferia, en lo que se ha denominado el proceso de

globalizacin. La rudeza del ajuste econmico, que signific la prdida de derechos

econmicos y bienestar para la sociedad, requera de una compensacin, sta fue la apertura

democrtica2.

En el nuevo escenario democrtico, el campesinado indgena fue elegido entre los sectores

populares como el nuevo hijo predilecto de los Estados latinoamericanos que se auto

1Profesora investigadora del Departamento de Poltica y Cultura, rea Problemas de Amrica Latina.Universidad Autnoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, Mxico.2 En varios pases latinoamericanos hubo en los aos setenta regmenes dictatoriales de duracinvariada que surgieron como mecanismo de contencin de procesos de creciente movilizacin yorganizacin popular que promovan programas antiimperialistas y desarrollistas de izquierda el mssignificativo de ellos fue el gobierno socialista de Salvador Allende en Chile (1970). Las dictadurasreprimieron los movimientos sociales y destruyeron la amenaza que representaban para el Estado.


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rea Problemas de Amrica Latina. UAM Xochimilco.

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achicaban, mientras que la clase obrera y los sectores medios fueron desplazados como base

de sustentacin poltica y fueron sacrificados econmicamente. Los pueblos indgenas

obtuvieron reconocimiento cultural y promesas de respeto a sus formas de produccin y

reproduccin social, a sus territorios ancestrales y a los recursos que contienen. Los diseos de

la reforma partieron de Naciones Unidas (Convenio 169 de la OIT) y sus diversos rganos

tcnicos y los gobiernos nacionales los acataron, traduciendo las propuestas generales a las

circunstancias concretas de cada pas, a cambio reciban una considerable inyeccin de

recursos de los organismos financieros internacionales. Era un proceso de reformas desde

arriba que contaba con una coyuntura favorable para formular un discurso legitimador del

neoliberalismo sobre este viejo sujeto: los pueblos indios.

Las reformas encontraron eco en los sectores indgenas que haban hecho su propia

acumulacin histrica en el contexto particular de cada pas y se propusieron aprovechar la

oportunidad que ahora se les ofreca. En la mayora de los pases con alto porcentaje de

poblacin indgena, haba organizaciones y movimientos autnomos con demandas propias y

capacidad de lucha. Las reformas y medidas gubernamentales que derivaban de ellas y la

propaganda, estimularon la iniciativa de los indgenas reforzando su capacidad de movilizacin.

Por el carcter vertical y exgeno de las reformas instauradas, su capacidad para responder

adecuadamente a las demandas de los pueblos ha sido limitada. Desde el propio diseo o ensu aplicacin concreta, los cambios constitucionales no representaron cambios cualitativos en

el conjunto del sistema, pues los dems factores de exclusin econmica y social de las

poblaciones indgenas permanecieron inalterados.

Hoy, los avances en la organizacin, en la formulacin de las demandas, programas y

estrategias de lucha y la afirmacin de la identidad tnica de los sujetos, hacen evidentes las

limitaciones sealadas. La accin autnoma de los actores tnicos tiende a rebasar los cauces

establecidos por las instancias internacionales y por los estados de los diversos pases. Inclusocomienzan a expresarse las contradicciones y los conflictos generados por las propias

disposiciones en materia de reconocimiento del carcter pluricultural, y/o su agotamiento.


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Una de las demandas o temas que aparecieron en estos aos entre algunos de los actores

tnicos es el de la autonoma, trmino ambiguo. La demanda de la autonoma indgena puede

significar distintas cosas y tener diferentes alcances, de acuerdo a las diversas situaciones

nacionales en que se plantee. Assies propone la definicin de Martnez Cobo. La capacidad

institucionalmente garantizada para gobernarse a s mismo, dentro del mbito de la soberana

de un estado, lo que supone el autogobierno dentro de un territorio reconocido de acuerdo a

sus usos y costumbres, la disposicin sobre s mismos y sobre sus recursos y la capacidad

para decidir tambin sobre los asuntos que ataen al conjunto del pas del que forma parte.

En muchos pases latinoamericanos, las reformas constitucionales orientadas al

reconocimiento tnico han afectado las autonomas preexistentes de hecho, ya sea por esas

reformas o por otras que corren paralelas y que tienden a la privatizacin de las formas

sobrevivientes de propiedad colectiva y comunal. En tanto que los mecanismos de autonoma

formal establecidas en la reformas, no alcanzan a viablilizar una autonoma real.

La base indispensable para la formulacin de proyectos autonmicos propios por los

movimientos indgenas es su consolidacin como sujetos polticos autnomos, liberados de la

tutela de los actores que acompaaron y contribuyeron a su proceso de constitucin como

sujetos tnicos: iglesias progresistas, partidos polticos de izquierda, movimientos guerrilleros,

organizaciones no gubernamentales y el estado.

Usaremos el referente autonmico para analizar la evolucin de los sujetos tnicos en las

ltimas dcadas en tres pases: Mxico, Bolivia y Per. Llamando no obstante la atencin sobre

el riesgo que representa el imponer el referente de un caso particular a los dems pases y

movimientos: en este caso el mexicano, donde la demanda de autonoma ha sido el eje

vertebrador del discurso del movimiento indgena desde fines de los aos ochentas.

Trataremos de analizar la dinmica establecida en cada pas entre las reformas

constitucionales implantadas por los estados, las demandas definidas por los actores indgenas

en sus movimientos reivindicativos y en sus prcticas ancestrales, y la distancia entre stas y

las reconocidas jurdicamente por los gobiernos.


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Estados nacionales y pueblos indgenas

Los avances en la constitucin autnoma de los sujetos tnicos en los pases latinoamericanos

son considerables, pero los puntos de partida eran distintos. El proceso de constitucin de los

actores tnicos marcha a distintas velocidades en cada pas, a partir de la interaccin de una

serie de variables. Reducimos el nmero de casos nacionales a tres para profundizar en el

anlisis de las variables elegidas:

Desde la sociedad debemos considerar las dimensiones y el emplazamiento territorial de la

poblacin indgena, las dimensiones demogrficas, el carcter de las relaciones intertnicas, la

vinculacin de las organizaciones polticas con los sujetos tnicos, y la maduracin del(os)

movimiento(s) indgena(s) en cada pas.

Desde el Estado consideramos la capacidad hegemnica del estado nacin, el contexto

poltico, econmico y social, la capacidad estatal para garantizar la gobernabilidad del pas y

para el ejercicio de la soberana; la presencia de entidades internacionales como complemento

o sustituto de un estado dbil.

El contexto de la accin de los movimientos indgenas y sus demandas son los estados

nacionales formalmente reconocidos como tales, aunque con diverso grado de consolidacin.

Los estados son instituciones contenidas en territorios que tienen fronteras reconocidas

internacionalmente y que se han configurado sin tener en cuenta las identidades de las

poblaciones indgenas que existen en ellos, estas han quedado al margen de las

construcciones nacionales blancas y mestizas y han sido fracturadas por ellas, an cuado

como en los pases andinos, las poblaciones indgenas sean mayoritarias.

El proceso de mestizaje se desarroll en ritmos diferentes en cada regin y pas, de acuerdo a

los procesos de expansin territorial de los colonizadores espaoles y sus descendientes,

marcados por estrategias de colonizacin definidas a partir de las oportunidades productivas de

los distintos territorios y sus poblaciones en el mercado internacional. El resultado de tales

procesos ha sido diferente: en Mxico la poblacin indgena es minoritaria, hasta un 30% de la


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poblacin del pas, mientras que en Per representa un 54% y en Bolivia un 70%3 En ambas

regiones pueden distinguirse poblaciones indgenas de tradicin campesina y poblaciones

indgenas de tradicin cazadora y recolectora. En Mxico las diferencias entre ellas se diluyen

en el plano poltico, en tanto su relacin con el estado nacional las ha homogeneizado durante

el siglo XX. En los pases andinos la localizacin de los cazadores y recolectores en el territorio

amaznico los mantuvo aislados y a salvo hasta hace pocas dcadas y an hoy existen

poblaciones no contactadas que rehuyen el contacto con occidente, debido a la conciencia

sobre los efectos nocivos que elprogreso del hombre blanco representa para ellos y que otros

grupos han experimentado.

Las relaciones intertnicas vigentes en cada pas o en regiones de los pases, se han

construido en la dinmica de largo plazo, desde la colonizacin y hasta el da de hoy, siendo

muy lentamente modificadas por las grandes transformaciones polticas y econmicas vividas

en cada uno. Los pases con mayoras indgenas como los andinos, presentan usos coloniales

ms arraigados, racismos ms exacerbados y relaciones intertnicas ms conflictivas y

violentas que las de Mxico.

La persistencia de la gran propiedad terrateniente en la agricultura andina con relaciones de

produccin precapitalista, permiti la existencia de situaciones de control territorial y productivo

por las comunidades indgenas y el ejercicio de formas de autogobierno y autonoma productiva

y cultural, an en condiciones de subordinacin a las haciendas y de gran explotacin por la va

del tributo, a diferencia de la agricultura mexicana donde la penetracin temprana de relaciones

mercantiles y la subordinacin de los espacios productivos a lgicas modernizadoras fueron

predominantes (Escrzaga; 1999). Las reformas agrarias aplicadas en cada pas y en funcin

de su eficacia, son procesos que eliminan o disminuyen las reas de autonoma productiva,

cultural y poltica de las comunidades indgenas.

Los procesos de constitucin de los sujetos tnicos en cada uno de los pases, particularmente

desde la segunda mitad del siglo XX, ha seguido cursos diferentes, lo que nos muestra que el

referente republicano ha marcado considerablemente el devenir de los sujetos tnicos, en tanto

3 De acuerdo a la estimacin alta de Wermes, 2002, 13, que no considera nicamente a los hablantes delengua indgena.


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marco jurdico y contexto de sus relaciones con otros sectores sociales, dominantes o

subalternos, adversarios o aliados.

En Mxico y en los pases andinos se dieron procesos de negacin de las identidades tnicas a

partir de los aos treinta del siglo XX4, como parte de las propuestas modernizadoras

impulsadas por sectores pequeo burgueses. Los gobiernos, los grupos dominantes aliados

con el capital externo, e incluso los sectores de izquierda coincidieron en considerar a las

poblaciones indgenas como un obstculo para el desarrollo capitalista de los pases,

particularmente cuando sus tierras eran apetecidas por el mercado nacional o el capital

trasnacional. Tal percepcin ha sido dominante hasta el proceso de globalizacin vigente, en

que los estados afirman haber dejado de percibir a los pueblos indgenas como una amenaza a

su proyecto de dominacin. Otros actores polticos han acompaado el proceso de constitucin

de los sujetos tnicos autnomos: la iglesia progresista, los partidos de izquierda y movimientos

insurgentes y las agencias de desarrollo. En los casos en que los sujetos tnicos han

alcanzado a constituirse en forma autnoma tales acompaantes han pasado a ocupar

posiciones secundarias.

En Per y Bolivia, la incorporacin del territorio amaznico entre los espacios aprovechables

por el mercado mundial en las ltimas dcadas, sobre los cuales la arremetida ha sido

implacable, complejiza la cuestin tnica. La estrategia estatal en ambos casos ha tendido a

mediatizar al sector del oriente, aislado del resto y poco numeroso, para confrontarlo con otros

sectores tnicos mayoritarios. A partir del proceso de desindianizacin iniciado en los aos

treinta promovido desde arriba, y de la propia recepcin del mismo por los sujetos tnicos, en la

actualidad se rechaza el trmino indio o indgena por los pobladores quechuas y aymaras de la

regin andina, en parte como mecanismo de defensa frente a la estigmatizacin y como

reivindicacin, pues el trmino indio o indgena fue la denominacin impuesta por el otro

invasor, espaol, criollo o mestizo y por tanto es tan artificial como otras denominaciones. Se

reivindica en cambio, el trmino originario o la pertenencia a la nacin quechua o aymara. El

problema de la terminologa no deja de interferir los procesos de unificacin entre los distintos

segmentos tnicos dentro de cada pas, las autoridades gubernamentales lo aprovechan para

profundizar la diferenciacin de programas y estrategias de lucha entre indgenas del oriente

4 En el siglo XIX fueron ms decididamente de despojo territorial y en el siglo XVI fueron genocidas.


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amaznico y los originarios de la regin andina. Esto es especialmente marcado en Bolivia

(Patzi, 1999).

La forma del conflicto entre los Estados nacionales y los indgenas tambin es diferente. En el

caso de Mxico el conflicto fue atenuado en tanto que hubo un relativamente exitoso proceso

de asimilacin, particularmente durante el siglo XX y la post revolucin, en donde el mestizaje y

la asimilacin han convertido a los pueblos indgenas en un 10% de la poblacin5, mientras que

el sector mestizo constituye la mayora. Hay en Mxico una constante histrica: el

establecimiento de alianzas entre mestizos e indios para enfrentar radicalmente a los grupos

conservadores aliados con potencias extranjeras (Katz; 1990 y Coatzworth; 1990), procesos

reiterados que permitieron el fortalecimiento del liberalismo en el siglo XIX y del nacionalismo

en el siglo XX, llevando a una relativamente progresista construccin estatal. La oligarqua fue

destruida con la revolucin de 1910 y la alianza de los sectores populares, mestizos e indios

con los grupos modernizadores favoreci la construccin de un estado nacional relativamente

slido y a la constitucin de un estado de bienestar que contribuy a la prolongacin de la

alianza progresista, sustentada en la redistribucin progresiva de la riqueza social. Los sectores

menos favorecidos por este proceso han sido precisamente los indgenas, que estn ubicados

en los espacios marginales al desarrollo, que a partir de la estrategia defensiva de repliegue en

las zonas de refugio durante cuatro siglos desde la conquista, de acuerdo a la formulacin de

Aguirre Beltrn, quedaron bajo la frula de los sectores propietarios de tierras y comerciantes

ms conservadores en las regiones ms apartadas del pas, las menos afectadas por las

transformaciones polticas y sociales generada por la Revolucin de 1910 y el proceso de

modernizacin previo y posterior a ella.

El ejido, la forma colectiva de organizacin productiva y propiedad de la tierra, impuesta por la

reforma agraria cardenista de 1936, fue una solucin formulada para resolver el problema de la

tierra en el esquema de desarrollo capitalista, antes que una solucin a la demanda de tierras

por los campesinos mestizos e indgenas, fue sin embargo un mecanismo de constitucin

negociada y no slo desde arriba, de la identidad social mestiza, a partir de la renuncia tnica

de los sujetos, a cambio del acceso a la tierra y al crdito y de un rgimen de proteccin de su

posesin de tierra, frente a las presiones del mercado. La propiedad comunal indgena fue

5 Dato oficial de acuerdo al criterio de lingstico.


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preservada como forma de tenencia de la tierra, pero no fue apoyada significativamente

(Escrzaga, 1999). Se crearon otras instancias como el Instituto Nacional Indigenista, creado

en 1948, que condujo el proceso de asimilacin de la poblacin bajo formas clientelares y

paternalistas.

Los casos peruano y boliviano presentan muchas semejanzas entre s, pues en tanto vecinos,

sus poblaciones indgenas comparten identidades, lenguas y cosmovisiones, y una forma de

articulacin productiva estatal ancestral que es parte de su historia comn. Han sido

artificialmente escindidos a partir de la conquista y particularmente a partir de la constitucin de

repblicas formalmente independientes. En Per y Bolivia el conflicto entre los estados y los

pueblos indios es ms intenso porque son mayora, no existen canales de mediacin, ni sujetos

mediadores y sus intereses estn abiertamente contrapuestos. Mientras que en Mxico el

elemento mestizo es un mediador entre blancos e indios o suele aliarse con los indios contra

los blancos, en los pases andinos la constante es la alianza de blancos y mestizos contra los

indios.

La dirigencia de la revolucin antioligrquica y antiimperialista de 1952 en Bolivia debi apelar

al apoyo de los campesinos indgenas quechuas y aymaras de los valles y el altiplano, como

fuerza de masas necesarias para que las elites mestizas progresistas pudieran derrotar a la

oligarqua minera y terrateniente. Para ganar a las masas indias e incorporarlas como su base

social al lado del proletariado minero, establecieron el voto universal, nacionalizaron las minas

y disearon una reforma agraria que adems de la ineludible satisfaccin de la demanda de

tierras, les permitiera subordinar clientelarmente a las masas campesinas quechuas y aymaras.

Para ello impusieron a las comunidades indgenas la forma de organizacin sindical, como

instrumento del reparto de la tierra y comercializacin de la produccin y mecanismo de control

vertical (Zavaleta; 1983 y Rivera; 1983 y 1996).

Los campesinos quechuas y aymaras aceptaron a regaadientes la forma sindical impuesta,

que en el discurso nacionalista de las nuevas elites significaba la eliminacin del indio como

factor de atraso y la eliminacin del estigma indio, aunque no la discriminacin y la

marginacin. Los implicados fueron asimilando la forma de organizacin sindical a sus propios

usos comunitarios. durante varias dcadas los sindicatos campesinos sirvieron eficazmente


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como mecanismo clientelar para el control vertical del campesinado por el Movimiento

Nacionalista Revolucionario (MNR) el grupo progresista dominante y paralelamente, sin que los

grupos dominantes lo percibieran, por debajo de las formas sindicales, los campesinos

obligados a ser tales y a dejar de ser indios, mantuvieron, recrearon y adaptaron a las nuevas

condiciones polticas nacionales, sus formas comunales de acuerdo a la diversidad regional

existente (Patzi, 1999). De manera que el perodo de imposicin de usos sindicales ajenos y de

identidades distintas a la suyas, no result un perodo de destruccin cultural y prdida de

autonoma como en otros pases, sino uno de acumulacin y preparacin para su

reconstitucin autnoma. Los indgenas bolivianos pudieron aprovechar como parte de su

autoconstruccin identitaria las medidas de los grupos dominantes que se proponan lo

contrario. Bolivia ha vivido procesos polticos que han contribuido, aunque los sectores

dominantes no lo quieran y les afecte directamente, a consolidar unos sujetos tnicos que

asumieron tempranamente (tal vez nunca la perdieron) la conciencia de su enorme fuerza

social y potencial poltico en tanto mayora.

Per presenta casi el reverso de la moneda de la experiencia boliviana. Desde la dcada del

treinta, la accin de negacin y represin de las identidades tnicas por diversos actores

polticos ajenos a las identidades e intereses indgenas han obstruido la emergencia de

programas de lucha y la reivindicacin de las identidades tnicas, en algunos perodos por

medio de una gran violencia.

La reforma agraria de 1969, es uno de los procesos que ms contribuy a la auto-negacin de

las identidades tnicas. La reforma agraria peruana a diferencia de las de Mxico y Bolivia no

fue consecuencia de una revolucin popular, ni por tanto el producto de la alianza de sectores

modernizadores con la poblacin indgena, para enfrentar con su fuerza de masas a la

oligarqua terrateniente y para incorporar a los campesinos como base social de un proyecto

nacionalizador y democratizador de la sociedad. Fue mucho menos: una estrategia defensiva

por parte del sector progresista de las Fuerzas Armadas, para neutralizar el descontento del

campesinado indgena hacia los terratenientes tradicionales en decadencia. La fuerza

campesina indgena que haba aflorado de manera radical y violenta en los aos sesenta con

movimientos de toma de tierras, amenazaba al Estado en su conjunto. Con la reforma agraria

el gobierno militar de Velasco Alvarado (1968-1975) buscaba primordialmente crear la


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integracin nacional que permitiera la defensa de la soberana territorial peruana, frente a las

supuestas amenazas de sus vecinos. Para ello deba peruanizarse a las poblaciones

indgenas, la fuerza material de tal defensa.6

La reforma agraria peruana elimin por decreto a los viejos terratenientes y cre en su lugar

formas asociativas (cooperativas de diverso tipo y dimensin de acuerdo a la localizacin y a la

actividad productiva pero orientada al mercado nacional o externo), diseadas y administradas

por tcnicos desarrollistas, ajenos a las realidades que queran modificar. Se reparti tierra al

campesinado en forma limitada y bajo la forma de venta. La reforma agraria no result eficiente

como solucin tcnica al problema de la modernizacin de la agricultura y la ganadera y

menos como solucin poltica en el campo. Ms bien result contraproducente pues no

resolvi satisfactoriamente las demandas campesinas de tierra y destruy los mecanismos

oligrquicos de control poltico rural, sin sustituirlos por otros, lo que abri la puerta al desarrollo

posterior de movimientos armados en campo. (Escrzaga; 1997)

Tampoco las izquierdas peruanas fueron capaces de acompaar los movimientos del

campesinado indgena respetando las identidades tnicas de esos campesinos, pese a su

reivindicacin del pensamiento de J os Carlos Maritegui, que entre otros temas abord

centralmente el problema indgena peruano y aport propuestas estratgicas muy importantes

para su auto organizacin (Maritegui; 1928 y 1929). En este contexto, la insurgencia maosta

de Sendero Luminoso iniciada en 1980, representa slo el caso ms extremo de la

incomprensin, irrespeto y negacin de las identidades tnicas de los sujetos sociales

incorporados a la lucha.

La autonomizacin de los su jetos indgenas

Van Cott, propone cinco elementos como parte del proceso de constitucin de las

reivindicaciones tnicas en la ltima dcada: el reconocimiento retrico del carcter multitnico

de los pases a travs de sus constituciones, lo que ha ocurrido en forma generalizada, peroson las medidas concretas y su real aplicacin lo que parece ms lejano de cumplirse: el

reconocimiento de la ley consuetudinaria, la proteccin a la propiedad colectiva de la tierra, el

6 En la lectura de los militares nacionalistas del problema nacional peruano pesaba la experienciatraumtica de la Guerra del Pacfico de 1879-1882, en que la derrota frente a Chile represent unaimportante prdida territorial.


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reconocimiento oficial a las lenguas y la educacin intercultural (Assies, 1999). Todos los

elementos pueden estar contenidos en las reformas establecidas, pero en la mayora de los

casos ellas se han hecho sin la participacin de los interesados, ms como acatamiento a las

recomendaciones externas, que como voluntad poltica de satisfacer las demandas de los

pueblos indios o resolver los problemas internos. En algunos casos incluso parecen trampas

puestas a la buena fe de los afectados.

Mxico

El mayor problema que enfrentaron los movimientos sociales y las organizaciones polticas de

izquierda mexicana, fue constituirse como fuerzas polticas autnomas frente a un Estado con

un alto grado de hegemona que haba incorporado demandas fundamentales de los grupos

subalternos a su programa, desde la formulacin del pacto social que fue la Constitucin de

1917, en la que demandas sociales como la educacin laica y gratuita (artculo 3), el derecho

al reparto agrario y la proteccin de la propiedad colectiva y comunal (artculo 27) y los

derechos de los trabajadores a la huelga, la estabilidad y la sindicalizacin (artculo 123) entre

otros ms7, fueron reconocidos y parcialmente satisfechos, incorporando a los sectores

populares mayoritarios bajo mecanismos corporativos como la base social de un Estado

burgus desarrollista, sustentado en una alianza nacional popular encarnada en un partido de

Estado, el Partido Revolucionario institucional (PRI).

Frente a una construccin estatal tan slida, la izquierda tena grandes dificultades para

formular un proyecto ms radical que las demandas ya incorporadas al proyecto estatal y para

disputar al partido oficial el liderazgo sobre los sectores populares. Lo que no significa que no

haya habido izquierdas y movimientos sociales radicales no incorporados a la hegemona

estatal, que por su exclusin de los beneficios del pacto social o su contraposicin de intereses

con los grupos econmicos dominantes, estatales o privados, enfrentaron al Estado y al orden

social dominante. Hubo campesinos, obreros, estudiantes, empleados pblicos e intelectualesque enfrentaron al estado en distintos momentos, pero su capacidad de irradiacin sobre el

conjunto de su respectivo sector o sobre otros sectores, fue mnima, y fue nula su capacidad de

7 Producto de formulaciones programticas previas y muy radicales como la del grupo anarquista deRicardo Flores Magn, que fueron recuperados por los ejrcitos de Zapata y Villa durante la Revolucinde 1910.


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articulacin entre el conjunto. El estado aplicaba estrategias de aislamiento y neutralizacin por

la va de la represin selectiva y oportuna, por la cooptacin de sus dirigencias e incluso por la

satisfaccin de sus demandas. La renta petrolera estuvo siempre a disposicin del Estado para

ampliar el sistema de bienestar social.

El inicio en 1982 del proceso de implantacin del neoliberalismo, fue producto de la imposicin

externa acatada por un sector del grupo hegemnico al interior del PRI y encontr gran

resistencia en otros sectores del mismo partido. El sector que asumi el programa neoliberal

estableci alianzas con sectores empresariales y de la derecha por fuera del PRI, e inici una

batalla al interior para concretar la reforma neoliberal del estado. Lo que llev a la fractura del

PRI y a la Candidatura independiente de Cuauhtmoc Crdenas8 en 1988, su triunfo y fraude a

favor de Salinas el candidato del PRI, permiti acelerar la implantacin del neoliberalismo. El

episodio, seguido de la creacin del Partido de la Revolucin Democrtica, una alianza de ex

pristas con varios partidos de izquierda, con ex guerrilleros y otras fuerzas de izquierda,

expres la ruptura del pacto social de 1917, que la implantacin del neoliberalismo impuso.

Los pueblos indios en Mxico estn en proceso de constitucin en sujeto autnomo, luego de

vivir bajo el control clientelar por ms de 40 aos de un Estado relativamente benigno, protector

de sus tierras y benefactor a cambio de su incondicionalidad poltica. Los movimientos

contestatarios que ocurrieron en ese perodo asumieron la tnica dominante impuesta por los

partidos de izquierda, de identificarse exclusivamente como campesinos y adecuar a ellos sus

estrategias de lucha.

La reforma al artculo 27 Constitucional en 1991 elimina el rgimen ejidal y la obligacin del

reparto agrario por el estado, dejando desprotegida la propiedad campesina y coloca a la tierra

a merced de las fuerzas del mercado, esa reforma fue compensada por otra, la reforma al

artculo 4 reconociendo el carcter multitnico del pas. Pero la compensacin fue insuficiente

y la relacin entre Estado y pueblos indios entr en crisis hasta llegar a la ruptura con una parte

considerable del movimiento indgena, no se puede aceptar menos por ms. El estado

neoliberal deja de tutelar o patrocinar a las organizaciones indgenas, las tierras que el

8 Hijo de Lzaro Crdenas, el presidente ms radical de la posrevolucin quien contando con un fuerteapoyo popular profundiz durante su gobierno las medidas antiologrquicas y antiimperialistas: reformaagraria y expropiacin petrolera y al mismo tiempo consolid las estructuras organizativas del sistemaclientelar encarnado en lo que ms tarde se denominara Partido Revolucionario Institucional (PRI).


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campesinado indgena y mestizo poseen y sobre todo los recursos naturales que encierran, se

vuelven mercanca apetecida por el mercado mundial.

La rebelin indgena del 1 de enero de 1994 en el Estado de Chiapas, bajo la direccin del

Ejrcito Zapatista de Liberacin Nacional (EZLN), expresa la ruptura de la alianza entre el

Estado y el campesinado indgena y mestizo del pas. El EZLN se convirti en la caja de

resonancia de un movimiento indgena nacional en proceso de autonomizacin de la tutela

estatal. La formulacin de un programa de alianzas amplio, el alcance nacional de las

propuestas zapatistas y la reivindicacin de ellas por un sector significativo del movimiento

indgena nacional son parte fundamental de este proceso. Un rasgo novedoso del EZLN es la

gran capacidad de interlocucin que los rebeldes han logrado con la sociedad civil, a partir de

un programa de lucha y un discurso construido desde una lectura realista de la nueva

correlacin de fuerzas al nivel nacional e internacional, que adems incorpora una slida crtica

y autocrtica a la izquierda mexicana, sin dejar de reivindicarse como parte de ella, que

actualiza las propuestas y referentes posibles de la izquierda mundial. Ello le ha dado una gran

legitimidad que ha contribuido a su capacidad de negociacin con el estado mexicano y lo han

convertido en referente de las luchas populares a nivel internacional.

El movimiento indgena mexicano, enfrenta cotidianamente el reto de preservar la autonoma

poltica conseguida luego de la ruptura con el estado neoliberal. Mientras que el gobierno

pretende establecer una alianza bajo nuevos trminos. A partir de la irrupcin del zapatismo en

1994, el movimiento indgena, cercano o lejano de l, ha encontrado en la reivindicacin

autonmica la demanda fundamental de su programa y su organizacin, aunque ella haba

aparecido desde 1988.

La demanda autonmica zapatista formulada en las mesas de negociacin en San Andrs

Larrinzar en 1996, aceptada por el gobierno, qued plasmada en los Acuerdos de San

Andrs, en cuya formulacin participaron no slo los zapatistas, sino tambin dirigentes

indgenas, polticos y acadmicos expertos en la materia, todos ellos expresin de la sociedad

civil. Tales Acuerdos deban ser plasmados en la reforma constitucional pendiente. Para exigir

al Congreso el reconocimiento de la autonoma indgena los zapatistas realizaron en 2001, con

un gran apoyo de la sociedad civilnacional e internacional, la Marcha del Color de la Tierra,


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pero una alianza de senadores y diputados de los tres partidos mayoritarios vot unas reformas

diferentes a las propuestas en los Acuerdos de San Andrs, negando personalidad jurdica a

las comunidades indgenas y con ello el reconocimiento de la autonoma.

Hoy existen en Mxico dos vertientes del movimiento indgena: la Asamblea Nacional Indgena

por la Autonoma (ANIPA), que postula la necesidad de participar en procesos electorales bajo

las siglas de los partidos existentes, la obtencin de cargos en la administracin pblica federal

y estatal, para servir a los intereses de los pueblos indgenas, postula el establecimiento de una

organizacin con una estructura de mando definida para la articulacin nacional de sus fuerzas,

y ofrece una propuesta de autonoma indgena a partir de la creacin de territorios que integren

regiones pluritnicas, que sean reconocidas constitucionalmente, para lo cual su gestin

gubernamental es necesaria (Lpez Brcenas; 2004).

Otra es la posicin del Congreso Nacional Indgena (CNI), que reivindica el programa del

zapatismo y considera que el gobierno no va a resolver las demandas indgenas desde el

acceso a puestos de mando por los indgenas dentro de la estructura del gobierno, sino que es

la movilizacin y organizacin autnoma el medio para presionar al gobierno a reconocer los

derechos indgenas que se definieron en los Acuerdos de San Andrs Larrainzar en 1996. Ellos

postulan que no hay una frmula nica de rgimen autonmico sino muchos, en virtud de la

diversidad de situaciones regionales en el pas. La ms avanzada de las propuestas

autonmicas que postula el CNI parte de la experiencia compleja del Estado de Oaxaca, que

con una gran proporcin de poblacin indgena y una gran diversidad de grupos, 17 insertados

en un mapa poltico de ms de 500 municipios, que segmenta identidades y pueblos indgenas.

Los movimientos indgenas oaxaqueos han desarrollado propuestas de autonoma comunal y

municipal en un contexto de gran movilizacin poltica. El estado de Oaxaca ha respondido a

las demandas indgenas promulgando la primera Constitucin estatal de Mxico que reconoce

los usos y costumbres y los incorpora parcialmente en el sistema poltico estatal, con

resultados complejos, que no responden a las demandas autonmicas de los pueblos

indgenas, pero permiten explorar las posibilidades de solucin desde arriba y desde abajo.

(Barabas; 2004)


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Finalmente, la forma ms acabada de experiencia autonmica es la que se desarrolla en los

territorios liberados por los zapatistas en Chiapas, a partir del inicio de la insurreccin en enero

de 1994, que se han constituido como municipios autnomos en rebelda, ellos abarcan

alrededor de 30 mil km2, cerca del 40% del territorio estatal. En los que no sin conflictos y

roces con pobladores no zapatistas de la zona, la presencia de fuerzas paramilitares y la

amenaza permanente que representa el cerco militar establecido a su alrededor, mantienen

formas de autogobierno municipal. Las bases zapatistas, producen, comercializan, resuelven

sus problemas de salud y en algunos casos de educacin y mantienen viva su cultura, sin la

intervencin del estado y con la ayuda de la sociedad civil nacional e internacional que

proporciona recursos materiales y asesora para implementar sus proyectos productivos y de

servicios.

Dentro del territorio zapatista existieron los Aguascalientes, cinco en total en diversos puntos

del mismo, eran los espacios de enlace y dilogo con la sociedad civilnacional e internacional.

En agosto de 2003, losAguascalientes se convirtieron en Caracoles, con sus J untas de Buen

Gobierno, que son instancias de autoorganizacin supra municipal, que norman y regulan las

relaciones al interior del territorio zapatista, entre zapatistas y no zapatistas y hacia el exterior,

definiendo internamente las reglas del intercambio con las instancias de la sociedad civil

nacional e internacional (organizaciones polticas, acadmicas, iglesias, organizaciones no

gubernamentales, etc.), asegurando la congruencia entre lo poltico, lo econmico y lo militar.

Un punto fundamental de la reformulacin es la regulacin y centralizacin de la distribucin de

los recursos materiales que llegan de fuera, para garantizar su distribucin equitativa entre las

bases sociales zapatistas, e impedir la diferenciacin social y corrupcin al interior,

manteniendo el control sobre las condiciones de resistencia frente a un cerco militar que se

estrecha (Subcomandante Insurgente Marcos; 2003).

Per

En Per prcticamente no existe hoy un movimiento indgena autnomo, debido a la conjuncin

de factores. Desde los aos cuarentas los campesinos indgenas aymaras y quechuas se auto

identifican como campesinos antes que indios, la reforma agraria de 1969 afirm esta

tendencia y la guerra interna de 1980 a 2000 la sell, al castigar a los campesinos indgenas


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por el hecho de serlo. En las dcadas del sesenta, setenta y ochenta en distintos espacios y

circunstancias se desarrollaron procesos de lucha del campesinado indgena en defensa de la

autonoma productiva que la expansin de las relaciones mercantiles, la reforma agraria o la

insurgencia senderista pretendi cercenar. La fuerza y radicalidad de estos procesos: tomas de

tierras, reconversin de cooperativas en comunidades y autoorganizacin para la defensa

frente a la insurgencia, alimentaron a una variada gama de organizaciones partidarias de

izquierda, incluidas las armadas. La represin de este proceso de emergencia social es la

razn fundamental para el establecimiento de dictaduras militares y la guerra sucia, por un

Estado incapaz de contener por medios polticos el avance popular. Este proceso adquiri

grados extremos entre 1980 y 2000, con la aparicin del movimiento insurgente del Partido

Comunista del Per-Sendero Luminoso.

La insurgencia senderista eligi al campesinado indgena como base social de su accin

armada y en consecuencia el ejrcito lo asumi como el agua que haba que eliminar para que

el pez senderista no pudiera desarrollarse. La guerra contra la poblacin indgena se estableci

as desde dos flancos el contrainsurgente y el insurgente, lo que no significa que masas

indgenas no hayan optado en sus inicios por seguir voluntariamente la convocatoria senderista

a la lucha armada, identificndola con sus propias demandas y voluntad de rebelda. A partir

del establecimiento de la guerra sucia, a fines de 1982, la poblacin indgena emigr

masivamente a las ciudades, donde perdieron parcialmente los referentes de sus identidades y

prcticas culturales, tampoco se incorporaron de manera plena en la sociedad urbana, su

situacin de marginacin prevaleci (Escrzaga; 1997).

Negar o renegar de su identidad diferente se convirti cada vez ms en el recurso que permita

la supervivencia de poblaciones indgenas dentro y fuera de sus territorios. Las fuerzas

armadas aplicaron una extrema violencia, solapada por los gobiernos civiles y habilitaron a las

propias comunidades indgena como fuerza contrainsurgente, a partir de la creacin de

Comits de Defensa Civil y Rondas Campesinas9. Desde 1990, el gobierno de Fujimori aplic

9 Los Comits de Autodefensa Civil (CADs) fueron establecidas desde el inicio de la guerra, retomandola experiencia de las aldeas estratgicas organizadas en Guatemala. Las Rondas Campesinas fueronorganizaciones surgidas espontneamente en el norte del pas a mediados de los aos setentas, paracombatir el abigeato por las propias comunidades en ausencia de autoridades que lo hicieran, seconvirtieron en instancias de aplicacin de justicia al interior de las comunidades. Gradualmente fueron


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ms eficientes polticas contrainsurgentes a travs de CADs y Rondas Campesinas que

complement con programas de asistencia social para comprar con ayuda al campesinado

indgena.

Fujimori no tuvo empacho en incorporar las reformas multiculturales a la Constitucin

promulgada en 1993, lo que le serva para legitimar una carta derivada del autogolpe de abril

de 1992, y de una constituyente cuestionada, el reconocimiento tnico fue la contraparte

necesaria de una Constitucin cuyo eje fundamental era la legalizacin de la guerra sucia como

estrategia contrainsurgente, complementada por las medidas de ajuste neoliberal, cuyo punto

central era la privatizacin de la propiedad comunal. Como se puede ver, el genocidio ha sido

en el caso peruano el medio fundamental para eliminar las identidades tnicas y para destruir

las posibilidades de existencia autnoma de las comunidades indgenas.

Luego de la cada de Fujimori, el gobierno de transicin de Paniagua estableci una Comisin

de la Verdad y Reconciliacin (CVR), cuyo informe fue presentado el 28 de agosto de 2003,

ella estableci el nmero de muertes producto de la guerra sucia en 69 mil, de las cuales ms

del 70% fueron hablantes de lenguas indgenas, estableci tambin que ms de la mitad de

esos muertos fueron responsabilidad de Sendero Luminoso y el resto lo fueron de las fuerzas

armadas.10 Lo que no ha hecho hasta ahora es llevar a la crcel a los culpables identificados en

el bando estatal, polticos civiles y militares; tampoco se propone resarcir los daos de los

agraviados, pues no hay recursos disponibles para indemnizaciones.

El gobierno de Alejandro Toledo, iniciado en 2002, hizo del tema indgena el eje de su campaa

presidencial y cre una Comisin de Pueblos Indgenas del Per (COPIP) a cargo de su

esposa, una antroploga belga. La COPIP ha sido convertida en Instituto en julio de 2004, con

incorporadas por el Ejrcito al combate contrainsurgente pero muy tmidamente, pues no se

consideraban capaces de controlarlas. Slo en 1991 con el gobierno de Fujimori, se comenz aproporcionarles armas de fuego. (Escrzaga; 1997).10 La Comisin recibi testimonios que permiten identificar a 23, 969 peruanos muertos o desaparecidosy de acuerdo a una metodologa estadstica elegida, multiplica por 2.9 es nmero para estimar el saldototal de muertos entre 1980 y 2000. En el informe se establece que la responsabilidad de SenderoLuminoso en las muertes es el 54% de acuerdo a los testimonios recibidos y de 46% de acuerdo a lasestimacin estadstica del total de vctimas, de acuerdo a este ltimo la responsabilidad de las fuerzasarmadas y policiales y con ellas de los Comits de Autodefensa Civil y Rondas Campesinas es de un37% (Comisin de Entrega de la CVR; 2004)


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ella se busca cooptar dirigentes y organizaciones indgenas existentes e impedir su

fortalecimiento. Es la instancia receptora de los fondos de asistencia internacional dirigidas a

las poblaciones indgenas, y ha sido acusada de traficar con esos recursos y hacer un uso

clientelar de los mismos. Para corromper o neutralizar los esfuerzos tmidos de constitucin

autnoma de un movimiento indgena.

Todos estos elementos han obstruido hasta hoy la constitucin de un movimiento indgena

autnomo en Per. Lo que no significa que no haya en distintos puntos del pas intentos en

este sentido y con apoyo de diversas fuerzas, aprovechando las relativamente favorables

condiciones actuales: el discurso indigenista gubernamental e internacional y la contencin de

la violencia, aunque el miedo paralizador persiste.

La creciente necesidad de defenderse del despojo de tierras y recursos naturales que el

neoliberalismo promueve, es el mayor incentivo para la recomposicin de los movimientos. Ms

all de un visible oportunismo de recientes liderazgos autoafirmados, de profesionales mestizos

que se reivindican como indios, se observa una general resistencia por parte del viejo

movimiento campesino, particularmente entre la mayora quechua, a reidentificarse como

indgenas a pesar de los apoyos econmicos que ello puede asegurar. Lo que plantea la

pregunta de si es necesario reemplazar el viejo andamiaje clasista de la organizacin

campesina, que integra a las comunidades quechuas y aymaras y que conserva una extensin

muy grande en el pas, por procesos de reafirmacin de la identidad indgena; o si aquellos

pueden ser aprovechados como base para los segundos.

Bolivia

Bolivia ofrece un ejemplo notable de reidentificacin tnica por parte de sectores considerables

de su poblacin. El cierre de la minera estatal en 1985, punto central del ajuste neoliberal que

llev al desempleo al 30 mil mineros y empleados pblicos (Kruse; 2000), oblig aldesplazamiento de la poblacin desempleada a otros espacios en busca de formas de

subsistencia alternativa, uno de ellos fue el Chapare en Cochabamba, en el cultivo de la hoja

de coca. Las grandes concentraciones de mineros en los enclaves se convirtieron a la vuelta de

una dcada y media, en la gran concentracin de campesinos cocaleros en la regin del


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Chapare (30 mil familias), quienes con su propio esfuerzo y recursos colonizaron esa regin de

ceja de selva (tropical) para desarrollar los cultivos de hoja de coca que el narcotrfico

demandaba. Mediante sus sindicatos campesinos organizaron sus asentamiento y la

produccin y defienden sus cultivos frente a la poltica de erradicacin impuesta por el gobierno

norteamericano y acatada por el gobierno boliviano, dispuesto a dejarlos nuevamente sin

medios de sustento.

Otros mineros despedidos se establecieron en la economa informal en la ciudad de La Paz y

se asentaron en la ciudad de El Alto, dormitorio de la fuerza de trabajo aymara y quechua que

sirve a la poblacin blanca y mestiza de La Paz. Ambas ciudades estn enclavadas en el

altiplano habitado por poblacin aymara, El Alto es hoy la mayor ciudad indgena de Amrica

autoconstruida con el esfuerzo de sus habitantes. 11

Este proceso de desplazamiento poblacional de un espacio a otro y de una identidad a otra,

tiene un sustento ideolgico, poltico y organizativo que inicia con la formacin a partir del ao

1969 del movimiento katarista por intelectuales aymaras (estudiantes y dirigentes campesinos)

que recupera las ideas indianistas de Fausto Reynaga, quien reivindica la figura del caudillo

aymara Tupac Katari, que organiz en 1781 un ejrcito indio para luchar contra los espaoles

invasores y recuperar lo que fue suyo: el territorio y los recursos naturales apropiados por los

blancos a partir de la conquista. En un proceso muy rico de decantacin poltica e ideolgica a

travs de lucha entre dos o ms corrientes, el katarismo encarna en 1979 en la nueva Central

Sindical nica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), organizacin autnoma del

campesinado quechua y aymara, especialmente desde los niveles provinciales y hacia abajo

hasta las comunidades, en tanto que la cooptacin partidaria funcionaba en los niveles

superiores. Paralelamente al fortalecimiento de la central se han dado procesos de

construccin de organizaciones partidistas, incluso guerrilleras dentro de la misma corriente.

(Patzi; 1999)

11 1.-Segn datos preliminares del censo de 2001 La Paz tiene 792 mil hab y El Alto 694 mil. La tasa decrecimiento anual de La Paz entre 1976 y 1992 fue de 1.78% y entre 1992 y 2001 de 1.14%, en tantoque la de El Alto fue de 8.86% y de 5.3% en los mismos intervalos. (Instituto Nacional de Estadstica(INE); (2001).


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Frente al creciente poder del movimiento katarista, que iba llenando el vaco dejado por el

debilitamiento de la Central Obrera Boliviana (COB) expresin del otrora poderoso movimiento

minero, las elites neoliberales instaladas en el viejo partido Movimiento Nacionalista

Revolucionario (MNR), formularon una estrategia de neutralizacin del movimiento basada en

las reformas constitucionales de reconocimiento tnico de 1993, el discurso pluri-multi, cuyo

diseo toma como actor central de las reformas a los indgenas del oriente del pas, un sector

muy reducido de la poblacin en trminos cuantitativos y lejanos del centro poltico, ellos fueron

asumidos como los interlocutores privilegiados, en tanto que los quechuas y aymaras fueron

prcticamente ignorados.

Las reformas constitucionales bolivianas y la Ley de Participacin Popular en particular, han

evidenciado en muy poco tiempo su condicin de trampa destinada a neutralizar la

organizacin autnoma del campesinado aymara y quechua, mediante un proceso de

municipalizacin que no atiende a las formas de existencia de la organizacin comunal

originaria, el ayllu. Por el contrario, el esquema de municipalizacin propuesto tiende a la

destruccin de la lgica comunitaria sustentada en la posesin de un territorio discontinuo y la

intervencin de los partidos criollo-mestizos en la vida interna de las comunidades. El

movimiento sindical campesino y popular ha resentido las consecuencias en el avance de ese

proceso y se ha opuesto tajantemente a l, al nivel de la organizacin de base, para

contrarrestarlo acude a la movilizacin bajo las frmulas de la comunidad, que es el sustento

de la fuerza social del movimiento campesino aymara y quechua.

Desde el ao 2000, la capacidad estatal de contener el descontento popular contra las medidas

de expropiacin de sus recursos naturales ha ido reducindose. La guerra del agua en del

Departamento de Cochabamba en el 2000 en contra de la privatizacin de este recurso

(Gutirrez, 2001) y otras movilizaciones; la participacin electoral en el ao 2002 de dos

candidatos indios y la gran votacin alcanzada: el partido del movimiento cocalero, Movimiento

al Socialismo (MAS) con la candidatura de su dirigente el campesino quechua-aymara Evo

Morales; y un partido construido desde la CSUTCB el Movimiento Indio Pachatutik (MIP) con la

candidatura del dirigente aymara Felipe Quispe, cuyos votos sumados (20% y 6%

respectivamente) fueron ms que los del elegido presidente Gonzalo Snchez de Lozada

(21%); y finalmente la guerra del gas en 2003 en contra de la venta a precio de regalo de ese


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recurso a Estados Unidos a travs de Chile. Todos estos procesos muestran que hoy los

cocaleros, los campesinos quechuas y aymaras de la CSUTCB y los pobladores

mayoritariamente aymaras de El Alto, constituyen una fuerza social en movimiento, sustentada

en su organizacin autnoma, con una gran capacidad de movilizacin desde sus

organizaciones sindicales, sustentadas en la organizacin de base que son las comunidades y

ayllus, movilizados por sus propios medios y estrategias de control del territorio y con una

tradicin sindical que les permite una eficaz articulacin regional o nacional.

Las fuerzas populares han puesto en jaque a los gobiernos criollo-mestizos, al punto de hacer

renunciar a Gonzalo Snchez de Lozada en octubre de 2003, el presidente que implant las

reformas pluri-multi diez aos antes. La crisis del ltimo ao ha puesto en evidencia las

limitaciones de las reformas constitucionales que pretendan ser la solucin a los problemas de

gobernabilidad en Bolivia.

Al calor de la protesta popular contra los procesos de privatizacin y entrega de los recursos

naturales a los intereses trasnacionales, se formulan propuestas de ejercicio de la autonoma

indgena como forma de solucin a la crisis estatal no resuelta, pueden sealarse las de lvaro

Garca Linera y Flix Patzi (F. Escrzaga y R. Gutirrez; 2004).

Las autonomas posibles

La emergencia de los grupos indgenas fue inicialmente favorecida por las polticas de

reconocimiento tnico aplicadas por los gobiernos a instancia de las organizaciones

internacionales, pero los movimientos han ido mucho ms all de lo ofrecido por las instancias

internacionales y por los Estados. Tal vez para los tecncratas neoliberales la poblacin

indgena no representaba una amenaza significativa a las nuevas bases de dominacin,

vctimas del mismo racismo de las viejas elites, no contaban con su reiterada capacidad de

adaptacin y sobreviencia a las transformaciones ocurridas en su espacio vital en los ltimos

cinco siglos. El hecho es que en los pases latinoamericanos con poblacin indgena, la

capacidad de construccin de movimientos y programas alternativos desde los propios actores

se ha incrementado significativamente.


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Por su amplitud y profundidad, el caso boliviano es el ms avanzado en trminos de la

constitucin autnoma de los sujetos tnicos y de su articulacin en varios movimientos

indgenas, los que desde su particular desarrollo y maduracin tienden al mismo tiempo a

construir los lazos de su articulacin. Como mencionamos antes, en Bolivia pese a los

esfuerzos de los grupos dominantes por subordinar a las poblaciones indgenas mayoritarias y

desdibujar sus identidades culturales distintas, tanto la dinmica de los procesos productivos

como la capacidad de autoorganizacin campesina comunal, han impedido la consolidacin de

la hegemona criollo-mestiza y la estabilidad de sus gobiernos. La poblacin quechua y aymara,

pese al proceso de subordinacin a los gobiernos criollo-mestizos desde 1952 a 1974, hicieron

su propio proceso de acumulacin poltica desde su cultura diferenciada. El gobierno del MNR

les impuso la sindicalizacin y ellos preservaron en parte, por debajo de la forma sindicato, sus

formas productivas y de organizacin comunitaria, y su cosmovisin y formas jurdicas, la que

ms tarde les permiti sobrellevar los procesos de reestructuracin neoliberal, adaptndose a

las nuevas condiciones.

Dado el carcter mayoritario de la poblacin indgena y la radicalidad de sus demandas, el

referente autonmico en Bolivia resulta tal vez limitado, en la medida en que su reivindicacin

es por otra Bolivia, no por la inclusin en la nacin criollo-mestiza que el programapluri-multi

les ofreci sin cumplir, sino por la construccin de un pas indio que en parte recupera el

programa mesinico de reconstitucin de la antigua unidad andina encabezada por el Imperio

Inca antes de la llegada de los espaoles, expresado por la rebelin de 1780-1783, por los

liderazgos de Tupak Katari y Tupak Amaru y por otras rebeliones posteriores en toda la regin.

Si bien el propsito se antoja inviable en la actualidad, la persistencia de la unidad cultural de

quechuas y aymaras de la regin andina, ms all de las fronteras nacionales, y la persistente

incapacidad de hegemona de las elites blancas o mestizas, la fragilidad de sus estados y la

inviabilidad de las naciones que los pases andinos contienen, muestran al factor popular indio

con mayor fuerza y creatividad para la construccin de alternativas sociales que a las lites

polticas criollo-mestizas. Lo anterior es potenciado por la presencia depredadora de las fuerzas

econmicas trasnacionales, ante las que los gobiernos andinos no ofrecen la menor

resistencia, lo que hace que el descontento popular crezca.


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No existen todava las frmulas acabadas en los distintos pases analizados, para la

coexistencia entre estados nacionales y pueblos indios, enunciadas por los propios indios, su

formulacin no es nada fcil. Pero ahora resulta evidente que las frmulas generalizadoras o

tramposas para el encuadramiento y subordinacin de los pueblos indgenas, diseados y

plasmados en las reformas de los aos noventas, no han resultado adecuadas para mantener a

raya a estos sectores y mucho menos para resolver el problema de su integracin. Lo que salta

a la vista es que resulta imposible construir una forma adecuada de relacin institucional entre

estados nacionales y pueblos indgenas, sin que ellos participen en su formulacin. La

autonoma de hecho de las poblaciones indgenas producto de la resistencia secular o de la

confrontacin organizada, es la condicin necesaria para la formulacin de una propuesta

propia de autonoma, atenta a las condiciones particulares en que las poblaciones indgenas se

despliegan en los distintos escenarios nacionales, a las relaciones que mantiene con el Estado

y con otros sectores de la sociedad, con los que se va a confrontar o negociar, o con los que se

va a aliar. Tales son las pautas que deben considerar los movimientos indgenas para formular

la nueva relacin con el Estado y otros sectores en el futuro.

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