la geografÍa del proceso polÍtico en bolivia… · estatal en bolivia a través de una...
TRANSCRIPT
LA GEOGRAFÍA DEL PROCESO POLÍTICO EN BOLIVIA.
Nuevo modelo de Estado y territorialización del
conflicto.
Íñigo Errejón Galván1
Resumen: En Bolivia, la quiebra del Estado neoliberal ante la irrupción
política de los grupos subalternos abrió un horizonte de oportunidad para un
proyecto de “refundación del estado” que ha tenido su expresión más
desarrollada en el proceso constituyente y el texto constitucional aprobado
el 25 de Enero de 2009. El escenario postconstituyente aparece
caracterizado por la fractura étnica y territorial en el país, en el contexto de
una débil hegemonía que definimos como “indígena y popular”, obligada a
negociar su liderazgo con una derecha regionalizada en el oriente del país.
Así, este artículo trata de analizar las perspectivas políticas de la crisis
estatal en Bolivia a través de una comprensión de la geografía política del
país, y de los ejes principales del conflicto, determinados por la situación
subordinada de Bolivia a escala internacional y por las fracturas internas
producidas por la composición racial y económica del poder históricamente
constituído en el país. Por último, se realiza una breve lectura del modelo
territorial de estado contemplado en la Constitución, en función de los
proyectos espaciales de país que se encontraron y chocaron en su
elaboración, y que hoy siguen presidiendo el escenario político del país.
Palabras Clave: Hegemonía indígena y popular, proceso constituyente,
geografía política, modelo territorial de estado.
1 Íñigo Errejón Galván es investigador en el Departamento Ciencia Política III de la Universidad Complutense de Madrid, donde prepara su Tesis doctoral sobre el proceso constituyente boliviano.E-Mail: [email protected]
0. Introducción.
Los últimos años en Bolivia han estado marcados por una aguda
polarización política, a menudo representada en torno a la adhesión
entusiasta o el rechazo furibundo al gobierno de Evo Morales y el
Movimiento Al Socialismo (en adelante MAS).
Es evidente, y así lo han confirmado todos los resultados electorales2, que el
Presidente Morales extrae su apoyo de las clases populares, aquellas que
sufrieron más el impacto de las políticas neoliberales y que protagonizaron
las insurrecciones del Ciclo rebelde 2000-2005 (Cabezas, 2007). Tanto el
cleavage socioeconómico o de clase como el étnico, o incluso aquel que,
según el propio discurso nacionalista boliviano, separa a la “nación” de la
“oligarquía” y el “imperialismo” (Mayorga, 2006: 124), se traducen
políticamente en significativas mayorías en torno al MAS y a Evo Morales:
los explotados y desposeídos, los pueblos indígenas, lo nacional-popular, las
“grandes mayorías sociales”, en la expresión habitual del oficialismo.
Sin embargo, lo que en el artículo se define como “hegemonía indígena y
popular”, dista mucho de ser incontestada. La correlación de fuerzas en
Bolivia, desde el ascenso de los grupos subalternos y la llegada al gobierno
del MAS, está caracterizada por la resistencia política de las élites
tradicionales a su relevo histórico. Esta resistencia se ejerció y ejerce desde
las regiones territoriales del país, y empleando la identidad territorial
dominante en ellas como trinchera desde la que enfrentar el proceso de
cambio en marcha en el país.
El mapa político resultante muestra, en consecuencia, una fuerte
espacialización del conflicto político. Sin ser una división tan nítida como las
2 Las citas electorales más destacadas desde Diciembre de 2005 cuando el MAS conquistó la presidencia han sido las elecciones a la Asamblea Constituyente en Julio de 2006 y el referéndum vinculante sobre autonomías de la misma fecha, los referendos revocatorios de Agosto de 2008 y el referéndum constitucional de Enero de 2005. Para un análisis de los resultados de este último: Errejón (2009a)
élites querrían presentar, en el sentido de un occidente oficialista contra un
oriente opositor, lo cierto es que los departamentos del oriente3 no sólo han
sido la última trinchera para la derecha, sino que es en torno a discursos
regionalistas como ésta ha construido cierta base de masas.
Por espacialización del conflicto político me refiero tanto a la fuerte
raigambre en lugares concretos de las identidades y prácticas políticas,
como a la entrada de la dimensión geográfico-regional como pauta que
define y ordena los alineamientos políticos. El análisis le debe especialmente
a las elaboraciones sobre espacio y lugar de la geografía política de John
Agnew (1987)
En este artículo se parte de la hipótesis de que las dos consignas centrales
de la amplia base social que llevó al MAS al poder son la nacionalización de
los hidrocarburos y la Asamblea Constituyente que refundase el Estado
boliviano. Éstas han marcado estos cuatro años de gobierno de Evo
Morales, pero de diferente forma. Mientras que la primera encontró un
relativo consenso al interior de la sociedad boliviana, también por su
combinación de retórica radical y práctica moderada, la segunda ha
convocado las principales contradicciones presentes en el Estado boliviano:
de clase, étnica y regional.
En torno a la reforma de la arquitectura institucional, se encuentran los
proyectos antagónicos de estado y de nación (o de naciones) que existen en
una sociedad boliviana altamente polarizada: De un lado el proyecto de
autonomías indígenas y descolonización estatal, levantado por los
movimientos sociales, sindicatos y pueblos indígenas; de otro el de
autonomías departamentales y descentralización levantado por las élites
económicas del oriente del país. Si esto es cierto, la definición del modelo
territorial de Estado es, en consecuencia, mucho más que una cuestión
administrativa. En este esfuerzo se medirá el alcance de la capacidad de
ruptura y transformación social –en el sentido de democratización y
descolonización- del Gobierno del MAS y su base sindical e indígena.
3 Tarija, Santa Cruz, Beni, últimamente Chuquisaca aunque con menor peso de la derecha cívica-regionalista, y Pando hasta la detención del Prefecto acusado de la matanza de campesinos en los levantamientos de la derecha en septiembre de 2008
También será un referente obligado para los movimientos sociales y los
pueblos indígenas en pugna con los Estados coloniales y capitalistas de la
región.
Se realiza primero un breve recorrido por los hechos más destacados del
pasado reciente, los imprescindibles para caracterizar la situación actual del
Gobierno de Evo Morales. En ella se ubica la discusión sobre el nuevo
modelo de Estado.
A continuación se describen a grandes rasgos las dos propuestas principales
de reorganización estatal que emergieron durante el proceso constituyente4,
y se analiza su genealogía, el discurso en el que se enmarcan y la
composición social a la que responden. A continuación, se explica
brevemente el acuerdo que marca a este respecto el proceso constituyente,
y los retos actuales en el desarrollo del “Estado unitario plurinacional y con
autonomías” (art. 1 de la CPE).
De esta forma se pretende arrojar algo de luz sobre la territorialización del
conflicto político, que, sin duda, es uno de los hechos sobresalientes de la
actual correlación de fuerzas en Bolivia. Finalmente, se apuntan algunas
conclusiones en términos de análisis, sobre los escenarios futuros, y en
términos metodológicos sobre elementos a estudiar para completar la visión
expuesta en el artículo, puesto que el trabajo que se presenta se enmarca
dentro de una investigación doctoral en curso.
4 El proceso constituyente duró de Agosto de 2006 a Diciembre de 2007, pero fruto de la inestabilidad política en el país la Constitución no fue aprobada en referéndum hasta el 25 de Enero de 2008, y promulgada un mes después.
1. La frágil hegemonía indígena y popular.
Cuando el 18 de Diciembre de 2005 Evo Morales Ayma, un indígena
campesino cocalero, se hizo con la Presidencia de la República de Bolivia
por un histórico e inédito 54% de los votos, la larga crisis estatal boliviana
no se cerraba, pero tomaba un rumbo inesperado y que suscitó una
expectación mundial. El Movimiento Al Socialismo, apenas una herramienta
electoral de los sindicatos cocaleros tan sólo cinco años antes, se había
convertido en el catalizador político e institucional de una acumulación
histórica de fuerzas que había derrotado al régimen neoliberal tras cinco
años de insurgencia de los sectores subalternos. (Errejón, 2008) El
Gobierno que se constituyó entonces, de esta forma, asumió que era
deudor de un mandato histórico de los movimientos sociales y las
organizaciones sindicales, cuyos ejes centrales eran la nacionalización de los
recursos naturales (el gas en primer lugar), la reforma agraria en el oriente
del país, y la refundación del Estado por medio de un proceso constituyente.
Este mandato adquirió su formulación más generalizada en la Agenda de
Octubre, elaborada durante las jornadas que en 2003 tumbaron el gobierno
de Gonzalo Sánchez de Lozada o, popularmente, “Goni”5
5 Para una buena narración de la “Guerra del Gas” ver: Gómez, 2004; para un texto explicativo del “Ciclo rebelde” que quebró el modelo neoliberal en Bolivia, ver: Hylton y Thomson, 2007 ó Kohl y Farthing, 2006; por último, para una consideración sobre la
La emergencia de una subalternidad fragmentada pero que sin embargo fue
capaz de converger en momentos insurreccionales puntuales, fue el hecho
más destacable de una vida política en el país que, durante años, había
estado presidida por el retroceso político de los sectores populares, el
cinismo y la corrupción generalizados y el empeoramiento generalizado de
las condiciones de vida de las mayorías sociales.
Realmente se fue configurando un bloque social inédito, que en otro lugar
he definido como “bloque indígena y popular” (Errejón, 2009b),
caracterizado por una agregación de diferentes sujetos colectivos
subalternos y explotados, ya no en torno a la centralidad obrera que marcó
la historia del siglo XX boliviano (Dunkerley, 1984; García Linera, 2007A),
sino en torno a la impugnación del neoliberalismo y la defensa de los
recursos naturales. Este bloque social ascendente tuvo como núcleo a los
pueblos indígenas originarios, tanto en lo que respecta a la composición
social de los movimientos, como a sus discursos, motivaciones e
imaginarios. (García Linera, 2006)
Tenemos entonces, a grandes rasgos, un bloque social ascendente, cuya
creciente capacidad de movilización y de definición de un sentido común
alternativo en el sentido gramsciano (Morton, 2007), acabó por arruinar la
gobernabilidad neoliberal y articular en torno así un proyecto hegemónico
de país, encarnado por la Bolivia plebeya capitaneada por los pueblos
indígenas. La hegemonía indígena y popular en Bolivia es entonces la
relativa capacidad de los grupos subalternos de liderar las posibilidades de
salida de la crisis estatal que vive el país.
La capacidad del MAS, por cierto, para ejercer de “representación
institucional” –no exenta sin embargo de críticas desde algunos
movimientos- de esa hegemonía, se debe en primer lugar a que es una
fuerza política en la que conviven el nacionalismo plebeyo y antiimperialista,
la izquierda y un indianismo moderado que no cuestiona la estatalidad
boliviana. Todos esos elementos se reunieron en torno a la lucha contra la
repercusión global de aquel ciclo de insurgencia subalterna, ver: Errejón, Espasandín e Iglesias, 2007.
erradicación y por la defensa del cultivo de la hoja de coca (Tapia, 2006:
254)
En el cumplimiento de ese mandato, más allá de la mayor o menor
capacidad política de del MAS como partido de gobierno, se vio
obstaculizado por la férrea oposición de los sectores cívico-empresariales6
de los departamentos del oriente del país, que fueron capaces ya en Junio
de 2005 de levantar otra “agenda” opuesta a la de los movimientos sociales
y sindicatos (Mayorga, 2007: 107-108), que fue relativamente exitosa .
Durante el proceso constituyente, con la demanda de 2/3 como zanja
política, después con los referendos ilegales sobre los estatutos
departamentales autonómicos y por último con el intento de golpe cívico-
prefectural en septiembre de 20087, la oligarquía del oriente, y los sectores
empresariales más conservadores del resto del país, han estado en varias
ocasiones en disposición de amenazar y chantajear al gobierno de Evo
Morales. Por esa razón el oficialismo se ha visto empujado a menudo a
ceder terreno en decisiones políticas cruciales, desvirtuando a menudo sus
compromisos previos con los movimientos sociales8.
La convocatoria de elecciones a la Asamblea Constituyente fue posible
gracias a un pacto forzado en Junio de 2005 por las movilizaciones de la
derecha regionalizada, que a la “Agenda de Octubre” levantada en 2003 por
los movimientos sociales y sindicatos campesinos e indígenas, opuso su
propia agenda: subvención de los agrocombustibles, “orden social” para
atraer las inversiones del capital extranjero, Autonomías Departamentales y
elección directa de los Prefectos departamentales (Mayorga, 2007) Así, en
Agosto de 2006, un pacto con la oposición permitía la convocatoria y
nacimiento de la Asamblea Constituyente, junto con los referendos
6 Los comités cívicos son en realidad estructuras semigremiales de coordinación de los sectores empresariales fuertemente ligados a su realidad local. Sobre la organización político social de las élites económicas orientales del país, ver: Romero, 2006 y Soruco, 2008.7 En septiembre de 2008 se desarrollaron en los departamentos orientales del país, con especial virulencia en Santa Cruz, levantamientos contra el estado central y el gobierno, protagonizado por grupos juveniles vinculados a los Comités cívicos y círculos empresariales regionales. Estas insurrecciones acabaron con la matanza de más de 30 campesinos oficialistas en la comunidad de “El Porvenir”, suceso por lo que el antiguo prefecto opositor del departamento de Pando, Leopoldo Fernández, está encausado. Para más información sobre lo que el gobierno calificó como “golpe cívico prefectural”, ver: Errejón, 2009a.8 De nuevo excede las pretensiones y los límites de este texto dar cuenta de las cesiones o desviaciones que, con respecto del programa político que asumiera de los movimientos sociales, el Gobierno ha realizado en el transcurso de sus negociaciones con la oposición. La reforma agraria y la ley electoral son quizás las más relevantes entre las diversas renuncias.
autonómicos cuyo resultado debía ser vinculante para las elaboraciones de
la Constituyente. El Gobierno de Evo Morales, a pesar de que la Constitución
que había heredado establecía que los prefectos eran nombrados por el
Gobierno nacional, había aceptado designar a aquellos que saliesen de las
urnas. De esta forma, no sólo se llegaba a un acuerdo para dirimir en las
urnas las diferencias entre los dos bloque sociales conformados en torno al
derrumbamiento del neoliberalismo. También trató de compatibilizar las
diferentes agendas de reforma territorial del Estado: las Autonomías
Indígenas propuestas por los movimientos sociales, y las Autonomías
departamentales propuestas por los sectores empresariales del oriente del
país, representados por los llamados “comités cívicos”.
La construcción estatal actual es el resultado de aquel pacto inaugural de la
Asamblea Constituyente, por el cual el MAS integra las dos agendas -la de
autonomías indígenas de los movimientos sociales y la de autonomías
departamentales de la derecha regionalizada.
La posibilidad de que el diseño territorial estatal del MAS se tornase
hegemónica se cifró en su capacidad para integrar las dos visiones: la
“indianista” y la “regionalista”.
El modelo territorial de Estado resultante, aún apenas embrionario, apunta
al reconocimiento del derecho de autodeterminación de las naciones
indígenas originarias junto con la descentralización departamental, todo ello
presidido por el nacionalismo boliviano y la integridad territorial del Estado.
Lejos de cuestionar la estatalidad o el relato nacional, el MAS
reconceptualiza el nacionalismo popular despojándolo de su
monoculturalidad, y proponiendo a los indígenas como el núcleo –diverso-
de lo popular.
Las demandas regionales, por su parte, son ampliamente recogidas en la
nueva Constitución, hasta el punto de que quizás sean los departamentos
las entidades territoriales subnacionales que más competencias y
proyección política nacional reciben y, de facto, la principal escala de
descentralización, pese a que el discurso oficial prefiera destacar a las
autonomías indígenas originarias y campesinas como el pilar del esfuerzo
descolonizador, y la “igualdad constitucional de todas las entidades
territoriales autónomas”. (art. 270 CPE)
No obstante, lo que interesa en este texto no es tanto la nueva morfología
territorial del Estado como los dos proyectos, las dos imaginaciones
espaciales valga decir, que subyacen a este diseño, y de cuyas
negociaciones y tensiones emana. Cada una de ellas corresponde a una de
las dos coaliciones sociales y políticas que se enfrentan en la actual crisis
política boliviana. Cada una de ellas, además, lo hace asentada físicamente
en un territorio determinado y con un discurso geográfico concreto.
El epígrafe que sigue trata de ofrecer una explicación para la fragmentación
territorial que caracteriza y determina al débil estado boliviano. El siguiente
se ocupa de describir los dos proyectos fundamentales de reordenación
espacial del país. Por último, se hace un breve análisis de su diferente
recorrido en el proceso constituyente y en el nuevo modelo de estado en
formación.
2. El estado fallido boliviano: su escasa inserción territorial.
El antropólogo Pablo Regalsky describe, en su libro “Etnicidad y clase”
(2003), la historia del estado boliviano como una guerra permanente, de
diferentes intensidades y modalidades según los momentos históricos,
frente a las comunidades indígenas andinas y subandinas por el manejo del
espacio.
La Corona española administró el espacio colonial a través de un complejo
sistema, que, respetando la organización comunitaria y las autoridades
indígenas, las subordinaba a un orden político dedicado a la expansión del
catolicismo y, sobretodo, a la extracción de materias primas para la
metrópoli. Así, la actual Bolivia, constituida en Audiencia de Charcas bajo el
Virreinato del Perú en razón de su importancia minera, quedaba dividida en
“dos Repúblicas”, la de los indios y la de los colonizadores. La república de
indios mantenía cierta autonomía en su organización y manejo de la tierra
siempre que cumpliese con el tributo agrícola y la “mita”, o sistema de
extracción de trabajo forzoso de las comunidades indígenas hacia las minas,
realizada deformando una tradición colectivista originaria y a través de las
propias autoridades, los caciques, implicados en la cadena de dominación y
explotación colonial (Regalsky, 2003: 45 y 46).
La llegada de la independencia, no obtenida por las masas indígenas en sus
numerosos levantamientos sino por los criollos descendientes de los
conquistadores, supone el intento liberal de construcción de un estado
moderno de propietarios individuales y de gestión mercantil-capitalista de la
tierra. En la práctica, el Estado no pudo prescindir, por su debilidad, del
tributo de las comunidades hasta el auge del estaño. No obstante, la guerra
permanente contra la propiedad comunitaria presidió la época del Estado
liberal:
Por detrás de esta idea de “independencia nacional” se hallaba la de borrar
el espacio autónomo de la comunidad indígena, que era considerada un
estorbo anticuado y un obstáculo al progreso liberal y a la civilización
(Regalsky, 2003: 54)
Lejos de su objetivo inicial de constituir un mercado de tierras compuesto
por pequeños propietarios, esta ofensiva discontinua y problemática
engendró un sistema desigual de latifundios semi-feudales y reductos de
resistencia comunitaria. En cualquier caso, el estado que debía imitar a sus
modelos europeos no dejó de ser una imaginación fragmentada, tangible
tan sólo en los núcleos urbanos y las minas. En esto coinciden diferentes
autores estudiosos de la estatalidad boliviana (Regalsky, 2003; Romero,
2003; Linera 2007)
Las selvas amazónicas del norte del país y los fértiles llanos del este y el
sur, mientras tanto, permanecieron casi inexplorados hasta que la
expansión de la goma a comienzos del siglo XX asociada a la incipiente
industria automovilística produjo las primeras colonizaciones y migraciones
masivas. La estructura terrateniente y colonial del poder y la tenencia de
tierras, no obstante, permaneció inalterada. Allí la confrontación con los
pueblos indígenas, mayoritariamente nómadas, no estuvo matizada por
ninguna necesidad de mediación, y puede ser caracterizada de manera más
contundente como una “guerra de expropiación”. (Maclean, 1987: 35-60).
El estado criollo y liberal, por tanto, se consolidó sobre la misma geografía
política y económica fragmentada de la colonia, afirmando así su carácter
oligárquico y su intrínseca debilidad “nacional”, traducida en falta de
hegemonía de las clases dominantes y un permanente recurso al ejército
para sustentar su poder político.
La Revolución Nacional de 1952 se fraguó, de forma significativa, en las
trincheras de la Guerra del Chaco (1932-1935), cuando la movilización
militar alimentó la “comunidad imaginada” de la nación boliviana entre
combatientes de territorios y culturas extremadamente diferentes y antes
ajenos entre sí, que eran así conscientes por primera vez de su común
enajenación del estado oligárquico minero-feudal.
La insurrección minera y campesina fue capitaneada por una incipiente
clase media urbana y mestiza y su discurso nacionalista de modernización
estatalista y desarrollista.
La Revolución nacionalista produjo transformaciones tan importantes como
la reforma educativa, el voto universal, la nacionalización de las minas o la
reforma agraria en el occidente andino –que fragmentó la tierra en miles de
minifundios de escasa productividad, a la vez que permitió el retorno a
formas comunitarias de explotación y gestión de la tierra y el territorio. Sin
duda el mayor esfuerzo de modernización e integración territorial del país,
la Revolución buscó reforzar la estatalidad a través de un discurso
homogeneizante y nacionalista que sustituyó el calificativo de “indígenas”
por el de “campesinos” para las mayorías sociales rurales andinas, a la vez
que desarrollar en el oriente un polo de producción agropecuaria articulado
a un naciente mercado nacional.
El esfuerzo desarrollista, sin embargo, chocó con la rígida inserción
dependiente y subdesarrollada9 de Bolivia en el mercado mundial y con la
propia debilidad endémica de la burguesía nacionalista nacida de la
revolución, cuya fuente de poder era exclusivamente el manejo del estado y
las empresas nacionalizadas –fundamentalmente la minera COMIBOL- , y
que se encontraba atrapada entre un pujante movimiento obrero y las
férreas directrices norteamericanas. Pese a los avances, el espacio
“nacional” boliviano siguió fragmentado y regido por diferentes lógicas: el
campo dividido entre la pequeña producción comunitaria en el occidente y
los ingenios agroindustriales en el oriente, las minas y el escaso sector
industrial regidos por un proyecto de capitalismo de estado, las ciudades
reuniendo formas mercantiles-artesanales primarias, enclaves de desarrollo
capitalista moderno y bolsas de subsistencia sostenidas por un denso tejido
social gremial o colectivista. (Romero, 2003) (Linera, 2007)
El neoliberalismo, implementado en Bolivia con una virulencia sólo
comparable en América Latina con las reformas económicas en Chile
auspiciadas por la dictadura de Pinochet, puede ser descrito como una
alternativa a la fracasada modernización nacionalista de Estado emprendida
9 Se siguen, para esta caracterización, fundamentalmente los trabajos de André Gunder Frank (1972), (1979), quizás el economista de la Teoría de la Dependencia que resulta más útil para poner en relación la dinámica de desarrollo desigual en el mercado mundial con la naturaleza política del subdesarrollo.
por la revolución nacional tres décadas antes. En 1985, significativamente el
mismo partido, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, que había
liderado y encarnado la Revolución Nacional, capitanea ahora la destrucción
de su legado. El programa de ajuste económico proyectó la modernización y
el desarrollo basados en la integración de la población boliviana como
“ciudadanos de mercado” a un régimen de acumulación en el que el estado
tenía como fin velar por la inversión privada.
En paralelo, se promovieron reformas en el sistema político tendentes a
“reconocer” la multiculturalidad del país y descentralizar la administración y
el gasto público.
Esta maniobra, orientada a acabar con el viejo y mastodóntico estado
nacionalista-rentista y a poner fin a la mediación sociedad-estado a través
de las estructuras sindicales, propia de las últimas décadas, fue efectiva en
reducir el alcance del estado y la capacidad política de los sindicatos obreros
agrupados en la histórica Coordinadora Obrera Boliviana. No obstante,
proveyó a los sectores subalternos duramente golpeados por las reformas
económicas - privatizaciones, desregulaciones, cortes en el gasto público,
despidos- de una nueva y a la larga poderosa base para la resistencia y la
movilización. Las identidades étnico-comunitarias de los pueblos originarios
y la municipalización de la política permitieron el reagrupamiento de los
sectores populares en una agencia política nueva: una pléyade de
movimientos sociales, sindicatos indígena-campesinos, organizaciones
barriales o territoriales, agrupaciones de trabajadores informales.
Éste fue finalmente el actor social multitudinario y fragmentado que derrotó
al sistema político del neoliberalismo y provocó una profunda crisis
estructural del estado de cuño colonial y liberal. Este es el complejo bloque
social que está tras la victoria de Evo Morales y el Movimiento Al Socialismo
en las elecciones de Diciembre de 2005, y tras la presión para la
nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria de una Asamblea
Constituyente. El trabajo de ésta última, paradójicamente por la naturaleza
de este bloque social, resultó profundamente difícil.
Por un lado, las resistencias al régimen neoliberal y al viejo estado colonial
habían estado basadas y enraizadas en “lugares políticos” y prácticas
espaciales subnacionales –en el sentido de formas de organización y gestión
del espacio fuertemente localizadas y relativamente autónomas de la
regulación estatal-, en la mayoría de los casos herederas de la organización
indígena comunitaria siempre extraestatal o sólo parcialmente integrada. El
bloque social indígena y popular, combinaba, de manera paradójica, un
discurso nacionalista-popular con una ausencia de estructuras políticas
nacionales. Si el discurso de los grupos subalternos –una vez cristalizó en el
MAS- era fuertemente “nacional”, su existencia refería más a un conjunto
débilmente articulado de realidades locales con tanto enraizamiento en su
territorio concreto como dificultades para su proyección nacional10
Por otro lado, las reformas económicas neoliberales, al retirar al estado de
más rol económico que la protección de la propiedad privada, estimuló la
fragmentación del territorio nacional. La inversión privada se concentró en
apenas tres centros urbanos y en los enclaves exportadores. Así, el
desarrollo neoliberal acentuó el “desarrollo del subdesarrollo” del que habla
Gunder Frank (1979), y profundizó la geografía colonial que gravita en
torno a los centros mineros y exportadores, relegando al resto del país a
una condición de semi-integración. (Mitre, 2008: 76). Esta es la base
histórica y territorial sobre la que se articula la resistencia de las élites
tradicionales cuando son desplazadas del estado por la emergencia de los
movimientos sociales y la victoria electoral del MAS.
La fragmentación territorial y la desintegración económica es la condición de
posibilidad para que la derecha regionalizada se atrinchere en el oriente
como polo de modernidad capitalista, cercado en su discurso por el atraso
colectivista de los sindicatos indígena-campesinos del occidente andino.
10 En esta contradicción se puede hallar la causa del fracaso “revolucionario” de octubre de 2003, cuando las numerosas y potentes estructuras locales-regionales de contrapoder no pudieron engendrar, tras tumbar al gobierno de Sánchez de Lozada, una alternativa extraestatal de poder que rompiese con la institucionalidad liberal. El MAS es, precisamente, el vehículo electoral del camino intermedio entre la ruptura y la restauración. En cualquier caso, este análisis excede los límites de este texto.
3. Dos geografías políticas, dos agendas de reforma territorial
del Estado.
Se entiende entonces que, en su mandato de refundación del estado, el
diseño de una nueva geografía estatal fuese uno de los desafíos principales
de la asamblea constituyente. Sobre este eje se posicionaban los
antagonismos de los dos bloques sociales en pugna: el gobierno y los
movimientos sociales, de un lado, y las élites políticas y empresariales del
oriente del país, de otro. Un breve análisis de sus respectivas agendas de
reforma territorial del estado nos permitirá comprender el desarrollo y
desenlace de este aspecto del proceso constituyente.
La demanda de “Autonomías Indígenas” bebía del reconocimiento de los
pueblos originarios y su preexistencia al Estado boliviano. Desde los años
70, el indianismo en diversos grados fue impregnando el imaginario de los
sindicatos campesinos. La consigna de la “descolonización del Estado
boliviano” argumentaba que
La colonia construyó la indignidad como un discurso y un prejuicio
naturalizador de las estructuras de dominación social (Linera, 2007: 22)
Esta construcción sobrevivió a la independencia de la corona Española, de
forma que
Bolivia se inició como república heredando la estructura social colonial
(Ibíd.: 22)
la solución, por tanto, no pasaba por el reconocimiento de “derechos de las
minorías indígenas”. En primer lugar porque en Bolivia son mayorías, y en
segundo lugar porque, más allá de la inclusión individual ciudadana, son
fundamentalmente los derechos colectivos, de manera central a la tierra y
al territorio, los que pueden asegurar la descolonización del Estado: se
requiere de la reconstitución de la territorialidad indígena como fundamento
de sus derechos colectivos (Romero, 2006: 26)
El “Estado Plurinacional” obedecería entonces no a un esfuerzo de
reconocimiento de diversidades y de igualación de derechos, sino a la
voluntad de construcción pluralista de unas instituciones comunes
construídas desde las diferentes lógicas culturales y organizativas de los
diferentes sectores sociales que habitan el país. Ya no se trataría de la
inclusión de los diversos al Estado liberal y monocultural, sino la
construcción del nuevo Estado también desde las dinámicas comunitarias de
los pueblos indígenas: incorporar a la conformación estatal, a la producción
de representación política, a la administración de justicia, a la organización
territorial, las formas tradicionales de gestión de lo común de las mayorías
sociales indígenas de Bolivia.
Tras tres siglos de conquista y dos siglos de república colonial, los indígenas
de Bolivia, al elegir denominarse “naciones originarias”, enfrentan tanto la
exclusión como la asimilación cultural homogeneizante del nacionalismo
boliviano salido de la Revolución de 195211. La reorganización territorial del
Estado es la expresión de un derecho de autodeterminación ejercido “hacia
adentro” según la expresión de Pablo Dávalos en su estudio sobre las
11 James Dunkerley ofrece una magnífica narración y explicación de la Revolución Nacional de 1952 y su decisiva influencia posterior en el estado boliviano: Dunkerley, 1984.
demandas del movimiento indígena ecuatoriano (Dávalos, 2003) Un
ejercicio que no cuestiona la estatalidad pero impugna su falsa
universalidad, retándola a refundarse desde la pluralidad de formas
civilizatorias existentes en la sociedad, o a morir de ficción. Así, la
plurinacionalidad
está un paso más adelante de la noción de plurietnicidad y multiculturalidad
(…) En efecto, mientras estas dos últimas nociones implican la ruptura de
las pretensiones homogenizadoras y asimilacionistas del Estado-nación
liberal (…) la plurinacionalidad afecta a la estructura misma del Estado. Va
más allá de la autodeterminación que significa la recuperación de una
autoconciencia étnica-política, hacia una exigencia de participación,
redefinición y reestructuración de todo el Estado (Dávalos, 2003: 219)
Las unidades sociales y políticas básicas desde las que emprender la
refundación estatal son las estructuras indígenas comunitarias, como
modelo de democracia directa y gestión común de la vida. Estas estructuras
han resistido a tres siglos de conquista y dos de vida republicana colonial, y
han respondido con la autoorganización a las carencias y ausencias
históricas del Estado. Son más fuertes allí donde demográfica y
políticamente predominan las naciones originarias: el altiplano
mayoritariamente aymara y los valles mayoritariamente quechuas, y más
débiles en el oriente, debido a la inferioridad poblacional de los sin embargo
bien organizados pueblos indígenas de “tierras bajas”.
Los movimientos sociales y las organizaciones sindicales, campesinas e
indígenas concretaron las aspiraciones de descolonización del estado en una
Propuesta para la Asamblea Constituyente que hicieron pública en Agosto
de 2006. Su encarnación, finalmente, fue la que recogió el Movimiento Al
Socialismo en la Comisión “Visión de País”, que matizaba el indianismo de la
primera con buenas dosis de “nacionalismo popular”, añadiendo “Unitario”
al adjetivo “Plurinacional” del Estado. También incorporaba los elementos
centrales de la propuesta de reorganización estatal de la derecha: las
autonomías departamentales.
La derecha regionalizada, por su parte, es el resultado de la pérdida de
capacidad de gobierno a escala nacional de las élites tradicionales, tras el
derrumbe del régimen neoliberal y la destacada capacidad destituyente de
los movimientos sociales.
Santa Cruz emergió como un bastión de la derecha como resultado de
procesos históricos de largo recorrido que produjeron las condiciones para
la emergencia del regionalismo político conservador.
El departamento y especialmente la ciudad, Santa Cruz de la Sierra, que
habían sido una zona tradicionalmente aislada y atrasada, se convirtieron
desde el Plan Bohan12 en un enclave de producción agroindustrial de bajo
valor añadido, orientada a la exportación. Seguía así una pauta que antes
habían encarnado las minas de plata o de estaño, en una geografía propia
del subdesarrollo. Según André Gunder Frank, el más conocido
representante de la Teoría de la Dependencia, el subdesarrollo produce
estructuras económicas subordinadas a las metrópolis, a las que suplen de
productos de bajo valor añadido, en un intercambio desigual que
empobrece a las zonas subdesarrolladas tanto como enriquece a las
desarrolladas13. Esta estructura se reproduce también al interior de los
países periféricos, produciendo estructuras económicas y estatales
fragmentadas y desintegradas a escala nacional, y extremadamente
dependientes del mercado mundial. (Frank, 1972; 1979). Posteriormente el
Análisis de los Sistemas-Mundo ha vuelto a colocar estas elaboraciones
como referencias obligadas para las teorías críticas contemporáneas,
enriqueciéndolas con estudios más profundos de la producción capitalista
12 El Plan Bohan fue un programa impulsado por Estados Unidos que, en los primeros años de la década de los cincuenta, impulsó la incorporación del oriente al desarrollo nacional boliviano, mediante un modelo de acumulación interna basado en la sustitución de importaciones y la diversificación económica. Se caracterizó por una agresiva intervención del estado en la vertebración caminera del país (occidente y oriente), en la redistribución de tierras y de población hacia el oriente, en las subvenciones y políticas de precios (asumiendo el Estado la producción directa de materias primas necesarias para la agroindustria y de la comercialización de productos agrícolas) además de los estímulos a la instalación de agroindustrias o incluso la construcción estatal de los mismos. (Romero, 2003b: 58-59). El resultado fue una modalidad de enclave agrocapitalista de exportación, con una altísima concentración de la propiedad de la tierra. 13 Para un análisis del intercambio desigual basado en la Teoría del Valor, ver: Ernest Mandel, Late Capitalism (1978)
del espacio, a través de conceptos claves como “centro” y “periferia”.14
Santa Cruz se configuró como un enclave primario-exportador, inserto en el
mercado mundial en condiciones de dependencia, y desarticulado del resto
del precario aparato productivo nacional. Esto tuvo su traslación política: Un
de modernidad subalterna, comandado por una élite agroexportadora y
financiera dependiente y fuertemente subvencionada, consolidó una
estructura social altamente polarizada y rígida, y fomentó sentimientos
regionalistas. (Romero, 2006: 40). El sociólogo norteamericano Maurice
Zeitlin ha descrito brillantemente de qué manera el subdesarrollo produjo
en Chile élites económico-políticas locales interesadas en la conservación de
ese patrón de enclave de exportación primaria, poco articulado con el resto
del país (Zeitlin, 1984) Algo muy similar ha sucedido históricamente con
Santa Cruz, núcleo de la llamada “Media Luna” oriental
Las políticas económicas neoliberales de cesión de la iniciativa y regulación
económica a la primacía de la inversión privada extranjera, que comenzaron
a mediados de los años noventa del pasado siglo XX15, fortalecieron aún
más la fragmentación de la economía boliviana, y privilegiaron a Santa Cruz
como centro receptor de inversiones. El dominio de la oligarquía permitió
una relativa estabilidad para los capitales extranjeros, en unos años
marcados por las turbulencias sociales y la ingobernabilidad en el país.
El resultado de ambos procesos fue el de producir una deficiente integración
territorial estatal, y unas identidades regionales difusas pero de larga data,
que conformaron las condiciones objetivas y subjetivas desde las cuales la
derecha pudo movilizar, desde comienzos de siglo, una amplia base
interclasista en torno a demandas autonómicas.
Si a esto se le añade la hegemonía cultural de los mestizos y blancos en la
región y el sometimiento cultural y racial de las poblaciones indígenas
nativas e inmigradas, frente al ascenso aymara y quechua en la zona
14 Para un análisis de las estructuras de división del trabajo a nivel mundial y la producción capitalista del espacio, quizás el referente más conocido de las teorías de los sistemas-mundo sea Immanuel Wallerstein, que expone brevemente los fundamentos de su análisis en The Rise and Future Demise of the World Capitalist System (1974 [2004]). Del mismo autor, consultar también: 1974 [1979]
Para una lectura más específicamente geográfica del análisis de los sistemas-mundo ver: Taylor y Flynt, 2002.15 Kohl y Farthing ofrecen un estudio exhaustivo del período neoliberal en Bolivia (2006)
occidental del país, no cuesta comprender la racialización y regionalización
de la oposición de clase a las fuerzas de cambio social que más tarde
cristalizarían en el Gobierno de Evo Morales. Frente al occidente indígena,
atrasado, cerrado al mundo, y comunitarista, las élites proyectaron una
“imaginación espacial” que describía al Oriente, y muy especialmente a
Santa Cruz, como una región liberal, moderna, abierta al mundo, sin
conflictos raciales y homogéneamente mestiza, individualista y próspera.
(Soruco, 2004) (Assies, 2006). El grupo secesionista “nación camba” es uno
de los más importantes productores de discurso del autonomismo
regionalista conservador del oriente. En su imaginación geográfica –ver
mapa en Anexo II- proyecta una nación con Santa Cruz como centro, pero
que abarca toda la amazonía y los llanos bolivianos, en oposición al área
andina y subandina.
Este discurso omitía las propias fracturas al interior de las sociedades del
oriente, y dibujaba un mapa homogéneo de “progreso” enfrentado a
“atraso”. El centralismo era entonces la carga más pesada para “El Oriente”,
que necesitaba autonomía para desarrollarse. El estudio etnográfico de
Adrián Waldmann (2008) constituye un magnífico e ilustrativo ejemplo de
esta mentalidad.
Significativamente, fueron la cuestión de la propiedad de la tierra y del
reparto de la renta y las regalías de los hidrocarburos, los principales puntos
de choque con el gobierno de un proyecto autonomista que, así, revelaba
nítidamente su carácter de clase.
Así, se pueden identificar dos grandes movimientos que han producido la
centralidad política de la cuestión del territorio en el proceso político
boliviano.
En primer lugar, el patrón de acumulación dependiente de capital en el país,
o la modalidad de su inserción periférica en la economía-mundo. El
neoliberalismo profundizó la matriz extractivista-exportadora de la que
habla la investigadora Maristella Svampa (2009), como modelo de
desarrollo fundamentado en el agronegocio y la exportación sin procesar
recursos naturales, siguiendo una dinámica propia de las economías
periféricas. El geógrafo David Harvey (2002) califica este modelo como de
“acumulación por desposesión”, por mera apropiación de bienes comunes
apropiados y mercantilizados por agentes privados; recupera así una
distinción marxista con respecto a la acumulación ampliada de capital. Este
modelo de acumulación, denominado por los movimientos de resistencia a
esos emprendimientos como “de despojo”, ha colocado el binomio tierra-
territorio como eje central de la disputa política entre grupos dominantes y
grupos subalternos. En Bolivia, ha significado la territorialización del
proyecto de las élites económicas del oriente, fundamentalmente para la
defensa de la propiedad privada latifundista de la tierra a través de una
movilización política regionalista que redefina las escalas de decisión estatal
hacia un marco más favorable para el capital agroexportador. Pero también
ha sido así en el caso de los sectores populares y las organizaciones
comunitarias indígenas, en emergencia precisamente en torno a la defensa
y reivindicación de territorio para ejercer su autonomía y proyectos de vida
basados en el “vivir bien”16 en lugar de en el productivismo.
En segundo lugar, en tanto que “política de lugar”, el territorio ha suplido –o
complementado- la debilidad de los macrorrelatos ideológicos, el nacional
en primer lugar. De esta forma, los sectores sociales más duramente
golpeados por las reformas económicas neoliberales encontraron en el
territorio el referente desde la que levantar proyectos de agregación y
acción colectiva de resistencia; La identificación territorial y la
“territorialización de las resistencias” han sido las bases para el potente
renacer de los movimientos sociales, multitudinarios y populares, en Bolivia.
Ésta fortaleza ha marcado y marca, a su vez, la dificultad del bloque
hegemónico para postular un proyecto nacional hegemónico, por encima de
las fragmentaciones y localismos de las organizaciones que componen esta
alianza.
Pero también las élites económicas, y hasta hace poco políticas, han
encontrado en la territorialización de sus demandas la mejor, y tal vez
16 El “vivir bien” o suma qamaña, es un principio filosófico emanado de las comunidades campesino indígenas que el indianismo postula como alternativa al desarrollismo productivista occidental. Se basa en la armonización de las necesidades sociales con la vida en la naturaleza y el equilibrio colectivo.La Constitución Política del Estado boliviano lo recoge en su artículo 8 “Principios, valores y fines del estado”.
única, forma de conseguir base de masas para su oposición al gobierno. Las
consignas más reactivas en defensa de los privilegios de clase de los
sectores empresariales del país han tomado cuerpo y entidad política sólo a
través de su identificación con territorios concretos y de representaciones
espaciales ya sólidamente asentadas en el imaginario popular, tales como
las del oriente “camba” desarrollado y emprendedor frente al occidente
comunitarista y arcaico. (Maclean, 1987) y (Waldmann, 2008)
4. La confrontación en el proceso constituyente y el modelo
territorial de estado.
Así, el proceso constituyente puede ser entendido como presidido por un
choque entre dos proyectos espaciales. O, en otros términos, el conflicto
social en Bolivia, la confrontación de la débil hegemonía indígena y popular
contestada por un bloque conservador regionalizado en el oriente del país,
se situaba principalmente en términos geográfico-políticos.
La oposición, atrincherada en las identidades regionales del oriente
repolitizadas como banderas de resistencia contra el “centralismo” del
gobierno paceño –aunque también bien asentados en las regiones orientales
de los llanos y la amazonía, en contradicción con la imaginación regional
empresarial dominante- libró una dura batalla contra el proceso
constituyente. Desde su comienzo trató de matizar su carácter rupturista,
especificando que se trataba de reformar la constitución y denunciando
como totalitario cualquier intento de “refundar” Bolivia. En su opinión, el
Estado boliviano existente había sido el artífice de un siglo y medio de
convivencia pacífica y “mestiza”. En opinión de los movimientos sociales, la
Asamblea Constituyente debía, por contra, solventar el divorcio histórico
entre las naciones de Bolivia y el Estado liberal.
Pese a que las las elecciones a la Asamblea Constituyente le otorgaron
mayoría absoluta, el MAS se vio atrapado en el requisito de dos tercios de
voto para aprobar el texto constitucional. Este intento, proyectado por la
Vicepresidencia del Gobierno, de hacer una concesión a las minorías para
integrarlas “de forma subalterna” en el proceso constituyente, fue en
realidad un obsequio para una oposición que renunciaba a ser integrada en
ninguna forma, pues consideraba que el poder le había sido usurpado.
Desde ese momento se inauguró una dinámica política que obstaculizaría a
la Asamblea Constituyente hasta casi colapsarla, llevándola a tiempos y
espacios imprevistos: en el tiempo, la constituyente tuvo que prorrogar sus
sesiones por más de 6 meses de la fecha inicialmente prevista; en el
espacio, la derecha regionalizada en el oriente consiguió levantar en Sucre,
la sede inicial de la Constituyente, un movimiento que combinaba la
reivindicación histórica de capitalía con el sentimiento anti-indígena y
campesino, que obligó a la Constituyente a aprobar su texto final a cientos
de kilómetros en la ciudad altiplánica y minera de Oruro, reflejando de
nuevo la importancia central del clivaje regional y que la base del proyecto
de transformación política y el gobierno la constituían inequívocamente los
territorios andinos y subandinos17. La noticia, en los días en que se escribe
este artículo, de la polémica por el traslado de dos mil familias campesinas
del altiplano al pequeño departamento amazónico de Pando,
mayoritariamente opositor, sigue revelando hasta qué punto la variable
territorial sigue primando en el conflicto político en el país18.
No obstante, la constitución finalmente aprobada por los bolivianos con un
61% de apoyo popular en referéndum en enero de 2009, fue el resultado de
otro desplazamiento político. Unos meses antes la oposición cívico-
empresarial promovió, desde los departamentos orientales en los que
detenta el poder, una oleada de incidentes en una estrategia decidida
definitivamente a tumbar el gobierno y hacer descarrillar el proceso
17 De este tema me he ocupado con más profundidad en otros textos. Para un seguimiento más desarrollado de la correlación de fuerzas en el proceso constituyente ver: Errejón, 2008; para un análisis de coyuntura tras el final del proceso constituyente y la aprobación de la Constitución en referéndum, ver: Errejón, 2009A18 El Gobierno boliviano, en el marco de una política para la distribución de tierras, otorgó terrenos a dos mil familias campesinas de la zona andina del país, provocando un desplazamiento masivo de evidentes consecuencias políticas en un departamento con una población de apenas sesenta mil habitantes. A pocos meses de las elecciones presidenciales y legislativas del seis de diciembre, este ejemplo revela el grado extremo en que la espacialización de los bloques sociales en contienda preside el escenario político. Ver: Periódico La Razón 27-29/07/2009
constituyente, justo después de que los referendos revocatorios de agosto
de 2008 confirmaran el apoyo popular de Evo Morales.
Usando la amenaza del enfrentamiento civil como chantaje, la oposición
sentó al gobierno a negociar la constitución en un espacio que le era mucho
más favorable: una mesa bilateral de negociaciones que no reflejaba
proporcionalmente, como sí lo había hecho la Asamblea Constituyente, la
representatividad de cada uno de los dos actores. Fue en ese acuerdo,
formalizado posteriormente en el congreso, donde se cerró el texto
definitivo.
El modelo territorial de estado resultante es un complejo diseño que trata
de responder a diferentes proyectos sociales a la vez, y que por tanto puede
ser leído como una reforma territorial que refleja una conflictiva correlación
de fuerzas políticas en la compleja geografía política boliviana.
El modelo de estado “plurinacional y autonómico” salido de la nueva
constitución se fija dos objetivos en principio no necesariamente
compatibles: el de la descolonización del estado y el de la descentralización
política y administrativa del poder. En el primer caso se trata de resolver la
fractura entre los pueblos indígenas y el estado. En el segundo de poner fin
al centralismo ineficaz de un estado que heredó la geografía andinocéntrica
de la colonia.
El constitucionalista Albert Noguera ofrece un exhaustivo análisis de los
elementos del nuevo diseño de Estado que, de forma novedosa y
vanguardista, lo caracterizan como “plurinacional”: la inclusión de la justicia
comunitaria en igualdad legal con la “ordinaria” o positiva-liberal, el
reconocimiento de las formas indígenas de producción de representación
política y decisión democrática, la afirmación positiva de la oficialidad de
diferentes lenguas originarias, o las autonomías indígenas. (Noguera, 2008)
No obstante, la tarea de descolonizar la estructura estatal, incorporando en
régimen de igualdad a las culturas de los pueblos y naciones
tradicionalmente subalternos, se presenta complicada y de largo plazo. En
otro trabajo ya hemos apuntado como, en el desarrollo constitucional, leyes
como la que regula la formación de la próxima Asamblea Legislativa
Plurinacional (antiguo Parlamento) ya han demostrado lo complicado de
unas reformas que otorguen derechos colectivos diferenciados a poblaciones
en ocasiones dispersas territorialmente (Errejón y Serrano, 2009). Las
futuras leyes del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, cuyos
magistrados se elegirán por sufragio y provendrán tanto de la justicia
occidental como de la comunitaria, será otro complejo reto para el
desarrollo de la plurinacionalidad.
En paralelo, la adopción del modelo autonómico descentraliza la estructura
estatal en cuatro escalas o “entidades territoriales autónomas”, previstas en
los artículos 294 a 305 de la Constitución:
La autonomía municipal, heredada de la reforma neoliberal de la Ley de
Participación Popular de 199419, pero dotada de mayores competencias; la
autonomía regional, supeditada en su conformación a la aprobación
departamental y diseñada como agregación de municipios; la autonomía
indígena originario campesina, verdadera concreción territorial de la
plurinacionalidad del estado y el derecho a la autodeterminación de los
pueblos indígenas; y la autonomía departamental, que refuerza política y
económicamente una división hasta ahora administrativa en el país. De
estas escalas, resultan especialmente relevantes las dos últimas, por ser
expresiones principales de las especialidades enfrentadas en Bolivia.
Las autonomías indígenas, como propuesta de las organizaciones sindicales
campesinas y los movimientos indianistas 20responden a una
descentralización que tiene como premisa ideológica la preexistencia de los
pueblos originarios al estado boliviano, y por tanto su derecho a la
autodeterminación y la territorialidad.
19 La Ley de Participación Popular (LPP) fue un esfuerzo de descentralización municipal emprendido por el primer gobierno de Sánchez de Lozada. Kohl y Farthing (2006: 90-96) realizan un interesante estudio sobre la ambivalencia de las reformas políticas neoliberales en Bolivia, algunas de las cuales, como en el caso de la LPP, construyeron una “ventana de oportunidad” para la emergencia política de los movimientos sociales.20 Álvaro García Linera, intelectual boliviano y actual vicepresidente de Bolivia, ofrece un sólido análisis de la evolución del indianismo, en el que se aborda el katarismo como una reivindicación de lo indio no como estigma sino como designio histórico de emancipación frente al colonialismo interno. Esta narrativa se enunciaría desde los sindicatos campesinos y en compleja articulación con la identidad popular boliviana, lo que le hace moverse a caballo entre la política étnica y la política de clase (García-Linera, 2005b)
Las autonomías departamentales deben ser entendidas, fundamentalmente,
como una consigna defensiva de los sectores empresariales y las antiguas
élites políticas regionalizadas en el oriente del país. Partiendo de una
división administrativa, expresiones fuertemente conservadoras recogen así
un sentimiento regionalista extendido y de largo recorrido histórico en el
que coinciden diferentes autores estudiosos de la identidad regional oriental
y específicamente “camba”(Maclean, 1987), (Assies, 2006) (Waldmann,
2008) para postular la transferencia de competencias del nivel central del
estado a los departamentos. En tanto que movimiento reactivo de las élites
empresariales locales, la pugna fundamental es por las competencias sobre
propiedad de la tierra, recursos naturales, propiedad, regulación laboral o
aranceles. El peso de las estructuras político-regionales de la patronal del
oriente boliviano fue capaz de imponer la centralidad de los departamentos
como escala de la descentralización estatal.
El complejo modelo territorial de estado, con la descolonización y la
descentralización como ejes, tiene que conjugar el poder de las élites
departamentales, en algunos casos, con la autonomía y la territorialidad
indígena, en otros, o la estructura plurinacional de su composición con la
construcción de un marco unitario fuerte, productor de inclusión hacia el
interior y soberanía hacia el exterior. Este reto es quizás uno de los
centrales del proceso político boliviano.
5. Conclusiones provisionales.
En este artículo se ha tratado de caracterizar en términos generales los
mecanismos por los cuales el conflicto entre grupos subalternos y élites en
Bolivia ha sufrido un proceso de territorialización. Quizás deberíamos hablar
de “espacialización” en cuanto se trata de una dinámica que refiere
sobretodo a los discursos que ordenan los alineamientos políticos en
conflicto.
La reforma territorial del Estado, así analizada, incumbe bastante más que
la mera reordenación jurídica del reparto de las competencias entre las
diferentes unidades subnacionales de la nueva arquitectura institucional.
Desde el punto de vista que se ofrece en el artículo, constituye quizás el
escenario más relevante de la pugna entre bloque sociales que lleva
caracterizando al menos los últimos cinco años en Bolivia: el bloque
indígena y popular, débilmente hegemónico, y la derecha regionalizada, con
precarias alianzas nacionales pero sólido anclaje en las regiones del oriente
del país. A su vez, estos bloques reúnen en su interior, a menudo en un
equilibrio inestable, diferentes proyectos estatales no siempre compatibles,
como en el caso del oficialismo sucede con el nacionalismo popular y el
indianismo, o en el caso de la oposición con los proyectos secesionistas o el
regionalismo como mera estrategia de oposición al gobierno.
La débil estructuración e inserción espacial del Estado boliviano no impide,
como se ha descrito, que el conflicto político actual se libre
fundamentalmente en relación a él. La fragmentación territorial, no
obstante, ha producido históricamente actores políticos fuertemente ligados
a identidades de lugar y prácticas espaciales extraestatales, un fenómeno
que las reformas neoliberales incrementaron. Esto es cierto tanto para el
bloque indígena y popular formado por las organizaciones de los sectores
subalternos agregados sobre identidades étnico-territoriales, como para la
reacción de las élites empresariales y políticas tradicionales, reagrupadas
obre la estructura material y simbólico-cultural de poder de los
departamentos regiones orientales y sus identidades regionales.
Se da así la contradicción, en el proceso de transformación estructural
actual, de que el estado es reclamado por la mejora de las condiciones de
vida al mismo tiempo que tiene que pugnar cotidianamente por la gestión
del espacio y los recursos. Por eso la reforma estatal es, por un lado, una
operación principalmente de reordenación del espacio boliviano y su gestión
por parte del estado y, a su vez, un complicado proceso de negociaciones,
choques y acuerdos entre diferentes actores fuertemente especializados.
La territorialización de los agrupamientos políticos y la espacialización de los
discursos ha sido una potente fuente de organización y defensa de
proyectos étnicos y/o de clase. Si esto es cierto, por lo general, en la
mayoría de procesos políticos, en Bolivia es especialmente relevante, como
uno de los rasgos fundamentales de la actual confrontación entre bloques
sociales.
El proceso constituyente, en ese sentido, tiene una de sus lecturas
principales en la dinámica de confrontación –y rara vez concertación- entre
dos geografías políticas cada una con su proyecto de reforma del estado. El
modelo territorial de Estado salido de la nueva Constitución Boliviana,
“plurinacional y autonómico”, refleja en toda su complejidad y
contradicciones la correlación de estas dos geografías en pugna, detrás de
las cuales existen bloques sociales que ya han sido descritos.
Debe ser entendido, por ello, de forma dinámica y política: Dinámica porque
es el pacto, necesariamente transitorio, entre dos fuerzas sociales
enfrentadas. Política porque, lejos de una cuestión técnica, de diseño
comparado y meticuloso de instituciones más “eficientes”, la nueva
territorialidad del estado tiene que elegir entre responder a las necesidades
sociales de desarrollo nacional, redistribución de la riqueza e inclusión
ciudadana multicultural, o aceptarse como la enésima ficción en la historia
boliviana.
A lo largo del presente texto se ha analizado la compleja naturaleza del
estado boliviano a través de su relación con el espacio que, al menos
formalmente, controla. Se pretende que éste método es particularmente útil
para comprender la correlación de fuerzas que marca el desarrollo del
proceso político actual.
Este proceso, sin embargo, puede ser mejor analizado si se incorpora una
perspectiva geográfica que nos informe de la espacialidad de los diferentes
proyectos políticos, en tanto que programas de ordenación del territorio
pero también en tanto que discursos y prácticas que cobran sentido en
lugares determinados, y a los que a su vez moldean. Esta es posiblemente
una fértil línea de investigación futura.
Las diferentes propuestas de refundación o reforma del Estado emanan
evidentemente de diferentes formas políticas de organizar lo común, que
están enraizadas en espacios y lugares concretos: esto es tan cierto para la
autonomía departamental, que quiere reflejar, consolidar y proyectar una
correlación de fuerzas favorable a los empresarios privados en los
departamentos orientales; como lo es para la autonomía indígena, que trata
de refundar el Estado incorporándole las formas comunitarias de los pueblos
originarios para la administración de justicia, la gestión de los bienes
colectivos o la producción de decisiones políticas, entre otras.
Sin esta visión es difícil comprender los derroteros que el conflicto político
boliviano ha asumido en los últimos años. Por eso es recomendable una
línea de trabajo que sea capaz de aunar el estudio de la producción social
del espacio en el sistema-mundo capitalista con las diferentes dinámicas
políticas radicadas –y productoras de- lugares determinados, y capaces de
movilizar apoyo político sustancial en un sentido u otro.
En concreto, el desarrollo del modelo plurinacional y autonómico de estado,
y las negociaciones entre actores políticos que implique, será por ello un
proceso político clave en la larga crisis estatal en Bolivia.
Anexo I. Población de Bolivia por departamentos y mapa
departamental del país.
Departamento Capital Extensión Populación AltitudChuquisaca Sucre 51.524 475.111 2.790Cochabamba Cochabamba 55.631 1.024.613 2.558Beni Trinidad 213.564 254.380 236La Paz La Paz 133.985 2.182.416 3.640Oruro Oruro 53.588 420.601 3.709Pando Cobija 63.827 49.126 221Santa Cruz Santa Cruz
de la Sierra370.621 1.168.570 416
Tarija Tarija 37.623 284.663 1.866Potosí Potosí 118.218 870.140 4.070
Extraído de: http://www.evomorales.net/paginasCas/bolivia_Cas_mapas.aspx
Consultado el 28 de agosto de 2008
Anexo II Geografía de las poblaciones indígenas y distribución
por Departamento.
N
Elab orado: Su bco mp on ent e TCO's-U GTI's / "Equip o C en tral" - 2005
Ta ca na
U ru s
B EN I
SAN TA C R U Z
LA PA Z
P OTOSI
PA ND O
ORU R O
TAR IJA
COC HA BA M BA
C H UQ UISA CA
U ru sU ru s
U ru s
Ta ca na
Yam ina hu a yM a chineri
R ey esa no Gu ara su gw e
Ta pie te
Paca hu ara
Si rion o
Ara onaM ore
Joaq uin ia no
W ee nhayek
Cavineño
Mo se ten
C ayubaba
Chacobo
Baure
Ese E jja
Ta ca na
Itona m a
C an ichan a
Yurac are
Gu ara yo
Yuqui
U ru s
Chim anLeco
Ayo reo
M ovi m a
Mojeño
Aym araHablantes
Chiqu ita no
Gu ara niQ uec hu aHablantes
FU ENTE: C.N .P .V. 2001 - MAIPO /TCO' s
BOLIVIA: Mapa de Ubicacion yPoblacion Indigena de 15 y mas Años de Edad según Adscripción
Pu eblo s _in1 Qu ech ua 1555 641
2 Ay mar a 1277 881
3 Ch iqu ita n o/Bésiro /Na peca/Paun 112218
4 Gu aran¡ (I zoc eño , Ava, S imba) 81011
5 M ojeñ o (Trinit ario /Ign aciano/ 46336
6 M ovim a 6183
7 Gu arayo 6010
8 Ch ima n/T sima ne 4331
9 Ta kan a 3580
10 Re yesa no/Mar opa 2741
11 Le co 2443
12 Ito nom a 1492
13 Yu ra kare 1399
14 Ur u-C hipa ya/Iru-ito/M urat o 1210
15 W eenh aye k/M atac o 1022
16 Ay oreo 860
17 Ca vine ño 852
18 M oseten 813
19 Ba ure 496
20 Es se e jja/ Chama 409
21 Ca yub aba 328
22 Ch a co bo 255
23 Ca nich ana 213
24 Jo aqu iniano 169
25 Si rion o 134
26 Yu ki 112
27 Ar aon a 92
28 Ya min awa 45
29 M ore 44
30 Pa cah uara 32
31 Ta piete 19
32 M achi ne ri 15
33 Gu arasug we 9
Nº Pu e b lo In d ig e na Po bla c io n
Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia www.ine.gov.bo
BOLIVIA: POBLACIÓN TOTAL, POR CONDICIÓN INDÍGENA Y ÁREA DE RESIDENCIA, SEGÚN DEPARTAMENTO,CENSO 2001
DEPARTAMENTO POBLACIÓN TOTAL POBLACIÓN NO INDÍGENATotal Área Urbana Área Rural Total Área Urbana Área Rural Total
TOTAL 8,274,325 5,165,230 3,109,095 4,141,187 3,307,888 833,299 4,133,138
Chuquisaca 531,522 218,126 313,396 186,512 103,237 83,275 345,010La Paz 2,350,466 1,552,146 798,320 948,282 842,701 105,581 1,402,184Cochabamba 1,455,711 856,409 599,302 455,748 409,449 46,299 999,963Oruro 391,870 236,110 155,760 153,041 129,841 23,200 238,829Potosí 709,013 239,083 469,930 136,421 104,565 31,856 572,592Tarija 391,226 247,736 143,490 321,290 205,103 116,187Santa Cruz 2,029,471 1,545,648 483,823 1,581,516 1,269,089 312,427 447,955Beni 362,521 249,152 113,369 311,891 225,978 85,913Pando 52,525 20,820 31,705 46,486 17,925 28,561___________________ _____________ _______________ _____________ ____________ _____________ ____________ ____________Fuente: INE, VAI, UNFPA. La Paz, noviembre 2003http://www.ine.gov.bo/indice/visualizador.aspx?ah=PC20501.HTM consultado el 28 agosto 2008
Anexo II. Mapa de la “Nación Camba”.
Fuente: www.nacioncamba.org consultado el 29 de julio de 2009.
Bibliografía
• Agnew, John (1987) Place and Politics Allen and Unwin: Boston.
• Assies, William (2006) “La Media Luna sobre Bolivia: nación, región,
etnia y clase social” en América Latina Hoy 43: 87-105
• Cabezas, Marta (2007) “Caracterización del Ciclo Rebelde 2000-2005”
en Espasandín López, Jesús e Iglesias Turrión, Pablo, Bolivia en
Movimiento. Acción Colectiva y Poder Político. Barcelona, El Viejo
Topo Pp. 189-221.
• Constitución Política del Estado Boliviano. Febrero de 2009.
• Dávalos, Pablo (2003) Plurinacionalidad y poder político en el
movimiento indígena ecuatoriano Buenos Aires: OSAL.
• Dunkerley, James (1984) Rebellion in the veins. Political Struggle in
Bolivia 1952-1982. London, Verso.
____________ (2007) Bolivia: Revolution and the power of history in
the present. London, Institute for the Study of the Americas.
• Errejón, Íñigo (2008) “La crisis estatal en Bolivia: de la llegada al
Gobierno del Movimiento Al Socialismo a los referendos revocatorios”
en Papeles de Trabajo América Latina siglo XXI, CEPS, Valencia,
2008.Disponible en http://www.ceps.es/publi/Informes/pt2.pdf
___________ (2009a) "Bolivia. La victoria siempre incompleta.
Perspectivas tras el Referéndum Constitucional” en Viento Sur nº
102: Pp. 23-30. También disponible en:
http://www.vientosur.info/articulosabiertos/Bolivia%20102.pdf
_________ (2009b) "En Bolivie, une victoire difficile. De
l'effondrement du pouvoir néolibéral au combat pour l'hégémonie
indigène et populaire", en Multitudes, n°35, hiver 2009, p. 85-95.
• Errejón, Íñigo y Serrano, Alfredo “Bolivia: consensos sin acuerdo.
Para el MAS, llegó la hora de la política”, en e-l@tina. Revista
electrónica de estudios latinoamericanos [en línea], Vol. 5, nº 19,
Buenos Aires, abril-junio de 2009, pp. 65-73. En
http://www.iealc.fsoc.uba.ar/hemeroteca/elatina/elatina27.pdf
• Errejón, Íñigo, Espasandín, Jesús e Iglesias, Pablo (2007) “El regreso
de Túpac Katari. Bolivia y los procesos de transformación global del
capitalismo” En Tábula Rasa 7: 111-148 Bogotá
• Frank, André Gunder (1972) Lumpenbourgeoisie.
Lumpendevelopment. New York, Monthly Review Press
__________________ (1979) Dependent Acumulation and
Underdevelopment. New York, Monthly Review Press
• García Linera, Álvaro (2004) Sociología de los movimientos sociales
en Bolivia. Diakonía/Oxfam G.B., La Paz, Plural.
_________________ (2005b) “Indianismo y Marxismo. El
desencuentro de dos razones revolucionarias” Barataria No. 2,
Marzo - Abril 2005, El Juguete Rabioso. Edición Malatesta: La
Paz
____________________ (2006) García Linera, Álvaro “Crisis del
Estado y Poder Popular” en New Left Review (en castellano) nº 7, Pp.
66- 77
_________________ (2007) “Condición obrera y forma sindicato en
Bolivia” en Espasandín López, Jesús e Iglesias Turrión, Pablo, Bolivia
en Movimiento. Acción Colectiva y Poder Político. 2007, Barcelona, El
Viejo Topo 129-154.
__________________ (2007): “Estado Plurinacional. Una propuesta
democrática y pluralista para la extinción de la exclusión de las
naciones indígenas” en García Linera, Álvaro; Tapia Mealla, Luis y
Prada Alcoreza, Raúl: La transformación pluralista del Estado La Paz:
Muela del Diablo Editores. Pp. 19-88
• García Yapur, Fernando (2006) “Los consensos normativos del nuevo
campo político en Bolivia” En M. Yapu (compilador) Modernidad y
pensamiento descolonizador. Memoria Seminario Internacional. Pp.
17-35 La Paz, Universidad para la Intervención Estratégica en Bolivia.
• Gómez, Luis A. (2004) El Alto de Pie. Una insurrección aymara en
Bolivia. La Paz, Preguntas Urgentes Textos Rebeldes
• Harvey, David, (2002) El Nuevo Imperialismo, Madrid: Akal
• Hylton, Forrest y Thomson, Sinclair 2007, Revolutionary Horizons.
Past and Present in Bolivian Politics. New York: Verso
• Iglesias, Pablo, Espasandín, Jesús y Errejón, Íñigo (2008)
“Devolviendo el balón a la cancha: Diálogos con Walter Mignolo” En:
Heriberto Cairo y Walter Mignolo (eds.) Las vertientes americanas del
pensamiento y el proyecto des-colonial. Madrid, Trama Editorial Pp.
209-245
• Klein, Herbert S. (2003), A Concise History of Bolivia, New York,
Cambridge University Press
• Kohl, Benjamin y Farthing, Linda (2006) Impasse in Bolivia.
Neoliberal Hegemony & Popular Resistance. New York, Zed Books
• Laclau, Ernesto (2005): On Populist Reason, London, Verso [La razón
populista. Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica]
• Maclean Stearman, Allyn (1987): Camba y colla, La Paz: Editorial
Juventud
• Mandel, Ernest” (1978): Late capitalism. London, Verso
• Mayorga, Fernando (2007): Encrucijadas. Ensayos sobre democracia
y reforma estatal en Bolivia. La Paz: Editorial Gente Común – UMSS
CESU.
• Mitre, Antonio (2008) Nosotros que nos queremos tanto. Estado,
modernización y separatismo: una interpretación del proceso
boliviano, Santa Cruz: El País.
• Mokrani, Dunia y Gutiérrez, Raquel (2006) “Sobre las tensiones
actuales en Bolivia: el gobierno de Morales, la nacionalización de los
hidrocarburos y la recuperación de la soberanía social” en VVAA 2006
Sujetos y formas de la transformación política en Bolivia” La Paz,
Tercera Piel, Pp. 139-160
• Molina, Fernando “Bolivia: la geografía de un conflicto” en Nueva
Sociedad nº 218, noviembre.diciembre de 2008
• Morton, Adam D. (2007) Unravelling Gramsci Unravelling Gramsci.
Hegemony and Passive Revolution in the global economy. London:
Pluto Press Books.
• Noguera Fernández, Albert (2008) Constitución, plurinacionalidad y
pluralismo jurídico en Bolivia. La Paz: Enlace y OXFAM Gran Bretaña.
• Olivera, Oscar “La Coordinadora del Agua y la insubordinación
popular” en VVAA (2006): Sujetos y formas de la transformación
política en Bolivia”. La Paz, Tercera Piel, Pp. 77-86.
• Regalsky, Pablo (2003) Etnicidad y clase. El Estado boliviano y las
estrategias andinas de manejo de su espacio” La Paz: CEIDIS/
CESU-UMSS/CENDA y Plural Editores.
• Rivera, Silvia (2007) “Que el pasado sea futuro depende de lo que
hagamos en el presente. Enseñanzas de la insurgencia étnica en
Bolivia” en Espasandín López, Jesús e Iglesias Turrión, Pablo, Bolivia
en Movimiento. Acción Colectiva y Poder Político. Barcelona, El Viejo
Topo Pp. 101-128.
• Romero Bonifaz, Carlos (2003) La reforma agraria en las tierras
bajas de Bolivia en: “Artículo Primero, revista de debate social y
jurídico” Año7, nº 14. Santa Cruz de la Sierra. Octubre: CEJIS.
____________________ (2006) El proceso constituyente boliviano.
Crisis de Estado (Serie 1). Santa Cruz de la Sierra: CEJIS
• Soruco, Ximena (2008) Los barones del Oriente. El poder en Santa
Cruz ayer y hoy. Fundación Tierra: Santa Cruz
• Stefanoni, Pablo y Do Alto, Hervé (2006) Evo Morales, de la coca al
Palacio. Una oportunidad para la izquierda indígena. La Paz,
Malatesta.
• Subercaseaux, Elizabeth y Sierra, Malú (2007) Evo. Despertar
Indígena, Tafalla, Txalaparta.
• Svampa, Maristella (2009) Conferencia pronunciada en COMUNA, La
Paz. 27/7/2009
• Tapia, Luis “La composición política, o la nueva composición política
en Bolivia” en VVAA (2006): Sujetos y formas de la transformación
política en Bolivia”. La Paz, Tercera Piel, Pp. 245-265.
• Taylor, Peter J. y Flint, Colin (2002) Geografía política. Economía-
mundo, Estado-Nación y Localidad. Madrid: Trama Editorial.
• Viaña, Jorge “Autodeterminación de las masas y democracia
representativa. Crisis estatal y democracia en Bolivia (2000-2006)”
en VVAA (2006): Sujetos y formas de la transformación política en
Bolivia”. La Paz, Tercera Piel, Pp. 199-244.
• Waldmann, Adrián (2008): El hábitus camba. Estudio etnográfico
sobre Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra: Editorial el
País.
• Wallerstein, Immanuel (1974): “The Rise and Future Demise of the
World Capitalist System”, Comparative Studies in Society and History
XVI, 4 Pp. 387-415. [(2004) “El ascenso y futura decadencia del
sistema-mundo capitalista: conceptos para un análisis comparado”
.En Wallerstein, I. Capitalismo histórico y movimientos
antisistémicos. Un análisis de sistemas-mundo. Madrid, Akal,
cuestiones de antagonismo, pp. 85-114]
___________________ (1974): The modern World-System. Vol. 1,
Nueva York, Academic Press. [(1979): El moderno sistema mundial.
Vol.1 Madrid, Siglo XXI]
____________________ (2005) Análisis del Sistema-mundo. Una
introducción. México DF, Siglo XXI.
• Zabaleta Mercado, René (1986): Lo nacional-popular en Bolivia.
México DF, Siglo XXI [2008, La Paz, Plural Editores]
• Zeitlin, Maurice (1984) The Civil Wars in Chile (or the bourgeois
revolutions that never were).New Jersey, Princeton University Press.
Periódicos consultados
• Edición digital de La Razón (www.la-razon.com)
• Edición digital de El Deber (www.eldeber.com.bo)
• Cambio (Sin edición digital)