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Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) Escola de Cultura de Pau
Diplomatura de postgrado en Cultura de Paz
La Participación de las Víctimas en la Construcción de la
Paz y la Gestión de la Crisis Humanitaria en Colombia
Gustavo Herrera Fonseca
Directora: Dorys Ardila Muñoz
Bellaterra, mayo de 2013
2
Tabla de contenido
Introducción ............................................................................................................. 3
1. Antecedentes .................................................................................................... 6
2. Los instrumentos a favor de las víctimas ........................................................ 10
3. La situación de las víctimas en Colombia ....................................................... 12
4. Marco de análisis conceptual .......................................................................... 18
5. La Participación de las Víctimas ..................................................................... 23
5.1. Ley de Justicia y Paz ................................................................................ 23
5.2. Ley de víctimas y negociaciones de paz .................................................. 27
6. La Labor de las víctimas ................................................................................. 33
7. A manera de conclusión ................................................................................. 37
Bibliografía ............................................................................................................ 38
3
Introducción
Este documento desarrolla un análisis de la participación de las víctimas del
conflicto armado colombiano en el proceso de construcción de la paz, resaltando
su particular importancia en la gestión de la crisis humanitaria y en la
reconstrucción y transformación del tejido social con miras a lograr una autentica
reconciliación y una paz duradera y estable.
La premisa fundamental que orienta el análisis, parte de la afirmación según la
cual todo proceso de paz y de transformación del conflicto armado colombiano es
incompleto o si se le puede llamar de una manera más radical, “imperfecto”, si
éste se hace de espaldas a la realidad de las víctimas. Son ellas, las víctimas
atravesadas por la experiencia existencial del sufrimiento y el trauma de la guerra,
quienes completan el círculo, y cierran la espiral de la paz, la justicia y la
reconciliación, en la cual puedan coexistir las diferencias y avanzar en la
construcción de un proyecto común y colectivo de sociedad.
Las víctimas son quienes nos plantean la necesidad de un encuentro y de un
espacio de convergencia entre quienes han ejercido la violencia y quienes la han
padecido de manera injusta e indiscriminada, por tanto todo proceso de paz estará
incompleto, inacabado, imperfecto si no hay un dialogó, una interpelación y una
comunicación profunda que atienda, comprenda y aprenda de sus necesidades,
de sus demandas de justicia, y haga suyo no solo el sufrimiento, sino también su
capacidad de transformación y de resiliencia para la superación de la crisis.
Los hechos recientes en materia de paz, apuntan a considerar que las
negociaciones de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc iniciadas en el
2012, si bien han considerado a las víctimas en su agenda temática, los resultados
están aún por concretarse. El proceso de negociación y los diálogos entre las
partes (gobierno y guerrilla) según lo contemplado en la Resolución No. 339 de
2012 de la Presidencia de la República de Colombia, “Por la cual se autoriza la
instalación y el desarrollo de una mesa de diálogo, se designan delegados del
gobierno nacional y se dictan otras disposiciones”, han establecido dentro del
“Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz
estable y duradera” una agenda de trabajo que incluye en su segundo punto la
participación política y democrática de la ciudadanía en el proceso, y en el quinto
el problema de las víctimas. Por tanto se prevé que al menos en el escenario
político y simbólico de la negociación, los actores armados asuman sus
responsabilidades frente a la crisis humanitaria y den la voz y la participación a las
víctimas en los aspectos relacionados con los derechos humanos y con los
procesos de verdad, justicia y reparación integral. Es importe señalar además que
4
independientemente de la negociación, pero en paralelo a ésta, se hace cada vez
más necesario y urgente, valorar y avanzar en otros frentes alternativos de trabajo
de construcción de paz y transformación del conflicto, en los cuales las voces de
las víctimas vienen cobrando fuerza y ganando importancia en la agenda política y
social colombiana.
Este documento desarrollará un estado del arte del proceso de participación de las
víctimas, revisando los antecedentes más cercanos en la historia política del país,
tales como la experiencia de la Ley de Justicia y Paz, la implementación de la Ley
de Víctimas y Restitución de Tierras y la negociación y avance de los diálogos y
del proceso actual entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, dejando abierta la
tarea para reflexionar en la necesidad de explorar y proponer mecanismos y
formas generales de participación, más allá del proceso formal de la “negociación
política” y que comprende los diferentes escenarios y niveles de gestión social,
institucional y local en lo que Lederach ha denominado “una arquitectura de
diseño” para la paz. De esta forma, afirmamos que la participación de las víctimas
es un reto de la construcción colectiva de la paz y de la gestión y la superación de
la grave crisis humanitaria que sigue cobrando el conflicto interno en Colombia.
Las victimas representan uno de los desafíos y de los problemas más complejos y
más importantes a resolver en el difícil rompecabezas de la construcción de la
paz, y una de las tareas más trascendentes no solo pero también y principalmente
para el Estado Colombiano como garante de la búsqueda de la paz y de la
convivencia justa entre todos colombianos. De allí que la participación de las
víctimas sea un tema fundamental de la política pública y de la agenda de la
justicia transicional orientada a la superación definitiva del conflicto armado.
El desarrollo del documento presenta la siguiente estructura. En la primera parte,
se muestran a manera de síntesis los antecedentes generales del conflicto
armado en Colombia, señalando los aspectos más relevantes y la experiencia
anidada en los procesos de negociación con los grupos armados al margen de la
ley, en la segunda se recogen los principales instrumentos internacionales y
locales que amparan y protegen los derechos de las víctimas, en la tercera se
elabora un diagnostico situacional, desagregando los diferentes hechos
victimizantes y contrastando las fuentes de análisis ante la magnitud del problema,
en la cuarta parte proponemos un marco de análisis conceptual retomando las
enseñanzas de J.P. Lederach y de la Escola de Cultura de Pau, junto con los
avances de la reflexión moral en torno al problema de las víctimas y la
contradicción que encierra el ejercicio de la acción política por la vía armada, para
entrar con ello a estudiar en la quinta y sexta parte, los procesos de participación
en el marco de la Ley de Justicia y Paz, la implementación de la Ley de Víctimas y
las actuales negociaciones de la Habana Cuba. Finalmente presentamos algunos
5
ejemplos de la labor de las víctimas en los “escenarios ampliados” de construcción
de la paz, más allá de los estrechos contextos de la institucionalidad y de la
negociación política, para aproximarnos a lanzar algunas conclusiones que den
paso a la tarea de la reflexión crítica y propositiva en torno a este difícil e
inacabado proceso.
6
1. Antecedentes
El conflicto armado en Colombia es un problema de vieja data, como lo describió
Orlando Fals Borda, monseñor German Guzmán y Eduardo Umaña Luna es su
texto que es ya hito del inicio de las ciencias sociales y del análisis del conflicto
armado en nuestro país, y que lleva por título “La violencia en Colombia: estudio
de un proceso social”1, señalando que para entender las causas, las
características y la complejidad de la violencia armada hay que remontarse entre
otras a las condiciones asimétricas, inequitativas y fraccionadas de las relaciones
sociales, al bipartidismo y a la fragmentación política y económica del país.
Fechar el origen del conflicto armado colombiano será siempre impreciso y objeto
de controversia entre los diferentes análisis, pero no por ello menos necesario. No
obstante, es en año de 1.964 donde se sitúa el origen de las guerrillas actuales,
como grupos organizados al margen de la ley con los objetivos claros y concretos
de hacer oposición política y asegurar por la vía armada la toma del poder y la
transformación del sistema económico y social colombiano.
Con el surgimiento de las FARC, posteriormente con del ELN y sucesivamente
con la conformación y/o fragmentación de otras milicias y grupos guerrilleros de
orientación marxista en sus múltiples tendencias (radicales de izquierda,
socialdemócratas, nacionalismos democráticos e incluso indigenistas), y con la
degradación del conflicto producida por la intervención de otros actores de
violencia como el narcotráfico, las autodefensas, el paramilitarismo y la
combinación de todos ellos en a partir de mediados de los años 80, se origina una
nueva escalada de violencia y un conflicto armado no resulto (el único en América
Latina) que según los análisis de Amnistía Internacional habría cobrado para el
año 2008 más de 70.000 muertes civiles, entre 3.000.000 a 4.000.000 millones de
desplazados, 15.000 a 30.000 personas desaparecidas de manera forzada, y algo
cercano a unas 20.000 personas secuestradas.2
En paralelo al desarrollo de ese conflicto el Estado y la sociedad colombiana han
logrado procesos de desmovilización y negociación de la paz con varias de esas
organizaciones guerrilleras y grupos armados al margen de la ley3, los cuales han
1 La violencia en Colombia: estudio de un proceso social. Orlando Fals Borda. Bogotá: Ediciones Tercer
Mundo, 1963. 2 Déjennos en Paz: La población civil víctima del conflicto armado interno en Colombia. Amnistía
Internacional: Madrid: Editorial Amnistía Internacional 2008, página 36. 3“En 1990, y después de una larga negociación, se desmovilizó la tercera guerrilla del país, el M-19, fruto de
la cual se aprobó una nueva constitución en 1991 que consolidaba formalmente el Estado de derecho. En este mismo año se desmovilizaron otros grupos”. Anuario procesos de paz 2012. Vicenç Fisas. Barcelona: Icaria Editorial, 2012, página 72.
7
dado como resultado profundos cambios en la estructura social y política de la
vida nacional, y que se pueden traducir en términos muy generales en el
establecimiento de un estado social de derecho y en la existencia de un sistema
democrático más inclusivo, pluralista y participativo, en especial si le compara con
aquel de los años setenta-ochenta y/o con las viejas dictaduras en la historia
reciente y actual de américa latina. Cambios que se reflejan en lo fundamental en
la reforma constitucional de 1991, en la conformación de nuevos grupos, partidos
y movimientos políticos y en el fortalecimiento de los mecanismos y sistemas de
participación y de control ciudadano y de las diversas organizaciones sociales de
toda índole4.
Los procesos de negociación y transformación de conflictos desarrollados entre el
gobierno y las organizaciones armadas como el M-19, la CRS, el EPL, el PRT,
MIR o el Quintín Lame, y en el pasado reciente con los grupos paramilitares y de
autodefensas AUC, se han caracterizado por lo que Uprimy ha denominado “las
tensiones entre justicia y paz”5, tensiones casi que inherentes a todos los procesos
de negociación con organizaciones armadas y a las diferentes fórmulas
transicionales adoptadas por diversos países(Sudáfrica, Chile, Salvador,
Colombia, etc…). Según Uprimy estos procesos (en especial de DDR) se han
movido entre figuras que van desde los perdones amnésicos hasta transiciones
punitivas. Colombia no ha sido la excepción, la amnistía, el indulto y/o el perdón
como medida jurídica, han jugado un papel importante en estos procesos6,
aunque muy a menudo se haya optado por relegar a un segundo o tercer plano a
las víctimas.
Pocas veces hemos presenciado como quisiéremos, más juicios y sentencias
sobre los directos responsables de las masacres y de toda clase de abusos y
atrocidades cometidas por los diferentes actores de violencia armada en contra de
la población, menos aún sabemos sobre el reconocimiento de los hechos, el
arrepentimiento y la solicitud de perdón de los victimarios a sus víctimas, y que
poco o casi nada conocemos la magnitud del dolor y el sufrimiento real que
invoca y embarga la experiencia y la memoria de quienes han vivido y padecido
directa o indirectamente la barbarie del conflicto armado. Vale la pena anotar que
en ninguno de los anteriores acuerdos y en general de los procesos de paz o en
los intentos de negociación, se llegó siquiera a considerar el problema de las
víctimas como un punto a debatir en la agenda o como una situación crítica y
4 Ver: Reflexiones sobre la Constitución de 1991.Carlos A. Ricchetti (2.012) Bogotá: revista Reflejos de
Colombia y América Latina en. https://www.youtube.com/watch?v=B6FY9fJ43uw 5 ¿Justicia Transicional sin Transición? Verdad, justicia y reparación para Colombia. Rodrigo Uprimy Yepes.
Bogotá: Centro de estudios de Derecho, Justicia y Paz, pagina 20. 6 Ver Ley 35 de 1982 o Ley de Amnistía y decretos reglamentarios y complementarios.
8
necesaria de abordar al ser producida directamente por la propia dinámica del
conflicto interno.
La construcción de la paz y la transformación del conflicto armado en Colombia
no pueden pasar por alto la experiencia y el acumulado histórico delos procesos
de reparación de las víctimas en américa latina (Argentina, Perú son un buen
ejemplo), ni se puede hacer tabula rasa de las experiencias y los intentos fallidos
de negociación desarrollados entre el gobierno y las FARC en la Mesa Nacional
de Diálogo (2001-2002), las congelación del proceso durante la administración
Uribe Velez (2002 2011), las gestiones de los grupos de la sociedad civil para la
liberación de los secuestrados, las operaciones y los golpes militares propinados
por el ejército a los miembros del Secretariado General de las Farc, los atentados
terroristas, la escalada de violencia, y el fortalecimiento de los diferentes actores y
sectores sociales por la paz durante estos últimos años, y expresadas en el
mandato ciudadano por la paz. Otro tanto de experiencia y demás enseñanzas se
pueden derivar de los intentos de negociación adelantados con el ELN
(Tlaxcala1.991 Maguncia1.998) y con otras organizaciones y estructuras armadas
al margen de la ley.7
La experiencia producida por largos años de transitar en el conflicto armado le ha
dado hoy al país la experiencia, los mecanismos y los instrumentos (jurídicos,
institucionales, sociales e internacionales) para desarrollar escenarios y procesos
de construcción de paz y de transformación no violenta del conflicto de cara a la
situación de las víctimas. Mal o bien hoy contamos con medidas de atención y
reparación integral (Ley 1448 de 2.011), o como muy bien se ha denominado por
diferentes analistas: mecanismos o fórmulas transicionales para de alguna manera
tratar de “reparar lo irreparable”8 y hacer frente a una de las crisis humanitarias
más graves de la región. De manera que cualquier fórmula de solución al conflicto
armado debe considerar, dimensionar y abordar esta difícil y real problemática.
El desafío que implica para nuestro país la construcción de la paz tiene que ver
con la justicia y la reparación a las víctimas, y aunque resulte algo paradójico o
incluso contraevidente, las víctimas hoy son más visibles en Colombia y su labor
mucho más dinámica y participativa (al menos teóricamente) en los escenarios de
construcción de la paz de lo que lo fue hace apenas unos tres o cuatro años atrás,
cuando incluso por cierto se llegó a afirmar y a respaldar en Colombia por parte de
7 Para profundizar en este aspecto véase: Anuario procesos de paz 2012. Vicenç Fisas. Barcelona: Escuela de
Cultura de Paz 2012. 8 “Nada puede reemplazar a los familiares muertos o reparar el dolor de las víctimas. En esencia, quienes
trabajamos con sobrevivientes de la violencia política sabemos que nos enfrentamos a un problema intratable”. Violencia, apoyo a las víctimas y reconstrucción social. Carlos Martin Beristain, Darío Páez Rovira. Madrid: Editorial Fundamentos 2000, página 13.
9
muchos sectores la tesis acerca de la inexistencia del conflicto armado
colombiano9.
9“No se puede dar legitimidad a una oposición armada. No se puede reconocer en esa falsa oposición
armada la calidad de combatiente, cuando su financiación principal es la droga y su segunda financiación es la más repugnante conducta contra la libertad humana: el secuestro”. Sofismas del Terrorismo en Colombia. José Obdulio Gaviria. Bogotá: Editorial Planeta 2005, paginas 46-48.
10
2. Los instrumentos a favor de las víctimas
Los avances en la visibilización y en la solución al problema de las víctimas se
pueden resumir y expresar en términos de la normativa jurídica y jurisprudencial
existentes y en los instrumentos de gestión y política desarrollados tanto a nivel
global como en Colombia. En materia internacional basta con mencionar el
Convenio de Ginebra (1.949) y los protocolos suscritos en materia de protección
de las víctimas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1.966), La
Declaración de los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de
Delitos y Abusos de Poder (ONU 1.985), el establecimiento del Estatuto de Roma
de la Corte Penal Internacional (1.998), los Principios Rectores de los
Desplazamientos Internos (ONU 1.998), el establecimiento del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos y sus instancias complementarias: La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH). Otro aporta importante son los innumerables
documentos, análisis, recomendaciones y resultados producidos por diversos
organismos internaciones (Naciones Unidas), centros de investigación y de
formación de pensamiento, observatorios de política y sociedad, entidades
oficiales y organizaciones no gubernamentales, junto con los diferentes medios de
opinión y periodismo, etc.
En el contexto local habría que hacer referencia obligada en primer término a la
Constitución Política de 1.991 y en especial a los artículos 1, 2, 5, 7 y 11 entre
otros, a la Ley 387 de 1.997 y 1190 de 2.008 sobre desplazamiento forzado,
igualmente a la Ley 418 de 1.997 que por primera vez hace una expresa definición
de las víctimas del conflicto armado colombiano,10 así como las múltiples
sentencias (en especial la sentenciaT-025 de 2.004)11 y los autos de seguimiento
de la Corte Constitucional colombiana12.
Esta etapa “embrionaria”13 del reconocimiento y la visibilización de la problemática
de las víctimas y del establecimiento de normas y políticas para hacerle frente,
incluye la entrada en vigencia de la Ley 589 de 2.000 que modificando el código
penal, tipifico los delitos de desplazamiento forzado, genocidio, desaparición
10
“….se entiende por victima aquellas personas de la población civil que sufren perjuicios en su vida, grave deterioro de su integridad personal y/o bienes por razón de los actos que se susciten en el conflicto armado…” Ley 418 de 1997 artículo 15. 11
Por la cual “se declara la existencia de un estado de cosas inconstitucional en la situación de la población desplazada…” Corte Constitucional Colombiana. Sentencia T- 025 de 2004. 12
Para mayor ilustración véase: Cortes y cambio social. Cómo la Corte Constitucional transformó el desplazamiento forzado en Colombia. Cesar Rodríguez Garavito, Diana Rodríguez Franco. Bogotá: Colección DeJusticia 2010, paginas 89 – 90. 13
Ibíd. , pagina 78.
11
forzada y tortura, junto con la controvertida Ley 975 de 2.005 conocida como la ley
de justicia y paz14 con la cual el gobierno y algunos sectores sociales aseguraron
encontrar un “balance entre los requerimientos de la justicia y las demandas de
paz”, pero que de facto significo a la luz de algunos análisis, la aceptación tácita
de cierta forma de impunidad en contra de los derechos y de la situación de las
víctimas, en especial frente a la confesión de todas las acciones armadas
producidas por el narco paramilitarismo y las Autodefensas Unidas de Colombia
AUC y de tasación de las penas impuestas frente a la comisión de delitos y
crímenes de lesa humanidad.
En términos del desarrollo institucional y de los instrumentos de política a favor de
las víctimas, al acumulado de experiencias habría que sumar los de la Comisión
de Investigación Judicial de los hechos de Trujillo (1.994)15y el dela Comisión de la
Verdad (2.005) constituida por la Corte Suprema de Justicia para investigar los
hechos relacionados con la Toma del Palacio de Justicia en 1.985 por parte del M-
19 y la retoma de las fuerzas militares, así como los esfuerzos de reconstrucción
de la memoria histórica y de atención y reparación a las víctimas adelantados por
la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación -CNRR creada en el marco
de la ley de Justicia y Paz, y el de la Agencia Presidencial para la Acción Social y
la Cooperación Internacional -Acción Social, responsable de coordinar el sistema
de atención integral a la población desplaza, brindar la entrega de la ayuda
humanitaria y gestionar la reparación administrativa de las víctimas de la violencia.
Estas iniciativas aunque dispersas y limitadas, han contribuido a perfilar y unificar
un sistema de atención y reparación integral a las víctimas, y a la apertura de
espacios transformados de participación y de gestión a favor de los derechos
humanos y la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación integral como
elementos fundamentales en la construcción de la paz. Estas iniciativas tienen su
expresión más reciente en la Ley 1448 de 2.011 (conocida como Ley de Víctimas
y de Restitución de Tierras), en la creación del Centro de Memoria Histórica y de
las Unidades de víctimas y restitución de tierras, y en la inclusión de su
problemática como parte integral de la agenda de negociación y del acuerdo para
poner fin al conflicto armado suscrito entre el Gobierno y las Farc en el año 2.012.
14
Ver igualmente: Ley 1424 de 2010. 15
Decreto 2771 de Diciembre 20 de 1994.
12
3. La situación de las víctimas en Colombia
Según la Ley 1448 de 2.011 se consideran víctimas “…aquellas personas que
individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del
1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional
Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de
Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.”16 Esta
definición que tiene como punto de partida el reconocimiento de facto a partir del
año 1.985 nos obliga a pensar en las implicaciones futuras para hacer frente a la
crisis humanitaria con ocasión delos orígenes mismos de la violencia socio
política, y para quienes la ley solo contempla medidas de reparación simbólica y
garantías de no repetición17.
El Estado colombiano ha tipificado como hechos victimizantes el homicidio, el
secuestro, la desaparición forzada, la tortura, la violencia sexual, los atentados
graves contra la integridad física y mental, y el desplazamiento forzado, sufridos
en el marco del conflicto armado. En conjunto estos hechos suman un total
aproximado según fuentes oficiales de poco más de 6.063.174 personas
afectadas18. En su gran mayoría según lo señala el informe, estas personas han
sido víctimas del delito de desplazamiento forzado (79%) lo que equivale a cerca
de 4.794.646 personas, mientras el 14% lo han sido de homicidio (856.936
personas asesinadas) y un 7% restante se reparte entre los delitos de secuestro,
desaparición forzada, reclutamiento forzado, tortura y daños graves en la
integridad física y mental. De allí que el desplazamiento forzado sea la primera
causa y el crimen de mayor magnitud e intensidad cometido dentro del conflicto, y
por tanto el factor de desestabilización y de crisis humanitaria más relevante en la
vida nacional.
De otra parte, la crisis humanitaria de la población desplazada afecta de manera
diferencial a las mujeres, a los niños, niñas y adolescentes, a los pueblos
indígenas y afrocolombianos y a las personas en situación de discapacidad,
quienes por su debilidad manifiesta, sus desventajas sociales y situación
asimétrica de indefensión frente a los actores armados, los colocan en una
situación de riesgo y vulnerabilidades diferenciales con relación a otros grupos y
colectivos sociales. Esta afectación diferencial como bien lo ha señalado la Corte
Constitucional colombiana en la Sentencia T-025 de 2.004 y los Autos de
Seguimiento No. 092 de 2.008, y 04, 05 y 06 de 2.009, está gravemente asociada
16
Ley 1448 de 2011 artículo 3º 17
Ibíd., artículo 3º parágrafo 4 18
Informe de gestión. Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas. Bogotá: Diciembre 2012, página
13
a la vulneración de los derechos humanos y a infracciones graves al DIH, y los
exponen entre otros a ser a su vez víctimas de los delitos de violencia sexual,
violencia intrafamiliar y comunitaria, esclavitud y trata de personas, desaparición
forzada, reclutamiento forzado y amenaza de extinción.
La respuesta institucional frente a esta grave situación ha sido insuficiente. Entre
2.000 y 2.001 solo el 61% de la población recibió algún tipo de ayuda del gobierno,
y la coordinación institucional para garantizar la cobertura de los servicios sociales
de salud, educación, vivienda y generación de ingresos no alcanzo niveles
superiores al 20% de la población registrada.19 Si bien el fallo de la Corte en el
2004 produjo un “desbloqueo” en la política pública, que se tradujo en mayores
recursos y en la creación de programas diferenciales y flexibles de atención con
un esquema de coordinación más dinámico,20 los resultados aún hoy no son
enteramente satisfactorios y del todo alentadores. Según el propio gobierno
colombiano esta situación se atribuía a los siguientes factores: “niveles de
cobertura insuficiente, precaria capacidad institucional, intervenciones
desarticuladas, asignación insuficiente de recursos, deficiencias en los sistemas
de prevención, mecanismos inefectivos de participación, multiplicidad de sistemas
de información, difusión de responsabilidades, entre otras”21.
ACNUR ha señalado en su informe a la Corte Constitucional de febrero de 2.012
que “pese a las acciones adelantadas por el Gobierno Nacional, persisten
problemas estructurales identificados en el seguimiento a la superación del Estado
de Cosas Inconstitucional que, incluso, podrían verse incrementados a partir de la
aplicación de la Ley de Víctimas,”22 en especial los relacionados con la valoración
y el registro público de la condición de las víctimas, las acciones de prevención y
protección a la población, y en particular en los grupos de mayor vulnerabilidad
como consecuencia de la proliferación de un mayor número de actores armados
(BACRIM) y de acciones selectivas desarrolladas en contra de los y las líderes y
las organizaciones sociales, los jóvenes, los maestros y los defensores de
derechos humanos. Otros problemas de análisis se refieren a los procesos de
retorno y reubicación, dadas las condiciones de seguridad y en muchas regiones
del incremento de la escalada del conflicto (Cauca, sur de Bolívar, Nariño), así
como las dificultades en la viabilización de una política pública de restitución de
19
Cortes y cambio social. Cómo la Corte Constitucional transformó el desplazamiento forzado en Colombia. Cesar Rodríguez Garavito, Diana Rodríguez Franco. Bogotá: Colección DeJusticia 2010, páginas 42- 43. 20
Ibíd., páginas 139 – 140. 21
Informe de gestión. Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas. Bogotá: Diciembre 2012, página 3. 22
Intervención de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados UNHCR/ACNUR. Bogotá: Febrero 2012, página 2.
14
tierras que “amenaza” el equilibrio económico de algunos sectores y poderosos
grupos de interés.
De otra parte, las exigencias humanitarias y las expresiones aún fragmentarias de
la sociedad civil directamente afectadas por el conflicto armado han impuesto a los
diferentes actores la necesidad de abordar la situación de las víctimas, en especial
frente a las demandas de paz, el cese de los hostigamientos y las acciones
violentas e indiscriminadas, reivindicando su derecho de autodeterminación y
convivencia pacífica. Experiencias como los territorios de diálogo y paz en la
María, Piendamó por parte de los grupos indígenas, sumadas a la organización de
zonas humanitarias en el Atrato por parte de los pueblos afrocolombianos, junto
con las iniciativas de conformar territorios de paz y zonas humanitarias y de
autorregulación por parte de las comunidades en regiones como el oriente de
Antioquia, el sur del Valle, el Magdalena Medio y el sur de Tolima, entre otras, dan
muestras de un posicionamiento gradual de las víctimas en el tema de la
construcción de la paz, y de la situación y del papel protagónico que juegan en la
dinámica de la gestión de crisis humanitaria.
Crisis que según estimaciones del CINEP para finales de 2.011 se traducía en el
incremento del número de infracciones al Derecho Internacional Humanitario
cometidas por parte de los actores del conflicto, y que se extendía a un total de
249 municipios (con 1.389 hechos violatorios) en hechos cada vez más
relacionados y concentrados en la disputa y la dominación del territorio y de la
población.23 Para ese mismo año, según el CINEP el mayor número de
infracciones al DIH en contra de la población civil fue cometido por los grupos
paramilitares, seguidos por las FARC, la fuerza pública y en menor proporción por
el ELN y otras guerrillas. Esta situación se describe en el siguiente grafico tomado
del informe:
23
Informe especial conflicto armado en Colombia 2011. Bogotá: CINEP Programa para la paz, junio de 2012 página 8 - 12.
15
En concordancia con este análisis, la Consultoría para los Derechos Humanos y
el Desplazamiento –CODHES24 ha señalado y alertado al gobierno y a otras
instituciones y actores sociales del incremento en el número de víctimas directas
del conflicto armado si se mira comparativamente los periodos de enero/junio de
2.010 y 2.011. Exceptuando la problemática del desplazamiento forzado, la
variación significativa se observa en el incremento de los delitos de secuestro,
daños y afectación de las personas como consecuencia de la explosión de minas
antipersonales y municiones sin explotar, masacres y homicidios de indígenas, los
cuales según esa fuente de estudios, siguen afectando fundamentalmente a la
población civil.
24
CODHES: Boletín No. 78
16
El balance general observado, es que día tras día se siguen produciendo y
cometiendo más hechos criminales por parte de los diferentes actores del conflicto
armado en contra de la población civil, el número de las victimas aumenta y al
parecer también sus expectativas y necesidades de atención. Mientras la
reparación integral está dada de momento en un conjunto de medidas
administrativas que enfrentan sistemáticamente serios problemas estructurales
para su cabal realización, problemas que no solamente se refieren a la capacidad
del Estado para hacer frente a la crisis, sino a la propia dinámica del conflicto
armado y al costo social de la guerra que impone restricciones en cuanto al campo
de acción y la efectividad de las políticas públicas. Estos factores hacen aún más
complejo el panorama de la paz en Colombia, pero también colocan en primer
plano la necesidad de buscar e implementar escenarios y mecanismos no
violentos para poner fin al conflicto armado, y con ello y por sobre todo a la
producción de más víctimas, dado que ese es el principal factor de
desestabilización y la causa primera de la crisis humanitaria.
No obstante y pese a la situación anterior, el hecho más significativo de los últimos
años con relación a la grave y compleja situación de las víctimas se puede traducir
en la apuesta social y política por articular y organizar en el marco de un sistema
de justicia transicional,25la necesidad de poner fin a un periodo marcado por las
graves violaciones a los derechos humanos y frenar el sufrimiento y la aparición
25
Ver: Justicia Transicional. Principios Básicos. Dorys Ardila en: http://escolapau.uab.cat/img/programas/derecho/justicia/doc004.pdf
17
de más y más víctimas. Este marco de justicia transicional busca satisfacer de una
parte los derechos irrenunciables de las víctimas, implementar medidas
razonables de no repetición y al mismo tiempo establecer mecanismos para
conocer la verdad y juzgar a los directos responsables de los delitos de lesa
humanidad. Estas demandas no pueden transcurrir de espaldas o ser algo ajeno a
cualquier proceso de paz y deberán ser observadas por los diferentes actores en
el transcurso de la negociación, si es que se alberga el propósito serio y firme de
la búsqueda de la reconstrucción y de la reconciliación nacional.
La situación de las victimas hace aún más complejo y patente el panorama de la
construcción de la paz en Colombia, dado que de una parte están planteados y en
teoría resueltos los mecanismos para garantizar en el marco de una justicia
transicional fórmulas que permitan satisfacer las necesidades de verdad, justicia y
reparación, y por la otra propuestas y esquemas de negociación y de búsqueda de
la paz que logren flexibilizar la justicia y ajustar los instrumentos y los escenarios
de sanción (judicial, política y moral) a los directos responsables. De allí la
necesidad de proponer (como lo plantea Uprimy) un cierto equilibrio entre las
demandas de justicia y las necesidades de paz.
18
4. Marco de análisis conceptual
J. P. Lederach ha señalado que las características esenciales de los conflictos
armados contemporáneos en sociedades profundamente divididas muestran
rasgos o puntos de convergencia que plantean igualmente desafíos comunes en la
agenda de construcción de la paz. Esos rasgos o puntos de convergencia tienen
que ver entre otros con:
a) El “carácter interno e internacionalizado del conflicto.” Interno por cuanto
los grupos en disputa comparten un territorio común y su confrontación
bélica se da en el interior de las fronteras nacionales, e internacionalizado
porque tanto las causas como los efectos de esta confrontación, encuentran
su explicación en fenómenos externos como los intereses económicos
subyacentes en el tráfico y la venta de armamento, el control de territorios,
el comercio de drogas y otros ilícitos, y en la estela de la crisis humanitaria
y el impacto regional del desplazamiento forzado de la población y/o de los
refugiados que traspasan las fronteras nacionales en la búsqueda de algún
dispositivo de protección,
b) Los tipos de justificación de la guerra y la persistencia del conflicto,
basada en posiciones ideológicas, reivindicaciones identitarias o de otro
índole, que refuerzan viejas rencillas, promueven las diferencias locales,
siembran el miedo, la polarización y la desconfianza, y finalmente,
c) El carácter prolongado o de larga duración de los conflictos, los cuales se
extienden por más de una, dos o tres décadas de confrontación armada, lo
cual “…forma parte de la dinámica sociológica de <<causalidad
reciproca>>, donde el mecanismo de respuesta dentro del ciclo de violencia
y contraviolencia se convierte en la causa para perpetuar el conflicto”26.
Estas características compartidas en su mayoría, sino todas por el conflicto
colombiano, demandan estrategias y tácticas innovadoras de intervención y de
construcción de la paz que se arriesguen a ir más allá de un esquema de
participación y de negociación limitado a las estructuras “estables de poder” de los
actores armados. Lederach sostiene que para alcanzar escenarios de
reconciliación es necesaria la construcción de un locus o como espacio de
convergencia y de encuentro de las partes en conflicto, pero a la vez es el de un
focus, como estructura que oriente aspectos relacionales de las partes en disputa,
para “crear la posibilidad y el espacio social donde la verdad y el perdón están
26
Construyendo la Paz. Reconciliación sostenible en sociedades profundamente divididas. John Paul Lederach. Bilbao: Bakeaz Gernika-Gogoratuz 1998, página 39.
19
validados y unidos…..un encuentro donde las personas pueden replantearse sus
relaciones y compartir sus percepciones y experiencias, con el fin de crear nuevas
percepciones y una nueva experiencia compartida.27”
En este sentido, el concepto de reconciliación implica mucho más que la
negociación y/o la firma de un acuerdo o un tratado de paz, en la medida en que
compromete a los actores del conflicto en un proceso de construcción conjunta del
tejido y la estructura social y de las condiciones de justicia que haga frente a las
causas directas, estructurales, y culturales determinantes del conflicto, de allí que
la participación de la población afectada (las víctimas) sea decisiva en los
procesos de construcción de la paz. No obstante, dicha participación debe ser
entendida y asumida desde una nueva óptica, “desde una perspectiva de visión
ampliada” y de largo alcance que considere los diferentes niveles liderazgo, su
capacidad coercitiva y de influencia, de convocar y orientar esfuerzos y
experiencias de diseño de cambio social sobre otros sectores y actores sociales, y
que dé lugar a un cierto tipo de construcción o “arquitectura de diseño” para la paz
estable y duradera.
Esta “arquitectura de diseño” de la construcción de la paz requiere igualmente de
“la creación de puntos de contacto estratégicos en lugar de un control
centralizado” del proceso de negociación, lo cual significa entre otros identificar y
optimizar los recursos locales, crear y/o fortalecer vínculos (culturales, sociales,
etc…), proporcionar formación, establecer redes, y promover y gestionar iniciativas
internas (locales) de paz.28 Sin duda, las víctimas tienen una labor importante y de
primer orden en el diseño de esta arquitectura en aras de garantizar un horizonte
ampliado de construcción de paz.
La transformación del conflicto no es entonces un borrón y cuenta nueva como si
se tratara de un punto cero de arranque en la agenda social, por el contrario, dicha
transformación implica necesariamente trabajar con el pasado, con las secuelas,
con el trauma y con el dolor generado por la guerra hacia un escenario de paz
positiva, basado en acuerdos sociales equilibrados que restablezcan la justicia,
promuevan el desarrollo humano y concilien las necesidades, los intereses y las
distintas posiciones divergentes de los grupos. De allí que la infraestructura para la
paz sea un proceso de construcción permanente a largo plazo que responda a un
conjunto de estrategias integrales e integradas pre y post conflicto, que abarca
diferentes grupos sociales, redes de apoyo y gestión comunitaria e individual, y
que necesariamente implica un proceso de organización social sostenible. En
suma, es una integración de esfuerzos por establecer vínculos concretos entre los
27
Ibíd., 58-59 28
Ibíd., 134
20
diferentes niveles de la sociedad y que requiere de la participación y de la
integración de las capacidades de cada uno en los diferentes niveles de gestión.
Dentro de las “capacidades de gestión” es necesario explorar y potenciar
(empoderar) las de las víctimas a partir de la transformación de la experiencia
directa del sufrimiento en capacidad de resiliencia. Es el sufrimiento lo que
identifica e iguala la situación de las víctimas, ese sufrimiento que es el resultado
directo del daño provocado por la guerra, que es a la vez trauma y que tantas
veces se transforma en relato y en memoria histórica y colectiva, y que se traduce
y a la vez nos increpa en aprendizaje y testimonio de la barbarie (de lo que paso) y
nunca más debe volver a ocurrir. Esa memoria y ese sufrimiento, nos recuerda el
pasado y a la vez nos alienta a la construcción de un nuevo orden social, a la
búsqueda de un nuevo horizonte de esperanza. En palabras de Lederach esa
experiencia es un aporte a la “imaginación moral”, que tiene lugar en “ese
desorden de la innovación” más próxima a los contextos de la creación artística
que a las formulas tecnocráticas, científicas y estáticas de la resolución de
conflictos.
La superación del dolor no es el resultado del olvido y/o del ocultamiento de lo que
ocurre y ha ocurrido en el pasado, por el contrario la superación del trauma y el
cierre del duelo, implican desarrollar capacidades de transformación y de
aprendizaje, avanzar en el reconocimiento del daño, promover acciones de
arrepentimiento y de resarcimiento de los victimarios, y buscar caminos hacia el
perdón por parte de las víctimas. De allí que las implicaciones éticas de la
reconciliación vayan siempre más allá de los escenarios de “negociación política”,
dado que ésta, la reconciliación, tiene su lugar común en el mundo de la vida, en
el drama y en la cotidianidad de los pueblos y de las gentes, en el día a día, en la
reconstrucción de los lazos de confianza, y en donde muy a menudo trascurren y
convergen víctimas y victimarios.
Un horizonte ampliado de la construcción de la paz, es entonces precisamente dar
el lugar adecuado a las víctimas. Posibilitar su escucha y sus propuestas, apoyar
sus proyectos y dar espacio a sus necesidades e intereses de acción. Las víctimas
son parte integral e interdependiente del horizonte ampliado y de los caminos
alternativos que acompañan el diálogo de una paz positiva. Las víctimas hacen
parte de la experiencia compartida de la construcción de la paz, son focus y locus,
dado que habitan en ese espacio de convergencia y hacen parte de esa
estructura que orienta los múltiples aspectos relacionales del conflicto.
La participación de las víctimas en la construcción de la paz no solo es posible
sino a la vez necesaria, dado que es una exigencia misma del proceso y parte
integral en la transformación del conflicto. Vicenç Fisas ha distinguido muy bien
21
entre proceso y negociación de la paz, señalando en este sentido que “todo
proceso de paz requiere de una gran inversión de tiempo y una muestra de ello es
la gran cantidad de años que normalmente hay que dedicar para que pueda
iniciarse y fructificar,”29 mientras que la negociación es la vía y uno de los
instrumentos para facilitar y lograr un acuerdo entre las partes en conflicto. La
negociación puede poner fin a la violencia directa de las acciones armadas, pero
requiere y demanda para su permanencia la construcción de la paz, ese escenario
ampliado del diálogo desde donde se gestiona y transforma de manera no violenta
el conflicto social.
En este sentido, si bien puede que las víctimas no formen parte directa en los
procesos de negociación, si son un componente esencial en la construcción de la
paz. De manera recíproca, no puede haber una negociación verdadera, autentica
e integral que dé la espalda a la realidad de las víctimas y a su participación en
los distintos escenarios de construcción de la paz. Los negociadores, casi siempre
representantes de las partes en conflicto están en la obligación no solo política o
legal sino también y ante todo moral, de considerar la situación y de escuchar la
voz de las víctimas, de evaluar y valorar la magnitud de los daños perpetrados, de
explorar las posibilidades de resarcirlo y las fórmulas de perdón y reconciliación.
Las víctimas por su parte, como focus y el locus, deben hacer oír su voz, articular
sus propuestas y gestionar sus demandas en las negociaciones y en la
construcción de la paz.
El empoderamiento de las víctimas, su visibilización hacen parte de la solución a
la difícil cuestión. No son el problema ni de la negociación y menos aún de la
construcción de la paz. La voz y la memoria de las víctimas, y la transformación
del sufrimiento en capacidad de resiliencia, aportan “soluciones transformativas”30
al conflicto dirigidas a corregir resultados inequitativos e injustos y a eliminar las
diferentes formas de dominación y opresión que pesan sobre ellas. Estas
soluciones corrigen procesos y no resultados, van de la causa al efecto, y por
tanto, requieren de un mayor esfuerzo y tiempo de implementación; sus resultados
se alcanzan en el mediano y largo plazo a través de cambios en la estructura
simbólica y cultural, en los modos del hacer y del pensar, en las formas de
convivencia y de relacionamiento interpersonal de los sujetos sociales en el
mundo de la vida.
Un cierto tipo de soluciones transformativas cuyo propósito sea la búsqueda del
entendimiento común y la gestión no violenta del conflicto, que persiga “recuperar
a la víctima y al victimario, mediante un proceso que le lleve a liberarse de su 29
Anuario Procesos de Paz 2012. Vicenç Fisas: Barcelona: Icaria Editorial 2012, página 13. 30
Iustitia interrupta: reflexiones críticas desde la posición “postsocialista” Nancy Fraser. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, Universidad de los Andes. Facultad de Derecho 1997, página 38.
22
culpa, y pase de la culpabilidad sin fin al de la responsabilidad comprometida en
una política sin violencia.”31Reyes Mate ha fijado el “cambio epocal en el
significado de las víctimas” señalando la visibilización alcanzada en los procesos
históricos, y la significación moral y política que encierran para la sociedad y para
las reivindicaciones de los actores armados, y ha propuesto la reconciliación como
el resultado al “…final de un largo proceso que exige una revolución cultural, una
revisión de valores muy anclados en la conciencia contemporánea,32” y que ponga
término a los viejos valores de la cultura de la violencia, arraigados durante largos
años en las mentalidades y los imaginarios, en las practicas institucionales y
sociales, y en la forma de gestionar y hacer la política (a cualquier costo) por la vía
armada. Una transformación que de fin a la violencia armada como el principal y
más importante instrumento de la gestión política.
31
Justicia de las víctimas y reconciliación en el País Vasco. Reyes Mate. Fundación Alternativas, documento de trabajo 96/2010 páginas 5-6. 32
Ibíd., páginas 5-6
23
5. La Participación de las Víctimas
Dos problemas fundamentales nos ocupan en esta parte del documento, revisar
las experiencias cercanas de las víctimas en los procesos de negociación y
construcción de la paz, y de la otra destacar su labor como sujetos políticos y de
derechos más allá de las fronteras institucionales y de la negociación entre los
actores hegemónicos. La primera de ellas se hará con la revisión de la experiencia
de Justicia y Paz iniciada en el periodo de Uribe Velez, y con el marco institucional
de la Ley de Víctimas y el Acuerdo General para la Terminación del conflicto
suscrito entre el Gobierno y las Farc. La segunda tiene un carácter más amplio,
exploratorio y por consiguiente indefinido, dado que consistirá en tratar de
recopilar algunas (muy pocas) experiencias significativas de las organizaciones de
víctimas y dejar abierto un horizonte de posibilidades que facilite y promueva la
labor de la imaginación moral de los diferentes actores, como un llamado y una
invitación abierta a promover en conjunto las “soluciones transformativas” e
incluyentes de las víctimas en el complejo escenario de la construcción de la paz.
5.1. Ley de Justicia y Paz
Después de fracasados los acuerdos de negociación con las FARC en la mesa
nacional de dialogo del Cagúan a comienzos de 2002, y del fortalecimiento del
paramilitarismo bajo la figura de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia
AUC, la administración Uribe Velez (2002-2010) inicio un proceso de sometimiento
a la justicia como “estrategia de paz” mediante la negociación con estos grupos,
proceso que tiene como marco de referencian los acuerdo de Ralito (Córdoba) que
terminaron con la desmovilización, desarme y reintegración de varias de esas
estructuras paramilitares.
Estos acuerdos se dieron bajo el marco general de la Ley de Justicia y Paz o Ley
975 de 2.005, la cual intentaba articular las negociaciones de paz con la aplicación
de los principios de justicia, incluyendo para ello penas mínimas de cinco años en
un modelo de sometimiento a la justicia y alternatividad penal, con la
responsabilidad de reparar a las víctimas, garantizando su acceso a la verdad y a
la justicia, al tiempo que se creaban el Fondo Nacional de Reparación y la
Comisión nacional de Reparación y Reconciliación -CNRR con representación de
las víctimas. Así en teoría los derechos de las víctimas estarían garantizados
mediante un conjunto de medidas de protección, reparación, no repetición y
acceso a la verdad.
24
No obstante, el proceso recibió fuertes cuestionamientos y duras críticas en
aspectos como la impunidad de delitos de lesa humanidad, la reorganización de
varios de esos grupos y su aparato militar bajo el adjetivo de bandas criminales
emergentes (Bacrim) con el recrudecimiento de sus acciones violentas y la
crueldad de sus métodos, otro aspecto en cuestión fue el escaso acceso de las
víctimas a las medidas de protección y reparación, y al conocimiento de la verdad.
El accionar del paramilitarismo desde sus orígenes en la década del 80 y hasta el
presente cobro cientos de miles de víctimas en Colombia, la mayor parte de estos
hechos se relacionaron con homicidios, desapariciones y desplazamientos
forzados, y con el despojo de tierras y territorios, en especial y con mayor
intensidad en los Departamentos de Antioquia, Atlántico, Córdoba y Santander.
Los balances de resultado en siete años de implementación de la Ley de Justicia y
Paz con la cual se pretendía dar fin al problema paramilitar en Colombia, coinciden
en señalar que hubo cerca de 20.000 combatientes desmovilizados (aunque sobre
muchos de ellos se teje la duda de las falsas desmovilizaciones33), de los cuales
2.000 se habían postulado voluntariamente a los beneficios judiciales y se habrían
producido un total de 11 sentencias condenatorias, mientras muchos de los
responsables directos y los altos mando políticos y militares estaban siendo
extraditados a los Estados Unidos.34Los procesos judiciales que contaron con la
participación de las víctimas, comenzaron a develar la magnitud de las atrocidades
cometidas, que en procesos de “versión libre y espontánea” por parte de los
victimarios mostraban aún una verdad fragmentada, aterradora y dilatoria, y muy
pocas respuestas a las demandas de las víctimas: “…confesiones sobre más de
10.000 cadáveres, 3.700 fosas comunes y denuncias por más de 30.000
desapariciones forzosas.35”
El Centro de Memoria Histórica como parte del proceso de reconstrucción de la
verdad más allá de los tribunales de justicia, ha organizado y sistematizado los
resultados de las audiencias judiciales de los principales bloques de la AUC
desmovilizados, contextualizando el relato de los victimarios, caracterizado por un
lenguaje de heroísmo, olvido y enaltecimiento de la cultura de la violencia y de la
guerra con tesis y argumentos como “la refundación de la patria”, y su
confrontación con las preguntas no resultas y el distanciamiento de las víctimas.
Para hacer referencia a un solo ejemplo, mientras que Ramón Isaza, jefe de las
Autodefensas Unidas del Magdalena Medio exaltaba la “función social” de su
33
“El estimado es que hasta el 75% pudo ser falsos desmovilizados” en: Justicia y Paz, los silencios y los olvidos de la verdad. Informe del Centro de Memoria Histórica. Gonzalo Sánchez Gómez. Bogotá: 2012 página 31 34
Justicia y Paz, los silencios y los olvidos de la verdad. Informe del Centro de Memoria Histórica. Gonzalo Sánchez Gómez. Bogotá: 2012, páginas 13 a 38. 35
Ibíd., página 32
25
organización armada en la región, como base de autoridad y justicia social,
señalando que “La gente era amiga de las autodefensas porque sabía que
nosotros estábamos defendiendo sus tierras y sus pertenencias”36 las voces de las
víctimas no dudaban en señalar los lazos políticos de los paramilitares y los
móviles de su accionar en estrecho vínculo con los interés económicos de los
ganaderos de la región a fin de garantizar su expansión territorial.37
La participación de las víctimas en el proceso de justicia y paz permitió de esta
forma aunque de manera fragmentaria, confrontar la verdad y el discurso “heroico
y salvador” de los victimarios, el cual buscaba relativizar los hechos, justificar la
violencia de la guerra y la necesidad de utilizarla como medio eficaz para conjurar
el avance y el sometimiento guerrillero en el país, una visión impregnada de olvido
frente a las masacres cometidas y los estrechos vínculos que sostuvieron con
diferentes sectores de la sociedad, y a la vez marcado de heroísmo y patriotismo
de la lucha paramilitar que hacía de las víctimas, el costo social y político apenas
necesario en su “triunfal e histórica lucha contrarrevolucionaria.”
De la lectura de estos testimonios se puede concluir que para unos y otros,
víctimas y victimarios, lo más crítico de este proceso fue reencontrase y
reconocerse mutuamente, tanto los unos como los otros habían requerido en
algún momento del proceso de asistencia profesional, asesoría y acompañamiento
psicosocial para hacer frente a la realidad testimonial y poder avanzar en la
reintegración social. En este reencuentro la versión de las víctimas más que una
contrastación de los hechos, invoco una conciencia y una exigencia moral de
revisar el pasado y la conducta de los perpetradores que se desprende a partir de
un conjunto de preguntas, muchas de ellas sin respuesta38. “En el caso del Bloque
Norte, por ejemplo, hay defensores de víctimas que han ayudado a articular
grupos de víctimas por territorio, tiempo y postulado (tal es el caso, muy valioso
por lo demás, de Cristina Montalvo, representante de víctimas del Frente William
Rivas, en Ciénaga, Magdalena), no solo con miras al esclarecimiento judicial sino
también, y quizás incluso más importante, a crear espacios comunitarios de
elaboración del duelo.”39 De esta forma la participación de las víctimas comenzó
por hacer parte de un proceso más amplio y que iba más allá de la verdad judicial
a uno de reconciliación y de estructuración de sociedad mediante la
reconfiguración de los vínculos de confianza y solidaridad.
36
Justicia y Paz ¿Verdad judicial o verdad histórica? Gonzalo Sánchez Gómez, Bogotá: Taurus 2012, página 110 37
Ibíd., página 146. 38
Algunas de esas preguntas recogidas en testimonios judiciales son reiterativas: ¿Yo simplemente quiero saber dónde está mi hijo? ¿Por qué me lo mataron? ¿Por qué causaron ustedes tanto sufrimiento? ¿Con qué derecho lo hicieron? etc...... 39
Ibíd., página 285
26
Más allá de versión judicial, pero junto con ella, justicia y paz da inicio a un
proceso de reconstrucción de la verdad histórica que hiciera memoria del pasado y
se propusiera romper con el círculo de la repetición de los ciclos de violencia. Las
víctimas encarnaron la expresión directa del sufrimiento y el leivmotiv por el cual
ningún hecho criminal encuentra justificación política o ideológica, de allí que tanto
en los tribunales de justicia, como en los demás escenarios de justicia y paz, el
relato y las preguntas de las victimas termine por cuestionar y poner en paréntesis
el heroísmo, el patriotismo y el fundamentalismo que reivindicaban y justificaban
para sí los excesos de los actores armados. Justicia y paz puede ser en este
sentido una contribución importante en el ejercicio de la participación de las
víctimas en la reconstrucción de verdad, y una invitación a la autorreflexión y la
autocrítica de los desmovilizados y los actores armados. La participación de las
víctimas significo igualmente un desafío para que las propias organizaciones de
víctimas como MOVICE (Movimiento de victimas del Estado) o las de mujeres
desplazadas por la violencia, para que terminaran por desarrollar una labor mucho
más amplia y compleja de movilización y empoderamiento en el horizonte de la
construcción de la paz.
Si bien el resultado cuantitativo de la participación de las víctimas en el proceso de
justicia y paz, puede parecer insuficiente40, la experiencia cualitativa de conferir un
espacio y un marco legal e institucional de participación en los procesos judiciales
si es de suma importancia, tanto para los procesos de construcción de la verdad
judicial como de verdad histórica y de la búsqueda de garantías de no repetición;
solo basta con corroborar las versiones rendidas por los miembros de las grupos
paramilitares y de autodefensas y a renglón seguido escuchar y contrastar a las
víctimas, y al dolor que invade sus relatos y sus cuestionamientos, para
dimensionar la magnitud que alcanzo el fenómeno paramilitar en Colombia y la
crisis humanitaria que embargó y sigue afectando la vida de miles de ciudadanos
(as) a lo largo del territorio nacional.
Otro aspecto importante de justicia y paz tiene que ver con la participación de las
víctimas en el desarrollo de los componentes de reparación individual y colectiva,
y en los movimientos sociales más amplios por la construcción de la paz. El
movimiento de víctimas de crímenes de estado es un buen ejemplo de ello,
MOVICE, trabajo prácticamente desde el inicio de la ley en articular una propuesta
de trabajo que incluía el desarrollo de una estrategia de búsqueda de los
desaparecidos y de ubicación de las fosas comunes, en la transformación de la
40
Según las estadísticas publicadas en la página web de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, a Diciembre del 2012, de 155.000 víctimas registradas, cerca de 79.688 habían participado en versiones libres, y 28.790 habían realizado preguntas a los postulados en versión libre. Ver http://www.fiscalia.gov.co:8080/justiciapaz/Index.htm
27
política agraria a partir de la elaboración de un nuevo catastro o censo
agropecuario que facilitara información sobre los bienes, tierras y territorios
despojados a las víctimas a efectos de determinar la magnitud del problema, así
como a plantear acciones de castigo moral a los victimarios que a la vez motivaran
la autorreflexión y el arrepentimiento.41
Los procesos de reparación en los casos de las víctimas de los bloques
paramilitares Vencedores de Arauca, Fierro Flórez, y las masacres de Mampuján y
el Higuano, han contado con la participación de las organizaciones de víctimas en
los diferentes escenarios y etapas de diseño, ejecución y evaluación de los planes
colectivos e individuales de reparación, y en el desarrollo de garantías de no
repetición, a partir de la identificación de sus necesidades y de la reconstrucción
de sus propios proyectos de vida. Otras experiencias en desarrollo tienen lugar en
casos emblemáticos para el país como los del Salado, la Universidad de Córdoba,
la Gabarra, el Tigre y los grupos de población afro en Buenaventura.
En síntesis, los aciertos y desaciertos de Justicia y Paz hacen parte ya de la
experiencia anidada de la participación de las víctimas y de su organización y
visibilización como actores sujetos de derechos y de empoderamiento político
social en la construcción de la paz. Justicia y Paz ha sido un escenario complejo y
controvertido de participación de las víctimas del conflicto armado, y en esta
medida, si bien no se ha develado toda la verdad y la trascendencia del
paramilitarismo y su oscura y comprometedora relación con los grupos de poder,
sus mecanismos de financiamiento, los intereses que motivaron las masacres,
etc… este proceso ha contribuido a la re -construcción de verdad en relación con
el accionar y los cientos de crímenes perpetrados por estas bandas armadas,
avanzando en alguna medida, el proceso de restitución de derechos de las
víctimas y en su gradual posicionamiento y empoderamiento político y social en el
escenario de la justicia y la paz en Colombia.
5.2. Ley de víctimas y negociaciones de paz
Con la llegada de Juan Manuel Santos a la Presidencia de la República en 2010,
se inicia una nueva etapa para los procesos de paz y para la política pública de
asistencia, atención, reparación y protección a las víctimas del conflicto armado.
Uno de los primeros resultados es la aprobación de la Ley 1448 de 2.011 o Ley de
Víctimas y de Restitución de Tierras, la cual en un marco de justicia transicional
tiene como objeto “establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas,
41
Ver:www.universitatdelapau.org/.../dorys_ardilaayuda_memoria_hr-_cnr.
28
sociales y económicas individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas”42
entre las cuales se considera reorganizar el Sistema Nacional de Atención y
Reparación Integral a las Víctimas –SNARIV asegurando una mayor participación
de las víctimas en los diferentes escenarios y procesos de la política pública.
La participación de las víctimas está contemplada en la ley 1448 como un principio
y a la vez como un derecho, asociado a los escenarios de la política de atención,
asistencia y reparación. La ley busca el fortalecimiento de los mecanismos de
protección por parte de las autoridades a las personas víctimas que en virtud de
su actividad como reclamantes y/o como defensores de derechos, sean sujeto de
o exista una amenaza de riesgo a sus vidas y/o su integridad física y personal.
Este factor de profunda desestabilización y fuente de todo tipo de violación a los
derechos humanos y de infracciones al D.I.H., en especial frente a los reclamantes
de tierras y la población en situación de desplazamiento forzoso, es fundamental
para los objetivos de esta ley y de una perspectiva ampliada de paz y
reconciliación, y por tanto una de las más importantes obligaciones del Estado
para su plena garantía. La protección de las víctimas es así un elemento clave de
esta política y una carta de garantía para su participación en los diversos
escenarios de justicia (la política de protección a las víctimas y sus resultados
serán claves en los procesos de evaluación y ajuste).
En el marco de los procesos judiciales la ley contempla la participación de las
víctimas en las diferentes etapas de actuación, para cual se debe garantizar su
acceso a la información, brindar asesoría y asistencia jurídica, y garantizar la
atención y asistencia psicosocial con un enfoque diferencial. Por último está el
derecho a recibir una reparación con verdad, que sea proporcionalmente justa e
integral43.
Las victimas igualmente tienen participación en el nuevo Sistema Nacional de
Atención y Reparación – SNARIV y por tanto a intervenir de manera activa y
propositiva en las decisiones y el marco de la política territorial y local. Las
víctimas, las organizaciones de víctimas y las organizaciones defensoras de
víctimas participan en los comités territoriales de justicia transicional y en los
distintos subcomités de trabajo que se conformen en los territorios, como en los
diferentes espacios propositivos y de gestión de su problemática y posible
solución.
42
Ley de Victimas. Título I Disposiciones Generales, Capítulo I artículo 1º. Bogotá: Ministerio de Justicia 2011, página 18. 43
En este proceso juegan un importante papel de acompañamiento la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y las organizaciones y actores sociales a favor de las víctimas.
29
En el marco de la política nacional, las víctimas, las organizaciones de víctimas y
las defensoras de víctimas participan en el Comité Ejecutivo Nacional del Sistema
presidido por el Presidente de la República, y en los subcomités técnicos de
trabajo con las distintas entidades e instancias y organizaciones que lo integran44.
La Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación a las Víctimas creada
con esta Ley es la entidad responsable de la coordinación del sistema y la primera
garante de la participación de las víctimas en el proceso de desarrollo de esta
política. Actualmente como balance de sus actividades, la Unidad Administrativa
presento un informe anual al Congreso de la República y a la Comisión de
Seguimiento de la Política Pública (año 2012) en el cual destaca el proceso
organizativo existente y entrega el balance social alcanzado. “La creación de
Comités de Justicia Transicional en 1.120 municipios (solo faltan San Jacinto y
Roncesvalles) y en 32 departamentos, así como la inscripción de 3.204
organizaciones de víctimas y defensoras de víctimas en los espacios de
participación municipal, departamental y nacional creados por la Ley.45”
No obstante a los procesos participativos aún les espera un largo recorrido a
través de diversos y complejos escenarios, tanto en la atención y la reparación
integral, como en el de un horizonte más amplio de construcción de paz y
reconciliación. Los esfuerzos instituciones son necesarios pero no suficientes para
las víctimas, el respeto y la valoración adecuada de los procesos organizativos
propios y de la lucha y el trabajo participativo de las comunidades y de los pueblos
por su identidad, reconocimiento y justicia social, no solo debe ser valorado y
tomado en cuenta, sino que es un referente obligado para la orientación de las
acciones humanitarias y de la cooperación al desarrollo entre las organizaciones y
organismos que intervienen de manera no violenta en el escenario del conflicto -
postconflicto. De allí que el entendimiento y la cooperación entre quienes tienen la
responsabilidad del diseño y la implementación de la política con quienes son
sujeto de ésta, sea una de los factores decisivos, determinantes y transformativos
para futuros y cercanos resultados de avance.
De igual manera, con la Ley 1448 de 2011 se les otorgó unas responsabilidades a
los departamentos, distritos y municipios para atender y reparar a las víctimas,
teniendo en cuenta su rol protagónico en la implementación de la ley, ellos deben
estimar esfuerzos y recursos y concurrir con la cooperación y la organización
participativa de las víctimas y sus procesos sociales. En el caso del
desplazamiento forzado la tarea es mucha más compleja y delicada pero a la vez
44
Aspectos reglamentados contenidos en los Decretos Nacionales No. 4800 y 4802 de 2011. 45
Informe de Gestión Anual del Sistema de Atención y Reparación Integral a las Víctimas – SNARIV. Informe Ejecutivo al Congreso de la República 2011 – 2012. Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Agosto de 2012, páginas 76 a 79.
30
desafiante, dado que el trabajo entre comunidades, autoridades locales y víctimas
debe beneficiar y favorecer a unos y a otros, y contribuir a los procesos de
reconciliación y convivencia local.
La restitución de tierras, los procesos de retorno y/o de reubicación de la población
desplazada, y en general la reconstrucción de su tejido social debe darse de cara
a sus propias dinámicas, y necesidades y de acuerdo con las particularidades
diferenciales, de género, culturales y sociales que les caracterizan, de manera que
se oriente y acompañe la realización de sus propios proyectos yse armonice al
desarrollo de sus capacidades y potencialidades de vida. Reto particularmente
importante si nos referimos a los procesos de retorno desarrollados con las
comunidades de Mampuján y con los indígenas Embera y otras comunidades ya
casi extintas por los efectos del conflicto armado. Comunidades y pueblos
autóctonos sentenciadas a largos años de éxodo y a vivir en albergues y parques
infrahumanos en los grandes cinturones de miseria y desolación de ciudades
hostiles y ajenas a sus culturas y valores como Bogotá, Calí o Medellín, de allí el
reto y el compromiso que implica que puedan retornar y vivir en paz en sus
territorios ancestrales.
Otros aspectos importantes de la participación están relacionados con los
procesos de reparación individual y colectiva. La reparación administrativa si bien
resulta un tanto insuficiente es a la vez necesaria para casi todas las víctimas del
conflicto, y más allá de este conjunto de medidas, es impensable una reparación
integral y transformadora sin la participación activa de las víctimas en la
reconstrucción de sus proyectos de vida y en construcción de la verdad, en las
garantías de la no repetición y la conservación de la memoria histórica. La Unidad
Administrativa cierra ese primer año de labor con un gran desafío por delante y
con “cuatro planes de reparación colectiva aprobados por los Comités Territoriales
de Justicia Transicional”46 y “cerca de 158 mil víctimas indemnizadas.
Adicionalmente casi 100.000 víctimas cuentan con un plan de reparación
personalizado.”47 De otra parte, para la población desplazada y para las
instituciones responsables, los temas relacionados con la acción y la ayuda
humanitaria y con la cooperación al desarrollo se enmarcan en verdaderos retos
de la política de asistencia y atención, en especial en los procesos de intervención
externa y gestión comunitaria en la perspectiva de la acción sin daño, de la cual en
este texto (por aspectos obvios de su complejidad) no nos ocuparemos.
46
Ibíd., página 57. 47
http://www.unidadvictimas.gov.co/index.php/79-noticias/457-sustentacion-informe-nacional-ii-ciclo-del-examen-periodico-universal
31
Por último esta ahora el proceso de paz y el nuevo escenario de negociación entre
gobierno y guerrilla de las Farc –EP que comienza a tomar forma en la Habana –
Cuba como resultado del desarrollo del “Acuerdo General para la terminación del
conflicto armado y la construcción de una paz duradera y estable” firmado el
pasado 26 de agosto de 2012. De llevarse a cabo con éxito y poner fin al conflicto
entre dos de los grandes actores preponderantes de la violencia armada, el
horizonte para las víctimas en la reparación integral y en la construcción de la paz
será definitivo y contará con un nuevo impulso y un aliento de esperanza, pues
hará camino el decrecimiento de la violencia y se podrá lograr una relativa
tranquilidad en las zonas afectadas por la violencia, creando así las condiciones
de posibilidad para una mayor participación y una labor más activa y dinámica de
las víctimas en los escenarios de la construcción de la paz y la reconciliación
nacional. Pero de no lograrse un acuerdo duradero y fracasar las negociaciones,
el escenario de la participación de las víctimas será aún más estrecho, complejo,
problemático e incierto, y necesariamente transitara por senderos más escabrosos
y oscuros en medio de la escalada de la confrontación armada y de la generación
de más víctimas.
Este acuerdo general reconoce que “la construcción de la paz es asunto de la
sociedad en su conjunto”48 para lo cual definió dentro de la agenda temática de la
mesa de negociación abordar el problema de las víctimas como “centro del
acuerdo” tratando los aspectos relacionados con los derechos humanos y la
verdad.
En esta medida gobierno, guerrilla y sociedad civil vienen creciendo
paulatinamente en la necesidad de comprender e impulsar el diálogo como
mecanismo para poner fin a esta larga cadena de conflicto y pasar página en
nuestra propia historia. Las movilizaciones nacionales de respaldo desarrolladas el
pasado 9 de abril (día nacional de las víctimas) así lo confirmaron. Igualmente
ante la necesidad de blindar el proceso de plena legitimidad y mayores garantías,
diversos sectores y organizaciones sociales, políticas e institucionales (como es el
caso de la Comisión de Paz del Congreso de la República) han impulsado la
realización de espacios de consulta social con participación y orientación
académica y apoyo técnico de organismos internacionales como las Naciones
Unidas, en el cual se discutan precisamente los ejes temático de las víctimas y sus
dos componentes principales (Derechos Humanos y Verdad).
48
Resolución No. 339 de 2012 “Por el cual se autoriza la instalación y desarrollo de una mesa de diálogo, se designan delegados del Gobierno Nacional y se dictan otras disposiciones.” Presidencia de la República de Colombia. Ver: http://wsp.presidencia.gov.co/portal/Paginas/search.aspx
32
La consulta social promovida por la Comisión de Paz del Congreso, desarrollará
próximamente varias mesas de trabajo en ocho regiones del país, atendiendo a
las dinámicas y las condiciones particulares de los departamentos, municipios y
distritos; contará para ello con las participación de las víctimas, las organizaciones
de víctimas y las defensoras de víctimas, y tendrá como objetivo recolectar y
sistematizar las propuestas ciudadanas que contribuyan a la discusión de la mesa
de negociación para el Acuerdo General.
No obstante, extender este análisis hasta los hechos presentes y cuestiones tan
inmediatas y fácticas de la coyuntura actual, dificulta que sea valorado con una
perspectiva mucho más crítica y analítica. Sin la debida distancia temporal
seguramente la lectura de los acontecimientos será siempre más superficial y
emotiva. Solo resta esperar que todas estas acciones lleguen a un feliz término y
se dé por cerrado este largo ciclo de violencia.
33
6. La Labor de las víctimas
En medio del conflicto armado colombiano hay quienes sobresalen por aportar
soluciones de paz, usualmente las personas que han padecido la violencia y que
cuenta una elevada capacidad de resiliencia y de poder interior, desarrollan
proyectos y formas organizativas y de gestión propias para frenar o transformar la
violencia armada en sus territorios. Algunos ejemplos de la imaginación moral, del
arte y el alma (en palabras de Lederach) para la construcción de la paz, se
desarrollan con una labor a veces silenciosa y otras veces silenciada, que hace la
diferencia y nos ayudan a mantener y acrecentar la esperanza de la construcción
de la paz. En diversas y complejas geografías y cada vez más con un creciente
número de actores, la labor de las víctimas cobra visibilidad y gana en experiencia
y posicionamiento social, político y moral frente al resto de la sociedad y frente a
los violentos. Solamente haré referencia a la labor que realizan día tras día
algunos y algunas de ellos y sus distintas organizaciones.
Estos actores casi siempre más allá de las fronteras institucionales de la
participación (que regula el campo de acción y casi siempre termina por imponer
un discurso e instrumentalizar la participación en la política o simplemente
ajustarla a las necesidades de la agenda pública) y más allá de los escenarios
políticos de las grandes negociaciones, exploran y avanzan en opciones y
proyectos, en iniciativas locales de transformación y de gestión de la crisis
humanitaria. Veamos algunos de ellos:
1) En el magdalena medio las mujeres de la Organización Femenina Popular,
en su gran mayoría víctimas del conflicto armado, llevan 34 años de lucha
buscando el desarrollo en medio del conflicto, su labor ha logrado el
reconocimiento nacional e internacional en el marco de lo que hoy se
denomina el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio
(PDPMM). Su labor articula esfuerzos desde los diferentes sectores y
actores sociales e institucionales para superar las condiciones de violencia
y pobreza en la región. El PDPMM ha contribuido a generar importantes
espacios de convivencia, tolerancia y fortalecimiento del capital social y el
desarrollo humano a partir de los procesos de inclusión y la generación de
un clima de confianza para propiciar el diálogo de las comunidades.49
49
Ver en http://www.jesuitas.org.co/pdpmm
34
2) La Red de Iniciativas por la Paz (Redepaz), el mandato ciudadano por la
paz y la fundación País Libre y Unicef, han venido planteando desde hace
ya algún tiempo la necesidad de que las partes en conflicto suscriban
acuerdos humanitarios para excluir prácticas y métodos crueles de la
guerra en la que están ensañados. Fruto de este mandato han sido las
marchas y multitudinarias movilizaciones en rechazo a los secuestros y
retenciones realizados por los actores armados, y por la búsqueda de la
paz con justicia social. Redepaz, Unicef y País Libre están empeñados, sin
embargo, en hacer acciones más amplias, que vayan más allá del marco
del conflicto armado y logren que los ciudadanos y ciudadanas asuman una
actitud transformativa frente a las distintas formas de violencia estructural,
cultural y directa expresadas en la violencia la familiar, de género, escolar y
laboral, y en la violencia común y callejera asociada a otros factores como
el narcotráfico y la delincuencia común organizada.
3) Tres organizaciones de víctimas (desplazados, secuestrados y heridos por
minas antipersona) en el Banco -Magdalena, conformadas por campesinos
y pescadores, han decido vincularse y asociarse en el 2.013 a un convenio
de cooperación internacional con el Departamento de la Prosperidad Social
-DPS, denominado Nuevos Territorios de Paz. Con el apoyo de la Alcaldía
y la Personería Municipal de El Banco, se estableció que dichas
organizaciones de víctimas con la Corporación Desarrollo y Paz del Bajo
Magdalena como socio estratégico territorial, conformarán una mesa de
trabajo y que las organizaciones se integraran social, cultural y
económicamente, en sus proyectos productivos y de comercialización en la
región, creando así condiciones de paz y redes de cooperación para el
desarrollo y la convivencia.
4) La Corporación Acción Humanitaria por la convivencia y la Paz del Nordeste
Antioqueño (Cahucopana), la Asociación Campesina para el Desarrollo del
Alto Sinú (Asodecas), la Fundación Manduco, entre otras, trabajan desde
hace algún tiempo en denunciar y divulgar la crisis humanitaria que viven
las comunidades de esta zona de Colombia a partir de las frecuentes
violaciones de derechos humanos, expresadas en fumigaciones que
afectan los cultivos de pancoger, la presencia paramilitar y los frecuentes
señalamientos, hostigamientos y detenciones arbitrarias por parte de las
Fuerzas Militares, en particular, la persecución, estigmatización y
criminalización contra las organizaciones campesinas en el departamento
de Córdoba. Estas denuncias les ha costado la estigmatización de sus
actividades y la persecución de sus dirigentes y miembros de organización.
35
5) En Granada, Departamento del Meta la Asociación de Víctimas Asoviday su
directora, decidieron rendir un homenaje a la memoria de los ausentes y
rechazar la violencia, con un museo que recuerda la infamia y el horror
paramilitar de los últimos años, al cual han llamado el Salón del Nunca Más.
En su interior se encuentra un mural con más 360 fotografías de personas
asesinadas o desaparecidas, de las que nunca se tuvo razón. Entre estas
hay varios niños: tres que cayeron tras la explosión de un bulto de naranjas
cargado de explosivos, otro al que le cayó la pared de una casabomba y
dos hermanitas de 12 y 13 años que desaparecieron. Un poco más adentro
se observa un cofre de vidrio relleno de tierra que simula una fosa común y
en el que se refleja, intencionalmente al visitante. Más adelante, se destaca
un escaparate repleto de diarios que tienen como portada el rostro del
difunto o desaparecido. Unos están vacíos y otros, llenos de escritos
realizados por sus dolientes.
En este lugar de la memoria, las victimas pero en general todos y cada uno
de los que le visitan, encuentran un espacio de reflexión y refugio, donde se
puede percibir y experimentar el inmenso dolor que ha dejado el conflicto
armado en Colombia, pero también la necesidad y el compromiso individual
y colectivo de poner fin a esta larga cadena de violencia.
6) Las comunidades y los pueblos indígenas del Cauca, cansados de soportar
las agresiones y los hostigamientos de los actores armados, decidieron
exigir la expulsión de las guerrillas y del ejército de sus territorios
ancestrales, apelando a la ley de la autonomía indígena que los protege
constitucionalmente. Desde julio del año 2012 han venido desarrollando
una serie de acciones y procesos organizativos en sus comunidades y ante
la opinión pública para dar a conocer sus iniciativas y propuestas de
movilización por la paz.
7) Otros actores institucionales regionales, como las alcaldías municipales y
las gobernaciones departamentales (a manera de ejemplo están la
Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Bogotá) se están involucrando en
la movilización por la paz, liderando convocatorias a distintos eventos y
abriendo espacios de diálogo para la paz. Junto con las organizaciones
sociales por la paz, las iglesias y las comunidades, la participación de las
alcaldías y las gobernaciones ha estado vinculada al rechazo de las
situaciones de violencia, como asesinatos, masacres, desapariciones,
secuestros y retenciones, dando cuenta de la propensión de la
institucionalidad pública a incorporar en sus discursos el tema de la paz y la
atención y la reparación a las víctimas.
36
Todos estos ejemplos de participación y de acción humanitaria en la búsqueda de
soluciones al conflicto, y muchos otros más que simplemente escapan por las
limitaciones de análisis a este documento, dan un perfil del talante y de la
magnitud de la labor de las víctimas, y deben situarse en un horizonte de
posibilidad, cuyos lentes (parafraseando a Lederach), apuntan a la construcción
de escenarios ampliados de construcción de la paz.
La labor de las víctimas y de las organizaciones defensoras de víctimas es a la
vez focus y locus, lugar de construcción, de análisis y reflexión, pero también de
aprendizaje, encuentro y transformación. De allí que su tarea sea sin lugar a
dudas, parte de ese complejo proceso de construcción de la paz, entendida
también como la construcción de una sociedad con mayor justicia, con mayor
verdad y más equidad para todos y todas las colombianas.
37
7. A manera de conclusión
Las víctimas son hoy en Colombia un actor de primer orden en el complejo
escenario de la construcción de la paz. Gracias a su labor y a una gran cuota de
sacrificio y dolor (en la cual han confluido procesos organizativos y participativos
de diferente orden), las víctimas han logrado una mayor visibilización, una mayor
participación y un posicionamiento social y político de su difícil problemática (de
sus demandas de verdad, justicia y reparación) en la agenda de la política pública
nacional y en los procesos de negociación con los actores armados del conflicto.
La participación de las víctimas es esencial en la construcción de la paz y en la
gestión de la crisis humanitaria en Colombia, aunque de momento se desarrolle
con una multiplicidad de dificultades y de limitaciones. No obstante, las
experiencias de las organizaciones y de las asociaciones de víctimas, dan cuenta
de su capacidad y del potencial latente en los procesos de transformación del
conflicto, así como en el mejoramiento de sus condiciones y calidad de vida.
Si bien el país y el Estado colombiano cuentan con instrumentos internacionales y
locales que le permiten avanzar en la atención y la reparación integral a las
víctimas, las limitaciones institucionales, los problemas heredados de las prácticas
administrativas y clientelistas, pero en particular la dinámica que impone el propio
conflicto armado y la producción de más víctimas, son las principales amenazas y
mayores dificultades que enfrenta la política de atención y de reparación integral y
uno de los retos de la justicia transicional. Igualmente estos problemas, hacen aún
más complejo el desarrollo de los escenarios ampliados de la participación y la
gestión de las víctimas en la superación de su propia crisis.
Las negociaciones de paz son una condición necesaria más no suficiente para la
construcción de la paz, y una de sus tareas y retos principales consiste en dar el
lugar que le corresponde a las víctimas, en reconocer y parar el daño perpetrado y
en buscar, proponer y trabajar en conjunto, en soluciones transformativas de
reparación integral.
Desde una perspectiva ampliada de construcción de la paz, la participación de las
víctimas, va más allá del cese de la violencia armada o de la firma de los acuerdos
de paz por parte de los actores hegemónicos del conflicto. Su experiencia vital, su
testimonio y su compromiso son un aporte importante y fundamental sin el cual
todo proceso de negociación estará incompleto y la tarea de la construcción de la
paz con justicia, será frágil y perecedera.
38
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