la historia reciente de chile a travÉs de la semana … · 2019-03-04 · la historia reciente de...

DOCUMENTO

LA HISTORIA RECIENTE DE CHILEA TRAVÉS DE "LA SEMANA POLÍTICA"

(CUARTA PARTE)

Miguel González Pino*

E1 presente documento corresponde a la última parte (de unaserie de cuatro) de una antología de artículos publicados en la sección "LaSemana Política" del diario El Mercurio.

La primera parte abarcó el período que va desde 1965 a 1970; lasegunda, de enero de 1971 a septiembre de 1973, y la tercera del 11 deseptiembre de 1973 a junio de 1978.1

Este cuarto capítulo comienza en la fecha anterior y termina enmarzo de 1982, época en que don Arturo Fontaine Aldunate cesa de es-cribir estos comentarios.

En este último grupo de comentarios se acentúa el carácter peda-gógico de éstos, ya que tomando como punto de partida la actualidadpolítica, el articulista va desarrollando sus propios planteamientos acercadel futuro de la institucionalidad chilena.

Uno de los temas más recurrentes en el período concierne a larelación que a juicio del comentarista debe existir entre el modelo econó-mico que se está poniendo en práctica en el país y la conducta moral quehan de exhibir quienes participan en la vida económica.2

* Abogado, periodista, investigador del Centro de Estudios Públicos; Fis-cal del Consejo de Etica de los Medios de Comunicación.

1 Véase Estudios Públicos 45, 46 y 47.2 Véanse por ejemplo los artículos "Modelo y moral", del 23 de no-

viembre de 1980, y "El factor moral", del 17 de mayo de 1981.

306 ESTUDIOS PÚBLICOS

El tema moral nuevamente es destacado cuando se reflexiona sobrelas cualidades que debe tener quien desarrolla una función pública, asícomo cuando se refiere tanto a la labor de los servicios de inteligenciacomo a los crímenes que en su oportunidad conmovieron a la opiniónpública.3

La polémica al interior del gobierno militar entre los sectores "du-ros" y "blandos" es seguida con interés por el autor, destacando las conse-cuencias que tendría para el país y para el gobierno el adoptar los caminospropuestos por uno u otro bando.4

Manteniendo una constante a lo largo del tiempo, dedica también suatención a los problemas relacionados con la libertad de expresión y lafalta de comunicación expedita entre las autoridades, los legisladores y elpúblico. Uno de los artículos expresa su pensamiento acerca del derecho ala libertad responsable en materia informativa.5

La antología se cierra con un artículo en que el comentarista mani-fiesta su preocupación por los problemas políticos y económicos por losque atraviesa el país, que derivan, entre otros factores, de la falta decomunicación entre la ciudadanía y el equipo de Gobierno, tema que comoya señalamos viene subrayando desde el comienzo del régimen militar.6

Tal como en las publicaciones anteriores, para mejor comprensiónde los artículos se señalan al comienzo de cada uno, en cursiva, detallesacerca de los hechos comentados, con indicación de la fuente donde puedeencontrarse la información respectiva, teniéndose presente en este casoque no siempre los artículos se refieren a hechos específicos o de cono-cimiento público; asimismo, al final del documento se incluye índice delos artículos reproducidos en esta sección.

3 Véase el artículo "Servicios de inteligencia", del 21 de junio de 1981.4 Véase el artículo "Corrientes de opinión", del 30 de marzo de 1980.5 Véase el artículo "Derecho a la libertad responsable", del 29 de junio de

1980.6 El artículo en referencia se titula "Malos días", y es del 28 de marzo de

1982.

LA HISTORIA RECIENTE DE CHILE 307

LA SEMANA POLÍTICA(1978-1982)

De la emergencia a la transición(17 de septiembre de 1978)

El 11 de septiembre el general Pinochet lee su mensaje presidencial. Enéste fija los términos de la transición hacia la democracia (EM, 12 septiem-bre), al cumplirse 5 años del pronunciamiento militar.

La Semana Política

DE LA EMERGENCIA A LATRANSICIÓN

Es de toda evidencia que loshechos políticos importantes tras-cienden los límites de los proyectosconstitucionales o de la voluntad delos gobiernos. Proyectos y gobier-nos contribuyen a moldear la rea-lidad política, pero cuando engruesala corriente de ésta, unos y otrosquedan sobrepasados.

El país ha escuchado con respetoy atención el Mensaje Presidencialcorrespondiente al cumplimiento delquinto año del Gobierno estableci-do el 11 de septiembre de 1973. Endicho Mensaje S.E. delinea un iti-nerario político y fija los términosdel período de transición que me-diará entre el estado de emergenciay el funcionamiento pleno de losórganos constitucionales nuevos.

Hay que considerar, sin embar-go, que muchos de los avancesanunciados y alentados por el Pre-sidente no vienen sino a reconocerun cuadro social y político deriva-do de las circunstancias, algunas de

las cuales están puestas por el Go-bierno, pero muchas otras son inde-pendientes de él y en cierto modose le imponen. Esto ocurre con elperíodo de transición.

S.E. fijó las características ytérminos de tal lapso en el Mensaje,pero lo cierto es que va imponién-dose por sí solo un período de tran-sición, que aparece como fruto delos buenos resultados del régimenmilitar, como consecuencia deltranscurso del tiempo y, por último,como efecto de las mayores expec-tativas y presiones sociales.

Más interés que el análisis de lascaracterísticas del período de tran-sición programado y del juicioacerca de ellas tiene el considerarlas actitudes y valores que jueguenen dicho período, es decir, las po-siciones que pueden asumir los ciu-dadanos como sujetos de la transi-ción.

Desde luego, resulta evidente quela sociedad chilena de hoy se ex-presa con más soltura que en cual-quier otro momento durante elquinquenio. Las informaciones, las


peticiones y las críticas se dejan oírcon la mayor claridad. Más aún,resulta inconcebible que —sin me-diar gravísimas circunstancias,percibidas por el grueso de los ciu-dadanos— pudiera volverse a lasnecesarias pero duras etapas prece-dentes. Parece más sensato pensarque el clima de libertad se iráafianzando y que la vuelta atrás seríauna victoria frágil del autoritaris-mo logrado a costa de una peligro-sa merma de la base social del Go-bierno.

Si esta soltura del sistema es unhecho, la normalidad del procesova a depender de que el Gobierno yla ciudadanía se habitúen a la nuevasituación y convivan en este clima.

Para los sectores de oposición,el período transitorio se plantea lle-no de exigencias. Ellas están im-plícitas en el hecho de que el Go-bierno y las Fuerzas Armadas actúanbajo el profundo convencimiento deque no pueden volver a presentarselos factores que destrozaron la ar-monía cívica y la paz social. Estapersuasión no pertenece sólo a unaautoridad, a un gobierno, a una ins-titución armada, sino que es com-partida por la totalidad de las Fuer-zas Armadas, desde su personalpermanente hasta su cúspide que esel general Pinochet. Podrá haberpuntos de vista en sectores del Go-bierno acerca del modo concretode evitar que regresen el caos y laanarquía, pero existe unanimidadmilitar y civil en cuanto al recha-zo de una vuelta atrás. Esto imponeprudencia a los sectores opositores.

En el período de transición, ytambién desde ahora, todo lo quehagan los sectores políticos pormantenerse en una crítica objetivaausente de distorsiones, por evitar

apasionamientos perturbadores ypor no perder de vista la realidad dela nueva presencia institucionalde las Fuerzas Armadas en la Re-pública será un efectivo aporte a lapaz, a la justicia y a la futura nor-malidad de la convivencia entre los 'chilenos. Los extremismos verbalesy los notorios trabajos de agitación,en cambio, no contribuyen sino afrustrar las posibilidades de evolu-ción pacífica, que se encuentransiempre vivas en la tradición chi-lena y que parecen la única salidarazonable a largo plazo, despuésde la crisis del sistema político evi-denciada en 1973.

El Gobierno, por su parte, habráde encontrarse en la necesidad dereconocer hechos indiscutibles yevidentes. Por ejemplo, la existen-cia real de grupos políticos, de ten-dencias partidistas. Podrá S.E. si-tuarse en contra de todos los polí-ticos, pero no le será posible des-conocer la realidad de ellos. Tal vezsería preferible que existieran tam-bién grupos políticos que apoyenlibremente los programas del Go-bierno; pero lo que no se ve comoconcordante con el estado del países suprimir, en abstracto, el hechoinnegable de que hay tendencias ycorrientes políticas. Igual ocurre conel problema laboral, punto en quecorrespondería actuar con rapidez,a fin de impedir la proliferación delos conflictos o la solución perma-nente de éstos con el uso de la fuer-za.

Los partidarios del Gobierno ne-cesitarán habituarse por su parte ala idea de que el país no puede vivirpor tiempo indefinido bajo la pro-tección de las Fuerzas Armadas. Losciviles participan activa y eficaz-mente en el Ministerio que encabe-


za el titular del Interior, señor SergioFernández, pero los que no tienencargos públicos suelen perder el lazoindispensable de solidaridad con elrégimen. Una situación de paz y defuturo desarrollo, que tanto costohumano y material representa, nose ha formado para el enriqueci-miento de unos pocos sino para am-pliar las oportunidades de muchos.La libertad económica en un climade orden se mantendrá si se muevenpoderosas influencias para asegurartambién un clima de justicia. La ac-ción pública, la acción en las comu-nidades locales, en el medio uni-versitario, en las agrupaciones so-ciales, irán imponiéndose como unanecesidad frente a las inevitablespresiones y críticas de los sectorespolíticos opuestos al régimen.

DISCIPLINA CON NEGOCIACIÓN

En el período transitorio a quenos referimos, el tiempo tendría queaprovecharse para cambiar el génerode relaciones humanas que ha ca-racterizado a la sociedad chilena enel curso del último decenio y queparece incompatible con un sistemade convivencia libre y a la vez dis-ciplinada.

En 1964 llega al poder en Chileuna ideología, una concepción glo-bal y cerrada, un sistema planetariopropio, como fue la administracióndemocratacristiana. Después de ellavino nada menos que la ideologíamarxista, sembrada confusamente,es cierto, y equívoca muchas veces,pero en definitiva creciendo bajo elgeneroso riego soviético. La crisisdel régimen político fue zanjada porlas Fuerzas Armadas. Estas impu-sieron un marco de disciplina en lopolítico y han respaldado un modelo

económico propio de una sociedadlibre pero que, en sus primeras eta-pas, necesita de la fuerza para de-rribar los visibles y oscuros poderesque resisten la libertad.

Las ideologías han destruidoun elemento muy importante de laconvivencia civilizada: la negocia-ción.

A través de la propaganda de lamovilización política de las masasy de la presión administrativa y le-gislativa, las ideologías impusieronsus propios dictados.

En general, los sectores despla-zados del poder perdieron la posi-bilidad de negociar sus derechos eintereses, presionados como esta-ban por la propaganda o por el mie-do. Sólo les quedaron la protesta yla violencia moral o física. Esta si-tuación hirió profundamente la vidasocial y política, y se reflejó tantoen el amplio escenario de la vidapública como en el campo de laactividad sindical o vecinal, hastallegar al extremo en que cada mo-desto punto de encuentro, en el ni-vel familiar, de barrio, de deporte,de cooperativa, de sindicato, de es-cuela, alcanzó a convertirse casi enun campo de batalla. Ello empezó aocurrir durante el régimen del Pre-sidente Allende.

El desorden resultante de la po-litización ideológica forzada y dela resistencia inevitable que traíaaparejada se conjuró con el pronun-ciamiento militar. Pero, como eranatural, los militares reemplazaronla imposición ideológica por supropio estilo de mando. Ellos estánformados para el combate con eladversario. Dan pruebas por eso deuna extraordinaria y conmovedorasolidaridad de camaradas entre losiguales en jerarquía, y de una pre-


ocupación humana profunda porlos subordinados, todo lo cual con-tribuye a vigorizar la capacidad delucha de la unidad armada, cuyosvalores éticos de disciplina, caba-llerosidad, coraje y autorrenuncia-miento están vinculados a las exi-gencias de la guerra, incluido el sa-crificio final y definitivo.

Los militares están en lo suyosiendo fieles a su propia ética.

Esta es generosa y amigablecon el camarada, pero presupone elenfrentamiento con el adversario.La distinción amigo—enemigo, quealgún autor germano caracterizócomo esencial en la política, se dacon especial claridad en la visióncastrense del mundo. Si hay con-versación con el enemigo, ésta tie-ne generalmente una naturalezatáctica y de algún modo preparato-ria del enfrentamiento decisivo. Es-tas características, que son virtudesen el ámbito militar, no calzan conla misión civil, ni en el campo de lapolítica ni en el plano laboral nien ningún otro. El civil —desarma-do por esencia— no tiene como he-rramienta básica de trabajo la im-posición sino la negociación, parallegar al contrato, al acuerdo, al tra-tado.

En el próximo período de transi-ción será difícil que los civilespersistan en ampararse en la éticamilitar —y, de alguna manera enimitarla—; al seguir imponiendosoluciones al vencido —vencido

real o simulado—, en vez de con-versar respetuosamente con el igual,tratando de encontrar fórmulas quesean de interés para ambas partes.La negociación, la negociación la-boral, política, comercial o de cual-quier otro ramo, no merece la con-notación despectiva con que sueleser mencionada. Por el contrario,ella es el sello de la labor civil y talvez la base de las grandes creacio-nes históricas que, no por casua-lidad, se han denominado civiliza-ciones.

Cierto es que la historia muestraque los valores más preciados y de-finitivos se han disputado con lafuerza. Tal es la significación tras-cendente del oficio militar. Sin em-bargo, cada cual en el país debeocupar su puesto: lo irregular es quelos civiles dejen el suyo y se aten-gan a la superior instancia de lafuerza, en vez de empeñarse en supropia tarea y ejercer la persuasiónfundada en el respeto al presuntoadversario, negociando, intercam-biando, asegurando los sustancialcon sacrificio de lo accidental. Elperíodo de transición que anunciaS.E. es sobre todo un llamado a to-mar conciencia acerca de la necesi-dad de un cambio significativo dela conducta interna de los particula-res y también de las autoridades. Esel paso entre una situación típica-mente militar y un sistema de par-ticipación civil, bajo la protec-ción de las Fuerzas Armadas.


Una marcha cautelosa(12 de noviembre de 1978)

El 27 de octubre, por cadena de radio y televisión, el Ministro del Trabajo,Vasco Costa, anunció que el martes 31 se procedería a la renovación de lasdirectivas sindicales de empresas del sector privado, para lo cual se vota-ría en cada sindicato, sin nombramiento previo de candidatos. Se estable-ció que no podían ser reelegidos actuales dirigentes, ni personas conparticipación en política partidista.El día martes 31 se realizaron en todos los sindicatos de empresas privadaslas elecciones de dirigentes, tal como estaba anunciado.Por decreto publicado en el Diario Oficial del 20 de octubre se declararonilícitas siete organizaciones sindicales, y se establecieron sanciones paraquienes asuman representación de sectores laborales sin tener la personeríalegal para ello.

La Semana Política

UNA MARCHA CAUTELOSA

El régimen militar ha dejadosentada muchas veces la firme con-vicción de que el propósito de laJunta de Gobierno y de las FuerzasArmadas es organizar una institu-cionalidad definitiva. El régimen nose acepta a sí mismo como una meratransición entre dos períodos de de-mocracia parlamentaria y partidis-ta. Por el contrario, busca ser unaexpresión orgánica de la nacionali-dad que, sin renunciar a los princi-pios y tradiciones esenciales de ésta,encauce un desarrollo más íntegro,pleno y rápido que el logrado porlos modelos anteriores.

Más de cinco años de esfuerzosilustran acerca de la dificultad de laempresa: nuestro país tiene una lar-ga tradición intervencionista en elplano económico y en otros; la bu-rocracia y el centralismo adminis-trativo se insertan en esta tradición;

a ello hay que añadir la alta politi-zación, corolario de los caracteresanteriores. Mucho ha hecho el Go-bierno del Presidente Pinochet porimponer con éxito un modelo eco-nómico de libertad, de descentrali-zación y desburocratización, mode-lo que tiende a despolitizar al paíso, mejor dicho, a desvincular lapreocupación partidista de la sub-sistencia económica de los ciuda-danos. Sin embargo, los antiguosprejuicios vuelven a las suyas encualquier oportunidad favorable. Lameta es clara y ha probado ser ac-cesible, pero el logro del triunfo seve a menudo perturbado por las de-bilidades o precipitaciones corres-pondientes a los antiguos hábitos.

En la marcha hacia la institucio-nalidad se levantan voces recla-mando participación. En esto con-viene distinguir entre el inmovilis-mo, que aspira a permanecer en lacampana de vidrio de la protección


militar, y las impaciencias que ur-gen la adopción de medidas libera-les sin advertir que la liberalizaciónserá fecunda sólo si se evita distor-sionar la naturaleza de las activida-des en que la participación opera.Entre el extremo de una ciudadaníapasiva, que aguarda la decisión ofi-cial y se somete irreflexivamente aella, por una parte, y por otra, lasituación anárquica en que los seg-mentos de la colectividad pretendenderechos, poder, control y autono-mía, desarticulando la unidad y eltrabajo nacionales, debe haber unalínea media.

El 31 de octubre el país fue auna renovación de las directivassindicales, dando un paso hacia lademocracia laboral, al tiempo quehacia la despolitización de los sin-dicatos. No es imposible que ele-mentos políticos se hayan infiltra-do en las directivas nuevas. Elloformaba parte de los presupuestosformulados por el Gobierno al de-cretar la medida. Más aún, resultafácil imaginar que en una elecciónsindical sorpresiva los elementosmás organizados tenían mejor op-ción de imponerse. Y no es hacerlesun regalo a los comunistas si seles concede que pueden ser los másidóneos para trabajar sincronizada-mente en la clandestinidad.

Lo importante es que los secto-res que apoyan al Gobierno seantan resueltos como cautelosos fren-te a las medidas de participaciónciudadana. Esta es necesaria y pro-porciona un respaldo insustituible ala acción a largo plazo del Gobier-no, pero constituye al propio tiempouna oportunidad para que elementosde agitación y demagogia se haganpresentes.

Tanto la autoridad como la ciu-

dadanía han de alentar la partici-pación con ojo vigilante, teniendoplena conciencia de que el paso delpaternalismo a una gestión respon-sable de la comunidad presentaobstáculos y que sería tanto o másregresivo que el endurecimientodictatorial el gesto de abrir irrefle-xivamente puertas y permitir des-afueros, pues el consiguiente des-orden traería una reafirmación au-toritaria tal vez menos inspirada enlos fines de bien público que animana este Gobierno.

El fenómeno de la participaciónha de darse en medios y circunstan-cias en que ella sea posible. Tene-mos así que los sindicatos van atener presumiblemente una partici-pación real en el sentido de que susdirigentes harán oír la voz de lostrabajadores, se acercarán a la em-presa en procura de mejores condi-ciones ambientales, salariales y so-ciales para sus compañeros, y en-cabezarán a éstos en las próximasnegociaciones colectivas. Hay po-sibilidades de que elementos sub-versivos perturben el diálogo entresindicatos y empresas, frustrandolos objetivos de las directivas sin-dicales serias. Sin embargo, la rea-lidad del trabajo y el género de re-lación entre los trabajadores y laempresa o entre los propios trabaja-dores como asociados a una labor,forman un marco de hechos concre-tos, de necesidades apremiantes yde juicios prácticos, en el cual nocabe la divagación, sea ésta políticao ideológica, y en que la acción dedirigentes conocedores del contex-to económico en que actúan debierabastar para una negociación laboraleficiente, así como para una convi-vencia fecunda entre los elementosde la empresa.


EL TEMA ESTUDIANTIL

Nuestras columnas han estadoadvirtiendo con extraordinaria in-sistencia acerca de la Universidad yde los estudiantes. Sabemos que allíresiden la fuente de la cultura na-cional, el poder moldeador de lasgeneraciones, el núcleo de los diri-gentes intelectuales del país y, enlos momentos de malestar, el ex-plosivo social y político que desa-fía gobiernos y estructuras.

Ha cundido últimamente la ideade la participación estudiantil, fe-nómeno que hace resucitar viejasfórmulas reformistas universitariasy que evoca pasadas situacionestempestuosas que afectaron a losclaustros y a toda la vida nacional.

El Gobierno descubrió la moda-lidad adecuada para que los traba-jadores de cada empresa se organi-zaran en sindicatos y se prepararanpara una actividad laboral intensa,profesional y llena de expectativas.

El tema estudiantil es diferente.Por de pronto, los jóvenes carecenen general de los apremios familia-res que recaen sobre los trabajado-res y, aunque los tengan, ellos nopueden satisfacerse sino muy res-tringidamente dentro de la comu-nidad universitaria. Constituir a lasorganizaciones de estudiantes encentros de lucha y exigencia frentea las autoridades es confundir lapugna natural entre quienes parti-cipan de un determinado producto(caso del sindicato y de la empresa)con un grupo humano que ocupasus mejores años en formarse inte-lectualmente, en adquirir los hábi-tos de disciplina moral y científicay en prepararse para un futuro des-empeño fecundo en las actividadessuperiores de la comunidad. En

ciertas circunstancias grupos de es-tudiantes suelen ser reclutados porlos agitadores ideológicos paraque se sumen a una lucha insensatacontra sus maestros, identificandoa éstos con un sistema social y po-lítico que supuestamente la juventuddebería repudiar.

Si la organización sindical pare-ce indispensable como instrumentode defensa de los salarios, las tenta-tivas de organización gremial de losestudiantes merecen serias dudas.Estos últimos no corren peligro al-guno de sufrir mermas en sus ingre-sos como consecuencia de su des-organización gremial y, en cambio,al asimilarse consciente o incons-cientemente a los sindicatos, dejanentrar las pugnas por el poder yaceptan una política que resultatanto más perniciosa cuanto que losimplicados en ella no tienen nadaque perder ni en sus afirmacionesdemagógicas ni en sus lucubra-ciones revolucionarias.

Debe insistirse en que la Univer-sidad tiene fines propios consis-tentes en el cultivo y difusión de laciencia. Ahora bien, entre los culti-vadores del saber intelectual cabendiferencias de principios, mas nopugnas de intereses, como ocurreen el campo de la política o delmercado. De ahí que tanto en lasgrandes universidades norteameri-canas como en las universidadessoviéticas las preocupaciones de lajuventud son el estudio —y muchomás que en las grandes competen-cias deportivas— la pugna por su-perar marcos de investigación, decreación o de comprensión.

De ahí que parezca un tanto ana-crónica y, desde luego, reñida conel modelo económico y social envigencia esta participación estu-


diantil, que, en el hecho, puedecomportar la introducción de la po-lítica en la Universidad y la excusapara que los mejores talentos juve-niles se empleen en la dialécticapartidista en vez de consumir sushoras en formarse como hombres,como intelectuales, como científi-cos, como profesores, como profe-sionales.

El tema de la participación en elcampo de los trabajadores signifi-ca una cosa muy concreta: sus re-presentantes deben actuar a la horade las dificultades reales entre unhombre y su empleador, o entre to-dos los trabajadores y su empresa.

La participación estudiantilplantea dificultades en la medidaen que se la conciba olvidando quela primera tarea de los estudiantes yde toda la Universidad es luchar díay noche por el estudio. En los paísesgrandes el estudio no aparece comouna posición de tímidos y confor-mistas, sino como la conducta ne-cesaria de quien se llama precisa-mente estudiante. De este modo, enlugar de vagas inquietudes y degrandes palabras vacías, los univer-sitarios almacenan la capacidad in-telectual que van a poner despuésal servicio de los demás y de ellosmismos.

¿Política en la Universidad? Enlas grandes facultades no debierahaber tiempo para la política. Loscurrículos de las carreras importan-tes, las exigencias de la investiga-

ción y del aprendizaje no dejan es-pacio para la actividad partidista,salvo en casos muy excepcionales.Lo normal será que la política cons-tituya un producto ajeno a la Uni-versidad, introducido a ella por ma-nos también ajenas.

Nuestro país está dando grandespasos en un camino sensato, que noresulta popular en el mundo de hoy,pero cuyos logros de paz y bienes-tar están quedando a la vista. Esecamino sensato consiste en el res-peto a la naturaleza de las cosas yen empeñarse, por tanto, en conver-tir la economía en economía, elsubsidio en subsidio, el empresarioen empresario, el trabajador en tra-bajador, es decir, exigiendo a cadaactividad y a cada persona el resul-tado o la responsabilidad que lesson propios. La Universidad y, engeneral, la educación habían sidodesnaturalizadas en un largo pro-ceso de desquiciamiento. Pareceoportuno que las concepciones eneste campo guarden coincidenciacon el camino sensato que habla-mos. La participación estudiantilpuede ser conveniente o inevitable,pero lo verdaderamente importan-te es que la vida de los estudiantessea llenada por la propia Universi-dad, en término de que ellos apro-vechen el tiempo precioso de quedisponen y de que esta última searealmente el centro de ciencia y deirradiación intelectual que el paísnecesita.


El valor de la función pública(4 de febrero de 1979)

Víctima de un accidente, al derrumbarse el balcón de su casa de descanso,fallece el Alcalde de Santiago Patricio Mekis Spikin, quien anteriormentehabía desempeñado el cargo en Rancagua, y había sido también diputado.

La Semana Política

EL VALOR DE LA FUNCIÓN PUBLICA

El inesperado fallecimiento delAlcalde de Santiago, don PatricioMekis, ha sacudido a la ciudadanía,poniendo en evidencia los grandesméritos cívicos del desaparecido,que nadie ignoraba en lo que atañíaal círculo de los intereses y predilec-ciones de cada cual, pero que mos-traron toda su vastedad y profundi-dad cuando vino a faltar el Alcalde.

Mucho podría seguirse dicien-do sobre esta personalidad sobresa-liente sin agotar sus valores, perotal vez sea oportuno insistir en elsentido ejemplar que tiene la con-sagración plena del señor Mekis ala función pública. En alguna for-ma, todos en Rancagua y en Santia-go recibieron algo de él, y ello ocu-rrió porque supo dedicarse al biencomún.

No faltan servidores del puebloo del Estado en sentido abstracto,atentos más al ejercicio del poderque al servicio de los demás. Con-cebir, por eso, la función públicacomo una manera de atender a lasnecesidades de cada una y de todaslas personas que forman una comu-nidad es dar a aquélla un rango su-perior y delinear la figura de quienla ejerce, del funcionario, del servi-dor público, con los atributos másnobles y generosos.

Don Patricio Mekis, un modelode servicio del interés público, supoen realidad atender a la gente decarne y hueso y entendió que el biende un pueblo está constituido porprincipios jurídicos y por cuantifi-caciones económicas, pero que enconcreto se compone de paz, dealegría, de bienestar y de vida.

El servidor público Patricio Me-kis no fue un burócrata. Literal-mente hizo más inspección y acciónen el terreno que meditación en elescritorio. Entendía su papel comoel de un animador, movilizador ycoordinador de energías antes quede un tramitador de documentos.

El alto funcionario Patricio Me-kis no se oponía a las iniciativassino que estaba pronto a canalizar-las, y no atacaba los obstáculos asus planes sino que los soslayabacon soluciones de alternativa. Suamplia labor municipal estuvo mar-cada por un dinamismo y una capa-cidad realizadora que eran profun-damente respetuosos de la libertadajena y en que los ciudadanos seveían sumados al trabajo común envez de restados o rechazados por laautoridad.

El desaparecido Alcalde de San-tiago aparece hoy como modelo nosólo para cualquier autoridad edili-cia o cualquier autoridad en gene-ral, sino también para el más mo-


desto de los funcionarios públicoso municipales. El ha mostrado en lapráctica la elevada dignidad de lafunción pública, el sentido huma-no de la misma y la oportunidadque ella ofrece de servir al bien co-mún en la persona de cada uno delos solicitantes o de quienes se rela-cionan de cualquier modo con elque está investido de una funciónpública.

La muerte fulminante de donDiego Portales hizo ver al país conespecial transparencia las líneas se-veras del edificio jurídico y políticode la República, permitiendo quesurgieran herederos y seguidores encuyos hombros continuó y perduróla gran construcción.

En otra escala, la brusca desa-parición del Alcalde don PatricioMekis en plena labor creadora pa-rece hacernos evidenciar no tan sólola magnitud de su obra, sino el sen-tido y el valor de la función públi-ca en una sociedad libre. En vez deatender a las abstracciones, ocupar-se de la gente real; en lugar de ata-car y de humillar, conciliar y atraer;en vez de oprimir, liberar; no servirlos intereses propios sino los públi-cos; ejercer la justicia sin fariseís-mos ni legalismos obstruccionis-tas; respetar a todos y trabajar sindescanso por el bien común. He aquíalgunos de los rasgos que caracteri-zaron la conducta del Alcalde Mekisy que, si en él tuvieron una expre-sión particularmente completa e in-tensa, no son por cierto monopoliode su persona.

EL FUNCIONARIO ENESTE RÉGIMEN

La transformación que se estáoperando en el país no se reduce a

aumentar la órbita de acción de losparticulares y disminuir el tamañodel sector público. Va mucho másallá. Mira a incrementar efectiva-mente la libertad de los ciudadanosy a cambiar por tanto la relaciónentre ellos y el Estado. Se tiende adejar atrás los paternalismos, diri-gismos y proteccionismos. Se buscatratar al ciudadano como personaadulta y dueña de su destino.

Lo dicho no implica que el sectorpúblico deba batirse en retirada niaceptar que se desconozca la im-portancia de las grandes funcionesdel Estado. Muy por el contrario,eliminada mucha actividad insubs-tancial o innecesaria, se vigorizanlas ramas decisivas de la actividadpública. Un caso concreto es el delos alcaldes. Del papel virtualmen-te simbólico que tuvieron casisiempre en anteriores épocas, losnuevos alcaldes han pasado a serlíderes de su comunidad y enrique-cedores de la vida urbana de susconciudadanos. A medida que laparticipación de los vecinos seacentúe en los municipios, éstos ylos alcaldes serán cada vez un nú-cleo más vigoroso de vida cívica.

El funcionario público habrá deprepararse para coadyuvar al desa-rrollo de la sociedad libre. Imbuidoen la necesidad de servir a las per-sonas que solicitan apoyo o que ha-cen valer derechos, el funcionariopuede desempeñar una misión en-noblecedora para él y absolutamen-te positiva para la comunidad. Bus-cando aliviar la vida de los ciuda-danos y cumplir muy responsable-mente su propia tarea, el servidorpúblico obtendrá el reconocimien-to social que necesita y la compen-sación económica a que tiene dere-cho. Cuando el mal de la burocracia


se supere y la función pública vuel-va a la plenitud de su antiguo pres-tigio, el Estado, el municipio, elempleado público o municipal vol-verán a considerarse en su dimen-sión verdadera, es decir, como pro-motores del bien, de la dignidad yde la libertad de las personas.

LA CAMPAÑA DEDESBUROCRATIZACION

Bajo esta luz positiva parece en-focarse el proceso de desburocrati-zación que encabeza el Ministrodel Interior, don Sergio Fernández,asesorado por los expertos deODEPLAN.

Aumentar la eficiencia de losservicios, liberar al ciudadano delas trabas burocráticas innecesariases contribuir al desenvolvimiento deuna sociedad libre.

Dicho proceso no puede confun-dirse con el simple hostigamientode los funcionarios y con una des-valorización moral de sus serviciosal país. A la inversa, desburocratizarimplica elevar la función pública,quedándose con lo que ella tiene deindispensable y más valioso, con loque sirve de veras al bien común.

Siempre será necesaria la funciónpública para reunir las energías dis-persas y para moverlas hacia un ob-jetivo que no logran alcanzar losparticulares aislados. Este es, por lodemás, el sentido propósito de laexistencia del Estado y de la autori-dad civil. Pero en la medida en quela acción funcionaria sea más des-cubridora de nuevas metas, más di-námica y diligente, más liberal serárespecto de los ciudadanos particu-lares, pues éstos actuarán por elprestigio de aquella acción y no porel solo temor a sanciones.

En un esquema como el que estáentrando en vigor, lo normal es quela Administración haga fe en losparticulares, atendiendo a que lagran mayoría de las personas secomporta correctamente y es cum-plidora del orden legal. De estemodo, la acción fiscalizadora y re-presiva se concentrará eficazmenteen los sectores minoritarios sor-prendidos violando la ley. En vezde una fiscalización preventiva quedeja inevitablemente escapar in-fracciones, es preferible una ejem-plar sanción a los delitos que efec-tivamente se descubran usando unaparato fiscalizador especializado.

Nadie ha pretendido que la cam-paña de desburocratización sea unaespecie de inversión en los térmi-nos según la cual el fiscalizadorse convierte en fiscalizado y el la-drón andaría tras el juez. No se tra-ta de llevar adelante una cierta de-magogia que, aparentando favoreceral ciudadano común, denigre y de-prima al funcionario correcto uofenda a los servicios o a los jefesde éstos.

Se trata de imprimir un nuevoespíritu a los funcionarios y ser-vicios públicos, encaminado a laatención de las necesidades concre-tas de los ciudadanos y al logro dela mayor eficiencia en el otorga-miento de los beneficios que se re-claman de la Administración. Es unespíritu de respeto a los solicitantesy de búsqueda de las mejores solu-ciones a las demandas legítimasde éstos. El papel, el trámite y elrequisito no han de convertirse enfines sino considerarse medios di-rigidos a la satisfacción expedita delas necesidades y justos requeri-miento de las personas. En la mis-ma medida en que tales medios no


cumplan su fin propio, habrán decambiarse por otros o suprimirse.

El nuevo espíritu ha de ser desuperación de las limitaciones in-útiles y de las trabas que injusta-mente recaen sobre la libertad delos ciudadanos. Debe ser de alientoy empuje a la iniciativa, a la perso-nalidad y a la responsabilidad delos particulares, así como de sanciónimplacable a los que burlan la ley.

La desburocratización marcha apasos cortos porque tiene que dete-nerse en muchos detalles del fron-doso bosque administrativo. Supo-ne a veces medidas que parecen ac-cidentales a primera vista. En fin,la tramitación de las resolucionesdesburocratizadoras tropieza nadamenos que con la propia burocra-cia, que las hace objeto de reparos,enmiendas y tardanzas. Todo estodetermina que la tentativa de sim-plificar las operaciones del Estadoy demás entes públicos, orientán-

dolos al servicio de las necesidadesreales y concretas de las personas,aparezca apenas bosquejada y enuna fase incipiente.

El espíritu y el carácter de es-ta reforma se harán más visiblescuando funciones enteras pierdan suobjeto. Ya ha ocurrido esto en granescala en el Ministerio de Agricul-tura, bajo la dirección eficaz de sutitular, señor Alfonso Márquez dela Plata. Es posible que en otrasáreas deba ocurrir algo análogo.Demostrada no sólo la inutilidaddel trámite sino de la oficina que loexige, la simplificación llegará máshondo y será más completa.

En último término, la desburo-cratización es el nuevo espíritu delservicio público: atención directa delos asuntos y la solución definitivay expedita de los problemas. La fi-gura del Alcalde Mekis fue una en-carnación viva de ese nuevo espí-ritu.


Libertad de expresión en el futuro institucional(18 de febrero de 1979)

Con ocasión del Día de la Prensa, se recogen expresiones del PresidentePinochet al respecto durante su gira al norte del país, y se critica alanteproyecto constitucional en lo que se refiere a la libertad de expresión.

La Semana Política

S.E. Y LA PRENSA

El Presidente de la Repúblicasostuvo durante su gira por el nor-te, en Iquique, que la libertad deprensa es un elemento esencial dela normalización institucional. Suspalabras, con ocasión del Día dela Prensa, recogieron la doctrina deun viejo consenso chileno acercade la necesidad de informaciónamplia, opinión y crítica indepen-diente.

"Después de la primera etapade nuestro Gobierno, que por la na-turaleza de la situación exigía res-tricciones fácilmente comprensibles—dijo S.E.—, la actividad perio-dística se ha ido desarrollando pau-latinamente con mayor normalidad,dentro de la evolución cada día másfavorable de nuestro frente interno".El mérito de esta afirmación, sincontar su realismo, es que vinculael curso favorable al despliegue in-formativo con las metas institu-cionales de un Chile democrático,grande y, sobre todo, verdadera-mente libre".

El Gobierno, según el Presiden-te Pinochet, se ha esforzado en crearlas condiciones para que florezcala libertad de expresión, "aceptandocomo necesaria y hasta indispen-sable la existencia de una críticaque, aunque a veces injusta, contri-

buya a remediar los errores quepueden presentarse en nuestra vidapública".

El pensamiento del Primer Man-datario sobre la función periodísti-ca no contiene, pues, ninguno delos elementos perturbadores queaún subsisten en la realidad de lospreceptos legales o bien en la con-cepción teórica relativa al futuroinstitucional del país.

La contradicción que ello supo-ne señalada en numerosas oportu-nidades por los organismos perio-dísticos, tiene sin embargo un sig-nificado altamente positivo: la nor-malización conducida por el Jefedel Estado ha caminado más rápi-do, incluso, que el reemplazo de laspreceptivas legales diseñadas parael período de emergencia; hoy díano es posible negar de buena fe queexiste un flujo informativo crecien-te y un intercambio cada vez másabierto de opiniones públicas. Noobstante, como se ha dicho tantasveces, la sola existencia de algunasleyes y bandos que autorizan a me-didas discrecionales en contra dela prensa causa daño irreparable einnecesario que desfigura el con-vencimiento libertario del Gobierno,cuando no impulsa a tomar algunamedida aislada contra un órganode comunicación sin que éste poseamecanismos legales a los cuales


acudir para una revisión de dispo-siciones adoptadas tal vez injusta-mente o con demasía.

Una definición inconfundible,como la del Presidente, hace pen-sar, afortunadamente, que los obs-táculos normativos que persisten se-rán rápidamente removidos para unamejor coherencia entre la realidadque vive la actividad periodística yel marco legal por el cual ella se rige.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN ELFUTURO INSTITUCIONAL

Reafirmar los conceptos bási-cos sobre libertad de expresión esahora de mayor importancia, porquese acerca el debate sobre el futuroinstitucional, y también el veredic-to del país sobre el proyecto cons-titucional definitivo que debe seracordado por el Presidente de laRepública y la Junta de Gobierno.

El anteproyecto, que estudiadesde noviembre pasado el Conse-jo de Estado, ha sido destacado enestas columnas como un intento se-rio de configurar un régimen ins-titucional en libertad y con plenaparticipación ciudadana. En él, lasgarantías constitucionales de laCarta de 1925 se ven reforzadas porcontenidos nuevos sobre derechoshumanos, contrapesos a la autoridadpresidencial —que el mismo an-teproyecto aumenta—, por un tra-tamiento del orden público econó-mico que no existía, y por el cierrecategórico a los totalitarismos asícomo al terrorismo.

Los valores del anteproyecto sonmuchos y de consistencia, aunqueadmiten crítica fundada en variospuntos específicos, ya insinuados enel debate público de los últimosmeses. Entre los que deben enmen-

darse, desde luego, sobresale lo re-ferente a la libertad de expresión, ala vez reconocida y negada en lapráctica en la proposición formula-da por la comisión de estudios de lanueva Constitución.

Como se ha señalado en unapresentación conjunta del Colegiode Periodistas, de la AsociaciónNacional de la Prensa y de la Aso-ciación de Radiodifusoras de Chile,el articulado propuesto reconoce,efectivamente, la libertad de opinare informar sin censura previa, perose contradice a sí mismo al facultara los tribunales para prohibir opi-niones o informaciones en térmi-nos genéricos —en cuanto a lascondiciones para fijar las sancio-nes—, lo cual significa un tipo decensura previa manejado por la ma-gistratura, sin que el articulado tipi-fique lo sancionable y sin que sefijen plazos a la penalidad.

Como bien lo advirtió el Presi-dente Pinochet en Iquique, los me-dios de comunicación no puedenservir de vehículo a falsedades, in-trigas y odios que en Chile socava-ron gravemente la convivencia de-mocrática. Nadie pretende impuni-dad para los delitos que se puedencometer por medio de la prensa;nadie desea la invasión cobarde a lavida privada de las personas; nadieestá dispuesto a confundir la libreexpresión con el negocio pornográ-fico; nadie aceptaría privilegios parala prensa, pero otra cosa muy dis-tinta es extraer de algunas prácticaslamentables del pasado, una reac-ción exagerada, verdadera camisade fuerza para la información enlugar de aplicar soluciones jurídi-cas lógicas, que las hay, con el finde castigar con rapidez y eficacialos delitos de prensa.


La confianza manifestada en estamisma oportunidad por S.E. "en lasolidez espiritual de los periodistaschilenos, en su vocación auténtica,en su patriotismo", pone un certeropunto de apoyo para revisar con al-tura, sin animosidades, esta materiadelicada que define una caracterís-tica esencial del régimen demo-crático. Despejado un aspecto cla-ramente objetable como éste, en lasinstancias que correspondan, el de-bate institucional se canalizará deinmediato hacia los puntos centralesde la iniciativa destinada a superaren definitiva el período de emer-gencia con bases seguras de parti-cipación ciudadana democrática.

No debe olvidarse que el mar-xismo trabaja con propaganda "slo-gans" más o menos sofisticados,pero huye de la verdadera informa-ción, aquella que provoca reflexión,y forma puntos de vista consistentes,conciencias libres, críticas e inde-pendientes, como las que en Chilesupieron ganar la batalla contra laamenaza totalitaria. Las tinieblasorganizativas del partido moscovitase mueven cómodamente en am-bientes restrictivos de la libertad deexpresión. A diferencia de España,por ejemplo, Chile ha sabido tras-pasar rápidamente las limitacionesnaturales de la emergencia de 1973,ganando en esta etapa la posibilidadde conjugar un régimen autoritariocon una ciudadanía consciente e in-formada, y que se prepara, gradual-mente, para el restablecimiento delos valores y mecanismos cívicosquebrantados.

EL SECRETO DEL CONSEJO DEESTADO

El Consejo de Estado recibió el

anteproyecto constitucional el 31 deoctubre pasado. Desde esa fecha hadespachado el estudio de los capí-tulos relativos a bases de la institu-cionalidad, nacionalidad y ciudada-nía y garantías constitucionales. Eltrabajo es complejo, ya que se con-sideran con frecuencia aspectos deorganización de los poderes públi-cos y, al mismo tiempo, deben revi-sarse cerca de 150 observacionesescritas presentadas por organismosde estudio, profesores universitarios,ex parlamentarios y particulares.

Sin embargo, el interesante aná-lisis institucional que lleva a caboel Consejo —integrado por perso-nalidades relevantes de la vida na-cional y con diferentes matices deopinión— no trasciende a la ciuda-danía en virtud del secreto que rigepor reglamento sus deliberaciones.

Es muy escasa la informaciónque existe sobre la labor del Consejode Estado en los casi tres años enque ha examinado importantes pro-yectos de ley para elevar sus con-clusiones al Ejecutivo. Las disposi-ciones recientemente dictadas sobrearanceles profesionales, por ejem-plo, fueron estudiadas por el Con-sejo, sin que haya trascendido suparecer sobre esta materia, que hasuscitado una fuerte controversia.Tampoco se ha conocido el informesobre el trabajo del organismo ela-borado hace algún tiempo por supresidente, señor Alessandri.

Es evidente que el Ejecutivo re-cibe el aporte del valioso y repre-sentativo conjunto de opinionesexpresadas en el Consejo, pero alimponer secreto sobre ellas impideque graviten naturalmente sobrela ciudadanía. Esta situación seríaespecialmente lamentable si conti-nuara en la discusión del tema


institucional. Hay que recordarque la Comisión de Estudios queredactó el anteproyecto tambiénfue afecta a silencio, creándose asíla más falsa idea sobre una virtualunanimidad previa en sus integran-tes y limitando la posibilidad deque hombres públicos experimenta-dos hubieran conocido sus textosoportunamente para haber hechollegar a la misma comisión susaportes —sin perjuicio de los quefueron llamados con este objeto—,dando lugar así a correcciones in-mediatas, que habrían mejorado unproyecto muy deseable en sus con-cepciones básicas.

La creación del Consejo de Es-tado obedeció al interés del Eje-cutivo de "ampliar el campo" dequienes hasta entonces interveníanen las resoluciones por adoptar,como lo admitió en su ceremonia

de constitución el presidente del or-ganismo de consulta. Transcurridoel tiempo, modificadas favorable-mente muchas circunstancias polí-ticas, puede ser el momento de re-visar también el sigilo impuesto altrabajo del Consejo, en bien de unamayor participación ciudadana quepuede ser beneficiada con las opi-niones muy escogidas que allí sevierten.

Esta decisión abriría, sin duda,nuevas posibilidades al consensociudadano, el que debe ser expresa-do por el nuevo texto institucionalcon la oportunidad suficiente paraque el debate público se canalicepor aspectos de fondo —y no de-masiadas formalidades, como pare-ce estar ocurriendo—, los que ilus-trarán la decisión de la Junta deGobierno en la presentación al paísde un proyecto definitivo.


Un difícil proceso de comunicación(15 de julio de 1979)

En una intervención por cadena de radio y televisión, el 1 de julio, elMinistro del Trabajo, José Pinera, anunció la dictación de 5 decretos leyesdestinados a reformar la legislación laboral en materia de constituciónde sindicatos, negociación colectiva y derecho a huelga, protección contramonopolios, subsidio por contratación de mano de obra adicional y regula-ción de asociaciones de empleadores. Además se modificó el Acta Consti-tucional número 3, en lo relativo a la libertad de trabajo y su protección(Diario Oficial, 5 de julio), y se confeccionó una tabla para comenzar conlas negociaciones colectivas en las empresas.

La Semana Política

UN DIFÍCIL PROCESO DECOMUNICACIÓN

El Plan Laboral está ya lanzado,pero habrá de transcurrir un tiempoantes de que los trabajadores y losempresarios asimilen su espíritu yaprendan su mecánica. No es fácilhacerse cargo en pocos días de unalegislación completamente nueva,que tiene muy variados aspectos yrepercusiones, y que regula un am-plísimo sector ciudadano en mate-rias que inciden vitalmente en lospresupuestos familiares de los tra-bajadores, así como de toda la po-blación.

La dificultad de comprensiónes mayor que en otros asuntos, pordos razones, entre otras: la primera,porque la opinión pública sólo co-nocía el esquema conceptual delprograma, pero ignoraba por com-pleto las disposiciones específicasque han entrado en vigor; la segun-da, porque el Plan afecta interesesfundamentales de personas y gru-pos, los que, muy explicablemente,dan a conocer sus quejas, sus pro-

testas y sus asombros, contribuyen-do a inquietar a los terceros que nohan tomado posición en el problema.

De paso habrá que decir que só-lo los ilusos podrían soñar en queun programa de esta naturaleza nosuscitara resistencias y críticas. Másaún, parece sano que los afectadosy heridos manifiesten su parecer,contribuyan a aclarar o rectificarlos posibles errores que se hayancometido y, en fin, subrayen queesta transformación profunda de laeconomía y de la sociedad tieneun costo que sería erróneo olvidar omenospreciar.

La realización de esta clase deplanes suscita a veces, en las jerar-quías medias o bajas, una actitud dedescalificación del adversario, queresulta del todo inconveniente. Lareforma agraria no sólo afectó pa-trimonialmente a los agricultores,sino que se implantó bajo califica-tivos deprimentes para los empre-sarios agrícolas, tachados entoncesde feudales, oligarcas, explotadorese improductivos. Con menos vio-lencia, algunos corifeos de la aper-


tura al comercio exterior y la nuevapolítica económica emplearon talvez demasiado a menudo el califi-cativo de ineficiente para el em-presario chileno, que al cabo demuy poco tiempo ha demostradouna capacidad extraordinaria paraadaptarse a las nuevas condiciones.Pues bien, es necesario que ahora latacha de privilegiados para los tra-bajadores del cobre —independien-temente del hecho de que el tratoconstitucional excepcional de quegozaban era un privilegio objetivo—o la ofensa personal a los viejosdirigentes sindicales se vaya deste-rrando del debate. Es injusto y has-ta perjudicial ahondar las heridasque el programa inflige por sí mis-mo.

Pero, en medio de las inevitablesincomprensiones y de los apasiona-mientos propios de las circunstan-cias, el Plan Laboral debe avanzaren el conocimiento público, en lacomprensión de los verdaderos be-neficiados con el sistema.

Este punto no es sólo caracterís-tica del Plan Laboral, sino de casitodos los programas importantesdel actual Gobierno. En vista de latrasmutación de valores y hábitosque ellos implican, las autoridadesprefieren operar literalmente porsorpresa y copar las defensas de losintereses creados antes de que hayanpodido tomar las armas. De estemodo, muchas decisiones definiti-vas se han adoptado sin que el pú-blico las conociera antes de su pu-blicación en el Diario Oficial o eninformaciones de prensa que dejantestimonio de hecho consumado.Aunque dicha táctica difiera de lasnormas y prácticas habituales en laconvivencia política, forzoso es re-conocer que ha permitido estructu-

rar un esquema económico y socialque mira a solucionar los problemasnacionales de fondo, sin atender alos puntos de vista de los círculosparticulares.

Este último aspecto es positivo,pero ofrece un inconveniente quedebe registrarse. Mientras mayoresson la novedad y la profundidad delas reformas emprendidas, más po-sible es que se distancien del Go-bierno los círculos que conformanla opinión pública, puesto que prác-ticamente todos los intereses prote-gidos por el antiguo sistema, desdelos políticos hasta los sindicales,pasando por la gama de los intere-ses económicos, sufren en algúnmomento la acometida. Entre tanto,los actuales o futuros beneficiadoscon el nuevo sistema -trabajadoresde base, personas en extrema po-breza, sectores no apadrinados po-líticamente, etc.- no tienen conoci-miento del alcance concreto de lasmedidas del Gobierno mientras quesufren las consecuencias de la to-davía difícil situación económica.

En un comentario editorial for-mulábamos algunas sugerenciasprácticas, luego de hacer presentela falta de llegada a la gran masa demensajes verdaderamente educati-vos y explicativos acerca del PlanLaboral, materia que, por su na-turaleza, escapa a las tareas perio-dísticas.

Lo que se dice del Plan Laboralresulta aplicable a los demás gran-des planes del Gobierno. Los regí-menes no se apoyan en sus perspec-tivas futuras ni en su sola fuerza.Requieren de opinión pública. Unsistema profundamente transfor-mador encuentra aliados entre losque beneficia y sólo por despren-dido patriotismo puede atraer a al-


gunos de los que perjudica. De ahíes que, a falta de una deseable co-municación a través del debate pú-blico previo a las decisiones, no lecabe al Gobierno otro camino querealizar una labor formativa e in-formativa directa en los niveles ba-jos y masivos de la población,allá donde los medios de comuni-cación social no llegan o trans-miten otro género de informacio-nes.

OTRA VISION DE LASRELACIONES LABORALES

Debe esperarse, pues, un largoproceso de comunicación y de de-bate acerca del Plan Laboral en to-dos los planos.

Para la opinión pública puedeser tal vez interesante que se tomeen cuenta un punto de partida ele-mental para formarse juicio sobreel problema.

La visión habitual de las rela-ciones entre empresarios y traba-jadores ha sido la de un sistemaestático, es decir, de un productoque permanece más o menos igual-cuando no se deteriora- y que debeser disputado palmo a palmo entredos bandos en guerra: los capitalis-tas y los asalariados. Esta concep-ción, de la cual partió el propioMarx, como era lógico en su tiempo,supone un concepto artificial declases sociales divididas sólo por elproceso de producción y, además,un concepto de dicho proceso queno se aviene a la realidad de hoy.La imagen de la torta que se tratade repartir es ilustrativa acerca dela inmovilidad del proceso que estáen el trasfondo de la antigua nego-ciación colectiva y de la organiza-ción sindical.

En dicha concepción estática, ladeterminación de quién es el que sequeda con una porción más grandede la torta tiene que estar entrega-da a la fuerza de cada uno de losdos supuestos contrincantes. En estaperspectiva, el Plan Laboral apare-ce como un instrumento para debi-litar o desmenuzar la fuerza de lostrabajadores que -según la mismatesis- debería manejarse en un puño.

Sorprende que esta interpreta-ción no se maneje tan sólo por mar-xistas confesos o subrepticios, sinopor toda una variedad de políticos yobservadores que, a veces sin que-rer, reflejan algunas ideas que hanpasado a ser moneda corriente yuniversal, aunque están marcadascon el sello de una posición doctri-naria bien definida.

El Plan Laboral parte de unaconcepción dinámica de la econo-mía, que supone el crecimiento delproducto gracias a los diversosagentes económicos. Sostiene, enprincipio, que el factor óptimo deaumento de remuneración de losagentes económicos es la producti-vidad de los mismos. Se apoya,además, en la realidad de un sistemade competencia. De ahí, entonces,que la antigua lucha por las porcio-nes de la torta carezca de sentido si,en el fondo, se traduce, ya sea en unaumento de los precios que despla-ce a la empresa del mercado, ya seaen un desaliento de cualquiera delos factores de producción que hagaperder su productividad al conjunto.

No se trata de una pintura idíli-ca de las relaciones laborales queignore las oposiciones de interesesdentro de la empresa. Muy por elcontrario, esta concepción aceptauna multiplicidad de conflictos po-sibles, alejándose del esquema bi-


lateral y maniqueo de dos bandosexcluyentes y enfrentados. Tampo-co rechaza la tesis a que nos referi-mos el que existan incompatibilida-des, injusticias y luchas en estecampo. Sin embargo, ella lleva im-plícito el concepto de que el interéscomún de los agrupados en la em-presa tiene más valor que los inte-reses parciales que los divide.

En concreto, el Plan Laboral su-pone que el interés común dentrode la empresa es la subsistencia dela misma en condiciones de com-petir en el mercado. De este hechoelemental depende la remuneraciónde todos los factores productivos,es decir, del capital, administracióny trabajadores. Supone, también,que el interés verdadero de losmencionados factores o de los sub-factores (técnicos, jefes medios,etc.) no es expropiar a los otros,porque cada cual sabe que su poderde acción es limitado y que no puedereemplazar a los demás. Por tanto,la discusión de remuneraciones seefectúa en términos reales, en tér-minos de asignación correcta de losrecursos disponibles para premiarla productividad, en términos eco-nómicos, técnicos y no políticos.

Hablando de productividad pue-de temerse que los trabajadoresmenos calificados y, por eso, mu-chas veces menos significativos en

el proceso de producción, van a es-tar desamparados por el sistema.Esta aseveración es inexacta, a me-nos que se pretenda que, a travésdel sistema sindical y de negocia-ción colectiva, las empresas bonifi-quen o subsidien a ciertos trabaja-dores más allá de lo que objetiva-mente merece la labor de estos úl-timos. Tal subsidio no sería justo,porque sacrificaría la remunera-ción de otros trabajadores o de otrosagentes productivos, o porque per-judicaría la productividad de la em-presa. Lo natural es que los chile-nos que no alcancen a ganarse lavida en su empleo reciban una ayudade carácter social, pero que no gra-vite sobre sus compañeros de la-bor o sobre su fuente de trabajo. Esperturbador, en cambio, que seconfíe la atención de este problemaal sistema de negociación colectiva,con perjuicio de trabajadores yconsumidores.

El Plan Laboral puede analizar-se en muchos de sus aspectos par-ciales, pero es posible que no seacepte su fondo, a menos de excluirla visión estática de la economía yla tesis marxista de la lucha de cla-ses. Entretanto, más abajo de lo quellamamos opinión pública, corres-ponde que el Plan Laboral se co-nozca por quienes deben manejarloy aprovecharlo.


Siete metas sociales básicas(16 de septiembre de 1979)

En su mensaje del 11 de septiembre, el Presidente de la República señalasiete metas en materia de modernización de instituciones básicas: reformalaboral, reforma previsional, mejor acceso a los servicios de salud,reorientación de la educación, desarrollo rural, modernización judicial yreforma administrativa.

La Semana Política

GOBIERNO DE MODERNIZACIÓNNACIONAL

"Habiéndose alcanzado ya algu-nas de las metas estrictamente pro-pias de la reconstrucción nacional,el actual Gobierno pasará a ser ple-namente un Gobierno de moder-nización nacional", anunció S.E. enel Mensaje del martes 11.

Los discursos que pronuncia elPresidente Pinochet ante el país enesas solemnes ocasiones tienen elcarácter de una cuenta de la marchade la nación y de un proyecto haciael futuro. En esta oportunidad, lacuenta fue especialmente precisa ydetallada en los anexos del Mensa-je, pero este último revistió casi to-talmente el carácter de un plantea-miento político.

Especial importancia reviste elrasgo de modernización que S.E.le atribuye a su Gobierno. Como lodice el propio Mensaje, la renova-ción empezó desde el mismo 11 deseptiembre de 1973, pero ya puededistinguirse el término del caminode la reconstrucción y divisarse ní-tidamente el camino de la moderni-zación.

La modernización está expresa-da en las siete metas sociales bási-cas, sin perjuicio de que también se

manifieste en la apertura y libera-ción de la economía, en el ritmo deldesarrollo económico, en la presen-cia de nuevas generaciones en losmandos de las empresas y de losservicios públicos y, por último, enla aplicación de ideas y tecnologíasmodernas en la Administración Pú-blica, en las empresas del Estado yen los negocios particulares.

El llamado del Presidente de laRepública a que se comprenda laetapa de modernización que vive elpaís es mucho más que una retóri-ca destinada a justificar la prolon-gación del régimen militar. Por elcontrario, el concepto obliga a to-dos, empezando por los más altosniveles, a una conducta que excluyalas improvisaciones, los tanteos aciegas, los divisionismos irraciona-les y las rencillas de pueblo chico.El país está tomando altura en lomaterial y necesita elevar la jerar-quía de las preocupaciones y de lasformulaciones. La modernidad im-plica el trabajo con ideas y procedi-mientos racionales, envuelve losconceptos de ciencia y tecnología,significa una cierta claridad en lasmetas, transparentada en el estilo yen las palabras.

Corresponde, sin duda, al Go-bierno y a los elementos más res-


ponsables que lo apoyan crear unclima propicio para el trabajo comúnde los chilenos en pos de las grandesfinalidades de desarrollo integral delpaís comprendidas en la moderni-zación.

Sería equivocado, por ejemplo,que las autoridades se contentarancon el indudable respaldo populardel Gobierno, desdeñando el posibleenfriamiento de los grupos altos ymedios superiores. Una visión rea-lista de nuestra sociedad obliga apensar que en estos últimos secto-res reside la opinión pública en elhecho y que allí están generalmentelos elementos más críticos a la vezque más dinámicos. No hay que ol-vidar que la izquierda tradicionalvino a ser eficaz cuando logró in-corporar a sus filas a elementos jó-venes de esos sectores, a través delMIR, del MAPU, de la IzquierdaCristiana, de los grupos técnicos yprofesionales de los partidos Socia-lista y Comunista u otros. Del mis-mo modo, la capacidad realizadoraefectiva del actual régimen dependede la contribución del elemento máscalificado a través del ejercicio delas responsabilidades públicas asícomo la activa cooperación al Go-bierno.

Ahora bien, la atracción que de-be ejercer el régimen sobre la masade los elementos pensantes requie-re de actitudes cada vez más imbui-das de racionalidad. La sola fuerzadel mando y la respetabilidad moralparecerían no bastar si el régimennecesita asegurarse la colaboraciónde valiosos elementos independien-tes más allá del eminente grupo detécnicos y profesionales que des-empeña con brillo los cargos públi-cos más importantes. La palabradiálogo sufrió cierto deterioro por

el exceso del empleo político quede ella se hizo en otros tiempos,pero no estaría de más que el con-cepto (aún con otro vocablo) se dieramás frecuentemente en la vida pú-blica de hoy. Parece necesario ex-plicar, fundamentar, informar y ha-cer participar, abandonando en loposible las consignas fáciles y re-petidas así como las afirmacionestajantes y enfáticas. El Gobierno demodernización tiene que ser de ve-ras un Gobierno moderno, conce-bido para hombres plenamente li-bres y dispuestos a presidirlo en unatarea transformadora que desarrolley afiance esa libertad.

SIETE METAS SOCIALESBÁSICAS

Uno de los aspectos importantesabordados en el último Mensaje esla decisión de ir a una instituciona-lidad social que armonice con sussimilares en lo económico y en lopolítico. Con ello se continúa elproceso de grandes transformacio-nes iniciado hace seis años.

Durante este período, las modi-ficaciones económicas se han idocompletando con mayor celeridadpor razón de urgencia en resolverlos problemas heredados y, tal vez,porque existían un esquema y unequipo humano adecuados para lle-varlas a la práctica. En los aspectossociales y políticos no se había ad-vertido un progreso al mismo rit-mo hasta el Plan Laboral en mar-cha, cuyo éxito inicial resulta pro-misorio.

Siete grandes áreas, algunas deellas abordadas en sus problemasmás graves durante el últimosexenio, conforman el campo de in-terés de la nueva institucionalidad


social que aspira a crear las condi-ciones para avanzar hacia la prácti-ca efectiva de la libertad en todoslos campos de la actividad de loschilenos.

Lo económico constituye unmedio y no el fin último que puedellegar a condicionar toda nuestravida en sociedad. Sin embargo, esinnegable que la vinculación es-trecha entre el desarrollo econó-mico y el social plantea exigenciasmutuas a las estructuras que secrean.

La legislación laboral y la refor-ma de la previsión aparecen comodos áreas fundamentales dentrode la tarea que ahora se enfrenta demanera más decidida.

Hace tres meses el país conoció,en el Plan Laboral, entre otras, lasnormas que se refieren a la sindica-lización y la negociación colecti-va, esperándose que durante el añopróximo la reforma previsional seauna realidad. Será necesario, ade-más, abordar otras materias paracompletar el cuadro institucionalque regule las relaciones del tra-bajo y las formas de protección alsector pasivo.

El mejor acceso a los servicios desalud y la reorientación de la edu-cación son dos objetivos adiciona-les que se propone la nueva institu-cionalidad social.

Durante los últimos años ambostemas han sido tratados con signifi-cativos avances respecto de la si-tuación heredada. Falta, sin embar-go, crear las estructuras capaces dehacer realidad las ideas contenidasen las directivas generales que sehan impartido.

La salud y la educación, en sudoble calidad de derecho funda-mental y requisito indispensable

para mejorar el rendimiento delfactor trabajo necesitan de una es-tructura adecuadamente descentra-lizada y flexible, capaz de atender atodos los sectores y responder a lasexigencias de un dinámico creci-miento económico.

El desarrollo rural, única mane-ra de enfrentar los problemas queaquejan a una importante propor-ción de quienes viven en situaciónde extrema pobreza, debe ser la res-puesta positiva a problemas que lasreformas agrarias fueron incapacesde atender.

La estructuración de un poderjudicial que se adapte a la nuevarealidad que el país comienza a vi-vir parece una de las tareas másindispensables pero a la vez máscomplejas. No sólo es un problemade recursos, que por cierto existe,ni de su adecuada administraciónque tal vez podría mejorarse. Haynecesidad de una modernizacióncompleta de las estructuras y pro-cedimientos que permitan adminis-trar justicia con rapidez, eficacia y acostos accesibles a la mayoría ciu-dadana.

Finalmente se plantea la necesi-dad de seguir avanzando en la re-forma administrativa que no puedecircunscribirse sólo al ámbito dela regionalización. Es fácil darsecuenta de la enorme tarea que sig-nifica llevar adelante la nueva ins-titucionalidad social. Ella, sin em-bargo, es indispensable por razo-nes de principios y también porquela institucionalidad económica,basada en esos mismos postulados,arriesga perder parte de su eficien-cia si se mantiene el desequilibrioque hasta ahora se ha observado en-tre ésta y los valores humanos ysociales.


HACIA LA INSTITUCIONALIDADINTEGRAL

El programa de la modernizaciónimplica integrar en una las tresinstitucionalidades básicas, la eco-nómica, la social y la política.

El Mensaje pone el acento enla igualdad de oportunidades, prin-cipio en virtud del cual toda perso-na puede alcanzar el más ampliodesenvolvimiento de sus potencia-lidades y aptitudes, sin más lími-tes que los de su capacidad o de suesfuerzo efectivo. S.E. se refiere enseguida al robustecimiento de la li-bertad de decisión de las personas,es decir a la libertad económica,educacional, de sindicación, de se-guridad social, de atención de lasalud y otras semejantes, que sonesenciales en la vida diaria de losciudadanos.

Establecidas tales libertades seráfactible el camino hacia una verda-dera y sólida democracia política.En este aspecto el Mensaje es cate-

górico: la democracia es la formanormal de gobierno más adecuadaa nuestra tradición y a nuestro mo-do de ser. "Puedo asegurar —ex-presó S.E.— que estamos buscandola forma de generar el poder polí-tico con la más amplia participa-ción ciudadana, pero sin repetir lasexperiencias del pasado ni resta-blecer la esencia del sistema an-terior...".

La institucionalidad integralpermite considerar a las profundastransformaciones ya hechas y a lasque vienen como partes del mismoproceso institucional, cuyo coro-namiento habrá de encontrarse enlos textos constitucionales que con-sagren la futura democracia. Elafianzamiento de la libertad en elplano económico y en el social de-berá completarse con el afianza-miento de la libertad política. Elsentido programático del Mensa-je envuelve pues grandes tareas ygrandes y precisas responsabili-dades.


Los comunistas(25 de noviembre de 1979)

Como parte del debate en torno al proyecto de nueva Constitución, seobserva la necesidad de un pronunciamiento claro y categórico que dejefuera de la institucionalidad al comunismo.

La Semana Política

LOS COMUNISTAS

Durante el desarrollo del debateconstitucional que se ha iniciado,se hace necesario buscar algunasunanimidades, algunas coinciden-cias que sirvan de punto de apoyopara el edificio institucional que seproyecta.

Tal vez la primera de las aproxi-maciones ciudadanas sea la voca-ción democrática de Chile, la con-ciencia del valor de la persona y desus derechos. Los chilenos resistennaturalmente la dictadura totalita-ria, la presencia de una ideologíaque, desde el poder, se infiltra enlas conciencias, dispone de las vo-luntades y maniata las iniciativas.

El comunismo aparece como laúnica ideología totalitaria que ha-ya prendido en algunos sectoreschilenos. No hay otra. Ni el nazis-mo ni el fascismo ni ninguna otraideología heredera de Hegel o deNietzsche ha tenido verdaderoarraigo en Chile. El verdadero peli-gro totalitario en Chile se llama co-munismo.

Obviamente, al emplear la pala-bra comunismo lo hacemos en unsentido muy amplio, que compren-de no sólo a los que practican laciega obediencia a las jerarquías deMoscú, sino a ciertos socialismos,izquierdismos independientes y

hasta izquierdismos cristianos quepredican la subversión, la sociali-zación y, en último término, la co-lectivización de las cosas y de laspersonas.

Mientras el Gobierno y el paísestaban absorbidos por graves ur-gencias materiales y políticas, eltema del comunismo había dejadoel primer plano de la actualidad.Sin embargo, bastó que se publica-ran las amenazantes declaracionesdel ex senador comunista VolodiaTeitelboim y se advirtiera la voz delos comunistas en algunas organi-zaciones laborales, para que la opi-nión pública quedase alertada. Laconclusión es clara y muy signifi-cativa: el comunismo totalitario noha perdido nada de su odio y de sufuerza destructora; el comunismototalitario está presente en el país yse ha infiltrado en muchos y respe-tables sectores; el comunismo debeser puesto moralmente y de hechofuera de la ley porque no puede ha-ber genuina convivencia demo-crática con el enemigo innato de lademocracia.

Muchas serán las materias pordebatirse respecto de la futura ins-titucionalidad, pero resulta indis-pensable que el sentimiento demo-crático chileno no sea nuevamenteengañado y conducido a las puertasde la dictadura comunista. Las nue-


vas instituciones tendrán que sos-tenerse e inspirarse en una concep-ción democrática y, por tanto, en laexclusión inevitable de los enemi-gos de la democracia, que son pre-cisamente los comunistas.

La influencia comunizante nose expresa con toda claridad en lasprimeras etapas de la subversión.Son otros elementos políticos losque esgrimen banderas idealistas,humanitarias y benevolentes. Estosúltimos profesan a veces sincerasconvicciones democráticas. En otroscasos, su verdadero propósito es to-talitario.

De una manera u otra, la ofen-siva comunista empieza con la de-fensa de causas nobles en el campolaboral o universitario, pero detrásde las presentaciones públicas derespetuosa disidencia o de los actosde protesta efímeros actúa la impla-cable maquinaria comunista, la delas células ocultas, la que utiliza elespectáculo artístico o cualquiergenero de comunicación social parasembrar la subversión.

El régimen militar chileno ha si-do clara y ostensiblemente opues-to al comunismo, pero su rigor nobasta para impedir la disimuladaacción extremista en muchos cen-tros de poder. De ahí la necesidadde la convicción ciudadana gene-ralizada acerca del peligro comu-nista y del conocimiento de las tác-ticas y de los fines del partido tota-litario.

Los comunistas han tenidosiempre a otros que les abren laspuertas y les preparan el terreno. Elpaís conoció a los que querían sermás revolucionarios y más dema-gógicos que los comunistas, a losque debilitaban y disolvían las no-ciones de propiedad y de libertad, a

los que iban insensiblemente absor-biendo las consignas totalitarias yadoptando las maniobras que pro-tegían el avance de los comunistas.Si el comunismo se mantiene infle-xible, sus cooperadores también semantienen ingenuos y despreveni-dos. Hay que proteger al país de lostotalitarios y de los que les facilitana aquéllos la tarea.

AFIANZAMIENTO DE LA LIBERTAD

La experiencia política y socialacumulada en nuestra época no ha-ce difícil la crítica de la democracialiberal burguesa. Los vicios, debili-dades y contradicciones de aquéllason evidentes y cualquier expositorinteligente puede deleitar a su pú-blico haciendo una descripción delos fracasos del régimen democrá-tico. Mucho más difícil que estacrítica es el intento de encontrar unafórmula de reemplazo que no me-rezca objeciones o que no esté ex-puesta a fracasos peores.

Los círculos interesados escu-charon con atención los análisis dedistinguidos constitucionalistas ex-tranjeros, un español, un francés ydos uruguayos, que vinieron al paísa dar a conocer sus personales pun-tos de vista sobre la democracia, elparlamentarismo y otros temas dederecho público. Sus intervencio-nes sirvieron para consolidar juiciospesimistas sobre las fórmulas noapoyadas en el soporte autoritario,pero habría sido imposible esperarde esas inteligentes opiniones ex-tranjeras una solución para los pro-blemas políticos chilenos.

Nuestra experiencia nacionalparece indicarnos que el recto ca-mino de solución es el del afian-zamiento de la libertad, entendida


como autoafirmación y autorreali-zación de la persona humana. ElEstado interventor y paternalista,el Estado empresario y el Estadopropagandista, aunque reconozca unimpecable origen democrático,constituyen amenazas contra la li-bertad individual. Esas formas deEstado burocrático, abultado e hin-chado por los grandes presupuestosy los ambiciosos planes son ad-versarias de la libertad y a la vez,debilitadoras de la esencia del Es-tado. En lugar de una acción públi-ca ágil, dedicada a lo substancial,independiente y fuerte, el Estadoimpedido por la gordura burocrá-tica es lento, débil e ineficaz, aun-que aplaste con su peso la libertadde los ciudadanos.

El esquema de libertad econó-mica, que se traduce en el empleoóptimo de los recursos del país, estáproduciendo buenos frutos en elcampo económico propiamente tal.Ahora deberá tenderse a las áreasde seguridad social, educación, sa-lud, justicia y administración pú-blica en general.

La experiencia viva y prácticade la libertad en la conducta diariade un creciente número de chilenosparecería ser el fundamento mássólido de un régimen político libre.La posibilidad de que cada indivi-duo útil viva de su trabajo y de queel país se levante con su propio es-fuerzo, sin que nadie se aprovecheindebidamente del ahorro o deltrabajo de los demás, constituye labase de una auténtica democracia.En cambio, el Estado benefactor yprotector que reparte privilegiosestá siempre cerca del Estado tirá-nico.

El afianzamiento de la libertadtiene como necesaria contrapartida

la reducción de las funciones eco-nómicas del Estado y la transferen-cia de las mismas a los particulares.La experiencia contemporánea in-dica que el despotismo de los Go-biernos no se contiene tan sólo porla triple división de poderes públi-cos, reclamada por Montesquieu, opor el sometimiento de las autori-dades a las leyes orgánicas respec-tivas. Aun en el régimen democrá-tico es siempre posible que los go-biernos obtengan más poder dele-gado, y que el manejo de la econo-mía, de la producción y de la pro-piedad les facilite poderes virtual-mente omnímodos.

El afianzamiento de la libertadpersonal envuelve también necesa-riamente la afirmación clara y defi-nida de la propiedad individual. Lasconcepciones difusas, vacilantes omedrosas del derecho de dominioconducen fatalmente a concepcio-nes colectivistas que sofocan la li-bertad.

La democracia cristiana alema-na de postguerra supo echar las ba-ses de una sólida institucionalidadlibre, afianzando la libertad econó-mica y el derecho de propiedad. EnChile los democratacristianos nosupieron o no pudieron realizar lamisma tarea liberadora. Por esoequivocaron fatalmente su misiónhistórica hasta verse obligados aentregar el poder al Gobierno mar-xista del señor Allende, en vez dehaber cumplido en plena prosperi-dad y con gran ayuda externa elprograma liberalizador que hoy seejecuta en medio de tantas dificul-tades. La segunda base de la nuevainstitucionalidad debería ser, pues,el afianzamiento de la libertadeconómica y de la propiedad pri-vada.


LAS MODERNIZACIONES

En su Mensaje del 11 de sep-tiembre de este año, el Presidentede la República enunció las gran-des metas de modernización delpaís: desburocratización, plan la-boral, nueva seguridad social, di-rectiva presidencial de educación,modernización del agro, liberaciónde la salud y modernización de lajusticia.

Los diversos ministerios estántrabajando separadamente en lascomplejas materias señaladas porS.E. pero conviene que se vean enellas otras tantas expresiones de lanueva institucionalidad y que secomprenda la vital importancia detodas ellas.

El Mensaje Presidencial trazó unmarco de acción y ahora correspon-de a los ministerios la elaboraciónde las normas y programas res-pectivos, así como cabe al ComitéAsesor Presidencial la tarea de fa-cilitar la rápida promulgación de losdecretos leyes respectivos.

Una de las ventajas del régimenmilitar es que está preparado paradecidir y operar con rapidez, almargen de las influencias perturba-doras de las antiguas asambleas ode la pugna de los grupos de presión.Hay que añadir que las característi-

cas del régimen permiten inclusoequivocarse sin mayores riesgos,porque siempre es posible ajustarlas normas de acuerdo a la aplica-ción práctica de las mismas y co-rregir en el camino los programas.Es preferible la precipitación a lainmovilidad. Asuntos tales como lareestructuración universitaria, lareforma previsional, el arreglo dela situación de los magistrados yotros debieran acelerarse para quela marcha hacia la modernizacióncontinúe y, sobre todo, para que elpueblo vea y aprecie el trabajo delGobierno.

La eficacia del régimen no esta-rá nunca en polemizar con sus ad-versarios, sino en sobrepasarlos conlas realizaciones y con el ímpetutransformador del país. En la medidaen que la obra no sigue con el mis-mo ritmo, es decir, cuando el Go-bierno no se desburocratiza lo bas-tante o no se descarga el Estado deinversiones innecesarias, o no sereforma la seguridad social, la saludy la educación, renace la polémicacontingente y reviven los antiguosprofetas. Por eso, las metas de lamodernización también son indis-pensables para la nueva institucio-nalidad, en tanto que la demora y larutina son los más peligrosos ad-versarios del Gobierno.


Avances en varios frentes(10 de febrero de 1980)

Se hace un recuento de las leyes que el Gobierno ha promulgado duranteel mes de enero y parte de febrero, destacando especialmente aquellasrelativas a los seguros, a la Marina Mercante y a las asociaciones gremia-les (que reemplazan a los Colegios Profesionales). En la segunda partese refiere a las modificaciones a la legislación que disolvió los partidospolíticos, y al problema del activismo político.

La Semana Política

AVANCES EN VARIOS FRENTES

El Gobierno ha promulgado du-rante este verano numerosas leyesimportantes que revelan su decisiónde avanzar en las modernizacionesplanteadas en septiembre del añopasado.

En todas ellas se advierte, nue-vamente, un hilo de pensamientoorgánico, cuyo vigor político seimpone en materias difíciles y muydisímiles. La Ley de Seguros y lade Marina Mercante estaban para-lizadas por una discusión engorrosa,prolongada durante años, y llegaronahora a buen fin. En educación sehan adoptado decisiones básicas. Eltraspaso de responsabilidades en losaspectos técnicos de la enseñanzatécnico-profesional normaliza la si-tuación de 150 mil estudiantes querecibían una formación de calidadbaja, con pobres horizontes ocupa-cionales. El préstamo automáticodel Estado a los estudiantes univer-sitarios sin recursos permitirá nue-vas matrículas en la Universidad,sin subsidios discriminatorios.

Debe ser destacada la Ley deAsociaciones Gremiales, ya que ellafavorece, con disposiciones expe-ditas, la multiplicación de grupos

intermedios entre el individuo y elEstado. Las actividades profesiona-les, los oficios y las ramas de pro-ducción o de los servicios, que has-ta ahora dependían del Ministeriodel Interior para cambiar sus direc-tivas, podrán renovarlas desde ahoracon libertad. A continuación de lossindicatos de trabajadores, que fue-ron los primeros, este vasto sectorconformado por las asociacionesgremiales —no menos de mil en laactualidad— comienza a tener unmanejo autónomo, autoridades ge-nuinas y elecciones democráticas.

Son cambios profundos que,junto con modernizar distintos sec-tores de la actividad nacional, lesdan vitalidad independiente de losrecursos y directivas del Estado.

Paralelamente, debe quedar re-gistrado el sacudimiento de la basesocial —¿podrá ser cada vez másfuerte?— por la asistencia directa alos pobres, mediante programas es-pecíficos de pronta eficacia.

Estas perspectivas promisoriastienen que marcar un contraste seve-ro con situaciones difíciles, que se-rían poco notorias si acaso el pano-rama en general no fuera positivo.


El contraste es aún mayor cuan-do queda en evidencia en algunasde ellas la desorientación de la au-toridad sobre las verdaderas cau-sas de los problemas sociales. Unejemplo significativo es la condiciónde las cárceles, cuyo estado es deabandono desde hace mucho tiem-po. Los presos no eran votantes, yesta circunstancia los postergósistemáticamente para recibir aten-ción en períodos de alta politizacióny de fiebre electoral. Pero han pasa-do seis años del actual Gobierno, yla situación en ciertas cárceles, in-cluidas las dos de la capital, es vir-tualmente angustiosa, como quedade manifiesto en fugas repetidas,motines, huelgas de hambre y en ladesgracia evitable de muertos y he-ridos.

Por estas consideraciones, ymientras no se exhiban pruebassólidas de lo contrario a la opiniónpública, es difícil pensar en que estecuadro de anormalidad obedece aconspiraciones promovidas desdefuera de los penales. Confunde, asi-mismo, acudir a explicaciones ex-ternas o mencionar la distribuciónde panfletos subversivos cuando lainsalubridad es radical y el ambien-te carcelario difícil de tolerar. Lológico, más bien, es que la autori-dad resuelva por fin una políticacarcelaria rápida y obtenga los fon-dos que corresponden, para estosefectos, a una emergencia.

EL ORDEN PUBLICO

Otras modificaciones legalespromulgadas en la semana hacenver que el Gobierno está preocupa-do de la mantención futura del or-den público y de la agitación políti-ca, por lo cual trata de precaver los

desbordes de esta naturaleza quepudieran perturbar el debate insti-tucional y la definición sobre elproyecto político del régimen entérminos perfilados que correspon-de efectuar este año.

En virtud de una disposiciónpublicada en el Diario Oficial, fuecambiada la ley que disolvió lospartidos políticos en marzo de 1977.Hasta ahora, las infracciones con-sistentes en actividades políticopartidistas —sancionadas con mul-tas y penas de presidio, relegacióno extrañamiento— daban lugar a lasustanciación de causas según lasnormas procesales especiales esta-blecidas en la Ley de Seguridad In-terior del Estado. En adelante, estasinfracciones serán de competenciadel Juzgado del Crimen correspon-diente, de acuerdo a las reglas ge-nerales, lo cual significa asimilarestos procedimientos a las normascomunes, sin requerir más que eljuez de primera instancia. sea unministro de Corte de Apelaciones,como hasta ahora ocurría. Estecambio es favorable en cuanto ate-núa el rigor de estar regida esta ma-teria por jueces y procedimientosespeciales.

La segunda modificación es mástrascendente: el Ministro del Inte-rior ha quedado facultado para dis-poner la permanencia obligada depersonas en una localidad determi-nada del territorio nacional, por unplazo no superior a tres meses.

Se trata, indudablemente, de unamedida de aplicación discrecionalpor la autoridad política, no some-tida a reclamo ante la justicia or-dinaria. Los motivos que invoca elGobierno para crear una figura deexcepción dentro de la legislaciónsobre orden público, aluden a la


necesidad de prevenir toda ame-naza contra el establecimiento pau-latino de la nueva institucionalidad,que se ha ido alcanzando, segúnuna declaración del Ministerio delInterior, gracias al orden imperan-te hoy en Chile: "una real protec-ción de las iniciativas en marchapara poner integralmente en vigen-cia las nuevas instituciones", conlo cual será posible asegurar esteobjetivo "con firmeza, sin necesidadde apelar inevitablemente a otrasmedidas como la expulsión delpaís, prevista en casos excepcio-nales".

La posición del Gobierno reve-la a las claras que ha primado en suánimo un aspecto práctico: evitarlas expulsiones de chilenos del te-rritorio, medida extrema, dolorosa,que perturba la convivencia y retra-sa la normalización de una situaciónimportante como es el exilio. Prue-ba de ello es que el actual Ministrodel Interior no ha dictado ningu-na resolución de esta especie encasi dos años, precisamente porqueel orden público no se ha visto alte-rado.

Las autoridades buscan una pre-caución que debe estar fundada ensus antecedentes sobre futuros mo-vimientos de los partidos marxistas,y por el probable despuntar de al-gunas situaciones perturbadoras delorden público que resultarían lla-mativas, sean éstas de orden calle-jero, o bien que se produzcan enlugares claves, como las universi-dades.

Hay un género de activismo po-lítico desaforado, que no es mani-festación de disentimiento por lasvías normales, y que no llega, tam-poco, a ser subversivo en términosgraves, hasta el grado de afectar la

estabilidad del Gobierno. Si estoúltimo ocurriera, los responsablesserían sancionados con el rigor de lalegislación vigente. Pero el activis-mo político violento, en cambio, queorganiza manifestaciones calleje-ras sistemáticas, que ocupa recin-tos y que consigue alterar la nor-malidad, aunque sea de modo másaparente que efectivo, tiene un pe-ligroso efecto de contagio.

En Chile, el fenómeno fue es-pecialmente notorio desde 1968en adelante. Las "tomas" de escue-las, universidades y predios agríco-las degeneraron rápidamente enel aflojamiento del orden público.Cuando la Unidad Popular llegó alpoder, las brigadas marxistas arma-das y el MIR no hicieron más queaumentar incesantemente la ruptu-ra del orden público y del Estadode derecho, hasta colocarnos alborde de la guerra civil, provocan-do el colapso del régimen institu-cional.

El problema del orden públicono puede, pues, mirarse con ópticasantiguas. Las distintas fraccionesdel marxismo, y particularmente elPartido Comunista, han obtenidoen todos los países del mundo éxi-tos considerables con el acelera-miento del desorden público, cuan-do éste no es reprimido con firmezaen sus orígenes. La situación en ca-si toda Centroamérica es elocuente,sin menospreciar las otras causascoadyuvantes de la crisis en esa re-gión.

Entre nosotros, tanto la oposiciónradical al régimen, como aquellossectores que propician, dentro delGobierno, medidas de fuerza paraalejar la normalización institucional,se ven favorecidos por el desorden,por mínimo que éste sea al comien-


zo, puesto que saben que llegará aser mayor con rapidez y obligará amedidas durísimas de grave efectopolítico.

ANTÍDOTOS DE FONDO

Las facultades discrecionales sonmuy difíciles de justificar; salvo enperíodos transitorios. De ahí queesta nueva legislación no se entien-da sino en el cuadro de una reso-lución tajante, del Gobierno poravanzar este año en la definiciónde la institucionalidad política y delrégimen de derecho total y conse-cuente.

En relación también con la dis-posición citada, es preciso señalarpor anticipado que existen diversasnociones de orden público. La apli-cación de las facultades discrecio-nales entregadas al Ministro del In-terior deben comprenderse, en todocaso, referidas al contenido tradi-cional que ha prevalecido en Chilesobre esta materia. Sería grave, porejemplo, que alguna autoridad po-lítica pretendiera en el futuro acudira esta legislación para sancionarperturbaciones al orden público co-metidas —según juicios más subje-tivos— mediante órganos de expre-sión, en una cátedra universitaria oen cualquier lugar en que el pen-samiento político se exprese en for-mas adecuadas al disenso y respe-tuosas del orden jurídico vigente.Las facultades recién entregadas nopueden extenderse al campo de si-tuaciones regidas por normas preci-sas que se conforman con sancio-

nes decretadas por los tribunalesordinarios de justicia.

La gestión del actual Gobiernoha superado largamente las fasesque sucedieron a la emergencia yse enmarca ahora en normas obje-tivas más que discrecionales. Aun-que el efecto de estas facultades ex-traordinarias sea conocido, delimi-tado, y no corra tampoco peligro deconvertirse en ocasión de excesos,conviene que se precise de antema-no su ángulo de aplicación.

Con todo, el antídoto más eficazpara prevenir las perturbaciones delorden público radica en el propioGobierno, mediante una resoluciónadecuada de los grandes temas deconflicto en que la oposición desa-fiante puede encontrar móviles jus-tificados para torcer en sectores de-terminados la voluntad de aquellamayoría sensata que desea sin dudauna evolución favorable del régimenactual.

Las universidades pueden ser unode estos focos en el año académicoque se inicia. Se han acumulado allíproblemas, y los sectores académi-cos más serios sienten el efecto deun largo período en que han estadoajenos a la resolución de sus orien-taciones fundamentales. La nuevaley universitaria debe devolvercuanto antes a los planteles de en-señanza superior esa autonomíaesencial que les corresponde, y quevan obteniendo progresivamentediversos otros sectores del país, ta-les como los trabajadores sindica-lizados, y ahora las asociacionesgremiales.


Corrientes de opinión(30 de marzo de 1980)

El 21 de marzo el Presidente Pinochet, junto a su comitiva, inicia un viajehacia el Lejano Oriente, pasando por Isla de Pascua para luego continuarhacia las islas Fidji.El viaje debió ser suspendido en ese lugar, al conocerse la noticia de que elGobierno de Filipinas cancelaba la invitación a ese país para el Presidentechileno.El hecho provoca airadas reacciones en Chile, y el Presidente Pinochet esrecibido con una gran manifestación pública. Días después se le solicita larenuncia al Ministro de Relaciones Exteriores, Hernán Cubillos, quien esreemplazado por René Rojas Galdames.

La Semana Política

CRISIS SUPERADA

Con la designación de don RenéRojas Galdames, distinguido diplo-mático de carrera, como Ministrode Relaciones Exteriores, quedó re-suelta la crisis producida a raíz dela cancelación intempestiva de lavisita de S.E. a Filipinas.

En lo interno, la frustración delviaje provocó la más impresionantemanifestación de apoyo a S.E. Dio,además, lugar a que un grupo decolumnistas de un diario de la capi-tal abriera fuego simultáneo sobreel señor Cubillos. El mismo diarioinformó que personas altamentecolocadas en el séquito de S.E. ha-brían dicho que la Cancillería ocul-tó informes que desaconsejaban lavisita a Manila.

El Canciller Cubillos se respon-sabilizó política y administrativa-mente del viaje, pero sostuvo queno había fallas en la preparacióndel mismo, rechazando categórica-mente la especie de que se hubieranocultado informes.

Por su parte, el Presidente de laRepública aplicó la norma castren-se de la responsabilidad del coman-dante y pidió la renuncia a su Mi-nistro de Relaciones Exteriores. Lamedida fue objeto de comentariosadversos de carácter periodístico, asícomo de parte de las personalidadesconsultadas y de muchos partida-rios del Gobierno. Entre éstos huboexpresiones condenatorias para losque atacaron al señor Cubillos.

La posición de S.E. ha sido cla-ra: él ejerce sus facultades constitu-cionales privativas al separar a unMinistro; nadie, absolutamente na-die, ha influido en esta decisión muymeditada; el Presidente tiene esti-mación por su ex colaborador y dejótestimonio de su gratitud en el dis-curso pronunciado al tomar el jura-mento al nuevo Canciller; la políti-ca internacional no ha cambiado yel gobierno mantiene firmemente laslíneas y objetivos que se trazó enChacarillas, y no hay grupos o ten-dencias que pesen en la voluntadpresidencial.


Este breve resumen del alcanceinterno del episodio filipino puedecompletarse con la impresión de queel caso, en lo externo, va perdiendogravedad merced a las explicacio-nes tardías del Gobierno de Manila.La próxima visita de un represen-tante personal del Presidente Mar-cos enviado a dar excusas directas aS.E. debiera ser el último paso di-plomático de este desgraciadísimosuceso.

Corresponderá ahora al señorRené Rojas Galdames continuar lapolítica exterior definida por el Go-bierno y afrontar las arduas dificul-tades internacionales del país, quese resumen en el aislamiento a quepretenden llevar a Chile.

Si quisiera hacerse el balancedel incidente filipino habría quellegar al siguiente saldo: primero,respaldo popular indiscutible alPresidente de la República comosímbolo de la nación y de su unidad,en términos tal vez pocas veces al-canzados por otros gobernantes; y,segundo, la aparición a la luz pú-blica de una discrepancia importanteentre partidarios del Gobierno. Espropio de los regímenes autoritariosque las posiciones políticas se ex-presen en pequeños grupos. Tal esaquí el caso. Pero el reducido nú-mero de participantes visibles encada una de las posiciones no privade trascendencia a las mismas. Vale,pues, la pena analizarlas.

CORRIENTES DE OPINIÓN

El Presidente de la República seha esforzado por condenar a lospartidos políticos. Ve en ellos elarquetipo de la pasada corrupciónde nuestra vida pública, una causaimportante de la crisis de nuestra

democracia y, en fin, el caldo decultivo de las ambiciones y codi-cias que impidieron el desarrollonormal del país.

Es difícil negar que los partidospolíticos sufrieron graves quebran-tos y que demostraron su ineficien-cia para afrontar los días lamen-tables de la Unidad Popular. Seríainjusto, sin embargo, desconocerque en los partidos políticos de todoslos tiempos militaron chilenos que,inspirados en el patriotismo másprofundo, se consagraron al servi-cio público olvidando interesespersonales. Ciertamente no se re-fieren a éstos las críticas de S.E.

La realidad social en cualquierlatitud y bajo las más diversas ideo-logías se teje de contradicciones ypugnas. Se constituye en la diver-gencia y en la lucha de grupos, ten-dencias y fracciones. Este hechopuede ignorarse, pero emerge co-mo una evidencia a medida que eltiempo transcurre. El partido o elbando es un fenómeno inevitable.

En estos mismos momentos, seancomo corrientes de opinión o comopartidos políticos propiamente ta-les, se están dando tendencias quecorresponden a una determinadaconcepción del país y de la política,así como a una forma de satisfacerambiciones de poder, a todo lo cualno son ajenos los partidarios delGobierno.

Si se quisiera describir a grandesrasgos el panorama político de hoydivisaríamos tendencias o corrien-tes de opinión cuyos postulados sevierten en los medios de comuni-cación y cuyos disentimientos cho-can en público. El Jefe del Esta-do se mantiene por encima de estosdivisionismos, llama a la unidad alos chilenos y realiza su política al


margen de las banderías. Pero lasbandas existen, se mueven y se ex-presan con repercusiones de distin-ta intensidad.

Las corrientes de opinión a quenos referimos no coinciden siemprecon los partidos tradicionales. Sediría, más propiamente, que aque-llos partidos se encuentran supera-dos por las circunstancias. Hay cri-terios de distinción más generales ya la vez más precisos que los pro-gramas partidarios para delinear lascorrientes políticas en pugna.

La primera clasificación entrelos ciudadanos de hoy en materiade posiciones políticas se refiere asu criterio en cuanto al origen delpoder. Hay quienes estiman que elúnico origen de la potestad políticaes el que ostentan individuos elegi-dos por sus conciudadanos y que,en consecuencia, todo régimen mi-litar adolece de falta de legitimidad.Esta corriente de opinión es nume-rosa en Chile. La constituyen desdeluego los que todavía adhieren a lospostulados o principios de la llama-da Unidad Popular, explicablementecontrarios al pronunciamiento mi-litar del 11 de septiembre de 1973.La engrosan también no pocos delos que apoyaron inicialmente alrégimen militar, pero que estimanque el sistema debe refrendarse porel sufragio o que la nueva Constitu-ción y todo el régimen institucionaldebe aprobarse por votaciones a labrevedad posible. En suma, hay unnúmero significativo de ciudadanos—sin duda no predominante— quedesconoce al régimen mismo.

Habrá, pues, que dividir a losciudadanos entre quienes aceptanel régimen militar de acuerdo a lascircunstancias históricas en quesurgió y lo sostienen hasta ahora,

por una parte, y los que, por la otra,rechazan dicho régimen y piden laintervención del sufragio para ge-nerar la nueva Constitución y paralegalizar a las autoridades del Es-tado.

Los primeros no podrían llamar-se propiamente oposición política,desde que no se limitan a contra-decir las líneas o conductas del Go-bierno sino que postulan la supre-sión del mismo y su reemplazo porformas derivadas del sufragio. Co-munistas, socialistas, miristas, ma-pucistas, grupos de izquierda cris-tiana, ciertos radicales y social-demócratas, sectores demócrata-cristianos, pueden entrar en estaclasificación. No están en contrade determinadas políticas del Go-bierno sino que aspiran a reempla-zar a éste.

En el otro sector, probablementehoy más numeroso, se sitúan losque plantean como problema el ori-gen del poder y aceptan, por tanto,el régimen militar, las causas que looriginaron y las que lo prolonganhasta ahora. Son los que hemos lla-mado partidarios del Gobierno.Ellos salieron a la calle el lunes 24a manifestar su respaldo al Presi-dente y, en general, están de acuer-do con la orientación del régimenmilitar.

PARTIDARIOS DEL GOBIERNO

Si excluimos a quienes rechazanel fundamento del régimen militar,es decir, a los que ponen todo elacento en el problema del origendel poder y de la norma legal, nosquedamos con los llamados parti-darios del Gobierno, o sea, con losque aceptan el hecho del 11 de sep-tiembre y sus consecuencias.


Ahora bien, en esta segunda cla-sificación hay también que distin-guir.

Se dan algunos partidarios delGobierno que, en su aprecio porlos valores militares, rehuyen laaportación civil o quisieran redu-cirla a aspectos técnicos secunda-rios. Coinciden, en general, en ciertafe en la intervención del Estado enla economía y profesan confianzaen la regimentación de la activi-dad ciudadana en universidades,medios de comunicación, desarro-llo, tecnología o cualquier otrocampo.

Estos partidarios del Gobiernofavorecen la burocracia centralis-ta y creen que la libertad económi-ca sirve a poderosos intereses na-cionales o extranjeros. Habitual-mente están imaginando conspira-ciones, porque desconfían de la li-bertad.

El estilo político de estos parti-darios del Gobierno se identificacon el rechazo de las normas obje-tivas reguladoras del poder público.A juicio de ellos, el régimen de ex-cepción debiera prolongarse indefi-nidamente. Seguros de la disciplinay de la ética de un régimen monolí-tico, no parecen prever la necesidadde defenderse contra posibles peli-gros de ineficiencia o corrupción.Estiman que el propio rigor autori-tario basta para sanear el sistema,sobre la base de la alta moral pre-dominante en la cúspide, pero no seponen tal vez en el caso de que elmecanismo todo caiga en fallasgraves.

Estos partidarios del Gobiernoacentúan el obvio imperativo dela autoridad pero no les interesala forma en que se ejerza el poder.Propician el poder ilimitado y favo-

recen la regulación estricta de laconducta de los particulares, con-vencidos de que enemigos foráneoso internos se valen de la libre ini-ciativa para conspirar contra la se-guridad nacional, para desnaciona-lizar la economía o para desintegrarel régimen.

La otra corriente de opinión par-tidaria del Gobierno acepta el régi-men y lo respalda categóricamente.No se plantea con urgencia moralel problema del origen del poder.Lo da por establecido desde el 11de septiembre de 1973, pero aspiraclaramente al desarrollo de las li-bertades ciudadanas. Por tal razón,se preocupa de la forma en que seejerce el poder. Cree en la necesi-dad del gobierno fuerte pero no leconvence el autoritarismo ilimitado.Procura descentralizar y limitar alpoder estatal. De ahí el énfasis en lalibertad económica, en la libertadeducacional, en la libertad sindical,en la libertad de prensa y de opi-nión, en el desarrollo de las comu-nidades locales y municipios. Laprivatización de las inversiones delEstado y el repudio a las posiblesarbitrariedades administrativas seencuentran en el camino de esta co-rriente de opinión llamada "blanda",pero que ha probado ser duray responsable cuando le ha tocadoafrontar contingencias políticasconcretas. Esta corriente puede ono interesarse por el problemaconstitucional, pero estará siemprepor asegurar la libertad en las for-mas más realistas posibles.

El Presidente Pinochet descono-ce con energía a los partidos y a losgrupos. Necesariamente habrá deprescindir de los que niegan la legi-timidad del régimen mismo, peroha tenido a menudo que elegir entre


los que ofrecen el camino halaga-dor, aunque frágil, del poder abso-luto e ilimitado, y aquellos de suspartidarios que, velando por la lógi-ca histórica y moral del régimen,plantean el áspero camino del poder

fuerte, impersonal y sometido a le-yes objetivas, camino difícil de re-correr pero más duradero y trascen-dente. La opinión pública espera queS.E. siga optando siempre por estasegunda opción.


Municipalidades distintas(15 de junio de 1980)

A raíz de la dictación de las normas destinadas a regir el traspaso deescuelas públicas, postas de primeros auxilios, cementerios y otros servi-cios dependientes de la administración pública central a los municipios, seanaliza la importancia de esta medida como paso para darle nueva vida ala institución municipal. (EM, 13 junio, pág. 1).

La Semana Política

MUNICIPALIDADES DISTINTAS

La reglamentación del traspasode ciertos servicios públicos a losmunicipios, promulgada esta sema-na, parece ajustarse a criterios deconveniencia práctica y de estabili-dad social indiscutibles; junto conello, se aprecia en sus disposicionesun afán de prudencia que revela elcuidado saludable que se quiereponer en este proceso trascenden-tal, como se ha destacado en lasinformaciones sobre el tema.

El Ministro del Interior, señorSergio Fernández, quien se ha ca-racterizado por la sobriedad y pre-cisión de sus pronunciamientos po-líticos, ha declarado sobre esta fa-se del plan de desarrollo comunalque, "así como la apatía ciudadanaes el mejor caldo de cultivo para eléxito del activismo desquiciador ototalitario, la efectiva participaciónsocial constituye en cambio unode los más sólidos baluartes contraél, a la vez que una palanca básicade una sociedad libre y creadoracomo la que Chile requiere y anhe-la. Hacia ella se encamina la nue-va democracia en progresiva ges-tación, como instrumento de uni-dad nacional, de progreso y de jus-ticia".

El traslado de la administraciónde algunas escuelas, de ciertos hos-pitales, de algunas postas de prime-ros auxilios y de otras entidades deservicio al ámbito municipal, es unhecho relevante, sin duda, que eltitular político del gabinete relacionadirectamente con una mayor parti-cipación social y con el avance delproceso democrático.

Estos conceptos sacudirán aúnmás a los municipios, organismosque parecían entes burocráticos sindestino, lugares de pago de paten-tes o multas, carentes de sentidopara la mayoría de la población,pero que hoy enfrentan el desafíode un cambio profundo y renovador.

En la estrategia del Gobierno, elplan de desarrollo comunal se en-camina al rescate de una organiza-ción representativa de la comuni-dad humana básica que se forma alamparo de un mismo contorno físi-co y de similares condiciones am-bientales. Este rescate de la institu-ción municipal arraiga en una delas tradiciones políticas más fuertesdel país. Recuérdese la importanciade los cabildos coloniales, su papeldecisivo en la hora de la emancipa-ción y su presencia en el historialde la República, con alzas y bajasinevitables, como exponentes del


sentir local, más ligado con intere-ses reales que con desvarios ideo-lógicos.

La descentralización represen-ta en teoría un consenso absolutode la ciudadanía. Sin embargo, lamanera de llevarla a cabo siempreencontró resistencias temibles queconvirtieron en letra muerta las dis-posiciones constitucionales de 1925sobre esta materia.

Igual riesgo se presenta ahoracon la ley recién promulgada, quedebiera ser el pivote para alcanzaruna vigorosa institución municipaly una consistente autonomía local.La interpretación errada del proce-so, justamente por parte de quienesestán llamados a ser sus primerosactores y beneficiarios, puede frenarel ritmo de un cambio que es indis-pensable para eliminar el aparatoestatal desmesurado, centralista yburocráticamente ineficiente quenos caracterizó.

No han faltado, por ejemplo,profesores de trayectoria que venen el traspaso de las escuelas a lasmunicipalidades un deseo del Go-bierno de "autofinanciar" la educa-ción, ahorrando recursos estatales ygravando a los padres de familiacon cargas insoportables. Opinionesde este tenor reflejan no sólo ca-rencia de información, sino tambiéndesconfianzas acentuadas y prejui-cios que costará deshacer. Por depronto, tanto la letra como el espíritudel decreto que faculta los traspasosa los municipios dicen exactamen-te lo contrario de lo que se insinúacomo oculto sentido de esta legis-lación. El decreto establece que elEstado deberá pagar una partidafiscal a las municipalidades parasubvenir a los "gastos de operacióny funcionamiento que irrogue el

servicio transferido". Los objetivosdel decreto no apuntan a ningunaeconomía fiscal por este concepto.Esto se desprende con mucha clari-dad de la disposición que limita elmayor gasto al decir que "el montoanual de dichos recursos no podráser superior a lo que representabasu operación por el organismo delsector público que lo atendía".

En lugar de propender directa-mente al "autofinanciamiento" —queno existe en el mundo, por lo me-nos en cuanto se refiere a la educa-ción básica— el decreto puesto envigencia esta semana persigue in-crementar los recursos de lasescuelas, postas o servicios que re-sulten transferidos con los nuevosingresos provenientes del FondoComún Municipal, formado con elaumento de la contribución territo-rial en beneficio de las municipali-dades y con aportes voluntarios dela comunidad. El objetivo del de-creto, sin duda, es mejorar la cali-dad de los servicios y racionalizarsus costos sin disminuir sus actua-les ingresos, antes bien sumando aellos la coherencia de una gestiónmunicipal que los operará desde elterreno con mayores fondos y conapoyo de la comunidad, como ocu-rre en todos los sistemas educa-cionales más desarrollados delmundo.

AVANCES Y PROBLEMAS

Si bien las municipalidades handespertado del letargo en que esta-ban sumidas y que llevó a señalarsu crisis hacia el final de la décadade 1960, los avances de los últimosaños presentan ciertos contrastes decuidado que conviene tener encuenta.


Si miramos a las finanzas, nocabe duda de que la dictación deldecreto ley 3.063 de 1979 significóun avance substancial que multipli-ca en una vez, por lo menos, losrecursos de todos los municipios ycorrige los desniveles absurdos queexistían entre los ricos y los pobres.Sin embargo, las inversiones muni-cipales representan todavía un por-centaje bajísimo de los gastos tota-les, siendo generalmente apenasun tercio o la mitad del gasto desti-nado a pagar al personal de planta.Algunas municipalidades, como lade Santiago, han mostrado que losrecursos pueden multiplicarse va-rias veces si se busca, como es de-bido, el apoyo de vecinos, comer-ciantes, empresas y beneficiadosmás directos con los planes de de-sarrollo comunal. Ciertas munici-palidades han gestionado nuevasfunciones con espíritu emprende-dor y categoría técnica, pero mu-chas otras se debaten todavía en larutina de un mal concepto adminis-trador, sin perspectiva política nidimensión social.

El mecanismo municipal obteni-do en estos años es seguramente ellogro más destacado. Hay un abismode diferencia entre los municipiosanarquizados por la disputa perma-nente entre regidores y el esquemaen funciones que entrega a los Al-caldes una responsabilidad ampliade gobierno. Las oficinas de plani-ficación y coordinación han cons-tituido otro progreso importante,sobre todo por su vínculo con losSERPLAC regionales. En cambio,la creación de los Consejos Comu-nales de Desarrollo, llamados a re-coger la participación de la comu-nidad —centros de madres, juntasde vecinos, organizaciones comu-

nitarias, actividades económicas ygremiales—, no parece haber lo-grado todavía los frutos que se es-peran de estos primeros cauces derepresentación ciudadana, vitalescomo contrapeso y asesoría de losalcaldes.

La ampliación del marco de ac-ción de los municipios debería tener,entonces, el efecto de una adapta-ción obligada del aparato municipala tareas exigentes como la educa-ción o la salud. El traspaso de esta-blecimientos será ciertamente pau-latino y se medirá con mucha seve-ridad el resultado de los planes pi-lotos de traspaso, pero al extenderseel proceso por todo el país, las mu-nicipalidades serán empujadas haciamejores niveles de conducción y departicipación de la comunidad enellas.

La ley se ha preocupado de cau-telar todas las ventajas y derechosde los personales de los serviciostraspasados, hasta el punto de quese les permite la opción de quedar-se con sus actuales regímenes. Elefecto beneficioso de la competen-cia entre distintos centros para ob-tener la mejor calidad educacionalo la más expedita atención de saludredundará ciertamente en un mejo-ramiento orgánico del "status" delprofesor o del funcionario de salud.En todo caso, la ley es sólo unafacultad que abarca en su aplica-ción un campo enorme de posibili-dades. Es impensable, desde luego,un traspaso brusco y generalizadode la dependencia estatal a la muni-cipal, pero el comienzo del procesopone en marcha, como lo señaló elMinistro del Interior, esa decisiónde cada chileno para "ser actor desu propio destino personal y fa-miliar, aprovechando lo más inte-


gralmente posible las instanciasparticipativas que se le brindan".

PARTICIPACIÓN

El defecto más connotado delgran aparato estatal todavía domi-nante entre nosotros dice relacióncon la dificultad para aplicar la res-ponsabilidad política y funcionariade los empleados públicos.

La fiscalización de 100 mil pro-fesores o de 60 mil funcionarios desalud resulta difícil en la práctica.El sistema de inspectores no repre-senta instancias independientes defiscalización y los responsables po-líticos de cada Ministerio están lejosen Santiago para recibir las quejasdirectas de los padres de familia porel funcionamiento de las escuelas obien de los pacientes mal atendidosen un hospital o una posta de salud.Los sumarios administrativos hansancionado en Chile las conductascontrarias al reglamento, pero nun-ca ha sido posible castigar la leni-dad, la incapacidad o el perjuiciodirecto que ocasiona una funciónmal atendida. El continuo y directoplanteamiento de los problemas antelos alcaldes y el control que éstos

deberán ejercer sobre los serviciospúblicos confiados a su dependen-cia significan un paso resuelto enuna dirección vivificante de res-ponsabilidad funcionaria. Los ma-los alcaldes no podrán resistir lapresión local, y la renovación de-terminará mejores soluciones ymayor autenticidad en la represen-tación de quien debe ser el lídernatural de su comunidad local. Enotros términos, es el principio obli-gado de una nueva fase de partici-pación que, en un futuro próximo,cuando se resuelva la nueva institu-cionalidad política, será la elecciónde alcaldes.

Cuando se está próximo a iniciarun debate público sobre la nuevainstitucionalidad política, apenas elConsejo de Estado entregue su in-forme sobre el anteproyecto cons-titucional al Presidente de la Re-pública, es de la mayor importanciaque la ciudadanía advierta en estehito que es el renacimiento de lainstitución municipal la posibilidadcierta de ir construyendo sobre ba-ses firmes la participación ciudada-na y el funcionamiento de una de-mocracia real, como corresponde alanhelo de la gran mayoría nacional.


Derecho a la libertad responsable(29 de junio de 1980)

En el Hotel Sheraton San Cristóbal se realiza una mesa redonda sobre lalibertad de expresión, referida principalmente al anteproyecto de NuevaConstitución chilena y a lo que en él se propone respecto del tema (EM, 27de junio, pág. 1).Participan en la mesa redonda Arturo Fontaine, Director de El Mercurio;Enrique Ortúzar, Presidente de la comisión redactora del anteproyectoconstitucional; Juan de Dios Carmona, integrante del Consejo de Estado;Emilio Filippi, Director de la revista Hoy, y Alberto Guerrero, Director deldiario La Tercera (EM, 27 de junio, pág. C 2).

La Semana Política

EL DEBATE CONSTITUCIONAL

Con la mesa redonda que patro-cinó la Asociación Nacional de laPrensa sobre el tema "Libertad deexpresión, derecho de todos", se hainiciado virtualmente el debate so-bre la nueva Constitución que de-berá regir al país.

Como lo ha expresado S.E., pa-rece necesario que en la nueva CartaFundamental participe toda la ciu-dadanía. Ello significa la ratifica-ción por plebiscito, previo el análi-sis ilustrado de los principales con-ceptos. Uno de ellos, y por ciertomuy fundamental, es el de libertadde opinión y de expresión.

Quienes asistieron a la mesa re-donda citada o se impusieron por laprensa de las respectivas interven-ciones han destacado la libertad yel alto nivel en que se desenvolvióla discusión. Fue un acto que, desdeya, figura como ejemplo concretode la libertad de opinión existenteen Chile.

Hubo allí consenso en el valor ysignificado de la libertad de opi-

nión, información y expresión, peroen general se vio una tendencia arestringir dicha libertad, por partede los expositores que han partici-pado en los anteproyectos constitu-cionales, en tanto que los exposito-res periodistas se manifestaron par-tidarios del binomio libertad-res-ponsabilidad para quien ejerce talderecho.

El debate dejó en evidencia deque todavía falta mucho análisissobre este problema y que hay ne-cesidad de enfocarlo con la máximaserenidad, bajo el supuesto de quese trata de un elemento esencial parael bien común permanente de todoslos chilenos y no un asunto de par-tido o de mero interés económico.

Desde luego, pese a que el rótu-lo de la mesa redonda indicaba queesta libertad es un derecho de todoslos individuos, el debate apuntóprincipalmente hacia los periodis-tas y los medios informativos.

El campo de la libertad de opi-nión es más amplio que el que apa-rece a primera vista. En la Consti-tución de 1925, los parlamentarios


eran inviolables por las opinionesque manifestaban o por los votosque emitían. Se ignora en este mo-mento si tal disposición ha sido al-terada en el anteproyecto constitu-cional del Consejo de Estado, peroen todo caso hay allí un problemade libertad de opinión que debieraanalizarse. Los parlamentarios dis-frutaban de una libertad absoluta ydel ejercicio impune de dicha li-bertad, con el objeto de no ser ame-drentados ni limitados en el desem-peño de su mandato popular.

Otro aspecto de la libertad deopinión es la que se ejerce en lacátedra, sobre todo en la Universi-dad, y que afecta el avance de lasciencias, a la investigación y a laenseñanza seria. La Constitución de1925 era suficiente para protegeresta libertad de cátedra y no excluíala posibilidad de abusos o delitos ensu ejercicio. Se ignora si los nuevospreceptos han tenido en cuenta esteflanco de la libertad de opinión, tansignificativo para nuestra cultura.

DERECHO A LA LIBERTADRESPONSABLE

Tratándose de la opinión publi-cada o divulgada por cualquier otromedio, también surgen temas quenecesitan análisis.

La libertad de opinión ¿asiste acada individuo que pisa el territorionacional, o al conjunto de individuosque componen el pueblo o la comu-nidad? En otras palabras, ¿quién esel titular de esta libertad?

Parece evidente que ella, comotodas las demás libertades y garan-tías constitucionales, es de carácterindividual, pertenece a la personahumana, es atributo de cada hom-bre y de cada mujer.

El punto tiene interés, porque endiversas discusiones se ha deslizadoque habría un derecho de caráctersocial consistente en recibir la in-formación veraz, oportuna y objeti-va. Los propios periodistas se hanreferido a este aspecto del problemacomo un derecho del pueblo a serinformado.

Creemos que este derecho sociala la información tiene la misma ins-piración ideológica que el dere-cho de los consumidores a ser bienabastecidos a precios convenientes,principio que originó el Comisariatode Subsistencias y Precios y toda laodisea de fijaciones artificiales deprecios y la persecución inútil alacaparamiento y a la especulación.El derecho social a la informaciónjustificaría peligrosas intervencio-nes en los medios de comunicacióna pretexto de que faltan a la veraci-dad u objetividad. Se comprendenlas buenas intenciones de los re-dactores de los proyectos o textosacerca de la materia, pero todoaconsejaría un análisis muy profun-do en torno de las proyecciones quetendría este derecho, cuyo titular nopodría ser otro que el Gobierno, quecualquier Gobierno sin que faltaraen adelante alguno capaz de perse-guir a sus adversarios políticosacusándolos de poco veraces u ob-jetivos, o que fijara normas regu-ladoras de la verdad a través de unComisariato como el que fijó losprecios.

Estas columnas sostienen que elderecho a la libertad de opinión esde carácter individual y que les co-rresponde a todos los individuos porsu calidad de personas. No hay talderecho del pueblo a ser informado.Existe la necesidad de cada hombreactual de informarse lo mejor posi-


ble, y para eso acude libremente abuscar la fuente de sus informacio-nes que le parezca más confiable.Nadie debiera en un país libre pre-ocuparse del derecho social a la in-formación. Cada individuo satisfa-rá esta necesidad como una de sustantas decisiones personales, sinpadrinos, protectores o censores.

Otro aspecto de importancia esel de los medios de información,que necesitaría también mayor aná-lisis.

Algunos advierten el peligroque representan dichos medios y lestratan de poner frenos y riendas. Escierto que existen abusos y delitos,lo que obliga a estudiar una ley efi-caz de castigo ejemplar para los de-lincuentes, incluyendo la respon-sabilidad del medio que admite lacomisión de esos abusos o delitos.Pero una cosa muy distinta es eltemor al volumen e influencia delos medios informativos. Si hayverdadera libertad de opinión e in-formación, los individuos tienentambién libertad para acudir o noacudir a tales o cuales órganos in-formativos. Nadie obliga a los ciu-dadanos a informarse por canalesdeterminados, salvo el caso del mo-nopolio del Estado o de institucionesestatales, como ocurre, por ejem-plo, en los países comunistas. Nocreemos que, en un país libre, elGobierno tenga el derecho de in-miscuirse en la forma en que losciudadanos reciben las opiniones einformaciones, a menos que existaun estado de emergencia que im-ponga esas y otras medidas de se-guridad.

Si el órgano informativo falta ala verdad u objetividad, los indivi-duos lo castigarán con el abandono,sin que sea necesaria la interven-

ción del Gobierno. Si sus respon-sables cometen delitos deberán sercastigados por los tribunales, a re-querimiento del Gobierno o de par-ticulares de acuerdo a la naturalezadel delito respectivo.

Lo que parece no tener base es eltemor al tamaño e influencia de unmedio de opinión, pues esa estaturase la han dado sus lectores o audito-res. En otras palabras, el poder dela prensa y de los demás medios decomunicación que están en manosde particulares son el fruto de lalibertad de los usuarios, respondena la decisión y a la necesidad de losciudadanos. Los gobiernos, por suparte, debieran proteger la libertady el deseo de los ciudadanos, envez de alarmarse.

Hay otra pregunta que hacer so-bre la libertad de opinión, de prensay de información. Se habla del ac-ceso de los ciudadanos a los mediosde comunicación social. Si esa ideasignifica que nadie debiera ser pri-vado de su derecho a informarsepor el medio que adquiera o al queesté conectado, ella no puede sermás razonable. En cambio, si el ac-ceso a los medios informativos in-dicara que cada particular puedeexigir publicaciones que no seanrectificaciones o aclaraciones, elloenvolvería una violación de la li-bertad de prensa. Esta libertad fa-culta para publicar y para no publi-car. Exigir a un diario una publica-ción, invocando la libertad del ciu-dadano, es lo mismo que exigir pa-saje gratis en ferrocarril invocandoel derecho a trasladarse de un puntoa otro del territorio.

Finalmente, cabría señalar eltema del acceso a las fuentes deinformación, punto que requeriríade un extenso análisis y que ha sido


la causa principal de los grandesdebates acerca de la prensa en losEstados Unidos, a propósito de lasfiltraciones de secretos militares ypolíticos.

LA CONSTITUCIÓN AVANZA

El cambio de ideas sobre liber-tad de opinión muestra que es con-veniente el análisis del tema. Igualpuede ocurrir con el resto de lasproposiciones del Consejo de Es-tado.

La Junta de Gobierno estudiahace mucho tiempo sus propias fór-mulas constitucionales, pues a ellale corresponderá ejercer en defini-tiva el poder constituyente, con ra-tificación plebiscitaria.

La afirmación del Presidente dela República de que habrán de par-ticipar todos en las fórmulas cons-titucionales no sólo deja abierto eldebate público sino que precisa

que el texto definitivo será el queapruebe la Junta de Gobierno.

Lo que ocurre con la libertad deopinión e información puede su-ceder en otros aspectos de la CartaFundamental. El informe del Con-sejo de Estado será un elemento muyvalioso para el poder constituyente,pero la ciudadanía tiene derecho asolicitar análisis o rectificaciones delos puntos propuestos por el men-cionado Consejo.

El país sabe que las metas esen-ciales del régimen militar son esta-blecer una autoridad firme en la ca-beza del Estado y una amplia liber-tad real de los individuos en la basede la sociedad. Espera, pues, que eltexto constitucional que rija en elfuturo exprese sin contradiccionesni vacilaciones esas grandes metas.Ellas justifican generosamente lossacrificios y trabajos de las FuerzasArmadas y Carabineros, así comode todos los chilenos.


Análisis de una crisis(13 de julio de 1980)

El artículo se refiere al informe elaborado por el Consejo de Estadorespecto del anteproyecto constitucional que fue sometido a su estudio. Sedetalla lo que este informe dice acerca del pasado constitucional y lascausas de la crisis de los años 70-73.El informe del Consejo de Estado, presidido por el ex Presidente JorgeAlessandri, junto con el proyecto constitucional entregado por dicho Con-sejo fueron publicados en un suplemento especial de El Mercurio el 9 de juliode 1980. El día 10 se publica el texto del voto de minoría presentado porlos consejeros Pedro Ibáñez y Carlos Cáceres (EM, 10 julio, pág. C 6).

La Semana Política

FORMULACIÓN DE PROYECTOSCONSTITUCIONALES

El informe del Consejo de Esta-do acerca del anteproyecto consti-tucional iniciado en la ComisiónOrtúzar contiene reflexiones inte-resantes sobre otras experienciasde proyectos chilenos de constitu-ciones.

Sostiene desde luego el informeque ni la Constitución de 1833 ni lade 1925 fueron estudiadas en asam-bleas elegidas por el pueblo. La del33 fue aprobada por 20 notables, delos cuales 14 eran parlamentarios,pero en el hecho, según el Consejode Estado, fue estudiada y redacta-da por una comisión de siete miem-bros, entre los cuales sólo Egaña yGandarillas tuvieron decisiva inter-vención.

La de 1925 fue estudiada por unacomisión designada y presidida pordon Arturo Alessandri Palma.

"En los tiempos que corren y da-da la experiencia acumulada —ase-vera el informe del Consejo— resul-ta incongruente pretender que legis-

lación tan delicada pueda ser obrade una asamblea".

Luego el informe trae a colaciónel hecho de que en distintas oportu-nidades, vigente ya la Constituciónde 1925, el propio Congreso reco-noció tácitamente la imposibilidadde estudiar y despachar materiascomplejas, al delegar sus facultadeslegislativas en el Presidente de laRepública, pese a que tal delegaciónno estaba autorizada en aquellaConstitución, pues sus redactoresrechazaron una iniciativa del Presi-dente don Arturo Alessandri Palmaen tal sentido.

Con estos antecedentes, el Con-sejo llama a la reflexión a quieneshan pretendido confiar a una asam-blea de elección popular la misióndelicadísima de redactar y aprobarla Carta Constitucional. La compo-sición política de aquella asambleay la orientación de su voluntad de-penderían de las reglas que se esta-blecieran para elegirla. Estas reglasno tendrían por qué ser más ni me-nos discrecionales que las que ge-neraron las comisiones que dieron


nacimiento a las constituciones de1833 y 1925. Por último, el resulta-do jurídico del debate asambleísticotampoco debería ser más racional yjusto que el que arroje la reflexiónde algunos hombres prudentes lue-go de un debate público sobre losproyectos.

ANÁLISIS DE UNA CRISIS

Parece casi innecesario decir quelas posibles aspiraciones a asam-bleas populares constituyentes hanquedado hoy fuera de discusión,desde que existe un anteproyectoconstitucional que dará base para elnecesario análisis de los problemasimportantes de nuestra convivenciacivil.

Es reveladora la interpretaciónque hace el Consejo de Estadoacerca de la génesis de la crisis de1970-1973. Dicha interpretaciónilustra acerca de las líneas genera-les del proyecto.

El informe anhela un Ejecutivofuerte, como "autoridad central di-námica, eficiente y honesta", podercuya eficacia se remonta a los me-jores tiempos de la época colonial ycoincide con los períodos de gran-deza de la República, pues la Cons-titución de 1833 recoge tal princi-pio. El esfuerzo por limitar el poderpresidencial es constante a lo largode nuestra historia y culmina enla revolución de 1891, al establecerun parlamentarismo de fació. LaConstitución de 1925 es un nuevoesfuerzo de restauración de la auto-ridad presidencial, que viene a serdesvirtuado, porque no se acogie-ron todas las ideas de don ArturoAlessandri Palma en el proyectoaprobado, lo que permitió que lossectores contrarios a la autoridad

presidencial desfiguraran las nor-mas. A esta labor desquiciadoraprestaron colaboración eficaz lospartidos marxistas.

Según el informe, "la llegada alpoder de estos partidos" tuvo porcausa principal el "mal uso delibe-rado que se hizo del sistema".

Una segunda causa de la crisissería "la nefasta acción desarrolladapor ciertos medios de expresión".La práctica deliberada de la calum-nia y la mentira dificultaba a la ciu-dadanía para distinguir entre hom-bres públicos honestos y deshones-tos. De ahí que, "salvo honrosasexcepciones, los ciudadanos demayor capacidad y rectitud prefie-ran mantenerse alejados de toda ac-tuación pública".

La obra perniciosa de ciertosmedios de expresión habría, pues,alejado de la política a muchos va-lores.

Una tercera causa de la crisis re-sidiría en la "politización de gremiosy sindicatos", que permitió la con-fusión de intereses, iniciativas e in-fluencias en términos que compro-metieron el progreso económico, lapaz y la justicia.

Oposición al poder presidencial,desbordes de ciertos medios de in-formación y politización sindicalserían los factores de una de lasmás hondas y graves crisis que hasufrido la República.

CONSECUENCIAS DEL ANÁLISIS

La interpretación del informeacerca de dicha crisis explica lasseveras limitaciones a que quedansometidos el Congreso y sus miem-bros en el anteproyecto; el mecanis-mo represivo que establece respectode la prensa y demás medios de


comunicación social; y el régimende inhabilidades e incompatibilida-des que trata de impedir que losdirigentes sindicales actúen en po-lítica y que los políticos sean úti-les en la vida sindical.

La concepción del nuevo sistemaes que los frenos y debilitamientosde los factores negativos debieranevitar un nuevo desastre institucio-nal.

Puede decirse que hay amplioconsenso en cuanto a las ventajasdel régimen presidencial chileno yde la necesidad de que el ordena-miento jurídico se funde en la au-toridad central, vigorosa e imperso-nal del Presidente de la República.

Pocos objetarán la tesis de queel debilitamiento de la autoridadpresidencial coincidió con lospeores tiempos del país, en tantoque los períodos claramente presi-denciales fueron los de mayor brilloy prosperidad.

La duda se plantea, sin embargo,en torno a las causas de las ambi-ciones y mezquinos intereses quebuscaban erosionar la autoridadpresidencial. En algún tiempo ellaspudieron ser ambiciones o intere-ses personales o de círculos socia-les. Más adelante ha ocurrido quela autoridad central no sólo acumu-laba el poder político sino el econó-mico y, gracias a la extendida in-tervención estatal, disponía de unaoferta de empleos y de recursos parael enriquecimiento particular queparecían casi inagotables.

Es posible que si el Estado noestuviera en condiciones de ofreceroportunidades prácticamente ilimi-tadas de poder y riqueza, las luchaspolíticas pudieran dejar de brindarexpectativas a las ambiciones e in-tereses más mezquinos.

En otras palabras, el fenómenodel estatismo, como elemento co-rruptor de partidos, de funcionariosy de individuos o empresas particu-lares, no aparece como elemento derelieve en el informe de la mayoríadel Consejo de Estado, si bien re-flexionan sobre él los señores Pe-dro Ibáñez y Carlos Cáceres, en suinforme de minoría.

La descentralización del podereconómico y social, es decir, el queda la propiedad de las empresas, elque confiere el monopolio de ciertasactividades o el que proporciona laconcentración del poder educacio-nal, sindical, informativo u otros,parece un elemento de la estructuradel país tendiente a facilitar un po-der político más libre y más consa-grado a sus fines específicos.

En lo que se refiere específica-mente a la politización gremial ysindical, surge también la dudaacerca de si la vida laboral se poli-tizaba por falta de normas constitu-cionales o porque era una exigenciaimplícita en el sistema estatista. Enefecto, si el Estado es el principalempleador y, además, regula todaslas decisiones de los empleadoresdel país, parece lógico que los sindi-catos acudieran al poder político yque se sirvieran de gestores políticos.

Tal vez un sistema flexible ydescentralizado de la vida sindicaly gremial haga menos frecuente latentación de hacer política en la vidalaboral o de utilizar la influenciasindical para trepar por la escalerapolítica.

El estatismo no ha sido sólo unfactor de corrupción y de irritaciónde los apetitos, sino que, además,ha provocado un lentísimo desarro-llo económico. Los partidos mar-xistas y los demagogos de todos los


signos no han hecho más que reco-ger las duras consecuencias socialesde un sistema en que uno de cadacinco chilenos ha estado en la ex-trema pobreza y en que casi todoslos demás han vegetado en un nivelcarente de aspiraciones, a la vez quede los servicios e instrumentos pro-pios de la vida moderna.

Un estudio cuidadoso de las di-versas proposiciones del Consejo deEstado podrá determinar si ellasenvuelven un ambiente propicio aldesenvolvimiento de la efectiva li-bertad de los ciudadanos y, por tan-to, un rechazo del estatismo y delmonopolio.

El tema de las limitaciones a lalibertad de opinión e información hasido ya debatido. La alternativa seda en este punto entre un mecanis-mo de represión y comprensión, quetiene poco futuro en el desenvolvi-miento de las luchas políticas, o unanorma que asegure francamente lalibertad y que asegure con igualfuerza la responsabilidad de quienesla ejerciten.

También cabe preguntarse si losabusos de los medios de expresiónfueron un efecto del sistema o unacausa de la crisis de éste. Habríaque discutir aquí las demasías deciertos indultos presidenciales ainjuriadores y las insuficiencias delas leyes, pero, sobre todo, habríaque hacer presente que el país ex-perimentaba un proceso revolucio-nario de clara inspiración extranje-ra, que financiaba manifestaciones,actividades y publicaciones, y quepor último logró manejar con efica-cia para sus fines el poder econó-mico del Estado. Las proposicionesdel Consejo se ocupan de proscribiresas actividades revolucionarias odesquiciadoras.

El informe del Consejo de Esta-do abre un amplio campo a la medi-tación y al debate. Empieza en elanálisis de la crisis y termina en unanteproyecto. La materia es de mu-cha trascendencia y de gran interéspúblico. No tardarán en multipli-carse las opiniones sobre la extensaobra del Consejo.


Proyecto constitucional(20 de julio de 1980)

Continuando con el análisis del anteproyecto constitucional, tal como salióde su paso por el Consejo de Estado, se detalla y examina el contenido delartículo octavo del mencionado proyecto, y en la segunda parte se pasarevista a las disposiciones transitorias y a aquellas que se refieren a lasFuerzas Armadas.

La Semana Política

EL PROYECTO CONSTITUCIONAL

Resulta difícil para la prensaefectuar el análisis del anteproyec-to constitucional que el Consejode Estado elaboró sobre la basedel proyecto Ortúzar. Pocas son, enverdad, las opiniones que se hanvertido sobre el fondo de los pro-blemas constitucionales que surgendel proyecto y parece prudente es-perar el juicio de los juristas y pen-sadores políticos sobre tan graveasunto antes que avanzar comenta-rios periodísticos acerca del tema.

Con todo, hay preguntas quesurgen inevitablemente a la vista delanteproyecto de Constitución.

El artículo 8º, cuya redaccióninicial no sufrió alteraciones en elanálisis practicado por el Consejode Estado, declara que es ilícito ycontrario al ordenamiento institu-cional de la República todo acto depersona o grupo destinado a "pro-pagar doctrinas que atenten contrala familia, propugnen la violencia ouna concepción de la sociedad, delEstado o del orden jurídico, de ca-rácter totalitario o fundada en la lu-cha de clases".

Se comprende la intención deeste precepto. Sus forjadores hanproclamado que la institucionalidad

en proyecto hará que el Estado dejede ser doctrinariamente neutral y secoloque abiertamente en una posturaanticomunista y pro democrática.

El artículo 8º representa un es-fuerzo —sin duda encomiable— pordefinir al adversario del nuevo ré-gimen, esfuerzo que es tanto másímprobo cuanto menos claras apa-recen las líneas de la nueva concep-ción institucional. En efecto, si elproyecto hubiese entregado el es-quema de una organización libre,sin mezcla alguna de estatismo nide pretensiones socialistas, habríasido menos difícil excluir los regí-menes totalitarios con el simple re-pudio a los actos contrarios a losprincipios esenciales y libertadesfundamentales que la Constituciónconsagra. Lamentablemente, elanteproyecto contempla la pena deprivación de la nacionalidad en vir-tud de amplias causales; estableceel voto obligatorio; garantiza el de-recho a vivir en un ambiente incon-taminado; garantiza también la eje-cución de las acciones de salud; in-corpora el derecho a la educación;limita drásticamente la libertad deopinión; regimenta la organizaciónde partidos políticos; constriñe lalibertad de trabajo y somete a la leylas exigencias para desempeñar


ciertas profesiones, autorizando allegislador para exigir la colegiaciónobligatoria; impone el derecho a laseguridad social; faculta expresa-mente al Gobierno para desarrollaractividades empresariales; autorizaformalmente regímenes y franqui-cias excepcionales; admite leyesgenerales de expropiación y extien-de las causales que pueden invocar-se para ello; faculta al Estado parareservarse la explotación de deter-minadas sustancias minerales y, enfin, abre muchas puertas a la inter-vención del Estado, desdibujandoel esquema de autoridad y libertadque se lleva a la práctica desde elGobierno en estos momentos.

Como el régimen de libertadno se enuncia clara y firmemente,el anteproyecto condena actos tandifíciles de precisar como la propa-gación de doctrinas que atentancontra la familia, o que propugnenla violencia o respondan a una con-cepción totalitaria o fundada en lalucha de clases. Situados desde elpunto de vista de los autores delanteproyecto, la disposición es cla-ra y tiende a condenar al extremis-mo comunista, mirista, socialista ofascista; pero si esta disposiciónfuera aplicada por tendencias con-trarias, a los sustentadores de éstasles sería fácil impugnar las activi-dades democráticas tildándolas detotalitarias o de fundadas en la luchade clases (la lucha de los ricos con-tra los pobres, el sitio por hambre ala familia obrera, la violencia insti-tucionalizada, y demás torsiones delos conceptos, a las cuales los mar-xistas nos tienen habituados).

Son graves las penas a que estánexpuestos aquellos que el TribunalConstitucional sancione por estosdelitos.

Reconociendo la necesidad deque el pluralismo político no lleguehasta el diálogo con los adversariosdel propio diálogo, es decir, con losenemigos de la democracia, pareceineludible que la claridad de la nor-ma que excluya a éstos fluya de lacompleta nitidez del proyecto desociedad libre que se reflejaría enla nueva Constitución. En otros tér-minos, las puertas pueden cerrar-se a los enemigos de la libertad paraque ésta funcione, pero es discuti-ble y casi impracticable formularrechazos puramente políticos dentrode un sistema que no difiere enesencia de lo que aspiran los recha-zados.

El punto que tocamos no dejade tener importancia, pues se refie-re a la amplitud con que se concibanuestra futura organización política.

OTROS TEMAS CONSTITUCIONALES

Apenas rozando algunas de lasmaterias del anteproyecto, habríaque preguntarse si las disposicionesdefinitivas están pensadas por susredactores para que se apliquen du-rante el Gobierno del Presidente Pi-nochet, o si están concebidas comopermanentes.

El período transitorio contem-plado hace pensar que el cuerpo dedisposiciones es definitivo. Sin em-bargo, la amplitud de las facultadesque se conceden al Gobierno en losestados de emergencia casi no pa-recen concebibles si un partido o ungrupo de partidos llegara al poder.La enorme confianza que se depo-sita en el Presidente es admisiblerespecto de la persona del generalPinochet, en las circunstancias muyespeciales y excepcionales en quele tocó asumir el mando supremo.


Es al menos comprensible que sepueda dudar de que ese poder setraspase a mandatarios civiles quepudieran representar una banderíaideológica o política.

El período de transición con-templado en el anteproyecto debi-lita notoriamente las atribucionesde la Junta de Gobierno, cuyas po-testades constituyente y legislativahan sido indispensables para lo-grar el avance institucional y eco-nómico ya logrado. Disminuir esospoderes y entregarlos a una asam-blea amplia y deliberativa podríaponer en serio peligro el programade las siete modernizaciones, quees el pilar básico de la verdaderademocracia.

Innecesario es añadir que la mi-nimización de la Junta de Gobiernosignifica alejar de las responsabili-dades del Estado a las Fuerzas Ar-madas y de Orden, antes de que sehayan cumplido las metas del régi-men y consagrando una situaciónde manejo difícil, cual es la de unPresidente militar que estaría ale-jado del apoyo del conjunto de lasinstituciones de la defensa.

Un punto importante en el an-teproyecto constitucional es el delpapel de las Fuerzas Armadas en lanueva institucionalidad.

Aun los opositores más obceca-dos del régimen tienen que reco-nocer que las Fuerzas Armadasquedaron en posición disminuida enel anterior régimen institucional, porcausa de las vicisitudes que se ex-perimentaron desde 1924. Hoy to-dos reconocen que las Fuerzas Ar-madas y Carabineros tienen un pa-pel esencial en el resguardo de laseguridad nacional y como instan-cias últimas de la defensa de lasinstituciones básicas.

Tanto el proyecto Ortúzar comoel que aprobó el Consejo de Estadoreglamentan con detalle la natura-leza, funciones y atribuciones de lasFuerzas Armadas y de Orden. Am-bos proyectos proclaman que estasinstituciones "garantizan el ordeninstitucional de la República", fra-se cuya trascendencia para el futu-ro debiera ser muy meditada. Lodiga o no la Constitución, las Fuer-zas Armadas y de Orden han proba-do ser el soporte del orden institu-cional de la República. El problemareside en las interpretaciones que eldía de mañana pueda llegar a tenerun concepto tan amplio.

El proyecto Ortúzar, después deafirmar el carácter profesional, je-rárquico y disciplinado de las Fuer-zas Armadas, añade que ellas seránobedientes "a sus mandos", lo queen principio podría entenderse co-mo que los Altos Mandos de lasFuerzas Armadas y de Orden dis-pusieran de cierta autonomía frenteal Gobierno.

El proyecto del Consejo de Es-tado declara que estas fuerzas sonobedientes y no deliberantes, ha-ciendo presumir que quedan a dis-posición del Gobierno y sin quepuedan calificar políticamente lasórdenes de éste.

Se comprenderá que dicho as-pecto de la Constitución se relacio-na con la estructura misma del Es-tado y con el funcionamiento de lospoderes públicos en la nueva insti-tucionalidad política.

En el proyecto Ortúzar, los Co-mandantes en Jefe de las FuerzasArmadas y el General Director deCarabineros son designados por elPresidente de la República "de en-tre los oficiales que tengan el gradosiguiente más alto que la ley con-


temple para la respectiva institu-ción", duran cuatro años en susfunciones y son inamovibles en suscargos.

El proyecto del Consejo de Es-tado permite al Presidente designarde entre los generales o almirantesa los Comandantes en Jefe de lasinstituciones, pero no habla de ina-movilidad ni de plazo para el de-sempeño de los cargos.

Se registra aquí una diferenciamarcada entre ambos proyectos, loque, a su vez, influye en el margende libertad que tenga el futuro Pre-sidente de la República respecto delos institutos armados.

El problema se presentaría difí-cilmente, por ejemplo, en el casodel propio Presidente Pinochet ensu relación con las instituciones ar-madas, pero ciertamente esta ma-teria se presta a una discusiónmuy amplia sobre el ámbito futuroque tenga el régimen civil o el cívi-co-militar que pudiera instaurarse.

No pretenden estos comentariosuna toma de posición acerca de lasproposiciones constitucionales delConsejo de Estado, sino simple-mente procuran que se reflexionesobre problemas que pareceríaaconsejable resolver por el poderconstituyente.


Modelo y moral(23 de noviembre de 1980)

El artículo se refiere a la necesaria relación que debe existir entre elmodelo económico que se está poniendo en práctica en el país y la actitudmoral que deben tener quienes participan en la vida económica.

La Semana Política

OBSTÁCULOS AL MODELO

El éxito del modelo chileno, noya tan sólo como instrumento dedesarrollo económico, sino tambiéncomo camino para el desenvolvi-miento político de las naciones po-bres, empieza a reconocerse inter-nacionalmente.

Son cada día más numerosas lasopiniones de expertos y los recono-cimientos de visitantes acerca delos progresos de la economía chile-na y de los pasos efectivos que seestán dando entre nosotros hacia eldespliegue de la libertad individual.

El acierto del modelo está en ha-ber actualizado y vitalizado losprincipios del liberalismo clásico,aplicándolos con un rigor y una in-tensidad equivalentes a una profun-da revolución.

El país se transforma a ojos vis-tas desde las indumentarias y losutensilios domésticos hasta las ac-titudes y costumbres de la gente.Aficiones y actividades que parecíanarraigadas para siempre caducan, entanto que despiertan nuevos apetitosy modalidades de vida que parecíanexóticos o irreales.

Un nuevo género de laboriosidadse impone. Un clima de competen-cia genera a la vez dinamismo einseguridad, mezcla que somete alos individuos a grandes tensiones.

La necesidad de adaptarse a la lu-cha rigurosa contra el competidorexterno y contra el competidor na-cional, que se moderniza y mejoraen eficiencia, va incrementando lasinversiones e incorporando tecno-logías y métodos idóneos para lascircunstancias provocadas por elmodelo.

El premio de las tensiones es elmayor bienestar y la hasta hace po-cos años inconcebible amplitud deposibilidades materiales e intelec-tuales que se abren a los individuos.

Ya es casi un lugar común decirque el modelo chileno afirma y de-sarrolla la libertad individual, en elsentido de que ensancha el margende decisiones económicas, lo quepone a nuestro país en el camino delas más amplias libertades políticas,a través de una evolución lenta comola requerida después del trauma dela ex UP, así como de los fracasosde los ideólogos y dirigentes delantiguo régimen.

Se sabe, además, que el sistemapermite la asignación óptima de losrecursos, porque el libre movi-miento del trabajo y del capital, lasoberana decisión de los compra-dores y vendedores de bienes y ser-vicios, hace que los factores pro-ductivos se dirijan hacia donde tie-nen expectativas mayores, es decir,a donde rinden más.


El modelo parecería ser la solu-ción absoluta de todos los proble-mas de Chile y aun de otras nacionesen desarrollo, con sólo dejarse lle-var por la fuerza del mercado, si nofuera que dicha solución tropiezacon obstáculos en su aplicaciónplena. Diríamos que el modelo es elmejor concebible, a condición deque los individuos no abandonen lamoral mientras ejercitan su libertadde decisión. Diríamos también queel modelo es el mejor concebible,siempre que los intereses de poderque se generan desde el Gobiernodejen de interferir en el juego de lalibertad de todos para decidir.

MODELO Y MORAL

Forzoso es afirmar que la activi-dad humana está sometida a instan-cias morales superiores al mero ca-pricho individual. Es cierto que na-die podría invocar derecho a inmis-cuirse en el recinto de las concien-cias y a intentar que la moral seimponga desde el exterior y por lafuerza. Las inquisiciones de anta-ño y de hoy resultan sospechosascuando no realmente inaceptables.El campo de la ley y del Estado esdistinto al más amplio de la moral.Si bien no es admisible que se pre-tenda regular coactivamente la con-ducta íntima de los individuos,también resulta absurda la preten-sión de que el puro arbitrio de cadacual se imponga sin freno como re-gla única de la vida moral.

El modelo neoliberal que estáimponiéndose en nuestro país exal-ta —con razón— la libertad de losindividuos y desarrolla el sentidode la búsqueda del propio interés.Ello, lejos de merecer censura, esdigno de elogio. Hay que tener en

cuenta, sin embargo, que las socie-dades edificadas sobre tales prin-cipios han sufrido quebrantos a lolargo de la historia y que, concre-tamente, el Chile de hoy no es nimucho menos el único caso en quese experimentan el liberalismo y elcapitalismo. Vale la pena entoncesreferirse, aunque sea sucintamente,a los factores de fragilidad o sobre-vivencia de este modelo, tan justo yadecuado para la mejor asignaciónde los recursos, así como tan idóneopara accionar dinámicamente el de-sarrollo político, social y econó-mico.

Uno de tales factores parecerser la confusión entre la libertad yel libertinaje. El individuo que sesiente dueño de un amplio margenpara sus decisiones puede optar en-tre la satisfacción de las necesida-des legítimas y el empleo inadecua-do de su tiempo y sus recursos.¿Podrían las leyes y normas exter-nas conseguir un empleo correcto dela libertad individual? La respues-ta afirmativa a tal proposición im-plica aceptar la tutela del Estado yel dirigismo burocrático, o si, sequiere, incorporar prácticas medie-vales particularmente repudiadaspor las mentalidades progresistas.El extendido fracaso del Estado be-nefactor reside en su carácter retró-grado, pese a sus aires modernos yprometedores.

Las leyes y la policía son inca-paces de inculcar la moral, a menosque se trate de los principios delderecho, es decir, de aquellos as-pectos de la ética y de la conductade las personas que atañen a terce-ros y que les causan daño aprecia-ble. No hay entonces que pedir a laley que inculque moral, a menosque nos situemos en concepciones


retrógradas y fanáticas en las cua-les sucumbe fatalmente la dignidadhumana, a la vez que se mutilan lasdimensiones alcanzadas por elhombre moderno.

Hay que aceptar el valor de lalibertad individual, así como la in-competencia del Estado —o de laburocracia— para regular la con-ducta de los individuos más allá delcampo del derecho. Ello no signifi-ca, sin embargo, que las leyes delmercado y que el predominio delmás fuerte económicamente seanel único criterio de una sociedadlibre.

Luego de la aventura socialistamarxista de Chile, que tanta in-fluencia tuvo sobre las mentalida-des intelectuales —antes, durante ydespués del régimen del PresidenteAllende—, y que tan honda huelladejó en el ámbito espiritual, inclui-dos ciertos sectores importantesde la Iglesia Católica, amplios gru-pos ciudadanos se han alzado ínti-mamente contra las antiguas regu-laciones, aspirando a la genuina li-bertad y emancipándose de tuicionespartidistas o clericalistas.

Sin embargo, la independen-cia respecto de las tutelas estatistas,partidistas o eclesiásticas no podríasignificar rebeldía ante la moral.

El modelo que se aplica en Chilepuede funcionar estable y durable-mente en la medida en que valorescomo el patriotismo, la generosi-dad personal, la rectitud, la veraci-dad, el desprendimiento y la lim-pieza de costumbres encuentrencabida predominante en nuestra so-ciedad. Esto no es problema de le-yes o de acuerdos de la Junta deGobierno. Es asunto de cada ciuda-dano, empezando por los más po-derosos y destacados. El modelo

neoliberal es reconocidamente elmás acertado como instrumento dedesarrollo pleno de las sociedadespobres, pero su estabilidad y sobre-vivencia van a depender de que susprotagonistas no acumulen odiossociales destructivos y logren eri-girse en líderes y en ejemplos.

En nombre de la libertad vemosque prolifera toda clase de invita-ciones a la comodidad, al bienestar,a la relajación y hasta al franco vi-cio. También en nombre de la liber-tad se divulgan invitaciones al inte-rés pecuniario y al lucro. Todo elloestá en el marco de la libertad, acondición de que también se invitea la superación moral, al patriotis-mo, a la abnegación, a la consagra-ción a altos valores metafísicos,poéticos o artísticos en general, y,en fin, a todo aquello que enaltece auna sociedad mostrando las ver-daderas dimensiones de ésta y ha-ciéndola digna del destino eternodel hombre.

MODELO Y ESTADO

Un sistema político y social ver-daderamente libre no puede pres-cindir del Estado. A este último co-rresponden las más nobles tareas enresguardo del bien común. Le per-tenecen nada menos que la seguri-dad, la justicia y el orden. Palabrasde dar y recibir; luego de variossiglos de uso, pero valores signifi-cativos para todo el ámbito de laacción de las personas, cualquieraque sea la dirección que imprimana sus tareas.

Sin seguridad, orden y justiciaquedan objetados y amenazados laciencia, el arte, la enseñanza supe-rior y las demás, la vida ciudadana,la existencia familiar, el trabajo y


la actividad económica; en fin, sinjusticia y orden no hay propiamen-te sociedad humana.

Las sociedades modernas se en-cuentran con el problema de que elEstado, además de ocuparse de laseguridad, la justicia y el orden, seintroduce en actividades propias delos ciudadanos comunes y corrien-tes. En ciertos países el Estado rea-liza actividades mineras, agrícolas,industriales, comerciales o de cons-trucción, o ejecuta una o dos de lasmencionadas tareas.

No faltan observadores que,examinando la evolución actual denuestro país, advierten que nos en-contramos en un momento críticode nuestra marcha hacia el desarro-llo pleno: o Chile continúa liberan-do sus factores productivos paracolocarse en un plano de eficienciacomparable con las más prósperasnaciones, o triunfan las pretensionesretrógradas, apegadas a los viejosprivilegios, a los pequeños mono-

polios funcionarios, a las prácticasde aldea.

En estos momentos el modelochileno recibe numerosas señales deaprobación por parte de elementoscalificados de las más diversas na-ciones. En esta etapa de nuestro de-sarrollo lo aconsejable parece ser:primero, que las instituciones másllamadas a hacerlo redoblen su in-fluencia para destacar los principiosmorales y su gravitación sobre lasvidas de los ciudadanos; segundo,que los resabios del viejo estatismocontrolista cedan el paso a la libe-ración cada vez más completa delas energías nacionales.

La derrota de los odios es unaempresa moral que no puede des-cuidarse, así como tampoco puedeserlo la victoria sobre el relaja-miento de las costumbres. A la vez,la derrota del estatismo es una em-presa política cuyo avance es no-torio, pero que tiene todavía variasjornadas por recorrer.


Políticas universitarias(30 de noviembre de 1980)

Como se ha hecho en artículos anteriores, en forma periódica, se insiste enla necesidad de definir la política universitaria, elaborando un proyectoglobal sobre los objetivos y modalidades de su funcionamiento en un marcode libertad académica y de orden.

La Semana Política

Los conflictos que han surgidoen el último tiempo en los plantelesuniversitarios constituyen una señalde alarma para las autoridades, quelas invitará a examinar críticamen-te la forma como se conducen en laactualidad estas instituciones. En elmomento de iniciarse la actual ad-ministración estas entidades atra-vesaban por un estado de crisis quehacía temer por su subsistencia, ysólo una acción decidida de partede las autoridades pudo rectificaresta grave situación. Desde enton-ces se han ido superando el desordeny la politización que impedían unnormal desarrollo de la vida acadé-mica, pero desde el punto de vistaadministrativo no ha habido unaevolución acorde con tales hechos.

En tanto que por la acción deeste Gobierno se perfila un proyec-to definido para la mayor parte delas actividades nacionales, la Uni-versidad, área fundamental para lavida del país, continúa bajo el mis-mo régimen jurídico de excepciónque fue necesario adoptar en 1973.La carencia de una orientación de-finida en este aspecto causa desilu-sión a muchos académicos que ini-cialmente se mostraron interesadospor las transformaciones socialesliberadoras que ha realizado el Go-bierno. Dicha frustración se ha ma-

nifestado en la pérdida de su volun-tad de colaborar, lo que dificultaahora la superación de los proble-mas que han surgido recientemente.

Es innegable que la gestión delos rectores-delegados permitió quelas universidades recuperaran elespíritu que deben tener estas insti-tuciones, pero por esta misma razónes necesario avanzar a una nuevaetapa, en que se fortalezcan los va-lores propiamente académicos. Na-die mejor que los profesores másdestacados de cada plantel pararealizar esta labor, siempre quecuenten con la autonomía suficiente.

Las tareas por realizar son de lamayor importancia para alcanzar unnivel concordante con la trascen-dencia de la misión universitaria.Son necesarias, en primer lugar, laracionalización y redefinición de losestudios que se ofrecen a los estu-diantes, los que no siempre han al-canzado una categoría adecuada.Esto debe llevar a una mínima co-herencia entre los títulos y gradosque entregan las distintas universi-dades. Pero, además de los proble-mas relacionados con la docencia,cabe delinear una política de inves-tigación científica que permita eldesarrollo efectivo de esta actividadprimordial de la vida académica. Sisumamos a éstas las definiciones


que deben efectuarse en lo que serefiere a extensión, a regionaliza-ción, a la carrera académica, al or-denamiento administrativo y, en fin,al financiamiento de todas estas ac-tividades, se comprende que la laborpendiente es de enorme magnitud yfundamental importancia.

Hace ya más de un año, S.E. elPresidente de la República hizopresente la necesidad de avanzarhacia una nueva institucionalidaduniversitaria que sirviera como basesólida para el desarrollo futuro deestas instituciones. En esa oportu-nidad el Presidente envió al Minis-tro de Educación un documento enque señalaba las principales tareasen el ámbito educacional, las quepor cierto incluían la definición deuna política global de universidades.La lentitud con que se ha procedidoen estas materias, por causa de pre-ocupaciones más apremiantes, hacepeligrar lo que se había conseguidohasta ahora. Los disturbios ocurri-dos en los campus, aunque limita-dos y parciales, han hecho reapare-cer conductas violentas y antiuni-versitarias que parecían superadas.El estado de indefinición del futurode estas instituciones contribuye enparte a generar tal situación. Pararesolver los problemas que amena-zan la tranquilidad de los claustroses indispensable proceder con ur-gencia a una definición de políticaspermanentes que aseguren la esta-bilidad necesaria al desarrollo delas actividades académicas.

PROYECTO GLOBAL

Dicha definición de políticasuniversitarias dista de ser algo ob-vio y sencillo. Ciertamente el régi-men ha tardado en encontrarla, en-

tre otras razones, por la propia difi-cultad del tema. La presión de pro-blemas inmediatos probablementeobligó a dejar para más adelante loque requería una meditación muyhonda y un trato muy fino para losasuntos que conciernen a la forma-ción superior de los chilenos.

En asuntos tales como la políticafiscal, monetaria, cambiaria, credi-ticia, de comercio exterior y de pre-cios internos, el Gobierno aplicóun proyecto global. Lo mismo hizopara la solución lógica de los pro-blemas laborales. Una fórmulatambién global va a aplicarse a laprevisión social. Es probable quealgo semejante ocurra con el enfo-que de la salud. Se diría que la au-sencia de un esquema integral tie-ne gran parte de la responsabilidadde las demoras en la formulaciónde la Carta Constitucional aproba-da en el plebiscito del 11 de sep-tiembre.

En materia universitaria se re-quiere un proyecto global, por na-turaleza más ambicioso que los de-más —incluida la Constitución—,desde que atañe a la idea del hom-bre, de la cultura y de las exigen-cias de quienes se dedicarán a lossaberes superiores. Saber qué sepersigue con la Universidad, paraqué sirve ese magnífico instrumen-to, qué melodía de conjunto deberátocar y cuáles serán las modalida-des particulares de las distintas dis-ciplinas que armonizan con la di-rección general es una tarea que su-pone reflexión, sentido universal ypercepción aguda de los verdaderosvalores nacionales. La Universidadforma los mandos intelectuales delpaís. No es cosa de técnicas ni demodas. Atañe a la función mismade la inteligencia en la sociedad


chilena. No en cualquier sociedad.En la nuestra.

Sin pretender en estas líneas de-cir nada nuevo ni exhaustivo sobretan agudo como trascendental pro-blema, parece evidente que el valorclave inspirador de un proyecto uni-versitario es la libertad, la libertadacadémica, se entiende. No cabe ungenuino saber superior instrumen-talizado, hecho consignas y dogma-tismos, así como no es compatible eldesenvolvimiento de la ciencia enun clima de suspicacias, espionaje orígidos controles autoritarios.

La libertad académica es la in-apreciable meta. Pero libertad aca-démica no significa violencia en losclaustros ni falta de respeto para laauténtica enseñanza o investigaciónuniversitaria. No son libertad el bu-llicio, el chantaje, el amedrenta-miento físico o moral, la demago-gia estudiantil o la de los profesores;la falta, en suma, de aquella tran-quilidad necesaria para la explora-ción de los territorios reservados alas ciencias. Varios de los universi-tarios chilenos más distinguidos hansufrido, aun antes de 1970, el dete-rioro de la libertad académica porcausa de las ideologías totalitariasen las universidades. Por difícilesque pudieran ser las circunstanciasen que algunos académicos traba-jan hoy, se diría que no hay compa-ración alguna con aquellos tiemposde anarquía y desamparo que se vi-vieron luego de las mal llamadasreformas universitarias.

Sin orden no hay libertad, asícomo sin autoridad no es concebibleel orden de una sociedad. Luego, laexigencia esencial de la vida acadé-mica, que es la libertad, no se cum-ple sin una autoridad regular yefectiva.

Quienes, a pretexto de libertad,propician fórmulas acogedoras delimperio de las mayorías en la Uni-versidad, o desearían que los claus-tros se plegaran al sentimiento oca-sional del alumnado, o que, de unamanera u otra, entienden que laUniversidad no se estableció parala ciencia y para la sociedad sinopara las inquietudes revoltosas dealgunas minorías, no hacen más queprecipitar el fin de la libertad aca-démica, el imperio de la demagogiay el reino de los usurpadores de losprincipios universitarios. Nuestropaís ya ha experimentado la trayec-toria fatal que empieza en la falsalibertad demagógica y vocinglerapara terminar en el despotismo delmiedo o en la mediocridad aplas-tante.

LA TIRANÍA DEL ESTUDIO

Una sola tiranía admite la Uni-versidad: la del estudio. Los estu-diantes ociosos y deambuladoresconstituyen el principio de la des-naturalización de la Universidad.Fácil es que los claustros descien-dan, por causa de la indisciplinamental, sobre todo, al estado deplazas públicas abiertas a los ven-dedores de baratijas y a las prédicasde ilusionistas o charlatanes. No haycomo la tiranía de las pruebas exi-gentes con fecha fija y las imposi-ciones de lecturas, investigaciones,análisis y documentos de tesis, pa-ra poner término a la pereza juvenildisfrazada de gritería, agresividady crítica vacía al "establecimiento".La ciencia —en general, y hablamosde las ciencias de la naturaleza, asícomo del saber humanista— no sehace por los vendedores de recetasmágicas, por los sofistas que fueron


víctimas de la ironía de Sócrates, nipor los apóstoles de la violencia. Laciencia es obra del estudio pacientey disciplinado, a menos que hable-mos de conocimientos celestialesindependientes del esfuerzo delhombre.

Hay universidades en que la ti-ranía del estudio se establece porun medio simple: el alumno nopuede ser promovido al tercer añode su escuela sin pasar previamentepor un severísimo examen que de-termina su futuro académico. Condicha prueba, colocada en los pri-meros años de la vida universitaria,el estudiante idóneo sigue adelantecon más confianza, en la seguridadde formar parte de una selecciónintelectual, en tanto que el univer-sitario que no reúne las condicionespara la profesión elegida sabe encorto tiempo que debe tomar otrocamino. Mientras tanto, la inmi-

nencia de un examen eliminatorioinfluye desde los primeros días decada universitario e impide quepierda en devaneos un tiempo quedebe dedicar forzosamente al de-safío que tiene delante.

Las inquietudes estudiantiles,que se han hecho patentes en losúltimos meses, colocan al país en lanecesidad de contar con un proyec-to universitario congruente con lasdemás tareas modernizadoras y li-beradoras que se encuentran enmarcha. Asegurar la libertad por elorden; desarrollar la ciencia me-diante el estudio metódico y la ex-ploración de lo desconocido; man-tener en la Universidad necesaria-mente a la mayoría selecta por sulucidez y disciplina, constituyenobjetivos deseables. Un proyectouniversitario global seguramen-te habrá de incluir, entre otros, losmencionados principios.


Nacionalismo y burocracia(21 de diciembre de 1980)

Luego de pasar revista a los distintos tipos de nacionalismos que se handado en los últimos decenios en el mundo, se trata de separar el conceptode nacionalismo en lo político y estatismo en lo económico, señalando laimportancia de un estudio técnico acerca de los tipos de empresas conside-radas estratégicas, que debieran estar siempre en manos del Estado.

La Semana Política

NACIONALISMO Y DESARROLLO

El concepto de nacionalismo esbastante amplio de acuerdo con susaplicaciones históricas. Pudo ha-blarse de nacionalismo en los pri-meros tiempos de la Europa libe-ral, en el período en que se forma-ron los Estados de corte moderno yse unificaron Italia y Alemania. Eslegítimo también mencionar comonacionalistas a las experiencias eu-ropeas autoritarias socialistas, pro-tagonizadas en especial por Musso-lini y Hitler. Cabe también hablarde nacionalismo en el desarrollopeculiar pero acentuado de la cultu-ra japonesa durante los siglos XIXy XX. Pueden calificarse de nacio-nalistas los movimientos emanci-padores anticolonialistas que, conel auspicio de los Estados Unidos yde la Unión Soviética, impulsaronla formación de naciones indepen-dientes en Asia y África, sobre tododespués de la segunda postguerramundial, y en fin, habría lugar paraotros ejemplos.

Cuando, entre nosotros, se men-ciona el nacionalismo quiere decir-se aproximadamente lo siguiente:afirmación categórica de los valo-res nacionales, de la tradición, de lacultura y de las costumbres patrias,

a la vez que defensa de la integri-dad territorial del país; rechazo aideologías o poderes foráneos; in-clinación a una línea política auto-ritaria; justicia social dentro del or-den y otras connotaciones semejan-tes, todas las cuales vienen a deri-var de una especie de exaltación, engrados a veces extremos o heroicos,del sentimiento de patriotismo quetanto arraigo tiene en todos los chi-lenos.

Quien se estima nacionalista en-tiende que subordina sus interesespropios y los demás intereses par-ciales a la gran causa de la patria.

En el amplio marco del naciona-lismo caben personalidades diver-sas, orientaciones ideológicas dis-pares, partidos políticos opuestosentre sí y, en fin, una rica gama deinterpretaciones sobre el acontecernacional y sobre la tabla de deberesciudadanos frente a aquél.

Cualesquiera que sean dichasinterpretaciones, se diría que el na-cionalismo postula esencialmente lanecesidad del desarrollo nacional.No tan sólo el de la economía, sinotambién el ético, físico, intelectual,espiritual y otros. El desarrollo dela comunidad nacional, o mejor di-cho de las personas que la integran,significa más que una cifra de cre-


cimiento del producto geográfico.Hay también que crecer superandola ignorancia, la criminalidad, lainfecundidad espiritual. El desa-rrollo supone creación de hábitos yconductas apuntadas a lo que, entérminos muy generales, llamaría-mos cultura, es decir, cultivo de lanaturaleza y del espíritu patrios.

Suele a veces creerse que el na-cionalismo ha de ser forzosamenteestatista. Ello tiene cierta base, porcuanto los nacionalismos totalitariosdel decenio de 1930 fueron marca-damente estatistas, al punto de queMussolini exigía que estuviera tododentro del Estado, nada contra elEstado y nada fuera del Estado. Porotra parte, los nacionalismos anti-colonialistas de la segunda post-guerra mundial tuvieron en generalun sesgo socialista, que en muchoscasos tomó formas marxistas leni-nistas. Estos precedentes darían piepara que se tratara de identificar alnacionalismo con el estatismo.

Sin embargo, si resultara verda-dera la premisa de que el naciona-lista aspira antes que nada al desa-rrollo pleno de la comunidad na-cional, habría que preguntarse si elestatismo estimula o no dicho desa-rrollo antes de aceptar aquella iden-tificación. Tal vez resulta posibleen 1980 y 1981 un nacionalismo noestatista, lo que habría sido difícilde entender en 1936 o en 1945.

NACIONALISMO Y BUROCRACIA

La experiencia de este siglo esla del fracaso de los socialismos.Puede todavía registrarse el éxitodel expansionismo militar soviéti-co; aún surgen revoluciones mar-xistas en países atrasados; es dableque el comunismo se soporte con

líderes carismáticos apoyados enuna vigilante policía secreta. Peroel socialismo, como tal, el socialis-mo democrático y el que no lo es,han probado ser malas herramientaspara promover el bienestar de lospueblos y el efectivo desarrollo delos mismos.

El nacionalista de hoy no podríaaceptar ya la tesis anacrónica delnacionalsocialismo o del socialis-mo nacional, pues ello envolveríala opción por un desarrollo buro-crático y por un crecimiento anémi-co de la nacionalidad.

Los valores nacionales auténti-cos se sirven en una nación robusta,segura de sí misma, capaz de cum-plir sus objetivos, apta para alimen-tar a sus hambrientos, dispuesta aelevar sus niveles de educación yde salud, justiciera para con todossus habitantes, vigorosa para la paztanto como para la guerra.

La velocidad y extensión del de-sarrollo nacional no dependen delas ideas de los planificadores, comocreyeron los socialismos, sino de lacapacidad e iniciativa de los habi-tantes de la nación. Si ésta lograestablecer reglas de conducta ade-cuadas para el florecimiento de lasaptitudes creadoras de los indivi-duos, vendrá el desarrollo, como haocurrido invariablemente en todaslas latitudes, inclusive en las nues-tras. Y con el desarrollo se afianzala soberanía.

Es, sin duda, débil el nacionalis-mo que busca un Estado burocráti-co gigantesco que extrae sus recur-sos de una ciudadanía empobreciday sometida a intervenciones y con-troles. Ese Estado voraz, derrocha-dor y casi siempre menos eficienteque los particulares en el manejo delas empresas, no viene a situarse a


la larga en la línea del servicio a lanación y a los valores patrios, sinoen el frente de los apetitos y ambi-ciones de los círculos que gobiernanel Estado.

El nacionalismo burocráticopudo engañarse a sí mismo y a lospueblos a través de místicas de ma-sas, desfiles de banderas. Pero todoello no logró ocultar las dificulta-des sufridas por la población niel relativamente bajo ritmo de de-sarrollo, pese a tratarse de pueblosmuy dotados para la economía y lacreación en todos los géneros, comohan sido los casos de alemanes eitalianos.

La solución nacionalista chile-na no puede ya ser la burocrática ysocialista. Ello sería contradecir laexperiencia histórica y hasta arre-pentirse tardíamente del éxito queestamos obteniendo por el otro ca-mino, por el de la libertad econó-mica.

Parece erróneo que, a estas altu-ras de la modernización del país,se planteen como adversarios elsector público y el sector privado,al igual que si se tratara de bandospolíticos irreconciliables o de fuer-zas extranjeras la una para la otra.El Estado tiene un papel esencialque desempeñar; sin la seguridadnacional, sin el orden, sin la ley, sinla justicia que brinda aquél, de nadavaldrían los resultados de la activi-dad de los ciudadanos. Por otra par-te, sin un gran número de chilenosque trabajen en forma independien-te, que establezcan empresas y quearriesguen trabajo y capitales en losresultados de éstas, el país seguiríavegetando en la burocracia, en eldesempleo abierto o disfrazado, enla pobreza y en la debilidad social,física y cultural de sus habitantes.

EL ESTADO EMPRESARIO

Hay nacionalistas que creen queel Estado debe poseer ciertas em-presas estratégicas. Es, sin duda, unaposición respetable y es la que vie-nen sosteniendo muchos desde ha-ce sesenta o más años con resulta-dos no siempre halagadores en losrespectivos países.

Se dan también otros naciona-listas que estiman que las empresasestratégicas pueden estar mejormanejadas en el dominio de losparticulares y, por tanto, servir conmás eficacia en una emergencia quesi se administran por los partidosde gobierno.

En todo caso, la línea divisoriaentre empresas del Estado y empre-sas particulares no se encuentra fi-jada de una vez para siempre. En elrégimen constitucional que empe-zará a regir el 11 de marzo del añopróximo, el país estará sometido anormas legales dictadas por los po-deres correspondientes. Serán, pues,las leyes las que diriman la cuestión,pero en todo caso el carácter estra-tégico o no estratégico de las em-presas no debiera relacionarse conel dominio público o privado de lasmismas.

Ciertamente el patrimonio delEstado no puede regalarse, y ningu-no de los que toma en serio los in-tereses del país podría pensar si-quiera en que el traspaso de bienespúblicos a particulares se realizaraen condiciones perjudiciales para elFisco.

Tal vez sería oportuno que, envez de que los estatistas y privatis-tas se acusen mutuamente de inefi-ciencia, se iniciara un debate a fondosobre la realidad actual de las em-presas del Estado, acerca de sus in-


dudables progresos y en lo tocantea las ventajas que obtienen con elmejoramiento general del país, sinolvidar también el deterioro de losprecios y mercados internacionales.Un estudio de esta naturaleza mos-traría tal vez que el Gobierno mili-tar ha manejado con la mayor efi-cacia que le ha sido posible las em-presas del sector público. Probaríatambién que a cargo de tales em-presas y en otros niveles jerárqui-cos se encuentran profesionales degran calidad moral y técnica. Perocabría preguntarse, con objetividady sin apasionamiento alguno, si leresultará más caro o más barato alGobierno asumir la responsabilidadde manejar y capitalizar grandes

empresas en vez de gravar con im-puestos a sus eventuales propieta-rios particulares, sin perjuicio deasegurar, para el caso de emergen-cia, los fines estratégicos previstospor los expertos en seguridad na-cional.

El tema es estrictamente técnicoy debiera formularse, en términoseconómicos y geopolíticos. Sólo seenturbia el debate al esgrimir con-cepciones nacionalistas antiguas oal suponer que sólo el Estado de-fiende el interés nacional en contrade un puñado de saqueadores. Mez-clar ideologías en el asunto es dis-traerse en la lucha por el desarrollonacional, estimulando disputas depoder no siempre positivas.


Regla de la unanimidad(8 de marzo de 1981)

De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución de 1980, el 11 de marzo de1981 comienza el primer período presidencial bajo su vigencia. El artículoanaliza la misión que en este período debe realizar la Junta de Gobierno,deteniéndose especialmente en los alcances de la regla que establece que laJunta debe tomar sus decisiones por unanimidad.

La Semana Política

NUEVO PERIODO CONSTITUCIONAL

El 11 de marzo tiene comienzoel primer período presidencial ba-jo la vigencia de la Carta de 1980.Jurídicamente, el país había vividohasta ahora bajo el imperio de laConstitución de 1925 en todo lo nomodificado por las resoluciones delPoder Constituyente, radicado, apartir del 11 de septiembre de 1973,en la Junta de Gobierno. La Consti-tución votada en el plebiscito de1980 establece que, durante el pe-ríodo de ocho años contados desdeel miércoles próximo, "continuarácomo Presidente de la República elactual Presidente, general de Ejér-cito don Augusto Pinochet Ugarte".Dicha expresión no es óbice paraque se hable de un nuevo períodopresidencial, regido por la Carta de1980, pero confirma una vez más lavalidez plena de las actuaciones ydecisiones constituyentes, legisla-tivas y ejecutivas de la Junta de Go-bierno y de S.E. el Presidente de laRepública, desde el primer día delrégimen militar.

Al iniciarse el período mencio-nado, la atención se fija muy espe-cialmente en el Presidente de la Re-pública. El general de Ejército donAugusto Pinochet Ugarte es el Pri-

mer Mandatario con poderes y fa-cultades más amplias que haya te-nido la República. Dispone de atri-buciones personales y discreciona-les para asegurar el orden público;le corresponden las prerrogativas ypoderes tradicionales de su altocargo; cuenta con un plazo adecua-do para el cumplimiento de sus pro-pósitos públicos, sin estar sujeto ala renovación de su mandato encorto tiempo ni a las incertidum-bres de una magistratura sin térmi-no constitucional conocido; sumaen su persona las funciones de Jefedel Estado, Jefe del Gobierno y deComandante en Jefe del Ejército;tiene el firme respaldo de las Fuer-zas Armadas y de Orden, en tantoque el plebiscito realizado hace seismeses y las encuestas de opiniónque se verifican frecuentementeindican que su Gobierno es apoya-do por la gran masa ciudadana.

El Presidente de la República,los señores miembros de la Junta ylas Fuerzas Armadas y de Orden,así como todos cuantos colaboran ohan colaborado en cargos o tareaspúblicas durante los últimos sieteaños y medio, pueden estar satisfe-chos de su labor. El cambio econó-mico y social del país es visible. Elmejoramiento del aspecto físico de


las ciudades, la prosperidad de loscampos, el incremento del bienes-tar de los ciudadanos y la crecienteconfianza de los chilenos en su paísson algunas de las manifestacionesde la gigantesca obra de recons-trucción y modernización empren-dida con firmeza y tenacidad por elGobierno del general Pinochet, elcual avanza resueltamente en unamisma dirección. Los hechos prue-ban hasta la saciedad que la orien-tación presidencial es la correcta.

LOS TRABAJOS FUTUROS

La minuta de los trabajos porrealizar parece clara en la mente deS.E. Junto con dar término a la mo-dernización del sistema universi-tario y de asegurar la libertad detrabajo de los profesionales y técni-cos, el Gobierno avanza en los es-tudios para la modernización de lajusticia, de la salud, del régimen devivienda y otros. El propio desarro-llo va abriendo nuevos frentes delucha y aconsejando que el Gobier-no dé pautas para introducir siste-mas competitivos en la inversiónen infraestructura pública (caminos,puentes, puertos, etc.) o para el ma-nejo de empresas y servicios públi-cos. Las operaciones portuarias, lasde correos y muchas otras están es-perando el mismo esfuerzo de re-mozamiento y libertad que tan buenfruto logró en otros sectores.

Esencial resultará para los tra-bajos futuros la expedición y visióncon que actúen los señores miem-bros de la Junta en el ejercicio de suresponsabilidad legislativa.

Por razones históricas, la JuntaLegislativa sigue llamándose Juntade Gobierno en la nueva Constitu-ción, pero bien se sabe, por el pro-

pio texto de la Carta, que la Juntatiene la misión específica de ejercermediante leyes las potestades cons-tituyente y legislativa.

Como la naturaleza de la insti-tución es más determinante que elnombre de la misma, la costumbrede ver en la Junta al poder legisla-dor y comprobar que su trabajoconsiste en dictar leyes y no decre-tos, llevará a los medios de comu-nicación y al público en general adesignar a la Junta con la denomi-nación apropiada.

Como ya se ha dicho en estascolumnas, el sistema legislativo re-sulta vital para la obra del Gobier-no en los próximos ocho años.Aunque realmente se ha hecho mu-cho en el campo de la reconstruccióny del desarrollo, quedan todavía de-terminaciones que, suspendidas in-definidamente o tomadas fuera delos marcos de la política enunciadapor S.E., podrían tener consecuen-cias negativas para el buen éxitodel régimen.

LA REGLA DE LA UNANIMIDAD

El país tiene confianza en el pa-triotismo de las Fuerzas Armadas yde Orden, además de haber recibidonumerosas pruebas de la prudenciay equidad con que los señores Co-mandantes en Jefe y General Direc-tor de Carabineros han ejercido elpoder constituyente y legislativo.

Esa misma confianza es la que,sin duda, justifica la norma consti-tucional que obliga a la Junta a ac-tuar por la unanimidad de susmiembros en la aprobación y des-pacho de las leyes. Ello significaque cualquiera de los miembros dela Junta dispone de un derecho aveto absoluto e inamovible. En


consecuencia, el voto en contraque emane de uno solo de los jefesmáximos de las instituciones repre-sentadas en la Junta puede detenerel despacho de las leyes básicas, delos códigos u otras materias que sonnecesariamente objeto de ley.

La regla de la unanimidad tiene,además, otro fundamento. En efec-to, habría resultado particularmenteperturbador que alguna ley fueseaprobada con la abstención o la ne-gativa de alguna rama de la Defen-sa Nacional. Esto privaría a la nor-ma de su autoridad moral y abriríael campo a posibles divergenciasentre los mandos de las institucio-nes que forman el respaldo y el ci-miento del régimen.

El sistema legislativo de la Juntabajo la regla de la unanimidad pa-rece haber sido el único camino, yaque el país no podía volver brusca-mente a cámaras elegidas y a parti-dos, a la vez que no resultaba mejorel mecanismo de legisladores de-signados por el Gobierno.

En todo caso, es digno de men-cionarse el hecho de que el Presi-dente más poderoso de nuestra his-toria carece de medios legales paraimponer su voluntad al Poder Le-gislativo. En esta materia ha prima-do una vez más el criterio militar,en el sentido de que la cúspide delrégimen se apoya en la confianza yen el espíritu de camaradería y ca-ballerosidad que reinan entre loshombres de armas. Resulta casi im-posible que algún miembro de laJunta haga uso de su derecho deveto para la protección de interesesque no sean los de todo el país ocon propósitos de luchar por el po-der. Largos años de abnegado pa-

triotismo en la Junta y muchos másde servicio en las respectivas insti-tuciones constituyen antecedentesmás sólidos que la letra de una nor-ma jurídica. Ha de suponerse que elveto injustificado, insuficientementemeditado o meramente discrecionalno existirá en la Junta, por las razo-nes que hemos señalado.

En el momento de iniciarse elnuevo período constitucional podríaser ventajoso, no obstante, que laJunta dictara su propio reglamentointerno con la mira de prever situa-ciones difíciles que pudieran pre-sentarse a lo largo de los próximosocho años. La Constitución disponeque se dicte una ley complementariaque establezca los órganos de tra-bajo y los procedimientos para elejercicio de las potestades consti-tuyente y legislativa. En esa u otraoportunidad próxima se espera quela Junta legisle acerca de la genera-ción de sus decisiones. La regla dela unanimidad supone, en este caso,el debate amplio de los asuntos enque surjan diferencias y exige, ade-más, que la opinión disidente de unsolo miembro de la Junta sea fun-dada en razones que de algún modolleguen a la luz pública.

Con la Constitución de 1980 elGobierno ha hecho un esfuerzo sin-cero por someterse a una regla ob-jetiva, obligatoria para todos y sólomodificable por los instrumentosque la misma Carta proporciona. Elpueblo ha ratificado esa ley funda-mental. Corresponde que todas lasautoridades se encuadren en esta lí-nea de racionalidad en las deci-siones, logrando así mayores y másrápidos avances en el camino queya recorre el país.


Colegios profesionales(29 de marzo de 1981)

Diversos colegios profesionales han llamado a sus asociados a pronun-ciarse sobre la legislación complementaria a la Constitución de 1980, quesuprimió la colegiación obligatoria de los profesionales. El Decreto Ley3.621 transformó a los Colegios Profesionales en Asociaciones Gremiales,mientras que el Decreto Ley 3.637 suprimió las atribuciones legales delColegio de Abogados (EM, 10 marzo, pág. C3) (EM, 11 marzo, pág. C3).

La Semana Política

COLEGIOS PROFESIONALES

Las directivas de los colegiosprofesionales continúan llamandoa los miembros de éstos para quese pronuncien en contra de la legis-lación vigente sobre la materia ymanifiesten su solidaridad gre-mial.

El propósito de estas votacionesinternas ha de interpretarse comoel deseo de las directivas de que elGobierno compruebe que no estánaisladas en su posición crítica. Elalcance de dichas votaciones no de-bería llegar más allá. El apoyo orechazo de los profesionales a laley que modifica su organizacióncolegial no podría alterar la realidadjurídica ya establecida. La Consti-tución de 1980 garantiza la másamplia libertad de trabajo y, especi-ficando dicha garantía, prohibe quese exija la afiliación a "organiza-ción o entidad alguna como requi-sito para desarrollar una determi-nada actividad". A su vez, el decretoley contra el que protestan las di-rectivas profesionales viene a re-glamentar aquel principio constitu-cional o, mejor dicho, a anticipary hacer realidad la vigencia delmismo.

Las votaciones de los colegiosprofesionales han de mirarse comouna respetable manifestación de lasopiniones de los interesados, perono cabe que ellas induzcan al legis-lador a contrariar la Carta Funda-mental o a que el Gobierno renunciea los principios esenciales que sos-tiene.

Por lo demás, la nueva legisla-ción no se ha dictado para benefi-ciar a los profesionales sino al pú-blico que demanda los servicios deéstos. El Gobierno ha creído queuna mayor libertad de trabajo paralos profesionales favorece a enfer-mos, contratantes, litigantes, públi-co lector o auditor y demás destina-tarios de la actividad profesional.

El carácter limitado de estas de-cisiones internas de los colegios, porsu naturaleza, alcance y circunstan-cias, ha provocado una importanteabstención por parte de los profe-sionales, que no atribuyen al cam-bio de sistema la gravedad que leotorgan las directivas.

En todo caso, la solidaridad in-terna de los colegios es algo positi-vo, y todo hace desear que se man-tenga. En adelante, la votación afavor de la organización profesionalcolegiada se hará de hecho periódi-


camente mediante el pago de lascuotas voluntarias de los miembrosde aquélla. Como ha ocurrido en elcampo sindical, la voluntariedadno debe disminuir la fuerza deaquellas organizaciones probada-mente útiles y con prestigio frente asus afiliados.

LA ETICA PROFESIONAL

Las directivas de los colegios hancentrado sus críticas a la nueva le-gislación en el tema de la ética y dela dignidad profesionales. De estasaltas metas de los colegios y de lasprofesiones derivan las bases delresto de los argumentos contra elsistema: las profesiones no son ofi-cios cualesquiera; sus organizacio-nes miran el bien común y no per-siguen fines de lucro; los serviciosprofesionales no pueden ser tran-sados en el mercado; la libertadatomizará las organizaciones, ha-ciendo imposible fiscalizar la éti-ca de los profesionales. Todo estoconduce, en definitiva, a dejar laimpresión de que, en nombre del"economicismo", se está provocan-do un atentado contra la moral y ladignidad profesionales.

En el debate no se ha hecho su-ficiente hincapié en que el puntoverdaderamente central del sistemaahora vigente es que se ha suprimi-do la colegiación obligatoria, enconcordancia con lo que prescribeal respecto la Constitución.

Como consecuencia de ello, nose ha insistido en que el objeto de latransformación de los colegios pro-fesionales en entes privados y sinafiliación legalmente obligatoria esservir al público, dejando en liber-tad a los usuarios para que requie-ran el auxilio profesional o especia-

lizado de la manera y en las condi-ciones que ellos escojan. Se supri-men así los aranceles y la necesidadde recurrir siempre a profesionalescolegiados.

Tampoco se ha subrayado que lacelosa vigilancia de la ética profe-sional por parte de los colegios harevestido un carácter más bien in-terno y persuasivo, evitando que elpúblico conozca las sanciones quese aplican a los profesionales in-fractores de la moral.

Se echa de menos en el debatepromovido por las directivas de loscolegios un esclarecimiento acercade la ética profesional. Si por éstase entiende un conjunto de normasobligatorias de conducta, que supo-nen a su vez la adhesión tambiénobligatoria de los sujetos a la disci-plina que los regula, estamos enpresencia de verdaderas normas ju-rídicas antes que meramente mo-rales.

Expresado de otro modo, la éti-ca profesional consiste o en cues-tiones morales puras, en asuntosde conciencia, en que poco o nadapueden los poderes terrenos y enque vale más la adhesión libre a lanorma que la compulsión, o encuestiones que envuelven la lesiónde un derecho, es decir, que perte-necen al campo jurídico. Estas úl-timas, o son delitos del profesional,tales como la estafa, el fraude, lafalsificación, el hurto, la lesión cor-poral, u otros, o comportan sólo lareparación de un daño moral o ma-terial. En el primer caso se trata dematerias penales y en el segundo dematerias civiles. En ambos, una ac-ción judicial expedita debiera sermás eficaz que los métodos de lareconvención colegial y reservadainvocando la ética.


Se asocian también a la moralprofesional puntos tales como laregulación de la publicidad de losservicios y de la forma en que debentratarse leal y respetuosamente losmiembros de una profesión. Estasmaterias son más bien de índolegremial. Si la publicidad de los ser-vicios incurre en abuso o delitocontemplados en la ley del ramo,allí está la herramienta para garan-tizar el mínimo ético. En cuanto ala ética en el trato de colega a cole-ga, ella tiene un principio rector queserá siempre el del óptimo servicioal cliente y el respeto celoso a lalibertad de éste.

PROFESIÓN Y LIBERTAD

La afiliación obligatoria a un en-te público como requisito para ejer-cer las profesiones no contribuye aprestigiar estas últimas, es contra-ria a la libertad de trabajo y no res-peta el derecho del usuario a elegirla calidad, oportunidad y costo delas prestaciones profesionales quedesea.

Toda libertad trae sus peligros,pero es preferible que los que quie-ren ser atendidos por los profesio-nales incurran en errores y perjui-cios a causa de la acción de algunosinescrupulosos, antes que perpetuarla tutela de los supuestamente inca-paces de elegir y, a pretexto de ella,cercenar las opciones de los indivi-duos frente a los diversos tipos ycalidades de servicios especializa-dos que pueden ofrecerse en unasociedad en pleno desarrollo. Nadieduda de la importancia de una laborprofesional consciente, responsabley recta, pero si los colegios —cons-tituidos en asociaciones volunta-rias— dan una marca de prestigio a

sus miembros al reclutar sólo a loscompetentes e irreprochables decada profesión y al sancionar pú-blicamente a los que contravienenlos estatutos de la asociación, usan-do para ello la jurisdicción discipli-naria propia de todas las corpora-ciones, se cumplirán mejor los fineséticos que las actuales directivasprofesionales persiguen.

El nuevo sistema pretende pro-teger efectivamente al público, en-tregando a cada usuario la libreelección de la importancia, fre-cuencia, naturaleza y calidad de losservicios que requiere. Parece ocio-so discutir si los honorarios profe-sionales deben transarse o no comoprecios del mercado. En todo caso,lo justo es que el monto se fije decomún acuerdo entre profesional ycliente. Ya sabrá el beneficiado sile conviene solicitar o no los servi-cios profesionales y cuál es el cos-to que está dispuesto a aceptar porellos. Todo esto no es "economi-cismo" sino respeto mínimo a lalibertad de los individuos.

No hay, en resumen, más altadignidad profesional y mejor nivelético y científico para las profesio-nes que los que confieren la enteray abnegada entrega de los profesio-nales al bien de quienes buscan susservicios. Y esta consagración deltalento, del trabajo y del corazón enla tarea profesional no la dan loscolegios sino que corresponde alcumplimiento fiel de una vocaciónpersonal.

Profesiones liberales se han lla-mado tradicionalmente las que re-quieren un título superior y supo-nen largos estudios. La liberalidades característica de las profesionespropiamente tales. La liberalidady el honor forman la esencia de


quien ejerce una profesión, es de-cir, una dedicación o consagracióna cierta obra de bien. Del honorviene el nombre de honorarios quereciben las compensaciones econó-micas de los servicios profesio-nales.

La legislación dictada sobre los

colegios puede tal vez necesitarafinamiento o precisiones, pero enningún caso atenta contra el honor,la dignidad o la ética profesionales.Por el contrario, al restituirles surango liberal destaca la esencia delas profesiones y las sitúa en el no-ble papel que les corresponde.


El factor moral(17 de mayo de 1981)

El artículo se refiere a la relación entre desarrollo económico, libertadesindividuales y ética.En su segunda parte reseña la labor que desarrollan centros de estudiosque reflexionan sobre temas políticos y económicos.

La Semana Política

EL FACTOR MORAL

Sólo mentes muy primitivas se-rían capaces de afirmar que la solu-ción de los problemas económicoses el remedio para todos los malesnacionales; que la libertad econó-mica trae la libertad política, y queel desarrollo económico importa laderrota definitiva del comunismo ydel extremismo en Chile.

La más elemental experienciadel pasado y de hoy muestra que laprosperidad económica no evita lasrevoluciones y los enfrentamientossociales, así como tampoco aseguraun régimen de verdadera libertad.Las masas famélicas pueden ser másproclives a las dictaduras extre-mistas, pero los electorados bienabastecidos de la era contemporáneano dejan de inclinarse al paternalis-mo socialista, aunque éste se cons-tituya en la antesala de un régimentotalitario. Esto último puede ocurrircon la votación favorable en Franciaal candidato François Mitterrand.

El desarrollo económico y elflorecimiento de las libertades indi-viduales permiten probablementeque las oscilaciones políticas ob-serven mayor moderación y que laspugnas sociales se sitúen en un pla-no más racional que el que imponela irrupción de las necesidades ele-

mentales insatisfechas. Fuera de eso,no habría que creer que el mejora-miento material sea una prenda oun seguro contra posiciones extre-mistas. Es justo perseguir el desa-rrollo económico y la afirmaciónde la libertad individual por el valorintrínseco de ellos, por sus efectossaludables en la suerte de las perso-nas. Sería erróneo, en cambio, mi-rarlos como un cerrojo que resguar-de contra revoluciones y contra-tiempos políticos.

Los mecanismos constituciona-les, por esmeradamente estudiadosque se encuentren, suelen ceder alos embates del tiempo o depararsorpresas en medio de las circuns-tancias cambiantes de la historia.Una Constitución inspirada en elpropósito de estabilidad políticapuede hacer mucho por conseguiresta meta, ya sea a través de la se-gunda vuelta electoral, de normasrestrictivas de la acción de los par-lamentos, de limitaciones al des-borde financiero o de la presenciamilitar constante como respaldo deun régimen. Sin embargo, la co-rriente de los hechos y el cambio delas mentalidades llevan a veces atrastrocar los papeles de los prota-gonistas políticos en términos ta-les que el elemento supuestamentemoderador se convierte en revolu-


cionario y que las medidas de equi-librio son usadas por los partidariosdel desorden.

El elemento estabilizador másvisiblemente eficaz se encuentraen la acción y la influencia de unapersonalidad vigorosa capaz de im-ponerse a los desquiciamientos, es-tablecer y resguardar el orden, e im-pulsar el progreso equilibrado. Sinembargo, la eficacia de esas grandespersonalidades difícilmente se pro-longa más allá de la existencia deaquéllas. Se trata, pues, de una esta-bilidad firme pero ligada a la fragili-dad de la vida humana y expuesta aser destruida en cualquier momento.Franco, De Gaulle y otros son casosdignos de meditación.

Quienes en Chile han busca-do formulas económicas, políticasy constitucionales destinadas a pro-yectar el actual régimen por el ma-yor tiempo posible creen estar muylejos de trabajar para el presente ypiensan que es vital conservar losgrandes valores salvados en el ré-gimen militar, para lo cual se re-quiere de una construcción políti-ca superior y trascendente a las per-sonas.

Pero lo más importante no estáen las fórmulas económicas o enlos mecanismos constitucionales. Laesencia de la estabilidad política esde carácter moral. Por hábiles queparezcan las fórmulas, ellas no ju-garán verdaderamente si la menta-lidad egoísta, si la ausencia de sen-tido nacional, si el abuso de la li-bertad, si la pereza y los demás vi-cios logran frustrar lo que debieraser una convivencia chilena sana,libre y genuina.

Ningún teoricismo y ningún me-canicismo lograrán reemplazar lavigilancia espiritual, el esfuerzo

creador y la calidad ética de los ciu-dadanos. Nuestro país dispone dereservas morales y responde positi-vamente a los golpes de la adversi-dad. Resulta indispensable que estecapital espiritual se conserve ade-cuadamente y rinda sus frutos.

TIEMPO APROVECHABLE

El régimen de libertad exige unaética individual más clara y sólidaque la que demanden los regímenesdespóticos. Hasta en el campo eco-nómico se precisa una moralidadmás rigurosa y una responsabilidadmás estricta por parte de los queactúan en los negocios cuando setrata de una economía de mercado,pues las regulaciones, fiscalismos yproteccionismos frenan las inicia-tivas e impiden, a la vez, los acier-tos y las equivocaciones, lo que noocurre en el régimen de libertad.

En el área política es lo mismo.En la medida en que los individuoshan de decidir por sí solos su con-ducta social, mucho más relieve co-bran su formación ética y su senti-do del deber.

Este y los próximos años son laocasión de configurar una verdade-ra ética de la libertad, que propor-cione a los ciudadanos las herra-mientas para luchar por sí mismosen la afirmación de su carácter, desu valor personal, de su lealtad a lapatria, de su solidaridad con suscompatriotas y de su espíritu deservicio a la causa nacional.

Nuestro país se salvará con elsacrificio de todos sus hijos y re-quiere de la colaboración de todosellos. El impulso modernizador queestá transformando nuestra socie-dad no es un llamado al egoísmo,sino a la conciencia personal. Lo


deseable sería que los chilenos es-tuvieran cada vez más emancipadosde consignas y más sujetos a la mo-ral de la libertad, en términos deque los deberes se cumplieran porconvencimiento antes que como re-sultado de una coacción.

Para formar el ambiente moralque el país necesita, la acción delas universidades y del sistemaeducativo en general resulta deter-minante.

No queda ya mucho tiempo paraque las universidades asuman elpapel de verdaderas formadoras delos dirigentes del futuro en esta eta-pa de la evolución del país. Estosno podrán renunciar a la honrosatradición intelectual chilena, peronecesitarán una preparación ade-cuada para influir positivamente enuna sociedad libre y evolucionada.

Gran parte de nuestras limitacio-nes políticas y económicas provie-nen de la dificultad casi crónica dealgunos intelectuales para hacer desu trabajo un magisterio de bien pú-blico y de aprovechamiento de lasvirtualidades nacionales. El ejem-plo ilustre de don Andrés Bello, queno dejó actividad valiosa en Chilesin guiar y estimular, debiera seña-larse en este año del bicentenariode su nacimiento como el caso deuna gran inteligencia dedicada aservir al país con notable abnega-ción. Es posible que el problemaque anotamos surja en parte de laincapacidad de nuestras institucio-nes y autoridades para dar acogidaa la inteligencia creadora, y no sólodel aislamiento de los intelectuales.El hecho es que la Universidad y lacultura necesitan líderes y guías degran peso, a fin de orientar el paíshacia las que debían ser sus preocu-paciones centrales.

Se diría que la ausencia de lu-chas políticas abiertas tiende a ate-nuar en mucho la preocupación porlos asuntos públicos y a convertiren formalismos no pocas de lasgrandes preguntas acerca del pre-sente y del porvenir de Chile. Lapolémica ha bajado en general denivel y son escasos los análisis mo-rales o políticos cuya coherencia lespermita influir en la mentalidadnacional.

Está haciendo falta un gran de-bate sobre el marxismo y sus prin-cipios, así como en torno a las apli-caciones prácticas de esta ideologíaen el mundo de hoy. Los marxistasteóricos han tenido que replantearmuchos de sus puntos de vista frentea una problemática del todo dife-rente a la suscitada en las cabezasde Marx, Engels o Lenin. Los nomarxistas deberían seguirlos en susnuevos mimetismos.

Cabe registrar como aportes va-liosos a la ilustración de importan-tes asuntos públicos las participa-ciones de varios distinguidos pro-fesores a torneos como el semina-rio sobre la Constitución de 1980,celebrado en la Facultad de Dere-cho de la Universidad de Chile.Asimismo, debe reconocerse comomuestra de espíritu público la laborde la Corporación de Estudios Na-cionales, que ahora preside la seño-ra Lucía Pinochet Hiriart, y quecuenta con una nutrida obra de es-tudios y publicaciones político-so-ciales. Sin pretender una enumera-ción exhaustiva de los esfuerzos quese realizan para el estudio de estosproblemas, parece procedente se-ñalar al Centro de Estudios Públicos,que preside el ex Ministro y emba-jador, señor Jorge Cauas, y cuyosforos e investigaciones están lla-


mados a contribuir también al en-riquecimiento de las ideas chilenassobre la sociedad, la ley, el Estadoy la persona.

En esta clase de estudios no suelereinar la unanimidad de pareceres ylas ideas no se imponen ni con vo-taciones ni por medio de la fuerza.Es natural y sano que surjan dife-rencias de apreciación, ya dentro delos seminarios o centros de estudios,ya sea entre los diversos grupos deestudiosos entre sí. Lo que interesaes que haya debate elevado, recto yprofundo sobre los grandes asuntospúblicos. Ello debe ser así por lanaturaleza misma de tales problemas

y porque, además, las moderniza-ciones no son tan sólo cambios ma-teriales o sociales; hay una trans-formación de la mentalidad quemerece conocerse en todos sus as-pectos; está naciendo una actitudmoderna que debe ser ilustrada,consciente y éticamente bien inspi-rada. De ahí la necesidad de centrosde reflexión que, desde dentro ofuera de la Universidad, ayuden ala tarea de esclarecer las ideas, deabrir las mentalidades y de formara los futuros dirigentes. El temorsiempre saludable de una vueltaatrás debería impulsar a muchos amantenerse vigilantes.


Necesidad de la información(7 de junio de 1981)

El comentario se refiere a la transparencia legislativa, es decir, a lainformación acerca de los procesos por los que pasa un proyecto de ley, ysobre las personas que intervienen en estos procesos.También se pone en el mismo plano la necesidad de información respectode las actuaciones de empresas privadas que comprometan el interés directodel público. Cita como ejemplo el caso de la Compañía Refinería de Azúcarde Viña del Mar (CRAV), cuya insolvencia sorprendió al público y a lospequeños accionistas (EM, 24 mayo, pág. D20).

La Semana Política

NECESIDAD DE LA INFORMACIÓN

La concepción imperante enChile tiende a sustituir por meca-nismos impersonales, automáticosy generales la creciente interven-ción funcionaria discrecional y ca-suística propia de los regímenes quese socializan.

El posible error de la decisióndiscrecional, los obstáculos al de-sarrollo de la libertad que envuelvenlos controles y el camino hacia laservidumbre que implica el procesodel intervencionismo estatal, hacenaconsejable el sistema que estamosempezando a usar en Chile.

Pero el sistema libre cuenta concontroles automáticos y generales,a condición de que cada sujeto encualquier actividad disponga de lainformación más amplia posibleacerca de los asuntos que interesandirectamente a su persona y a susbienes.

La ley se supone conocida detodos, y debe necesariamente serasí, pues en caso contrario sería fá-cil presentar la ignorancia de la leycomo excusa de cualquier delito.

Pero, además, desde un punto devista político, es indispensable quela ley se conozca e, incluso, se di-vulgue. La promulgación y publi-cación constituyen el primer pasodel conocimiento real de la ley, perolo justo es que los ciudadanos esténampliamente informados de las le-yes que los rigen. Los debates pú-blicos en los Parlamentos suelenpermitir un conocimiento del pro-ceso legislativo que facilita la in-formación del precepto que va aregir.

Lo mismo ocurre en el ámbitoprivado. Hay negocios que interesanno sólo a quienes los realizan, sinoa muchas personas más. Así es elcaso de las sociedades anónimas,los fondos mutuos y las administra-doras de fondos de previsión, parano citar sino algunos ejemplos. Elempleo del dinero del público esuna necesidad del desarrollo de laeconomía de mercado. Y está muybien que el Gobierno se abstengade intervenir en el evento de pros-peridad o de ruina de algún negocioparticular. Algo por completo dife-rente es el derecho de los accionis-


tas, depositantes o acreedores engeneral, de conocer oportunamen-te la forma y condiciones en que seestá haciendo uso de su dinero.

Se diría que entre nosotros resultacada día menos necesaria la inter-vención del Gobierno, pero, por lomismo, surge el imperativo inelu-dible e impostergable de ofrecer alpúblico la más amplia y completainformación, sobre todo aquello enque éste tiene interés directo.

El episodio CRAV envuelve unserio perjuicio para muchos parti-culares, pero trae consigo experien-cias saludables: las empresas queotorgan y las que piden préstamoshan debido ponerse más prudentesy se ha formado consenso de que lainformación es un elemento vitalen la economía libre.

La regulación automática e im-personal del mercado supone quelos poseedores, compradores y ven-dedores de mercaderías o valorestienen la información adecuada paraadoptar sus decisiones.

TRANSPARENCIA LEGISLATIVA

La actividad de los legisladoresnecesita, con mayor razón aún quela de los empresarios, ser conoci-da por el público. Una decisióndesatinada de la empresa comercialque trabaja con dinero ajeno com-promete a sus deudores e indirecta-mente a muchos individuos. Unadecisión mal meditada de los legis-ladores puede acarrear desastres to-davía más extendidos.

No hay que descartar las ventajasdel sigilo y la confidencia en algunasmaterias muy específicas, en que ladivulgación podría frustrar el fin quese persigue. Tales ventajas, sin em-bargo, debieran compararse cuida-

dosamente con los peligros que traela información divulgada en formaprematura y parcial a ciertos privi-legiados que harán uso de ella. Esmuy difícil una reserva completarespecto de decisiones legislativasque tardan largo tiempo en madurary perfeccionarse. En la práctica, noserá entonces imposible que ciertosparticulares conozcan las noticiaslegislativas antes que otros, que-dando en situación preferente paracubrirse de eventuales riesgos o paratomar resoluciones concordantescon la legislación que se estudia.

No cabe dudar del patriotismo ydel trabajo abnegado de los miem-bros de las comisiones legislativasque asesoran a la Junta de Gobiernoen el ejercicio de las potestades deésta. Esas mismas virtudes parece-rían indicar las ventajas de una in-formación completa y oportuna dela labor de las comisiones. Bien sesabe que sus debates sólo van a tra-ducirse en un mero proyecto y queel acto de legislar propiamente talcorresponde a la Junta de Gobier-no. Sin embargo, el conocimientopúblico del desarrollo de los deba-tes y de la responsabilidad que enellos asumen los distintos miembrosde las comisiones legislativas, ha-rían comprender a la ciudadanía losfundamentos reales de la ley, la his-toria de la misma y, en fin, las razo-nes de justicia que obligarán a obe-decerla cuando sea promulgada.

El conocimiento público de losdebates preparatorios de la decisiónlegislativa de la Junta colocaría atodos los interesados o afectados porla futura ley en igualdad de condi-ciones, evitando que se suponga quedeterminados particulares participano influyen directa o indirectamenteen las discusiones, a través de sus


propios contactos, mientras el restode la ciudadanía está a ciegas sobrela legislación en estudio.

El país debería saber oportuna-mente por qué se detienen algunosproyectos, cuáles son los aspectos uobjeciones que fuerzan a su reestu-dio u otros elementos, para formar-se juicio cabal sobre normas quevan a influir en sus personas o en supatrimonio.

El problema de la informaciónes más delicado, desde el momentoen que actúan como miembros delas comisiones legislativas personasque, rodeadas del respeto general,desempeñan funciones importantesen empresas económicas que de unmodo u otro pueden verse influidaspor una determinada legislación. Laley obliga de manera muy enérgicaa que el miembro de la comisión seabstenga de intervenir en la trami-tación de leyes en que tenga interésdirecto o indirecto, interés que sedescribe de la manera más amplia.Sin embargo, la aplicación de estaincompatibilidad queda entregada ala sola conciencia del miembro dela comisión legislativa o de la Jun-ta de Gobierno, en su caso. No hayconocimiento público del trabajolegislativo ni hay posibilidad de quese haga valer la implicancia, aunqueciertamente ella se respeta y obser-va con celo en las comisiones.

Las inhabilidades para sermiembro de las comisiones legis-lativas son muchas y repiten en losustancial las que regían para sena-dores y diputados en la Constituciónde 1925. Pero no parece haber me-dio de invocar tales inhabilidades,ya que los miembros de las comi-siones legislativas son de la exclu-siva confianza de los presidentes delas mismas.

Nuestro actual sistema de legis-lar se basa en la confianza y respe-tabilidad de las personas, lo que valepara una emergencia pero no per-mite fundar sólidamente una insti-tución legislativa. Esta necesitaresguardos, y el primero de ellosconsiste en la más cabal informa-ción pública de la labor de los le-gisladores.

LOS RESORTES ÉTICOS Y LEGALES

El mercado, como elementoasignador de recursos y reguladorautomático de la economía, nuncafunciona en el vacío. Para que hayamercado debe existir un sistema le-gal que lo haga posible. Deben im-perar normas claras sobre derechode propiedad, sobre el valor sagradode los contratos, sobre penalidadpara el hurto y la estafa y, en espe-cial, debe haber un juez al que pue-dan acudir las partes en caso decontroversia.

Si no hay juez y cada cual sehace justicia por sí mismo, o si nohay definición de los derechos in-dividuales, la economía libre nofunciona. La ley de la selva es todolo contrario del mercado.

De ahí, entonces, que las leyeseconómicas no basten por sí solaspara regular el funcionamiento eco-nómico. La sustentación jurídica nopodría faltar.

Ahora bien, el orden jurídico re-quiere de un orden político, es decir,de un Estado y de un Gobierno. Sinun régimen político y jurídico quesostenga la economía libre, ésta noresulta viable.

Como los regímenes políticosse apoyan fundamentalmente enla opinión pública, la conducta delas autoridades requiere de cierta


aceptación por parte de la ciuda-danía.

No significa esto que deban dic-tar políticas demagógicas o popu-listas, sino que han de transparentarun sentido de justicia y respetabili-dad que las haga dignas de crédito.

Por su parte, las empresas y loshombres de negocios no puedenprescindir de la opinión públicay del efecto malo o bueno que susactividades puedan tener en el pres-tigio de la autoridad pública y delGobierno. No es conveniente quenadie gire a cuenta de la solidez,patriotismo y estabilidad de lasFuerzas Armadas, pues dichas vir-tudes operan actualmente recibien-do el respeto de la ciudadanía. Co-rresponde a los líderes del desarro-llo privado hacer comprender quesus actitudes son beneficiosas pa-ra el país, y que el afán legítimo deenriquecimiento tiene por límite lamoral.

El Estado no debiera interferiren la libertad económica de los par-

ticulares, de acuerdo con el princi-pio de subsidiariedad. Pero tampo-co deberían los particulares interfe-rir negativamente en las actividadeso el prestigio del Estado. La autori-dad legítima y firme es un requisitopara el mantenimiento de la libertad.El crecimiento sano del sector pri-vado exige un orden político y jurí-dico estable. Dicho orden se funda,en último término, en la moral.

Nada parece más contrario a unsistema libre que la persecución yel amedrentamiento en nombre dela moral. Sin embargo, los resor-tes éticos de la sociedad no puedenaflojarse sin peligro para el ordencivil en todos sus aspectos. Las vie-jas virtudes de la fortaleza, la justi-cia, la prudencia y la templanzadescubiertas ya por los griegos yrecibidas de ellos por nuestra he-rencia cristiana, forman los cimien-tos de todo el orden social. Y eldesarrollo en una economía de mer-cado implica la existencia de dichoorden.


Servicios de inteligencia(21 de junio de 1981)

Se da a conocer que los culpables del asesinato de dos funcionarios banca-rios y robo en Calama pertenecían a la Central Nacional de Informaciones(CNI), quienes cometieron los delitos aprovechando esa calidad (EM, 12junio, pág. C 5).

La Semana Política

TRANSPARENCIA POLICIAL

La brillante pesquisa de Investi-gaciones y de la propia CNI en elcrimen de Calama ha estado subra-yada por una información plena delos hechos y de la participación queen ellos cupo a funcionarios subal-ternos de seguridad. Lo que podría-mos llamar la transparencia policialha venido acompañada de la másenérgica y explícita disposición delGobierno para sancionar ejemplar-mente a los que resulten culpablesde los actos delictuosos conocidosy de los que aparezcan de la perti-nente indagación judicial.

Si es incómoda la sensaciónde que en algunos planos del poderpúblico o privado se llegaran a mi-nimizar u ocultar hechos graves, re-sulta particularmente satisfactoriocomprobar que los servicios poli-ciales y de seguridad no trepidan enseparar de sus filas a quienes apare-cen responsables de delitos, y queellos mismos practican las diligen-cias necesarias para identificar a loscriminales y para ponerlos a dispo-sición de la justicia.

La satisfacción es mayor cuan-do S.E. el Presidente de la Repúbli-ca se expresa en forma categórica-mente condenatoria respecto de es-tos sucesos, ordena el amplio y

pleno esclarecimiento, exige que sehaga justicia y anuncia que no em-pleará el recurso del indulto parafavorecer a los culpables. La inter-vención de la Ministra de Justicia,doña Mónica Madariaga, para re-pudiar de manera casi fulminantelos delitos de abuso de poder, derobo, de homicidio a mansalva y endespoblado y los demás crímenesque se prueben en el juicio corres-pondiente, da una idea de la posi-ción moral del Gobierno en el caso.

Estas columnas están invitando aque se haga luz sobre muchos asun-tos de interés público, no porquenecesariamente haya dudas sobre larectitud con que se procede en mu-chos de ellos, sino para que se pro-cure establecer la regla de que lomás conveniente es que la ciuda-danía esté informada acerca de lospasos que se dan para beneficiarla.La información puede hacer másdificultosas ciertas decisiones, acausa del debate que sobre ellas sepromueva, pero es preferible el co-nocimiento público de los asuntospúblicos (valga la redundancia)que el sigilo, que a la postre no estal, sino conocimiento minoritariode aquellas materias que interesana grandes mayorías.

En el sórdido caso de Calama, elGobierno y las autoridades y servi-


cios competentes han tomado elcamino correcto. La plena luz quellega hasta el fondo de las conduc-tas puede suscitar críticas y abrirviejas heridas. No faltan los quequisieran someter a revisión todo elpasado de los organismos de segu-ridad durante este régimen, tentati-va sin duda intencionada política-mente. Hasta se han visto peticionesdirigidas a disolver los organismosde seguridad, apoyándose en loscrímenes de Calama. La informa-ción provoca toda suerte de reac-ciones y comentarios, pero sirvepara que cada cual lance su cartaa la mesa. Al final, el juego seráfavorable a la verdad. Pesando ycontrapesando, el ciudadano comúnse quedará con la verdad y la justi-cia. Hace bien el Gobierno en notemer a lo que ahora llaman trans-parencia.

SERVICIOS DE INTELIGENCIA

El crimen de Calama es induda-blemente gravísimo por lo que élsignifica y también por lo que dejaentrever. Hubo individuos armados,a cargo de la seguridad de bancos,instituciones y personas, que no va-cilaron en aprovechar su posiciónpara robar y matar. Piénsese en lanefasta influencia que tales indivi-duos podrían tener en pueblos pe-queños, en ciudades alejadas de lacapital, en poblados que resultandifíciles de controlar desde Santia-go. Los riesgos del poder arbitrarioy sin apelación se agrandan cuandose trata de una acción funcionariaejercida en las sombras y a un nivelen que no existen los compromisosde las autoridades más altas de laRepública.

Todas estas dudas y cavilaciones,más algunas otras de género análo-go, se alivian cuando el hecho reales que los abusos se identifican, sedenuncian y se castigan por las pro-pias autoridades de los serviciosafectados con tales delitos.

Con todo, la experiencia dramá-tica de Calama debiera aprovechar-se. Los servicios de inteligencia hande quedar definidos en sus objetivosy en los medios que emplean paralograrlos. La gran libertad y reservacon que deben actuar los hombresde los servicios de inteligencia pa-recería exigir que se quedaran allí,es decir, en el terreno de la infor-mación. Se trata, por cierto, de unainformación de combate o de uncombate por medio de la informa-ción. Pero todo aconsejaría que lasmedidas de apremio, que las dili-gencias encaminadas a la detenciónde sospechosos y, en general, todoslos aspectos ejecutivos de la seguri-dad quedaran en manos de los ser-vicios entrenados y dotados para talobjetivo. Investigaciones y Carabi-neros deberían ser requeridos paracumplir las órdenes que necesita laCentral Nacional de Informaciones.Esta debe captar los datos, elabo-rarlos, procesarlos, analizarlos yentregarlos a las autoridades. Paraello es probable que requiera laconcurrencia personal de sospecho-sos e incriminados, pero nada obli-ga que tal concurrencia se obtengapor mediación del personal de inte-ligencia. Bien pueden Carabineroso Investigaciones tomar a su cargolas detenciones. Así como el prime-ro está capacitado para actuar pre-ventivamente frente a los peligrospara la seguridad de las personas yempresas, la segunda tendrá queactuar una vez cometidos los delitos.


Ambos, sin embargo, tienen losmedios de aprehender a las perso-nas y pueden, además, velar por laseguridad de los ciudadanos. La ta-rea de la inteligencia es principal-mente otra. Mira a recoger infor-mación y a contrarrestar la infor-mación adversaria. Ese trabajo es labase para que operen los serviciospoliciales y la propia planificaciónde las Fuerzas Armadas. De ahí laimportancia de que su labor no seconfunda con la acción coactiva enel terreno. Es políticamente venta-joso para el Estado que la inteligen-cia capte informaciones y las trans-mita, absteniéndose de interferir di-rectamente en la libertad de los ciu-dadanos. Además, se cuida así lajusticia y la ponderación en lasaprehensiones y demás diligencias.

Carabineros e Investigacionespueden actuar más apropiadamen-te en lo que atañe a dicha libertad,pues sus estatutos orgánicos, su tra-dición y las modalidades propias desu proceder se encuentran ajusta-dos a las leyes. No se da en talesservicios un margen amplio de dis-crecionalidad. El cumplimiento es-tricto de las órdenes de un juez o deun funcionario administrativo delárea de orden interior no puede darpie a contusiones como las que sir-vieron para la comisión de los gra-ves delitos de Calama.

Junto, pues, con apoyar la publi-cidad amplia que se ha dado a lasinvestigaciones de estos crímenes yla posición condenatoria del Go-bierno a este respecto, forzoso esconsignar la necesidad de que seestudie el tema de los servicios deseguridad y de que se busquen ma-neras de evitar la peligrosa mezclaentre las indagaciones de inteligen-cia y las tareas de protección de

personas o empresas. Aislada laprimera tarea de todo contacto conmisiones policiales, disminuiríael riesgo de delitos como el que haocupado en estos días a la prensa yprobablemente aumentaría la efica-cia de la seguridad.

La tranquilidad con que la opi-nión pública ha acogido estos in-quietantes sucesos se debe en granparte a la confianza que merece elDirector de la CNI, general donHumberto Gordón. La prudencia yfranqueza con que ha actuado eneste difícil problema de su serviciohan estado a la altura de su dignatrayectoria militar.

Como ya se ha dicho, la com-prensión ciudadana que puedan re-cibir los servicios policiales y deseguridad depende principalmentede la confianza que inspiren los je-fes superiores de aquéllos. En estecaso, dicho requisito se cumple ple-namente y permite confiar en que elesclarecimiento de los delitos serácompleto, a la vez que autoriza aesperar un planteamiento institu-cional de la CNI que evite la acciónde delincuentes bajo apariencias defunciones de seguridad.

Hay que tomar en cuenta queninguna institución está libre deque entre sus miembros se infiltreun criminal o que individuos de an-tecedentes aceptables sufran unproceso de corrupción. El peligroes ciertamente mayor en profesio-nes dedicadas a indagar en ambien-tes del delito, a conectarse con su-jetos sospechosos y a cumplir mi-siones de alto riesgo. En todo elmundo las actividades de inteligen-cia están sometidas a perjudicia-les infiltraciones, a traiciones y acorrupciones. Por graves y sinies-tros que sean los sucesos de Cala-


ma, ellos debieran mirarse comoun accidente serio pero no único nisin precedentes en este delicado te-rreno.

El reclutamiento de personas sí-quica, moral y físicamente aptaspara las tareas de seguridad no tienepor qué ser algo sencillo. Condicio-nes tales como el sentido de justicia,la honorabilidad, el autocontrol yel coraje físico forman una armoníaque no es común. A menudo algunoo algunos de esos rasgos se contra-dicen con los otros.

Las exigencias de formación es-pecializada y el nivel de remunera-ciones, además de la vigorosa con-ciencia institucional, debieran atraerhacia la CNI a expertos y profesio-nales idóneos para suministrar yprocesar la información de seguri-dad. Dicha tarea reviste gran im-portancia para el Estado y merece

que se la rodee de consideracionesy estímulos, a condición de que nointerfiera en labores policiales queya desempeñan otros cuerpos.

Por lo que se sabe, las FuerzasArmadas están empleando sólopersonal de la reserva o en retiropara cumplir misiones en la CNI.Ello parece una precaución mínima.Las Fuerzas de la Defensa Nacionalconservarán prestigio y eficacia enla medida en que se mantengan almargen de tareas civiles o policialesque pudieran mezclar a sus hom-bres en servicio activo con asuntosdiversos a su función específica.

En resumen, el dramático episo-dio de Calama, planeado desde Ari-ca, es un indicador que hay que to-mar en cuenta y frente al cual elGobierno y la autoridad de la CNIhan reaccionado en términos alen-tadores.


£1 marco del Estado(5 de julio de 1981)

El comentario se refiere a cuáles son, a juicio del articulista, las tareasfundamentales que debe desempeñar el Estado moderno, refiriéndose espe-cialmente al papel que le cabe en el plano económico.

La Semana Política

EL MARCO DEL ESTADO

La experiencia de las moderni-zaciones habilita para examinar cadavez más a fondo el verdadero papeldel Estado en la sociedad chilenapresente y futura.

Podría decirse que la expansiónde la esfera estatal ha sido inorgá-nica y empirista, pero siempreconstante durante un largo períodohistórico. Sólo el actual Gobiernointenta poner un dique a dicha ex-pansión.

El proceso ha estado lejos de seruna vigorización de la nervaturafundamental del Estado. Durantemucho tiempo estuvieron desdeña-das y postergadas nada menos quelas vitales funciones de la DefensaNacional. Debió sobrevenir la crisisde la ex Unidad Popular para quelos elementos civiles volvieran losojos hacia las Fuerzas Armadas yde Orden y descubrieran al fin enellas su papel de resguardo de laseguridad nacional y de los valoresfundamentales de la República. Enigual y progresivo abandono fueronquedando el Poder Judicial y algu-nas otras funciones básicas del Es-tado.

La hinchazón estatista, con elavance dispar y atolondrado de ser-vicios, programas y funciones, nocaminó hacia el Estado fuerte sino

hacia la maraña burocrática y elconfusionismo demagógico. Elgasto público excesivo, el desequi-librio fiscal y la ineficacia de laacción regular del Estado fueron elcorolario de esta obesidad del sectorpúblico, más afanoso de tomar parasí tareas comerciales e industrialesque de ejercer sus labores especí-ficas.

El actual Gobierno enfrentó es-ta hipertrofia anormal del Esta-do, con el objeto de encuadrar lasfunciones públicas a sus fines bási-cos y permanentes, y de entregar alos particulares las tareas econó-micas que éstos pueden desarrollarcon más eficacia que el sector pú-blico.

El Gobierno ha logrado ordenarlas finanzas y despojarse de mu-chas funciones que desempeñaba sinbeneficio alguno para la comuni-dad. El modelo de economía libretiene, entre otras ventajas, la depermitir que el Estado se consagrea sus tareas propias, dando a todoslos habitantes del país la oportu-nidad de desarrollar sus iniciativascreadoras con amplia autonomía.

Las modernizaciones van entre-gando a los individuos un margenmayor de libertad para decidir sobresus diversos intereses: así ocurreen el campo sindical, profesional,previsional, de salud, de agricultu-


ra, y posiblemente ocurrirá en otrasáreas, tales como la administraciónde justicia y otras.

El país experimenta, por lo de-más, como ya se analizó en estascolumnas, el desarrollo de un nue-vo sector privado, más dinámico yracionalizado que el de las antiguasfortunas privadas.

En este cuadro, en que el Esta-do se desprende de algunas funcio-nes, en que se pone en duda la efi-ciencia de muchas empresas públi-cas o negocios del Estado y en quecrece un nuevo sector particularmoderno, corresponde preguntar-se por el marco de acción del Es-tado.

Es obvio que a este último perte-necen las tareas esenciales e histó-ricas de velar por la seguridad na-cional y administrar justicia; pero,sin perjuicio de valorizar y refor-zar con sentido innovador aquellasvitales funciones, cabe consideraren una perspectiva más amplia elpapel del Estado; mejor dicho, lasfunciones ya indicadas admitenuna mayor ampliación y especifi-cación.

Podría afirmarse que al Esta-do contemporáneo le correspondendos misiones principales. La pri-mera consiste en velar por la segu-ridad nacional, incluyendo en ella,para los efectos de este análisis, lapolítica exterior. La segunda mira,por una parte, a asegurar la libertadde los ciudadanos para el cumpli-miento de sus propósitos y satisfac-ción de sus necesidades, y, por otra,a exigir la responsabilidad de losindividuos por los daños a terceroso al bien común que causen en elejercicio de su libertad.

El Estado renuncia a su misióninsobornable si no atiende debida-

mente a la seguridad nacional, contodos los medios a su alcance, entrelos que se encuentran el propio de-sarrollo económico y el manejoadecuado de las relaciones interna-cionales.

El Estado resulta despótico yopresivo si no garantiza la libertadplena de los ciudadanos en todo elámbito en que aquélla puede ejer-cerse.

El Estado deja de ser tal y seconvierte en fomentador de la anar-quía si no logra asegurar que losindividuos respondan personal ypatrimonialmente de los dañosque causen por delitos o abusos enel ejercicio de su libertad.

ESTADO JUEZ Y ESTADOEMPRESARIO

Si el marco del Estado, apartede la esencial función de velar porla seguridad nacional, consiste enasegurar la libertad y responsabili-dad de los individuos, puede decir-se que esta última función competeal legislador y al juez.

El límite entre la esfera públicay la privada no está fijado en esen-cia por lo que legalmente es patri-monio del Estado, sino por los bie-nes que no pueden sino pertenecera aquél y los que pudieran ser dedominio particular.

La seguridad nacional jamás po-drá ser un bien privado. En otrasépocas históricas, las tierras, ciuda-des y naciones eran patrimonio per-sonal del soberano y entonces nohay motivo para extrañarse de quela defensa del rey y de sus bienesestuviera en manos de empresariosprivados o mercenarios. En la actua-lidad, y transcurridos siglos desdeque el Estado adoptó su propia rea-


lidad moral y su propia trascenden-cia, la seguridad nacional es un bienpúblico, intransferible e inalienable.Es connatural al Estado y adquie-re las características impersonalesde éste.

La facultad de dictar normas ge-nerales en cuya virtud los ciudada-nos puedan acudir a medios y agen-tes que aseguren el ejercicio de sulibertad, pertenece también poresencia al dominio público. La nor-ma general y de bien común es dela naturaleza del Estado, el cual sevigoriza y se reencuentra a sí mis-mo en la misma medida en que suacción fundamental en el campo in-terno se concentra en dictar y man-tener un grupo orgánico de normasque afiancen la libertad de los ciu-dadanos.

El poder de interpretar las leyesy de hacerlas cumplir también per-tenece esencialmente a la esferapública. La administración de justi-cia, como la legislación y la defen-sa nacional, son elementos funda-mentales e irrenunciables del mar-co del Estado.

No ocurre con los negocios yempresas del sector público loque sucede con la misión estatalbásica. El llamado sector públicono está constituido por aquella ga-ma de servicios y funciones quemiran a defender al Estado, a ga-rantizar la libertad de los ciudada-nos y a exigir el cumplimiento delas responsabilidades de éstos.Aquel sector se forma con los ne-gocios, propiedades y empresasque son jurídicamente de dominiodel Estado, pero que podrían po-seerse y administrarse por particu-lares sin daño alguno para el biencomún y, a veces, con provecho ge-neral.

EL SECTOR PUBLICO ECONÓMICO

Aunque sea paradójico, diremosque el llamado sector público, no espropia y esencialmente público,en el estricto sentido en que lo son,por ejemplo, el Servicio Exterior,el de Gobierno Interior, las FuerzasArmadas, los servicios de Hacien-da y, en general, los que integran laAdministración Pública. El mismocarácter revisten la Administraciónde Justicia y el Poder Legislativo.El sector público económico poseeotras características.

En este último el carácter públi-co está determinado por la relaciónde propiedad que existe entre esosbienes, empresas y negocios y elFisco u otra entidad estatal dotadade patrimonio.

Que el Estado requiera de cuan-tiosos recursos para el cumplimien-to de sus elevados fines es algo queno necesita demostración. Para re-unir esos fondos tiene un arbitrioprincipal: la potestad de imponertributos.

Nadie que comprenda la necesi-dad vital de los servicios y funcionesdel Estado podría honestamenteabogar en favor de la merma de losrecursos necesarios para el plenofuncionamiento del Estado y suspoderes.

El llamado sector público, encambio, no se inició primariamentecon el propósito de obtener recursosfiscales, sino con la mira de llevaradelante la ejecución de proyectoseconómicos básicos, para los cualesse necesitaba acumular compulsi-vamente capital —a través de im-puestos— y en los que se suponíaque los particulares no contaban nicon capacidad ni interés para em-prenderlos. La idea básica del fo-


mentó estatal de la producción, fi-losofía primordial de la CORFO yde las grandes realizaciones de ésta,adquirió vigencia, en diversos mo-mentos y con diversos grados deseriedad, aun más allá del nombra-do organismo. Así proliferaron em-presas de diverso tamaño e impor-tancia, bajo la bandera del interéspúblico y del fomento de la pro-ducción.

Finalidades socialistas y equi-vocadamente nacionalistas influye-ron, además, en la estatización deempresas y servicios básicos, bajoel supuesto de que la relación patri-monial entre el Estado y tales nego-cios aseguraba la puesta de estosúltimos al servicio del interés na-cional.

El proteccionismo aduanero (hoyvirtualmente desaparecido) y elmonopolio (que parece lejos aún dedesaparecer) han sido las defensasde los negocios del sector público.

Cuando tanto alarma el creci-miento de grupos económicos pri-vados, bien valdría echar una ojeadaa los muchos más poderosos grupose intereses económicos que naveganbajo bandera pública, pero que ac-túan comercialmente como los par-ticulares, aunque no siempre cuen-tan con la óptima productividad desus enormes recursos, ni prestan elmejor servicio a los consumidores.

La fijación del marco irrenun-ciable del Estado invita a pensar enla amplia zona estatal que no cum-ple propiamente fines públicos.


Ejército y Nación(20 de septiembre de 1981)

Finalizada la celebración del Día de las Glorias del Ejército (19 de sep-tiembre), el articulista hace una reseña del papel que éste ha desempeñadoen la historia de Chile, no sólo en el ámbito defensivo sino en el desarrollode sus instituciones. Luego se refiere a la necesaria convivencia de civiles ymilitares para el desarrollo y seguridad nacionales.

La semana Política

EJERCITO Y NACIÓN

El Ejército de Chile, cuyas glo-rias se celebraron solemnementeayer, se ha formado conjuntamentecon nuestra nación y ha protegido,desde sus comienzos, el crecimien-to de ésta.

A instancias del gobernadordon Alonso de Ribera, el Rey Feli-pe III dictó en 1603 la real cédulaque aprobó el establecimiento delEjército permanente en Chile y au-mentó los recursos para sustentar-lo. El gobernador Ribera, formadomilitarmente en las guerras deFlandes, dedicó sus mejores esfuer-zos a organizar, disciplinar y pro-fesionalizar las fuerzas que debíanemplearse en las guerras de Arauco.Si la conducta del aborigen obligóal conquistador a vivir con las ar-mas en la mano desde que quisoasentarse en el territorio, bajo donAlonso de Ribera, a comienzos delsiglo XVII, nace propiamente elEjército de Chile.

La histórica labor de esas fuerzaspermite pacificar el territorio entreCopiapó y el río Maule, hace posi-ble la vida civil y productiva en lasciudades que quedaron dentro de lamencionada área e impulsa en forma

notoria la expansión de las activi-dades económicas.

Con diversas alternativas, lasguerras de Arauco se prolongan porsiglos y el Ejército debe defenderla línea fronteriza del Biobío, so-portando, a veces, heroicamente lasdestructoras incursiones indígenas.

Les corresponde también a lastropas chilenas defender el territo-rio contra los asaltos de los corsa-rios. La ciudad de Valdivia debeprotegerse por mar y fortificarse enresguardo de la joven nación ame-nazada.

De hecho, el territorio se con-quista palmo a palmo, limpiándolode peligros y desórdenes, haciendoavanzar difícilmente la civiliza-ción y preparando el futuro inde-pendiente de la nación.

La Junta de Gobierno de 1810crea las primeras fuerzas propia-mente nacionales y a éstas se debenlas glorias de la Patria Vieja.

Luego vienen Chacabuco y laPatria Nueva, la consolidación dela independencia nacional, la for-mación de nuestras primeras insti-tuciones libres y la continuación delesfuerzo militar por abrirle a la na-ción la posibilidad de extendersepacíficamente a lo largo de las ex-


tensas tierras que llegan hasta elextremo sur del continente.

En el exterior, el Ejército coope-ra con la independencia del Perúy se llena de nuevas glorias en laguerra contra la Confederación for-mada por el mariscal Santa Cruz.

El Gobierno del general donBernardo O'Higgins marca el um-bral de nuestra vida republicana yel comienzo de nuestra institucio-nalidad. Luego del triunfo del ge-neral don Joaquín Prieto en Lircayempieza la fecunda obra de los de-cenios, cuyos dos primeros presi-dentes son los generales don JoaquínPrieto y don Manuel Bulnes. Lainspiración de Portales y su energíade Ministro fueron determinantes,pero poco o nada se habría avanza-do en la creación de la Repúblicacivil a no ser por los triunfos de lasarmas y por las primeras presiden-cias militares.

Parece innecesario seguir ha-ciendo recuerdos históricos, por-que es notorio que pocos pueblosdeben más a su Ejército que elnuestro. Dadas la configuración denuestro suelo y la índole de sus ha-bitantes aborígenes, así como elcontexto geográfico en que estamoscolocados, la presencia militar hasido constante, ya sea en guerrasinteriores como las desarrolladas enel norte durante el Gobierno de donManuel Montt o en el sur para de-tener las incursiones seculares dearaucanos y de bandoleros; ya seaen la victoriosa guerra del Pacífico,ya sea en intervenciones institucio-nales decisivas como en 1891, 1924y 1973.

Es cierto que el Ejército se haformado en la disciplina y el sen-tido profesional, pero de hecho haestado actuando no tan sólo en la

defensa nacional propiamente di-cha sino en el desarrollo geográfico,económico e institucional de la na-ción.

EJERCITO Y PUEBLO

La constante presencia militaren la historia familiariza al pueblocon el Ejército y a éste con aquél.Se diría que el apoyo y la admira-ción que despiertan las virtudes mi-litares en el pueblo resultan másacentuados en los niveles socialesmodestos que en los grupos altos.Pero a lo largo y a lo ancho de todala sociedad chilena se da un respetoadmirativo hacia el Ejército y hacialas Fuerzas Armadas en general.

Con todo, hay períodos en quese registra cierta incomprensión re-cíproca entre civiles y uniformados.Ello se da principalmente entre losgrupos más cultos e influyentes dela civilidad, por una parte, y lasjerarquías militares que pudieranentrar en competencia real o poten-cial con los primeros en poder oinfluencia. Lo curioso es que sonesos mismos grupos civiles los pri-meros en dirigir las miradas hacialos militares cuando se encuentrancon una situación que no puedensolucionar con sus propias fuerzas.

La relación de militares y civileses, sin duda, compleja en los nive-les altos, pero ambos sectores senecesitan mutuamente y no puedendejar de convivir sin que se arries-gue la unidad o el desarrollo delpaís mismo. Ciertamente les es másfácil a los militares el trato con per-sonas sencillas, afables y despro-vistas de ambiciones. El chileno engeneral soporta con facilidad el sa-crificio y la disciplina; tiene amorespontáneo por la patria y aprecia


las virtudes del mando, del corajey de la obediencia legítima. Lacompenetración en ese terreno esprofunda y sólida, a menos que fac-tores políticos o ideológicos vengana subvertir en los individuos el na-tural apego que sienten por las vir-tudes militares.

En los niveles superiores de lasociedad el problema tiene un ma-tiz distinto. Por una parte, hay entrelos civiles jerarquías que no siem-pre están señaladas por un estatutoo un distintivo, como es el caso delas personalidades universitariaso artísticas, por ejemplo. Entre losmilitares, las personalidades desta-cadas tienen un rango visible y unprotocolo preciso las rodea. En lacivilidad los niveles jerárquicos sondifusos y bastante relativos. Puedeocurrir, entonces, que en la convi-vencia cívico-militar se produzcanincomprensiones por desconoci-miento de la existencia real de je-rarquías y de valores intelectuales ymorales en ambos grupos. Por otraparte, hay núcleos civiles que nocomprenden las virtudes militares yque incluso se atreven a desconocerla enorme capacidad intelectual ytécnica que necesitan los grandesjefes y los ejércitos modernos. Laignorancia recíproca y el prejuiciodurante algunos períodos de nuestrahistoria han sido inconvenientespara el país y perjudiciales tantopara los militares como para los ci-viles.

La convivencia de que hablamoses necesaria. No hay defensa na-cional ni seguridad nacional efec-tivas sin el concurso de los civiles.En Chile ese concurso es generosoy amplio en la masa social, pero lascomplejas operaciones de la guerray de la seguridad nacional exigen

hoy la colaboración de las mejorescapacidades del país en el campocientífico y profesional. De ahí quela buena relación entre los núcleosmás preparados de los civiles y delEjército resulta indispensable. Deahí, además, el carácter imperativode una buena relación entre la Uni-versidad y el Ejército, fundada enel más completo y escrupuloso res-peto de uno y otro por sus respecti-vos valores y misiones.

EJERCITO Y GOBIERNO

La participación del Ejército yde las Fuerzas Armadas y de Ordenen la historia nacional aparece conentera evidencia a partir del 11 deseptiembre de 1973. El fenómenoes nuevo en sus formas, pero res-ponde a una larga y activa presen-cia militar en el desarrollo nacio-nal.

El pronunciamiento fundó unGobierno. Este último asumió laplenitud del poder político, inclui-da la potestad constituyente. Ejer-ciendo ésta, se dictó una Consti-tución que ha sido ratificada porplebiscito.

Si siempre se hizo la distinciónentre el Gobierno y las Fuerzas Ar-madas y de Orden que lo sustentan;entre la Junta de Gobierno en susfunciones políticas y la actuaciónde los respectivos jefes a cargo desus instituciones, y entre el serviciotransitorio prestado por militares ala Administración y las carrerasmilitares propiamente tales, a partirdel ordenamiento constitucionalvigente desde el 11 de marzo de1981, el Gobierno de la Repúblicatiene una fisonomía y una fuerzadistintas a las instituciones que loformaron. El Gobierno posee un


pensamiento, una obra y una tradi-ción que se han desarrollado bajo elmando del Presidente Pinochet. ElEjército, como las demás institu-ciones de la Defensa Nacional, tie-ne su propio camino profesional ysus deberes específicos.

Es natural que los militares quedesempeñan altas funciones admi-nistrativas o políticas o educacio-nales y que no disponen del excep-cional sentido político del Presi-dente Pinochet, tiendan a aplicar suspropias modalidades de conducta ysus criterios habituales a los nuevosproblemas que afrontan. Los con-ceptos de lealtad, de disciplina, dehonor y otros muy propios de lacaballeresca vida militar suelen re-vestir aspectos diferentes en la vidacivil. El trato de civiles y milita-res en los planos del poder y de lasjerarquías ofrece mayores dificul-tades que las habituales por el hechode que muchos distinguidos hom-bres de armas cumplen funcionespúblicas.

El éxito del Gobierno, los pro-blemas permanentes del país, su se-guridad y su desarrollo exigen unEjército de las condiciones profe-sionales del nuestro, pero tambiénobligan a contar con empresarios,con escritores, con universitarios,con periodistas, con artistas de todogénero, con profesionales, especia-listas, técnicos, obreros y campesi-nos. Naturalmente nadie pretenderíaencuadrar la feliz y fecunda varie-dad de empleos, profesiones y vo-caciones de la sociedad chilena en elmarco militar, así como sería irra-cional exigir —aunque tal vez lopretenda más de algún civil— quelos militares adopten actitudes ohábitos que no son propios de suformación y vocación profesiona-les. La integración cívico-militarrequiere de esfuerzo e inteligenciapor parte de los dos sectores com-prometidos. El proceso no puedeforzarse, pero es preciso compren-derlo, adivinar sus peligros y apre-ciar sus méritos.


Actividad económica(8 de noviembre de 1981)

El Banco Central de Chile y la Superintendencia de Bancos deciden laintervención de los Bancos Español de Talca, de Linares y de Fomento deValparaíso, y de las financieras Cash, de Capitales, Compañía GeneralFinanciera y FINANSUR (EM, 3 noviembre pág. A-1). Junto con ello sedictan normas restrictivas para los préstamos entre bancos y otras disposi-ciones (EM, 4 noviembre pág. A-1).

La Semana Política

CIMIENTO DEL RÉGIMEN

El pronunciamiento militar del11 de septiembre de 1973 fue unaprueba de la sensibilidad históricade nuestras Fuerzas Armadas, queacudieron a interpretar el senti-miento ciudadano y a conjurar a lavez el caos y el peligro marxista.

La intervención militar estuvoprecedida por un vasto movimien-to cívico espontáneo, a la vez quesolidario y vigoroso, que manifestópor todos los medios a su alcance laresistencia democrática al avancedel marxismo. Vastos sectores gre-miales, agrupaciones de mujeres yde estudiantes, empresarios y tra-bajadores, lucharon juntos para ha-cer posible que el país recuperarala fe en sí mismo y en sus destinos,mientras todo parecía derrumbarsey desquiciarse alrededor.

Durante los años 1972 y 1973 nohubo virtualmente grupos distantesy divisionismos en los sectores de-mocráticos, excepción hecha de al-gunos devaneos partidistas que másde alguna vez parecieron aproxi-marse a los falsos deseos apacigua-dores del oficialismo. Era tan gravey vital el riesgo que no cabían ma-yores distinciones. Lo esencial era

impedir el advenimiento de unadictadura marxista. Mujeres y hom-bres olvidaron los intereses propiosy el espíritu de secta para formarparte del gran movimiento ciudada-no de resistencia sorda y luego pú-blica a los esbirros del marxismointernacional.

Las Fuerzas Armadas, por suparte, ponderaron con serenidad losacontecimientos, formularon unjuicio acerca de la trascendencia delos desgarramientos sociales y polí-ticos que sufría el país, y compren-dieron que su intervención con-junta, en compañía de Carabinerosde Chile, era un imperativo de laseguridad nacional.

Las Fuerzas Armadas y de Ordenno llegaron al poder para apoyarbanderías o partidos ni para formarun partido más. Su papel fue des-de el primer momento, y continúasiendo hasta ahora, cumplir una ta-rea de reconstrucción y desarrolloen un esquema de libertad. El in-tenso trabajo de los militares en elGobierno, y como apoyo a éste, seha traducido en los progresos queestán a la vista. No tan sólo el or-den, la tranquilidad y la limpieza,sino las modernizaciones profundas,los cambios de hábitos y hasta cada


incremento de los patrimonios indi-viduales tienen como base y marcode sustentación la presencia militar.

Por fortuna, la plenitud del poderpolítico ha recaído en hombres dearmas de gran probidad y delicade-za. De este modo, el nacimiento deuna economía de mercado con suslogros, pero también con su secuelade codicias, maniobras y actos de-lictuosos, debidos a la naturalezahumana, tuvo lugar ante la vista se-vera a la vez que tranquila del Pre-sidente de la República y de losmiembros de la Junta de Gobierno,todos los cuales aparecen hoy re-vestidos de la autoridad moral su-ficiente para censurar, rectificar oguiar las conductas, porque ellosmismos están libres de la más míni-ma sospecha de compromiso conlos negocios privados. Esto nos pa-rece natural en Chile, porque asíson los hombres que visten el uni-forme militar de la patria; pero estahonestidad no es patrimonio de to-dos los regímenes autoritarios y envarios de ellos los malos ejemplospor enriquecimiento indebido, em-piezan desde muy arriba.

Los chilenos hemos tenido suer-te al ser conjurada la amenaza mar-xista y al contar con gobernantesejemplares en lo que toca a su mo-ral privada. Es, en cierto modo, unasuerte también que los malos ejem-plos en lo que atañe a la forma dehacer dinero hayan provenido desimples particulares. El verdaderocimiento del régimen está en la in-tegridad de las Fuerzas Armadas yde Orden, en la conducta irrepro-chable de sus altos mandos, jefatu-ras, oficialidad, clases y soldados,y en la moral profunda que permi-tió a esas instituciones superar lar-gos decenios de abandono y hasta

de hostilidad. Con dicha moral hoyafrontan por igual los atractivosde una fácil y falsa holgura así co-mo las penalidades de los malostiempos.

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Según las opiniones más auto-rizadas, el Gobierno ha hecho bienen intervenir cuatro bancos y cua-tro financieras. No hay opinión dis-cordante con dicha intervención.Otra cosa es que todos estén deacuerdo en cuanto a la oportunidadde la medida, es decir, respecto desi ésta se adoptó en su momento odebió tomarse antes. Naturalmenteel costo del reflotamiento de lasentidades intervenidas será distintoen la medida del pasivo que éstasacumularon.

Las autoridades financieras sos-tienen que la intervención, lejos decontradecir a la política económicaen vigencia, viene a defenderla.

Es más que probable, en efecto,que el sistema económico libre, quetiene aún muy pocos años de edady sucede a decenios de criterios so-cializantes, necesite de ciertas pro-tecciones y defensas. Los hechosdemuestran que tal sistema todavíano es apto para vivir a la intemperie.

La intervención de las ochoentidades financieras ha venidoacompañada del proceso criminalcontra dos empresarios y la rápidadetención de los mismos. La Super-intendencia de Bancos formuló unadenuncia contra esos empresarios,pero se desconocen los hechos ilí-citos denunciados.

Cualquiera que sea la gravedadefectiva de los actos de los dos de-tenidos, no parece buena prácticaeste género de detenciones súbitas


y ampliamente divulgadas, que co-locan en situación de escándalo apersonas cuyos delitos están des-critos de manera vaga y general. Secomprende que el denuncianteguarde reserva sobre los datos cuyoconocimiento público perjudicaríasu causa y mucho más se entiendeel principio legal del secreto del su-mario; pero no se ve la razón paraocultar en este caso la naturalezade los delitos denunciados. El si-lencio perjudica a los detenidos, yaque no es lo mismo desde el puntode vista ético afrontar la responsa-bilidad por unos crímenes o delitosque por otros. En nada se compro-metería el éxito de la investigaciónsi el público conociera cuáles sonlos crímenes, delitos o faltas quepresuntamente cometieron los in-culpados.

El criterio persecutorio puede serútil para amedrentar a los individuossin escrúpulos, pero con ello se co-rre el riesgo de introducir cierto cli-ma de incertidumbre o inseguridadpoco idóneo para el desenvolvi-miento de la actividad económica.La presencia de reglas claras, pú-blicas y generales debiera ser in-compatible con un ambiente desospechas o vacilaciones sobre loque es lícito o ilícito.

En cualquier régimen económi-co se producen anomalías, irregula-ridades y delitos. El sistema de li-bertad no se exceptúa de esta regla.Muy por el contrario, con él quedana la vista las imperfecciones huma-nas. No debiera extrañar a nadie,y mucho menos a los economistas,que ciertos individuos incurran enespeculaciones aventuradas, enriesgos imprudentes y en maquina-ciones maliciosas en el desempeñode sus negocios. Lo importante es

que el sistema haya establecido conla debida antelación el límite entrelo autorizado y lo prohibido, entrelo lícito y lo ilícito. En segundolugar, también es importante quelas ilegalidades e ilicitudes merez-can una sanción, determinada conprecisión antes de que aquéllas secometan. En tercer término, debie-ra separarse mentalmente el castigolegal señalado a los actos ilícitos delos vagos enjuiciamientos morales,de las distinciones entre libertad ylibertinaje y de otros puntos que, sibien importantes, pueden desem-bocar en una nueva versión de lacaza de brujas o, si se quiere, del"macarthismo" económico.

El régimen ha tenido éxito en eldesarrollo material del país al es-timular la libertad económica, elriesgo y la iniciativa individual.Estos valores tienen su expresióndinámica en la empresa y en lasdiversas formas de organizacióngerencial conducentes a la produc-tividad. Si en las autoridades eco-nómicas del Gobierno se alimenta-ra, a raíz de lo sucedido, un climade desconfianza hacia los empresa-rios o un concepto negativo sobrelos grupos económicos, sin distin-guir entre el justo repudio a la in-moralidad —venga de donde vinierey la cometan empresarios, trabaja-dores o cualquier persona— y lacondenación global a ciertos sec-tores, el régimen le habría hecho elmejor servicio a sus adversarios.Nada puede, en efecto, beneficiarmás a éstos que un divorcio entre elGobierno y los elementos empresa-riales dinámicos. Pocos elementosmás explosivos políticamente po-drían ponerse en manos de la oposi-ción al Gobierno que un clima deanimadversión hacia los empresa-


nos, hacia la acumulación de rique-za y hacia la libertad económica,aun contando con todos los costosque ésta encierra.

Estamos lejos de favorecer laimpunidad de quienes delinquenal realizar actos penados por la ley,pero vemos sólo inconvenientes enla actitud inquisitorial que prejuz-ga de meras intenciones y que inhi-be con sus sospechas a quienes po-drían rendir un buen servicio comoproductores e innovadores, perma-neciendo dentro de la ley. Dichaactitud es lo más opuesto al sistemade libertad imperante y el mayorfreno a las posibilidades de creci-miento nacional.

Una economía de mercado se

funda ciertamente en la seriedad yla honestidad de quienes actúan enella, pero se desarrolla gracias a lainventiva e iniciativa de éstos, paralo cual necesitan libertad, un míni-mo de controles y sanciones, y unaregla legal objetiva y general queestablezca unos y otras.

La neutralidad económica delGobierno es un buen principioorientador, pero quienes lo predi-can necesitan evitar que el excesode celo de algunos de ellos trans-forme tal principio en impulso in-quisitorial, en pretexto para la cazade brujas y en factor de desconfian-za y distancia con respecto a loselementos empresariales más capa-ces de crear riqueza.


Educación, un sector prioritario(24 de enero de 1982)

A raíz de la publicación de los nuevos planes de enseñanza para la edu-cación media, se realiza un análisis de la tarea que le compete al país en elámbito educacional.

La Semana Política

EDUCACIÓN, UN SECTORPRIORITARIO

La mayor riqueza que puedecultivar una nación es la que se ori-gina en los talentos y capacidadesde sus ciudadanos. £1 conjunto deconocimientos y destrezas que pue-de desarrollar el hombre constituyeuno de los motores fundamentalesdel progreso, que no puede enten-derse únicamente como una mejo-ría económica y material, sino quecomprende la adopción de valoresespirituales de profundo significa-do para las condiciones generalesde vida. Una persona educada apre-cia el patrimonio cultural de su país,comprende mejor sus propias incli-naciones y hasta en sus momentosde esparcimiento disfruta de una ri-queza invulnerable.

El objetivo nacional de construiruna sociedad libre y justa exige sa-tisfacer, en la medida de lo posible,las aspiraciones educacionales delos chilenos. Los beneficios socialesque trae la enseñanza, además delas ventajas para cada individuo,justifican ampliamente los esfuer-zos que se realizan en pos de esameta.

El gasto nacional en estas mate-rias es en realidad una inversión ysu rendimiento es uno de los másaltos que pueden obtenerse. Así,

dejando de lado los importantes be-neficios sociales e inmateriales dela labor educativa, diversos inves-tigadores han comprobado que losdineros destinados a ella tienen unaalta rentabilidad, que supera fácil-mente la de otras actividades quetienen por fin aumentar la produc-ción. Un trabajador bien instruido,cualquiera sea el plano en que sedesempeñe, realiza mejor sus tareasy termina por favorecer a todoslos que requieren de sus servicios outilizan sus productos.

La apertura de Chile al comerciocon otros países ha significado unfuerte desafío para los productoresnacionales. La comodidad que dabael proteccionismo aduanero permi-tía que el país trabajara al margende algunos adelantos tecnológicosy las exigencias para quienes sedesempeñaban en ciertas ocupacio-nes eran menores que las que im-peraban en el resto del mundo. Demás está decir que estos retrasosconstituían un sacrificio para lospropios trabajadores, que, al mo-mento de consumir, debían confor-marse con artículos de menor ca-lidad. Ahora, la incorporación denuestro país al comercio interna-cional obliga a la adopción de tec-nologías modernas que, gracias a lainvestigación, experimentan conti-nuas modificaciones. Pero para tra-


bajar con los complejos aparatos dehoy es necesario contar con opera-rios técnicamente calificados y, engeneral, se hace necesaria una fuer-za laboral con un grado más eleva-do de educación que el que se harequerido hasta ahora.

Las consecuencias económicasde la educación, aunque difícilesde medir con precisión, se traducenen un mayor ritmo global de creci-miento. La instrucción formal quese imparte en escuelas y otras insti-tuciones oficiales no es por ciertola única manera de adquirir cono-cimientos, pero no puede descono-cerse su importancia como meca-nismo para proveer los mínimosgenerales. La base allí adquirida encuanto al lenguaje, las matemáticasfundamentales, la historia, los mé-todos de estudio, etc., hace posiblelos avances posteriores y debe re-cibir, como ha sido hasta ahora, laatención que merece.

De enorme trascendencia estambién la actividad educacionalen sus planos más altos. El conjun-to de conocimientos del hombrecrece continuamente. El saber per-mite proseguir la exploración de larealidad en una tarea que debe teneralta prioridad en Chile. El desarro-llo de cuadros de investigadores quecontribuyan a acrecentar el conoci-miento de nuestras propias realida-des es una necesidad innegable. Porbuena que sea alguna tecnologíaextranjera, hay problemas naciona-les que sólo podrán resolverse porchilenos. Nuestros recursos poten-ciales, nuestros suelos, nuestra flo-ra y fauna y tantos otros elementosde la naturaleza y de la sociedad delpaís deben ser primero descubier-tos para ser luego valorados y apro-vechados por todos.

Pero, más allá de los efectoseconómicos de un buen sistemaeducacional, existen importantesconsecuencias sociales y políticasque deben apreciarse debidamente.Un pueblo ignorante es presa fácilde consignas demagógicas que enforma irresponsable prometen re-sultados quiméricos. Sin un hábitoanalítico y sin comprender los fe-nómenos básicos de la realidad, todoparece posible. La magia desplazaa la lógica y en tales condiciones elgermen de una agitación social es-téril y destructora podría prenderpeligrosamente.

NUEVOS PROGRAMASDE ENSEÑANZA

El Gobierno ha demostrado enestos años tener plena concienciade la importancia de la educación.El gasto se ha multiplicado, eleván-dose por sobre los mil 500 millo-nes de dólares, y se han consagradograndes esfuerzos a la reorganiza-ción de la función administrativacon miras a un mejor aprovecha-miento de los recursos. Además, te-niendo presente que los dineros fis-cales, fruto del aporte de todos, de-ben orientarse prioritariamente a losmás pobres, los presupuestos hansido reformulados, canalizando unaproporción creciente hacia la ense-ñanza básica.

Sin embargo, estas medidas po-drían resultar inútiles de no mediarun cambio cualitativo en la educa-ción. A través de los años han que-dado de manifiesto las deficienciasdel sistema y todos los intentos porsuperarlas han resultado infructuo-sos hasta ahora. La incorporaciónen masa de estudiantes a los servi-cios educacionales se ha visto con-


trarrestada por cantidades cada vezmás crecidas de alumnos que fra-casan en sus estudios. Una propor-ción considerable simplementeabandona la tarea a medio camino.En promedio, los estudiantes no su-peran el 5º Año Básico y menosde la mitad completa los ocho añoscorrespondientes a este ciclo. Ladeserción continúa en la enseñanzamedia y aun en la universitaria serepite el fenómeno.

Por estas y otras razones, losplanes y programas de la enseñanzabásica fueron reformulados en1980 y ahora se publican los de laeducación media, que comenzarána regir plenamente en 1983. Estafase de los estudios se dividirá endos ciclos, el primero común y elsegundo con dos opciones, unacientífico-humanista y otra técnico-profesional. El número de asigna-turas se reducirá —aunque todavíase mantiene una carga abultada deramos— y se abren posibilidadesde cursos electivos, los que se ofre-cerán de acuerdo con los medios delos establecimientos y los interesesde los jóvenes. Las enseñanzas queponen énfasis en la preparación parael mundo del trabajo podrán ser in-corporadas a los nuevos programas,lo que tal vez cambiará la faz demuchas instituciones de educaciónmedia.

No puede desconocerse que losresultados de esta etapa de la en-señanza han sido verdaderamentedesalentadores y la falta de prepa-ración de los graduados tiene hon-das repercusiones para la vida eco-nómica, social y política del país.La reforma de programas puedemejorar la situación actual si efecti-vamente se aprovecha con buensentido la flexibilidad curricular.

Los profesores dispondrán delaño 1982 para estudiar los nuevoscurrículos y planificar con imagi-nación y libertad los nuevos ramos.Es una oportunidad que les brindael nuevo sistema y una grave res-ponsabilidad para quienes tienen ensus manos el destino de la educaciónchilena.

ESTATUTOS UNIVERSITARIOS

La Universidad de Chile cuentadesde esta semana con nuevos esta-tutos. Otras universidades estataleshan adoptado disposiciones gene-rales semejantes a las de la Casa deBello. La Universidad Católica hareorganizado su plantel creandonuevas Facultades y adoptandoprogramas flexibles que debenmultiplicar las opciones de los es-tudiantes. Un nuevo dinamismoreina en las actividades de la edu-cación superior desde que comenzóa ser promulgada la legislación uni-versitaria del año pasado. Semanatras semana se anuncian cambiosde importancia en los distintosplanteles, abriendo nuevos caucesa los mejores estudiantes —que, endefinitiva, serán quienes decidiránel destino de estas instituciones— oreformulando las disposiciones in-ternas que deben ordenar la vidaacadémica.

El objetivo que anima actual-mente a las universidades es pro-porcionar opciones de valor acadé-mico a los alumnos. Nada puedeser más favorable para los profeso-res que este anhelo de excelenciaque anima a las autoridades a bus-car soluciones profundas para losproblemas de la educación superior.

Los nuevos estatutos universita-rios deben cautelar el cumplimien-


to de las finalidades propias de launiversidad. La generación de nue-vos conocimientos y la formaciónintelectual y técnica de los cuadrosde profesionales podrían señalarsecomo algunas de las más altas fina-lidades del quehacer universitario.Desgraciadamente, en épocas nomuy lejanas, grupos de presiónque actuaban desde dentro y fuerade las universidades desfiguraronefectivamente muchas de sus tareas,y pudo apreciarse un estado alar-mante de indefensión de parte delos verdaderos académicos. Las au-toridades universitarias deberánresponder en el futuro ante una juntadirectiva que representa a quienesfueron los gestores de la universi-dad. Velar por el cumplimiento delos fines para los cuales ésta fuecreada parece ser el factor comúnde las tareas de las juntas directivas.La dirección superior de las univer-sidades debe proporcionar a losacadémicos las condiciones nece-

sarias para que éstos puedan cum-plir sus importantes tareas. Sin du-da éste es un antiguo anhelo de losmejores académicos. La fuerte vo-cación que caracteriza a investiga-dores y maestros los impulsa a tra-bajar con total dedicación, y las la-bores administrativas que, por cier-to, han de estar subordinadas a susnecesidades, no deberían distraerlosde su alta misión.

Los estatutos universitarios yel reordenamiento de los plantelessuperiores, unidos al estímulo queha significado la captación de losmejores estudiantes, debieran abriruna etapa de estabilidad y desa-rrollo para la educación superiory no se advierten suficientes razo-nes para postergar por largo tiem-po su plena vigencia. Cuanto antesasuman los directivos universita-rios sus papeles y se comience unaépoca de entera normalidad, mejorserá para el destino de las universi-dades.


Dudas e incertidumbres(7 de marzo de 1982)

El 26 de febrero es asesinado y dejado en su taxi, en las afueras deSantiago, el dirigente sindical Tucapel Jiménez, presidente de la Agrupa-ción Nacional de Empleados Fiscales, ANEF (EM, 27 febrero, pág. A-1).En esos mismos días, Investigaciones anuncia que se ha resuelto el caso delos múltiples asesinatos ocurridos en el último tiempo en las cercanías deValparaíso y Viña del Mar, y señala como culpable a un industrialviñamarino. (EM, 3 marzo, pág. A-1.) (EM, 4 marzo, pág. A-1.)

La Semana Política

DUDAS E INCERTIDUMBRES

A vuelta de vacaciones dos he-chos policiales de distinta naturale-za, pero de gran efecto conmocio-nador, llegan al primer plano de laactualidad: el cobarde y cruel asesi-nato del dirigente gremial antico-munista señor Tucapel Jiménez y laimputación de cuatro homicidios aun hombre de negocios viñamarino,quien sería el temido asesino múl-tiple de Viña del Mar.

En lo que concierne al crimencometido en la persona de TucapelJiménez, asesinato oscuro en suspropósitos, cometido en circuns-tancias impensables y llevado a cabocon una mezcla de impericia, talvez fingida, y de fría inhumanidad,la condenación pública es unánime,empezando por la pronunciada enlos primeros momentos por el Pre-sidente de la República.

Innumerables son las personasque han exteriorizado la sospechade que se trate de un crimen políti-co. Parece indispensable descartaral Gobierno como instigador o res-ponsable de este homicidio, no sólopor razones de elemental respeto a

nuestros gobernantes y al país mis-mo, sino porque tal crimen perjudicade todas maneras al Gobierno, sinque éste pueda obtener provecho deninguna clase de este suceso terrible.Es evidente, hasta para el más apa-sionado de los opositores al régi-men, que el daño provocado por estecrimen al Gobierno es muy superiora los muy limitados problemas quepudiera haber ocasionado a éste eldirigente Tucapel Jiménez en susinfatigables esfuerzos en pro de launidad sindical democrática.

Sin embargo, la sola duda, la solaargumentación tendiente a descar-gar al Gobierno de responsabilidaden el crimen, resultan lamentables.Hay que deplorar, en efecto, un de-terioro serio de la confianza públicaen lo relativo a la seguridad de laspersonas.

La existencia de un enfrenta-miento invisible entre fuerzas delorden y extremistas, los esporádicosatentados terroristas de distintamagnitud, el oprobioso asunto delcomando de vengadores organizadoen un servicio policial, el crimen deCalama en que se emplean torcida-mente individuos, técnicas y disci-


plinas de los Servicios de Seguri-dad, son algunos de los elementosque configuran un clima de dudase incertidumbres personales que sedesconocía en Chile.

Se afirma que Tucapel Jiménezera seguido por un taxi y alguiendice públicamente que a ese diri-gente o iban a expulsarlo o iban amatarlo. Dichas aseveraciones ca-recen de réplica oportuna. Por lodemás, la réplica no tendría validezpráctica mientras no se encuentreal asesino de Jiménez y no puedahacerse plena claridad sobre todoeste confuso mundo de los enfren-tamientos de la guerra de inteligen-cia y contrainteligencia, mezcladoscon criminales debilidades hu-manas.

Se ha señalado a la luz pública alposible criminal múltiple que ase-sinaba parejas en Viña del Mar. Lapolicía no ha dado a conocer losantecedentes en que funda la graveacusación formulada en contra delsupuesto asesino, salvo la identifi-cación del arma homicida. El casoes policialmente extraordinario,como muy pocos, y su esclareci-miento definitivo deberá constituiruna honra para el Servicio de In-vestigaciones, así como un progre-so en el camino de la rehabilitaciónde la confianza pública en el campode la seguridad personal. Pero nadapuede decirse definitivamente a es-te respecto, por el momento, ya querecién ha comenzado la investiga-ción judicial.

DOGMAS Y CÍRCULOSESTRECHOS

La vigencia de la Nueva Consti-tución debía aparentemente ampliarel horizonte de la vida pública chi-

lena y facilitar el desarrollo de co-rrientes de opinión que evitaran elaislamiento del Gobierno y facili-taran la necesaria presencia de laciudadanía en las decisiones delpoder.

En el hecho esta ampliación noha ocurrido. Es cierto que el Presi-dente mantiene un trato directo ycordial con amplios sectores dechilenos a lo largo y ancho del te-rritorio, pero ese diálogo, necesa-riamente breve y esporádico, nosustituye al intercambio orgánicodel poder con la sociedad. Faltandoeste último, el Jefe del Estado y suscolaboradores encuentran dificulta-des para palpar la realidad auténticadel país. En torno al Gobierno sue-len formarse círculos estrechos, ex-clusivos y excluyentes, en que eldogmatismo sustituye al debate ho-nesto y en que la crítica o la disi-dencia —por desinteresada, patrió-tica y cooperadora que sea— sejuzga como proveniente de adver-sarios o como instrumentalizadospor intereses particulares. Las luchasmás enconadas tienen lugar entrelos diversos círculos o sectas, cadauna de las cuales exhibe su desa-fiante incomprensión y su descon-fianza para con los no iniciados enella.

De vez en cuando surge una vozvaliente que expone puntos de vistadiferentes a los que ostentan paten-te oficial. Esa voz pasa con fre-cuencia a ser minimizada o penadacon anatemas.

Se da así la paradoja de que elsistema de libertad que el Gobier-no patrocina y que tiene una de susbases en el esquema de libertadeconómica se plantea con tal ca-rácter dogmático, con tanta intran-sigencia y en formas accesibles a


círculos tan pequeños, que va po-niéndose en peligro la libertad mis-ma, la libertad de opinión y expre-sión, la libertad de reflexionar yde decidir sin sumisión al dicta-do ajeno.

Los meses que se avecinan noprometen ser fáciles. Lo probablees que el país necesite acudir a susmejores fuerzas, a sus centros demás dura resistencia moral, paraencarar las dificúltales. El momen-to es indicado para solidarizar, paraunirse, para congregarse en torno alas grandes metas nacionales. Pare-cen inoportunas las exclusiones yexcomuniones apresuradas. Hay quesuperar a los inquisidores y abrirseal libre examen de los asuntos po-líticos y económicos, pues el paísnecesita enriquecerse con ideas, su-gestiones, proyectos e iniciativas.El ajuste recesivo no ha de regirpara la imaginación y la inteligencia.He aquí el gran problema que se lepresenta a un país que avanza enorden, pero cuyos problemas re-quieren, por su magnitud, un gradocreciente de reflexión capaz de ge-nerar soluciones reales.

El dogmatismo y el espíritu decírculo no han de confundirse conla afirmación honesta de los princi-pios. Esta última es un requisito in-dispensable de la vida pública y nose opone, sino que favorece el in-tercambio de opiniones y el análisisde los distintos puntos de vista. Elespíritu de dogma y de círculo enmaterias contingentes suele asfixiarla vida pública, empobrecerla, ais-lar a las sectas que lo profesan; enúltimo término, viene a privar a losgobiernos del aire vivificador de laspersonalidades e ideas nuevas quesirven para continuar y reafirmarlos principios.

LA CONSTITUCIÓN

El próximo jueves se cumple unaño de la vigencia de la Constitu-ción Política de la República.

Dicha Carta ha de considerarseun instrumento que ayude a confor-mar la nueva institucionalidad. Es-pecial importancia revisten las le-yes constitucionales contempladasen sus disposiciones y que han dedictarse para poner verdaderamenteen marcha los mecanismos que laConstitución contempla.

Hay una tarea vasta de carác-ter legislativo en esta materia. Comomuchas de esas leyes requieren dequorum calificado para su deroga-ción, es probable que sus normastengan una larga vigencia. De ahí laimportancia del estudio prolijo y afondo de los asuntos que han de serobjeto de esta legislación. El debatepúblico, a lo menos el amplio deba-te ilustrado, acerca de los distintosproyectos de leyes constitucionalesparece una necesidad ineludible. Noconviene al prestigio del régimen ya la respetabilidad de las institucio-nes el riesgo de tener que introducirenmiendas y más enmiendas en re-glas trascendentales, para corregirerrores que pudieron evitarse con laconcurrencia de los mejores peritoslegales en los respectivos ramos.

La vigencia de la Constituciónha coincidido con un significativoavance del régimen municipal y hapermitido la instalación del Tri-bunal Constitucional, pero la Cartano ha provocado todavía el procesoefectivo de transición política quese deduce de sus disposiciones yque debiera empezar por el examende las materias que habrán de que-dar regidas por leyes constitucio-nales.


En el proceso de apertura querequiere la vida constitucional nor-mal conviene que se analicen tam-bién, en el amplio debate ilustrado,las posibles dificultades que planteael funcionamiento de la Carta. Mu-chos de los problemas de aplicaciónderivan de la forma en que se dictóy de las negociaciones que se reali-zaron para llegar en tiempo opor-tuno a la completa aprobación deltexto. El trabajo de la Junta de Go-bierno, como cuerpo constituyente,es digno del mayor elogio, pero eljusto reconocimiento a nuestros le-gisladores, a los redactores inicialesdel texto, al Consejo de Estado y alos asesores en las diversas etapasdel proyecto no excluye el deber de

hacer la crítica del trabajo y de su-gerir soluciones a los puntos quemostraron problemas. El caso de lapropiedad o concesión minera esuno de ellos, resuelto con una fór-mula feliz, pero que no logra toda-vía plena aplicación.

Al cumplirse el primer año de laPresidencia constitucional del gene-ral Pinochet, y un año de vigenciade la Carta de 1980, conviene que laciudadanía levante la vista más alláde la recesión y de la crisis, paracolaborar a que se construyan defi-nitivamente las instituciones dura-deras, se eliminen los obstáculos aldesarrollo integral del país y sevigorice la vida pública en un climade confianza y unidad nacionales.


Regla constitucional discutible(14 de marzo de 1982)

Días después de haber anunciado Investigaciones el descubrimiento delautor de los crímenes cometidos en la Quinta Región, éste queda libre decargos y se señala como verdaderos culpables a dos funcionarios de Cara-bineros (EM, 8 marzo, pág. A-1; 9 marzo, pág. A-1). Se acusa a la prensade haber ofendido gravemente el honor del primer inculpado, y el presiden-te de la Corte Suprema, Israel Bórquez, critica duramente a los medios decomunicación social a través de una cadena nacional de televisión (EM, 10marzo, pág. C-3).El Gobierno anuncia, asimismo, el envío de un proyecto de ley parasancionar a los medios de comunicación que atenten contra el honor de laspersonas (EM, 2 marzo, pág. A-1).

La Semana Política

LA LIBERTAD Y EL HONOR

El primer aniversario de laConstitución de 1980 sorprende ala ciudadanía en un momento depoca claridad, debido a errorespoliciales graves, a los desmanesde alguna prensa y a la posición decensura adoptada por el presiden-te de la Corte Suprema y de la queparticipa también S.E. el Presidentede la República.

Nadie puede negar que ciertaprensa incurre en desbordes e irres-ponsabilidades, y que han sidomuchas las voces de advertenciatendientes a refrenar, ya sea la ex-plotación de la pornografía o elatropello de la vida privada o de lahonra.

Tampoco puede negarse que es-tas debilidades han existido siem-pre, y que en otros momentos de lahistoria del país asumieron pro-porciones mucho más extremadasque las que hoy motivan las con-denaciones.

Sigue vigente una severa ley depublicidad que castiga los delitosque se cometen a través de los me-dios de comunicación social. Allíquedan sancionados la pornogra-fía, la injuria, la calumnia y otroshechos ilícitos. No suele recurrirsecon la frecuencia debida a los me-canismos de esta ley. En otrostiempos quienes buscaron en susdisposiciones el castigo de los de-lincuentes de la publicidad sufrieronla frustración de ver indultados asus ofensores. Además, ni las partesni los abogados ni los jueces parecenhaber sacado suficiente partido yayudado a formar una doctrinaacerca de los abusos de la publi-cidad.

Ahora bien, como suele ocurriren Chile, la dictación de nuevas le-yes es empujada por la incapacidadpara extraer de la legislación vigentelos principios y las consecuenciasque el concurso inteligente de abo-gados y jueces necesitan descubrir.Así se ha ido formando el hacina-


miento de leyes parciales, contra-dictorias a veces o innecesariamen-te reglamentarias, que han hechoperder a nuestro país las líneas ar-mónicas de un sistema legislativoconsecuente, asequible y expedito.

En este caso, la insinuación delpresidente de la Corte Suprema pa-ra poner en aplicación un preceptoconstitucional —que requiere deley— encuentra como respuesta lainiciativa de S.E. para añadir unanueva ley a las que ya existen sobrela prensa.

Ciertamente el honor merecetodo el amparo de la sociedad y dela ley. Los ataques a la honra delas personas y a la familia tienenespecialísima gravedad. Los gober-nantes y magistrados están en eldeber de cautelar el honor y la famade los buenos ciudadanos. Lo quese discute es si esos valores se res-guardan mejor con el empleo ade-cuado de la legislación vigente ocon nuevas disposiciones legales.

Pero, con ser importante el ho-nor y haberlo sido siempre, su de-fensa especial y ardorosa irrumpeprecisamente ahora, cuando hanocurrido hechos graves que afectana la libertad y seguridad de las per-sonas, hechos que sería ilícito si-lenciar.

El asesinato del dirigente gre-mial señor Tucapel Jiménez, come-tido al parecer a la luz del día, esuno de esos hechos graves. No escomprensible que un ciudadano seaasesinado por móviles desconoci-dos y todavía inalcanzables para lapolicía, sobre todo cuando se trata-ba de una persona pública con acti-vidades y posiciones claras paratodo el país.

Otro hecho grave es que la poli-cía civil haya inculpado a un ciuda-

dano de múltiples y horribles ase-sinatos, sin que hasta ahora se co-nozcan las causas de un hecho tanperturbador y perjudicial, comoinexplicable. Después de lo ocurri-do, la confirmación del brigadiergeneral don Fernando Paredes alfrente de Investigaciones ha extra-ñado a muchos. Sin embargo, losantecedentes de este oficial generalpermiten confiar en que llegue a laraíz del error policial, sancione alos que aparezcan responsables ydevuelva la plena confianza públicaen el servicio a su cargo.

Un tercer hecho digno de preo-cupación es la nueva atribuciónde los homicidios de Viña del Mar,ahora a dos funcionarios de Cara-bineros. El uniforme de los actual-mente reos, las delicadas funcio-nes que cumplían y la tardanza endescubrirlos, así como la oportuni-dad en que sobrevinieron su deten-ción y procesamiento mueven a in-quietud.

Estos asuntos deberían ser ex-plicados con toda claridad. No hayduendes en el mundo político ypolicial. Los hechos han de teneralguna explicación, y si esta últimaprovoca perjuicios a alguien, él debesufrir las consecuencias. Lo peor esel sentimiento público de sospecha,de inseguridad y de crítica solapada.

Reconociendo los motivos éticosque tiene S.E. para buscar una de-fensa al honor de las personas, jus-to es expresar que el momento paradictar las disposiciones sugeridaspor el señor presidente de la CorteSuprema no puede ser más inopor-tuno. La iniciativa tiende a estable-cer un distanciamiento del Gobier-no con la prensa, en el instante enque es fácil echar a correr interpre-taciones que describen la legisla-


ción sobre el honor y las interven-ciones públicas sobre el tema comoun expediente para evitar o poster-gar la explicación de los errorespoliciales graves que mencionamosmás arriba.

REGLA CONSTITUCIONALDISCUTIBLE

No son infalibles las constitu-ciones. Prueba de ello es que exis-ten tantas y que se modifican cadavez que parece necesario.

Además, en la Constitución sedan principios jurídicos de carácterpermanente y relativos a la orga-nización del Estado a los derechosciudadanos, pero también se añadendisposiciones más emparentadascon las leyes ordinarias que con laCarta Fundamental.

Un ejemplo de esta última situa-ción aparece en el artículo 19 Nº 4de la Constitución Política de 1980.Dicho precepto contiene una nor-ma constitucional propiamente di-cha, una regla fundamental e inspi-radora de la legislación, al decir quela Carta asegura a todas las perso-nas "el respeto y protección a lavida privada y pública y a la honrade la persona y de su familia". Talvez la redacción no sea muy cuida-da, pero el principio es claro. Setrata de proteger la vida privada yla honra.

Luego viene un precepto, quebien podría haber quedado sin je-rarquía constitucional. "La infrac-ción a este precepto —continúadisponiendo el mismo artículo 19N° 4— cometida a través de un me-dio de comunicación social, y queconsistiere en la imputación deun hecho o acto falso, o que causeinjustificadamente daño o descrédi-

to a una persona o a su familia, seráconstitutiva de delito...".

Tal como está redactado el pre-cepto, puede prestarse para elamordazamiento de la prensa. Elobjetivo no es otro —como lo ade-lantó S.E.— que contener a la prensano seria, pues la que actúa seria-mente no tendrá dificultades con lajusticia por este concepto. La inten-ción es inobjetable. Añadamos quecasi todos los grandes errores lega-les se cometen con las mejores in-tenciones. Cabe decir, asimismo,que esta distinción entre prensa se-ria y prensa irresponsable es subje-tiva y depende del punto de vista enque se coloque el juzgador. Laapreciación de si la prensa es o noseria depende de las veleidades po-líticas, de los cambios de gober-nantes y de las circunstancias. Estorecuerda que la reforma agraria sepropuso oficialmente castigar sóloa los malos agricultores, a los lati-fundistas improductivos, y acabópor destruir la estructura agrariaproductiva chilena.

¿Cómo una simple figura delic-tiva que resguarda el honor de laspersonas puede transformarse en unmedio para silenciar la prensa? Larespuesta es sencilla: por causa dela amplitud del precepto y de lasposibilidades discrecionales queentrega a la autoridad. La normacastiga la imputación de un hechofalso (el añadido de "acto falso"nada agrega conceptualmente ha-blando). Para que el periodista in-curra en delito, bastaría que afirma-ra de alguien un hecho falso. Cual-quier hecho falso, atribuido inten-cionalmente o no. La ley penaríaentonces el error periodístico, elerror tipográfico, el error numérico,el error de referencia, la confusión


de nombres y, en fin, la equivoca-ción lisa y llana en el actuar apre-surado de los diarios.

Si el hecho falso constituye unaofensa, debiera perseguirse la inju-ria. Si el hecho falso perjudicialse comete por negligencia culpable,cabe indemnización civil. Pero lasimple equivocación periodística nopuede constituir delito. Penar elerror publicado equivale a exigir dela prensa una infalibilidad imposi-ble, una medrosidad tal que las no-ticias no podrían darse sino comoeco de documentos oficiales.

Sorprende que se vaya ahora asancionar con severidad extremael error periodístico, cuando se hancometido grandes errores policialesrecientes cuya peligrosidad no secompara con los que se atribuyen ala prensa.

Pero el precepto represivo sigueadelante. También puede ser delitola publicación de la verdad, pues nosólo se castiga la imputación deun hecho falso. El artículo añade "oque cause injustificadamente dañoo descrédito a una persona o su fa-milia". Tenemos entonces que la

imputación de un hecho verdade-ro, no injurioso, que cause "injus-tificadamente" daño, también esdelito. ¿Cómo apreciar hasta dón-de se justifica el perjuicio que pue-de recibir alguien por la publica-ción de hechos que realmente hacometido? Todo es discrecional,amplio e impreciso. El margen pa-ra la discrecionalidad y para laarbitrariedad queda peligrosamenteabierto.

Innecesario parece advertir queestas columnas creen poder estara salvo del alcance del preceptoque comentamos, a menos que se loemplee torcidamente por jueces ogobernantes futuros. Pero el princi-pio debe preocupar no sólo a losdiarios más susceptibles de ataque,sino a todos los diarios y a la ciuda-danía entera. Por desgracia, la re-dacción apresurada del preceptoabre la puerta a posibles vulnera-ciones a la libertad de opinión y a lade expresión. La defensa de la hon-ra es indispensable, pero medianteinstrumentos legales que no com-prometan la esencia de las liberta-des públicas.


Malos días(28 de marzo de 1982)

Se analizan en el comentario los pilares básicos del régimen del PresidentePinochet, y los problemas que ha debido afrontar, derivados de la falta decomunicación entre la ciudadanía y el equipo de personas que trabajandentro del gobierno.

La Semana Política

FUNDAMENTOS DEL RÉGIMEN

El régimen que encabeza el Pre-sidente Pinochet cuenta, a todas lu-ces, con tres fundamentos esen-ciales.

Antes que cualquier otro, hay queponer el pilar básico del Ejército yde las Fuerzas Armadas, en su con-junto, con todo lo que ello significade patriotismo esencial, de sentidonacional, de visión a largo plazo delos intereses chilenos y de virtu-des que, a lo largo de la historia,han sido soporte, justificación y es-píritu de la raza misma.

Además de las columnas arma-das, el régimen cuenta con dos fac-tores determinantes para la voluntadde los civiles y que influyen en elapoyo ciudadano al Gobierno.

El primero de tales factores es elanhelo de paz y orden que surgió araíz de la crisis de nuestra demo-cracia tradicional y de las tumul-tuosas experiencias de la década de1960 y de los primeros años de lasiguiente. Un deseo de tranquilidad,de vuelta al trabajo productivo y derecuperación de la confianza en elfuturo hicieron que hasta los ciuda-danos poco afectos a los regímenesautoritarios y formados en el dog-matismo democrático tradicionalaceptaran con alivio el nuevo siste-

ma, luego de las frustrantes expe-riencias del pasado reciente.

El otro factor de apoyo fue unprograma o modelo económico delibertad que —pese a los grandessacrificios que impuso— significódesarrollo económico y progresoindividual en amplios sectores. Estemodelo se presentó como una con-cepción orgánica y global capazde transformar el país, orientándolohacia la explotación adecuada desus riquezas naturales, hacia la am-pliación de su comercio internacio-nal y hacia la conquista de una po-sición respetada tanto por su serie-dad como por el grado de progresode sus habitantes.

La presencia de estos tres fun-damentos favoreció un ánimo decolaboración nacional pocas vecesvisto. Los intentos de oponerse alavance indiscutible del régimen ha-cia sus metas resultaron inútiles. Nisiquiera ha sido posible organizaruna oposición viable, aparte de fa-llidas intentonas aisladas. El mis-mo ánimo de colaboración se tra-dujo en solidaridad frente a las in-comprensiones extranjeras, en elsilenciamiento virtual de los anti-guos políticos no opositores y en laaceptación de que las decisiones seadoptaran por el Presidente de laRepública, la Junta de Gobierno y


los ministros respectivos, sin con-sulta y hasta sin información de laciudadanía.

El país se ha gobernado por unequipo humano selecto pero redu-cido, que no suele dar cuenta de susactos y que nunca anticipa sus de-cisiones. La modalidad de trabajopareció eficaz mientras hubo con-fianza plena en la idoneidad de laconducción política. Tal confianzase acentuó, por lo demás, gracias aéxitos sonados en consultas plebis-citarias y en otros pasos audacesque confirmaron la magnitud de laautoridad presidencial —instituciónque se veía restaurada en su majes-tad republicana, después de años devacilaciones y coqueteos demagó-gicos— y a la convicción de que elpaís debía dejarse llevar por losclaros y firmes rieles de una con-cepción patriótica, social y econó-mica orientada a hacer de Chile unagran nación, meta esta última fijadaen la Declaración de Principios delGobierno de 11 de marzo de 1974.

MALOS DIAS

Sin duda, atravesamos por malosdías. El reducido y selecto equipode Gobierno se está viendo aislado.La oposición, caracterizada por elseñor Cardenal, no tiene ya virtual-mente diálogo posible con las au-toridades, salvo ocasionales pala-bras de buena crianza. Aunque na-die podría asegurar que se está for-mando un amplio frente de oposi-ción con carácter generalizado, elllamamiento de Tucapel Jiménezsigue teniendo sentido. La Iglesiaimpulsa una ambigua "gran misiónjoven" destinada, entre otras cosas,a denunciar nada menos que la ín-dole antievangélica de los conceptos

de orden, autoridad, política, nación,seguridad... que corresponderían auna especie de nueva cultura que seestaría construyendo desde el Go-bierno. No se sabe todavía el alcan-ce de estas operaciones estratégicas,pero la denuncia del Cardenal acer-ca de la "crisis moral" —hecho, enbuena parte, innegable— deja laimpresión de que los remedios opo-sitores contra tal crisis no dejaránde adoptar las banderas que fraca-saron con nuestra democracia tra-dicional después de una orgía dedemagogia, ideologismo e irres-ponsabilidad. No hay, sin embargo,que menospreciar la importancia deesta fermentación opositora dirigi-da por manos hábiles y tal vez po-seedora de generosos recursos.

El aislamiento del equipo deGobierno no sólo se da en relacióna los opositores. La ausencia sis-temática de comunicación fluidacon la ciudadanía, el desprecio porla capacidad reflexiva ajena y, portanto, la repetición de consignas yrazonamientos bastantes primiti-vos, la actual desconfianza hacia laprensa, el calificativo de "gasfiteres"para quienes opinan de cuestioneseconómicas generales sin formarparte del círculo de iniciados y, so-bre todo, el régimen de acción porsorpresa en materias que afectan aintereses personales y familiaresimportantes de los ciudadanos, es-tán dejando al equipo de Gobiernosin defensores entusiastas entre losque fueron y siguen siendo clarospartidarios del pronunciamiento del11 de septiembre.

Lo que es más grave aún es es-cuchar que el sigilo y la renuenciaa las explicaciones no derivan deun mero dogmatismo desprecia-tivo sino de una posible falta de ca-


pacidad política. A juicio de mu-chos —y es obligación decirlo—,las cosas se están haciendo mal, seestán manejando con una rudeza deinexpertos, lo que provoca desáni-mo en los partidarios del Gobiernoy ponen a éste en peligro de quedarsin más defensores que susaguerridos soldados a la hora en que"misiones juveniles" u otras inicia-tivas semejantes solivianten al pue-blo, el que se encontrará en un cli-ma áspero de recesión y desempleo.

Se está manejando mal el temade la seguridad de las personas.Algo ocurre en los servicios de po-licía. No es propio de un Gobiernoque se apoya en el anhelo de ordeny paz tener que dar cuenta de tantosasesinatos sin móvil conocido y detantas sospechas acumuladas. Sabi-do es que la justificación elementalde cualquier gobierno es el resguar-do del orden. Y no hay orden cuandola vida se arriesga en la calle de lamanera que está ocurriendo hoy, noya en refriegas con extremistas, noen actos de guerra, sino en liquida-ciones de cuentas que se conocenen las mafias extranjeras, pero queno habían existido hasta ahora entrenosotros.

No se está manejando bien el te-ma económico. Luego de casi unaño de preparar al país para el ajusterecesivo, de dar seguridades de queel Fisco estaba sano y de culparcon las expresiones más duras aagricultores, industriales o gruposfinancieros por haber incurrido enexceso de ambición o en derroches,y haber gastado más de las entra-das, sorpresivamente el señor Mi-nistro de Hacienda anuncia al paísla existencia de un importante défi-cit fiscal y esboza sin explicacionessuficientes las causas de éste y los

tributos nuevos que gravarán a loscontribuyentes. No aparece, enton-ces, distinta la situación deudora delFisco de la que mereció el vilipen-dio de individuos y grupos particu-lares. La única diferencia es que losparticulares pagan su imprevisióncon la quiebra y la prisión, en tantoque el Fisco reclama con toda tran-quilidad mayores impuestos.

EL PRESIDENTE

La difícil situación no signifi-ca, por cierto, que deba darse oídoa "misiones" o evocaciones deequívoco signo libertario, pues todoello representa el fracaso del pasa-do. El instinto de paz, de orden y deseguridad de los ciudadanos coinci-de con el régimen autoritario impe-rante, no con veleidades demagó-gicas o revolucionarias. El esquemaeconómico de libertad, el modeloeconómico social de las moderni-zaciones y del enriquecimiento es-piritual y material de las personasdebe quedar en pie, cualesquierasean los errores de manejo tácticoque le son accidentales, aunque po-drían hacer peligrar el prestigio delmodelo mismo. Por último, el Ejér-cito con su corona de virtudes his-tóricas y las demás ramas gloriosasde las Fuerzas Armadas tienen másque nunca un papel decisivo en estetiempo adverso.

El Presidente de la Repúblicaha sabido sortear con mano dies-tra situaciones dramáticas. Espon-táneamente el país se vuelve haciaél, hacia su autoridad de Jefe delEstado, hacia sus poderes constitu-cionales y hacia la prudencia conque puede y debe ejercer el man-do heredado de sus ilustres prede-cesores.


El problema policial reclama laacción directa del Jefe del Estado.Hay allí cierta multiplicidad de ser-vicios y aparentemente alguna con-tradicción de atribuciones. Hanocurrido hechos que no son dignosdel país y que merecen la aplica-ción del termocauterio a los res-ponsables.

El Presidente sabe reaccionar conlas medidas y con las personas idó-neas en circunstancias de crisis. Enel problema policial y de seguridadtodo parece indicar la presencia decircunstancias críticas. La persis-tencia de éstas perjudica al Gobier-no, lesiona la paz interior y com-promete, además, la seguridad ex-terior. No hay que olvidar quenuestras relaciones exteriores nor-males dependen de que se com-pruebe cierto nivel de derechos hu-manos, y que el manejo desacer-tado o ilícito del problema policialpuede acarrear consecuencias do-lorosas también en el campo inter-nacional. Los sectores sinceramen-te patrióticos confían en la ya clásicay oportuna reacción presidencial eneste frente.

En el campo económico no ha

existido información suficiente, yahora se exige a un área ciudadanainfluyente (a quienes ganan más de10 mil pesos mensuales de sueldo)un sacrificio de bastante considera-ción, el que se suma a los costos delos elevados intereses, de los nego-cios difíciles y del desempleo. Aquítambién se espera la reacción presi-dencial, no para cambiar la líneabásica ni para alterar el modelo deeconomía abierta y libre, pero sípara ir más allá de las deliberacio-nes con los círculos cerrados delas consultorías oficiales y encon-trar fórmulas que aseguren un ma-nejo más eficiente y convincente deldifícil problema financiero y eco-nómico. S.E. tiene a su disposiciónuna lista no breve de ex Ministros deHacienda y de Economía que hanservido en este régimen.

Conversaciones conjuntas o se-paradas con todos aquellos que hancontribuido al establecimiento yal éxito del modelo debieran ayu-dar a S.E. a encontrar salidas razo-nables dentro del marco de su polí-tica. Las crisis agrandan a los gran-des gobernantes. Este debe ser ahorael caso.


ÍNDICE DE ARTÍCULOS

De la emergencia a la transición (17 de septiembre de 1978).......... 307

Una marcha cautelosa (12 de noviembre de 1978)........................... 311

El valor de la función pública (4 de febrero de 1979)...................... 315

Libertad de expresión en el futuro institucional

(18 de febrero de 1979)................................................................. 319

Un difícil proceso de comunicación (15 de julio 1979)................... 323

Siete metas sociales básicas (16 de septiembre de 1979)................. 327

Los comunistas (25 de noviembre de 1979)..................................... 331

Avances en varios frentes (10 de febrero de 1980).......................... 335

Corrientes de opinión (30 de marzo de 1980)................................... 339

Municipalidades distintas (15 de junio de 1980).............................. 344

Derecho a la libertad responsable (29 de junio de 1980) ................. 348

Análisis de una crisis (13 de julio de 1980)...................................... 352

Proyecto constitucional (20 de julio de 1980).................................. 356

Modelo y moral (23 de noviembre de 1980) .................................... 360

Políticas universitarias (30 de noviembre de 1980).......................... 364

Nacionalismo y burocracia (21 de diciembre de 1980).................... 368

Regla de la unanimidad (8 de marzo de 1981)................................. 372

Colegios profesionales (29 de marzo de 1981)................................. 375

El factor moral (17 de mayo de 1981) .............................................. 379

Necesidad de la información (7 de junio de 1981)........................... 383

Servicios de inteligencia (21 de junio de 1981)................................ 387

El marco del Estado (5 de julio de 1981).......................................... 391

Ejército y Nación (20 septiembre de 1981)...................................... 395

Actividad económica (8 de noviembre de 1981).............................. 399

Educación, un sector prioritario (24 de enero de 1982)................... 403

Dudas e incertidumbres (7 de marzo de 1982)................................. 407

Regla constitucional discutible (14 de marzo de 1982).................... 411

Malos días (28 de marzo de 1982).................................................... 415

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