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LA FINANCIACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE REPARACION DE VICTIMAS
DEL CONFLICTO ARMADO: UN ESTUDIO SOBRE LA DISPONIBILIDAD A
DONAR DE LA SOCIEDAD CIVIL ESTUDIANTIL EN COLOMBIA
Santiago Eastmond Hincapié
Abstract
Este trabajo estima la disponibilidad a pagar de la sociedad civil estudiantil colombiana hacía un fondo
para el apoyo financiero de programas integrales de reparación de víctimas del conflicto armado. Por
medio de encuestas en dos instituciones de educación superior, se estimó un modelo de precios
hedónicos examinando el efecto que tienen diferentes variables de percepción, de conocimiento y de
disposición sobre el monto escogido, y un modelo de probabilidad sobre la desición de donar. Se
encontró que la disponibilidad a pagar de los estudiantes al fondo es de 16,058 pesos. Se encontró
también que las variables de percepción con respecto al proceso de paz afectan de manera positiva la
probabilidad de donar al fondo y el monto de la donación. Asimismo, teniendo en cuenta las variables de
conocimiento de víctimas o de programas de reparación, se encontró que estas no tienen un efecto
significativo, mientras que la disposición a asistir a una reunión con una víctima y un reinsertado de las
FARC son positivas para el monto y la probabilidad de donar. Finalmente y con base en estos resultados,
este trabajo hace énfasis en la necesidad que tiene la sociedad civil colombiana de convertirse en un
actor activo en los procesos de construcción de paz y reparación de las víctimas, demostrando la
importancia de la promoción de los procesos de sensibilización y de pedagogía de paz en el país.
Introducción
El debate con respecto al proceso de paz con las fuerzas armadas revolucionarias de
Colombia (FARC) ha tenido un auge mayoritariamente propiciado por los significativos
avances y reciente cierre de los acuerdos de la Habana (AP, s.f.). Partiendo de un escenario
donde la paz entre estos grupos armados ilegales y el Estado pueda ser firmada tras el aval
de la población civil colombiana, se abre el espacio al planteamiento de los diferentes
desafíos sociales y económicos que deberá enfrentar el país en un marco de desarrollo en el
posconflicto. Los problemas son innumerables teniendo en cuenta que el conflicto armado
se ha expandido en su accionar durante las seis décadas de su existencia en el territorio,
ralentizando los procesos de crecimiento y desarrollo económico en el país, y fraccionando
su tejido social por medio de mecanismos violentos de aniquilación y despojo de tierras a la
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población civil (CNMH, 2013). Partiendo de esto, las víctimas del conflicto representan el
foco de atención de los diferentes programas de financiamiento, teniendo en cuenta la
necesidad que existe de incentivar los planes de reparación y restitución de las tierras de las
que alguna vez fueron despojados.
A pesar que el conflicto armado en Colombia lleva más de seis décadas, la política pública
Estatal para indemnizar o reparar a las victimas tiene una historia de tan sólo 20 años
(DNP, 1995). Incluso, se podría afirmar que apenas aproximadamente hace 10 años, desde
la intervención de la Corte Constitucional en el 2005, el Estado colombiano ha fijado y
ejecutado acciones concretas para brindarle una respuesta de reparación integral a más de 8
millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado hasta ahora (RUV, s.f.). Esto ha
llevado al desarrollo de planes integrales de indemnización monetaria y restitución de
tierras, acompañados por programas de salud, educación, empleo y la recuperación de la
verdad, todo con un enfoque diferencial (UV, s.f.).
Aunque el gobierno nacional ya ha fijado parte de los lineamientos para la financiación de
estos programas con dineros públicos (DNP, 2012), se espera que en un marco de paz, gran
parte de las contribuciones para el desarrollo y ampliamiento de estos programas provenga
también de donaciones y fondos internacionales. Con esto en mente, el Fondo para la
Reparación de las Victimas fue creado por el artículo 54 de la Ley 975 de 2005, como una
cuenta especial destinada a recibir y administrar los bienes provenientes de diferentes
fuentes para la financiación de los procesos de reparación integral a favor de las víctimas
del conflicto armado (UV, s.f.). Teniendo en cuenta las transferencias del presupuesto
nacional, los bienes de ex combatientes, los recursos provenientes del sector privado, las
donaciones extranjeras y de la sociedad civil nacional, se espera que los programas sean
efectivos en su cobertura y accionar.
La sociedad civil colombiana es un actor fundamental en los procesos de generación de paz
y restitución de las víctimas del conflicto. Como lo plantea el programa de Unidos
Podemos Reparar a la Victimas, la sensibilización y solidaridad de los colombianos con
los más afectados por el conflicto debe ser una vía de acceso a la consecución de nuevas
fuentes de financiación de la política de reparación integral, específicamente, a través de
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donaciones (UV, s.f.). Partiendo de esto como el centro de la motivación, este trabajo
hace referencia al enfoque de financiación por altruismo, desarrollando un estudio de
valoración contingente sobre la disponibilidad a pagar de la sociedad civil estudiantil en
Colombia a un fondo para la reparación de víctimas. En concreto, esta investigación
estima la disponibilidad a pagar de la sociedad civil estudiantil en dos representativas
instituciones de educación superior colombianas y estima el efecto que tienen diferentes
variables de percepción y de conocimiento sobre el monto elegido por cada persona.
Partiendo del hecho que la estimación de bienes sin mercado requiere de un sistema de
pregunta directa a las personas sobre su valoración personal, el metodo de valoración
contingente utiliza las encuestas individuales con el fin de estimar la disposición a pagar de
las personas por diferentes bienes sin valor estipulado (Freeman, et al, 2003) Para este
propósito, se eligió a la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional como las
instituciones de educación superior en la muestra, teniendo en cuenta su nivel académico y
la representatividad que sus miembros tienen en términos sociodemográficos de los
estudiantes del país. El estudio se llevó a cabo por medio de una encuesta donde las
variables tenidas en cuenta hacen referencia a la percepción general del proceso de paz en
Colombia, el nivel de conocimiento sobre los acuerdos, variables sobre conocimiento de
víctimas y programas de reparación, la disposición a vincularse en procesos de
conocimiento de víctimas y reinsertados, finalizando con una decisión sobre donaciones
monetarias a un fondo de reparación.
Por medio de un modelo de precios hedónicos, el procedimiento econométrico permite
identificar la importancia relativa de cada atributo en el valor asignado por el mercado a un
bien determinado (Champ, et al, 2003). De esta manera es posible evidenciar los cambios
que tiene el valor asignado a la reparación de las víctimas, al variar los atributos de
percepción, conocimiento y disposición tenidos en cuenta en el instrumento. De acuerdo a
esto, los resultados muestran que que la disponibilidad a pagar de los estudiantes es de
16,058 pesos. Por su parte, se encontró que las variables de percepción con respecto al
proceso de paz afectan de manera positiva la probabilidad de donar al fondo y el monto de
la donación. Asimismo, teniendo en cuenta las variables de conocimiento de víctimas o de
programas de reparación, se encontró que estas no tienen un efecto significativo, mientras
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que la disposición a asistir a una reunión con una víctima y un reinsertado de las FARC
resultaron ser positivas para el monto y la probabilidad de donar. Finalmente y con base en
estos resultados, este trabajo hace énfasis en la necesidad que tiene la sociedad civil
colombiana de convertirse en un actor activo en los procesos de construcción de paz y
reparación de las víctimas, demostrando la importancia de la promoción de los procesos de
sensibilización y de pedagogía de paz en el país.
Contexto
1. Proceso histórico de la victimización por el conflicto en Colombia
Al instituirse el Frente Nacional como un arreglo que dividía el poder político entre el
partido liberal y el conservador, dandole fin al periodo de la violencia en Colombia, se
abrió también el camino a la conformación de las dos guerrillas de izquierda más fuertes en
el territorio nacional. Esto, como resultado de la exclusión politica de los demás sectores,
junto con la inequidad y la falta de justicia social en el país (Echeverry, et al, 2001).
Las FARC y el ELN, ambas de origen campesino, se enfrentaron de manera directa con las
fuerzas del Estado, financiando gran parte de su accionar con secuestros y extorsiones a los
grandes latifundistas (Echeverry, et al, 2001). Como respuesta, los terratenientes y las elites
locales afectadas incentivaron la creación de los paramilitares, protegiendo sus intereses
y manteniendo el control de las tierras dentro de una elite conectada al naciente
narcotráfico en Colombia (Gaviria, 2000). Los nuevos grupos paramilitares iniciaron
procesos de violencia selectiva en contra de movimientos sociales y sus líderes, mientras
que las guerrillas de izquierda atacaban a terratenientes, políticos de derecha e incluso a
campesinos supuestamente ligados a estos grupos, convirtiendo a la sociedad civil en
objetos de persecución por parte de ambos bandos y obligándolos a iniciar periodos de
desplazamiento masivo (CNMH, 2013).
En los años ochentas, con el exponencial aumento en la producción y transporte ilegal de
cocaína hacia Norteamérica y Europa, las guerrillas encontraron en este nuevo mercado una
mayor capacidad para financiar sus operaciones (CNMH, 2013). Con el objetivo de
expandir sus cultivos, se iniciaron procesos de toma de territorios de manera violenta,
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demostrando su dominio por medio de actos públicos de tortura, mutilación, violencia
sexual, exposición de cuerpos y masacres colectivas (Moya, 2012).
Con la llegada de los años 2000, Colombia toma un nuevo curso de política al asumir la
presidencia Álvaro Uribe Velez quien, con la llamada ´seguridad democrática´, incentivó
un mayor número de intervenciones militares en el territorio como una manera de presionar
con fuerza estatal la instauración de la paz en Colombia. Este proceso resultó efectivo en la
recuperación de muchas áreas tradicionalmente controladas por las guerrillas armadas. Sin
embargo, un proceso paralelo de paz llevado a cabo con las fuerzas paramilitares llevó,
paradójicamente, a un aumento significativo de las víctimas del conflicto y la extensión de
algunas de estas guerrillas hacia las ciudades tras la aparición de pequeños grupos
paramilitares herederos (CNMH, 2013).
Aunque la violencia ha ocurrido en el 95% del total de los municipios que conforman el
país, este suceso tuvo una intensidad mucho más alta y concentrada en ciertas áreas
geográficas a lo largo de todo el tiempo del conflicto (RUV, 2016). Diferentes regiones de
departamentos como Tolima, Cauca, Meta y Caquetá fueron, desde el 2002, epicentros de
operaciones contra guerrilla que resultaron en incrementos del número de víctimas por
ataques aleatorios, así como de campos minados, reclutamiento de menores, amenazas e
impuestos ilegales (CNMH, 2013).
Según el Registro Único de Víctimas (RUV) del gobierno, el número total de víctimas
registradas que ha dejado el conflicto armado desde sus inicios hasta el 2016 es de
8.131.269. De este número, cerca del 15% sufrió más de dos tipos de hechos violentos
categorizados entre desplazamiento, violencia física y sexual, homicidio, secuestro, robo y
desaparición (RUV, s.f.). Además de esto, 87% de los hogares desplazados en Colombia
migraron tras sufrir al menos un evento violento contra su hogar y, en promedio, tres tipos
diferentes de eventos violentos antes de abandonar sus tierras. Gran parte de estas
migraciones ocurrieron a nivel individual, en donde uno o algunos hogares tuvieron que
trasladares de su lugar de origen, pero persistieron varios casos en donde comunidades
enteras se vieron obligadas a abandonar su territorio (Moya, 2012). Desde 1997 cuando el
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desplazamiento forzoso fue legalmente reconocido por el Estado, se ha estimado que el
número de desplazados que ha dejado el conflicto desde sus inicios hasta el 2016 es de
7.347.735, convirtiendo a Colombia en el país con más desplazados internos del mundo,
siendo además estos, desplazados de larga duración (ACNUR, 2015).
2. Proceso histórico de la reparación de las víctimas por el conflicto
Partiendo del hecho que el gobierno es el principal promotor de la reparación de víctimas,
el primer diseño de política pública se originó a partir de los lineamientos establecidos en el
CONPES 2804 de 1995, el cual diagnosticó de forma general los efectos socioeconómicos,
psicosociales y políticos del desplazamiento forzado (DNP, 1995). Posteriormente, en el
año 1997 se promulgó la Ley 387, creando una primera iniciativa legal encaminada a
desarrollar planes de atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica
de los desplazados internos por la violencia en Colombia (UV, 2016). A pesar de estas
medidas, la Corte Constitucional declaro un “Estado de Cosas Inconstitucional” mediante la
Sentencia T- 025 de 2005 al evidenciar una violación sistemática de los derechos
fundamentales de las víctimas del conflicto armado. En consecuencia, se ordenó diseñar y
ejecutar políticas que garantizaran efectivamente los derechos fundamentales a la población
desplazada, aumentando los recursos del Presupuesto General de la Nación dirigidos a
reparar las víctimas (Ley 1190, 2008). Finalmente, en el 2011 se fortaleció esta política
mediante el desarrollo de planes de atención en salud, educación, empleo y la recuperación
de la verdad, con un enfoque diferencial (Ley 1448, 2011).
Actualmente, el documento CONPES 3727 de 2012 contiene los lineamientos, el plan de
ejecución de metas, el presupuesto y los mecanismo de seguimiento para el plan nacional
de atención y reparación integral a víctimas (DNP, 2012). A través de estos programas, el
gobierno busca restablecer los derechos de los afectados por el conflicto, garantizarles una
vida digna y reincorporarlos a la vida social, económica y política (UV, s.f.). El
componente integral consiste en la reconstrucción de un proyecto de vida y su
dignificación, tanto individual como colectiva. Específicamente, se busca indemnizar y
acompañar a los afectados en la restitución de sus tierras, en la rehabilitación y atención de
su salud, otorgarles garantías a la no repetición de los actos cometidos en su contra,
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brindarles acceso y acompañamiento a la justicia, y el derecho al reconocimiento de la
verdad histórica y judicial por parte de sus agresores.
Asumiendo un escenario donde los acuerdos son aprobados por la sociedad colombiana,
surge entonces un cuestionamiento importante con respecto a los costos que tendrá su
implementación y ejecución en el territorio. De acuerdo a un estudio realizado por el Bank
of America Merrill Lynch Global Research (Rodriguez, 2014), la implementación del
acuerdo de paz costaría alrededor de 1% del PIB anual durante diez años y podría escalar
hasta un máximo de 3.8% del mismo, dependiendo de la extensión de los programas
llevados a cabo. En relación a este, teniendo en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo del
gobierno colombiano para los años 2014 al 2018, la inversión y el presupuesto nacional
destinado para los primeros años de implementación de los acuerdos tiene un fondo de 203
billones de pesos (US$74.500 millones), además de otros posibles sistemas de financiación
para la ejecución de los costos previstos (DNP, 2014). Para el componente de víctimas, por
su parte, se tiene estimado que el costos total de los programas de reparación podría girar
en torno del 0.7% hasta el 1.4% del PIB anual colombiano, teniendo en cuenta que el gasto
podrá ir reduciéndose a medida que el cese al fuego avance y se consolide (Rodríguez,
2014). De acuerdo con la asignación y ejecución de presupuestos de la Unidad de Victimas,
en 2015 el fondo total del gobierno para los programas de reparación de víctimas fue de 7.8
billones de pesos, habiendo reparado desde el 2011 a más de medio millón de victimas
(UV, s.f.).
Son pocos los que se han lanzado a generar estimados sobre los costos del posconflicto. Sin
embargo, el gobierno nacional ya ha instituido diferentes programas para lograr la
consecución de nuevas fuentes de financiación para la política de reparación integral. Con
programas como Unidos Podemos Reparar a la Victimas, el gobierno busca que por medio
de la sensibilización y la solidaridad de los colombianos con los más afectados por el
conflicto, se abra una vía de acceso a través de donaciones para ejecutar adecuadamente
estos planes (UV, s.f.). Centrándose en esta alternativa, este trabajo busca examinar el
grado de disposición de la sociedad civil estudiantil colombiana a convertirse en actores
solidarios frente al impacto nacional del conflicto armado por medio de su participación en
un tipo de campaña de recaudos.
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Marco Teórico
Al tener en cuenta el método de valoración contingente (MVC) como una técnica para
evaluar las cuestiones relativas a la asignación de recursos, el enfoque de altruismo y los
posibles incentivos del agente ante la utilidad que puede generarle el bienestar ajeno se han
convertido un tema de discusión en la concepción de esta rama de estudio (Milgrom, 1992).
El valor económico total (VET) se basa en involucrar todos los valores económicos que
resultan del consumo de bienes y servicios que le generan algún nivel de utilidad a los a los
individuos. Según la teoría económica, el valor económico total puede dividirse en dos
tipos de valores: el valor de uso y el de no uso (Freeman, et al, 2003). Dentro de los valores
de uso se encuentra el valor por el disfrute del bien actual y los valores de opción que puede
tener para un individuo. Por otro lado, en los valores de no uso se habla de darle un valor a
un bien por su existencia, apoyado en las ideas de legado y altruismo. Sustentado en esta
rama, los valores de no uso pueden entonces también estar relacionados con aumentos en
los niveles de utilidad de agentes altruistas, los cuales podrían llegar a ser valorados
económicamente de acuerdo a la función de cada persona (Freeman, et al, 2003).
La teoría económica discute la existencia de actitudes altruistas de algunos individuos con
base en dos concepciones sobre sus preferencias individuales. Por un lado, si se entiende a
los individuos como seres con un único ordenamiento de preferencias, el componente de
bienestar o utilidad de los demás individuos sería entonces simplemente un agregado en la
función de utilidad de las personas altruistas (Arias, et al, 2007). Sin embargo, al tener en
cuenta que existen supuestos que plantean la existencia de preferencias multiples en cada
individuo, las cuales pueden cambiar y no estan atadas a un único dictamen, se enfatiza una
distinción entre los dos tipos de roles que puede estar tomando una persona altruista en sus
procesos de maximización. Por un lado, el agente puede a1sumir el rol del ciudadano y
contribuir un valor social motivado por la maximización del bienestar ajeno. En este
sentido, este valor altruista es comparable con valores hacia bienes públicos1. Pero por otro
1 Aquel bien que puede ser utilizado por una persona sin interferir con el uso de ese mismo bien por otras personas. Una definición alternativa, más no equivalente, dice que un bien público es aquel que no puede ser consumido sin exclusión de terceros. La diferencia radica en que la primera definición puede haber exclusión en el consumo. Tomado del Diccionario Jurídico
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lado, el agente puede estar tomando la posición del consumidor, en donde el valor que esta
donando está directamente relacionado a una posible retribución personal (Herbert, 1992).
El más reciente debate con respecto a los incentivos altruistas ha buscado enfocarse en el
área experimental y empírica para el estudio de las diferentes posiciones. Partiendo del
modelo de preferencias múltiples y de los supuestos de no rivalidad y no exclusión que
tienen los bienes públicos, se ha confirmado que el hecho de activar orientaciones altruistas
en las personas hace que su disponibilidad a pagar hacia bienes públicos aumente
significativamente, en comparación a orientaciones personales o de consumidor (Ajzen, et
al, 1996). Con base en esto, es posible evidenciar que la estructuración y la orientación de
los incentivos pueden generar una respuesta más altruista en las personas, exponiendo la
idea de preferencias de ordenación múltiple como la más adecuada para explicar estos
procesos de maximización de utilidad pues implica que su ordenamiento es modificable
(Ovaskainen, et al, 2005).
Si bien es una aproximación, en términos generales, es correcto preguntar a las personas
por su disponibilidad a pagar (DAP) por un bien altruista, en la medida que es posible
estimar un valor aproximado al bienestar social que podría generarse (Kristom, G, et al,
1997). Con base en esto y tomando al enfoque de preferencias múltiples como la teoría más
acertada para examinar los incentivos altruistas, este trabajo busca que la orientación de los
interrogantes de la DAP sea consistente con la intención de activar preferencias de
ciudadano y no de consumidor, haciendo énfasis en los beneficios sociales de la reparación
integral y de la no repetición. Partiendo del hecho que es necesario conocer si los
encuestados han reportado valores sociales o personales, pues en la teoría representan
montos totalmente distintos (Nyborg, 2000), este trabajo busca hacer énfasis en el altruismo
sin retribuciones directas, en el cual las personas son enfrentadas a una problemática donde
la reparación de las víctimas actua como un bien público de largo plazo, generando
procesos de redistribución del ingreso y desarrollo social en el país.
Metodología
Los precios reflejan el valor social agregado por los bienes de mercado cuando no existen
externalidades. Sin embargo, al referirse a los bienes no mercadeables, no existe un
indicador analogo que permita conocer el valor que tienen y la cantidad que suman a la
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sociedad (Champ, et al, 2003). La estimación de este tipo de bienes sin mercado requiere
entonces de un sistema de encuesta directa a las personas sobre su valoración individual, o
mediante la literatura existente para buscar acercarse al valor. Con base en esto, el MVC
utiliza las encuestas individuales con el fin de estimar la disposición a pagar de las personas
por diferentes bienes sin valor estipulado (Freeman, et al, 2003).
1. Instrumento
Un buen instrumento, por cualquier metodo de estimación que se escoja, debe asegurarse
de obtener toda la informacion relevante para el estudio y que todas las personas incluidas
en la muestra respondan de manera completa (Dillman, 1991). En este sentido, la encuesta
llevada a cabo se centró en cuatro tipos de variables diferentes: variables
sociodemograficas, de percepción, de conocimiento y de disposición, finalizando con un
formato de elección multiple para la donación (Freeman, et al, 2003), en donde se presentó
un cuadro con varios montos alternativos para escoger.
El diseño de la tabla de valores de donación se llevó a cabo por medio de una encuesta
piloto realizada a los estudiantes de la Universidad de los Andes en el primer semestre de
2016, en donde se registraron los extremos, la media y la moda de sus ingresos. Tomando
un porcentaje de 5% de los extremos màs altos y màs bajos, se elaboró la tabla teniendo en
cuenta aumentos porcentuales sobre la media y la moda de los ingresos registrados. De esta
manera, la encuesta buscaba disminuir el posible sesgo por el putno de partida, al otorgarle
al encuestado una serie de opciones coherentes con sus ingresos y evitando una gran
dispersión en los montos seleccionados.
Con base en los fundamentos de reconocimiento de responsabilidad y solidaridad
planteados en las estrtategias para la pedagogia de paz en el país (CNMH, 2015), el
cuestionario tiene un diseño cuyo proposito gira en torno a la evaluación del grado de
interpelación de los estudiantes en las ciudades con las víctimas del conflicto interno
(Anexo 1). Con base en esto, la variables de percepción examinan el grado de favorabilidad
del proceso de paz y la importancia de la sociedad civil en los procesos de reparación de los
afectados. Por otro lado, las variables de conocimiento hacen énfasis en el grado de
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comprensión individual de los acuerdos de la Habana, el conocimiento de programas de
reparación integral y el conocimiento o contacto directo con alguna víctima en cuestión.
Finalmente, las variables de disposición o reconciliación se centran en la posibilidad de
conocer y tener un contacto directo con una víctima y con un reinsertado de las farc en una
posible reunión. De esta manera, el instrumento busca examinar cómo este grado de
interpelación con los afectados por la violencia del conflicto se refleja en las cantidades
donadas al fondo para su reparación.
2. Muestra de estudio
Retomando el objetivo que tiene este trabajo de estimar la disponibilidad a pagar de la
sociedad estudiantil en Colombia, la muestra seleccionada, teniendo en cuenta las
limitaciones del estudio, buscó centrarse en las universidades más representativas
sociodemografica y academicamente del país. En este sentido, 625 estudiantes de la
Universidad de los Andes y la Universidad Nacional componen la muestra para el estudio
por su representatividad en la dispersión en el ingreso, en sus variables socieconomicas y
en las regiones del país, conservando ambas instituciones un equilibrio en términos de
ranking academico.
El proceso de aleatorización se llevó a cabo por medio de encuestas directas en los espacios
universitarios donde se suelen reunir personas de diferentes edades y programas
academicos, intentando cubrir la mayoría de estos en cada institución. Siendo así, la
dispersíon de la muestra junto con la nivelación academica, permiten tener un acercamiento
a la valoración que le da la sociedad estudiantil de Colombia a la reparación de las victimas
del conflicto, a puertas del sufragio por la aprobación de la paz.
Como lo expone la tabla 1, la muestra general se encuentra balanceada en términos de
género y de estudiantes por universidad. Al tener en cuenta solo las instituciones de
educación, es posible evidenciar como de los 625 estudiantes encuestados, el 50,6%
representa a la Universidad de los Andes y el otro 49,4% a la Universidad Nacional. Por
otro lado, en términos de género, se expone también como del total de las observaciones,
54,4% representa a los hombres de ambas universidades y el restante 45,6% a las mujeres
encuestadas. Esto, es fundamental dentro de los análisis realizados pues demuestra que los
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grupos que se evalúan en éste estudio se encuentran balanceados en su número y pueden ser
comparados en los resultados de las encuestas pues tienen una alta representatividad de los
estudiantes de estas mismas universidades.
Tabla 1. Balance muestral por género e institución de educación.
Sexo
Hombre Mujer Total
Universidad
Andes 166
26.5% 150 24%
316 50,6%
Nacional 174
27,8% 135
21,6% 309
49,4%
Total 340
54,4% 285
45,6% 625
100%
3. Estrategia de identificación
La obtencion de precios y demandas implicitas a partir de la medicion del valor del bien no
mercadeable y la forma en que cada atributo cambia ese valor, puede examinarse a través
de un modelo de precios hedonicos. Si bien esta metodología se aplica con mayor
frecuencia al mercado de la vivienda, el procedimiento econométrico permite identificar la
importancia relativa de cada atributo en el valor asignado por el mercado a un bien
determinado (Champ, et al, 2003). De esta manera, es posible evidenciar los cambios que
tiene ese valor asignado, al variar los atributos que lo componen. El modelo se estima bajo
una forma funcional censurada, teniendo en cuenta las observaciones cuya donación es
igual o mayor a 8000 pesos, sin perder datos de la muestra, ni grados de libertad. El modelo
tobit a estimar es el siguiente:
𝐷𝑜𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝛽0 + 𝛽𝑋𝑖 + 𝛽1𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛𝑃𝑎𝑧 + 𝛽2𝑃𝑎𝑝𝑒𝑙𝑆𝑜𝑐𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑𝐶𝑖𝑣𝑖𝑙 +
𝛽3𝐶𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝐴𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 + 𝛽4𝐶𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑉í𝑐𝑡𝑖𝑚𝑎𝑠 + 𝛽5𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜𝑉í𝑐𝑡𝑖𝑚𝑎 +
𝛽6𝑅𝑒𝑢𝑛𝑖ó𝑛𝑉í𝑐𝑡𝑖𝑚𝑎 + 𝛽7𝑅𝑒𝑢𝑛𝑖ó𝑛𝑅𝑒𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 + 𝜀
Donde Donación representa el valor donado por el individuo i al fondo de reparación de
víctimas, Xi es el vector de variables sociodemográficas utilizadas como control,
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PercepciónPaz hace alusión a la variable que cataloga la favorabilidad del proceso de paz,
PapelSociedadCivil es la variable que cataloga el papel de los estudiantes en la reparación
de las víctimas, ConoceAcuerdos es la variable que cataloga el nivel de conocimiento
individual sobre los acuerdos de la Habana, ConoceProgramaVíctimas es la variable
dicótoma que cataloga si el estudiante conoce algún programa de reparación,
ContactoVíctima es la variable dicótoma que expone si el estudiante ha tenido algún
contacto con una víctima del conflicto, y las variables de ReuniónVíctima y
ReuniónReinsertado son variables dicótomas que hacen referencia a si el estudiante está
dispuesto a conocer a una víctima y a un guerrillero reinsertado.
Por otro lado, para estudiar el efecto de las mismas variables sobre la probabilidad de hacer
una donación al fondo, se estima un modelo de probabilidad sobre la variable dicótoma
QuieroDonar, la cual evidencia si el estudiante donó o no un monto al fondo creado. El
segundo modelo probit a estimar, bajo los mismos parámetros y controles es el siguiente:
𝑄𝑢𝑖𝑒𝑟𝑜𝐷𝑜𝑛𝑎𝑟 = 𝛽0 + 𝛽𝑋𝑖 + 𝛽1𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛𝑃𝑎𝑧 + 𝛽2𝑃𝑎𝑝𝑒𝑙𝑆𝑜𝑐𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑𝐶𝑖𝑣𝑖𝑙 +
𝛽3𝐶𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝐴𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 + 𝛽4𝐶𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑉í𝑐𝑡𝑖𝑚𝑎𝑠 + 𝛽5𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜𝑉í𝑐𝑡𝑖𝑚𝑎 +
𝛽6𝑅𝑒𝑢𝑛𝑖ó𝑛𝑉í𝑐𝑡𝑖𝑚𝑎 + 𝛽7𝑅𝑒𝑢𝑛𝑖ó𝑛𝑅𝑒𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 + 𝜀
Estadísticas Descriptivas
De la muestra utilizada en este trabajo, es fundamental evaluar sus características
principales y su representatividad de los estudiantes de las universidades en Colombia.
Teniendo en cuenta las variables socioeconómicas, la muestra es coherente con los datos
promedio de estudiantes de universidades colombianas. Como se expone en la tabla 2, la
edad promedio de los encuestados es de 20,75 años, siendo el mínimo valor un estudiante
de 16 años y el máximo un estudiante de 30 años. Por otro lado, al evaluar el semestre de
los encuestados se expone que el promedio de los estudiantes se encuentra entre 5 y 6
semestre de su carrera, siendo 12 el máximo número de semestres cursados. Finalmente,
teniendo en cuenta el ingreso es fundamental primero aclarar que la Universidad de los
Andes y la Universidad Nacional presentan datos diferentes pues se buscaba encontrar
representatividad del colectivo estudiantil con base en la comparación de una institución
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privada de mayores ingresos contra una pública de menores ingresos por estudiante. En este
sentido, aunque al separar el ingreso por universidad se encuentra que la media de los
Andes es de 719,727 pesos contra 298,284 pesos de la Nacional, el ingreso promedio de un
estudiante en ambas universidades es de 511,366 pesos mensuales, teniendo como un
mínimo valor el de 50,000 pesos y cómo máximo el de 3,700,000 pesos al mes, teniendo en
cuenta que muchas personas dentro de la muestra ya reciben un salario formal.
Tabla 2. Balance muestral por edad, semestre e ingreso.
Variable Observaciones Media Std. Dev. Min Max
Edad 625 20,75 2,297 16 30
Semestre 625 5,86 2,931 1 12
Ingreso 625 $511,366 $415,384,9 $50,000 $3,700,000
Partiendo del hecho que las universidades, siendo instituciones independientes, ofrecen
diferentes programas académicos a los estudiantes los cuales no son siempre homogéneos
en ambos planteles, para este trabajo esos programas fueron encasillados en las diferentes
facultades que comparten las dos universidades. En este sentido, si bien la Universidad de
los Andes y la Universidad Nacional comparten el programa de medicina, la Nacional
también ofrece programas de fisioterapia, terapia ocupacional, nutrición, farmacia y
odontología, por lo que se vuelve necesario catalogar estas carreras dentro de la facultad de
“Ciencias Salud”. Siendo asi, la tabla 3 expone la distribucion de la muestra total entre las
diferentes facultades homogeneizadas para ambas instituciones de educación.
Tabla 3. Balance muestral por facultad académica.
Facultad Freq. %
Administración 20 3,2
Arqui-Diseño 74 11,84
Arte-Humanidad 22 3,52
Ciencias Naturales 95 15,2
Ciencias Salud 122 19,52
Ciencias Sociales 78 12,48
Derecho 22 3,52
15
Economía 84 13,44
Ingeniería 108 17,28
Total 625 100%
Finalmente, la región de procedencia de los estudiantes de las universidades es una variable
de control fundamental puesto que hace referencia a la representatividad de la muestra para
los estudiantes a nivel nacional. En este sentido, la tabla 4 que expone la distribución por
región demuestra que el 66,7% del total de los encuestados proceden de Bogotá como
capital y ubicación de las universidades tenidas en cuenta para el estudio. Este es un
número muy alto en comparación a los registros de estudiantes provenientes de otras
regiones del país. Valle del Cauca, Santander, Bolívar, Caldas y Cundinamarca son las
regiones que más presentan datos después de la capital con más de 20 estudiantes
provenientes de estos lugares del país. Es importante destacar que si bien la muestra, en
comparación con los estudiantes de Bogotá, puede no representar en términos estadísticos a
las otras regiones dentro del contexto nacional, si es un porcentaje representativo de la
distribución al interior de las instituciones de educación, teniendo registro de 20 regiones en
total.
Tabla 4. Balance muestral por región.
Región Freq. % Región Freq. %
Bogotá 417 66,72 Montería 9 1,44
Valle del Cauca 26 4,16 Magdalena 4 0,64
Santander 24 3,84 Meta 4 0,64
Bolívar 21 3,36 Norte de Santander 4 0,64
Caldas 21 3,36 Risaralda 4 0,64
Cundinamarca 20 3,2 Cesar 2 0,32
Antioquia 19 3,04 Huila 2 0,32
Boyacá 11 1,76 Quindío 2 0,32
Cauca 11 1,76 Sincelejo 4 0,64
Tolima 10 1,6
Nariño 10 1,6
16
Resultados
1. Disponibilidad a donar
Partiendo de la pregunta principal de este trabajo la cual busca estimar la disponibilidad a
pagar de los estudiantes colombianos al fondo de reparación de las víctimas del conflicto,
es posible exponer mediante una predicción lineal de la variable donación que el promedio
de la disponibilidad a donar anual es de 16,508.49 pesos colombianos por estudiante. Esto,
con el fin de asistir a las víctimas del conflicto en las diferentes áreas que representa la
reparación integral planteada por el gobierno nacional.
Tabla 5. Disponibilidad a pagar estimada
DAP estimada
Observaciones Media Std. Dev. Min Max
625 16058.49 30472.69 -240969.3 15000
2. Modelo Tobit sobre la donación
Habiendo estimado la disponibilidad a donar de la sociedad estudiantil, resulta vital
entender el grado de afectación que tienen las diferentes variables de percepción,
conocimiento y disposición sobre el monto donado al fondo. En este sentido, el modelo
tobit censurado cuyas observaciones se restringen a las donaciones iguales o mayores al
mínimo posible de 8,000 pesos, es el ideal para examinar el efecto que tiene cada variable
estimada en pesos. Esta regresión se llevó a cabo controlando por efectos fijos de región,
facultad y educación de la madre.
Teniendo en cuenta la tabla 6, la regresión muestra varios resultados fundamentales.
Partiendo de las variables de control utilizadas, es posible evidenciar que tanto la edad
cómo la universidad a la que se pertenece tiene un efecto significativo al 99% de confianza
sobre la donación. Según los resultados, aunque el género no tiene afectación alguna, un
año más de edad reduce en promedio las donaciones en 2,411 pesos, implicando así bajo la
muestra seleccionada, que los estudiantes más jóvenes tienden a donar más que los
17
estudiantes mayores en las universidades. Por otro lado, teniendo como base la variable
dicótoma de universidad, el hecho de pertenecer a la Universidad de los Andes aumenta en
promedio la donación al fondo en 14,405 pesos en comparación con la Universidad
Nacional, mostrando una diferencia importante en el altruismo de los estudiantes incluso
cuando se controla por su ingreso.
Al tener en cuenta las variables de percepción y de conocimiento de los acuerdos de la
habana, es importante hacer una aclaración en la interpretación de los resultados. Si bien en
el instrumento las variables de PercepciónPaz, PapelSociedadCivil y ConoceAcuerdos son
catalogables de 1 a 5, ese salto en una unidad es difícil de explicar teniendo en cuenta la
variabilidad en las percepciones generales de los estudiantes. En este sentido, con el fin de
simplificar el análisis de estas variables sobre el monto donado, se decidió especificar estas
variables dentro de una escala de tres posibles resultados; siendo 1 y 2 catalogados como
Bajo, 3 catalogado como Medio, y 4 y 5 catalogados como Alto. Con esto, es posible
homogeneizar las respuestas dentro de categorías más pequeñas, haciendo los efectos
estimados más fuertes y simples de interpretar. Partiendo de esto, las nuevas variables de
percepción del proceso de paz exponen que cuando un estudiante cataloga el proceso de paz
con alta favorabilidad, su donación al fondo aumenta en 14,891 pesos en comparación con
los estudiantes que lo catalogaron con baja favorabilidad. Siguiendo, al tener en cuenta la
variable de percepción sobre la importancia de la sociedad civil en la reparación de las
víctimas, se evidencia como cuando un estudiante considera alta esta importancia, su
donación al fondo aumenta en 26,646 pesos en comparación con un estudiante que la
considera de baja importancia, con un nivel de significancia del 99%. Finalmente, al tener
en cuenta el conocimiento sobre los acuerdos de la Habana, los estudiantes que más
conocen del acuerdo de paz están dispuestos a donar 7,872 pesos más que un estudiante con
bajo conocimiento sobre el mismo. En este sentido, con un nivel de 95% de confianza, este
resultado hace énfasis en los problemas de incertidumbre e información incompleta que se
dieron en torno al entendimiento y aprobación de lo pactado.
Finalmente, las variables de disposición demuestran ser significativas en los aumentos
donados al estar dispuesto a conocer a una víctima del conflicto y a un reinsertado de las
FARC. Partiendo de la variable dicótoma de estar o no dispuesto a asistir a una reunión con
18
una víctima, esta disposición aumenta el monto donado en 30,914 pesos al 99% de
confianza. Por otro lado, el estar dispuesto a asistir a una reunión con un reinsertado de la
guerrilla implica un aumento de 10,457 pesos al fondo para la reparación al 90% de
confianza.
Tabla 6. Regresión tobit censurada sobre donación
VARIABLES Donación Edad -2,411** (1,018) Sexo -2,743 (3,543) Universidad 14,405*** (5,380) Semestre -76.98 (804.8) Ingreso 0.00125 (0.00510) Percepción Paz Media 8,319 (6,618) Percepción Paz Alta 14,891** (6,660) Papel Sociedad Civil Media 12,309 (10,872) Papel Sociedad Civil Alta 26,646*** (9,960) Conoce Acuerdos Media 7,872** (3,935) Conoce Acuerdos Alta 8,986 (5,571) Conoce Programa Víctimas -1,451 (3,630) Contacto Víctima -1,520 (3,642) Reunión Víctima 30,914*** (8,787) Reunión Reinsertado 10,457* (6,511) Constante -10,779 (26,795) Observaciones 625
19
3. Modelo Probit
Teniendo en cuenta la tabla 7 en donde se exponen los efectos marginales de la regresión
probit junto con su significancia, se encuentran resultados sobre la probabilidad de querer
donar al fondo para la reparación de las víctimas. En primera instancia y en concordancia
con los resultados anteriores, un año más de edad disminuye la probabilidad de donar en
3.11 puntos porcentuales a un 99% de confianza. En este sentido, se confirma una vez más
bajo estos resultados que en la muestra analizada, los estudiantes más jóvenes tienden a
donar con mayor probabilidad y un mayor valor, en comparación con estudiantes mayores
grandes. Siguiendo con las variables de control, para esta muestra el ser mujer aumenta la
probabilidad de donar en 10.16 puntos porcentuales en comparación con los hombres, a un
nivel de significancia del 99%.
Partiendo de las variables de percepción, en concordancia con los resultados del modelo
sobre el monto donado, los estudiantes que más a favor estaban con el proceso de paz
tienen una probabilidad de 17.8 puntos porcentuales más alta de donar al fondo, en
comparación con las personas menos a favor del proceso. Por otro lado, dos resultados del
modelo con respecto a la percepción y el conocimiento de los estudiantes llaman la
atención por sus signos. Teniendo en cuenta la variable de percepción de la importancia
sobre la sociedad civil en la reparación de víctimas, se ve como las personas que
catalogaron esta importancia como media tienen una probabilidad de 15 puntos
porcentuales menos de donar al fondo de reparación en comparación con los estudiantes
que la catalogaron con baja importancia. Esto también ocurre para la variable que toma en
cuenta el tener conocimiento sobre un programa de reparación de víctimas, al evidenciar
que conocer un programa disminuye la probabilidad de donar al fondo en 7.3 puntos
porcentuales. Si bien su significancia es débil, estos efectos pueden ser producto de un
fenómeno registrado en los datos, en donde muchas de las personas encuestadas
demostraron tener conocimiento sobre víctimas y programas para su reparación,
neutralizando el esperado efecto positivo sobre las donaciones.
Finalmente, partiendo de los interrogantes sobre la disposición asistir a reuniones con
víctimas del conflicto y reinsertados de los grupos al margen de la ley, de nuevo aparece un
20
efecto significativo sobre la variable de reunión con una víctima. De acuerdo a las
estimaciones, el estar dispuesto a asistir a una reunión con este actor del conflicto aumenta
la probabilidad de donar al fondo en 19.4 puntos porcentuales con un nivel de significancia
del 95%.
Tabla 7. Efectos marginales del modelo probit sobre donación
VARIABLES Quiero Donar Edad -0.0311*** (0.0103) Sexo -0.1016*** (0.0366) Universidad 0.0025 (0.0565) Semestre -0.0025 (0.0083) Ingreso 6.06e-08 (5.12e-08) Percepción Paz Media 0.0954 (0.0592) Percepción Paz Alta 0.178*** (0.060) Papel Sociedad Civil Media -0.1579* (0.0905) Papel Sociedad Civil Alta 0.1212 (0.0820) Conoce Acuerdos Media 0.0116 (0.0403) Conoce Acuerdos Alta 0.0561 (0.0590) Conoce Programa Víctimas -0.0730* (0.0384) Contacto Víctima 0.0423 (0.0371) Reunión Víctima 0.1945** (0.0762) Reunión Reinsertado 0.0642 (0.0614) Observaciones 625
21
Conclusiones
Si bien, como se mencionó a lo largo de éste trabajo, la disposición a pagar por bienes
altruistas es una aproximación a la valoración que le dan las personas al bienestar ajeno, la
DAP estimada en este estudio demuestra la existencia de un sentido de responsabilidad por
parte de la sociedad estudiantil colombiana con las víctimas de su conflicto. Y es que
pensar en la relación que existe entre la memoria histórica y los jóvenes, realza la necesidad
de reconocerlos como agentes históricos que, desde su presente, desde sus formas de
interpretar y de actuar, pueden ser agentes de cambio en escenarios futuros de paz en
Colombia (CNMH, 2013).
Cuando se habla de las nuevas generaciones en el conflicto colombiano, en especial sobre
la relación entre la memoria y los jóvenes, existe una tendencia a situar a unas generaciones
como dueñas de la historia y como autoridades de la memoria mientras se condena a otras,
a las más jóvenes, a la condición de espectadoras pasivas de una historia que les es distante
(CNMH, 2015). Se suele pensar en la sociedad civil estudiantil como recién llegados a una
memoria que de cualquier manera siempre les será ajena, sin entender la importancia que
tiene su vinculación en los procesos de normalización y superación del conflicto armado.
En este sentido, los resultados de este trabajo tienen una inmensa repercusión sobre el papel
de la sociedad civil estudiantil en la reparación de las víctimas por medio de procesos de
pedagogía, reconstrucción de memoria y sensibilización, enmarcando los retos más
importantes que tienen como generación del posconflicto.
Tomando como base la necesidad de generar nuevas vías de acceso para la financiación de
los programas de reparación integral a las víctimas, los resultados con respecto a la
importancia otorgada por los mismos estudiantes a su papel como agentes reparadores abre
el camino al entendimiento de la memoria como la clave para la consecución de un sistema
de financiación civil más estructurado. Al tener en cuenta que cuando un estudiante
considera alta la importancia de su papel en la reparación de víctimas, su donación al fondo
aumenta en 26,646 pesos en comparación con un estudiante que la considera de baja
importancia, se expone de manera clara la diferencia que puede generar en una persona el
22
conocer la historia y estar comprometido con la no repetición de la misma. La memoria
para muchas de las víctimas de violaciones a sus derechos humanos por parte de grupos
armados y del Estado, les permite reconocer vacíos, negaciones, falseamientos,
transformaciones en esa historia oficial y hacer visible una historia oculta (CNMH, 2013).
En este sentido, los procesos de reconstrucción de la memoria histórica permiten que las
historias de victimización sean visibles frente al resto de la sociedad para que sean
reparados e indemnizados, para promover cambios en las instituciones políticas y judiciales
que impidan más abusos y acaben con la impunidad.
En concordancia con lo anterior, los resultados de las variables de disposición que
demuestran ser significativas en los aumentos donados al estar dispuesto un estudiante a
conocer a una víctima del conflicto y a un reinsertado de las FARC, hacen un mayor énfasis
sobre la necesidad del componente de sensibilización de la sociedad civil como otro actor
del conflicto. Si bien el conocer la historia es un elemento fundamental de la pedagogía de
paz, la sensibilización de la sociedad civil es un factor fundamental en los procesos de
reconocimiento histórico de actores y víctimas. Partiendo del hecho que estar dispuesto a
asistir a una reunión con una víctima puede aumentar la probabilidad de donar en 19.4
puntos porcentuales y además incrementa el monto donado en 30,914 pesos, se vuelve un
punto crucial dentro de los esfuerzos por reparar a las víctimas que las personas sean
capaces de ver el sufrimiento por el que pasaron los afectados y sean solidarias. A esto,
además se le suma el hecho que estar dispuesto a asistir a una reunión con un reinsertado de
la guerrilla implica un aumento de 10,457 pesos al fondo para la reparación. En este
sentido, la pedagogía de paz debe cumplir una labor de sensibilización y reflexión que lleve
al entendimiento de las diferentes posiciones del conlficto por medio de ejercicios que
acerquen a las personas a la construccion de una sociedad incluyente donde se respetan los
derechos de las demas personas (UV, s.f).
Por su parte, los resultados sobre las variables de favorabilidad del proceso de paz y
conocimiento de los acuerdos demuestran una situación particular sobre la incertidumbre e
información incompleta al interior de las aulas. Según las estimaciones, cuando un
estudiante cataloga el proceso de paz con alta favorabilidad, su probabilidad de donar al
fondo aumenta en 17.8 puntos porcentuales y su donación al fondo aumenta en 14,891
23
pesos en comparación con los estudiantes que lo catalogaron con baja favorabilidad.
Además, al tener en cuenta el conocimiento sobre los acuerdos de la Habana, los
estudiantes que más conocen del acuerdo de paz están dispuestos a donar 7,872 pesos más
que un estudiante con bajo conocimiento sobre el mismo. Esta situación demuestra como a
pesar de estar evaluando a una porción de jóvenes más educados, persiste un problema en
donde las fallas de información reducen la posibilidad de acceder a mayores recursos y
beneficios para las partes más afectadas por el conflicto. La comunicación es decisiva en la
conformación de lo público y en la interacción cotidiana. En ese sentido, más allá de una
responsabilidad por informar bien, los procesos de construcción de paz deben incentivar a
las personas a informarse como primera medida para la configuración de las políticas
públicas sobre paz y desarrollo en el posconflicto (CNMH, 2015).
La pedagogía de paz y las diferentes iniciativas de educación del conflicto se convierten
entonces en la principal clave para lograr maximizar los beneficios de la reparación de
víctimas. Estos procesos son liderados principalmente por el Centro Nacional de Memoria
Histórica (CNMH), el Ministerio de Educación de Colombia y la Unidad para las Víctimas
(UV). Con Iniciativas como la caja de herramientas para la paz (CNMH, 2015),
compuesta de herramientas pedagógicas, el CNMH busca generar reflexiones acerca de
diversos sentidos de la memoria, establecer conexiones entre memoria personal, colectiva,
generacional, su relación con contextos sociales, políticos, económicos, geográficos,
históricos y culturales, y la forma como estas relaciones se pueden representar y recrear.
Por medio de talleres y actividades practicas, se busca que las personas empiecen a valorar
las consecuencias que tiene el conflicto para los diferentes actores y que identifiquen cual
es su papel en la superación del mismo. Con estas reflexiones, se puede evitar que la
historia se vuelva un abstracto o un imaginario en la mente de las personas que no vivieron
la guerra, generando así mayor conciencia y acción ciudadana (Charria, 2016). Por su parte,
La Escuela de Reparaciones (UV, s.f.) es una estrategia que implementa la Dirección de
Reparaciones de la Unidad para las Víctimas con el fin de liderar el proceso de formación
continua dirigido a entidades públicas, privadas, integrantes de los programas de reparación
y sociedad civil, contribuyendo a la adecuada interiorización de los derechos de las
víctimas del conflicto. Esto, con el propósito de educar, sensibilizar, comprometer y formar
24
a los diferentes sectores de la sociedad para la intervención adecuada en la reparación
integral a las víctimas del conflicto armado interno colombiano.
Con base en lo anterior, queda claro que si se espera lograr consolidar a la sociedad civil
como un actor protagonico en los procesos de reparación integral de los más afectados por
el conflicto, es una necesidad empezar primero por la intensificación en la aplicación de
programas sobre pedagogia de paz en las diferentes instituciones de educación, pero
también para los demás sectores de la sociedad civil. En este sentido, la consecución de
nuevas fuentes de financiación de la política de reparación integral es un proceso que debe
ir entrelazado con la educación en memoria historica y pedagogia de paz, sensibilización
frente a los actores del conflicto y la busqueda por desarrollar sistemas que incentiven a las
personas a informarse.
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27
Anexo 1 - Encuesta
1. ¿Cuántos años tiene? _______ 2. Sexo: Hombre_____ Mujer_____ 3. ¿Cuál es su ciudad de nacimiento? _______________ 4. ¿En qué estrato socioeconómico habita? ______ 5. ¿En qué Universidad estudia? ___________________ 6. ¿Cuál es su carrera en curso? ____________________ 7. ¿Qué semestre está cursando? _____ 8. ¿Cuál es su ingreso mensual promedio? (salario, remesas, mesada) _____________ 9. ¿Cuál es el nivel de educación máximo alcanzado por su mamá? 10. Primaria ____ Secundaria ____ Técnico ____ Profesional ____ Otro ____ 11. ¿Cuánto considera usted que conoce sobre los acuerdos de la Habana? (Siendo 1 no
los conozco y 5 los conozco muy bien) 1____ 2____ 3____ 4_____ 5_____ 12. ¿Cuál es su percepción en términos generales del proceso de paz en Colombia?
(Siendo 1 muy mala y 5 muy buena) 1____ 2____ 3____ 4_____ 5_____ 13. ¿Había escuchado usted de algún programa de reparación de las víctimas del
conflicto armado? Sí ____ No____ 14. ¿Ha tenido algún contacto con una víctima del conflicto armado en Colombia?
Sí____ No____ 15. ¿Estaría dispuesto usted a asistir a una reunión con una víctima del conflicto?
Sí____ No____ 16. ¿Estaría dispuesto usted a asistir a una reunión con un reinsertado de las FARC?
Sí____ No____ 17. ¿Qué tan importante considera usted que es el papel de la sociedad estudiantil
colombiana en la reparación de las víctimas del conflicto? (Siendo 1 nada importante y 5 muy importante) 1____ 2____ 3____ 4_____ 5_____
18. ¿Estaría usted dispuesto a hacer una donación de un monto único anual a un fondo no gubernamental para la financiación de los programas integrales de reparación y restitución de las víctimas del conflicto armado en Colombia? Sí____ No____
Si su respuesta es afirmativa, por favor indique que valor estaría dispuesto a dar con una X en la tabla siguiente:
$8.000 $10.000 $15.000 $20.000 $25.000 $30.000 $40.000 $50.000 $60.000 $70.000 $80.000 $90.000
$100.000 $110.000 $130.000 $150.000