LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS“La regulación de las condiciones básicas quegaranticen la igualdad de todos los españoles en elejercicio de los derechos y en el cumplimiento delos deberes constitucionales”. (Constitución, art. 149.1.1º. Competencias exclusivas del Estado)

Quienes constituimos FORO partimos de unpensamiento humanista y social que, considerandoel valor central de la persona, proclama el principiode subsidiaridad. De forma que todas las funcionessociales deben ser atribuidas a los ámbitos máspróximos a la persona. Lo que puede hacer elindividuo hay que respetarlo. Es una concepcióninstrumental de las instancias políticas al servicio del hombre. Por ello, estamos a favor de ladescentralización prevista en la Constitución paraaproximar la Administración al ciudadano. Y, en elcaso que nos concierne, el servicio de la educación.

En nuestro primer documento presentado a laopinión pública, afirmábamos que la mayor novedad de la reforma educativa que estamosimplantando es el principio de la autonomíapedagógica, principio que aparece por primera vez en España como inspirador de una Ley.Defendemos con determinación dicho principio.

En este planteamiento reconocemos como unariqueza la pluralidad cultural y lingüística de España.Pero nos preocupa la carrera que parece hanemprendido algunas comunidades autónomas parasubrayar las diferencias y signos identificativospropios. Diferencias y signos poco o nada históricosy, sobre todo, no apreciados por los ciudadanos. Esa carrera puede degenerar en una disgregación deconsecuencias reduccionistas y discriminadoras, conel consiguiente empobrecimiento también para elámbito educativo.

Asistimos, con preocupación, a diversas lecturas yaplicaciones del principio de autonomía, contenido

en la LOGSE y que se separan del ámbitopedagógico para tomar derroteros políticos. Sefuerza y, en algunos casos, queda mal parado elespíritu y el texto de la Constitución Española,quebrantando el original consenso social. Tambiéndetectamos que esta preocupación se extiende,como gota de aceite, a lo largo y ancho de lasociedad.

En el campo de la educación, se habla más deautonomía política que de autonomía educativa,suplantando a los agentes directos responsables deésta por los ideales políticos y las estrategiaspartidistas. La LOGSE plantea un plan de estudiosbásico y abierto para que las distintas institucionesescolares sean quienes lo cierren (autonomíapedagógica). Sería un inmenso error que lo cerrasela decisión centralizadora de cada autonomía,sustituyendo, mano a mano, la rechazadacentralización del Estado. Tenemos que conseguirque el avance que supone la descentralizaciónautonómica no transite por el camino equivocado deuna errónea interpretación de la autonomíaeducativa.

La educación es un capítulo fundamental yprioritario del proyecto de toda la sociedadespañola. Sociedad que percibe, perpleja ytemerosa, que, este bien de todos y para todos,puede estar siendo utilizado como moneda decambio en la pugna partidista. La reacción a estetemor y perplejidad se puede resumir en una frase,cada vez más repetida en más sitios: No queremosen España diecisiete sistemas educativos diferentes.

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Identificación de las disfuncionesmás notables

El análisis de lo que ya está aconteciendo en el sistemaeducativo y de lo que observamos que se encuentra en vías de suceder, detecta una serie de disfunciones importantes que nos animan a transmitirlas a la opinión pública, para quesean conocidas y debatidas por la sociedad española.

1. No se respeta el único sistema educativo básico.

La Constitución, las leyes orgánicas y el desarrollo normativode las mismas establecen un sistema educativo básico que hade ser único para todos los ciudadanos españoles. Es necesariay urgente la clarificación del alcance y límites de las exigenciasdel sistema autonómico en el ámbito educativo.

El camino que se ha emprendido no da como resultado unsistema educativo único con individualidades o peculiaridadesespecíficas, sino más bien diecisiete sistemas con algunacoincidencia. Apelamos a la responsabilidad de la clasepolítica para que esto no suceda.

Sin embargo, podemos comprobar que a medida que lasdistintas comunidades autónomas entran en el ejercicio de suscompetencias educativas, se generan diferencias que puedenno estar exigidas por la naturaleza propia del sistema. Y estosucede aún en autonomías cuyo gobierno está sustentado porel mismo partido político.

Está lejos de nosotros proponer la vuelta del centralismoanterior pero pedimos una leal colaboración entre lasautoridades autonómicas y nacional para que, a través delacuerdo, diseñen un único sistema educativo moderno,descentralizado y flexible. Hasta ahora la gestión del MEC haservido de referencia, (en unos casos para imitar y en otrospara diferenciar). Transferidas las competencias no podemosencomendar a la casualidad la coincidencia de las decisiones.Se hace imprescindible el encuentro, el contraste y el acuerdounificador.

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2. Se está rompiendo la unidad básica del sistema

Es necesario que se establezca y respete el curriculum básicocomún para todas las autonomías. Es una exigenciaconstitucional que ha de quedar satisfecha “per se” y comogarantía de igualdad para todos los ciudadanos.

Por “enseñanzas mínimas” no puede entenderse el mínimo deconocimientos y aprendizajes que ha de adquirir un alumno.No es así. Se trata de las “enseñanzas mínimas comunes” quehan de recibir todos los alumnos, y éstas deben tener más pesoacadémico que las diferenciales, pues si no, se rompe launidad básica del sistema.

Lamentablemente ya se han dado pasos muy negativos yposiblemente irreversibles: decretos de mínimos, laorganización de los ciclos, la posibilidad de que cadaadministración autonómica coloque las materias en uno u otrocurso, etc. Si no se garantiza la unidad sustantiva del sistemaeducativo, las consecuencias, enormemente negativas sonevidentes. Basta que pensemos en las dificultades queencontrarán los alumnos (y en consecuencia sus familias) paratrasladarse de una comunidad autónoma a otra.

El Tribunal Constitucional establece nítidamente “la finalidadde la competencia estatal relativa a las enseñanzas mínimas,que es con toda evidencia conseguir una formación común enun determinado nivel de todos los escolares, sea cual sea lacomunidad autónoma a que pertenezcan”. “Son los mediosque la Constitución prevé para obtener un nivel mínimo dehomogeneidad en la formación de los escolares”.

El propio T.C. afirma que “difícilmente puede conseguirse esafinalidad si no se fijan, no sólo las enseñanzas mínimas, sinotambién los horarios que se consideren necesarios para suenseñanza efectiva y completa”. (sentencias T.C., 87/1983 y88/1983)

El gobierno no puede dejar de ejercer su competencia en lafijación del curriculum básico común y debe sentirserespaldado por la Constitución y por los ciudadanos que larefrendaron, (Constitución art. 149.1.30º). Pero tambiénapoyamos el derecho de cada comunidad autónoma adesarrollar las competencias propias en educación. Derechoque entendemos respetado cuando: a/ completan el currículummínimo común con sus “enseñanzas específicas propias”, y; b/ cuando atienden las necesidades educativas propias de surespectiva región.

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3. El hecho diferencial autonómico no puede sustituir losconocimientos comunes a todos los alumnos.

Detectamos que las distintas comunidades autónomas, en suintento plausible de encontrar y ostentar las raíces propiasdistintivas, han iniciado una verdadera competición por ganaren singularidades y diferencias. Entendemos que dichaspeculiaridades, en especial las que forman parte delsentimiento generalizado de la sociedad de la propiaautonomía, deben formar parte de la formación de losciudadanos autonómicos en su componente diferenciador, perono pueden sustituir o desplazar los conocimientos comunes delos alumnos de todas las autonomías que constituyen España.

Igualmente aquellas comunidades autónomas que realmentetienen una identidad lingüística y cultural propia, no debenutilizarlas para marcar un “hecho diferencial” en todos y cadauno de los aspectos del sistema educativo, buscando unadiscriminación positiva.

“La necesidad de hacer compatibles los principios de unidad yautonomía en los que se apoya la organización territorial delEstado constitucionalmente establecida, implica la creación deinstrumentos que permitan articular la actuación de las diversasadministraciones públicas”, (sentencia T.C. 76/1983). Entreellos se encuentra la Conferencia Sectorial de Educación.

Dicha Conferencia Sectorial es, sin duda, el órgano másapropiado de encuentro para el examen de los problemascomunes y para la discusión de las oportunas líneas deactuación. Quienes constituyen la Conferencia Sectorial deEducación, con voluntad constructiva y respetuosos con eldeseo de los ciudadanos, deben garantizar la unidad sustantivadel sistema educativo español.

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4. El peligro de una descentralización equivocada.

La inercia descentralizadora ha comenzado a aparecer en otrosniveles de la Administración (diputaciones, ayuntamientos,etc.), que aspiran a tener su parte alícuota de autonomíagestora.

La cultura latina para las administraciones locales distaradicalmente de la anglosajona, y si ésta podría ser modelopara otros aspectos concretos de la gestión administrativa, nosparece perjudicial para nuestro sistema educativo.Especialmente si pretende intervenir en la programación,organización y proyectos escolares.

El sistema educativo debe estar dotado de flexibilidad y huir dela rigidez de un sistema excesivamente compartimentado, quegeneraría regresión y reduccionismo. A la postre, quedaríaperjudicado el alumno con menos medios, que tendría queconformarse con lo que se le ofrece en su entorno, frente a losalumnos con medios que tendrían más facilidades paraescoger.

La iniciativa de las Administraciones locales será positiva,siempre que se concrete en aspectos que respeten y no incidanen la programación, curriculum y proyectos educativos de loscentros. En este sentido, cualquier aportación en las áreas deatención y servicios sociales puede ser beneficiosa en elámbito de la educación local.

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5. La autonomía pedagógica está siendo desplazada por laautonomía política.

Afirmábamos al principio que defendemos con decisión elprincipio de autonomía pedagógica que inspira la reformaeducativa.

Dicho principio establece que, atendidas las enseñanzasmínimas comunes y las enseñanzas específicas autonómicas, lequeda a cada centro, a través de su Proyecto Educativo, cerrarel currículo propio, introduciendo aquellos elementoseducativos que juzgue necesarios.

Sin embargo, tenemos que denunciar la permuta que se vienerealizando del principio de autonomía pedagógica por el deautonomía política. Así, cada gobierno autonómico, pormimetismo con el sistema centralista habido hasta ahora,tiende a cerrar el plan de estudios abierto que propone laLOGSE.

Es necesario que el profesorado sea consciente de su derecho acerrar los currículos y que no admita interferencias políticasque le puedan privar de sus competencias pedagógicas. Nohay una sola escuela pública ni una sola escuela privada, sinomuchas y con diferentes resultados, que dependen, en todocaso, de la integración del profesorado en el procesoeducativo.

La calidad de educación no la consiguen las Administracionespor decreto, sino cada centro cuando ejerce su autonomíapedagógica. El reto está en cómo lograr que el ProyectoEducativo no se reduzca a una exigencia burocrática más de laadministración educativa, sino en que sea efectivamente unconjunto de principios, fines y objetivos que informen elquehacer diario de los centros educativos.

Un factor decisivo a este respecto es que los equipos directivosy los claustros de profesores se identifiquen con el proyecto ydispongan de la autonomía y de la autoridad necesarias parallevarlo a cabo.

En este sentido es necesaria la revisión de la LODE, revisiónque hizo la LOPEG, aunque de forma parcial y sin atreverse aromper demasiados esquemas preestablecidos. Desde lapromulgación de la LODE han pasado 13 años, tiempo másque suficiente para tener una experiencia contrastada queoriente una nueva iniciativa legislativa.

En concreto, el concepto de participación debería ser revisadocon vistas a situar el derecho a participar en la vida escolar detodos los sectores que componen la comunidad educativa en elámbito de responsabilidad que es propio de cada uno de ellos.Al mismo tiempo, sería oportuno reforzar el papel del equipodirectivo con una autoridad que no sea únicamente la que ledelega el consejo escolar.

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6. Se están produciendo importantes diferencias en lasituación del profesorado de unos sitios a otros.

La labor docente tiene la misma importancia e implica lamisma responsabilidad en todos los lugares y en todas lasautonomías. Se debe garantizar una situación homologablepara todo el profesorado.

El status básico del docente contempla tres apartados: laremuneración, la jornada (semanal y anual) y la formación. La tendencia que venimos observando de las diversasautonomías, a medida que adquieren competencias eneducación, ha sido, en el ejercicio de administrar supresupuesto, la de marcar su “identidad” en forma decomplementos salariales, revisiones de jornada y procesos deformación.

Un procedimiento así tiende a establecer diferenciasprofundamente discriminatorias que de hecho ya se hanproducido.

La Constitución Española reconoce competencias exclusivas alEstado para la regulación de las condiciones básicas quegaranticen la igualdad de todos los españoles. Reconocemosque el principio de autonomía otorga la posibilidad de realizarpolíticas educativas diferenciales y entre ellas las que afectan alstatus del profesorado.Pero se hace preciso compaginar el principio de autonomíacon la conveniencia lógica y equitativa de no establecersituaciones discriminatorias.Por ello, vemos necesario distinguir entre una unidadretributiva sustantiva y unas diferencias específicascomplementarias, que no superen un determinado porcentajede la retribución básica común. Con igual criterio se debeproceder a la hora de establecer la jornada laboral y lasoportunidades para la formación permanente.Se debe imponer la racionalidad entre los responsables de estasáreas. Este capítulo, referido al profesorado, puede constituir unimportante y necesario acuerdo de la Conferencia Sectorial deEducación. A la que proponemos el establecimiento de unosmárgenes que conjuguen el derecho de cada autonomía con ladeseada homologación de todos los docentes.

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7. El gasto de educación de las distintas autonomías comienzaa no ser equitativo.

De nada serviría evitar todo tipo de disfunción normativa oconceptual si ese empeño no estuviera respaldado y sustentadopor la financiación necesaria y correspondiente. Venimosreiterando que la Constitución Española encomienda al Estadoque garantice las condiciones básicas de igualdad (art.149.1.1º), la planificación general de la actividad económica(art. 149.1.13º) y las normas básicas para el desarrollo de suart. 27 a fin de garantizar el cumplimiento de las obligacionesde los poderes públicos en materia educativa (art. 149.1.30º).

Es totalmente necesario que se mantengan en los PresupuestosGenerales del Estado los criterios, módulos económicos yelementos normativos de financiación del único sistemaeducativo básico que venimos defendiendo. Criterios, módulosy normas que deben ser respetados por las administracionesautonómicas.

Estos componentes unificadores son imprescindibles para evitardiscriminaciones entre los ciudadanos de los distintosterritorios o regiones, aunque se produzcan las comprensibles yseguramente oportunas diferencias específicas propias de lasdistintas sensibilidades de los diversos gobiernos autonómicosrespecto de la educación.

El sistema constitucional del que disponen las comunidadesautónomas para obtener sus recursos no permite que, atendidastodas las necesidades de cada autonomía, puedan producirsediferencias radicales entre las respectivas áreas educativas. Sin embargo, diversas sensibilidades y circunstancias puedenestablecer diferencias hirientes entre los servicios educativos deunas y otras autonomías. No pretendemos ni pedimos la vueltaa un estado unitario, pero sí el acuerdo de los responsables deeducación del Estado y de las Autonomías para que lleguen afórmulas homogéneas acordes con el sentido común y el biende los ciudadanos.

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ElementosVertebradoresInstrumentales

Como venimos reiterando, la Constitución española dota alGobierno de la nación de instrumentos (competenciasexclusivas) para garantizar la unidad sustantiva en las distintas competencias del Estado y entre ellas la unidad básica del sistema educativo.

En este sentido pedimos al Gobierno de la nación que ejerza, en materia educativa, el liderazgo que la Constitución le encomienda, sin ceder a presiones onegociaciones “políticamente correctas”, pero que a medio o largo plazo perjudican al bien común de la sociedad española.

1. Un Curriculum Básico Común

La doctrina del Tribunal Constitucional es contundente en estecapítulo. Y nos lleva a afirmar la competencia del Estado paraestablecer las “enseñanzas mínimas” con un grado deconcreción tan alto como sea objetivamente imprescindiblepara garantizar una formación común de todos los escolares decada nivel, en todo el país, con independencia de lacomunidad autónoma a la que pertenezca.

Ese derecho exclusivo del Estado de fijar las enseñanzasmínimas lleva aparejado, como medio natural para su ejercicioefectivo, el de concretar los horarios mínimos.

En aras de ese bien común que defendemos, pedimos a lascomunidades autónomas una colaboración leal para queEstado y Autonomías acuerden y precisen las enseñanzasmínimas respectivas sin ambigüedades. El concepto deenseñanzas mínimas no se puede entender como “el mínimode enseñanzas” a aprender, pero tampoco se puede confundir con un nivel de generalidades que deriven enconcreciones radicalmente divergentes y difícilmenteevaluables. Así, el Estado no garantiza la finalidad para la que la Constitución le reserva la competencia: una formaciónbásica común.

Se hace imperiosamente necesaria la delimitación de los“contenidos mínimos”, con espíritu vertebrador del sistemaeducativo.

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2. Unas funciones y servicios propios de la Administración del Estado

La Constitución en su artículo 149.1 reserva al Estado una seriede competencias exclusivas que permiten a éste garantizar unsistema educativo básico común. También pedimos y exigimosal Gobierno de la nación el liderazgo en el ejercicio de esascompetencias.

• Se debe garantizar la formación inicial común delprofesorado para conseguir la homologación de los títulosacadémicos y profesionales correspondientes.

• Se debe garantizar el mantenimiento del carácter nacional de los cuerpos docentes.

• Aunque la formación permanente del profesorado escompetencia de las comunidades autónomas, proponemos lacreación de un Centro Nacional de Formación delProfesorado que favorezca el intercambio de métodos yexperiencias entre las distintas autonomías. Igualmente sehace necesaria la homologación de la formación recibida porel conjunto del profesorado.

• Consideramos que el Instituto Nacional de Calidad yEvaluación, INCE, es una pieza clave para la vertebración del sistema educativo. Como establecen los reales decretosde transferencias en materia educativa, es imprescindible la leal cooperación entre las administraciones autonómicas y nacional para la ejecución de los planes de evaluación del sistema educativo.

• El mapa autonómico de España no es homogéneo. Frente aautonomías extensas, pobladas y más desarrolladas, existenotras que no alcanzan aquellos niveles. Situación que puedegenerar en estas últimas un déficit de investigaciónpedagógica y, en consecuencia, alcanzar menores niveles deinnovación. Proponemos la creación de un Instituto Nacionalpara la Investigación y el Desarrollo Pedagógico, dotado delos mejores elementos para que sirva de referencia, en sucaso, a las comunidades autónomas que lo juzguenoportuno.

3. Unos medios económicos que soporten/garanticen el papel que corresponde al Estado

En lo que se refiere a la educación, la Ley Orgánica deFinanciación de Comunidades Autónomas (LOFCA) sóloencomienda a la competencia del Estado el establecimiento delas normas básicas sobre régimen de las becas y ayudas alestudio de carácter estatal.

Es difícil ejercer los cometidos que hay que desempeñar sólodesde competencias teóricas y sin un soporte materialsuficiente. Por otra parte, conocemos la doctrina del TribunalConstitucional que afirma que el Estado no puede reasumircompetencias por la vía de dedicar dinero estatal. Al Estado lequeda establecer la finalidad de los créditos, las condicionespara obtener las ayudas, el procedimiento para la concesión delas mismas y los criterios de reparto, entre los que está el delgrado de cumplimiento del proceso.

Las becas y ayudas al estudio no son una subvención y portanto no deben estar sometidas a la territorialización, sino queson créditos destinados a remover obstáculos para el ejerciciode un derecho fundamental y deben permanecer reservadas ala competencia del Estado.

En este mismo orden de cosas proponemos que sería muyeficaz, trasladar al sistema educativo español descentralizadoen autonomías, la misma filosofía de los Fondos Estructuraleseuropeos que, desde el mismo momento fundacional y a lolargo de toda su constitución, ha venido estableciendo la actualUnión Europea, en relación con los Estados miembros, para supropio fortalecimiento.

Un principio de cohesión de ese talante, aún no escrito pero atodas luces deseable, sería el rector del procedimiento queproponemos.

Se trataría de la creación de unos fondos de carácter nacional,cuya distribución por territorios, necesidades, áreas del sistemaeducativo, etc. y en función de unos objetivos marcados, seríandistribuidos por el Gobierno del Estado, a través de los “entes”y dinámicas que se estableciesen. El Gobierno y la ConferenciaSectorial de Educación tendrían su protagonismo en esteempeño.

Con unos principios de aplicación (fácilmente trasladables delos marcados en la Unión Europea) como son los de:Concentración, Programación, Cooperación (aplicaciónespecífica del principio de subsidiariedad) y Adicionalidad.Este último es imprescindible pues garantiza que estos “fondos estructurales” de los que hablamos, no sustituyan las intervenciones autonómicas, sino que las complementenpor razones de cohesión e igualdad.

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ElementosVertebradoresEstructurales

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1. Los Órganos Generales del Estado

Respecto del Gobierno está muy claro: “El derecho a laeducación es un derecho de carácter social. Reclama por tanto de los poderes públicos las acciones positivas necesariaspara su efectivo disfrute [...] La igualdad de todos los españolesante el contenido esencial del referido hecho (el de laeducación), la necesidad de que los estudios que conducen ala obtención de títulos académicos y profesionales de validez general se atengan a unos requisitos mínimos yprestablecidos, justifican que la formación de todos losalumnos tenga un contenido común, y para garantizarlo seatribuye al Gobierno la fijación de las enseñanzas mínimas que constituyen los aspectos básicos del currículum. A su vez las administraciones educativas competentes,respetando tales enseñanzas mínimas, establecerán elcurrículum de los distintos niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema educativo. La ley encuentra sufundamento en la igualdad ante el contenido esencial del derecho a la educación así como en las competencias que la Constitución Española atribuye al Estado” (LOGSE.Preámbulo).

A lo largo de lo expuesto sobre los elementos vertebradoresinstrumentales hemos desgranado los medios de que dispone el Estado para garantizar un sistema educativo básico y único.El Estado de la nación, a través de su poder ejecutivo, elGobierno, debe realizar las acciones positivas para hacerlorealidad.

Igualmente el poder legislativo, Congreso y Senado, deben sersensibles a las necesidades y aspiraciones sociales, reformandoo promoviendo la legislación necesaria para que la norma estéal servicio de la sociedad y no viceversa.

También solicitamos al poder judicial la atención y elseguimiento necesarios que garanticen que las leyes y pactosentre políticos se ajusten a lo marcado por la Constitución yprotejan los derechos relativos a la educación de los posiblesintereses partidistas.

2. El Ministerio de Educación

Es necesario y urgente que el MEC recupere el liderazgo que laConstitución y las leyes le atribuyen para exigir que se cumplael ordenamiento jurídico y legal que establece un únicosistema educativo básico, garantizando la igualdad de derechode los españoles a la educación; para que se reserve y ejerzalas competencias (Funciones y Servicios) que la legislación leasigna; y para que desarrolle las funciones de coordinaciónque le son propias.

Entre éstas, la Administración del Estado tiene la posibilidad(¿el deber?) de convocar la Conferencia Sectorial de Educaciónpara asegurar en todo momento la necesaria coherencia deactuación de las Administraciones públicas y su imprescindiblecoordinación y colaboración.

3. La Conferencia Sectorial de Educación

“La necesidad de hacer compatibles los principios de unidad por un lado y los de autonomía por otro, en que seapoya la organización territorial del Estado constitucionalmenteconstituída implica la creación de instrumentos que, [como la Conferencia Sectorial de Educación], permitanarticular la actuación de las diversas Administracionespúblicas. Su utilidad es reconocida en los Estados modernos,organizados sobre la base de autonomías territoriales.” (T.C. sentencia 76/1983).

Una actuación eficaz y con altura de miras de esta ConferenciaSectorial permitirá, garantizando las singularidades lingüísticasy/o culturales de las distintas Autonomías, mantener launicidad de aquellos elementos básicos y fundamentales que constituyen el sistema educativo español. En su actuación y en sus decisiones, está la garantía de que se eviten lasdiscriminaciones entre los ciudadanos en materia deeducación, aun contando con las posibles y convenientesdiferencias que se consideren.

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4. El Consejo Escolar del Estado

El Consejo Escolar del Estado es el órgano de ámbito nacionalpara la participación de los sectores afectados en laprogramación general de la enseñanza. Es un órgano derepresentación institucional de las fuerzas sociales, y entiendede los asuntos de competencia exclusiva del Estado.

El hecho de haber actuado a la vez como Consejo Escolar delterritorio MEC ha podido inducir a pensar que, a laterminación del proceso de transferencias educativas, pierdamucho de su contenido. Será necesario que, renovado en sucomposición si es preciso, contribuya con mayor rigor a laprogramación y seguimiento del sistema único y básico de educación. Dentro de sus competencias debemos recordar los apartados b), c) y d) del Art. 20.1. del R.D. 2378/1988.

Conviene resaltar que el Consejo Escolar del Estado no es unórgano de representación de los poderes públicos ni de lasAdministraciones, sino de carácter social.

5. Las Instituciones de los Agentes Sociales

La Constitución Española garantiza la participación efectiva de todos los sectores afectados en la programación general dela enseñanza. Dichos sectores afectados o agentes socialesparticipan a través de cauces asociativos legalmentereconocidos.

Para la vertebración del único sistema educativo básico quedefendemos, son de importancia fundamental lasorganizaciones de alumnos, padres, profesores, titulares opromotores de centros, etc. de carácter estatal. Su sensibilidady experiencia, coordinada a lo largo de todas las autonomías del Estado, constituyen también una garantía para conseguir los mismos derechos y deberes en materia de educación.

Conseguir esa garantía requiere impulsar, potenciar ydesarrollar estas organizaciones a nivel estatal para que,hundiendo sus raíces en las distintas autonomías para conocersu problemática propia, rechacen toda tendenciacentrifugadora e individualista, y no se dejen seducir en lasfalsas eficacias y momentáneos éxitos territoriales.

Se puede comprender, aunque difícilmente aprobar, que lospolíticos se muevan por razones instrumentales para conseguirel más y mejor desde su natural ambición política. Quienesconstituimos la gran masa social no podemos caer en latentación de alcanzar fines sin aplicar criterios éticos a losmedios para conseguirlos. A la larga, medios y fines sinescrúpulos se vuelven contra la propia sociedad.

CONCLUSIÓN

Entendemos que el problema de las trasferencias en materia deeducación es muy complejo por la cantidad de factores,intereses y agentes que intervienen en el proceso. Pero tambiénsomos conscientes de que el sistema educativo español en sunivel básico debe ser único, justo, equitativo, solidario y degran calidad para todos.

Hemos querido llamar la atención sobre lo que nos parece másgrave e importante. También hemos aportado algunas vías desolución. Es nuestra contribución como resultado de nuestroanálisis.

Sin embargo, estamos convencidos que el mejor y mayor pasoque se puede dar para conseguir un único sistema básico deeducación, con la calidad requerida para todos los ciudadanosy con las singularidades propias de todas las regiones deEspaña, consiste en que las fuerzas políticas y socialesalcancen un Acuerdo Nacional por la Educación. Y que ésta,considerada como razón de Estado, se halle fuera de laspugnas políticas y partidistas.

Madrid, mayo de 1999

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