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INFORME DE SISTEMATIZACIÓN DEL PROYECTO:

“Promoción de procesos de memoria, acceso a la justicia y solución pacífica de conflictos en zonas afectadas por el conflicto armado interno y conflictos socio

ambientales”

1 de junio de 2012 – 31 de mayo de 2014

Elaborado por Jo-Marie Burt

Para:

Lima, Perú Noviembre, 2014

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ÍNDICE 1. Introducción………………………………………………………………………………………………………..3

2. Antecedentes………………………………………………………………………………………………………5

3. El contexto…………………………………………………………………………………………………………..8

4. Defensa Legal y Acceso a la Justicia – interculturalidad………………………………………11

5. Plan Nacional de Derechos Humanos y Políticas de Estado………………………………..19

6. Agenda Común de Memoria y fortalecimiento de las organizaciones ………………..21

7. Fortalecimiento de Capacidades…………………………………………………………………………23

8. Anexos………………………………………………………………………………………………………………...25

Anexo 1: La sistematización……………..…………………………………………………………...25

Anexo 2: Cuadro de entrevistas…………………………………………………………………....27

Anexo 3: Bibliografía……………………………………………………………………………………..30

Anexo 4. Cuadro de Casos de Procesados……………………………………………………..31

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1. INTRODUCCIÓN

Diakonia es una organización de cooperación internacional, formada por cinco iglesias libres de Suecia. Diakonia ha tenido una presencia en el Perú de largo dato. Su mandato es empoderar a la sociedad civil así como sus procesos de incidencia política, exigibilidad, defensa de derechos, como también promover su inclusión sostenible en el proceso de desarrollo, la construcción de la democracia y el Estado de Derecho en el Perú.

Diakonia conformó la Plataforma de Derechos Humanos integrada por 4

instituciones, que tienen presencia a nivel nacional, con las cuales ha sostenido una relación de asocio de muchos años. Estas instituciones son: la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), y la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS).

El Proyecto “Promoción de procesos de memoria, acceso a la justicia y solución pacífica de conflictos en zonas afectadas por el conflicto armado interno y conflictos socio ambientales” (el Proyecto) tuvo como objetivo general “contribuir a la solución pacífica de los conflictos sociales, al proceso de reconciliación nacional y la cohesión social en el país, desde una perspectiva de promoción y defensa integral de los DDHH”. El Proyecto tuvo cuatro resultados:

Fortalecer a las organizaciones de DDHH, redes de la sociedad civil, organizaciones de familiares y víctimas de violación de DDHH en sus capacidades de diálogo e incidencia para la implementación de las recomendaciones de la CVR sobre memoria, justicia y reparación y la promoción de la solución pacífica y equitativa de los conflictos por tierra, territorio y recursos naturales; en las regiones de Lima, Ayacucho y Amazonas, con proyección nacional; en el marco del Plan Nacional de Derechos Humanos 2012-2016.

Organizaciones de DDHH, organizaciones de familiares y víctimas de violación de DDHH, licenciados de las FFAA, redes de jóvenes, redes de medios de comunicación alternativa, académicos de las regiones de Lima, Ayacucho y Amazonas ponen en marcha propuestas consensuadas de una agenda de justicia, reparación y prevención de situaciones de violencia, a partir de procesos de memoria colectiva del conflicto armado interno y el conflicto amazónico por tierra y territorio.

Organizaciones de DDHH y organizaciones de familiares y víctimas de violaciones

de DDHH del conflicto armado interno y del conflicto amazónico por tierra y territorio de las regiones de Lima, Ayacucho y Amazonas, avanzan en el proceso de acceso a la justicia y la Reparación, a través de acciones de defensa y exigibilidad jurídica, con criterios de equidad, democratización e interculturalidad.

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Plan Nacional de Derechos Humanos 2012-2016 y la institucionalidad para su implementación fortalecido desde organizaciones de DDHH, sociedad civil y espacios de concertación regional de Ayacucho, Amazonas y Lima.

El Proyecto fue implementado desde junio de 2012 hasta mayo de 2014, en el

marco del Convenio EIDHR/2012/269-517 suscrito por Diakonia con la Unión Europea, contó con un presupuesto total de 360,795.24 euros.

En esta última etapa con la finalidad de identificar lecciones aprendidas y

recomendaciones para fortalecer su trabajo, Diakonia encarga la elaboración de una sistematización de la experiencia.

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2. ANTECEDENTES

En 1980, al tiempo que Perú emprendía la transición hacia un sistema democrático luego de más de una década de gobierno militar, Sendero Luminoso activó un movimiento de insurgencia rural que pretendía desestabilizar al Estado e imponer un régimen comunista. Las fuerzas gubernamentales aplicaron la violencia masiva y a menudo arbitraria para combatir a los insurgentes, y esto provocó violaciones generalizadas de derechos humanos. La Comisión de la Verdad y Reconciliación ha estimado que alrededor de 69 mil peruanos habrían perdido la vida a causa del conflicto, incluidos cerca de 15 mil que fueron víctimas de desaparición forzada. Alberto Fujimori (1990-2000) asumió el gobierno en un contexto de profunda crisis económica y escalada de violencia. En 1992, con el apoyo de las fuerzas armadas, llevó a cabo un “autogolpe” que le permitió suspender la vigencia de la Constitución, disolver el Congreso y tomar el control del Poder Judicial. Esto dio inicio a un período de autoritarismo, durante el cual la remisión de la violencia política estuvo acompañada por una campaña sistemática de represión y violaciones de derechos humanos contra quienes se percibían como opositores al gobierno.

Durante el período del conflicto, organizaciones de derechos humanos,

sobrevivientes y familiares de víctimas exigieron incansablemente, y a un alto riesgo para ellos mismos, que se juzgara a los responsables de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, en la mayoría de los casos prevaleció la impunidad de los agentes del Estado acusados de haber cometido abusos. Tras el colapso del régimen de Fujimori a fines de 2000, el gobierno interino de Valentín Paniagua (2000–2001) creó la Comisión de la Verdad de Perú, que posteriormente adoptó el nombre de Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), a instancias de Alejandro Toledo, luego de que este llegó a la presidencia en 2001.

La CVR de Perú adoptó un enfoque integral de la justicia transicional basado en

tres pilares: la búsqueda de la verdad, para determinar la magnitud de la violencia política y las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno; procesos penales individuales para, en lo posible, permitir que quienes cometieron graves violaciones de derechos humanos rindieran cuentas por sus actos y para combatir la impunidad; y la adecuada reparación de las víctimas. En el informe definitivo que publicó en 2003, la CVR instó a que se juzgaran las graves violaciones de derechos humanos y a que se creara un sistema jurídico especializado para su investigación. Con ese propósito, la CVR remitió 47 casos al Ministerio Público y el Poder Judicial para que ejercieran la acción penal. Dado que la justicia ya se había pronunciado en la mayoría de los delitos atribuidos a Sendero Luminoso, gran parte de estos casos involucraban a agentes del Estado que, hasta entonces, habían gozado de absoluta impunidad.

A fines de 2004 y comienzos de 2005, se conformaron fiscalías especiales en el

Ministerio Público para investigar casos de derechos humanos, mientras que la Sala Penal de Terrorismo se reconfiguró como Sala Penal Nacional (SPN), responsable de dirimir

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causas sobre violaciones de derechos humanos, delitos de lesa humanidad y terrorismo. La SPN dictó su primera condena contra agentes del Estado por violaciones de derechos humanos en 2006, cuando impuso penas de entre 15 y 16 años de prisión a policías vinculados con la desaparición del estudiante de la Pontificia Universidad Católica Ernesto Castillo Páez, quien fue secuestrado el 21 de octubre de 1990 por fuerzas gubernamentales. La Sala aceptó las conclusiones de la CVR que indicaban que la desaparición forzada formaba parte de un patrón sistemático y generalizado de violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado peruano durante el conflicto armado interno. La Sala también determinó que este y otros delitos similares en los cuales aún no se ha encontrado el cuerpo, constituyen delitos permanentes y, por lo tanto, no están sujetos a prescripción. Desde entonces, han tramitado favorablemente en la justicia varias otras causas, como la desaparición forzada. Sin embargo, paulatinamente se han generado retrocesos, los cuales señalaremos más adelante. En tal sentido, se refuerza la necesidad del acompañamiento legal que sostienen las organizaciones de derechos humanos.

A partir de la década del 90, en Latinoamérica, se instalaron las políticas de

globalización. En el Perú, en el gobierno autoritario y antidemocrático de Alberto Fujimori se redactó y aprobó una nueva Constitución Política en el año 1993, en ésta se modificó la legislación concerniente a la propiedad de la tierra por parte de las comunidades campesinas y nativas. De este modo, se produjo una paulatina liberalización de la tierra. Sin embargo, en esta misma constitución se reconoce el carácter pluriétnico de la nación peruana. En el año 1993, también se emite la ley orgánica de hidrocarburos, que promueve el desarrollo de actividades de hidrocarburos y minería.

El conflicto amazónico se enmarca en la relación entre derechos humanos y

globalización. El motivo del paro amazónico fue en protesta por una serie de decretos ley, que vulneraban los derechos de los pueblos indígenas, como parte de la firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos. El proceso de globalización supone que la economía mundial se sostenga por las grandes empresas privadas y el sector financiero. La implementación de las políticas económicas de la globalización repercute en el aspecto cultural, político, medioambiental, social. En tal sentido, el modelo económico neoliberal de la globalización puede suponer la homogenización de las sociedades para no contemplar las concepciones culturales diferentes a la occidental.

Uno de los modelos de producción económica sustentada en capitales

trasnacionales es la explotación de materias primas, como los minerales e hidrocarburos, que son recursos no renovables. A este tipo de explotación se le denomina extractivismo. Por la priorización de este tipo de actividad productiva, los estados caen en la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos. De este modo, la relación que las comunidades nativas tienen con el territorio se ve amenazada.

Entre 1993 y 1995, el estado peruano ha suscrito y ratificado el Convenio 169

sobre pueblos indígenas y tribales de la OIT (1989). Éste se sostiene en tres principios:

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respeto a la identidad cultural, la consulta y la participación. En el año 2011 se aprobó la Ley N° 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios. Sin embargo, aún no se ha implementado ampliamente y se continúa otorgando licencias de exploración y explotación sin realizar la consulta respectiva. Además en julio de 2014 se aprobó la Ley N° 30230 que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país. Esta ley restringe el campo de acción del Ministerio de Ambiente; no permite que por tres años el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) sancione o multe a empresas contaminantes; afecta la seguridad jurídica de los territorios de las comunidades campesinas y nativas.

Producto de la tensa relación entre globalización y derechos humanos se han

suscitado varios conflictos sociales. La Defensoría del Pueblo define un conflicto social como “un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios y esa contradicción puede derivar en violencia”; y un conflicto socioambiental como “un tipo de conflicto social cuya dinámica gira en torno al control, uso y/o acceso al ambiente y sus recursos. Están presentes también componentes políticos, económicos, sociales y culturales”.

Ante la ausencia de diálogo, las poblaciones afectadas se manifiestan o protestan.

Estas acciones muchas veces son reprimidas por las fuerzas del orden. Pero lo más preocupante es que existen leyes que habilitan la criminalización de la protesta y el uso indiscriminado de la fuerza: el decreto ley 1095 y la ley 30151, entre otras.

Las instituciones socias del Proyecto tienen una amplísima y reconocida

experiencia en el campo de los derechos humanos; algunas ya habían desarrollado acciones de defensa y promoción de derechos con comunidades y dirigentes indígenas, y con las víctimas del conflicto armado interno; como también impulsaban acciones e incidencia política en el área de la Administración de Justicia. Los Socios del Proyecto han venido construyendo a su vez una relación de confianza de las organizaciones de víctimas del conflicto armado interno, así como con las organizaciones indígenas, lo cual ha facilitado la labor y los logros obtenidos.

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3. EL CONTEXTO

Según el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), el conflicto armado interno vivido en el Perú (1980-2000) constituyó el episodio de violencia más intenso, más extenso y más prolongado de toda la historia de la República. El conflicto armado interno (CAI) reveló brechas y desencuentros profundos en la sociedad; por lo mismo, de no ser reconocidos y abordados, exista la posibilidad a que se repitan. El proyecto plantea que la construcción de la memoria a partir de las víctimas es central en ese proceso. El proyecto parte del diagnóstico que si bien ha habido avances fundamentales desde la creación de la misma CVR y a partir de sus recomendaciones, no existe aún una memoria pública activa e influyente que transforme la institucionalidad hacia una cultura de solución pacífica de los conflictos y el pleno respeto a los DDHH.

La transición democrática iniciada en el 2000 dio pie a importantes avances en la

defensa de los DDHH, liderados por las organizaciones de DDHH. Además del trabajo de la CVR, se inició la judicialización de casos de violación de DDHH durante el conflicto armado interno (1980-2000), se desarrollaron diversos procesos y manifestaciones de memoria, como la creación del memorial El ojo que llora y la exhibición fotográfica Yuyanapaq (que está instalada como exhibición permanente en el Museo de la Nación), se implementó una institucionalidad con participación de la sociedad civil dentro del Sector Justicia y de la Presidencia del Consejo de Ministros (Consejo Nacional de DDHH, Plan Nacional de DDHH, Consejo Nacional de Reparaciones, Comisión Multisectorial de Alto Nivel) para el seguimiento de los procesos de justicia y reparación y la protección de los DDHH, y se dio inicio al Plan Integral de Reparaciones. Sin embargo, el balance a la fecha es poco alentador.

En relación a las reparaciones, si bien se ha avanzado con el Registro Único de

Víctimas, con algunas reparaciones simbólicas, y se ha comenzado a entregar reparaciones individuales y colectivas, todavía hay mucho que avanzar en el tema. Las organizaciones representantes de las víctimas se han quejado por la lentitud y burocratización del proceso de la entrega de las reparaciones; sobre el monto muy bajo de la reparación y los límites impuestos a personas que tienen doble afectación; y sobre el cierre de inscripciones del Registro Único de Víctimas de manera arbitraria (diciembre de 2011). Las víctimas de violaciones de DDHH que no tienen justicia y reparación pierden confianza en el Estado de derecho y en el sistema de administración de justicia.

Respecto al proceso de justicia transicional, desde un inicio enfrentó diversos

problemas. Algunos tenían que ver con las limitaciones de la capacidad: no había suficiente personal ni recursos para investigar el aluvión de denuncias recibidas por el Ministerio Público. Además el sistema especializado que se había creado para asegurar que los procesos de derechos humanos tramitaran con celeridad, y que estaba integrado por operadores judiciales con formación especializada para intervenir en estos casos sensibles, fue desarticulado gradualmente. Y muy pronto se hizo evidente que los adelantos en las iniciativas de justicia habían provocado una reacción negativa entre

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algunos sectores de las fuerzas armadas y entre las facciones políticas y elites conservadoras, que compartían un interés común en que imperara nuevamente la impunidad.

La CVR recomendó que se investigaran y juzgaran penalmente 47 casos, para 2013

el Ministerio Público informó que había recibido 2 mil 880 denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno. Solamente una pequeña fracción de estas denuncias, aproximadamente el 5%, han dado lugar a imputaciones formales, e incluso menos, cerca del 2%, han llegado a juicio. Una cantidad considerable de las causas iniciadas (el 47% por ciento) continúa en la etapa preliminar o intermedia de investigación, estadio en el cual muchas han quedado paralizadas durante años. A su vez, en casi la mitad (el 48%) de los casos, las investigaciones han sido archivadas. Los fiscales aseveran que esto se debe, principalmente, a la falta de evidencias (la mayoría de los casos ocurrieron entre 20 y 30 años atrás) o la imposibilidad de los fiscales de obtener información oficial de las fuerzas militares y otras entidades gubernamentales que ayudarían a que puedan identificar a los responsables. Tanto militares como funcionarios gubernamentales se han negado a colaborar con investigaciones penales que procuran esclarecer las circunstancias de distintos casos de violaciones de derechos humanos o contribuir a identificar a los responsables de abusos concretos, ya sean los autores materiales o intelectuales.

Algunas cuestiones a resaltar del contexto: el gobierno nombró un Ministerio de

Justicia y Derechos Humanos y ha pedido disculpas públicas a algunos familiares de las víctimas del CAI. Aún no se promulga la Ley de búsqueda de personas desaparecidas a causa de la violencia ocurrida en el Perú, entre las décadas de 1980 y 2000 (Proyecto de Ley 2739/2013). Y el discurso oficial aún refiere como “excesos” a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos; y el Registro Único de Víctimas a fines del 2011 cerró las inscripciones para acceder a las reparaciones económicas individuales, actualmente, acceden a reparaciones en la modalidad de salud, educación, entre otras. Y en lo referente al derecho a la protesta social, se criminaliza la protesta social con la Ley N° 1095, aprobada en el año 2010, que regula el uso y empleo de la fuerza por las FFAA en situaciones de protesta social; y, en enero de 2014, se aprobó la Ley N° 30151 que modifica el numeral 11 del artículo 20 del Código Penal, por el cual es inimputable “el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte”. Asimismo, en julio de 2014 se aprobó la Ley N° 30230 que posibilita la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas en relación a su territorio.

En relación al conflicto amazónico, este se inició en el año 2008 y tuvo su

desenlace el 5 de junio de 2009 con el Baguazo. En ese momento, el país estaba gobernado por Alan García Pérez, quien sostuvo un discurso discriminatorio para los pueblos indígenas, a quienes comparó con “el perro del hortelano, quien no come y no deja comer”. Es decir, intentó instalar en la opinión pública la idea de que los pueblos indígenas están en contra del desarrollo del país, aseveró que no tienen decisión sobre el

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subsuelo, negando así su vínculo con el territorio y los derechos adquiridos por el convenio 169. El Baguazo tuvo un desenlace violento y trágico, que significó el conflicto social más grave en el contexto post-conflicto armado interno. El gobierno actuó de manera represiva, clausurando las vías de diálogo; los medios masivos de comunicación estigmatizaron a los pobladores amazónicos que protestaban; y las responsabilidades políticas sobre el desenlace violento aún no han sido asumidas ni juzgadas.

Asimismo, el Baguazo implicó la visibilización de la Amazonía: un territorio de

explotación de recursos; la organización y lucha de comunidades nativas que exigen el respeto de sus derechos y el ejercicio de la ciudadanía. Por ello, las redes de solidaridad y el rol de las organizaciones sociales fue importante para demandar las investigaciones y otras acciones sobre el Baguazo. A partir de este hecho se consiguió crear comisiones de trabajo para elaborar la Ley Forestal y de Fauna Silvestres, Ley N° 29763, y Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Ley N° 29785, ambas aprobadas el año 2011.

Es importante destacar que en la actualidad, el 20.23% del territorio se encuentra

concesionado a la explotación minera. A la finalización del proyecto, en junio de 2014, la Defensoría del Pueblo reportó 135 conflictos socioambientales (98 concernientes a la minería y 17 a la explotación de hidrocarburos). A partir de estos reportes surge el cuestionamiento acerca de la implementación de los instrumentos legales vigentes para solucionar dichos problemas.

Es en este contexto que las organizaciones de derechos humanos y

particularmente las instituciones que forman parte del presente Proyecto, desarrollaron su trabajo. Es importante destacar para el caso de los conflictos amazónicos, las organizaciones de derechos humanos, en particular en la etapa post Bagua, comenzaron a ver la necesidad de desarrollar políticas, estrategias y equipos de trabajo especializados para atender demandas y necesidades de las comunidades y organizaciones indígenas y asegurar la vigencia de sus derechos fundamentales. Para el caso de las organizaciones de víctimas del conflicto armado interno, los Socios del Proyecto tiene una relación de largo alcance, que ha sido fortalecido con las actividades de ese Proyecto, en particular con el apoyo legal, organizativo, mediático; en relación a la promoción de la memoria colectiva y la construcción de agendas en común sobre justicia y reparación; y en términos de trabajo de incidencia a nivel local, regional, y nacional que comprendió el Proyecto.

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4. DEFENSA LEGAL, ACCESO A LA JUSTICIA E INTERCULTURALIDAD

Acceso a la Justicia y Defensa Legal

Consideramos que uno de los elementos más importantes del Proyecto ha sido la representación legal de las víctimas tanto en los casos relacionados con el conflicto armado interno así como en los casos del conflicto amazónico. Las organizaciones que participan en este aspecto del Proyecto han logrado jugar un papel fundamental en la defensa legal y el acceso a la justicia de parte de una población, mayormente indígena, históricamente excluida, y sin mucha posibilidad de acceder a la justicia. Primero abordamos algunos elementos relacionados la defensa legal y acceso a la justicia en relación al conflicto armado interno, y luego en relación a los conflictos amazónicos.

En las entrevistas a los sobrevivientes y familiares de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos relacionadas con el conflicto armado interno, así como a los indígenas y pobladores que se encuentran procesados judicialmente, y las víctimas del llamado “Baguazo”, hemos podido constatar el valor que los beneficiarios del Proyecto expresan por la oportuna defensa legal que han recibido de los Socios del Proyecto. Hemos escuchado historias parecidas de los diferentes sectores de víctimas: el labor de representación legal les significa un gran aporte no sólo en términos de defensa legal, sino también de apoyo psicosocial así como a acompañar y fortalecer a sus procesos organizativos. Mencionan que no encontraban otras personas o instituciones dispuestas a asumir su representación (en caso de víctimas del conflicto armado interno) o su defensa legal (y corrían el riesgo de convertirse en integrantes de las largas listas de “presos sin condena” que se encuentran hacinados en los penales del país).

La labor de representación legal que ha realizado los Socios del Proyecto ha sido de

gran impacto para las comunidades y para visibilizar las demandas y los derechos de las víctimas en ambos casos al país entero y a la comunidad internacional. En ese sentido, el Proyecto ha mejorado la capacidad de exigibilidad jurídica frente a las violaciones de derechos humanos de las que han sido víctimas. Particularmente en el caso de Bagua, es importante recordar que los indígenas que están imputados o sufren o han sufrido prisión, atraviesan por un proceso traumático al ser sustraídos de su entorno territorial y ambiental, que muchas veces puede provocar enfermedades y trastornos sicológicos. En ese sentido, el acompañamiento y la asesoría legal proporcionada, en todos los casos ha sido oportuna y culturalmente apropiada. De igual manera, para las víctimas del conflicto interno armado, el apoyo sicosocial ha sido de gran importancia ya que muchas de las personas puedan sufrir una revictimización al tener que contar su historia ante agentes del Ministerio Público y el Poder Judicial; o al encontrar los restos de sus familiares desaparecidos, en el contexto de la investigación criminal, como ha sido el caso en el caso Los Cabitos, en el cual se logró identificar a tres de los cuerpos exhumados y devolver sus

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restos a sus familiares.1 El acompañamiento de APRODEH en ese sentido ha sido fundamental para ese grupo de beneficiarios del Proyecto. Muchos de los procesos judiciales acompañados por los Socios del Proyecto no han concluido; algunos ni siquiera han sido iniciados. Eso se debe a la lentitud del Ministerio Público y del Poder Judicial al momento de actuar en estos casos; a las acciones dilatorias de los abogados de la defensa; a la falta de recursos destinados por el Estado para las investigaciones en estos casos; y a la negación sistemática de documentos oficiales que podrían ayudar a esclarecer los hechos y las responsabilidades. Sin embargo, en base a casos ya concluidos, se puede suponer que cuando concluyan los procesos judiciales que acompañan los Socios del Proyecto, logren la formulación de sentencias que van a sentar jurisprudencia novedosa, lo que se convertirá en el futuro en un impacto derivado del Proyecto. Consideramos que hacia el futuro sería de gran importancia que Diakonia pudieron continuar con el apoyo a los Socios del Proyecto que brindan asesoría y representación legal en estos casos. A su vez, consideramos que se tendría que prestar mayor atención a construir apoyo social para los procesos de justicia. Existe una percepción generalizada que los organismos de DDHH, especialmente en relación a los casos del conflicto armado interno, representan a “terroristas” – por cierto un imagen cultivado desde altas esferas del Poder particularmente durante el segundo gobierno de Alan García, precisamente con la intención de deslegitimar los procesos judiciales, y minimizar cualquier empatía que pudiera sentir el ciudadano común y corriente con las víctimas. Subyace eso el racismo y clasismo imperante en el Perú. Aún falta mucho trabajar sobre esa dimensión de los procesos de justicia en especial en relación al conflicto interno armado.

Consideramos que Diakonia podría auspiciar hacia el futuro proyectos que buscan trabajar el tema de la educación sobre el conflicto armado interno y su inclusión en el currículo escolar y universitaria, con especial enfoque en el racismo y el clasismo; mejor documentación e investigación sobre los procesos de justicia en curso, puesto que existe muy poco trabajado en relación a ellos y los medios de comunicación dedican muy poco espacio a ellos y generalmente es una noticia muy puntual y poco profundo. El libro que publicó APRODEH sobre el caso Los Cabitos fue un aporte importante en ese sentido, y generó bastante publicidad al momento de presentarse en público tanto en Lima como en Ayacucho. Se podría imaginar continuar en base a ese trabajo en escuelas, universidades, y otros espacios para educar la ciudadanía sobre el pasado y sobre la lucha por verdad, justicia y reparación de parte de las víctimas.

1 Jo-Marie Burt, “Los huesos hablan: Identifican los restos de tres personas desaparecidas en Los Cabitos”,

Diario 16, 24 marzo 2013, http://diario16.pe/noticia/23831-los-huesos-hablan-identifican-los-restos-de-tres-personas-desaparecidas-en-los-cabitos.

http://diario16.pe/noticia/23831-los-huesos-hablan-identifican-los-restos-de-tres-personas-desaparecidas-en-los-cabitos


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Acceso a la Justicia y Defensa Legal: La violencia sexual Durante el conflicto armado interno en el Perú se vulneraron los derechos de las mujeres, quienes fueron víctimas de violaciones sexuales, esclavitud sexual, esterilizaciones forzadas, entre otros delitos. La violación sexual está tipificada en el Perú como un delito común y aún no se ha modificado la legislación para que este delito sea juzgado como delito de lesa humanidad. Entre los casos que patrocinan las organizaciones de la Plataforma se encuentra el caso Los Cabitos; en el curso de ese juicio, algunas de las testigos y sobrevivientes han declarado ser víctimas de violencia sexual. Asimismo, durante las incursiones militares las mujeres sometidas a estos maltratos o también cuando denunciaban la desaparición de sus seres queridos. Los grupos subversivos también cometieron estos crímenes. En la legislación peruana la violación sexual es considerada un delito común y para que sea considerada un delito de lesa humanidad debe tener los siguientes elementos: ataque generalizado, ataque sistemático y elemento político. Los casos de Manta y Vilca (Huancavelica, 1984) y las esterilizaciones forzadas (década de 1990) pueden comprobar dichos elementos.

Aún el Ministerio Público no ha emprendido una línea de investigación especializada que aborde la especificidad de este delito, únicamente en el caso de esterilizaciones forzadas que casi fue archivado. Que las mujeres y niñas hayan sido objetos de disputa, escarmiento y poder en contexto del conflicto armado interno nos cuestiona acerca de la situación actual de la mujer en nuestro país, si bien el Perú cuenta con una legislación que penaliza el femenicidio (Ley N° 29819), es necesario que se investiguen, visibilicen y no queden impunes los casos del pasado reciente. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) realizó un análisis minucioso sobre la violencia sexual contra la mujer: “Según los casos reportados a la CVR, el 75% de las mujeres violadas por miembros de las fuerzas del orden eran quechuahablantes, 43% habían cursado sólo la primaria y el 40% eran solteras”. En el ámbito de la justicia internacional desde el Tribunal de Nuremberg (1945) se ha sentado precedente al respecto. Los Tribunales penales internacionales de la ex-Yugoslavia y Ruanda sí juzgaron el delito de violencia sexual como crimen de lesa humanidad. Y la Corte Penal Internacional, en su artículo 7 sobre Crímenes de lesa humanidad señala: "A los efectos del presente estatuto, se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: g) violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable". En 1998, las Naciones Unidas reconocieron que la violencia sexual es un delito internacional de lesa humanidad y también es considerado una transgresión grave al derecho internacional humanitario. Otros antecedentes regionales son: primera condena de violación sexual como delito de lesa humanidad en Argentina en el año 2010; declaración en el juicio por

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genocidio contra Efraín Ríos Montt en Guatemala en el año 2013 unas 10 mujeres víctimas de violencia sexual, que fue considerado por tribunal como constitutivo del crimen de genocidio; investigación sobre esclavitud sexual y violación sexual del caso Sepur Zarco en Guatemala (2013); asimismo en Chile se solicita el cambio de la legislación para que la violación sexual durante la dictadura pinochetista sea considerado un delito de lesa humanidad.

APRODEH, quien patrocina el caso Los Cabitos, ha realizado una labor importante a

favor de las mujeres víctimas de la violencia sexual, tanto en términos de acceso a la justicia, como el acompañamiento psicojurídico. A su vez realiza una labor importante de concientización sobre el tema, participando en foros nacionales e internacionales sobre violencia sexual, y ha publicado un par de informes sobre este problemática. Consideramos que ese es un tema que podría ser materia de mayor trabajo y apoyo por parte de Diakonia en el futuro, pues se reconoce que existe un continuum de la violencia sexual hacia las mujeres que tiene que ser confrontado.2 Son muy pocas las organizaciones que trabajan estos casos; APRODEH lleva una carga fuerte de casos relacionados con ese tema, y constatamos ha sido difícil conseguir apoyo financiero para este trabajo, especialmente el trabajo de representación legal. A su vez es de fundamental importancia generar espacios de sensibilización dentro de las Fiscalías Especializadas de DDHH y la Sala Penal Nacional en cómo tomar testimonios en estos casos; como proteger la identidad de las víctimas; como evitar la revictimización; y como tener un mejor desempeño en la persecución penal de estos casos. Diakonia podría aportar a ese tipo de trabajo hacia el futuro, que tendría un impacto no solo en relación a los casos del pasado, sino también casos de violación sexual en el presente y futuro. Acceso a la Justicia y Defensa Legal: Los conflictos amazónicos e Interculturalidad

El Perú es un país con gran diversidad biológica y cultural, existen alrededor de 43

pueblos indígenas que representan 3 millones 919 mil 314 habitantes. Según registro oficial existen 47 lenguas que son reconocidas por la legislación nacional, de las cuales 43 son amazónicas y 4 son andinas. La diversidad cultural en el país implica un desafío para el Estado.

Los pueblos indígenas u originarios se caracterizan por compartir una lengua, una

cosmovisión y una identidad cultural; y tener una relación filial y mítica con el territorio, que no está sujeta únicamente al derecho a la propiedad sino al derecho de la libre determinación y autonomía. En tal sentido, los diferentes sistemas, incluido el judicial, deben incorporar la perspectiva intercultural a través de medidas y acciones concretas para que estos pueblos puedan ejercer su ciudadanía plenamente.

2 Jelke Boesten, Sexual Violence During War and Peace: Gender, Power and Post-conflict Justice in Peru (New

York: Palgrave, 2013).

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El conflicto socioambiental denominado “el Baguazo” se desarrolló principalmente en el departamento de Amazonas y significó la muerte de 23 policías, 10 civiles y la desaparición de un policía. A partir de éste se dio apertura a seis procesos penales. En mayo del presente, se inició el juicio oral del caso la Curva del Diablo, en el cual son procesados 53 personas entre nativos y mestizos. Los nativos provienen de comunidades awajún y wampis.

En un país como el Perú, es necesario incorporar la perspectiva intercultural al

sistema de justicia. La constitución de 1993 incorpora el pluralismo jurídico; a partir del 2009 se ha implementado la Escuela de Justicia Intercultural en el departamento de San Martín con la finalidad de crear las bases para coordinar entre la justicia ordinaria, la justicia de paz y la justicia comunal; y en el año 2012 se publicó la Hoja de ruta de Justicia Intercultural. Estos avances en materia de normatividad son importantes. Aunque existe un aparato de normas y leyes que fortalecen este aspecto, la mayor dificultad es que esta perspectiva se traduzca en prácticas y acciones concretas. Un elemento básico e imprescindible es el derecho a declarar en la lengua materna, que ha sido implementado a través de alianzas con el Ministerio de Cultura, pero se ha dado cuenta que el sistema judicial no cuenta con el personal adecuado ni con la capacidad de formar intérpretes. Asimismo, la práctica del presidente de la sala y del fiscal ha recaído en conductas discriminatorias y denigrantes hacia los procesados nativos.

La interculturalidad se basa en el principio de reconocimiento de la diferencia y la

generación de políticas diferenciadas, no consiste en la asimilación u homogenización cultural. En tal sentido, la diversidad cultural debe ser reconocida en el sistema judicial. Sin embargo, en la investigación y acusación fiscal del caso la Curva del Diablo no se contempla dicho aspecto ni se incorpora los lineamientos del marco legal nacional e internacional en materia de pueblos indígenas. De este modo, el caso no apunta a develar las responsabilidades políticas y causas del conflicto, sino que incide en una perspectiva penal de los hechos. Es así que no se analiza la relación entre los pueblos indígenas y el territorio, la concepción de desarrollo que éstos tienen, ni qué relación se establece con el Estado. Entonces, el actual proceso penal apunta a señalar únicamente el acto criminal, excluyendo la posibilidad de generar las bases para un ejercicio de justicia desde la perspectiva intercultural.

Este proceso también incide en la cimentación de la criminalización de la protesta

o en la restricción del derecho a defender derechos. Los hechos tuvieron un desenlace violento, principalmente, porque el Estado clausuró el diálogo y dio paso a la acción represiva que generó la acción violenta de los manifestantes, que finalizó en la pérdida irreparable de vidas. En tal sentido, es indispensable que el Estado vele por todos los ciudadanos, haciendo prevalecer sus derechos y no dando preeminencia a las inversiones privadas.

Al respecto, el Proyecto aporta al análisis y reflexión a partir de la labor de defensa

legal que desarrolla. Es importante fortalecer la capacitación de los abogados a cargo y

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generar espacios de incidencia política para que el aparato de normas y leyes se aplique de manera pertinente y se vaya perfeccionando. También es necesario fortalecer la coordinación interna entre los abogados, para generar una defensa legal coherente y común. Otro punto sustancial es mantener informados a los patrocinados, planteando una comunicación simple y transparente para dar a entender los aspectos judiciales. Asimismo, el Proyecto aporta a la generación de redes nacionales e internacionales, puesto que algunos de los casos patrocinados generarían precedentes jurídicos. Pero también es importante generar estrategias alternativas para instalar estas problemáticas en la opinión pública, el desafío es que la ciudadanía se sienta implicada.

Vigilar el Respeto del Debido Proceso

Se ha señalado que la investigación y acusación fiscal del caso la Curva del Diablo

tienen diferentes irregularidades, como falta de pruebas e imprecisión en los datos de los procesados. Otro aspecto es la arbitrariedad de la sala durante el desarrollo de las audiencias, puesto que son suspendidas sin motivo alguno o inician con mucho retraso. En parte esto se debe a la carga procesal de la sala, que es un aspecto que se debe resolver al interior del sistema judicial para que los casos no se prolonguen y no impliquen un gasto grande de recursos. Pero también es la práctica que incide en la falta de respeto a todas las partes y que restringe el derecho al debido proceso.

Otro aspecto a analizar es la situación de detención. Entre los acusados en el caso

la Curva del Diablo hubo tres indígenas detenidos en la cárcel de Huancas (departamento de San Martín). Se encontraban lejos de sus familias, en un clima frío y de altura que afectó la salud de los detenidos. A los tres nativos se les acusa del homicidio del mayor Bazán, quien continúa desaparecido, y las muertes de otros policías; en el Caso la Curva del Diablo se les ha pedido la pena de cadena perpetua. El último al que se le asignó la prisión domiciliaria no vio a su familia por tres años, porque ésta no tiene los recursos para viajar y sostenerse. Los tres se encuentran en prisión domiciliaria, pero que no es en sus respectivas casas, sino en espacios alquilados, que muchas veces no son viviendas en las que sus familias puedan vivir con ellos, puesto que ellos pertenecen a las comunidades y además que en un momento se les asignaron lugares insalubres no aptos para la vivienda. Ellos han contado con el apoyo humanitario de la Iglesia y el apoyo legal de las organizaciones integrantes de la Plataforma.

La situación carcelaria en el Perú es crítica. En enero del presente, el Instituto

Nacional Penitenciario (INPE) ha informado que han excedido su capacidad (119%). En el año 2012 se presentó la propuesta de “10 medidas de reforma del Sistema Penitenciario”, que aún no ha sido puesta en marcha. Esta situación de hacinamiento y degradación humana que genera mayor violencia y estragos en la salud física y mental, se relaciona con la demora de los trámites de los procesos judiciales.

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Acompañamiento Psicosocial El acompañamiento psicosocial consiste en la “apertura de espacios de expresión y

reconocimiento del impacto emocional que los hechos violentos ocasionan en las personas, a través de los cuales, se brindan elementos de apoyo terapéutico para disminuir el sufrimiento emocional, se propicia la reconstrucción de los lazos sociales y familiares, se apunta al desarrollo de las potencialidades individuales y de las capacidades locales, que permitan el restablecimiento de los derechos de las personas afectadas y el desarrollo de un proyecto de vida sostenible con estabilidad socioeconómica”3. Esta labor también debe incorporar la dimensión intercultural.

En el proyecto se observa que el acompañamiento judicial y el acompañamiento

psicosocial son paralelos. Esto indica que atravesar por un proceso judicial, sea como procesado o como parte civil, es una situación inusual que genera expectativas e inseguridad por relacionarse con el sistema judicial, que tiene un lenguaje y prácticas ajenas al común de las personas. Es importante que ambas partes del trabajo (el aspecto judicial y psicosocial) tengan comunicación fluida y coordinación mutua. También es importante que los acompañantes psicosociales y los abogados a cargo también reciban el acompañamiento o apoyo psicosocial respectivo, debido a que están expuestos a situaciones de estrés de manera permanente e intensa.

Asimismo, los procesos que se acompañan en el actual proyecto son producto de

graves hechos de violencia y de violaciones de derechos humanos, por ello se hace imprescindible la labor de acompañamiento psicosocial para restablecer la fortaleza individual y colectiva de las personas afectadas.

En el caso de la Curva del Diablo, entre los procesados hay mestizos, nativos y una

sola mujer que es mestiza. Los procesados provienen de comunidades alejadas, dejan a sus familias con el sentimiento de que las desamparan. Otro factor de angustia es la incertidumbre acerca de cuánto va a durar el proceso y de cuál va a ser sentencia. Y otro aspecto es cómo se vive el proceso judicial en las comunidades.

Respecto a la única mujer procesada, ella dio apoyo a “los hermanos indígenas”

durante el paro amazónico, puesto que ellos permanecían en la entrada de su casa. Ella estuvo detenida durante tres días e indica que las detenciones se realizaron de manera arbitraria. Su caso es singular por ser la única mujer, ella reconoce que el acompañamiento legal de su abogada ha sido importante para perder el miedo, entender el proceso y adaptarse a ser la única mujer entre todos los procesados.

Tanto en el caso del conflicto armado interno, como los conflictos amazónicos,

debido a la gran precariedad en que se encuentran las víctimas, no tienen a su alcance la

3 Jaramillo, María Isabel. La importancia del acompañamiento psicosocial para la recuperación de las

personas en situación de desplazamiento. Colombia, CHF International, 2004.

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posibilidad de contar con representación legal por su cuenta; en ese sentido el labor de los

Socios del Proyecto al brindarle asesoría legal y apoyo sicosocial es de fundamental

importancia. Consideramos que sería importante que Diakonia continua brindando apoyo

para que este tipo de labor de asesoría legal a sectores vulnerables se pueda mantener.

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5. PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y POLÍTICAS DEL ESTADO PERUANO

El diseño del Plan Nacional de Derechos Humanos estuvo a cargo del Poder

Ejecutivo. Las organizaciones participantes de la Plataforma impulsaron reuniones con autoridades para monitorear y aportar al diseño del Plan Nacional de Derechos Humanos. El objetivo y el compromiso asumido por el estado fue publicarlo en el año 2012. Sin embargo, el Plan Nacional de DDHH fue presentado recién el 5 julio de 2014, cuando ya formalmente el actual proyecto había finalizado. Al respecto, encontramos la dificultad de realizar las diversas actividades relacionadas a la publicación del Plan. Por otro lado, el Plan que se publicó no respondió a los compromisos o consensos que se acordaron, por ejemplo, se excluyó a la comunidad LGTBI, el derecho al agua, etc. Los socios del Proyecto reaccionaron frente a ello, y realizaron reuniones para solicitar las enmiendas del Plan Nacional de DDHH. El ministerio de Justicia y Derechos Humanos se comprometió a incorporar las enmiendas. A pesar que el Plan no fue publicado en la fecha indicada, es muy importante la labor de incidencia con autoridades locales y nacionales que realizaron las organizaciones de la Plataforma para conseguir la materialización del Plan.

Uno de las lecciones principales de este aspecto del Proyecto es la dificultad de

impulsar un trabajo de incidencia frente a un Estado que toma poco en serio el tema de los derechos humanos. Si bien el gobierno actual implementó reformas importantes –como la creación de un Vice Ministerio de Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia, la demora de dos años en aprobar el Plan Nacional de DDHH demuestra la poca voluntad de cumplir con su promesa de desarrollar un marco para desde el cual elaborar las políticas públicas en base al respecto de los derechos humanos. Como consecuencia, los Socios del Proyecto vieron muy limitados sus posibilidades de hacer incidencia sobre las políticas públicas durante este Proyecto, así como difundir y realizar talleres educativos sobre el Plan Nacional de DDHH; más bien tuvieron que abordar sus intervenciones hacia un lobby para que justamente se firme el Plan Nacional de DDHH. El documento que se aprobó finalmente, que fue muy distinto al que se había acordado en base a las consultas regionales, es otra demostración de que exista gran dificultad conseguir que el Estado asume los compromisos adquiridos aun cuando ha sido un proceso de mutuo acuerdo. Es importante destacar que las organizaciones del Proyecto tuvieron la capacidad de reaccionar frente a estas dificultades y modificar su labor de manera correspondiente.

En relación a esto, un tema que nos parece que vale la pena reflexionar es que tal

vez es necesario repensar cómo se trabaja el tema de los derechos humanos en el Perú. Como consecuencia de la carga ideológica que algunos sectores quieren darle al tema de los derechos humanos, es urgente que se va pensando nuevas formas de acercarse a los jóvenes, a los medios alternativos de comunicación, y otros sectores, para ir construyendo espacios más amplios de trabajo e intervención. Sin un apoyo social a favor de los derechos humanos los gobiernos van a sentir que puedan prescindir de los compromisos asumidos pues les implica poco costo social. En ese sentido, sería interesante pensar vincular el trabajo de memoria con el del Plan Nacional de DDHH; así como mayor trabajo

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con colegios y universidades. Si bien organizar eventos de protesta y “de la calle” es importante, no puede sustituir de un trabajo más constante de educación y promoción a nivel local, pero con alcance nacional.

Otro elemento importante destacar es que existen discrepancias al interior del

movimiento de DDHH, y de algunos Socios del Proyecto, sobre algunos temas del Plan Nacional de DDHH, en particular el tema de los derechos de los LGBTI y los derechos reproductivos. En particular algunas organizaciones vinculadas con la Iglesia Católica y/o evangélicos han discrepado con la promoción de estos derechos, lo cual ha generado conflicto al interior del movimiento de DDHH.

Otro espacio de diálogo y monitoreo es la Red ciudadanos protegiendo ciudadanos

que apunta a ser un observatorio del funcionamiento de las fuerzas armadas. La red está encargada de analizar la relación entre la sociedad y las fuerzas armadas a través del registro de las prácticas en situaciones de conflictividad y de estado de estado de emergencia; del registro de las prácticas al interior de las fuerzas armadas cómo se desarrolla el servicio militar, si hay presencia de menores de edad, cuál es el rol de la mujer al interior de la institución. Se intentó generar espacios de diálogo con las fuerzas armadas en los diferentes espacios, cosa que se logró en un primer momento en Ayacucho, por ejemplo. Pero esta parte por lo menos tuvo poca duración. Lo que pudimos constatar es que nuevamente trabajar ciertos temas con el Estado no es nada fácil. Los informantes señalaron que cuando se comenzó a trabajar temas delicados, los representantes de las FFAA no quisieron participar. En el trabajo con los licenciados del Ejército, estos asumieron una relación muy oportunista con los Socios, queriendo aprovechar de los espacios para conseguir cosas concretas para sus miembros y organizaciones, pero sin realmente entablar un diálogo ni interesarse por los puntos de vista e intereses de otros sectores. La mentalidad de las FFAA dificultaba la coordinación: “Al inicio encontré apertura de las FFAA,” nos comentó uno de las personas contratadas en Ayacucho para trabajar en la red de parte de IDL. “Por un lado puedes coordinar y vigilar. Pero, a veces la vigilancia implica denuncia. Ellos [las FFAA] ven eso como traición”. 4Al publicar un documento sobre el servicio militar obligatorio, las FFAA efectivamente se resintieron y dejaron de participar. En la reunión de presentación de este informe un militar dijo: “Uds. solo sirven para denunciar. Solo muestran lo malo de nosotros, no muestran lo bueno, que luchamos contra la subversión”.5 Existe en el Perú, todavía, una brecha muy grande entre las fuerzas del orden y la sociedad civil, y hay que pensar en nuevas estrategias de ir cerrando esta brecha.

4 Entrevista, Henry Mercado. Ayacucho. 16 Augusto 2014.

5 Entrevista, Henry Mercado. Ayacucho. 16 Augusto 2014.

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6. AGENDA COMÚN DE MEMORIA Y FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE DERECHOS HUMANOS

La Agenda Común de Memoria se construye a partir de la reflexión entre las

relaciones de las violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno (1980-2000) y las sucedidas en conflictos sociales. ¿Cuáles son los puntos en común y las diferencias?, ¿qué rol cumple el Estado peruano al respecto?

La Agenda Común de Memoria es producto de reuniones de encuentro entre

organizaciones correspondientes a ambos tipos de conflicto, en las cuales han reflexionado sobre la vulneración de sus derechos y las demandas que comparten (justicia, verdad, salud y reparaciones). Es necesario que dicho espacio, propiciado por la Plataforma, se fortalezca y continúe existiendo. Para ello es necesario generar estrategias específicas como la asignación de tareas, un plan de actividades y la formación permanente de las organizaciones participantes.

La relación entre memoria y derechos humanos se sitúa en el terreno de las

políticas públicas o de estado. Es decir, la memoria social es un discurso sobre el pasado en permanente construcción, el estado es uno de los agentes de construcción de un discurso oficial de memoria. En contextos como el del Perú, en el cual las violaciones de derechos humanos no son esclarecidas y siguen sucediendo, surgen discursos cuestionadores de la memoria oficial, estos discursos no sólo demandan un reconocimiento de su versión sobre el pasado, sino también demandan justicia, verdad, reparación. Es decir, demandan el reconocimiento y respeto de sus derechos y de su ciudadanía. En países como el Perú, que está conformado por diversos colectivos culturales las formas de construir memoria también son diversas y singulares. Es importante notar que el discurso de los derechos humanos también debe incorporar la pluralidad tanto a nivel discursivo como en sus prácticas.

Entonces, la Agenda Común de Memoria es una herramienta de fortalecimiento de

la red de organizaciones sociales y tiene como finalidad hacer incidencia política. Es importante que el análisis sobre el pasado reciente y los conflictos sociales del presente, sea generado por las propias organizaciones y seguramente sea un proceso continuo y que tome más tiempo. Consideramos que se ha tomado pasos importantes en tratar de articular un espacio de diálogo y análisis sobre estos temas, aun cuando nos parece que aún falta mucho por trabajar en términos teóricos y empíricas para poder articular con mayor nitidez la relación entre el pasado y el presente.

Uno de los resultados destacables del Proyecto ha sido la sensibilización de la

opinión pública sobre las reivindicaciones de las víctimas del conflicto armado interno así

como de los conflictos sociales actuales. El rol de los Socios del Proyecto, especialmente la

Coordinadora, en apoyar las actividades de ANFASEP en su 30 aniversario, así como el

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décimo aniversario del Informe Final de la CVR en los eventos y movilizaciones por el

CVR+10, ha sido de gran impacto. A su vez, el IDL ha continuado en su trabajo de

sensibilizar la opinión pública sobre las reivindicaciones de las poblaciones indígenas vía la

red de comunicaciones radiales con las que cuenta a nivel nacional y publicando artículos

de opinión en la revista Idéele, que cuenta con un prestigio de informativo de opinión

seria y de gran reputación. La red “Ciudadanos Protegiendo Ciudadanos” causó impacto

en la región Ayacucho, en tanto, se instaló el debate sobre el servicio militar obligatorio y

las secuelas de la violencia del conflicto armado interno, aun cuando este mismo tuvo las

dificultades que referimos arriba.

El tema de la sensibilización de la opinión pública es notable debido a que en el

país, los medios de comunicación, contralado en casi 80% por un sólo grupo, suelen

invisibilizar las demandas de las víctimas del conflicto armado interno así como de los

conflictos sociales actuales. En ese sentido, existe normalmente una enorme asimetría en

los términos de debate que pocas veces se logra revertir. Sin embargo, de las entrevistas

realizadas tanto en Bagua como en Chachapoyas así como en Lima, y de la revisión de la

producción informativa acumulada, se puede afirmar que con el Proyecto se ha logrado

una amplia cobertura informativa de los derechos de las víctimas, de sus reivindicaciones

y propuestas. Con el Proyecto se ha logrado incidir en la opinión de tomadores de decisión

en el Congreso de la Republica, en el Ministerio de Cultura, en la Defensoría del Pueblos,

el Ministerio Publico y el Poder Judicial.

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7. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

Una de las metas principales del Proyecto ha sido contribuir al fortalecimiento de

capacidades de las organizaciones de víctimas (ANFASEP, CONAVIP, AVIFHE, entre otros).

El Proyecto ha facilitado que las victimas integrantes de las organizaciones de afectadas,

se auto reafirmen en relación al sentido y visión de sus organizaciones, enfatizando el

carácter de la organización como una ente representativo e interlocutor válido que

permite integrar y darle fuerza a sus integrantes para exigir y sentirse empoderado en los

derechos que les fueron vulnerados.

A su vez, las acciones de acompañamiento y dialogo establecidas con las

organizaciones de víctimas han reforzado y ampliado sus perspectivas y capacidades de

comunicación, visibilidad y dialogo interno y externo, reforzando condiciones para

afrontar varios retos internos y externos. Este fortalecimiento de capacidades ha

potenciado la comprensión, interlocución, negociación y comunicación de los dirigentes

de las organizaciones con el Estado, particularmente a nivel regional así como nacional,

sobre sus demandas y reivindicaciones en términos de derechos fundamentales.

Consideramos que eso ha sido uno de los mayores aportes del Proyecto, y recomendamos

a que Diakonia continúa en esa línea, puesto que las víctimas del conflicto armado interno

y de los conflictos amazónicos siguen siendo invisibles para la mayoría de la población, y

sus demandas y derechos fundamentales aún no han sido atendidos a cabalidad.

Consideramos la propuesta de juntar las víctimas del conflicto armado interno y de

los conflictos sociales actuales, de gran relevancia. Si bien se llegó a la conclusión de que

ambos grupos de organizaciones de víctimas se encuentran en diferentes “momentos” (las

del conflicto social actual buscando afirmarse como organizaciones mientras las del

conflicto armado interno, ya con base institucional más o menos sólida, buscan afrontar

problemas de acceso a la justicia, como la impunidad, la lentitud de los procesos penales,

las sentencias absolutorias, etc.) y de otro índole. A su vez, nos parece que el encuentro

intraregional y las actividades realizadas conjuntamente con los dos grupos de víctimas

puedan quedarse como experiencias ricas pero aisladas si no consideren cómo y bajo qué

circunstancias sería útil y provechoso la continuación del intercambio entre ambos grupos

humanos.

Vale mencionar específicamente el impacto del proyecto en la región Amazonas,

donde la necesidad de fortalecimiento de las organizaciones de víctimas es un reto grande. Observamos que la organización AVIFHE se encuentra en proceso de fortalecimiento y empoderamiento, han realizado actividades de conmemoración el 5 de junio y están emprendiendo actividades de autogestión. En relación, a los procesados del

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caso la Curva del Diablo, reconocen la importancia de los talleres y charlas efectuadas para entender la dinámica del juicio oral, también tienen mayor confianza con los abogados y equipo que los acompaña; asimismo el miedo de ser detenidos o atacados ha disminuido, aunque no dejan de sentir zozobra respecto a la sentencia.

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ANEXOS ANEXO 1 Ejes de la Sistematización

La Sistematización del Proyecto, “Promoción de procesos de memoria, acceso a la justicia y solución pacífica de conflictos en zonas afectadas por el conflicto armado interno y conflictos socio ambientales” tuvo como objetivo extraer las principales lecciones aprendidas y formular recomendaciones prácticas basadas en aprendizajes del proyecto, para mejorar la intervención de Diakonia y de sus socios en materia de defensa legal y acceso a la justicia, la promoción de procesos de memoria, la solución pacífica de conflictos en las zonas afectadas, así como el fortalecimiento de capacidades tanto de las organizaciones miembros del Proyecto como las organizaciones de víctimas. Intenta responder a preguntas claves como:

¿Cuáles son los aprendizajes de las organizaciones de DDHH participantes del proyecto, en cuanto a los procesos de construcción de memoria?

¿Qué aprendizajes y procesos se identifican en otros actores (organizaciones de afectados, jóvenes de las zonas de intervención, autoridades locales, otros) con relación a la memoria del conflicto armado y del conflicto amazónico?

¿Qué balance tenemos en términos de acceso a la justicia para los afectados por violaciones de DDHH durante el conflicto armado? ¿Qué aprendizajes, prioridades y desafíos se plantean a las organizaciones de DDHH y organizaciones de afectados con relación a la dilación del proceso de “justicia transicional” vinculado al conflicto armado?

¿Qué balance tenemos en términos de acceso a la justicia para los afectados en los procesos vinculados a los sucesos de Bagua 2009? ¿Qué elementos desarrollados desde el proyecto se ha podido incorporar (derecho a intérprete, salas itinerantes, normas de conducta, peritajes antropológicos)? ¿Qué impacto tienen sobre el sistema de administración de justicia y sobre las comunidades indígenas?

¿Qué balance tenemos en cuanto a la lectura del conflicto armado y del conflicto amazónico desde el Estado peruano? (Políticas de DDHH, seguimiento a recomendaciones CVR, procesos judiciales, reparaciones, acciones de memoria, educación) ¿Qué transmite el Estado a la sociedad peruana?

¿Cuáles son los desafíos del movimiento de derechos humanos a partir de este balance?

¿Qué aprendizajes recogemos en cuanto a los vínculos y continuidades entre el conflicto armado y los conflictos sociales actuales?

Métodos y Herramientas de la Sistematización

La sistematización se propuso identificar experiencias y aprendizajes para el Movimiento de Derechos Humanos, desde la identificación de las principales estrategias

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empleadas por la Plataforma de Diakonia en la ejecución del Proyecto. Se trata de recopilar las experiencias relevantes en el desarrollo e implementación de estrategias para el trabajo de defensa legal y acceso a la justicia, defensa legal y acceso a la justicia, la promoción de procesos de memoria, la solución pacífica de conflictos en las zonas afectadas, así como el fortalecimiento de capacidades tanto de las organizaciones miembros del Proyecto como las organizaciones de víctimas. Por la naturaleza del trabajo se realizó un análisis cualitativo y participativo.

Se realizó un importante trabajo de revisión de información secundaria conformada por: (1) Información relevante referida a los temas del Proyecto objeto de sistematización, y (2) Información del Proyecto, incluyendo informes producidos por los Socios del proyecto y los documentos elaborados en el curso del proyecto. Se procedió a la recolección de información de campo privilegiando para ello las entrevistas individuales y con informantes claves, que incluyen ejecutores del proyecto, representantes de medios de comunicación local, autoridades y personas beneficiarias del Proyecto.

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ANEXO 2 ENTREVISTAS REALIZADAS

NOMBRE INSTITUCIÓN - CARGO LUGAR DE LA ENTREVISTA

FECHA DE LA ENTREVISTA

ROCÍO SILVA SANTISTEBAN

CNDDHH – DIRECTORA EJECUTIVA LIMA 7 DE AGOSTO

GABRIEL SALAZAR CNDDHH LIMA 9 DE AGOSTO

WALTER POWOSINO CONFERENCIA EPISCOPAL DE ACCIÓN SOCIAL CEAS

LIMA 11 DE AGOSTO

KATYA PINEDO CONFERENCIA EPISCOPAL DE ACCIÓN SOCIAL CEAS - ABOGADA

LIMA 11 DE AGOSTO

GLATZER TUESTA INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL - PRESIDENTE

LIMA 13 DE AGOSTO

ZEBELIO KAYAP JÉMPEKIT

ORGANIZACIÓN DE DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES FRONTERIZAS DEL CENEPA – ODECOFROC - PRESIDENTE

LIMA 13 DE AGOSTO

GLORIA CANO APRODEH – DIRECTORA EJECUTIVA LIMA 13 DE AGOSTO

GISELA ASTOCONDOR APRODEH - ABOGADA LIMA 14 DE AGOSTO

JEFREY GAMARRA UNSCH / IDL AYACUCHO 15 DE AGOSTO

MAMA ELENA ANFASEP / APRODEH AYACUCHO 15 DE AGOSTO

MAMA LIDIA ANFASEP / APRODEH AYACUCHO 15 DE AGOSTO

HENRY MERCADO PAZ Y ESPERANZA / IDL AYACUCHO 16 DE AGOSTO

YUBER ALARCÓN APOYO PARA LA PAZ-IEP / CNDDHH AYACUCHO 16 DE AGOSTO

CÁCERES FISCALÍA DE DERECHOS HUMANOS AYACUCHO 18 DE AGOSTO

ERNESTO AMBÍA APRODEH AYACUCHO AYACUCHO 18 DE AGOSTO

NELLY RAMÍREZ APRODEH AYACUCHO AYACUCHO 18 DE AGOSTO

DELIA IPURRI NOA CASO CAYARA/APRODEH AYACUCHO 18 DE AGOSTO

JULIA HINOJOSTROSA MOLINA CASO CAYARA/APRODEH AYACUCHO

18 DE AGOSTO

ADELINA GARCIA MENDOZA CASO CABITOS/APRODEH AYACUCHO

18 DE AGOSTO

ESTEBAN CANCHARI CACNAHUARAY CASO CABITOS/APRODEHOS AYACUCHO

18 DE AGOSTO

MARUJA CARDENAS QUISPE CASO CABITOS/APRODEH AYACUCHO

18 DE AGOSTO

URSULA VELTEN COOPERANTE-PAZ Y ESP AYACUCHO 18 DE AGOSTO

HUMBERTO ORTIZ CONFERENCIA EPISCOPAL DE ACCIÓN SOCIAL CEAS – DIRECTOR EJECUTIVO

LIMA 21 DE AGOSTO

MONSEÑOR SANTIAGO GARCÍA

VICARIATO APOSTÓLICO SAN FRANCISCO JAVIER

LIMA 22 DE AGOSTO

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DE LA RASILLA DOMÍNGUEZ

MIGUEL JUGO CNDDHH LIMA 22 DE AGOSTO

JAVIER MONROE CNDDHH LIMA 22 DE AGOSTO

PILAR BENAVIDES CONFERENCIA EPISCOPAL DE ACCIÓN SOCIAL – CEAS – RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE CULTURA DE PAZ Y RECONCILIACIÓN

LIMA – UTCUBAMBA – BAGUA CHICA

24 – 25 DE AGOSTO

CLAUDINA PÉREZ

ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS, FAMILIARES Y HERIDOS DEL 5 DE JUNIO - AVIFHE

UTCUBAMBA 24 DE AGOSTO

ADRIANO CHILCÓN TORRES

AVIFHE UTCUBAMBA 24 DE AGOSTO

EMELI YOLANDA PITA CABRERA


TRIGIDIA MARTÍNEZ AVIFHE UTCUBAMBA 24 DE AGOSTO

JULIO CÉSAR VÁSQUEZ


LEODORO GONZÁLEZ AVIFHE UTCUBAMBA 24 DE AGOSTO

MARÍA FELICITA RODRIGO REGALADO


CAROLINA TORRES SÁNCHEZ


JOSÉ SANTOS ADRIANZÉN


CAROL YANETH ARISTA SARMIENTO


LUIS YAMCUM VÍLCHEZ

CASO CURVA DEL DIABLO – PROCESADO INDÍGENA

BAGUA CHICA 24 DE AGOSTO

MARIANO MAYAC PAYASH



AURELIO CASO CURVA DEL DIABLO – PROCESADO INDÍGENA


ALEJANDRO ARRIAZA PEÑA

CASO CURVA DEL DIABLO – PROCESADO MESTIZO


EDGAR DÍAZ CASO CURVA DEL DIABLO – PROCESADO MESTIZO


DAVID LIZANA LINARES



JOSÉ SANTOS NEYRA MELÉNDEZ



LALO FLORES TANTARICO



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NORBEL MONDRAGÓN HERRERA

CASO CURVA DEL DIABLO – ABOGADO CEAS


SANDRA ANITA QUINCHO CRUZ

CASO CURVA DEL DIABLO – PROCESADA MESTIZA


RUFINO SINGUANI MARIC



LEONARDO ASACHA CASEL



JOSÉ YUP PETSAIN CASO CURVA DEL DIABLO – PROCESADO INDÍGENA


SABINO PIZANGO UNUP



FERMÍN RODRÍGUEZ CAMPOAMOR

VICARIATO DE CHIRIACO – VICARIO SACERDOTE


FLOR FLORES PROFESORA – COLEGIO VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE

JAÉN 26 DE AGOSTO

MIRIAM DUEÑAS VICARIATO SAN FRANCISCO JAVIER DE JAÉN – ENCARGADA DE ASUNTOS INDÍGENAS

JAÉN 26 DE AGOSTO

NINA PUELLES RADIO MARAÑÓN – ENCARGADA DE PRENSA

JAÉN 26 DE AGOSTO

CECILIA SERPA INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL – ÁREA DE PUEBLOS INDÍGENAS

LIMA 11 DE SETIEMBRE

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ANEXO 3 BIBLIOGRAFIA Y FUENTES CONSULTADAS Azpur, Javier; Baca, Epifanio; Viale, Claudia y Monge, Carlos. Extractivismo y transiciones hacia el postextractivismo en el Perú. Grupo Propuesta Ciudadana – GPC y Revenue Watch Institute – RWI, 2010. Base de Datos de Pueblos Indígenas u originarios del Ministerio de Cultural. Ver: http://bdpi.cultura.gob.pe/ Bello, Álvaro y Aylwin, José (compiladores). Globalización, derechos humanos y pueblos indígenas. Temuco, IWGIA, 2008. Boesten, Jelke, Sexual Violence During War and Peace: Gender, Power and Post-conflict Justice in Peru (New York: Palgrave, 2013). Burt, Jo-Marie, “Los huesos hablan: Identifican los restos de tres personas desaparecidas en Los Cabitos”, Diario 16, 24 marzo 2013, http://diario16.pe/noticia/23831-los-huesos-hablan-identifican-los-restos-de-tres-personas-desaparecidas-en-los-cabitos. Burt, Jo-Marie. “Justicia transicional en el post-conflicto de Perú: avances y retrocesos en la rendición de cuentas por abusos del pasado”, Revista Aportes (2013), pp. 49-54. Díaz Castillo, Ingrid. La violencia sexual y de género como crimen de lesa humanidad: análisis penal de sus implicancias en el ordenamiento interno. IDEHPUCP. Flujograma sobre el Código de Procedimientos Penales elaborado por Justicia Viva - IDL: http://www.justiciaviva.org.pe/reforma_implementacion/flujogramas/02.pdf Manacés Valverde, Jesús y Gómez Calleja, Carmen. Informe en minoría de la Comisión Especial para investigar y analizar los sucesos de Bagua. Abril de 2010. Portal Farfán, Diana. Justicia de Género. Violencia Sexual en Conflicto Armado Interno Peruano como crimen de Lesa Humanidad. Razonamiento jurídico y método de interpretación. Lima, Demus, 2013. Quispe, Juan José. A cinco años del Baguazo, ¿Hay justicia para todos? En: IDL, 4 de junio de 2014. Ver: http://www.idl.org.pe/noticias/cinco-a%C3%B1os-del-baguazo-%C2%BFhay-justicia-para-todos Ruiz Molleda, Juan Carlos. “Para entender los procesos judiciales del Baguazo”. En: Revista Argumentos, mayo 2014. Ver: http://www.revistargumentos.org.pe/procesos_judiciales_baguazo.html

http://bdpi.cultura.gob.pe/



http://www.justiciaviva.org.pe/reforma_implementacion/flujogramas/02.pdf

http://www.idl.org.pe/noticias/cinco-a%C3%B1os-del-baguazo-%C2%BFhay-justicia-para-todos

http://www.idl.org.pe/noticias/cinco-a%C3%B1os-del-baguazo-%C2%BFhay-justicia-para-todos

http://www.revistargumentos.org.pe/procesos_judiciales_baguazo.html

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ANEXO 4

CASOS DE DEFENSA LEGAL

4. 1 CASOS DE DEFENSA LEGAL

DE LOS CONFLICTOS AMAZONICOS

(CEAS – APRODEH — IDL)

Caso

Síntesis

Caso

Curva

del Diablo

(CEAS-IDL)

El 12 de junio de 2009, el Primer Juzgado Penal de Utcubamba aperturó proceso penal por los sucesos ocurridos el 5 de junio del 2009, en el lugar denominado “La Curva del Diablo”, ubicado en el Distrito El Milagro, Provincia de Utcubamba. Los delitos comprendidos en este proceso penal son: el delito de homicidio calificado, lesiones graves, atentado contra los medios de transporte de servicio público, motín y contra la tranquilidad pública. El número total de procesados en este caso suman 62, pero sólo 52 son derivados a juicio oral. El juicio oral, a cargo de la Sala Penal Liquidadora Transitoria de Bagua Chica, se inició en la ciudad de Bagua Chica el 14 de mayo de 2014.

Caso:

Estación 6

El 12 de junio de 2009, el Juzgado Penal de Bagua apertura proceso penal por los hechos ocurridos en el Oleoducto Nor Peruano (Petro Perú), de la Estación Nº 6, ubicado en el caserío de Kusu Grande, Distrito de Imaza, Provincia de Bagua, donde fueron asesinados 10 policías. Los delitos son: Secuestro Agravado (Por Lesiones Graves y Muerte), Extorsión, Disturbios y Arrebato de Armamento o Municiones de Uso Oficial.

El número total de procesados en este caso suman 24, de los cuales 9 de ellos fueron detenidos sin mediar flagrante delito ni orden judicial y 5 de ellos son dirigentes indígenas. El Vicariato de Jaén y CEAS patrocinan a 11 Awajún.

La etapa de la investigación judicial ya se concluyó y falta la acusación del Fiscal Superior de Bagua.

Caso:

Mayor Bazan

Actualmente se encuentra en la Sala Penal Liquidadora y de apelaciones de Bagua Capital. El mayor Bazán fue uno de los jefes a cargo del operativo de desalojo de la Curva del Diablo. Producto del operativo desapareció. Sin embargo, se ha abierto un proceso contra cuatro nativos y un mestizo por su supuesto homicidio, entre otros delitos. Los procesados son: Asterio Pujupat Waachapea, Feliciano Cahuasa Rolín y

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(CEAS)

Juan Cruz Cotrina. La etapa de investigación judicial ya finalizó y está pendiente la acusación del Fiscal Superior.

Caso:

“Los generales

PNP”

(APRODEH)

Proceso emprendido por los pobladores afectados de la Provincia de Bagua Grande (Utcubamba, Amazonas) por las lesiones graves y muerte de 20 civiles. Se procesan a 6 policías, sin embargo, en el 2009 se había denunciado a 12 policías. Actualmente, el proceso se encuentra en la etapa de instrucción. La parte civil ha realizado el pedido de investigación a Mercedes Cabanillas, ex-ministra del Interior. Los agraviados que sufrieron lesiones graves ya no podrán recibir la reparación civil porque el delito ya prescribió.

4.2 CASOS DE DEFENSA LEGAL DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO

(APRODEH)

Caso

Síntesis

Caso

Accomarca

(APRODEH)

La Sala Penal Nacional aperturó proceso penal por la matanza de 69 comuneros, ocurrida en la localidad de Accomarca, Ayacucho, el 14 de agosto de 1985, en noviembre de 2010. Los delitos comprendidos en este proceso penal son: el delito de delito contra la vida, el cuerpo y la salud – asesinato de 69 pobladores de Accomarca. El número total de procesados en este caso suman 29. Se logró realizar audiencias itinerantes en Ayacucho en 2013. El juicio oral ya tiene 4 años en curso y es previsto que culminará el próximo año.

Caso

Los Cabitos 1983

La Sala Penal Nacional aperturó proceso penal en el caso Los Cabitos el 26 de mayo de 2011. En este caso, siete altos mandos militares son procesados como responsables mediatos de la violación sistemática de DDHH de 53 víctimas. Según la CVR, el Cuartel Los Cabitos fue el principal centro de reclusión, tortura, desaparición y ejecución extrajudicial por parte de las fuerzas del orden, en el contexto de la lucha contra la subversión, especialmente durante 1983, 1984 y 1985. El juicio oral ya tiene 3 años y medio en curso y es previsto que

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culminará el próximo año. Se logró realizar audiencias itinerantes en Ayacucho en 2012 y 2013, así como la inspección ocular del cuartel y otras instancias militares en 2013. A su vez, se ha logrado identificar a 3 víctimas y restituir sus restos a sus familiares. Este juicio abarca solamente los hechos ocurridos en Los Cabitos durante 1983.

Caso

Huanta

(APRODEH)

Es este proceso se pretende juzgar la responsabilidad de los sucesos en el Estadio de Huanta en 1984, que se convirtió en centro de detención de las Fuerzas del Orden, y donde se cometió delitos de tortura, ejecución extrajudicial, y desaparición forzada. Varios casos están comprendidos en este caso, como la desaparición forzada del periodista Jaime Ayala; la masacre de los Evangélicos de Callqui; entre otros. Un total de 117 víctimas están incluidas en este proceso.6 Actualmente el caso sigue en etapa de instrucción o investigación judicial. Hay habido grandes demoras en este caso. Faltan realizarse diligencias importantes como la toma de ADN de algunos familiares, la remisión de los resultados de exámenes ya realizados el 2013 y la incorporación del delito de tortura o lesiones graves en agravio de decenas de pobladores que están solo en calidad de testigos. A pedido de la Fiscalía, y para agilizar el proceso, APRODEH solicitó al Juzgado que las diligencias se den no en Huamanga sino en Huanta, dado que la mayoría de los testimoniantes estaban en los anexos de una localidad de Huanta, distante y de difícil acceso. Ese pedido fue negado por el Juzgado, alegando temas de seguridad.

Caso

El Frontón

(APRODEH)

Es este proceso se pretende juzgar la responsabilidad de los sucesos en el Frontón el 18 y 19 de junio de 1986, cuando varios presos se amotinaron en este y dos prisiones más; luego, según APRODEH: “Por la tarde del 18 de junio, el entonces viceministro del Interior, Agustín Mantilla, llegó al penal y ordenó la suspensión del diálogo con los internos por orden expresa, según dijo, del presidente Alan García. Las acciones ocurrieron el día 19 de junio de 1986. El acto tuvo como resultado más de 200 internos y 3 infantes de marina muertos producto del enfrentamiento. Tras la intervención, el penal fue demolido.”7 Actualmente el caso sigue en etapa de acusación fiscal. No se pudo

6 “Huanta,” Página web de APRODEH, http://www.aprodeh.org.pe/index.php/casos/ayacucho/63-huanta-84

7 “El Frontón,” Página web de APRODEH, http://www.aprodeh.org.pe/index.php/casos/lima/44-el-fronton.

http://www.aprodeh.org.pe/index.php/casos/ayacucho/63-huanta-84

http://www.aprodeh.org.pe/index.php/casos/lima/44-el-fronton

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concretar el control de acusación, como consecuencia de maniobras dilatorias realizadas por la defensa de los marinos, quienes han cuestionado la imparcialidad de los jueces que iban a conocer el caso. APRODEH ha sostenido reuniones con la Presidencia de la Sala Penal Nacional para expresar su preocupación por la dilación del proceso. Se espera que al término del 2014 se haya resuelto los cuestionamientos a la imparcialidad de los magistrados y se dé inicio al juicio oral por el caso Frontón. El Tribunal Constitucional emitió una sentencia muy cuestionada por la sociedad civil amparando la prescripción de los hechos del Frontón.

Caso

Cayara

(APRODEH)

En este proceso se pretende juzgar a los responsables de la tortura y masacre de unos 20 campesinos de la localidad de Cayara el 14 de mayo de 1988 así como el asesinato posterior de varios testigos de la masacre. Al finalizar el proyecto, y luego de muchas dilaciones, el caso está con acusación fiscal, pero está tiene que ser revisada por la fiscalía en atención a que hay varios temas que aclarar y definir previos al juicio oral. Una vez que sea corregida la acusación fiscal, se procedería a la declaración de la apertura del juicio oral.

informe de sistematizaciÓn del proyecto - …€¦ · · 2015-06-30de los conflictos por tierra,...

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