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ImpactosBoletín del Observatorio sobre Nueva Geografía Económica, Impactos Socioambientales y Derechos Humanos

No. 3-4 Bogotá, Marzo de 2010

Boletín del Observatorio sobre Nueva Geografía Económica, Impactos Socioambientales y Derechos Humanos

Bogotá, marzo de 2010 Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos, ILSACalle 38 No. 16-45, Bogotá 2455955, 2884772

Auspicia Charles Stewart Mott Foundation

Este boletín hace parte del proyecto Fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en la integración regional y las inversiones en infraestructura en Colombia.

Responsables

Jairo EstradaMargarita Flórez Sergio Moreno

Contacto: ([email protected])Imp

ac

tos

Manejo de cambio climático en Colombia 2

Los retos de la gestión pública local frente a las nuevas iniciativas de integración latinoamericana 10

Rasgos de la geografía económica en Colombia (I) Aproximaciones analíticas y empíricas a propósito de la actual crisis capitalista: ¿más de lo mismo? 16

La “utilidad” de los TLC: con cara gano yo, con sello pierde usted 40

Contenido

MOTT FOUNDATIONChArles sTewArT

La región del pacífico, como área de gran importancia geopolítica, económica y ambiental en el contexto nacional e internacional, no es una excepción. Allí se condensan, en buena medida, las diversas expresiones del conflicto político, social, económico y ambiental que enfrenta Colombia. Las consecuencias para las comunidades afro colombianas e indígenas locales han sido devastadoras.

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Observatorio sobre Nueva Geografía Económica, Impactos Socioambientales y Derechos Humanos2

I. Introducción La participación del gobierno colombiano en la Con-ferencia de Cambio Climático de las Naciones Unidas llevada a cabo en el mes de diciembre de 2009 en la ciudad de Copenhague (COP 15), origina diversas reflexiones e inquietudes motivadas por sus plan-teamientos, uno de ellos expresado a través de la alocución televisada el 15 de diciembre, en la que el presidente Uribe señaló que el “gran enemigo de la selva que es el narcotráfico”1.

Durante la Cumbre se retomó el argumento anterior así como otros encaminados a: i) distanciar la respon-sabilidad del modelo capitalista en el cambio climá-tico; ii) partir de la base que la solución al problema es el fortalecimiento a las Instituciones Financieras Internacionales (IFI´s) salvaguardando su capital; iii) mostrar la “preocupación” gubernamental por el cui-dado de la selva; y el anteriormente señalado, sobre iv) la culpabilidad del narcotráfico en la destrucción del ambiente.

A continuación se analizarán algunas de las consideraciones del gobierno colom-biano hacia al Cambio Climático.

II. No hay tiempo para discusiones de fondoUna de los debates que debió darse en la Cumbre es el concerniente al actual modelo de desarrollo, que es la causa de los mayores impactos socio-ambientales,

ya que “la realidad del crecimiento incondicional bajo nuestras condiciones de reproducción metabólica social resulta ser la de un despilfarro al extremo y el amontonamiento de los problemas para que los en-caren las generaciones futuras”2. El sistema del capital se eleva como epicentro y superioridad en el planeta, y tal como indica Mészáros, si al mismo no se le pone

Una de los debates que debió darse en la Cumbre es el concerniente al modelo de desarrollo, que es la causa de los mayores impactos socio-ambientales, ya que “la realidad del crecimiento incondicional bajo nuestras condiciones de reproducción metabólica social resulta ser la de un despilfarro al extremo y el amontonamiento de los problemas para que los encaren las generaciones futuras”2.

Manejo de cambio climático en Colombia Freddy OrdoñezMayra TenjoInstituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA)

1 Alocución del Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, sobre la Convención del Cambio climático en Copenhague. [en línea]. [consultado 4 ene. 2010]. Disponible en: http://web.presidencia.gov.co/sp/2009/diciembre/15/13152009.html

2 MÉSZÁROS, István. El desafío y la carga del tiempo histórico. Caracas: Vadell hermanos Editores, 2008. p. 212.

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fin bien preciso en el futuro cercano, mientras estamos a tiempo de hacerlo, lo que nos espera con certeza absoluta es la autodestrucción de la humanidad3.

Algunos mandatarios como los presidentes Hugo Chávez y Evo Morales, propu-sieron el debate en torno al capitalismo como modelo lesivo del ambiente, en contravía actuó el gobierno colombiano, que esquivó la discusión del modelo y prefirió argumentos sobre las formas de reducción de emisiones, so pretexto que una controversia como la que se proponía prolongaría “la agonía del planeta”.

En otras palabras, se evidenció la nula intención de asumir el cambio climático como un efecto del mo-delo de vida y desarrollo, ya que la preocupación no es ambiental sino lograr la profundización y perpe-tuación de la economía global que ahonda la vulne-rabilidad del planeta, ya que “el sistema de capital, por no tener límites para su expansión, termina por convertirse en una procesualidad incontrolable y pro-fundamente destructiva”4, y esta característica expan-sionista, destructiva e incontrolable hace necesario el cambio del modelo, si realmente lo que se pretende es salvar al planeta y a la misma especie humana.

III. Colombia y los fondos IFI´S: ¿salvar el planeta o el capital?Las Instituciones Financieras Internacionales como el

Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mun-

dial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),

fundamentalmente han sido las actores del cambio

climático, ya que a través de sus políticas de financiación han suministrado re-

cursos a grandes proyectos energéticos, mineros y de infraestructura del sector

privado y público, que además de destruir y alterar los ecosistemas, e impactar

negativamente en las poblaciones locales, han y seguirán contribuyendo a la emi-

sión de Gases Efecto Invernadero (GEI).

Para las IFI´s el calentamiento global se ha convertido en un negocio ya que gran

parte de los fondos orientados al cambio climático serán manejados por ellas, y

apoyarán soluciones dudosas para revertir el daño, como el mercado de carbono,

los agrocombustibles, las hidroeléctricas y la energía

nuclear, lo cual no garantiza la disminución de GEI

pero sí la permanencia y el incremento de más nego-

cios rentables, es decir ahora ¡son los líderes del lucra-

tivo mercado internacional de carbono!

3 Ibíd. p. 32.

4 ANTUNES, Ricardo. La sustancia de la crisis. En : ESTRADA, Jairo (comp.). Crisis capitalista, economía, política y movimiento. Bogotá : Ediciones Espacio crítico, 2009. p. 53.

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Una prueba de lo anterior se advierte en que el texto

de la solicitud de recapitalización que ha hecho el BID

a los gobernadores de los países miembros por casi el

200%, en la propuesta GCI-9, la cual será discutida por

los gobernadores en Cancún – México, del 18 al 23 de

marzo del presente año, el tema del cambio climático

está presente. Esto se traduce en que además de reca-

pitalizar con nuestros recursos las IFI´s, éstas tendrán

mayor dinero para prestar a los gobiernos, a través de

los Fondos de adaptación y mitigación para el cambio

climático, lo que significa mayores condicionamien-

tos a las políticas internas de los países y el aumento

de la deuda pública externa.

Otra de las grandes preocupaciones del gobierno co-

lombiano se orienta a la búsqueda y reacomodo de

los programas ambientales del país frente a los gran-

des fondos de capital abiertos por las diferentes IFI´s

en sus políticas de cambio climático, como el Fondo

Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF,

por sus siglas en inglés), los Prestamos para Políticas de Desarrollo sobre el Cam-

bió Climático (DPL por sus siglas en inglés). Acá es de anotar que existe una gran

dificultad para dar seguimiento a los recursos que ingresan con destinación a fa-

vorecer la mitigación y adaptación al cambio climático ya que al final éstos dineros

entran a la gran bolsa del presupuesto público.

IV. “La selva es un pulmón de la humanidad”Otro de los pronunciamientos más destacados del gobierno sobre cambio climáti-

co es el referente al cuidado y protección de las selvas colombianas: “mantenemos

nuestro compromiso con la preservación de la selva”5, “creemos en la necesidad de re-

munerar el cuidado de la selva. La selva es un pulmón de la humanidad”6. Durante el

gobierno actual, la selva precisamente ha sido una de las principales víctimas del

modelo de desarrollo, y al respecto se destacan dos declaraciones anteriores: “La

nueva generación no va a entender que haya carretera de Panamá a Alaska y de Colom-

bia a la Patagonia, y que no la haya en ese tramito para

unir a las dos Américas”, y “me da mucha tristeza que mi

generación vaya a llegar a la hora postrera y que esa ca-

rretera no esté abierta. Se los digo con todo corazón”. La

primera expresada en el 2004, durante la XIV Cumbre

Iberoamericana, celebrada en Costa Rica, la segunda el

1ro de abril del 2009, y las dos son la manifestación del

Para las IFI´s el calentamiento global se ha convertido en un negocio ya que gran parte de los fondos orientados al cambio climático serán manejados por ellas, y apoyarán soluciones dudosas para revertir el daño, como el mercado de carbono, los agrocombustibles, las hidroeléctricas y la energía nuclear, lo cual no garantiza la disminución de GEI pero sí la permanencia y el incremento de más negocios.

5Intervención del Presidente Álvaro Uribe en la XV Cumbre de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. [en línea]. [consultado 4 ene. 2010]. Disponible en: http://web.presidencia.gov.co/sp/2009/diciembre/17/02172009.html

6Discurso del Presidente Uribe en la clausura de la XV Cumbre sobre el Cambio Climático. [en línea]. [consultado 4 ene. 2010]. Disponible en: http://web.presidencia.gov.co/sp/2009/diciembre/18/01182009.html

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deseo del Gobierno colombiano (deseo prolongado

durante por lo menos 5 años) de culminar la Carretera

Panamericana, en el “tramito” que falta: Colombia – Pa-

namá, conocido como “Tapón del Darién”, zona selváti-

ca considerada uno de los pulmones de la humanidad.

La construcción de la Carretera Panamericana en el Tapón del Darién, se presenta como un ecocidio a manos de intereses de sectores económicos colom-bianos, especialmente de Antioquia. La carretera es una necesidad para acercar de una forma más ágil a Colombia a los mercados de Panamá y Centroaméri-ca, mercados a los que se busca llegar inicialmente con la venta de energía y gas, y posteriormente con toda una oferta industrial. Esta carretera impactaría la Reserva Forestal del Pacífico y el Parque Nacional Ka-tíos. La zona del Darién fue declarada por la UNESCO como patrimonio mundial y reserva de la biosfera y además es considerada por la comunidad científica internacional como una de las 25 regiones más im-portantes del mundo para salvar la biodiversidad. La propuesta de construir una carretera en el Tapón del Darién fue reprobada unáni-memente durante el Congreso Mundial de la Conservación, realizado en Tailandia del 17 al 25 de noviembre de 2004.

Ante la imposibilidad de construir en el futuro inmediato la carretera binacional y como una forma de tener todo listo para cuando se pueda hacer “el tramito”, se ha propuesto la ampliación y mejoramiento de la Vía Panamericana del Darién, en el trayecto Lomas Aisladas – Cacarica, de 51 kilómetros, y que igualmente tiene un impacto nocivo en zonas selváticas del Chocó y Antioquia. A la par de esta, se pro-yectan a nivel nacional otras vías que afectarán zonas selváticas y que se proponen o desarrollan bajo la administración Uribe, por ejemplo: Medellín – Quibdó; Animas – Nuquí y Tumaco – Pasto – Mocoa. De esta forma el desmonte de la selva para que circule el capital global es la manera de proteger el “pulmón de la humanidad”.

V. “El narcotráfico destruye la selva”El argumento central del gobierno colombiano en la Cumbre fue responsabilizar al narcotráfico por la destrucción de la selva. Esta tesis no es novedosa en la ad-ministración Uribe, pues en octubre de 2007, su ex Ministro de Defensa (hoy pre-candidato presidencial), Juan Manuel Santos, afirmó que los grupos armados y el narcotráfico tienen un alto grado de responsabilidad en el calentamiento global, concretamente Santos acusó a las FARC de ser “los más grandes contribuyentes al

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calentamiento global”7. En la Cumbre el mandatario nacional, señaló que los cam-pesinos vinculados al Programa de Familias Guardabosques (PFGB), antes des-truían la selva para “sembrar narcóticos”, ahora mantienen unas “áreas libres de drogas ilícitas”, indicando que PFGB es un ejemplo para el mundo en cuanto a preservación de bosques y selvas. Es pertinente indicar que frente al conocido re-duccionismo de los problemas del país al narcotráfico y a los llamados “narcoterro-ristas”, el aporte colombiano al calentamiento global no proviene de los cultivos de coca sino de la deforestación de la selva con fines pecuarios8.

Con relación a los cultivos de uso ilícito y su impacto ambiental debemos tener en cuenta que las estrate-gias implementadas dentro de la guerra contra los mismos, declarada por los gobiernos ha tenido un impacto ambiental negativo básicamente por dos razones: (i) han distribuido en otros espacios de la geografía nacional las plantaciones, estas nuevas zonas deben gozar de condiciones de difícil acceso para los erradicadores y los aviones fumigadores, es decir zonas selváticas; y (ii) las propuestas de erra-dicación y fumigación, no son las ambientalmente más convenientes ya que para que se presentara una reducción de 18.000 hectáreas entre el 2007 y el 2008 se debieron fumigar 133.496 hectáreas de zonas donde se presumía existían cultivos de coca, léase selvas y montañas9.

De otro lado, el programa de Familias Guardabosques,

no es una opción que consolide el capital humano y

social para lograr trasladar a los antiguos cultivadores

de la hoja de coca a la legalidad ni el programa a partir

de su fase III tiene efectos significativos en la reducción

de las tasas de homicidios en los municipios inclui-

dos10. Y finalmente los mismos informes sobre el segui-

miento al PFGB, señalan que de las familias vinculadas

ahora al programa, anteriormente un 29.6% obtenían

sus ingresos de la propiedad de los cultivos ilícitos y un

19.6% de las familias vivían de jornalear en cultivos ilí-

citos11. Es decir un 49.2% vivía de lo que daban los cul-

tivos ilícitos, lo que significa que menos del 50%, de los

hoy vinculados al Programa, podría decirse, “afectaban

de alguna manera el ambiente”, es decir el programa

tiene únicamente un 50% de beneficio ambiental.

Con relación a los cultivos de uso ilícito y su impacto ambiental debemos tener en cuenta que las estrategias implementadas dentro de la guerra contra los mismos, declarada por los gobiernos ha tenido un impacto ambiental negativo.

7 Farc son las más grandes contribuyentes al calentamiento global, afirmó

Ministro de Defensa. En : El Tiempo. 18 oct. 2007. [en línea]. [consultado 4 ene.

2010]. Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-

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8 Al respecto ver: MOLANO, Alfredo. Malabares, En : El Espectador. 12 dic. 2009. [en línea]. [consultado 4 ene. 2010]. Disponible en: http://www.elespectador.com/columna177022-malabares

9 Ver: OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO, Colombia. Monitoreo de Cultivos de Coca, Bogotá, UNODC, junio de 2009.

10 MARTÍNEZ, Catalina. Impacto del programa familia guardabosques sobre la criminalidad. Bogotá : Universidad de Los Andes, Facultad de Economía – Cede, 2008. pp. 25 – 26.

11 AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL y OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO. Informe Ejecutivo sobre el Seguimiento a los Programas de Familias Guardabosques y Proyectos Productivos. Monitoreo, Seguimiento y Evaluación al Desarrollo Alternativo en Colombia. Bogotá : Acción Social y UNODC, 2008. p. 13.

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La problemática socioambiental originada por los cultivos de uso ilícito no se resuelve

con el modelo agropecuario que se plantea desde los programas gubernamentales. Y

el PFGB no es la propuesta más acertada para solucionar los conflictos socio ambien-

tales, y por el contrario parece que trae consigo la formación de nuevos conflictos.

VI. El buen derrotero de entregar tierra a comunidades indígenasDurante la cumbre, el gobierno pretendió demostrar que tienen un amplio programa de otorgamiento de tierras a comunidades indígenas, lo cual es abierta-mente falso, y eso se nota en las tensas relaciones de los pueblos indígenas y el gobierno actual, principal-mente en las reclamaciones por el derecho a la tierra que han adelantado las comunidades, derecho que ha negado en reiteradas ocasiones la administración:

El 27 de noviembre de 2006, el Ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias manifestó que debido a los lamen-tables hechos ocurridos ese día en Caloto (Cauca), el Gobierno no iba a comprar las tierras que los indígenas reclamaban. En mayo de ese año, el Ministro ya había manifestado que no habría “ni una hectárea más de tie-rra para los indígenas”12.

Si bien es cierto que en Colombia se han constitui-do resguardos indígenas que ocupan 31.695.421,10 hectáreas (22% del territorio nacional), estas tierras tienen como referente principal no “el buen derrote-ro de los gobiernos de entregar tierras a las comunida-des” (ausente en el presente período), sino que son producto de movilizaciones de comunidades dirigidas a recuperar y reestructu-rar resguardos coloniales; y a titulaciones en territorios baldíos principalmente en la Amazonía, Orinoquía, Pacífico y Guajira13. Contrario a lo planteado por el Ejecutivo, existen zonas solicitadas por las comuni-dades para que les sean reconocidas, cuya exten-sión es de 1.623.965 hectáreas, solicitudes que han encontrado obstáculos y dificultades en las institu-ciones gubernamentales para su titulación, tal es el caso de los territorios ubicados en el departamento del Cauca, donde los indígenas reclaman 309.000 Has, las cuales son negadas por los terratenientes y la clase política14.

12 MESA DE PUEBLOS INDÍGENAS Y DESC. Ni una hectárea más para los indígenas. En : PLATAFORMA COLOMBIANA DE DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA Y DESARROLLO. Sin democracia, sin derechos. Quinto año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Bogotá : Coordinación Colombia–Europa–Estados Unidos, Plataforma colombiana de derechos humanos, democracia y desarrollo, 2008. p. 105.

13 Ibíd. p. 106.

14 Ibíd.

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Las tierras tituladas a los indígenas son insuficientes, pues las comunidades tienen otra forma de relacionamiento con la tierra que adquiere la condición de territorio, para los indígenas la tierra no es una “propiedad” tal como se concibe en las socie-dades occidentales urbanas.

VI. La producción colombiana de biocombustibles: a expensas de la seguridad alimentaria y de la selva

Uno de los argumentos que generaron mayor moles-tia es el relacionado con los agrocombustibles, mal llamados “biocombustibles”, ya que el gobernante durante su intervención en la Cumbre mencionó: “Co-lombia es en Latinoamérica el segundo productor de etanol y el primer productor de biodiesel. Lo hacemos con tres compromisos: no derribar la selva; no limitar la seguridad alimentaria; y garantizar entre las planta-ciones de caña de azúcar, palma africana y los biocom-bustibles, una ganancia neta en absorción de dióxido de carbono”15.

Se debe aclarar que los agrocombustibles son una modalidad de “eco-negocio” que tiene como bandera la reducción de los combus-tibles fósiles, al aumentar su proporción en mezcla con etanol. Lo cierto es que es un negocio impulsado por los dueños de las plantaciones de caña de azúcar para producir etanol y biodisel, que son mayormente empresarios privados de alto re-conocimiento a nivel nacional e internacional y que gozan de cercanía al círcu-lo del poder como contribuyentes en las campañas presidenciales; el Gobierno ha utilizado las estructuras del poder para apoyar a sus amigos y colaboradores agroindustriales16.

Ha sido tal la alianza entre agroempresarios y el Gobierno nacional que tierras asignadas a la población desplazada han pasado, o se ha intentado pasarlas a ma-nos de la agroindustria, como la famosa finca Carimagua en el Meta. En el mismo sentido, las tierras que afirman haber sido concedidas colectivamente a grupos ét-

nicos están siendo arrebatadas por los grupos paramili-tares para cultivos de palma africana como se demuestra con los territorios colectivos de las comunidades negras de Jiguamiandó, Curvaradó, Domingodó en Chocó.

Las bondades de estos productos no son tantas como se promueven, pues la elaboración de agrocombustibles requiere de mayor energía que la que se produce, espe-

Ha sido tal la alianza entre agroempresarios y el Gobierno nacional que tierras asignadas a la población desplazada han pasado, o se ha intentado pasarlas a manos de industriales, como la famosa finca Carimagua, en el Meta.

15 Intervención del Presidente Álvaro Uribe en la XV Cumbre de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. [en línea]. [consultado 4 ene. 2010]. Disponible en: http://web.presidencia.gov.co/sp/2009/diciembre/17/02172009.html

16 ÁLVAREZ ROA, Paula. Una mirada sobre la transformación del campo: el caso de los agrocombustibles en Colombia. En : MONCAYO, Héctor, et al. La cuestión agraria hoy. Colombia: Tierra sin campesinos. Bogotá : INSTITUTO LATINOAMERICANO DE SERVICIOS LEGALES ALTERNATIVOS, 2008. p. 152.

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cialmente se requiere combustible fósil (derivados del petróleo) para la obtención de los insumos de producción agrícola industrial y para las plantas de fabricación. Y de otro lado para que los agrocombustibles sustituyan la gasolina habría que ampliar considerablemente la frontera agrícola, usar grandes cantidades de agua y de insumos químicos, lo que evidentemente trae graves consecuencias ambien-tales.

VII. Unas breves reflexiones finalesLa participación del gobierno nacional en la Cumbre para el Cambio Climático, estuvo orientada a la defensa del modelo depredador capitalista, bajo la pre-tensión de crear una falsa imagen internacional de preocupación por el am-biente, justificado –en la aflicción por el cuidado de la selva– en su cruzada interminable contra el narcotráfico, de igual forma justificado en la favorabili-dad de los grandes sectores económicos y políticos, vinculados a las grandes plantaciones y a la extracción de recursos energéticos y mineros, que degradan el medio natural.

Nuevas resistencias, nuevas emancipaciones y nuevas críticas surgen ante las pro-puestas de los Estados desarrollados y las potencias, partiendo de un ambienta-lismo popular, renovado y alternativo, donde el campesinado, los indígenas y los afrodescendientes juegan un papel central, pues como diría la Vía Campesina “el futuro está en manos del pueblo”.

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I. IntroducciónLas nuevas dinámicas de globalización, generadas desde la segunda mitad del siglo XX, presionaron a los actores del orden supranacional y transnacional, a asumir roles y funciones que antes eran exclusivos del Estado–Nación, adoptaron la característica especial de desvincularse de cualquier esquema territorial sobera-no definido, buscaron territorios que les maximizaran las condiciones de orden productivo, fiscal, geográfico y social, y generaron transformaciones a su favor en las estructuras políticas, culturales para acceder a grandes beneficios de rentabilidad económica1.

Los actores transnacionales, apoyados en los organis-mos supranacionales a partir de la cooperación y la asociación de Estados, “generan reglas adoptadas por los organismos internacionales o como resultados de acuerdos multilaterales que están por encima de las normas internas de un Estado2”, para influir desde su interés en los acuerdos bilaterales o multilaterales para la conformación de organizaciones regionales.

La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) expresión concreta de la propuesta ALCA (Área de Libre Comercio de las Améri-cas), es uno de los actores supranacionales formalizada en el año 2.000. Colombia como Estado-Nación es miembro de ésta iniciativa, y participa en dos de sus ejes

de integración: el Andino y el Amazónico.

Desde entonces las directrices y lineamientos de la IIR-SA han ejercido una importante influencia sobre los

procesos de decisión y organización de las estructuras

políticas y administrativas del Estado colombiano con

grandes proyectos de infraestructura víal, energética

Los retos de la gestión pública local frente a las nuevas iniciativas de integración latinoamericanaMayra Tenjo Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA)

1 DALLANEGRA P. Luis, “Las sociedades supranacionales, (Actores Transnacionales, transformación estructural del Estado y Grandes Tendencias Mundiales)”, Congreso Internacional sobre Administración y Desarrollo Local en el contexto de sociedades supranacionales. ESAP Territorial Antioquia -Choco. Medellín 2.000, pág. 2, 23-24.

2 Ibídem., págs. 7-8.

El Estado colombiano, de una manera simplista, ha decidido que sus políticas se orientan bajo el slogan de “buen gobierno”, pero lo que realmente hace es restringir la atención de la demanda de servicios, asumir limitadamente la asignación de los recursos, evidentemente se ha desatendido las grandes problemáticas e impactos de las acciones de integración que muestran grandes conflictos en lo social, ambiental y económico.

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y de comunicaciones. Si bien la integración IIRSA se apoya en la entrega de facul-

tades soberanas por parte de los Estados miembro, para permitir la movilidad de

capitales, existe un primer interrogante: ¿Cómo estas nuevas dinámicas de inte-

gración han permeado la administración de lo público? La gran problemática de la

reforma del Estado y de la administración pública, se vincula directamente al surgi-

miento de la “gestión pública para la integración”, dado que su objetivo principal es

generar capacidad institucional y gerencial de la integración.

II. La realidad de la integración en la gestión pública colombianaLa Constitución Política colombiana de 1991, intro-

dujo el tema de la integración regional en el Estado

colombiano, en el preámbulo y los artículos 9, 96, 150

y 227, acentúan el dinamismo y la promoción de la

política exterior colombiana frente a la integración

latinoamericana y del Caribe en los espacios econó-

mico, social y político. Al ser el Congreso el encargado

de aprobar los tratados internacionales, será el res-

ponsable de la transferencia parcial de determinadas

atribuciones a los organizaciones internacionales, es

decir, la misma constitución faculta al legislador para

trasladar las competencias del Estado colombiano a

la entidad supranacional3.

La estrategia de los programas, y las organizaciones

supranacionales como la IIRSA obedece al actual

modelo hegemónico de desarrollo progresista y ex-

pansionista basado en una visión centralista de los

Estados haciendo a un lado la gestión local. Esta lógi-

ca ha generado choques entre los niveles de gobierno, y grandes problemáticas a

nivel local, tales como la disminución de las autonomías locales, el aumento de las

interdependencias por la excesiva centralización del poder y los vicios burocráti-

cos de los gobiernos, además del incremento en la fragmentación, y la reproduc-

ción de la marginación de los pueblos.

El Estado colombiano, de una manera simplista, ha

decidido que sus políticas se orientan bajo el slogan

de “buen gobierno”, pero lo que realmente hace es res-

tringir la atención de la demanda de servicios, y asumir limitadamente la asignación de los recursos, evidente-

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Parte de la carretera del tramo 2, entre Urcos e Inambari en Perú .

3 Jiménez William W., “Internacionalización e integración, los retos sobre la gestión pública de la ciudad. El caso Bogotá D.C.”. Ponencia para el IX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Madrid, España, 2 – 5 Nov. 2004, p. 5.

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mente se han desatendido las grandes problemáticas e impactos de las acciones de integración que muestran grandes conflictos en lo social, ambiental y económico; y se acentúa la privatización tanto de las tareas como de las empresas del Estado, encargadas y responsables de la actuación administrativa en éstos asuntos.

La actual supremacía del modelo vertical en la gestión pública colombiana, frente

a los cambios geopolíticos es innegable, con poco respeto por los procesos loca-

les y la historicidad dinámica del propio Estado y sus

componentes, aspectos que han incrementado las

tensiones políticas y sociales que dificultan la gober-

nabilidad, debido a la limitación de comprensión de

los procesos sociales de base implicados en el orde-

namiento y uso del territorio4.

A pesar del intento de la gestión pública local en invo-

lucrar procesos de planeación, ejecución, seguimien-

to, evaluación, control, rendición de cuentas, entre

otras más herramientas que direccionan el desarrollo

local5, éstas han sido completamente vulneradas por

las negociaciones que se llevan en la esfera suprana-

cional con el gobierno, ya que se basan en un total

desconocimiento y desarticulación de las realidades

en el ámbito local.

Esta dicotomía se refleja en las herramientas de pla-

neación como son los Planes de Desarrollo Municipal

/ Departamental (PDM – PDD) y los Planes de Orde-

namiento Territorial, muchos de los cuales han sido

equívocos, ya que se basan en leyes, con poco alcan-

ce, sobre regionalización, descentralización y medio

ambiente, que adoptan caretas de desarrollo y ordenamiento pero que no llegan

al fondo de una solución orgánica, referente a las políticas macro de amplia visión

supra estatal basadas en la epistemología del territorio y en la humanización de las

relaciones en el espacio/tiempo6.

La descentralización financiera-administrativa de las

entidades territoriales con base en el Sistema General

de Participaciones SGP ha creado disparidades debi-

do a las diferenciaciones regionales y sociales en la

asignación y provisión de bienes y servicios públicos.

Además debe tenerse en cuenta que muchos de los

municipios dependen básicamente de las transfe-

rencias giradas desde la nación7, y esto significa que

La actual supremacía del modelo vertical en la gestión pública colombiana, frente a los cambios geopolíticos es innegable, con poco respeto por los procesos locales y la historicidad dinámica del propio Estado y sus componentes, aspectos que han incrementado las tensiones políticas y sociales que dificultan la gobernabilidad, debido a la limitación de comprensión de los procesos sociales de base implicados en el ordenamiento y uso del territorio

4 Fals B. Orlando, “El Territorio como Construcción Social”, Revista Foro No. 38, Bogotá 2.000, pág.47.

5 Se parte del supuesto que las acciones autónomas que toman los municipios como entidades territoriales, son para el cumplimiento de los compromisos democráticamente concertados y en atención de los intereses de desarrollo local.

6 Fals Op. Cit, pág. 45.

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los municipios poseen una autonomía relativa ya que la estructura de gastos por transferencias obedece a un marco normativo del nivel nacional, no se puede orientar el desarrollo local, ni el gasto para atender las prioridades y necesidades especificas locales; y mucho menos atender los impactos sociales, ambientales, económicos, culturales generados por los grandes proyectos de integración pla-neados desde la IIRSA.

III. Los retos de la gestión pública local frente a la integración La Constitución Política en su artículo 287, establece:

“las entidades territoriales tienen capacidad de gestio-

nar sus propios intereses, con lo cual se pretende con-

solidar un mayor grado de identidad de la población

con las autoridades administrativas más próximas, ge-

nerar la confianza que le permita a las administracio-

nes locales alcanzar la gobernabilidad y legitimidad

de sus acciones”.

Es decir, la carta constitucional de un lado identifica

el papel de Colombia en la integración, pero del otro

establece que, los nuevos retos de integración deben

partir de la base local. En este sentido aparece el con-

cepto de lo glocal como el surgimiento de los Esta-

dos locales al implicar la multiplicidad de actores que

influyen en el ámbito global sin definir una unidad,

pero conectados directamente con el mercado mun-

dial y participantes de su política8.

La“ gestión pública de integración” debe tomar el es-

pacio local como el escenario donde se aplican las

políticas de integración, y donde se realiza la con-

certación entre administración pública, actores pri-

vados y ciudadanos. Por lo tanto es imperativo que

la gestión pública actual deba reajustarse frente a

los nuevos retos organizacionales e institucionales9

en lo político, social y económico. Desde este punto

de vista la conformación de una nueva concepción

de ordenación del territorio para el desarrollo local,

aparece como respuesta a las nuevas dinámicas

globales.

7 La medición del desempeño fiscal en el marco de la ley 617 conlleva a tratar un conjunto de variables, para determinar la capacidad financiera y la solvencia necesaria de los municipios, para el cumplimiento de las funciones establecidas en la Constitución, la ley y el cumplimiento de su “Plan de Desarrollo Municipal PDM”, de allí la importancia de conocerlas y analizarlas. Para mayor información véase la medición de desempeño fiscal y los ranking municipales, que anualmente son realizados y publicados por el Departamento Nacional de Planeación DNP.

8 Triana Adolfo, “Relatoría del texto “Mundialización, reforma política y Derecho” por Adolfo Rodríguez, p. 2.

9 Jiménez William W., “Internacionalización e integración, los retos sobre la gestión pública de la ciudad. El caso Bogotá D.C.”. Ponencia para el IX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Madrid, España, 2 – 5 Nov. 2004, p. 2-3.

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Entonces la organización y gestión del territorio tendrá que reflejar el grado de

prevención local, hilvanando los procesos históricos y sociales que involucran

dimensiones políticas, institucionales, económicas, culturales, científicas y tec-

nológicas, en un espacio geográfico y con sus respectivos recursos.

Precisamente la integración regional presiona al cambio a la gerencia de las organizaciones de la gestión pública local pero esto no determina que los sistemas de gestión existentes sean eliminados, sino más bien adaptados y fortalecidos; tal vez im-plique la creación de nuevos, pero ciertamente la diferencia de ésta propuesta radica en la interde-pendencia que éstas organizaciones deben asumir en la red organizacional frente a la coordinación de políticas comunes10, lo cual señala la necesidad de adoptar nuevas competencias y responsabilidades para atender la integración11, por parte de las ges-tiones públicas locales.

El cambio en las organizaciones de la gestión públi-ca local, también debe implicar la ampliación de sus

estructuras hacia la pluralidad, entendida como la base en que múltiples grupos que se diferencian, alcanzan un punto de decisión efectiva desde relaciones ex-ternas e internas. El nivel de gobierno local se vería bastante beneficiado ya que ganaría mayor gobernabilidad por el contacto directo con su población, o mejor aún, es la base de la construcción democrática; es importante mencionar que esta opción podría llegar a generar dificultades en el proceso para llegar a acuer-

dos y aún más implicaría un riesgo alto de romper la estabilidad, por lo cual dependerá también de los actores locales12 el desarrollo local al involucrarsen en la dinámica de integración.

Podría sintetizarse que los retos de la Administración local radican en: 1) la inserción en los espacios econó-micos globales, ya que en el ámbito local es donde se reacomodan las nuevas condiciones del mercado competitivo, y 2) la atención del desarrollo local, don-de debe primar la construcción territorial del espacio para las decisiones públicas de abajo hacia arriba, te-niendo en cuenta la importancia y las relaciones ho-rizontales entre los actores, personas e instituciones que desarrollan acciones directas a nivel municipal y departamental.

10 Metcalfe, Les. “Cotejando las capacidades gerenciales con las cambiantes necesidades de la integración”, en: I Congreso Interamericano del CLAD, Rio de Janeiro. 1993. Pág 2-5.

11 También ha de tenerse en cuenta que el gobierno local tiene su expresión en el fortalecimiento espacial de las competencias del municipio en materia de desarrollo y en la creación de instrumentos de apoyo a la gestión municipal acorde al desarrollo regional, Vargas Hernández José G., “Algunos planteamientos sobre la gestión pública local del desarrollo regional”, en Contribuciones a la Economía, diciembre 2003 en http://www.eumed.net/ce/, consultada el 16 de febrero de 2.009. pág 1.

12 Van Hermelrick (2001) define el espacio local como un sistema compuesto de “un conjunto de subsistemas en interacción dinámica entre sí y con su medio ambiente, cuya finalidad es la satisfacción de necesidades.” El mismo autor entiende el desarrollo local como “un proceso basado en alianzas entre actores, que se genera en un ámbito territorial inmediato, con el fin de impulsar procesos de cambios para el mejoramiento de su bienestar colectivo.”

El cambio en las organizaciones de la gestión pública local, debe implicar la ampliación de sus estructuras hacia la pluralidad, entendida como la base en que múltiples grupos que se diferencian, alcanzan un punto de decisión efectiva desde relaciones externas e internas.

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Dallanegra P. Luis, “Las sociedades supranaciona-les, (Actores Transnacionales, transformación estructural del Estado y Grandes Tendencias Mundiales)”, Congreso Internacional sobre Administración y Desarrollo Local en el con-texto de sociedades supranacionales. ESAP Territorial Antioquia -Choco. Medellín 2.000.

Fals B. Orlando, “El Territorio como Construcción So-cial”, Revista Foro No. 38, Bogotá 2.000.

Jiménez William W., “Internacionalización e integra-ción, los retos sobre la gestión pública de la ciudad. El caso Bogotá D.C.”. Ponencia para el IX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pú-blica, Madrid, España, 2 – 5 Nov. 2004.

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Bibliografía

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I. IntroducciónLa siguiente intervención tiene como punto de parti-da una pregunta muy sencilla: ¿qué interés puede re-vestir para un líder campesino de Nariño, una lideresa de los pueblos indígenas del Cauca, un sindicalista afrodescendiente de los corteros de caña en el Valle —entre otros representantes de los sectores popu-lares— la discusión sobre las reorganizaciones geo-gráficas derivadas de la actual fase de acumulación capitalista (incluyendo sus escenarios de crisis)? ¿No hace parte de una discusión “erudita” que sólo puede concitar el interés de los sectores académicos?

Pues bien, pese a la opinión de aquellas personas que sostienen la imposibilidad de abordar estos asun-tos, en toda su rigurosidad y densidad, junto con los líderes y las lideresas de los sectores populares y de los movimientos sociales, queremos reivindicar al carácter político de la cuestión, y en tanto políti-co, sabemos que despierta el interés, y sobretodo la

preocupación, de amplios sectores sociales-populares heterogéneos, múltiples, incluso contradictorios.

Las lógicas y las dinámicas históricas del capitalismo han implicado un ataque frontal contra las formas populares de organización, producción e intercambio. Como consecuencia, presenciamos fuertes disputas en torno a los conceptos de territorio y de territorialidad. Por lo general, para los sectores populares, especial-mente para los grupos étnicos, las nociones de territorio y de territorialidad, así como las prácticas asociadas, se derivan de correlaciones entre dimensiones físi-cas/bióticas y dimensiones simbólicas, históricas, políticas y económicas. Se trata de una suerte de ontología relacional con la tierra como espacio para el desenvol-vimiento vital, para la reproducción ampliada de la vida. Estas concepciones son

Rasgos de la geogRafía económica en colombia (i) Aproximaciones analíticas y empíricas a propósito de la actual crisis capitalista: ¿más de lo mismo?

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Los contenidos del presente documento no constituyen una “primicia”, como quisieran los cazadores de novedades. Simplemente busca suministrar algunas claves de análisis para comprender uno de los rasgos contenidos dentro de las trayectorias históricas recientes de la acumulación capitalista en Colombia.

contradictorias con la disposición de (nuevos) espacios para la acumulación de capital, con las geografías de la acumulación capitalista. Es por eso que abordar este problema resulta de la mayor importancia.

Los contenidos del presente documento no constituyen propiamente una “primi-cia”, como quisieran los cazadores de novedades1. Simplemente busca suministrar algunas claves de análisis para comprender uno de los rasgos contenidos dentro de las trayectorias históricas recientes de la acumulación capitalista en Colombia: las reconfiguraciones geográficas. De igual modo, trata de aportar elementos de utili-dad para animar el debate con líderes y lideresas de los sectores populares y de los movimientos sociales.

Hemos dividido la exposición en dos partes. En la primera, incluida en la presente edición de Impac-tos, trazamos algunas claves para tratar de com-prender la gama de situaciones relacionadas con la reorganización geográfica del proceso de acumula-ción capitalista, incluyendo asuntos específicos del caso colombiano. Incorporamos aspectos teóricos e históricos útiles para tratar de comprender dicha reorganización. En la segunda, de aparición en una próxima edición del presente boletín, rastreare-mos y profundizaremos sus expresiones empíricas y sus relaciones con la actual crisis capitalista iden-tificando aspectos estratégicos (i.e.: Adecuación de espacios para la producción de agro-combustibles, para la extracción de recursos minerales, para la ex-plotación de hidrocarburos, zonas francas uniempre-sariales, contratos de estabilidad jurídica, políticas de privatización, incentivos tributarios, subsidios a los productores de agrocombustibles, entre otros) que permiten comprender su significado conjunto y sus tendencias recientes.

II. Los antecedentes. Transformaciones del modo de regulación y del régimen de acumulaciónLa discusión sobre el carácter, la naturaleza, los alcan-

ces y los impactos de la crisis ha comportado diversos

tipos de análisis. No obstante, amplios sectores inte-

1 La cuestión espacial y geográfica del capitalismo ha sido objeto de amplio debate en Colombia. Sólo a manera de ilustración, elaboraciones importantes pueden encontrarse en María Soledad Betancur, “La globalidad de la producción. Los impactos territoriales de las transformaciones productivas”, en María Soledad Betancur (coordinadora), Globalización: cadenas productivas & redes de acción colectiva: reconfiguración territorial y nuevas formas de pobreza y riqueza en Medellín y el Valle de Aburrá, Tercer Mundo, Bogotá, 2001, pp. 37-62; Jairo Estrada, “Transnacionalización y nueva espacialidad capitalista. Elementos de economía política de la inversión extranjera en Colombia”, ponencia preparada para VI Conferencia Internacional de Estudios Americanos, Seminario del Grupo de Trabajo de CLACSO sobre Economía Mundial, Corporaciones Transnacionales y Economías Nacionales / Red de Estudios de la Economía Mundial (REDEM), La Habana, Cuba, 21 al 23 de Noviembre de 2007, disponible en Internet http://www.redem.buap.mx/ [consulta: octubre 22 de 2008]; también debe destacarse el ya clásico trabajo de Víctor Manuel Moncayo, Espacialidad capitalista y políticas estatales: hacia un entendimiento crítico de las políticas estatales sobre la espacialidad capitalista, CINEP, Bogotá, 1982.

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lectuales, fundamentalmente de raigambre crítica, están de acuerdo en afirmar

que la actual crisis desborda las dimensiones financieras, incluso económicas. Es

por tal motivo que ha sido caracterizada como una crisis de la tendencia histórica

de la acumulación en su fase neoliberal. Además, desde el punto de vista estruc-

tural, se manifiesta como una condensación contradictoria de múltiples crisis: ali-

mentaria, energética, climática, ambiental, política y hasta cultural.

Durante los últimos treinta años del siglo XX y lo que va del siglo XXI, la economía

política del capitalismo ha sido susceptible de una serie de transformaciones re-

lacionadas con la dimensión político-institucional de

los poderes y las prácticas estatales, antagonismos en

el mundo del trabajo, diversos ámbitos de la produc-

ción y la reproducción del capital, nuevos ciclos de

violencia, configuraciones y reconfiguraciones geo-

gráficas y geopolíticas. En conjunto, dichos cambios

-que pueden agruparse bajo la categoría de proceso

de neoliberalización2- han sido expresivos de una tran-

sición en el régimen de acumulación y su correspon-

diente modo de regulación social y político3.

En la actual crisis se manifiestan, precisamente, las di-

ficultades del modo de regulación y del régimen de

acumulación que el capitalismo edificó durante la dé-

cada de 1970, incluyendo sus aparatos instituciona-

les. ¿En qué consistían? A continuación hacemos un

breve recuento de sus elementos más importantes.

En la década de 1970, la correlación de fuerzas dentro del capitalismo se alteró

notablemente. Desde ese momento, los sistemas bancarios y financieros actua-

rían de forma mucho más autónoma. El incremento en el poder de coordinación

del sistema financiero iría en detrimento del poder de los Estados nacionales. Se

“liberarían” así los flujos de capital y se implementa-

rían nuevas directrices de política fiscal y monetaria.

En 1973, con la ruptura del acuerdo de Bretton Woods

-mecanismo que regulaba las finanzas y el comercio

internacional- se adoptaron sistemas flexibles para el

tipo de cambio y los Estados quedaron subordinados

a la disciplina financiera e institucional.

El Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacio-nal (FMI) se constituirían como las autoridades encar-gadas de ejercer control sobre los Estados nacionales frente a las negociaciones financieras internacionales.

En la década de 1970, la correlación de fuerzas dentro del capitalismo se alteró notablemente. Desde ese momento, los sistemas bancarios y financieros actuarían de forma mucho más autónoma. El incremento en el poder de coordinación del sistema financiero iría en detrimento del poder de los Estados nacionales.

2 Al respecto véase David Harvey, Breve historia del neoliberalismo, Akal, Madrid, 2007.

3 La escuela de la regulación concibe el régimen de acumulación como una estabilización de la asignación del producto neto entre el consumo y la acumulación. De ahí que exista correspondencia directa entre las reconfiguraciones de las condiciones de producción y la reproducción de los asalariados. La materialización de dicho régimen implica el desarrollo de un conjunto de normas e instituciones para aportarle consistencia política al esquema de reproducción del capital. Véase: Alain Lipietz, El capital y su espacio, Siglo veintiuno editores, México, 1979 y Michel Aglietta, Regulación y crisis del capitalismo: la experiencia de los Estados Unidos, Siglo veintiuno editores, México, 1979.

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Desde luego que el Estado tenía que conservar algunos poderes, sobre todo para proyec tar la estrategia de acumulación. En concreto, dichos poderes ejercerían la presión necesaria para recortar el gasto público, disciplinar la fuerza de trabajo, re-bajar los salarios reales, implementar políticas fiscales y monetarias austeras. La in-tervención del Estado continuaba, sólo que ahora se efectúa de forma específica, en aquellos lugares y sectores sociales que ponían en riesgo la continuidad del principio de ganancia propio del capitalismo.

El neoliberalismo representaba una salida técnica para contrarrestar la crisis fiscal del Estado a partir de la formulación de políticas monetarias de control inflaciona-rio y otra serie de medidas ortodoxas. En la práctica, se convertiría en un proyecto global de transformaciones estructurales4 promovidas por el BM y por el FMI. Los principios rectores eran (y continúan siendo) la auste-ridad, la disciplina fiscal y el debilitamiento progresivo de los compromisos que el Estado había adquirido con la fuerza de trabajo mediante el consenso keynesiano de la acumulación y sus políticas sociales redistributivas/asistenciales (salario indirecto).

Esa tendencia no estaba libre de contradicciones fu-turas. El Estado asumía una condición bastante pro-blemática. Se recurría a él para regular las actividades del capital de las corporaciones en función del interés nacional; al mismo tiempo, también en nombre del interés nacional, estaba llamado a garantizar las condi-ciones óptimas para la inversión de capitales transna-cionales. La forma-Estado, aunque “derrotada”, continúa siendo, bajo el régimen de acumulación flexible5, un dispositivo imprescindible al que apelan algunas fracciones de capital para imponer sus proyectos a las fracciones rivales y al conjunto de la sociedad; el Estado continúa siendo un factor decisivo para la unidad y continuidad del poder.

En este marco, asume un rol fundamental la tentativa capitalista de reconquistar el control espacial sobre la redistribución territorial de la fuerza productiva. Vale decir que, en el proceso de esta transformación, el ca-pital, a través del Estado, reconoce su propia existen-cia real como capital social colectivo. De esta manera, y contrariamente al principio de pura competencia de mercado, el capital fue crecientemente centralizado a un nivel social, como una fábrica social. Reorganizaba su dominio sobre el tiempo de trabajo social, mediante un “correcto flujo administrativo” sobre todo el tiempo

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Protestas contra el neoliberalismo en Francia.

4 Cfr. Jairo Estrada, Construcción del modelo neoliberal en Colombia. 1970-2004, Ediciones Aurora, Bogotá, 2004, p. 22.

5 Para una explicación más detallada de la acumulación flexible, véase: David Harvey, “La transformación económico-política del capitalismo tardío del siglo XX” en David Harvey, La condición de la posmodernidad: investigación sobre los orígenes del cambio cultural, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1998. pp. 164 y ss.

6 Toni Negri, Crisis de la política: escritos sobre Marx, Keynes, las crisis capitalistas y las nuevas subjetividades, Ediciones el cielo por lo alto, Buenos Aires, 2003, p. 145.

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y sobre todo el espacio de la vida social6. Dentro de ese esquema, la explotación ya

no podía ser localizada ni tampoco cuantificada. La subjetividad del capital se sobre-

determinada en el conjunto de la sociedad mediante las máquinas, la automatiza-

ción, la ciencia y la técnica.

De tal suerte, los esquemas de subcontratación industrial constituían he-

rramientas eficaces para el traslado de grupos de trabajadores desde la gran

fábrica hacia empresas más pequeñas y más espe-

cializadas. La industria terminaría por terciarizarse y

el sector terciario, como consecuencia de la propa-

gación de las técnicas industriales de producción,

se industrializaría. Los traslados se llevarían a cabo

en escalas geográficas mucho más amplias, donde

las empresas tuviesen la posibilidad de instalar su

producción sin rigideces ni reglamentaciones es-

trictas con la fuerza de trabajo. De ahí se desprende

el recurso permanente a la maquila y a la moviliza-

ción hacia el extranjero del sector terciario7.

Las rigideces heredadas del fordismo y del keyne-

sianismo, expresadas por la dependencia de ciertas

condiciones en las que el Estado asumiera un papel

fundamental dentro del sistema global de regulación

social, eran insuficientes para contener las contradic-

ciones inherentes al capitalismo. Era necesario un tipo

de acumulación más flexible con capacidades para mo-

tivar la emergencia de nuevos sectores de producción,

nuevas formas de proporcionar servicios financieros,

nuevos mercados y niveles cada vez más intensos para

la innovación comercial, tecnológica y organizativa.

Pero la flexibilidad y la movilidad también tenían sus consecuencias: controles

más estrictos sobre la fuerza de trabajo, incremento en los índices de desempleo,

entre otros. La acumulación flexible implicaría un cambio acelerado en la estructu-

ración de formas de desarrollo desigual tanto entre sectores como entre regiones

geográficas. Se crearon, entonces, nuevos centros geográficos de acumulación

en Japón y Europa Occidental, nuevos sistemas fordistas que evolucionaron y se

convirtieron en nuevos centros de acumulación. Con el tiempo, era predecible

que la competencia espacial de sistemas geográficamente distintos aumentara,

sobretodo buscando costos de mano de obra reducidos. Los centros geográficos

relegados fueron padeciendo procesos de devaluación por causa de la desindus-

trialización.

La crisis de los procesos de acumulación de la década de 1970 anunciaba nuevas modalidades, más que el final, de los procesos de acumulación propios del capitalismo. Es por eso que se ha sostenido que el tránsito de una fase capitalista a otra sólo se efectúa cuando su actual régimen es insostenible. La historia de las formas capitalistas es siempre una historia reactiva en la que el capitalismo nunca abandona un régimen de ganancia.

7 Al respecto véase Saskia Sassen, ¿Perdiendo el control? La soberanía en la era de la globalización, Bellaterra, Barcelona, 2001, p. 52 y ss.

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El capital tendería a desvincularse de la esfera productiva, que no era suficiente para satisfacer su régimen de ganancia, e incursionó en nueva y más elevada esca-la en el ámbito monetario y financiero. La paradoja de ese movimiento es que, si bien las inversiones en la esfera productiva se vendrían al suelo e inclinarían al ca-pital hacia el ámbito financiero, que en ese momento resultaba más atractivo para el capital individual, en términos totales terminaría siendo más bien improductivo al desplegarse tendencialmente nuevos escenarios de especulación.

Se generó una crisis de sobreacumulación8, se limita-ron sensiblemente las condiciones de rentabilidad y la capacidad productiva total aumentó con relación al propio mercado, estimulando la condición ociosa de la capacidad instalada (la innovación tecnológica fue cada vez menos rentable). De esa forma, los cos-tos de innovación crecieron a mayor velocidad que la productividad del trabajo, y caía la tasa de ganancia de la esfera productiva en la mayoría de los sectores económicos de la actualmente llamada “vieja econo-mía” keynesiana”9.

La crisis de los procesos de acumulación de la déca-

da de 1970 anunciaba nuevas modalidades, más que

el final, de los procesos de acumulación propios del

capitalismo. Es por eso que se ha sostenido que el

tránsito de una fase capitalista a otra sólo se efectúa

cuando su actual régimen es insostenible10. La histo-

ria de las formas capitalistas es siempre una historia

reactiva en la que el capitalismo nunca abandona un

régimen de ganancia.

En efecto, la historia de capitalismo no es otra que la de una sucesión, no necesariamente lineal, de las modalidades de organización del proceso de valo-rización, que han supuesto que las formas de la do-minación asuman ciertas características históricas. Cada vez que una modalidad organizativa adquiere relativa estabilidad, se despliega una fase específi-ca del desarrollo capitalista, en el interior de la cual se abre un proceso de oposición y de antagonismo que conduce a una crisis que, a su turno, cede el paso a configuraciones nuevas que conservan lo esencial y que reinician el enfrentamiento en un nuevo terreno11.

8 La sobreacumulación en determinado sistema territorial implica la existencia de un exceso de fuerza de trabajo (desempleo creciente) y de excedentes de capital (exceso de mercancías en el mercado de las que es imposible deshacerse sin pérdidas, capacidad productiva ociosa y/o excedentes de capital monetario sin salida en inversiones productivas y rentables). Cfr. David Harvey, El nuevo imperialismo, Akal, Madrid, 2003, p. 93

9 Véase Wim Dierckxsens, Del neoliberalismo al poscapitalismo. La construcción de alternativas más allá del neoliberalismo a partir de Seattle, Universidad Nacional De Colombia, Facultad de Derecho, Ciencia Políticas y Sociales, Bogotá, 2003, pp. 83 y ss.

10 Cfr. Toni Negri / Michael Hardt, Imperio, Desde Abajo, Bogotá, 2001, p. 115.

11 Cfr. Víctor Manuel Moncayo, El Leviatán derrotado: reflexiones sobre teoría del Estado y el caso colombiano, Norma, Bogotá, 2004, p. 80.

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Esa sucesión se efectuó en dos tiempos: (i) el auge de la expansión material y de la inversión productiva en la que el dinero pone en movimiento una creciente masa de mercancías; (ii) la especulación y la expansión financiera en la que una crecien-te masa de capital-dinero se libera de su forma de mercancía y la acumulación se libera mediante procedimientos financieros. Es lo que se ha denominado como proceso de financiarización.

Entonces, el postulado rector básico dentro de la

esfera de la organización productiva es la flexibili-

zación para reducir costos, intensificar el trabajo y

diversificar los productos según las variaciones de

la demanda. Con la expansión de toda una serie de

reformas políticas orientadas a reducir las barreras

al comercio y la inversión, a promover los flujos (li-

bres) de capitales, así como el acelerado ritmo del

cambio tecnológico, se infundieron serios cambios

en las relaciones de producción: la transición de la

sociedad industrial fordista (producción en masa

rígidamente estructurada) al régimen posfordista

de producción, de acumulación flexible. A diferen-

cia del fordismo, la acumulación flexible acude al

sistema financiero como el poder coordinador. En

la práctica, la posibilidad de formación de crisis

monetarias y financieras ahora era mucho mayor,

aún a costa de la capacidad del sistema financiero

para dispersar los riesgos al desplazar empresas y

hasta sectores enteros hacia zonas de mayor ren-

tabilidad.

Las crisis de sobre-acumulación se manifiestan, en-

tonces, como crisis geográficas y geopolíticas motivadas cuando las mismas

contradicciones inmanentes al capitalismo desbordan las estrategias y los meca-

nismos para regular ó controlar las tendencias a la crisis. La acumulación a escala

global demandaba nuevas bases, nuevos marcos institucionales, nuevos regíme-

nes de acumulación mucho más flexibles.

David Harvey (1998), ha sido especialmente enfático en la necesidad de volver a

Marx para comprender las transformaciones del capitalismo. Cuando Marx estu-

dió el modo de regulación altamente competitivo y de laissez-faire imperante en

Gran Bretaña durante el siglo XIX, había destacado en su caracterización algunos

rasgos y relaciones invariantes (pero no a-históricas) del modo de producción ca-

pitalista.

Con la expansión de toda una serie de reformas políticas orientadas a reducir las barreras al comercio y la inversión, a promover los flujos (libres) de capitales, así como el acelerado ritmo del cambio tecnológico, se infundieron serios cambios en las relaciones de producción: la transición de la sociedad industrial fordista (producción en masa rígidamente estructurada) al régimen posfordista de producción, de acumulación flexible.

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Como primera medida, encontró una tendencia hacia el crecimiento en el ca-

pitalismo, expandiendo la producción y procurando el aumento de los valores

reales. De acuerdo con lo anterior, las crisis podrían definirse, en términos latos,

como falta de crecimiento. Por otro lado, descubrió que el aumento de los valo-

res reales estaba en directa correlación con el grado de explotación y control de

la fuerza de trabajo en la producción y en el mercado. Finalmente, notó que el

capitalismo requería de cierto dinamismo en el desarrollo tecnológico, produc-

tivo y organizativo.

Si bien invariantes, esos rasgos no están exentos de

contradicciones, lo cual quiere decir que siempre

existirá una tendencia hacia la crisis con fases más o

menos periódicas de sobreacumulación. Para conte-

ner las amenazas al orden social capitalista, es decir,

para contrarrestar esa tendencia hacia la sobreacu-

mulación, existen tres mecanismos fundamentales:

(i) la devaluación de las mercancías, de la capacidad

productiva y del dinero como estrategia para enfren-

tar los excedentes del capital; (ii) el control macroeco-

nómico mediante la institucionalización de algún

mecanismo de regulación; (iii) la absorción de los

problemas de sobreacumulación mediante desplaza-

mientos espacio-temporales y la extensión de nuevas

formas de rentabilidad de capital.

Los excedentes pueden verse potencialmente ab-

sorbidos por: “(a) desplazamientos temporales me-

diante la inversión en proyectos de largo plazo o

gastos sociales que demoran la reentrada de capital en la circulación. La capa-

cidad y la eficacia para la operación de desvíos de éste tipo están sujetas a la

disponibilidad de crédito y capital ficticio para expandir los volúmenes de in-

versión a largo plazo y acelerar los tiempos de rotación del capital para producir

beneficios al inversor; (b) desplazamientos espaciales mediante la apertura de

nuevos mercados, nuevas capacidades de producción y nuevas posibilidades

(recursos, fuerza de trabajo, condiciones sociales) en otros lugares. Al igual que

en (a), la disponibilidad de crédito y capital ficticio, respaldados por el Estado en

términos fiscales y monetarios, constituye un requisito esencial. Con el tiempo,

los desplazamientos espaciales pueden potenciar la competencia internacional

e interregional, devastando a los países que no cuenten con ventajas suficientes

para soportar niveles de competencia sobredeterminados; (c) alguna combina-

ción de a y b (a manera de ilustración, la promoción de rendimiento se ha alcan-

zado con préstamos para construir infraestructura)”12. 12 David Harvey, Op. Cit., 2003, p. 93.

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Uno de los rasgos característicos del capitalismo actual, lo constituyen los aspec-

tos relacionados con el sector financiero de la organización capitalista y quizás la

función que desempeña el crédito. El actual régimen de acumulación, en perio-

dos de crisis latente, encuentra su estabilidad de mediano plazo en los circuitos y

formas de los recursos temporales y espaciales. En realidad, la modalidad flexible

de la acumulación obedece a la combinación de componentes de vieja data den-

tro de las estrategias de acumulación de capital. En fases anteriores de la historia

de capitalismo, justo cuando parecía que el capital

financiero ocuparía un lugar central, sucesivas crisis

especulativas modificaban esa posible trayectoria. En

la actual fase, independientemente de la concentra-

ción de poder en cabeza de las instituciones financie-

ras, lo más importante es el diseño progresivo y cada

vez más sofisticado para la coordinación financiera

en una perspectiva global. Es debido a ese esquema

financiero que gran parte de la flexibilidad temporal

y geográfica se ha potenciado.

Los (nuevos) esquemas de acumulación capitalista

tienen entonces propósitos claramente definidos:

la doctrina y el dispositivo de mercantilización de la

naturaleza (mercantilización de bienes comunes de

constitución del entorno natural: tierra, agua, aire); la

depredación del hábitat de desenvolvimiento vital,

atacando cualquier forma de producción que no sea

intensiva en capital; la mercantilización de las expre-

siones culturales. En esa compleja trama es evidente

que el Estado no fue derrotado, fue readecuado, para resguardar los intereses (y

los “derechos”) del capital.

Aquí es común encontrar disputas por el control territorial en las zonas de tras-

cendencia geopolítica y económica. Son evidentes, en ese sentido, los planes/

dispositivos de control territorial sobre regiones estratégicas para los intereses

del capital transnacional. El objetivo privilegiado es la mercantilización de la

biodiversidad y el acceso a recursos naturales. Aunque la tendencia mundial

del capital muestra una propensión a la deslocalización de la producción, ello

no excluye los requerimientos de control territorial. La nueva espacialidad ca-

pitalista conlleva nuevos procesos de reterritorialización. Dicha espacialidad

no implica la renuncia al territorio, contempla justamente una redefinición del

concepto de territorio. Dentro de esas disputas se hacen presentes, por ejem-

plo, expropiaciones violentas de tierras a través de nuevos ciclos de acumula-

ción por despojo.

Lo realmente novedoso del capitalismo actual, lo constituyen los aspectos relacionados con el sector financiero de la organización capitalista y quizás la función que desempeña el crédito. El actual régimen de acumulación, en periodos de crisis latente, encuentra su estabilidad de mediano plazo en los circuitos y formas de los recursos temporales y espaciales.

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Resumiendo, las transformaciones del régimen de acumulación (dimensión eco-

nómica), así como las relacionadas con el modo de regulación (dimensión polí-

tica), ó, en lo términos que acuñó Saskia Sassen13, Desregulación y Re-regulación,

se han traducido en nuevos marcos institucionales y geográficos, algunos de

ellos muy especializados.

¿Latinoamérica cómo asumió éstas transformaciones? En la década de 1980, dada

la crítica situación de la deuda externa, se impusieron políticas de ajuste estruc-

tural que incluían directrices específicas para alcanzar

escenarios de estabilización macroeconómica. El mo-

delo de desarrollo se inclinaba hacia la búsqueda de

inversión extranjera directa y la promoción de expor-

taciones. En el plano administrativo, se re-regularon

los mercados financiero, laboral y comercial. Todo con

el objetivo de garantizar la articulación de las econo-

mías nacionales al mercado mundial.

Sin entrar en detalles, podríamos mencionar las si-

guientes consecuencias del proceso de neoliberaliza-

ción en la región: i) la dependencia de las economías

nacionales frente a la dinámica del capital transnacio-

nal y de las finanzas internacionales, especialmente

motivada por los problemas derivados de la deuda

externa y las presiones del FMI; ii) la crisis de la va-

lorización financiera del capital soportada en un es-

quema de endeudamiento progresivo del Estado; iii)

un recetario de política económica impuesto a partir

del llamado Consenso de Washington con el objeti-

vo de “garantizar el crecimiento” privatizando activos

públicos; iv) La reprimarización y la terciarización de

la economía; v) la crisis del sistema de representación

propio de la democracia liberal (incluyendo sus par-

tidos políticos) y la redefinición de los espacios y las

formas de participación política; vi) la crisis de las organizaciones gremiales y sin-

dicales provocada por el agotamiento del consenso keynesiano de la acumulación y

el consecuente desmonte del Estado como “instancia de intermediación” del con-

flicto de clases; vii) la mutación de la estructura social dadas las condiciones de

pobreza, desigualdad y desempleo; viii) la utilización

de “cerrojos jurídicos” para legalizar la precarización

laboral; ix) el incremento de las movilizaciones popu-

lares y el surgimiento de nuevos sujetos y formas de

organización social.

13 “Cfr. Saskia Sassen, “Nueva geografía política: un nuevo campo transfronterizo para actores públicos y privados”, en Jairo Estrada Álvarez (compilador), Dominación, crisis y resistencia en el nuevo orden capitalista, Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Bogotá, 2003, pp.35-51”.

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III. El caso colombiano. Algunas claves analíticasColombia, desde luego, no estaría exenta de las transformaciones mencionadas

someramente en el acápite anterior. La crisis, incluyendo sus rasgos geográfi-

cos, tiene en el país expresiones muy particulares. Conviene entonces tratar de

ilustrarlas y, además, establecer algunas claves de análisis que contribuyan en la

comprensión de las trayectorias recientes de la acumulación capitalista en Co-

lombia, trayectorias asociadas a la transición entre

dos regímenes de acumulación, a saber:

Uno, vigente hasta la década de 1970, en el que el Estado asumía un rol destacado en el campo eco-nómico estimulando, por ejemplo, la moderniza-ción industrial —especializada, en todo caso, en la producción de bienes con escaso valor agregado—, concentrando inversión pública en los llamados “servicios sociales” (salud, vivienda, educación bá-sica, entre otros) y protegiendo la incipiente estruc-tura industrial mediante diseños específicos como la sustitución de importaciones; otro, cuya fase de consolidación rastreamos en la década de 1980 alcanzando su cenit diez años después mediante ordenamientos jurídicos destinados a la entroniza-ción del proyecto político-económico del neolibe-ralismo, tendiente a la flexibilidad —especialmente en los mercados financiero, laboral y comercial—, a la financiarización del aparato productivo, a la exacerbación de la dependencia del país frente a la dinámica del capital transnacional y de las finanzas internacionales, a la promoción de la reprimariza-ción y la terciarización de la economía, así como a la perenne búsqueda de inversión extranjera directa, el impulso de las exportaciones, el desmonte de las

pocas capacidades industriales, la desnacionalización y la transnacionalización

de la economía.

Estas características hacen parte de la configuración de un nuevo orden político-económico en el país. Se encuentran vin culadas con dos lógicas consustanciales: por un lado, la intensificación de actividades socioeconómicas situadas en estruc-turas espaciales determinadas. Por el otro, la expansión geográfica y la reorganiza-ción institucional como elemento fundamental del proceso de acumulación. En el caso colombiano, dicha relación se manifestó a partir de las siguientes tendencias, fundamentales para el análisis:

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• La producción de escenarios para la acumulación a través de políticas de ajuste estructural propias del consenso de Washington que incluían directrices específi-cas para alcanzar escenarios de estabilización macroeconómica. Tales directrices se coligan con esquemas de privatización, liberalización, financiarización, austeri-dad y recorte fiscal.

• El diseño de nuevos mecanismos para garantizar la articulación de la economía nacional con el mercado mundial, incluyendo la dependencia frente a la dinámica del capital transnacional y de las finanzas internacio-nales, procesos de desindustrialización, de desna-cionalización y de “adecuación” infraestructural para construir corredores estratégicos que permitan el ac-ceso a recursos naturales por parte de las empresas transnacionales. Al respecto, se destaca la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Su-ramericana (IIRSA). Su propósito es articular geográ-ficamente corredores estratégicos en la región para “potenciar el comercio internacional”, o mejor, para facilitar el acceso a los recursos naturales (petróleo, gas, agua, entre otros). Sus nefastas consecuencias son ampliamente conocidas: procesos de expropia-ción violenta de tierras, desplazamientos de pobla-ción y daños ambientales muy preocupantes14.

• Desplazamientos regionales/territoriales para ubi-car nuevas oportunidades de acumulación mediante la expoliación de recursos naturales. Uno de los obje-tivos de esta estrategia es posicionar al país como un conglomerado de servicios energéticos en tres líneas específicas de negocios: (i) la producción de agro-com-bustibles, (ii) la extracción de recursos minerales y (iii) la explotación de hidrocar-buros. Se trata, en sentido estricto, de una clara tendencia hacia la reprimarización de la economía y hacia la resignificación de la tierra como fuente de valorización capitalista.

• Transformaciones en el régimen político y formas de organización mafiosa de la sociedad que posibilitan la articulación de modalidades legales e ilegales para la acumulación capitalista. Son agenciadas por ciertas fracciones políticas y económicas nacionales y transnacionales: “clase política”, terratenientes, ha-cendados, industriales, financieros, empresarios de la droga y agentes prosistémicos como el paramili-tarismo. Las contradicciones entre tales fracciones han propiciado mutaciones en la estructura social (dadas las condiciones de pobreza, desigualdad y

Transformaciones en el régimen político y formas de organización mafiosa de la sociedad son agenciadas por ciertas fracciones políticas y económicas nacionales y transnacionales: “clase política”, terratenientes, hacendados, industriales, financieros, empresarios de la droga y agentes prosistémicos como el paramilitarismo.

14 Sobre éste último aspecto véase Margarita Flórez [et al], Selva abierta. Vía Pasto - Mocoa e hidrovía del Putumayo. Expresiones en Colombia de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana, IIRSA, BIC, Bogotá, 2008.

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desempleo), crisis en el sistema de representación y nuevos ciclos de violencia

caracterizados, por lo general, por una transformación de las relaciones de pro-

piedad (incluyendo escenarios de desplazamiento forzado y acumulación por

despojo), y por la potenciación de los conflictos entre el capital y el trabajo. De

acuerdo con la correlación de fuerzas entre las fracciones de clase dentro del

bloque en el poder, el régimen político puede constituirse como una síntesis

de rasgos democráticos/representativos y autoritarios/represivos. De tal suer-

te, cuando la balanza se inclina hacia el autoritarismo, entran a operar diseños

institucionales para garantizar la consistencia espacial ó geográfica y temporal

de las reformas estructurales en la fase neoliberal de la acumulación capitalis-

ta. La distribución concreta de funciones dentro del

aparato estatal no está determinada por un criterio

técnico-neutral de eficiencia administrativa, sino

por las cambiantes exigencias del reconocimiento y

de la concertación de encontrados intereses y estra-

tegias de las clases y fracciones dominantes y de sus

márgenes de acción frente a los sectores populares.

IV. Componentes y expresiones geográficas de la actual crisis Aunque en una próxima edición de Impactos abor-

daremos con más detalle la relación entre las par-

ticularidades que la crisis de la tendencia histórica

de la acumulación en su fase neoliberal adquirió en

Colombia y sus configuraciones geográficas, con-

viene, cuando menos, esbozar el horizonte de nues-

tras preocupaciones.

El modo de regulación y el régimen de acumulación

en la fase neoliberal han encontrado sus límites en:

i) los esquemas de ajuste estructural del Estado y

sus políticas de valorización sustentadas en la fle-

xibilización y la sobreexplotación de la fuerza de

trabajo provocando el descenso exponencial de la

demanda por la restricción de los ingresos percibi-

dos; ii) la exacerbación de los procesos de sobreacu-

mulación (ligados al ciclo de capital productivo) y

de la especulación financiera (ligados al ciclo de ca-

pital ficticio15); iii) la financiarización de la economía

La distribución concreta de funciones dentro del aparato estatal no está determinada por un criterio técnico-neutral de eficiencia administrativa, sino por las cambiantes exigencias del reconocimiento y de la concertación de encontrados intereses y estrategias de las clases y fracciones dominantes y de sus márgenes de acción frente a los sectores populares.

15 El desarrollo y posterior consolidación del sistema crediticio permite comprender, de acuerdo con Marx, el significado y la naturaleza del capital ficticio. “A la formación de capital ficticio se la denomina capitalización. Se capitaliza cualquier entrada que se repita de forma regular, calculándola según el tipo medio de interés, como el producido que arrojaría un capital prestado a esa tasa de interés”. Cfr. Karl Marx, El capital. Crítica de la economía política, Tomo III, Siglo veintiuno editores, México, 2004, p. 601. El ciclo del capital ficticio posibilita los escenarios de valorización/autonomización del capital al desbordar las actividades relacionadas con la “economía real”. Los diversos títulos que se cotizan en la bolsa representan el ejemplo más ilustrativo del capital ficticio.

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sobre la base del patrón dólar y una serie de alicientes que terminaron amplian-do los márgenes de autonomía del capital ficticio.

Pese a los publicitados discursos que vaticinaban el fin de la economía de libre

mercado, principalmente por reducir el proceso de neoliberalización -como parte

de su análisis- a un conjunto de políticas económicas16 y, por esa razón, declaraban

un “retorno triunfante del Estado”, análisis equivocado dado que, en sentido estric-

to, éste nunca se había ido, simplemente había asumido funciones de dirección

política destinadas a la provisión de garantías e incentivos jurídicos y políticos

para la creación y realización de capital o, en un sentido más amplio, para dirigir

y potenciar el proceso económico en su conjunto, lo que la evidencia demuestra

es, precisamente, la profundización de algunos de los componentes del proyecto

político-económico del neoliberalismo.

Los impactos de la crisis en las economías latinoamericanas deben analizarse des-

de dos puntos de vista: por un lado, atendiendo a los grados de exposición fren-

te al mercado internacional; por el otro, dando cuenta de los diseños de política

creados para contrarrestar los impactos de las fases recesiva y depresiva del ciclo

económico.

Colombia, altamente dependiente de la producción y exportación de materias

primas, recursos minero-energéticos y productos agrícolas (incluyendo agro-

combustibles), aprovechó el momento histórico deri-

vado de la fase expansiva del ciclo y de las situaciones

de especulación en los precios de dichos productos

(tendientes, desde luego, al incremento progresivo).

Esto permitió índices de crecimiento muy considera-

bles desde 2002. Sin embargo, la caída de la deman-

da, potenciada por la crisis, revaluó la “prosperidad”

de ese escenario. Las consecuencias son casi obvias:

menor percepción de ingresos por concepto de ex-

portaciones, desajustes en las balanzas (comercial,

cuenta corriente y pagos), ciclos de endeudamiento externo17.

Después de evitar reconocerlo, sectores guberna-

mentales han sostenido que la crisis tendría algunos

impactos en el país, “sin embargo, Colombia tiene

una posición relativamente sólida por la aplicación

de políticas macroeconómicas adecuadas y la amplia

gama de reformas estructurales, que han contribuido

a acelerar el crecimiento y reducir las vulnerabilida-

des. Hoy el sistema financiero es más sólido; la políti-

16 Al respecto véase, entre otros, Joseph Stiglitz, “¿El fin del neoliberalismo?” en El Espectador edición on-line, Bogotá, 11 de julio de 2008; y Paul Krugman “¿Qué le pasa a Europa?”. El País edición on-line, Madrid, 22 marzo del 2009.

17 “En 2005, el solo servicio de la deuda externa (amortización más intereses) de largo plazo (con arrendamientos financieros y titularización, y sin incluir el servicio de la deuda a instituciones financieras internas) le exigió al país una erogación de 10.932 millones de dólares (30 por ciento lo pagó el sector privado y 70 por ciento el público). En intereses se pagaron 2.705 millones de dólares, y el saldo se orientó hacia la amortización de la deuda. En términos del presupuesto público, la relación servicio de la deuda pública/presupuesto se aproxima al 40 por ciento de aquél, razón por la cual cerca del 80 por ciento de los impuestos corrientes que recauda el gobierno se destinan al servicio de la deuda externa e interna. A estas cifras del pago de la deuda externa hay que sumar los 2.500 millones de dólares de utilidades de las multinacionales obtenidas en el año 2005 en el país y enviadas a sus casas matrices en el marco de un rápido proceso de desnacionalización de la economía colombiana. En suma, el desangre económico para Colombia en el año 2005, por pago de deuda externa y remisión de utilidades de las multinacionales fue de 13.432 millones de dólares, equivalentes al 83 por ciento de las exportaciones y al 4,8 por ciento del PIB”. Cfr. Libardo Sarmiento-Anzola, “Endeudamiento colombiano, al galope” en Lemond Diplomatique Edición Colombia, No. 46, Bogotá, junio de 2006.

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ca fiscal ha sido responsable lo cual hace que la deuda pública sea sostenible en el largo plazo. Los efectos de la crisis han sido menores a los que han soportado otras economías”18.

La conexión entre causas y posibles salidas de la crisis puede resultar, en aparien-cia, paradójica. No obstante, revela el carácter de la crisis y las dinámicas de la acu-mulación en la fase neoliberal del capitalismo. El supuesto blindaje para enfrentar la crisis se halla en la combinación de tres directrices específicas: estabilidad ma-croeconómica, austeridad fiscal y control inflacionario.

Su cariz no resulta desconocido. Corresponde a las políticas del Consenso de Washington. Es decir, los factores que desencadenaron la crisis se presentan en Colombia como la garantía para contrarrestarla. Por si fuera poco, el blindaje se complementa con las su-puestas ventajas derivadas de la política de seguridad democrática del Gobierno de Álvaro Uribe. La confian-za inversionista resonaba como uno de los compo-nentes fundamentales para neutralizar los impactos de la fase recesiva del ciclo económico. Los alcances de esa explicación son más limitados. Se ha demos-trado, con argumentos de peso (Estrada, 2009), que -precisamente- la fase expansiva había coincidido con los gobiernos sucesivos de Álvaro Uribe. El opti-mismo descansaba en las afirmaciones de los funcio-narios del Fondo Monetario Internacional (FMI)19. Esa es la procedencia de la aparente paradoja que men-cionábamos hace un momento. La salvaguarda esta-ba garantizada por la “adecuada” implementación de políticas económicas y reformas estructurales que, según se sostenía, garantizaban condiciones óptimas

para el crecimiento y, como su consecuencia lógica, proveían amplios márgenes de seguridad para no preocuparse ante el avance de la crisis. La recomendación, entonces, era una: profundizar las medidas tendientes a la flexibilidad.

Sin embargo, las afirmaciones más optimistas ter-minaron desvaneciéndose en el aire. La crisis mani-festaba sus rigores con tasas de desocupación que superaban el 14% y alarmantes caídas de la actividad comercial. Además, “los datos consolidados sobre el comportamiento del PIB en 2008, así como las pro-yecciones para 2009, hablan por sí solos. En 2008 se produjo una fuerte caída en el ritmo de crecimiento

La conexión entre causas y posibles salidas de la crisis puede resultar, en apariencia, paradójica. No obstante, revela el carácter de la crisis y las dinámicas de la acumulación en la fase neoliberal del capitalismo. El supuesto blindaje para enfrentar la crisis se halla en la combinación de tres directrices específicas: estabilidad macroeconómica, austeridad fiscal y control inflacionario.

18 Departamento Nacional de Planeación, “Inversión extranjera directa: factor del desarrollo de la infraestructura colombiana”, Bogotá, 6 de febrero de 2009, disponible en http://www.dnp.gov.co/ [Consulta: 30 de julio de 2009].

19 Las afirmaciones de fueron ampliamente difundidas por los medios locales. Al respecto véase: “FMI: Colombia está en buena posición para enfrentar crisis económica”, en El Espectador edición on-line, Bogotá, 27 de enero de 2009; “Con crédito flexible, Colombia comienza a diferenciarse de otros países y a mostrar fortaleza”: FMI”, en Portafolio, Bogotá, 26 de abril de 2009.

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del PIB. Mientras que en 2007 se había registrado un aumento del 7.5 por ciento, el año pasado apenas alcanzó 2.5 por ciento. Ese guarismo dio al traste con los datos gubernamentales que habían anunciado un crecimiento del PIB de 3.5 en 2008 y habían estimado una desaceleración al 3 por ciento en 2009. Lo que vino fueron los ajustes en los estimativos para este año, que en su mayoría se situaron en un rango entre el 1 y el -1 por ciento”20.

La crisis tiene otro tipo de expresiones: caídas en la producción industrial, desace-leración del crecimiento económico, descenso de la construcción, contracción de la demanda, caída del comercio exterior, reducción de la inversión extranjera, incremento del endeudamien-to público, deterioro de las condiciones de trabajo, entre otros. No obstante, reviste especial importancia el aumento de la actividad minera, sobretodo dentro del análisis de las reconfiguraciones geográficas que se han registrado en el país desde la década de 1970 y que ahora parecen reafirmarse y profundizarse con la actual crisis. El siguiente dato puede ser revelador: contrarrestando la tendencia generalizada, la activi-dad minera se expandió, creció 10.6% en el primer trimestre de 2009. Ese comportamiento se explica, en buena medida, por las inversiones de las transnacio-nales, interesadas también en la extracción de carbón y la explotación de petróleo.

Otra faceta es la especulación financiera. Dada la caída de la producción industrial, las empresas han privilegiado el negocio financiero mediante el incre-mento de sus acciones en bolsa. Las pocas perspec-tivas de la actividad productiva parecen subsanarse con especulación financiera y bursátil. Al igual que en el caso de la minería, el sector financiero continuó creciendo al 4% pese al sensible impacto provocado por la crisis. Sus utilidades alcanzaron la nada despreciable cifra de 6.58 billo-nes de pesos, superior -en todo caso- a la registrada en 2007. Del total de las ganancias, los bancos obtuvieron 4.86 billones, 28% más que el año anterior. El resto se distribuyó en aseguradoras, firmas comisionistas, fondos de pensiones y fiduciarias21.

Los siguientes datos también son importantes para evidenciar el proceso de profundización de las me-didas tendientes a la especulación: “El festín de los especuladores de la Bolsa de Valores en 2009, con tasas anuales de ganancia de 53 por ciento, sólo es

20 Cfr. Jairo Estrada, “Crisis capitalista y perspectivas del neoliberalismo autoritario en Colombia: ¿Se deshace el virtuosismo económico de la seguridad democrática?”, en Jairo Estrada (compilador), Crisis capitalista. Economía, política y movimiento, Espacio Crítico ediciones, Bogotá, 2009, p. 200.

21 Ibíd. p, 205.

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compartido por los capitalistas financieros (cerca de 9 billones de pesos en ga-nancias, 35 por ciento más que en 2008), las transnacionales (sacaron en utilida-des cerca de 6.000 millones de dólares) y la clase social que controla el Estado (sustrajeron 69 billones de pesos en impuestos, esto es, la tercera parte de la ri-queza creada por la sociedad, con un 5 por ciento de crecimiento anual). En con-traste, la economía global anda abatida. En 2009 no hubo crecimiento (por tanto, el ingreso promedio por persona cayó en 1,8 por ciento); la tasa de desempleo se elevó a 12,9. Según el Dane, la producción del sector fabril disminuyó en 6,1 por ciento, la ocupación laboral del sector se redujo el 6,2 por ciento y las ventas reportadas por los industriales en el último año, hasta noviembre, se redujeron

en 5,9 por ciento respecto al mismo período de 2008, como consecuencia del debilitamiento de la deman-da interna y externa. Además, se unen la acelerada concentración del ingreso y la riqueza, la destrucción continua de puestos de trabajo, el aumento en el pre-cio de los alimentos, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y 15.800 homicidios ocurridos en 2009. Para 2010, resultado de todo lo anterior, tenemos un retorno de los niveles de pobreza e indigencia a las peores épocas”22.

Esta aproximación somera y preliminar de algunos de los rasgos de la crisis en Colombia sugiere varias cues-tiones: i) cierta sincronía entre la fase recesiva del ciclo económico y el ascenso de la crisis; ii) las consecuen-cias dentro de los diversos sectores de la economía son disímiles. En algunos es evidente la caída pero en otros se registra un importante ascenso. No obstante, en el conjunto de la económica predomina la tendencia a la crisis; iii) el ciclo económico del país depende de las dinámicas de la economía mundial. Esto no representa

una novedad, sobretodo si se tiene en cuenta las directrices y políticas encaminadas al aumento del grado de exposición de la economía colombiana al mercado mun-dial; iv) las tendencias a la alta registradas en algunos sectores corresponden a un conjunto de actividades que incrementan el proceso de transnacionalización, des-nacionalización y desmonte del aparato productivo. La apuesta por la especulación impulsada por algunas empresas en actividades bursátiles así parece indicarlo; iv) la coyuntura internacional durante el periodo 2002-2007 resultó favorable para el

crecimiento y la percepción de ingresos por concepto de las exportaciones que gozaban de mejores precios dentro de los mercados internacionales como en el caso del petróleo, el carbón, el ferroníquel y el café. No

El incremento en el gasto de seguridad no es coincidencial. Históricamente la violencia ha operado en el país como un dispositivo de regulación funcional a los diferentes regímenes de acumulación que han existido en Colombia. Además, constituye un mecanismo privilegiado para cimentar las transformaciones estructurales y consolidar las relaciones de poder imperantes.

22 Libardo Sarmiento Anzola, “La bolsa o la vida. Breve historia del rentismo oligárquico colombiano”, en Le Monde Diplomatique Edición Colombia, Año VIII, No. 86, Bogotá, Febrero de 2010.

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pueden inferirse dichos resultados de las bondades derivadas de la política de se-guridad democrática, incluyendo sus componentes de cohesión social y confianza inversionista. Si en algo contribuyó la confianza inversionista fue en el proceso de desnacionalización y transnacionalización de la economía del país. Por otro lado, la contracción de los mercados internacionales desde 2008 provocó un descenso generalizado del ingreso por concepto de exportaciones y, como medida para con-trarrestar las presiones en la balanza de pagos, la mitigación de las importaciones.

La política de incentivos para la inversión, garantizada a través de auténticos cerrojos jurídicos, continúa siendo un factor importante en el aumento de los flujos de capital. El gobierno de Álvaro Uribe, aten-diendo las directrices del proceso de neoliberaliza-ción, se ha encargado de disponer las condiciones para incentivar la inversión extranjera directa (IED). El incremento estuvo relacionado con la ampliación de la inversión minero-energética y con el incre-mento de la demanda mundial y los precios de los commodities. La crisis, sin duda, afecta sensiblemen-te esta tendencia. Se observa la caída de la produc-ción mundial y un comportamiento inestable de los precios de las materias primas y de los productos energéticos.

El mismo Ministerio de Hacienda23 ha calculado que la inversión extranjera directa llegaría a 7.127 millones de dólares en 2009 (3.3% del PIB) luego de haber esta-do en 10.654 millones durante 2008 (4.4% del PIB). El comportamiento de la IED, junto con el del comercio exterior y el de las remesas, ha provocado serios pro-blemas en las balanzas de pagos y de cuenta corrien-te. Esto implica presión de reservas internacionales y el endeudamiento público externo motivados, princi-palmente, por los impactos del deceso de las fuentes de financiamiento externo. En el caso del endeudamiento, se anunció la necesidad de un paquete de 6.000 millones de dólares para continuar sosteniendo la política de seguridad democrá-tica. El incremento en el gasto de seguridad no es coincidencial. Históricamente la violencia ha operado en el país como un dispositivo de regulación funcional a los diferentes regímenes de acumulación que han existido en Colombia. Además, constituye un mecanismo privilegiado para cimentar las transformaciones estruc-turales y consolidar las relaciones de poder imperantes.

La unidad de investigaciones económicas del Banco de la República prevé escenarios de endeudamiento

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23 Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Marco fiscal a mediano plazo 2009, Imprenta Nacional, Bogotá, 2009, p. 256.

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que superarían el 40% del producto interno bruto (PIB) en los próximos años: “Los pronósticos desfavorables sobre el crecimiento económico y sobre el ba-lance primario, junto a un entorno de mayor devaluación, conducen a que el nivel de endeudamiento del gobierno nacional aumente en los próximos años. En 2007 y 2008 el coeficiente de deuda neta a PIB del gobierno nacional se re-dujo hasta niveles cercanos al 35% (…) Las predicciones más conservadoras nos indican que a finales de 2009, dicho coeficiente se incrementará a 39% y que

seguirá ascendiendo hasta alcanzar 41,6% en 2011 (escenario 1). Si la caída del crecimiento es más se-vera en 2009 y la economía se recupera más lenta-mente, la deuda podría aumentar hasta 44,5 del PIB en 2011, lo cual significa que en tres años la deuda aumentaría 10 puntos del producto (escenario 2). Bajo esta última predicción, se retornaría a los están-dares alcanzados a comienzos de la década, cuando el gobierno central registro los niveles máximos de endeudamiento público”24.

El objetivo del endeudamiento no es el incremento de las capacidades productivas. Al contrario, se per-sigue la obtención de rendimientos. Es por eso que ese objetivo se haya caracterizado como “capitalismo parasitario” y que se reproduzca en contextos de crisis de sobreproducción del capital. “Una de las expresio-nes del funcionamiento contemporáneo del capital radica en el hecho de que la Inversión Extranjera Di-

recta (IED) opera para apropiar empresas que ya funcionan y no para crear nuevas. Otra manifestación es la del aumento de la inversión especulativa en términos comparativos a la inversión en economía real. Este tipo de funcionamiento focali-za la dependencia imperialista en la exacción de riqueza por la vía del crédito, nos convierte en exportadores de capitales”25.

Como puedo apreciarse, en un escenario de crisis como el que actualmente advierte el capitalismo, dado el incremento de la salida de capitales, se optará -sin duda alguna-, por el aumento del endeudamiento. Ante la caída de la IED,

se incrementará progresivamente el endeudamien-to con las Instituciones Financieras Internacionales. Colombia, así como los demás países de América Latina, terminará pagando por una crisis que no ge-neró. Si llegase a complicarse el acceso al mercado de capitales, el Ministerio de Hacienda apelará a la banca multilateral a pesar del incremento en el cos-to de los créditos.

El objetivo del endeudamiento no es el incremento de las capacidades productivas. Al contrario, se persigue la obtención de rendimientos. Es por eso que ese objetivo se haya caracterizado como “capitalismo parasitario” y que se reproduzca en contextos de crisis de sobreproducción del capital.

24 Ignacio Lozano, “Caracterización de la Política Fiscal en Colombia y análisis de su postura frente a la crisis internacional” en Borradores de economía, No. 566, Bogotá, mayo de 2009, p. 28.

25 Cfr. Daniel Libreros-Caicedo, “Tesis sobre la deuda”, en Observatorio Internacional de la Deuda, Simposio Internacional sobre Deuda Pública. Construyendo una Nueva Arquitectura Financiera, Caracas, Noviembre de 2007, en línea: http://www.oid-ido.org/ [Consulta: 25 de febrero de 2009].

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V. Conclusión preliminar. La solución espacial, prueba fehaciente del continuismo neoliberalDavid Harvey ha demostrado en sus investigaciones que la acumulación de capi-tal siempre ha sido un asunto profundamente geográfico. “Sin las posibilidades inherentes a la expansión geográfica, a la reorganización espacial y al desarro-llo geográfico desigual, hace mucho tiempo que el capitalismo habría dejado de funcionar como sistema económico y político. Este recurso permanente a ‘una solución espacial’ para las contradicciones internas del capitalismo (…) junto con la inserción desigual de diferentes territorios y formaciones sociales en el mercado mundial capita-lista, han creado una geografía histórica mundial de acumulación de capital cuyo carácter debe enten-derse bien”26. Éste aserto es un imperativo categórico para el análisis.

Colombia ha asistido a un proceso de transnacio-nalización y desnacionalización de la economía im-puesto por las reformas neoliberales y el peso que adquirió el capital transnacional en la producción interna, provocando escenarios de privatización, desmonte del aparato productivo, caída de la pro-ducción industrial y, como su consecuencia directa, aumento de las actividades de especulación de las empresas de dicho sector al privilegiar los negocios en el ámbito bursátil. “En el periodo 2000-2008 se registró una amplia y acelerada apropiación transnacional de la industria, el comercio y la banca interna que explica por qué en el año ante-rior las ganancias de las multinacionales en Colombia llegaron a US$5.000 millo-nes, mientras que en 1996 tan sólo alcanzaban US$ 200 millones. Estas mismas empresas globalizadas producen la mayor parte del PIB, confirmando otra de las tendencias de la globalización neoliberal en el país, cual es el sometimiento de las élites internas a la condición de socios secundarios en el universo corpora-tivo transnacional de los grandes conglomerados financieros, lo cual, significa, al mismo tiempo, un cambio cualitativo en la composición de las clases domi-nantes. Ello tiene consecuencias políticas: las opciones de izquierda que aún insisten en unidades programáticas con una burguesía nacional pro mercado interno, que supuestamente tiene contradicciones estratégicas con un capital imperialista que le impone condiciones desde afuera, están arando en el desier-to. Esta apuesta política se encuentra por fuera de la realidad y desconoce las transformaciones sociales que produjo la globalización neoliberal. Ello se refle-

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26 David Harvey, “La geografía del poder de clase”, en David Harvey, Espacios del capital. Hacia una geografía crítica, Akal, Madrid, 2007, p. 391.

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ja en los resultados recientes de la economía colombiana: después de alcanzar un crecimiento del 7% en 2007, llegará a cero a finales del 2009”27.

Las salidas que el gobierno de Álvaro Uribe ha propuesto para paliar la crisis indi-can, claramente, una tentativa diseñada para profundizar el proceso de neolibera-lización. El declive de los ingresos percibidos por la crisis se conjura con exenciones a la renta y otro tipo de privilegios que permitan garantizar condiciones óptimas

para la inversión del capital transnacional. Los casos paradigmáticos están representados en las zonas francas uniempresariales, los contratos de estabili-dad jurídica, las políticas de privatización, incentivos tributarios y los subsidios a los productores de agro-combustibles28.

Cada uno contribuye especialmente en las reconfi-guraciones geográficas, en la disposición de espacios para la acumulación capitalista en el país que, como se sugirió, en sentido estricto son más de lo mismo, re-presentan el continuismo y la profundización del pro-ceso de neoliberalización en el país. Mención especial merece, para demostrar dicho aserto, la tentativa de ratificación de los tratados de libre comercio con Es-tados Unidos y Canadá, así como la firma de otro con la Unión Europea.

La configuración de los espacios para la acumulación se acompaña de un conjunto de disposiciones jurídi-cas para garantizar el flujo de capitales destinados a la inversión, es decir, se trata de derechos para el capital, auténticos cerrojos jurídicos para la acumulación. “La política tributaria se mantiene dentro de la línea de la economía del lado de la oferta que considera que las reducciones impositivas o los incentivos tributarios al capital aumentan por sí solos los niveles de inversión y derivan en un aumento de ingresos del Estado. En ese sentido, la política del gobierno contempló como par-te de una política anticíclica la reducción de la carga impositiva que impuso la reforma tributaria de 2006, la cual se estima para el año 2009 en 2.26 billones de pesos. A ello se suma el 40 por ciento de exención impositiva a los bienes de capital importados (que en años ante-riores se vieron adicionalmente favorecidos por la reva-luación del peso). En esa misma dirección se contempla

Las salidas que el gobierno de Álvaro Uribe ha propuesto para paliar la crisis indican, claramente, una tentativa diseñada para profundizar el proceso de neoliberalización. El declive de los ingresos percibidos por la crisis se conjura con exenciones a la renta y otro tipo de privilegios que permitan garantizar condiciones óptimas para la inversión del capital transnacional.

27 Daniel Libreros / Libardo Sarmiento-Anzola, “La crisis estructural del sistema mundo capitalista y su impacto en Colombia”, en Jairo Estrada (compilador), Crisis capitalista. Economía, política y movimiento, Espacio Crítico ediciones, Bogotá, 2009, p. 262.

28 “La tributación sobre la renta es muy baja en el país. El 35% nominal que aparece en las Estadísticas del Ministerio de Hacienda se reduce al 15% real, aproximado, cuando se toman la parte de los pagos tributarios efectivamente realizados por los capitalistas dentro del conjunto de los ingresos tributarios. Las zonas francas y los contratos de estabilidad jurídica que congelan los pagos de impuestos de los grandes empresarios en periodos de hasta veinte años hacen parte de las exigencias de la OMC, área de los Tratados de Protección de Inversión (TPI), a titulo de garantía para la inversión extranjera. Las exenciones a los productores de agrocombustibles (palma y caña de azúcar) llegan a casi el 50% de las exigencias tributarias y son justificadas a nombre de la promoción de cultivos”. Ibíd. p. 266.

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la promoción de las llamadas zonas fran-cas uniempresariales, en las que la tasa de imposición sobre las utilidades se encuentra 19 unidades por debajo de la tasa del 34 por ciento imperante en el país”29.

La “estrategia” para enfrentar la cri-sis se reduce, entonces, a cuatro di-rectrices fundamentales: “i) Postura fiscal razonablemente anticíclica en condiciones de sostenibilidad de la deuda, incluyendo disminución de la carga tributaria y priorización de gasto público: Infraestructura, Trans-ferencias al sector privado; ii) Asegu-ramiento del acceso a la financiación externa (créditos provenientes, prin-cipalmente del Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y del FMI que, por cierto, ya fueron aprobados por un monto de 10.400 millones de dólares); iii) Garantía del financiamiento de la actividad productiva; iv) Protección del empleo y promo-ción de la competitividad”30.

A propósito de éste último aspecto, es conveniente señalar que la reorganiza-ción (neoliberal) del Estado también se configura a partir de la internacionaliza-ción de la competitividad internacional, factor propenso a encontrar un punto de interacción entre la territorialización de la producción de valor, o -en otros términos- la producción de nuevas espacialidades capitalistas en Colombia que se han promovido, por ejemplo, mediante megapro-yectos de infraestructura agrupados en la IIRSA31; y la dependencia respecto a la circulación transnacio-nal de capital. Como vimos, esa lógica hace parte del recetario de reformas promovidas por el consenso de Washington y sus derivados, de ahí que sea posi-ble sostener la tesis del continuismo.

En una próxima edición de Impactos profundizare-mos algunos de éstos aspectos.

29 Cfr. Jairo Estrada, Op. Cit., 2009, p. 226.

30 Departamento Nacional de Planeación, Op. Cit. 2009.

31 IIRSA abre los corredores estratégicos para que se imponga un modelo de reprimarización económica, en donde la producción de agrocombustibles se convierta en el eje estratégico de la producción. Ese modelo acaba con la economía campesina, permite el incremento de los indicadores de concentración de la tierra y, por lo tanto, reproduce las condiciones materiales para potenciar las desigualdades en Colombia.

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Hace 16 años se firmó el TLCAN, Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte que integró a Méxi-co, Estados Unidos y Canadá, el cual se constituyó en el norte para todos los países latinoamericanos que soñaron con integrarse a la, en ese entonces, gran economía norteamericana. Se nos afirmó que el libre comercio era el camino del futuro, (hoy del presente), y que las leyes nacionales se impondrían sobre las co-merciales. Ni lo uno ni lo otro, ni mayor comercio ni prevalencia de leyes de derechos humanos, y el me-dio ambiente sobre las comerciales.

El análisis de las implicaciones legales que han tenido los tratados de libre comercio demuestran el enorme poder de las normas de solución de controversias entre inversionistas y Estados, Capítulo 11 del TLCAN (el cual se reproduce en todos los demás) sobre las disposiciones nacionales en materia de derechos hu-manos y ambientales. Y su aplicación es una amenaza permanente para todas las decisiones administrativas

y legales que se tomen en cualquiera de nuestros países, ya que no es la seguridad jurídica de los habitantes o del medio ambiente la que sirve de base para cual-quier decisión, sino la del inversionista

Durante estas dos décadas el continente ha sido objeto de una nueva ola extrac-tivista que tienen por objeto incrementar un comercio basado en las materias primas. Es por ello que las decisiones nacionales para exploraciones mineras, pe-troleras, el aumento en áreas con destino a los agro combustibles son una realidad que se impone a un debilitado sistema de protección del medio ambiente y a un sistema de información y consulta públicas. Y si los Estados pretenden imponer esta clase de legislaciones sufren las consecuencias del Capítulo de inversiones.

Dos nuevos ejemplos nos ilustran esa realidad:

1) La empresa canadiense Blackfire Exploration, que operaba una mina de barita a cielo abierto, y titanio en el Estado de Chiapas, México amenaza con demandar

La “utilidad” de los TLC: con cara gano yo, con sello pierde usted

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a ese Estado por US $800 millones de dólares vía capítulo 11 del TLCAN1. En esta

suma se tasa el monto por los daños y perjuicios causados por una decisión so-

berana del Estado mexicano que ordenó la suspensión de las actividades de la

minera en su territorio.

La cuestión es que en diciembre de 2009, el Estado de Chiapas suspendió las

actividades de la minera con base en los daños al medio ambiente, por el des-

vío de cauces y escurrimientos naturales y también por el cambio de uso de

suelo. Además, adujo que la minera no tenía los permisos para obras adicio-

nales como apertura de nuevos caminos, y por la

emisión de partículas suspendidas. En fin por violar

leyes sobre salud y medio ambiente.

2) Ahora es Pacific Rim que sentó a El Salvador en

el banquillo del Centro Internacional de Arreglo

de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), por

cuenta de una disposición del CAFTA que permite

que una compañía de un Estado no parte (Canadá),

a través de una filial domiciliada en Estados Unidos,

y por tener accionistas estadoudinenses, invoque

el capítulo sobre inversión esta vez del Tratado de

Libre Comercio de Centroamérica con los Estados

Unidos (CAFTA), esquivando así la leyes naciona-

les. Es decir una especie de garantía en favor de las

empresas mediante que por el solo hecho de estar

domiciliado en determinado país goza de todas las

prerrogativas a favor de las empresas nacionales, es

decir se juega en un tablero global que favorece a

las transnacionales2.

Esta vez la suma solicitada es de 100 millones de dó-

lares. Y la causal: negación de uso de minerales en

el territorio salvadoreño. El problema se originó cuando la Pacific Rim obtuvo

un permiso de exploración por parte de El Salvador condicionando la licencia

de explotación a la presentación de un estudio de impacto ambiental y consul-

ta ciudadana. Y como en este caso se demora la li-

cencia, o existe la posibilidad de que no se otorgue,

dadas las condiciones de vulnerabilidad ambiental

de el Salvador, ya que de acuerdo con el estudio de

impacto ambiental la Mina El Dorado, materia de la

controversia, gastaría 75 litros de agua por segun-

do, lo que equivale a 6 millones de litros diarios en

Durante estas dos décadas el continente ha sido objeto de una nueva ola extractivista que tienen por objeto incrementar un comercio basado en las materias primas. Es por ello que las decisiones nacionales para exploraciones mineras, petroleras, el aumento en áreas con destino a los agro combustibles son una realidad que se impone a un debilitado sistema de protección del medio ambiente y a un sistema de información y consulta públicas.

1 Empresa canadiense, inconforme con el cierre de mina de titanio, Demandarán al gobierno de Chiapas por 800, Blackfire Exploration México dice que esa medida inhibe el ambiente de negocios.2010-02-09•Negocios.

2 Diario Co Latino | www.diariocolatino.com, www.diariocolatino.com , [email protected], Lunes, 15 de Febrero de 2010, Recomiendan a Pacific Rim abandonar proceso de arbitraje Enviado Leonard Morin , [email protected] a [email protected]

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un país donde casi un tercio de la población carece de agua3.

La compañía resolvió interponer la demanda adu-ciendo que si ya tenía el permiso de exploración debería otorgársele el permiso de explotación de la mina. Este pleito tiene otro antecedente en un pleito que otra minera canadiense la Glamis, interpuso con-tra Estados Unidos por la misma situación: no permi-tir la apertura de un frente minero en ese país. Según un analista4, “La reclamación es casi doble la cantidad de ayuda estadounidense extranjera a El Salvador, un país donde el 34.6 % de la población vive sobre me-nos de 2 dólares por día”.

En medio de las presiones por esta injusta situación que en nuestro concepto anula la posibilidad de de-cisiones soberanas y equitativas para el medio am-biente y las comunidades un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de Canadá5en un caso de una minera de ese país, acaba de decidir que los estudios de impacto ambiental no pueden fraccionarse, y se presentados en lenguaje comprensible para los ciu-dadanos al serles presentados en las consultas públi-cas. Lamentablemente esto obliga sólo en el ámbito nacional canadiense y lo urgente es que Canadá y otros países le exijan a sus empresas comportamien-tos iguales cuando su actividad de realice en nacio-nes como las latinoamericanas.

3 Secar los acuíferos para extraer minerales, Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/La-mineria-en-El-Salvador-pasa.html http://www.youtube.com/v/TWzlXBbjMVk&hl=en_US&fs=1&

Ver: http://www.cispes.org/index.php?option com_content&taskview&id660 &Itemid98&lang

2) Comunicado de prensa enviado por Rick Arnold <[email protected]> 22 de febrero 2010 Blackfire amenaza a Mexico encima de los daños ya hechos. La empresa minera canadiense quiere embolsarse US $800 millones de dólares por medio del Capítulo 11 del TLCANEEUU.

http://impreso.milenio.com/node/8716870 La empresa Pacific Rim en el punto de mira de lasdenuncias,http://www.rebelion.org/noticia.php?id=98924http://www.omal.info/www/rubrique.php3?id_rubrique 39

4 Las transnacionales Pacific Rim y Comerce Group demandaron al Estado salvadoreño por $100 millones cada una, por la negativa de otorgar permisos de explotación minera, Martes, 12 de Mayo de 2009 / 11:15 h

5 “El 21 de este mes, la Corte Suprema de Canadá concluyó que el estudio de impacto ambiental del proyecto Red Chris, para extraer oro y cobre, fragmentó ilegalmente el estudio, impidiendo con ello dar a conocer el verdadero efecto. El proyecto minero, ubicado en la Columbia Británica, al dividir el estudio, no advertía el impacto que causaría si lanzaba sus desechos industriales a un área prístina, habitada por grandes mamíferos y donde se reproduce el salmón. El fallo de esa corte también responsabiliza a las autoridades que avalaron el estudio y que impidieron la participación pública activa de las comunidades en esa evaluación ambiental”. Alberto Ramírez Espada, Fallo canadiense, que alcanza a minería en Guatemala, obliga a evaluación integral de impacto y fiscalización comunitaria. (Foto Prensa Libre: Archivo 12:54 | http://www.prensalibre.com/pl/2010/enero/29/371761.html28/01/2010

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Fecha y hora: Abril 7 de 4:00 – 8:00 p.m.Lugar: Auditorio Anexo Virginia Gutiérrez, Edificio de posgrados de Ciencias HumanasUniversidad Nacional de Colombia

“Las medidas que tomemos hoy con respecto al cambio climático tendrán consecuencias que perdurarán por un siglo o más. Es imposible revertir en un futuro previsible la parte de este cambio causada por las emisiones de gases de efecto invernadero. Los gases que retienen el calor y que enviemos a la atmósfera en 2008 permanecerán allí hasta 2108 y más. Por lo tanto, lo que decidamos hacer hoy no sólo afectará nuestra propia vida, sino aún más la vida de nuestros hijos y nietos. Esto es lo que hace del cambio climático un desafío distinto y más difícil que otros desafíos en el campo de las políticas públicas”.

Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008, La lucha contra el cambio climático: Solidaridad frente a un mundo dividido

Antecedentes

El tema del cambio climático se ha agitado en los últimos años debido a las alteraciones de los indicadores de clima, régimen de aguas, desaparición de glaciares, extinción de especies de flora y fauna, aumento de lugares de alta vulnerabilidad, aparición de desplazados ambientales, en fin por una serie de hechos que sitúan los análisis y comentarios entre el escepticismo y la debacle.

Desde su negociación hace 18 años, la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCCC por sus siglas en

foRo cambio climático

Posición desde Colombia: qué, quien, cómo se decide

inglés), y el Protocolo de Kyoto, cuya vigencia se demoró hasta lograr las suscripciones necesarias por parte de los grandes emisores de Gases Efecto Invernadero (GEI), han sido el escenario de confrontación mundial entre los países desarrollados, los de economía emergentes y los en desarrollo, sin avanzar en las soluciones o mitigaciones al cambio climático.

El mundo se volcó hacia la cumbre de Copenhague (COP 15) pero en este escenario tampoco se logró avanzar en un acuerdo legalmente vinculante de reducción de emisiones. Y con ello se desvanecieron las esperanzas de detener siquiera en 2º C el aumento de la temperatura media, no

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se aprobó el fondo de ayuda de 100 billones de dólares (30 de acceso inmediato) para países en vías de desarrollo.

Después de la participación del gobierno colombiano en la cumbre (COP 15), surgen diversas reflexiones e inquietudes motivadas por sus diferentes planteamientos, frente a lo anterior el objetivo de éste foro es dilucidar y socializar la posición del gobierno ante las negociaciones del cambio climático, además de ampliar el debate a la academia, organizaciones sociales, ambientales y económicas interesadas en el tema.

El cambio climático nos afecta a todos pero de manera diferenciada, y las soluciones para la mitigación involucran a comunidades campesinas, indígenas, afroamericanas que han conservado los bosques naturales como la Amazonía, y el pacífico.

Objetivos

Desarrollar y ampliar la base de conocimiento estratégico sobre los impactos potenciales como consecuencia del cambio climático, así como las políticas, instrumentos que se están adelantando en Colombia desde el gobierno, la academia, y las organizaciones en torno al tema.

Impulsar el debate sobre sus implicaciones y el alcance de las políticas sobre compensación y mitigación, los compromisos multisectoriales que trascienden lo propiamente ambiental; y la construcción de agendas que involucre aspectos económicos, sociales, así como de política interior y exterior.

Temas

El foro abordará los siguientes aspectos:

Situación del tema en el escenario mundial

Posición oficial de Colombia frente a las negociaciones de cambio climático.

Proyectos sobre cambio climático en el país

Mecanismos de Adaptación al cambio climático, y fuentes de financiación para enfrentar el cambio climático.

Panelistas

-Universidad Nacional

-Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, MAVDT

- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, IDEAM

- Grupo de Investigación Política & Derecho ambiental, PODEA

-Programa Conjunto del Sistema de Naciones Unidas integración de ecosistemas y adaptación al Cambio Climático en el macizo Colombiano “PNUD, UNICEF, OPS, FAO”

- Corporación ECOVERSA

Organizan

IDEA, Instituto de Estudios Ambientales UN

PODEA, Grupo de Investigación Política & Derecho ambiental

ILSA, Instituto Latinoamericano para una sociedad y un derecho alternativos

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Es indiscutible que la falta de respuestas claras y objetivas a los compromisos de reducción de Gases Efecto Invernadero (GEI) y la exclusión de más de 160 países en las negociaciones de Cam-bio Climático, por parte de los llamados “países desarrollados”, ha puesto en evidencia la urgente necesidad de tomar decisiones frente a ésta gran problemática desde los movimientos sociales para el mundo.

La Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cam-bio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, idea-da desde el Foro Social Mundial en Porto Alegre (Brasil), se realizará en Cochabamba (Bolivia) del 19 al 22 de abril, en provecho de la celebración del día internacional de la Tierra.

Es importante destacar que la pretensión de ésta cumbre es aclarar que los Gases de Efecto Inver-nadero que han generado el incremento en la temperatura del planeta, son un “efecto” y no una causa, del modelo de vida y desarrollo basado en el dominio del ser humano sobre la naturaleza del sistema capitalista, es decir, éste sistema ha impul-sado nuestra propia destrucción.

Bajo esta premisa, la consigna “Cambiar el sistema, no el clima”, es el punto de partida que permitirá

confeRencia climática

La Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra: ¡espacio de construcción para una verdadera alternativa al Cambio Climático!

evidenciar y construir las nuevas alternativas des-de lo local, nacional, regional, internacional, para promover un sistema que guarde la armonía y el balance entre los seres humanos y nuestra madre tierra.

También es fundamental reconocer que la madre tierra también tiene derechos, por ello es apro-piada la construcción colectiva de un proyecto de Declaración Universal de Derechos de la Madre Tie-rra, hecho que marcará un hito en la cultura del consumo esquizofrénico y ayudará a restablecer el equilibrio en el planeta Tierra.

A partir de la apertura de la convocatoria por parte del gobierno Boliviano, la conferencia ha contado con mayor apoyo y respaldo de las diferentes re-des internacionales, de personalidades, organiza-ciones de izquierda y otros países que han acogido la iniciativa.

En definitiva, todos y todas tenemos la responsa-bilidad y el compromiso de hacernos participes de ésta gran iniciativa para discutir -con y por los pueblos- la gran problemática del cambio climáti-co que nos afecta a todos los seres humanos. Las inscripciones aún están abiertas. Para mayor infor-mación y registro diríjase a www.cmpcc.org

“Otro mundo aún es posible”

impactos - ilsa.org.co · colombia. responsables jairo estrada margarita flórez sergio moreno...

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