América Latina se ha constituido en eldestino más importante de la inversiónminera en el mundo. A comienzos de ladécada del 90 la región captaba el 12%de la inversión minera mundial y a co-mienzos de la actual había casi triplica-do ese flujo, captando el 33%.

El alza del precio internacional de losmetales, principalmente del oro, quepasó de US$363.4 la onza en el 2003 a$433.15 en diciembre del 2004, y del co-bre, que pasó de $0.80 la libra en el 2003a $1.44 en diciembre del 2004, constitu-yó un incentivo para la inversión minera.

En consecuencia, las exportacionesmineras de América Latina aumentaronen más de un 40% en promedio en el2004 en comparación con las del añoanterior. El año pasado, las exportacio-nes mineras chilenas alcanzaron un re-cord histórico al crecer en cerca del 90%respecto del 2003, alcanzando los $16.5millardos. En el 2004, las exportacionesmineras en el Perú aumentaron en 44%

ENERO 26, 2005. VOLUMEN 42, Nº 2 ISSN 1563-2458

información independiente, desde américa latina y el caribe, para el mundo www.noticiasaliadas.org

respecto al año anterior, sumando $6.7millardos, en tanto que en Brasil supe-raron los $5.2 millardos, también 44%más que en el 2003.

Los marcos legales —exoneracionestributarias, flexibilización laboral, entreotros beneficios— que se aprobaron aprincipios de los 90 en los países de laregión para atraer la inversión minera hanprobado ser eficientes en su objetivo.

Expansión de actividadLa minería ha crecido en los países

tradicionalmente mineros como es el casode Brasil, Perú y Chile —en ese ordenpreferidos por las compañías mineras ensus gastos de exploración en la región—,pero también ha empezado a crecer enpaíses que no son esencialmente mine-ros, como Argentina y Honduras.

Igualmente, dentro de los países tra-dicionalmente mineros, esta actividad seha desplazado hacia lugares nuevos.

“Esto es explicado por el uso de nue-

va tecnología, que permite principalmen-te explotar minerales que están difusosen la tierra, abarcan grandes extensio-nes y su concentración es relativamen-te baja. Y estas tecnologías son princi-palmente por lixiviación: con cianuro enel caso del oro, y en el caso del cobrecon ácido sulfúrico, [que son] productoscontaminantes”, indica César Padilla,responsable del área de Minería y Co-munidades del Observatorio Latino-americano de Conflictos Ambientales(OLCA), con sede en Santiago de Chile.

“En el caso de Chile, la minería [antesdesarrollada en zonas desérticas] estáafectando a comunidades que viven envalles agrícolas, muchas de ellos econó-micamente rentables, muy rentables. Enla mayoría de los casos realizan inclusoagricultura de exportación. En la cabecerade estos valles, en el nacimiento práctica-mente de los ríos, se instalan grandesproyectos transnacionales que ponen enriesgo a todo el valle”, explica Padilla.

“No a la mina”Los movimientos de “no a la mina”

que están creciendo en los países de laregión constituyen una respuesta a estaexpansión de la actividad minera que notoma en cuenta los derechos de las co-munidades. El conflicto de Tambogran-de en el Perú, en el que una comunidademinentemente agrícola logró detener

AMÉRICA LATINANoticias Aliadas

¿Desarrollo económico para quién?Urge que en países de la región se abra debate público sobrerol que minería debe tener para aportar realmente a undesarrollo sostenible.

WW

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ESPECIAL MineríaImpactode la

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AMÉRICA LATINA¿Desarrollo económicopara quién?

AMÉRICA CENTRALBonanza minera: ¿Quiéngana? ¿Quién pierde?

CHILE/PERÚ¿Cuánto aportan lasmineras?

AMÉRICA LATINACuestionan participacióndel Banco Mundial

AMÉRICA LATINALeyes mineras en sulaberinto

BOLIVIACinco siglos igual

COLOMBIAMinerales manchados desangre

AMÉRICA LATINAPobladores reclaman serconsultados

PERÚExperiencias de diálogo

en el 2002 un proyecto minero, es un buenejemplo de esto.

“Poblaciones que se enteran de que susterritorios están siendo denunciados, entre-gados en concesiones mineras y ellas di-cen ‘no, no quiero que la minería entre a miterritorio, no forma parte de mi visión de de-sarrollo, al contrario la va a perjudicar’”, es loque está ocurriendo, afirma el economistaJosé De Echave, responsable del programaMinería y Comunidades de la organizaciónno gubernamental peruana CooperAcción.

“En un país [como el Perú] donde la mine-ría es una actividad importante, y nadie lo dis-cute, hay que comenzar a discutir dónde mi-nería y dónde no minería. Por ejemplo, noso-tros somos de la idea que minería en zonasprotegidas, de ninguna manera, minería ennuestros pocos valles agrícolas productivos,pensamos que tampoco”, añade De Echave.

Padilla ve la misma situación en Chile,donde la expansión minera se da hacia luga-res donde hay comunidades productivas, via-bles desde el punto de vista económico, “y laactividad minera no les ofrece empleo, no lesofrece crecimiento, no les ofrece desarrollo, ysolamente lo que hace es poner en riesgo laactividad agrícola producto de la posible con-taminación que genera la minería”.

Beneficios vs. costosFrente a esto, organizaciones ambienta-

listas y de promoción de un desarrollo sos-tenible plantean que antes de dar en conce-sión minera un área se debería medir si losbeneficios de esa actividad son superioresa los costos potenciales de carácter social,cultural, sanitario y ambiental que ésta pue-da significar, y si dichos beneficios puedenser distribuidos equitativamente.

La mayor inversión en minería se vioacompañada, en muchos casos, durantelos años 90 por un gradual incremento dela extrema pobreza en las regiones dondese insertan los proyectos mineros.

En el Perú, los departamentos donde pre-valece la minería ostentan los más altos nive-les de pobreza en el país. Cajamarca, dondeestá ubicada la Minera Yanacocha —51.35%de cuyas acciones las posee la transnacio-nal estadunidense Newmont Mining Corpo-ration, 43.65% el grupo nacional Benavides yel 5% la Corporación Financiera Internacionaldel Banco Mundial—, que aporta alrededor del10% de las exportaciones del país, es el quin-to departamento más pobre del país con77.4% de su población viviendo en la pobrezay 50.8% en la extrema pobreza.

El economista peruano Juan Aste Da-ffós señala que “la actividad minera no tie-ne un efecto multiplicador en las regiones,pues las compras de la empresa a nivellocal son mínimas y la capacidad de gene-rar empleo se reduce cada vez más debidoal desarrollo tecnológico”.

En el Perú, la gran minería da empleo apoco más de 75,000 personas, que repre-sentan alrededor del 0.9% de la poblacióneconómicamente activa (PEA) en el país. EnChile emplea alrededor de 78,000 perso-nas, 1.4% de la PEA, y en Brasil a 91,000personas, alrededor de 0.1% de la PEA.

Redefinir rol de mineríaSi la minería no es generadora de em-

pleo, si los ingresos fiscales por esta activi-dad no son sustanciales gracias a las exo-neraciones tributarias de las que gozan lastransnacionales mineras que operan ennuestros países, si se está expandiendo ha-cia lugares con otros potenciales de desa-rrollo económico, si las comunidades dondese desarrolla la actividad no se sienten be-neficiadas, ¿es posible concebir un rol dife-rente de la minería en las economías de lospaíses de la región?

Para el investigador peruano Pedro Franc-ke la pregunta es ¿cómo la nación recibe unacontraprestación por la extracción de estosrecursos que finalmente le pertenecen, quede alguna manera son de su propiedad?

Una respuesta sería la discusión sobrelas regalías a la actividad minera que se dioel año pasado en el Perú y Chile. “Más alládel mecanismo específico, el tema es quehacen falta normas tributarias que hagan queesta riqueza se comparta un poco más na-cionalmente”, indica Francke.

“Una opción que se puede considerar esque la minería sea un sector que temporal-mente brinde los recursos para que otrasactividades más permanentes, que promue-van más el desarrollo, puedan avanzar”,puntualiza.

Pero advierte que el tema de trasvasar re-cursos del sector minero a otros sectores, deun capital internacional a uno nacional, es algoque requiere la acción directa del Estado.

“El mecanismo más directo es un meca-nismo impositivo, o sea que el Estado capteesos recursos mediante regalías y otrosmecanismos y los destine a fondos de desa-rrollo tecnológico, de infraestructura, que pro-muevan el desarrollo nacional”, agrega.

Hay quienes plantean la posibilidad deque la propia minería genere eslabonamien-tos o avances tecnológicos. Para Francke esoparece un poco mas difícil.

“[En el Perú] se ha discutido un poco por ellado de la refinería y el procesamiento de losrecursos minerales; esto no parece ir más alláde la refinación, casi vinculada a la extracciónde minerales, pero muy poco ya al tema in-dustrial, de producción metalmecánica, querequiere mucho más elaboración”, sostiene.

“Otra opción es [como se ha dado en]Chile, que ha avanzado por el lado de lo quellaman clusters, por el lado de servicios mi-neros de exploración, de equipos de geofísi-ca, de ese tipo de cosas; eso siempre esuna opción a la que en el Perú se ha dadopoca importancia y que el Estado podría em-pujar un poco más”, agrega.

Participación ciudadanaEl redefinir el rol de la minería en los paí-

ses de la región también pasa por crear me-canismos de participación ciudadana ade-cuados. Lo que está establecido en los mar-cos legales de esta actividad es la entregade información no oportuna, la implementa-ción de procesos tardíos que no generan nin-gún efecto vinculante.

“El marco legal lo que hace es convocaral final, cuando la empresa ya ha elaborado

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MineríaImpactode la

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todo su estudio de impacto ambiental y pre-senta tres tomos de 1,000 páginas, y le dicea la población que en 15 días lo revise y quevaya a una audiencia pública para que pre-sente su opinión sin ofrecerle ninguna ga-rantía de que esa opinión va a ser tomada encuenta”, refiere De Echave para el caso pe-ruano, similar al existente en muchos otrospaíses de la región.

También se requiere establecer mecanis-mos institucionales que garanticen la equi-dad en el manejo de los conflictos a fin dearribar a acuerdos concertados.

De Echave indica que una característica cla-ve de un proceso de diálogo entre los distintosactores de la minería es que ninguno de elloslidere ese proceso; sólo así se pueden evitarlas relaciones de asimetría que por lo generalse dan. Un liderazgo compartido —nada fácilen un diálogo donde hay una empresa de tallamundial— puede garantizar resultados satis-

factorios para todas las partes.El dar a la minería un rol más beneficio-

so en nuestros países, pasa también porzonificar el territorio nacional, determinan-do áreas aptas y áreas no aptas para suexplotación.

Esto implica un ordenamiento territorialque le dé a cada región un plan de uso sos-tenible de sus recursos naturales y un plande ocupación de suelos (infraestructura) enfunción de la visión que tienen los propiospobladores del desarrollo de su comunidad.

“Estos planes les pueden dar capaci-dad de negociación a las comunidades”,plantea Aste Daffós.

Para ello es esencial el fortalecimientode capacidades en la población y la posibi-lidad de acceder a la información. “Falta aúnpoder entregar información veraz, informa-ción real respecto a los pros y los contrasde la minería”, remarca Padilla. o

AMÉRICA CENTRALJill Replogle desde Sipacapa, Guatemala

Bonanza minera: ¿Quién gana? ¿Quiénpierde?El oro, en particular, está nuevamente atrayendo a los buscadores defortuna a la región.

La multitud de unos 500 aldeanos, reunida enla plaza del pueblo de Sipacapa, en el oestede Guatemala, se enardeció después de unaserie de discursos apasionados en oposicióna los propietarios extranjeros de una mina deoro cercana en construcción. El Rev. Leopol-do Crocetti, sacerdote italiano conocido porsu franqueza, y muy reconocido por sus añosde trabajo en la zona, tomó la palabra.

“Díganme ustedes, si ustedes por allá,por esta montaña, hubieran sembrado ama-polas, ¿qué hubiera pasado? Inmediatamen-te hubieran venido todas las autoridades paradestruir esta siembra”, dijo, en referencia ala planta usada para hacer opio, en otro tiem-po ampliamente cultivada en la región.

“Pero díganme ustedes, ¿qué diferenciahay entre la amapola y el oro? Los dos sonriqueza para unos y muerte para otros... Pero,¿por qué no destruyen también la mina de

América Central y México la compañía tras-nacional estadunidense Glamis Gold Ltd.

Se espera que Marlin “sea la mina másgrande y con más ganancias de la compa-ñía” cuando empiece su producción comer-cial, de acuerdo con un pronunciamiento deGlamis.

Gobiernos, compañías internacionalese instituciones financieras tratan de venderla minería como un promisorio camino ha-cia el desarrollo para algunas de las regio-nes más pobres de Guatemala y otros paí-ses centroamericanos. Sin embargo, losambientalistas y cada vez más los poblado-res vecinos de las minas se preguntan silos empleos y las mínimas regalías (entre1% y 2%) merecen la pena por el potencialimpacto negativo en los recursos naturalesy la salud humana.

Además, los mayas y otros grupos in-dígenas a lo largo de América Central seoponen a los proyectos mineros en sustierras ancestrales por quebrantar la Con-vención 169 de la Organización Internacio-nal del Trabajo sobre Pueblos Indígenas yTribales. En el caso de Marlin, como enotros proyectos mineros a lo largo de laregión, las comunidades indígenas dicenque no fueron consultadas antes de quela concesión fuera otorgada, como esta-blece la Convención.

Nueva fiebre del oroEl debate minero en Guatemala y otros

países de América Central, puede intensifi-carse si es que las compañías internacio-nales, que afrontan una disminución de sus

oro que va a traertanta muerte aquí?”,dijo Crocetti.

El objetivo de laprotesta, que tuvolugar en febrero del2004, es una minade oro y plata de tajoabierto y subsuelo,conocida como elproyecto Marlin. Fi-nanciado por unpréstamo del BancoMundial, Marlin esuna de las tres ope-raciones minerasque desarrolla en

Población de Sipacapaprotesta contra mina de oro.

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recursos, una creciente oposición y barre-ras regulatorias en cada vez más paísesdesarrollados, miran a la región como unnuevo premio gordo. El oro, en particular,está nuevamente atrayendo a los buscado-res de fortuna a la región.

“América Central está volviendo a surgircomo un destino principal para las compa-ñías mineras de oro” afirma un informe dela Corporación Glencairn Gold. Añade quela exploración del oro se ha incrementadoconsiderablemente en relación al año pa-sado debido a las reservas sin explotar, unbuen precio del oro y leyes favorables a laminería y a la exploración.

Veintitrés asientos mineros de oro es-tán identificados en el informe, en Guate-mala, Honduras, El Salvador, Nicaragua yPanamá, mayormente operados por com-pañías de EEUU y Canadá.

En Guatemala, 104 permisos han sidootorgados para explorar las posibilidadesde metales como zinc, plomo, cobre, anti-monio, níquel y oro. Han sido otorgados 42permisos para explotar o extraer esos me-tales en el país.

Panamá es también un destino atracti-vo para las empresas mineras. De acuerdoal movimiento World Rainforest, 70% de lasconcesiones mineras han sido otorgadasen territorios indígenas, a pesar de que lospueblos nativos apenas alcanzan al 8% dela población.

La organización informó que concesio-nes de gran alcance han sido aprobadasen los territorios de los Ngobe Bugle y losKuna, mientras que la concesión otorgadaa la compañía canadiense Western KelticMines cubre más de la mitad del territorioKuna en la región Kuna Yala.

Los bosques de Panamá están desapa-reciendo velozmente, a un estimado de75,000 Ha por año, y la actividad minera esidentificada por World Rainforest como unade las mayores amenazas de deforestación.

En Costa Rica, el gobierno tomó en el2002 un audaz paso para la conservaciónal establecer una moratoria para los nue-vos permisos de minería a tajo abierto.

Se espera que la mina Bella Vista empie-ce a producir este año un promedio de 60,000onzas de oro durante 7 años y medio. El mo-vimiento World Rainforest estima que 15 mi-llones de toneladas de desechos serán ge-neradas por la mina.

En Nicaragua, el ingreso moderno de laminería comenzó hace más de 100 años,cuando se hallaron reservas de oro en laRegión Autónoma del Atlántico Norte, habi-tada mayormente por comunidades indíge-nas. En las décadas de los 40 y 50 Nicara-gua fue considerada como uno de los 20mayores productores mundiales, según elinforme Glencairn.

Crece oposición localSin embargo, mientras poca gente, sobre

todo extranjeros, continúan haciendo fortunascon las riquezas minerales de Nicaragua, laspoblaciones locales pagan las consecuen-cias. La mayor parte de las comunidades in-dígenas que viven alrededor de la mina Bo-

nanza, que es propiedad de la corporación ca-nadiense Greenstone desde 1994, tienen susríos y lagos envenenados con las filtracionesde cianuro originadas en los relaves de la mina,de acuerdo con el Centro Humboldt y el movi-miento World Rainforest.

En el valle de Siria en Honduras, la oposi-ción local ha montado una campaña contrala mina de San Martín, operada por una sub-sidiaria de Glamis Gold, la misma compañíaque ha iniciado operaciones en Guatemala.Los agricultores dicen que el agua se ha se-cado, al haber sido extraída por la mina, quetiene un permiso para usar hasta 220 galo-nes por minuto.

Los vecinos también se quejan de proble-mas en la piel, supuestamente debido a lapresencia de cianuro en el aire y agua, usadopara separar el oro de otros minerales, en unaproporción de 30 miligramos por litro de agua.

A pesar del entusiasmo inicial de los re-sidentes pobres ansiosos de empleo, sólounos cuantos vecinos —50 de una poblaciónde 40,000, según el informe de un diario—han sido empleados en la mina.

Glamis Gold está ahora repitiendo lasmismas promesas de empleo y desarrollohechas a los habitantes del valle de Siria,ahora a los residentes de Sipacapa y SanMiguel Ixtahuacán en Guatemala.

La conciencia de los efectos negativos dela minería se está incrementando, como lomuestra la moratoria de tajos abiertos en Cos-ta Rica y la reciente cancelación de una conce-sión de mina de oro en el oeste de Hondurasdebido a la oposición local y la potencial des-trucción de los recursos naturales locales.

No obstante, sin opciones de desarrolloalternativo, es posible que los países empo-brecidos de América Central sigan sintién-dose atraídos por las compañías extranjerasque ofrecen su propia versión del desarrollo,algunas veces a expensas de los recursosnaturales y las poblaciones locales. o

JAMAICASalud afectada. Las minas debauxita y plantas de aluminio en elsuroeste del país están afectandola salud de los pobladores de losalrededores, pero las autoridadesaseguran que no hay pruebas quedemuestren que el polvo gris quese emite en el procesamiento de labauxita en aluminio sea causantede enfermedades.

Sin embargo, existen estudiosque vinculan la bauxita a la hiper-tensión y el polvo de aluminio a en-fermedades respiratorias comoasma y sinusitis. Una reciente in-vestigación realizada por PatreceCharles-Freeman, estudiante deMedicina de la Universidad de lasAntillas, encontró que de las 2,559personas entrevistadas que viven a16 km a la redonda de la planta dealuminio de Halse Hall, en Clare-don, 37% de los adultos y 21% delos niños sufrían de sinusitis, y

23% de los adultos y 26% de los ni-ños tenían asma.

Aunque el Ministerio de Salud fa-cilitó equipo y personal para realizarel estudio, Charles-Freeman asegu-ró que las empresas —todas enparte de propiedad estatal— senegaron a brindarle información yhasta intentaron boicotear la investi-gación. Una de las empresas, Ja-malco, llegó a amenazar a la po-blación con cortarles el agua si co-operaban con Charles-Freeman.

Un nuevo estudio de la Universi-dad de las Antillas, actualmente enmarcha, está midiendo hasta quépunto han penetrado la bauxita yotros metales pesados en el flujosanguíneo de los residentes.

Jamaica es el único lugar delmundo donde las minas de bauxitaestán ubicadas en zonas pobladas.Su explotación es la principal fuentede ingresos del país, después delturismo. —MINES & COMMUNITIES.

En Panamá70% de lasconcesionesmineras hansido otorgadasen territoriosindígenas.

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CHILE/PERÚNoticias Aliadas

¿Cuánto aportanlas mineras?Aporte fiscal de empresas minerases tema no agotado en la región.

¿Cuánto contribuyen las empresas minerasde la región a los ingresos tributarios y, comoresultado, al desarrollo? La cuestión ha ge-nerado un candente debate en Chile y el Perú,los dos más grandes productores de meta-les de la región.

Referirse al régimen fiscal de la actividadminera en América Latina es mencionar loscánones (pagos por ingresos provenientesde la explotación de recursos naturales) yregalías (porcentaje sobre la producción demetales), además de los impuestos a la ren-ta que todas las empresas pagan.

Además de estos pagos, relativamentereducidos, las compañías mineras en paí-ses como Chile y Perú se han beneficiado deexoneraciones tributarias.

Pago reducido de impuestosLas empresas mineras extranjeras que

operan en Chile, como las canadienses No-randa, Falconbridge, Teck Cominco y PlacerDomer, pueden acogerse al Estatuto de In-versión Extranjera que prácticamente las li-bera del pago de impuestos. Desde 1991hasta el 2002, las empresas mineras extran-jeras en Chile han pagado en impuestos unpromedio de US$160 millones anuales.

Durante el periodo 1990-2001, la Corpora-ción Nacional del Cobre (CODELCO), principalproductora de cobre del mundo, entregó al fisco$10.6 millardos, mientras que las mineras pri-vadas sólo aportaron $1.6 millardos, a pesar deque la producción de éstas es un 25% mayorque la registrada por la empresa estatal.

En el 2002 las empresas privadas inter-nacionales entregaron al Estado chilenocomo impuesto indirecto $20 millones, quecorresponden al 0.45% de sus ventas de $4.4millardos ese año, según datos del senadorchileno Jorge Lavandero.

En el Perú, los beneficios tributarios asícomo los convenios de estabilidad tributaria,

obtenidos por la gran minería durante el go-bierno del ex presidente Alberto Fujimori(1990-2000), generan un pago reducido delimpuesto a la renta en relación con las utili-dades reales de las empresas.

El economista Juan Aste Daffós indicaque el promedio de aporte de la minería alfisco peruano durante el periodo 1998-2003fue de apenas el 2.7% del total de los ingre-sos fiscales en dicho periodo.

Sin embargo, el empresario minero pe-ruano Augusto Baertl sostiene que la activi-dad minera es la actividad económica quemás aporta por impuesto a las utilidades.En el 2003 pagó al fisco peruano alrededorde $300 millones, lo que constituye el 23%del total de lo recibido por el fisco en eseconcepto, señala.

Aste Daffós incide en que los precios delos minerales tienen una tendencia cíclica yque por eso se debe considerar un periodolargo para establecer el promedio de losingresos fiscales y no tomar como única re-ferencia un año de buenos precios comofue el 2003.

Pero en los últimos tiempos han sidolos temas del canon y las regalías los quehan generado la mayor controversia en am-bos países.

En el Perú, en el 2002 el canon minerose elevó de 20% a 50% del impuesto a larenta, y en el 2004 se modificó la distribu-ción del canon para beneficiar a los distri-tos productores (de acuerdo a los índicesde pobreza y no por el número de poblado-res de una comunidad).

Aunque esas medidas parecieran posi-tivas: el canon minero también ha sido pe-queño, alcanzando a ser el 0.7% de las ex-portaciones mineras peruanas. El canonminero también es ínfimo si se le comparacon el ingreso por ventas de las empresas.Por ejemplo, en el periodo 1993 al 2003 elcanon generado por Minera Yanacocha, prin-cipal productora aurífera de América Latina,representó el 3% de su ingreso por las ven-tas del mineral, y el canon recibido por eldepartamento de Cajamarca, donde se ubi-ca la mina, fue equivalente sólo al 1.3% delingreso por ventas, señala Aste Daffós.

Sin embargo, funcionarios gubernamen-tales dijeron que con las modificaciones enla ley del canon y la bonanza en los preciosde los metales que empezó a fines del 2003,el canon aumentó sustancialmente. El mi-nistro de Energía y Minas Glodomiro Sán-chez dijo que en el 2004 el canon aumentóa 450 millones de soles ($136 millones),frente a los 120 millones de soles ($36 mi-llones) pagados a las regiones donde ope-ran las minas en el 2001.

Regalías en cuestiónCon el objetivo de que las empresas mi-

neras hagan un mayor aporte económico alpaís, tanto en Chile como en el Perú, se dioen el 2004 una encarnizada polémica entreparlamentarios y empresas multinacionalesmineras en torno al cobro de regalías.

El congresista peruano Javier Diez Can-seco las definió no como un tributo sinocomo “la compensación a la nación por la

Campesinos peruanos enHuari, Ancash, junto a unaexplotación minera.

CONAC

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�[Las regalíasdeben ser] lacompensacióna la nación porla explotaciónde susrecursosnaturales�.�Javier Diez Canseco

Nº 2, ENERO 26, 20056 noticiasaliadas

Más de 20 comunidades afectadas por lasoperaciones de la Compañía Minera del Sur(COMSUR) en Potosí, Bolivia, marcharon el22 de julio del 2004 por las calles del centropotosino dando mueras a la empresa y alBanco Mundial. Ese día se recordaba el 60ºaniversario del Banco Mundial.

“Debemos luchar unidos. Y debemos de-cirle al Banco Mundial que deje de ser cóm-plice y autor intelectual y material de la mise-ria y contaminación de nuestros pueblos,porque el Banco Mundial es socio de COM-SUR y la COMSUR desde que es socia delBanco Mundial ha contaminado nuestro ríoPilcomayo”, dijo el dirigente Esteban Llanos.

COMSUR, cuyo principal propietario esel ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada(1993-97 y 2002-2003), es una de las tantasempresas mineras latinoamericanas quedesde los primeros años de la década del90 han recibido financiamiento del BancoMundial. Están también Yanacocha en elPerú, Minera Escondida en Chile, La Colora-da en México, Samarco en Brasil, entre otras.

Se alzan voces de reclamoPero el cuestionamiento al Banco Mun-

dial no ha sido exclusividad de los potosi-nos. Desde fines de los 90 agrupaciones am-bientalistas y de derechos humanos en los

su voz reclamando al organismo que deje deapoyar a la industria extractiva que tiene unimpacto negativo en el medio ambiente y estálejos de mitigar la pobreza de las comunida-des donde se asienta dicha actividad.

Al mismo tiempo, empezó a ganar consen-so un nuevo paradigma: el desarrollo soste-nible relacionado a los sectores que utilizanrecursos no renovables, y se planteó la nece-sidad de una política de desarrollo sosteniblepara la minería.

En ese contexto, en el 2001, la Corpora-ción Financiera Internacional (CFI), brazo fi-nanciero del Banco Mundial, y el departamen-to de Petróleo, Gas y Químicos del GrupoBanco Mundial (GBM) iniciaron una Revisiónde las Industrias Extractivas (RIE), poniendoincidencia en los proyectos de este tipo fi-nanciados por el Banco Mundial.

En el proceso participaron los distintossectores involucrados, entre ellos: gobiernosde los países productores, empresas mine-ras, organizaciones no gubernamentales,organizaciones de pueblos indígenas, comu-nidades afectadas, así como organizacionescomunitarias, y el GBM mismo. A nivel deAmérica Latina, se realizó un taller regional

explotación de sus recursos naturales”.En junio del 2004, el Congreso peruano

aprobó la ley de regalías mineras, que con-sidera la aplicación de una tasa de 1% so-bre las ventas brutas que alcancen los $60millones, de 2% para las que se encuentrenentre $60 millones y $120 millones, y de 3%para las que superen los $120 millones. Seestima que el fisco peruano recibirá este añounos $40 millones por este concepto.

No obstante que la ley fue promulgada porel Ejecutivo un mes después, el debate entorno a este tema ha continuado. Uno de lospuntos en discusión es la propuesta de queel cobro de la regalía se haga en función de lacotización internacional de los minerales.

El gobierno de Chile, por su parte, consi-deró justo establecer un mecanismo quepermita acumular fondos para cuando el re-curso no renovable se agote. Al igual que enel Perú la propuesta de regalía fue conside-rada una contraprestación, no un tributo.

No obstante, en agosto, el Senado chile-no rechazó el proyecto que estipulaba el co-bro de una regalía equivalente al 3% de lasventas mineras. La regalía iba a representaral Estado chileno un aporte de $100 millo-nes anuales que iría a un fondo de innova-

AMÉRICA LATINAÁlvaro Maurial desde Lima

Cuestionan participación delBanco MundialOrganismo internacional reafirma su rol en industriasextractivas pero bajo nuevas condiciones.

ción, investigación y desarrollo tecnológico.El gobierno del presidente Ricardo Lagos

ha dicho que presentará al Congreso un se-gundo proyecto de ley de regalías que esta-blece un pago de 4% a 5% de la utilidad ope-racional de las mineras con ventas anualessuperiores a 8,000 unidades tributarias anua-les, equivalente a $5 millones.

El debate continúa en ambos países, don-de los empresarios mineros arguyen que unamedida de este tipo no hará más que desin-centivar la inversión minera.

Por lo pronto, el gremio empresarial pe-ruano agrupado en la Sociedad Nacional deMinería, Petróleo y Energía (SNMPE) ha pre-sentado una acción de inconstitucionalidadcontra las regalías, aduciendo que en la le-gislación peruana ya se encuentra reguladala retribución económica que debe aportarseal Estado en compensación por la explota-ción de los recursos naturales. El TribunalConstitucional tendrá que pronunciarse enlos próximos meses sobre esta norma califi-cada de discriminatoria por la SNMPE, la mis-ma que advierte que podría devenir en con-fiscatoria “al no haberse establecido rangosde inafección para protegerlas en el caso dela caída de los precios de los minerales”. o

demás países con proyectos mi-neros apoyados financieramen-te por el Banco Mundial alzaron Protesta en La Serena,

Chile.

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DIEGO LUNA Q./OLCA

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enteras aparte de dañar el medio ambiente.Sin embargo, el GBM decidió seguir in-

volucrado en el sector mineroenergético yvelar porque las comunidades y poblacio-nes pobres se beneficien de las activida-des del sector. Planteó además que se de-ben establecer mecanismos de supervisiónindependiente y estimular la capacidad delas comunidades para controlar los proyec-tos que las afectan.

El GBM incidió en que se apoyarán sóloaquellos proyectos de las industrias extrac-tivas que muestren fuerte apoyo de las co-munidades afectadas sin que eso quieradecir que los grupos tengan poder de veto.

En julio del 2004, un grupo de organiza-ciones indígenas de Bolivia, Brasil y Perú,emitió un pronunciamiento en el reconocenque “el GBM está realizando un importanteesfuerzo para aclarar sus políticas de sal-vaguarda de los pueblos indígenas y apre-ciamos el reconocimiento que hace la res-puesta al derecho de las comunidades afec-tadas a participar en un proceso de consul-ta, libre, previa e informada”.

Pero llaman la atención del directorio delGBM para que adopte las medidas necesa-rias para garantizar que los procesos deconsulta no atenten contra la autodetermi-nación de los pueblos. En ese sentido, re-comiendan que “la implementación de estarecomendación debe ser reglamentadabajo principios de usos y costumbres decada pueblo y en sujeción a normas y con-venios internacionales vigentes”.

Asimismo, el GBM se comprometió a re-querir la transparencia de ingresos comocondición para llevar a cabo nuevas inver-siones en el sector de la industria extractiva,en concordancia con su apoyo a la Iniciativade Transparencia en la Industria Extractiva.

“Si bien el equipo de gerencia puedeapoyar la iniciativa de transparencia, en elcaso de los proyectos de COMSUR, finan-ciados por el GBM, no se observa transpa-rencia en la información financiera”, dijo elboliviano Henry Tito, participante en el pro-ceso de la RIE y actualmente responsabledel Programa de Vigilancia Social del Co-lectivo de Estudios Aplicados al DesarrolloSocial de Santa Cruz, Bolivia.

Tito considera que hay un divorcio entrelas partes ejecutiva y operativa del GBM y aña-de que no hay cultura democrática en quie-nes detentan la propiedad de la empresa.

Por su parte, la peruana Gladys Márquez,directora de la Asociación Civil Labor parti-cipante en el proceso, señaló que se hadado un gran paso pero que “el GBM tieneque explicar en qué forma van a incorporartodos los compromisos que están asu-miendo en su respuesta a la RIE”.

Márquez explicó que su organización hapedido al GBM que especifique mejor cómova a implementar las propuestas de la RIEa que se ha comprometido pero el Bancono ha respondido aún.

Con la RIE “se ha abierto un proceso, unalucha que tenemos que seguir dando. No pier-do la esperanza del cambio”, añadió y se re-afirmó en el derecho de los ciudadanos a in-formarse y a incidir en las políticas públicas. o

en Brasil en abril del 2002, en el que la mayorparticipación estuvo del lado de las empre-sas y los Estados.

Conclusiones de la revisiónLa primera conclusión a la que arribó la

RIE en su documento final hecho público endiciembre del 2003 fue que todavía existe unrol para el GBM en los sectores de petróleo,gas y minería, pero “sólo si sus intervencio-nes facilitan la contribución de las industriasextractivas a la mitigación de la pobreza a tra-vés del desarrollo sostenible”.

“Para ello —indicaba— se deben cumplirtres condiciones, primero: gobernabilidadpública y corporativa en pro de los pobres;segundo: políticas sociales y ambientalesmucho más eficaces; y tercero: respeto a losderechos humanos”.

La RIE planteó además la exigencia de quelas compañías mineras participen en proce-sos de consentimiento con las comunidades ygrupos afectados, y que de lo contrario el GBMno financie más proyectos que no cuenten conel libre consentimiento público e informado delas comunidades y pueblos afectados.

Otra de las recomendaciones fue la obli-gatoriedad de la transparencia del flujo derentas y la divulgación de los documentos detodas las empresas financiadas por el Ban-co Mundial.

A nivel ambiental y social, la RIE propuso alGBM que dejara de financiar proyectos de pe-tróleo y carbón para el año 2008, que estable-ciera zonas intangibles, y actualizara y aplicaraplenamente la política de reasentamiento, fi-nanciando sólo aquellos proyectos que cuen-tan con el aval de la población y que llevarían areubicaciones voluntarias, no forzadas.

En relación con los derechos humanos,se recomendó la obligación de evaluar losantecedentes de derechos humanos de lasempresas con las cuales la CFI trabaja y laobligación de no apoyar proyectos que afec-ten a pueblos indígenas sin el reconocimien-to previo y garantías efectivas de sus dere-chos a poseer, controlar y manejar sus tie-rras, territorios y recursos.

Respuesta del Banco MundialOcho meses después, el directorio del Ban-

co Mundial reconoció que en muchos casoslos proyectos de industrias extractivas que fi-nancia han puesto en riesgo a poblaciones

COLOMBIAIndígenas esperan justicia. Desdehace tres años, la comunidad afro-colombiana de Tabaco, en el norte-ño departamento de La Guajira, es-pera justicia del gobierno colombi-ano y las empresas multinaciona-les que operan Carbones del Ce-rrejón —la mayor mina de carbón acielo abierto de América Latina—,de propiedad del consorcio AngloAmérica (Gran Bretaña), BHP Billi-ton (Australia) y Glencore (Suiza).

En enero del 2002 la localidad deTabaco fue demolida y sus habitan-

tes desalojados por la fuerza públicapara permitir la expansión de la minade carbón. Cuatro meses después,la Corte Suprema ordenó al munici-pio de Hatonuevo, al que perteneceTabaco, reconstruir un asentamientopara la comunidad desplazada.

Hasta la fecha nada ha ocurri-do. Las autoridades de Hatonuevoaseguran que es imposible para elmunicipio cumplir con la ordenporque carece de dinero, y señalanque es el consorcio minero el quedebe financiar la reconstrucción deTabaco. —MINES & COMMUNITIES.

�Debemosdecirle alBanco Mundialque deje deser cómplicey autorintelectual ymaterial de lamiseria ycontaminaciónde nuestrospueblos�.�Esteban Llanos

Nº 2, ENERO 26, 2005 noticiasaliadas8

La proliferación de conflictos mineros enAmérica Latina no se debe, precisamen-te, a un barril de pólvora legal. Sus cau-sas son diversas, desde las ambientaleshasta las culturales —pasando por la cla-morosa ausencia del Estado—, pero sípodría decirse que en varios países la fal-ta de normas claras favorece abusos y es-tallidos.

Para entenderlo, sin embargo, es preci-so echar una mirada a la manera cómo haevolucionado la legislación minera en elcontinente. De acuerdo al documento “Pa-norama minero de América Latina a finesde los años noventa” de la Comisión Eco-nómica para América Latina y el Caribe (CE-PAL) es a partir de la década pasada cuan-do se producen cambios sustantivos, coin-cidiendo con las nuevas marejadas políti-cas —y sobre todo económicas— que em-pezaron a inundar el mundo.

Antes, el Estado predominaba, no sólocómo regulador sino como empresario. Enlos 90, el auge de las políticas de libre mer-cado provocan cambios dirigidos a fomen-tar una mayor inversión —nacional o extran-jera— en el ámbito de la minería. El sectorprivado está ahora a la cabeza.

El único país que se anticipa a esta co-rriente es Chile, que en 1983 promulga laLey Nº 18428, que es su Código de Minería.En 1994, la Ley de Bases del Medio Am-biente (Ley Nº 19300) pone parámetros a laactividad, pero en general se procura alen-tar a los privados, algo que ya se había an-ticipado en 1974 con el Estatuto de la Inver-sión Extranjera.

Legislación para el sectorEn los 90, normas similares se promul-

gan en Bolivia, Colombia, Ecuador, Guate-mala, Honduras, México, Nicaragua, Perú,Venezuela, y hasta en Cuba, donde en 1995se dictó una Ley de la Inversión Extranjera ytambién la Ley de Minas. Recientemente,por ejemplo, se anunció grandes inversio-nes chinas en las riquísimas reservas deníquel cubano.

De acuerdo con el mencionado estu-dio de la CEPAL, en todos los países de laregión la legislación sigue estableciendoque “el Estado tiene el dominio absoluto,inalienable e imprescriptible sobre las mi-nas”. Es decir, que la propiedad del recur-so minero continúa siendo un patrimoniode cada país, el cual se reserva el dere-cho de otorgar concesiones a los inverso-res privados.

En algunos casos, como el argentino,la propiedad de las minas pertenece a cadaprovincia, debido al carácter federal delpaís. En Chile —supuesto paradigma dellibre mercado—, el Estado controla aún el

La primera es otorgada por una autori-dad ambiental (un ministerio o algún entede la administración pública). La judicial,sólo aplicable en Chile, es otorgada por unjuez de la circunscripción, que además es-tablece los requisitos legales. La tercera seotorga de acuerdo a un contrato que suscri-be el inversionista privado con la autoridadestatal.

Más allá de la fórmula, es importanteobservar las diferencias en cuanto al plazode los derechos de explotación. En Colom-bia, 30 años; en México, 50 años; en Ar-gentina, Perú y Chile el plazo es ilimitado,pero se puede perder por motivos diver-sos. En el Perú, la falta de pago del dere-cho de vigencia puede hacer perder la con-

AMÉRICA LATINARamiro Escobar desde Lima

Leyes mineras en su laberintoUrge que marcos legales de países de la región sirvan para laconciliación de intereses, no para alentar el enfrentamiento.

COTIZACIONES DE PRINCIPALESMETALES

1992-2004

Año Cobre Plomo Zinc Plata OroUS$/Lb US$/Lb US$/Lb US$/Oz US$/Oz

1992 1.03 0.24 0.57 3.94 343.721993 0.86 0.18 0.43 4.30 359.821994 1.04 0.24 0.45 5.28 383.911995 1.33 0.28 0.46 5.19 384.131996 1.04 0.35 0.46 5.17 388.251997 1.03 0.28 0.59 4.88 331.291998 0.72 0.23 0.46 5.53 294.161999 0.71 0.22 0.48 5.25 278.772000 0.82 0.20 0.51 5.00 279.032001 0.71 0.21 0.40 4.39 271.072002 0.70 0.20 0.35 4.59 308.582003 0.80 0.23 0.38 4.90 363.442004* 1.44 0.45 0.53 7.83 433.15Fuente: London Metal Exchange* Al 16 de diciembre del 2004

AMÉRICA LATINAUtilidad neta de las principal

empresas mineras(enero-setiembre 2004)

Empresa País UUS$

Companhia Vale do Rio Doce Brasil 1Minera La Escondida Chile 1Corporación Nacional del Cobre ChileGrupo México MéxicoIndustria Peñoles MéxicoFuentes: BNAmericas, CODELCO, Grupo México e Industria Peño

AMÉRICA LATINAProducción minera 2003

País Cobre Plomo Zinc Oro Plata Hierro*Miles TM Miles TM Miles TM TM Millones onzas Millones TM

Chile 4,867 0 34 38 42 6.5Perú 839 308 1,361 172 89 5.0México 330 152 505 22 94 0Argentina 199 14 41 29 5 0Brasil 28 11 140 43 0 239.4Colombia 2 0 0 21 0 0Bolivia 0 9 153 0 15 0Honduras 0 9 44 0 2 0* 2002Fuentes: International Copper Study Group, International Lead and Zinc Study Group, Goldfields Minerals Services, WorldSilver Survey y UNCTAD.

50% de la producción minera nacional.En Venezuela, todo el territorio está bajoel régimen de reserva minera a favordel Estado.

Colombia ha sido el último país enrenovar su legislación minera, al pro-mulgar en el 2001 la Ley 685. Allí seintrodujo la figura de otorgar derechospreferenciales mineros a las poblacio-nes indígenas o afrodescendientes ve-cinas a un yacimiento, algo que, segúnÁngela Tapia, abogada de la organiza-ción no gubernamental peruana CooperAc-ción, implica “una legislación muy avan-zada”.

Concesiones a largo plazoEl tema de las concesiones, que sue-

le originar tantas controversias, tambiénmerece ser examinado. De acuerdo conel documento de la CEPAL, hay tres ti-pos de concesiones en el continente: lade régimen administrativo (predominan-te en casi todos los países, incluyendoal Perú), la judicial (Chile) y la contrac-tual (Venezuela y Colombia).

MineríaImpactode la

9Nº 2, ENERO 26, 2005noticiasaliadas

cesión, según información del Ministerio deEnergía y Minas.

En el caso peruano, el DL 708 de 1993,denominado Ley de Promoción de la Inver-sión Privada en la Minería, dispuso la esta-bilidad jurídica para las empresas mine-ras, lo que otorga numerosas ventajas eimpide que en el futuro la legislación seamodificada.

Las empresas mineras han sabido uti-lizar esta ley en su favor. Un ejemplo se dioen la ciudad serrana de La Oroya con la em-presa Doe Run, que durante mucho tiempoargumentó que no podía adecuarse al Pro-grama de Adecuación y Manejo Ambiental(PAMA) debido a sus problemas financie-ros. En ese mismo lapso, empero, habríamandado varias remesas de dinero al ex-tranjero.

Esto ocurre porque el mencionado DL708 no establece controles para la remi-sión de utilidades al extranjero. Lejos deello, esta ley permite que las compañías

tales, es la entidad que determina qué tiposde control se establecerán. Esto ha sido mo-tivo de crítica.

“No se le puede dar al organismo quetiene como misión fomentar el desarrollode la minería, la tarea de fiscalizar a esaminería. Habría que buscar un mecanis-mo por el cual la gestión ambiental ligadaa la minería la tenga otro organismo inde-pendiente, y se genere y se implante en elpaís una gestión transectorial independien-te”, afirma José De Echave, de CooperAc-ción.

Leyes sobre minería hay. Pero lo quelamentablemente se observa, en casi todoel continente, es que algunas leyes se re-basan, se interpretan mal, o se eluden. Noson sólo las normas las que harán que laactividad minera discurra por cauces razo-nables, pero es imperioso que el marco le-gal de cualquier país sirva para la concilia-ción de intereses.

En cuanto a esto último, hay quienesplantean la necesidad de revisar esas le-yes de modo que incorporen mecanismospara enfrentar los crecientes conflictos en-tre empresas y comunidades.

“El marco legal institucional que se im-plementó en el Perú [como en muchosotros países de la región] a comienzos delos 90, es un marco que ha demostradoser muy eficaz para generar flujos de inver-sión positivos en este sector, pero que hademostrado serias limitaciones, por nodecir que ha colapsado, frente a los con-flictos sociales y ambientales. No hay nilos instrumentos ni las capacidades quepuedan permitir gestionar esos conflictosy eso se ha visto en cada uno de los pro-blemas que la minería ha enfrentado”, pun-tualiza De Echave. o

les

Utilidad$ millones1,7501,250

81649956

oles.

AMÉRICA LATINAParticipación en la

producción mundial decobre y oro 2003

(% del total mundial)

País Cobre OroArgentina 1.5 1.4Brasil � 1.9Colombia � 2.0México 2.6 0.9Chile 36.0 1.7Perú 6.2 7.4Fuente: Comisión Chilena del Cobre, WorldMetal Statistics

mineras transfieran al exterior capitaly ganancias, en cualquier momento ysin pagar cargas por dichas transfe-rencias.

Faltan leyes ambientalesEn la mayoría de países de América

Latina, se han dictado en los últimosaños normas ambientales referidas ala minería, a través de diversas modali-dades e instancias.

La más común de ellas es el minis-terio encargado —en Bolivia, por ejem-plo, es el Ministerio del Desarrollo Sos-tenible—, pero en el Perú se ha optadopor la vía sectorial. Así, es el propio Mi-nisterio de Energía y Minas el que, a tra-vés de su Dirección de Asuntos Ambien-

Campamento minero enEsquel, Argentina. En casitoda la región las leyes sobreminería se rebasan, seinterpretan mal o se eluden.

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Nº 2, ENERO 26, 2005 noticiasaliadas1 0

BOLIVIAJosé Antonio Aruquipa desde La Paz

Cinco siglos igualExplotación minera deja tras de sípobreza y graves daños ambientales.

La minería en Bolivia es una historia de500 años de explotación voraz e indiscri-minada. Desde que los conquistadores es-pañoles descubrieron el Cerro Rico dePotosí, en 1545, inmensas riquezas hansalido de los socavones transportadas enlas espaldas de millones de mineros de-jando a cambio pobreza, enfermedad,muerte y abandono.

Fruto de una explotación incesante, lasregiones mineras de Bolivia y sus habitan-tes enfrentan el riesgo de sufrir daños irre-versibles, mientras gobernantes y empre-sarios se concentran más en los beneficioseconómicos que en la protección del medioambiente.

“El medio ambiente está muy depreda-do, muy empobrecido, es un daño que searrastra desde la Colonia, sin ningún con-trol, provocado por empresas que ni siquie-ra eran bolivianas”, señala el ingeniero mi-nero Hernando Palma, director de la orga-nización no gubernamental Centro de Pro-moción Minera (CEPROMIN).

Palma advierte que el deterioro provo-cado por la extracción minera indiscrimina-da ha puesto en “peligro el futuro de los hi-jos y nietos de los mineros y pobladores delas regiones mineras”.

Medidas insuficientesMás de 60,000 trabajadores organiza-

dos en cooperativas —formadas por loscesados tras la privatización de las minasen 1985— explotan minerales en los de-partamentos de Potosí, Oruro y La Paz, se-gún la Corporación Minera de Bolivia (CO-MIBOL), que administra las minas en lasque el Estado tiene participación. Esa cifrano incluye a los aproximadamente 3,500mineros asalariados, ni a los 13,500 niñosdedicados a la minería informal.

Pese a la existencia de una legislaciónque declara como patrimonio del Estado alos recursos naturales y penaliza con mul-tas los daños al medio ambiente, las ta-reas para mitigar el impacto negativo de laminería son insuficientes y carecen del res-paldo gubernamental, según Palma.

“Los gobiernos son muy blandos, handescuidado tremendamente muchos com-promisos mundiales, y tampoco implemen-tan programas de reducción del impactonegativo”, afirma.

La explotación y exportación de minera-les representa, después de los hidrocarbu-ros y la soya, la tercera fuente principal deingresos para el tesoro público, según ci-fras oficiales.

En el 2004, las exportaciones crecieronen 32% con respecto al año anterior, porun total de US$264 millones. Pero el por-centaje de inversión para mitigar el daño

ambiental no se acerca ni al 10% de esaganancia.

El año pasado, en el departamento deOruro —que representa aproximadamenteel 30% de explotación— sólo se presupues-taron $3 millones para programas de pre-vención y disminución de daño ambiental,dijo Palma.

“Es en realidad un problema de presu-puesto”, explica. “Para un país tan pobrecomo Bolivia, la reparación ambiental paralos niveles actuales de explotación necesi-ta un presupuesto de por lo menos $10 mi-llardos. Es que realmente deberían pagarlas coronas española e inglesa [en referen-cia a la deuda que se arrastra desde la Co-lonia], pero ahora paga el pueblo boliviano”

Según el Instituto Nacional de Estadísti-

PERÚRompiendo mitos. Según la tradi-ción andina, si una mujer ingresa alsocavón, la mina deja de producir.Durante siglos, este mito fue acata-do sin dudas ni murmuraciones.

Esther Hinostroza, de la Asocia-ción Filomena Tomaira Pacsi deServicios a la Mujer Minera, cuentaque a mediados del siglo pasado,“las señoras trabajaban en lasgrandes empresas mineras como‘pallaqueras’, escogiendo, rom-piendo y separando el mineral,pero todo a cielo abierto, por lo mis-mo del mito, de que si la mujer en-tra se va el mineral”.

Sin embargo, actualmente cadavez son más las mujeres que traba-jan en la minería y actualmente cons-tituyen 5.4% de la fuerza laboral deese sector. El área con mayor núme-ro de trabajadoras es medio ambien-te y recursos humanos (28.4%), se-guido por labores administrativas(22.3%), laboratorio (5.7%) y sólo1.3% en las operaciones mineras

propiamente dichas, según cifras re-cogidas por el diario La República.

Con el tiempo y la moderniza-ción tecnológica, desaparecieronlas “pallaqueras” en las grandesminas, pero otras mujeres tomaronla posta en diferentes actividades.

Julianne Rojas es operaria dela mina Antamina, en el departa-mento de Ancash, en la sierra cen-tral, y maneja un volquete de 7 m dealtura, 13 m de largo y 178 TM depeso, con una capacidad de cargade 269 TM. Secretaria de profesión,fue adiestrada en el manejo de es-tos camiones por la empresa comoparte de un proyecto para incluirmujeres operarias.

Pero Hinostroza insiste en quesi bien ahora las mujeres en lasminas trabajan en labores tradicio-nalmente realizadas por hombres,todavía es difícil romper el mito.Las mujeres trabajan “a cielo abier-to, no dentro de la mina. Ni siquieralas ingenieras se atreven a ingre-sar a los socavones”. —NA.

Minero cooperativistaboliviano en plena faena.

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MineríaImpactode la

1 1Nº 2, ENERO 26, 2005noticiasaliadas

ca, Potosí y Oruro son los departamentosmás pobres de Bolivia. En Oruro, siete decada 10 habitantes viven privados de agua,electricidad y servicios básicos de salud,mientras que en Potosí, ocho de cada 10viven en la pobreza extrema.

“Mientras no se solucione el problemasocial la preservación del medio ambienteestará entre una encrucijada entre la pobre-za y la explotación voraz y rudimentaria”, sen-tencia Palma.

Cultura de depredaciónEn total, 18 empresas privadas y 87 coo-

perativas explotan minerales en Potosí, Oru-ro y La Paz, según COMIBOL. Tanto emplea-dores como trabajadores parecen haberseresignado a mantener sistemas de produc-ción que se asemejan a los utilizados du-rante la Colonia.

La mayoría de los mineros continúa tra-bajando con barrenos y martillos de acero ysin máscaras de gas u otro equipo de se-guridad. La selección de minerales en mu-chos de los centros se sigue haciendo amano. El alimento esencial sigue siendoun bocado de coca que ayuda a mitigar elhambre y cansancio de las ocho horas mí-nimas de faena en los socavones.

Un minero cooperativista, en promedio,percibe un ingreso mensual mínimo de1,200 bolivianos ($150) y máximo de 3,500bolivianos ($437), mientras un trabajadorasalariado gana entre 800 ($100) y 2,400bolivianos ($300), para mantener familiasde cuatro a seis miembros en promedio,según Jorge Zaral Magne, ex minero de 65años que trabajó durante 43 años en la minaHuanuni, en Oruro.

Palma advierte sobre algunas denun-cias referidas a efectos del daño ambiental.“Los residuos pasivos, aguas servidas, des-montes de colas ya han causado muchodaño”, asegura.

En el norte de La Paz, la utilización demercurio para la explotación de oro ha comen-zado a “provocar daños genéticos irreversi-bles en terceras generaciones, no sólo enanimales, sino también en seres humanos”.

En el sur de Potosí y Oruro, por el impac-to del plomo, arsénico y antimonio, metalespesados, se han presentado “casos de ni-ños con problemas neurológicos que nopueden subir gradas”, insiste Palma.

Zaral precisa que los riesgos inmedia-tos se perciben a diario en los socavonescuando los mineros ingresan a los parajessin ninguna protección.

“Los trabajadores son las primeras víc-timas del daño al medio ambiente, no hayventilación ni aire, muchos murieron con malde mina [tuberculosis]”, afirma Zaral.

Expuestos a los gases tóxicos —comoarsénico y ácido sulfúrico—, los denomina-dos “hombres topo” sufren a diario acci-dentes y muertes repentinas. “Se está cui-dando el medio ambiente, pero no se estácuidando el capital humano; los minerosacaban sus vidas en el interior de las mi-nas ante la miopía e ignorancia de las au-toridades”, dice Zaral.

Caso emblemáticoUn caso emblemático de potencial daño

ambiental surgió hace un año con el cierrede operaciones de la mina de oro a tajoabierto de Kori Kollo, a 40 km de Oruro, ex-plotada por la Empresa Minera Inti RaymiS.A. (EMIRSA). Ambientalistas y pobladoresdenunciaron a principios del 2003 que EMIR-SA había decidido desviar las aguas delcolindante río Desaguadero hacia el cráterde 300 m de profundidad que quedó comoresultado de la explotación.

La empresa defendió su proyecto argu-mentando que el llenado de agua correspon-día a un “moderno” proceso de reparaciónambiental autorizado por el gobierno.

Omar Rocha, biólogo y miembro de laSociedad para la Conservación de la VidaSilvestre, advirtió que el desvío del Desagua-dero iba a provocar el desequilibrio del sis-tema hídrico Lago Titicaca, Río Desagua-dero, Lago Poopó y Salar de Coipasa (TDPS)—que involucra también al Perú—, afectan-do la vida de miles de pobladores en lasáreas rurales de Oruro y Potosí.

Además, se teme que los sólidos tóxi-cos depositados en el fondo del cráter seanempujados a través de corrientes subterrá-neas a regiones aledañas.

La actividad agropecuaria también se veafectada por el grado del impacto ambiental.

“En el departamento de Potosí, los cen-tros mineros funcionan en las partes altas,mientras que los sembradíos se realizanen las partes bajas, con el consiguientepeligro de recibir directamente todos losresiduos sólidos de minerales”, observaRamiro Sanabria, responsable de Planifi-cación y Evaluación de Impacto Ambientalde COMIBOL.

“Si no empezamos a controlar, de aquí acinco años se va a registrar el abandono detierras, parcelas y cultivos, y el índice migra-torio aumentará la pobreza”, dijo Sanabria. o

CHILEContra destrucción de glaciares.La empresa minera canadienseBarrick Gold pretende explotar unyacimiento de oro en el fértil valledel Huasco, en la norteña región deAtacama, donde se encuentran pre-ciados glaciares que sustentan elecosistema de la alta montaña.

El proyecto, denominado Pascua-Lama, tiene carácter binacional, yaque el yacimiento está ubicado sobrela frontera entre Chile y Argentina (NA,Oct. 6, 2004). Barrick ya ha construidoun túnel de 7 km a través de la Cordi-llera de los Andes para trasladar suproducción hacia el Pacífico y a losmercados del Norte. La mina empe-zará a construirse en el 2006 e inicia-ría operaciones en el 2009.

El Observatorio Latinoamerica-no de Conflictos Ambientales alertósobre “la intervención directa dedos glaciares ubicados sobre elárea del rajo de la mina, que la em-

presa removerá, el manejo de sus-tancias tóxicas de alta peligrosidad,como son el cianuro de sodio, y elalto riesgo de contaminación de lasaguas que confirman la cuenca delrío Huasco”.

En carta abierta al presidente Ri-cardo Lagos, a parlamentarios y au-toridades regionales y nacionales,diversas organizaciones locales ad-virtieron sobre los riesgos que la ac-tividad minera aurífera implicarápara su actividad agropecuaria.

“La minería en las cabeceras decuenca contaminará nuestrasaguas, destruirá nuestros precia-dos glaciares”, dice la carta. “Ya nopodremos exportar nuestros pro-ductos y los acuerdos comercialesno nos servirán para promover elfruto de nuestro trabajo”.

El valle del Huasco es un impor-tante productor y exportador de fru-tos, hortalizas, y aguardiente deuva. —ORO SUCIO.

Nº 2, ENERO 26, 20051 2 noticiasaliadas

La actividad minera en Colombia, así comoen el resto de América Latina, genera con-troversia. Los intereses de las grandes com-pañías privadas y un Estado hambriento deinversiones a menudo chocan con las ex-pectativas de los pequeños mineros, las po-blaciones indígenas y los habitantes de lasregiones ricas en minerales.

Adicionalmente, la violencia y los abu-sos de los derechos humanos han sido elcomún denominador en las regiones don-de tiene lugar la minería en Colombia.

Entre 1995 y el 2002, los municipios mi-neros de Colombia fueron testigos de 6,626asesinatos y 433 masacres —así como cien-tos de desapariciones forzadas, amenazasde muerte, arrestos arbitrarios por las fuer-zas de seguridad del gobierno y casos detortura—, afirma el Sindicato de Trabajado-res de Minercol (SINTRAMINERCOL), en sulibro La Gran Minería en Colombia: Las Ga-nancias del Exterminio. SINTRAMINERCOLrepresenta a los trabajadores de la compa-ñía minera estatal Minercol, la cual actual-mente está siendo liquidada por la admi-nistración del presidente Álvaro Uribe.

Además, cerca del 70% de los despla-zamientos forzados en Colombia ocurrieronen áreas mineras, petroleras o de gas, sos-tiene el sindicato. Los habitantes de las re-giones ricas en minerales con frecuenciahuyen para evitar ser capturados en los en-frentamientos entre los rebeldes, los para-militares y el Ejército.

Los analistas afirman que hay una vio-lencia que se relaciona con la actividad mi-nera que puede ocurrir en cualquier parte.Pueblos inundados con dinero rápido se con-vierten en un cliché del “lejano oeste”, plaga-dos de alcoholismo, prostitución y bandidosque emboscan a los pequeños mineros.

No obstante, en el contexto del sangrien-to conflicto civil colombiano de 40 años, hayotros elementos. “Tanto la guerrilla comolos paramilitares han enfocado su accionaren zonas prósperas, es decir, donde hay re-cursos”, tales como las cosechas de drogailícita, petróleo, gas, y minerales que pue-den financiar sus operaciones, afirma unexperto de la empresa de investigación enseguridad y asuntos externos FundaciónSeguridad y Democracia, que prefirió man-tener su nombre en el anonimato.

El gobierno, los grupos de poder econó-mico y los intereses locales también a menu-do compiten en aquellas regiones donde latierra, los recursos y las posibilidades parafuturos proyectos están en juego. La mismadinámica se da ya sea si las áreas están do-minadas por la actividad minera o por otraslucrativas empresas. “El hecho de que seauna zona minera no la hace excepcional en elcontexto del conflicto”, dice el experto.

La industria minera colombiana abarcadesde las minas de carbón explotadas pormultinacionales hasta regiones ricas en oroexplotadas por mineros de pequeña escala quealternan la actividad minera con otras activida-des. También se producen esmeraldas —unaindustria que hace muchos años desplegabapequeños ejércitos privados para proteger susminas— tanto como níquel, fosfatos, mármol,granito y pequeños volúmenes de cobre.

Acusan a paramilitaresMuchos proyectos mineros se localizan

en algunas de las regiones más pobres deColombia. Adicionalmente, muchos abusoscontra los derechos humanos “se cometencontra líderes sindicales y sociales, quienespueden hablar a favor de sus derechos o losde su comunidad”, dice Ludivia Giraldo, jefadel departamento de Derechos Humanos delSINTRAMINERCOL.

Los paramilitares han sido a menudoimplicados como los presuntos responsa-bles de violaciones contra los derechos hu-manos en toda la nación. En años pasados,los paramilitares ganaron el control de lamayoría de las áreas ricas en minerales, di-cen los analistas.

En el 2001, en el más notorio caso dederechos humanos en la industria minera deColombia, paramilitares asesinaron a tresdirigentes del sindicato de la compañía esta-dunidense de carbón Drummond CompanyInc., que opera en el departamento de Cesar.El Sindicato de Trabajadores de la IndustriaMinera y Energética (SINTRAMIENERGÉTICA),y los herederos de los dirigentes están de-mandando a la Drummond alegando que losparamilitares eran agentes de la compañía oempleados. La compañía niega los cargos.

Los paramilitares tienen también una his-toria de uso de violencia y terror para forzar alos pequeños mineros a salir de las zonas deminería aurífera, aunque es un tema en deba-te determinar qué intereses están ellos pro-moviendo. Sin embargo, “los intereses de losparamilitares, los intereses de la política na-cional minera y los intereses de las multina-cionales coinciden”, dice el diputado GustavoPetro, del izquierdista Polo Democrático Inde-pendiente, haciendo notar que probar estasrelaciones es difícil.

Estado, multinacionales, entre responsablesSINTRAMINERCOL es más directo cuan-

do culpa a alguien. “El Estado colombiano, elgobierno de EEUU, sus ejércitos, sus para-militares, sus mercenarios, sus agencias, susfuncionarios diplomáticos, sus multinaciona-les y los ejecutivos de éstas son los mayoresresponsables de la violación de los derechoshumanos de las poblaciones mineras y pe-troleras”, dice el sindicato.

COLOMBIASuzanne Timmons desde Bogotá

Minerales manchados de sangreRecursos abundantes y ausencia del Estado hacen que las áreas minerassean vulnerables a violencia y abusos contra derechos humanos.

MineríaImpactode la

Sitios webde interés:www.olca.cl/Sitio del Observatorio Latino-americano de Conflictos Am-bientales, con sede en Chile,informa sobre los principalescasos, chilenos y latinoameri-canos, ligados con las activi-dades extractivas que produ-cen daño ambiental e impactoen las poblaciones.

www.iipm-mpri.orgLa Iniciativa de Investigaciónsobre Políticas Mineras difundela investigación aplicada entorno a temas relacionadoscon la minería y el desarrollosustentable de las regiones ycomunidades mineras en Amé-rica Latina y el Caribe.

www.mineralpolicy.org/Sitio de Earthworks, organiza-ción no gubernamental estadu-nidense dedicada a la protec-ción de las comunidades y elmedio ambiente de los impac-tos destructivos de la minería.Sitio en inglés que brinda infor-mación sobre casos de comu-nidades afectadas, malasprácticas de transnacionales,principales contaminantes enminería, entre otros.

www.nodirtygold.orgSitio en inglés y español dise-ñado por Earthworks quecuestiona la minería de oro. In-forma de forma didáctica so-bre los peligros del cianuro ysobre otros impactos en lo so-cial y ambiental de este tipo deminería.

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El problema, sostiene el sindicato, es lapolítica minera del gobierno, que busca ga-rantizar y proteger la inversión extranjera.EEUU es responsable de dar su ayuda a lasFuerzas Armadas colombianas (NA, Mayo 19,2004), la probada relación entre los militaresy los paramilitares, y el uso de la ayuda mili-tar de EEUU en las regiones mineras.

Jairo Herrera, director asistente de pla-neamiento minero en la gubernamental Uni-dad de Planeación Minero Energética (UPME),rechaza el punto de vista de que los parami-litares allanan el camino a la inversión multi-nacional. Legalmente hablando, él dice, nohay necesidad de ello.

Las compañías privadas interesadas en unárea minera deben simplemente comprar untítulo y conseguir un permiso ambiental, y losque sean necesarios. Los pequeños minerosque operan en la misma área sin un título notendrán ningún derecho legal a permanecer.

El gobierno subsidió un programa en losúltimos tres años para animar a los peque-ños mineros a registrarse por títulos. Sólo2,000 habían firmado cuando el programa ter-minó en el 2004, dice Herrera. Muchos otrospodrían quedar fuera del negocio.

Los críticos no están en contra de todainversión extranjera, dice Giraldo. “Pero síestamos en desacuerdo en que esa inver-sión extranjera se haga violando los dere-chos del pueblo colombiano, de las comuni-dades que habitan esas zonas mineras, y delos trabajadores y sindicalistas”.

Las compañías privadas mineras dejanun 60% de sus ganancias en Colombia, pa-gando impuestos y regalías, dice Herrera. En

el 2003, las regalías mineras ascendierona US$130 millones.

La violencia podría disminuir si el gobier-no prohibiera a las multinacionales buscarconcesiones en regiones tradicionales depequeña minería. El gobierno ya ha creadoalgunas de estas reservas, citando como ra-zón la violencia de la guerrilla, los paramilita-res y otros grupos que afecta a los mineros.

Se requiere mayor inversión socialLos cambios a la política minera, tales

como mantener con vida a las empresas es-tatales mineras como Minercol, también po-drían ayudar, dicen los abogados. La Fede-ración Unitaria de Trabajadores Mineros,Energéticos, Metalúrgicos, Químicos e Indus-trias Similares (FUNTRAENERGÉTICA) pro-puso forzar a las multinacionales a reinvertirsus ganancias, incrementando sus regalíasy la inversión social, y desarrollando las in-dustrias de transformación del mineral quepodrían crear puestos de trabajo y evitar quemuchos colombianos busquen empleo conlos grupos ilegales.

Otros ven la solución en el más ampliocontexto del conflicto colombiano. “Es lamisma solución que se aplicaría a cualquierotra zona del país”, dice el experto de la Fun-dación Seguridad y Democracia. “La solu-ción ideal es justamente que el Estado pue-da llegar a esas zonas, no sólo con fuerzasmilitares o con policía. Tiene que llegar coneducación, tiene que llegar con infraestruc-tura, tiene que llegar con todos los compo-nentes que uno espera de un Estado quepromueva la institucionalidad”. o

AMÉRICA LATINANoticias Aliadas

Pobladores reclaman ser consultadosGana fuerza movimiento social contra minería.

“Comuneros reclaman terrenos a minera”,“Campesinos marchan contra proyecto mine-ro”, “Agricultores en contra de entrega de tie-rras a minera”, “Comunidades afectadas porla minería marchan hacia la capital”. Cada vezes más frecuente encontrar titulares como és-tos en los diarios locales de nuestros países.

América Latina concentra más del 30%de la inversión minera mundial. Mientras losgobiernos del Perú, Argentina y Ecuador,como los de muchos otros de la región, venen la minería un motor para las economíasde sus países, son cada vez más los pobla-dores que se oponen al establecimiento deactividades mineras por parte de empresastransnacionales con o sin socios locales.

“Hay un franco proceso de expansión deesta actividad, y cuando la minería crece bus-ca controlar no solamente los recursos mine-rales sino una serie de recursos naturales,como el recurso tierra o los recursos hídricos,que son esenciales para el desarrollo de laactividad minera, y que antes de que la mine-

ría llegara han estado bajo el control y bajo elmanejo de otros actores: las comunidadesen general, comunidades campesinas, po-blaciones rurales, incluso ciudades o cen-tros poblados vecinos”, explica el economis-ta José De Echave, de la organización no gu-bernamental peruana CooperAcción.

“Por otro lado, hay otro tipo de conflictos,los de las poblaciones que ya coexisten conla actividad minera desde hace muchos años,desde hace décadas, y allí no están plan-teando que la minería se vaya, pero sí quesus derechos económicos, sociales y cultu-rales que han sido afectados por esta activi-dad sean reconocidos”, añade De Echave.

Consultas popularesEn junio del 2002, los habitantes de

Tambogrande, localidad en el norte del Perúubicada en un rico valle agrícola semitropi-cal, participaron en el primer referendo co-munal sobre minería en el mundo. Más de98% de los tambograndinos dijeron No a

www.minesandcommunities.org/Sitio en inglés dedicado a di-fundir noticias acerca del im-pacto de la minería sobre lascomunidades alrededor delmundo. Archivo de noticias porpaíses.

www.conacami.orgSitio de la Coordinadora Nacio-nal de Comunidades del PerúAfectadas por la Minería(CONACAMI). Organizaciónintegrada por 1,135 represen-tantes de las comunidades rurales y urbanas afectadaspor la minería de 13 departa-mentos del Perú.

www.cooperaccion.org.peOrganización no gubernamen-tal peruana que promueve unequilibrio entre la explotaciónde recursos naturales y lasnecesidades de desarrollosostenible.

www.esquelonline.com/~noalamina/Sitio de los Vecinos Autoconvo-cados de Esquel, de Argentina.Además de defender la causade la población contra la inter-vención minera, difunde infor-mación sobre otras organiza-ciones similares en el territorioargentino y América Latina.

www.orosucio.madryn.com/Sitio argentino sobre la mineríaaurífera en América Latina. In-teresantes reportajes sobredaños producidos por esta ac-tividad en la región.

www.iwam.netLa Red Internacional “Mujeres yMinería” es un movimiento orga-nizado de mujeres, que trabajanunidas con mujeres mineras yafectadas por la minería.

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los planes de una subsidiaria de la empre-sa canadiense Manhattan Minerals de de-sarrollar una mina de oro y cobre en su zona.

Aunque el gobierno dijo que el resulta-do del referendo no era legalmente vincu-lante, la resistencia a la mina no quedó ahí.Siguieron paralizaciones y campañas paraoponerse a una actividad que los poblado-res de esa comunidad consideran destrui-ría su principal medio de vida: el cultivo delimones y mangos (NA, Nov. 19, 2003). Unaño y medio después del referendo, el go-bierno puso fin a la opción de concesión deManhattan en Tambogrande por violacionescontractuales. Manhattan, sin embargo, haapelado la decisión del gobierno peruano.

En marzo del 2003 los pobladores deEsquel, en la provincia de Chubut, en el surde Argentina, hicieron lo suyo en otra con-sulta comunal. Un abrumador 81% se opu-so a la mina de oro a cielo abierto propues-ta por la también canadiense Meridian Gold.

Los pobladores de Esquel estaban pre-ocupados por la amenaza que la lixiviacióncon cianuro que se usa para extraer el oropodría haber constituido para su economía,que depende del ecoturismo, la pesca co-mercial de truchas y la agricultura. Aunqueel gobierno federal argentino, como su ho-mólogo peruano, dijo que la consulta no eravinculante, el gobierno de la provincia sus-pendió el proyecto por tiempo indefinido(NA, Mayo 21, 2003).

Vecinos autoconvocadosAunque hay comunidades que inicial-

mente ven con entusiasmo el desarrollo deactividades mineras en su territorio, sobretodo, por las posibilidades de generaciónde empleo, posteriormente se sienten de-fraudados.

Es el caso de Andalgalá, provincia deCatamarca, en el noroeste argentino, quecuatro años después de haber alentado laexplotación de oro y cobre en el yacimientoBajo la Alumbrera, explotada por MineraAlumbrera, subsidiaria de la suiza Xstrata,ahora se oponen (NA, Oct. 6, 2004).

En el año 1997, la empresa les prome-tió crear unos 16,000 empleos; en el 2001sólo habían 24 pobladores de Andalgalá enel proyecto. Actualmente hay unos 100 an-dalgalenses empleados.

Los comuneros de Andalgalá están pre-ocupados por el inminente inicio de otro em-prendimiento en su distrito, el de Agua Rica,el proyecto aurífero más prometedor delpaís, de propiedad de Minera Aconcagua(Canadá) y BHP Minerals (Australia). AguaRica está ubicada en los nacientes desdedonde la comunidad se provee de agua, ytemen que el posible drenaje ácido de lamina hacia la cuenca de agua termine con-taminándola.

Hoy, siguiendo el ejemplo de Esquel, Ve-cinos Autoconvocados de Andalgalá apun-ta a presentar un proyecto de consulta po-pular en el distrito. El modelo de organiza-ción de los Vecinos Autoconvocados de Es-quel ha seguido repitiéndose en otras co-munidades argentinas en conflicto.

Igualmente, en el Perú la experiencia de

Tambogrande tuvo su correlato en otra co-munidad de la sierra norte del país.

En setiembre pasado, durante dos sema-nas la población de Cajamarca realizó mani-festaciones de protestas para reclamar algobierno la revocación de la autorización a laMinera Yanacocha para realizar actividadesde exploración del cerro Quilish, que segúnsu parecer alberga una importante reservade agua subterránea.

Dos meses después el gobierno revocóel permiso a la minera, propiedad de la cor-poración estadunidense Newmont Mining yla socia local Compañía de Minas Buenaven-tura. Aunque no es seguro que la revocatoriasea definitiva, la medida fue considerada unavictoria para los cajamarquinos.

Otra ha sido la suerte de las confrontacio-nes de este tipo en Ecuador, donde el 20%del territorio está concesionado a diversasempresas mineras internacionales. Las co-munidades indígenas y campesinas han lo-grado acuerdos de suspensión de la activi-dad minera que no se cumplen, han perdidodemandas legales y hasta han sido llevadosa juicio por cargos de sabotaje, terrorismo,agresiones, entre otros (NA, Junio 30, 2004).

La Constitución del Ecuador ordena larealización de una consulta previa a las co-munidades pero las experiencias de mesasde diálogo en este país andino se han dadocuando la actividad minera ya ha estado endesarrollo.

Participación ciudadana“La participación ciudadana se da, pero

de manera tardía, ya cuando todo está deci-dido y esa participación no genera efecto vin-culante”, dice De Echave refiriéndose al casoperuano.

“Por ejemplo, un nuevo proyecto minerotiene que presentar un estudio de impacto am-biental. La población es convocada al final ytiene un plazo muy corto para revisar estudiostécnicos que son sumamente complicados,enormes, muy técnicos, sin que haya la posi-bilidad de que esas poblaciones tengan re-cursos, asesoría, para poder analizar, y ade-más tampoco el marco legal les da ningunagarantía para que sus observaciones sean fi-nalmente incorporadas en estos estudios deimpacto ambiental”, continúa.

Así planteados, estos mecanismos departicipación no tienen ninguna utilidad paralas comunidades. De ahí su demanda de unaparticipación ciudadana oportuna y bien in-formada desde el inicio de la actividad.

“Las comunidades deben estar involucra-das desde los inicios, desde los planes de de-sarrollo de prospección y de exploración de lacompañía minera, hasta finalmente todo el pro-ceso de evaluación de impacto ambiental y des-pués del monitoreo en caso de que la comuni-dad acepte el proyecto minero”, señala CésarPadilla, responsable del área de Minería y Co-munidades del Observatorio Latinoamericanode Conflictos Ambientales (OLCA).

“Si la comunidad se opone por razonescontundentes, de peso y bien fundamenta-das a un proyecto minero, sencillamente elproyecto minero no tiene por qué desarrollar-se”, remarca Padilla. o

MineríaImpactode la

GUATEMALAContra proyecto minero.Centenares de campesi-nos de la localidad de LosEncuentros, a 127 km aloeste de Ciudad de Guate-mala, se enfrentaron el 11de enero a fuerzas policia-les para impedir un proyec-to minero. Los choques de-jaron un agricultor muerto y20 heridos.

Los campesinos blo-quearon la Carretera Inte-ramericana, la más impor-tante del país, para detenerel traslado de maquinariadestinada a la explotaciónde oro, plata y otros meta-les en el municipio de SanMiguel Ixtahuacán, departa-mento de San Marcos, fron-terizo con México.

Aunque las exploracio-nes se iniciaron en 1997, lamina empezó a construirserecién el año pasado. Trasbuscar asesoría de aboga-dos y grupos ambientalis-tas, los pobladores llegarona la conclusión de que elproyecto minero —a cargode la empresa Montana Ex-ploradora, subsidiaria de latransnacional canadienseGlamis Gold— contamina-ría el ambiente y produciríaescasez de agua.

Roberto Magari, de la lo-calidad de Sipacapa, seña-ló que “la explotación [de lamina] es ilegal porque nose informó a la población”de los efectos que tendríasobre las comunidades.

Según una encuesta pu-blicada en noviembre por eldiario Prensa Libre, 83.5%de los habitantes de SanMiguel Ixtahuacan y de Si-pacapa creen que la extrac-ción minera no beneficiaráeconómicamente a sus co-munidades, mientras que86% considera que destrui-rá el medio ambiente.

La mina proyecta produ-cir anualmente 217,000 on-zas de oro y 3.3 millones deonzas de plata durante los10 primeros años. —NA.

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El dinámico crecimiento de la inversión mi-nera en el Perú desde principios de los años90 ha venido acompañado de cada vez ma-yores conflictos entre las comunidades y lasempresas. Sólo en el 2004 el Ministerio deEnergía y Minas tuvo que intervenir en 97 con-frontaciones y se prevé que éstas continua-rán este año.

En este contexto, destaca la relevancia deexperiencias como la desarrollada en el paísdesde finales de la década pasada en las quea través del diálogo se intenta acercar a losactores de la actividad minera a espacios másigualitarios y de mayor entendimiento.

Experiencia exitosaUna experiencia exitosa es la Mesa de

Diálogo de Tintaya, que inició sus primerasreuniones en diciembre del 2001 y tres añosdespués arribó a un convenio entre las co-munidades de la provincia de Espinar, en eldepartamento altoandino del Cusco, y la em-presa minera australiana BHP Billiton queopera la mina de cobre BHP Tintaya.

En el 2000, las comunidades con el apo-yo de Oxfam América y la ONG peruana Co-

PERÚAndrés Mego desde Lima

Experiencias de diálogoA través del diálogo se están construyendo relaciones de respetoentre comunidades y empresas.

operAcción realizaron un diagnóstico de losproblemas que desde 1982 tenían con laempresa en relación al tema de tierras, as-pectos ambientales y de derechos huma-nos, y enviaron un informe del caso a ladefensoría de Oxfam Community AidAbroad, en Australia, para casos de impac-tos producidos por empresas minerasaustralianas. Oxfam Community Aid Abroadacogió el caso e incidió para convencer ala casa matriz de BHP Billiton a encontrarsoluciones.

La mesa empezó a operar en febrerodel 2002, con la participación de represen-tantes comuneros y empresariales, ade-más de CooperAcción, Oxfam América,Coordinadora Nacional de ComunidadesAfectadas por la Minería (CONACAMI) y sucoordinadora regional en Cusco (CORE-CAMI), organizaciones que actuaron comoasesoras de las comunidades, y el gobier-no provincial de Espinar.

“Si una mesa de diálogo se instala enuna relación desigual, el proceso fracasaría.En este caso se intentó crear condicionesmás o menos equitativas para las comuni-dades que tenían que negociar con un actorsumamente poderoso como es BHP Billiton;en esto tuvo que ver el acompañamiento deCONACAMI, CooperAcción y Oxfam”, asegu-ra José De Echave de CooperAcción.

La mesa estableció cuatro comisionespara resolver problemas específicos: tierras,derechos humanos, medio ambiente y desa-rrollo sostenible. Después de casi tres añosde negociaciones, el 21 de diciembre del 2004comunidades y empresa firmaron un conve-nio, en el que la empresa se comprometió aentregar a las comunidades tierras por unaextensión equivalente a la que fue expropiadapor el Estado y adquirida por BHP Billiton, más25% a 50% de tierras adicionales, dependien-do de la calidad de éstas.

Monitoreos ambientales conjuntosEntre otros acuerdos, se plantea la rea-

lización de monitoreos ambientales conjun-tos empresa-comunidades en concordan-cia con los estándares de calidad adopta-dos por la Mesa de Diálogo. También estála creación de un Fondo de Desarrollo Co-munitario que contará con el aporte de laempresa y la decisión de que las futurasactividades de explotación o ampliación dela mina requerirán el previo consentimientode las comunidades involucradas.

“Se llegó a este acuerdo de la forma másdemocrática posible. El documento se dis-cutió por más de un año y sufrió varias modi-ficaciones, que han sido discutidas en cadauna de las asambleas de las comunidadesy luego aprobadas por las comisiones de laMesa de Diálogo”, afirma Francisco Córdo-

PERÚIncumplimientos en manejo am-biental. Hasta agosto del 2004, 11empresas mineras no habían cum-plido con unos 40 Programas deAdecuación y Manejo Ambiental(PAMA), denunció a principios deenero el congresista oficialista Jai-me Velásquez Rodríguez.

El legislador ha presentado unproyecto de ley para establecer ga-rantías económicas en los contra-tos de exploración y explotación derecursos naturales no renovablespara proteger el medio ambiente yla salud de la población, que seránhechas efectivas en caso de incum-plimiento de los PAMA.

“El incumplimiento de los com-promisos asumidos por las empre-sas mineras en la protección de losrecursos no renovables tiene impli-cancias graves que se resumen enproblemas de salud, degradaciónambiental, estancamiento del de-sarrollo y progreso de los pueblos”,dijo Velásquez. “La solución es laimposición de normas que obli-guen a los titulares a cumplir consus compromisos, como la ejecu-ción de esas garantías”.

La empresa estadunidenseDoe Run, propietaria de la fundiciónmetalúrgica de La Oroya, en los An-

des centrales, aplicará a una ex-traordinaria extensión que le permi-tirá diferir hasta el 2011 la construc-ción de una planta de ácido sulfúri-co de US$100 millones como partedel PAMA. Este es uno de los nueveproyectos que debe completar a fi-nes del 2006. La empresa aseguróque los otros ocho los completará atiempo.

La Doe Run había pedido al go-bierno una ampliación de su PAMA.En diciembre, el gobierno publicó laley que otorga a las empresas mi-neras la posibilidad de prorrogar elcumplimiento de sus planes am-bientales, lo que fue interpretadopor algunos sectores como unarespuesta al pedido de la empresa.

La fundición de La Oroya emitedióxido de azufre, así como polvometálico de plomo, cadmio y arséni-co, que causan daños al cerebro y alsistema nervioso central, particular-mente a niños menores de 6 años,pues lesiona de manera permanen-te su capacidad de aprendizaje.

Mientras tanto, el viceministrode Minas César Polo dijo a fines deenero que “el tema de los PAMAsestá prácticamente resuelto” y queademás del de la Doe Run, estánpendientes de ser cumplidos 11proyectos de seis compañías. —NA.

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VÍA AÉREA - AIR MAIL VOL. 42, Nº 2 � ENERO 26, 2005

APARTADO 18-0964, LIMA 18, PERÚNoticias Al iadas es una asociación sin f ines delucro, con Registro Civil Nº 646, Asiento A-1 (Art. 33º, D.L.20680). Hecho el depósito legal Nº 99-4052.

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va, representante de CORECAMI Cusco.“No se puede pensar que el convenio ter-

minará por resolver todos los problemas pa-sados y los futuros. La implementación delconvenio va ser un proceso complicado tam-bién. Pero se han sentado las bases parauna posible coexistencia armoniosa entreempresa y comunidades”, afirma De Echave.

Según Miguel Palacín, presidente deCONACAMI, “una de las razones del éxito dela mesa de Tintaya es que no ha estado pre-sente el Estado. En esa experiencia hemosdejado de lado las leyes vigentes, hemos tra-bajado en temas como tierra, desarrollo sos-tenible, medio ambiente que no están en lasleyes ni son política del Estado”.

Por su parte, De Echave destaca que losactores “han desarrollado capacidades paradialogar, para discernir cuáles eran reinvin-dicaciones justas y entender los diferentesprocesos que hay dentro de cada comuni-dad. Cada actor elaboró una estrategia paradesarrollar capacidades”.

Grupo de DiálogoOtra experiencia interesante vinculada con

la práctica del diálogo en la minería peruanafue la creación en 1999 del Grupo de DiálogoMinería, Medio Ambiente y Desarrollo Soste-nible. Impulsado en sus inicios por la organi-zación no gubernamental (ONG) peruana La-bor y el Centro Canadiense de Estudios Inter-nacionales y Cooperación (CECI), este grupocomenzó como un intento de acercar a losdiferentes actores de la minería, conocer suspercepciones y generar confianza.

“No exigimos que lo discutido sea vincu-lante, no estamos obligados a dar solucio-nes. Esto permite que haya libertad para sol-tarse, generar la posibilidad de la comunica-ción y abrir camino a la confianza”, afirmaJosé Luis López, coordinador del Grupo deDiálogo y uno de sus fundadores, resumien-do la que considera su principal característi-ca, la condición que ha atraído a más partici-pantes cada año.

Con una inspiración más bien psicológi-ca, antes de resolver conflictos específicosel Grupo de Diálogo convoca a los líderes deempresas mineras, ONGs, municipalidadesy del Estado para acercarlos, intercambiarpuntos de vista y aliviar, de paso, el tensoescenario de la minería peruana.

Si bien sus miembros no tienen la obli-gación de aplicar alguna recomendación,se espera que el conocimiento del otro y

haber adquirido una cultura de diálogo, in-fluyan finalmente en el trabajo de cada ins-titución, creando un clima propicio para laresolución de los conflictos existentes y laprevención de los futuros.

“Muchas veces cuando uno piensa en el‘otro lado’, pensamos en lemas, activida-des, mensajes, pero no en las personasque están ahí. Este grupo ha permitido quelas diferentes partes se conozcan a nivelpersonal, aumentado la confianza, por lomenos a ese nivel”, opina Eduardo Rubiode Minera Quellaveco, uno de los participan-tes más antiguos.

En su balance del 2004, en una de susreuniones mensuales más concurridas elGrupo de Diálogo contó con 61 participan-tes provenientes de los diferentes sectores.Sin embargo, los miembros no cuentan conninguna acreditación oficial, no pasan porconcursos, ni pagan alguna cuota. Por lotanto, el número de participantes siemprees variable.

Sin embargo, López reconoce que unalimitación del Grupo de Diálogo es no ha-ber podido integrar a representantes de lascomunidades de los sitios mineros.

Para Palacín, presidente de CONACAMI,“en el Grupo de Diálogo la agenda la ponenlos empresarios, las ONGs son oyentes yno han alcanzado resultados concretos”.

En ese sentido, el economista Juan AsteDaffós, del Grupo Andes, opina que “si biense requiere un espacio de discusión, en elGrupo de Diálogo falta percibir mejor quelos actores tienen sus propias agendas eintereses, con los que se debe construir unaagenda común y derivar en algunos com-promisos concretos”. o

Agricultores de Tambo Grandeprotestan contra proyecto minero.

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