huber, hernández y zúñiga. políticas de la identidad, fragmentación y conflicto social en el...

Documento De trabajo n. 166

IEP Instituto de Estudios Peruanos

InstItuto de estudIos Peruanos, IEP Horacio Urteaga 694, Lima 11 Telfonos: 332-6194/424-4856 Fax: (51-1) 332-6173 Correo-e: Web:

LudwIg Huber raL Hernndez asensIo rmuLo zIga

Huber, Ludwig

Polticas de la identidad, fragmentacin y conflicto social en el Per

contemporneo/Ludwig Huber, Ral Hernndez Asensio y Rmulo Ziga. Lima, IEP, 2011. (Documento de Trabajo, 166. Documentos de Poltica, 7)

IDENTIDAD; DESIGUALDAD SOCIAL; CONFLICTOS SOCIALES; POLTICAS DE IDENTIDAD; NACIONALISMO; PER.

WD/04.04.02/P/7

Libro electrnico de acceso libre disponible en

ISBN: 978-9972-51-327-5

ISSN: 1022-0356 (Documento de Trabajo IEP)

ISSN: 2222-0372 (Serie Documentos de Poltica)

Edicin digital del Instituto de Estudios Peruanos(Formatos: epub y PDF)Lima, diciembre de 2011

Correccin de textos: Kerwin TerronesPortada y maquetacin: Gino BecerraAsistencia: Sandy MansillaCuidado de edicin: Odn del Pozo

Este documento fue elaborado como parte del programa La escisin persistente entre economa y poltica en el Per, ejecutado por el Instituto de Estudios Peruanos

en el periodo 2008-2009 y financiado por la Fundacin Ford (Grant 1080-0458)

ndice

IntroduccIn ............................................................................................................................. 5

Clase social y poltica de la identidad ....................................................................................... 7

El caso peruano ....................................................................................................................... 13

Identidad territorial y reconfiguracin de la arena poltica ..................................................... 23

Comunidades, cohesin, identidad y poltica de la identidad en el nivel micro ..................... 29

Antauro Humala y el etnocacerismo: polticas de identidad en el nivel macro ...................... 39

Conclusiones ........................................................................................................................... 53

bIbLIografa ............................................................................................................................ 57

Introduccin

Desde que Rousseau teoriz sobre la igualdad natural de los hombres, la desigualdad social es decir, los mecanismos sociopolticos que favorecen de manera estructural a unos y perjudican a otros en el ac-ceso a bienes y posiciones anheladas por todos se ha convertido en un tema central de la investigacin social.1 Sin embargo, el inters de los estudiosos se ha centrado sobre todo en los mecanismos de diferenciacin que determinan la existencia de estratos jerrquicamente ordenados: en la desigualdad verti-cal, basada en criterios econmicos.

La equiparacin de desigualdad social y estratificacin jerrquica se justifica en la medida que dicha estratificacin es el elemento principal de la organizacin social en las sociedades capitalistas modernas. Aunque con al-tibajos y desviaciones perversas, la clase social ha sido el factor ms impor-tante en la generacin de solidaridades polticas hasta la segunda mitad del siglo pasado. Desde ese momento, sin embargo, otras desigualdades sociales, de corte ms horizontal que vertical, ms cultural que econmico, han cobra-do mayor relevancia en la vida poltica: adhesiones basadas en el gnero, la raza, la etnicidad o la pertenencia a un determinado territorio. La identidad, en suma, se ha aadido y en buena medida ha reemplazado a la clase so-cial como referente en la generacin de solidaridades polticas.

La teora social posestructuralista se encuentra ante el reto de analizar la desigualdad social de acuerdo con la interposicin simultnea de constela-ciones de poder y exclusin, donde la clase social se cruza con otros mltiples factores, como la raza, la etnicidad, la religin, el regionalismo, el gnero o la orientacin sexual. Un anlisis de clase concentrado en criterios econmicos no logra captar las mltiples facetas de la lucha poltica contempornea. Las disparidades horizontales, sumamente heterogneas entre s, no se ajustan a

1. Jean Jacques Rousseau escribi Discours sur lorigine et les fondements de lingalit parmi les hommes (Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres) en 1754 como contri-bucin a un concurso de la Academia de Dijon que planteaba como pregunta: Cul es el origen de la desigualdad entre los hombres, y si esa est autorizada por la ley natural?. El premio, dicho sea de paso, no lo gan Rousseau, sino el abate Franois Xavier Talbert.

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la percepcin clsica de la desigualdad social como un conjunto jerarquiza-do de estamentos bien definidos (Bergmann et l. 1969). La historia reciente muestra que la afiliacin poltica se define, cada vez menos, a travs de la adhesin ideolgica o la articulacin de intereses y, cada vez ms, a travs de la pertenencia a un determinado grupo, a menudo percibido como cuasi natural o primordial.

Estas constelaciones polticas posclasistas, que se sustentan esencial-mente en una politizacin de la cultura, se han llamado polticas de la iden-tidad. El trmino est relacionado con el auge de los llamados nuevos movi-mientos sociales en Europa durante los aos setenta, pero se lo ha utilizado tambin para describir la realidad en los pases latinoamericanos contempor-neos, ms que nada debido a la proliferacin de movimientos tnicos en los ltimos aos (Hale, 1997). No ocurre as en el Per, donde la investigacin social ha hecho escasos esfuerzos por analizar la situacin poltica desde el ngulo de las polticas de la identidad, probablemente como resultado de la ausencia de un fuerte movimiento indgena. En el presente trabajo, quere-mos demostrar que esta omisin impide una comprensin cabal del panorama poltico de este pas y de algunas de sus caractersticas ms notables, como la extrema fragmentacin y la exacerbacin de la conflictividad a nivel micro.

Clase social y poltica de la identidad

La fragmentacin social en el Per contemporneo refleja un giro hacia un tipo de representacin poltica donde los conflictos horizontales (es decir, los que se desenvuelven entre fragmentos del mismo esta-mento jerrquico) han tomado el lugar central que hace unas dcadas tenan, al menos discursivamente, las luchas de clases.2

Clase es un concepto difcil de definir. Por lo general, identifica una ubicacin econmico-productiva: las personas pertenecen a una u otra clase de acuerdo con su situacin en el sistema productivo. Segn la teora de clase tradicional, el principal generador de poder en la sociedad moderna es el ca-pital. Las relaciones de propiedad constituyen, por lo tanto, el factor ms im-portante de la desigualdad social.3 En su acepcin marxista, el trmino tiene, adems, un segundo componente igualmente importante: una determinada conciencia que vincula la base econmica con la superestructura poltico-ideolgica. Una clase plenamente desarrollada se caracteriza por una autoiden-tificacin y un sentido de colectividad. A la situacin econmica objetiva (Klasse an sich) se agrega un elemento de identidad compartida (Klasse fr sich), que, segn Marx, se constituye en la lucha. Clase, por lo tanto, es un trmino que se refiere tanto a un estrato econmico como a actores polticos (Pratt 2004: 194). En su estudio clsico sobre la formacin de la clase obrera en Inglaterra, E. P. Thompson (1963) describe las clases como comunidades de destino, que comparten un estilo de vida y un activismo poltico basado en la solida-ridad social.4 Ms que una mera categora econmica, las clases son actores

2. Cabe resaltar que esto no es ninguna particularidad peruana, sino una tendencia perceptible en el mundo entero durante, al menos, los ltimos treinta aos: la tendencia de la clase hacia la cultura. Al respecto, vase Hechter 2004.

3. Ante el agotamiento terico de la clase, existen algunos intentos de renovar la teora de la clase. Un re-sumen de este tema se puede encontrar en Bottero 2004. Sin embargo, se trata de ejercicios acadmicos que (todava) no han logrado reemplazar el economicismo que caracteriza a las teoras tradicionales de la clase.

4. Esta posicin haba sido adelantada por Engels en 1845. En La situacin de la clase obrera en Inglaterra, seala que los obreros hablan un idioma diferente, tienen otras ideas y concepciones, otras costumbres y otros principios morales, una religin y una poltica diferente a aquellas de la burguesa. Se trata de dos

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sociales colectivos. En el caso del proletariado, adems, se tratar de un actor social con una misin escatolgica intransferible: trascenderse a s mismo y convertir la sociedad de clases en una sociedad sin clases.

La industrializacin del siglo XIX instituye la clase social como agen-te principal de la lucha poltica (Hechter 2004, Pakulski y Waters 1996). Sin embargo, desde la segunda mitad del siglo pasado, un nmero creciente de autores han constatado el deterioro de la clase como articulador poltico.5 Obviamente, estos autores no postulan el fin de la desigualdad social. Lo que sus trabajos hacen es apuntar un declive en la capacidad heurstica del an-lisis de clase, basado en la supuesta coincidencia entre estructura, conciencia y accin, para explicar los procesos sociales y polticos actuales. En este sentido, Parkin seala:

La principal debilidad en cualquier modelo de clase que relega las colectivi-dades sociales al estatus de un simple portador de posiciones o a la personi-ficacin de fuerzas sistmicas es que no puede explicar adecuadamente las complejidades que surgen cuando, tangencialmente a las divisiones forma-les de clase, se encuentran divisiones raciales, religiosas, tnicas y sexuales. Sociedades marcadas por conflictos entre comunidades religiosas y raciales no presentan el mismo tipo de estructura de clase que las sociedades que no conocen tal conflicto, aun cuando su sistema ocupacional y las relaciones de propiedad sean parecidos. (Parkin 1979: 4)

Lo que se ha truncado en la poltica contempornea es la expresin identitaria de las clases. Se ha producido una desvinculacin entre la Klasse an sich (la situacin econmica objetiva) y la accin colectiva de la Klasse fr sich. El potencial acumulativo de la identidad clasista ha cedido a la prolife-racin con consecuencias sumamente fragmentarias de otras expresiones polticas identitarias que se sustentan, segn el caso, en un origen mtico y una territorialidad ancestral, en el fenotipo, el sexo, la religin, la orientacin sexual, o la pertenencia a un determinado territorio.

Las razones detrs de estos cambios no son del todo claras. La mayo-ra de los autores sealan entre los factores concomitantes, los siguientes: el declive de las industrias productivas, la globalizacin de los mercados y las estrategias posfordistas de control de la fuerza de trabajo. Adems, son im-portantes tambin factores no econmicos, como la creciente diferenciacin cultural dentro de las sociedades globalizadas. Segn Hechter (2004), una po-ltica de clase se sustenta en tres factores: la (relativa) impermeabilidad de las fronteras entre las diferentes clases, la capacidad organizativa y el impulso de la conciencia de clase. Estos tres factores habran perdido vigencia duran-te las ltimas tres o cuatro dcadas. La contextura de la clase obrera habra mermado debido a las mayores oportunidades educativas y a los cambios en

pueblos distintos, tan distintos como si fuesen de otra raza (p. 191 de la versin electrnica disponible en ).

5. El estudio pionero, al respecto, es el de Robert A. Nisbet 1959. Posteriormente, el tema ha sido tratado, entre otros, por Clark, Lipset y Rempel 1993; Pahl 1989; Hechter, p. cit.; y Pakulski y Waters, p. cit.

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el mundo del trabajo. Su capacidad organizacional se habra erosionado des-de la Segunda Guerra Mundial, con el declive de los sindicatos y los partidos polticos de izquierda, y producido, en ltima instancia, el debilitamiento de la conciencia de clase.

El resultado es la apertura de nuevas vas para la generacin de solida-ridades polticas. La multiplicidad de identidades inherentes a cada individuo, aunque limitada, ofrecera nuevas opciones potenciales para la identificacin poltica. Se tratara, en ltima instancia, de una decisin personal. Las divi-siones verticales de clase habran sido reemplazadas (o matizadas) en las so-ciedades del capitalismo tardo por desigualdades horizontales e identidades polticas heterogneas, que no se definen a travs de una ubicacin claramente precisada en la estructura social, ni legitiman sus acciones con principios uni-versales como la democracia o la justicia social.

A eso nos referimos cuando hablamos de polticas de la identidad: formas de movilizacin social basadas en identidades colectivas a las cuales antes, en el mejor de los casos, no se les daba significado poltico; o que, en el peor de los ca-sos, fueron escondidas, oprimidas o negadas tanto por parte de la cultura domi-nante como por la izquierda poltica clasista.6 La poltica de la identidad, seala Kenny:

[] vincula a los individuos con proyectos polticos a travs de elementos principales de su autopercepcin. Los miembros de los grupos consideran que tienen en comn ciertas caractersticas importantes que los distinguen de la poblacin en general una colectividad basada en la diferencia. La polti-ca de la identidad es una expresin de fuerzas sociales que intentan politizar divisiones sociales que antes eran consideradas como arbitrarias y no-polti-cas. (Kenny 2004: 3)

Las polticas de la identidad se basan en la diferencia y la bsqueda del reconocimiento de la identidad nica de este individuo o de este grupo, [en] el hecho de que es distinto de todos los dems (Taylor 1992: 61). Esto no sig-nifica que todas sean iguales. Cada una de las expresiones que han irrumpido en el escenario poltico, entre las que destacan la lucha contra la discrimina-cin de gnero, raza, preferencias sexuales, convicciones religiosas y diferen-cias tnico-culturales, expresa una relacin particular de poder. Cada una im-plica estrategias discursivas y polticas diferentes. La eleccin de privilegiar una determinada identidad obedece, a menudo, a razones tcticas de acuerdo con la coyuntura poltica.7 Los actores orientan su discurso y sus acciones a travs de una identidad de gnero, de etnicidad (o, tambin, de clase) segn la oportunidad que estas categoras ofrecen para regular la distribucin de bienes materiales y simblicos en un determinado contexto. Poblaciones que previamente se haban identificado como campesinos pueden transformarse

6. Un ejemplo que viene a la mente es la juventud: pinsese en Alan Garca bailando reggaetn en su campaa del ao 2006 para ganarse el voto de los jvenes.

7. Gayatri Spivak 1999 denomina esencialismo estratgico a la autoesencializacin de grupos subalternos con fines emancipadores.

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en pueblos indgenas, como consecuencia de circunstancias nacionales e internacionales favorables para las minoras tnicas. El ser campesino pierde representatividad y tiene que compartir el escenario poltico con otras iden-tidades, lo cual, en el mejor de los casos, conlleva a alianzas frgiles con or-ganizaciones afines y, en el peor de los casos, a una competicin por los cada vez ms escasos recursos de la cooperacin internacional.8

El resultado de este proceso es una nueva manera de vincular la pol-tica con expresiones culturales, rompiendo las limitaciones que el concep-to de ideologa del marxismo ortodoxo impona al potencial de la cultura para lograr la transformacin social. Si en dicha tradicin la cultura era el dominio de la alienacin, de la conciencia falsa, de la mistificacin; en suma, el reino de la ideologa, esta percepcin ha cambiado radicalmen-te (Dagnino 1998: 35). Se ha producido un giro de la poltica clasista hacia conflictos entre actores sociales definidos sobre la base del estatus ms que de la afinidad econmica (Hechter 2004). Un giro, si se quiere, de Marx a Weber. En el mbito epistemolgico, este proceso ha estado acompaado por un cambio en la definicin de la cultura, ya no como cosa, sino como contienda poltica sobre el poder de definir conceptos claves, incluyendo la cultura misma (Wright 1998: 14).

Las consecuencias de este giro son tanto de naturaleza terica como prctico-poltica. Los polticos de derechas han vuelto su atencin a temas de moral pblica; los de izquierdas, a un abanico de expresiones identitarias que peridicamente se renen en los foros sociales, desde el gnero, la ecologa, la ciudadana y los derechos humanos hasta la autodeterminacin tnica. Los economistas de la cooperacin internacional han reducido las clases sociales a cinco estratos con niveles de pobreza mensurables (A, B, C, D y E), y los han despojado de cualquier componente social y poltico.

Pero el giro en las formas de generacin de solidaridades polticas tambin suscita resistencias. Las reacciones al avance de las polticas de la identidad han sido contradictorias. Sus defensores recalcan que las polticas identitarias legitiman la presencia de subculturas disidentes en el escenario poltico, y destacan el hecho de que grupos tradicionalmente excluidos, como las mujeres, los indgenas o los homo-sexuales, tengan ahora voz poltica. Sus detractores, por el contrario, ven a las agru-paciones identitarias como portadoras de un germen decididamente antidemocr-tico, que se expresara claramente en fundamentalismos nacionalistas y religiosos.

8. Las dos organizaciones que, desde los aos setenta, prcticamente monopolizaron la organizacin de la poblacin rural andina la Confederacin Campesina del Per (CCP) y la Confederacin Nacional Agraria (CNA) crecieron alrededor de un discurso clasista. Sin embargo, ltimamente, se han inclinado ms hacia una posicin tnica e integran la Conferencia Permanente de los Pueblos Indgenas del Per (COPPIP) y la Coordinadora Andina de Organizaciones Indgenas (CAOI) aunque desde una posicin debilitada y sin mucha conviccin. Sin el apoyo de la cooperacin internacional, las posibilidades de las organizaciones indgenas en el Per para ganar protagonismo estaran seriamente limitadas. La decisin sobre quin es lo suficientemente representativo como para recibir apoyo y quin no lo es est en manos de las agencias, por lo que la relacin entre ellas y las organizaciones es una relacin vertical, con distintos coeficientes de po-der. Las organizaciones ms empoderadas son aquellas que mejor manejan los criterios de las financieras. Al respecto, se pueden ver los ejemplos que sealamos ms adelante.


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Desde la izquierda, que, de alguna manera, aora los tiempos de la lu-cha de clases, se critican las polticas de la identidad por estar basadas en un esencialismo que impide la articulacin de una visin compartida susceptible de impulsar el cambio social. Dado que los grupos identitarios tienden hacia la fragmentacin en conjuntos cada vez ms reducidos, sera imposible pro-mover una accin poltica coordinada contra un enemigo comn, con el resul-tado de una recurrente incapacidad para formar coaliciones capaces de pro-mover un cambio social progresivo.9

Nuestra visin quiere ser ms matizada. Sin negar los avances que mu-jeres, indgenas u otros grupos excluidos han logrado, en los ltimos aos, basndose en polticas identitarias, apuntamos tambin algunas de las conse-cuencias negativas que los avances de la poltica de la identidad suscitan en el clima poltico peruano.

9. Al respecto, vanse: Kaufmann 1990, Gitlin 1994, Harvey 1996 y Piore 1995. El autor que, desde una posicin de izquierda, ha sealado con ms agudeza los inconvenientes de la poltica de la identidad es Eric Hobsbawm (2000), y su crtica se sustenta en tres puntos centrales: (i) las identidades colectivas se definen negativamente, es decir, contra otros. Nosotros nos reconocemos como nosotros porque somos dife-rentes a ellos. Sin identificacin de quienes estn afuera, no existe posibilidad de identificar quin est adentro. En otras palabras, las identidades colectivas no se basan en lo que sus miembros tienen en comn, y es muy posible que no tengan gran cosa en comn, excepto el hecho de no pertenecer a los otros. (ii) Todos tenemos una multiplicidad de identidades. Sin embargo, la poltica de la identidad asume que solo una, entre las diversas identidades que todos tenemos, es la que determina, o por lo menos domina, la accin poltica. Y asume, adems, que hay que librarse de los otros, porque son incompatibles con la verdadera identidad. (iii) Los grupos de identidad solo tratan de s mismos y para s mismos, y nadie ms entra en el juego. Una coalicin de tales grupos que no cimente su unidad en un nico conjunto de objetivos o valores comunes solo posee una unidad ad hoc.

El caso peruano

El objetivo de las siguientes pginas no es presentar una interpreta-cin global de las transformaciones ocurridas en el campo poltico peruano en los ltimos aos. Esto es algo que supera en mucho nues-tras posibilidades. Lo que queremos es llamar la atencin sobre una serie de procesos que entendemos que no han sido, hasta el momento, suficientemen-te atendidos y que creemos que contribuyen a explicar los cambios que han experimentado las formas de hacer poltica en el pas. Nuestro nfasis estar puesto, en las interpelaciones, entre Estado y sociedad, y la manera como los cambios en dichas interpelaciones afectan el modo en que se organizan las so-lidaridades polticas, entendidas como estrategias colectivas de intervencin en los procesos de toma de decisiones y asignacin de recursos.

Partimos para nuestro anlisis de tres ideas: (i) sostendremos, en primer lugar, que, desde los aos noventa, se ha producido un cambio en la manera de interpelar a la poblacin por parte del Estado, pues se ha pasado de la nocin de polticas homogneas a asumir el principio de la focalizacin como instru-mento para la asignacin de recursos; (ii) en segundo lugar, como respuesta a este cambio en el paradigma de elaboracin de polticas pblicas, postularemos que se ha producido un cambio equivalente en el modo como desde la pobla-cin se busca interpelar al Estado, y se priorizan interpelaciones fragmentarias sobre la agregacin de demandas; y (iii) en tercer lugar, sostendremos que estos dos cambios se retroalimentan entre s, y tienen como resultado una exacerbacin de las polticas de la identidad, es decir, una exacerbacin de formas de expresin polticas cuya solidaridad se cimenta en apelaciones a identidades primarias particularistas y no en apelaciones ideolgicas.

La idea de que es necesario elaborar polticas pblicas diferenciadas para lo que se percibe como un cuerpo de ciudadanos heterogneo no es algo nuevo. De hecho, existen numerosos estudios que postulan que esta es, precisamente, la manera clsica en que los Estados coloniales han interpelado, durante siglos, a las poblaciones bajo su control. Tanto el Imperio espaol como, posterior-mente, el Imperio britnico habran mostrado una enorme flexibilidad para generar un entramado heterogneo de relaciones entre Estado y sociedad, basados en la nocin de particularidad.

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La identificacin de grupos singulares, identitariamente definidos, con el fin de administrar territorios y poblaciones heterogneas habra sido una tarea emprendida, desde muy temprano, por la administracin colonial.10 El resultado es un repertorio administrativo cada vez ms sofisticado. La habi-lidad de las administraciones coloniales para elaborar polticas concretas que permitan administrar grupos de poblacin especficos estara en el corazn de las explicaciones sobre la capacidad de las potencias coloniales europeas para mantener, durante siglos, el control sobre amplias porciones del planeta, con un relativo bajo costo y con un grado muy limitado de resistencia por par-te de las poblaciones nativas.11

La gestin de la heterogeneidad cambia en el siglo XIX. Las Revolucio-nes americana y francesa inauguran una nueva forma de interpelacin entre Estado y sociedad, basada en la nocin de un cuerpo de ciudadanos intrnse-camente iguales, sobre los que el Estado deba intervenir mediante procedi-mientos estandarizados. Por supuesto, la aplicacin de este ideal fue siempre ms hipottica que real. Especialmente en pases con pasado colonial recien-te y sociedades culturalmente heterogneas, la homogeneidad del cuerpo de ciudadanos (y de las estrategias de gubernamentalidad) nunca pasa de ser un ideal. Pero, al menos en teora, este fue, durante dos siglos, el principio rector, el paradigma a partir del cual el Estado imaginaba su funcin y su relacin con la poblacin. Esta circunstancia se quiebra en los ltimos aos. Podemos decir que estamos ante un sinceramiento de las relaciones entre Estado y so-ciedad. La heterogeneidad ya no es discursivamente negada, sino que, todo lo contrario, se la asume como un elemento positivo al que deben adecuarse las polticas estatales para ser eficientes y para cumplir sus objetivos en los pla-nos prctico (asegurar la gobernabilidad) y discursivo (proporcionar mejores servicios a la poblacin). Muy ilustrativo resulta, en este sentido, la reintro-duccin, en las estadsticas oficiales, de las categoras tnicas, que haban sido eliminadas a mediados del siglo anterior, como una expresin del ideal estatal de homogeneizacin del cuerpo ciudadano.12

En pases como el Per, este cambio es, en gran medida, el resultado de consideraciones prcticas. La opcin por polticas pblicas fragmenta-rias, enfocadas en grupos de beneficiarios concretos, est relacionada con la

10. Diversos estudios han sealado, en los ltimos aos, la importancia de las polticas coloniales en la recreacin de identidades tnicas en los momentos posteriores a la ocupacin europea, hasta el punto de llegar a hablar de procesos de etnognesis ntimamente ligados a la accin de los poderes coloniales. La bibliografa sobre el tema es inmensa. Una introduccin, al respecto, se puede encontrar en Hill 1998.

11. Con grado muy limitado de resistencia, nos referimos al hecho de que, durante los tres siglos de Colonia, apenas se producen rebeliones que ponen en peligro la ocupacin espaola del continente. El grado de estabilidad es, durante esos siglos, mucho mayor que el europeo. El asunto es diferente cuando se pone el nfasis sobre las formas de resistencia cotidiana. Como veremos, esta dualidad es, precisamente, una de las caractersticas de los regmenes de gobernabilidad, en los que las polticas de identidad juegan un papel central: estabilidad a nivel macro y gran conflictividad a nivel micro.

12. En el caso del Per, la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) IV de 2001 fue la primera en reintroducir la clasificacin tnico-cultural desde el censo de 1940. Desde 2004, la cuestin se incluye en las ENAHO, y, consistentemente, las repuestas suelen estar entre 35 y 40% de adscripcin de indgenas.


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constatacin del fracaso de las polticas generalistas desarrolladas, durante la mayor parte del siglo XX, como estrategias para la reduccin de la pobreza. La necesidad de optimizar el uso de unos recursos limitados para lograr el mayor impacto posible determina que se busquen nuevas estrategias, que ahora en-fatizan la focalizacin y la versatilidad como tcnicas necesarias para lograr el impacto deseado. Influyen tambin consideraciones polticas, relacionadas con el deseo del gobierno autoritario de Alberto Fujimori de asegurar una base electoral sin el costo y los riesgos asociados con el funcionamiento de un partido poltico.13 Pero, ms all de estas eventualidades, la apuesta por la fragmentacin del cuerpo homogneo de ciudadanos es tambin el resultado de una evolucin en los paradigmas ideolgicos dominantes. En nuestros das, la exaltacin de la igualdad ha sido sustituida por la aspiracin al reconoci-miento de la diferencia, incluso en aquellos grupos que reclaman para s una trascendencia revolucionaria y liberadora.

Profundizar en el anlisis y las repercusiones potenciales relacionadas con la fragmentacin del cuerpo de ciudadanos homogneo imaginado por las revoluciones liberales supera los objetivos de este artculo. Se trata de un proceso sumamente complejo cuyas aristas son mltiples. Existen excepcio-nes y matices que complementan y complejizan el asunto. Ni antes fue tan as, ni ahora es tan de la otra manera. Pero lo importante es resaltar que el cambio, efectivamente, se ha producido: de una interpelacin basada en la idea de igualdad hemos pasado ahora a una interpelacin basada en la idea de diferencia.

En el caso del Per, estos cambios se producen en un contexto de tran-sicin poltica, disolucin de un rgimen autoritario y transformacin econ-mica. El pas ya no es el mismo que el de hace dos dcadas. Los cambios son mltiples. El primer factor por considerar para analizar la situacin peruana es el hecho de que, en el pas, el declive de las expresiones polticas basadas en formas de solidaridad clasistas es ms profundo y comienza antes que en otros pases de la regin. La guerra interna y la crisis econmica derivan, a principios de los aos noventa, en un gobierno autoritario de un cuo muy diferente a las tradicionales dictaduras militares latinoamericanas; un gobierno que no busca perpetuarse mediante la construccin de un aparato poltico orgnico, sino me-diante la fragmentacin de las solidaridades polticas, y la apuesta por vnculos fragmentados de clientelismo, que atan directamente al Gobierno Central con los grupos de poblacin.

El xito de Fujimori es, en este sentido, imposible de cuestionar. Los partidos polticos y los sindicatos desaparecen de escena por casi diez aos. Incluso ahora su presencia es extremadamente precaria. La manipulacin

13. Norbert R. Schady (2000) ha demostrado, en este sentido, la funcionalidad del Fondo Nacional de Compen-sacin y Desarrollo Social (FONCODES) en la construccin de la base electoral de Fujimori en las eleccio-nes de 1993 y 1995. Segn este autor, las mismas razones que explican el xito de FONCODES, durante sus primeros aos, en el alivio de la pobreza de los grupos beneficiarios explican, a su vez, que dicho programa se convirtiera en un instrumento poltico extraordinariamente eficiente, debido al alto grado de flexibilidad en la distribucin, composicin y ritmo de los desembolsos.

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de las polticas pblicas y la extensin de sentidos comunes antiideolgicos abren el camino a nuevas formas de solidaridad poltica: identidades locales, de gnero, tnicas, etc. En este sentido, el elemento que consideramos que no se ha resaltado con suficiente intensidad es el repliegue hacia lo local/parti-cular, que se experimenta en todo el pas en el campo de la poltica, tanto en el plano de la generacin de solidaridades como en el plano de la accin co-lectiva. Los temas que organizan y movilizan a la poblacin son sobre todo temas locales o, a lo sumo, regionales. Es en estos mbitos donde la poltica levanta realmente pasiones. Las clases medias buscan ahora su reproduccin y su seguridad no a travs del Estado central, sino a travs del control de las estructuras locales de poder. Esto supone un mayor grado de complejidad y de conflictividad. En los ltimos aos, asistimos a una especie de redescubri-miento/reinvencin de identidades, que parte de lo folclrico, pero que no se detiene ah. Esto contrasta con lo que ocurra en la dcada de 1980 e incluso hasta mediados de los aos noventa, cuando los temas que movilizaban y or-ganizaban la agenda poltica eran fundamentalmente nacionales. Los grandes temas ahora tienen poca capacidad para movilizar a la poblacin. Los hechos de protesta son agregaciones de paros locales o regionales, sin que existan plataformas ni actores susceptibles de catalizar estados de nimo colectivos, transformndolos en acciones de magnitud comparable a lo que ocurre en otros pases de nuestro contexto.

Esta es una situacin muy diferente a la que ocurra hace algunas d-cadas. Especialmente en las pequeas ciudades del interior del pas, el Esta-do peruano habra sido percibido, durante gran parte del siglo XX como el principal agente modernizador. Habra sido la principal referencia de las inci-pientes clases medias urbanas, que vean en su fortalecimiento una fuente de ingresos y un respaldo a las oligarquas tradicionales en su lucha por el con-trol de los resortes del poder poltico. Incluso los sectores ms pobres habran visto a las instituciones estatales como un referente en la construccin de las narrativas integradoras y las identidades compartidas, y no nicamente como una imposicin homogeneizante.14

El segundo elemento que se debe considerar es la fragmentacin de polticas pblicas dirigidas a la poblacin de menores recursos, especialmente en el mbito rural. Durante la dcada de 1990, en pleno gobierno de Alberto Fujimori, asistimos a la introduccin, en el Per, de lo que se ha dado en deno-minar polticas pblicas orientadas por la demanda (demand driven). Aunque sus orgenes son complejos y superan el mbito de este estudio, es importante resaltar que se trata de un cambio que no es exclusivo del Per, sino que respon-de a un cambio global en el enfoque de las polticas pblicas en pases en vas

14. David Nugent (1998) seala, en este sentido, que, aunque muchas aproximaciones tericas al proceso de construccin del Estado parten de la idea de que este habra sido la imposicin de una fuerza externa por sobre la sociedad y la diversidad cultural local, el Estado no siempre habra sido percibido por parte de la poblacin local como una amenaza. Su estudio sobre lo ocurrido en Chachapoyas (nordeste del pas) en los aos veinte muestra que una parte muy significativa de la poblacin local vea al Estado como una fuerza liberadora y perciba la carencia del poder del Estado como la principal causa de la mayora de los proble-mas locales.


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de desarrollo. De manera sinttica, el enfoque de polticas pblicas orientadas por la demanda implica asumir la necesidad de focalizar la inversin pblica. Segn se seala, la escasez de recursos disponibles habra resultado, en ltima instancia, en el fracaso de las polticas previas de vocacin universalista. Para proceder a esta focalizacin, se requiere un cambio de actitud en la poblacin: que pase de ser nicamente beneficiaria a comportarse de una manera ms proactiva, articulando sus demandas segn canales establecidos en cada caso concreto: entrega de perfiles de proyectos, constitucin de institucionalidades comunales ad hoc para ajustarse a las necesidades de los programas, etc.

Las nuevas polticas pblicas asumidas por el Gobierno peruano durante la dcada de 1990 implican introducir la competencia dentro de los procesos de asignacin de recursos entre los diferentes grupos de poblacin, que ahora se ven obligados a competir unos contra otros por atraer el inters de las au-toridades y convertirse en beneficiarios de los programas sociales. Desde las ciencias sociales, el anlisis de este cambio en la estrategia estatal de asig-nacin de recursos se puede enfocar desde dos puntos de vista. Por un lado, es posible realizar una crtica de fondo respecto de los riegos implcitos en el abandono de las polticas universalistas, basadas en la nocin de que todos los ciudadanos son iguales y deben recibir los beneficios de las polticas so-ciales de igual manera. El nuevo enfoque, y esto es lo interesante, implica un cambio en las relaciones entre los actores sociales y polticos. Supone riesgos evidentes, pero tambin nuevas oportunidades.

El tercer elemento, que est muy relacionado con los dos anteriores, es la importancia que han adquirido las municipalidades en los ltimos aos. En-contramos, desde la dcada de 1980, una tendencia a convertir las municipa-lidades en el principal interlocutor en las relaciones entre poblacin y Estado. Ms all de sus competencias legales, cambiantes de acuerdo con la legisla-cin vigente en cada momento, las municipalidades asumen las demandas de la poblacin en temas como la provisin de servicios bsicos, la generacin de oportunidades econmicas y, en casos extremos, incluso la seguridad ciu-dadana, etc. Se genera, a partir de aqu, un proceso de retroalimentacin que prosigue hasta la actualidad y que cada vez es reconocido con mayor inten-sidad por la legislacin. A medida que las municipalidades asumen nuevas obligaciones, aumentan las demandas (y las expectativas) de los ciudadanos respecto de su desempeo. El resultado es la consolidacin, en el pas, de una tradicin de gobiernos locales fuertes, entendiendo por esto: (i) la tendencia de la poblacin de la reas rurales a exigir a las autoridades locales un papel activo en todos los aspectos de la vida cotidiana; y (ii) la tendencia de las au-toridades locales a desarrollar discursos y estrategias polticas que, muchas veces, sobrepasan ampliamente sus competencias legales.

Este proceso, vigente desde la dcada de 1980, confluye con una serie de cambios polticos ocurridos en el pas en los ltimos aos. Tras el final del gobierno autoritario de Alberto Fujimori, podemos hablar de un nuevo contexto poltico, tanto a nivel macro como a nivel micro. A nivel macro, comienzan a madurar las reformas legales de la administracin municipal puestas en marcha en la ltima dcada. Esto implica redefinir el papel de

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la municipalidad, potenciando su rol como interlocutor entre la comunidad y los actores externos en temas de desarrollo. Tambin supone una mayor trans-ferencia de recursos financieros. Aunque las municipalidades siguen siendo instancias con un presupuesto inferior al que demandara el cumplimiento de sus cada vez mayores obligaciones, legales o consuetudinarias, disponen de recursos significativamente superiores a los que contaban hace cinco o diez aos.

Como ocurre con los otros dos elementos sealados, la centralidad de las municipalidades supone nuevas oportunidades para una reconfiguracin del balance dentro de la sociedad. Tenemos, por lo tanto, tres procesos que apuntan en la misma direccin y que, en los ltimos aos, han transformado las interacciones entre Estado y sociedad en el Per: (i) la importancia adqui-rida por las identidades locales/regionales; (ii) la fragmentacin de las polticas pblicas enfocadas a los sectores ms pobres, especialmente en el mbito rural; y (iii) la consolidacin de las municipalidades como escenarios privilegiados de la interaccin entre Estado y sociedad. Se trata de un recuento que sabemos parcial; no obstante, lo importante es destacar que no se trata de un proceso neutro. Si el Estado cambia su manera de interpelar a la sociedad, lo mismo ocurre con la manera como la sociedad interpela al Estado. Es aqu donde entran en juego las polticas de la identidad.

Qu entendemos por polticas de la identidad? Como ya se ha sea-lado, con este concepto, queremos aludir una manera de organizar las solida-ridades polticas basada en la apelacin a una presunta identidad compartida de origen. Esta identidad puede ser definida de mltiples maneras en clave territorial, de gnero, tnico-cultural o incluso en clave familiar, pero lo importante es que siempre resulta naturalizada, es decir, se la presenta como una afinidad primordial, que existe en s misma, independientemente de los intereses de los individuos, su ideologa o sus acciones. La identidad compar-tida se presenta como algo que antecede y est por encima de la ideologas, y que es ms verdadero y consustancial a los individuos.

Se trata de una manera diferente de pensar el universo de la poltica. Dos son los aspectos clave que diferencian las polticas de identidad respecto de otras formas de generacin de solidaridad poltica: (i) el grupo identitario es considerado la unidad bsica del orden social, en sustitucin del individuo; y (ii) la poltica no se entiende (discursivamente) como negociacin de intere-ses, sino como una pugna por afirmar derechos y un trato particular. Esto tiene un impacto importante en las formas de accin colectiva en el campo de la poltica cotidiana. Al revestirse los intereses grupales con el ropaje de derechos, aumentan las probabilidades de que las formas de accin colectiva consideradas legtimas para incidir en los procesos de toma de decisiones y asignacin de recursos sean ms violentas. Ms adelante, veremos algunos ejemplos concretos al respecto.

La identidad es, por lo tanto, el factor central de cohesin de muchas de las expresiones polticas que, en los ltimos aos, aparecen en el Per. Existen, sin embargo, diferencias importantes entre unas y otras. Las apela-ciones identitarias que sirven de base a las solidaridades polticas pueden ser


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de naturaleza muy diferente. En el campo de las ciencias sociales, las apela-ciones que ms han llamado la atencin en los ltimos aos son las basadas en vectores tnico-culturales.15 Pero, como veremos en este informe, estas no son las nicas apelaciones posibles. En el caso del Per, creemos que ni si-quiera son las ms importantes si consideramos su impacto en la prctica y el nmero de personas que involucran. En concreto, podemos hablar de tres tipos de apelaciones identitarias que subyacen en las expresiones polticas de los ltimos aos:

Identidades definidas geogrfico-administrativamente (una provincia, un distrito, una regin).

Identidades comunales (las comunidades tienen ahora incentivos para for-talecer su solidaridad interna y, al mismo tiempo, diferenciarse de comu-nidades vecinas, de manera que puedan maximizar sus posibilidades de ser beneficiarias de polticas pblicas).

Identidades tnicas (vinculadas a lo anterior y, adems, a la proliferacin de programas de cooperacin internacional que buscan grupos tnicos para convertirlos en sujetos de inversin).

La irrupcin de las polticas de la identidad supone nuevas estrategias para generar solidaridades en el campo de la poltica y nuevas condiciones para la accin colectiva. En las siguientes pginas, analizaremos estos cam-bios atendiendo a una serie de ejemplos. Lo caracterstico, en estos casos, es que se trata de expresiones polticas basadas en grupos limitados, pero fuerte-mente cohesionados mediante apelaciones a identidades primarias. Los ejem-plos muestran, adems, una vinculacin muy fuerte entre esas nuevas iden-tidades, basadas en atributos pretendidamente primarios, y la competencia por el acceso a recursos. Esto ltimo, como veremos, es un factor clave para entender el carcter central que las polticas de la identidad han adquirido en los ltimos aos en este pas. Los casos que analizaremos demostrarn que la clave que explica esta exacerbacin de las polticas de la identidad son las nuevas reglas que, desde los aos noventa, rigen en el Per en lo que se refiere a toma de decisiones y asignacin de recursos por parte del Estado.

En concreto, los casos analizados son los siguientes: (i) la aparicin y consolidacin de una identidad poltica regional en Arequipa como resultado del juego poltico entre lo local y lo nacional; (ii) la exacerbacin de identida-des microlocales en Junn, y el fracaso de un sindicato agrario de la zona en su intento por dotar de un contenido ideolgico a dichas identidades; y (iii) el caso de los etnocaceristas peruanos dirigidos por Antauro Humala, quizs el ms radical ejemplo de una agrupacin poltica basada en apelaciones identitarias fundadas en vectores etnoculturales desarrollado hasta la fecha en el pas.

15. El tema ha sido analizado desde entradas muy diferentes. Dos ejemplos, al respecto, son, por un lado, Pare-des 2008; Muoz, Paredes y Thorp 2006, y, por otro, Pajuelo 2007.

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El primer caso nos permitir hablar de las expresiones polticas basa-das en identidades geogrfico-administrativas. Los otros dos nos permitirn entrar en el complejo mundo de las identidades tnico-culturales. Creemos que tratar estos aspectos es especialmente importante, porque, incluso en el caso peruano, donde la visibilidad de los movimientos indigenistas es infe-rior a la de otros pases de la regin andina, el tema ha generado una ingente bibliografa desde las ms diversas entradas. Nuestro objetivo no es negar la importancia de dichos movimientos, que ya ha sido sealada por otros auto-res. Lo que queremos con nuestro anlisis es matizar y situar en un contexto ms amplio dichos movimientos. Consideramos que su trascendencia debe ser relativizada en relacin con otras formas de apelacin identitaria, como las de base geogrfico-administrativa, que, en estos ltimos aos, han mostrado su mayor potencialidad como factor de cohesin poltica.

El anlisis del caso de las comunidades del valle de Junn apunta en este sentido: analizar cmo la activacin poltica de las identidades locales o microlocales puede ser, en el contexto peruano, una herramienta ms eficaz que la activacin de las identidades tnicas. Adicionalmente, debemos recor-dar tambin que, junto con las expresiones polticas que reivindican identida-des tnicas en clave positiva, como instrumento de integracin, existen igual-mente expresiones polticas que reivindican dichas identidades en clave nega-tiva, es decir, como instrumentos de segregacin. Es el caso del movimiento etnocacerista, que analizaremos al detalle en este artculo. Esto nos servir para recordar que la politizacin de la cultura es un arma de doble filo, que puede traducirse en una ampliacin de derechos, o como en versiones locales de ideologas extremadamente reaccionarias.

Ms all de estas especificidades, lo que une estos tres casos que nos proponemos analizar es lo siguiente: (i) en todos los casos, se trata de expre-siones polticas en las que la solidaridad se construye apelando a una identi-dad primaria; (ii) encontramos, detrs de esto, grupos pequeos, pero extre-madamente cohesionados, que articulan discursos en los que sus intereses no son presentados como tales, sino como derechos; y (iii) en los tres casos, el objetivo final es incidir en la distribucin del poder a favor de dichos colec-tivos, es decir, mejorar su posicin en los procesos de toma de decisiones y asignacin de recursos, sea de forma institucional o no institucional, a nivel micro o macro. Su anlisis nos permitir ver que la centralidad adquirida por las polticas de la identidad en cuanto a generacin de solidaridades polticas es un proceso complejo en el que interactan actores locales y fuerzas que, en muchos casos, trascienden el mbito peruano. Son resultados igualmente difciles de evaluar, de modo que no es posible una lectura en blanco y negro. Las polticas de la identidad ofrecen oportunidades para muchos grupos antes olvidados, que ahora encuentran un ecosistema poltico mucho ms proclive para la defensa de sus intereses. De la misma manera, existen tambin riesgos relacionados con la extremada fragmentacin y el aumento de la conflictivi-dad a nivel micro.

El anlisis conjunto nos permitir tambin analizar la forma en que las polticas de la identidad se han ido filtrando en los mltiples mbitos


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de la vida poltica peruana. Las expresiones polticas basadas en apelacio-nes identitarias no necesariamente se canalizan a travs de la arena electoral. Tampoco cristalizan siempre en agrupaciones polticas explcitamente enfo-cadas en programas de reivindicacin identitaria. Nuestro inters, en este sen-tido, est tanto en la poltica formal como en la micropoltica del da a da, en la interaccin entre Estado y sociedad, y en la pugna por definir los sentidos y los beneficiarios de las polticas pblicas.16

16. En este sentido, se trata de una entrada diferente a la ensayada por otros autores que han tratado el tema de las inequidades horizontales en el Per. Al respecto, vanse: Paredes p. cit. y Muoz, Paredes y Thorp p. cit. Estos autores han centrado su preocupacin en los efectos de dichas inequidades en el juego poltico formal y, especialmente, en las elecciones. Creemos que esta es una perspectiva parcial, que simplifica en exceso la problemtica.

Identidad territorial y reconfiguracin de la arena poltica

La identidad territorial como estructurante de expresiones polticas se ca-racteriza por entender la territorialidad como un aglutinante primario, que discursivamente se sita por encima de las ideologas. La identidad territorial tiende a focalizarse en aspectos concretos, como, por ejemplo, los recursos naturales, y a definirse por oposicin a otras identidades territoriales, que pueden ser regionales o remitir vagamente a un centro, en el marco del con-flicto entre centralismo y descentralizacin. Uno de los casos ms emblemti-cos del xito que puede llegar a tener este tipo de apelaciones lo encontramos en Arequipa, donde la irrupcin de expresiones polticas basadas en la exacer-bacin de solidaridades asentadas en la identidad territorial ha trastocado com-pletamente el mapa poltico regional, generado nuevos liderazgos y puesto fin a prometedoras carreras polticas. El anlisis de este caso nos permitir ver cmo las polticas de identidad articulan intereses de grupos concretos en clave de de-rechos atribuidos a entidades colectivas abstractas, condicionan los discursos polticos, marginan a unos actores y potencian el papel de otros.

En Arequipa, el proceso de desideologizacin de la poltica ocurrido en el Per durante la dcada de 1990 parece haber sido menos intenso. En su mayor parte, las opciones polticas actuales tienen todava perfiles ideolgi-cos netos. A diferencia de otras regiones del pas, todava es posible percibir un cierto engarce entre los intereses de los distintos grupos sociales presentes en la ciudad y las opciones polticas en liza. Esto no quiere decir, sin embar-go, que las agrupaciones polticas sean fuertes o estables. La vinculacin se realiza sobre todo a partir de la figura de la persona que lidera en cada mo-mento una u otra agrupacin, pero no con la agrupacin en s misma. El nivel de autonoma que los lderes tienen para establecer las listas de candidatos (y, eventualmente, sus equipos de gobierno) es muy alto y, por lo tanto, resul-ta relativamente fcil la conformacin de grupos homogneos que facilitan la identificacin con uno u otro grupo social. En concreto, podemos hablar, durante la dcada de 1990, de tres sensibilidades en la regin: (i) los sectores ms cercanos a los partidos tradicionales de izquierda, articulados en torno al

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Frente Amplio Cvico de Arequipa (FACA); (ii) un sector intermedio, integrado fundamentalmente por el Partido Aprista Peruano (PAP), opuesto a las privati-zaciones en Arequipa y favorable a ellas en Lima; y (iii) el sector empresarial, partidario, en principio, de las privatizaciones. Este ltimo sector, que no es homogneo y que, en las elecciones del ao 2002, se presenta en varias can-didaturas, supone un caso excepcional en el marco peruano, por lo que ser el objeto central del anlisis que se realiza a continuacin.

Hasta la dcada de 1970, Arequipa es una sociedad regional bastante desarrollada. Cuenta con una clase alta relativamente autnoma de Lima, que logra articular un circuito econmico regional basado en el procesamiento de productos agrcolas y ganaderos. Se trata de una burguesa emprendedora que se vincula directamente con el extranjero, controla los resortes del poder polti-co regional y busca influir en el gobierno nacional. La importancia, en el mbito nacional, tanto de la ciudad como de esta clase dirigente se expresa a travs de grupos de presin en Lima y tambin mediante protestas y revueltas populares, como la ocurrida despus de las elecciones de 1967 en apoyo a la candidatura de Fernando Belande. Existe, por lo tanto, un sentimiento regional muy acusado.

Esa situacin cambia drsticamente a partir de la reforma agraria desarro-llada por el gobierno del general Juan Velasco Alvarado. Al perder su base de apo-yo, la clase dirigente arequipea se disuelve y se traslada a Lima o al extranjero. Quienes quedan en Arequipa tratan de reformular sus bases de poder, asocindo-se de manera ms estrecha a la las polticas proteccionistas del Estado. La situa-cin se agrava, en la dcada de 1980, con el desarrollo de polticas de apertura y reforma del Estado. Con la desaparicin de las medidas de proteccin, la incipien-te industria arequipea desaparece. Sus nichos de mercado son ocupados por em-presas de mbito nacional o trasnacionales, con lo que desparece el segundo pilar del poder de la clase dominante tradicional. Como consecuencia de ello, la clase dirigente tradicional, vinculada a la industria de transformacin, se desarticula y deja de funcionar como grupo de presin eficiente. El poder poltico regional pasa a manos de otras familias, muchas de ellas emigrantes procedentes de los depar-tamentos vecinos como Puno, que llegan al poder gracias a sus contactos directos con los dirigentes polticos de Lima.

Desde el ao 1998, lo que queda del sector empresarial de Arequipa apuesta por revertir est situacin en alianza con otros sectores. Al contrario de sus similares de Lima, el apoyo de los empresarios de Arequipa a las re-formas neoliberales no es total. Comulgan con ellas en el plano terico, pero son conscientes porque los sufren directamente de los efectos negativos que la aplicacin del programa neoliberal tiene para su regin (deslocalizacin de industrias, cierre de empresas, desarticulacin del espacio econmico re-gional, etc.). La decadencia de la industria arequipea es su decadencia como grupo regional de poder, con capacidad para influir en Lima. Para revertir este proceso, no pueden contar con el apoyo de los gremios empresariales na-cionales, pues sus intereses son distintos. Por ello, desde la segunda mitad de la dcada de 1990, se inicia un proceso de movilizacin poltica que busca inter-venir, de manera directa, en los procesos de toma de decisiones. Este proce-so, que cuestiona las reformas neoliberales aunque no es totalmente opuesto,


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es paralelo al proceso de movilizacin poltica de las clases populares. En ocasiones, como ocurre en las elecciones de 1998 con la candidatura de Juan Manuel Guilln, los dos proyectos de regeneracin convergen.

Durante estos aos, la movilizacin poltica del empresariado arequi-peo se plasma en la consolidacin de las organizaciones gremiales como la Sociedad Agraria de Arequipa y la Cmara de Comercio. Adicionalmente, se consolidan tambin vnculos con otras instituciones similares de la regin sur del pas, a travs del proyecto Macrosur, que busca agrupar a empresarios de Cusco, Puno, Moquegua y Tacna, al revitalizar la economa regional con propuestas como la articulacin de corredores comerciales, y se abren a rela-ciones con las municipalidades de la regin y con otras instituciones locales a las que la Cmara de Comercio va a asesorar directamente.

La estrategia del empresariado arequipeo, encaminada a una mayor presencia pblica, es un caso excepcional dentro del mundo empresarial pe-ruano, caracterizado por el escaso inters de sus miembros en participar de manera directa en la poltica. En Lima, los empresarios resultan globalmente favorecidos por las reformas neoliberales, mientras que, en el resto del pas, no existe un grupo empresarial con una tradicin similar a la arequipea, capaz de desplegar estrategias propias. Desde la cada de Alberto Fujimori, un buen nmero de empresarios arequipeos participan en las listas de candidatos en elecciones legislativas y municipales. En un primer momento, esta partici-pacin se canaliza a travs de las formaciones nacionales ms directamente relacionadas con el mundo empresarial, como Unidad Nacional. As, el ao 2001, sale elegido como congresista, dentro de esta lista, Rafael Valencia Dongo, ex presidente de la Cmara de Comercio. Una de las claves, como hemos sealado, est en el impulso de la cooperacin internacional. No se trata, en este caso, de programas enfocados en la poblacin rural, sino en los sectores medios urbanos. El objetivo es preparar la transicin poltica en un contexto de salida de un rgimen autoritario en un periodo en el que se perciben fuertes ries-gos de desestabilizacin. La recuperacin del papel de Arequipa pasara, en este caso, por la profundizacin de las reformas liberales y la insercin de los sectores dinmicos de la regin en la economa internacional. Esta insercin sera la correa de transmisin que permitira el renacimiento de Arequipa como sociedad prspera e influyente.

Estas tres corrientes compiten, a finales de los aos noventa y principios del ao 2000, en ambos casos, con cierto xito electoral. Incluso, durante algn tiempo, se percibe un interesante equilibrio de fuerzas. La situacin cambia radicalmente a partir de 2002, cuando se producen tres hechos determinantes: (i) el ciclo de movilizaciones ciudadanas desarrollado en el ao 2002, en torno a la polmica sobre la posible privatizacin de las compaas elctricas loca-les por parte del Gobierno Central; (ii) las movilizaciones ciudadanas en torno a la construccin de la carretera Interocenica, que debe unir Per y Brasil, que, aunque con menor intensidad que en Cusco y Puno, tambin se sienten en Arequipa; y (iii) las diputas con Moquegua y Tacna respecto del reparto de los recursos hdricos y la construccin de grandes obras de infraestructura en el contexto del Proyecto Majes.

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Estos acontecimientos dieron al traste con buena parte de los procesos polticos que estaban en marcha hasta ese momento, y condicionaron de ma-nera casi absoluta las elecciones regionales y municipales de los aos 2002 y 2006. Son los principales vectores de movilizacin de la poblacin arequipea los que definen la poltica local. A travs de ellos, asistimos a lo siguiente: (i) el perfilamiento de una identidad regional basada en la nocin de unos derechos inherentes a los arequipeos relativos a la explotacin de lo que se conside-ran recursos propios, que no estaran siendo respetados por actores externos; y (ii) el deslizamiento de los referentes contra los cuales se construye la identi-dad territorial aglutinante: de la oposicin a una decisin del Gobierno Central (en el caso de las empresas elctricas) se pasa a una identidad regional basada en la formacin del derecho preferente de los arequipeos frente a otras regio-nes. En los casos de la carretera Interocenica y la disputa por la gestin de los recursos hdricos, las acciones colectivas de la poblacin arequipea deben ser interpretadas como parte de una pugna entre iguales por resultar favorecidos en la toma de decisiones por parte del Gobierno Central, que, en ltima instancia, debe decidir el trazado de esta va.

La afirmacin de la identidad regional sirve, por lo tanto, como agluti-nante de una expresin poltica encaminada a incidir en la focalizacin de las inversiones estatales. La misma historia la encontramos en muchos otros ca-sos de disputas entre regiones en el pas y en los cientos de frentes de defensa de alcance local o regional que proliferan. Lo interesante es que estas pugnas son interpretadas por la poblacin local en clave de derechos y no en clave de de intereses contrapuestos. Esta naturalizacin explica que se consideren le-gtimas formas de accin colectiva extremadamente violentas. La defensa de lo que se percibe como derechos justifica un tipo de actuaciones que, desde la ptica de una negociacin de intereses, resultara difcil de aceptar. Desde este punto de vista, la exacerbacin de la identidad territorial como elemento generador de solidaridad poltica tiene un impacto decisivo en el repertorio de la accin colectiva: implica la legitimacin social de estrategias de incidencia que sobrepasan los lmites de la legalidad y amenazan el orden pblico.

La legitimacin social de la violencia est asociada a una ideologa implcita que se sostiene sobre tres pilares: (i) la esencializacin de las enti-dades administrativas como sujetos de intereses colectivos por encima de los intereses individuales o de sectores sociales especficos; (ii) la conversin discursiva de dichas entidades en actores sociales, en sustitucin de partidos polticos y sindicatos; y (iii) la interseccin entre estos sentidos comunes y una vaga ideologa de trasfondo contestatario, que remite al vocabulario tra-dicional de la izquierda y que canaliza lo que se considera un conjunto de agravios histricos contra la regin. Los antecedentes histricos son recorda-dos de manera selectiva, conformando un discurso victimista que tiene como referentes negativos tanto a las regiones vecinas como al gobierno nacional. Esta ideologa reformula los parmetros de la identidad regional. y la dota de un fuerte contenido poltico.

La centralidad de las apelaciones territoriales, presentadas como algo por encima de las ideologas, impacta en los actores polticos al reconfigurar


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su balance de poder. La recurrencia de hechos de protesta se traduce en una re-vitalizacin de la figura de Jos Manuel Guilln como lder regional. En torno a l, se cristaliza un discurso reivindicativo que tiene como eje la defensa de los derechos de Arequipa frente a las pretensiones del Gobierno Nacional y de otros gobiernos regionales. Estos sucesos suponen tambin el quiebre de los grupos vinculados a la empresa que apuestan por un proyecto regional diferente, defi-nido en funcin de menos enfrentamiento, a los cuales las protestas colocan en una situacin extremadamente incmoda: por un lado, no pueden rechazar su legitimidad, porque esto supondra enfrentarse con la mayora de sus conciuda-danos; por otro lado, apoyarlas supondra perder la confianza de sus interlocu-tores en Lima y en el mundo de la cooperacin para el desarrollo. Su propuesta queda desdibujada y fuera de juego. Sin capacidad para articular un discurso alternativo, en ltima instancia, deben plegarse a las protestas.

Este fracaso deja varias enseanzas. En primer lugar, muestra que, en el contexto peruano, definido a partir de las premisas que veamos en el apar-tado anterior, formar parte de agrupaciones polticas que superan el mbito regional puede ser ms una desventaja que una ventaja. Esto ocurre porque las apelaciones basadas en la identidad regional dan paso a expresiones polticas extremadamente polarizantes, en las que no queda espacio para opciones in-termedias. El margen para la negociacin es muy reducido. Lo que se percibe en juego son los derechos de la regin. Cualquier contacto con autoridades o agrupaciones polticas de fuera de la regin puede ser percibido y presen-tado pblicamente como una traicin, por lo que resulta polticamente con-traproducente.

El refuerzo de la cohesin interna es considerado ms importante que la agregacin de demandas a partir de consideraciones clasistas. Esto supone, al mismo tiempo, una continuidad y una novedad. Las apelaciones identita-rias tienen xito como articuladoras de solidaridades polticas porque, en bue-na medida, reconfiguran, sobre nuevas bases, sentidos comunes preexistentes. En el caso de Arequipa, se construyen sobre la idea de un antagonismo entre centro y periferia, que tradicionalmente haba estado presente en los discur-sos polticos locales. Lima se caracteriza como un centro voraz que impide desarrollarse a las dems regiones del pas. Existe, por lo tanto, un sustrato de discurso contestatario, que previamente haba tomado forma mediante apela-ciones clasistas y que ahora se expresa de manera ms directa.

Estas apelaciones modelan no solo el repertorio de acciones colectivas, sino tambin las relaciones entre sus propios integrantes. Las protestas estn dirigidas por un conglomerado muy heterogneo de organizaciones. Muchas de ellas proceden de las antiguas organizaciones gremiales, que, sin embargo, han cambiado su discurso de clase por una apelacin a la identidad de origen. Al tratarse de apelaciones emocionales, basadas en lo que se presenta como una identidad primordial, es decir, dada y no construida, las disputas casi nunca tienen componentes ideolgicos. La pugna poltica se convierte en un choque de derechos, en el que el nico argumento considerado legtimo es la autenticidad y la cohesin interna. Triunfa quien es capaz de conjurar las esencias identitarias con mayor intensidad.

Comunidades, cohesin, identidad y poltica de la identidad

en el nivel micro

En el caso de Arequipa, la centralidad de las polticas de la identidad, en los ltimos aos, transforma el escenario poltico local. Sus conse-cuencias impactan de lleno en la negociacin del poder. En otros casos, sin embargo, los impactos son ms sutiles y deben ser buscados en la micro-poltica cotidiana. Las expresiones polticas articuladas en torno a la exacerba-cin de la identidad tienen como objetivo maximizar las posibilidades de gru-pos concretos de incidir en favor de sus intereses en los procesos de toma de decisiones y asignacin de recursos. Esto, incidentalmente, puede traducirse en un triunfo electoral. Convertido en encarnacin de las reivindicaciones are-quipeas, Juan Manuel Guilln no tiene ningn problema para imponerse en las elecciones regionales del ao 2006. Pero no necesariamente ocurre siempre de la misma manera. Las elecciones no son el nico mecanismo para incidir en la toma de decisiones. Las expresiones polticas construidas sobre la base de apelaciones identitarias pueden tambin tomar otros caminos. La incidencia puede darse a travs de otro tipo de acciones. Un ejemplo son las campaas en favor de la adopcin de medidas para la aplicacin de cuotas de gnero en las listas electorales a finales de los aos noventa.17

Podemos hablar de poltica de la identidad en este caso, porque encon-tramos: (i) un grupo definido por una identidad que se considera primordial y anterior a las ideologas (por ejemplo, el hecho de ser mujer); y (ii) una alta carga legitimista en favor de sus intereses, que son presentados como de-rechos y no como intereses. Un activo grupo, al aprovechar una coyuntura poltica muy concreta, logra la aprobacin de la ley en el Congreso median-te una alianza transversal de parlamentarios de grupos muy diferentes. Para conseguirlo, la identidad primordial es presentada como algo ms importan-te que las ideologas. Este xito no se debe al triunfo electoral de un partido

17. Sobre este tema, vase Gonzlez Arica 1998.

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explcitamente favorable a las cuotas. Si las reivindicaciones tnicas han en-contrado su expresin habitual, en los ltimos aos, en partidos indigenistas, no ocurre lo mismo con las reivindicaciones de gnero. La aprobacin de las leyes de cuotas se debe a la capacidad de un grupo de presin transversal, pe-queo, pero muy cohesionado, para intervenir en los procesos de toma de de-cisiones dentro de la administracin peruana.

En el caso peruano, las cuotas de gnero tienen un efecto significativo en la redistribucin del poder superior a otros pases del entorno. El porcen-taje de mujeres que desempean cargos electos ha aumentado de manera no-table: se ha multiplicado por dos el nmero de congresistas y se ha triplicado el nmero de regidoras. Se trata de un xito inesperado, ya que, en el diseo de la normativa, no se tuvieron en cuenta los efectos que estas cuotas podran tener en el sistema poltico peruano, ni, a la inversa, el modo como el sistema electoral peruano (listas abiertas, voto preferencial y sistema proporcional co-rregido con mayora de distritos electorales pequeos) incidira. El xito de la experiencia peruana de introducir cuotas en la legislacin electoral contradice el sentido comn de los estudios acadmicos sobre la incidencia de las leyes de cuotas. La sabidura convencional seala que, en pases con un grado de desarrollo medio bajo, que parten de un grado bajo de insercin de la mujer en el sistema poltico, la introduccin de cuotas, combinada con un sistema electoral que contempla la posibilidad de voto preferencial, tiene un impacto limitado.18

Encontramos, por lo tanto: (i) que un grupo cohesionado que apela a una identidad primaria y expresa sus intereses en funcin de derechos consi-gue un cambio legal favorable a sus intereses, y (ii) que ese cambio legal tiene impacto en la redistribucin del poder. Lo interesante, desde nuestro punto de vista, es que, para lograr su objetivo, este grupo articula discursos legitimis-tas y aprovecha en su favor la coyuntura poltica nacional e internacional. La arena a travs de la cual las polticas de la identidad entran en juego no es, en este caso, la electoral, sino la meditica y la parlamentaria. Son otras formas (no electorales) de hacer poltica.

Este es un punto que hay que recalcar y retener: la poltica (como inci-dencia en los procesos de toma de decisiones) no tiene como nico escenario la arena electoral. Se trata de apenas uno de los escenarios posibles para la in-tervencin de expresiones polticas basadas en apelaciones identitarias. Y no siempre es la ms importante. Un ejemplo, al respecto, ha sido estudiado en un brillante artculo de Mara Elena Garca (2003). El objeto de estudio son los programas de escolarizacin en lenguas nativas que diversas instituciones p-blicas y privadas ejecutan en las provincias altas de Cusco, en una zona donde la poblacin quechua es ampliamente mayoritaria. Garca seala que estas iniciativas han sido recibidas de manera sumamente ambigua por la poblacin local, que las percibe como una estrategia del Gobierno dirigida a mantener a la poblacin campesina en posicin de subordinacin. Lo interesante es que

18. Al respecto, vase G. Schmidt 2004.


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la respuesta no pasa por rechazar el programa, sino por modificar los tr-minos de su aplicacin. La poblacin habra actuado en dos pasos: primero, exaltando su carcter diferencial para atraer a las instituciones pblicas y privadas; posteriormente, tratando de revertir (desde su punto de vista) los potenciales efectos negativos de los programas mediante ingeniosas estrate-gias que demuestran, al mismo tiempo, una plena conciencia de su identidad diferenciada y un hbil manejo de los entramados (y ansiedades) del mundo del desarrollo. La aceptacin de la educacin bilinge habra estado condi-cionada a la puesta en marcha de programas de capacitacin empresarial en castellano. El objetivo declarado de estas prcticas sera asegurar que, ya que, en la escuela, los nios solo van a aprender quechua, tengan, en sus hogares, un referente que les pueda ensear a utilizar correctamente el idio-ma dominante en las transacciones comerciales y las interacciones polticas.

El caso estudiado por Garca es muy ilustrativo de cmo funcionan, en el mbito cotidiano, las polticas de la identidad. La accin de los habitantes de las alturas cusqueas se basa en lo siguiente: (i) la conciencia por parte de la pobla-cin local de esa identidad representante; (ii) su exacerbacin discursiva como estrategia para lograr canalizar hacia su comunidad la atencin de instituciones pblicas y privadas, que (iii) son posteriormente manipuladas en un juego en-tre los intereses (y representaciones) de los actores provenientes del mundo del desarrollo y los intereses (y representaciones) de la poblacin local. Asistimos, en este sentido, a una movilizacin tnica que interviene en el mundo de la mi-cropoltica cotidiana. A continuacin, veremos con ms detalle otro ejemplo similar. En ambos casos, las polticas de la identidad maximizan las posibi-lidades de una comunidad al incidir en los procesos de asignacin de recur-sos en favor de colectivos concretos, pero sin que esto tenga traduccin en el mbito electoral. En el caso de la Federacin Agraria Revolucionaria de Junn (FAREJ), nos encontramos con una asociacin de origen gremial que trata de adaptarse a los nuevos tiempos desarrollando nuevas formas de interaccin con la poblacin. Sin embargo, sus esfuerzos resultan, hasta cierto punto, un fraca-so. La poblacin rural reinterpreta la funcionalidad de la FAREJ de una manera que no haba sido la prevista por sus lderes. El escenario son las comunidades campesinas de la provincia de Chupaca.

La historia de las comunidades campesinas es, en el Per, larga y com-pleja. Su origen histrico no est bien dilucidado. Un momento clave en su maduracin parecen ser las dcadas de los aos diez y veinte, cuando varias reformas legales reintroducen la nocin de propiedad comunal, y la hacen compatible con la propiedad privada de la tierra. Esta legislacin cambia ra-dicalmente el balance de poder dentro de las poblaciones campesinas, alte-ra su organizacin poltica y sienta nuevas bases para la accin colectiva.19 La necesidad de defender la propiedad comunal frente a lo que se percibe como una amenaza de enajenacin de tierras se traduce en una reafirmacin de la identidad colectiva. El antiguo sistema de gobierno mediante caciques

19. La importancia de este periodo para las narrativas de la comunidad ha sido estudiada en Glave 1991.

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indgenas, que estaba en decadencia desde finales de la Colonia, pero haba conocido algunos momentos de revitalizacin durante el siglo XIX, es susti-tuido por formas de gobierno colectivo basadas en la nocin de comunidad.20 Se trata, sobre todo, de un cambio de nfasis en la medida que ambas formas de gobierno, la personalista y la colectiva, haban convivido desde tiempos inmemoriales.

En un marco de violencia y de aceradas disputas que involucran a los propios campesinos, a las lites regionales mestizas y criollas, y al propio Estado, la comunidad se habra convertido, en ese momento, en deposita-ria de una ideologa que arracima de manera compleja las referencias a un pasado nativo hasta cierto punto glorificado y una ideologa campesina del nosotros desarrollada durante la Colonia y la Repblica temprana.21 Estas tendencias se consolidan en los aos sesenta, que constituyen un segundo momento clave en la historia poltica contempornea de las comunidades campesinas andinas. En esos aos, se agudiza la lucha por el control de la tierra, y la economa agraria entra en crisis en un pas que se transforma. Las ocupaciones de haciendas corren paralelasmente a las negociaciones entre campesinos y propietarios, muchos de ellos deseosos de deshacerse de sus propiedades e invertir en ramas ms lucrativas de la economa nacional. Se trata de una edad heroica, en la que permanecen ancladas, hasta la actua-lidad, muchas de las narrativas de la comunidad.

El tercer momento clave son los aos ochenta, cuando comienzan a extenderse por todo el pas los programas de desarrollo. En ese tiempo, las comunidades campesinas se habran convertido en un actor fundamental de la micropoltica cotidiana en amplias zonas del pas. Su centralidad es el resultado de la confluencia de dos procesos que, si bien son distintos, estn relacionados entre s. Por un lado, las comunidades se han convertido en un interlocutor imprescindible para el Estado en la aplicacin de polticas de ali-vio de la pobreza y en la prestacin de servicios bsicos. Los programas de atencin focalizada a los que antes hacamos referencia casi siempre tienen como unidad bsica las comunidades. Son estas quienes deben tomar la ini-ciativa, presentando proyectos o perfiles, e involucrarse en su ejecucin. Las comunidades son, en este sentido, al mismo tiempo, el sujeto y el objetivo de dichas polticas.

Lo mismo ocurre con muchos de los programas ejecutados por la cooperacin internacional o por instituciones privadas de desarrollo.

20. La complejidad de la relacin entre ambas formas de gobierno durante el siglo XIX es analizada, de manera muy lcida, en Thurner 2006. En este libro, Thurner trata tambin acerca de los orgenes de la nocin de comunidad, relacionando la asuncin del concepto por parte de la poblacin campesina con las reelaboraciones ideolgicas posteriores a la Independencia. Dicha nocin tendra que ser entendida a partir de la manera como los campesinos utilizan su historia anterior durante el periodo colonial para pensar su ubicacin en el nuevo Estado republicano.

21. En su estudio del proceso de formacin de memoria histrica en una comunidad de la sierra limea, Frank Salomon (2001) seala el papel clave jugado por la poca colonial. En las narrativas producidas por los intrpretes comunales de la historia, este periodo habra marcado el trnsito entre el periodo de gentilidad y el nosotros campesino autoasumido hasta la actualidad.


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Las comunidades se han convertido en el mediador por excelencia entre el Estado y la poblacin pobre de las reas rurales. Esto se produce en paralelo con un aumento considerable de sus atribuciones en el mbito interno. Este es el segundo proceso por resaltar. Ya en la dcada de los ochenta, un estudio de Olga del Carpio, Augusto Cavassa y Herbert Gmez (1992) sealaba un espectacular aumento en el nmero de atribuciones de las comunidades de la cuenca de Pomacanchi, en Cusco, en el marco de una masiva intervencin estatal y privada en la zona. La ejecucin de programas de desarrollo gene-ra nuevas necesidades organizacionales en temas como manejo de recursos hdricos, planificacin y comercializacin de la produccin, ejecucin de campaas de salud, control de la educacin y otros muchos campos en los que la comunidad se ve forzada a involucrarse. Se multiplican los comits especializados, sobre todo en las zonas donde las comunidades estn sli-damente arraigadas.

Entre las nuevas atribuciones que las comunidades de la cuenca de Po-macanchi asumen en los aos ochenta, se encuentran el manejo de empresas y fondos comunales (creados en el marco de programas de desarrollo), ma-quinaria agrcola, tierras comunales mejoradas gracias a dichos proyectos y la supervisin del funcionamiento de los sistemas de agua potable y elec-trificacin. En los aos noventa, a esta lista se unen temas como manejo de los espacios reforestados, conduccin de microproyectos de infraestructura construidos por programas estatales, y manejo de los centros de educacin primaria. En aos recientes, adems, hay que aadir la posibilidad de que las comunidades participen de manera directa en la asignacin de fondos, por medio de instituciones como el presupuesto participativo.

Esta multiplicacin de funciones se traduce en un refuerzo de la centralidad de la comunidad como institucin clave de la vida poltica. Las comunidades son el principal mecanismo de articulacin de las acciones colectivas de la poblacin rural. A travs de ellas, se organiza la incidencia en los procesos de toma de decisiones y asignacin de recursos, sea de manera institucionalizada (presupuesto participativo, concursos de programas sociales e incluso elecciones) o por otros medios (toma de carreteras, protestas, etc.).22 La nueva situacin supone tambin un incentivo para reforzar la cohesin interna. En la medida que una comunidad acta como un cuerpo homogneo, aumentan las posibilidades de lograr los objetivos de incidencia: aumentan las posibilidades de ser seleccionada por los organismos pblicos y privados, aumentan las posibilidades de condicionar la toma de decisiones por parte de otros actores e incluso aumentan las posibilidades de obtener mayores cuotas de poder poltico.23

22. Un ejemplo de que grupos pequeos cohesionados sobre la base de una identidad comunal pueden tener xito en las elecciones locales, gracias al sistema electoral peruano, se estudia en Asensio 2008.

23. Por supuesto, esto no ocurre siempre ni en todos los casos. Es la tendencia general, pero tambin podemos encontrar ejemplos en los que las estrategias de priorizacin incentivan a sectores de comunidades que buscan convertirse por s mismos en sujetos de la accin de las instituciones pblicas o privadas. Estos sectores que se fragmentan pueden estar definidos geogrficamente y dar lugar a una nueva comunidad, sectorialmente y dar lugar a comits o microempresas con intereses particulares, o de cualquier otra manera

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Si hace dos dcadas las comunidades parecan estar amenazadas por la competencia de otras formas de organizar la solidaridad poltica consideradas ms modernas, como los sindicatos agrarios, la situacin actual es completamente diferente. Son estos sindicatos los que deben encontrar un nuevo acomodo, y redefinir su perfil. Este es el contexto en el que la experiencia de la FAREJ toma cuerpo.24 Se trata de la rama regional de la Confederacin Nacional Agraria (CNA), fundada a comienzos de los aos setenta por el gobierno de Velasco para actuar como interlocutora entre las autoridades revolucionarias y el campesinado. Es, por lo tanto, una organizacin cuya apelacin a la poblacin parte de un discurso clasista. Durante las dcadas de 1980 y sobre todo de 1990, la organizacin experimenta un proceso de acelerada decadencia a medida que se va extendiendo, por todo el pas, una nueva forma de percibir la relacin entre Estado y sociedad, que excluye a los partidos polticos de su papel de intermediarios, y privilegia la conexin directa entre poblacin y autoridades, entre gobernados y gobernantes. Se trata de un sentido comn, hbilmente explotado por Fujimori para construir su propia estructura de poder en los mbitos rurales del pas. Lo ideolgico y lo poltico, desde esta perspectiva, son ledos como obstculos, pues dificultan los esfuerzos de la poblacin y el Gobierno para trabajar coordinadamente por el progreso y el desarrollo de las poblaciones ms pobres del pas. En este modelo, son los pobladores quienes directamente se relacionan con las autoridades, a travs de institucionalidades generadas ad hoc por cada una de las agencias responsables de la ejecucin de los programas sociales: ncleos ejecutores del Fondo Nacional de Compensacin y Desarrollo Social (FONCODES), comits conservacionistas del Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrogrficas y Conservacin de Suelos (PRONAMACHCS), comedores populares del Programa Nacional de Asistenta Alimentaria (PRONAA), etc.

El principal mediador externo dentro de este esquema son las organiza-ciones privadas de desarrollo. Su intervencin en una comunidad contribuye a maximizar las posibilidades de la comunidad de ser elegida por las agencias pblicas en el proceso de focalizacin. Las organizaciones privadas de desa-rrollo transfieren a la poblacin capacidades que pueden resultar muy tiles en la competencia por los recursos estatales: transfieren la capacidad de hablar con el lenguaje de la administracin y, por lo tanto, poder interactuar con las agencias estatales mediante la formulacin de preproyectos, la presentacin de perfiles, la conformacin de las instituciones ad hoc requeridas, etc. Adems de eso, en determinadas ocasiones, en los medios rurales, las organizaciones de desarrollo pueden facilitar tambin contactos directos entre la poblacin y los tomadores de decisiones de nivel medio. Contactos, hbilmente utilizados pue-den convertirse en atajos en un contexto en que gran nmero de grupos de po-blacin se encuentran compitiendo por la atencin estatal. Esta funcionalidad

(por ejemplo, a travs del gnero). Lo interesante es que casi siempre estos nuevos grupos conformados al interior de las comunidades reproducen el proceso y tienden a enfatizar su definicin identitaria, buscando naturalizarla.

24. Este caso es analizado con ms detalle en Asensio 2007.


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explica la multiplicacin de las organizaciones privadas de desarrollo y su xito como mediadores entre Estado y sociedad.25

Las organizaciones privadas de desarrollo se han convertido en actores clave en la transformacin de la micropoltica cotidiana. Su intervencin mo-difica los parmetros de la accin colectiva de las comunidades en, al menos, dos sentidos. Por un lado, alienta una visin segmentada de las problemticas, incidiendo en la necesidad de identificar problemas concretos que deben ser atacados mediante soluciones tcnicas concretas. Incluso aquellos programas que reclaman partir de una visin integral del desarrollo se ven obligados, en la prctica, a intervenir sectorialmente con lneas de trabajo separadas, que, la mayora de las veces, debido a los constreimientos del trabajo de campo, actan de manera poco coordinada. Los programas de desarrollo, por otro lado, alientan tambin un reforzamiento de la cohesin de grupo de los sec-tores objeto de intervencin. Como ocurre con los programas estatales, la co-hesin interna aumenta las posibilidades de un colectivo de ser considerado en los programas de ayuda, ya que, desde el punto de vista de los gestores del desarrollo, maximiza sus propias posibilidades de xito. Esto supone que, dentro de las comunidades, existan incentivos para soslayar las diferencias internas en a favor de una imagen ms homognea y cohesionada.26

Las organizaciones privadas de desarrollo han tenido gran importancia en la redefinicin del significado de lo local en los procesos de asignacin de recursos. Su fortuna reside, en buena medida, en su capacidad para presentar-se a s mismas como intermediarias y representantes de una poblacin que es, al mismo tiempo, heterognea (cuando se compara unos grupos de poblacin con otros) y homognea (cuando se considera un grupo en s mismo). Esta es la combinacin perfecta que permite a lasOrganizaciones no Gubernamentales (ONG) justificar su funcin intermediadora entre poblacin y Estado: grupos diferentes que requieren polticas diferentes y, al mismo tiempo, cohesin in-terna que permite hablar en nombre de.27 La reactivacin de la FAREJ pasa por asumir y recrear este modelo. Como muchas de las antiguas organizacio-nes del universo de la izquierda peruana, cambia su discurso y, sobre todo, su manera de interpelar a la poblacin campesina. En los aos setenta y ochenta, la FAREJ interpela a la poblacin campesina como clase social, es decir, como un colectivo que se considera (y percibe) con intereses y anhelos compartidos.

25. En 2005, la Agencia Peruana de Cooperacin Internacional registr 450 entes no estatales con 953 proyec-tos en curso. Estas organizaciones manejaban, en ese momento, el 49% de la cooperacin internacional no reembolsable. Vase Alasino 2008: 8.

26. El trabajo clsico sobre el impacto de los programas de desarrollo en la micropoltica cotidiana es el libro de James Ferguson (1990). Este autor seala que, en ltima instancia, el universo del desarrollo acta como una mquina despolitizadora. Desde nuestro punto de vista, este anlisis no puede aplicarse completa-mente al caso peruano. El nfasis en lo tcnico es una caracterstica de los programas de desarrollo durante las dcadas de 1980 y 1990. En los ltimos aos, sin embargo, encontramos tambin programas que enfati-zan la importancia de la poltica. Ms que de despolitizacin, deberamos hablar de una redefinicin de las formas de accin poltica.

27. Sobre la construccin de narrativas referidas a las ONG por parte de estas instituciones y de otros actores, vase Fisher 1997.

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huber, hernández y zúñiga. políticas de la identidad, fragmentación y conflicto social en el...

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