Hacia la Promoción y Protección de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Argentina

Patricia Monsalve y Verónica Cáceres

(Compiladoras)

Índice Presentación Patricia Monsalve……………………………………………………………………………3 El derecho a la información y la democratización tecnológica “Notas básicas en torno a la relación tecnología-sociedad: Internet: ¿Tecnología democrática?” Gimena Perret……………………………………………………………………………….9 “Derecho a la información pública y el uso de TIC’s” Karina Montes …………………………………………………………………………..…14 Estado y derechos de ciudadanía “La crisis del 2001, el surgimiento de nuevos actores y la exigibilidad de los DESC” Stella Maris Fossati………………………………………………………………………...23 “¿Qué significa discriminar? Disputas de sentido en el ámbito judicial” Martina García……………………………………………………………………………32 “Reflexiones sobre el Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo” Karina Montes…………………………………………………………………………...…38 “El Presupuesto Participativo como herramienta democrática en crecimiento” Sofía Aírala, Valeria Martínez y Rosa Gómez ………………………………………….....44 Identidad, minorías y discriminación. “Reflexiones sobre la identidad y el derecho de reconocimiento” María Florencia Basz……………………………………………………………………....59 “Los Márgenes de la Nación. Conformación del Estado nacional y construcción de la otredad en la Argentina” Martina Inés García…………………………………………………………………….….66 “Trincheras indígenas en la lucha por los derechos humanos” Patricia S. Monsalve……………………………………………………………………….82 “El otro en el positivismo argentino: aproximaciones desde las teorías de la raza y el determinismo biológico” Esteban González……………………………………………………………………….….94

El impacto de las reformas neoliberales en el acceso a servicios básicos y en la problemática medioambiental. “La privatización de los servicios públicos en Argentina y su impacto sobre la equidad y la distribución: los casos de la empresa estatal de agua potable y saneamiento y las distribuidoras de gas y energía eléctrica” Pablo Barneix……………………………………………………………………………..104 “Hacía la protección del derecho humano al agua potable en áreas sin cobertura del servicio” Verónica Cáceres………………………………………………………………………....119 “El desempeño del sector petrolero argentino en la post-convertibilidad: límites y perspectivas para el crecimiento económico” Pablo Barneix……………………………………………………………………………..136 “La expansión de la frontera de la soja y la vulneración de los derechos culturales y sociales” Diego Taraborelli………………………………………………………………………...163 “El avance de la frontera agrícola en el chaco argentino y su impacto sobre los derechos de los humanos que lo habitan” Belén María Locatelli………………………………………………………………….....169 “La creciente mercantilización de la naturaleza y la contaminación” Verónica Cáceres…………………………………………………………………………175 El derecho a la educación, a la ciencia y la cultura “Las problemáticas sociales en la enseñanza de la economía: un análisis de las experiencias educativas de docentes y estudiantes” Elisa Rodas y Mariano Rodríguez……………………………………………………...…186 “Repensando la teoría económica: los derechos económicos, sociales y culturales en el currículum de economía” Nancy Vega y Valeria Wainer…………………………………………………………....196 “La investigación participativa como investigación científica o la forma concreta de reconocer la unidad entre el sujeto y el objeto de análisis” Juan Facundo Gerez, Sergio Antonio Rojas y Pablo Marcelo Sisti……………………....212 “Educación y discapacidad. Un derecho de todos” María Rosa Saverino…………………………………………………………………...…225 “Educar en Derechos humanos y no meramente enseñarlos” Julián Bertachi………………………………………………………………………….…241

Presentación

Patricia S. Monsalve Las producciones que integran esta compilación fueron presentadas en el contexto de las Jornadas de promoción y protección de los Derechos económicos, sociales y culturales de la Universidad de General Sarmiento realizadas en 2010 y 2011. Este espacio de intercambio surgió de la iniciativa de abrir un canal de expresión para los estudiantes, jóvenes becarios, egresados recientes y docentes, convocados por la creciente importancia de esta temática que presenta múltiples aspectos, reflejados en la heterogeneidad de los enfoques que se dan a conocer. Sin duda, la promoción y la protección de los derechos económicos, sociales y culturales son deber indelegable del Estado, pero su realización, a través de políticas públicas que la garanticen, ha sido objeto de condicionamientos y también de vulneraciones, agravadas especialmente durante la hegemonía política del neoliberalismo en nuestro país. Esta tendencia ha comenzado a revertirse significativamente a partir del año 2003, tal como se puede constatar por los cambios en materia de normativas y acciones en distintos niveles y ámbitos de aplicación. Tal como lo informa el propio Comité DESC en la evaluación efectuada a fines de 2011, se destacan positivamente: la inclusión por autoidentificación en el Censo Nacional de los argentinos afrodescendientes; la Ley de migraciones, que protege el derecho de todos los migrantes; la Ley nacional de salud mental; la Ley de matrimonio igualitario; la Ley de la preservación de los glaciares; la Ley sobre educación nacional, por la que se destina a la educación el 6% del producto interno bruto. Sin embargo, hay puntos seriamente críticos en el informe, en su mayoría relativos a efectos del modelo económico extractivista en sus distintas vertientes en relación con la afectación de la salud, el deterioro del medioambiente, la problemática del agua, la erosión de los derechos territoriales de los pueblos originarios, etc. (especialmente lo referido a minería a gran escala, explotación agrícola basada en el uso intensivo de agrotóxicos y organismos genéticamente modificados). Este sentido contradictorio, que marca avances y retrocesos, aparece reflejado en las presentaciones de quienes participaron de la propuesta de las Jornadas, muchas de ellas refieren a los derechos que han comenzado a reconocerse y otras tantas remiten a las cuestiones pendientes. Entendemos que todas son un aporte en tanto su problematización presupone un ejercicio de ciudadanía desde la Universidad, y un modo de asumir la responsabilidad en la distribución social del conocimiento del cual depende el mejoramiento de las condiciones de exigibilidad de los derechos de todos. El derecho a la información y la democratización tecnológica Abrimos la compilación con dos reflexiones en torno a la premisa básica que da prioridad a la información y a sus condiciones de accesibilidad como garantía para el ejercicio de los derechos ciudadanos.

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Esta primera sección comprende un artículo de Gimena Perret, “Notas básicas en torno a la relación tecnología-sociedad: Internet: ¿Tecnología democrática?”. Allí se plantea un interrogante acerca de las posibilidades democratizantes de la accesibilidad masiva al uso de Internet y se advierte sobre las tendencias fetichizadoras de la tecnología que suelen oscurecer las desigualdades presentes en las brechas de accesibilidad. Por su parte, Karina Montes en su trabajo “Derecho a la información pública y el uso de TIC”, destaca los importantes avances que se han producido en los últimos años en materia de políticas públicas para garantizar el derecho a la información pública, especialmente desde la Subsecretaria para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia pero señala que, paradójicamente, la carencia está presente en la falta de la difusión de ese derecho. Estado y derechos de ciudadanía Bajo el título Estado y derechos de ciudadanía, incluimos cuatro trabajos que problematizan el accionar del Estado, considerando su rol en relación con los derechos sociales. El análisis de Stella Maris Fossati, “La crisis del 2001, el surgimiento de nuevos actores y la exigibilidad de los DESC”, realiza un encuadre en la filosofía política para llegar a comprender la relación de la inestabilidad política, social y económica como factores claves en la erosión de los derechos ciudadanos. En conjunción con el autoritarismo y el desdibujamiento de los canales de representación política crecieron las frustraciones ciudadanas de los argentinos a partir de la década del ’70 para concluir con la crisis social del 2001.

La presentación de Martina García “¿Qué significa discriminar? Disputas de sentido en el ámbito judicial” se inscribe en el análisis de la discriminación de inmigrantes provenientes del África subsahariana llevadas a cabo desde el propio Estado. El caso pone en evidencia las acciones del Estado, puntualmente el hostigamiento represivo de las Policías Federal y Metropolitana a jóvenes vendedores ambulantes negros en connivencia con el Poder Judicial porteño, a través del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Este segundo aporte de Karina Montes: “Reflexiones sobre el Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo”, examina los alcances de la aplicación del programa gubernamental Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. En primer lugar describe las características del Programa, focalizando desde una perspectiva local, para luego, agudizando una mirada crítica, recuperar los logros, pero, además señalar sus limitaciones y proponer algunas ideas para su mejor implementación. Finalmente en este capítulo, Sofía Aírala, Valeria Martínez y Rosa Gómez presentan “El Presupuesto Participativo como herramienta democrática en crecimiento”, una crónica del desarrollo de la implementación del Presupuesto Participativo en la localidad de San Miguel, acompañada por un cuidadoso análisis de las categorías conceptuales, que enmarcan esta propuesta de participación ciudadana en el diseño de políticas públicas, y de una visión comprometida a partir de la consideración de las contradicciones, límites y alcances de la propuesta.

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Minorías, identidad, y discriminación Abre esta sección el artículo de María Florencia Basz “Reflexiones sobre la identidad y el derecho de reconocimiento” en el que, a partir de las categorías filosóficas de Paul Ricoeur, remite a la construcción de la subjetividad. Contextualiza con el análisis de los procesos recientes de nuestro país, reivindicando la implementación de acciones por parte del Estado, para incorporar a los jóvenes al ejercicio de la recuperación de la memoria histórica y de la identidad, tanto colectiva como individualmente. Desde otra perspectiva en “Los Márgenes de la Nación. Conformación del Estado nacional y construcción de la otredad en la Argentina”, Martina García analiza en clave histórica el rol del Estado argentino en la discriminación e invisibilización de indios y afrodescendientes como proyecto político-ideológico que desconoció los derechos culturales de quienes fueron marginados de la construcción de la nación. Así se concretó un exterminio material y simbólico al amparo de los distintos poderes estatales, que continuó con la negación en los registros y en un imaginario colectivo que con frecuencia, aún hoy, persiste en describir a nuestro país como una “nación blanca”. El siguiente trabajo, “Trincheras indígenas en la lucha por los derechos humanos”, de mi autoría, refiere a la discriminación de los pueblos originarios, Mapuche de Chile en este caso, en el contexto de las políticas neoliberales y la consecuente implementación de un modelo productivo basado en el uso intensivo de recursos naturales. Recomponiendo su potencial reivindicativo y de lucha, desde su identidad, los indígenas latinoamericanos lideran las acciones de resistencia ante una estructura de poder donde el Estado y las corporaciones no titubean a la hora de avasallar sus derechos y reprimir. Por último, Esteban González, escribe su trabajo histórico-antropológico “El “otro” en el positivismo argentino: aproximaciones desde las teorías de la raza y el determinismo biológico”. En el texto refriere al ideal del “hombre moderno”, según concepciones racializadas, que imprimieron, desde un paradigma positivista, muchos de los intelectuales que contribuyeron a la conformación de un escenario discriminador en los albores de nuestra nación. El impacto de las reformas neoliberales en el acceso a servicios básicos y en la problemática medioambiental En primer lugar presentamos tres trabajos que remiten a la problemática del acceso a servicios públicos básicos, agua y energía, poniendo en cuestión el rol de Estado especialmente a partir del análisis de los resultados de la privatización de la prestación pública, en la década de 1990. El primero de esos trabajos pertenece a Pablo Barneix: “La privatización de los servicios públicos en Argentina y su impacto sobre la equidad y la distribución: los casos de la empresa estatal de agua potable y saneamiento y las distribuidoras de gas y energía eléctrica”. Allí presenta la profundidad el caso extremo de privatización protagonizado por nuestro país agravado por la ausencia de un marco regulatorio acorde con la magnitud de ese proceso.

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Siguiendo con esta temática, Verónica Cáceres reflexiona sobre uno de los derechos más comprehensivos y cuya vulneración alcanza niveles dramáticos en perspectiva futura: “Hacía la protección del derecho humano al agua potable en áreas sin cobertura del servicio”. Luego de un recorrido por la legislación y un relevamiento de las instituciones públicas y privadas que deben dar cuenta de la accesibilidad a la cantidad mínima necesaria de agua para la vida, el análisis se centra en la descripción de la situación en los Partidos más pobres del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Nuevamente Pablo Barneix, nos introduce con mayor especificidad en “El desempeño del sector petrolero argentino en la post-convertibilidad: límites y perspectivas para el crecimiento económico”. El eje del análisis está centrado en la desregulación del mercado petrolero argentino, la privatización de YPF y sus consecuencias. La falta de control y regulación estatal en la explotación de este recurso estratégico es una verdadera amenaza para la economía nacional y en consecuencia para la calidad de vida de la población. El acceso a las fuentes de energía y especialmente su distribución en condiciones de equidad debe ser también considerado en el contexto de los derechos humanos socioeconómicos, por sus implicancias para la población en general y para los sectores más vulnerables en particular.

Otro de los grandes temas que están en debate en la agenda de nuestros días es el que aborda Diego Taraborelli en “La expansión de la frontera de la soja y la vulneración de los derechos culturales y sociales”. En el mismo analiza las transformaciones en el modelo productivo agropecuario que culminan con la hegemonía de las empresas agroindustriales, ligadas a las exportaciones, en detrimento de los pequeños y medianos productores orientados a la producción de alimentos para el consumo interno. En este último grupo se inscribe la producción indígena campesina cuyos territorios se encuentran bajo una amenaza constante signada por la expansión del cultivo de soja, en una clara violación de sus derechos culturales y sociales. En sintonía con el trabajo de Diego Taraborelli, Belén María Locatelli, presenta: “El avance de la frontera agrícola en el chaco argentino y su impacto sobre los derechos de los humanos que lo habitan”. En su texto, Locatelli reflexiona sobre la expansión de la frontera de la soja en el Chaco, desde mediados de la década del ’90, y las consecuencias del abuso del herbicida –glifosato- para tales plantaciones. Problematiza en torno a la inacción de los poderes públicos que recién comienzan a reaccionar cuando las consecuencias para la vida están ya seriamente afectadas. Entiende que, claramente, esta situación vulnera los derechos que ampara el pacto Internacional sobre derechos Económicos, Sociales y Culturales. Finalmente, cerrando esta sección, Verónica Cáceres reflexiona sobre una de las cuestiones más paradójicas que produce el sistema capitalista en su actual fase de desarrollo: “La creciente mercantilización de la naturaleza y la contaminación”. Llevando a un extremo el carácter ficcional de las mercancías, en orden a la distinción propuesta por Karl Polanyi, se ha llegado a mercantilizar la emisión de gases de efecto invernadero, transformando así la contaminación, producto de las “externalidades” del sistema, en un bien transable. Esta concepción, incorporada por la economía ambiental, que a su vez es producto de la visión

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neoclásica, es una de las expresiones más brutales del avasallamiento a los derechos de los seres humanos del presente y de los que aún no han nacido. El derecho a la educación, a la ciencia y la cultura La educación, un derecho básico para el ejercicio de todos los demás derechos, ocupa en esta presentación un lugar relevante como puede constatarse por la diversidad de trabajos que de ella tratan. Dos de esos trabajos se ocupan particularmente de la cuestión de la enseñanza de la economía. En el caso del análisis de Elisa Rodas Vega y Mariano Rodríguez, “Repensando la teoría económica: los derechos económicos, sociales y culturales en el currículum de economía”, la mirada se dirige especialmente a las concepciones subyacentes en los docentes, expresadas sutilmente en la selección de recursos didácticos o en estilos de enseñanza. También los estudiantes son considerados en la búsqueda de capturar los supuestos implícitos que develan que “la economía está atravesada por juicios de valor” y que ponen en cuestión la relación entre ética y economía. Por su parte, el trabajo de Nancy Vega y Valeria Wainer, “Repensando la teoría económica: Los derechos económicos, sociales y culturales en el curriculum de economía” prioriza el análisis de los diseños curriculares de Economía para el Polimodal de la Provincia de Buenos Aires en los años 1999 y 2003 para constatar la marcada ausencia de un enfoque de derechos humanos, en particular de los DESC, en tal diseño. Destacan la persistencia de esa vacancia y entienden que los fundamentos del neoliberalismo impuesto a lo largo de la década de los noventa, sostuvo una consistencia que debería modificarse. La presentación de Juan Facundo Gerez, Sergio Rojas y Pablo Sisti presenta características peculiares, dado que se trata de un escrito y de un video- “1800 metros”- que constituye una producción en sí misma. Resultado de lo que los propios autores definen como una investigación-acción, se problematiza acerca del derecho a la educación superior, cuyo ejercicio presupone, en principio, el conocimiento de este derecho. A partir de una experiencia que se inicia con un taller de radio los jóvenes del barrio “Los Pinos”, a 1800 metros de la Universidad de General Sarmiento, toman conocimiento de su existencia lo cual da lugar a la pregunta referida al vínculo que se establece entre el Estado y los ciudadanos para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, en este caso a la Educación Superior. María Rosa Saverino, quien integra la Comisión de Discapacidad de nuestra universidad, nos presenta un trabajo que vincula dos temas fundamentales de los DESC, “Educación y discapacidad. Un derecho de todos”. Parte de una descripción de las características generales de los DDHH, para analizar sus componentes en el caso del derecho a la educación y luego profundizar en la relación entre discapacidad y derecho a la educación, enfatizando en el acceso a la Universidad, cuestión cuidadosamente abordada en la Universidad de General Sarmiento. Julián Bertachi cierra esta sección con un aporte titulado: “Educar en Derecho humanos y no meramente enseñarlos”. Propone una diferencia conceptual clave entre educar y enseñar

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cuando se trata de los Derechos Humanos, diferencia que alude a la cuestión de los valores, imprescindible componente de la acción de educar. Considera en su trabajo que la educación en derechos Humanos debe ocupar un lugar relevante en la formación, no sólo en su incorporación transversal en las distintas disciplinas, sino también un espacio curricular propio. Su importancia radica en sus implicancias decisivas para la participación ciudadana y el despliegue de la democracia.

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El derecho a la información y la democratización tecnológica

NOTAS BASICAS EN TORNO A LA RELACION TECNOLOGICA-SOCIEDAD: INTERNET ¿TECNOLOGIA DEMOCRATICA?

Gimena Perret (Antropóloga FFyL-UBA. Doctoranda en Antropología, Docente- UNGS-UBA

gimenaperret@hotmail.com)

Introducción En función de algunos de los temas posibles a debatir en esta jornada, pensamos en la posibilidad de incorporar una mesa que permitiera discutir temas relacionados con el derecho a la información, al acceso a nuevas tecnologías, a la ciencia y la cultura. Teniendo en cuenta que las problemáticas a discutir podían incluir tópicos diversos me pareció pertinente presentar algunas aproximaciones posibles a una pregunta que, especialmente desde la crisis del 70, las ciencias sociales intentan responder: ¿Cuánto depende lo social de su estructura tecno-científica? Personalmente, como hace un tiempo vengo trabajando algunas cuestiones referidas a la relación ciencia, tecnología, sociedad, pero más específicamente a la relación tecnología-sociedad, esta pregunta -y sus respuestas- se tornó para mi en un punto de partida necesario en el análisis de lo que de forma más precisa me interesaba analizar1. En forma breve, quisiera compartir con ustedes este punto de partida. I. Decía que la pregunta acerca de cuánto depende lo social de su estructura tecno-científica ha cobrado relevancia a partir de la década del 70, en gran medida porque se ha asociado directa y linealmente la salida de la llamada crisis del petróleo a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC), relacionando su difusión y desarrollo con los cambios y transformaciones que el modo de producción capitalista sufre desde fines de los años’70 a nivel mundial. Para una gran mayoría de actores sociales, el “nuevo” orden mundial que se configura con la salida de la crisis no puede pensarse por fuera de las nuevas tecnologías. Esta asociación generó una gran expectativa sobre las posibilidades y potencialidades de la tecnología, reforzando la idea de que resolverían todos nuestros problemas. Esto no es nuevo si tenemos en cuenta que el sentimiento de radicalidad del cambio es algo muy corriente en cualquier momento histórico. Frente a toda nueva tecnología hacen su aparición los apologetas: pasó con la radio, pasó con la televisión, pasa con las nuevas tecnologías de la información y comunicación (y especialmente con Internet y sus aplicaciones). Resurgen los determinismos/fetichismos tecnológicos que auguran en su versión optimista una confianza ciega en la tecnología, fe en el progreso que trae aparejado toda innovación científica o tecnológica. 1 En el marco de mi tesis de doctorado estoy intentando analizar la relación entre las nuevas tecnologías de la información (Internet más específicamente) y los procesos migratorios contemporáneos.

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mailto:gimenaperret@hotmail.com

Sobre estos supuestos generales se asienta la idea de que las nuevas tecnologías de la información y comunicación mejorarán nuestras democracias actuales, permitiendo en sí mismas y por si mismas una mayor y mejor participación de la ciudadanía en la vida política y social de nuestras sociedades. Esta suerte de idealización de Internet como facilitadora de nuevas, más y mejores prácticas democráticas tiene su sostén en lo que Tomás Maldonado (1998) concibe como los tres argumentos básicos que con frecuencia son utilizados como fundamento para considerar las nuevas tecnologías de la información como potenciadoras de democracia, a saber: 1) se destaca a diferencia de los medios de comunicación tradicionales, la horizontalidad del recorrido de la información y la velocidad en la transmisión de la misma (comunicación inmediata e instantánea), 2) el surgimiento de un nuevo tipo de relación social, no jerárquica, ya que en teoría todos podríamos dialogar con todos sin importar los condicionamientos de clase, género, etnía, y 3) debido a la arquitectura y naturaleza interactiva de la red, se excluye la existencia de un centro desde el cual emanan los mensajes a un receptor pasivo, eliminando de esta manera, la unidireccionalidad que supone la existencia de un centro y de una periferia en la circulación de la información (en principio todos somos potenciales productores). Como plantea Sfez, “la interactividad lleva en sí misma y resume toda la seducción que ejerce la red (…), postulada como ideología de transparencia, no jerárquica, igualitaria y libre” (2002: 86). Por su parte, el hecho de que Internet sea caracterizada como una red sin centro es lo que hace pensar en su potencial democratizador (Finquelievich, 2000) e idealizarla como un espacio posible de democracia.2 II. A cierto determinismo al momento de pensar las potencialidades democratizadoras de las nuevas tecnologías de la información se argumenta la necesidad de introducir los problemas de acceso y conectividad/accesibilidad a la tecnología, de modo de distinguir críticamente posibilidad de probabilidad. Es decir, una cosa es que las nuevas tecnologías posibiliten una mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas o en la injerencia de la misma en los asuntos públicos, y otra cosa es la probabilidad de que los ciudadanos puedan efectivamente tener acceso o hacer uso de la tecnología. Plantear esta diferencia sería central en el debate Internet-Democracia. Entonces, lo que se problematiza y pone en tensión, es la probabilidad de acceso por parte de la ciudadanía a los medios materiales (y simbólicos) necesarios para la utilización de las nuevas tecnologías de la información. El costo de las máquinas, costos de conexión, equipos adecuados, servicios, acceso y conocimientos, entre otros factores que ponen límites a las posibilidades democráticas de las nuevas tecnologías. Dar por sentado que Internet traerá aparejada por sí misma una ampliación de la democracia sería negar las condiciones de existencia de la mayoría de los habitantes del planeta3. Y de este 2 Desde o a partir de este tipo de argumentos, autores como los Toffler, Grossman, Negroponet (e incluso el propio Castells aunque sus trabajos son de una profundización mayor) han contribuido a reforzar el carácter revolucionario de las nuevas tecnologías y el optimismo democratizante asociado a ellas en lo que caracterizan como la transición de la “era industrial” a la “era de la información”. 3 Por citar algunas, en la actualidad sólo un 17% de la población mundial está conectado a la red. Teniendo que, más del 65% de los hogares del mundo carecen de servicios telefónicos y más de la mitad de los habitantes del

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modo, negar que la tecnología se desarrolla en un marco social que la contiene y al que, a la vez, aquélla contiene en una interrelación dialéctica. Es decir, no debemos considerar la tecnología como un producto aislado y con fuerza propia sobre lo social, deberíamos por el contrario “... comprender y analizar cuáles son aquellos aspectos, leyes, programas, formas de utilización y políticas a desarrollar para proveer a las redes características democratizantes y socializantes de la información, para que no funcionen meramente como elementos de poder sino también de contrapoder” (Finquelievich, 2000: 13). En este marco de perspectivas que se van sumando para entender la relación tecnología-sociedad a partir de pensar la relación nuevas tecnologías de la información-democracia y, al compás de la denuncia y estudio de los problemas de acceso de la población a las nuevas tecnologías es que se vuelve pertinente la pregunta acerca de los beneficios sociales de los desarrollos científico-tecnológicos, a quiénes benefician, qué sentido tiene el cambio y la innovación, ¿es posible en el sistema capitalista una ciencia y una tecnología para 6 mil millones de habitantes? ¿Qué se logra con una netbook para cada niño pobre? (ojo, no digo que no tenga derecho a tener una, sino que pensemos las implicancias y los fundamentos de muchos programas gubernamentales en materia de políticas de difusión de la ciencia y la tecnología) No quiero quedarme con las cifras que pegan duro o que van directo al corazón porque en general nos dejan paralizados, o al menos eso me ocurre a mí y tienden, a mi juicio, a polarizar e incluso hacernos caer en juicios moralizantes. III. De igual modo que los autores que llaman la atención sobre las dificultades de acceso a las tecnologías por parte de un porcentaje importante de la población a nivel mundial, otros agregan un matiz importante al análisis de las relaciones tecnología-sociedad y de las potencialidades que ofrecería el uso de las nuevas tecnologías sobre lo social. Convergente con lo que venimos diciendo, se propone no considerar la tecnología como un producto aislado y con fuerza propia sobre lo social, sino explorar cuáles son aquellas formas de utilización de la tecnología que proveerían a las “redes características democratizantes y socializantes de la información” (Finquelievich, 2000: 13). Se busca no sólo abandonar la “tendencia fetichista” sino reafirmar el hecho de que Internet y las nuevas tecnologías sólo proporcionan oportunidades o potencialidades “que en el proceso de interacción con la cultura van adquiriendo formas y resultados particulares” (Raad, 2004: 209). Se trata de reflexionar en torno de la dialéctica que se produce entre la tecnología y la cultura de modo de analizar los distintos usos sociales y valoraciones que las personas construyen alrededor de las mismas. Sobre lo que se está llamando la atención es acerca de la importancia de, además de las dificultades de acceso como factor básico a tener presente en el análisis, los procesos de apropiación de la tecnología en el marco de la realidad sociocultural en la que se inscribe y en lo que algunos denominan el “uso con sentido”, en donde la tecnología más que ser un fin en sí mismo es el medio o el puente para lograr objetivos más generales o amplios. Se establece así una distinción entre el mero “uso” y el “uso social” que permitiría mostrar el rol activo y crítico

mundo nunca ha hecho una llamada telefónica. En Islandia, por ejemplo, hay más usuarios de Internet que en toda África (Spadafora, 1999). Estos datos suelen engrosar las discusiones acerca de la denominada “brecha digital” (que alude a la diferencia entre aquellos que pueden acceder a la tecnología y los que no) y son utilizados para contrarrestar los planteos de tipo apologéticos o “tecno-optimistas”.

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del sujeto respecto de las tecnologías que utiliza, su forma de apropiación y el sentido particular que les atribuye (Urresti, 2008). Siendo que, por ejemplo, los “tipos de usos” diferencian radicalmente el significado social del “estar enchufado a la red” (Barbero, 1999). Desde este punto de vista, el acceso formal a Internet no sería suficiente para hablar de una democratización de la sociedad, por el contrario, el nudo del problema está en “los usos concretos y efectivos que pueden llevar o no a mantener o profundizar las brechas que de hecho existen en el mundo real”. Me pregunto igualmente, ¿todo depende del uso? La diferencia de estas posturas con el determinismo tecnológico es que mientras para éste Internet resuelve los problemas de la democracia -causalidad directa- para posturas como las que hemos presentado en este último punto, Internet resuelve los problemas de la democracia siempre y cuando se la use con ese propósito -causalidad mediada-, razón por la cual sería necesario explorar los posibles usos que tengan efectos democráticos en lo social. Aporte final Considero que para evitar los fetichismos/determinismos (tanto tecnológicos como sociales) hay que tener en cuenta las condiciones de accesibilidad de la población a la tecnología porque tienen que ver con impedimentos materiales concretos que no podemos dejar de lado, pero considero que se enriquece (de modo de no quedarnos en un planteo sólo ético-moral) si realizamos el análisis de los desarrollos e innovaciones tecnológicas desde la perspectiva de la economía política. La tecnología no es ni buena ni mala, ni liberadora, ni explotadora, ni producto de determinaciones sociales amorfas, laxas o ambiguas, sino de determinadas relaciones sociales de producción. En este sentido, la perspectiva marxista realiza un análisis de la tecnología (tanto genérica como específicamente) a partir de considerarla en su contribución directa al proceso de valorización del capital, al posibilitar mediante su permanente desarrollo e innovación, la reducción del tiempo de trabajo socialmente necesario para lograr el aumento de la plusvalía mediante el mecanismo de la plusvalía relativa.4Por ello, considero fundamental al momento de reflexionar acerca del lugar de la ciencia y la tecnología en la sociedad contemporánea, sus potencialidades democráticas, sus usos y efectos posibles, tener presente la vinculación de la tecnología con el proceso de valorización del capital en un enfoque totalizador de la lucha de clases y la competencia dentro del sistema capitalista.

4 Cfr. Marx, K., El Capital. Crítica de la economía política, México, Siglo XXI, Tomo I, especialmente Secciones Primera y Cuarta.

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Bibliografía

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DERECHO A LA INFORMACION Y USO DE TIC Karina Montes

(Lic. en Administración de Pública Becaria de investigación y docencia UNGS)

Introducción Este trabajo es de carácter exploratorio y tiene como finalidad conocer algunas cuestiones vinculadas al acceso a la información pública. Pues es un derecho no tan difundido, y es fundamental su conocimiento y realización efectiva. Los ciudadanos tienen el derecho de saber y el poder público tiene la obligación y la responsabilidad de proporcionar información. Según Lerner (1996), en el sistema democrático, los ciudadanos a través de su voto, dan un mandato a sus representantes, y les otorgan ciertas facultades para que puedan recaudar y administrar los recursos a fin de proveer bienes públicos a la comunidad en su conjunto. Por lo tanto, el representante tiene la obligación de rendir cuentas e informar por el uso de esos recursos que se le otorgaron para un fin determinado y que son de todos. El derecho a la información es reconocido en forma expresa en la Constitución Nacional desde la reforma de 1994, y otras normativas vinculadas. El acceso a la información pública es importante, porque contribuye a la transparencia en la gestión, la participación y colaboración de los ciudadanos. Y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), en estos últimos tiempos, se han convertido en una herramienta útil para tales propósitos El Derecho a la información pública

Para Kutter (2009), el derecho a la información es un pilar del Estado de derecho; no puede haber vigencia del Estado de derecho sin derecho a la información, ya que éste a su vez garantiza la libertad de pensamiento. El principio republicano de la publicidad de los actos de gobierno se remonta al nacimiento del constitucionalismo en el Siglo XVIII. Por lo tanto, el derecho a la información busca salvaguardar el acceso a todo tipo de información, y también resguarda la libertad de opinión y de expresión. El derecho a la información pública, tiene sus orígenes a mediados del Siglo XX, es un derecho más específico, se refiere a que la información que se genera en el ámbito de las labores administrativas, esté a disposición de los ciudadanos para que ellos puedan fiscalizar la labor. Los ciudadanos tienen el derecho de saber y el poder público tiene la obligación y la responsabilidad de proporcionar información. Según Lerner (1996), en el sistema democrático, los ciudadanos a través de su voto, dan un mandato a sus representantes, y les otorgan ciertas facultades para que puedan recaudar y administrar los recursos a fin de proveer bienes públicos a la comunidad en su conjunto. Por lo tanto, el representante tiene la obligación de rendir cuentas e informar por el uso de esos recursos que se le otorgaron para un fin determinado y que son de todos. En este mismo sentido, Quirós Mercadal sostiene que la información pública es un derecho colectivo. La titularidad de los derechos de tipo colectivo no pertenece exclusivamente a

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una persona en particular, sino que está en cabeza de un grupo concurrente de personas. La información pública es un derecho colectivo, ya que se manifiesta como la obligación que pesa sobre el Estado, en cualquiera de sus órganos y/o niveles, de hacer efectivo el derecho de todos los ciudadanos de acceder a un bien colectivo, como es la información estatal. En la sociedad democrática todo acto del Poder Estatal debe ser conocido por la comunidad, que es en última instancia, la “asamblea de accionistas” de la empresa “Estado XX” y por lo tanto, debe estar informada sobre la gestión de los órganos del Estado1. Cuando los ciudadanos tienen acceso a la información, se encuentran habilitados para reclamar y exigir a sus gobernantes, favoreciendo de este modo el control de la cosa pública, adquiriendo paralelamente más protagonismo en la toma de decisiones2. Normativa vinculada con el acceso a la información pública3 El derecho a la información es reconocido por la Constitución Nacional en los artículos: 1°, 14°, 33°, 41°,42°, 75° inc 22. Hasta la reforma constitucional de 1994, este derecho solo podía ser ubicado en forma implícita en los artículos, 1º, 14º y 33°. El art.1°, establece la forma republicana de gobierno, e incluye entre sus principios la publicidad de los actos de gobierno. El art. 14°, reconoce el “derecho a peticionar” ante las autoridades de todos los habitantes, implica el acceso a la información que es una de las formas y objeto de petición. En el art. 33°, el acceso a al información se encuentra como uno de los derechos implícitos que derivan de la forma republicana de gobierno y de la soberanía popular. A ello se suma la existencia de normas de la constitución nacional que expresamente consagran el libre acceso a la información pública para ciertos temas y/o para determinados sujetos en particular. Entre ellos podemos nombrar el art. 41, 42, 43 y el art. 75 inc 22. El art. 41°, que establece los derechos para la protección ambiental o del medio ambiente, en su párrafo segundo dice que el deber de las autoridades a proveer a la información y educación ambiental. El art. 42°, consagra expresamente el derecho a la información, a favor de los usuarios y consumidores en las relaciones de consumo, la cual debe ser adecuada y veraz, sobre todos los aspectos relacionados a la naturaleza del contrato, de la cosa sobre la que se negocia, para permitirles así una mejor y más libre elección sobre los bienes y servicios a ser contratados. El art.75° inc 22, que incorpora varios Tratados Internacionales: • CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS: Art. 13.1.

1 Lerner, Emilia (1996). 2 Kutter, Guillermo (2009). 3 Para acceder a esta normativa se pueden consultar las páginas: http://www.infoleg.gov.ar, http://www.jgm.gov.ar

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http://www.jgm.gov.ar/

• DECLARACIÓN AMERICANA DE DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE: Art. XXIV. • PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS: Art. 19, inc. 2. • PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. Se puede ver que hay algunos artículos de la Constitución Nacional vinculados a esta cuestión, pero que no hay leyes específicas que regulen el acceso a la información pública, aunque es posible encontrar un decreto del ejecutivo nacional y algunas resoluciones. DECRETO Nº 1172/2003: Acceso a la Información Pública en el Poder Ejecutivo Nacional. El Decreto 1172/03 (BO 04/12/2003) de "Mejora de la Calidad de la Democracia y de sus Instituciones" garantiza y regula el derecho de toda persona a requerir, consultar y recibir información por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Cualquier información, documentos escritos, fotográficos, grabaciones, soporte magnético, digital, o en cualquier otro formato, creada u obtenida por el Poder Ejecutivo Nacional o que obre en su poder o bajo su control o cuya producción haya sido financiada total o parcialmente con fondos públicos. Además, establece que toda persona puede conocer el contenido de los actos de gobierno, consultando libre y gratuitamente vía Internet, la edición del día del Boletín Oficial de la República Argentina (todos los anexos y todas las secciones).Se exceptúan los casos en que la información sea reservada por razones de seguridad, defensa nacional o esté protegida por el secreto bancario o fiscal. Resolución Conjunta Nº 1/08 de la Secretaría de Gabinete y Relaciones Parlamentarias (RC Nº 3/08 de la Fiscalía de Control Administrativo de la Oficina Anticorrupción): Procedimiento de tramitación de denuncias por incumplimiento de las obligaciones previstas en el Reglamento General del Acceso a la Información Pública para el PEN (del Decreto Nº 1172/03). Disposición Nº 1/08 de la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia: Creación del Registro Único de Gestión de Intereses. Disposición Nº 2/08 de la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia: Formulario Voluntario de Solicitud de Información Pública. Los tiempos que se establecen para responder a la solicitud de información son: en un plazo no mayor a DIEZ (10) días hábiles administrativos, que puede ser prorrogado en forma excepcional por otros DIEZ (10) días en caso de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada. Si una vez cumplido el plazo establecido por el Reglamento, no se le dio respuesta al pedido de información se considera que existe negativa en brindarla. Lo mismo ocurre cuando la contestación fuese ambigua, parcial o inexacta. En estos casos, el solicitante puede:

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• Realizar una denuncia ante la Oficina Anticorrupción (sede administrativa); • Realizar un amparo por mora de la administración (art. 28 de la Ley de Procedimientos Administrativos); • Interponer una acción de amparo (art. 43 de la Constitución Nacional). Los organismos responsables de garantizar el derecho a la información pública referente al Ejecutivo Nacional, son: la Subsecretaria para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia que es la Autoridad de Aplicación de dos Reglamentos contenidos en el Decreto N˚1172/2003 (Acceso a la información y Publicidad de las Audiencias de Gestión de Intereses) y organismo coordinador de los demás Reglamentos; y la Oficina Anticorrupción que recibe denuncias sobre incumplimientos a los Reglamentos de Acceso a la Información y Publicidad de las Audiencias de Gestión de Intereses, y es organismo coordinador de las Audiencias Públicas y de los procedimientos de Elaboración Participativa de Normas, en casos relacionados con los temas de su competencia. Es necesario considerar que las últimas normas (decreto, resolución y disposiciones) a diferencia de los artículos de la Constitución Nacional solo contemplan la información en el Poder Ejecutivo Nacional. Por ello, en la actualidad hay un Proyecto de ley, que esta siendo tratado por el Congreso y que es impulsado por importantes organizaciones. Y las mismas organizaciones llevan a cabo la campaña “Saber es un derecho. Que ahora sea ley!” por una Ley Nacional de Acceso a la Información Pública4. El ejercicio del derecho a la información pública y el uso de TIC La democracia no se limita al derecho de los ciudadanos a votar en elecciones periódicas. Para que una democracia se consolide y perfeccione, es necesario que exista una ciudadanía informada y capaz de participar en el debate público5. Es fundamental el ejercicio del acceso a la información pública. El ejercicio de este derecho es muy importante, porque contribuye a la transparencia en la gestión, la participación y la colaboración. Y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), en estos últimos tiempos, se han convertido en una herramienta útil para tales propósitos. Transparencia en la gestión6: Sin derecho a la información no podría ejercerse el control ciudadano de la gestión pública. Esto evita actos de corrupción y fomentando la mejora de la calidad en la función pública. Y tiene un gran significado para los actores:

4Para más información visitar: http://www.saberesunderecho.org/, http://www.cippec.org/prensa_det.php?idprensa=286 5Herramientas para la Transparencia en la Gestión. Participación Ciudadana, de la Oficina Anticorrupción de la Republica Argentina. 6 Se puede ver más sobre este tema en: http://www.argentina.gov.ar/argentina/portal

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http://www.saberesunderecho.org/

Estado • Dan visibilidad a las acciones de gobierno; • Permite ofrecer servicios de calidad y satisfacer las necesidades de los usuarios; • Brindan a los ciudadanos el instrumento más importante para el control de gestión, la información.

Empresas • En la publicidad de los llamados y adjudicaciones de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones desde el ámbito público; • En el acceso a la información sobre la gestión y los recursos de los organismos gubernamentales y de organizaciones no estatales que cumplen funciones públicas (como los Entes Reguladores); • Para las empresas extranjeras, en el acceso a la información económica y financiera y demás factores que puedan incidir en la realización de inversiones en el país.

Ciudadanos • Acceder sencilla y libremente a la información pública sobre la gestión y los recursos, tanto de los organismos gubernamentales como de las organizaciones no estatales que cumplen funciones públicas (como los Entes Reguladores); • Ejercer el control sobre los responsables de organismos que cumplen funciones públicas (tanto en la detección de malas prácticas como en la publicidad de las buenas prácticas); • Participar en la fijación de agendas públicas de intereses y en la definición de políticas comunitarias

Por lo tanto, la transparencia en la gestión pública tiene como contrapartida el control ciudadano, y ello es posible solo si hay acceso a la información pública. Participación y Colaboración: La participación es muy importante, los ciudadanos participan principalmente realizado control social y/o, formado parte del proceso de toma de decisiones, colaborando en la en la definición de políticas comunitarias. La participación activa y directa de los ciudadanos es reconocida. Luego de la reforma la Constitución Nacional se incorporaran mecanismos de democracia participativa o semirepresentativa como son la iniciativa popular de leyes (art. 39) y la consulta popular (art. 40), los cuales tienen como requisito previo el acceso y conocimiento de toda la información necesaria para participar. El Decreto 1172/03 (de Acceso a la Información Pública en el Poder Ejecutivo Nacional) regula las siguientes herramientas de participación:

Audiencia Pública La Audiencia Pública habilita la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones a través de un espacio institucional en el que todos aquellos que puedan sentirse afectados, manifiesten su conocimiento o experiencia y presenten su perspectiva individual, grupal o colectiva respecto de la decisión a adoptarse.

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Gestión de Intereses Se establece para los funcionarios la obligación de publicar las audiencias que mantienen con sujetos cuyo objeto consiste en influir en el ejercicio de sus funciones y/o decisiones –generalmente conocidos como lobbystas–, permitiendo ejercer un efectivo control sobre la gestión de gobierno. Una extensa nómina de funcionarios, desde el Presidente de la República hasta aquellos que detentan un cargo de Director Nacional o equivalente, se encuentran obligados a registrarlas.

Elaboración participativa de normas Es un procedimiento que, a través de consultas no vinculantes, involucra a sectores interesados y a la ciudadanía en general en la elaboración de normas administrativas y de proyectos de ley para ser elevados por el Poder Ejecutivo Nacional al Honorable Congreso de la Nación, cuando las características del caso —respecto de su viabilidad y oportunidad— así lo imponen.

Reuniones Abiertas de los Entes Reguladores de Servicios Públicos Se permite a los ciudadanos estar presentes en las reuniones de Directorio de dichos entes, a fin de que puedan informarse sobre cómo toman las decisiones que los afectan como usuarios.

El acceso a la información pública permite que los ciudadanos participen y se interesen por cuestiones que consideran relevantes. La participación resulta muy valiosa para ellos, y los lleva a colaborar. En la mayoría de los casos, la colaboración esta vinculada sobre todo a la realización denuncias de todo tipo, que contribuyen a mejorar el accionar del poder público, o en la definición de políticas comunitarias. En los últimos tiempos, los gobiernos, organismos y ciudadanos han adoptado Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), y ello ha contribuido a mejorar la transparencia en la gestión, la participación y la colaboración. Los procesos de modernización del estado a partir de la incorporación de TIC permitió en algunos casos la simplificación de trámites, para los funcionarios y ciudadanos que manejan esas tecnologías. Los casos más significativos y exitosos fueron los de ANSES y AFIP. Al mismo, el uso de TIC ha facilitado la circulación y acceso a la información pública. Gracias a las nuevas tecnologías el ciudadano puede por si mismo obtener información. Ello resulta útil, según Quirós Mercadal, para hacer un juicio fundamentado tanto de la acción del estado, de lo qué de ella dicen los medios de comunicación y los demás ciudadanos. Las personas pueden enterarse de aquello que ocurre a su alrededor en pocos minutos. Internet y el desarrollo extraordinario de la Web 2.0 ha hecho que la circulación y acceso a la información sea más rápida y entre muchos interlocutores, posibilitando entre otras cosas la interacción (ida y vuelta) entre funcionarios técnicos y políticos, y funcionarios y ciudadanos. Las redes sociales como Facebook y Twitter que nacieron en 2006, o recursos como YouTube que funcionan desde el 2005, permiten a los ciudadanos seguir y participar en

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cuestiones de su interés. Según una nota del diario de La Nación7, las redes sociales ofrecen oportunidades de interacción a personas que se agrupan libremente en redes que no son orgánicas ni jerarquizadas. Pues los ciudadanos que viven en el ciberespacio no quieren sólo ser mejor administrados, sino también ser mejor servidos, más informados y escuchados. El nuevo umbral tecnológico tiene un doble efecto: tanto los gobiernos como los ciudadanos están en condiciones de usar aplicaciones que permiten, a los primeros, ofrecer servicios eficaces y accesibles, y a los segundos, exigir no sólo esos servicios, sino más transparencia y participación8.Considerando estas ventajas que ofrece este nuevo umbral tecnológico, han surgido iniciativas que plantean el Open Government o Gobierno Abierto. Propician la transparencia, la participación y la colaboración a partir del uso de las herramientas de la Web 2.0. El Gobierno abierto, según la misma nota del Diario la Nación, supone un modelo superior y avanzado en nuestro sistema democrático de valores y convivencia, un impulso en la transparencia de los gobiernos y, a su vez, a la participación y la colaboración del ciudadano como individuo. Se trata de una nueva dimensión de la política y lo político, que va mucho más allá de la democracia representativa y de la intermediación clásica de las organizaciones sociales. Propone una visión y una acción integradas desde los gobiernos, una nueva cultura de lo público cuyo objetivo central es implicar al ciudadano en la gestión y, en particular, en la construcción y evaluación de las políticas. El constante avance tecnológico está ya haciendo posible y creíble una política de Gobierno Abierto. Pues Internet y la Web 2.0, no son monopolio de los poderes públicos, sino que están al alcance de cualquier ciudadano. Y el objetivo del Gobierno Abierto es usar las tecnologías para hacer accesible a los ciudadanos, en formatos compatibles y procesables por el usuario, la ingente cantidad de información de las administraciones (data.gov en Estados Unidos, data.gov.uk en Reino Unido o Irekia en el País Vasco). En síntesis, las TIC son útiles para acceder a la información pública, y permiten la transparencia en la gestión, la participación y la colaboración. Por ejemplo las páginas Web, resultan positivas tanto para la organismos como para los ciudadanos, porque permite a los primeros transparentar su gestión y de este modo legitimar su funcionamiento, y a los segundos informarse, conocer la gestión y hacer tramites. Estas acciones sirven entre otras cosas para evitar la corrupción o denunciarla. Las redes sociales son otra herramienta muy utilizada, y resultan muy interesantes porque constituyen un espacio propicio para la interacción, hoy en día muchos organismos, funcionarios y ciudadanos poseen Facebook y Twitter o utilizan YouTube. Y por ello, resultan útiles para la participación y la colaboración.

7 Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1304665 8 En la nota del diario la Nación del día Miércoles 15 de setiembre de 2010.

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Algunos desafíos para el acceso a la información pública El acceso a la información pública presenta algunos desafíos. Según Kutter (2009), es imprescindible que el Estado garantice el derecho al libre acceso a la información pública. El problema, para este autor, es que en nuestro país el Estado (tanto federal, como provincial y municipal) está organizado con una fuerte tendencia al secreto, y son pocos los que garantizan el derecho al libre acceso a la información pública. A nivel Federal once provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen normas que reglamentan el derecho de acceso a la información pública. En la normativa consultada, se puedo ver que hay algunos artículos de la Constitución Nacional vinculados a esta cuestión, pero que no hay leyes específicas que regulen el acceso a la información pública. A nivel del Ejecutivo Nacional, es posible encontrar el decreto 1172/03, pero falta una ley que involucren a todos los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). El ejercicio del derecho a la información pública a partir del decreto 1172/03, no es muy significativo. Para Kutter (2009), sólo lo ejercen organizaciones no gubernamentales, gente dedicada a la política y estudiantes universitarios. En los tres primeros años de vigencia del decreto, según información proporcionada por una funcionaria de la Jefatura de Gabinete, los pedidos de información totalizaban, a mediados de 2006, alrededor de 900. De ese total, 197 se realizaron en 2004, 410 en 2005 y 266 en la primera mitad de 2006. La mayoría de las solicitudes fue hecha por organizaciones no gubernamentales (ONG), que si bien reconocen avances en la materia, atribuyen la escasa cantidad de pedidos a la falta de publicidad del mecanismo por parte del Gobierno. Si bien es cierto que el uso de TIC constituye una herramienta útil para acceder a la información pública, y que Internet en los últimos tiempos es utilizado por muchos organismos, funcionarios y ciudadanos. No hay que olvidar que no todos tienen la oportunidad acceder a estas tecnologías, debido a la existencia de una importante brecha digital. Y los que si tienen la oportunidad de usar las TIC, muchas veces se encuentran con que la información pública es difícil de localizar, porque se requiere cierto conocimiento del tema buscado, no se encuentra disponible en la Web, o esta digitalizada. Por lo tanto, sabemos que el acceso a la información es fundamental para transparentar los actos del Estado, y también para lograr el control y la participación de la sociedad en la toma de decisiones. Pero todavía falta difundir el derecho a la información pública, y consolidar los mecanismos que hagan efectivo su ejercicio.

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Bibliografía Herramientas para la Transparencia en la Gestión. Participación Ciudadana de la Oficina Anticorrupción de la República Argentina. Kutter, G. (2009): “El Derecho a la información y los Tribunales de Cuentas. El derecho a la información pública”. Congreso Nacional de Tribunales de Cuentas, San Luis 23, 24 y 25 de noviembre 2009. Lerner, E. (1996): “El control externo gubernamental: el caso argentino”. Quirós Mercadal, F. “Derecho de acceso a la información”. Mimeo Sitios consultados: http://www.anticorrupcion.gov.ar http://www.argentina.gov.ar/argentina/portal http://www.cippec.org/prensa.php http://www.infoleg.gov.ar http://www.jgm.gov.ar http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1304665 (Nota del día miércoles 15 de setiembre de 2010)

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Estado y derechos de ciudadanía

LA CRISIS DEL 2001, EL SURGIMIENTO DE NUEVOS ACTORES Y LA EXIGIBILIDAD DE LOS DESC

Stella Maris Fossati (Profesora Universitaria de Filosofía UNGS

Becaria en docencia e investigación de UNGS)

Introducción

El trabajo se orienta a la revisión de algunos sucesos que en la última década generaron en Argentina la implementación del denominado decisionismo bajo la apelación de un estado de excepcionalidad, y la repercusión de estos sucesos en la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en manos de nuevos actores que irrumpen en el escenario social habilitando la posibilidad de un presente redentor del pasado, al estilo de Benjamín, quien invierte el signo de la orientación radical hacia el futuro, y nos dice que la esperanza de lo nuevo futuro solo se cumple mediante la memoria del pasado oprimido

Será pertinente ver en qué contexto esta excepcionalidad fue genuina, exagerada o en el peor de los casos provocada como así también revisar las implicancias del decisionismo en los sucesos del 2001. Para la elaboración de este trabajo intentaré valerme de los conceptos heredados y de las nuevas alternativas que proponen aquellos hombres que elaboran la teoría crítica del derecho Algunas Consideraciones básicas sobre el decisionisno El decisionismo1 que se presenta como una forma concentrada y discrecional del ejercicio del poder político, es también una concepción del orden y de la obediencia sostenida por teóricos autoritarios de la talla de Hobbes y Schmit. Ante todo supone un modelo hegemónico de la racionalidad representado por el paradigma arquimédico deductivo2 en el cual la pérdida del fundamento de normas y valores es remplazada por otra instancia última: la decisión. En La democracia atrapada, Flax presenta una reconstrucción de los diferentes sentidos del decisiomismo, poniendo al descubierto sus límites en lo referente a la fundamentación del orden político-normativo.

1 Para Flax, J. (2004) el ejercicio legitimo de la concentración del poder frente a situaciones excepcionales genuinas, denominado decisionismo pasó a ser una técnica de concentración de poder, a la cual, especialmente a partir de la década del 90, se recurrió mediante la generación espuria de tales situaciones excepcionales, llegando a la exageración que con la sutileza del uso de una cámara era capaz de convertir una fogata en el incendio de un país. 2 Deducción: La segunda etapa de explicación científica consiste en deducir enunciados acerca de los fenómenos a partir de las premisas que incluyan o contengan a los principios explicativos. Aristóteles exigía una relación causal entre las premisas y la conclusión del silogismo acerca del hecho o fenómeno a explicar.

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Para confrontar al decisionismo, se presenta un paradigma alternativo operando con una doble crítica, una interna y otra externa., así el decisionismo no se limita al ámbito de lo jurídico-político, sino extiende su alcance al espacio axiológico y epistemológico. El decisionismo reposa en la poderosa figura del soberano, es él quien garantiza el orden. Solo el soberano decide lo que es o no derecho. Pues su decisión no está subordinada a ninguna instancia superior Hobbes y el pensamiento decisionista Para la época de Hobbes el soberano es aquel que decide soberanamente, la autoridad no la verdad, hacen la ley. Se debe tener en cuenta que el establecimiento del orden como auténtico, como puro, no implica la derivación del contenido del mismo desde una norma previa, como así tampoco de un orden ya constituido. En este caso la decisión soberana no se explica jurídicamente, ni desde una norma ni desde un orden. Es la decisión la que funda tanto la norma, como el orden. La decisión soberana se levanta como principio absoluto, y el principio no es ahora otra cosa sino la decisión soberana. El Estado de naturaleza hobbesiano, es aquella lucha sin reglas, ni normas, la lucha de todos contra todos, “el hombre es un lobo para el hombre” La voluntad del soberano, su mandato y orden se impone como ley. La decisión viene a poner orden y seguridad sobre el desorden y la inseguridad del estado de naturaleza. Esta decisión lo convierte en soberano. La dictadura estatal es en Hobbes el máximo representante del decisionismo. El decisionismo schmittiano. La concepción decisionista es expuesta por Schmitt en la formula hobbesiano “Autoritas, non veritas facit legen”3, con la que promueve una dictadura plebiscitaria, y por lo tanto independiente del parlamento para hacer posible la gobernabilidad frente a las carencias del estado gobernativo. Schmitt plantea que en la medida en que el conjunto de la población accede a la representación parlamentaria mediante el sufragio universal, el parlamento pasa a convertirse en un escenario de intereses contrapuestos que hacen peligrar la unidad política del Estado, en tanto la dupla amigos-enemigos se ubica al interior del parlamento. Así la neutralización mutua que se ejerce entre gobierno y parlamento debilita el poder del primero frente al creciente poder sectorial. No deberíamos menospreciar el uso del argumento amigo-enemigo al interior el Estado, ya que esto facilita que el conflicto y el desorden que antes constituían la excepcionalidad ahora adquieran la forma de permanentes. El origen del pensamiento decisionista data del siglo XVII. Mientras El estado de excepcionalidad tiene su correlato en el gobierno de Bismark4, quien boicotea a los

3 Flax, J. Del decisionismo y la concentración mediática al pluralismo democrático, en prensa

4 Mr. Bismarck subió al poder decidido a ejecutar el plan con que, hacía muchos años, se había propuesto variar los rumbos de la política germánica. Consistía éste en el engrandecimiento de la Prusia por todos los modos y caminos, en conseguir para ella la hegemonía de Alemania reconstituida, y en sustituir, para la

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burgueses filisteos con los posibles peligros que representa la extensión de la democracia y para darle solución recurre a la ley marcial, para lo cual exagera el peligro de la situación con el fin de sacar del medio al parlamento. Ya no existe diferencia entre conflicto y desorden. Schimitt eleva a la dictadura plebiscitaria al plano de única forma de gobierno factible, argumentando que sólo en un representante soberano que encarne lo invisible se tornará legítima la facticidad de la norma. Pero va mas allá, pues para él la vida del derecho requiere un orden de normalidad. El sujeto, soberano que lo haga posible sólo podrá ser el que renovadamente decide la excepción y señala quién es el “enemigo”. De esta forma, la decisión excluyente se une a la representación de la unidad constituyendo los dos pilares de una comprensión de lo político, en este punto se da por concluida toda mediación. Ejemplo de ello resulta La frágil republica de Weimar5 en la cual la emergencia de la unidad estatal hacía imperiosa una decisión, siendo el soberano, la figura sobre la cual recae la misma. Así Schmitt considera al parlamento inoperante por hallarse en retirada. En el interés de ampliar su dominación, la burocracia necesita paralizar la acción parlamentaria, con diferentes artilugios, bien conocidos por los argentinos en la época menemista, sobornos, propinas, etc. Es factible hacer una mínima distinción entre el pensamiento Schimittiano del Weberiano, ya que suelen ser considerados del mismo orden, sin embargo de manera paradójica Weber no ve el ensamble dictatorial burocrático como la consecuencia de la incapacidad parlamentaria, sino que de manera contraria, ve que esta incapacidad es en todo caso consecuencia de una alianza entre el poder paternalista, la burocracia y los grupos de interés, conformando una política conservadora, que necesita de la figura del líder capaz de llevar adelante políticas antipopulares. Así en la experiencia alemana, conducciones inexpertas llevan al país a la ruina, por sus propios medios y por influencias extranjeras. Ante la falta de parlamento, ante la falta de oposición, la conducción política busca apoyarse en la burocracia, incapaz de fijar objetivos. Estos funcionarios ya no se forman en el fragor de la lucha, sino en su opuesto, la subordinación. consecución de estos fines, el gobierno personal al parlamentario. A los seis días de constituido el primer gabinete que presidio, Mr. Bismarck pronunciaba, ante una comisión de la Cámara, estas palabras inolvidables: «No por los votos de las mayorías ni a virtud de discursos parlamentarios se resolverán las grandes cuestiones de nuestros tiempos, sino con el hierro y el fuego.»

5 La República de Weimar (en alemán: Weimarer Republik) fue el régimen político y, por extensión, el periodo histórico que tuvo lugar en Alemania tras su derrota al término de la Primera Guerra Mundial y se extendió entre los años 1919 y 1933. El nombre de República de Weimar es un término aplicado por la historiografía posterior, puesto que el país conservó su nombre de Deutsches Reich ('Imperio Alemán'). La denominación procede de la ciudad homónima, Weimar, donde se reunió la Asamblea Nacional constituyente y se proclamó la nueva constitución, que fue aprobada el 31 de julio y entró en vigor el 11 de agosto de 1919.

En 1933, la República de Weimar concluye, ya que, si bien la constitución de 1919 no fue revocada hasta el término de la Segunda Guerra Mundial, el triunfo de Adolf Hitler y las reformas llevadas a cabo por los nacionalsocialistas (Gleichschaltung) la invalidaron mucho antes, instaurando una dictadura totalitaria, el llamado Tercer Reich.

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http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_alem%C3%A1nhttp://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_alem%C3%A1nhttp://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundialhttp://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Alem%C3%A1nhttp://es.wikipedia.org/wiki/Weimarhttp://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Weimarhttp://es.wikipedia.org/wiki/31_de_juliohttp://es.wikipedia.org/wiki/11_de_agostohttp://es.wikipedia.org/wiki/1919http://es.wikipedia.org/wiki/1933http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundialhttp://es.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitlerhttp://es.wikipedia.org/wiki/Nazismohttp://es.wikipedia.org/wiki/Gleichschaltunghttp://es.wikipedia.org/wiki/Tercer_Reich

Recordemos que tanto para Hobbes, como para Schmitt cualquier conflictividad es leída en clave de desorden lo cual representa un problema a la hora de preguntarnos cual es el lugar que le queda a la política, entendida esta como conflictividad. Si cada situación conflictiva es desorden y en consecuencia para el reestablecimiento del orden se debe concentrar el poder, el lugar para la política es nulo. Los antecedentes de la década del setenta, una apertura a las políticas neoliberales Si bien los sucesos que se presentaran en los siguientes apartados del presente trabajo se relacionan con los sucesos acaecidos en el año 2001, me parece conveniente recuperar una historia inmediata de la década del 70, en la cual el decisionismo permitió preparar la inacción social de décadas sucesivas y abrió la puerta a las políticas neoliberales de la década menemista. Las sociedades latinoamericanas de la década setentista, constituyeron un buen contexto para el desenmascaramiento de las políticas decisionistas. En Argentina donde la muerte, se percibió como algo que le pasa al otro, fue de alguna manera el reflejo de aquella condición trágica de lo humano que aflora en las situaciones límites, el terror actúa ensimismando a los sujetos y rompiendo los lazos sociales. A diferencia de la angustia heideggeriana que emerge en el exigente llamado del ser, fue el terror incontrolable y de origen incierto lo que abrió para nuestra sociedad aquella disposición afectiva, que seguramente estaba a flor de piel en los campos de concentración de Auschwitz. Por otro lado la respuesta al imperante dominio de la angustia era la negación de lo que estaba ocurriendo. El pensamiento crítico, la duda, quedaron satirizados, en la inmediatez del consumo que mediante la brutal apertura de las importaciones parecían venir a cumplir la promesa de una vida plena. Todo lo que de inmediato advendría necesito de la construcción de un contexto, en el cual los sujetos flexibles componían parte del elenco infaltable. La libertad y la autonomía ya no eran la de aquel pasado inmediato que a la manera de la tragedia griega cobró sus víctimas, sino que ahora buscaba acomodarse en el consumo ilimitado. La inseguridad encontró su análogo en el delito, mientras el orden y la seguridad lo hicieron en las fuerzas armadas, parece que aun sobrevivían aquellos resabios históricos que llevaron al poder a los máximos exponentes de la década infame. Estas condiciones dieron lugar a la más grave negación, la de la muerte, que ante la falta de cadáveres, puso en práctica el privilegio aristotélico del sentido de la vista, para luego bajar la mirada cuando la realidad se hizo evidente. Así la negación de la muerte operó sobre la memoria colectiva, y como bien lo expuso Freud, la negación de un hecho lleva al rechazo de todo aquello que se vincule a él. La política, y lo político caen en una desvalorización y se apuntala desde allí el enmudecimiento de la memoria histórica. Las democracias de los años 80 trajeron frustraciones engendradas sobre todo en el ámbito económico, pero también político, y la hiperinflación puso el broche final a esta travesía que amenazaba con traer escena los fantasmas del “Rodrigazo” ante la sensación de vulnerabilidad que inspiraba.

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Sobre todo en el último periodo de Alfonsín, la inestabilidad social y económica permitió que la llegada de Menem al poder, fuera casi deseada otorgándole una gran capacidad de acción. Como puede recordarse ante una situación de aparente desorden o excepcionalidad el nuevo gobierno asumía con la condición de que se votaran leyes de emergencia (ley de Emergencia Económica y Ley de Reforma del estado) dando paso al ejercicio concentrado que se manifestó en la sanción abusiva de decretos de necesidad y urgencia. Sus políticas se traducirían por un lado en una creciente degradación institucional y por otro un creciente malestar de los ciudadanos por la política. El fantasma del caos y el desorden se transformó en moneda corriente para el nuevo gobierno. El desorden se hallaba en todas las manifestaciones de inestabilidad, de hiperinflación. Algunos procedimientos, de la presidencia menemista que durante el periodo 1989-1992 producirían la pérdida del valor de las instituciones (Congreso, Corte Suprema de Justicia, Partidos Políticos y Sindicatos) y la relegación de poder de las mismas en pos del consenso democrático. La idea de la necesidad de fortalecimiento del poder ejecutivo en los países en los cuales se dan fuertes crisis socioeconómicas debería dirigir la pregunta hacia: si ante el fortalecimiento de un poder ¿se provocaría la pérdida de valor institucional de los dos poderes restantes? ¿Cuál sería el rol de los partidos de oposición? ¿Pasarían a conformar objetos decorativos dentro del congreso? ¿Cuál sería el rol de los sindicatos? Ante la magnitud de los acontecimientos a comienzo del gobierno menemista, parecería licito el fortalecimiento del poder ejecutivo y la consecuente incapacidad institucional. Este tema bien lo reproduce Dr. J. Flax en su trabajo cuando recupera las huellas Schmittinas del discurso inaugural de la Asamblea Constituyente de 1994, donde la reforma constitucional incluiría modificaciones de clara inspiración decisionista. Tras Menen la frustración económica mostró nuevamente su rostro implacable en los estallidos del 2001, cuando la profundización de los planes de ajuste neoliberal ahondó las tensiones favoreciendo el estallido de los conflictos sociales. El par orden-desorden aparece ante la invocación de la acción que surge como consecuencia de una eventual parálisis, pero el desorden ha transgredido las barreras del concepto puro para encontrar asidero en la conflictividad normal de la sociedad a la manera que los piensan Hobbes y Schmitt. El hiperpresindencialismo y su prototipo menemista El presidencialismo vigente en la primera etapa del gobierno menemista se cristalizó en un hiperpresidencialismo con la reforma constitucional de 1994, ahora no solo se recurría a la excepcionalidad para sancionar decretos de necesidad y urgencia o para la delegación de poderes, la amenaza del decretismo se hace presente en busca de conseguir la hegemonía del poder legislativo. Tanto el decretismo como la delegación de facultades amenazaban con transformarse en moneda corriente si no se ponía fin al autoritarismo. Esta consecuencia se hace palpable en el gobierno constitucional de De la Rua, en el breve mandato de Rodríguez Sáa, este último sancionó siete decretos de necesidad y urgencia en el efímero lapso de su mandato. Así entramos en el gobierno provisional de Duhalde que

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utiliza estas herramientas de manera escandalosa. Los cambios efectuados por Menen en el poder legislativo daban sus frutos, la pasividad imperante en dicho poder allanaba el camino del hiperpresidencialismo Sabsay: los límites de la delegación En el análisis que propone Sabsay6 sobre la reforma constitucional de 1994, el autor expone que toda delegación tiene un delegante, un delegado y una causa o razón que justifica la delegación. La delegación de las facultades legislativas encuentra sus límites en el Estado de Derecho. Las leyes delegadas aparecen como aquellos actos que revisten las formas de decretos del jefe del Estado y tienen la eficacia de las leyes formales. Para Montesquieu el parlamento es el órgano exclusivo hacedor de la ley. en el siglo XX, la necesidad de prontitud impulsada por problemas económicos, conflictos bélicos, etc., se refleja en el cambio de la naturaleza de las decisiones desde el Estado. Cullen, profesor santafesino, sostiene que la necesidad de evitar la concentración del poder por un lado y de permitir una flexibilización y eficacia de ejercicio por el otro llevaron a la distinción entre delegación propia y delegación impropia. En el primer caso se transfiere de un órgano a otro la función de manera incondicional. En el segundo caso la transferencia no es en tanto función sino solo las particularidades que no pueden ser ejecutadas por el congreso. Pensando en los límites de la delegación Sabsay considera que en primera instancia la delegación debe siempre ser impropia, así el órgano delegante no pierde sus facultades y el control sobre el órgano delegado, también es fundamental que el delegante no pierda su competencia sobre la materia delegada, además ciertas materias deben quedar fuera de toda delegación, esta delegación en el caso de darse no deberá ser nunca un cheque en blanco concedido en favor del poder ejecutivo. La delegación debe ser siempre explicita, y por un tiempo determinado y siempre debe ser controlada. Llegado este punto deberíamos pensar acerca de donde radica la solución al tema. Evidentemente no en otorgarle mayores poderes al ejecutivo, pero si en el control de los poderes ya obtenidos. No se trata de potenciar poderes sino de limitarlos y no por ello debe pensarse que el poder ejecutivo dejaría de ser el principal gestor y conductor de las actividades del Estado Teniendo en cuenta estos parámetros, Cuando recordamos que Menem, asumió su mandato envuelto por un carisma de salvador, no podemos menos que ver en Duhalde, a un fiel discípulo, que pone en práctica la lección magistral de su maestro. Los "fantasmas" a los que hacia referencia Duhalde 7durante los conflictos del 2001, amenazaron y asesinaron a trabajadores y desocupados, encarnaron en individuos de carne y hueso, que actuaban en el marco de las fuerzas de seguridad. La violencia de la que tanto 6 Sabsay, Daniel y Onaindia, José , La constitución de los argentinos, Buenos Aires, ERREPAR, 2004 7 En su afán de alejar esos fantasmas, el ex mandatario insistió con que va a ser candidato y dejó en claro que lo hará dentro del PJ. “Nunca iría por fuera”, dijo. Una frase resonó fuerte cuando Duhalde lanzó sus críticas hacia el estilo K: “Hay que terminar con la caza de brujas”. La repitió cuando se refirió a que hay que darle una definición al pasado y también cuando hizo mención al caso específico del padre de la jueza María José Sarmiento (que falló en contra del uso de las reservas del BCRA), quien días atrás fue procesado y detenido por una causa de lesa humanidad.

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hablan es practicada abrumadoramente por las fuerzas de seguridad del estado; la otra violencia, la de la marginación y la pobreza es consecuencia del sistema económico que se pretendió perpetuar mediante el miedo y la represión.

Como bien lo expone Benjamín en la Tesis de filosofía de la historia la compenetración con el vencedor se enmarca en encuadre histórico que favorece con creces al amo del momento, que cumplen las veces del dominador pasando sobre aquellos que históricamente yacen en tierra.

Los esfuerzos desestabilizadores que atraviesan la historia nacional hasta nuestros días no nos resultan ajenos y si bien su presencia ha decrecido no han cesado por completo y continúan ahí acechando a una democracia que en muchos aspectos puede aparecer sitiada y todavía en construcción.

La necesidad de un nuevo horizonte de expectativas, que al mejor estilo heideggeriano deberá abrir las posibilidades del Dasein hacia su futuro, obliga forzosamente dirigir la mirada hacia el pasado. La necesidad de un tiempo auténtico, mesiánico para Benjamín, nos interpela a revisar la historia como una trama de influencias y efectos. Ahora bien cuáles son las lecturas posibles de esta historia, como bien lo rescata Habermas son varias, puede hacerse una lectura conservadora, o una lectura conservadora revolucionaria, o simplemente revolucionaria. Sería factible acaso desconfiar a la manera de Benjamin del tesoro de valores culturales transmitidos? Deberemos pensar como los movimiento de apropiación influyeron en la historia argentina. Si ponemos en juego la idea de que cada generación actual no solo es responsable de las generaciones futuras, sino también del destino que sin merecerlo sufrieron las generaciones pasadas seremos capaces de liberar de la responsabilidad común y cómodamente atribuida a un Dios que desde el mismo acto de creación a otorgado al ser humano su máximas característica, la libertad.

Desde la revisión de la historia de aquellos sucesos pasados que hunden sus raíces en las primeras manifestaciones del accionar de ultraderecha se accede a la comprensión, no la comprensión donde media el entendimiento aportando conocimiento, sino la comprensión del ser como la característica fundamental de la existencia humana. La incorporación del elemento temporal, que para buena parte de la filosofía implica la esencia de la manifestación de los fenómenos, puede habilitar un espacio para el pago de la deuda que la actualidad tiene contraída con el pasado.

Actualmente, es hora saber cuánto hemos aprendido como sociedad. La puja entre los gobiernos kirchneristas y un sector de ultraderecha ahora potenciado, aun más que antes por los medios, parece librarse sin cuartel. Las medidas tomadas por el gobierno, me refiero a la Ley 26522: ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha sido un duro golpe a los monopolios y a la generación de los estados de excepcionalidad.

Conclusión Tras la crisis del 2001, cuyo punto más álgido se revela en una crisis económica y social, se ponen en cuestión el sistema político y la representación política. Bajo la consigna “que se vayan todos” se dejan ver frustraciones y desencantos de décadas pasadas que resultan en

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una verdadera crisis de las identidades políticas, donde la política como práctica fue deslegitimada como camino posible a la hora de dar respuestas a las necesidades de cambio social y a la disminución de desigualdades. Ahora la imagen del político quedaba ligada a la conveniencia personal y hacer política fue casi mala palabra. Pensando en el lugar que les quedó a los partidos políticos estos se redujeron a accesorios de la propaganda mediática. Del mismo modo los sindicatos vieron incrementar su debilitamiento a la hora de actuar como los vehículos que trasladan las inquietudes y reclamos de los trabajadores ante el Estado. Para muchos esa situación dio lugar a la expresión “no se puede cambiar el sistema”, pero, sí crisis significa cambio, para otros representó el surgimiento de espacios de resistencia a las políticas neoliberales que si bien tal vez ya no hallaban su asidero en la participación partidaria si lo hicieron en los centros culturales, en los espacios barriales; recordemos los famosos “trueques” infaltables en espacios comunitarios como la placita del barrio, la salita o la escuela, y en otros privados como la casa de la vecina que abría sus puertas donde por principio común el lucro quedaba afuera. La crisis trajo consigo un cambio en la subjetividad de las personas, la reivindicación de la inclusión en el sistema de aquellos que el mismo sistema había marginado, la exigencia de una transformación de la dura realidad para la construcción de un futuro distinto se había puesto en marcha. Crecieron los pequeños espacios de resistencia para enfrentar al gigante Neoliberalismo con sus políticas excluyentes, ya los excluidos no agacharían la cabeza cuando se los dejara al margen y alzarían aquellas voces cuyas bocas se habían amordazado por décadas, ahora resonaban en la voz de movimientos de desocupados tales como Aníbal Verón8, la CCC (Corriente Clasista y Combativa) y en las organización popular de los comedores comunitarios, centros culturales, bibliotecas etc., en los cuales se vislumbró el cambio de rumbo de la política ahora lejos de las formas institucionalizadas. Tras las tumultuosas jornadas de diciembre de 2001, los partidos políticos perdieron terreno frente a otros actores, aquellos que componen los movimientos sociales, que hasta el momento se habían mantenido en penumbras. Los sistemas partidarios funcionaron mas allá de su deslegitimación, mientras hombres y mujeres comunes se sumaban a los espacios de participación social dando lugar a u