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El femicidio en Nicaragua Abordaje y propuesta de indicadores

para la acción

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Investigadoras:María Dolores Álvarez y Almachiara D´Angelo

Investigadoras de campo:Estela GonzálezDebora García Rina Rodas

Equipo asesor técnico:

Red de Mujeres contra la Violencia: Virgina Meneses Mendoza - Colectivo 8 de MarzoKlemen Altamirano - Colectiva de Mujeres de Masaya

Movimiento María Elena Cuadra: Alenka Yahaira Castillo Gladys Lucía Urtecho Enelvia Ballesteros

Puntos de Encuentro: Martha Juárez

Asesoría técnica y seguimiento:Yamileth MolinaMargarita Quintanilla

Coordinación general:Margarita QuintanillaDirectoraPATH

Contribuciones a la redacción del informe:María Eva Cangiani

Edición y cuidado de edición:Irene AgudeloRuth Largaespada

Diseño de portada:Eduardo Herrera Scott

Diseño interno y diagramación:Lluiman Morazán

Esta investigación contó con el auspicio de la Fundación Ford y OPS.

Red de Mujeres del Norte: Luisa Pérez - Grupo Venancia Yalkiria Pineda - Colectivo de Mujeres de Matagalpa

Centro de Derechos Humanos:Marling Sierra Palma

IPAS Marta María BlandónLesbia Gutiérrez

PATH es una organización internacional, sin fines de lucro, dedicada a desarrollar soluciones sustentables y cultu-ralmente apropiadas que permitan a las comunidades del mundo acabar con los extensos ciclos de una mala salud. A través de la colaboración con distintos socios tanto del sector público como del sector privado, PATH ayuda a pro-porcionar tecnologías apropiadas para la salud y estrategias indispensables que contribuyan a cambiar la manera de pensar y actuar de las personas. La labor de PATH contribuye a mejorar la salud y el bienestar de las personas en todo el mundo.

La Alianza InterCambios reúne a personas y organizaciones que trabajamos desde diferentes ámbitos para respon-der a la violencia por razón de género, desde un enfoque de salud pública y derechos humanos. Colaboramos con otros grupos no gubernamentales, organismos bi y multilaterales y gobiernos para mejorar las capacidades del sector salud en América Latina y el Caribe.

N364.152P297 PATH El femicidio en Nicaragua. Abordaje y propuesta de indicadores para la acción / PATH. -- 1a ed. -- Managua : InterCambios, 2010. 60 p.

ISBN: 978-99924-912-4-9 1. VIOLENCIA EN CONTRA DE LA MUJER 2. ASESINATO 3. MUERTE VIOLENTA 6. PROBLEMAS SOCIALES

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Índice

SIGLAS Y ACRÓNIMOS 6

PRESENTACIÓN 7

INTRODUCCIÓN 9

EL FEMICIDIO EN NICARAGUA, ANÁLISIS DE SU ABORDAJE 13Red de Mujeres Contra la Violencia y el monitoreo de femicidios 13Investigadoras pioneras 15Informes de organizaciones de la sociedad civil 17Un foro para el diálogo 21Diagnóstico institucional de gobierno 22Regiones autónomas del Atlántico 23Atención brindada por las comisarías de la mujer 25en las regiones autónomas

PROPUESTA DE INDICADORES PARA LA ACCIÓN 28Variables e indicadores 29Definición de femicidio 29Relación víctima-victimario 35La víctima 38El victimario 41El femicidio 43Los escenarios 46Desenlace para el femicida 50

CONCLUSIONES 51

BIBLIOGRAFÍA 55


Siglas y acrónimos

CEDAW Convención para Eliminar todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer

CEDEHCA Centro de Derechos Humanos, Ciudadanos y Autonómicos

CEIMMM Centro de Estudios de Información de la Mujer Multiétnica

CENIDH Centro Nicaragüense de Derechos Humanos

CEPLAES Centro de Planificación y Estudios Sociales (Ecuador)

CMN Comisarías de la Mujer de Nicaragua

CODENI Coordinadora Nicaragüense de Organismos no Gubernamentales que Trabajan con la Niñez y la Adolescencia

ENSSR Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva

FADCANIC Fundación para la Autonomía y el Desarrollo de la Costa Atlántica de Nicaragua

IML Instituto de Medicina Legal

INIM Instituto Nicaragüense de la Mujer

IPAS International Projects Assistance Services

IRAS Infecciones Respiratorias Agudas

ONU Organización de las Naciones Unidas

OPS Organización Panamericana de la Salud

PATH Program for Appropriate Technology in Health

RMCV Red de Mujeres Contra la Violencia

SILAIS Sistemas Locales de Atención Integral en Salud

SSR Salud Sexual y Reproductiva

UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas

UPOLI Universidad Politécnica de Nicaragua


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El femicidio en Nicaragua • Abordaje y propuesta de indicadores para la acción

Presentación

En abril de 2008 durante la Conferencia Internacional sobre Femicidio organizada por PATH en Washington se identificaron una serie de retos relacionados con el reconoci-miento y la obtención de información que permita investigar el femicidio a fin de pro-mover una acción global dirigida a prevenir estos crímenes y sancionarlos. El femicidio en Nicaragua. Abordaje y propuesta de indicadores para la acción pretende abonar en tal sentido.

Abordar la problemática del femicidio supone una tarea compleja ya que a pesar del esfuerzo de los movimientos de mujeres y de numerosas organizaciones sociales y fe-ministas, por denunciarlo como una problemática cada vez más extendida, no se ha logrado que el concepto alcance un estatuto jurídico y social homogéneo. Es por ello que pueden identificarse una serie de debates en su definición, las que aún pugnan por su cristalización.

Uno de los principales problemas para dimensionar el femicidio es que a menudo no existe información e investigación suficiente, particularmente a nivel policial, para de-terminarlo. Existe una gran debilidad en el registro y procesamiento de la información de las instituciones gubernamentales de la ruta crítica, ya que ningún formato de re-colección de información de estas instituciones prevé la presencia de indicadores que permitan calificar, entre los homicidios de mujeres, los que resultan ser femicidios.

Sin embargo, con la finalidad de avanzar en la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres a vivir una vida sin violencia, una serie de estudios realizados en la región han elaborado indicadores que han sido utilizados, fundamentalmente por organizacio-nes de mujeres, para medir la dimensión de este fenómeno, entendiendo que se trata del asesinato de mujeres por razones asociadas con su género: el femicidio es la forma más extrema de violencia de género, ejercida por los hombres contra las mujeres en su deseo de obtener poder, dominación o control. Incluye los asesinatos producidos por la violencia intrafamiliar y la violencia sexual (Carcedo y Sagot, 2000), tanto en el ámbito público como en el privado. El concepto de femicidio ayuda a desmontar los argumen-tos que sostienen que la violencia de género es un asunto personal o privado y muestra su carácter profundamente social y político, resultado de las relaciones estructurales de poder, dominación y privilegio entre los hombres y las mujeres en la sociedad (Carcedo y Sagot, 2000).

Con la intención de aportar más elementos para la discusión, este trabajo persiguió sistematizar la información derivada de los diferentes estudios de femicidio que se han realizado por parte de teóricas feministas y organizaciones del movimiento de mujeres. También retoma los indicadores utilizados en las legislaciones latinoamericanas que reconocen el femicidio como delito. La intención es que éstos puedan ser utilizados para avanzar en la identificación y clasificación de los femicidios a fin de contribuir en el fortalecimiento de los sistemas de información y registro.


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El estudio que aquí presentamos ofrece un análisis de la información disponible en Nicaragua, con la finalidad de mostrar el abordaje de la problemática en el país, las demandas, los vacíos legales y estadísticos así como las recomendaciones y acciones emprendidas por el movimiento de mujeres y las organizaciones sociales que luchan por alcanzar el derecho de las mujeres a vivir una vida plena y sin violencia, así como las propuestas de los foros nacionales y del Encuentro del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y Republica Dominicana (COMMCA). Igualmente propone una serie de indicadores a fin de fortalecer las acciones para la prevención y sancción del femicidio en el país.

Con este documento pretendemos mostrar las evidencias sobre las dimensiones, ca-racterísticas y brechas en el enfoque del femicidio en el país. La muestra teórica estu-vo comprendida por todos los documentos e investigaciones elaborados en el período 2008-2010 en instituciones y organizaciones cuyo trabajo se relaciona, de una u otra forma, con el tema del asesinato de mujeres por su condición de género. La satura-ción teórica se alcanzó con la totalidad de los documentos. Se realizaron dos reuniones conjuntas con redes y organizaciones (Red de Mujeres contra la Violencia, Colectivo de Mujeres de Matagalpa, Grupo Venancia, IPAS, Fundación Puntos de Encuentro, Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra) y tres reuniones metodológicas de equipo.

Se piensa que el conocimiento sobre la realidad del país contribuirá a crear el estado de opinión necesario que permita promover el establecimiento de un marco regulatorio para el abordaje del tema, muy especialmente con la incorporación de un sistema de indicadores que facilite la correspondencia de criterios y de acciones entre los diversos actores involucrados.

También favorecerá la comprensión de la realidad del país a nivel institucional, asocia-tivo y cultural, coadyuvará en el abordaje de aspectos relacionados con la justicia, la legislación, la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes, víctimas de violencia (en todas sus formas) y la prevención del riesgo desde todos los actores sociales invo-lucrados.

El femicidio en Nicaragua. Abordaje y propuesta de indicadores para la acción se llevó a cabo en el marco del convenio de colaboración entre PATH y UPOLI, a través de la coordinación con el componente de Género, Salud y Derechos de PATH y la Maestría en Métodos de Investigación Social Cualitativa (MMISC), y se presenta en el marco del fortalecimiento de la influencia de la sociedad civil de Nicaragua con vistas a su preven-ción y atención social como una responsabilidad social compartida. El estudio contó con el apoyo financiero de la Fundación Ford y la OPS. A ellas nuestro agradecimiento y a todas las personas que lo hicieron posible.


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Introducción

El femicidio es la forma más extrema de violencia de género, entendida ésta como la violencia ejercida por los hombres contra las mujeres en su deseo de obtener poder, dominación o control. Incluye los asesinatos producidos por la violencia intrafamiliar y la violencia sexual. El femicidio es el asesinato de mujeres por razones asociadas con su género (ver los trabajos de Diana Russel y Jill Radford, 1992 y Ana Carcedo y Monserrat Sagot, 2000).

El femicidio puede tomar dos formas: el femicidio íntimo y el femicidio no íntimo. El pri-mero se refiere al asesinato cometido por el hombre con quien la víctima tenía o tuvo una relación íntima, familiar, de convivencia, o afín a ella, y el segundo se refiere al ase-sinato cometido por el hombre con quien la víctima no tenía relaciones íntimas, fami-liares, de convivencia o afines a éstas. También se considera el femicidio por conexión en el caso de las mujeres que fueron asesinadas en la “línea de fuego” de un hombre tratando de matar a una mujer; éste es el caso de mujeres, parientes, niñas u otras que trataron de intervenir o que simplemente fueron atrapadas en la acción del femicida.

La evidencia rigurosa y sólida de las diferentes formas de femicidio conforma la base del apoyo exitoso y significativo para la prevención de la muerte de mujeres por su condi-ción de género. Por ello, es necesario mejorar la calidad de los datos y la posibilidad de compararlos con el fin de fortalecer la comprensión de la naturaleza, dinámica y alcan-ce del femicidio, al igual que la promoción de acciones más efectivas.

Este trabajo está estructurado en dos partes. La primera da cuenta del análisis de la información disponible en Nicaragua sobre el femicidio y es una investigación de tipo documental que requirió también de la realización de entrevistas a expertas y expertos para profundizar en aspectos necesarios para el estudio.

Tanto los documentos como las entrevistas permitieron identificar la información de país sobre datos y acciones existentes e investigaciones realizadas y hacer un mapeo de las organizaciones e instituciones que están abordando el femicidio.

El equipo de investigación tuvo acceso a los documentos presentados en los dos even-tos más relevantes y recientes, uno nacional y otro regional: el foro nacional “Abordaje de la violencia contra las mujeres y acceso a la justicia”, realizado en Nicaragua el 10 de septiembre de 2009, y la reunión del COMMCA, Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica, realizado en Panamá el 23 y 24 de marzo de 2010.

Se concertaron y realizaron siete entrevistas con actores clave en el tema del asesinato de mujeres. En las entrevistas se exploró sobre la panorámica de la institución sobre la muerte de mujeres por su condición de género, el sistema de estadísticas que la insti-tución lleva a cabo específicamente sobre la muerte de mujeres, la coordinación inter-institucional y los desafíos de la institución ante la muerte de mujeres por su condición de género.


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Se conformó un equipo asesor técnico cuyo propósito fue analizar los avances y vali-dar los resultados del trabajo. Se realizaron dos reuniones conjuntas con actores clave que participaron en mesas de discusión. Las organizaciones e instituciones presentes fueron: Red de Mujeres contra la Violencia, Colectivo de Mujeres de Matagalpa, Grupo Venancia, IPAS, Fundación Puntos de Encuentro, Centro Nicaragüense de Derechos Hu-manos y Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra.

La segunda parte contempló la propuesta de un sistema de variables e indicadores. Dis-tintos países y organizaciones, tanto nacionales como internacionales, han construido sistemas de indicadores en materia de violencia contra las mujeres. Todos toman como referencia la Plataforma de Acción de Beijing.

Desde 1999 la Unidad Mujer y Desarrollo de la Comisión Económica para América Lati-na y el Caribe (CEPAL) cuenta con un sistema de indicadores relativos a la condición de las mujeres. Los indicadores incluyen la problemática de la violencia de manera cohe-rente con la Convención de Belem do Pará.

En el año 2002 la CEPAL propuso en un informe indicadores con niveles de desagrega-ción según área geográfica, edad de las mujeres, condición de actividad, nivel educati-vo, condición de pobreza del hogar, pertenencia racial o étnica, relación con el agresor (casadas, unidas, separadas) y condición de embarazo.

En Nicaragua, desde 1998, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) introdu-jo el tema de violencia intrafamiliar en las Encuestas de Demografía y Salud. De igual manera la Encuesta Nicaragüense de Demografía en Salud (ENDESA), dirigida por el Ins-tituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) y el Ministerio de Salud (MINSA), realizada en 2006/2007, introdujo indicadores relativos a esta problemática.

La inclusión de estos indicadores representa un avance en términos contar con datos y evidencias sobre las dimensiones y características de la violencia contra la mujer, pero no permite analizar el problema del femicidio como tal. Algunos de los indicadores pueden ser utilizados para identificar y clasificar los femicidios (Alméras et al., 2002) to-mando en cuenta los antecedentes de violencia, sobre todo en las relaciones de pareja. Tal como lo señalan distintas investigaciones, el femicidio suele ser el resultado final de un continuum de violencia que resulta en la muerte de las mujeres.

Una serie de estudios realizados en la región ha propuesto indicadores que han sido utilizados, fundamentalmente, por organizaciones de mujeres para medir la dimensión de esta problemática. En Nicaragua la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV) ha monitoreado los femicidios en el país. Un estudio realizado en el año 2006 (D’Angelo y Pichardo, 2006) permitió conocer que los femicidios han venido incrementándose, pro-gresivamente, desde el año 2003 hasta 2005. En seis años (2000-2005) el registro de femicidios pasó de 29 (2000) a 65 (2005), lo que representa más que su duplicación. En el año 2005 las cifras de homicidios y femicidios casi coinciden. En el mismo período los episodios de violencia intrafamiliar y los delitos sexuales aparecían más que triplicados.

Uno de los principales problemas para definir si un asesinato de mujer es un femicidio tiene que ver con que a menudo no existe información suficiente, a nivel de investiga-ción policial, para determinarlo. En efecto, existe una enorme debilidad en el registro y procesamiento de la información de las instituciones gubernamentales de la ruta


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crítica, considerando que ningún formato de recolección de información de estas ins-tituciones prevé la presencia de indicadores que permitan a ciencia cierta tipificar, entre los homicidios de mujeres, los que resultan ser femicidios.

Las investigaciones que se han realizado en Nicaragua sobre femicidio y el monitoreo que realiza la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV) se basan, fundamentalmente, en fuentes secundarias (periódicos y otros medios de comunicación), resultando éstos ser la principal fuente de información sobre esta problemática en el país.

Por otro lado, no existe, al momento, una escala de indicadores que sean utilizados con-juntamente por diferentes países y que permitan hacer valoraciones y comparaciones pertinentes.

Este trabajo pretende sistematizar la información derivada de los diferentes estudios de femicidio que se han realizado por parte de teóricas feministas y organizaciones del movimiento de mujeres y retoma también los indicadores utilizados en las legislaciones latinoamericanas y por organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres y que reconocen el femicidio como delito.


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El femicidio en Nicaragua, análisis de su abordaje

Si bien en Nicaragua la muerte violenta de mujeres tiene, comparativamente, menos presencia que en otros países de la región, existe una preocupación creciente por-

que se reconoce que va en aumento, especialmente a partir del año 2003. A pesar de ello, se observan serias dificultades para identificar la real magnitud del problema, ya que aún no hay consenso acerca de cuáles serían los indicadores que permitirían iden-tificar, entre los homicidios de mujeres, aquellos que resulten femicidios. Mientras las instituciones de la ruta crítica no contemplan el femicidio como una categoría propia, las organizaciones feministas han ido construyendo un sistema de registro que devela cuál es el grado de incidencia y prevalencia de este fenómeno de violencia de género en el país.

Ha habido avances del Estado en materia de identificación, prevención y atención a víctimas de violencia —el Decreto Ministerial 67-96 del Ministerio de Salud a través del cual la institución reconoce la violencia contra la mujer como un problema de salud pública, las mediciones de violencia intrafamiliar en las encuestas nacionales, la Unidad Especializada de Delitos contra la Violencia de Género en el Ministerio Público— sin embargo aún son numerosos los desafíos que quedan pendientes para dar cumplimien-to y seguimiento a todas las demandas que introducen las mujeres violentadas y hacer posible el derecho de toda mujer a vivir una vida sin violencia. Numerosas publicacio-nes evidencian la serie de trabas y vacíos que la legislación actual interpone para la persecución penal de los hechos de violencia contra las mujeres, legitimando así las prerrogativas del poder masculino en la sociedad nicaragüense.

Son varios esfuerzos hechos para hacer visible la problemática de la violencia de gé-nero, demandar una respuesta del Estado y develar los contenidos ideológicos con los que el patriarcado institucionaliza, legitima, justifica y naturaliza los actos de violencia contra las mujeres. A continuación veremos las definiciones, demandas, debates y rei-vindicaciones sobre la problemática del femicidio presentes en diversas investigaciones y estudios hechos en el país.

Red de Mujeres Contra la Violencia y el monitoreo sobre femicidio

La Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV), constituida como tal en el año 1992, trabaja activamente para visibilizar la violencia de género en el país, así como para elaborar respuestas concretas y generar acciones de incidencia política. Desde el año 2001 aborda también la problemática del femicidio, entendiendo que se trata del “asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres. Asesinatos que tienen que ver no sólo con la violencia doméstica o intrafamiliar, sino con (…) la violencia que te agrede sólo por ser mujer, sea quien sea el agresor” (Envío, 2003).

La Red elabora desde el año 2004 un informe semestral del monitoreo sobre fe-micidios, en él se realiza un seguimiento minucioso de los casos reportados en los


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medios de comunicación nacional1 y analiza la información para determinar cuán-tos homicidios de mujeres son femicidios, así como sus principales características y/o tendencias. Los informes que se reportan semestralmente constituyen así un observatorio (aunque incompleto) de la problemática en el país.

En los informes, la Red utiliza indistintamente los términos de femicidio o feminicidio para referirse a la muerte por violencia de género o muerte por el hecho de ser mujer.

Según los casos reportados en los medios de comunicación, entre enero y noviembre del año 2009 se habían registrado 69 mujeres, niñas, adolescentes y ancianas asesi-nadas de forma atroz. El año 2008 había finalizado con 79 mujeres asesinadas, lo que representa 68 por ciento de aumento en relación al año 2007 donde habían sido 54 las mujeres asesinadas.

Analizando las características de los casos, se reconoce la tendencia de que los victima-rios más frecuentes son conocidos o cercanos al entorno social o afectivo de las vícti-mas (pareja, ex pareja, esposo, padre, novio, nieto, hermano, sobrino, tío, entre otros) y con historial de violencia previa. Por lo general son asesinatos de mujeres jóvenes que ocurren, en la mayoría de los casos, dentro del hogar.

Es interesante destacar que en el monitoreo realizado en el año 2009, la RMCV incluye dentro de los casos de femicidio el suicidio de una mujer, argumentando que la decisión de quitarse la vida estaba ligada a la situación de violencia que sufría y frente a la cual no encontraba salida. De esta manera se evidencia la interrelación que existe entre las distintas esferas vulneradas cuando se es víctima de violencia.

La Red denuncia que “la calificación de los asesinatos de mujeres en los medios de comunicación y en la administración de justicia como ‘crímenes pasionales’, así como la presentación de los agresores como sicópatas, impide reconocer los patrones cul-turales patriarcales, de propiedad y de dominio sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres que han naturalizado y legitimado por siglos esta permanente violación a sus derechos humanos. No son enfermos: son agresores de mujeres, machistas y femici-das” (RMCV, 2009).

Preocupada por las deficiencias del sistema de justicia, la Red exhorta al Estado de Nica-ragua a que dé cumplimiento a las recomendaciones que han hecho los Comités de las Naciones Unidas2 sobre la situación de violencia contra las mujeres y el acceso a la jus-ticia: aplicación plena de la CEDAW, adopción de una estrategia amplia e integral para hacer frente a la violencia contra la mujer, garantizar el acceso a medios inmediatos de reparación, protección, apoyo y asistencia jurídica a todas las mujeres que hayan sido víctimas de violencia, permitir un acceso efectivo a la justicia a las víctimas de violencia de género, otorgar medidas de protección a las víctimas, así como la creación de alber-gues, y la adopción de medidas inmediatas para prevenir los asesinatos de mujeres y proceder a la investigación y castigo de los agresores (RMCV, 2009).

1 El Nuevo Diario, La Prensa, Periódico Hoy, Canal 10 y Radio Ya.2 Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) (17 de enero de

2007). Comité de Derechos Humanos (Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos), presentado el 17 de octubre de 2008. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Consejo Económico y Social), presentado el 4 y 5 de noviembre de 2008. Comité contra la Tortura, presentado en las sesiones del 13 de mayo de 2008, 30 de abril y 1 de mayo de 2009.


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Más allá de los esfuerzos de la Red y otras organizaciones por visibilizar la problemática del femicidio como una pandemia que se extiende y arraiga cada vez más en el país y la región, no son muchos los estudios que se encuentran en el país abordando la proble-mática de manera específica. La mayoría de las publicaciones que abordan el femicidio lo hacen desde un análisis derivado de la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica, la violencia sexual y el acceso a la justicia, entre otros.

Investigadoras pioneras

La primera investigación que abordó el femicidio de manera específica y que generó grandes repercusiones a nivel nacional fue el estudio El femicidio en Nicaragua, elabo-rado por Almachiara D´Angelo y Vanesa Pichardo en el año 2006. Esta investigación for-mó parte de un trabajo regional sobre femicidio: No olvidamos ni aceptamos: femicidio en Centroamérica 2000-2006.

El estudio de D´Angelo y Pichardo constituye una suerte de radiografía de la situación de femicidio en el país, a pesar del vacío de información sobre la problemática. La gran de-bilidad en el registro y procesamiento de la información en las instituciones, así como la carencia de indicadores que permitan la correcta identificación de los homicidios de mu-jeres que resultan femicidio, llevó a las investigadoras a construir una metodología en la que tuvieron que investigar y cruzar distintas fuentes. Para identificar las características y tendencias del femicidio en el país realizaron una recopilación exhaustiva de las estadísti-cas disponibles sobre la situación de violencia contra la mujer en las instituciones públicas pertinentes3 y organizaciones feministas, y analizaron también la información periodística publicada en los años enmarcados en la investigación. A partir de esos datos pudieron reforzar la hipótesis inicial del estudio: “que los femicidios en Nicaragua representan una forma extrema de violencia contra las mujeres que se enmarca en la problemática de la violencia intrafamiliar y de género” (D’Angelo y Pichardo, 2006).

A pesar de la gran debilidad en el registro y procesamiento de la información de las ins-tituciones gubernamentales de la ruta crítica, y de la falta de indicadores que permitan registrar, entre los homicidios de mujeres, los que resultan ser femicidios, las investi-gadoras tomaron en cuenta algunas características específicas, todas ellas vinculadas a las relaciones de subordinación de género de la mujer. Entre estas características se consideraron: el lugar del crimen, la relación de la víctima con el victimario, las causas manifiestas del crimen y las características de este dominio sobre ella.

El estudio arrojó información contundente. Tal es el caso de la constatación de que los femicidios en Nicaragua han venido creciendo progresivamente, especialmente desde el año 2003, incrementándose en más de un 100 por ciento entre los años 2000 y 2005.4

La investigación identificó así mismo que la casa es el lugar donde predominan los fe-micidios, generalmente perpetrados por pareja, ex pareja, familiar y conocido, y que existe una prevalencia, ligada a la relación de dominación del femicida sobre la víctima, de abusos sexuales y violaciones, así como de otro tipo de ensañamiento. Las edades de las víctimas se concentran generalmente entre los 16 y los 30 años seguido por los rangos de 11-15 y 31-40 años.

3 Recopila datos e informaciones documentales en las comisarías de la mujer y la niñez, la Policía Nacional, el Insti-tuto de Medicina Legal y la Fiscalía.

4 Las investigadoras reportan que de 29 femicidios identificados en el año 2000 se pasó a 65 en el año 2005.


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Reporte de la Comisaría de la Mujer 2000-2004

Año VIF Delitos sexuales

2000 4,719 1,4412001 4,412 1,7492002 6,315 2,0522003 10,229 2,2452004 12,235 2,780

Valoraciones médico-legales del Instituto de Medicina Legal 2001-2005

Tipo 2001 2002 2003 2004 2005VIF 2931 2924 3095

Violencia sexual 1231 822 762 955 965

Tipificación de casos

2000 2001 2002 2003 2004 2005

No. % No. % No. % No. % No. % No. %

Homicidios totales 501 100 552 100 591 100 664 100 681 100 753 100Homicidios de hombres

430 85,5 472 85,5 492 89,4 594 89,4 610 89,5 687 91,2

Homicidios de mujeres

71 14,4 80 14,4 99 10,5 70 10,5 71 10,4 66 9,8

Femicidios* 29 42,0** 25 31,2 29 75,7 42 60,0 46 64,7 65 98,4Población total*** 4,935.6 100,0 5,205.0 100,0 5,341.8 100,0 5,482.3 100,0 5,626.4 100,0 5,626.4 100,0Población masculina***

2,455.2 49,7 2,590.6 49,7 2,659.4 49,7 2,730.6 49,8 2,802.7 49,9 2,802.7 49,9

Población femenina***

2,480.3 50,2 2,614.4 50,2 2,682.4 50,2 2,752.1 50,1 2,823.7 50,1 2,823.7 50,1

Relación entre homicidios totales, homicidios de mujeres y femicidios.*Calculado en base al análisis comparativo de información oficial y de periódicos; respecto a 2003 hay 42 casos verifica-dos de femicidios, hay 9 casos en los que, en base a información periodística, hay sospecha de femicidio pero no se pudo confirmar.**% calculado en base al total de homicidios de mujeres.***Estimado en millones. Fuente: Información periodística y de la Policía Nacional.

Los datos presentados en el estudio de D´Angelo y Pichardo permitieron poner cifras a una problemática que si bien se reconocía extendida, no se conocía en alcance y profundidad. La identificación de los femicidios como una situación en escalada puso en alerta a diversas organizaciones que trabajan por los derechos de la mujer, quienes se avocaron a utilizar esta investigación como una herramienta de lucha e incidencia para lograr cambios en los sistemas de atención y acceso a la justicia, así como para influir en políticas específicas en favor de los derechos de la mujer a vivir una vida plena y sin violencia.


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Informes de organizaciones de la sociedad civil

Amparados en el respaldo de diferentes acuerdos internacionales, entre ellos la Decla-ración de los Derechos Humanos, la Conferencia Internacional de Población y Desarro-llo en El Cairo, la CEDAW, la Convención de Belem do Para y Beijing —que enfatizan el papel clave que tiene el Estado en el abordaje de la violencia mediante la garantía de un marco legal adecuado y la provisión de los servicios coordinado, eficiente, confiable y de calidad para la atención y prevención de las mujeres que viven o han vivido violen-cia— las distintas organizaciones de la sociedad civil elaboraron diversos informes que fueron presentados a nivel internacional para denunciar, reclamar y advertir sobre la problemática de la violencia y el femicidio en el país.

Según el Código Penal de Nicaragua el femicidio no está calificado como una figura jurídica que castigue una de las formas extremas de violencia contra las mujeres, sin embargo dentro de las analogías de los delitos contra la vida, la in-tegridad física y la seguridad personal, se incluyen los delitos de homicidio, pa-rricidio y asesinato. La ley nicaragüense permite hacer concursos de delitos. Es decir, los delitos como homicidio, parricidio y asesinato pueden asociarse con delitos sexuales, lesiones físicas y pueden sumarse circunstancias agravantes.

El Código Procesal Penal califica como delito la violencia familiar en el artículo 155. Ahora se ve la violencia como un delito de resultado y no como un delito au-tónomo. Es decir, pueden entrar los malos tratos. Los penalistas consideraron que los actos de violencia que se van a penalizar son los de resultado, si el resultado fue la muerte, hay muerte más asesinato, más homicidio en las circunstancias en que ocurrieron. El resultado fue la muerte, eso es lo que va a pedir que se castigue en la sentencia (Entrevista a la doctora Ángela Rosa Acevedo).

De manera análoga puede decirse que por el asesinato de una mujer el homicida puede recibir todo el peso de la ley si la tipificación y sanción son claras. Otra discusión es si estos delitos se investigan lo suficiente y se realiza un debido proceso que evite la im-punidad y displicencia ante la gravedad y sus efectos para las víctimas, las mujeres y la sociedad.

En la legislación chilena, donde ya existe la tipificación de femicidio, la figura también es extensiva, en general, a los homicidios precedidos de violación u otras formas de violencia sexual, incluyendo los que se producen en tiempos de conflicto armado y los homicidios de trabajadoras sexuales, entre otros. La noción de femicidio incluye, enton-ces, tanto los crímenes cometidos dentro de la llamada esfera “privada” como los de la “pública”, tal como lo estipula la definición de violencia contra la mujer contenida en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Para). En el Artículo 1 la Convención señala que “debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su gé-nero, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.


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La Red de Mujeres Contra la Violencia elaboró en el año 2006 el Informe Nacional de Nicaragua sobre Violencia Doméstica para ser presentado en la Audiencia Regional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se desarrolló en la ciudad de Guatemala. El informe hace referencia a la magnitud alarmante del problema de violen-cia doméstica o intrafamiliar en Nicaragua (a pesar del sub registro) y se reseñaron dis-tintos diagnósticos e investigaciones realizadas a lo largo de diez años. También analiza el marco jurídico constitucional, la legislación ordinaria, los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Nicaragua y las políticas públicas existentes.

El informe reconoce que la violencia intrafamiliar y de género es una problemática gra-ve en Nicaragua que muestra un comportamiento ascendente. Se señala que “la preva-lencia de violencia intrafamiliar (VIF) en mujeres en el año 1998 fue de 25 por ciento. El tipo de violencia fue física, sexual y emocional; en 20 por ciento de los casos las mujeres sufrieron los tres tipos de abuso. Para el año 1999 70 por ciento de la violencia contra la mujer se caracterizó por graves lesiones como amputaciones de miembros, así como violaciones de niñas y asesinatos. La situación fue más severa en zonas rurales.

Retomando los hallazgos del estudio de Mary Ellsberg sobre la prevalencia y caracterís-ticas de la violencia conyugal en Nicaragua, el informe de la Red señala una frecuencia anual de maltrato de aproximadamente 170,000 mujeres, que representa una de cada cuatro mujeres. También indica que 52 por ciento de las mujeres que han estado ca-sadas o en unión de hecho reportaron haber sufrido por lo menos un episodio de vio-lencia por parte de sus compañeros y de ese total 70 por ciento estuvo constituido por actos de violencia severa. El 36 por ciento de las mujeres reportó que los golpes físicos solían estar acompañados con sexo forzado.

En relación al asesinato violento de mujeres, se reportaron las estadísticas en el país y las tendencias, entre las que sobresalen que los victimarios son parientes o conocidos de las víctimas, que éstas son amas de casa, que la mayoría de los hechos ocurrieron en la casa, y que en la mayoría de las situaciones existían antecedentes de maltrato por parte de sus parejas o ex parejas.

La investigación de D`Angelo y Pichardo sobre femicidio en Nicaragua refiere que la co-misión de delitos de violencia intrafamiliar ha pasado de 4,719 en el año 2000 a 12,235 en 2004, lo que representa un aumento del 300 por ciento. Por otra parte, se destaca que según los datos de la Policía, a partir del año 2000 aumentan los asesinatos de mujeres denominados femicidio, identificando que el 52,63 por ciento de los casos se da en la casa y prácticamente 50 por ciento de las víctimas de femicidio han sido amas de casa.

Otro dato que se señala en el informe de la Red tiene relación con el déficit en el acceso a la justicia, en tanto se identifica que sólo 25 por ciento de los casos denunciados en las comisarías en el año 2005 pasó a la Fiscalía y que existe una tendencia revictimizante en las personas que viven violencia al acudir a distintas instancias de administración de jus-ticia, tal como fue señalado en el Diagnóstico sobre procedimientos probatorios en los casos de violencia intrafamiliar y sexual contra las mujeres, la niñez y la adolescencia.

En enero del año 2007 UNANIMA Internacional elaboró el Informe sobre la situación de violencia intrafamiliar y femicidio que afecta a las mujeres en Nicaragua, documento que fue remitido a la sesión 37 del Comité de la CEDAW, en la ciudad de Nueva York.


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El informe hace referencia a la magnitud creciente del problema de la violencia domés-tica y el femicidio en Nicaragua, al marco jurídico existente y a los tratados y acuerdos internacionales ratificados por el Gobierno de Nicaragua. Si bien el informe reconoce que el gobierno nicaragüense ha aprobado leyes y reformas al Código Penal para aten-der la problemática, también señala que, en general, estas leyes carecen de mecanis-mos y procedimientos apropiados para garantizar su aplicación. El informe exhorta a la existencia y cumplimiento de leyes, procedimientos apropiados y trabajo coordinado entre las instancias de gobierno responsables y las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a tal fin para eliminar todas las situaciones de violencia contra la mujer.

Según datos de la Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud de 1998,5 35 por cien-to de las mujeres encuestadas reportaron haber sufrido al menos un episodio de vio-lencia en el último año. Existe una mayor prevalencia de violencia física o sexual entre mujeres que viven en zonas urbanas, que las que viven en zonas rurales, 52 por ciento de las mujeres que reportaron violencia conyugal han sido maltratadas al menos cinco veces en el último año, 37 por ciento de las mujeres reportó haber recibido golpes du-rante uno o más de sus embarazos y 60 por ciento de las mujeres reportó que sus hijos e hijas estuvieron presentes durante los episodios de violencia.

Para dar un panorama del estado de la violencia y el femicidio en el país, el informe dio cuenta de los datos de la Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud de 1998 y también se basó en los trabajos de D´Angelo y Pichardo sobre el femicidio en Nicara-gua (2006) y de María Auxiliadora Meza Gutiérrez sobre Análisis jurídico de sentencias relativas a delitos de violencia intrafamiliar y sexual y demandas civiles en materia de familia (2005). En este último se identifica que “el deficiente acceso de las mujeres a la justicia en material penal y civil en Nicaragua es uno de los principales obstáculos que afrontan la mujeres en el ejercicio efectivo de sus derechos. La violencia intrafamiliar y sexual y las dificultades en el acceso a la justicia en materia de familia, suponen dos grandes retos que debe asumir el poder judicial (…) el limitado reconocimiento de de-rechos de familia o la imposibilidad de hacerlos efectivos una vez reconocidos, es una realidad generalizada en la sociedad nicaragüense, no sólo sustentada por actitudes sociales discriminatorias, sino por el difícil y costoso acceso a la justicia”.

Hacia fines del año 2007 la revista Envío publicó una extensa nota que tituló En memo-ria de Doña Cecilia, víctima de la violencia de género (Envío, 2007). En ella expusó lo que es el femicidio a partir de un caso ocurrido en Tuma La Dalia en abril del año 2007, cuando fue asesinada Cecilia Torres Hernández, “una mujer muy humilde, muy firme y con una gran convicción sobre el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia” (Envío, 2007) y a quien “su determinación y constancia, su insistencia en reclamar de-rechos, los suyos y los ajenos, la convirtieron para algunos en ‘una molestia’” (Envío, 2007). La nota desarrolló aspectos de la vida de la víctima, las causas del conflicto con su victimario, así como los procesos que se desarrollaron en la justicia. A través del caso es posible ver todos los obstáculos que enfrentan las mujeres para un efectivo acceso a la justicia. También se muestra cómo fue determinante la movilización de las organiza-ciones de mujeres para que la causa avanzara y se hiciera justicia.

5 En 1998 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) llevó a cabo la Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud en la que se incluyó el tema de la violencia intrafamiliar. Para ello fueron encuestadas 8,507 mujeres en edades comprendidas entre los 14 y los 49 años.


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En octubre de 2008 la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), el Centro Nica-ragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la Alianza de Centros de Mujeres, la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV) y la Coordinadora Nicaragüense de Organizaciones no gubernamentales que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (CODENI), elaboraron el informe Violaciones de los Derechos Humanos en Nicaragua, que fue presentado al Comité de Derechos Humanos en el 94º período de sesiones.

El período que abarca el informe comprende de enero de 2006 a agosto de 2008 y re-porta la situación general de derechos humanos, destacando de manera particular la situación de las mujeres, las niñas y los niños en el país.

Para abordar la situación de las mujeres el informe señala que a pesar del compromiso expreso que asumió el Estado nicaragüense de cumplir con los acuerdos establecidos en la Convención Interamericana para Prevenir, Castigar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de Belem do Para (1995), en Nicaragua no se cumple con dicho acuerdo. “Si bien es cierto que existe un marco legal para perseguir el delito de violencia, este es insuficiente en tanto criminaliza los hechos considerados dentro del interés familiar, tipificando la violencia doméstica contra las mujeres como violencia intrafamiliar (…) con esta definición, se presenta una clara invisibilización de la violencia que sufren las mujeres por su condición de género” (OMCT, CENIDH, et al. 2008) y se producen defi-ciencias en la investigación y en la aplicación de medidas de protección6.

El informe destaca que las mujeres que sufren violencia no encuentran en el sistema de justicia un debido proceso ni una respuesta y protección adecuadas, lo que las si-túa muchas veces en un lugar de revictimización y de mayor vulnerabilidad frente a su agresor.

En relación al femicidio el informe lo refiere de la siguiente manera: “el feminicidio o femicidio en Nicaragua, asesinato de mujeres por parte de sus parejas o ex parejas, se enmarca en la problemática de la violencia de género y particularmente la violencia doméstica y sexual, como una expresión extrema de la misma, que como demuestran numerosos estudios sobre el tema es una pandemia que, a pesar de las diferentes in-tervenciones públicas y del movimiento de mujeres, sigue siendo un problema grave en el país”(OMCT, CENIDH, et al., 2008).

El informe también destaca que a pesar de que la problemática ha crecido progresi-vamente a partir del año 2003, no ha sido posible dimensionar la real magnitud del problema en tanto no existen criterios comunes ni formales que permitan identificar los casos de femicidio. La no tipificación del femicidio como un delito independiente provoca una enorme debilidad en el registro y procesamiento de la información de las instituciones gubernamentales de la ruta crítica. Ningún formato de recolección de información de estas instituciones prevé la presencia de indicadores que permitan tipi-ficar a ciencia cierta, entre los homicidios de mujeres, los que resultan ser femicidios.

“Las comisarías de la mujer y la niñez no logran mantener una información exhaustiva sobre este fenómeno, debido a que en los casos de muerte violenta no es la encargada de dar seguimiento a estos delitos y posiblemente reporta sólo casos de su conocimiento

6 La fiscal Odette Leyton señala que entre los retos y desafíos del Ministerio Público frente a la muerte de mujeres son de todo el sistema. Señala que es necesario fortalecer y sentar precedentes en el castigo ejemplar, y que el poder judicial tiene el deber de dar seguimiento a las medidas cautelares.


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relacionados directamente con historias y antecedentes de violencia intrafamiliar. Otra fuente de información consultada ha sido el Instituto de Medicina Legal, que no tiene sus registros diferenciados por sexo” (OMCT, CENIDH, et al., 2008).7

Finalmente, el informe recomienda considerar el femicidio como un delito indepen-diente, recopilar y analizar informaciones sobre este fenómeno particular con el fin de abordar la problemática, encontrar soluciones efectivas e informar a la población y a los profesionales sobre esta cuestión.8

Un foro para el diálogo

En septiembre de 2009, con el propósito de promover un espacio de diálogo y arti-culación entre organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas y de la coo-peración, se llevó a cabo el Foro Nacional Abordaje de la violencia contra las mujeres y acceso a la justicia (CIG, 2009), organizado por la Comisión Interagencial de Género de la cooperación internacional y la Dirección Nacional de las Comisarías de la Mujer y la Niñez. El foro tuvo como propósito compartir los hallazgos y recomendaciones de algunas investigaciones relacionadas con el abordaje de la violencia contra las mujeres y el acceso a la justicia en Nicaragua, y también identificar propuestas, alternativas y acciones, así como las instituciones y organizaciones que pudieran impulsarlas de ma-nera coordinada.

Allí se volvió a recalcar que la violencia contra las mujeres constituye un problema de salud pública, de seguridad ciudadana y de derechos humanos y que la tendencia cre-ciente del fenómeno es una situación alarmante ya que la mayoría de los homicidios de mujeres en los que se conoce quién los cometió, cómo ocurrieron y el contexto resultan ser casos de femicidio.

Durante en el Foro fueron elaboradas una serie de recomendaciones en relación a tres ejes fundamentales, protección, acceso a la justicia y salud:

• Fortalecer la institucionalidad de la coordinación interinstitucional a todos los nive-les. Hacen falta políticas rectoras de coordinación interinstitucional. Hace muchos años estaba funcionando la Comisión Nacional de Lucha contra la Violencia, que era un espacio de coordinación interinstitucional y política para la toma de decisiones e intervención en programas.

• Desarrollar medidas para la protección de las mujeres, como prevención del riesgo (femicidio). Promover la protección a nivel comunitario. Hablar desde la prevención,

7 Con relación al femicidio el director del Instituto de Medicina Legal, doctor Zacarías Duarte, reconoce como de-safíos del instituto los siguientes: conocer de mayor manera el fenómeno a lo interno del personal, capacitación del personal para aclarar estos casos, dotación de recursos suficientes y provisión en las instalaciones, por ejemplo actualmente solo existen dos morgues (Managua y Matagalpa) y fortalecimiento de las capacidades humanas, en las instalaciones de morgues y en tecnologías avanzadas. Debe trabajarse también en la definición de parámetros para demostrar este delito ante el juez y la policía. Así mismo debe trabajarse en la definición de los términos médicos para demostrar ese delito.

8 Sobre este aspecto Ángela Rosa Acevedo, quien labora en el poder judicial, señala que “el femicidio debe ser inves-tigado en el Instituto de Medicina Legal, que es el lugar a donde llegan los cadáveres y donde se determina la causa de la muerte, qué fue lo que terminó con la vida de la persona. En el caso del Sistema de Justicia lo que tenemos que buscar son las cifras en las cuales se identifican los homicidios y asesinatos de las mujeres, y para lograrlo vamos a tener dificultades porque en el Poder Judicial no hay desegregación por sexo para este tipo de delito, aquí se registra el número de sentencias de homicidios en las cuales hibo condenados o absueltos”.


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pero también promover la protección desde el nivel comunitario, proteger la vida de las mujeres ante los riesgos de un eminente femicidio.

• Retomar la apropiación de la promoción de un modelo de atención integral articula-do en la ruta crítica, que todos esos actores se involucren en el micro sistema, en el meso sistema y en el macro sistema.

• Reducir los cuellos de botella en el acceso a la justicia.• Ampliar la discusión sobre la violencia contra las mujeres en las regiones autóno-

mas” (CIG, 2009).

Diagnóstico institucional de gobierno

Ha sido importante la elaboración del Diagnóstico de la violencia intrafamiliar y sexual en Nicaragua (2009), de la Dirección Comisaría de la Mujer y la Niñez de la Policía Na-cional. El estudio elaboró el estado del arte y un diagnóstico sobre el abordaje de la vio-lencia intrafamiliar y sexual en Nicaragua y ofreció un mapeo sobre los actores, roles y perspectivas, así como un trazado del camino recorrido y las lecciones aprendidas entre los años 2003 al 2008. El estudio reconoce que es difícil determinar cuál es la situación real de la violencia contra la mujer ya que en la región centroamericana la disponibili-dad de información, el sub registro y el registro inadecuado de datos, así como la con-fusión conceptual de femicidio (asesinato de mujeres por el sólo hecho de ser mujeres) con homicidio, constituyen factores que limitan la presentación de la información.

En relación al femicidio se menciona que aun cuando las organizaciones del movimien-to de mujeres y la sociedad civil han desarrollado múltiples acciones por poner el tema en la agenda pública, el Código Penal actual no lo tipifica entre los delitos especificados en sus diferentes artículos y al no reconocerlo, la instancia policial especializada no lo registra como tal, sino como crimen contra mujeres, por lo que resulta difícil tipificar con certeza cuáles de estos crímenes son femicidios, quedando invisibilizados dentro de los delitos de parricidio, asesinato y homicidio. “No reconocer el feminicidio como delito de lesa humanidad ni tipificar el femicidio desde el punto de vista de la privación violenta de la vida de una persona por ser mujer, invisibiliza y descriminaliza la muerte de las mujeres por causa de violencia de género” (Dirección de Comisaría de la Mujer y la Niñez de la Policía Nacional, 2009).

Otra de las cuestiones que destaca el estudio en relación al femicidio es que es muy difícil reflejar la magnitud de la violencia de género ya que se dan, a nivel nacional y centroamericano, cifras divergentes. Esto evidencia la falta de aplicación de un enfoque coordinado en la investigación de los casos de homicidio de mujeres, y en los informes oficiales. Si bien es difícil realizar una comparación de la región al no contar con infor-mación homogénea en las categorías y en el registro, sí es posible inferir que en todos los países de la región centroamericana el femicidio se ha venido incrementando.

Por otro lado, se reconoce que las legislaciones centroamericanas vienen construyendo el marco legal para prevenir y sancionar la discriminación y la violencia en contra de la mujer, llegando incluso algunos pocos países a tipificar el femicidio o feminicidio, como es el caso de Guatemala y Costa Rica.


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Regiones autónomas del Atlántico

Si bien los datos que se conocen en relación a la prevalencia de la violencia de géne-ro en las regiones autónomas del Atlántico no difieren sustancialmente de los que se presentan en la zona del Pacífico, es importante destacarlos ya que al ser una zona con características propias, por su condición étnica, política y cultural, requiere una com-prensión particular de los procesos y las dimensiones de la violencia contra las mujeres.

A pesar de la relevancia de la problemática de violencia de género y del impacto de la violencia en los grupos étnicos que habitan allí, el fenómeno no ha sido estudiado a profundidad y en general no es analizado en las investigaciones que se hacen a nivel nacional, por lo tanto, se requiere de un esfuerzo por visibilizar la problemática y em-prender acciones específicas que atiendan las particularidades geográficas, culturales, lingüísticas, étnicas y administrativas de la zona.

La Costa Caribe abarca cerca del 50 por ciento del territorio nacional y está conformada por la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) y la Re-gión Autónoma del Atlántico Sur (RAAS). Al norte se encuentra la zona que se conoce como el Triángulo Minero (Rosita, Bonanza, Siuna y Mulukukú) que tiene unas características poblacionales muy diferentes de las de la RAAS. Según datos censales, la población de la Costa representa 12,1 por ciento de la población total de Nicaragua. La macro región del Caribe cuenta con la mayor presencia de pueblos indígenas y afrodescendientes del país, aunque su peso relativo ha venido disminuyendo.

La RAAN y la RAAS se ubican entre los territorios con mayor peso porcentual de población rural del país: 72 por ciento y 63 por ciento respectivamente. Aunado a la alta dispersión y a los problemas de comunicación, este alto nivel de ruralidad explica en buena parte el bajo acceso a servicios básicos, educación y salud. La esperanza de vida al nacer (EVN) en la Costa Caribe es casi cinco años menor que la de la población del resto del país, tanto para hombres como para mujeres, lo que refleja unas condiciones de vida que sitúan a estas regiones en un nivel de desarrollo humano inferior al de Nicaragua en su conjunto.

En relación a la violencia intrafamiliar es una región fuertemente afectada, siendo la RAAN la que presenta la prevalencia más alta de violencia física del país con 31,6 por ciento (INEC, 2001) (Dixon y Torres, 2008). Algunos estudios identifican que el consumo de drogas y alcohol actúan como poten-ciadores de la violencia de género (Montes y Woods, s.f.).

En relación a las dificultades de registro de información, allí también las instituciones carecen de datos sistematizados y variables de registro riguroso. La baja calidad técnica de los informes policiales e investigativos del Ministerio Público, así como la debilidad de los informes de peritos médicos, generan dificultades extras en la región.

Si bien no se cuenta con información específica sobre los casos de femicidio, es posible acercarse a la problemática de la violencia a partir de los reportes que realiza la Comi-saría de la Mujer de los casos que han sido denunciados, lo cual permite conocer las tendencias que presenta allí la violencia intrafamiliar y sexual.


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Se identifica que en la RAAS el lugar de mayor peligrosidad es la casa de habitación y las zonas urbanas sobre las rurales; los agresores son en primer lugar los cónyuges, seguidos de ex cónyuges y sus hermanos; los delitos sexuales tienen como principales agresores a personas conocidas, y en segundo lugar personas sin ningún parentesco.

En el Triángulo Minero, la Comisaría de la Mujer reporta que las edades de delitos de violencia sexual se centran entre los 10 a 20 años, y las lesiones y amenazas de VIF se encuentran entre los 20 y 35 años. A diferencia de lo que ocurre en casi todas las otras regiones del país, aquí es en la vía pública donde se producen la mayoría de las agre-siones.

Si bien ha sido importante el avance que ha experimentado la región en materia de atención a las situaciones de violencia, sobre todo a partir del establecimiento de las comisarías de la mujer, son numerosos los obstáculos y dificultades que enfrentan las mujeres de allí para denunciar las situaciones de violencia de género. Aquí intentare-mos mencionar algunas:

• Existe poco acceso de las mujeres rurales e indígenas a los servicios de las comisa-rías, ya que sólo cuentan con seis comisarías de la mujer para cubrir todas las de-nuncias de violencia en la región. Las comisarías están en Puerto Cabezas, Waspam y Siuna en la RAAN y Bluefields, Laguna de Perlas y recientemente Nueva Guinea en la RAAS. Esto representa un límite en el acceso a la justicia.

• A su vez, estas comisarías no cuentan con personal contratado para brindar un servi-cio de atención en el idioma materno de cada mujer que presenta denuncia, aunque algunas Comisarías como Bluefields y Puerto Cabezas cuentan entre el personal con mujeres que hablan algunos de los idiomas. También se han identificado fuertes va-cíos respecto a un conocimiento del contexto cultural donde desarrollan su trabajo, especificidades de las etnias, construcción de las culturas, entre otros, y de hecho no existen registros formales que puedan servir para conocer qué grupos étnicos son los que demandan atención.

• Por otra parte, se estima que más de la mitad de las que acuden a las comisarías continúan siendo víctimas de violencia por la falta de aplicación de medidas legales (e inclusive de protección), lo que a su vez contribuye a minar la confianza de las víc-timas en el sistema. La falta de preparación del personal de las instituciones de justi-cia claves para atender adecuadamente este tipo de problemas, como el Ministerio Público, se convierte en un obstáculo adicional para las mujeres en el desarrollo del proceso judicial (Dixon y Torres, 2008).

• A ello hay que agregar la fuerte tendencia a no denunciar los delitos de violencia intrafamiliar y sexual que más las afectan. Se cruzan para ello una serie de factores: prácticos (la dificultad en el acceso por la dispersión geográfica, grandes distancias y escasas vías de comunicación terrestre), factores educativos y culturales (naturaliza-ción de la violencia), factores de sujeción (amenazas y presiones del agresor así como dependencia emocional y económica de la víctima), factores de información (no se conocen los derechos ni servicios ofrecidos), factores tradicionales (la intervención


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del juez comunal o wihta para mediar o resolver los conflictos internos de la comuni-dad aplicando el Derecho Consuetudinario),9 entre otros.

• Tampoco se cuenta con suficientes juzgados de distrito en las regiones, lo que ge-nera “que el número de casos que se concentran en algunas seccionales sea muy elevado para el personal y por otro lado, el acceso de la justicia a la población de las zonas rurales más alejadas sea inexistente” (Dixon y Torres, 2008).

Atención brindada por las comisarías de la mujer en las regiones autónomas

Cantidad de

personas atendidas

Cantidad de denuncias

recepcionadas

Cantidad de denuncias que constituyeron

Cantidad de denuncias que constituyeron faltas penales

Cantidad de casos

remitidos al judicial

(Local)

Cantidad de casos remitidos al MP

Cantidad de casos transferidos

a centros de atención

Cantidad de casos que se les dio cierre

administrativo

VIF Sexual VIF Sexual FCP VIF Sexual % VIF Sexual VIF FCP Sexual

3875 863 208 436 202 396 321 307 140 % 349 62 59 46 17

Fuente: Comisaría de la Mujer de Bluefields en base a todos los casos denunciados para la RAAS.

Esta gráfica da cuenta, entre otras cosas, de las personas atendidas y el tipo de clasifica-ción preliminar que la comisaría les da a esos hechos denunciados. En el caso de la VIF de la clasificación preliminar sólo se convierten en delitos la mitad de los hechos denun-ciados. Para el caso de delitos sexuales casi siempre las clasificaciones preliminares se mantienen posteriormente tipificadas como delitos (Montes y Woods, s.f.).

Contemplando todas las dificultades que existen en la región y con el fin de acercar la justicia a las zonas rurales más alejadas y empobrecidas, la Corte Suprema de Justicia creó la figura de los Facilitadores Judiciales Rurales, que intervienen en temáticas diver-sas: conflictos de tierras, violencia intrafamiliar y sexual, derecho civil, entre otros; sin embargo, las mujeres no perciben en ellos un interés real por atender las situaciones de violencia de género, ya que les prestan una atención adecuada, de calidad y seria, especialmente el Ministerio Público; de hecho se ha identificado que hay operadores de justicia como jueces locales, policías y/o fiscales que promueven la resolución de los casos por mediación e intentan persuadir a las mujeres para que no denuncien.

A pesar de todo ello, es importante destacar que se han logrado avances en el tema de género y específicamente de violencia en la región, a partir de la coordinación inter-sectorial, especialmente en la RAAS. Las principales demandas siguen siendo fortaleci-miento institucional a las comisarías de la mujer, capacitación a operadores de justicia,

9 Su papel es mediar e intentar resolver los casos dentro de la comunidad; valoran la gravedad del caso y si no es de su competencia, lo remiten al juez local. Los tipos de castigo que se aplican en casos de violencia intrafamiliar son, por ejemplo: limpiar áreas públicas en la comunidad o pagar una fianza si son reincidentes, también en dependencia de la gravedad del asunto, se firma un acuerdo de alejamiento. Lo cierto es que la valoración del trabajo que desarrollan los whitas en relación a la temática de violencia no es positiva ya que muchas veces se perciben como un elemento clave en el mantenimiento de la violencia en las comunidades y un obstáculo para romper con la impunidad.


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campañas de sensibilización a nivel comunitario, creación de albergues, apoyo a orga-nizaciones de mujeres, definición de presupuestos regionales específicos y estableci-miento de un marco normativo regional con una perspectiva de género, entre otros.

Como parte de los esfuerzos por visibilizar la situación de violencia en las regiones au-tónomas de la Costa Atlántica, pero abordando específicamente la problemática del fe-micidio, y también como parte de la investigación regional No olvidamos ni aceptamos: femicidio en Centroamérica 2000-2006, se publicó recientemente el trabajo Redes, pro-cesos y lenguajes emergentes. Nuevas formas de violencia femicida y la voluntad de la acción colectiva en Nueva Guinea (2009), elaborado por Mara Girardi y María Eva Cangiani.

La investigación buscó, a través del análisis de un caso, ahondar el conocimiento de los escenarios que propician los femicidios, entendiendo por ello los contextos socio-eco-nómicos, políticos y culturales en los que se producen o promueven relaciones desigua-les de poder entre hombres y mujeres y que generan dinámicas de control y violencia extrema contra las mujeres (Carcedo, 2009).

Dado que uno de los hallazgos de la investigación regional revelaba que junto con la transformación ligada a la globalización se iba produciendo una tendencia creciente de los casos de femicidio, así como la aparición de nuevos escenarios cada vez más imbri-cados en el conjunto de la estructura social, se buscó identificar en el país la aparición de esos escenarios nuevos e incipientes para comprender sus dinámicas y anticipar, en la medida de lo posible, mecanismos de protección. En ese marco se indagó también si la acción de la sociedad organizada puede frenar el recrudecimiento, ampliación y profundización del fenómeno, evitando que se llegue a los niveles alcanzados en los demás países del istmo.

Sobre las manifestaciones de la violencia en las regiones autónomas la segunda jefa de las comisarías de la mujer, Comisionada María Isabel Largaespada, señaló que:

En el Caribe de Nicaragua, los delitos de violencia intrafamiliar son de mayor peligro-sidad, se conocen algunos casos en que la violencia ha significado amputaciones de miembros debido al uso corriente de armas blancas en la zona. El uso de armas es dife-renciado a nivel del país, mientras en las zonas urbanas se usan armas de fuego, en las zonas rurales se usan machetes.

Nueva Guinea, en la Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS), se identificó como lugar paradigmático para vislumbrar estas nuevas situaciones de violencia de género. Allí las investigadoras encontraron una realidad compleja producto de su historia y desarrollo, con altas olas migratorias, identidades multiétnicas, un sistema de autonomía, urbani-zación acelerada, crecimiento demográfico, ampliación de las redes de comunicación terrestre, invasión de la comunicación virtual, signos de existencia de incipientes redes de la criminalidad organizada y la constatación de que la zona empieza a constituirse como corredor de tráficos.

Allí se observó que además de las muertes de mujeres en contextos “históricos” o prevalecientes (el hogar, con vínculos de pareja, entre otros), comenzaban a aparecer situaciones con características inéditas. Los casos que se analizaron coincidían en un patrón común: eran de carácter público, callejero, urbano y con signos de misoginia.


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“La violencia que somete el cuerpo a tortura sexual, que anula la identidad y autonomía del cuerpo y que imprime en los cuerpos un mensaje aún sin descifrar, es una alerta de violencia que asume formas y significados nuevos” (Girardi y Cangiani, 2009).

El caso Nueva Guinea se configura entonces a partir de estos elementos emergentes de escenarios inéditos de violencia femicida, que se desarrollan fuera de los espacios domésticos pero que además encuentran una iniciativa de actores locales por contra-rrestar estas tendencias.

Para desarrollar el proceso de investigación las autoras utilizaron una combinación de metodologías. Mediante la autopsia social lograron la reconstrucción del proceso y ana-lizaron los elementos que intervinieron en la ocurrencia del femicidio y, por otro lado, realizaron el análisis de expedientes vinculados al caso.

La investigación reveló que quienes más sufren los cambios acelerados que se dan en la región son los jóvenes y las jóvenes, ya que son quienes empiezan a confrontar los mo-delos culturales tradicionales. La negación de la sociedad a comprender e incluir esta diferencia cultural y generacional crea situaciones de estigmatización que debilitan los tejidos sociales, familiares y comunitarios de protección, exponiendo a mayores situa-ciones de riesgo la vida de las mujeres jóvenes.

Sin embargo, como contracara de ese proceso y con el firme propósito de revertir es-tas tendencias y de intervenir de manera efectiva con mecanismos de protección a la mujer, se han organizado distintos actores locales que han generado espacios de acción beligerante. La universidad y el Centro de Documentación de la Mujer Multiét-nica CEIMM-URACCAN, así como la Comisión de Género, que aglutina distintos actores (tanto estatales como de la sociedad civil) son la expresión de una sociedad organizada que incide de manera positiva en la defensa de los derechos humanos.


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Propuesta de indicadores para la acción

El modelo teórico para construir los indicadores de femicidio que se proponen en este trabajo tomó en cuenta los niveles de análisis alcanzados sobre la problemática desde un análisis feminista. Por ello, las variables y los respectivos indicadores que se presen-tan han sido derivados de los amplios debates que se han desarrollado sobre la proble-mática de femicidio/feminicidio para su tipificación.

Es necesario aclarar que los conceptos que sustentan las variables pertenecen, en gran medida, a la esfera de las ciencias sociales, por lo que no se pretende su aplicación mecánica a la esfera jurídico-penal. Solo en algunos casos, que se vienen puntualmente precisando, algunos de estos indicadores han sido aplicados a la legislación correspon-diente.

Como afirma Ana Carcedo, los indicadores sobre violencia contra las mujeres más fre-cuentemente empleados, se pueden reunir en cuatro grandes categorías. Los de tipo epidemiológico que buscan medir fundamentalmente incidencias y prevalencias; los que se dirigen a los impactos individuales, colectivos y sociales; los de respuestas de los diferentes actores frente al problema; y los que se orientan a medir los factores estruc-turales que alimentan la violencia contra las mujeres (Carcedo, 2008).

Esta propuesta se concentró en los indicadores de tipo epidemiológico por las siguien-tes razones:

• Son los más documentados a nivel de estudios.

• Considerando que en Nicaragua no existe una ley autónoma sobre violencia y femi-cidio, es importante visibilizar esta problemática con el fin de desarrollar procesos de incidencia.

• Un primer paso podría ser el hecho de que algunas de las instituciones que se rela-cionan con la violencia contra las mujeres y el femicidio —el INIM, las comisarías de la mujer, la Policía Nacional, los institutos de medicina legal y la Fiscalía y el sistema judicial entre otros— puedan ampliar o fortalecer algunos indicadores clave de fe-micidio en sus registros.

A continuación se presenta la escala de variables e indicadores derivada de la sistema-tización antes mencionada.

En una primera parte se da cuenta de la definición de las diferentes variables utilizadas, así como han sido conceptualizadas en las fuentes antes mencionadas (estudios y le-gislación vigente), para organizarlas en una escala a partir de una lógica que retoma su conceptualización teórica e interna y su manifestación en la realidad.


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Variables e indicadores

Definición de femicidio

Se entenderá por femicidio el asesinato de mujeres por razones asociadas con su géne-ro. El femicidio es la forma más extrema de violencia de género, entendida ésta como la violencia ejercida por los hombres contra las mujeres en su deseo de obtener poder, dominación o control. Incluye los asesinatos producidos por la violencia intrafamiliar y la violencia sexual (Carcedo, 2000).

El uso generalizado del neologismo femicidio se produce especialmente a partir del libro Femicide: The Politics of Woman killing, de Jill Radford y Diana Russell (1992).

En la Convención de Belem do Para (1994) se amplía y se nombra la muerte como un efecto de la violencia contra las mujeres, ya que se declara que a efectos de la Conven-ción debe entenderse por violencia contra la mujer

cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica, o cualquier otra relación interpersonal, que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y comprende entre otros violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro, acoso sexual en el lugar de trabajo, instituciones educativas, y de salud o cualquier otro lugar que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes donde quiera que ocurra.

Como lo plantean las autoras Jill Radford y Diana Russell, al llamar a estas muertes de mu-jeres femicidio se remueve el velo oscurecedor con el que las cubren términos neutrales como homicidio o asesinato. El concepto de femicidio es también útil porque nos indica el carácter social y generalizado de la violencia basada en la inequidad de género y nos aleja de planteamientos individualizantes, naturalizados o patologizados que tienden a culpar a las víctimas, a representar a los agresores como “locos”, “fuera de control” o “animales” o a concebir estas muertes como el resultado de “problemas pasionales”. Estos plantea-mientos, producto de mitos muy extendidos, ocultan y niegan la verdadera dimensión del problema, las experiencias de las mujeres y la responsabilidad de los hombres. Es decir, el concepto de femicidio ayuda a desarticular los argumentos que sostienen que la violencia de género es un asunto personal o privado y muestra su carácter profundamente social y político, resultado de las relaciones estructurales de poder, dominación y privilegio entre los hombres y las mujeres en la sociedad (Carcedo y Sargot, 2000).

La noción de femicidio incluye, entonces, tanto los crímenes cometidos dentro de la lla-mada esfera “privada” como dentro de la “pública”, tal como lo expresa la definición de violencia contra la mujer contenida en la Convención Interamericana para Prevenir, San-cionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belem do Para). En su Artí-culo 1 la Convención señala que “debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, se-xual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” (Toledo, s.f.).


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Femicidio o feminicidio10

En la región existe un debate a nivel teórico sobre la pertinencia del uso de la expresión femicidio ya que para ciertas autoras esta palabra sólo aludiría al acto de dar muerte a una mujer (equivalente a homicidio), en tanto la expresión feminicidio permitiría incluir la motivación basada en el género o misoginia; agregan como elemento del feminicidio la impunidad (de hecho) o inacción estatal frente a los crímenes, enfatizando la respon-sabilidad del Estado en ellos, o extienden su uso a agresiones que no necesariamente provocan la muerte de las víctimas.

Los relatos de asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Guatemala captaron la aten-ción del mundo entero, sobre todo por la percepción de la falta de acción por parte de los respectivos gobiernos para prevenir el feminicidio y llevar a los hechores ante la justicia.

Marcela Lagarde, como representante del Gobierno de México y presidenta de la Comi-sión Especial sobre Feminicidio que se creó en 2004 para atender los asesinatos de las mujeres en Ciudad Juárez, destaca el feminicidio como “un crimen del Estado, que to-lera los asesinatos de mujeres y no investiga los crímenes con vigor ni hace que los ase-sinos asuman la responsabilidad” (Morfin, 2004 citada por Staudt, 2008). Ella comenta, además, que se trata del feminicidio “…cuando el Estado no ofrece ninguna garantía a las mujeres ni crea las condiciones de seguridad para sus vidas en la comunidad, en el hogar; ni siquiera en el trabajo o en las áreas recreativas. Y lo que es aún peor, las autoridades ni siquiera llegan a hacer su labor de forma eficiente” (Comisión Especial sobre Feminicidio).

El femicidio de acuerdo a la legislación vigente

En América Latina tres países (Costa Rica, Guatemala y Chile) han incorporado en su legislación el delito de femicidio.

• En el año 2007 Costa Rica aprobó la Ley de Penalización de Violencia Contra las Mu-jeres. Dicha ley reconoce la existencia del femicidio en aquellos casos en los que la violencia fue perpetrada por esposos y compañeros en unión de hecho, sin embargo no incluye a ex parejas ni a otros hombres que mantengan un vínculo familiar con las víctimas.

• En Chile, el 21 de diciembre de 2009, fue aprobada por la unanimidad de la Sala del Senado, el proyecto de ley que consagra penalmente el femicidio para el caso en que una mujer sea asesinada por su marido o conviviente.

La ley incorporaría una nueva denominación jurídica al delito de parricidio contem-plado en el Artículo 390 del Código Penal, que recibirá el nombre de “femicidio” para aquellos casos en que una mujer sea asesinada por su marido o conviviente, siendo aplicable la máxima pena asignada al parricidio que alcanza los 40 años de cárcel. “Al respecto, no procederá invocar la atenuante de irreprochable conducta anterior

10 Sobre las diversas posturas al respecto ver: Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos. I Informe regional: Situación y análisis del femicidio en la región centroamericana. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. San José, Costa Rica. 2006. pp. 33 a 41.


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cuando existan contra el agresor, sentencias o medidas cautelares decretadas en su contra por los tribunales de familia. Así también, se dota de mayor estabilidad jurídi-ca a las medidas cautelares cuando se ha producido el traslado del proceso desde los tribunales de familia al Ministerio Público o viceversa, a objeto de que mantengan su imperio” (Alvear, 2008).

• El Congreso de la República de Guatemala elevó a la categoría de ley vigente el femicidio y el acoso sexual. Es una ley específica y su contenido se encuentra desa-rrollado en el Derecho 22-2008. Fue publicado en el Diario de Centro América el 7 de mayo de 2008.

La legislación de Guatemala define de esta manera el delito de femicidio:

Lo comete quien, en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una mujer por su condición de mujer, valiéndose de cualquiera de las siguientes circunstancias:11

• haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima;

• mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido con la vícti-ma relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo, amis-tad, compañerismo y relación laboral;

• como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la víctima;

• como resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier tipo;

• en menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales, o cometiendo actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de mutilación;

• por misoginia;

• cuando el hecho se cometa en presencia de las hijas o hijos de la víctima;

• concurriendo cualquiera de las circunstancias de calificación contempladas en el Ar-tículo 132 del Código Penal.

Concepto restringido y ampliado de femicidio

A principios de la década de 1980 las investigadoras feministas comenzaron a concen-trar su atención en el tema de femicidio íntimo (Campbell, 1981), definido por Karen Stout como “el asesinato de mujeres por sus parejas íntimas masculinas” (Stout, 1991), y luego modificado por Myrna Dawson y Rosemary Gartner para incluir a “cónyuges legales anteriores o actuales, parejas o novios de hecho” (Dawson y Gartner, 1998). Campbell y Runyan adaptaron el término de “femicidio por pareja íntima” para aclarar la naturaleza de la relación víctima-victimario (Campbell y Runyan, 1998).

11 Como se formula en la ley específica de Guatemala cuyo contenido se encuentra desarrollado en el Derecho 22-2008. Fue publicado en el Diario de Centro América el 7 de mayo de 2008.


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Como se pudo observar, en los países de América Latina, donde se incorporó el delito de femicidio, algunas legislaciones (Chile y Costa Rica) hacen una utilización restringida del concepto, relacionándolo únicamente al asesinato cumplido por el marido o convi-viente.

“De hecho, el reciente debate mediático y político nacional tiende a restringir el con-cepto al llamado femicidio íntimo, que comprende el cometido por el hombre con quien la víctima tenía o tuvo una relación íntima, familiar, de convivencia o afín; la noción po-lítica de femicidio ha tenido y tiene un alcance mucho mayor” (Toledo, s.f.). Así, figuras como el femicidio sexual, en que —sin existir aquellos vínculos— el elemento común a los homicidios de mujeres es la violencia sexual ejercida contra las víctimas, como ocurre en los masivos y conocidos casos de México —Ciudad Juárez— y Guatemala, en los que se suma la impunidad de facto que los rodea, como consecuencia de las graves deficiencias o negligencias de la actividad estatal.

La ley aprobada en Guatemala utiliza un concepto ampliado de femicidio, como ha sido utilizado en la literatura feminista y por el movimiento de mujeres por más de una dé-cada, refiriéndose a los homicidios de mujeres por el hecho de ser tales en un contexto social y cultural que las ubica en posiciones, roles o funciones subordinadas, contexto que, por tanto, favorece su exposición a múltiples formas de violencia.

La noción de femicidio incluye, entonces, los crímenes cometidos tanto dentro de la llamada esfera ‘privada’ como de la “pública”, tal como lo hace la definición de violencia contra la mujer contenida en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belem do Para).

En todo caso, esta figura también es extensiva, en general, a los homicidios precedidos de violación u otras formas de violencia sexual incluyendo los que se producen en tiempos de conflicto armado, los homicidios de trabajadoras sexuales, entre otros (Toledo, s.f.).

En el informe semestral del monitoreo de femicidios de 2009, realizado por la Red de Mujeres Contra la Violencia de Nicaragua, se incluyó la muerte de una mujer que se suicidó con una pastilla cura fríjol conocida como la “pastilla del amor”.

La RMCV decidió clasificarla como femicidio “por los antecedentes de violencia que su-frió la víctima quien al no hallar salida de la misma decidió quitarse la vida”. En efecto, en otro estudio realizado en Nicaragua por la Red, las mujeres entrevistadas manifes-taban intentos suicidas, pérdida del deseo de vivir, deseos de matarse y morir (Bolt y Solís, 2008).

La noción de femicidio que se utiliza en esta propuesta incluye, entonces, los crímenes cometidos tanto dentro de la llamada esfera ‘privada’ como de la ‘pública’, tal como lo expresa la definición de violencia contra la mujer contenida en la Convención Intera-mericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belem do Para). En su Artículo 1 la Convención señala que “...debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.


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A continuación presentamos una propuesta de indicadores. A fin de facilitar su conteni-do se adjunta la siguiente tabla que sintetiza el proceso de sistematización.

Categorías, variables e indicadores

Categoría Variable Indicador

Relación víctima-victimario

ÍntimoNo íntimoPor conexión Femicidio en masa

• Pareja • Ex pareja• Otro familiar• Pretendiente o acosador• Cliente sexual• Proxeneta• Conocido• Desconocido• Mafia u otras organizaciones delictivas• Pandillas• Grupos no delictivos

La víctima Edad de la víctima • Menores de 12 años• 12-18 años• 19-24 años• 25-40 años• 41-60• Mayores de 61 años

Estado civil • Casada/acompañada• Soltera• Separada

Nacionalidad y etnia • Origen étnico

Nivel educativo • Sin educación• Primaria• Secundaria• Superior

Ocupación/situación económica

• Mujeres que se dedican exclusivamente al trabajo en el hogar

• Mujeres que trabajan con remuneración• Mujeres que manejan ingresos propios

Hijos/hijas • Con hijos/as• Sin hijos/as• Menor de edad

Situación de embarazo y puerperio

• Mujeres embarazadas• Mujeres no embarazadas• Mujeres en puerperio


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Femicida Edad del femicida • Menores de 19 años• 20-24 años• 25-40 años• 41-60 años• Mayores de 61 años

Pertenece a agrupaciones y organizaciones delincuenciales

• Mafia u otras organizaciones delictivas• Pandillas• Grupos no delictivos• Persona con antecedentes delictivos,

particularmente relacionados con la violencia contra la mujer.

El femicidio Causas y circunstancias • Describir

Armas utilizadas • Armas de fuego• Armas cortopunzantes (cuchillos, machetes,

hachas, entre otros)• Golpes y estrangulamiento

Violencia y ensañamiento en el cuerpo de la mujer

• Violencia sexual• Golpes, torturas, quemaduras, otros• Desmembramiento, mutilación del cuerpo

El lugar físico en que se comete el femicidio

• Casa de la víctima• Casa del victimario• Espacio público

Localización geográfica • Departamento• Zona rural• Zona urbana• Zona comunitaria (comunidades indígenas

de la Costa Atlántica)Los escenarios y antecedentes

Contextos económicos, sociales, políticos y culturales en los que se producen o propician relaciones de poder

• Describir

Identificación de factores de riesgo

• El tipo de conducta del agresor con la víctima (amenazas, manipulación psicológica)

• Historia de actos de violencia,• Denuncias anteriores interpuestas por la

víctima en la Comisaría de la Mujer o en la Policía Nacional

• Denuncias anteriores cuyo desenlace ha sido la mediación

• Características de la víctima (si depende o no económicamente del marido), entre otros.


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Antecedentes de femicidio

• Violencia física• Violencia psicológica • Violencia sexual• Violencia económica

Desenlace Desenlace para el femicida

• Prófugo• Fue detenido • Se suicidó • Fue juzgado y condenado • Fue juzgado y dejado libre

Relación víctima-victimario

Las autoras Radford y Russell (1992 y Carcedo y Sagot, 2000) han clasificado el femicidio en tres categorías muy útiles para comprender y estudiar estos crímenes:

• Íntimo • No íntimo • Por conexión

A estas categoría la misma Russel agrega una cuarta:

• Femicidio en masa

Los femicidios íntimos son asesinatos cometidos por el hombre con quien la víctima tenía o tuvo una relación íntima, familiar, de convivencia o afines. La forma más común de violencia experimentada por las mujeres en todo el mundo es la violencia dentro de la pareja. Asimismo la mayoría de las víctimas de homicidios femeninos son asesinadas por sus parejas íntimas masculinas, así como se refleja en las investigaciones realizadas sobre este tema. Actualmente está bien establecida la ubicuidad de las distintas formas de violencia contra la mujer dentro de las relaciones íntimas, corrientemente denomi-nada violencia doméstica o abuso conyugal.

Sin embargo, a pesar de la atención cada vez mayor que esta forma de femicidio está recibiendo actualmente, todavía existe poca consistencia en la terminología usada por investigadores y proveedores de servicios.

Por otro lado, se puede observar cómo algunos estudios clasifican los asesinatos come-tidos por hombres que no son parejas íntimas anteriores o actuales como femicidios íntimos. Estudios realizados en Chile (Rojas et al, 2004) y Costa Rica (Carcedo y Sagot, 2000) definen los femicidios íntimos como “…asesinatos perpetrados por hombres con quienes la víctima tiene o ha tenido alguna relación íntima o familiar, con quienes la víctima cohabitaba o tenía una relación similar”.

Como también señala la senadora Soledad Alvear, una de las promotoras del proyecto de ley sobre femicidio en Chile, “…el proyecto aborda una de las situaciones más frecuentes en esta clase de crímenes. Me refiero a la situación de los ex cónyuges o ex convivientes,


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quienes motivados por celos enfermizos, han protagonizado gran parte de estos crímenes que han conmocionado a la opinión pública”.12

En la misma dirección la normativa española a partir de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, de 2004, ha incorporado al Código Penal disposiciones que prevén una penalización agravada en ciertos actos de violencia cuando han sido cometidos por un hombre contra “su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aún sin convivencia”, en lo que se ha llamado una ‘sexualización de la respuesta punitiva’.13

El estudio de África del Sur incluye a perpetradores de incesto en su definición del femi-cidio íntimo (Mathews et al., 2004).

La Asamblea General de las Naciones Unidas reportó en 2003 que en Australia, Canadá, los Estados Unidos de América, Israel y Sudáfrica se han realizado estudios sobre el feminicidio que indican que entre 40 y 70 por ciento de las mujeres víctimas de homici-dio fueron asesinadas por sus maridos o sus novios. Según un estudio realizado en los Estados Unidos, el homicidio era la segunda causa de muerte de las adolescentes de 15 a 18 años, y 78 por ciento de las víctimas de homicidio comprendidas en el estudio habían sido asesinadas por un conocido o por su pareja. En Colombia, se informa que cada seis días una mujer es asesinada por su pareja o ex pareja.14

Femicidio no íntimo

Los femicidios no íntimos son los asesinatos cometidos por hombres con quienes la víctima no tenía relaciones íntimas, familiares, de convivencia o afines (por lo general, éste involucra un ataque sexual previo).

Una rama de la investigación se concentra en “femicidio no íntimo”, refiriéndose al ase-sinato de una mujer por alguien que no sea su pareja íntima.

Russell adaptó la tipología de Desmond Ellis y Walter De-Kesered para clasificar al femi-cidio no íntimo en categorías de:

a) femicidio cometido por un pariente masculino que no fuese pareja íntima de la víc-tima (padre, tío, hermano, entre otros),

b) femicidio cometido por amistades, conocidos, pretendientes y colegas y

c) femicidio cometido por un extraño (Russell, 2001).

Femicidio por conexión

El estudio de Chile incluyó el “femicidio por conexión” como una categoría de mujeres asesinadas “en la línea de fuego”, como resultado de su presencia o por tratar de inter-venir y evitar posibles femicidios (Rojas et al., 2004).

12 Senadora Soledad Alvear, Gran Valparaiso, Femicidio http://www.granvalparaiso.cl/v2/2010/01/08/femicidio/13 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. 14 Resolución 58/147 sobre la eliminación de la violencia contra la mujer en el hogar. Asamblea General de las Naciones

Unidas. Diciembre de 2003.


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Son casos de parientas, niñas y otras mujeres, que intervinieron para evitar el hecho, que fueron atrapadas en la acción del femicida.

Femicidio en masa

Russell (1976) propuso la categoría de “femicidio en masa” para incorporar las muertes de mujeres como resultado de actos de poder y de la dominación de los hombres.

En ésta se incluye, por ejemplo, a las mujeres que mueren a causa del SIDA o por causa de la mutilación genital. Esta categoría también podría incluir a las mujeres muertas en los mal llamados asesinatos “por honor” o durante conflictos armados. Asimismo los femicidios de Ciudad Juárez podrían entrar en esta categoría.

Indicadores

Consideramos que se necesita operativizar estas diferentes categorías, tomando en cuenta la realidad de nuestro país.

En el estudio que se realizó a nivel centroamericano15 se utilizaron los siguientes indi-cadores:

• Pareja • Ex pareja• Otro familiar• Pretendiente o acosador• Cliente sexual• Proxeneta• Conocido• Desconocido• Mafia u otras organizaciones delictivas• Pandillas• Grupos no delictivos

En el estudio de Nicaragua, como parte del estudio centroamericano (D’Angelo y Pi-chardo, 2006) la mayoría de los femicidas fueron las parejas de las víctimas, seguidos por otros familiares y ex parejas, que en total representan 63,15 por ciento de los fe-micidas. En general, en la gran mayoría de los casos se trata de personas con fuertes vínculos familiares, como padrastro y hasta hijos.

Un informe semestral de femicidio de la Red de Mujeres Contra la Violencia (2009) reportó que 33.43 por ciento de los asesinatos perpetrados contra las mujeres es cometido por personas conocidas de las víctimas que tuvieron un vínculo directo. Los esposos siguen re-puntando con 27,54 por ciento, éstos asesinaron a sangre fría a su pareja y en algunos casos frente a sus hijos e hijas. Al hacer la suma de los demás porcentajes se encuentra que 43.62 por ciento de los asesinos estuvo constituido por vecinos, nietos, ex parejas y amigos, lo que reafirma el argumento de que el feminicidio es cometido por personas allegadas a las víctimas, aunque en algunos casos son personas desconocidas (RMCV, 2009).

15 Esta investigación, coordinada por Ana Carcedo, está en curso de publicación, ha involucrado a toda la región centroamericana y se realizó en dos etapas.


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El diagnóstico realizado en la Costa Atlántica reportó resultados análogos: “…con re-lación a las víctimas de VIF y las faltas penales los agresores son en primer lugar los cónyuges, seguidos de ex cónyuges y en tercer lugar sus hermanos. Los delitos sexuales tienen como principales ejecutores a personas conocidas (no se especifica quiénes), y en segundo lugar personas sin ningún parentesco” (Montes y Woods, 2008).

A nivel de los otros países de Centroamérica, particularmente Honduras, El Salvador y Guatemala, empiezan a tener peso otros escenarios de femicidio que implican otras características de los femicidas, y que están relacionados con el crimen organizado.

También en Nicaragua, en la segunda fase de la investigación sobre femicidio, particu-larmente en algunas zonas del país, empiezan a vislumbrarse nuevos escenarios y por lo tanto nuevas categorías de femicida.

Como hemos podido ver, Nueva Guinea ha sido escenario de numerosas trans-formaciones que han repercutido, de manera directa, en el aumento de la inse-guridad y la violencia en general y de la violencia femicida en particular.

El crecimiento acelerado, la concentración de la población en el área urbana, la falta de oportunidades de desarrollo, la crisis de las familias, la agudización de la pobreza, la migración forzada, el aumento del narcotráfico y, posiblemente, de otros tráficos ilegales, nuevas formas de criminalidad organizada, una cul-tura de la violencia arraigada, así como una debilidad de las instituciones de impartición de justicia, son todos fenómenos que crean nuevas asimetrías de poder y llevan al extremo la situación de vulnerabilidad de mujeres y niñas en Nueva Guinea (Girardi y Cangiani, 2009).

La víctima

Para profundizar sobre el fenómeno, diferentes estudios toman en cuenta una serie de datos relativos a las víctimas de femicidio. Ello conduce a su mejor comprensión y al diseño de eventuales políticas de prevención/protección.

A continuación se presentan una serie de datos/indicadores relativos a las víctimas de femicidio.

Edad

Una posible escala puede ser la siguiente:

• Menores de 12 años• 12-18 años• 19-24 años• 25-40 años• 41-60• Mayores de 61 años


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Solo para afianzar la interpretación que surge de los números, basta echarle un vistazo a un trabajo que realizó el Centro Reina Sofía de España entre los años 2000 y 2003. El relevamiento reunió datos de 40 países y señala que:

El período de edad en el que se produce el mayor número de femicidios es el comprendido entre los 31 y los 34 años. La edad de las víctimas, por solo tomar una variable que puede explicar el hecho, pone al descubierto que se trata de mujeres jóvenes. Como señalaban aquellos autores del primer artículo publica-do en 1990, el femicidio parece ser un mecanismo de control, de oposición a la autonomía de las mujeres porque la edad de las víctimas pone al descubierto que se trata de mujeres que ingresan o se consolidan dentro del mundo laboral o universitario. Existe un patrón del ejercicio del poder eminentemente mas-culino, que coloca en una situación de vulnerabilidad a mujeres que provocan rupturas de las matrices culturales (Cecchi, 2009).

Asimismo el diagnóstico realizado en Nicaragua en el año 2006 (D’Angelo y Pichardo) reportó que el índice mayor de femicidios se concentra en mujeres en edades compren-didas entre los rangos de 16-20 y 21-30 años seguido por los rangos de 11-15 y 31-40. Es decir, en total los mayores niveles de femicidio se dan entre mujeres jóvenes y en edad reproductiva, totalizando 66.08 por ciento, lo que indica altos niveles de vulne-rabilidad para mujeres en estos rangos de edad. Este dato coincide con el de la policía referido a la edad de las víctimas de homicidios. Hay que subrayar que 15 por ciento son niñas y adolescentes menores de 15 años.

El monitoreo de femicidios de 2009 realizado por la Red de Mujeres Contra la Violencia de Nicaragua permite conocer que el promedio de edad que tenían las víctimas era entre 31 y 40 años (33 por ciento). Por lo general son asesinatos de mujeres jóvenes, esto plantea la etapa vital de las mujeres (jóvenes con deseos de proyectos laborales y profesionales en la plenitud de las posibilidades) las que fueron violadas y torturadas antes de ser asesinadas. Seguido de 23 por ciento que oscila de 21 a 30 años y 20 por ciento que eran mujeres de la tercera edad (RMCV, 2009).

Estado civil

Para el estado civil comúnmente se utilizan como indicadores:

• Casada/acompañada• Soltera• Separada

Se puede decir que la mayoría de los femicidios se dan entre mujeres casadas o acom-pañadas.

En el diagnóstico realizado en Nicaragua la mayoría de las víctimas (32,16 por ciento) se clasificaba en este rango. Es decir, esta condición hace a las mujeres más vulnerables.

Nacionalidad y etnia

Esta variable ha sido asumida en España por el Instituto de la Mujer, considerando el alto flujo de inmigrantes en ese país.


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Asimismo los indicadores utilizados por la CEPAL respecto a la violencia contra la mujer, de los que se hablaba al comienzo, toman en cuenta la etnia (CEPAL, 2002).

Siendo Nicaragua un país multiétnico habría que tomar en cuenta como indicador la etnia. En este caso hay que investigar el contenido de las normativas comunitarias que se relacionen con la violencia de la pareja hacia la mujer.

Nivel educativo

El nivel educativo puede dar algunas luces sobre la vulnerabilidad de las mujeres de acuerdo a sus posibilidades concretas de integrarse de manera más favorable en su realidad social.

Como indicadores podemos utilizar los siguientes:

• Sin educación• Primaria• Secundaria• Superior

Un estudio recientemente finalizado en Nicaragua, en el marco de un estudio regional sobre violencia contra las mujeres, revela que más del 60 por ciento de las mujeres en situación de violencia no habían superado la primaria (D’Angelo y Molina, 2009).

Ocupación/situación económica

La mayoría de los estudios señala como indicador la dependencia económica de la víctima.

Como indicadores se proponen:

• Mujeres que se dedican exclusivamente al trabajo en el hogar• Mujeres que trabajan con remuneración • Mujeres que manejan ingresos propios

El diagnóstico realizado en el año 2006 en Nicaragua permitió conocer que la mayoría de homicidios de mujeres reportados por la Policía Nacional se concentraron en mu-jeres “amas de casa” (entre 32 y 46 por ciento en los 6 años analizados) (D’Angelo y Pichardo, 2006).

Hijos/hijas

Otro posible indicador es el tener hijos, hijas o no tenerlos:

• Con hijos/as• Sin hijos/as• Menor de edad

En el diagnóstico la mayoría de las mujeres víctimas de femicidio tenía hijos/hijas (alre-dedor del 30 por ciento) y el 3 por ciento estaba compuesto por embarazadas.


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Situación de embarazo y puerperio

Una mujer embarazada o que esté en los primeros meses de puerperio se encuentra en un nivel bastante alto de vulnerabilidad. Los indicadores de femicidio en este caso serían:

• En mujeres embarazadas• En mujeres no embarazadas• Mujeres en puerperio

El informe presentado a la Asamblea de las Naciones Unidas por el Secretario general (2006) sobre todas las formas de violencia contra la mujer, que se basa en varios estu-dios realizados en distintos países en desarrollo, indica que la violencia durante el em-barazo oscila entre 4 y 32 por ciento, y que la tasa de prevalencia de la violencia física moderada o grave durante el embarazo es de aproximadamente 13 por ciento.

El victimario

Como resulta, por los diferentes estudios e investigaciones, por lo general los victima-rios son hombres. Sin embargo en el diagnóstico realizado en Nicaragua (2006) se in-cluyeron entre los casos de femicidio dos casos en que la victimarias eran mujeres que mataron a otras mujeres por celos hacia su pareja. Estos casos fueron considerados femicidio ya que las causas se derivan de relaciones de género, ya que las mujeres en lugar de “castigar” al esposo, con el que hay una relación de compromiso, prefieren “castigar” a la otra mujer, una persona desconocida, que amenaza su estatus de pareja (D’Angelo y Pichardo, 2006).

Por otro lado en varios casos, como resultó en el estudio de Nicaragua, otro elemento que caracteriza el femicidio es el hecho de que viene siendo cometido por diversos hombres que violan y sucesivamente matan a la víctima. Este fenómeno se da en 7 por ciento de los casos analizados en los cinco años que abarcó la muestra (D’Angelo y Pichardo, 2006).

Edad del femicida

En el estudio centroamericano (Carcedo, 2008) se definieron los rangos de edad de la siguiente manera:

Edad Número porcentaje14-15 1 0,5816-20 24 14,0321-30 38 22,2231-40 22 12,8641-50 10 5,8451-60 4 2,33>60 4 2,33Ignorado 68 39,76Total 171 100,00

Fuente: información periodística.


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En el estudio de Nicaragua la edad de los femicidas se concentra en el rango 21-30, seguido por el rango 16-20 y 31-40.

De acuerdo al manejo de estadísticas nacionales proponemos una leve modificación a los rangos de edad:

• Menores de 19 años• 20-24 años• 25-40 años• 41-60 años• Mayores de 61 años

Características del femicida

Algunos estudios se han dirigido a analizar las características del agresor en las relacio-nes de violencia contra las mujeres, identificando algunos indicadores que podrían ser retomados en una escala de indicadores (CEDDET, 2008). Estos son:

• Características psicopatológicas16 del agresor en delitos contra la libertad sexual.• Características psicopatológicas de agresores en el maltrato intrafamiliar.• Consumo de sustancias psicoactivas;17 el alcohol como factor criminógeno de primer

orden en la violencia femicida.• Abuso y dependencia de sustancias psicoactivas: drogas.

Sin embargo, la investigación a nivel de Centroamérica (Carcedo, 2008) refiere que en la comisión de delitos de violencia intrafamiliar y delitos sexuales el mayor número de agresiones se comete en estado de sobriedad, bajo los efectos del alcohol y en último lugar de las drogas.

Por otro lado, aunque a nivel de la investigación policial de cara a un posible juicio estos datos deberían ser relevados, como en cualquier otro asesinato, consideramos que en una escala de variables sobre femicidio con estos indicadores se corre el riesgo de justificar al femicida, cuando sabemos que la causa profunda tiene que ver con las relaciones de subordinación y sometimiento de las mujeres en las relaciones de pareja.

En nuestro caso, tomando en cuenta que los femicidios a veces vienen cometidos por grupos y organizaciones delincuenciales, como se subraya arriba, en nuestra propuesta se podrían tomar en cuenta indicadores como:

• Mafia u otras organizaciones delictivas• Pandillas• Grupos no delictivos• Persona con antecedentes delictivos, particularmente relacionados con la violencia

contra la mujer.

16 Relacionadas con enfermedades mentales.17 Sustancias naturales o artificiales que alteran las emociones y percepciones del sujeto que las

consume.


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El femicidio

Causas y circunstancias

Analizar las causas y circunstancias en que el femicidio permite evidenciar las relacio-nes entre el victimario y la víctima que, por lo general, son caracterizadas por la violen-cia, el sometimiento y la violación.

En el diagnóstico de Nicaragua (D’Angelo y Pichardo, 2006) las circunstancias que des-embocan en el asesinato de las mujeres se caracterizan por violencia y saña y en un gran número de casos se registran actos de violación.

Armas utilizadas

En el monitoreo realizado por la RMCV en 2009, 40 por ciento de las mujeres fueron asesinadas con arma de fuego (pistola), disparos en la cabeza y el corazón, eviden-ciando premeditación, alevosía y ventaja, seguido de 24 por ciento de los agresores que asesinaron a la víctima a puñaladas, arma blanca (cuchillo, machete, hacha, entre otros) (RMCV, 2009).

En el estudio sobre femicidio de D’Angelo y Pichardo (2006) una de las armas más uti-lizadas es el arma blanca, tal es el caso del machete, puñal, navaja, entre otros, que se registra en 39 por ciento de los casos analizados. El arma de fuego viene utilizada en 24 por ciento de los casos. Muchas de las muertes vienen causadas por golpes y estrangu-lamiento.

El estudio de D’Angelo y Pichardo (2006) usó los siguientes indicadores:

• Armas de fuego• Armas cortopunzantes (cuchillos, machetes, hachas, entre otros)• Golpes y estrangulamiento

Violencia y ensañamiento en el cuerpo de la mujer

Los registros de la RMCV respecto a los años 2005-2009 reportan cómo en las circuns-tancias de varios de los femicidios primero hubo violencia sexual y luego la muerte, desmembrando sus cuerpos y enterrándolas. También hubo golpes, tortura, envenena-miento y ahorcamiento.

El estudio de Nicaragua (D’Angelo y Pichardo, 2006) permitió ver que en numerosos casos (28 por ciento), los femicidios fueron producto de golpes con manos y pies y utili-zando instrumentos, desde el garrote a las piedras, botas, fajas. Hay casos que eviden-cian particular saña como arrastrar a la víctima, con una camioneta hasta provocarle la muerte después de haberla violado. En un caso la víctima muere por una depresión aguda producto de repetidas violaciones y maltratos.

• Violencia sexual• Golpes, torturas, quemaduras, otros• Desmembramiento, mutilación del cuerpo


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En el estudio multipaís de la Organización Mundial de la Salud (2005), la violencia física se definió en función de la siguiente lista de actos violentos infligidos a las mujeres por su pareja:

• abofeteada o le habían arrojado algún objeto que pudiera herirla;• empujada o le habían tirado del cabello;• golpeada con el puño u otra cosa que pudiera herirla;• golpeada con el pie, arrastrada o había recibido una paliza;• estrangulada o quemada a propósito;• amenazada con una pistola, un cuchillo u otra arma o se había utilizado cualquiera

de estas armas contra ella.

Violencia sexual

En la ley guatemalteca recientemente aprobada18, la normativa detalla: Comete este delito quien, en el ámbito público o privado, ejerza violencia física, sexual, o psicológica, valiéndose de las siguientes circunstancias:

• haber pretendido, en forma reiteradaza o continua, infructuosamente, establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima;

• mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido con la vícti-ma relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo, amis-tad, compañerismo o relación laboral, educativa o religiosa;

• como resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier tipo;• en menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales, o

cometiendo actos de mutilación genital; • por misoginia.

En la Encuesta Nacional de Violencia Contra las Mujeres, Costa Rica, 2003, los indicado-res utilizados fueron los siguientes:

• Fue forzada a tener relaciones sexuales.• Trataron de forzarla a tener relaciones sexuales.• Fue tocada sexualmente contra su voluntad.• Fue forzada o trataron de forzarla a tener actividad sexual con una tercera persona.• Otro tipo de violencia sexual.

Las causas registradas en el diagnóstico de Nicaragua (D’Angelo y Pichardo, 2006) en muchos casos hablan de celos de la pareja, violencia y asesinato porque las mujeres se rehúsan a mantener relaciones afectivas y sexuales con el victimario. En 22,2 por ciento de los casos analizados la violación antecede el femicidio, y el porcentaje más alto co-rresponde a familiares, parejas o ex parejas (26,3 por ciento).

Asimismo en el informe de la RMCV se reportan como razones del agresor para ase-sinar: celos, infidelidad, negativa a iniciar o reiniciar la relación, negativa a relaciones sexuales, objetivos de venganza y económicos. Es evidente que todavía se justifica el actuar del hombre contra la mujer (RMCV, 2009).

18 Como se formula en la ley específica de Guatemala cuyo contenido se encuentra desarrollado en el Derecho 22-2008. Fue publicado en el Diario de Centro América el 7 de mayo del año 2008.


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El lugar físico en que se comete el femicidio

Una breve comparación entre los delitos de violencia intrafamiliar y los delitos sexuales respecto al lugar donde ocurren las agresiones permite determinar que la casa de habi-tación es el lugar de mayor peligrosidad (Montes y Woods, 2008).

El diagnóstico de Nicaragua (D’Angelo y Pichardo, 2006) encontró que 52,63 por ciento de los casos se da en la casa de habitación y 45,61 por ciento fuera de ésta. Es decir, la casa es un lugar altamente peligroso para las mujeres, lo que confirma que los fe-micidios representan, en la mayoría de los casos, una expresión extrema de violencia doméstica (D’Angelo y Pichardo, 2006).

Los indicadores propuestos son:

• Casa de la víctima• Casa del victimario• Espacio público

Localización geográfica

El diagnóstico realizado en Nicaragua (D’Angelo y Pichardo, 2006) refleja que el mayor número de femicidios se da en la zona urbana.

AñoZona urbana Zona rural y comarcas SE

No.TOTAL

No. % No. % No.2000 21 72,41 7 24,13 1 292001 22 88,00 3 12,00 252002 17 58,62 11 37,93 1 292003 22 52,38 18 42,85 2 422004 24 52,17 21 45,65 1 46

Fuente: Información periodística.

Sin embargo, se observa un aumento creciente de femicidios en las zonas rurales del país. Esto es más significativo si comparamos el número de femicidios con el número de habitantes en las zonas rurales, que resulta ser alrededor del 45 por ciento del total de la población del país.

Asimismo el diagnóstico realizado en la Costa Atlántica concluyó que las zonas urbanas son el espacio donde se cometen mayor número de femicidios (Montes y Woods, 2008).

Se identificaron los siguientes indicadores:

• Departamento• Zona rural• Zona urbana• Zona comunitaria (referida a las comunidades indígenas de la Costa Atlántica)


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Los escenarios

Se pueden definir como los contextos económicos, sociales, políticos y culturales en los que se producen o propician relaciones de poder entre hombres y mujeres particular-mente desiguales y que aun reconociendo la presencia de esta desigualdad en todas las sociedades, las dinámicas que se dan dentro de estos espacios favorecen formas pro-pias de violencia en contra de las mujeres y la comisión de femicidios (Carcedo, 2010).

La casa, como se puede ver, sigue siendo en muchos casos el escenario principal del femicidio.

Sin embargo, comienzan a imponerse otros escenarios como lo analiza Ana Carcedo:

cuando una mujer está siendo víctima de trata, cuando son asesinadas a manos de las parejas o ex parejas, los cometidos por acosadores sexuales y “preten-dientes”, atacantes sexuales y pandillas de violadores, las víctimas del comercio sexual, en calidad de migrante, narcotraficantes, los que son cometidos por grupos delincuenciales (maras), por grupos mafiosos en posiciones de poder político y económico, entre otros.

Así como en donde está presente, de manera física y simbólica la misoginia y el ensañamiento como escenarios identificadores: aparición de cuerpos desnu-dos, aunque no necesariamente hayan sido violados, o con mensajes o señales particulares dejadas en los cuerpos de sus víctimas o el cercenamiento de partes del cuerpo, entre otras características.

Estos escenarios no son excluyentes y se entrecruzan, multiplicándose de esta manera los riesgos para las mujeres. Por ejemplo, una mujer que vive violencia por parte de su pareja, que además es narcotraficante, está colocada en un es-cenario de extremo peligro.

A estos “escenarios comunes” y presentes en la región al menos en la última década, se le suman, los “nuevos escenarios” vinculados a lógicas del mode-lo socio-económico que se está imponiendo en la región. Estas lógicas están, consecuentemente, redefiniendo las relaciones entre géneros, aumentando los riesgos para las mujeres y reforzando la misoginia en su expresión más atroz: el femicidio.

Estos nuevos escenarios se enlazan y contribuyen a fortalecer los ya existen-tes, por ejemplo: La corrupción como un elemento que favorece el tráfico de armas, la trata, los sicariatos, la presencia de grupos paramilitares y la impuni-dad, que alimenta la comisión de femicidios.

Así mismo, la reducción de los cuerpos policiales y ejércitos para incrementar los cuerpos armados de carácter privado y cuyo accionar está orientado a la de-fensa de intereses económicos y patrimoniales, por sobre los derechos humanos y la vida misma.


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Existen determinadas variables a través de las cuales se puede identificar un femicidio, como por ejemplo:

• Si la víctima estaba siendo objeto de trata, independientemente de quién es el agresor o el vínculo o relación que tuviera o no con ella.

• Las señales, mensajes simbólicos que puedan ser dejados o marcados en los cuerpos de las mujeres asesinadas.

• El posterior suicidio del agresor, entre otros, son variables.

Como señala el estudio realizado por ADITAL (2009) “…en relación con los escenarios de los femicidios, es importante la verificación de la calidad y la cantidad de violencias que los acompañan, como el odio, la ampliación del crimen y la persecución de las víctimas por parte del femicida como antecedente inmediato del femicidio”.

No es fácil poder identificar las múltiples formas de violencia contra la mujer que pue-den provocar su muerte.

Como se afirma en el informe de Naciones Unidas del año 2006, son formas de violen-cia contra la mujer insuficientemente documentadas:

• el feminicidio; • la violencia sexual contra la mujer en los conflictos armados y las situaciones• posteriores a los conflictos; • la trata de mujeres con fines de explotación sexual y de otra índole; • las prácticas tradicionales nocivas (distintas de la ablación o mutilación genital fe-

menina); • la selección prenatal del sexo; • el abandono de las niñas recién nacidas; • el matrimonio forzado; • el matrimonio precoz; • el arrojamiento de ácido, • la violencia relacionada con la dote o el “honor”; • el acecho;• el acoso sexual • la violencia en situaciones de privación de libertad, en los lugares de trabajo y en las

instituciones educacionales, • la violencia económica. • la violencia contra determinados grupos de mujeres, por ejemplo las integrantes de

minorías étnicas, las mujeres con discapacidades, las mujeres migrantes y las muje-res indocumentadas.

Algunas de esas formas no eran generalmente reconocidas como formas de violencia contra la mujer antes de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995 (ONU, 2006).

En este caso no consideramos conveniente definir indicadores, considerando la enorme variedad de los escenarios posibles; se tratará más bien de un análisis descriptivo del escenario que pueda arrojar la información relevante.


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Identificación de factores de riesgo

En tres comisarías de Chile ubicadas en la Región Metropolitana, Viña del Mar y Maga-llanes se está probando un nuevo parte policial que permite a los carabineros evaluar si las mujeres que hacen denuncias por violencia intrafamiliar están en riesgo vital.�

Se proponen como indicadores de riesgo vital los siguientes:

• el tipo de conducta del agresor con la víctima (amenazas, manipulación psicológica), • historia de actos de violencia, • denuncias anteriores interpuestas por la víctima en la Comisaría de la Mujer o en la

Policía Nacional,• denuncias anteriores cuyo desenlace ha sido la mediación,19

• características de la víctima (si depende o no económicamente del marido), entre otros.

Es importante unificar criterios de riesgo de femicidio. Por ejemplo, considerar la reinci-dencia como un elemento de riesgo y desvincular a las mujeres que están en situación de riesgo del inicio del proceso legal. Asimismo hay que tomar en cuenta si en los casos de denuncia se han aplicado medidas de protección para la mujer que ha denunciado ser víctima de violencia.

Por otro lado, habría que introducir el concepto de riesgo familiar, refiriéndonos par-ticularmente a la presencia de hijos menores que pueden verse involucrados, como testigos, en los actos de violencia y hasta en los femicidios, lo cual hace más vulnerables a las mujeres víctimas.

Antecedentes de femicidio

Los antecedentes de femicidio son parte de los factores de riesgo. Sin embargo es im-portante tratarlos aparte para su mejor comprensión.

Es necesario en el estudio de los femicidios analizar los antecedentes de violencia que han precedido al asesinato. Como antecedente inmediato del femicidio hay que tomar en cuenta la persecución de la víctima por parte del femicida. En el diagnóstico de Ni-caragua en 33 por ciento de los casos analizados se reportan antecedentes de violencia doméstica y abuso (D’Angelo y Pichardo, 2006).

En particular se trata de identificar las distintas formas de violencia ejercida por el vic-timario con el que la mujer tiene una relación íntima:

• Violencia física

Ocurre cuando una persona que está en una relación de poder con respecto a otra, le infringe daño no accidental, por medio del uso de la fuerza física o mediante el uso de algún tipo de arma que puede provocar o no lesiones externas, internas o ambas, o lesiones en la autoestima. El castigo repetido no severo también se consi-dera violencia física.

19 En la investigación realizada en Ciudad Sandino, cerca de la mitad de las denuncias interpuestas por las mujeres se resolvieron con mediación, habiéndose relevado una utilización excesiva de esta medida (D´Angelo y Molina, 2009).


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• Violencia sexual

Es todo acto en el que una persona en relación de poder y por medio de la fuerza física, coerción o intimidación psicológica, obliga a otra a que ejecute un acto se-xual contra su voluntad o a que participe en interacciones sexuales que propician su victimización y de la que el ofensor obtiene gratificación. La violencia sexual ocurre en una variedad de situaciones como la violación en el matrimonio, el abuso sexual infantil, el incesto, el acoso sexual y la violación que incluyen entre otras acciones: caricias no deseadas, relaciones emocionales sexualizadas, penetración oral, anal o vaginal con el pene y objetos, exposición obligatoria a material pornográfico y exhibicionismo.

• Violencia psicológica

Es toda acción y omisión que dañe la autoestima, la identidad o el desarrollo de la persona. Incluye los insultos constantes, la negligencia, la humillación, el no recono-cer aciertos, el chantaje, la degradación, el ridiculizar, rechazar, manipular, amena-zar, comparar, abandonar al niño o la niña, entre otros (Bolaños et al., 2008).

En el estudio multipaís de OMS (2005) se reporta que la violencia psicológica o emo-cional contra la mujer ha recibido menos atención en las investigaciones sobre la violencia dentro de la pareja. La medición de esas formas de violencia es más difícil, pues los comportamientos concretos varían significativamente según los distintos escenarios. No existe una noción común acerca de qué actos o combinación de ac-tos, y con qué frecuencia, constituyen violencia emocional. En el estudio multipaís de la OMS sobre la violencia doméstica se comprobó que entre 20 y 75 por ciento de las mujeres habían experimentado uno o más actos de abuso emocional.

• Violencia económica

En los antecedentes hay que incluir la violencia económica.

En diciembre de 2003, la Asamblea General de Naciones Unidas dictó la Resolución 58/147 sobre la violencia contra las mujeres en el hogar en la que se reconoce que “la violencia en el hogar puede incluir privaciones económicas y aislamiento, y ese tipo de comportamiento puede constituir un peligro inminente para la seguridad, la salud o el bienestar de la mujer. La violencia económica entraña:

Negar a una mujer el acceso a los recursos básicos o el control sobre ellos (ONU, 2003).

En la misma resolución se afirma que en los casos más graves, la violencia dentro de la pareja termina con la muerte . El feminicidio, el suicidio, las muertes relacionadas con el sida y la mortalidad materna pueden ser consecuencias fatales de la violencia contra la mujer.

Hay pocos datos sobre los resultados letales de la violencia contra la mujer, como las proporciones de muertes maternas y de la mortalidad por el sida que sean directa-mente atribuibles a las distintas formas de violencia que sufren las mujeres. Algunos estudios provenientes de los servicios de salud indican cierta relación entre la vio-lencia infligida por la pareja y la muerte durante el embarazo (ONU, 2003).


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Desenlace para el femicida

Finalmente es necesario, en una escala de variables e indicadores sobre femicidio, to-mar en cuenta los diferentes desenlaces para el femicida. En el diagnóstico de Nicara-gua cerca de la mitad de los femicidas se fugó, alrededor del 40 por ciento fue detenido y un porcentaje menor se suicidó.

En este caso proponemos como indicadores:

• Prófugo• Fue detenido • Se suicidó • Fue juzgado y condenado • Fue juzgado y dejado libre


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Conclusiones

Si bien se reconoce que en Nicaragua ha habido avances para abordar la problemática de violencia de género, son aún numerosos los desafíos que demandan el movimiento de mujeres y las organizaciones sociales, incluyendo algunas las instituciones de Go-bierno estatales responsables de atender la violencia.

Aún se requiere, por ejemplo, visibilizar el femicidio como una pandemia que se extien-de y arraiga cada vez más en el país y en la región. Es necesario conciliar un enfoque que permita investigar los casos de homicidio de mujeres y reflejarlo en los informes oficiales. Homogeneizar la información en las categorías y en el registro permitiría com-parar los datos en la región y esto posibilitaría reflejar la magnitud del fenómeno. Para ello es fundamental un sistema de indicadores que permitan la correcta identificación de los femicidios.

Asimismo, tipificar el femicidio y reconocerlo en el Código Penal permitiría establecer una calificación más explícita del delito y, por ende, un sistema de registro policial y del resto del sistema de justicia que visibilizaría la situación de violencia de género en el país. Esto también permitiría establecer sanciones penales específicas que develarían una situación hasta ahora confundida con los delitos de parricidio, asesinato y homicidio.

En términos de justicia las demandas son:

• Elaborar mecanismos y procedimientos apropiados para garantizar la aplicación de las leyes, incluyendo y reformas parciales al Código Penal, incluso una nueva figura jurídica o hasta la creación de una nueva ley integral de la violencia que incluya el femicidio.

• Diseñar un sistema que garantice el acceso a medios inmediatos de reparación, pro-tección, apoyo y asistencia jurídica a todas las mujeres que hayan sido víctimas de violencia, así como un efectivo acceso a la justicia para las víctimas de violencia de género. Pleno cumplimiento de los diferentes acuerdos internacionales, particular-mente la Convención Belem do Para. En el caso de México ya existe una sentencia de la Corte Interamericana sobre el conocido caso del campo algodonero.

• Dar capacitación y sensibilización a los operadores de justicia y fortalecer las comi-sarías de la mujer.

• Garantizar el acceso a la justicia de la población de las zonas rurales más alejadas por medio de la presencia de más comisarías de la mujer y de más juzgados de distrito.

Otras propuestas son:

• Lograr un trabajo coordinado entre las instancias de Gobierno responsables y las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a tal fin para eliminar todas las situaciones de violencia contra la mujer.

• Desarrollar medidas para la protección de las mujeres, como prevención del riesgo. Promover la protección a nivel comunitario.


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• Llevar a cabo campañas de sensibilización a nivel comunitario para superar algunos de los obstáculos que enfrentan las mujeres para denunciar las situaciones de vio-lencia de género, creación de albergues, apoyo a organizaciones de mujeres, defini-ción de presupuestos regionales específicos.

• Fortalecer la institucionalidad de la coordinación interinstitucional a todos los nive-les y establecer políticas rectoras de coordinaciones interinstitucionales.

• Retomar la apropiación de la promoción de un modelo de atención integral articula-do en la ruta crítica, que todos esos actores se involucren en el micro sistema, en el meso sistema y en el macro sistema.

A su vez, y como parte de los esfuerzos coordinados a nivel regional, el Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica (COMMCA), en tanto órgano de carácter polí-tico del Sistema de la Integración Centroamericana especializado en materia de género y derechos humanos de las mujeres, desde su rol promotor de políticas orientadas a transformar la condición, situación y posición de las mujeres de la región y la adopción de una política y estrategia sostenible de equidad de género, elaboró recientemente una serie de debates sobre la situación del femicidio en la región (COMMCA, 2010).

Retomando la necesidad de incidir en la prevención y sanción de la violencia de género desde una perspectiva de salud pública, seguridad ciudadana y derechos humanos, el COMMCA ha elaborado una serie de recomendaciones que constituyen un horizonte de desafíos para alcanzar los acuerdos asumidos por los países en la Convención In-teramericana para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia en Contra de las Mujeres. Entre éstas se mencionan:

• Diferenciar bien los registros de los casos de violencia contra las mujeres y los casos de femicidio.

• Impulsar en cada país un sistema único de registro.

• Fortalecer la información, el análisis y las capacidades existentes en cada país para entender el comportamiento del femicidio.

• Unificar criterios de riesgo de femicidio. Por ejemplo, considerar la reincidencia como un elemento de riesgo y desvincular a las mujeres que están en situación de riesgo del inicio del proceso legal.

• Incorporar en las agendas de Estado la seguridad de las mujeres y garantizar recur-sos del presupuesto nacional para la protección de las mujeres.

• Desarrollar procesos de capacitación conjunta dirigidos a jueces, fiscales, organiza-ciones de la sociedad civil y, en general, a los agentes que son parte del sistema de protección.

• Contar con un directorio interinstitucional para saber qué oportunidades de coordi-nación interinstitucional puedan existir para el seguimiento y acompañamiento a las mujeres que denuncian.


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• Incorporar entre las medidas de protección la visita obligada del denunciado al ór-gano judicial y sanciones que sean socialmente ejemplarizantes y hacerlas públicas.

• Promover el enfoque de atención integral como política de Estado, que involucre a todas las instancias Gobierno- Estado (COMMCA, 2010).

Finalmente, es importante destacar que la violencia contra las mujeres es de grandes dimensiones y, particularmente, del femicidio podemos decir que no se trata de casos aislados, ni siquiera pueden ser comparables con el resto de la región. Es imprescindible no postergar sino enfrentar con firmeza y compromiso este fenómeno que en lo que va del año 2010 van más de 83 mujeres asesinadas.


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