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Fallo relevante del mes de abril del dos mil trece, correspondiente a la Ponencia 14, de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
“2013, CENTENARIO LUCTUOSO DE FRANCISCO I. MADERO Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ”.
TOCA CIVIL NUM: / . EXP. NUM: / . JUICIO: …………………... APELANTES: …………………………………………….. ………………………………………………………………
MAGISTRADO PONENTE: …………………………. ……………………
SECRETARIA: LICENCIADA ……………………… ………………………….
SEGUNDA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO, VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE.
Vistos; para resolver los autos del toca civil número
…………., relativo al recurso de apelación interpuesto por los
demandados, quienes se inconformaron con la sentencia
definitiva dictada el veinticinco de septiembre de dos mil doce,
por la ……………………………………………………………………
………………………………………..., en el JUICIO ESPECIAL
HIPOTECARIO número ……………………, promovido por el
licenciado ………………………………………….., en su carácter
de apoderado general para pleitos y cobranzas de la institución de
crédito denominada ……………………………………………………,
…………………………………………………………………………….
…………………………….., seguido actualmente por ………………
……………………., cesionario de los derechos de crédito y
litigiosos, en contra de ………………………………………….. y
…………………………………………………..; y,
R E S U L T A N D O :
1o. La juez del conocimiento el veinticinco de septiembre de
dos mil doce, dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a
continuación se transcriben:
"...Primero. La vía elegida es la correcta y este juzgado
resultó competente para conocer y fallar en la presente causa.
Segundo. ………………………………., cesionario de los derechos
litigiosos y de crédito de …………………………………, …………..
…………………………………………………………………, probó la
acción especial hipotecaria, que promovió en contra de …………..
…………………………….. quien no justificó sus excepciones y
defensas y ………………………………………………….., quien fue
declarada en rebeldía. Tercero. Se declara el vencimiento
anticipado del contrato de apertura de crédito con garantía
hipotecaria, celebrado entre ……………………………………….
como acreditante ……………………………………………………
…………………………………… como acreditados el veintiocho de
mayo de mil novecientos noventa y uno, según consta en la
escritura pública 1,863, otorgada por la licenciada ………………
……………………………………………………………………………,
Tabasco, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio el veintiséis de julio de mil novecientos noventa y uno.
También se declara el vencimiento anticipado de los convenios
modificatorios contenidos en las escrituras públicas 8,323 y
11,475, de fechas veintiocho de octubre de mil novecientos
noventa y tres y treinta de septiembre de mil novecientos noventa
y seis respectivamente, otorgadas por el …………………………..
…………………………………………………………………, inscritos
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta
ciudad el siete de diciembre de mil novecientos noventa y tres, así
como el seis de enero de mil novecientos noventa y siete. Cuarto.
Se condena a ………………………………………………………….
…………………………… a pagar a …………………………….,
cesionario de los derechos litigiosos y de crédito de …………
…………………………………………………………………………….
…………………….., 329,426.92 (trescientos veintinueve mil
cuatrocientos veintiséis punto noventa y dos) unidades de
inversión, equivalentes al treinta de noviembre del dos mil tres a
$1’096,626.31 (un millón noventa y seis mil seiscientos veintiséis
pesos 31/100 moneda nacional) por concepto de suerte principal.
También se les condena al pago de 68,039.27 (sesenta y ocho mil
treinta y nueve punto veintisiete) unidades de inversión
equivalentes al treinta de noviembre del dos mil tres a
$226,495.31 (doscientos veintiséis mil cuatrocientos noventa y
cinco pesos 31/100 moneda nacional) por concepto de intereses
ordinarios más los que continúen generándose hasta el pago del
monto del crédito, a razón de la tasa pactada en el convenio
modificatorio al contrato de apertura de crédito y que se
justifiquen en el incidente respectivo. Se les condena además al
pago de 3,727.61 (tres mil setecientos veintisiete punto sesenta y
un) unidades de inversión equivalentes al treinta de noviembre del
dos mil tres a $12,408.81 (doce mil cuatrocientos ocho pesos
81/100 moneda nacional) por concepto de intereses moratorios
generados hasta la fecha antes anotadas más los que continúen
generándose hasta el pago total del adeudo, a razón de la tasa
pactada en el convenio modificatorio al contrato de apertura de
crédito y que se justifiquen en el incidente respectivo. Por último
se condena a la parte demandada al pago de gastos y costas que
se hayan originado con motivo de este juicio, incluyendo los
honorarios profesionales, conforme a lo preceptuado en el
numeral 2919 del Código Civil en vigor, y que justifique la parte
actora haber erogado en el incidente respectivo, por lo que por el
momento no ha lugar a aprobar el 30% reclamado por la parte
actora, porque será hasta ejecución de sentencia cuando se
decida el porcentaje a aplicar por este concepto. Quinto. Para dar
cumplimiento voluntario a este fallo, se concede a la parte
demandada un plazo de diez días hábiles siguientes a la
notificación de este fallo, apercibida que en caso de no hacerlo,
se hará trance y remate del bien inmueble otorgado en garantía y
con el producto que se obtenga se cubrirán al acreedor las
prestaciones reclamadas; lo anterior de conformidad con los
artículos 433, 434 y 435 del ordenamiento legal antes invocado.
Sexto. Por las razones apuntadas en la parte considerativa de
este fallo, no ha lugar a condenar a los enjuiciados al pago de
5,944.92 (cinco mil novecientas cuarenta y cuatro punto noventa y
dos unidades de inversión) equivalentes a $19,789.99 por
concepto de primas de seguro. Séptimo. Por último, Conforme al
artículo 229 fracción IV de la ley adjetiva civil en vigor, notifíquese
esta resolución a ………………………………………………… en el
domicilio en que fue emplazada a juicio. Octavo. Efectúense las
anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva
en el juzgado, y en su oportunidad archívese la presente causa
como asunto totalmente concluido…”. Sic. a fojas 912 frente y
vuelta y 913 frente del expediente principal.
2o. Inconformes con la sentencia definitiva, los demandados
interpusieron recurso de apelación, el cual se admitió en efecto
devolutivo, formándose el toca en que se actúa, y efectuado los
trámites legales correspondientes, en su oportunidad se citó a las
partes para oír la resolución que hoy se pronuncia; y,
C O N S I D E R A N D O :
I. Esta Segunda Sala Civil es competente para conocer el
presente asunto de conformidad con los artículos 104 fracción I
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 y
63 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, 350, 351 y 361 del Código de Procedimientos Civiles en
vigor en el Estado, y 25 fracción I de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado, por tratarse de un recurso de apelación en
contra de sentencia definitiva del orden civil.
II. La sentencia definitiva recurrida en lo conducente de sus
considerandos II y III a la letra dicen:
“...II. El …………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………….., demandó de …………………………………….
y ………………………………………………. el pago de 329,426.92
unidades de inversión, por concepto de suerte principal, así como
las demás prestaciones que son consecuencia de ésta. Adujo en
relación a los hechos que el veintiocho de mayo de mil
novecientos noventa y uno, ……………………………………………
celebró con …………………………………………………………
…………………………., en su calidad de clientes, un contrato de
apertura de crédito con garantía hipotecaria, por virtud del cual se
representada otorgó a los demandados un crédito hasta por la
cantidad de $200,000,000.00 (doscientos millones de viejos pesos
00/100 moneda nacional), que los acreditados se obligaron a
destinar a complementar el precio de la adquisición del inmueble
descrito en el antecedente uno de la escritura pública número
1863, volumen XLIII, pasada ante la fe de la …………………..
…………………………………………………………………………….
……………….., Tabasco. Agregó que con fechas veintiocho de
octubre de mil novecientos noventa y tres y treinta de septiembre
de mil novecientos noventa y seis, las partes celebraron dos
convenios modificatorios ante el ……………………………….
…………………………………., por virtud de los cuales pactaron la
modificación al plazo para el pago del crédito, así como la forma
de calcular los intereses, y como los deudores no han cumplido
con los pagos a que se comprometieron, se ve en la necesidad de
promover el presente asunto. El demandado……………....
………………, al dar contestación a la demanda formulada en su
contra, adujo substancialmente que son ciertos los hechos que se
le imputan, pero aclaró que son actos ilícitos y/o nulos, ya que son
improcedentes las acciones personales de pago en su contra,
porque el contrato de apertura de crédito principal está viciado de
nulo, porque viola las normas imperativas del interés público
………………………………………… fue legalmente emplazada a
juicio, pues del análisis efectuado a la diligencia de
emplazamiento y notificación practicada el trece de enero del dos
mil nueve, consultable a fojas 565 y 568 de autos, se advierte que
cumple con los requisitos que establecen los artículos 132, 133 y
134 del Código de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado,
con lo que se ha garantizado plenamente el derecho de audiencia
a la parte enjuiciada, conforme lo establece el artículo 14 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal y como
se resolvió en el incidente de nulidad de actuación y de
notificación, dictado por esta autoridad el treinta de septiembre del
dos mil diez. No obstante lo anterior, la parte reo no replicó los
hechos que se le imputaron, por lo que fue declarada en rebeldía
para los efectos legales conducentes. De esta manera quedó
establecida la relación jurídico-procesal.
III. Antes de entrar al fondo de las cuestiones litigiosas, es
de hacer notar que en un principio, el ………………………….
……………….. acreditó su representación como …………………...
…………………………………………………………………………….
……………………………., con la documental pública consistente
en copia certificada por el notario adscrito a ……………………..
número ……………………………………………, del testimonio de
la escritura pública 49,739, la que se encuentra resguardada en la
caja de seguridad del juzgado y cuya copia simple obra a fojas 18
a la 28 de autos, a la cual se le concede valor probatorio en
términos de los artículos 269 y 319 del Código de Procedimientos
Civiles en vigor, en razón de que fue expedida por fedatario
público. Por su parte, …………………………………, acreditó su
personalidad como cesionario de los derechos de crédito y
litigiosos con la copia certificada de la escritura pública 8,730,
otorgada por el …………………………………, notario público
………………………………….., Tabasco, visible a fojas 743 a la
750 de autos, en la que se hizo constar la cesión de derechos de
crédito y litigiosos celebrado entre ………………………………….,
…………………………………………………………………………. y
………………………………………, a la que se le concede valor
probatorio acorde con los artículos 269 y 319 del código de
proceder de la materia, ya que fue expedida por fedatario público.
Ahora bien, en cuanto a la acción que nos ocupa, se concluye en
base al material probatorio que obra en autos, que la parte actora
demostró los hechos que le imputa a la parte demandada. A
saber, de acuerdo a lo previsto en el artículo 571 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en nuestra entidad federativa, la
acción especial hipotecaria se acredita si se reúnen los siguientes
requisitos: a) que el crédito conste en escritura pública o privada
debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio; b) que sea exigible o de plazo cumplido. De esta
manera, tenemos que el primer elemento quedó plenamente
acreditado con la documental pública consistente en copia
certificada por la directora del Registro Público de la Propiedad y
del Comercio de esta ciudad del testimonio de la escritura pública
1,863, fechada en veintiocho de mayo de mil novecientos noventa
y uno y otorgada por la licenciada …………………………………..
…………………………………………………………………., a la que
se le concede valor probatorio pleno de conformidad con los
artículos 269 y 319 del Código de Procedimientos Civiles en vigor
debido a que fue expedida por fedatario público, la cual contiene
entre otros actos, el contrato de apertura de crédito con garantía
hipotecaria, celebrado entre ……………………………………….
como acreditante y …………………………………………………….
…………………………… como acreditados, inscrita en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio el veintiséis de junio de
mil novecientos noventa y uno. También, para acreditar este
primer elemento vemos de autos que la parte actora exhibió las
documentales públicas consistentes en los testimonios originales
de las escrituras públicas 8,323 y 11,465, del veintiocho de
octubre de mil novecientos noventa y tres y treinta de septiembre
de mil novecientos noventa y seis respectivamente, otorgadas por
el ………………………………………………………………………….
…………………….., que contienen los convenios modificatorios al
contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria, a los que
también se les concede valor probatorio pleno por haber sido
expedidos por fedatario público en ejercicio de sus atribuciones
legales, como establecen los artículos 269 y 319 del código de
proceder de la materia y que fueron inscritos en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad los días
siete de diciembre de mil novecientos noventa y tres y seis de
enero de mil novecientos noventa y siete. Por otro lado, tenemos
que el segundo requisito de procedibilidad de la acción fue
demostrado a través de los documentos antes mencionados, de
los que se advierte que ……………………………………………..
……………………………….. celebraron un contrato de apertura
de crédito con garantía hipotecaria con ……………………………
……………………………., por el cual les otorgaron un crédito de
$200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional)
equivalentes a 560.22 veces de salario mínimo mensual, para la
adquisición del predio ubicado en la calle Las Ceibas manzana
VIII del fraccionamiento Framboyanes de esta ciudad, respecto
del cual se constituyó hipoteca en primer lugar y grado a favor de
la parte acreditante (escritura pública 1,863); sin embargo, con
fecha veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y tres,
celebraron ante el …………………………………………………….,
Tabasco, el convenio modificatorio contenido en la escritura
pública 8,323, por virtud del cual prorrogaron el plazo para el pago
del crédito a veinte años contados a partir de la fecha de la firma
del convenio, comprometiéndose además a cubrir intereses
moratorios a razón de multiplicar la tasa de mercado por el factor
1.5. Se advierte además de la escritura pública 11,475, también
otorgada por el licenciado ………………………….., que con fecha
treinta de septiembre de mil novecientos noventa y seis las partes
decidieron celebrar un nuevo convenio m modificatorio, por virtud
del cual pactaron la modificación de los plazos pactados en el
contrato original, así como la forma de cálculo de intereses y la
forma de hacer los pagos mensuales con base en UDIS,
quedando vigente el acuerdo que en caso de que la parte
acreditada incumpliera en los términos pactados en la cláusula
octava del convenio modificatorio del veintiocho de octubre de mil
novecientos noventa y tres (escritura pública 8,323) se daría por
vencido anticipadamente el plazo para el pago del crédito
(estipulación H del convenio modificatorio contenido en escritura
pública 11,475). Ahora bien, para acreditar los saldos reclamados,
la parte actora exhibió la documental privada consistente en un
estado de cuenta certificado, expedido por el licenciado en
contaduría pública ……………………………, el cual obra a fojas
29 y 30 de autos, a la que se le concede valor probatorio pleno de
conformidad con los artículos 273 y 319 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, toda vez que hace referencia al
número y tipo de crédito, al nombre de la parte acreditada, la
fecha de otorgamiento del crédito, así como el número de
escritura y el notario ante el cual se celebró el contrato primario y
sus respectivos convenios modificatorios; el monto del crédito; los
saldos relativos al capital; los intereses ordinarios y moratorios; la
tasa sobre la cual se realizó tal cálculo, a más de que fue emitido
por persona autorizada para ello por la propia institución,
conforme a lo que prevé el artículo 68 de la Ley de Instituciones
de Crédito, sin que fuera desvirtuado su contenido por parte de
los deudores. Se sostiene esto porque pese a que ……………
………………………. objetó el aludido estado de cuenta en cuanto
a su literalidad, autenticidad, contenido y firma, argumentando
que se trata de un documento falso, que carece de valor
probatorio y que es ineficaz porque no tiene carácter de estado de
adeudo certificado porque la certificación únicamente surte
efectos en los juicios mercantiles, tales afirmaciones carecen de
sustento porque por principio de cuentas, para que jurídicamente
una objeción sea procedente es necesario que se demuestre la
existencia de causas que impidan concederle eficacia probatoria
plena al elemento de convicción en cuestión, lo cual no ocurrió en
la especie, pues de la revisión realizada a las constancias
procesales se advierte que pese a que se le admitieron diversos
medios probatorios como la confesional y declaración de parte a
cargo de la parte actora, así como la pericial contable, éstos no
fueron desahogados por causas imputables al propio oferente,
quien no vigiló el correcto y oportuno desahogo de las mismas,
por lo que debe reportar el perjuicio de su omisión. Además, no
debe perderse de vista que es cierto que el estado de cuenta
certificado por el contador de una institución bancaria es título
ejecutivo junto con el contrato respectivo o póliza en el que conste
el crédito otorgado, lo que hace procedente la vía ejecutiva
mercantil que se ejercite para obtener el pago correspondiente,
pero tal situación no limita a las partes para que utilicen este tipo
de documentos en aquellos juicios en los que se haga valer la
garantía hipotecaria, pues de acuerdo con el artículo 243 del
Código de Procedimientos Civiles en vigor, le son admisibles a las
partes en contienda tanto los documentos públicos como los
privados, aunado al hecho de que para desvirtuar la fe de un
documento de esta naturaleza y destruir la presunción legal de los
datos y saldos anotados en él debe ofrecerse por los
demandados, en su caso, la prueba pericial contable a fin de
acreditar la inexactitud de los saldos a su cargo por errores
matemáticos o de alguna otra circunstancia que evidencie lo
inverosímil de él, lo cual, se reitera, no sucedió pues al no haber
depositado el oferente de la prueba los honorarios profesionales
del perito tercero en discordia dentro del plazo legal que para ello
se le concedió, se le hizo efectivo el apercibimiento y se declaró
desierta la prueba, como se advierte del auto del veinte de
octubre del dos mil once. En cuanto a lo alegado por ……………
………………………. en el sentido de que el contador que expidió
el estado de adeudo no asentó el procedimiento que llevó a cabo
con base en las fórmulas establecidas en el contrato base de la
acción, tampoco le asiste la razón, ya que como se hizo anotar en
líneas precedentes el estado de adeudo en cuestión se encuentra
plenamente vinculado con el contrato base de la acción y sus
respectivos convenios, pues hace referencia al número y tipo de
crédito, al nombre de la parte acreditada, la fecha de
otorgamiento del crédito, así como el número de escritura y el
notario ante el cual se celebró el contrato primario y sus
respectivos convenios modificatorios; el monto del crédito; los
saldos relativos al capital; los intereses ordinarios y moratorios; la
tasa sobre la cual se realizó tal cálculo, aunado a que fue emitido
por persona autorizada para ello por la propia institución,
conforme a lo que prevé el artículo 68 de la Ley de Instituciones
de Crédito, y no fue desvirtuado su contenido por parte de los
deudores. Apoya lo aquí decidido la siguiente jurisprudencia:
“Novena Época. Registro: 190933. Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. XII, Octubre de 2000. Materia(s): Civil.
Tesis: XV.1o. J/7. Página: 1166. ESTADO DE CUENTA
CERTIFICADO POR CONTADOR AUTORIZADO DE
INSTITUCIÓN BANCARIA. ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE
INSTITUCIONES DE CRÉDITO”. No es ocioso precisar que
aunque el demandado también objetó la copia certificada de la
escritura pública número 1,863 que contiene el contrato de
apertura de crédito con garantía hipotecaria argumentando que,
para la procedencia de la vía hipotecaria era menester la
exhibición del primer testimonio de la escritura en cuestión, tales
afirmaciones resultan improcedentes, ya que el artículo 571 del
Código de Procedimientos Civiles en vigor dispone que para que
el juicio tenga por objeto el pago o la prelación de un crédito
hipotecario, es indispensable que el crédito conste en escritura
pública o privada, según corresponda, e inscrito en el Registro
Público de la Propiedad, que sea de plazo cumplido o que éste
sea exigible en los términos pactados o bien conforme a las
disposiciones legales aplicables, de lo que se colige, que no es
requisito de procedencia de la acción el que se exhiba el primer
testimonio de la escritura a que hace alusión el numeral en cita,
sino basta que ésta se encuentre debidamente inscrita en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio y que sea de
plazo cumplido o exigible, como ocurre en el particular, tal y como
fue analizado en líneas anteriores. Sustenta esta determinación la
jurisprudencia localizable en la Novena Época. Registro: 188189.
Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. XIV, Diciembre de 2001. Materia(s):
Civil. Tesis: 1a./J. 80/2001. Página: 24. con el rubro: “JUICIO
HIPOTECARIO. PARA SU PROCEDENCIA NO ES NECESARIO
QUE LA ESCRITURA BASE DE LA ACCIÓN CONSTE EN
PRIMER TESTIMONIO (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL
DISTRITO FEDERAL, ANTERIOR A LA REFORMA DE 24 DE
MAYO DE 1996)”. De las relatadas consideraciones, se arriba a la
convicción que tampoco fueron demostradas las excepciones
opuestas por …………………………………………, pues como se
anotó con antelación, las pruebas que le fueron admitidas no
fueron desahogadas y por tanto, conforme al artículo 240 del
Código de Procedimientos Civiles en vigor no se le pueden tener
por acreditadas las excepciones de falta de acción, la de plus
petitio, la de dolo contractual y procesal, la improcedencia del
cobro de la prima de seguro, la de oscuro e inepto libelo y la de
intereses ordinarios y moratorios improcedentes, ya que al ser las
excepciones medios legales para desvirtuar la acción, deben ser
plenamente acreditadas con las probanzas que la propia norma
procesal regula por ser susceptibles de acreditarse, pero si no se
rindió prueba al efecto, es obvio que no pueden prosperar. En ese
orden de ideas, se concluye que la parte actora probó los hechos
de su acción hipotecaria, sin que los demandados la haya
desvirtuado dentro de la oportunidad legal que se les concedió,
por lo que deben reportar el perjuicio de la actitud asumida en
términos de los artículos 90 y 240 del código de proceder de la
materia, ya que le correspondía a ellos la carga de desacreditar
los hechos que se les imputan conforme a los lineamientos que
establece la norma, lo cual no ocurrió como quedó asentado con
antelación. En esa tesitura, como el plazo para el pago del crédito
se prorrogó hasta el treinta de septiembre del dos mil dieciséis,
según convenio modificatorio contenido en la escritura pública
número 11,475 del treinta de septiembre de mil novecientos
noventa y seis, pero se ha actualizado una de las causales de
vencimiento anticipado pactadas por las partes en la cláusula
décima primera del contrato de apertura de crédito con garantía
hipotecaria, consistente en la falta de pago de cualquiera de las
cantidades acordadas, se declara el vencimiento anticipado del
contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria,
celebrado entre ……………………………………………….. como
acreditante y ……………………………………………………………
…………………………… como acreditados el veintiocho de mayo
de mil novecientos noventa y uno, según consta en la escritura
pública 1,863, otorgada por la licenciada ………………………..
……………………………………………………………………………,
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio el
veintiséis de julio de mil novecientos noventa y uno. También se
declara el vencimiento anticipado de los convenios modificatorios
contenidos en las escrituras públicas 8,323 y 11,475, de fechas
veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y tres y treinta
de septiembre de mil novecientos noventa y seis respectivamente,
otorgadas por el licenciado …………………………, notario público
…………………………………………………………………………….
de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad el siete de
diciembre de mil novecientos noventa y tres, así como el seis de
enero de mil novecientos noventa y siete. En consecuencia, se
condena a ……………………………………………………………..
………………… a pagar a ………………………………, cesionario
de los derechos litigiosos y de …………………………………
…………………………………………………………………………….
……………., 329,426.92 (trescientos veintinueve mil cuatrocientos
veintiséis punto noventa y dos) unidades de inversión,
equivalentes al treinta de noviembre del dos mil tres a
$1’096,626.31 (un millón noventa y seis mil seiscientos veintiséis
pesos 31/100 moneda nacional) por concepto de suerte principal.
También se les condena al pago de 68,039.27 (sesenta y ocho mil
treinta y nueve punto veintisiete) unidades de inversión
equivalentes al treinta de noviembre del dos mil tres a
$226,495.31 (doscientos veintiséis mil cuatrocientos noventa y
cinco pesos 31/100 moneda nacional) por concepto de intereses
ordinarios más los que continúen generándose hasta el pago del
monto del crédito, a razón de la tasa pactada en el convenio
modificatorio al contrato de apertura de crédito y que se
justifiquen en el incidente respectivo. Se les condena además al
pago de 3,727.61 (tres mil setecientos veintisiete punto sesenta y
un) unidades de inversión equivalentes al treinta de noviembre del
dos mil tres a $12,408.81 (doce mil cuatrocientos ocho pesos
81/100 moneda nacional) por concepto de intereses moratorios
generados hasta la fecha antes anotadas más los que continúen
generándose hasta el pago total del adeudo, a razón de la tasa
pactada en el convenio modificatorio al contrato de apertura de
crédito y que se justifiquen en el incidente respectivo. Por último
se condena a la parte demandada al pago de gastos y costas que
se hayan originado con motivo de este juicio, incluyendo los
honorarios profesionales, conforme a lo preceptuado en el
numeral 2919 del Código Civil en vigor, y que justifique la parte
actora haber erogado en el incidente respectivo, por lo que por el
momento no ha lugar a aprobar el 30% reclamado por la parte
actora, porque será hasta ejecución de sentencia cuando se
decida el porcentaje a aplicar por este concepto. Para dar
cumplimiento voluntario a este fallo, se concede a la parte
demandada un plazo de diez días hábiles siguientes a la
notificación de este fallo, apercibida que en caso de no hacerlo,
se hará trance y remate del bien inmueble otorgado en garantía y
con el producto que se obtenga se cubrirán al acreedor las
prestaciones reclamadas; lo anterior de conformidad con los
artículos 433, 434 y 435 del ordenamiento legal antes invocado.
No ha lugar a condenar a los enjuiciados al pago de 5,944.92
(cinco mil novecientas cuarenta y cuatro punto noventa y dos
unidades de inversión) equivalentes a $19,789.99 por concepto
de primas de seguro, porque si bien es verdad que conforme a la
cláusula décima tercera del contrato de crédito, los celebrantes
pactaron que el acreditado facultaba a la acreditante para que
contratara a su nombre y por su cuenta un seguro de vida por una
suma no menor al saldo insoluto del crédito, también es cierto que
no es suficiente que el importe adeudado por este concepto se
vea reflejado en el estado de cuenta presentado por la parte
actora, pues ésta está obligada a demostrar con qué institución de
seguros contrató y los montos que por tal concepto erogó en
nombre de su acreditado, lo cual no sucedió en la especie ya que
no se rindió prueba en relación a este aspecto; por tanto, se
absuelve a los demandados del pago reclamado por el concepto
en cita. Sustenta esta determinación el criterio sostenido por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Novena
Época. Registro: 173800. Instancia: Tribunales Colegiados de
Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. XXIV, Diciembre de 2006. Materia(s):
Civil. Tesis: VI.2o.C.530 C. Página: 1313, con el rubro:
“CONTRATO DE SEGURO. PARA QUE PROCEDA IMPONER
LA CONDENA POR CUANTO HACE AL IMPORTE DE LAS
PRIMAS, EL ACTOR DEBE DEMOSTRAR CON QUÉ
INSTITUCIÓN CONTRATÓ Y LOS MONTOS QUE POR AQUEL
CONCEPTO EROGÓ EN NOMBRE DE SU ACREDITADO”. Por
último, Conforme al artículo 229 fracción IV de la ley adjetiva civil
en vigor, notifíquese esta resolución a ……………………………….
………………………. en el domicilio en que fue emplazada a
juicio...”. Sic. a fojas 907 frente y vuelta a la 912 frente del
expediente principal.
III. Por economía procesal, resulta innecesario la inserción
de los agravios que hacen valer los demandados …………….
………………………………………………………………………..., ya
que constan a fojas dos a la quince del toca en que se actúa.
IV. Se declara infundado el primer punto de agravio.
Argumenta que implica una violación procesal la primera
notificación personal que se le hizo a ………………………………
……….., es decir, que su emplazamiento contiene irregularidades
conforme al artículo 102 del código procesal civil en vigor, en
concordancia con el diverso 114, pues dicha cédula de
notificación es un acto nulo, en donde el juez de la causa tiene el
deber oficioso de regularizar el procedimiento.
Aduce que se resolvió la sentencia interlocutoria de fecha 30
de septiembre del 2010, y en el considerando II, y resolutivos
segundo y tercero de ese fallo, el juez señaló (transcribe).
Considera que no le asiste la razón, en señalar que la forma
correcta de salvar una frase equivocada por el actuario judicial,
pueda ser subsanada por una testimonial y por los autos antes
mencionados; pues se trata de una formalidad necesaria en
cualquier acto procesal de carácter judicial, y que a la falta de esa
formalidad, trae como consecuencia la nulidad de esa actuación y
de las subsecuentes actuaciones, en el presente caso, si la
cédula de notificación que obra a foja 567 vuelta de autos,
contiene una forma ilegal para salvaguardar una frase
equivocada, el artículo 102 del código procesal civil en
concordancia con el artículo 114, dicha cédula de notificación se
convierte en un acto nulo; por consecuencia también se vuelve
nulo el razonamiento practicado el 13 de enero del 2009 que hizo
el actuario judicial en relación a la cédula de notificación de
referencia; pues dicho razonamiento de fecha 13 de enero del
2009, descansa sobre la base de la cédula de notificación de la
misma fecha que es nula, luego entonces, si la cédula de
notificación contiene una forma incorrecta e ilegal de corregir la
frase “ocho” con dos líneas sobre esa frase, es indudable que no
fue salvada conforme al artículo antes mencionado, cuyo requisito
es formal y necesario en todo acto procesal, con mayor razón el
acto judicial de un emplazamiento a juicio, para que el
demandado tenga las posibilidades constitucionales de ser oído y
vencido en juicio conforme a las formalidades esenciales del
procedimiento, por lo tanto, dicho error practicado por el actuario
judicial, no puede ser subsanado por una prueba testimonial, ni
por los acuerdos o notificaciones de fechas 18 de agosto, 20 de
mayo y 4 de abril todos del año 2008; en razón de que dichos
testigos interpretaron de otra forma la palabra “nueve” y que estos
testigos no pueden subsanar los errores cometidos por el actuario
judicial que practicó el emplazamiento, pues ese error gramatical
lo deja en total estado de indefensión por no haber contestado la
demanda en tiempo y forma.
Refiere que lo anterior acredita que el emplazamiento,
constituye una infracción al procedimiento en la forma en que se
practicó y sobre todo, en el contenido de la manera irregular en
que se subsanan esos errores, violación que hace trascender en
contra de ………………………………………., en el resultando del
fallo que se dicta en nuestra contra.
Cabe precisar que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación ha sostenido en varios criterios que la falta de
emplazamiento o su verificación en forma contraria a las
disposiciones aplicables, se considera como la violación procesal
de mayor magnitud y de carácter más grave, pues imposibilita al
demandado para contestar la demanda y, por consiguiente, le
impide oponer las excepciones y defensas a su alcance; además
de privarle del derecho a presentar pruebas que las acrediten, y a
oponerse a la recepción o a contradecir las probanzas rendidas
por la actora y, finalmente, a formular alegatos y ser notificado del
fallo que en el proceso se dicte, lo que impone suplir la queja
deficiente cuando esas violaciones se hacen valer por medio del
juicio de garantías.
Sin embargo, cuando la parte demandada compareció al
juicio natural antes del dictado de la sentencia, promoviendo
incidente de nulidad por defecto en el emplazamiento, es
inconcuso que esa falta de oportunidad para defender sus
derechos se desvanece, pues al tener conocimiento de que se le
llamó al procedimiento en forma ilegal, al grado de pedir la nulidad
de la actuación respectiva, el interesado queda sujeto a plantear
ante la autoridad de origen, todas las violaciones que estime le
ocasiona dicho acto jurídico, porque, al no hacerlo, impedirá
al juez atender una inconformidad no sometida a su potestad,
y así, los conceptos de violación que versen sobre
cuestiones diversas, derivarán en inoperantes por
novedosos; lo que conlleva igualmente a la obligación de
controvertir, mediante conceptos de violación idóneos, las
consideraciones que sobre el emplazamiento exponga el
juzgador correspondiente, pues, se reitera, al haber
comparecido al juicio natural, el demandado debe defenderse
debidamente.
Lo anterior, se trae a colación tomando en cuenta que en el caso
específico, y como los mismos apelantes refieren, el juzgador de
origen dictó una interlocutoria en fecha treinta de septiembre de
dos mil diez, en la que abordó la nulidad del emplazamiento
cuestionado, consultable a fojas setecientos cuarenta y uno a
setecientos cuarenta y cuatro del principal.
En dicha sentencia interlocutoria, se advierte que la
juzgadora llevó a cabo el análisis de la incidencia con base en dos
supuestos, a saber:
a). El primero, con relación a que quedó plenamente
acreditado que la actuaria judicial se constituyó al domicilio de la
demandada …………………………………………………………., y
que ………………………………………………., fue quien recibió la
cédula de notificación y firmó de recibido, puesto que el hecho
que le haya puesto a la cédula …………………………………….,
no implica que se trate de otra persona distinta a la hija de la
demandada, ya que la variación de la letra no altera el nombre,
que máxime cuando consta en autos que fue entregada la cédula
en el domicilio de la demandada y la recibió una persona que dijo
ser su hija, que este hecho no quedó desvirtuado. (Foja
setecientos cuarenta y dos frente y vuelta del principal).
El segundo supuesto analizado, consiste en que la actuaria
al practicar la notificación no cumplió con las formalidades que
establece el artículo 102 del Código de Procedimientos Civiles en
vigor, ya que no corrigió como lo ordena ese precepto legal la
frase “ocho” (en la cédula de notificación), en colocar una línea
delgada sobre dicha frase, para salvar la actuación judicial, pues
indebidamente colocó dos líneas sobre la referida frase que la
convierte en nula, por carecer de las formalidades y requisitos que
establece la ley, lo que la deja sin defensa para contestar en
tiempo y forma la demanda interpuesta en su contra.
Ahora bien, resulta que la juez concluyó que ninguna de
esas hipótesis fue procedente para desvirtuar el controvertido
emplazamiento, pero en este caso la parte recurrente,
únicamente, se inconforma en este recurso respecto de lo que la
juez estableció con relación al segundo supuesto, no así referente
al primero de los antes invocados.
Por tanto, es importante dejar de manifiesto que en lo que
hace a lo resuelto por la juez en el primer supuesto del incidente
queda intocado, en razón que no fue materia de impugnación en
este recurso.
En ese contexto, tenemos que el artículo 102 del código
procesal civil en vigor en la Entidad, prevé que en las actuaciones
judiciales no se emplearán abreviaturas ni se rasparán las frases
equivocadas, sobre las que sólo se pondrá una línea delgada,
salvándose, al final, con toda precisión el error cometido.
Igualmente se salvarán las frases que se agreguen entre
renglones.
Luego, se advierte de la cédula de notificación en cuestión,
consultable a fojas cuatrocientos sesenta y siete y cuatrocientos
sesenta y ocho de los autos principales, que en efecto, se aprecia
una tachadura (diversas líneas delgadas) sobre la frase “OCHO”,
en la cédula de notificación, sin que fuera salvado ese error al
final de la escritura.
Empero, aun cuando se trata de una formalidad prevista en
la ley, es decir, la manera en que deben salvarse las frases
equivocadas, tal omisión de la fedataria en este caso, debido que
sobre la frase “ocho” de la leyenda: “13 de enero DEL AÑO DOS
MIL OCHO. NUEVE”, puesta en la cédula de notificación
correlacionada con el emplazamiento en cuestión, no es suficiente
para declarar la nulidad del mismo, en el entendido que la
diligencia de emplazamiento se encuentra correctamente fechada
como de trece de enero de dos mil nueve, misma que quedó
plenamente justificado que fue entendida con la hija de la persona
a quien se emplazó, por tanto, es obvio que quedó de su
conocimiento la fecha en que se llevó a cabo ese emplazamiento,
máxime que consta en esa diligencia que se le hizo de su
conocimiento y le explicó que con fechas dieciocho de agosto
de dos mil ocho, veinte de mayo de dos mil ocho, cuatro de
abril de dos mil ocho y siete de junio de dos mil cuatro, se
habían dictado diversos autos en el expediente 249/2004, de
donde por cuestión de lógica natural, es entendible que el año en
que se estaba practicando esa diligencia de emplazamiento era el
año dos mil nueve, amén que así lo reza de manera literal dicha
diligencia.
Con lo anterior, esta Alzada no se encuentra desatendiendo
que en la cédula de notificación personal, cuestionada, existió una
omisión por parte de la fedataria al tachar una frase y no salvarla
al final de la misma, como se lo impone la ley, sin embargo, no se
estima trascendente para tachar de nulo el emplazamiento, por
existir circunstancias legales que ponen de manifiesto que aun
cuando esa frase no se salvó correctamente no se dejó en estado
de indefensión a la parte demandada ………………………………
………………………, pues en primer lugar se llevó a cabo con la
hija de esta persona, y en la diligencia en cuestión se dató
correctamente en su encabezado, además de haberle explicado y
hacerle de su conocimiento de proveídos posteriores al año dos
mil ocho, habida cuenta que el emplazamiento se efectuó en
trece de enero de dos mil nueve, pues se le notificaron
proveídos incluso de dieciocho de agosto de dos mil ocho, sin
soslayar que la fedataria judicial al final de la frase, señaló
“nueve”, después de testar “ocho”.
Y si bien, como refiere la apelante la prueba testimonial
desahogada en autos para corroborar la actuación del fedatario
judicial de no haber salvado correctamente la frase testada en la
cédula de notificación, por tratarse justamente de una actuación
de dicha fedataria, es también verdad que sí se trata de una
prueba relevante en cuanto a robustecer que esa diligencia se
efectuó en la hora y fecha que aparece practicada en la diligencia,
en virtud que fueron las personas que participaron como testigos
en la misma diligencia, en virtud que la persona con quien se
practicó la misma, se negó a firmar el emplazamiento.
En otra tesitura, no escapa a esta Sala de Apelación que la
recurrente únicamente se duele en cuanto al error de no haberse
salvado lo testado por la actuaria, no así de los demás datos
relativos a la hora, día y mes que se encuentran señalados en la
cédula de notificación impugnada, como es “…VILLAHERMOSA,
TABASCO, SIENDO LAS 20:30 HORAS DEL 13 DE ENERO…”,
pues su impugnación solo estriba en que no se salvó lo tachado
“OCHO”, sin tampoco controvertir que a esa frase testada le
siguió la palabra “NUEVE”, lo cual le permitía claramente
identificar que la fecha que contenía la cédula de notificación es
precisamente “…13 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL NUEVE…”,
por las razones expuestas se reitera que la apelante carece de
razón en sus pretensiones.
Por cuestión de técnica jurídica esta Sala Colegiada,
aborda el análisis del punto quinto de inconformidad, el cual se
califica infundado.
Asevera el disconforme que se viola lo dispuesto en el
artículo 2191 del Código Civil del Estado de Tabasco.
Que existe una franca violación al artículo precitado, pues si
bien el artículo 2180 del mismo código, faculta al acreedor para
ceder los derechos a un tercero, sin el consentimiento del deudor,
también lo es que el artículo 2191, señala que la notificación de la
cesión deberá hacerse, ya sea judicialmente o extrajudicialmente
ante dos testigos o ante notario.
Que como se puede ver, el actor ………………………….
………., al exhibir la cesión de derechos de créditos litigiosos, no
cumplió con el presupuesto procesal indispensable para ejercer
dicha acción; pues no acreditó haber notificado previamente a la
instauración del juicio, es decir, no les notificó la cesión de
derechos en forma judicial, o mediante dos testigos o ante notario
público.
La cédula de notificación practicada a esta parte con fecha
05 de noviembre del 2008, les notificó con el emplazamiento a
juicio y a su vez les dieron a conocer diversos acuerdos entre
ellos el dictado en el proveído del cuatro de abril de dos mil ocho,
en su punto primero, en la que les hicieron saber la supuesta
cesión de derecho, es decir, mediante cédula de notificación
personal practicada con fecha cinco de noviembre de dos mil
ocho, se enteraron de esa cesión de derecho y al mismo tiempo
del emplazamiento a juicio del presente caso.
Refieren que dicha notificación de emplazamiento, fue
donde a su vez, también se enteraron de la cesión de derechos
del actor, que tal notificación no tiene la finalidad del simple
conocimiento del cambio del deudor, pues el objeto que señala el
artículo 2191, es la de establecer un nuevo estado de cosas,
creando derechos y obligaciones que nacieron del acto de la
cesión con relación con el cedente, el cesionario y el deudor, en
los contratos de crédito y convenios base de la acción, no
contienen una cláusula especial en la que establezca que los
demandados autoricen al acreedor primigenio, la autorización
expresa para que el acreedor primigenio cediera los derechos a
un tercero, luego entonces si no existe esa autorización expresa,
el artículo 2191 es una norma impositiva y absoluta cuyo
cumplimiento es obligatorio para los cesionarios, en el caso que
no exista la voluntad expresa del acreedor primigenio y esta parte,
para ceder los derechos a un tercero, es decir, aun cuando no
exista convenio de no hacerlo en forma consensual, esto es, que
no exista acuerdo contrario entre las partes, con mayor razón
debe notificarse previamente a la instauración del juicio la cesión
de derechos, a la parte demandada en forma judicial, con dos
testigos o ante notario público, por lo que no basta que con la
cédula de notificación personal, que contiene la cesión de
derechos y el emplazamiento a juicio, cumpla con la finalidad del
artículo 2191, en concordancia con el artículo 2180 párrafos
primero y segundo, pues del contrato base de la acción y de los
convenios respectivos del crédito, es omiso en cuanto a la
autorización expresa o la negativa expresa, de ceder los derechos
a un tercero, luego entonces, con mayor razón es un requisito de
presupuesto procesal indispensable para que el hoy cesionario,
pueda ejercer dicha acción, pues no acreditó haber notificado
previamente a los demandados, antes de la instauración del
presente juicio, haber notificado los derechos de la cesión a esta
parte. Cita las tesis: “…CESIÓN DE DERECHOS. EL
EMPLAZAMIENTO A JUICIO NO SATISFACE EL REQUISITO
DE NOTIFICACIÓN AL DEUDOR Y DEMANDADO, PUES ESTA
DEBE REALIZARSE PREVIAMENTE AL EJERCICIO DE LA
ACCIÓN, POR SER UNA DE LAS CONDICIONES PARA SU
PROCEDENCIA…” y “…VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA. PARA
QUE PROCEDA, EN CASO DE EXISTIR CESIÓN DE
DERECHOS DEL CRÉDITO RELATIVO, ES NECESARIA LA
PREVIA NOTIFICACIÓN AL DEUDOR, EN TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 2926 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO
FEDERAL, VIGENTE ANTES DE LAS REFORMAS
PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL
24 DE MAYO DE 1996…”.
En efecto, el artículo 2191 del Código Civil en vigor en la
Entidad, prevé en forma expresa que para que el cesionario
pueda ejercer sus derechos contra el deudor, deberá
hacer a éste la notificación de la cesión, ya sea
judicialmente, ya en lo extrajudicial ante dos testigos o ante
Notario Público.
Aunado a ello, existe jurisprudencia por contradicción de
tesis, que sostiene el crédito hipotecario puede cederse, en todo o
en parte, siempre que: 1) la cesión se haga en la forma que
previene la ley; 2) se de conocimiento al deudor; y, 3) sea inscrita
en el Registro Público de la Propiedad.
Que aun cuando el legislador no precisa la forma en que
debe hacerse del conocimiento del deudor dicha cesión, se
considera que debe efectuarse por medio de notificación previa a
la promoción de la demanda relativa, pues su finalidad es dar a
conocer la sustitución del acreedor por transmisión de los
derechos derivados del contrato original, para el efecto de que el
deudor sepa ante quién debe cumplir las obligaciones
respectivas, y establecer así un nuevo estado de cosas creador
de derechos y obligaciones que nacen de ese acto en relación
con el cedente, el cesionario y el deudor.
Sin ser un obstáculo que el fin único de la mencionada
notificación es que el deudor no incurra en responsabilidad al
pagar al acreedor primitivo. En ese sentido, cuando los derechos
derivados del crédito hipotecario son cedidos, constituye un
requisito para la procedencia de la vía especial hipotecaria, que
se notifique al deudor previamente a la promoción de la demanda
relativa, la cesión de referencia.
Sostiene esa premisa legal la contradicción de tesis
publicada en la Novena Época, Registro: 179418, Instancia:
Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, XXI, Enero de 2005, Tesis: 1a./J. 119/2004, Página:
393, con el siguiente rubro:
“…VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA.
PARA QUE PROCEDA, EN CASO DE
EXISTIR CESIÓN DE DERECHOS DEL
CRÉDITO RELATIVO, ES NECESARIA LA
PREVIA NOTIFICACIÓN AL DEUDOR, EN
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 2926 DEL
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO
FEDERAL, VIGENTE ANTES DE LAS
REFORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE
MAYO DE 1996…”.
No obstante lo precisado con antelación, es decir lo que
sostiene la jurisprudencia por contradicción de tesis invocada,
esta es aplicable a los casos en que la cesión de derechos es
anterior a la presentación de la demanda, pero no para los
asuntos en los que la cesión se otorga una vez presentada, en
cuyo supuesto cualquier notificación en la que se cumplan las
formalidades relativas a través del juzgado del conocimiento,
bastará para hacer saber ese hecho al deudor.
Esto es así, porque al deudor al que se le reclame el
cumplimiento del crédito otorgado y, en su caso, la ejecución de la
garantía, se le permita tener conocimiento de la transmisión de
derechos, así como quién puede ahora reprocharle su
incumplimiento, además de que la notificación de la cesión de
derechos, posterior a la presentación de la demanda, no lo
excluirá de la responsabilidad por su incumplimiento, pues el
juicio se ocupará de los verificados con anterioridad a la
presentación de la demanda, más no de los posteriores y
subsecuentes a la cesión de derechos.
Es decir, una vez presentada la demanda, las acciones
derivadas del incumplimiento del deudor se sustentan en los
hechos u omisiones imputables a este, acontecidos con
anterioridad a su interposición, en relación con el acreedor
primigenio, más no con el cesionario, por lo que no se recriminan
faltas de cumplimiento con relación al nuevo acreedor, por tanto,
no es un requisito de la vía especial hipotecaria, la
notificación previa al deudor de la cesión de derechos,
cuando ésta acontece una vez presentada la demanda, en
cuyo caso debe verificarse que se realice la misma
a través del juzgado que tenga conocimiento del
asunto.
Se invoca en apoyo a lo antes expuesto la tesis aislada
consultable en la Novena Época, Registro: 175395, Instancia:
Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, XXIII, Marzo de 2006, Tesis:
I.6o.C.378 C, Página: 2138, cuyo título es el siguiente:
“…VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA.
PARA QUE PROCEDA, EN CASO DE
EXISTIR CESIÓN DE DERECHOS DEL
CRÉDITO RELATIVO, NO ES NECESARIA
LA PREVIA NOTIFICACIÓN AL DEUDOR,
SI ACONTECE UNA VEZ INSTAURADO
EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL, EN
CUYO CASO SÓLO BASTA LA SIMPLE
NOTIFICACIÓN POR EL JUZGADO DEL
CONOCIMIENTO...”.
Consonante con la premisa anterior, es menester señalar
que la notificación está propiamente establecida en beneficio del
cesionario y no del deudor, ya que sin dicha notificación, este
último podría liberarse mediante el pago al acreedor originario y,
además, no puede oponer más excepciones que las que pudo
interponer para su acreedor primitivo, y atento a que el deudor no
necesita dar su consentimiento para que la cesión se efectúe, ni
puede impedirla, la cuestión relativa al reconocimiento que realiza
el a quo del carácter de cesionario, no afecta de forma alguna sus
derechos, pues el deudor se encuentra regido por la misma
relación jurídica que lo unía con su acreedor originario; por lo
cual, el citado reconocimiento, al único que puede afectar, en todo
caso, es al cedente, pues una vez realizado dicho acto procesal
dejará de estar legitimado para realizar el cobro de los derechos
establecidos en la sentencia.
Al amparo de las antepuestas consideraciones, esta ad
quem estima que en el caso, resulta infundada la inconformidad
de los apelantes, en razón que la cesión del crédito en cuestión,
no se dio antes de que la parte actora iniciara este proceso, sino
posteriormente de iniciada la demanda, pues se observa que esta
fue interpuesta por …………………………………………………..
……………………………………………………………………………,
por conducto de su apoderado legal licenciado ……………….
………………………., dicha institución bancaria fue la que otorgó
el crédito original a la parte demandada, e inició la demanda, a la
cual se le dio trámite mediante auto de fecha siete de junio de dos
mil cuatro.
Posteriormente, dentro del procedimiento principal por auto
de fecha veintiuno de marzo de dos mil siete (visible a foja ciento
ochenta y cinco del expediente), se tuvo al ciudadano ………
…………………………, exhibiendo un convenio de cesión de
derecho, celebrado entre ……………………………………….,
…………………………………………………………………………….
…………………………………., representados por sus apoderados
legales …………………………………………………………….
…………………………, como cedente y …………………………
………, como cesionario, respecto del crédito celebrado por la
citada cedente y los señores ………………………………..
……………………………………………………………………………,
conforme al contrato de cesión amparado por la escritura pública
número ocho mil setecientos treinta, de fecha catorce de marzo
de dos mil siete, consultable a fojas ciento ochenta a ciento
ochenta y cuatro de los autos principales).
En ese mismo proveído se ordenó dar vista a la parte
demandada (respecto de la cesión del crédito), para que dentro
del término de tres días hábiles contados a partir del siguiente en
que fueran legalmente notificados, manifestaran lo que a su
derecho convinieran.
No pasa desapercibido para este órgano colegiado, que en
el presente asunto, por auto de doce de febrero de dos mil ocho,
consultable a folio trescientos sesenta y seis del expediente, se
dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio principal, a partir del
auto de dos de junio de dos mil cinco, en el que se ordenó
emplazar a los demandados, por medio de edictos, así como todo
lo actuado con posterioridad, incluida la sentencia definitiva de
veintidós de noviembre de dos mil seis, para restituir a los citados
demandados en el goce de su garantía de audiencia violada.
Luego, mediante auto de cuatro de abril de dos mil ocho,
localizable a folio trescientos sesenta y nueve de los autos
principales, se reconoció a …………………………………………,
como cesionario de los derechos de crédito y de litigio en el
asunto, en términos de la escritura pública número ocho mil
setecientos treinta, de fecha catorce de marzo de dos mil siete,
quedando como acreedor en sustitución de ………………………..
…………………………………………………………………………….
…………………………………….
En el auto citado con anterioridad, punto sexto, se ordenó
hacer saber a los demandados ……………………………….
…………………………………………………………………………….
………….., al momento de realizar el emplazamiento ordenado,
que el crédito directo que celebraron con ……………………….
…………………………………………………………………………….
………………………………………….., fue cedido a ………………
………………………., quien en la actualidad resulta ser el titular
del crédito materia del juicio, y para que dentro del plazo
concedido para contestar demanda, manifestara lo que a su
derecho conviniera.
Asimismo, se aprecia que el demandado ………………….
………………………………, mediante escrito glosado en autos, a
foja trescientos noventa del expediente, opuso la excepción de
falta de legitimación procesal y falta de personalidad, derivada de
la referida cesión.
La diversa demandada …………………………………….
……………, no dio contestación a la demanda, ni se inconformó al
respecto.
Por otra parte, en la audiencia de pruebas y alegatos de
fecha nueve de noviembre de dos mil diez, consultable a fojas
setecientos cincuenta y ocho a setecientos sesenta y seis de los
autos principales, se observa que las excepciones comentadas
anteriormente, se declararon improcedentes.
En esa tesitura, resulta evidente que la cesión del crédito
materia de la litis, se llevó a cabo durante el procedimiento, no
antes de que iniciara este, motivo por el cual su notificación a la
parte deudora, no constituye un presupuesto procesal previo a
ejercitar la acción, debido que la cesión del crédito tuvo lugar
después de iniciado el procedimiento.
El segundo motivo de agravio se califica fundado.
Señala que la juez cometió una infracción procesal en el
desahogo de la prueba pericial contable, sobre la forma de cubrir
los honorarios al perito tercero en discordia.
Refiere los antecedentes que dieron origen al criterio de la
juez sobre ese tópico.
1. Con fecha 07 de junio del 2011 se dictó el proveído en
su punto segundo y tercero que a la letra dice:
“Segundo. Se tiene al ocursante con su segundo escrito
que se provee, con el que manifiesta que el monto de sus
honorarios profesionales por la elaboración del avalúo es por
$14,000.00 (catorce mil pesos 00/100 moneda nacional).
Tercero. Acorde a lo anterior, requiérase a las partes para
que en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día
siguiente de la notificación del presente proveído, deposite
cada uno la mitad de $14,000.00 (catorce mil pesos 00/100
moneda nacional), para cubrir los honorarios del perito tercero
en discordia, por concepto de honorarios del perito que se le
nominó en autos, licenciado ………………………………..
…..............
En el supuesto de que alguna de las partes no
cumpla con su carga procesal de pago de honorarios al perito
designado por la juez, dicha parte incumplida perderá todo
derecho para impugnar el avalúo que se emita por dicho
tercero.
Haciendo saber, que en caso de que la parte demandada no
hago el pago, deberá realizarlo la parte actora, cantidad que le
será reembolsada en el incidente de gastos y costas que
promueva en su oportunidad, lo indicado para efectos de no
retardar el procedimiento.”
2. Inconforme el actor, interpuso recurso de
reconsideración en contra del acuerdo antes mencionado
mediante el proveído de fecha 20 de junio del 2011.
3. Con fecha 16 de agosto del 2011, se dictó la sentencia
interlocutoria, en donde es eminente que intentan cobrarle al hoy
quejoso la cantidad total de $14,000.00 (CATORCE MIL PESOS
00/100 M.N.), para cubrir los honorarios del perito tercero en
discordia.
4. Inconforme esta parte con la sentencia interlocutoria,
promovió …………………………………., contra la sentencia
interlocutoria que antecede, amparo indirecto número
…………………….. misma que obra en autos del principal con su
respectivo recurso de revisión con el toca ……………., el cual
confirma la sentencia dictada en el amparo indirecto, en la que
se sobresee el juicio de garantías; sin embargo en los
considerandos de dicha sentencia de amparo, señala lo que a la
letra dice: (transcribe).
Expone el apelante que la relación procesal contenida en la
interlocutoria de fecha 16 de agosto del 2011, viola las garantías
individuales del debido proceso, que señalan los artículos 14, 16 y
17 constitucional, pues vulneran el artículo 4 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, pues los
razonamientos expuestos por la juez en la aludida interlocutoria,
no son congruentes, además que carecen de fundamentación y
motivación.
Aduce que los razonamientos expuestos por la juez, son
criterios muy subjetivos; pues si bien dentro de nuestro código
procesal civil se menciona el artículo 285 que impone al
quejoso pagar los honorarios del perito designado por
el juez, en razón de que éste ofreció una prueba pericial
contable para acreditar sus defensas y excepciones, pero
también lo es que en todo proceso judicial debe existir
igualdad procesal para las partes, que señala el artículo 4 del
mismo código, luego entonces, estima que la juzgadora no
puede ignorar esa igualdad procesal que debe prevalecer en
todo acto de autoridad, la cual no prevaleció en el proveído de
07 de junio del 2011, en los puntos segundo y tercero de ese
acuerdo.
Refiere que bajo ese principio de igualdad procesal, es
donde descansa la violación al procedimiento, de no haber
ordenado a ambas partes, el pago de los honorarios del perito
tercero en discordia, por tanto, la juez tiene la facultad necesaria
para obligar a las partes a tener esa igualdad en el proceso de
exigir el pago de los $14,000.00, porque ambos se apoyan y se
sirven de los servicios de una pericial contable, ofreciendo peritos
ambas partes de manera particular y pagando los honorarios que
a cada quien le correspondía al momento de contratar esos
servicios.
Menciona que la a quo tiene la obligación de ordenar a las
partes con igualdad, el pago de los honorarios del perito tercero
en discordia, máxime que dicho acto transgrede el artículo 17 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el
artículo 285 del código procesal civil de Tabasco, vulnera el
artículo constitucional antes mencionado, pues al dejarle a esta
parte única e íntegramente por ser el oferente de una prueba
pericial contable, la obligación de pagar los $14,000.00, bajo la
pena que se le tenga por desistido de dicha prueba pericial
contable en los términos de los artículos 90 y 286 del código
antes mencionado; le arroja una carga económica extraordinaria
en su perjuicio, el cual se le dificulta hacer ese pago en su
integridad, para tener acceso pleno a la administración de justicia
expedita y gratuita, es decir, aun cuando exista de manera
expresa lo dispuesto en el artículo 285 del código procesal,
consistente en la obligación que tiene de pagar los honorarios del
perito designado por el juez, no puede transgredir lo dispuesto a
una norma de orden constitucional que es el artículo 17 antes
mencionado, en consecuencia, señala que no existe una
distribución proporcional hacia las partes para el debido desahogo
de la prueba pericial que ofreció en el momento procesal
oportuno, en la cual pide tener acceso a una administración de
justicia de manera plena, expedita y gratuita, en conclusión, existe
una desigualdad procesal entre las partes, en exigir solo a él, el
pago de los honorarios del perito auxiliar tercero en discordia
nombrado por el juez, con la pena de declararle desierta la
prueba pericial en caso de no hacer pago de manera íntegra los
honorarios del perito tercero en discordia. Cita la tesis con el
siguiente rubro: “…PRUEBA PERICIAL. EL ARTÍCULO 353 DEL
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE
JALISCO, QUE ESTABLECE QUE LOS HONORARIOS DEL
PERITO NOMBRADO POR EL JUZGADOR DEBERÁN SER
CUBIERTOS POR EL OFERENTE, TRANSGREDE EL
ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL…”.
Alega que como consecuencia de esa violación procesal
reclamada sobre el desahogo en el pago de los honorarios del
perito tercero en discordia, afecta de manera trascendental el
resultando del fallo en su contra, hace valer dicha violación
procesal que afecta directamente sus derechos adjetivos y
sustantivos.
Esta Segunda Sala Civil, tiene a bien considerar que el
artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, dispone que todas las autoridades del país, dentro del
ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no
sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución
Federal, sino también por aquellos incluidos en los instrumentos
internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la
interpretación más favorable al derecho humano de que se trate,
lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona.
Tales mandatos contenidos en el artículo 1o. Constitucional,
reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación de 10 de junio de 2011, deben interpretarse
conjuntamente con lo establecido por el diverso 133 para
determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de
convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a
cargo del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de
control de constitucionalidad existente en nuestro país.
Es en la función jurisdiccional, como está indicado en la
última parte del precepto 133 con relación con el artículo 1o.
Constitucional, donde los jueces están obligados a preferir los
derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados
internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que
se encuentren en cualquier norma de menor jerarquía.
Por tanto, si bien los jueces no pueden hacer una
declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden
jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos
humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí
sucede en las vías de control directas establecidas expresamente
en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución del País), sí
están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores
dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en
los tratados en la materia.
Ahora, la medida de análisis de este tipo de control que
deberán ejercer todos los jueces del país, se integra de la manera
siguiente:
a) todos los derechos humanos contenidos en la
Constitución Federal (con fundamento en los artículos 1o. y 133),
así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la
Federación;
b) todos los derechos humanos contenidos en tratados
internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte;
c) los criterios vinculantes de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos derivados de las sentencias en las que el
Estado Mexicano haya sido parte; y,
d) los criterios orientadores de la jurisprudencia y
precedentes de la citada Corte, cuando el Estado Mexicano no
haya sido parte.
Cabe referir que la posibilidad de inaplicación de leyes por
los jueces del País, en ningún momento supone la eliminación o
el desconocimiento de la presunción de constitucionalidad de
ellas, sino que, precisamente, debe partir de esta presunción al
permitir hacer el contraste previo a su aplicación.
En ese contexto, el Poder Judicial al ejercer un control de
convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos,
deberá realizar los siguientes presupuestos:
1). Interpretación conforme en sentido amplio, lo que
significa que los jueces del país -al igual que todas las demás
autoridades del Estado Mexicano-, deben interpretar el orden
jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos
en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales
el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las
personas con la protección más amplia;
2). Interpretación conforme en sentido estricto, lo que
significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente
válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de
constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley
acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y
en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea
parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos
derechos; y,
3). Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores
no son posibles.
Con lo anterior no se rompe con la lógica de los principios de
división de poderes y de federalismo, sino que fortalece el papel
de los jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y
aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la
Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el
Estado Mexicano es parte.
Como apoyo a lo antes expuesto, se aplica la tesis aislada
publicada en la Décima Época, Registro: 2000072, Instancia:
Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5,
Tesis: III.4o.(III Región) 5 K (10a.), Página: 4320, con el siguiente
epígrafe:
“…CONTROL DE
CONVENCIONALIDAD. CÓMO DEBEN
EJERCERLO LOS ÓRGANOS
JURISDICCIONALES NACIONALES…”.
Ahora, al amparo de tales proposiciones jurídicas esta ad
quem considera de gran magnitud omitir la aplicación del artículo
286, en su parte medular donde dice:
“286. Honorarios de los peritos.
….Los del perito designado por el
juez, serán pagados por la parte que
solicitó la prueba y para este fin el
juzgador podrá requerirla para que
deposite una suma suficiente, que fijará
razonablemente, bajo la pena de que si
no hace el depósito, se le tendrá por
desistida de la prueba…”.
La disposición en cuestión, impide y dificulta el acceso pleno
de las partes a la administración de justicia expedita y gratuita; es
decir, con la aplicación del referido artículo 286 no existe una
distribución proporcional hacia estas, para el debido desahogo de
la prueba pericial, ya que sólo el oferente está obligado a efectuar
el pago de los honorarios del perito auxiliar.
Pues, al establecer el mencionado precepto legal que los
honorarios del perito nombrado por el juez para auxiliarlo en la
apreciación de las circunstancias de los hechos, o de los hechos
mismos, deben ser cubiertos única e íntegramente por el oferente
de la prueba pericial, bajo la pena de que en caso de
incumplimiento se le tendrá por desistido de dicha prueba,
transgrede la garantía consagrada en el artículo 17 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que
arroja una carga económica extraordinaria en perjuicio de una de
las partes en el juicio, dificultando su acceso pleno a la
administración de justicia expedita y gratuita.
Soslayando literalmente que el perito en discordia designado
por el juez, el cual surge atendiendo a la discordia que se produce
en el momento en que existe una oposición o desavenencia de
voluntades u opiniones, por lo que constituye la última fase del
desahogo de la prueba pericial y, por ello, dicho profesional tiene
como función ilustrar al juez, aclarando las cuestiones oscuras de
los otros peritajes rendidos, sin resolver en abstracto el problema
planteado, sino atendiendo a las respuestas dadas por los otros
peritos, declarando motivado este, sobre la discordia generada en
sentido técnico y no como árbitro, aportando los elementos
adicionales necesarios a efecto de ilustrar al juez para que pueda
resolver, con base en sus conocimientos, los cuestionarios de las
partes, y debe acreditar tener conocimiento en la ciencia, técnica
o arte sobre el cual versará su dictamen y estar autorizado para
emitirlo, protestar su desempeño, y rendir su dictamen; esto es
que su fin es auxiliarlo para el descubrimiento de la verdad,
ya que la peritación es una actividad procesal desarrollada, con
motivo de encargo judicial, por personas distintas de las partes
del proceso, especialmente calificadas por sus conocimientos
técnicos, artísticos o científicos, mediante la cual se suministran al
juez argumentos o razones para la formación de su
convencimiento respecto de ciertos hechos cuya percepción o
entendimiento escapa a las aptitudes del común de las personas.
Así tenemos, como notas distintivas de esta probanza
judicial, las siguientes:
1. Es una actividad humana, porque consiste en la
intervención transitoria, en el proceso, de personas que deben
realizar ciertos actos para rendir posteriormente un dictamen;
2. Es una actividad procesal, porque debe ocurrir con motivo
de un procedimiento;
3. Es una actividad de personas especialmente calificadas
en razón de su técnica, ciencia, conocimientos de arte o de su
experiencia en materias que no son conocidas por el común de
las personas;
4. Exige un encargo judicial previo;
5. Debe versar sobre hechos y no sobre cuestiones jurídicas
ni sobre exposiciones abstractas que no incidan en la verificación,
valoración o interpretación de los hechos del proceso;
6. Los hechos deben ser especiales, en razón de sus
condiciones técnicas, artísticas o científicas, cuya verificación,
valoración e interpretación no sea posible con los conocimientos
ordinarios de personas medianamente cultas y de Jueces cuya
preparación es fundamentalmente jurídica;
7. Es una declaración de ciencia, toda vez que el perito
expone lo que sabe por percepción y deducción o inducción de
los hechos sobre los cuales versa su dictamen, sin pretender
ningún efecto jurídico concreto con su exposición;
8. Esa declaración contiene una operación valorativa ya que
esencialmente es un concepto o dictamen técnico, artístico o
científico de lo que el perito deduce sobre la existencia,
características, apreciación del hecho, sus causas, efectos y no
una simple narración de sus percepciones; y,
9. Es un medio de convicción.
Con base en esas apreciaciones jurídicas sostiene esta Sala
Colegiada que la carga que impone únicamente al oferente de la
prueba pericial de ser a su cargo el pago de los honorarios del
perito tercero en discordia, bajo la pena de que en caso de
incumplimiento se le tendrá por desistido de dicha prueba, causa
un serio detrimento procesal al antes mencionado, una carga
totalmente desproporcionada, si se toma en cuenta que no es una
prueba de una sola de las partes, sino de todo el proceso, a
través de un encargo del juzgador, pues así se lo impone la
norma al surgir una discordia o desavenencia de voluntades u
opiniones de los peritos nombrados por ambas partes, de ahí que
se considera que existe un desequilibrio total al imponer el pago
de esos honorarios tan solo a la parte oferente de la prueba, ya
que a través de esta prueba pericial se proporcionarán al órgano
jurisdiccional los elementos para establecer si la cuestión
debatida o planteada en el litigio quedó o no acreditada, toda vez
que es la opinión del experto, quien a través de sus deducciones
técnicas o de una declaración de ciencia con base en el análisis
de otras pruebas, proporciona al juzgador los conocimientos
especializados de que carece, necesarios para verificar los
hechos, y le informa sobre las reglas técnicas que existen al
respecto, es decir, sirve para ilustrar al juzgador, no a las partes
del proceso.
Aunado a lo anterior, el precepto legal en comento viola la
garantía consagrada en el artículo 17 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice:
“…ARTÍCULO 17. NINGUNA
PERSONA PODRA HACERSE JUSTICIA
POR SI MISMA, NI EJERCER VIOLENCIA
PARA RECLAMAR SU DERECHO.
(REFORMADO EN SU INTEGRIDAD
MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL
18 DE JUNIO DE 2008).
TODA PERSONA TIENE DERECHO
A QUE SE LE ADMINISTRE JUSTICIA
POR TRIBUNALES QUE ESTARÁN
EXPEDITOS PARA IMPARTIRLA EN LOS
PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS
LEYES, EMITIENDO SUS
RESOLUCIONES DE MANERA PRONTA,
COMPLETA E IMPARCIAL. SU SERVICIO
SERÁ GRATUITO, QUEDANDO, EN
CONSECUENCIA, PROHIBIDAS LAS
COSTAS JUDICIALES.
EL CONGRESO DE LA UNIÓN
EXPEDIRÁ LAS LEYES QUE REGULEN
LAS ACCIONES COLECTIVAS. TALES
LEYES DETERMINARAN LAS MATERIAS
DE APLICACIÓN, LOS PROCEDIMIENTOS
JUDICIALES Y LOS MECANISMOS DE
REPARACIÓN DEL DAÑO. LOS JUECES
FEDERALES CONOCERAN DE FORMA
EXCLUSIVA SOBRE ESTOS
PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS.
(ADICIONADO MEDIANTE DECRETO
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE
LA FEDERACION EL 29 DE JULIO DE
2008).
LAS LEYES PREVERÁN
MECANISMOS ALTERNATIVOS DE
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. EN LA
MATERIA PENAL REGULARAN SU
APLICACIÓN, ASEGURARAN LA
REPARACIÓN DEL DAÑO Y
ESTABLECERAN LOS CASOS EN LOS
QUE SE REQUERIRA SUPERVISIÓN
JUDICIAL.
LAS SENTENCIAS QUE PONGAN
FIN A LOS PROCEDIMIENTOS ORALES
DEBERAN SER EXPLICADAS EN
AUDIENCIA PÚBLICA PREVIA CITACIÓN
DE LAS PARTES.
LAS LEYES FEDERALES Y
LOCALES ESTABLECERAN LOS MEDIOS
NECESARIOS PARA QUE SE
GARANTICE LA INDEPENDENCIA DE
LOS TRIBUNALES Y LA PLENA
EJECUCIÓN DE SUS RESOLUCIONES.
LA FEDERACIÓN, LOS ESTADOS Y
EL DISTRITO FEDERAL GARANTIZARAN
LA EXISTENCIA DE UN SERVICIO DE
DEFENSORÍA PÚBLICA DE CALIDAD
PARA LA POBLACION Y ASEGURARAN
LAS CONDICIONES PARA UN SERVICIO
PROFESIONAL DE CARRERA PARA LOS
DEFENSORES. LAS PERCEPCIONES DE
LOS DEFENSORES NO PODRÁN SER
INFERIORES A LAS QUE
CORRESPONDAN A LOS AGENTES DEL
MINISTERIO PÚBLICO.
NADIE PUEDE SER APRISIONADO
POR DEUDAS DE CARACTER
PURAMENTE CIVIL.”.
Violación que se destaca al arrojar una carga económica
extraordinaria en perjuicio de una de las partes en el juicio,
dificultando su acceso pleno a la administración de justicia
expedita y gratuita; es decir, con la aplicación del referido artículo
286 no existe una distribución proporcional hacia las partes, para
el debido desahogo de la prueba pericial, ya que sólo el oferente
está obligado a efectuar el pago de los honorarios del perito
auxiliar.
Consonante con lo expuesto, cabe referir que el precepto
legal en cuestión, ha sido interpretado por la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada
publicada en la Décima Época, Registro: 2000135, Instancia:
Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 3, Materia(s):
Constitucional,, Tesis: 1a. III/2012 (10a.), Página: 2920, que es de
la voz siguiente:
“…PRUEBA PERICIAL. EL
ARTÍCULO 286 DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL
ESTADO DE TABASCO, QUE
ESTABLECE QUE LOS HONORARIOS
DEL PERITO NOMBRADO POR EL
JUZGADOR DEBERÁN SER CUBIERTOS
POR EL OFERENTE, TRANSGREDE EL
ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN
FEDERAL.
Al establecer el mencionado
precepto legal que los honorarios del
perito nombrado por el juez para
auxiliarlo en la apreciación de las
circunstancias de los hechos, o de los
hechos mismos, deben ser cubiertos
única e íntegramente por el oferente de la
prueba pericial, bajo la pena de que en
caso de incumplimiento se le tendrá por
desistido de dicha prueba, transgrede la
garantía consagrada en el artículo 17 de
la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, ya que arroja
dificultando su acceso pleno a la
administración de justicia expedita y
gratuita; es decir, con la aplicación del
referido artículo 286 no existe una
distribución proporcional hacia las
partes, para el debido desahogo de la
prueba pericial, ya que sólo el oferente
está obligado a efectuar el pago de los
honorarios del perito auxiliar…”.
En donde se determina que el referido artículo 286 del
código procesal civil en vigor del Estado, transgrede la garantía
consagrada en el artículo 17 Constitucional, y dificulta el acceso
pleno a la administración de justicia expedita y gratuita.
Consonante con lo anterior, es de precisarse que en
términos de lo dispuesto en el precepto 192 de la Ley de Amparo,
sólo la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de
Justicia de la Nación pronunciada en Pleno o en Salas, es
obligatoria para estas, tratándose de la que dicte en Pleno y,
además, para los Tribunales Colegiados de Circuito y Unitarios y
37. TOCA CIVIL NUM: 941/2012-II.
Judiciales del Orden Común de los Estados y del Distrito Federal;
Laborales, Administrativos y de Trabajo, Locales y Federales, la
tesis aislada antes invocada si bien no constituye jurisprudencia y,
por ende, no es obligatoria su observancia por este o alguno de
los órganos jurisdiccionales referidos, sí constituye un criterio
vinculante por ser emitido por el máximo intérprete de la ley, en el
que además se interpretó lo dispuesto por el artículo 286 del
Código Procesal Civil para el Estado de Tabasco, referente al
pago de honorarios profesionales de los peritos terceros en
discordia.
Por tanto, se precisa es una tesis vinculante para este
órgano colegiado, el referido criterio de la citada Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Apoya lo anterior el criterio emitido por el Primer Tribunal
Colegiado del Sexto Circuito, publicado en la página 470, del
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II,
diciembre de 1995, Materia (s): Común, Novena Época, que
dice:
“…TESIS DE LA SUPREMA CORTE
QUE NO INTEGRAN JURISPRUDENCIA.
ES CORRECTO APOYARSE EN LOS
CRITERIOS SUSTENTADOS EN
ELLAS…”.
En este contexto y con el fin de contribuir con las
disposiciones enunciadas con antelación, se determina que ha de
inaplicarse el artículo 286 del código procesal civil en vigor en el
Estado, en su parte medular aplicable al caso planteado en
este asunto, por cuanto representa un obstáculo al acceso pleno
a la administración de justicia expedita y gratuita.
Esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 14,
16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 29 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.
En lugar de ello ha de aplicarse para resolver este tópico (el
pago de honorarios profesionales del perito tercero en discordia),
lo previsto en el artículo 17 Constitucional, la tesis aislada antes
invocada, así como lo dispuesto en el artículo 4 del Código
de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado, en aras de
salvaguardar la garantía de pleno acceso a la administración
de justicia expedita y gratuita; e impedir en perjuicio de las partes
una carga económica extraordinaria que le dificulte precisamente
ese acceso a la administración de justicia, con total equilibrio de
las cargas procesales.
En consecuencia, es suficiente lo anterior para dejar
insubsistente el fallo apelado, para efectos que la juzgadora
prevea lo conducente, con relación al desahogo de la prueba
pericial, específicamente, en lo que concierne al perito tercero en
discordia, y reparta de manera equitativa entre ambas partes
el pago de los honorarios profesionales de dicho perito, sin
imponer esa carga económica solamente a la parte oferente, así
como innecesario el estudio de los demás puntos de agravios.
Aplicando sólo la parte última del artículo 286 del código
procesal civil en vigor, en cuanto a que esa carga será
independiente de lo que decida la sentencia definitiva sobre las
costas procesales.
Ha menester precisar que quedan intocadas todas las
actuaciones judiciales habidas en el proceso, salvo lo relativo al
perito tercero en discordia, así como lo establecido en esta
resolución en el análisis de los puntos primero y quinto de
agravios.
Por lo expuesto, fundado, y con apoyo en lo dispuesto por
el artículo 351 del Código de Procedimientos Civiles en vigor;
se:
R E S U E L V E:
PRIMERO. Esta Segunda Sala Civil resultó competente para
conocer y resolver el presente recurso de apelación.
SEGUNDO. Resultaron infundados los puntos primero y
quinto y fundado el segundo de los agravios e innecesario el
estudio de las demás agravios vertidos por …………………..
…………………………………………………………………………..,
parte demandada.
TERCERO. Por los motivos expuestos en esta resolución,
se deja INSUBSISTENTE la sentencia definitiva dictada el
veinticinco de septiembre de dos mil doce, por la ………
……………………………………………………………………………
…………………………, en el JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO
número ……………, promovido por el licenciado ………………….
…………………….., en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas de la institución de crédito denominada
……………………………………………………………………………,
…………………………………………………………………, seguido
actualmente por ………………………………………., cesionario de
los derechos de crédito y litigiosos, en contra de …………….
…………………………………………………………………………….
……………...
CUARTO. En consecuencia, se insta a la juez de primer
grado, para efectos que prevea lo conducente, con relación al
desahogo de la prueba pericial, específicamente, en lo que
concierne al perito tercero en discordia, y reparta de manera
equitativa entre ambas partes el pago de los honorarios
profesionales de dicho perito, sin imponer esa carga económica
solamente a la parte oferente de la prueba en cuestión, conforme
al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Aplicando sólo el último párrafo del artículo 286 del código
procesal civil en vigor, en cuanto a que esa carga será
independiente de lo que decida la sentencia definitiva sobre las
costas procesales.
QUINTO. Quedan intocadas todas las actuaciones judiciales
habidas en el proceso (salvo lo relativo al perito tercero en
discordia), así como lo establecido en esta resolución en el análisis
de los puntos primero y quinto de agravios.
SEXTO. Notifíquese personalmente la presente resolución,
conforme lo previene el artículo 133 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, y con copia autorizada de la
misma devuélvanse los autos principales al juzgado de su
procedencia y, en su oportunidad archívese el presente toca
como asunto concluido.
C U M P L A S E :
ASI LO RESOLVIERON Y FIRMAN POR UNANIMIDAD DE
VOTOS LOS CIUDADANOS LICENCIADOS ===
MAGISTRADOS QUE INTEGRAN LA SEGUNDA SALA CIVIL
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO,
SIENDO PRESIDENTE EL PRIMERO Y PONENTE EL
SEGUNDO DE LOS NOMBRADOS, ANTE LA SECRETARIA
DE ACUERDOS DE LA SALA === QUE AUTORIZA Y DA FE.
ESTA RESOLUCION SE PUBLICO EN LA LISTA DE
ACUERDOS DE FECHA: - - - - - - - - - - - - - - CONSTE - - - - - -
CRITERIO
Se trata de una sentencia relevante, en virtud que se actualizó el
principio de convencionalidad, pues se consideró que con la aplicación
del artículo 286 del código procesal civil en vigor, no existe una
distribución proporcional hacia las partes, para el debido desahogo de
la prueba pericial, ya que sólo el oferente de la misma está obligado a
efectuar el pago de los honorarios del perito auxiliar.
Máxime que el precepto legal en cuestión, ya ha sido
interpretado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, en la tesis aislada publicada en la Décima Época, Registro:
2000135, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 3, Materia(s):
Constitucional,, Tesis: 1a. III/2012 (10a.), Página: 2920, que es de la
voz siguiente:
“…PRUEBA PERICIAL. EL ARTÍCULO 286 DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE TABASCO, QUE
ESTABLECE QUE LOS HONORARIOS DEL PERITO NOMBRADO
POR EL JUZGADOR DEBERÁN SER CUBIERTOS POR EL
OFERENTE, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 17 DE LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL. Al establecer el mencionado precepto
legal que los honorarios del perito nombrado por el juez para auxiliarlo
en la apreciación de las circunstancias de los hechos, o de los hechos
mismos, deben ser cubiertos única e íntegramente por el oferente de
la prueba pericial, bajo la pena de que en caso de incumplimiento se le
tendrá por desistido de dicha prueba, transgrede la garantía
consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, ya que arroja dificultando su acceso pleno a la
administración de justicia expedita y gratuita; es decir, con la
aplicación del referido artículo 286 no existe una distribución
proporcional hacia las partes, para el debido desahogo de la prueba
pericial, ya que sólo el oferente está obligado a efectuar el pago de
los honorarios del perito auxiliar…”
Determina que el referido artículo 286 del código procesal civil en
vigor, transgrede la garantía consagrada en el artículo 17
Constitucional, y dificulta el acceso pleno a la administración de
justicia expedita y gratuita.
Por tanto, con base al principio de convencionalidad, se dejó de
aplicar el artículo 286 en mención, en su parte medular, por cuanto
representa un obstáculo al acceso pleno a la administración de justicia
expedita y gratuita y en lugar de ese numeral se aplicó para resolver
este tópico (el pago de honorarios profesionales del perito tercero en
discordia), lo previsto en el artículo 17 Constitucional, la tesis aislada
antes invocada, así como lo dispuesto en el artículo 4 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor en el Estado, en aras de salvaguardar
la garantía de pleno acceso a la administración de justicia expedita y
gratuita; e impedir en perjuicio de las partes una carga económica
extraordinaria que le dificulte precisamente ese acceso a la
administración de justicia, con total equilibrio de las cargas procesales.